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T-001-21 Sentencia T-001/21 Referencia: Expediente T-7.859.919. Acción de tutela presentada por Francisco Javier Rincón Riaño como agente oficioso de Jhon Geiler Moreno Valero contra Capital Salud E.P.S.-S. Procedencia: Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento. Asunto: agencia oficiosa, derecho a la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad, derecho a la salud mental, derecho al diagnóstico. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia emitido por el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, del 5 de febrero de 2020, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el 3 de noviembre de 2019, que concedió parcialmente el amparo solicitado por Jhon Geiler Moreno Valero, por medio de agente oficioso, en contra de Capital Salud E.P.S.-S. El asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó el Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento. El 28 de agosto de 2020, la Sala Número Tres de Selección de Tutelas de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión. I. ANTECEDENTES El 18 de noviembre de 2019, Francisco Javier Rincón Riaño, como agente oficioso de Jhon Geiler Moreno Valero, formuló acción de tutela en contra de Capital Salud E.P.S.-S con el propósito de que se ampararan sus derechos fundamentales a la salud, a una vida digna y a la integridad personal. Según el peticionario, la entidad accionada vulneró las garantías invocadas porque no le ha suministrado la silla de ruedas y otros insumos médicos que requiere. A. Hechos y pretensiones El agente oficioso relata lo siguiente: 1.  Jhon Geiler Moreno Valero nació el 23 de septiembre de 2000 y está vinculado al programa de atención a ciudadanos habitantes de calle que adelanta el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON). Asimismo, está afiliado a Capital Salud E.P.S. en el régimen subsidiado. 2.  Durante el último año, la entidad accionada le ha garantizado las intervenciones quirúrgicas que ha requerido para atender una lesión raquimedular en su columna vertebral, causada por una herida con arma de fuego ocurrida en septiembre de 2018. 3.  El 1 de agosto de 2019, su médico tratante emitió una fórmula médica en la que ordena los siguientes elementos para atender su lesión en la columna vertebral y una úlcera de miembro inferior: una “silla de ruedas semideportiva con descanso de pies en U, espalda medio, no descansa antebrazo, rueda inflable antipinchazos, rueda pequeña delantera”[1], órtesis de rodilla, tobillo y pie en polipropileno con rodillas articuladas y una crema denominada Colagenasa Iruxol para la úlcera. 4.  Sostiene que las secuelas del ataque con arma de fuego afectaron sus esfínteres y, por ese motivo, solicita el suministro de pañales desechables. 5.  Por último, afirma que padece depresión, cuenta con diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y declara que, en la actualidad, no tiene familia porque toda su vida “ha estado institucionalizado”. 6.  El accionante pretende la protección de los derechos a la salud, a una vida digna y a la integridad personal de su agenciado. En consecuencia, solicita al juez de tutela ordenar a Capital Salud E.P.S. que autorice y entregue la silla de ruedas con las indicaciones mencionadas, junto con la crema Colagenasa Iruxol y los pañales desechables. Así mismo, solicita que se ordene el tratamiento integral de todos los requerimientos presentes o futuros. B. Actuaciones en sede de tutela Mediante Auto del 19 de noviembre de 2019[2], el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá admitió la acción de tutela, vinculó al trámite a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y le corrió traslado junto con la entidad accionada, con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la presentación de esta solicitud de amparo constitucional[3]. Respuestas de la entidad demandada y vinculada Secretaría Distrital de Salud de Bogotá El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud sostuvo que, de las pruebas que constan en el expediente, se advierte que Capital Salud no ha continuado el tratamiento del accionante pese a contar con prescripciones médicas. Agregó que la órtesis y el caminador ordenados por los médicos tratantes se encuentran cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud, según la Resolución 5857 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por esta razón, la entidad accionada está obligada a suministrarlos en forma oportuna y sin dilaciones. Por su parte, aseguró que, de acuerdo con el artículo 59 de la Resolución mencionada, la silla de ruedas no está incluida en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC. De ese modo, se requiere un pronunciamiento judicial para que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, se ordene el suministro de esta ayuda técnica. Sobre el medicamento Colagenasa Iruxol, expuso que el PBS no tiene cobertura de esta medicina y, en ese sentido, su prescripción debía adelantarse por el aplicativo MIPRES para que fuera cubierto con los recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud. Por último, argumentó que la Secretaría Distrital de Salud no tiene legitimación en la causa por pasiva puesto que la Ley 1122 de 2007 prohíbe a las entidades territoriales la prestación de servicios de salud en forma directa. En consecuencia, solicitó que se la desvinculara del presente trámite. Capital Salud E.P.S. La apoderada general de la E.P.S. indicó que la órtesis de rodilla, tobillo y pie; el caminador con rodachines y la consulta con psiquiatría fueron autorizados, pues estos elementos tenían sustento en las fórmulas médicas[4]. Añadió que los pañales, la silla de ruedas y el medicamento Colagenasa Iruxol no tienen soporte en una prescripción médica registrada en sus sistemas de información ni se aportó como anexo al escrito de tutela. La entidad accionada sostuvo que la presente acción es improcedente para ordenar el suministro de servicios de salud sin que medie orden médica. Finalmente, concluyó que la entidad ha cumplido con todas sus obligaciones legales y, por lo tanto, no ha vulnerado ni amenaza vulnerar los derechos invocados por el accionante. C. Decisiones objeto de revisión Fallo de tutela de primera instancia Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2019, el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concedió parcialmente el amparo de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud del accionante. Consideró que, a partir de los principios pro homine e integralidad del derecho a la salud, pueden inaplicarse las exclusiones del PBS siempre que se demuestre la necesidad de los respectivos insumos para asegurar la prevalencia de los derechos fundamentales del accionante. De ese modo, al constatarse la necesidad de estas prestaciones, el juez de tutela puede ordenar a la E.P.S. la entrega de las prestaciones excluidas del PBS o del MIPRES. Asimismo, expuso que en el expediente obran las fórmulas médicas que evidencian la necesidad de la silla de ruedas, la órtesis, el caminador y el medicamento para tratar la úlcera. Así, controvirtió el argumento presentado por la E.P.S. quien aseguraba que lo solicitado por el accionante no tenía respaldo en una fórmula médica. En consecuencia, concluyó que, al no autorizar y entregar lo pedido por el paciente, la E.P.S. desconoció tres elementos del derecho a la salud: la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad. Por su parte, el juez de tutela denegó la solicitud de pañales desechables. Al respecto, expuso que no se cumplen las reglas jurisprudenciales para ordenar la entrega de estos elementos sin que obre en el proceso una prescripción médica que así lo indique, pues los diagnósticos adjuntados al expediente no demuestran que el accionante sufra de incontinencia urinaria, ni de las pruebas del expediente puede inferirse que él dependa de un tercero para realizar las actividades básicas. Impugnación La apoderada general de la E.P.S. accionada impugnó la providencia. Expuso que era necesario ordenar a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá que no se opusiera al recobro del cubrimiento que debe realizar la E.P.S. para garantizar el suministro de la silla de ruedas, pues, en principio, esta ayuda técnica está excluida de la financiación con recursos de la UPC, de acuerdo con la Resolución 5269 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. Insistió en que este elemento no hace parte de la garantía del derecho a la salud y su protección está a cargo de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital que implementan las medidas previstas en el Acuerdo 603 de 2015 del Concejo de Bogotá[5]. Argumentó que no es procedente que se conceda el tratamiento integral porque no se cumple el requisito jurisprudencial que exige demostrar que se haya vulnerado o se vaya a vulnerar el derecho a la salud, o que deliberadamente se vaya a negar el suministro de un servicio en el futuro. En todo caso, requirió que se determine en forma precisa cuáles serían las prestaciones que cobijan la orden de brindar el tratamiento integral. Fallo de tutela de segunda instancia Con fundamento en el precedente contenido en la Sentencia T-742 de 2017[6], el juez de segunda instancia confirmó la decisión impugnada. Sostuvo que se analizó en forma correcta el cumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales para ordenar prestaciones excluidas del PBS. Además, consideró innecesario emitir una orden para que el Distrito Capital reembolse a la E.P.S. accionada el costo en el que incurra para dar cumplimiento a lo decidido por el juez de tutela, pues corresponde a un trámite administrativo entre entidades que puede surtirse sin que se ordene previamente por el juez. Sobre el tratamiento integral, advirtió que no se emitió ningún pronunciamiento sobre este y, por lo tanto, no hay lugar a revocar o modificar la decisión. D. Actuaciones en sede de revisión En oficio del 29 de enero de 2020, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento solicitó a la Corte Constitucional la selección del expediente de la referencia para su revisión. El despacho judicial expresó que sancionó al accionante y le impuso unas reglas de conducta que se encuentra cumpliendo. Aseguró que, pese a que los jueces de tutela no concedieron la solicitud de pañales desechables y el tratamiento integral, el accionante se encuentra en especial condición de vulnerabilidad, “por presentar discapacidad física; diagnósticos psiquiátricos consecuencia del abuso de consumo de estupefacientes durante su infancia y adolescencia; ingreso al Sistema Penal como habitante de calle y carece de red de apoyo”[7]. Agregó que el 29 de enero del año en curso, el demandante fue dado de alta del Hospital de Kennedy y fue llevado al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, sin contar con silla de ruedas ni un lugar “en el cual se le brinde la atención especial que su estado de salud requiere”. De lo anterior, la jueza titular del despacho puso en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Distrital de Bogotá “para que adelanten las correspondientes investigaciones disciplinarias ante la precaria situación del joven accionante en procura de buscarle un albergue institucional”. Por lo anterior, pidió que se le conceda al accionante el tratamiento integral y los insumos negados por el juez de primera instancia. Primer auto de pruebas El 23 de septiembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora profirió auto de pruebas en el que ofició a las siguientes autoridades e instituciones: Al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud – IDIPRON para que informara acerca de las condiciones del accionante, si permanece bajo su protección, si actualmente participa en alguno de los programas a su cargo y demás información que tuviera sobre la condición actual del peticionario. A Capital Salud E.P.S.-S. para que aportara la historia clínica del accionante e indicara cuáles han sido los servicios médicos que le ha provisto para su rehabilitación física y atención de su diagnóstico de trastornos del comportamiento por consumo de estupefacientes. También se dispuso que, a través de la E.P.S., se solicitara al médico tratante del agenciado, o a otro médico adscrito a su red de prestadores, que rindiera concepto médico sobre la necesidad de uso de pañales desechables del accionante. A la Secretaría Distrital de Integración Social para que informara sobre la política pública del Distrito Capital dirigida a los habitantes de calle, cuáles son sus componentes, las entidades involucradas en su implementación, sus acciones y las rutas de atención dispuestas para el efecto. Respuesta del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud – IDIPRON En respuesta al auto de pruebas, el IDIPRON manifestó que reiteraba lo expuesto en el oficio 057 del 7 de febrero de 2020 emitido en cumplimiento de la solicitud hecha por el Juzgado 68 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías[8]. En el oficio mencionado, el IDIPRON expuso su intención de brindar la atención que requiere el accionante, pero anotó que, dadas sus especiales condiciones de salud, no tiene la idoneidad para su atención y cuidado. Por lo anterior, dijo que el 20 de enero de 2020 remitió al peticionario a un centro hospitalario para que le pudieran dar el tratamiento en salud que necesita para atender las dos heridas abiertas en sus glúteos, una colostomía y una sonda urinaria que el accionante tiene. Agregó que “no se tiene registros de reingresos a la entidad y se desconoce la situación actual del aquí accionante”. Concluyó que el IDIPRON está en condiciones de brindarle atención integral según la misionalidad de este Instituto “una vez su estado de salud se estabilice”. A la respuesta del IDIPRON se adjuntó el escrito de la tutela que interpuso la Defensora de Familia del ICBF, Regional Bogotá a nombre de John Geiler Moreno Valero por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la vivienda digna. En el escrito se expone que el agenciado es oriundo de Buenaventura y llegó a Bogotá aproximadamente hace seis años, a causa del fallecimiento de su madre[9]. Aduce que él y su hermano (llamado John Heiler) “han sido habitantes de calle desde los 12 y 11 años, respectivamente”. Su padre abandonó la familia y es el segundo de cinco hermanos. Ha ingresado en catorce oportunidades al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) desde 2015 por diferentes delitos como hurto calificado y agravado en concurso con lesiones personales dolosas agravadas y con fabricación, porte y tráfico de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Allí se hace una relación de los ingresos al SRPA que muestra que, entre el 2015 y el 2019, se le han impuesto diferentes sanciones de libertad asistida, internación en medio semicerrado, reglas de conducta y privaciones de la libertad por períodos comprendidos entre los 3 y 18 meses. La sanción más reciente fue impuesta por el Juzgado Sexto de Conocimiento el 20 de marzo de 2019 a 12 meses de privación de libertad sustituida por reglas de conducta por el delito de hurto agravado con porte ilegal de armas o municiones de fuego. Agrega que el 1º de agosto de 2017 “y tras haberse evadido del programa del CAE (Centro de Atención Especial para adolescentes con privación de libertad), John Geiler comete el delito de Hurto Agravado Calificado, momento en el que recibe un impacto con arma de fuego y es remitido al servicio de salud quien ordena hospitalización”. El diagnóstico médico de egreso de esta hospitalización indica “déficit neurológico, paraplejia de miembros inferiores por proyectil alojado en T12 (vertebra torácica), trauma Raquimedular. (Daño en la medula Espinal)”. Durante el cumplimiento de la sanción ordenada por el Juzgado Sexto Penal con Función de Conocimiento, el agenciado ha sido acompañado por la Defensoría de Familia No. 19 del SRPA. Esta defensoría solicitó apoyo a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para que el joven Jhon Geiler Moreno recibiera la atención médica que necesita. El 27 de diciembre de 2018, luego de que el agenciado quedara en libertad por cumplimiento de la sanción impuesta, fue acogido en el programa “Por una ciudad incluyente y sin barreras” que adelanta la SDIS. Desde marzo de 2019, el joven fue trasladado al Centro Integrarte en La Mesa (Cundinamarca). Allí fue diagnosticado por psiquiatría con “trastorno de la personalidad antisocial, con antecedente de trastorno mental y del comportamiento secundario al consumo de sustancias psicoactivas”. Dice que el joven ha sido trasladado en varias ocasiones por sus problemas comportamentales. Al respecto fue trasladado a Bogotá, al Centro Oasis, como consecuencia de “los constantes comportamientos inadecuados”. Luego en el Hospital de Kennedy, donde le diagnosticaron una infección cutánea y le practicaron una colostomía, también se presentaron “inconvenientes por agresión y falta de acatamiento de órdenes, [no aceptó] el suministro de medicamentos y no acepta los hábitos de aseo”. De allí fue llevado a la IPS Health & Life donde incluso se hirió a sí mismo en una de sus piernas con un arma blanca. Por este hecho fue atendido de nuevo en el Hospital de Kennedy. En el escrito se informa que, en la noche del 27 de enero de 2020, el Hospital de Kennedy le dio egreso a John Geiler sin su silla de ruedas y sin que tuviera la capacidad para valerse por sí mismo. Llegó a las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes - CESPA, donde solicitaron atención de emergencia en una ambulancia porque sus heridas en el glúteo estaban sangrando con riesgo de infección y requería hospitalización nuevamente. Esta vez fue ingresado en el Hospital Santa Clara. La Defensora de Familia indica que –a la atención en salud al agenciado, debido a sus escaras en los glúteos y una colostomía con riesgo de infección–, se suma la falta de tratamiento psicológico para aceptar su condición de discapacidad, resultado de la paraplejia y por la cual ha tenido ideación suicida. Sobre la existencia de una familia extensa o nuclear que pueda asumir el cuidado de John Geiler, afirma que no hay ninguna persona que pueda hacerse cargo. Antes de ser herido con arma de fuego, compartía, en el barrio Santa Fe, un apartamento en alquiler diario con su compañera sentimental, pero ella se negó a aportar datos de ubicación a la Defensora de Familia y no acompañó al agenciado durante su hospitalización y privación de la libertad. En el mencionado barrio solía movilizarse con terceras personas, incluido su hermano, a quienes se les implica en los delitos por los cuales ingresó al SRPA. La crianza de John Geiler y sus hermanos se delegó en terceros que aún se encargan del cuidado de dos de sus hermanos en Buenaventura. En mayo de 2018, el ICBF Centro Zonal Buenaventura hizo una visita domiciliaria a la hermana de John Geiler, María Yoleni, en la que verificó que habita una vivienda de madera en precarias condiciones, que no cuenta con ventilación o iluminación, y en la que no se realizan los respectivos procesos de higiene. Respuesta de la Secretaría Distrital de Integración Social La entidad expuso que una de sus funciones es “[d]esarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad”[10]. Explicó que mediante el Decreto 560 de 2015 se adoptó la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 2015-2025. Esta tiene entre sus objetivos estratégicos “[g]arantizar a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle el acceso integral a los servicios de salud del Distrito Capital en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que contribuya a hacer efectivo el derecho fundamental a la salud de esta población”; y “promover la participación y movilización ciudadana para la realización del derecho a la ciudad de todas y todas a partir de […] el fomento  de espacios de auto-reconocimiento de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle como sujetos políticos, para la dignificación y resignificación del fenómeno”. Dijo que los componentes de la Política Pública corresponden a sus objetivos estratégicos y de acuerdo con lo ordenado por el Acuerdo 366 de 2009 y la Ley 1641 de 2013. A su vez, cada componente está integrado por distintas líneas de acción. De estos componentes y líneas de atención pueden destacarse: componente 1: Desarrollo humano y atención social integral, línea de acción protección integral de NNA y jóvenes en riesgo de habitar calle, alta permanencia en calle o en situación de vida en calle; componente 2: atención integral e integrada en salud, línea de acción: acceso integral e integrado a los servicios de salud para las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle; componente 3: seguridad humana y convivencia ciudadana, línea de acción: acciones para la protección de la vida y el acceso a la justicia de las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle; componente 5: movilización ciudadana y redes de apoyo social, línea de acción: promoción de redes de apoyo para la protección integral de las personas en riesgo de habitar calle, NNA y jóvenes en riesgo, alta permanencia en calle o situación de vida en calle; y componente 6: desarrollo urbano incluyente, línea de acción: modelo de regulación para garantizar la habitabilidad de hospedajes, inquilinatos y paga diarios. Asimismo, para cada componente de la Política Pública se estructura una Mesa Técnica dirigida por una entidad específica y conformada por un conjunto de agencias encargadas de su implementación. La Política Pública contó con el plan de acción cuatrienal 2016-2020 compuesto por 151 metas y 176 acciones distribuidas entre los seis componentes. Sobre las diversas rutas de atención de la población habitante de Calle, la Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social está diseñando la Ruta de Atención para las Personas en Riesgo de Habitar la Calle de acuerdo con la gradualidad del riesgo. Igualmente, se diseñó la Ruta de Atención a la Población Habitante de Calle cuyo instructivo planea la búsqueda activa de los habitantes de calle, así como la identificación, mapeo y georreferenciación de dicha población, la activación de la ruta individual de derechos en los centros de atención. En el ámbito de la salud pública la Ruta para el acceso al sistema de salud y a la atención de la población habitante de la calle incluye trámites para solicitar citas médicas, exámenes e imágenes de apoyo diagnóstico, valoraciones especializadas, entre otros. Escrito presentado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes La directora y el asesor jurídico de PAIIS dirigieron a la Corte un escrito en el que exponen “una serie de elementos que [consideran] se deben tener en cuenta al momento de analizar los hechos del referido caso”. Afirmaron que hace algunos meses apoyaron el caso del agenciado y a las personas que han trabajado por su bienestar. Dijeron que Jhon Geiler nació en Buenaventura, que al parecer proviene de un contexto violento y sus padres están muertos. No tiene ninguna red de apoyo diferente a las entidades estatales que le han brindado atención. Manifestaron que Jhon Geiler nunca ha sido habitante de calle, es analfabeta y tiene múltiples ingresos al SRPA por hurto. Relatan que estuvo privado de la libertad en el Centro de Atención Especializada el Redentor hasta diciembre de 2018. A su salida, ingresó al IDIPRON, al no tener dónde vivir y por encontrarse en situación de discapacidad. Allí su situación se complicó cuando le hicieron falta pañales, se generaban complicaciones para sus traslados a citas médicas y no podían brindarle el tratamiento adecuado a su condición. En marzo de 2019 fue trasladado al Centro Integrarte de la Secretaría de Integración Social, ubicado en La Mesa, Cundinamarca con el propósito de que allá recibiera la atención para tratar su condición de discapacidad. Sin embargo, la reacción del agenciado fue negativa porque los otros internos del centro tenían discapacidades mentales con necesidades particulares y distintas a las de Jhon Geiler y esto provocó que tuviera actitudes agresivas y que dañara su silla de ruedas. Desde julio de 2019, fue trasladado de nuevo al IDIPRON, pero se presentaron complicaciones médicas por sus escaras en los glúteos, por las que fue internado en diversas ocasiones en distintas IPS. En cada oportunidad que estas entidades le dan egreso porque el tratamiento que requiere puede darse de manera ambulatoria, se evidencia que “ninguna entidad del distrito tiene la capacidad de recibir a un joven con el perfil de Jhon Geiler, quien no es habitante de calle, no tiene ninguna discapacidad cognitiva, pero tiene actitudes agresivas y tiene una discapacidad física que ha originado otros problemas de salud”. Sostuvieron que a la fecha Jhon Geiler recibe los pañales, pero no ha recibido ninguno de los otros elementos ordenados en el fallo de tutela y aún no existe un diagnóstico unificado sobre la situación mental del accionante. La falta de diagnóstico impide que él reciba la atención y el tratamiento integral que necesita para recuperarse física y mentalmente. Propusieron que en el análisis del caso se tenga en cuenta su situación como persona con discapacidad de conformidad con la Ley 1618 de 2013 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por último, sugirieron la necesidad de que se aborden integralmente las necesidades de Jhon Geiler y que, a su vez, se generen una serie de acciones articuladas que garanticen los distintos derechos que se amenazan en su caso. Escrito presentado por la Defensora de Familia del Centro Zonal Especializado Puente Aranda La Defensora de Familia expuso que aporta información adicional para complementar los argumentos del agente oficioso en la acción de tutela de la referencia. Dijo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompañó al agenciado durante el cumplimiento de su sanción en el SRPA. Agregó que su familia se encuentra en Buenaventura sin buenas condiciones económicas y “sin posibilidad de hacerse cargo de él”. Aclaró que, aunque el ICBF ya no tiene competencia respecto de la atención del agenciado, debido a que se extinguió la sanción por cumplimiento y el joven alcanzó la mayoría de edad, han continuado con su asistencia y acompañamiento. En el marco de éste, han solicitado a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la E.P.S. y a la Secretaría Distrital de Salud lo siguiente: “1. No ordenar el egreso del hospital sin tener pleno conocimiento de su ubicación en plena pandemia dado que su vida correría alto riesgo. 2. El tratamiento necesario para el consumo de SPA, con psicoterapia continua y permanente de acuerdo a [sic] lo conceptuado por el psiquiatra que lo atiende actualmente en el hospital La Victoria. 3. El diagnóstico y tratamiento para el trastorno de la personalidad que presenta. 4. Establecer soluciones en la parte social para un paciente en abandono que requiere ubicación en un programa que garantice su manutención, vivienda y por ende una vida digna”. La Defensora de Familia adjuntó varios documentos que hicieron parte del trámite de la acción de tutela que interpuso a favor de Jhon Geiler. En primer lugar, anexó la impugnación que interpuso la SDIS contra la decisión del Juzgado 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y un informe de cumplimiento a las órdenes emitidas por este despacho judicial. En estos documentos, la SDIS manifestó que sus funciones “no contemplan programas o servicios en salud, tampoco contamos con instituciones o centros que cuenten con Unidades de Salud Mental o de salud con programas de rehabilitación física o en consumo de sustancias psicoactivas y desarrollo humano, como el ordenado dentro del fallo de tutela del asunto y que le permitan al agenciado una mejor calidad de vida, puesto que nuestro objeto misional no está dirigido a este tipo de atención, por lo que son las entidades del Sector Salud las llamadas en primera instancia a brindar los programas y servicios para estabilizar las sintomatologías y conductas que actualmente presenta el accionante”. Agregó en la impugnación que el portafolio de servicios sociales dirigidos a la población con discapacidad que se brinda en los Centros Integrarte tiene como criterio para poder ser participante de estos “no encontrarse en fase aguda de trastorno mental o que tenga trastorno de la personalidad”. La SDIS manifestó en el recurso que la aceptación y continuidad de la atención es voluntaria y no puede desconocerse la capacidad legal del agenciado en los términos de la Ley 1996 de 2019, dado que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no desea continuar su vinculación en los servicios de los Centro Integrarte. Como evidencia del cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de tutela, la SDIS aportó dos historias clínicas de Jhon Geiler Moreno Valero como seguimiento a su situación de salud. La primera es del 4 de febrero de 2020 en la que los profesionales de la salud indican que él tiene “úlceras glúteas y sacras descubiertas en mal estado, con bolsa de colostomía sobreinfectada y usa sonda vesical” y en el que sugieren su traslado a una institución distinta a las unidades de IDIPRON, ya que estas no cuentan “con la locatividad, personal y disponibilidad de insumos para el manejo integral y multidisciplinario que el paciente requiere”. La segunda es del 17 de febrero de 2020 en una consulta por urgencias en la que el médico psiquiatra diagnostica “trastorno asocial de la personalidad, trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias y úlcera crónica de la piel” y consta como tratamiento que “se realiza intervención con elementos de contención y confrontación con respecto de la necesidad de completar el tratamiento. El paciente afirma entender y acatar”. El informe de cumplimiento de la SDIS también manifiesta que, al 20 de febrero de 2020, el agenciado estaba internado en el Hospital del Guavio recibiendo tratamiento antibiótico y que, por seguimiento telefónico, se conoció que fue trasladado al Hospital San Blas para continuar con su tratamiento. En segundo lugar, la Defensora de Familia también anexó el fallo de tutela de segunda instancia del 20 de marzo de 2020 en el que el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá advirtió que hubo un diagnóstico de trastorno mental y del comportamiento y trastorno de la personalidad antisocial en el Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E. y una solicitud de interconsulta médica especializada por psiquiatría pero “no se verifica cuál fue el resultado de la misma ni la orden dada por el especialista en torno al tratamiento a seguir para el manejo de dicho dictamen”. Con base en lo anterior, el despacho judicial concluyó que no podía ordenar la institucionalización en alguna unidad de crónicos mentales o cualquier otro tratamiento, pues no cuenta con orden emitida por el médico tratante al respecto. No obstante, ordenó a Capital Salud E.P.S.-S que programara cita del accionante con psiquiatría para que fuera valorado y se determinara el procedimiento a seguir para tratar su condición de salud mental. Por último, la Defensora de Familia aportó unas fotografías obtenidas en una visita del 29 de septiembre de 2020 en el Hospital La Victoria que muestran el estado actual de las escaras del agenciado. A su juicio, se evidencia la necesidad de que acceda a una institución, dado que no está en condiciones de asumir su autocuidado ni garantizar la asepsia en la colostomía que tiene. Segundo auto de pruebas El 15 de octubre de 2020 se profirió un segundo auto de pruebas en el que se ofició a la Secretaría Distrital de Integración Social para que determinara si el agenciado aún se encontraba internado en la Unidad de Servicios de Salud La Victoria y, en caso de que no fuera así, emprendiera su búsqueda. Con el mismo propósito también se solicitó a la Unidad de Servicios de Salud La Victoria, al agente oficioso en la presente acción de tutela y a la Defensora de Familia del Centro Zonal Especializado de Puente Aranda que remitieran toda la información disponible sobre el paradero actual del joven Jhon Geiler Moreno. También se solicitó a la Secretaría Distrital de Integración Social, en conjunto con Capital Salud E.P.S.-S., que adelantaran las gestiones de su competencia para determinar si, como resultado de sus condiciones médico-psiquiátricas, Jhon Geiler Moreno Valero requiere ajustes razonables para ejercer su capacidad legal plena y, en particular, para decidir si desea recibir la atención médica de sus diagnósticos clínicos, de conformidad con las Leyes 1996 de 2019 y 1566 de 2012. Por último, dado que Capital Salud E.P.S.-S. no dio respuesta a lo pedido en el primer auto de pruebas se requirió nuevamente esta información bajo los apremios legales. Respuesta de Capital Salud E.P.S.-S. La entidad relacionó los servicios autorizados por el agenciado entre el 3 de enero y el 13 de octubre de 2020, como se muestra a continuación: Número de Autorización Fecha de Aprobación Descripción IPS 19585G2000463037 28/01/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2000470910 28/01/2020 HOSPITALIZACION PISO - (10A002) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2000547169 3/02/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 05659-2000644625 6/02/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA M AUDIFARMA BOGOTA 19525-2000645112 6/02/2020 CUIDADO CRONICO INSTITUCIONAL PAQUETE MES PACIENTE NO VENTILADO - (121M01) HEALTH & LIFE IPS SAS SIGLA H&L UCC SA 05659-1907423536 10/02/2020 PAÑAL ADULTO TALLA M AUDIFARMA BOGOTA 19585G2000705775 10/02/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 05659-1907420795 10/02/2020 ALIMENTO ESPECIAL (CONTENIDO APROX 8 OZ) LIQUIDO ORAL /237 ML (ENSURE LIQUIDO) AUDIFARMA BOGOTA 19585G2000918745 21/02/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2000918859 21/02/2020 HOSPITALIZACION CAMA MEDICINA INTERNA - (10B001) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2001107763 3/03/2020 DESBRIDAMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA DE ARTICULACION DE CODO POR ARTROSCOPIA - (808022) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 05659-2000644631 6/03/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA M AUDIFARMA BOGOTA 19525-2001273296 11/03/2020 CONSULTA POR MEDICO GENERAL EN CASA - (CUPS 890101) HEALTH & LIFE IPS SAS SIGLA H&L UCC SA 05659-2001392403 18/03/2020 PREGABALINA CAPSULA 75 MG AUDIFARMA BOGOTA 19585G2001415965 20/03/2020 DESBRIDAMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA DE ARTICULACION DE CODO POR ARTROSCOPIA - (808022) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 05659-2000644632 6/04/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA M AUDIFARMA BOGOTA 19585G2001913338 30/04/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2001913369 30/04/2020 HOSPITALIZACION CAMA MEDICINA INTERNA - (10B001) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 19585G2001920805 2/05/2020 CONSULTA MEDICO GENERAL - (890701) SUBRED INT DE SERV SALUD CENTRO ORIENT 05659R2002357499 9/06/2020 PAÑAL ADULTO TALLA L - UNIDAD AUDIFARMA BOGOTA 05659R2002981484 1/08/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA L AUDIFARMA BOGOTA 05659R2003322683 3/09/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA L AUDIFARMA BOGOTA 19661R2003793237 6/10/2020 SILLA DE RUEDAS OSTEOMEDIC S A S 05659R2003872262 13/10/2020 PAÑALES TENA SLIP TALLA L AUDIFARMA BOGOTA De la tabla anterior se destaca que la EPS autorizó periódicamente los pañales al agenciado el 6 y 10 de febrero y en abril, junio, agosto, septiembre y octubre de 2020. La EPS también manifestó que el 19 de abril del mismo año autorizó el servicio de fisioterapia para la rehabilitación física del actor. También aportó la historia clínica del agenciado, la cual evidencia que, además de esa atención en abril de 2020, fue examinado por fisioterapia en enero de 2019, febrero, junio y julio de 2020. También tuvo varias consultas por psiquiatría, de las cuales la más reciente fue en agosto de 2020. En ella se diagnosticó con trastorno de personalidad emocionalmente inestable y se dejó constancia en la historia clínica que: “El paciente no tiene patología mental primaria del pensamiento o del afecto. Esto quiere decir que no presenta enfermedad mental con la que conviva, sin alteraciones en su estructura ideativa, con adecuada asociación de ideas, sin pérdida del contacto de realidad, sin ningún tipo de limitación cognitiva que impida la adecuada toma de decisiones. Adicional se explica que no tiene depresión ni algún otro trastorno del estado del ánimo. Su comportamiento es el reflejo de su educación, con la precaria capacidad para tolerar la frustración, con pobre control de impulsos, falta de empatía y pobre adaptabilidad. […] Esta condición o trastorno de la personalidad, predispone comorbilidad a otras patologías mentales que en este momento no presenta, por lo que no requiere manejo farmacológico y mucho menos hospitalizar. Se favorece de seguimiento ambulatorio con psiquiatría tamizado patología mental y se favorece de psicoterapia con psicología”. Asimismo, adjuntó las órdenes médicas de los pañales autorizados[11] y el acta de entrega al agenciado de la silla de ruedas prescrita por el médico tratante[12]. Respuesta de la Secretaría Distrital de Integración Social En respuesta al Auto del 15 de octubre de 2020, el 24 de noviembre del mismo año fue recibido el oficio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). En dicho documento la entidad expuso los servicios sociales[13] que brinda a la población habitante de calle, los parámetros y condiciones para acceder a cada uno[14], y las etapas que deben agotarse para el efecto[15]. La SDIS ha seguido el caso del accionante por medio de los Centros Integrarte de Atención Interna[16] y fue atendido entre el 11 de marzo y el 4 de julio de 2019, fecha en la que lo trasladaron a otra institución.[17] Durante su estadía en el Centro Integrarte presentó conductas inadecuadas hacia los profesionales del Centro y otros participantes. Allí fue valorado por psiquiatría y fue diagnosticado con trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias. Asimismo, se concluyó que Jhon Geiler contaba con un sistema de apoyo general intermitente a limitado y se sugirió el traslado a una institución especializada en limitaciones físicas y de movilidad reducida o a una unidad de salud mental de mayor complejidad[18]. Lo anterior, “debido a que el comportamiento del paciente excede la capacidad de la Institución”[19]. Por lo anterior, fue ubicado en una de las sedes del IDIPRON el 4 de julio de 2019. Posteriormente, en respuesta a una solicitud de la Defensora de Familia, se determinó que el agenciado no cumplía con los criterios para ser beneficiario del servicio social del Centro Integrarte de Atención Interna, pues no requiere apoyos extensos a generalizados y se encuentra en una fase aguda de su condición en salud mental[20]. En respuesta a las órdenes emitidas en el Auto del 15 de octubre de 2020, la SDIS explicó que “a la fecha el ciudadano se encuentra ubicado en la UMHES La Victoria, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.”[21]. Aunque expuso que no correspondía con sus competencias determinar si el agenciado requiere de ajustes razonables para ejercer su capacidad legal autónomamente, refirió la valoración por psiquiatría del 28 de octubre de 2020 en la que “el ciudadano manifiesta su deseo de no querer iniciar proceso de rehabilitación para sustancias psicoactivas secundario a que hace más de 5 años no consume ningún tipo de estas sustancias”[22]. Agregó que el análisis que consta en la historia clínica por el psiquiatra muestra “paciente alerta, colaborador, establece contacto visual y verbal, euproséxico, porte acorde, orientado en las 3 esferas, afecto modulado, pensamiento lógico, coherente, no verbaliza delirios, no ideas de muerte y de suicidio, no alucinaciones, juicio conservado introspección adecuada prospección adecuada”[23]. La SDIS agregó que, en comunicación sostenida con el accionante el pasado 29 de octubre de 2020, él manifestó su “disposición de aceptar los servicios de atención interna de la Secretaría Distrital de Integración Social”[24]. La SDIS concluyó con la solicitud de que, con anterioridad a que el accionante ingrese a los servicios de esta entidad, continúen y culminen los tratamientos en salud para que posteriormente se verifiquen cuáles servicios sociales que componen su oferta institucional son adecuados para Jhon Geiler Moreno Valero. II. CONSIDERACIONES 1.  La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Facultades extra y ultra petita del juez constitucional, asunto objeto de análisis y problema jurídico 2.  Sobre la posibilidad de emitir fallos extra y ultra petita, la Corte ha admitido que esta resuelva los asuntos sin ceñirse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda[25]; (ii) a las pretensiones del actor[26] ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tuviese que hacerlo en otro tipo de causas judiciales. Esta facultad tiene fundamento en el carácter informal de la acción de tutela, en su objetivo de materializar efectivamente los derechos fundamentales que el juez estime comprometidos al valorar la situación que se le puso en conocimiento, y en su rol de guardia de la integridad y la supremacía de la Constitución. Es el juez quien debe (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garantías ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situación[27]. El juez constitucional, al cumplir estos deberes e ir más allá de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, emplea facultades ultra y extra petita[28], que son de aquellas “facultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protección de los derechos fundamentales de las personas”[29]. El uso de tales facultades no solo implica una posibilidad para el juez de tutela, pues está obligado a desplegarlas cuando el asunto en cuestión lo amerita. 3.  En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su agenciado Jhon Geiler Moreno y, en consecuencia, que se ordenara la autorización y entrega de una silla de ruedas, junto con una crema para tratar sus úlceras en la piel y pañales desechables. Igualmente pidió que se ordenara el tratamiento integral de todos los requerimientos presentes o futuros. El juez de tutela de primera instancia concedió el amparo de estos derechos y ordenó a Capital Salud E.P.S.-S. la entrega de la silla de ruedas, la órtesis, el caminador y el medicamento para tratar la úlcera.  No obstante, no ordenó la entrega de los pañales desechables al estimar que no se acreditó que fueran indispensables para el agenciado. Esta decisión fue confirmada por el juez de segunda instancia. En principio, el asunto sobre el cual la Sala Sexta de Revisión debe pronunciarse consistiría en determinar si el representado tiene derecho a que su E.P.S. le garantice la entrega de los insumos solicitados que, según su agente oficioso, requiere con urgencia. Sin embargo, la información aportada por Capital Salud E.P.S.-S. evidencia que la mayoría de las tecnologías a que hace referencia la solicitud de tutela ya han sido cubiertas, incluyendo aquellas que se requieren en forma periódica y no hay necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo al respecto. No obstante, la entidad accionada no acreditó la entrega del medicamento para tratar la úlcera del accionante (colagenasa/Iruxol). En consecuencia, respecto de la pretensión de que se emita una orden para el suministro de pañales desechables acaeció un hecho superado y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia; y se reiterará la orden respecto de la entrega del medicamento colagenasa/Iruxol dado que no ha sido satisfecha por Capital Salud E.P.S.-S. En todo caso, el tratamiento integral al que el accionante tiene derecho tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante. Entre las circunstancias en las que procede su reconocimiento se encuentra cuando el peticionario es un sujeto de especial protección constitucional, como es el caso de las personas en situación de discapacidad física. Además, los pañales desechables están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, al no existir una exclusión expresa, clara y determinada sobre este insumo y la información allegada al expediente indica que el accionante sufre de incontinencia urinaria por efecto del trauma raquimedular, lo cual pone de presente la necesidad de garantizar el suministro de pañales desechables. Por estas razones, la Sala ordenará a Capital Salud E.P.S.-S. que garantice el tratamiento integral en favor de John Geiler Moreno Valero, respecto a su diagnóstico “trauma raquimedular, paraplejia y úlcera glútea trocantérica”. Lo anterior, en procura de que sean prestados los servicios que disponga el médico tratante en consideración a los mencionados diagnósticos y continúe el suministro de los pañales desechables de forma oportuna y eficaz con el fin de lograr la recuperación o estabilización integral de la salud del agenciado. Sin perjuicio de lo anterior, la información muestra que los médicos tratantes del agenciado han evidenciado la necesidad de autorizar ciertas prestaciones en salud para atender su estado psicológico y las secuelas físicas de su herida por arma de fuego. Al mismo tiempo, de la información aportada al expediente no se advierte que las prestaciones requeridas hayan sido autorizadas y hecho efectivas para garantizar su derecho a la salud. De ese modo, en ejercicio de las facultades extra y ultra petita del juez constitucional, al valorar la información aportada por las partes, entidades oficiadas e intervinientes, la Sala estima que el asunto objeto de análisis se centra en establecer si se ha garantizado el derecho a la salud mental y a la rehabilitación del agenciado. 4.  De acuerdo con lo expuesto, en primer lugar, debe analizarse si la presente acción de tutela cumple con los presupuestos de procedencia. De ser constatada la procedibilidad de la acción constitucional, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Capital Salud E.P.S.-S. viola los derechos fundamentales a la vida y a la salud de Jhon Geiler Moreno como consecuencia de que los médicos adscritos a su red de prestadores de servicios no han emitido las órdenes médicas que determinan los procedimientos o servicios que se consideran pertinentes y adecuados para garantizar su rehabilitación física y su salud mental? 5.  Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela en este asunto; (ii) el derecho a la salud, con especial referencia a la rehabilitación de las personas con discapacidad; (iii) el derecho a la salud mental; (iv) el derecho al diagnóstico y, finalmente, analizará (v) el caso concreto. Procedencia de la acción de tutela Legitimación en la causa por activa y por pasiva 6.  De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé la posibilidad de “agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. En el caso objeto de estudio, la acción de tutela fue interpuesta por Francisco Javier Rincón Riaño, quien actúa como agente oficioso de Jhon Geiler Moreno Valero. La Sala considera que se encuentra cumplido el presupuesto que habilita la agencia oficiosa pues el agenciado no se encuentra en condiciones de promover por sí mismo su defensa. Esta conclusión se sustenta en tres razones. Primera, el actor enfrenta una situación de vulnerabilidad como habitante de calle como lo expuso el agente oficioso[30]. Segundo, no cuenta con una red familiar de apoyo conocida, asunto en el que coincidieron el IDIPRON, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes y la Defensora de Familia del Centro Zonal Especializado Puente Aranda. Tercero, el accionante tiene múltiples padecimientos en salud por los cuales ha sido hospitalizado en el último año, principalmente por el “trauma raquimedular, la paraplejia y la úlcera glútea trocantérica”[31]. 7.  Por su parte, la legitimación por pasiva hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, al estar llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite en el proceso. En este sentido, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece la procedencia de la acción de tutela contra acciones u omisiones de particulares que estén encargados de la prestación del servicio público de salud[32]. En efecto, se constata que Capital Salud E.P.S.-S. es una entidad prestadora del servicio de salud a la cual se encuentra afiliado el agenciado y, en consecuencia, está legitimada por pasiva para actuar en este proceso. Inmediatez 8.  La orden médica de la silla de ruedas que inicialmente no le fue garantizada fue emitida el 1 de agosto de 2019. Por su parte, la acción de tutela fue interpuesta el 18 de noviembre de 2019. La Sala concluye que el transcurso de 3 meses y 17 días para la presentación de la solicitud de amparo constitucional es un lapso razonable y oportuno, acorde con la necesidad de protección urgente de los derechos fundamentales a la salud, a una vida digna y a la integridad personal del peticionario. Subsidiariedad 9.  El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios que el sistema judicial dispone para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de protección. Esta Corporación ha señalado que el ordenamiento jurídico dispone de una serie de recursos y procesos que tienen como propósito la protección de los derechos de las personas. En este orden de ideas, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han sido previstos en las normas constitucionales y legales para salvaguardar los derechos invocados. Sobre el particular, la Corte ha indicado que cuando una persona acude al amparo constitucional con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones jurisdiccionales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que, dentro del marco estructural de la administración de justicia, es el competente para conocer un determinado asunto[33]. 10.  De acuerdo con lo expuesto, es procedente el amparo constitucional cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela también debe analizarse de una manera flexible, cuando así lo amerite el caso concreto. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 86 superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, este Tribunal ha determinado que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad[34] de la acción de tutela, aún en aquellos eventos en que exista otro medio de defensa judicial, así: (i)  Cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia; escenario en el que el amparo es procedente como mecanismo definitivo; y, (ii)   Cuando, a pesar de existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable; circunstancia en la que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio. 11.  Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios de defensa judiciales, debe evaluarse en cada caso la idoneidad del mecanismo propuesto, para determinar si dicho medio judicial tiene la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal. Además, tendrá en cuenta que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Así, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, el amparo procede de manera definitiva. 12.  En el caso de sujetos de especial protección constitucional, esta Corporación ha reconocido una mayor flexibilidad en el análisis del requisito de subsidiariedad. En efecto, la jurisprudencia ha sostenido que el juez de tutela debe brindar un tratamiento diferencial al accionante y verificar si este se encuentra en la posibilidad de ejercer el medio de defensa, en igualdad de condiciones al común de la sociedad[35]. De esa valoración dependerá establecer si el presupuesto mencionado se cumple o no en el caso concreto. 13.  En las circunstancias objeto de esta tutela puede señalarse, en principio, que las Leyes 1122 de 2007[36] y 1438 de 2011[37] modificadas por la Ley 1949 de 2019 consagran los asuntos en los que la Superintendencia Nacional de Salud ejerce función jurisdiccional. En primer lugar, debe aclararse que la Superintendencia Nacional de Salud únicamente tiene competencia sobre la cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud “cuando su negativa por parte de las Entidades Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen ponga en riesgo o amenace la salud del usuario”. En este sentido, respecto de los pañales desechables no existió una negativa por parte de la EPS, sino la omisión en su prescripción. Es por esta razón que, sobre la pretensión de la entrega de los pañales desechables no existe un mecanismo judicial de protección distinto a la acción de tutela, debido a que la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud en este caso supone la previa prescripción médica y el incumplimiento en su satisfacción. Adicionalmente, uno de los asuntos de competencia de la Superintendencia es “sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo”. Aunque este mecanismo jurisdiccional parecería, prima facie, el medio judicial ordinario al que el accionante podría acudir para ventilar su pretensión de obtener los demás insumos requeridos, se trata también de un medio de defensa judicial que no es idóneo ni eficaz, como pasa a explicarse. 14.  A criterio de esta Sala de Revisión, la determinación de la idoneidad y la eficacia del mecanismo de protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud a cargo de la Superintendencia de Salud debe tomar en consideración los elementos de juicio recolectados en el marco del seguimiento que ha realizado esta Corporación a la Sentencia T-760 de 2008[38], a través de su Sala Especial de Seguimiento. De conformidad con los hallazgos de la audiencia de seguimiento celebrada el 16 de diciembre de 2018, el mecanismo previsto originalmente en la Ley 1438 de 2011 no era idóneo porque tenía un término de decisión que, dada la precariedad institucional de esa entidad a nivel nacional, generó un retraso de entre dos y tres años para solucionar de fondo las controversias[39]. Esta Corporación destacó que “mientras persist[ieran] dichas dificultades y de conformidad con las circunstancias concretas del caso estudiado, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no es un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud”[40]. Tras esos hallazgos, pese a la expedición y vigencia de la Ley 1949 de 2019, aún no se cuenta con información que permita concluir de forma objetiva que la situación varió y fue superada[41]. A lo anterior se suma que la Corte Constitucional ha señalado que cuando lo que se busca es la protección de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional (menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con disminuciones físicas y psíquicas y personas en situación de desplazamiento), el mecanismo ante la Superintendencia de Salud no resulta idóneo ni eficaz, ello en razón a que: (i) no existe un término para proferir la decisión de segunda instancia, lo que deja en vilo y prolonga en el tiempo la protección del derecho; (ii) el procedimiento no establece el efecto de la impugnación, esto es, si es suspensivo o devolutivo; (iii) no establece garantías para el cumplimiento de la decisión; y (iv) no establece qué sucede cuando la EPS no responde o lo hace parcialmente[42]. Por ende, pese a la existencia del trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud, este no es un mecanismo idóneo ni eficaz dadas sus limitaciones operativas y sus vacíos de regulación, razón por la cual la acción de tutela es el medio eficaz para proteger el derecho a la salud y el requisito de subsidiariedad resulta satisfecho. A continuación, una vez revisados y superados los requisitos de procedencia de la presente acción de tutela, la Sala adelantará el análisis del problema jurídico de fondo descrito en el fundamento jurídico 4 de esta providencia. El derecho a la rehabilitación de las personas con discapacidad 15.  El artículo 13 de la Constitución impone al Estado el deber de proteger de manera especial a aquellas personas que, por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. También deberá adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Asimismo, el artículo 47 de la Carta exige del Estado el desarrollo de una “política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (…)”. Estos mandatos constitucionales están llamados a integrar el concepto de salud que desarrolla el artículo 49 constitucional. De ahí que, por una parte, la salud ―como derecho en sí mismo― deba garantizarse de manera universal atendiendo a criterios de diferenciación positiva; y de otra ―como servicio público― deba ser entendido como la realización misma del Estado Social de Derecho[43]. 16.  De igual manera, esta Corporación ha dicho que la protección que otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la salud debe entenderse reforzada e integrada por lo que disponen los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que reconocen este derecho[44]. Tal derecho se encuentra contenido tanto en el sistema universal de derechos humanos a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el ámbito interamericano por el Protocolo Adicional de San Salvador[45]. En efecto, el artículo 12, parágrafo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales[46] consagra el “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”[47]. 17.  Igualmente, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad[48] compromete al Estado colombiano a trabajar prioritariamente en el tratamiento y rehabilitación para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad[49]. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[50] plantea una serie de obligaciones a cargo del Estado para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad[51]. En particular, la Convención reconoce “que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”[52]. Además, plantea que los Estados deben adoptar medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Con ese propósito, los Estados Parte en la Convención deben organizar, intensificar y ampliar servicios y programas de habilitación y rehabilitación en el ámbito de la salud[53]. 18.  Como complemento de lo anterior, las leyes estatutarias 1751 de 2015 y 1618 de 2013 incluyen disposiciones relevantes sobre el derecho a la rehabilitación. En ese sentido, el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 señala que el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas y prevé como una de las prestaciones la atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas. Por su parte, la Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” define la rehabilitación funcional como el “[p]roceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes”[54]. También concibe la rehabilitación integral como el “mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad”. El artículo 9° de la citada ley establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral. Para este propósito la misma disposición ordena la definición de mecanismos para incluir estos servicios en el plan de beneficios. Al mismo tiempo, el artículo 10 determina que el Ministerio de Salud y Protección Social debe asegurar que el Sistema General de Salud garantice la calidad y prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad. 19.  Estas obligaciones respecto de la habilitación y rehabilitación reiteran y refuerzan lo dispuesto en la legislación ordinaria. Por ejemplo, el artículo 4° de la Ley 361 de 1997[55] señala que es una obligación ineludible del Estado los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y rehabilitación adecuadas de las personas en situación de discapacidad[56]. También, que los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional deben establecer mecanismos para que las personas en situación de discapacidad cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación establecidas en el plan de beneficios en salud para las Empresas Promotoras de Salud[57]. 20.  Por último, la Resolución 3512 de 2019 es la normativa actualmente vigente sobre los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que deberán ser garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De acuerdo con el artículo 2° de la resolución mencionada, los servicios y tecnologías de salud que se incluyen “están estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluye la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad y que se constituye en un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a dichos servicios y tecnologías”. 21.  En suma, las personas en situación de discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral como elemento del derecho a la salud. Este derecho se sustenta en el artículo 13 de la Constitución que prevé, por un lado, el deber estatal de proteger especialmente a personas que están en circunstancias de debilidad manifiesta por sus condiciones económicas, físicas y mentales y, por otro lado, adoptar medidas a favor de grupos marginados. También se funda en el mandato del artículo 47 Superior de adoptar una “política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (…)”. Así mismo, la rehabilitación también se deriva de diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que reconocen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Estas normas que también integran el bloque de constitucionalidad señalan la obligación de adoptar medidas para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Esto incluye el deber de organizar, intensificar y ampliar servicios y programas de habilitación y rehabilitación en el ámbito de la salud. Igualmente, las Leyes Estatutarias 1751 de 2015 y 1618 de 2013 exigen la adopción de políticas para asegurar el acceso a actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esta última comprende el “[p]roceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes”[58]. El derecho a la salud mental 22.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 14[59], fijó el sentido y alcance de los derechos y obligaciones en materia de salud que se derivan del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales[60]: “El concepto del ‘más alto nivel posible de salud’, a que se hace referencia en el parágrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado (…) Además, el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12[61] (…) disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (apartado d del párrafo 2 del artículo 12), tanto física como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental” (énfasis añadidos). 23.  Como lo ha dicho esta Corporación, con fundamento en los instrumentos internacionales mencionados en el fundamento 16 de esta providencia, “todos los habitantes de Colombia tienen derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental. En otras palabras, el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud”[62]. La salud mental es entendida por la Organización Mundial de la Salud como un “estado de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad”[63]. 24.  Sobre este derecho, el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007[64] estableció que el Gobierno Nacional debía definir el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio y en el que debía incluir, entre otras cosas, “acciones orientadas a la promoción de la salud mental, y el tratamiento de los trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio”[65]. Posteriormente, el artículo 6° de la Ley 1438 de 2011[66] dispuso que el Ministerio de la Protección Social debía elaborar el “Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales”. Por su parte, el artículo 65 de la misma ley ordena que las “acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas, mediante atención integral en salud mental para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su atención como parte del Plan de Beneficios y la implementación, seguimiento y evaluación de la política nacional de salud mental”. La Resolución 1841 de 2013 adoptó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 ordenado por la Ley 1438 de 2011, el cual es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, en el ámbito de sus competencias y obligaciones. Este plan concibe a la salud mental como una de sus dimensiones y propone entre sus objetivos “contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental (…) , mediante la intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática” y “disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y trastornos mentales (…), a través del fortalecimiento y la ampliación de la oferta de servicios institucionales y comunitarios en salud mental, que aumenten el acceso a quienes los requieren y permitan prevenir la cronificación y el deterioro y mitigar daños evitables”. Además, uno de los componentes del plan en la dimensión de salud mental es la atención integral a problemas y trastornos mentales y una de las estrategias es, precisamente, el mejoramiento de la atención en salud de los problemas y trastornos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, a través de acciones orientadas a garantizar el acceso, oportunidad, calidad, utilización y satisfacción de los servicios de atención. 25.  La Ley 1566 de 2012[67] refuerza ese derecho a la atención integral de los consumidores de sustancias psicoactivas y en su artículo 2° señala que toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos. La citada ley también especifica los responsables de garantizar dicha atención pues establece que se realizará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados[68]. 26.  Además de las leyes y reglamentos mencionados, la Ley 1616 de 2013 “por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones” regula en forma específica el derecho a la salud mental. Esta normativa define la salud mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”[69]. También declara que la salud mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas. El artículo 4° dispone que la garantía de la atención integral de la salud mental[70] debe incluir el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales. Entre los derechos[71] que consagra cabe destacar los derechos a recibir: (i) atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental; (ii) información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social; y (iii) la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 27.  Sobre las responsabilidades en la atención integral e integrada, el artículo 12 de la Ley 1616 de 2013 dispone que los entes territoriales y las empresas administradoras de planes de beneficios “deberán disponer de una red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada, como parte de la red de servicios generales de salud”. Asimismo, el artículo 14 determina que las referidas empresas administradoras de planes de beneficios, las Empresas Sociales del Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas deberán garantizar y prestar sus servicios de conformidad con las políticas, planes, programas, modelo de atención, guías, protocolos y modalidades de atención definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. La ley también establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Salud Mental públicas y privadas deberán disponer de un equipo interdisciplinario idóneo, pertinente y suficiente para la satisfacción de las necesidades de las personas en los servicios de promoción de la salud y prevención del trastorno mental, detección precoz, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud[72]. Esta prestación debe darse en todos los niveles de complejidad y debe garantizar calidad y calidez en la atención de una manera oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a servicios de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación en salud mental[73]. 28.  La Ley 1616 de 2013 también ordena al Ministerio de Salud y Protección Social ajustar y expedir la Política Nacional de Salud Mental acorde con los cambios normativos y el perfil epidemiológico actual del país. Esta política nacional debe incluir la atención integral, entre otros aspectos, de los trastornos mentales mediante la detección, la remisión oportuna, el seguimiento, el tratamiento integral y la rehabilitación psicosocial y continua en la comunidad con apoyo directo de los entes de salud locales. La Política Nacional de Salud Mental vigente, en cumplimiento del mandato de la Ley 1616 de 2013, fue adoptada por medio de la Resolución 4886 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. 29.  Es precisamente en este marco legal que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que los tratamientos médicos para garantizar el derecho a la salud mental deben ser parte integrante del sistema de salud en seguridad social y que por esto “las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha elaborado respecto al derecho a la salud en general son aplicables frente a peticiones de tutela de la salud mental, por ser parte de un mismo derecho y de un mismo sistema de seguridad social”[74]. Derecho al diagnóstico[75] 30.  La Corte Constitucional ha definido el derecho al diagnóstico como la facultad que tiene todo paciente “(…) de exigir de las entidades prestadoras de salud la realización de los procedimientos que resulten precisos con el objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia, para que, de esa manera, el médico cuente con un panorama de plena certeza sobre la patología y determine las prescripciones más adecuadas, encaminadas a lograr la recuperación de la salud, o, al menos, asegurar la estabilidad del estado de salud del afectado”[76]. 31.  En esa medida, es claro que la posibilidad de una persona de obtener cualquier tipo de terapia médica resulta inane si no se logra identificar, con cierto grado de certeza y objetividad, cuál es el tratamiento que puede atender sus condiciones de salud. Por ello, el acceso a un diagnóstico efectivo constituye un componente del derecho fundamental a la salud que, a su vez, obliga a las autoridades encargadas de prestar este servicio a establecer una serie de mecanismos encaminados a proporcionar una valoración técnica, científica y oportuna[77]. Del mismo modo, esa garantía comporta tres facetas, a saber: “(i) la prescripción y práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos disponibles”[78]. 32.  Se concluye según lo expuesto que el derecho al diagnóstico se compone de tres dimensiones: la identificación, la valoración y la prescripción. Esta última significa la emisión de las órdenes médicas del procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado para la mejora del estado de salud del individuo. Es decir, el derecho al diagnóstico se satisface con la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos, e implica determinar con el “(…) máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento médico que asegure de forma más eficiente el derecho al ‘más alto nivel posible de salud’”. Solución al caso concreto 33.  De acuerdo con las consideraciones expuestas, las personas en situación de discapacidad tienen derecho a acceder a los servicios de habilitación y rehabilitación. Con base en la información que consta en el expediente, Jhon Geiler Moreno Valero es una persona en situación de discapacidad. Así se concluye a partir de su diagnóstico de trauma raquimedular por herida con arma de fuego y paraplejia, como lo determinaron las valoraciones médicas realizadas en enero y febrero de 2020[79]. Es decir, el agenciado tiene una deficiencia física que no es temporal y que, en virtud de las barreras existentes en el entorno, le impiden su participación completa en la sociedad. 34.  A partir de las normas constitucionales y la legislación estatutaria y ordinaria expuesta anteriormente, es claro que el joven Jhon Geiler Moreno, como una persona en situación de discapacidad física, tiene derecho a la habilitación y rehabilitación. Este derecho se sustenta en aquel que se le confiere a toda persona y, en particular, a aquella en situación de discapacidad, para que goce del más alto nivel posible en su salud física y mental. Así mismo, el tratamiento y rehabilitación tienen el objetivo de asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad y que ellas puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional. 35.  Por su parte, a las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, les corresponde garantizar los servicios y tecnologías de salud que incluyen el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. El accionante se encuentra afiliado al régimen subsidiado por medio de Capital Salud E.P.S. En ese sentido, la entidad accionada tiene la obligación de garantizar el suministro de todas las prestaciones que requiere el accionante dirigidas a diagnosticar y tratar su enfermedad. En particular, debe suministrarle los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud del accionante en situación de discapacidad. 36.  Como se advirtió anteriormente, la Ley 1566 de 2012 consagra el derecho que tiene toda persona que sufre trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas a la atención integral. Al respecto, la historia clínica de Jhon Geiler muestra que el 27 de abril de 2019 fue diagnosticado con “trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias”[80], “trastorno asocial de la personalidad”[81] y “trastorno de personalidad emocionalmente inestable”[82]. Además, el artículo 4° de la Ley 1616 de 2013 establece que la garantía de la atención integral de la salud mental incluye el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales. Además del derecho a recibir esa atención integral, también debe garantizarse, por un lado, que las personas reciban información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social; y, por otro lado, que obtengan la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 37.  Esta prestación está cargo de las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en particular, en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados[83]. Igualmente, el artículo 12 de la Ley 1616 de 2013 dispone que los entes territoriales y las empresas administradoras de planes de beneficios “deberán disponer de una red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada, como parte de la red de servicios generales de salud”. De ese modo, le corresponde a Capital Salud E.P.S.-S. tener a disposición de Jhon Geiler su red de prestadores habilitados para los servicios de salud mental. 38.  Respecto del derecho al diagnóstico, este se compone de las dimensiones de la identificación, la valoración y la prescripción. Esta última supone la emisión de las órdenes médicas del procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado con la finalidad de obtener una efectiva evaluación acerca del estado de salud del individuo. Es decir, el derecho al diagnóstico se satisface con la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos, e implica determinar con el “(…) máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento médico que asegure de forma más eficiente el derecho al ‘más alto nivel posible de salud’”. 39.  De la información aportada por Capital Salud E.P.S, la Sala advierte que esta entidad ha suministrado determinadas atenciones en salud al accionante. En particular, mostró que, desde abril de 2018, el peticionario ha sido atendido en diversas IPS que integran la red hospitalaria de Capital Salud E.P.S.-S. para atender su diagnóstico de trauma raquimedular ocasionado por la herida por arma de fuego[84]. También se constatan los servicios de salud para tratar una úlcera crónica en sus glúteos desde enero de 2020[85]. Al respecto, el agenciado tuvo un control médico por fisioterapia el 19 de abril de 2018. Allí se establecieron los diagnósticos de “otros traumatismos y los no especificados de la medula espinal torácica”[86] y “secuelas de traumatismo de la medula espinal”[87] Como constancia de dicha evaluación médica, se registró que: “inicia tratamiento consistente en movilizaciones articulares de miembros inferiores, fortalecimiento muscular de miembros superiores y tronco, estimulación del equilibrio y control de tronco en posición sedente. Se le explica al paciente y acompañante en lenguaje sencillo, refieren entender y aceptar el plan casero, finaliza sesión de terapia sin complicaciones, se dan recomendaciones, cuidados de la piel, plan de tratamiento en casa”[88]. Posteriormente, el 26 de abril de 2018, fue valorado por consulta externa y en el plan de manejo se mencionó, entre otras cosas, “terapia física y planes caseros”. Estos diagnósticos y tratamientos se repitieron periódicamente en sesiones de terapia física el 19 y 26 de junio[89], 10 de julio de 2018[90] y 17 de enero de 2019[91]. Luego, el 19 de febrero de 2020 fue valorado por fisioterapia y se indicó como plan de tratamiento “iniciar sesiones de terapia física para acondicionamiento físico y neurorrehabilitación”[92] y “continuar sesiones de terapia física para acondicionamiento físico, mantener arcos de movimiento y fuerza muscular”[93]. No obstante, ni la historia clínica, ni la relación de autorizaciones de servicios al accionante que aportó Capital Salud E.P.S.-S. evidencian que haya habido sesiones de terapia adicionales a la de febrero de 2020. Tampoco se constata que se hayan emitido prescripciones médicas que indiquen la cantidad y periodicidad de las terapias físicas requeridas. Por otro lado, es importante destacar que, en consulta por psiquiatría del 28 de octubre de 2020, el accionante manifestó su deseo de no iniciar un proceso de rehabilitación para sustancias psicoactivas. Esta decisión está amparada en la autonomía individual del agenciado y su derecho a “exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento”[94]. No obstante, en respuesta a los diagnósticos asociados a la salud mental del agenciado, los especialistas que han hecho las valoraciones médicas han indicado como plan de manejo y tratamiento la administración de determinados medicamentos en ciertos períodos de tiempo[95], valoraciones adicionales de psiquiatría[96] y psicología[97], incluso en forma conjunta[98] y psicoterapia por psiquiatría cada 15 días[99]. Incluso, en la consulta del 6 de agosto de 2020 se expuso que el accionante “se favorece de seguimiento ambulatorio con psiquiatría (…) y se favorece de psicoterapia con psicología”[100]. Estos planes de manejo de los diagnósticos del accionante no han sido acompañados de la expedición de las prescripciones médicas necesarias para determinar los servicios que requiere el peticionario para su tratamiento de sus trastornos. La ausencia de las órdenes médicas que especifiquen los procedimientos que se estimen pertinentes y adecuados para obtener una efectiva evaluación acerca del estado de salud del accionante de cara a garantizar su derecho a la rehabilitación física y a la salud mental violan su derecho al diagnóstico. En este sentido, al no emitirse las prescripciones médicas de los servicios que conformarían el tratamiento médico que asegure “el derecho al ‘más alto nivel posible de salud’” del accionante respecto de su rehabilitación integral y su salud mental violan su derecho a la salud. 40.  En síntesis, la Sala concluye que la omisión en la determinación del tratamiento para atender los diagnósticos del accionante de paraplejia, trauma raquimedular y diversos trastornos mentales y de la personalidad comprometen la faceta diagnóstica de su rehabilitación integral y su salud mental. Por lo anterior, la Sala concederá el amparo definitivo de los derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, ordenará a Capital Salud E.P.S.-S. que, por medio de los profesionales médicos adscritos a su red de servicios, valore de forma integral las condiciones de salud del accionante, establezca el tratamiento adecuado para su rehabilitación física y sus trastornos mentales y de comportamiento, y expida las autorizaciones necesarias para el suministro de los servicios médicos requeridos para su rehabilitación integral y la atención de su condición en salud mental. Lo anterior, conforme a los criterios establecidos en la Ley 1616 de 2013 para otorgar una atención adecuada a las personas en el ámbito de la Salud Mental[101]. Conclusiones y órdenes para proferir 41.  La Sala constató que Capital Salud E.P.S.-S. ya cubrió la mayoría de los insumos y tecnologías solicitadas en la presente acción de tutela. No obstante, se ordenará entregar el medicamento colagenasa/Iruxol sobre la cual no hubo pronunciamiento de Capital Salud E.P.S.-S. y no se desmostró que ya se hubiera suministrado al accionante. Asimismo, el tratamiento integral, que se ha concedido a las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, tiene como propósito garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante. Por lo anterior, aunque respecto de la pretensión de que se emita una orden para el suministro de pañales desechables se declarará el hecho superado, también se ordenará a la entidad accionada que garantice el tratamiento integral en favor del agenciado, respecto de su diagnóstico “trauma raquimedular, paraplejia y úlcera glútea trocantérica”. Lo anterior, con el fin de que le sean prestados los servicios que disponga el médico tratante en consideración de los mencionados diagnósticos y se continúe el suministro de los pañales desechables de forma oportuna y eficaz. 42.  Así mismo, en ejercicio de sus facultades extra y ultra petita, la Sala debió analizar si la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la vida y a la salud de un habitante de calle en situación de discapacidad por el hecho de que los médicos adscritos a su red de prestadores de servicios no han emitido las órdenes médicas que determinan los procedimientos o servicios que se consideran pertinentes y adecuados para garantizar su rehabilitación física y su salud mental. 43.  En esta oportunidad se encontraron acreditados los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, la Sala concluyó que se cumplieron las condiciones para la agencia oficiosa al constatar que el accionante tiene un alto grado de vulnerabilidad, no cuenta con una red familiar de apoyo conocida y tiene varios padecimientos en salud por los que se encuentra hospitalizado. Así mismo, sobre la subsidiariedad, se encontró que el mecanismo jurisdiccional ordinario ante la Superintendencia Nacional de Salud no es idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales del accionante debido a sus limitaciones operativas y sus vacíos de regulación. 44.  La Sala expuso que el derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad se sustenta en las siguientes disposiciones constitucionales. El artículo 13 de la Constitución que ordena protección especial a las personas que, por sus condiciones físicas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y la adopción de medidas en favor de grupos marginados. En segundo lugar, el artículo 47 que prevé el desarrollo de una política de rehabilitación de “los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (…)”. Estos mandatos deben leerse en conjunto con el artículo 49 que prevé la salud como un derecho y servicio público. Asimismo, los tratados internacionales en la materia que han sido ratificados por Colombia, así como la legislación ordinaria determina, en particular, el derecho a la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad. De ese modo, el tratamiento y rehabilitación tienen el objetivo de asegurar a las personas con discapacidad un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para que puedan lograr y mantener la máxima capacidad física, mental, social y vocacional. Igualmente, las Leyes 1751 de 2015 y 1618 de 2013 protegen los servicios y tecnologías de rehabilitación, incluidas las ayudas técnicas de alta y baja complejidad cuyo suministro y garantía está a cargo de las EPS. 45.  Sobre el derecho a la salud mental, este exige acciones orientadas a garantizar el acceso, oportunidad, calidad, utilización y satisfacción de los servicios de atención. La Ley 1566 de 2012 consagra el derecho de toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas a la atención integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de estos trastornos. Además, el artículo 4° de la Ley 1616 de 2013 señala que la garantía de la atención integral de la salud mental debe incluir el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales, lo que incluye la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. Es responsabilidad de los entes territoriales y de las empresas administradoras de planes de beneficios tener a disposición una red integral de prestación de servicios en salud mental y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Salud Mental públicas y privadas, deben disponer de un equipo interdisciplinario idóneo, pertinente y suficiente para la satisfacción de las necesidades de las personas en los servicios de evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud. 46.  En este caso, la Sala acreditó que Capital Salud E.P.S.-S. desconoció los derechos a la salud y a la vida del accionante, pues los profesionales de la salud que han valorado al accionante no han emitido las prescripciones médicas que establezcan la cantidad y frecuencia de los servicios, procedimientos y tecnologías que se estiman necesarias para el tratamiento de los diagnósticos del accionante asociados a su derecho a la rehabilitación y a la salud mental. Al no garantizarse la expedición de estas órdenes médicas, la entidad no cumple su obligación derivada del derecho al diagnóstico, que consiste en la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos que aseguren eficientemente el más alto nivel posible de salud. Dada la ausencia de este diagnóstico y prescripción es indispensable una valoración pronta del accionante para determinar su estado de salud y que se formulen los tratamientos y terapias que favorezcan la rehabilitación física y atiendan la salud mental de Jhon Geiler Moreno Valero. 47.  Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia, proferida el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, que a su vez confirmó la decisión del 3 de noviembre de 2019 del Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que concedió parcialmente el amparo solicitado por Jhon Geiler Moreno Valero, por medio de agente oficioso, en contra de Capital Salud E.P.S.-S. Así mismo, adicionará la decisión de segunda instancia para conceder el amparo del derecho a la salud, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, se ordenará a Capital Salud E.P.S.-S. que, por medio de los profesionales médicos adscritos a su red de servicios, valore de forma integral las condiciones de salud del accionante, establezca el tratamiento adecuado para atender su situación de discapacidad física y su salud mental, junto con las órdenes médicas para el efecto y expida las autorizaciones necesarias para el suministro de los servicios médicos prescritos al accionante. 48.  Por último, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene la función de prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social[102] y debe dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad[103]. Con fundamento en estas competencias, se ordenará a dicha entidad que brinde acompañamiento al proceso de rehabilitación física y de atención en salud mental de Jhon Geiler Moreno Valero. Determinaciones respecto del inconveniente en el traslado de una prueba 49.  En el auto de pruebas del 15 de octubre de 2020 se ordenó a la Secretaría General de la Corte Constitucional poner a disposición de las partes las comunicaciones que se hubieran recibido en cumplimiento de dicha providencia. Luego de agotado el término de traslado, el 9 de diciembre de 2020, dentro del término legal, se registró el proyecto de sentencia en el asunto de la referencia para someterlo a consideración de los despachos que conforman la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional. Posteriormente, el 15 de enero de 2021, la Secretaría General de esta Corporación informó que, por un error involuntario del funcionario a cargo de remitir los oficios del proceso, la respuesta allegada por la Secretaría Distrital de Integración Social el 24 de noviembre de 2020 no fue enviada a las partes. El estado actual del trámite en el que se recolectan las firmas de los despachos que conforman la Sala de Revisión y la fecha próxima para el vencimiento del término para proferir una decisión impiden que se proceda a realizar el traslado que involuntariamente omitió la Secretaría General. Aunque esta omisión implica una restricción en el derecho a la defensa y contradicción de las partes del proceso, la Sala Sexta de Revisión considera que no da lugar a declarar la nulidad parcial o total del trámite surtido por las siguientes razones. En primer lugar, las partes han ejercido varias de las prerrogativas que hacen parte del derecho al debido proceso y a la defensa. En particular, presentaron las pruebas que pretenden hacer valer en el trámite de revisión, han sido notificadas de todos los autos de pruebas emitidos y han hecho uso de la posibilidad de pronunciarse, como lo muestran la comunicación enviada por Capital Salud E.P.S.-S. del 22 de octubre de 2020, tal y como se mencionó en el apartado de antecedentes de esta sentencia. En segundo lugar, la información aportada por la Secretaría Distrital de Integración Social que fue relevante también estaba en poder de las partes. Es el caso de la historia clínica del accionante, que fue allegada tanto por esta entidad como por Capital Salud E.P.S.[104] y, de ese modo, puede decirse que materialmente tienen conocimiento de esta información. En tercer lugar, las razones anteriores también evidencian que no se cumple el principio de trascendencia que rige las nulidades, en virtud del cual, es indispensable demostrar que la irregularidad sustancial “afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento”[105]. En otras palabras, no cualquier irregularidad da lugar a la nulidad del procedimiento y para este efecto deberá configurarse una evidente y protuberante violación del debido proceso. Por último, no existe justificación alguna para declarar la nulidad de las actuaciones en el proceso y dilatar en el tiempo el trámite surtido en esta Corporación, lo cual puede afectar de manera desproporcionada los principios de celeridad y eficacia, implícitos en la efectiva protección del derecho de acceso a la administración de justicia. Esta consideración cobra aun mayor relevancia si se tiene en cuenta que el accionante en el presente proceso es un habitante de calle, sujeto de especial protección constitucional y que su situación se relaciona con la oportuna y efectiva protección de su derecho a la salud y a la vida digna. Por lo anterior, la Sala considera que la restricción en el derecho de las partes a la contradicción de la respuesta enviada por la Secretaría Distrital de Integración Social el 24 de noviembre de 2020 no implica una violación de su derecho al debido proceso y que la condición particular del accionante hace indispensable que la Corte emita un pronunciamiento de mérito. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente asunto, respecto de la pretensión de la autorización y suministro de los pañales desechables de Jhon Geiler Moreno Valero. SEGUNDO. CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, que a su vez confirmó la decisión de conceder parcialmente el amparo, adoptada el 3 de noviembre de 2019 por el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, únicamente en lo relacionado con su punto resolutivo segundo que ordenó a Capital Salud E.P.S.-S. autorizar y entregar al accionante la silla de ruedas, la órtesis, el caminador y la crema Colagenasa Iruxol para la úlcera, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO. ADICIONAR la sentencia del 5 de febrero de 2020 emitida por el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, en el sentido de CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Jhon Geiler Moreno Valero, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO. ORDENAR a Capital Salud E.P.S.-S. que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, (i) autorice y entregue a Jhon Geiler Moreno Valero el medicamento colagenasa/Iruxol para el tratamiento de su úlcera; y (ii) por medio de los profesionales médicos adscritos a su red de servicios, valore integralmente el estado de salud de Jhon Geiler Moreno Valero, establezca el tratamiento pertinente para la rehabilitación adecuada para atender su situación de discapacidad física y su salud mental junto con las órdenes médicas correspondientes y expida las autorizaciones necesarias para el suministro de los servicios médicos que se prescriban. Lo anterior, conforme a los criterios establecidos en la Ley 1616 de 2013 para otorgar una atención adecuada a las personas en el ámbito de la Salud Mental. En ese sentido, la entidad deberá tener en cuenta la voluntad de Jhon Geiler Moreno en el marco de sus afecciones de salud y tratamiento psiquiátrico. QUINTO. ORDENAR a Capital Salud E.P.S.-S. que garantice el tratamiento integral en favor de Jhon Geiler Moreno Valero, respecto de su diagnóstico “trauma raquimedular, paraplejia y úlcera glútea trocantérica”. Lo anterior, con el fin de que le sean prestados los servicios que disponga el médico tratante en consideración de los mencionados diagnósticos y se continúe el suministro de los pañales desechables de forma oportuna y eficaz. SEXTO. ORDENAR a la Secretaría Distrital de Integración Social que brinde acompañamiento al proceso de rehabilitación física y de atención en salud mental de Jhon Geiler Moreno Valero. SÉPTIMO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] C1 T7859919, folio 6. [2] Cuaderno 1, folio 22. [3] Cuaderno 2, folio 22. [4] La copia de las autorizaciones se encuentra en el cuaderno 1, folios 34 y 35. [5] “Por medio del cual se ordenan los lineamientos de ayudas técnicas para personas con discapacidad en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. [6] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [7] Cuaderno de la Corte Constitucional, solicitud de revisión, folio 2. [8] Mediante auto del 3 de febrero de 2020, el Juzgado 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías vinculó al IDIPRON al trámite de la tutela interpuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en representación de Jhon Geiler Moreno Valero contra las Secretarías Distritales de Integración Social y de Salud. [9] El escrito aduce que la muerte de la madre de John Geiler fue violenta. [10] Artículo 2°, literal d) del Decreto Distrital 607 de 2007. [11] 2. Orden médica – pañales y 4. MIPRES Pañales 02-10-2020. [12] Acta de entrega – Silla de ruedas. [13] Contestación solicitud de pruebas, folios 2 y 3. Los servicios sociales mencionados son: 1. Servicio Social Centros Integrarte de Atención Externa, 2. Servicio Social Centros Integrarte de Atención Interna, 3. Servicio Social Centros Crecer, 4. Servicio Social Centro Renacer y 5. Servicio Social Centros Avanzar. [14] Contestación solicitud de pruebas, folios 2 y 3. Mencionó que dichos parámetros se encuentran en la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018 y en la Circular 033 del 2 de noviembre del mismo año. A modo de ejemplo, la SDIS expone que el Servicio Social Centros Integrarte de Atención Interna está “orientado a la atención de personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o física en condición de vulnerabilidad, de 18 años y 59 años y 11 meses, que requieran de apoyos extensos a generalizados, que habiten en Bogotá D.C. y que no cuenten con una red familiar o social de apoyo que garantice su cuidado”. [15] Contestación solicitud de pruebas, folio 4. Manifestó que estos pasos son: primero, solicitud del servicio en la que se registra la demanda efectiva y se ingresan los datos del solicitante al Sistema Único de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE de la SDIS. Segundo, identificación, en la que se recopila toda la información relacionada con el núcleo familiar de la persona con discapacidad solicitante y se evalúa el sistema de apoyos requeridos. Tercero, selección y formalización del ingreso de las personas con discapacidad, en la que se selecciona a las personas con discapacidad de acuerdo con el orden cronológico de la solicitud, el cruce de información disponible en las bases de datos de entidades públicas y la verificación de las condiciones de vulnerabilidad. Sobre este punto, añadió que se debe dar prelación a la población más vulnerable que por lo general es la que tiene menores puntajes en el SISBEN. [16] Contestación solicitud de pruebas, folio 6. Desde el 11 de marzo de 2019 fue atendido en el Centro Integrarte de Atención Interna del municipio de La Mesa, Cundinamarca. [17] Contestación solicitud de pruebas, folio 5. [18] Contestación solicitud de pruebas, folio 8. [19] Contestación solicitud de pruebas, folio 8. [20] Contestación solicitud de pruebas, folio 9. [21] Contestación solicitud de pruebas, folio 15. [22] Contestación solicitud de pruebas, folio 14. Evoluciones médicas Jhon Geiler Moreno Valero – Octubre 2020, folio 10. Acta Seguimiento por S.D.I.S. – Fecha 29 de octubre de 2020 (1), folio 3. [23] Contestación solicitud de pruebas, folio 16. Evoluciones médicas Jhon Geiler Moreno Valero – Octubre 2020, folio 10. [24] Contestación solicitud de pruebas, folio 17. Acta Seguimiento por S.D.I.S. – Fecha 29 de octubre de 2020 (1), folio 3. [25] Sentencia T-553 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. [26] Sentencia T-310 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [27] Sentencia SU-195 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [28] Sentencia T-886 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. [29] Sentencia T-368 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís. [30] En el escrito de tutela, el agente oficioso del accionante se refirió hacia él como habitante de calle y en los hechos expuso que “se encuentra vinculado a un programa de atención a ciudadanos habitantes de calle” (Cuaderno 1, folio 2). En esto coincide con el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento que sancionó penalmente al accionante y quien dijo que “ingresó al Sistema Penal como habitante de calle y carece de red de apoyo” (Cuaderno de la Corte Constitucional, solicitud de revisión, folio 2). A esto se suma que la Defensora de Familia del ICBF, Regional Bogotá, quien ha brindado acompañamiento al accionante e interpuso otra acción de tutela a su nombre adujo que él y su hermano “han sido habitantes de calle desde los 12 y 11 años, respectivamente”. Nótese como las mencionadas entidades en el marco de sus funciones debieron establecer si en efecto era habitante de calle para efectos de su inclusión en los programas a su cargo, o la plena identificación dentro del proceso penal. Es razonable inferir que todos estos funcionarios encargados, de una u otra manera, de atender la situación del accionante han determinado su condición de habitabilidad en calle. Así mismo, la Corte no cuenta con elementos para considerar que la categorización del accionante como habitante de calle hecha por estos funcionarios y entidades que han interactuado con él sea incorrecta y, por eso, así se tendrá por demostrado en esta providencia. Más aún, los intervinientes a nombre de PAIIS quienes fueron los únicos en el proceso que controvirtieron que el peticionario fuera habitante de calle no presentaron elementos distintos a su dicho para cuestionar tal calificación. En ese sentido, se limitaron a afirmar que “Jhon Geiler nunca ha sido habitante de calle”. Esta aseveración, por si sola, no tiene la entidad para poner en duda la condición de habitante de calle del peticionario, la cual fue acreditada por varias autoridades administrativas encargadas de esa labor y a partir del diagnóstico directo de las condiciones personales de Jhon Geiler. [31] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 1169. [32] Artículo 42, numeral 2º del Decreto 2591 de 1991. [33] En Sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” [34] Sentencia T-662 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [35] Sentencias T-662 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-527 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [36] Artículo 41 de la Ley 1122 de 2007: “Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos: // a. Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario.// b. Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios. // c. Conflictos que se susciten en materia de multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. // d. Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios y las aseguradoras y entre éstos y las prestadoras de servicios de salud y conflictos relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. [37] Artículo 126 de la Ley 1438 de 2011: “FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Adiciónense los literales e), f) y g), al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, así: // “e) Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo; // f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud; //g) Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador”. // Modificar el parágrafo 2o del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así: // ‘La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud se desarrollará mediante un procedimiento preferente y sumario, con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. // La solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, debe expresar con la mayor claridad, la causal que la motiva, el derecho que se considere violado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el nombre y residencia del solicitante. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. Dentro de los diez días siguientes a la solicitud se dictará fallo, el cual se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento. Dentro de los tres días siguientes a la notificación, el fallo podrá ser impugnado. En el trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad’”. [38] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [39] Sentencia T-170 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [40] Ibidem. [41] Sentencia SU-074 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [42] Sentencia T-528 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [43] Sentencia T-016 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [44] Se integran en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación con base en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta, según el cual “los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados en Colombia.” [45] Sentencia T-043 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [46] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. [47] Una disposición similar se encuentra en el artículo 10° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, aprobado por la Ley 319 de 1996. [48] Fue aprobada por Colombia mediante la Ley 762 de 2002 y entró en vigor el 12 de abril de 2003. [49] Artículo III, 2, b) de la Convención. [50] La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad fue aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. [51] De acuerdo con el artículo 1° de la Convención, las “personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Por su parte, el artículo 2° de la Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” reitera esta definición e incorpora otros elementos como las deficiencias a mediano plazo y la inclusión de las barreras actitudinales. [52] Artículo 25 de la Convención. [53] Artículo 26 de la Convención. [54] Artículo 2°, numeral 6° de la Ley 1618 de 2013. [55] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”. [56] La Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado declaró la exequibilidad condicionada de varias expresiones de la Ley 361 de 1997 y, en consecuencia, sustituyó personas “con limitación” por personas “en situación de discapacidad”. [57] Artículo 18 de la Ley 361 de 1997. [58] Artículo 2°, numeral 6° de la Ley 1618 de 2013. [59] Las observaciones generales de los Comités de Naciones Unidas encargados de la interpretación y vigilancia de los tratados internacionales ratificados por Colombia constituyen una herramienta útil para determinar el alcance de los derechos consagrados en estos instrumentos y en la Constitución. Sentencia T-477 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa. [60] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. [61] Artículo 12 numeral 2. “b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente” [62] Sentencias T-306 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-578 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos y T-632 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [63] World Health Organization (WHO) (2004). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice : summary report, citado en Organización Mundial de la Salud (2013). Plan de acciόn sobre salud mental 2013-2020. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. [64] “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. [65] Artículo 33, literal k) de la Ley 1122 de 2007. Con fundamento en esta disposición, el Ministerio de la Protección Social, mediante el Decreto 3039 de 2007, adoptó el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010. [66] “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. [67] “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional ‘entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias’ psicoactivas” [68] Artículo 3° de la Ley 1566 de 2012: “La atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 1° de la presente ley, se realizará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados. // Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre los cuales se encuentran: los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado, unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los centros de atención comunitaria, los equipos básicos de atención primaria en salud, entre otras modalidades que formule el Ministerio de Salud y Protección Social”. [69] Artículo 3° de la Ley 1616 de 2013. [70] El artículo 5°, numerales 3° y 4° de la Ley 1616 de 2013 define la atención integral e integrada en salud mental como “la concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. // La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, según las necesidades de salud de las personas”. [71] Artículo 6° de la Ley 1616 de 2013: “DERECHOS DE LAS PERSONAS. Además de los Derechos consignados en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley General de Seguridad Social en Salud son derechos de las personas en el ámbito de la Salud Mental: // 1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental. // 2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social. // 3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. // 4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente. // 5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida. // 6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. // 7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. // 8. Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de 2009 y demás legislación vigente. // 9. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental. // 10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. // 11. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental. // 12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. // 13. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento. // 14. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento informado. // 15. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes. // 16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. // Este catálogo de derechos deberá publicarse en un lugar visible y accesible de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que brindan atención en salud mental en el territorio nacional. Y además deberá ajustarse a los términos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y demás jurisprudencia concordante”. Es necesario aclarar que la mención a la Ley 1306 de 2009 debe entenderse como referida a la Ley 1996 de 2019 que derogó buena parte de la primera. [72] Artículo 18 de la Ley 1616 de 2013. El mismo artículo indica que los equipos interdisciplinarios estarán conformados por Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Terapia Psicosocial, Médico General, entre otros profesionales, atendiendo el nivel de complejidad y especialización requerido en cada servicio de conformidad con los estándares que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. [73] El artículo 13 de la Ley 1616 de 2013 determina las modalidades y servicios incluidos en la prestación de servicios en salud mental: “1. Atención Ambulatoria. // 2. Atención Domiciliaria. // 3. Atención Prehospitalaria. // 4. Centro de Atención en Drogadicción y Servicios de Farmacodependencia. // 5. Centro de Salud Mental Comunitario. // 6. Grupos de Apoyo de Pacientes y Familias. // 7. Hospital de Día para Adultos. // 8. Hospital de Día para Niñas, Niños y Adolescentes. // 9. Rehabilitación Basada en Comunidad. // 10. Unidades de Salud Mental. // 11. Urgencia de Psiquiatría”. [74] Sentencia T-306 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [75] Este acápite se basa en las consideraciones expuestas en la Sentencia T-508 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [76] Sentencia T-084 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en las Sentencias T-1331 de 2005, T-555 de 2006, T-1041 de 2006, T-636 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-804 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-076 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-083 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, T-253 y T-795 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-055 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-274 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, T-359 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-639 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, T-841 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-497 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-887 y T-964 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-033 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-298 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, T-468 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-927 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, T-361 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-543, T-650 y T-651 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-691 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-027 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-248 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-036 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T-445 de 2017 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-061 de 2019 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T-259 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, T-365 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido y T-508 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [77] Sentencias T-185 de 2004 y T-1014 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-1105 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-359 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-064 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-964 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-004 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, T-020 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-927 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, T-329 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa, T-361 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-395 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-787 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-719 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-100 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa, T-248 de 2016 y T-365 de 2017 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-376 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T-445 de 2017 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-552 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-558 de 2017 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, T- 710 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T-171 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger y T- 508 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [78] Sentencias T-725 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino, T-083 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, T-717 de 2009, T-047 y T-050 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-452 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-639 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, T-651 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-508 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [79] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 39, 40, 42 y 48. En el análisis realizado por el médico general Eduardo Enrique Pérez Barajas del área de urgencias y Rosana Medina Martínez, cirujana general del Hospital Santa Clara consta que el accionante “es parapléjico (discapacidad física por antecedente de trauma raquimedular)”. También consta en los datos de ingreso a atención de urgencias el 3 de febrero de 2020 que en los datos consignados del accionante se registró “Discapacidad: SI Tipo Discapacidad: 1.MOTORA-FÍSICA”. [80] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 26 y 27. [81] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folios 28 y 29. [82] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folio 850. [83] Artículo 3° de la Ley 1566 de 2012: “La atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 1° de la presente ley, se realizará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados. // Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre los cuales se encuentran: los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado, unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los centros de atención comunitaria, los equipos básicos de atención primaria en salud, entre otras modalidades que formule el Ministerio de Salud y Protección Social”. [84] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 2. [85] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 40. [86] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 2. [87] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 4. [88] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 2. [89] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folios 7 a 11. [90] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 17. [91] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 20. [92] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folio 158. [93] Historia Clínica – Servicios Hospitalarios, folios 161 y 164. [94] Artículo 6°, numeral 13 de la Ley 1616 de 2013. [95] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 30, 31, 437 y 474: “1. ACIDO VALPROICO X 250 MG TAB. # 2. ( 1 - 0 - 1 ) V.O. TAB. # 60. 2.- CLONAZEPAM SOL 2,5 MG / ML GOTAS # 6. ( 2 - 2- 2 ) V.O. FCO. # 1.”. [96] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 32, 33, 127, 128, 272, 437, 469, 476 y 495. [97] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 217 y 314: “PACIENTE EN EL MOMENTO SIN PATOLOGIA PSIQUIATRICA MAYOR SE EVIDENCIAN RASGOS MALADAPTATIVOS CLÚSTER B NO SINTOMAS PSICOTICOS NO IDEAcion [sic] suicida . considero manejo CON PSICOLOGIA NO INICIO   PSICOFARMACOS // DIAGNOSTICO F609 - TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, NO   ESPECIFICADO // TRATAMIENTO SE CIERRA INTERCONSULTA SE SOLICITA INTERVENCION POR PSICOLOGIA DE FORMA AMBULATORIA”. [98] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folio 254: “SE ACUERDA INICIAR UNA  TERPIA DE APOYO PSICOLOGICO EN CONJUNTO CON PSIQUIATRIA” [99] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folios 502, 594 y 850. [100] Historia Clínica – Servicios Terapéuticos y Hospitalarios, folio 850. [101] A este respecto, el artículo 6º de esta Ley establece: “Además de los Derechos consignados en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley General de Seguridad Social en Salud son derechos de las personas en el ámbito de la Salud Mental: 1. Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental. 2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social. 3. Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 4. Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente. 5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida. 6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. 7. Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. 8. Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de 2009 y demás legislación vigente. 9. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental. 10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. 11. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno mental. 12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. 13. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento. 14. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento informado. 15. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes. 16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. Este catálogo de derechos deberá publicarse en un lugar visible y accesible de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que brindan atención en salud mental en el territorio nacional. Y además deberá ajustarse a los términos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y demás jurisprudencia concordante”. [102] Artículo 1° del Decreto 607 de 2007. [103] Artículo 2°, literal b) del Decreto 607 de 2007. [104] En el correo electrónico remitido por Capital Salud E.P.S.-S. el 22 de octubre de 2020, anexan el documento denominado “1. HISTORIA CLINICA – SERVICIOS TERAPEUTICOS Y HOSPITALARIOS.pdf” el cual coincide con la historia adjuntada por la Secretaría Distrital de Integración Social en respuesta del 24 de noviembre de 2020 con el archivo llamado “Evoluciones Medicas Jhon Geiler Moreno Valero - OCTUBRE 2020”. [105] Sentencia T-1055 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería. Sobre el principio de trascendencia, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “La declaratoria de nulidad debe tener un motivo suficiente, no se deriva de alguna informalidad en sí misma considerada, sino que es preciso distinguir entre el contenido material de la defensa y el contenido material de la pretensión defensiva. Además toda nulidad supone perjuicio real para la garantía y si ésta no se produce, no es posible demandar la invalidez de la actuación” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 12 de marzo de 2001 M.P. Jorge Córdoba Poveda. Proceso 14728).

T-002-21 Sentencia T-002/21 Referencia: Expediente T-7.875.094. Acción de tutela instaurada por Eudor contra Avianca S.A., Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. Procedencia: Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Asunto: Improcedencia de la acción de tutela por carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Efecto de irradiación de la Constitución en las relaciones entre particulares. Amplio margen de los empleadores privados para la elección de los trabajadores de sus empresas. Ausencia de discriminación por diagnóstico de VIH. Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia del 12 de febrero de 2020, adoptado por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que revocó la providencia del 30 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que negó la tutela para, en su lugar, declarar improcedente el amparo. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional escogió el expediente T-7.875.094 para su revisión, mediante Auto del 18 de septiembre de 2020. Por reparto, le correspondió a la Magistrada sustanciadora. Aclaración previa Debido a que en el presente caso se estudia la situación de una persona diagnosticada con VIH[1], lo cual constituye un dato sensible, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 y con base en que el actor solicitó la reserva de su identidad, la Magistrada sustanciadora decidió proteger su intimidad mediante Auto del 30 de octubre de 2020. Esa providencia ordenó suprimir el nombre del accionante y la información que permita conocer su identidad de todas las actuaciones públicas que se surtan en el marco del proceso de la referencia y de todos los registros públicos del mismo. Por las mismas razones, la Sala decide proteger la intimidad del demandante en esta sentencia. Bajo ese entendido, el presente fallo tiene dos versiones: una para efectos de notificaciones que contiene la identidad del peticionario y otra para su publicación en el sitio web de la Corte, en la cual es cambiada por Eudor. I. ANTECEDENTES A. Hechos relevantes y pretensiones 1. El 20 de diciembre de 2019, Eudor, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de Avianca S.A., Acción S.A.S.[2] y el Laboratorio Clínico Colmédicos por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. 2. El actor afirmó que fue diagnosticado con VIH desde el 10 de julio de 2019 e inició tratamiento antirretroviral el 26 de agosto de 2019. Además, indicó que actualmente se encuentra con “(…) salud estable, asintomático, con adherencia al tratamiento y control de la infección en estado indetectable”[3]. 3. Sostuvo que, en octubre de 2019, aplicó ante Acción S.A.S. al cargo de tripulante de cabina para la compañía Avianca S.A. y que, para iniciar el proceso de selección, fue citado a una reunión el 21 de octubre de 2019[4]. Relató que, en esa ocasión, Acción S.A.S. les explicó a los aspirantes que: “(..) el proceso contaba con cuatro fases y que quien llegara a la fase número cuatro, denominada fase de contratación, debía tener al día la documentación especial para trabajar como tripulante de cabina, la cual consiste en el pasaporte vigente, la licencia médica de vuelo y la certificación de natación de la Cruz Roja Colombiana. Igualmente, se manifestó en esta reunión que al llegar a la fase número cuatro sería contratado por Accionplus por un mes para iniciar el curso básico de tripulante de cabina en Avianca y, una vez culminado ese mes, seríamos contratados por Avianca directamente”[5]. 4. Expresó que, el 23 de octubre de 2019, recibió un correo electrónico de un funcionario de Avianca[6], en el que fue convocado a unas pruebas virtuales[7], que, según el demandante, “(…) representan la fase dos del proceso de selección”[8]. Precisó que, el 31 de octubre de 2019, recibió otro correo electrónico de Acción S.A.S., en el cual le dieron las instrucciones para realizar una prueba de inglés de manera virtual[9], que, según él, aprobó. 5. El demandante aseguró haber recibido un correo electrónico de Acción S.A.S., el 12 de noviembre de 2019, en el que lo invitaron a una entrevista final para el siguiente día[10]. Sostuvo que, de superar esta etapa, “(…) ingresaría a la última fase del proceso, es decir, la contratación”[11]. Finalizado el encuentro “(…) anunciaron quienes habíamos pasado y quienes no, y felizmente me encontraba en la lista de los que pasaron a contratación”[12]. 6. Manifestó que Acción S.A.S. le envió un nuevo correo electrónico el 15 de noviembre de 2019 para citarlo a exámenes clínicos de ingreso en Colmédicos[13]. Precisó que le realizaron una prueba de sangre y que, “(…) al preguntarle a la enfermera el tipo de prueba que me realizarían, me indicó que era una prueba de azúcar, colesterol y antígenos. Consentí la realización de esta prueba”[14]. Anotó que, durante el procedimiento, tuvo una entrevista con un médico. Dicho encuentro se produjo en los siguientes términos: “(…) en la que hace referencia a mis niveles de sangre. Sin ser claro me indica: ‘Yo ya sé lo que tienes. ¿Estás tomando retrovirales?’ […] Seguido a esto le comunico que estoy en un programa especial de atención y que tomo antirretrovirales. […] Posteriormente me dice: ‘Y eres positivo para marihuana’. Le contesto que no, que jamás he consumido marihuana, que no consumo drogas ni alcohol. Él me responde: ‘Ah, vamos a corregirlo porque son los retrovirales los que causan esta reacción en la orina y alteran el examen de drogas’. Sin conocer científicamente esta información, le digo que está bien, siempre y cuando mi diagnóstico no sea informado de ninguna manera a Accionplus y mucho menos a Avianca […]. El médico […] me dice que reservará la información de mi diagnóstico sin ningún inconveniente. Antes de salir del consultorio, él llama a la bacterióloga […] delante mío. Empiezan a hablar sobre mis resultados, a lo que ella manifiesta que hay residuos de metanfetaminas y no de marihuana, que era un error. El médico […] corrige lo que ella dice, indicando que esos residuos se causan por los antirretrovirales. […] Quedo atento y el médico sale y me dice: ‘Ya lo corregimos, tranquilo, nadie se va a dar cuenta de que son retrovirales, para que nadie sepa el diagnóstico de VIH”[15]. 7. El peticionario narró que, dado el error en el examen, llamó inmediatamente por teléfono a la psicóloga de Acción S.A.S. para contarle lo que acababa de suceder, ante lo cual “(…) ella me pide que le comunique al médico que va a enviar un correo para que repita el examen. El médico […] me responde que esté tranquilo, que él lo corregía y pedía que lo repitieran. Estos exámenes no se repitieron”[16]. 8. Refirió que, el 28 de noviembre de 2019, Acción S.A.S. le envió un correo electrónico en el que le informó que “[e]n esta oportunidad no has sido seleccionado para continuar con el proceso. Sin embargo, tu hoja de vida permanecerá en nuestra base de datos para futuras oportunidades”[17]. Ante esta situación, indicó que se comunicó telefónicamente con la sicóloga de Acción S.A.S. y “(…) le pregunté el motivo por el cual me desvincularon del proceso y su respuesta fue que esa información era confidencial y no podía decirme. En ese momento le pregunté si había sido por mis exámenes médicos, ella me dijo que no, solamente que el Comité lo había decidido, pero que mis exámenes estaban perfectos”[18]. 9. El certificado médico de preingreso ocupacional de Colmédicos indicó que el demandante “(…) no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de tripulante de cabina”[19]. Además, expuso que “[l]os exámenes de laboratorio clínico realizados presentaron los siguientes resultados: -Determinación cualitativa para marihuana: negativa; -Determinación cualitativa de cocaína: negativa; -Determinación cualitativa de anfetaminas: alterada; -Determinación cualitativa de benzodiacepinas: negativa; -Determinación cualitativa de opiáceos (morfina): negativa”[20]. Finalmente, no contiene mención al diagnóstico de VIH del accionante. 10. El tutelante alegó que la IPS Colmédicos le realizó “(…) una prueba de VIH para determinar mi diagnóstico sin mi consentimiento y autorización”[21]. Lo anterior porque el médico “(…) me insinuó información como que ya sabía sobre mi ingesta de antirretrovirales”[22]. Esto le causó sorpresa en el sentido de que “(…) dentro del examen médico en ningún momento manifesté sobre mi estado serológico, así como dentro de las pruebas de sangre y orina no es posible evidenciar científicamente residuos de antirretrovirales que permitan inferir médicamente mi diagnóstico clínico de VIH”[23]. En este contexto, consideró que la información sobre su supuesto consumo de sustancias sicoactivas es una manera de “(…) esconder la prueba de VIH ilegalmente realizada”[24]. En tal sentido, argumentó que Colmédicos le informó a Acción S.A.S. sobre su diagnóstico de VIH, razón por la cual “(…) esta empresa decidió desvincularme del proceso de contratación. Pues no entiendo cómo después de pasar todo el proceso de selección, de pasar las pruebas, de pagar los valores de actualización de documentación para el cargo, de generarme una expectativa laboral y estando ad portas de firmar el contrato de vinculación laboral, me fue informado que no sería posible, justo después del examen médico en el que se conoció mi diagnóstico”[25]. 11. Desde esta perspectiva, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. En consecuencia, pidió al juez de tutela ordenar su vinculación inmediata a Avianca en el cargo de tripulante de cabina de pasajeros y compulsar copias a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio del Trabajo para que “(…) abran las investigaciones disciplinarias y administrativas pertinentes sobre las actuaciones de la IPS Colmédicos y Accionplus, con el fin de aclarar estos hechos y los procedimientos con los que realizan sus actividades”[26]. Finalmente, requirió reservar su identidad para proteger su derecho a la intimidad y a la confidencialidad de su diagnóstico de VIH. B. Actuaciones en sede de tutela El 20 de diciembre de 2019, el Juzgado 23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá avocó conocimiento de la acción de tutela. En esa providencia corrió traslado a las entidades accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones del amparo. Acción S.A.S. La empresa solicitó declarar improcedente la tutela. Lo anterior porque consideró que existen otros medios de defensa judicial y además, el actor no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Aseguró desconocer la historia clínica y la condición médica del accionante. Explicó que el proceso de selección al que se presentó el demandante, junto con otras 163 personas, “(…) consistía en cinco fases y no en cuatro, como erróneamente lo indica el accionante. También se aclara que no significa que por haber llegado a la cuarta fase se daría por hecho que la contratación sería efectiva”[27]. Afirmó que el actor avanzó a la fase tres del proceso de selección. Dicha situación “(…) no implica dar por hecho que sería efectivamente contratado”[28]. Sostuvo que la referenciación hace parte de la fase tres, al igual que los exámenes médicos, pero que el demandante no superó esa etapa. Al respecto, refirió lo siguiente: “(…) la labor de tripulante de cabina de pasajeros es una labor que se ejecuta en vuelo, por lo que el aspirante debe cumplir estrictamente los requisitos mínimos exigidos para desarrollar esta labor. Si los resultados presentan alteraciones y la compañía omite estas anomalías, podemos afectar el estado físico de la persona por los ascensos y descensos del vuelo y la presurización o despresurización de la aeronave”[29]. En relación con lo anterior, detalló que Acción S.A.S. realizó los siguientes exámenes médicos ocupacionales de ingreso, que no incluyen prueba de VIH: GES 7 Tipo de evaluación Evaluación médica ocupacional de ingreso, control periódico o retiro Audiometría Optometría (EN CASO DE ALTERACIÓN IMPEDANCIOMETRÍA) Espirometría Electrocardiograma MAYORES DE 40 Perfil lipídico (colesterol total, colesterol hdl, colesterol idl, triglicéridos) Glicemia Creatinina Ácido úrico Cuadro hemático Aunque en este cuadro no se enlistan pruebas sobre consumo de drogas, Acción S.A.S. adjuntó a su contestación copia de un correo electrónico enviado por una de sus sicólogas a varios correos de esta misma empresa y a otros correos de Colmédicos, en el que se pide agendar cita para exámenes médicos para varias personas, incluido el actor, y en el que se enlistan, entre los exámenes a realizar, “(…) prueba tamiz de drogas en orina: panel de COC, THC, AMP, BZD, OPI”[30]. La parte demandada reconoció que el actor “(…) se comunicó con la sicóloga y le informó el percance presentado en la IPS Colmédicos. Sin embargo, es de anotar que nunca informó que Colmédicos conoció su estado de salud (VIH), ergo, Acción S.A.S. desconoció tal situación. Tanto así que la sicóloga envió mediante correo electrónico la información brindada por el aspirante y nótese que en ninguna parte habla del VIH”[31]. Refirió que “(…) Colmédicos no comunicó a mi prohijada que el resultado se encontraba errado, únicamente informó estado ‘no apto’, por lo que no nos consta que en efecto se haya generado un error al interior de dicha entidad sobre los resultados arrojados y, en consecuencia, no era procedente realizar nuevamente la evaluación”[32]. Puntualizó que es intrascendente que el actor afirme que nunca ha consumido sustancias sicoactivas, si “(…) una prueba científica […] da por probado lo contrario”[33]. Confirmó que el demandante no continuó en el proceso de selección, no por padecer VIH, sino porque “(…) no cumplió con los requerimientos definidos por la compañía ante la IPS, puesto que, al no estar cumplidas estas exigencias, se generó estado ‘no apto’. Ahora, al no pasar este examen, claramente se desiste del proceso de selección con la persona y no se continuó con los muchos de (sic) los exámenes que faltaban”[34]. Por último, resaltó que “(…) las decisiones tomadas por la organización, específicamente dentro de los procesos de selección de personal, son el conjunto de análisis de diferentes variables y estudios realizados a los aspirantes a las vacantes publicadas, los cuales son sujetos de reserva y pertenecen a la autonomía administrativa y financiera de la compañía”[35]. Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. Esa empresa señaló que actúa en calidad de proveedora de Acción S.A.S. del servicio de evaluaciones médicas ocupacionales y pidió su desvinculación del proceso. Agregó que “(…) dentro de las pruebas realizadas al accionante, no hay ninguna que esté dirigida a la detección de patologías como VIH, dado que dicha patología no resulta ser una limitante para el ejercicio laboral de este último y, por tanto, no tendría relevancia dentro de la evaluación ocupacional”[36]. Sostiene que el médico que atendió al actor no aludió al diagnóstico de VIH en el certificado ocupacional entregado. Avianca S.A. La parte demandada solicitó negar por improcedente la tutela. Indicó que carece de legitimidad por pasiva porque no participó en el proceso de selección al que se refiere el presente amparo. Asimismo, se opuso a la compulsa de copias a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio del Trabajo por atentar contra el principio de subsidiariedad, ya que “el accionante puede acudir directamente ante las autoridades”[37]. Argumentó que “Avianca S.A. […] tercerizó en la empresa Acción Plus su proceso de selección de vacantes, motivo por el cual el tercero […] realizó de manera autónoma el proceso y es aquella empresa la que bajo sus criterios determinó el resultado”[38]. Por lo anterior, afirmó que no conoce al accionante, su situación médica, tampoco que aplicó al cargo de tripulante de cabina, la forma en la que Acción S.A.S. tomó la decisión de contratar o no a personas, ni el motivo por el cual no contrató al tutelante. Refirió que celebró un contrato de suministro de personal temporal con Acción S.A.S. Resaltó algunas cláusulas relevantes para este caso[39]. En primer lugar, Acción S.A.S. se obliga a “[r]ealizar una selección adecuada del personal que le suministrará al CONTRATANTE, para garantizarle a este la idoneidad y eficiencia en el desempeño de las labores que se le encomendarán, de conformidad con los documentos en los cuales se especifique el perfil técnico y humano del personal, los cuales son indispensables para la correcta prestación del servicio objeto del presente contrato”[40]. En segundo lugar, “[e]l personal seleccionado deberá ser avalado por el CONTRATANTE”[41]. En tercer lugar, Acción S.A.S. debe “[c]ontar con el Programa de prevención y control de uso problemático de alcohol y drogas, y asegurar la participación activa de todos en el mismo programa del CONTRATANTE”[42]. Expuso que no es cierto que una persona vinculada por Acción S.A.S. sea automáticamente contratada por Avianca al mes siguiente, puesto que “(…) se debe desarrollar un curso, que la persona debe aprobar, para que se habilite la posibilidad de contratación por Avianca S.A.”[43] (Énfasis original). Pruebas recaudadas por el juez de primera instancia Mediante auto del 26 de diciembre de 2019, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá decretó y ordenó oficiosamente la práctica de pruebas. Durante el término otorgado, el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. y la empresa Acción S.A.S. aportaron la siguiente información: Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. Esa entidad reiteró que el certificado médico de preingreso ocupacional no contenía restricciones al accionante “(…) ni se refirió a su aptitud para ejercer el cargo de tripulante de cabina […]. La vinculación o no de un aspirante es un tema que se delimita por el proceso de selección surtido por la empresa contratante y no por Colmédicos”[44]. Además, confirmó que el único documento que remitió a Acción S.A.S. fue el certificado ocupacional, que también le entregó al demandante. En ese documento consta que el aspirante “(…) no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de tripulante de cabina”[45]. Indicó que desconocía que el accionante se encontrara en tratamiento médico con antirretrovirales. En tal sentido, precisó que el postulante firmó un consentimiento informado y diligenció una encuesta en la que se le preguntó si actualmente se encuentra en tratamientos por alguna enfermedad, a la que contestó negativamente. Adicionalmente, manifestó que “(…) no tiene acceso a la historia [clínica] que custodia la correspondiente EPS”[46]. Sobre el resultado “alterado” del indicador para anfetaminas, refirió lo siguiente: “(…) para el profesional médico que presidió la atención no es posible alterar el resultado de una prueba y más cuando no se tiene certeza de qué tipo de sustancia está consumiendo el paciente, es decir, no podría cambiar un resultado por la simple voluntad del paciente y no podría indicar a la empresa contratante que el paciente consume retrovirales”[47]. Interrogado sobre si el uso de antirretrovirales puede llevar a que en los exámenes ocupacionales se genere un resultado positivo para el consumo de anfetaminas, explicó que “(…) [e]sto es posible, dependiendo del tipo de retrovirales, el tiempo que lleve el paciente en el tratamiento y el horario de consumo”[48]. Finalmente, adjuntó copia del consentimiento informado suscrito por el peticionario que indicó que “(…) se me ha informado que las pruebas complementarias o ayudas diagnósticas que se me podrían realizar pueden ser (sin limitarse a estas) una o varias de las siguientes: […] Examen para evaluar el consumo de sustancias sicoactivas”[49]. Acción S.A.S. Ante la pregunta sobre los criterios médicos que condujeron a la determinación de que el participante no es apto para ejercer el cargo de tripulante de cabina, Acción S.A.S. manifestó que el certificado médico ocupacional expedido por Colmédicos indicó lo siguiente: “Determinación cualitativa de anfetaminas: alterada”[50]. En ese sentido, expuso que: “(…) era preciso desistir del proceso de contratación del tutelante, pues para una labor tan importante y riesgosa, como lo es un tripulante de cabina, no es pertinente dar continuidad a un candidato que tenga alguna anomalía o alteración en el consumo de sustancias sicoactivas. Lo anterior por temas de seguridad preoperacional y porque, claro está, resultaría totalmente incompatible el posible consumo de sustancias sicoactivas con la seguridad aérea. // Aunado a lo anterior, queremos poner en consideración […] que entre Acción S.A.S. y Avianca existe una relación comercial, en donde uno de los compromisos que adquirió mi representada es suministrar el personal más idóneo y calificado de acuerdo a la labor solicitada”[51]. A continuación, indicó lo siguiente: “En relación con las anfetaminas, actúan como drogas estimulantes. Incitan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere. Como resultado, la persona que está bajo estos efectos está más alerta y físicamente activo. También provocan que el cerebro libere dopamina que se relaciona con el estado de ánimo, el pensamiento y el movimiento. También es conocida como el químico cerebral ligado a sentirse bien. Por lo tanto, el usar anfetaminas puede causar estos efectos: - Alegría (euforia) y disminución de las inhibiciones, parecido a estar ebrio. - Los pensamientos son extremadamente claros. - Sensación de estar más en control, seguro de sí mismo. - Aumento de energía. - Siendo este consumo un alto riesgo para las personas que utilizan anfetaminas, ya que producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, con afectación de la personalidad”[52]. Asimismo, Acción S.A.S. aclaró que en la contestación de la demanda anotó que Colmédicos le había informado que el accionante era “no apto”. Sin embargo, precisó que “(…) la única información que recibimos fue el certificado de aptitud médica ocupacional […], en donde se indicó que el estado ocupacional del accionante era sin restricciones”[53].  Seguidamente, indicó que las fases del proceso de selección son las siguientes: “Fase I - Postulación al proceso en Jobsite Avianca - Prefiltro presencial (se realiza una charla donde se les indica todos los requisitos, lo que busca Avianca de un tripulante, se actualizan datos en nuestra base y se brinda información de cada fase) - Prefiltro de inglés - Pruebas de selección y conocimiento Fase II - Dinámica individual y/o grupal […] - Entrevista individual Fase III - Exámenes médicos - Validación y referenciación Fase IV - Comité de selección - Solicitud de documentos y consolidación de información para firma de contrato - Firma de contrato Fase V - Inicio del curso - Evaluación del curso para firmar directo con Avianca”[54] Interrogada sobre si el actor fue previamente advertido acerca de que el examen médico era requisito para su vinculación y que el consumo de anfetaminas conllevaba a la no aprobación de esta, Acción S.A.S. refirió que “[e]n la fase I del proceso (prefiltro presencial) se realiza comunicación informativa de las fases del proceso. No es posible predecir las causas de no continuidad de un candidato hasta no tener su proceso completo. El proceso de selección y contratación comprende desde la etapa de reclutamiento hasta la etapa de validación que es previa a la contratación, se evalúa como un todo y se da por terminado cuando se selecciona el mejor candidato o el candidato más idóneo para ocupar el cargo”[55]. Por último, insistió en que nunca fue informada de que el demandante estaba en tratamiento médico con antirretrovirales y que su no vinculación se decidió con base en el resultado total del proceso y “(…) su comparación con los resultados de los demás candidatos”[56]. C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia El 30 de diciembre de 2019, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá negó la acción de tutela. Ese despacho consideró que el actor suscribió el consentimiento informado suministrado por el laboratorio clínico. De esta manera, accedió expresamente a la práctica de exámenes, incluido el que determina el consumo de sustancias sicoactivas. Además, no encontró evidencia que le permitiera inferir que al accionante le realizaron prueba de VIH o que el médico con quien compartió información sobre su padecimiento hubiese comunicado dicha situación a Acción S.A.S. Añadió que el certificado de preingreso ocupacional no refiere esta enfermedad y el tutelante no la reportó en la declaratoria de salud general y de antecedentes personales. Expresó que el actor no informó sobre su condición médica, por lo que “(…) la IPS Colmédicos no tenía la obligación de adoptar medida alguna para determinar que no consumía sustancias sicoactivas, sino que los resultados médicos correspondían al consumo de retrovirales”[57]. Es decir, no había razón para realizar un nuevo examen o corregir el practicado. Igualmente, advirtió que era razonable y proporcional que el peticionario no continuara en el proceso de selección, debido a que, según Acción S.A.S., el consumo de sustancias sicoactivas entraña un riesgo para la ejecución de la labor para la cual iba a ser contratado. En este escenario, concluyó que “(…) la no selección del actor como tripulante de cabina de pasajeros obedeció exclusivamente a no haber aprobado el examen médico y no por ser portador de VIH”[58]. Impugnación El accionante impugnó el fallo con base en argumentos similares a los invocados en el escrito de tutela. En primer lugar, alegó que, de buena fe y para evitar estigmatizaciones, no informó a Colmédicos sobre su diagnóstico de VIH, sobre todo porque esta enfermedad no le impide trabajar. En segundo lugar, expresó su inconformidad con el hecho de que el médico que lo valoró le dijo que se había dado cuenta, gracias a la muestra de orina, que tomaba antirretrovirales. Esta situación, lo condujo a confesarle que tiene VIH. En tercer lugar, reprochó que no se le hubiese practicado un nuevo examen sobre consumo de drogas sicoactivas después de haber aceptado que está en tratamiento con estos medicamentos. La situación descrita, según el actor, no le permite consumir este tipo de sustancias, pues así logra la adherencia de los medicamentos. En cuarto lugar, recordó que, a pesar del resultado de anfetaminas, el certificado expedido por Colmédicos establece que no presenta restricciones. En quinto lugar, insistió en que le realizaron sin su consentimiento un examen de VIH, pues en su criterio, no de otra forma el médico que lo atendió pudo enterarse que consume antirretrovirales. En sexto lugar, le causó extrañeza que, después de haber avanzado en el proceso de selección, le hubiesen informado que no continuaría, justo después de conocerse su diagnóstico médico, “(…) haciéndolo pasar como resultado alterado de anfetaminas”[59]. En último lugar, enfatizó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que el VIH es un criterio sospechoso de discriminación. Las personas que padecen esta enfermedad son sujetos de especial protección constitucional. Además, el debido proceso se aplica a los procesos de contratación y el derecho a la intimidad supone que los profesionales de la salud deben mantener en reserva información sobre personas portadoras de VIH. Sentencia de segunda instancia El 12 de febrero de 2020, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela. Argumentó que las controversias suscitadas en el marco del proceso de selección en el que participaba el accionante “(…) son susceptibles de ser solucionadas mediante recursos ante la misma entidad, métodos alternos de solución de conflictos y/o ante la jurisdicción ordinaria”[60]. Por este motivo, juzgó que la tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad. Finalmente, precisó que Acción S.A.S. y Avianca manifestaron que desconocían la enfermedad del actor y que Colmédicos no informó sobre este aspecto. En tal perspectiva, no evidenció un acto de discriminación en su desvinculación del proceso de selección. D. Actuaciones en sede de revisión Mediante Auto del 30 de octubre de 2020, la Magistrada Sustanciadora ofició al accionante, a las demandadas y a algunas entidades para que absolvieran determinadas preguntas y, así tener más elementos de juicio para resolver el presente asunto. Intervención de Eudor El actor insistió en que no consume anfetaminas, sustancias psicoactivas, cigarrillo, ni alcohol. Reiteró que “(…) a partir de la fecha en que fui diagnosticado con VIH he tenido que cambiar hábitos alimenticios, sociales y de ocio para mantener mi estado de salud y garantizar el éxito y efectividad del tratamiento antirretroviral”[61]. Intervención de Acción S.A.S. Esa entidad adjuntó el informe del proceso de selección del actor. En ese documento consta que su experiencia laboral se concentra en hoteles, específicamente en la organización y gestión de banquetes y eventos sociales y corporativos. Asimismo, resaltó que el demandante trabajó en Avianca entre 1998 y 2004 como tripulante de cabina y que el motivo de su retiro fue la terminación del contrato sin justa causa. Sobre sus estudios, consignó que el accionante tiene dos técnicas completas: como auxiliar de vuelo y en inglés; y una en curso como administrador de servicios a bordo. Finalmente, refirió que“(…) el candidato cuenta con experiencia y conocimiento para el cargo, teniendo en cuenta la referencia como tripulante de cabina. Sin embargo, sus últimas experiencias no están relacionadas con el cargo”[62]. Acción S.A.S. enumeró nuevamente las etapas del proceso de selección y además insistió en que “(…) la finalidad dentro de cada una de las fases del proceso, es ir realizando filtros entre los candidatos que se presentan a la convocatoria, a fin de seleccionar el candidato más idóneo para la labor solicitada”[63]. Ante la pregunta acerca de si Avianca le exige que las personas que vincule no consuman anfetaminas, advirtió que entre ambas empresas “(…) existe una relación comercial en donde uno de los compromisos que adquirió mi representada es suministrar el personal más idóneo y calificado acorde con la labor solicitada. En ese sentido y, a pesar de no ser un factor determinante para no continuar en el proceso de selección, sí cobra alta relevancia el hecho de que para una labor tan importante y riesgosa como lo es un TRIPULANTE DE CABINA, debe ser seleccionado con alto cuidado y diligencia eligiendo al candidato más idóneo y sin novedad alguna que pudieren poner en riesgo la seguridad aérea”[64]. Al ser interrogada sobre si le había informado previamente al actor que el consumo de anfetaminas, aun en horarios no laborales, constituía una inhabilidad para el cargo de tripulante de cabina, contestó que, “[e]n la Fase I del proceso (Prefiltro presencial), se realiza comunicación informativa de las fases del proceso. Sin embargo, no es posible predecir las causas de no continuidad de un candidato hasta no tener su proceso completo”[65]. Destacó que “(…) en noviembre del 2019 se presentaba el último grupo de candidatos del año, fecha para el cual finalizó el proceso de selección para el cual el accionante aplicó. El siguiente grupo ingresaba en junio 2020; no obstante, a raíz de la pandemia derivada del Covid-19, el cliente congeló todos los pedidos de selección de las diferentes labores que eran requeridas en su momento. Así las cosas, es menester indicar al Honorable Despacho que mi representada depende de la necesidad del servicio del cliente, y a la fecha los requerimientos del mismo no se encuentran activos”[66]. Indicó que, de conformidad con el profesiograma y con el RAC 120, la labor de tripulante de cabina es sensible a la operación aérea. Por tal razón, deben practicarse exámenes sobre: “(…) determinación alcohol (certificación medicina legal)”[67] y “determinación sustancias psicoactivas panel x 5 (cocaína, marihuana, opiáceos, benzodiacepinas, anfetaminas)”[68]. En cuanto al fundamento para la realización de exámenes que evidencien el consumo de anfetaminas, precisó que “(…) son estipulados por la empresa cliente y son soportados a través del profesiograma que se establece internamente de acuerdo con las funciones y la labor a desarrollar”[69]. Sobre el efecto del consumo de anfetaminas en horarios diferentes a los laborales para el ejercicio del cargo de tripulante de cabina de pasajeros, afirmó que “(…) [g]eneralmente causan dependencia, no obstante, al no ser expertos en el tema, no podemos diferenciar si una persona es consumidora dentro o fuera del lugar del trabajo”[70]. Explicó que, aunque el certificado médico de preingreso ocupacional expedido por Colmédicos indicó que el demandante no presentó restricciones para desempeñar el cargo de tripulante de cabina, “(…) no se excluyó al candidato por el examen médico, y nunca se le informó que esta fuera la razón para no continuar en el proceso […], por tanto, resulta palmario señalar que el resultado del examen realizado no fue el factor determinando (sic) para su no continuidad en el proceso de selección”[71] (Énfasis original). Aclaró que “(…) el certificado médico de preingreso ocupacional no es un criterio de inclusión o exclusión para ACCIÓN S.A.S., de tal forma que de ninguna manera discriminamos a nuestros candidatos por las condiciones médicas que pudiesen padecer, siendo preciso manifestar que en ningún momento mi representada conoció durante el desarrollo del proceso de selección adelantado al accionante, el diagnóstico médico que indica padecer”[72]. Intervención del Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. Refirió que la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales está respaldada en la Resolución 2346 de 2007 y que su finalidad es “(…) indicar al futuro empleador la necesidad de proveer espacios, movimientos de personal y/o capacitación al colaborador en cuanto sea necesario para proporcionar la debida protección”[73]. Por tanto, “(…) la existencia de una patología como el VIH no es una condición que amerite la emisión de restricciones y/o recomendaciones laborales, por lo que Colmédicos no realiza pruebas tendientes a la verificación de este tipo de patologías”[74]. Señaló que el examen de drogas se caracteriza por los siguientes rasgos: “Busca marcadores que indican la presencia de alguna o algunas sustancias dentro de unos grupos farmacológicos de sustancias químicas catalogadas como psicoactivas, para el sub examine, nos referimos a los siguientes grupos: cocaína, marihuana, benzodiacepinas, opiáceos (morfina) y anfetaminas. Detecta concentraciones por encima de un límite o concentración mínima de la sustancia y esta concentración mínima está reportada en el resultado de laboratorio; niveles por debajo de ese límite no son detectables por este medio. Es una prueba cualitativa de resultado dicotómico, detectable o no detectable, que no arroja valores numéricos, por lo que no puede indicar la concentración exacta de la sustancia detectada. Un resultado detectable no nos indica si el paciente consume de manera habitual u ocasional, ni tampoco indica si presenta una intoxicación aguda, o cantidad de la sustancia que tiene en su organismo, ni el momento exacto en que la sustancia ingresó en su organismo, ni la sustancia exacta que consumió o la fuente de donde la obtuvo”[75]. En este contexto, concluyó que “(…) el resultado no se reporta en términos de positivo, sino de detectable o alterado, pues su significado clínico no puede ser tan claro como en una prueba cuantitativa específica”[76]. Igualmente, enfatizó que “(…) la causa más probable de un resultado ‘falso positivo’ en cualquier inmunoensayo es la reactividad cruzada por el consumo de algunas sustancias”[77]. El laboratorio enumeró varias sustancias y no incluyó “tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit”, que es el tratamiento de antirretrovirales que recibe el accionante. En consecuencia, expuso que “(…) es de vital importancia que el paciente informe al profesional médico, al momento en que se le consulta, del consumo de medicamentos, dado que estos pueden afectar el resultado de la prueba y esto debe ser antes de que la misma sea ejecutada, a fortiori, cuando ello es solicitado a través del correspondiente consentimiento informado entregado al paciente para su lectura y aceptación, justo antes de que la prueba sea ejecutada. Lo anterior, en sentido de explicar que, para el profesional en salud, es imposible colegir la alteración del resultado por la ingesta de medicamentos, sin la oportuna alerta del paciente. No obstante, es menester mencionar que no encontramos evidencia científica, que acredite la reacción cruzada entre una prueba en orina detectable para anfetaminas y el consumo de antirretrovirales”[78]. En relación con la posibilidad de realizar una segunda prueba de drogas a causa de posibles errores en la primera, Colmédicos indicó que “(…) es necesario tener en cuenta que el tiempo de detección de una prueba atiende a la ventana de tiempo en que la sustancia permanece en el organismo del paciente, es decir, es limitado y suele ser de horas. Al pasar determinado tiempo, el metabolismo va eliminando la sustancia por la orina llegando a una concentración donde no es factible detectar la misma”[79]. Por esta razón, afirmó tener un protocolo, de acuerdo con el cual “(…) conservamos la muestra de orina en que se obtuvo el resultado detectable por un lapso máximo de un mes, para proceder a realizar la prueba confirmatoria cuantitativa en caso que (sic) el colaborador o la empresa contratante lo soliciten y, para garantizar transparencia en el resultado, se ejecuta la prueba confirmatoria en la misma muestra que ha dado previamente un resultado detectable”[80]. Anotó que, en este caso el actor ni la empresa contratante solicitaron una prueba confirmatoria, por tal razón, la muestra fue desechada. Intervención de Avianca S.A. La empresa indicó que los candidatos que se presentan al proceso deben contar con licencia de tripulante de cabina proferida por la Aeronáutica Civil. En tal calidad, tienen la obligación acreditar conocimientos para el ejercicio del cargo, conocer las condiciones habilitantes y el contenido el Reglamento Aeronáutico Colombiano[81]. En este escenario, especificó que “(…) quien ha escogido como profesión u oficio una actividad licenciada como lo es el de tripulante de cabina, conoce que, en desarrollo del mismo, tiene la responsabilidad de cuidar la vida y la integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia en los aviones, en todo momento del vuelo; pues son quienes tienen a su cargo también la responsabilidad de liderar, conducir y coordinar las acciones de intervención de emergencia en el avión. No se trata de un cargo que se restrinja a la ‘atención al cliente’, pues en su calidad de tripulantes deben acreditar las condiciones físicas, psicosociológicas adecuadas para garantizar un vuelo seguro, cuyo propósito es el cuidado de la vida de todas las personas en el avión”[82]. Agregó que es obligación de las empresas del sector aeronáutico realizar exámenes toxicológicos previos a las personas que desempeñen funciones sensibles para la seguridad operacional, de acuerdo con el punto 120.30 del RAC 120. Lo anterior guarda relación con su política de cero tolerancias al alcohol y sustancias sicoactivas. Esta política está contenida en su programa único de prevención y control del consumo indebido de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico, el cual fue adjuntado. Este documento califica como falta grave por violación a las políticas de la compañía, las siguientes conductas: “[q]ue un trabajador se presente a trabajar bajo el efecto del alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva (…) [q]ue el trabajador utilice una sustancia tal como el alcohol y/o sustancia psicoactiva o depresora (…) [e]l uso, posesión y/o venta de una droga ilegal en cualquier momento o lugar, por cuanto estas afectan las funciones básicas del organismo y constituiría un riesgo para la seguridad de los clientes y trabajadores”[83]. Asimismo, en este documento se dispone que “(…) [a] todo trabajador que resulte positivo en los exámenes de sustancias psicoactivas o alcohol, se prohíbe seguir desempeñando sus labores, especialmente si está relacionado directamente con la operación aérea”[84]. Dentro de los objetivos del programa, resaltó la realización de “(…) controles periódicos a los trabajadores, contratistas y terceros vinculados para determinar el uso problemático de alcohol y sustancias psicoactivas que pudieran afectar la seguridad de las labores aéreas”[85]. Además, sus criterios prescriben que “(…) [l]a selección del personal que será sometido a las pruebas toxicológicas aleatorias se realizará por medio de un proceso científicamente válido, basado en un método que asegure la aleatoriedad de la selección de los candidatos”[86]. Igualmente, que “(…) todo el personal sensible a la seguridad área deberá ser sometido a un examen de control de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas al menos una vez cada 24 meses”[87]. Desde esta perspectiva, el programa estipuló que las pruebas de drogas psicoactivas se deberán practicar en los siguientes momentos: (i) en la etapa de selección de aspirantes a trabajar en Avianca; (ii) cuando haya duda razonable o sospecha sobre consumo (marcha tambaleante, comportamiento extraño, lenguaje o habla incordiados, etc.); (iii) después de la ocurrencia de un accidente o incidente aéreo; y, (iv) de manera aleatoria. Adicionalmente, en relación con las pruebas de sustancias psicoactivas, prevé que “(…) [s]i se recibe un resultado negativo, se considera que la muestra está libre de drogas. En caso de ser positivo en la prueba tamiz, se requiere confirmación mediante una contraprueba: segundo examen toxicológico mediante una prueba de drogas en la misma orina y con la misma metodología analítica realizada en el primer examen”[88] (Énfasis original). Intervención del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia La institución precisó que las pruebas de detección de drogas a través de la orina son de alta sensibilidad y poca especificidad. Por ende, “(…) [a]ctualmente se conocen medicamentos y alimentos cuyo consumo pueden inducir falsos positivos en estas pruebas”[89]. Presentó un cuadro con un listado de medicamentos que pueden ocasionar falsos positivos en las pruebas rápidas para anfetaminas y un listado de productos que no generan reacciones cruzadas. Con base en esta información, concluyó que “(…) [n]inguno de los cuatro medicamentos (tenofovir, emtricitabina, darunavir, ritonavir) aparecen en alguno de los dos listados (falsos positivos y los que no producen reacciones cruzadas). Igualmente, una búsqueda en la literatura indizada no arrojó resultados de reportes de casos que permitan evidenciar que dichos fármacos se asocian con falsos positivos para anfetaminas”[90]. Apuntó que, debido a la falta de evidencia en favor de la inducción de falsos positivos por parte de estos medicamentos, la probabilidad de que ello ocurra es baja. Sin embargo, “(…) es imposible descartar por completo la posibilidad, pues los fabricantes de estas UDS [pruebas de detección de drogas en orina, por sus siglas en inglés] no han estudiado todos los medicamentos disponibles y posiblemente esto nunca ocurra, pues es una simple prueba preliminar, NO confirmatoria”[91]. El interviniente sostuvo que un segundo examen puede eliminar la alteración en los resultados. De esta manera, expresó que: “(…) para disminuir la probabilidad de incurrir en conclusiones erróneas, todos los resultados positivos observados en un inmunoensayo deberían ser confirmados haciendo uso de una prueba más precisa como la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GC-MS) con procedimiento especial para isómeros ópticos […] o en su defecto cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con analizadores de triple cuadrupolo y de tiempo de vuelo […]. Ambas técnicas están disponibles en laboratorios especializados”[92]. Intervención del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia La Universidad advirtió que no cuenta con información específica de la prueba utilizada. Por tal razón infirió que se trata de una prueba cualitativa, rápida y de detección en la orina, basada en el principio del inmunoensayo. Bajo ese entendido, revisó los folletos de las características técnicas de pruebas rápidas para análisis de sustancias psicoactivas en orina de cinco marcas diferentes. La conclusión de aquella evaluación, en búsqueda de sustancias que interfieren o no en el análisis, es que: “(…) las moléculas ‘tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit’ no son reportadas como interferentes para el resultado de anfetaminas. También realizamos la búsqueda en bases de datos de artículos científicos que describieran hallazgos de interferencias de estos medicamentos con la prueba de anfetaminas y no se encontró ningún reporte de este tipo. Esto quiere decir que no hay estudios publicados o ensayos de los fabricantes de estos medicamentos, ni de los fabricantes de las pruebas, evaluando la posible interferencia originada por estos medicamentos, por lo cual no se puede afirmar ni descartar categóricamente que una persona que se encuentre en tratamiento con estos medicamentos arroje un resultado falso positivo en pruebas de drogas para anfetaminas”[93]. No obstante, citó un estudio científico con la siguiente información “(…) para un tipo de prueba rápida de drogas de abuso, la sensibilidad para la detección de anfetaminas y metanfetaminas era de 9%, mientras que la sensibilidad para detectar marihuana y cocaína era del 100%. Esta información puede indicar que sí es posible que las pruebas rápidas de anfetaminas se vean afectadas por el consumo de medicamentos en mayor medida que para marihuana y cocaína. Sin embargo, no es posible conocer la probabilidad de ocurrencia de un falso positivo generado por las moléculas tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit, ya que no hay estudios disponibles específicos”[94]. Por último, el interviniente informó que si los resultados de los exámenes de drogas sicoactivas generan dudas, “(…) se requiere ejecutar una prueba confirmatoria de características cuantitativas a la misma muestra o, en su defecto, tomar una nueva muestra a la mayor brevedad, con el fin de evitar cambios significativos en la misma”[95]. Expuso que los mismos fabricantes de las pruebas rápidas recomiendan un segundo examen cuantitativo, “(…) que por lo general es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Esta es una prueba de alta tecnología y alto costo, que se considera una prueba confirmatoria, ya que determina resultados como si se tratara de identificar la huella digital de cada droga, por lo que da muy poca probabilidad de interferencia con sustancias o medicamentos. Sin embargo, debemos resaltar que actualmente en el país no se ofrece este servicio como prueba particular o para uso en el contexto ocupacional, como sí se realiza en otros países”[96]. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. En virtud de los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión es competente para decidir sobre el expediente de la referencia. Asunto objeto de revisión 2. El actor pretende la protección de sus derechos a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso, supuestamente vulnerados por las demandadas. Adujo que fue excluido de un proceso de selección laboral para el cargo de tripulante de cabina por su diagnóstico de VIH. Manifestó que le practicaron un examen de consumo de drogas psicoactivas y el resultado fue “alterado” debido a los retrovirales que utiliza para su tratamiento. Para el demandante, además, se trató de una prueba de VIH realizada sin su consentimiento. Advirtió que el médico que atendió el procedimiento supuestamente le hizo confesar su condición de portador de la enfermedad. Esta información, según el aspirante, fue suministrada a Acción S.A.S. Por tal razón, no continuó en el proceso de escogencia. Durante el trámite de tutela, incluida la revisión, el actor ha sostenido que no consume sustancias psicoactivas. Por su parte, las entidades demandadas expresaron que: i) el actor no informó su condición médica al momento de realizar los exámenes pertinentes; ii) la prueba no presentó ninguna anomalía que afectara su efectividad; iii) el consumo de drogas psicoactivas está restringido para ejercer el cargo de tripulante de cabina al que aspiraba el demandante. Lo anterior, en atención a la especial labor que realizan relacionada con la seguridad del vuelo; iv) el peticionario no tenía experiencia reciente relacionada con el puesto de trabajo; y, v) el examen médico no fue el único criterio para que el solicitante no continuara en el proceso de selección. Particularmente, Acción SAS indicó que el proceso de selección al que se presentó el tutelante finalizó y actualmente no hay requerimientos de personal por parte de Avianca debido a la contingencia generada por la pandemia del COVID-19. Por su parte, el laboratorio clínico manifestó que la muestra con la que fue realizada la prueba del actor fue destruida, en atención a los protocolos médicos aplicables. Cuestión previa. Carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente 3. De manera preliminar, la Sala considera que en este caso operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. Lo anterior, porque el proceso de selección al que se presentó el actor finalizó, actualmente no hay requerimientos de personal por parte de Avianca con ocasión de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y, finalmente, la muestra tomada para el examen fue destruida. No obstante, la Corte hará un pronunciamiento en términos de pedagogía constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares y el fondo del asunto. La carencia actual de objeto y sus categorías[97] 4. Este Tribunal ha sostenido que, en ocasiones, la alteración de las circunstancias que motivaron la solicitud de amparo hace que la acción de tutela pierda su razón de ser como mecanismo inmediato de protección[98]. En este escenario, el juez no puede proferir una orden tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales invocados cuando, durante el trámite judicial, desaparece el hecho que originó la presentación de la demanda[99]. Para referirse a estos casos, la doctrina constitucional ha empleado el concepto de carencia actual de objeto. 5. La Sentencia SU-522 de 2019[100] recordó que, inicialmente, la jurisprudencia sólo contempló dos categorías de la carencia actual de objeto: el hecho superado y el daño consumado. Precisó que la primera se configura cuando la entidad accionada satisface voluntariamente y por completo lo pedido, mientras la segunda ocurre cuando se perfecciona “la afectación que con la tutela se pretendía evitar”. Asimismo, la Corte resaltó que el hecho sobreviniente es una tercera categoría empleada por la Sala Plena y por distintas Salas de Revisión. Comprende aquellos eventos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de hecho superado y daño consumado. A manera de ilustración, explicó que se ha declarado su configuración cuando: (i) el actor asume una carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– logra que la pretensión se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir orden alguna por razones no atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis. 6. Por otro lado, este Tribunal ha señalado que, pese a la declaratoria de la carencia actual de objeto, el juez puede emitir un pronunciamiento de fondo o tomar medidas adicionales, dadas las particularidades del caso. Este tipo de decisiones son perentorias cuando se presenta un daño consumado, mientras que son optativas cuando acontece un hecho superado o una situación sobreviniente. Además, se adoptan por motivos que superan el caso concreto, por ejemplo, para: (i) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental; (ii) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de los hechos que motivaron la tutela y tomar medidas que prevengan una violación futura; (iii) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones de instancia; o, incluso, (v) adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional[101]. 7. En suma, la carencia actual de objeto genera la extinción del objeto jurídico de la tutela e implica que cualquier orden proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede generarse por: i) el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente. En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de pronunciarse de fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del hecho superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio origen al amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental y realizar la función de pedagogía constitucional, entre otros. En estos eventos, también puede proferir remedios adicionales. La configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente 8. Para la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. En efecto, durante el trámite del amparo y en sede de revisión, la Corte constató que: i) el proceso de selección de personal, al cual se presentó el actor, finalizó; ii) actualmente no hay requerimiento de trabajadores por parte de Avianca por la crisis económica generada por el COVID-19; y, iii) la muestra utilizada para realizar los exámenes al peticionario fue destruida. 9. En tal perspectiva, la Sala considera que desaparecieron lo hechos que dieron origen a la acción de tutela por circunstancias que, si bien no satisfacen las pretensiones del actor, hacen inoperante la intervención del juez de tutela. Particularmente, la cesación de la relación contractual entre las demandadas con ocasión de la pandemia originada por el COVID-19, configura una circunstancia que no es atribuible a las sociedades accionadas. En efecto, la Sentencia C-145 de 2020[102] indicó que se trata de una crisis global de salud pública que “(…) opera en un marco de enorme incertidumbre y que además tiene gran impacto sobre las sociedades y la economía, de la cual Colombia no está exenta (…) Las circunstancias que motivaron la declaración del estado de emergencia tienen su origen en hechos diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, es decir, son sobrevinientes a las situaciones que normalmente suceden en el discurrir de la actividad de la sociedad en sus diferentes manifestaciones.” Ante esta situación, una orden de protección no surtiría ningún efecto porque el proceso de escogencia terminó, Avianca no requiere más trabajadores por cuenta de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 y la muestra que sirvió para realizar el examen fue destruida. Bajo ese entendido, operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por circunstancias sobrevinientes. 10. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia, pero por haber operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por circunstancias sobrevinientes. No obstante, la Corte estima necesario emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, con el fin de adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional y avanzar en la comprensión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Para tal efecto, le corresponde establecer si se cumplen los requisitos de procedencia del amparo constitucional. En tal caso, continuará con el análisis de fondo. Procedibilidad de la acción de tutela[103] 11. A partir de la consagración constitucional de la acción de tutela en el artículo 86 superior, pueden identificarse los elementos asociados con su procedibilidad que debe verificar el juez constitucional. Estos requisitos son: (i) la legitimación tanto por activa como por pasiva; (ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad. Legitimación en la causa por activa 12. Este presupuesto se refiere a quién puede promover ante los jueces una solicitud de amparo con el objeto de que sus derechos fundamentales sean protegidos. La norma en mención dispone que “(…) [t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Es decir, que cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales son vulnerados o amenazados puede acudir a la tutela por sí misma o por intermedio de alguien que actúe en su nombre, bien sea porque le fue otorgado poder para ello, actúa como agente oficioso o es su representante legal. 13. La tutela fue interpuesta por Eudor en nombre propio y es quien alega que sus derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad, al trabajo y al debido proceso fueron lesionados por las sociedades demandadas. En consecuencia, su legitimidad por activa está acreditada, al ser el titular de las garantías superiores cuya protección pretende en sede constitucional. Legitimación en la causa por pasiva 14. Este presupuesto se refiere a quién puede ser demandado en tutela. El artículo 86 superior señala que la vulneración o amenaza de derechos fundamentales que da lugar a interponer este mecanismo judicial puede provenir de “(…) la acción o la omisión de cualquier autoridad”. Asimismo, los particulares también lo pueden ser en los casos en que estén “(…) encargados de la prestación de un servicio público” o cuando su “conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. Estos dos últimos casos –subordinación e indefensión– han sido entendidos y definidos por la Corte de la siguiente manera: la subordinación alude a una relación jurídica de dependencia, como sucede entre trabajadores y patronos y entre estudiantes y profesores. Por su parte, la indefensión refiere también a una relación de dependencia, pero que no deriva del ordenamiento jurídico, sino de situaciones fácticas. En tal sentido, “(…) la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”[104]. 15. La Sentencia T-247 de 2010[105] analizó la tutela presentada por una señora que no fue contratada por Ecopetrol en el cargo de vigilante por su condición de mujer. En aquella ocasión, la Corte indicó que si bien la demandada era una sociedad de economía mixta, sus relaciones laborales estaban regidas por el derecho privado. En tal sentido, indicó: “La reiterada jurisprudencia constitucional no ha dejado lugar a duda respecto de la procedencia de acción de tutela contra sujetos particulares en materia laboral, entendiendo que en estos casos se presenta subordinación del trabajador –o quien aspira a serlo- respecto del empleador. Esta posibilidad se presenta como argumento suficiente para declarar la procedencia de la presente acción de tutela.” Por su parte, la Sentencia T-694 de 2013[106] también analizó un amparo promovido por un aspirante que no fue contratado por Ecopetrol porque no superó el estudio de riesgo. Esa decisión reiteró el precedente contenido en la Decisión T-247 de 2010 y precisó: “En gracia de discusión, y dado que en el presente caso no existe una relación laboral en estricto sentido, sino que se trata de una relación fáctica previa al acceso al trabajo, la Sala considera que el actor se encuentra también en una situación de indefensión, pues no tiene otros medios de defensa para alegar la vulneración de sus derechos por la empresa que le niega acceder a un cargo durante el proceso de selección.” (Énfasis agregado) 16. En el caso concreto, la Sala aplica la precisión jurisprudencial contenida en la Sentencia T-694 de 2013[107] y considera que la legitimación por pasiva de las tres sociedades privadas se sustenta en el estado de indefensión del actor. En efecto, entre las partes no medió una relación jurídica laboral o de cualquier otra clase que configure una forma de subordinación. Los hechos que sustentan la tutela se generaron en un escenario de escogencia de trabajadores que no está regido por una relación jurídica laboral y en el que se practicaron unos exámenes clínicos. En tal perspectiva, Avianca S.A., Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. intervinieron de forma directa e indirecta en el proceso de selección, en el cual, de acuerdo con el accionante, se transgredieron sus derechos fundamentales. En ese escenario, el actor carece de defensa y de la posibilidad de respuesta efectiva ante la presunta discriminación por padecer VIH. 17. Acción S.A.S. tiene legitimidad por pasiva, por cuanto adelantó el proceso de selección de personal que, posteriormente, trabajaría en Avianca. Este procedimiento se acusa de desconocer los derechos del accionante. 18. Por su parte, si bien Avianca S.A. no participó directamente en el proceso de selección, suscribió con Acción S.A.S. el contrato de suministro de personal temporal No. 151-DC-2016.  A través de este acto jurídico acordaron“(…) una selección adecuada del personal que le suministrará al CONTRATANTE, para garantizarle a este la idoneidad y eficiencia en el desempeño de las labores que se le encomendarán, de conformidad con los documentos en los cuales se especifique el perfil técnico y humano del personal, los cuales son indispensables para la correcta prestación del servicio objeto del presente contrato”[108]. Acción S.A.S. también se obligó a “[c]ontar con el Programa de prevención y control de uso problemático de alcohol y drogas, y asegurar la participación activa de todos en el mismo programa del CONTRATANTE”[109]. La cláusula séptima del referido contrato contiene una prescripción de indemnidad para el CONTRATANTE. En tal sentido, el CONTRATISTA (Acción S.A.S) asume su responsabilidad si existiere alguna reclamación, pleito, y acción legal, entre otros[110]. De acuerdo con lo anterior, el proceso de selección que el actor acusa de haber sido discriminatorio en su contra por ser portador de VIH fue realizado en ejecución del contrato a través del cual Avianca S.A. le solicitó a Acción S.A.S. el suministro de trabajadores con determinadas características. De esta forma, si bien existe una intermediación que a su vez consagra una cláusula de indemnidad, en el presente asunto Avianca S.A. no invocó dicha prescripción contractual y en todo caso, dicha relación se sustenta en el principio de solidaridad, porque esa empresa se beneficiaría de la labor que contrató. De igual forma, estableció los perfiles, las condiciones y los requisitos que deben cumplir los trabajadores contratados. Por ende, esta empresa está legitimada por pasiva. 19. Por su parte, el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. era el encargado de la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, de conformidad con la autorización que para ello otorga a las IPS la Resolución 2346 de 2007, “[p]or la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. De esta manera, fue la entidad que realizó las evaluaciones médicas ocupacionales al participante y que originaron la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. 20. En consecuencia, el actor podría encontrarse en estado de indefensión respecto de las accionadas. Su relación de dependencia no está mediada por ningún vínculo jurídico formal del cual se deriven obligaciones. Se trata de una situación fáctica producto de un proceso de selección de personal en el ámbito privado del cual no se derivan relaciones jurídicas laborales. De esta forma, las tres compañías están legitimadas por pasiva, ya que incidieron en el presunto acto discriminatorio: una que contrató a un tercero para desarrollar un proceso de selección de personal bajo sus condiciones y necesidad y, además, fue la beneficiaria de dicha gestión, otra que adelantó directamente la escogencia de las personas que serían contratadas por Avianca y, finalmente, aquella que realizó los exámenes médicos que presuntamente justificaron la exclusión del actor del mencionado proceso. Inmediatez 21. La Corte Constitucional ha indicado que, a pesar de que la tutela está desprovista de un término de caducidad, tiene un carácter urgente del cual se desprende de su naturaleza preferente y sumaria, materializado con el término reducido en el que debe ser resuelta por parte de los jueces. Con base en lo expuesto, este Tribunal ha establecido que los accionantes acudan a la tutela de manera oportuna. En este sentido, el amparo no es procedente cuando ha transcurrido un tiempo irrazonable entre la acción u omisión que vulnera o amenaza sus derechos fundamentales y la interposición del amparo[111]. 22. En el caso concreto, el 28 de noviembre de 2019 el actor se enteró que no había sido seleccionado para continuar en el proceso de contratación en el que participó. En esa fecha recibió un correo electrónico de Acción S.A.S. que le informó que“(…) [e]n esta oportunidad no has sido seleccionado para continuar con el proceso. Sin embargo, tu hoja de vida permanecerá en nuestra base de datos para futuras oportunidades”[112]. El 20 de diciembre de 2019, el accionante presentó la tutela, esto es menos de un mes desde que se enteró la decisión de la empresa que adelantaba el proceso de selección de personal que cuestiona en esta oportunidad. Desde esta perspectiva, el peticionario formuló el amparo en un tiempo corto desde la ocurrencia del hecho que, en su sentir, transgredió sus derechos fundamentales. Por ende, la Sala encuentra cumplido el presupuesto de inmediatez. Subsidiariedad 23. El principio de subsidiariedad implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema normativo ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De esta forma, se impide el uso indebido del mecanismo constitucional como vía preferente o instancia adicional de protección. No obstante, el presupuesto de subsidiariedad debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad[113]: (i) cuando el medio de defensa dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz, caso en el que el amparo procede como mecanismo definitivo; y (ii) cuando, pese a existir un mecanismo judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el que la tutela es procedente como mecanismo transitorio. Adicionalmente, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección constitucional, como niños, mujeres en estado de gestación o de lactancia, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, portadores de VIH, de la tercera edad o población desplazada, entre otras, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto. En otras palabras, el juez debe utilizar criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[114]. 24. En este asunto, el actor indicó que fue diagnosticado con VIH y pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados. Para tal efecto, solicita al juez ordenar su vinculación a Avianca S.A. en el cargo de tripulante de cabina de pasajeros. Debido a que no existe ningún mecanismo judicial ordinario para controvertir la presunta discriminación por padecer VIH que se consideró generada por el retiro del aspirante de un proceso de selección de tripulante de cabina entre particulares. En tal sentido, el demandante solo cuenta con la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales. Luego, en relación con esta pretensión, la acción constitucional supera el requisito de subsidiariedad[115]. Formulación del problema jurídico 25. El peticionario solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. Advirtió que fue excluido del proceso de selección de personal para tripulante de cabina por ser portador de VIH. Si bien el examen toxicológico arrojó resultado “alterado” para anfetaminas, el accionante ha enfatizado y reiterado que no consume drogas. Indicó que ese procedimiento fue afectado por el tratamiento de retrovirales en el que se encuentra. Por su parte, las entidades accionadas han referido que: i) el actor no informó su condición médica al momento de realizar los exámenes pertinentes; ii) la prueba no presentó ninguna anomalía que afectara su efectividad; iii) el consumo de drogas psicoactivas está restringido para ejercer el cargo de tripulante de cabina al que aspiraba el demandante. Lo anterior, en atención a la especial labor que realizan, relacionada con la seguridad del vuelo; iv) el peticionario no tenía experiencia reciente relacionada con el puesto de trabajo; y, v) el examen médico no fue el único criterio para que el postulante no avanzara a la siguiente fase. 26. Previo a formular el problema jurídico planteado, la Sala precisa que el análisis de las vulneraciones alegadas a los derechos fundamentales invocados está limitado a verificar si existió o no la discriminación al actor por padecer VIH. En tal sentido, no estudiará lo relacionado con el resultado del examen toxicológico porque el accionante presentó el amparo únicamente por el supuesto trato desigual por ser portador de la mencionada enfermedad y no por el consumo de sustancias alucinógenas. De hecho, durante el trámite de la tutela y en el marco del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el accionante fue enfático en negar que fuera consumidor de drogas psicoactivas, de ahí que la Sala debe dar plena credibilidad a lo afirmado y centrar su estudio en el aspecto que, según el accionante, pudo generar la violación de los derechos fundamentales que busca proteger: el consumo de retrovirales para combatir el VIH que padece. De igual manera, es necesario advertir que a este caso no le son aplicables las reglas y subreglas creadas por la jurisprudencia para evaluar el ingreso al trabajo público y, en especial, el derecho de acceso a la función pública, puesto que los hechos que dieron origen a la tutela se refieren a una controversia entre particulares, en especial, en el escenario de la escogencia de trabajadores regida por el derecho privado. 27. Por todo lo anterior, en el presente asunto, le corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿las empresas particulares demandadas discriminaron al actor por su condición de portador de VIH al excluirlo de un proceso de selección de tripulantes de cabina con base en exámenes médicos que no incluían prueba de dicha enfermedad y por falta de experiencia cercana en el cargo? Con el propósito de resolver este interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: i) la eficacia horizontal de los derechos fundamentales; ii) los derechos a la dignidad y a la intimidad. De igual forma, el principio de igualdad de personas portadoras de VIH. También, las libertades económica y de empresa; y, iii) el servicio público de transporte aéreo de pasajeros como actividad peligrosa y regulada intensamente por el Legislador. El perfil de los tripulantes de cabina y la práctica de pruebas médicas (incluidas las toxicológicas) como requisito para trabajar en ese sector económico. Finalmente, iv) la Sala resolverá el caso concreto. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales 28. Desde sus primeros pronunciamientos[116], la Corte ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales no solo resulta exigible del Estado sino también se predica de las relaciones entre particulares. Lo anterior, porque reconoce la posibilidad de que personas naturales o jurídicas de carácter privado vulneren o amenacen tales garantías[117]. En efecto, a partir del emblemático Fallo Lüth del Tribunal Constitucional Federal Alemán[118], la teoría del efecto horizontal de los derechos fundamentales fue acogida en España y, posteriormente, en Colombia[119], con la adopción de la Constitución de 1991. En este marco, este Tribunal ha concluido que, tanto en el derecho comparado como en el interno, “(…) la concepción de los derechos como garantías de defensa frente al Estado genera obstáculos para su eficacia en las relaciones entre particulares”[120]. Por lo anterior, la respuesta del constitucionalismo ha sido “(…) el desarrollo de herramientas teóricas o dogmáticas para superar esos obstáculos y asegurar, al menos bajo ciertas condiciones, la eficacia horizontal de las cláusulas iusfundamentales”[121]. 29. En este contexto, esta Corporación ha construido un concepto autónomo de eficacia horizontal de los derechos fundamentales[122], según el cual estos inciden en el tráfico jurídico privado gracias al efecto de irradiación propio de las normas superiores[123]. Aquel se extiende a todo el ordenamiento jurídico como expresión del principio de supremacía constitucional[124] y se fundamenta en la pretensión de universalidad de los derechos fundamentales[125]. 30. En ese entendido, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales tiene una dimensión sustancial y otra procesal, las cuales no deben confundirse entre sí[126]. En efecto, el ámbito sustancial está referido al deber de los particulares de garantizar la efectividad inmediata de los derechos fundamentales en el mayor grado posible[127]. Lo anterior exige un ejercicio de ponderación que armonice los valores y principios constitucionales[128] y las especiales dinámicas que rigen las relaciones privadas, en particular, porque están guiadas por el principio de la autonomía de la voluntad privada. Además, el Legislador no puede excluir la garantía de los derechos fundamentales en esas relaciones jurídicas, por cuanto “(…) los derechos fundamentales son la base, el sustento de toda legislación, y no su efecto”[129]. De otra parte, en cuanto al ámbito procesal, una de las manifestaciones más relevantes de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales son las reglas de procedencia de la acción de tutela contra particulares, en concreto aquellas que definen la legitimación por pasiva[130]. Sin embargo, es claro que este efecto de irradiación iusfundamental no se agota en esta cuestión procesal[131], sino que refleja “(…) la decisión inequívoca de vincular directamente a los particulares en la materialización de los derechos fundamentales y de orientar al legislador en la definición de los elementos mínimos para su exigibilidad judicial”[132]. 31. De igual modo, la Corte ha señalado que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales se sustenta, entre otros, en el principio de igualdad. En efecto, su objetivo es materializar la exigibilidad de estos derechos aun en aquellos casos en los que se presentan marcados desequilibrios entre los particulares involucrados[133]. A partir de este enfoque, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional (i) ha salvaguardado el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el marco de las relaciones laborales entre particulares[134]; (ii) ha concedido la protección de los derechos a la honra, intimidad y buen nombre de las personas en las redes sociales[135] y; (iii) ha precisado que derechos fundamentales, como la vivienda digna, el mínimo vital, la salud y el debido proceso, rigen en el marco de las relaciones contractuales entre particulares[136]. 32. Con todo, existen diferencias sustanciales en el alcance de la intervención del juez constitucional cuando se trata de relaciones entre particulares, en contraste con las situaciones en que los derechos fundamentales resultan vulnerados por la actuación estatal[137]. Esta distinción se sustenta en que los individuos y las personas jurídicas privadas son titulares de un ámbito de libertad que “(…) el Estado no puede ni debe entrar a desconocer (…) en nombre de una definición coyuntural de interés público. (…) De otra forma la esfera de lo público acabaría confundiéndose con la esfera de lo privado, situación propia de estructuras sociales y políticas corporativistas o totalitarias”[138]. En consecuencia, la Corte ha sostenido incluso que “(…) la exigencia directa de los derechos a particulares solo es viable cuando existe un rompimiento de las condiciones de igualdad formal entre las partes por razones jurídicas (subordinación) o fácticas (indefensión)”[139]. Sobre este particular, ha afirmado que: “(…) es obvio que la fuerza del principio de igualdad es mucho mayor cuando regula las relaciones entre las autoridades y las personas, que cuando se trata de vínculos privados entre particulares. La razón es tan sencilla como poderosa: la Constitución no sólo protege el pluralismo (CP art. 7º) sino que, además, las personas son autónomas, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y gozan de la libertad de asociación (CP arts 16 y 38), por lo cual los individuos pueden expresar ciertas preferencias que le están vedadas a las autoridades. Por ejemplo, una persona puede escoger sus amistades exclusivamente entre aquellas personas que profesan ciertas opiniones políticas o convicciones religiosas, mientras que está prohibido a las autoridades realizar ese tipo de diferenciaciones (CP art. 13)”[140]. 33. Aunado a ello, la jurisprudencia constitucional ha admitido que el reconocimiento de la eficacia directa de los derechos fundamentales contra particulares puede generar riesgos, al debilitar el principio de legalidad, el principio de la autonomía de la voluntad privada, la libertad contractual y la seguridad jurídica[141]. Por consiguiente, “(…) la aplicación de la protección de la efectividad directa de los derechos fundamentales frente a particulares, no puede ser ilimitada”[142]. 34. Con base en lo anterior, esta Corte ha establecido que el criterio predominante para evaluar si resulta admisible y necesario el examen constitucional de las actuaciones de los particulares, es la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los sujetos implicados[143]. En estos eventos, “(…) no es posible estrictamente hablar de horizontalidad en las relaciones entre particulares”[144]. También, ha destacado que, en abstracto, no es factible “(…) formular reglas que permitan distinguir cuándo y hasta dónde los derechos fundamentales deben ser respetados y hechos respetar en las relaciones particulares”[145]. Bajo ese entendido, le corresponde al juez constitucional evaluar, en cada caso concreto, si su intervención se justifica para garantizar los derechos fundamentales o si, por el contrario, se trata de ámbitos de acción propios de la libertad individual. 35. La Corte ha aplicado este criterio en varias oportunidades. En efecto, ha analizado las discusiones entre los particulares a partir de criterios como el de relevancia constitucional o la razonabilidad y proporcionalidad de sus actuaciones, como se expone en los siguientes ejemplos: La Sentencia T-368 de 1998[146], analizó la posible vulneración de los derechos fundamentales de dos periodistas deportivos a los que el Club Atlético Huila les negó la entrada al estadio de fútbol en el que juega el equipo. En esa ocasión, la Corte encontró que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por cuanto (i) la sanción no tenía sustento en la conducta de los actores; y (ii) se trataba de una limitación desproporcionada al ejercicio de la libertad de prensa. La Sentencia T-720 de 2014[147] negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la igualdad del actor, quien había sido expulsado por la Gran Logia de Colombia. En esa oportunidad, aunque la Corte consideró procedente la acción de tutela[148], determinó que el estándar de valoración de la posible vulneración del debido proceso es menos intenso porque se cuestiona una decisión tomada por los órganos internos de una asociación privada, en ejercicio de su autonomía[149]. En consecuencia, concluyó que no correspondía imponer una visión determinada de la Constitución en el análisis de los estatutos de la logia y que no había una vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto. Específicamente, los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad fueron respetados. La Decisión SU-420 de 2019[150] unificó las reglas jurisprudenciales de procedencia para el ejercicio de la acción de tutela cuando se trata de conflictos entre particulares derivados de publicaciones difundidas a través de redes sociales, que pueden involucrar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la honra y el buen nombre. En este tipo de casos, la Sala Plena estableció algunos parámetros para determinar si la acción de tutela es el mecanismo para resolver este tipo de controversias, con fundamento en el criterio de relevancia constitucional. 36. En suma, esta Corporación ha establecido, en torno al concepto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) Los derechos fundamentales son obligatorios y plenamente aplicables entre los particulares y en las relaciones jurídicas privadas. (ii) Los principios, valores y normas constitucionales tienen un efecto de irradiación, que se extiende a todo el ordenamiento jurídico e incide en las relaciones y decisiones de los particulares. (iii) El Legislador no puede establecer que la protección de los derechos fundamentales no procede en las relaciones privadas. Por consiguiente, corresponde al juez constitucional, en cada caso concreto, establecer si los particulares desconocieron alguna de estas garantías, pues los casos en que se vulneran tampoco pueden establecerse en abstracto. (iv) Presenta una dimensión sustancial y otra procesal. La primera, exige garantizar la efectividad inmediata de los derechos fundamentales en el mayor grado posible mientras que la segunda se expresa en las reglas para la procedencia de la tutela contra personas naturales y jurídicas de naturaleza privada. (v) Se sustenta en el principio de igualdad cuando se presentan marcados desequilibrios entre los particulares involucrados. (vi) La exigibilidad de los derechos a los particulares no opera igual a la que se produce frente a las autoridades. En este sentido, debido a que las personas de naturaleza privada son titulares de sus derechos fundamentales a la libertad y a la autonomía de su voluntad, el Estado no puede imponer visiones respecto de su ejercicio, salvo cuando está en juego la protección de los derechos fundamentales. (vii) Esta Corporación ha empleado criterios como los de relevancia constitucional, razonabilidad y proporcionalidad para evaluar cuáles decisiones de los particulares efectivamente vulneran los derechos fundamentales o, en su defecto, cuáles se realizan en el ámbito de su autonomía, en tanto que no la puede vaciar de contenido. (viii) En el caso de los particulares, el ejercicio de ciertos derechos puede implicar un menoscabo en las libertades de su contraparte, quien también es titular de derechos fundamentales. De allí que la ponderación a cargo de los jueces constitucionales debe ser sensible a esta dificultad y armonizar los intereses y principios enfrentados. Derechos a la dignidad e intimidad[151] 37. El artículo 1° de la Carta consagra que la dignidad humana justifica la existencia del Estado. En razón a su naturaleza de valor superior y principio fundante, exige el reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un trato acorde a su naturaleza humana. De esta manera, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades[152] que el derecho a la dignidad humana debe entenderse bajo 2 dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha establecido 3 lineamientos claros y diferenciables: i) referida a la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y, iii) comprendida en el sentido de intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha identificado 3 expresiones del derecho a la dignidad: i) es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio constitucional; y, iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo. En la Sentencia SU-062 de 1999[153], la Corte recordó que el régimen constitucional colombiano está fundado en el respeto por la dignidad humana, es decir, en la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el sustento político del Estado. 38. En resumen, el derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones necesarias para una existencia materialmente apropiada y acorde con el proyecto de vida que cada ciudadano le imprime a su devenir. Igualmente, este principio constitucional privilegia la autonomía personal como requisito elemental de una sociedad democrática y pluralista, en el sentido de que constituye la expresión de la capacidad de autodeterminación, de la potestad de exigir el reconocimiento de ciertas condiciones materiales de existencia o la manifestación de la intangibilidad de la integridad física y moral[154]. Este postulado constituye un mandato imperativo de las autoridades y de los particulares, para que adopten las medidas necesarias de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos más preciados para el Estado[155]. 39. Por su parte, el artículo 15 de la Carta, consagra el derecho a la intimidad personal, el cual ha sido entendido por la Corte como aquella esfera o espacio de la vida privada en el que no están permitidas las interferencias arbitrarias e injustificadas de las demás personas, lo que le permite a su titular actuar libremente en ese espacio de fuero personal, en ejercicio de su libertad individual y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico[156]. La igualdad en el ordenamiento constitucional y la prohibición de discriminación[157] 40. La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía[158]. De esta manera, puede entenderse a partir de 3 dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en las mismas condiciones a todos los sujetos a quienes se dirige; ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos[159]; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. 41. En consecuencia, están prohibidas las distinciones que impliquen un trato distinto no justificado, con la capacidad de generar efectos adversos para los destinatarios de las normas o conductas que las generan. Aquellos no están obligados a soportar esos déficits de protección[160]. 42. Sobre las personas que portadoras de VIH, la Corte ha establecido que son destinatarias de una protección constitucional reforzada en especial en los ámbitos de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad social. Lo anterior se fundamenta en la situación de debilidad manifiesta de quienes han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Por tal razón, el artículo 13 superior “(…) condena el favorecimiento de la discriminación y estigmatización social que conlleva portar el referido virus.”[161] La Sentencia C-248 de 2019[162] reiteró que este grupo está sometido, en su cotidianidad, a un universo amplio de situaciones de segregación o diferenciación. 43. En suma, el derecho a la igualdad en términos generales proscribe cualquier forma de discriminación injustificada. Particularmente, si se trata de actuaciones guiadas por criterios sospechosos como el sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. Las personas portadoras de VIH tienen una especial protección constitucional y la Corte ha reiterado las situaciones de exclusión viven en su cotidianidad y la obligación de superar y evitar esos escenarios de segregación. Las libertades económica y de empresa[163] 44. La libertad económica está consagrada en el artículo 333 de la Carta y ha sido entendida por este Tribunal como la facultad de toda persona para realizar actividades de carácter económico, con la finalidad de crear, mantener o incrementar su patrimonio[164]. La Corte ha establecido que el modelo de Estado adoptado por el Texto Superior no tiene un contenido neutro en relación con el ámbito económico. En tal sentido, la relación entre el poder estatal y el mercado está mediada por: i) la protección de la libertad y la libre iniciativa privada, las cuales no tienen carácter absoluto porque su ejercicio debe armonizarse con la función social de la empresa, el interés general, la libre competencia, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (artículo 333); y, ii) la adscripción de competencias a las autoridades del Estado, basadas en su condición de director general de la economía, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de las mencionadas libertades, el cumplimiento de los límites que le son propios, el uso adecuado de los recursos naturales y del suelo, la producción, utilización y consumo de los bienes y servicios públicos y privados y, la racionalización de la economía. Lo anterior, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, así como la promoción de la productividad, la competitividad y el desarrollo económico[165]. Bajo esta perspectiva, el Estado colombiano es incompatible con un modelo de liberalismo económico clásico, que proscribe la intervención estatal, así como con formas de economía autoritaria centradas en el Estado como único agente relevante del mercado. Por el contrario, la Constitución adoptó un modelo de economía social de mercado que reconoce a la empresa y a la iniciativa privada, como el motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionadamente la libertad de empresa, con el único propósito de cumplir los fines constitucionales que protegen el interés general[166]. 45. Los ámbitos de expresión de la mencionada libertad económica han sido identificados por la Corte de la siguiente manera[167]: a. Libertad contractual: entendida como la capacidad que tienen los agentes económicos para que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, realicen los acuerdos necesarios para participar en el mercado en condiciones de igualdad. b. Valores de razonabilidad y eficiencia: en la gestión económica para la producción de bienes y servicios, de tal manera que se permita el aprovechamiento de la capacidad creadora de los individuos y de la iniciativa privada[168]. c. La canalización de recursos privados: mediante el incentivo económico, con la finalidad de promover intereses colectivos y la prestación de servicios públicos. De esta manera, se logra la compatibilidad entre los intereses privados y la satisfacción de necesidades colectivas[169]. 46. El marco de referencia descrito permite comprender el contenido y alcance de los derechos y libertades de los agentes económicos que participan en el mercado. En tal sentido, la libertad de empresa ha sido entendida desde un criterio amplio[170] como“(...) [U]na facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”[171]. Es decir, se trata de la posibilidad que tiene toda persona de desarrollar una determinada actividad económica y establecer la organización institucional para alcanzar dichos fines[172]. En tal entendido, los empresarios pueden tomar decisiones “(…) más o menos drásticas para regular las relaciones dentro de su empresa, de conformidad con los intereses legítimos que persiguen o pretenden promover”[173] 47. Este Tribunal en Sentencia C-263 de 2011[174], identificó los siguientes contenidos de la libertad de empresa y que, además, conforman sus elementos esenciales: i) el derecho a un tratamiento igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma posición[175]; ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; y, iii) la libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión[176]; entre otros. El margen de apreciación del empresario para la escogencia de trabajadores 48.Dentro del ámbito de la libertad de organización y el manejo de los asuntos internos de la empresa se encuentra la selección de sus trabajadores. La Sentencia T-694 de 2013[177] constituye un referente cercano y permite comprender el contenido de dicha prerrogativa. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de un aspirante a un cargo que no fue contratado por Ecopetrol debido a que no superó el estudio de riesgo. En aquella oportunidad, la Corte indicó que si bien se trataba de una sociedad de economía mixta, las relaciones laborales se rigen por el derecho privado. Bajo ese entendido, sobre el margen de apreciación de la empresa privada para escoger a sus trabajadores, precisó lo siguiente: “En efecto, es necesario advertir que las empresas privadas dentro de su autonomía y libertad económica tienen la posibilidad de reglamentar sus procesos internos de selección de personal, y en el ejercicio de ellos, valorar y cotejar la información que le allegan los postulantes sobre su desempeño profesional, con el objeto de analizar la idoneidad del postulante al cargo respectivo. Igualmente, dentro del margen de apreciación de las empresas que se rigen bajo la autonomía de la voluntad privada, pueden, con la información allegada, no sólo verificar si se cumplen los requisitos profesionales para el cargo, sino además, tener preferencias sobre los postulantes que consideren más convenientes para conformar su personal, bien sea por antecedentes judiciales, referencias personales, entre otros.” La mencionada providencia insistió en que “(…) el amplio margen de apreciación que tienen las empresas privadas o aquellas de naturaleza mixta en sus relaciones laborales del ámbito privado para seleccionar al personal que trabajará para ellas, todo esto sin fijar categorías sospechosas de discriminación.”[178] 49. Según lo expuesto, las empresas privadas cuentan con un amplio margen de apreciación para la escogencia de sus trabajadores. Aquella actuación puede basarse en criterios de idoneidad y conveniencia para el cumplimiento de los fines empresariales. No obstante, el ejercicio de dicha libertad no es ilimitado. Aquel debe respetar los postulados superiores y en especial, atender a criterios objetivos y razonables. En todo caso, los particulares están en la obligación de evitar distinciones basadas en categorías sospechosas. 50. En tal perspectiva, en materia de escogencia de trabajadores en el ámbito privado, entendida como una situación fáctica previa a la contratación laboral, la Corte ha insistido en que deben observarse los principios de igualdad y no discriminación. La Sentencia T-247 de 2010[179] analizó el amparo promovido por una señora que no fue contrata por Ecopetrol debido a su condición de mujer. En esa oportunidad, la Corte expresó: “La accionante fue excluida sin que mediara un criterio objetivo que demostrara que ella, en cuanto mujer, no estaba en capacidad para realizar la labor de vigilancia en el puesto de la Batería Santa Clara; esto es, precisamente, el carácter discriminatorio de la acción llevada a cabo por parte de SOS Ltda. y ECOPETROL S.A., quienes sin que mediara un criterio de necesidad, adecuación o esencialidad y, por consiguiente, con un carácter prejuicioso carente de cualquier fundamentación objetiva y razonable utilizaron el género como parámetro de exclusión de ingreso al mencionado puesto de vigilancia” (Énfasis agregado). Por su parte, la Sentencia T-694 de 2013[180] manifestó que, en un Estado Democrático, la protección de los derechos fundamentales está presente en los principales aspectos de la vida social, lo que incluye las relaciones entre particulares. Aquellas, no pueden entenderse ajenas al efecto de irradiación de las garantías superiores. Además, el mandato de la igualdad real y efectiva resulta incompatible con una posición excluyente de la eficacia de los derechos fundamentales entre privados. En esa providencia, la Corte consideró que no era aplicable el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010 porque en aquella ocasión, la actuación de la empresa se sustentó en un criterio sospechoso basado en el género que carece de razonabilidad y objetividad. En tal sentido, sobre el caso concreto, precisó lo siguiente “(…) En el caso concreto, la razón de no vinculación se concreta en la valoración que la empresa decidió otorgarle al estudio de seguridad realizado, la cual se sustenta en que por haber un proceso judicial en contra del postulante no resulta ser el candidato preferente, y en consecuencia, no es seleccionado. Como ya lo ha dicho esta Sala, esta decisión resulta razonable y objetiva, pues se encuentra dentro de los parámetros de autonomía y libertad de empresa con los que cuenta ECOPETROL en los procesos de selección interna que se rigen por el derecho privado, así, la empresa al contrarrestar la información allegada al proceso y realizar el estudio de seguridad, encontró el proceso penal vigente contra él, y consideró conveniente terminar el proceso de vinculación. Ante esto, la Sala considera, que la valoración de los documentos allegados al proceso de selección y vinculación laboral es parte de la autonomía misma de la empresa como entidad privada que conoce sus intereses y objetivos, y por ende, las características del personal que requiere. Estos criterios deben atender a las características profesionales del accionante con relación a las cualidades y exigencias que requiere el cargo que se está ofreciendo, además de las condiciones que la empresa considere necesarias observar para conformar su personal. De manera que, esta decisión no incumbe al juez de tutela y hace parte del ámbito de libertad y discrecionalidad de la empresa, siempre y cuando se observen las garantías del debido proceso.” (Énfasis original) 51. En suma, uno de los componentes de la libertad de empresa es la libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa, como serían su organización y los métodos de gestión. Dicha libertad no es absoluta y está irradiada por la Constitución. En tal sentido, el empresario tiene un amplio margen de apreciación para escoger a sus trabajadores. Lo anterior, con base en la idoneidad y la conveniencia para el ejercicio de su actividad económica. No obstante, debe garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de quienes aspiran a ser contratados. La Corte ha protegido el derecho a la igualdad cuando ha encontrado probada la distinción irrazonable, desproporcionada y basada en criterios sospechosos. Es decir, cuando la exclusión del proceso de escogencia se produce por un trato diferente que carece de razones objetivas. La intensa regulación aeronáutica y su relevancia constitucional 52. El artículo 68 de la Ley 336 de 1996[181] establece que el transporte aéreo es un servicio público regido por las normas del Código de Comercio, por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y por los Tratados, Convenios, Acuerdos, Prácticas Internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia. 53. Este Tribunal ha considerado que se trata de un servicio vinculado con la satisfacción de los derechos fundamentales. Sobre el particular, indicó: “Las sociedades contemporáneas, signadas por procesos de urbanización y especialización de los factores productivos, obligan a que los individuos deban permanente movilizarse largas distancias, en aras de ejercer sus derechos y competencias, acceder a distintas posiciones jurídicas, cumplir con sus obligaciones contractuales, dirigirse a la infraestructura para la prestación de otros servicios públicos, etc.  La libertad de locomoción, así entendida, no se concentra exclusivamente en la garantía de transitar libremente por el territorio nacional, sino también con la existencia de mecanismos que permitan hacerlo en condiciones razonables y adecuadas.  Esos instrumentos no son otros que los medios de transporte de pasajeros.”[182] 54. De igual forma, la Corte ha manifestado que la intervención del Legislador en la prestación del servicio del transporte aéreo es más intensa. Esta comprensión se sustenta en dos razones: i) el carácter de actividad riesgosa que tiene el transporte público; y, ii) la necesidad de ejercer el control del mercado de prestación del transporte, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios, en especial, el acceso al servicio en condiciones de igualdad[183]. En efecto, el uso de vehículos automotores ha sido considerado como una actividad riesgosa. En tal perspectiva, requiere la definición de reglas particulares que prevengan y limiten los riesgos. Dicha situación se acentúa cuando se trata de transporte público aéreo de pasajeros. En este escenario, las condiciones de seguridad deben garantizar la integridad física de los usuarios y demás personas involucradas en esa actividad[184]. Para esta Corporación, las medidas que están dirigidas a lograr la seguridad en el transporte son compatibles con la Carta y hacen parte del margen de configuración del Congreso[185]. 55. Para tal efecto, el Legislador ha designado autoridades administrativas que ejercen la vigilancia, inspección y control del transporte. Lo anterior busca satisfacer condiciones de seguridad y requiere regulación intensa en aspectos técnicos y operativos[186]. Para el caso del transporte aéreo, la normativa está contenida en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia-RAC[187]. Los RAC son actos administrativos que consagran las obligaciones específicas de cada uno de los sujetos involucrados en la prestación y uso del mencionado servicio público. En ese sentido, el numeral 1.1.1. del RAC 1, señala: “(…) [l]as normas contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos son aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matrícula Colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano, bajo los términos del artículo 83 bis del Convenio de Chicago/44, cuando se encuentren en espacios no sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el espacio aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte incompatible con las leyes o reglamentos de dicho Estado, ni con los Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil.” Por su parte, el numeral 1.1.3 ejusdem dispone que “Las normas contenidas en los presentes reglamentos son de obligatorio cumplimiento por parte de las personas naturales y jurídicas a las cuales son aplicables, conforme a lo previsto en el numeral 1.1.1.” De otro lado, el numeral 1.1.4. indica que “Toda persona que conforme al numeral 1.1.1. citado, ejecute actividades aeronáuticas, deberá procurar el conocimiento de las normas que le atañen de estos Reglamentos, cuando se hallen debidamente publicados en el Diario Oficial y demás medios de divulgación disponibles; sin que su ignorancia sirva de excusa para su incumplimiento, una vez surtida dicha publicación.” 56. La intensa regulación de este sector económico también se extiende a la definición de los perfiles, condiciones y requisitos que deben cumplir las personas que contribuyen directamente en la prestación del servicio. Un ejemplo es el RAC 63 que regula las licencias para miembros de tripulación diferentes de pilotos. El capítulo D se refiere a la licencia de tripulante de cabina. Particularmente, a partir del numeral 63400 y siguientes, la normativa establece los requisitos que deben cumplir los postulantes. Aquellos se agrupan de la siguiente manera: i) generales, que incluyen certificado médico en los términos del RAC 67; ii) de conocimiento: referidos al derecho aéreo, aerodinámica, supervivencia y medicina aeroespacial, entre otras; iii) manual de instrucción y procedimientos; iv) experiencia; iv) pericia; y, vi) experiencia reciente: en este caso, si no registran actividad en vuelo entre 6 y 12 meses, deberán hacer reentrenamiento. Sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico, el numeral 2.1.5.21.2 del RAC 2 establece que “El titular de una licencia prevista en esta Parte se abstendrá de todo abuso de sustancias psicoactivas y de cualquier otro uso indebido de las mismas.”. Por su parte, los considerandos del RAC 120 prescriben que: “Las empresas de aviación, centros de instrucción aeronáutica y en general todo el personal aeronáutico con atribuciones inherentes a la seguridad aérea, deben dar cumplimiento a un programa de prevención y control de sustancias psicoactivas.” El numeral 12005 de esa normativa, indica que sus disposiciones deben aplicarse al personal de las empresas del sector aeronáutico que incluye aquellos que realizan funciones sensibles para la seguridad operacional, ya sea de forma directa o por medio de empresas subcontratadas. En esa misma línea, el numeral 120320 establece el examen toxicológico previo en los siguientes términos: “(…) (a) Examen toxicológico previo: la empresa del sector aeronáutico será responsable de realizar exámenes toxicológicos previos, de conformidad con los siguientes requisitos: (1) Ninguna empresa admitirá a una persona para desempeñar funciones sensibles para la seguridad operacional, a menos que esa persona haya sido sometida a un examen toxicológico previo con resultado negativo; (2) El examen toxicológico previo debe realizarse antes de que el nuevo empleado, alumno, pasante o practicante desempeñe sus funciones por primera vez;” Asimismo, el punto 120025 del RAC 120 señala que los tripulantes de cabina tienen prohibido utilizar sustancias psicoactivas o estar bajo sus efectos durante el ejercicio de sus funciones. Para su control, prevé exámenes de drogas aleatorios a quienes trabajan en aerolíneas. Igualmente, el punto 120300 dispone que: “Un empleado o alumno de cualquier empresa del sector aeronáutico solo podrá ser sometido a exámenes toxicológicos durante el cumplimiento de su jornada de trabajo o mientras permanezca a órdenes de la empresa del sector aeronáutico”. 57. En suma, la intensa regulación del servicio de transporte aéreo se sustenta en dos objetivos: i) prevenir y garantizar la seguridad, eficiencia y calidad del servicio prestado mediante la fijación de las condiciones técnicas; y ii) asegurar el acceso objetivo y equitativo de las personas al servicio público. Esta actividad se materializa a través de normas y reglamentos administrativos que fijan reglas y parámetros objetivos para la ejecución del servicio de transporte aéreo[188]. Un ejemplo de dichas normativas son los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia-RAC que contienen una regulación intensa sobre las condiciones técnicas y los perfiles de las personas que participan directamente en la prestación del servicio. Aquellas disposiciones contienen parámetros técnicos que tienen finalidades de prevención y de seguridad. Para la Sala, estas normativas no buscan, prima facie, la imposición de modelos específicos de vida o la exclusión injustificada o basada en criterios sospechosos, de personas que participan en este sector económico. Respuesta al problema jurídico en el caso concreto 58. En este asunto, la Sala considera que las sociedades demandadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados por el actor, pues no está acreditado que, durante el proceso de selección de personal adelantado por Avianca, Acción S.A.S y el Laboratorio Clínico Colmédicos y su posterior exclusión, el actor haya sido discriminado por su diagnóstico de VIH debido a su exclusión de dicho proceso. A continuación, la Corte expondrá las siguientes razones que sustentan el juicio de ponderación adelantado en el caso: 59. La escogencia de personal para tripulante de cabina por parte de las entidades accionadas fue adelantada en ejercicio de la libertad de empresa en particular, el derecho a manejar y gestionar los asuntos internos de la empresa como organización empresarial. Con fundamento en lo expuesto, las empresas realizaron las siguientes actividades: 59.1. Suplir la necesidad de personal tripulante de cabina con fundamento en las necesidades y requerimientos de Avianca. 59.2. Fijar los requisitos y las condiciones de los perfiles laborales que debían cumplir los aspirantes a ser contratados. En este punto, la Sala resalta que la actuación de las entidades demandadas, en especial, de Avianca y Acción S.A.S no fue arbitraria ni caprichosa. Aquella se sustentó en el ejercicio de la libertad de empresa en términos de su idoneidad y conveniencia. Además, se fundamentó los requerimientos contenidos en los RAC y la intensa regulación de los perfiles de los trabajadores del sector aeronáutico, incluidos los tripulantes de cabina. En tal sentido, se trató de una gestión objetiva y razonable. 59.3. Consagrar las reglas y las etapas del proceso. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la empresa y la regulación de los RAC para la contratación del personal que cumpla funciones de tripulante de cabina. 59.4. Establecer pruebas médicas, incluidas las toxicológicas. Para la Sala, estos exámenes no son la expresión del ejercicio desproporcionado y arbitrario de la libertad para gestionar los asuntos internos de una empresa de aviación. Por el contrario, materializan la intensa regulación sobre los perfiles de los trabajadores de ese sector económico. Como se expuso previamente, la actividad aeronáutica es riesgosa y los reglamentos aeronáuticos cumplen fines relacionados con la prevención, la seguridad y el acceso equitativo al servicio público de transporte aéreo de pasajeros. Para la Sala es evidente que estas actuaciones están regladas y no buscan imponer modelos de vida. Por el contrario, atienden intereses superiores relacionados con la adecuada y segura prestación del servicio público. 59.5. Señalar los filtros, las evaluaciones y los requisitos que deben cumplir los aspirantes para avanzar en el proceso. En este marco, tiene la posibilidad de decidir sobre la continuidad o no de los aspirantes que se presentaron al cargo, siempre que esa actuación se enmarque en el ejercicio de libertad de empresa y no afecte postulados superiores, tal y como ocurrió en el presente asunto. En tal sentido, la Sala reitera lo expresado por la Corte en la Sentencia T-694 de 2013[189], en los siguientes términos: “Con base en ello, los empresarios pueden tomar las decisiones que consideren más aptas para el desempeño de su negocio, y en ese sentido, regular las relaciones dentro de la empresa conforme al objeto que se pretende. No obstante lo anterior, existen unos límites a la autonomía y libertad económica, y son precisamente los principios y criterios constitucionales. Dentro de este marco, las relaciones laborales no pueden mantenerse exclusivamente en el ámbito privado, pues el ordenamiento constitucional exige respetar la dignidad humana de los trabajadores y exige el cumplimiento de unos derechos irrenunciables los cuales no pueden ser desconocidos por vía contractual o convencional.” 60. En este caso, la Sala constata que la exclusión del actor del proceso de selección de personal no obedeció a una conducta discriminatoria desplegada por las empresas demandadas con base en su diagnóstico de VIH. Lo anterior, con fundamento en los siguientes aspectos: 60.1. Las empresas accionadas no conocían la condición médica del actor durante el proceso de selección. La Sala advierte que no hay prueba de que las entidades demandadas conocieran que el actor padecía esta enfermedad o que el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. le hubiese realizado sin su consentimiento un examen de VIH. Si bien el peticionario afirmó haberle expresado su condición al médico que adelantó el procedimiento, después de supuestamente recibir insinuaciones por parte de aquel, no está acreditado que Acción S.A.S. o a Avianca S.A. hubiesen tenido acceso a dicha información. El único reporte que Acción S.A.S. recibió de Colmédicos IPS, de acuerdo con las pruebas, es el certificado médico de preingreso ocupacional, en el cual no hay referencia a que el actor sea portador de VIH. Aunque el accionante también sostuvo que llamó telefónicamente a una sicóloga de Acción S.A.S. para contarle sobre el presunto error en sus exámenes toxicológicos, hecho que fue confirmado por esta compañía en su contestación a la tutela[190], no hay pruebas que respalden que, producto de esta conversación, Acción S.A.S. tuviera conocimiento del diagnóstico de VIH del accionante. De manera que, como la única prueba que existe sobre lo que Acción S.A.S. conoció de la valoración médica del demandante es el certificado de preingreso ocupacional, en el que no se alude al diagnóstico de VIH, la Sala concluye que esta compañía no conocía la enfermedad del accionante. 60.2. Las demandadas no le realizaron al actor pruebas médicas para establecer si padece o no de VIH. La IPS accionada, durante el trámite de tutela, refirió que al actor no le practicó pruebas clínicas para determinar si tenía o no dicha patología. Advirtió que esos exámenes no los realiza debido a que el VIH no inhabilita el ejercicio del cargo al que aspiraba el actor. 60.3. El peticionario tenía conocimiento de la realización de exámenes de laboratorio, incluido el toxicológico. Estos procedimientos están consagrados en el RAC y por la formación profesional del actor, la práctica de esta clase de pruebas no es ajena a su conocimiento. Además, Colmédicos le informó previamente al peticionario sobre los exámenes médicos ocupacionales que le practicarían, ante lo cual aquel expresó su consentimiento. En efecto, el consentimiento informado suscrito por el peticionario expresa que “(…) se me ha informado que las pruebas complementarias o ayudas diagnósticas que se me podrían realizar pueden ser (sin limitarse a estas) una o varias de las siguientes: […] Examen para evaluar el consumo de sustancias sicoactivas”[191]. 60.4. Al momento de realizar el examen médico, el accionante no expresó que consumía medicamentos para el tratamiento de VIH. En efecto, la Sala constató que en el consentimiento informado que obra en el expediente no hay mención alguna del actor sobre los retrovirales que eran administrados para tratar su patología. De esta suerte, era imposible para los médicos y demás profesionales encargados de valorar la prueba científica establecer si el resultado de “alterado” para anfetaminas fue consecuencia de una reacción cruzada ocasionada por la medicina con la que el peticionario trata su enfermedad. Además, tampoco fue demostrado que dicho resultado fuera prueba directa o al menos un indicio científico para que las empresas demandadas conocieran que el accionante era portador de VIH. 60.5. La decisión de Acción S.A.S de que el actor no continuara el proceso de selección no fue discriminatoria. Se trató de una actuación, en su condición de intermediaria, basada en criterios objetivos y sustentada en la libertad para gestionar los asuntos internos de la empresa. En efecto, aquella determinación tuvo como fundamento los exámenes médicos del actor y la falta de experiencia cercana al ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones obedecieron a criterios de idoneidad y conveniencia empresarial. Estos aspectos están protegidos por la Carta y en este caso, no configuran un escenario de discriminación basado en criterios sospechosos. Además, materializó la intensa regulación contenida en los reglamentos aeronáuticos sobre el perfil de las personas que ejercen esta labor sensible para la seguridad aérea. Por tal razón, no hay prueba que permita inferir que la actuación empresarial se originó en el diagnóstico de VIH del peticionario. Bajo ese entendido, la Sala considera que la Sentencia T-247 de 2010 citada previamente, no constituye un precedente aplicable. Aquella decisión comprobó que la decisión de la empresa de excluir a la actora se sustentó en un criterio sospechoso basado en el género. En este caso, la decisión de que el actor no continuara el proceso de selección se concretó en el estudio empresarial de los exámenes médicos y la falta de experiencia cercana con el cargo de tripulante de cabina. La Sala insiste que esta actuación resulta razonable y objetiva, pues se enmarca en los parámetros de autonomía y libertad de empresa de las demandadas, que orientan los procesos de selección interna de trabajadores regidos por el derecho privado. De igual forma, reitera que la actuación se enmarca en las disposiciones contenidas en los RAC. 61. En suma, para la Sala, las empresas accionadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, en el caso del Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S., sus actuaciones se limitaron a valorar técnicamente al accionante, de conformidad con las necesidades y requerimientos de Acción S.A.S. y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 2346 de 2007[192] y a expedir un certificado médico ocupacional. Ese documento indicó que el demandante “(…) no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de tripulante de cabina”[193]. A lo anterior se agrega que Colmédicos le informó previamente al actor sobre cuáles exámenes médicos ocupacionales le serían practicados, ante lo cual este expresó su consentimiento. Aquellos no incluían pruebas sobre VIH. Además, aquel no indicó, al momento de realizar el examen que consumía retrovirales para tratar el VIH. De igual forma, Avianca S.A. tampoco violó los derechos fundamentales invocados por el accionante. Esa entidad contrató el suministro de personal con Acción S.A.S., quien desarrolló todo el proceso de selección. Si bien estableció las condiciones y los requerimientos del personal, aquella actuación se enmarca en la libertad que le asiste para gestionar los asuntos internos de la empresa. Además, materializa la intensa regulación contenida en los RAC. Finalmente, Acción S.A.S, en su condición de intermediaria, adelantó el proceso de selección de personal en el marco de la libertad de empresa y los reglamentos aeronáuticos. La decisión de no continuar el trámite con el actor fue razonable y objetiva, puesto que no hay prueba de que obedeció a criterios sospechosos de discriminación. En otras palabras, no se demostró que dicha decisión fuese sustentada en el diagnóstico de VIH del aspirante. Decisión que adoptará la Sala en el presente asunto 62. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia del 12 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá que declaró improcedente la acción de tutela. No obstante, contrario a lo afirmado por ese funcionario judicial, que consideró el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, la decisión se sustenta en la operancia de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente, tal y como se explicó en precedencia. Conclusiones 63. La Sala decidió sobre una acción de tutela formulada por Eudor contra Avianca S.A, Acción S.A.S y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. El actor alegó la supuesta vulneración de derechos a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. Aseguró que fue excluido del proceso de selección de personal para tripulante de cabina por su diagnóstico de VIH. 64. En el presente asunto, la Corte verificó la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente porque i) el proceso de selección de personal, al cual se presentó el actor, finalizó; ii) actualmente no hay requerimiento de trabajadores por parte de Avianca con ocasión de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19; y, iii) la muestra utilizada para realizar los exámenes al peticionario fue destruida. 65. No obstante, la Sala encontró necesario pronunciarse en este asunto para efectos de pedagogía constitucional y avanzar en la comprensión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En tal sentido, verificó la procedencia de la acción de tutela y formuló el problema jurídico en el sentido de establecer si ¿las empresas demandadas discriminaron al actor por su condición de portador de VIH al excluirlo de un proceso de selección de tripulantes de cabina con base en exámenes médicos que no incluían prueba de dicha enfermedad y por falta de experiencia cercana en el cargo? Para dar respuesta a este interrogante, la Sala abordó los siguientes temas: i) la eficacia horizontal de los derechos fundamentales; ii) los derechos a la dignidad, a la intimidad y a la igualdad de personas portadoras de VIH y, además, la libertades económica y de empresa; y, iii) el servicio de transporte aéreo de pasajeros como actividad peligrosa y regulada intensamente. El perfil de los tripulantes de cabina y la práctica de pruebas médicas, incluidos exámenes toxicológicos. 66. En desarrollo de estos aspectos, indicó que los procesos de selección de trabajadores entre particulares se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de empresa. En todo caso, el efecto de irradiación de la Constitución y la eficacia horizontal de los derechos imponen la necesidad de que esas relaciones observen los postulados de la Carta. Lo anterior no implica que la interacción de las garantías fundamentales sigue la misma dinámica de exigencia que se tiene frente al Estado. En este sentido, el juez constitucional debe valorar estos conflictos y aplicar criterios de ponderación que atiendan las especiales condiciones que rigen las relaciones entre particulares. De igual manera, constató que el servicio aéreo está intensamente regulado. Lo anterior al menos por dos razones: i) es una actividad riesgosa, por lo que las normas expedidas en ese campo garantizan la seguridad y la prevención en la prestación del servicio y la integridad de quienes intervienen en su ejecución y de los usuarios; y, ii) debe permitir el acceso en igualdad de condiciones. Bajo ese entendido, la regulación se extiende a los requisitos y condiciones que deben cumplir las personas que participan directamente en dicho escenario. Tal es el caso de los tripulantes de cabina. Aquellos tienen la obligación de acreditar rigurosos perfiles y superar pruebas médicas que incluyen exámenes de toxicología para ejercer su labor. 67. La Sala consideró que las empresas accionadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados por el actor por las siguientes razones: i) la actuación de las demandadas en el proceso de selección se enmarcó en el ejercicio de la libertad de empresa. Además, materializó las regulaciones contenidas en los RAC. Estas disposiciones establecen condiciones y requisitos, incluidos certificados médicos, que deben acreditar las personas que quieren acceder al mercado laboral de esa actividad económica; ii) no se demostró que tuvieron conocimiento del diagnóstico de VIH del actor. Lo anterior porque no practicaron pruebas para establecer si era portador o no de la enfermedad y además, porque el aspirante no indicó los medicamentos que consumía para el tratamiento de la patología al momento de realizar los correspondientes exámenes médicos; y, iii) la decisión de no continuar el proceso de selección de actor se sustentó en argumentos objetivos y razonables. En efecto, Acción S.A.S indicó que no continuaron el proceso con el peticionario con base en los resultados de los exámenes médicos y la falta de experiencia cercana en el ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones están amparadas constitucionalmente por el derecho a gestionar los asuntos internos de la empresa y la materialización de la reglamentación aeronáutica del país. En ese sentido, la actuación no configuró un tratamiento discriminatorio basado en criterios sospechosos. Fue una decisión empresarial fundada en razones de idoneidad y conveniencia. 68. De acuerdo con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia que declaró improcedente el amparo. No obstante, se apartó de las razones de ese funcionario que consideró que no cumplía con el presupuesto de subsidiariedad, para en su lugar, establecer que se configuró la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Eudor Lo anterior, por la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. SEGUNDO. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaría General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS A LA SENTENCIA T-002/21 Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por esta Corporación, comedidamente me permito expresar las razones que me llevaron a salvar el voto en el asunto de la referencia. 1. La Corte conoció la acción de tutela formulada por Eudor contra Avianca S.A., Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S., con el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, la intimidad, el trabajo y el debido proceso, y en consecuencia se ordenara su vinculación inmediata a Avianca en el cargo de tripulante de cabina de pasajeros. 2. El actor alegó que fue excluido del proceso de selección de personal para tripulante de cabina de pasajeros por ser portador de VIH. Manifestó que en el proceso de selección le practicaron un examen de consumo de drogas psicoactivas y el resultado fue “alterado” debido a los retrovirales que utiliza para su tratamiento. Advirtió que el médico que atendió el procedimiento supuestamente le hizo confesar su condición de portador de la enfermedad. Esta información, según el actor, fue suministrada a Acción S.A.S. (intermediaria en el proceso de selección), entidad que a su vez habría indicado a Avianca su diagnóstico, siendo este el verdadero motivo para la exclusión. 3. En primera instancia, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá negó la protección, tras señalar que no resultaba posible constatar si al accionante le realizaron prueba de VIH o si el médico con quien compartió información sobre su padecimiento había comunicado dicha situación a Acción S.A.S. En segunda instancia, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó el fallo y, en su lugar, declaró improcedente la acción tras señalar que las controversias suscitadas en el marco del proceso de selección debían ser solucionadas ante la jurisdicción ordinaria. 4. Al abordar el asunto, la Sala de Revisión sostuvo que se configuraba la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente dado que: i) el proceso de selección de personal al cual se presentó el actor finalizó; ii) actualmente no hay requerimiento de trabajadores por parte de Avianca con ocasión de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19; y, iii) la muestra utilizada para realizar los exámenes al peticionario fue destruida. En consecuencia, confirmó la sentencia de segunda instancia por razones distintas como la mencionada. 5. En todo caso, por pedagogía constitucional, la Corte estudió el fondo del asunto[194] determinando que las empresas accionadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados por el actor, por las siguientes razones: i) su actuación en el proceso de selección se enmarcó en el ejercicio de la libertad de empresa. Además, se materializaron las regulaciones contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los cuales establecen las condiciones que deben acreditar las personas que quieren acceder al mercado laboral de esa actividad económica, entre estas, la prohibición para el personal de cabina de consumir sustancias psicoactivas; ii) no se demostró que las entidades tuvieran conocimiento del diagnóstico de VIH del actor, pues no practicaron pruebas para establecer si era portador o no de la enfermedad, asimismo, el aspirante no indicó los medicamentos que consumía para el tratamiento de la patología al momento de realizar los exámenes médicos[195], lo que imposibilitaba conocer si en realidad la prueba toxicológica alterada se debía al consumo de los retrovirales; y, iii) la decisión de no continuar el proceso de selección se sustentó en argumentos objetivos y razonables. 6. Sobre este último aspecto, la ponencia enfatizó que estaba demostrado que Acción S.A.S. no continuó el proceso de selección con el peticionario con base en los resultados de los exámenes médicos y la falta de experiencia cercana en el ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones están amparadas constitucionalmente por el derecho a gestionar los asuntos internos de la empresa y la materialización de la reglamentación aeronáutica del país. De tal forma, dicha actuación no configuraba un tratamiento discriminatorio, sino una decisión empresarial fundada en razones de idoneidad y conveniencia. 7. Al respecto, debo señalar que me aparto de la decisión adoptada en la sentencia T-002 de 2021 porque, en mi criterio, en esta oportunidad no se cumplen los lineamientos de la Corte para la configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente. 8. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la carencia actual de objeto tiene lugar cuando la eventual orden de protección que concedería el juez caería en el vacío, ya sea porque (i) la vulneración se superó por la actuación de la parte accionada antes de proferir el fallo, (ii) el daño se consumó y ya no es posible satisfacer la pretensión de tutela, o (iii) sobrevino una circunstancia sobreviniente que ocasionó un cambio drástico en el sustrato fáctico de la solicitud de amparo y la consecuente sustracción de materia sobre la cual decidir. 9. En particular, frente a la circunstancia o situación sobreviniente, la Corte ha considerado que “surge con el acaecimiento de alguna situación en la cual la vulneración predicada ya no tiene lugar debido a que el/la tutelante pierde el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o por que el actor asumió una carga que no le correspondía”[196]. Esta figura ha sido aplicada, por ejemplo, en aquellos casos en los que ya no es posible acceder a lo solicitado, porque (i) la vulneración cesó en cumplimiento de una orden judicial[197], (ii) la situación del accionante se transformó, de tal forma que ya no requiere lo que había solicitado inicialmente[198], (iii) se reconoció a favor del demandante un derecho que hizo que perdiera el interés en el reconocimiento de lo que solicitaba en la tutela, (iv) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora, o (v) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental, entre otros[199]. 10. En todos estos casos, el Tribunal Constitucional ha concluido que las situaciones de los accionantes no encajaban en el supuesto de hecho superado, ni daño consumado, toda vez que aquellos ya habían perdido cualquier interés en el trámite constitucional, pero por hechos que no podían atribuirse al obrar de las entidades demandadas. En ese orden, si al momento de proferir el fallo el juez observa una variación en los hechos que implique la configuración de alguno de los escenarios anteriores, corresponde a este declarar la carencia actual de objeto, ya que cualquier orden que pudiera impartirse sobre lo solicitado sería “inocua” o “caería en el vacío”. 11. Es importante destacar que, al estudiar la viabilidad de aplicar esta figura, para la Corte ha sido determinante la pérdida de interés en las pretensiones de la acción. Por ejemplo, la sentencia T-457 de 2017 estudió el caso de un joven que fue incorporado en la Policía Nacional para prestar su servicio militar obligatorio como auxiliar de policía regular, a pesar de que se le había indicado que sería auxiliar de policía bachiller. En el trámite de revisión, el actor manifestó su interés de continuar vinculado en la modalidad de policía regular, por lo que la Corte encontró que perdió interés en sus pretensiones y, por lo tanto, declaró “la configuración de una carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente”. 12. En la sentencia T-472 de 2017, el actor que se desempeñaba como auxiliar administrativo en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Unión (Nariño), pretendía un traslado a otra región por presunto acoso laboral. Durante el trámite de tutela renunció a su cargo, de modo que la Corte evidenció que dicha situación sobreviniente tornaba inoperante cualquier orden al respecto, como consecuencia del desinterés del demandante. 13. Bajo la misma línea, la sentencia T-460 de 2019 resolvió la acción de tutela formulada contra el Ejército Nacional por la desvinculación de un soldado a quién no se le había respetado su derecho a la reubicación laboral. La Corte concluyó que debía declarar la carencia actual de objeto por situación sobreviniente en relación con la pretensión de reintegro, en consideración a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado la reincorporación del accionante a la entidad, lo que evidenciaba la pérdida de interés en las pretensiones del recurso de amparo[200]. 14. De forma similar, en la sentencia SU-522 de 2019, la Sala Plena estudió la solicitud de amparo formulada por un excongresista frente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que la decisión que decretó el cierre de la etapa de instrucción dentro del proceso penal que se seguía en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado había trasgredido su derecho fundamental al debido proceso, al desconocer que a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 se modificó el juzgamiento de los aforados constitucionales. Al respecto, la Corte sostuvo que se había configurado la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, comoquiera que el accionante decidió voluntariamente someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo cual la Corte Suprema de Justicia, entidad contra la cual se dirigía la tutela, había perdido su competencia sobre el asunto. Asimismo, destacó que la tutela ya no tenía razón de ser toda vez que el hecho nuevo se había originado por el propio accionante, quien eligió voluntariamente someterse a la JEP, evidenciando con ello su pérdida de interés en el proceso que se seguía. 15. Finalmente, en la sentencia T-017 de 2020 se resolvió la acción formulada por un miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por la presunta vulneración de los derechos a la participación, a la paz y a la reincorporación política, tras la negativa de la Fiscalía General de la Nación de autorizar su traslado al Capitolio Nacional para efectos de tomar posesión como Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018 – 2022. Lo anterior, toda vez que se encontraba recluido en virtud de la orden de captura expedida en el proceso de extradición. No obstante, en el curso del trámite de Revisión la Corte tuvo conocimiento de que el accionante había tomado posesión de su curul en la Cámara de Representantes con fundamento en las órdenes que emitieron el Consejo de Estado[201] y la Corte Suprema de Justicia[202]. Al respecto, se consideró que dicha circunstancia configuraba la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, dado que (i) el hecho mencionado constituyó una variación sustancial en los acontecimientos que dieron origen a la tutela; (ii) una vez fue posesionado como Representante a la Cámara en el Capitolio Nacional, el actor perdió interés en la satisfacción de sus pretensiones; y (iii) su posesión en el Congreso fue producto de la actuación de autoridades diferentes a la accionada. 16. Ahora bien, la jurisprudencia transcrita además permite observar que la situación sobreviniente ocurre cuando se verifican de forma acumulativa los siguientes factores: i. El cambio del sustrato fáctico de la acción, es decir, ocurre una variación significativa de los hechos por circunstancias externas al caso concreto inicialmente planteado. ii. Que dicha alteración significativa implique la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus pretensiones, o que estas no se puedan llevar a cabo. iii. Que la conducta que modifica los hechos provenga del actor o de un tercero, esto es, que no sea atribuible a la parte accionada. iv. Que la decisión judicial a adoptar pierda su sentido protector o resulte inane. 17. Pues bien, en esta oportunidad, disiento de la sentencia de la referencia dado que no tuvo en cuenta las directrices jurisprudenciales en materia de carencia de objeto por situación sobreviniente. En efecto, a pesar de que el proceso de selección al que aplicó el accionante finalizó en noviembre del año 2019 (tras la selección de aspirantes que finalmente fueron contratados) y actualmente Avianca “congeló” cualquier nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina, lo cierto es que las órdenes de protección que eventualmente pudiese llegar a proferir esta Sala de Revisión no caerían en el vacío, ya que: i. No existe una variación significativa de los hechos fundamentales que originaron la acción de tutela, esto es, la presunta trasgresión del derecho a la igualdad del aspirante luego de haber sido desvinculado del proceso de selección debido a su patología. En otras palabras, los supuestos fácticos que dieron origen a la acción de tutela permanecen y la finalización del proceso de selección no implica la alteración sustancial de la solicitud de tutela, sino el simple paso del tiempo o si se quiere la continuación de la actuación trasgresora o del proceso de vulneración alegado por el accionante, situación que no torna inoperante el eventual fallo protector. ii. Es evidente que el actor no ha desistido ni ha perdido interés en sus pretensiones en la medida que estas no han sido satisfechas. Adicionalmente, en el caso hipotético de que se considerara que sí existió una vulneración iusfundamental, la petición de tutela aún podría materializarse a través de, por ejemplo, (a) una orden de contratación directa por parte de Avianca, empresa que, a pesar de las dificultades económicas enfrentadas con ocasión de la pandemia no se ha extinguido, tampoco el cargo al que aspira el accionante; (b) una orden de inclusión en un próximo proceso de selección o en el que actualmente se encuentra “congelado”; incluso (c) una orden simbólica de reparación, de encontrar que definitivamente las anteriores órdenes no podrían ser jurídica ni materialmente cumplidas (situación que no se presenta en el presente caso). En otras palabras, las pretensiones todavía podrían materializarse o cumplirse. iii. La alteración de los hechos no proviene de un tercero, si no que sería atribuible a la actuación de las entidades accionadas Avianca S.A. y Acción S.A.S., en tanto, la primera ya contrató los aspirantes seleccionados por Acción S.A.S. en la convocatoria en la que participó el actor y congeló nuevas convocatorias; y la segunda suspendió la selección de aspirantes. En otras palabras, la presunta variación de los hechos señalada en la ponencia se deriva directamente de las actuaciones de las entidades accionadas, situación que de aceptarse que es irremediable y que impide proferir una orden de protección en todo caso no daría lugar a una situación sobreviniente, sino a un daño consumado. En esa medida, la presunta variación fáctica no constituye un acto de un tercero y no es posible configurar a través de ella un hecho sobreviniente. iv. La decisión por adoptar no perdía su sentido protector ni resultaba inane, en tanto, según lo indicado (supra, ii), la Corte conservaba la potestad de poder concretar una eventual protección (de ser el caso), ya fuera a través de una orden directa de vinculación o una de inclusión en el proceso de selección “congelado”. En otras palabras, subsistía la vocación protectora inherente a la acción de tutela. 18. Conforme a lo expuesto, la decisión adoptada por la mayoría contradice la jurisprudencia constitucional al considerar una carencia actual de objeto por situación sobreviniente, pese a que como se ha evidenciado no se superaban los criterios enunciados por el propio Tribunal. Incluso, el caso no se asemeja a ninguna de las hipótesis fácticas en las que la Corte ha dado aplicación a esta figura (supra, 9). Por ejemplo, (a) la vulneración no cesó en cumplimiento de una orden judicial, (b) la situación del accionante no se transformó y continuaba requiriendo lo pedido inicialmente, (c) no se reconoció a favor del demandante un derecho que hiciera que perdiera el interés en la litis constitucional, y (d) tampoco un tercero logró que la pretensión de la tutela se satisficiera en lo fundamental. 19. La ponencia de la cual me aparto ni siquiera fundamentó de forma suficiente por qué en este caso tendría lugar la situación sobreviniente, ya que únicamente se limitó a sostener que la terminación del proceso de selección al cual aplicó el accionante (como es lógico) terminó y que Avianca había congelado la selección de nuevos cargos, pero no cimentó su posición en la jurisprudencia constitucional, ni explicó las razones que permitirían apartarse de tales determinaciones constitucionales previas. 20. No sobra indicar que la situación tampoco podía considerarse subsanada por la actuación voluntaria de las accionadas, de modo que no existe un hecho superado; tampoco la amenaza de los derechos fundamentales se había concretado, dado que existía la posibilidad de vincular directamente al peticionario a Avianca o de ordenar su inclusión en el proceso de selección congelado. De manera que en este asunto no se configuraba la carencia de objeto bajo ninguna modalidad. 21. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la tesis que sostiene la decisión finalmente adoptada, esto es, que al haber finalizado la convocatoria y no requerirse actualmente tripulantes de cabina -por razón de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19- se torna imposible, inocuo o innecesario proferir una orden de protección, genera un equivocado precedente[203] o un efecto práctico contrario a derecho; en efecto, podría llevar a considerar que siempre que a través de la acción de tutela se pretenda la inclusión, nombramiento o el acceso a un empleo, y este ya haya sido ocupado o el empleador no tenga la intención de crear otros cargos, el operador judicial debe declarar la carencia de objeto por situación sobreviniente, circunstancia que desvirtúa la naturaleza protectora de la acción; asimismo, termina por limitar la actuación del juez constitucional, porque implica que este no cuenta con ninguna herramienta para salvaguardar los derechos afectados. 22. Es importante resaltar que el simple paso del tiempo o los hechos que sobrevengan en la convocatoria o proceso de selección con posterioridad a la solicitud de amparo, no convierten el caso automáticamente en una carencia de objeto por circunstancia sobreviniente. A manera de ilustración, la Corte ha conocido de acciones de tutela formuladas por presuntas trasgresiones en concursos de méritos en los que, después de promoverse la acción, ha seguido el cronograma llegando a suplir los cargos, y ello no ha sido un impedimento para otorgar la protección constitucional ordenando, por ejemplo, dejar sin efectos la lista de elegibles[204], es decir, retrotraer toda la actuación trasgresora. 23. Finalmente, observo con preocupación que la forma en que fue resuelto el asunto genera un vaciamiento de la acción tutela, pues reduce su potencialidad de protección de derechos fundamentales, al sostener -sin fundamento suficiente-, que en casos como el que se debate no es posible proferir ninguna eventual orden de protección ni restablecer efectivamente los derechos fundamentales afectados, a pesar de que resulta evidente que la Corte sí contaba con herramientas a su alcance para, de ser el caso, contrarrestar o detener los posibles efectos adversos de la actuación de Acción S.A.S. y Avianca S.A. 24. Conforme a lo expuesto, la sentencia T-002 de 2021 desconoce los lineamientos jurisprudenciales sobre la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, y su enfoque, además, genera un efecto práctico adverso y produce el vaciamiento de la potencialidad protectora de la acción de tutela. 25. Por otra parte, considero, como lo señaló la ponencia, que en este caso no existió la vulneración alegada por el accionante, dado que su exclusión del proceso de selección de tripulantes de cabina de pasajeros no obedeció a un motivo discriminatorio, sino al resultado de los exámenes de anfetaminas[205] y a la ausencia de experiencia reciente en el cargo. Lo anterior, teniendo en cuenta que (i) los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos 2 y 63, que determinan los perfiles de los trabajadores de este sector, establecen claramente que por motivos de seguridad del vuelo y de sus pasajeros: “Ninguna empresa admitirá a una persona para desempeñar funciones sensibles para la seguridad operacional, a menos que esa persona haya sido sometida a un examen toxicológico previo con resultado negativo”; (ii) no hay prueba de que las entidades demandadas conocieran que el actor padecía VIH, ni de que Colmédicos IPS S.A.S. le hubiese realizado sin su consentimiento un examen para determinar la existencia de la enfermedad[206]. Si bien el peticionario afirmó haber expresado su condición al médico que adelantó el procedimiento, la historia clínica no registra dicha información, mucho menos está acreditado que Acción S.A.S. o a Avianca S.A. hubiesen tenido acceso a la misma, por lo que no es posible considerar que se vulneró el deber de reserva respecto de su diagnóstico, ni que este representara un impedimento para desarrollar el cargo[207]. En ese orden, la actuación surtida en el proceso de selección no se observaba irrazonable ni desproporcionada. 26. Adicionalmente, el presunto error en el examen de psicoactivos realizado por la IPS Colmédicos -de presentarse-, en todo caso se derivaría de la información inexacta que el accionante aportó a la entidad. En efecto, antes de realizar las pruebas de laboratorio se le solicitó que indicara si consumía medicamentos para el tratamiento de alguna enfermedad[208], esto con la finalidad de prever posibles falsos positivos en la prueba; sin embargo, el demandante se abstuvo de hacer referencia al uso de los antirretrovirales. De tal forma, no era posible considerar que la no selección para desempeñar el cargo proviniera de una falla de la IPS que efectuó el examen. 27. De tal forma, en lugar de declarar la improcedencia del amparo por la configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, la Sala de Revisión debió negar la protección constitucional ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados[209]. 28. En los anteriores términos, presento salvamento de voto a la sentencia adoptada en esta oportunidad. Fecha ut supra, JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado [1] Este aspecto constituye un dato sensible de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 1581 de 2012. [2] Si bien en el certificado de existencia y representación legal, que consta en el expediente, la razón social de esta compañía es Acción S.A.S., los correos electrónicos que recibió el accionante tienen membrete con el nombre Grupo Accionplus. Así que las referencias que hace el demandante a Accionplus deben entenderse hechas a Acción S.A.S., que es el nombre legal de la empresa. [3] Cuaderno 1, folio 1. En los folios 14 y 15 del cuaderno 1 obra copia de la historia clínica, en la que consta el diagnóstico de VIH desde el 10 de julio de 2019, y certificado médico del 12 de diciembre de 2019, en el cual se menciona que el paciente tiene “carga viral indetectable y adecuado conteo de cd4, lo que indica buen control inmunovirológico” y “en tratamiento actualmente con tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit”. [4] En folio 16 del cuaderno 1 obra copia del correo electrónico que recibió el accionante, en el cual una sicóloga de Acción S.A.S. lo cita a una charla informativa sobre el proceso de selección el 21 de octubre de 2019. [5] Cuaderno 1, folio 1. [6] En su contestación de la demanda, Avianca S.A. explica que, “por la masividad de la convocatoria y la capacidad, Avianca apoya remitiendo misivas pero el caso es liderado en su totalidad por Acción Plus S.A.S.”. Cuaderno 1, folio 59. [7] En folios 19 a 20 del cuaderno 1 obra copia de este correo electrónico. [8] Cuaderno 1, folio 1. [9] En folios 22 a 23 del cuaderno 1 obra copia de este correo electrónico. [10] En folios 24 a 25 del cuaderno 1 obra copia de este correo electrónico, en el cual efectivamente se invitó al tutelante a “entrevista final del proceso de selección para tripulantes de cabina de pasajeros”. [11] Cuaderno 1, folio 2. [12] Cuaderno 1, folio 2. [13] En folios 28 a 30 del cuaderno 1 obra copia de este correo electrónico. [14] Cuaderno 1, folio 2. [15] Cuaderno 1, folio 2. [16] Cuaderno 1, folio 3. [17] Cuaderno 1, folio 35. [18] Cuaderno 1, folio 3. [19] Cuaderno 1, folio 37. [20] Cuaderno 1, folio 37. [21] Cuaderno 1, folio 3. [22] Cuaderno 1, folio 3. [23] Cuaderno 1, folio 3. [24] Cuaderno 1, folio 3. [25] Cuaderno 1, folio 4. [26] Cuaderno 1, folio 4. [27] Cuaderno 1, folio 44. [28] Cuaderno 1, folio 44. [29] Cuaderno 1, folio 44. [30] Cuaderno 1, folio 51. [31] Cuaderno 1, folio 44. En folio 52 del cuaderno 1 obra copia de correo enviado por la sicóloga de Acción S.A.S. En este correo se lee que el peticionario “me comunicó para informarme que el médico le indicó que en sus resultados aparece con registro de marihuana. Me comenta que habló con el médico y afirma que él nunca ha consumido marihuana y tampoco cigarrillo. // ¿Qué posibilidad hay de que le vuelvan a realizar el examen?”. [32] Cuaderno 1, folio 45. [33] Cuaderno 1, folio 45. [34] Cuaderno 1, folio 45. [35] Cuaderno 1, folio 46. [36] Cuaderno 1, folio 55. [37] Cuaderno 1, folio 60. [38] Cuaderno 1, folio 58. [39] Este contrato no tiene fecha. [40] Cuaderno 1, folio 77. [41] Cuaderno 1, folio 77. [42] Cuaderno 1, folio 78. [43] Cuaderno 1, folio 59. [44] Cuaderno 1, folio 102. [45] Cuaderno 1, folio 102. [46] Cuaderno 1, folio 103. [47] Cuaderno 1, folio 103. [48] Cuaderno 1, folio 103. [49] Cuaderno 1, folio 110. [50] Cuaderno 1, folio 113. [51] Cuaderno 1, folio 115. [52] Cuaderno 1, folio 113. [53] Cuaderno 1, folio 115. [54] Cuaderno 1, folios 115-116. [55] Cuaderno 1, folio 116. [56] Cuaderno 1, folio 116. [57] Cuaderno 1, folio 131. [58] Cuaderno 1, folio 131. [59] Cuaderno 1, folio 140. [60] Cuaderno 2, folio 7. [61] Cuaderno 3, folio 1. [62] Cuaderno 3, folio 7. [63] Cuaderno 3, folio 2. [64] Cuaderno 3, folio 2. [65] Cuaderno 3, folio 3. [66] Cuaderno 3, folio 3. [67] Cuaderno 3, folio 3. [68] Cuaderno 3, folio 3. [69] Cuaderno 3, folio 4. [70] Cuaderno 3, folio 4. [71] Cuaderno 3, folio 4. [72] Cuaderno 3, folio 4. [73] Cuaderno 3, folio 2. [74] Cuaderno 3, folio 2. [75] Cuaderno 3, folio 3. [76] Cuaderno 3, folio 3. [77] Cuaderno 3, folio 4. [78] Cuaderno 3, folio 4. [79] Cuaderno 3, folio 4. [80] Cuaderno 3, folio 5. [81] Cuaderno 3, folio 2. [82] Cuaderno 3, folio 2. [83] Cuaderno 3, folio 11. [84] Cuaderno 3, folio 12. [85] Cuaderno 3, folio 4. [86] Cuaderno 3, folio 14. [87] Cuaderno 3, folio 15. [88] Cuaderno 3, folio 18. [89] Cuaderno 3, folio 1. [90] Cuaderno 3, folios 2-3. [91] Cuaderno 3, folio 3. [92] Cuaderno 3, folios 3-4. [93] Cuaderno 3, folio 2. [94] Cuaderno 3, folios 2-3. [95] Cuaderno 3, folio 3. [96] Cuaderno 3, folio 3. [97] En el presente acápite, se reiteran las consideraciones contenidas en las Sentencias T-253 de 2020 y T-496 de 2020, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora. [98] Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [99] Sentencia T-182 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. [100] M.P. Diana Fajardo Rivera. [101] Sentencias T-419 de 2018 y SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [102] M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [103] Algunas de estas consideraciones son tomadas, incluso literalmente, de la Sentencia SU-111 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [104] Sentencia T-290 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [105] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [106] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub [107] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [108] Cuaderno 1, folio 77. [109] Cuaderno 1, folio 78. [110] Cuaderno 1, folio 80. [111] La Corte recordó, en Sentencia SU-439 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos, que “(…) este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional”. En esta providencia, la Corte declaró improcedente la tutela, puesto que habían transcurrido once meses y un día desde que se profirió la resolución que era atacada vía este mecanismo constitucional, “término que resulta altamente irrazonable”. [112] Cuaderno 1, folio 35. [113] Sentencia T-662 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [114] Sentencias T-163 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-789 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-136 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras. [114] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [115] En la Sentencia T-694 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte llegó a esta misma conclusión, al analizar la subsidiariedad de una tutela promovida por una persona contra ECOPETROL por haber sido excluida de un proceso de selección a causa, según el demandante, de ser familiar de un exmilitante de las milicias campesinas del Casanare. En aquella ocasión, la Corte consideró que si bien se trataba de una empresa de economía mixta, sus relaciones laborales estaban regidas por el derecho privado. [116] Véanse, entre otras, las Sentencias T-009 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-547 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-134 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [117] Es pertinente recordar que los derechos fundamentales nacieron como una defensa de las personas frente al poder del Estado, de manera tal que este tuviera límites. En este sentido, originalmente los derechos eran exclusivamente oponibles al Estado. Sin embargo, la teoría jurídica evolucionó para ampliar la órbita de acción de los derechos fundamentales hacia las relaciones entre privados, bajo el entendido que aquellos no solamente pueden ser amenazados por el Estado, sino también por particulares (Anzures Gurría, J. J. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En: Revista Mexicana de Derecho Constitucional. N.º 22, enero-junio de 2010, pp. 3-51). [118] Esta Corporación ha resumido los hechos que originaron el Fallo Lüth de 1958 en los siguientes términos: “Eric Lüth, director de una organización de prensa privada, inició un boicot comercial para impedir la difusión de una película producida por el señor Veit Harlan, argumentando la cercanía de este último al régimen nacionalsocialista y su participación en la producción de películas antisemitas. Veit Harlan presentó una acción civil en la que solicitó como medida cautelar que se ordenara a Lüth suspender el boicot, pretensión que fue acogida por un Tribunal civil, en segunda instancia. Eric Lüth elevó un recurso de amparo contra esa decisión ante el Tribunal Constitucional alemán. Como argumento central de la demanda señaló que su actuación no era ilícita sino que se trataba de una manifestación legítima de la libertad de expresión” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa). El Tribunal Constitucional alemán consideró que los derechos fundamentales deben valer en todos los ámbitos del derecho debido a que tienen una dimensión objetiva, es decir, ellos constituyen un sistema de valores que irradia todas las relaciones sociales. Por tanto, estimó que el llamado al boicot en contra de un particular goza de la protección del derecho a la libertad de expresión. [119] Al respecto, ha indicado que “[l]a Constitución de 1991 se inspiró igualmente en el aporte jurisprudencial alemán, que se centró en el hecho de que los derechos constitucionales despliegan un efecto en el tráfico jurídico entre particulares” Sentencia T-148 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Véase, igualmente, la Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [120] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [121] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [122] De manera consolidada, la jurisprudencia constitucional ha tomado como referentes el Fallo Lüth y la doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán para la construcción del concepto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Ver, entre otras, las Sentencias T-009 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-547 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [123] Sentencias T-883 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [124] Al respecto, la Corte ha destacado que el principio de supremacía constitucional cumple una función integradora del orden jurídico (Sentencia C-054 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la cual coincide con la visión desarrollada por la jurisprudencia inicialmente de acuerdo con la cual las relaciones jurídicas privadas deben ajustarse al orden objetivo de valores establecido por la Carta. En este sentido, las normas constitucionales otorgan coherencia interna a todo el ordenamiento, incluso a las relaciones jurídicas entre los particulares. [125] Sentencias T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [126] Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [127] Sentencia T-335 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [128] Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [129] “La Corte considera que, de acuerdo con el inciso quinto del artículo 86 superior, al legislador le corresponde señalar los casos, esto es, las situaciones o las circunstancias en los que procede la tutela contra particulares. Por ende, no era atribución de la ley, so pretexto de dar cumplimiento a un mandato constitucional, determinar los derechos fundamentales que pueden ser invocados por el solicitante cuando el sujeto pasivo de la tutela es un particular (…)” (Sentencia C-134 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). [130] Sentencia T-351 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. [131] Al respecto, ha dicho la Corte: “No obstante, cabe distinguir entre las dos dimensiones de la cuestión bajo estudio porque sería errado concluir que la dimensión procesal configura totalmente la dimensión material (…). Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al “orden objetivo de valores” establecido por la Carta política de 1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional” (Sentencia T-632 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). Véase también la Sentencia T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [132] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [133] “En el plano de las relaciones privadas, la protección de los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal como una manifestación del principio de la igualdad, pues, precisamente ante las relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad de los derechos fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja sobre ella, y desde el punto de vista material, equivale a decir que quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses” (Sentencia T-689 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Véanse también las Sentencias T-375 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-883 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. [134] Ver, por ejemplo, Sentencias T-449 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-057 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-500 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-052 de 2020 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, entre otras. [135] Ver, por ejemplo, las Sentencias T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-050 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-121 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido; T-243 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera; y SU-420 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, entre otras. [136] Ver, por ejemplo, las Sentencias T-959 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-751 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; T-136 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-227 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras. [137] Ver, entre otras, las Sentencias C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [138] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [139] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [140] Sentencia C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. [141] En este sentido, la Corte ha sostenido que “(…) acarrearía riesgos a la seguridad jurídica: la indeterminación de las cláusulas iusfundamentales podría generar intensas divergencias en cuanto a su interpretación por parte de sujetos razonables, generaría cargas excesivas para algunos sujetos si se repara en la exigibilidad de protección a la integridad personal a un particular o de los contenidos prestacionales de los derechos, y podría limitar el ejercicio de la autonomía de la voluntad que es, en sí misma, expresión de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad”. [142] Sentencia T-611 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. [143] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [144] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [145] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [146] M.P. Fabio Morón Díaz. [147] M.P. María Victoria Calle Correa. [148] La Sala consideró que existía indefensión, “dada la superioridad social de la organización masónica frente a sus miembros” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa). [149] La Corte sostuvo que, en esa oportunidad, no se evidenció que la “solución de esa controversia sea una condición necesaria para asegurar el goce efectivo de un derecho fundamental, lo que explica que la Sala no se involucre en ella, sin que esta decisión cierre las puertas al actor para acudir a la administración de justicia si desea controvertir la decisión desde el plano de la legalidad, o si en su concepto, existe un daño que debe ser reparado en términos de responsabilidad extra civil (sic)” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa). [150] M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [151] Capítulo desarrollado con base en la Sentencia T-335 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [152] Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [153] Sentencia SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [154] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [155] Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [156] Sentencia T-335 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [157] Capítulo desarrollado con base en la Sentencia T-335 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [158] Ibidem. [159] Ibidem. [160] Ibidem. [161] Sentencia C-248 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [162] M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [163] Estas consideraciones fueron tomadas de la Sentencia C-265 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [164] Sentencia de la Corte Constitucional C – 269 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, reiterado en la sentencia C-365 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [165] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [166] Ibidem. [167] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [168] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-616/01. [169] Ibidem. [170] Sentencia C-616/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterada en sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [171] Sentencia T-425/92 M.P. Ciro Angarita Barón, reiterada en las sentencias C-616 de 2001 y C-228 de 2010. [172] Sentencia C – 524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. [173] Sentencia T – 579 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [174] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [175] Sentencia T-291 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [176] Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. La Corte expresó en esta oportunidad: “[El] Estado al regular la actividad económica cuenta con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general o bien común. En consecuencia, puede exigir licencias de funcionamiento de las empresas, permisos urbanísticos y ambientales, licencias sanitarias, de seguridad, de idoneidad técnica, etc., pero en principio y a título de ejemplo, no podría en desarrollo de su potestad de intervención interferir en el ámbito privado de las empresas, es decir, en su manejo interno, en las técnicas que se deben utilizar en la producción de los bienes y servicios, en los métodos de gestión, pues ello atentaría contra la libertad de empresa y de iniciativa privada (…)” (Énfasis agregado). [177] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub [178] Sentencia T-694 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [179] Sentencia T-247 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto. [180] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [181] Estatuto General del Transporte [182] Sentencia T-987 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [183] Ibidem. [184] Ibidem. [185] Ibidem. [186] Ibidem. [187] Al respecto el artículo 1782 del Código de Comercio dispone lo siguiente: ““por "autoridad aeronáutica" se entiende el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil o la entidad que en el futuro asuma las funciones que actualmente desempeña dicha Jefatura. || Corresponde a esta autoridad dictar los reglamentos aeronáuticos.” [188] Sentencia T-987 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [189] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [190] Cuaderno 1, folio 44. [191] Cuaderno 1, folio 110. [192] “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. [193] Cuaderno 1, folio 37. [194] De forma preliminar se estableció que la acción superaba la procedibilidad, en particular frente al requisito de subsidiariedad la ponencia argumentó que no existe ningún mecanismo judicial ordinario para controvertir la presunta discriminación por padecer VIH que se consideró generada por el retiro del aspirante del proceso de selección. En tal sentido, el demandante solo contaba con la acción de tutela. [195] Sobre este punto se explicó que el accionante, pese a la solicitud del médico, se abstuvo de informar que consumía medicamentos para el tratamiento del VIH. En efecto, la Sala comprobó que en el consentimiento informado que obra en el expediente no hay mención alguna del actor sobre los retrovirales que eran administrados para tratar su patología. De suerte que era imposible para los médicos y demás profesionales encargados de valorar la prueba científica, establecer si el resultado de “alterado” para anfetaminas fue consecuencia de una reacción cruzada ocasionada por la medicina con la que el peticionario trata su enfermedad. [196] Sentencia T-155 de 2017. Los orígenes de esta figura se remontan a las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013. [197] Sentencia T-060 de 2019. [198] Sentencia T-379 de 2018. [199] Cfr. sentencias SU-522 de 2019 y T-017 de 2020. Dichos casos no son taxativos; en la referida sentencia, la Corte indicó que la situación sobreviniente no es categoría totalmente delimitada y que fue diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las categorías originales de hecho superado y daño consumado. [200] Al resolver este asunto la Corte destacó que conforme la jurisprudencia este fenómeno se presenta cuando “(i) la vulneración cesó en cumplimiento de una orden judicial, (ii) la situación del accionante mutó, de tal forma que ya no requiere lo que había solicitado inicialmente, y (iii) se reconoció a favor del demandante un derecho, que hizo que perdiera el interés en el reconocimiento de lo que solicitaba en la tutela”. [201] Determinó que el accionante debía conservar su investidura. [202] Profirió una orden de libertad. [203] La Corte ha descrito la tarea que le ha encomendado la Constitución en el art. 241.9 (revisión de tutelas) como el análisis que conduce a un pronunciamiento cuyo “interés principal (…) no sea resolver el caso específico sino sentar una doctrina cuyo destinatario es el país entero, de forma que la sujeción a ésta por parte de las autoridades y los particulares vaya forjando una cultura de respeto de los derechos fundamentales”. Sentencias C-018 de 1993 y SU-055 de 2015. [204] Cfr. Sentencia T-049 de 2019. [205] De acuerdo con los conceptos especializados de las universidades Nacional y de Antioquia, las moléculas de los antirretrovirales que consume el actor no son reportadas como interferentes para el resultado de anfetaminas, es decir, no existen ensayos, estudios o hallazgos médicos que refieran interferencias de estos medicamentos con la prueba de anfetaminas. [206] No se demostró que se hubiese quebrantado la prohibición de realizar exámenes para determinar la presencia de este diagnóstico. El art. 21 del Decreto 1543 de 1997 dispone: “Prohibición para Realizar Pruebas. La exigencia de pruebas de laboratorio para determinar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) queda prohibida como requisito obligatorio para: (…) b. Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma. (…)”. [207] Quedó acreditado que no se desconoció el deber de reserva de la enfermedad, ni de la historia clínica. Ello de conformidad con los artículos 32 y 35 del Decreto 1543 de 2017 que indican: “Art. 32. Deber de la Confidencialidad. Las personas integrantes del equipo de salud que conozcan o brinden atención en salud a una persona infectada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), asintomática o sintomática, están en la obligación de guardar sigilo de la consulta, diagnóstico, evolución de la enfermedad y de toda la información que pertenezca a su intimidad. (…) Art. 35. Situación Laboral. Los servidores públicos y trabajadores privados no están obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En todo caso se garantizarán los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales de carácter laboral correspondientes.” Asimismo, con el parágrafo del art. 4 de la Resolución 2346 de 2007 que dispone que “el médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes”. Igualmente, se demostró que dentro del proceso de selección no constituía una restricción tener VIH y/o SIDA. [208] Es importante destacar que el Decreto 1543 de 1997 señala: “Art. 36. Deber de Informar. Para poder garantizar el tratamiento adecuado y evitar la propagación de la epidemia, la persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), o que haya desarrollado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y conozca tal situación está obligada a informar dicho evento, a su pareja sexual y al médico tratante o al equipo de salud ante el cual solicite algún servicio asistencial”. [209] Y en ese sentido, confirmar la sentencia de primera instancia.

T-015-21 Sentencia T-015/21 Referencia: Expediente T-7.890.464 Acción de tutela instaurada por Fanny Matilde Núñez Hernández actuando como agente oficiosa de César Núñez Roca contra la EPS Sanitas S.A. Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar,[1] que revocó la decisión del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Valledupar[2], que concedió la acción de tutela que aquí se revisa.[3] I. ANTECEDENTES La señora Fanny Matilde Núñez Hernández, en calidad de agente oficiosa de su padre César Núñez Roca, presentó acción de tutela en contra de la EPS Sanitas, por considerar que le fueron vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida digna como sujeto de especial protección, con la decisión de la EPS de suspenderle el servicio de enfermera en casa, requerido por sus padecimientos físicos. 1.     Hechos 1. El señor César Núñez Roca, de 102 años, padece demencia senil con algunas limitaciones funcionales, hipertensión arterial controlada, enfermedad ácido péptica y trauma en cadera derecha. Se encuentra afiliado actualmente a la EPS SANITAS en calidad de beneficiario. 2. Debido a los padecimientos del señor Núñez Roca y a su edad, la EPS MEDIMAS venía prestando el servicio de enfermería en casa todos los días de la semana, a través de la IPS MEDICAL HOMECARE S.A.S. En virtud del cierre de la sucursal del Cesar de la EPS MEDIMAS, por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, el señor Núñez Roca fue trasladado a la EPS SANITAS, a raíz de lo cual la IPS informó la cancelación de sus servicios y solicitó que se pusieran en contacto con la EPS SANITAS “para la continuidad de los servicios que requiere Usted como paciente…”[4] 3. En razón de lo anterior, la señora Fanny Matilde Núñez indica que recurrió a EPS SANITAS para que le continuaran prestando el servicio de enfermería a su padre, pero según criterio medico adujeron que no lo requería, y la agente oficiosa señala no entender “el sentido de su decisión ya que no es congruente con lo que se consignó en la historia clínica de fecha 26 de septiembre de 2019.”[5] 4. Advierte la señora Fanny Matilde que solo ella convive con su padre, ya que es su única hija y, que también pertenece a la tercera edad pues tiene 78 años de edad. Señala que “por mi condición no tengo la suficiente fuerza para atenderlo y suministrarle todo aquello que requiera mi padre, y además no cuento con los recursos económicos suficientes para trasladarlo hacia la E.P.S o I.P.S cuando se requiera una atención médica especializada, ya que lo que me dan mis vecinas o algunos familiares por caridad solamente me sirve para cubrir algunas necesidades básicas.” En consecuencia, solicita ordenar a la EPS Sanitas: (i) autorizar el servicio de enfermería en casa, todos los días de la semana para garantizarle a su padre una atención integral por sus padecimientos físicos; (ii) asumir todos los costos incluyendo ambulancias, exámenes, medicamentos, hospitalización, cirugías, procedimientos, viáticos, alojamiento, tratamientos asistenciales, terapias y todo lo necesario para la atención integral que ordene el médico tratante.[6] 2. Respuesta de la entidad accionada[7] 5. La Directora de Oficina de la EPS Sanitas S.A. señaló que en el caso del señor Núñez Roca no existe orden médica que constate la pertinencia y necesidad del servicio de enfermería “de acuerdo a validar la historia clínica del día 28/10/2019 -Neurología”. Advirtió “que la cobertura del servicio de enfermería está dada solo para el ámbito de la salud y no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social como es el caso de cuidadores o acompañantes. Lo que requiere el señor Núñez es la intervención de acompañante familiar para el cuidado de actividades básicas de la vida diaria.” Manifiesta que la EPS Sanitas ha realizado las gestiones necesarias para brindar todos los servicios médicos requeridos por el señor Núñez de acuerdo al Plan de Beneficios de Salud, previa solicitud del médico tratante y considera que la figura del cuidador de salud “debe ser asumida solidariamente por los integrantes del grupo familiar” pues esta tarea no puede delegarse en las entidades promotoras de salud. 3. Decisiones judiciales objeto de revisión 6. Primera Instancia. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar, en sentencia del 2 de diciembre de 2019,[8] decidió conceder el amparo solicitado y ordenar a la EPS Sanitas autorizar y garantizar al señor César Núñez Roca la continuidad en la prestación del servicio de enfermería, así como el tratamiento indicado en la prescripción médica de fecha 14 de abril de 2019 y proporcionarle atención integral para tratar las patologías de demencia vascular senil, hipertensión arterial controlada, enfermedad ácido péptica y trauma en cadera derecha. Además, resolvió que en el evento en que la EPS Sanitas deba suministrarle al tutelante, servicios médicos, medicamentos, intervenciones, cirugías o tratamiento ordenados por sus médicos tratantes que no se encuentren incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, adelantar en caso de ser procedente, el trámite administrativo de recobro ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES. 7. Impugnación. La EPS Sanitas cuestionó el fallo de primera instancia en escrito en el que solicitó la adición del fallo sobre la orden de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de enfermería tantas y cuantas veces indique el médico tratante adscrito a la red y no la limite únicamente a la orden médica obrante en el expediente, sino a la prescripción vigente.  Por otra parte, objetó la orden de tratamiento integral al señor Núñez, por cuanto reitera que se le están prestando todos los servicios en salud y considera que las órdenes del juez de tutela deben ir acompañadas de indicaciones precisas, pues no pueden ser indeterminadas ni reconocer prestaciones futuras e inciertas.[9] 8. Segunda instancia. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, en sentencia del 14 de febrero de 2020,[10] revocó el fallo de primera instancia por improcedente, luego de considerar que la decisión de la EPS Sanitas en relación con la prestación del servicio de enfermería, no es caprichosa, sino que se encuentra justificada con la evolución médica del 26 de septiembre de 2019, de manera que no existe orden médica del prestador adscrito a la EPS Sanitas respecto de este servicio. Sostiene el fallador que “lo que ha quedado en evidencia es que, so pretexto de las condiciones del paciente, su avanzada edad como la de su única hija, ésta pretendió con la tutela que el servicio de Auxiliar de Enfermería, sustituyera el rol de un CUIDADOR de personas en situación de dependencia, que es una figura totalmente distinta, entendida como aquel que realiza una actividad social, de ayuda y acompañamiento a quienes se hallan en total situación de dependencia, no relacionados con la garantía de los servicios de salud, el cual, no aparece incluido en el Plan de Salud.” Concluye que la parte demandante no demostró que careciera de recursos para contratar un cuidador, ni mencionó que no cuenta con el apoyo de otros familiares para su sostenimiento y el de su padre. 4. Actuaciones surtidas en sede de revisión 9.     Mediante Auto del 26 de octubre de 2020, la Magistrada sustanciadora decretó la práctica de pruebas a fin de esclarecer aspectos fácticos de la tutela objeto de estudio.[11] 10. En escrito recibido en el correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el Gerente de la IPS Medical Homecare S.A.S informa que prestó sus servicios al paciente César Núñez Roca, por siete meses aproximadamente y que “debido a su avanzada edad, presenta pluripatologías: HTA, Demencia senil, Enf. Acido péptico y Trauma Cadera Derecha”, por lo que se le autorizó un plan de manejo que incluía cuidado en casa, enfermería por 12 horas diarias, medicina general semanal, visita por medicina interna mensual y terapia física diaria. Manifiesta que al momento de ser remitido por orden de la Superintendencia Nacional de Salud a Sanitas EPS “éste se encontraba estable de salud, tolerando oxígeno ambiente, con dependencia total, debido a su patrón muscular y una de sus condiciones médicas (fractura de cadera). Esta última patología, implica una pérdida gradual de autonomía, que deriva en total dependencia, con consecuencias emocionales y familiares, que requiere vigilancia continua y que el tratamiento se adapte a su evolución; ya que se trata de un trastorno orgánico y funcional permanente, incurable, irreversible, con periodos de remisión y recaídas, ameritando cuidado paliativo por el dolor, la incomodidad y la disminución de actividad, que hace necesaria la utilización de servicios sanitarios. Por lo que se considera que el paciente al momento de su traslado a la otra E.P.S: REQUERÍA Y REQUIERE LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE SALUD, aplicado en su momento por la IPS MEDICAL HOMECARE S.A.S, que represento.” 11. La señora Fanny Matilde Núñez Hernández, en escrito también enviado por correo electrónico a la Secretaría de la Corte, respondió que no cuenta con un ingreso fijo mensual, solo recibe la ayuda de algunos familiares con el pago de la EPS y ni ella ni su padre reciben ningún beneficio económico del Estado. Manifiesta que, por la condición actual de salud de su padre, necesita el servicio de enfermería auxiliar para “una serie de terapias que son asistidas con antibióticos.” Sostiene que ella también es una persona de la tercera edad, que se encuentra impedida por padecer varias patologías médicas degenerativas como “escoliosis dorsolumbar, dextroconvexa grado II, osteoporosis, hipertrofia y esclerosis entre otras”, por lo cual considera que sería recomendable incluso que le extendieran el servicio de enfermería a “24 horas del día los 7 días de la semana, toda vez que por la noche mi padre se levanta varias veces y eso hace que mi estado de salud siga empeorando porque no cuento con la capacidad física de ayudarlo de manera adecuada y de asistirlo medicamente.” Anexa la evolución médica del señor Núñez Roca, del 23 de octubre de 2020 donde aparece ordenada por el médico tratante i) atención domiciliaria por medicina general y ii) “auxiliar de enfermería 12 horas diurnas a domicilio.”[12] 12. La representante legal para temas de salud y acciones de tutela de EPS Sanitas S.A. informa en su escrito que la suspensión del servicio de enfermería se fundamentó en el criterio del médico en la visita domiciliaria del 26 de septiembre de 2019, que como consta en el expediente señala: “sin criterio para solicitar aux de enfermería domiciliaria, por no cumplir con el protocolo, el paciente se encuentra en cuidado de familiar de la tercera edad, con ausencia de mas familiares que puedan hacerse cargo del paciente, con 1 sola hija.”[13] Sin embargo aclara que a raíz de la notificación del fallo de tutela de primera instancia que “ordenó la continuidad de la prestación del servicio de  enfermería de conformidad con lo ordenado por el galeno de su anterior EPS mediante orden médica del 14 de abril de 2019”, la EPS Sanitas S.A.S implementó el servicio de enfermería 12 horas con el prestador Coonsocial desde el día 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha. Remite la evaluación médica del 23 de octubre de 2020 que al final ordena dicho servicio como se mencionó anteriormente.[14] Sin embargo, la representante legal de la EPS Sanitas, luego de comparar el servicio de enfermería auxiliar con el de cuidador concluye que “teniendo en cuenta las historias clínicas y las atenciones requeridas por el paciente, es claro que lo que requiere es apoyo en actividades de cuidado básico y que son propias de un familiar.” 13. Unos días después, la representante legal de Sanitas, envía una segunda respuesta con una nueva valoración médica del 13 de noviembre, para señalar que “de acuerdo con las condiciones actuales del usuario lo que requiere es un acompañamiento para sus cuidados básicos, funciones que puede desempeñar un cuidador familiar.”[15] II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia 14. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[16] 2. Procedibilidad de la acción de tutela 15. Para la Sala, la acción de tutela revisada es procedente en razón a que cumple con los requisitos básicos exigidos por la Constitución. A saber: (i) Fue interpuesta por Fanny Matilde Núñez Hernández, en calidad de agente oficiosa[17] de su padre César Núñez Roca, quien no puede agenciar por sí mismo sus derechos dada su edad y condición física. (ii) Se presentó en contra[18] de una entidad que presta el servicio público de salud[19] (EPS SANITAS) por suspender el servicio de enfermería que considera necesario para el cuidado de su padre. (iii) Se reclaman los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud. (iv) La tutela se interpuso en un término prudencial (menos de dos meses) entre la actuación que supuestamente vulneró los derechos del agenciado y la presentación de la acción (inmediatez). Y (v) la parte actora, la hija del señor Núñez Roca, no contaba con otro medio judicial ordinario de defensa idóneo y eficaz (subsidiariedad),[20] para solicitar la protección de los derechos de su padre, sujeto de especial protección constitucional tanto por tratarse de un adulto mayor, con 102 años, como por los múltiples padecimientos de salud y la situación de discapacidad física y mental en la que se encuentra. 3. Problema Jurídico y estructura de la Decisión 16. De acuerdo con los hechos y pruebas descritas, le corresponde a esta Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Una entidad que asume garantizar la prestación de los servicios de salud (EPS), por decisión de traslado de la Superintendencia de Salud, vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una persona de muy avanzada edad (102 años) que sufre graves padecimientos de salud, al suspenderle el servicio de enfermería en casa suministrado por la EPS anterior, sin tener en cuenta adicionalmente que la única familiar con quien convive y que podría ejercer tareas de cuidado, es también un adulto mayor que por su edad (78 años) y estado de salud, no cuenta con las condiciones para hacerlo? 17. Para dar respuesta a este interrogante, la Sala (i) reiterará el precedente constitucional sobre el derecho a la continuidad del servicio de salud; (ii) se referirá al servicio de enfermería y la diferencia con el servicio de cuidador; y, finalmente, (iii) resolverá el problema jurídico que se presenta en este caso. 4. El derecho a la continuidad del servicio de salud 18. El derecho a la salud tiene una doble connotación: (i) es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable cuyo contenido y alcance ha sido definido por el legislador estatutario[21] y por la jurisprudencia constitucional,[22] (ii) es un servicio público que, de acuerdo con el principio de integralidad,[23] debe ser prestado de “manera completa”, vale decir, con calidad y en forma eficiente y oportuna.[24] 19. Esta Corporación se ha referido a la integralidad en la prestación de los servicios de salud como la atención y el tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante.[25] Según la Sentencia C-313 de 2014 que ejerció el control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental de salud, el principio de integralidad irradia el sistema, determina su lógica de funcionamiento y envuelve la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio de adoptar todas las medidas necesarias encaminadas a brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas.[26] También ha reconocido la Corte, que cuando no es posible la recuperación de la salud, en todo caso deben proveerse los servicios y tecnologías necesarios para sobrellevar la enfermedad manteniendo la integridad y dignidad personal del paciente, de modo que su entorno sea tolerable y adecuado.[27] 20. Uno de los elementos esenciales del principio de integralidad del servicio de salud es la garantía de su prestación sin interrupciones y es por ello que el legislador estatutario estableció el principio de continuidad, como el derecho a recibir los servicios de salud de manera continua, de manera que “una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas.”[28] 21. La jurisprudencia constitucional también ha desarrollado ampliamente el derecho a la continuidad en el servicio de salud para lo cual ha establecido y reiterado criterios que deben tener en cuenta la Entidades Promotoras de Salud a fin de garantizar la continuidad de tratamientos médicos ya iniciados.[29] Así mismo, la Corte ha identificado una serie de eventos en los que las EPS no pueden justificarse para abstenerse de continuar con la prestación de estos servicios,[30] en razón de los principios de efectividad y eficiencia pero también “en virtud de sus estrecha relación entre el acceso efectivo al Sistema de Salud, como servicio público, y el postulado de confianza legítima, derivado del principio de la buena fe (art. 83 de la C.P.), según el cual, los ciudadanos gozan de la certeza de que su entorno no sufra modificaciones abruptas que no desarrollen un fin constitucional legítimo. En el ámbito de la salud, tal certeza se materializa en la garantía de que a los afiliados no se les interrumpirá injustificadamente su tratamiento médico”[31] o cualquiera que sea el servicio de salud que se esté prestando, cuya interrupción ponga en peligro los derechos fundamentales a la salud, a la integridad o a la dignidad de los pacientes. 22. Particularmente, la Corte se ha referido al derecho a la continuidad del servicio de salud cuando se trata de traslados excepcionales de EPS ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud en virtud de revocatorias de habilitación o de intervenciones forzosas para liquidación, pues se trata de trámites administrativos que no tienen por qué afectar la prestación efectiva del servicio ni poner en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios. En casos como estos, ha sostenido la Corte que “las obligaciones y deberes relacionadas con el servicio de salud en cabeza de la EPS cedente se trasladan a la entidad cesionaria, por lo que esta última asume la obligación y el deber de prestar dicho servicio de salud a los afiliados cedidos en los términos establecidos en la Constitución y la ley, como aplicación al principio de continuidad.”[32] 23. Vistas las reglas constitucionales sobre la continuidad del servicio de salud que reclama la accionante en nombre de su padre, pasa la Sala a referirse a las reglas constitucionales referentes al tipo de servicio requerido por éste. 5. La atención domiciliaria: el servicio de auxiliar de enfermería y el servicio de cuidador 24. La atención domiciliaria es una “modalidad extramural de prestación de servicios de salud extra hospitalaria que busca brindar una solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de salud y la participación de la familia”[33] y se encuentra contemplada en la última actualización del Plan de Beneficios en Salud (PBS) como un servicio que debe ser garantizado con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).[34] 25. El servicio de auxiliar de enfermería como modalidad de la atención domiciliaria, según lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, es aquel que solo puede ser brindado por una persona con conocimientos calificados en salud. Es diferente al servicio de cuidador que se dirige a la atención de necesidades básicas y no exige una capacitación especial.[35] Es importante explicar las características de ambos servicios a la luz de la legislación y la jurisprudencia para comprender cuando cada uno es procedente. 26. El servicio de auxiliar de enfermería: i) constituye un apoyo en la realización de procedimientos calificados en salud,[36] ii) es una modalidad de atención domiciliaria en las resoluciones que contemplan el PBS, iii) está incluido en el PBS en el ámbito de la salud, cuando sea ordenado por el médico tratante[37] y iv) procede en casos de pacientes con enfermedad en fase terminal, enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida de conformidad con el artículo 66 de la Resolución 3512 de 2019. 27. En lo que respecta al servicio del cuidador, la jurisprudencia de la Corte destaca que: i) su función es ayudar en el cuidado del paciente en la atención de sus necesidades básicas, sin requerir instrucción especializada en temas médicos.[38] ii) Se refiere a la persona que brinda apoyo físico y emocional en el cuidado de otra persona que sufre una enfermedad grave, congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad, que depende totalmente de un tercero, sin que ello implique la sustitución del servicio de atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de las EPS.[39]  iii) Se trata de un servicio que debe ser brindado principalmente por los familiares del paciente, en atención a un primer nivel de solidaridad que corresponde a los parientes de un enfermo. Sin embargo, excepcionalmente una EPS podría estar obligada a prestar el servicio de cuidadores con fundamento en el segundo nivel de solidaridad para con los enfermos en caso de que falle el primer nivel por ausencia o incapacidad de los familiares y cuando exista orden del médico tratante,[40] como se explica a continuación. 28. De acuerdo con la interpretación y el alcance que la Corte ha atribuido  al artículo 15 de la Ley estatutaria 1751 de 2015, esta norma dispone que todo servicio o tecnología que no esté expresamente excluido del Plan Básico de Salud, se entiende incluido en éste, razón por la cual debe ser prestado.[41] En relación con el servicio de cuidador, el tema que se plantea es que la posibilidad de que una EPS preste el servicio de cuidadores no está expresamente excluido del listado previsto en la Resolución 244 de 2019,[42] pero tampoco se encuentra reconocido en el Plan Básico de Salud, cuya última actualización es la Resolución 3512 de 2019. 29. Frente a este contexto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como una medida de carácter excepcional, la EPS deberá prestar el servicio de cuidador cuando se cumplan dos condiciones: (1) exista certeza médica sobre la necesidad del paciente de recibir este servicio; y (2) la ayuda como cuidador no pueda ser asumida por el núcleo familiar del paciente, por ser materialmente imposible. Por imposibilidad material se entiende que el núcleo familiar del paciente: (i) no cuenta con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, por falta de aptitud en razón a la edad o a una enfermedad, o porque debe suplir otras obligaciones básicas, como proveer los recursos económicos básicos de subsistencia. (ii) Resulta imposible brindar el entrenamiento adecuado a los parientes encargados del paciente. Y (iii) carece de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación del servicio.[43] 30. En conclusión, para prestar cuidados especiales a un paciente en su domicilio es necesario verificar: (i)  una orden proferida por el profesional de la salud, si se trata del servicio de enfermería, y (ii) en casos excepcionales si el paciente requiere el servicio de cuidador y este no puede ser garantizado por su núcleo familiar por imposibilidad material, es obligación del Estado suplir dicha carencia y en tales casos se ha ordenado a las EPS suministrar el servicio para apoyar a las familias en estas excepcionales circunstancias, cuando el cuidador sea efectivamente requerido. 31. Vistas las reglas constitucionales aplicables, pasa la Sala resolver el problema jurídico planteado en este caso. 6. Suspender los servicios de salud requeridos por el señor Cesar Núñez Roca, desconoció sus derechos fundamentales 32. De acuerdo con los hechos narrados en la parte inicial de esta sentencia, el señor César Núñez Roca, que cuenta actualmente con 102 años, padece demencia senil con algunas limitaciones funcionales, hipertensión arterial controlada, enfermedad ácido péptica y trauma en cadera derecha. Su hija, Fanny Matilde Núñez Hernández, actuando como su agente oficiosa, quien tiene 78 años, señaló que César Núñez Roca está a su cargo; ella es el único familiar con quien convive y es su apoyo físico, emocional y afectivo. Sin embargo, sostiene que, por su edad y sus propios padecimientos físicos, como son sus problemas de espalda,[44] no tiene la salud, ni la fuerza, ni los conocimientos para atenderlo en sus necesidades cotidianas. Igualmente señaló que no cuenta con los recursos médicos para trasladarlo cada vez que lo requiere. 33. En razón a lo anterior, la parte actora solicitó a la EPS SANITAS S.A. continuar con el servicio de enfermería en casa todos los días de la semana, que EPS MEDIMAS le venía prestando a través de la IPS MEDICAL HOMECARE S.A, antes de la revocatoria de funcionamiento de esta EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento del Cesar, pero la EPS se negó a seguirlo prestando con fundamento en una valoración médica del 26 de septiembre de 2019, que textualmente señaló: “SIN CRITERIO PARA SOLICITAR AUX DE ENFERMERIA DOMICILIARIA, POR NO CUMPLIR CON EL PROTOCOLO, EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CUIDADO DE FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD, CON AUSENCIA DE MAS FAMILIARES QUE PUEDAN HACERSE CARGO DEL PACIENTE, CON 1 SOLA HIJA.” 34. Es importante advertir, de acuerdo con lo manifestado por la representante de la EPS Sanitas, que esta entidad empezó a prestar de nuevo el servicio de enfermería al señor César Núñez Roca a partir del fallo de tutela de primera instancia y lo ha seguido cubriendo no obstante que dicha decisión fuera revocada por el juez de segunda instancia y a pesar de encontrarse en desacuerdo con la orden, como lo manifestó en la impugnación del fallo y en sus escritos presentados en sede de revisión. La representante de la EPS Sanitas considera que el señor Núñez Roca no necesita el servicio de auxiliar de enfermería sino la atención de un cuidador, labor que, en su concepto, tiene que ser asumida por un familiar en virtud del principio de solidaridad, razón por la cual corresponde emitir un pronunciamiento de fondo. 35. Esta Sala reitera la jurisprudencia constitucional en virtud de la cual los adultos mayores, como sujetos de especial protección constitucional,[45] tienen derecho a una protección reforzada en salud, en atención a su condición de debilidad manifiesta.[46] Pero además es importante resaltar, en este caso que estamos en presencia de una persona de la tercera edad que supera los 100 años, por lo cual se trata de un adulto mayor entre los mayores, que son sujetos de especialísima protección constitucional y por lo tanto de acuerdo con el legislador estatutario “… su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica.”[47] Estos adultos mayores entre los mayores, presentan una mayor vulnerabilidad que se evidencia en la fragilidad y deterioro continuo de su cuerpo y su salud, por lo que el Estado está en la responsabilidad de cuidar y proteger para brindarles un entorno digno y seguro en sus últimos años de vida. 36. En razón de lo anterior, no comparte esta Sala el concepto de la entidad accionada que considera que el señor Núñez Roca solo necesita un servicio de cuidador y que además ha olvidado señalar las últimas patologías padecidas por el paciente, entre las que se destacan la enfermedad pulmonar y las infecciones en vías urinarias de conformidad con las valoraciones médicas de los últimos meses remitidas por Sanitas EPS.[48] 37. No obstante, la explicación de por qué la EPS no destaca la información acerca de las enfermedades que ha padecido el señor Núñez Roca puede encontrarse en algunas fallas de proceso que ocurrieron durante este trámite. En efecto, al solicitar la información clínica sobre el señor Núñez Roca, la EPS no la remitió completa[49], omitiendo resaltar en sus escritos aspectos cruciales del diagnóstico y de las órdenes médicas[50]. Esta falla en el proceso, que corresponderá a la propia EPS y a los órganos de control verificar si se realizó con intención, constituye en sí misma una violación adicional a los derechos fundamentales. 38. Que existan errores en los procedimientos de atención médica de cuando en vez es comprensible. Son problemas propios de las actividades que se deben llevar a cabo. Pero que estos problemas y errores ocurran en el caso de un sujeto de especialísima protección constitucional, y se sigan cometiendo en el marco de un proceso judicial de acción de tutela que llega a ser conocido por la Corte Constitucional en sede de revisión, demanda una protección adicional. Sin embargo, tomando en consideración que Sanitas EPS ha continuado prestando el servicio de enfermería acatando el fallo del juez de primera instancia, esta sala considera que es suficiente la decisión que aquí se adopta y cuyo cumplimiento podrá ser verificado por la Superintendencia Nacional de Salud en uso de sus atribuciones legales si llegara a ser necesario. 39. Así, la Sala considera que debe tutelar los derechos del señor César Núñez Roca y ordenar que se continúe con la prestación del servicio de auxiliar de enfermería, de conformidad con el criterio planteado por el gerente de la IPS MEDICAL HOMECARE S.A que venía prestando dicho servicio con la EPS anterior, pero especialmente de acuerdo con la receta de la orden del médico tratante de COONSOCIAL en la evolución médica del 23 de octubre de 2020 remitida por la hija del accionante.[51] 7. La Señora Fanny Matilde Núñez Hernández, hija del Señor Núñez Roca, también es un adulto mayor que merece la especial protección del Estado 40. De los hechos descritos en la parte inicial de esta sentencia, también ha quedado establecido que la señora Fanny Matilde Núñez Hernández, es un adulto mayor y por lo tanto sujeto de especial protección constitucional quien requiere la ayuda del Estado para poder cuidar de su padre ante sus propios padecimientos físicos acreditados en el expediente[52] y su carencia de recursos económicos, razones que la llevan a acudir a la acción de tutela como único mecanismo para cumplir con su deber de cuidado y amor hacia su progenitor. En tal medida, la protección de los derechos del Señor Núñez Roca es también una protección de los derechos de su hija, la Señora Fanny Matilde Núñez Hernández. El incumplimiento de la orden acá dispuesta, por tanto, es una violación de los derechos de éste, pero también de la salud y la dignidad de ella. 41. Por último, esta Sala considera que las entidades encargadas de la prestación de los servicios de salud no pueden tomar decisiones que afecten el acceso a los servicios requeridos, especialmente de aquellos que ya han sido considerados y garantizados, en este caso como ya se dijo, a un adulto mayor entre los mayores, sin contar con un debido proceso que les permita participar en la toma de decisiones que claramente afecta sus derechos, fundamento del orden constitucional vigente (Art. 2 de la Constitución Política). 42. Es importante insistir a la EPS Sanitas que en el futuro se abstenga de valorar o enviar a los jueces de tutela información incompleta sobre las valoraciones médicas de los pacientes como en el presente caso en que olvidó adjuntar la receta de la orden del servicio de auxiliar de enfermería del 23 de octubre de 2020. 8. Síntesis 43. En el asunto analizado, la Sala estudió el caso del señor Cesar Núñez Roca, a quien la EPS SANITAS le suspendió el servicio de auxiliar de enfermería que le venía prestando su EPS anterior en consideración a su avanzada edad (102 años) y a sus múltiples patologías, por considerar que el paciente sólo requiere el servicio de un cuidador que debe ser prestado por un familiar. Su única hija, también adulto mayor (78 años), considera que necesita el servicio de una persona especializada en salud, dadas las continuas afectaciones que está sufriendo su padre, a su incapacidad de atenderlo por los padecimientos físicos que ella misma padece y a la falta de recursos para trasladarlo cada vez que requiere atención especializada. 44. Al respecto, la Corte encontró que existe la orden médica de la Empresa de Atención Médica Domiciliaria Coonsocial del 23 de octubre del 2020, (con la cual trabaja Sanitas EPS) así como concepto médico de la IPS Medical Homecare S.A. de la EPS anterior, sobre la necesidad de continuidad del servicio de auxiliar de enfermería, por lo cual se concluyó que es procedente el amparo de los derechos del señor César Núñez Roca para evitar que sean amenazados o vulnerados. 45. Bajo ese panorama, la Sala revocará la Sentencia proferida el 14 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, que revocó la emitida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de conocimiento de Valledupar. En su lugar, se protegerán los derechos fundamentales del señor Cesar Núñez Roca a la salud y a la vida digna ordenando la continuidad del servicio de auxiliar de enfermería que deberá ser valorado por sus médicos tratantes para evaluar si requiere ser extendido a horas adicionales, fundándose en criterios médicos, el conocimiento científico aplicable, y en la mejor evidencia según las particulares condiciones del paciente y su muy avanzada edad. III. DECISIÓN Se reitera que una entidad que asume garantizar la prestación de los servicios de salud (EPS), por decisión de traslado de la Superintendencia de Salud, vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una persona de muy avanzada edad que sufre graves padecimientos de salud (102 años), al suspenderle el servicio de enfermería en casa suministrado por la EPS anterior. La violación es especialmente grave si se trata de una persona de edad muy avanzada (mayor dentro de las mayores) que convive solamente con un familiar que también es una persona de la tercera edad (78 años) y que no cuenta con la las condiciones físicas ni económicas para hacerlo. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero.- REVOCAR la Sentencia proferida el 14 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar, que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de conocimiento de Valledupar y, en su lugar, confirmar parcialmente la decisión del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Valledupar, emitida el 2 de diciembre de 2019, en el sentido de amparar los derechos a la salud, a la vida digna y a la seguridad social del señor César Núñez Roca. Adicionalmente, se tutelarán los derechos a la salud y a la vida digna de la señora Fanny Matilde Núñez Hernández por las razones expuestas en esta providencia. Segundo. -  Ordenar a EPS SANITAS S.A. que continúe prestando el servicio de auxiliar de enfermería al señor César Núñez Roca, en los términos dispuestos por la orden médica más reciente que así lo haya ordenado. Cualquier modificación al respecto deberá contar con el debido respaldo médico. Tercero. - Advertir a la EPS Sanitas S.A. que se abstenga de suspender u obstaculizar los servicios que requiera el señor César Núñez Roca, y de imponer cargas irrazonables y desproporcionadas a la señora Fanny Matilde Núñez Hernández. Cuarto. – Remitir al Juzgado de primera instancia el expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se retomen actividades normales, la Secretaria General de la Corte Constitucional deberá enviar el expediente físico al despacho correspondiente. Quinto. - Librar las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Sentencia proferida el 14 de febrero de 2020. [2] Sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019. [3] El proceso de la referencia fue seleccionado para su revisión por la Sala de Selección Número Cuatro conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos mediante Auto del 18 de septiembre de 2020. [4] Folio 23 del cuaderno principal del expediente, en el que obra el escrito de tutela (en adelante, cuando se haga alusión a un folio del expediente, se entenderá que se hace referencia al cuaderno principal, salvo que se diga algo diferente). [5] Expediente Folio 21. “Diagnósticos: AlZHEIMER HTA CONTROLADA DEMENCIA SENIL ENFERMEDAD ACIDO PÉPTICA. ANAMNESIS: “PACIENTE MASCULINO DE 100 AÑOS DE EDAD QUIEN SE VALORA EN COMPAÑÍA DE FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD CON DX YA ANOTADOS, EN EL MOMENTO EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL HIDRATADO, DESORIENTADO EN TIEMPO ESPACIO Y LUGAR, SIN CRITERIO PARA SOLICITAR AUX DE ENFERMERIA DOMICILIARIA, POR NO CUMPLIR CON EL PROTOCOLO, EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CUIDADO DE FAMILIAR DE LA TERCERA EDAD, CON AUSENCIA DE MAS FAMILIARES QUE PUEDAN HACERSE CARGO DEL PACIENTE, CON 1 SOLA HIJA.” [6]  Expediente. Folios 1 y 2 del cuaderno principal. [7] 22 de noviembre de 2019 Folios 38 a 49. [8] Folios 50 a 54 [9] Folios 60 a 71. [10] Folios 75 a 86. [11] Solicitó i) a la señora Fanny Matilde Núñez Hernández remitir copia de la cédula de ciudadanía del señor Núñez Roca, indicar sus ingresos mensuales y si reciben algún beneficio económico de alguna entidad pública o privada, información sobre el estado de salud del accionante y las razones por las que considera que su padre requiere el servicio de enfermería; ii) a EPS Sanitas remitir copia de la decisión por la cual se resolvió suspender el servicio de enfermería, informar sobre el estado de salud del paciente antes de la presentación de la tutela, en el momento en que la EPS asumió el servicio y en la actualidad, remitir la más reciente evaluación médica informando si requiere el servicio de enfermería o el servicio de cuidador atendiendo a su edad y estado de salud; iii) a IPS Medical Homecare S.A.S informar durante cuánto tiempo prestó el servicio de hospitalización en casa al señor Núñez Roca y si al momento de la cancelación de los servicios por traslado de EPS, en su concepto el paciente requería la continuidad del servicio atendiendo a sus padecimientos y su grado de dependencia en ese momento. [12] Evaluación médica firmada por el Dr. Jorge Eliecer Pérez Mendoza, quien realizó la mayoría de las visitas domiciliarias al señor Núñez Roca en el último año, de acuerdo con los reportes de Sanitas EPS. [13] Folio 21. [14] De acuerdo con la evaluación completa anexada por la señora Fanny Matilde Núñez Hernández. [15] Firmada por el Dr. Federico Antonio Caicedo Ponce. [16] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [17] La Corte ha considerado que la existencia de la agencia oficiosa exige observar: (i) la manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal, y (ii) que se evidencie que el titular del derecho fundamental no está en condiciones para promover su propia defensa. Además, las acciones de tutela presentadas por familiares de personas en condición de vulnerabilidad cumplen el requisito de legitimación en la causa con la figura de la agencia oficiosa. Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-424 de 2018 y T-061 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [18] La Corte considera que este requisito se acredita cuando la tutela se interpone contra particulares que, según el Decreto 2591 de 1991, prestan servicios públicos, o cuando existe una relación de indefensión o subordinación. Al respecto se encuentra, entre otras, la Sentencia T-430 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [19] El inciso 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, señala que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad encargada de la prestación del servicio público de salud, como es el caso de la EPS Sanitas. [20] Según los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos o eficaces según las circunstancias del caso concreto, o cuando se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable. [21] Ley Estatutaria 1751 de 2015. La revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 Senado y 267 Cámara, fue hecha por la Corte en la Sentencia C-313 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo [22] Sentencia T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Señaló que la salud es “un derecho complejo, tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general.” Además, la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Constitucional. Ver entre otras, las sentencias: C-936 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-418 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa; T-539 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-499 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-745 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; T-094 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-014 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [23] Artículo 8 de la Ley 1751 de 2015. [24] De acuerdo con la Sentencia T-612 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), la calidad consiste en “que los tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los pacientes”. Así mismo, la eficiencia “implica que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir”. Que sea oportuna hace referencia a que la persona “debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros.” [25] Sentencia T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “El principio de integralidad ha sido postulado por la Corte Constitucional ante situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos son fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la entidad responsable solo le autoriza una parte de lo que debería recibir para recuperar su salud y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del servicio médico requerido. Esta situación de fraccionamiento del servicio tiene diversas manifestaciones en razón al interés que tiene la entidad responsable en eludir un costo que a su juicio no le corresponde asumir.” [26] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Acápite 5.2.8.3. [27] Sentencia T-402 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. [28] Literal d) Artículo 6 Ley 1751 de 2015. [29]Ver Sentencia T-1198 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), posición reiterada en las sentencias T-164 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y T-505 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y T-124 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras. Estos criterios son: “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.” [30] Ver Sentencia T-170 de 2002 (Manuel José Cepeda Espinosa,) posición reiterada en las sentencias C-800 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda; T-140 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-281 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-479 de 2012 y T-531 de 2012. M.P.  (e) Adriana María Guillén Arango, entre otras. Estos eventos son: “i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo; (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene prestando.” [31] Sentencia T-314 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. [32] Sentencia T-673 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver, entre otras, las sentencias T-362 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-681 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio; T-169 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-974 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería. [33] Resolución 3512 de 2019 artículo 8 numeral 6. Última actualización del Plan de Beneficios en Salud. [34] El Artículo 26 Resolución 3512 de 2019 contempla esta modalidad de atención como alternativa a la atención hospitalaria institucional y establece que será cubierta por el PBS con cargo a la UPC, en los casos en que el profesional tratante estime pertinente para cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. [35] Ver, entre otras, las sentencias T-260 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-336 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-458 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, en las cuales se explican las diferencias entre los dos tipos de servicio. [36] Sentencia T-471 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. [37] Artículo 26 Resolución 3512 de 2019. [38] Sentencia T-471 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. [39] Numeral 3 del artículo 3 de la Resolución 1885 de 2018 “Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, de servicios complementarios y se dictan otras disposiciones.” [40] Sentencias T-423 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz; T-458 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, y T-414 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. [41] Entre otras, las sentencias T-364 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-458 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [42] “Por la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud”. [43] Al respecto pueden ser consultadas, entre otras, las sentencias T-423 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz; T-065 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos, y T-458 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [44] Anexó historia clínica en su respuesta al Auto del 26 de octubre de 2020. [45] Artículo 46 de la Constitución. [46]Sentencia T-527 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Providencia citada entre otras, en las sentencias T-746 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y T-491 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. Ver también, las sentencias T-1034 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-296 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-405 de 2017. M.P. (e) Iván Escrucería Mayolo; y T-485 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. [47]Artículo 11 de la Ley 1751 de 2015. [48] La EPS envío a la Corte mediante correo electrónico las valoraciones médicas correspondientes a las visitas domiciliarias realizadas al señor Núñez Roca. [49] La valoración del 23 de octubre de 2020 remitida como soporte por la EPS Sanitas mediante correo electrónico a la Secretaría de la Corte, no incluye la receta médica que ordena el servicio de enfermería por 12 horas diurnas a domicilio, firmada por el Dr. Jorge Eliecer Pérez Mendoza y que fue anexada por la hija del señor Núñez Roca. [50] Los escritos de la EPS Sanitas enviados a Secretaría, mediante correo electrónico, afirmando que en su criterio el paciente requiere el servicio de cuidador que debe ser prestado por un familiar, olvidan destacar las enfermedades más recientes que ha padecido el señor Núñez Roca y que se pueden leer en las valoraciones enviadas por la EPS. En efecto, en las valoraciones del 5 de agosto y del 7 de septiembre de 2020 se le diagnosticó EPOC de acuerdo con los soportes enviados y se puede evidenciar que el paciente presenta infecciones urinarias. [51]Respuesta de la señora Fanny Matilde Núñez Hernández al Auto del 26 de octubre del 2020. P. 7. [52] Ibídem, anexos 5 y 6.

T-017-21 Sentencia T-017/21 Referencia: Expediente T-7.913.508 Acción de tutela interpuesta por la ciudadana Carmen Lucía Zuluaga Mejía contra la E.P.S Servicio Occidental de Salud S.A.- S.O.S S.A. Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger -quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de las decisiones judiciales emitidas, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo - Valle, el trece (13) de enero de dos mil veinte (2020)[1] y, en segunda instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo -Valle, el dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020)[2], dentro de la acción de tutela promovida por la señora Carmen Lucía Zuluaga Mejía contra la E.P.S Servicio Occidental de Salud S.A.- SOS S.A (en adelante EPS SOS). I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Cuatro[3] de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. De los hechos y las pretensiones El 27 de diciembre de 2019 la ciudadana Carmen Lucía Zuluaga Mejía interpuso acción de tutela en contra de la EPS SOS, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por la entidad accionada. Dentro del proceso de revisión del expediente de la referencia se consideraron los siguientes hechos: 1.1.    La señora Carmen Lucía Zuluaga Mejía de 44 años de edad[4], padece, desde su nacimiento, una condición de discapacidad denominada cifoescoliosis toracolumbar severa[5] y actualmente cuenta con diagnóstico médico de otras cifosis y las no especificadas[6]. 1.2.    La accionante se encuentra afiliada a la EPS SOS en el régimen contributivo[7], la cual desde hace 10 años le prestaba el servicio de transporte en ambulancia desde el municipio de Roldanillo – Valle, a la ciudad de Cali y viceversa[8], para realizarse dos sesiones diarias de hidroterapia, de lunes a viernes[9], necesarias después de una cirugía de reconstrucción de espalda a la que tuvo que someterse[10]. 1.3.    En el mes de octubre de 2019 cambió la IPS que prestaba el servicio de transporte ambulatorio y la nueva institución prestadora, Cardio Urgencias Tuluá S.A.S., exige, como requisito de traslado, que la paciente cuente con un acompañante dentro del primer o segundo grado de consanguinidad[11]. Frente a tal requerimiento la accionante solicitó la exoneración por no contar con un familiar que tenga dicha disposición; sin embargo, la entidad indicó que esa autorización debía darla la EPS a la que se encuentra afiliada[12]. 1.4.    El 2 de diciembre de 2019 la señora Carmen Lucía radicó un derecho de petición ante la EPS SOS en el que solicitó la exoneración del requisito de acompañante. Argumentó que las personas que conforman su núcleo familiar no cuentan con las condiciones físicas para acompañarla, además sostuvo que desde hace 8 años asiste a sus sesiones de hidroterapia sin ningún tipo de compañía, ya que no la requiere[13]. 1.5.    El 4 de diciembre de 2019 la EPS SOS negó la petición de la señora Carmen Lucía Zuluaga. Al respecto, adujo la importancia del cuidado del paciente en el medio de transporte y concedió la posibilidad de que la peticionaria tomara el servicio en compañía de un conocido o amigo cercano que estuviera al tanto de sus condiciones de salud[14]. 1.6.    Inconforme con la respuesta de la EPS y padeciendo las consecuencias de tener suspendido el tratamiento terapéutico por no contar con acompañante, Carmen Lucía Zuluaga Mejía decidió interponer acción de tutela[15] (con medida provisional de asignación de un enfermero acompañante para dar continuidad a su tratamiento). La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, cuya pretensión consistió en que la EPS accionada otorgara un enfermero como acompañante para los traslados a sus terapias, ya que ella no cuenta con una persona que tenga la disponibilidad para hacerlo. 2.  Contestación de la acción de tutela En Auto interlocutorio del 27 de diciembre de 2019[16], el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo - Valle, avocó conocimiento de la acción, corrió traslado a la entidad accionada, vinculó al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, a la IPS Cardio Urgencias Tuluá S.A.S, y decidió negar la solicitud de medida provisional invocada por no advertir la urgencia de protección de un derecho fundamental. 2.1.    Intervención de la parte accionada y las entidades vinculadas E.P.S Servicio Occidental de Salud S.A[17] 2.1.1. La Administradora de la Agencia de Tuluá de la Entidad Promotora de Salud, Servicio Occidental de Salud S.A- S.O.S, mediante escrito allegado el 2 de enero de 2020, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por la inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno. Sostuvo que la accionante se encuentra afiliada a la entidad accionada en el régimen contributivo y que los servicios que ha requerido para la atención de sus condiciones de salud han sido prestados de manera adecuada y oportuna. 2.1.2. Agregó que la EPS no presta servicios que no cuenten con prescripción médica, ya que “no es pertinente suministrar servicios solicitados a voluntad de la accionante”[18], como es el caso de la pretensión central de la acción de tutela. Además, afirmó que el Plan de Beneficios en Salud (PBS) no cubre “recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social como es el caso de cuidadores, aunque dichos servicios de asistencia sean prestados por personal de salud”[19]. Adujo que la EPS no ha incumplido ninguna de sus obligaciones respecto de la paciente, ya que, ante la situación familiar descrita por ella, le fue concedida la posibilidad de tomar el servicio de transporte con un acompañante cercano que conociera sus condiciones de salud. 2.1.3. Finalmente, afirmó que la accionante ha hecho uso indebido de los servicios puestos a su disposición, cuyo soporte presentó a través de correos electrónicos remitidos por la IPS Milagrosa de Servicios Ltda., entidad que se encargaba del transporte de la paciente en meses anteriores. Dichos correos contienen sugerencias y quejas de la IPS respecto del comportamiento de la paciente en los traslados. Por lo anterior, la EPS argumentó que la accionante incurrió en causal de abuso del derecho y violación de sus deberes como afiliada. 2.1.4. En conclusión, la EPS SOS solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por la ausencia de violación de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Ministerio de Salud y Protección Social[20] 2.1.5. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Coordinadora del Grupo Asuntos Reglamentarios, encargada de las funciones de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, en escrito enviado el 31 de diciembre de 2019, solicitó su desvinculación en el proceso de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no amenazó o vulneró los derechos fundamentales de la accionante. 2.1.6. El Ministerio resaltó la importancia de la garantía de protección del derecho a la salud después de la entrada en vigencia de la Ley 1751 de 2015. Agregó que, frente a los elementos excluidos del Plan de Beneficios de Salud, cabe tener en cuenta que el servicio de transporte es complementario y por tanto debe verificarse la incapacidad económica del paciente para que dicho servicio sea dejado a responsabilidad de la EPS. 2.1.7. Por último, añadió a su solicitud, que en caso de prosperar la pretensión de la acción de tutela, se recomendara a la EPS prestar el servicio de salud “conforme a sus obligaciones, sin observancia de que la prestación esté o no incluida en el Plan de Beneficios en Salud”[21], caso en el que, de afectarse recursos del SGSSS, debe vincularse a dicha entidad en la forma que corresponda. 3. Pruebas relevantes que obran en el expediente ¨ Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante[22]. ¨ Historia clínica de la accionante[23] ¨ Prescripción médica de hidroterapias[24]. ¨ Prescripción médica para servicio complementario de transporte en ambulancia básica, en dirección Roldanillo-Cali y viceversa[25]. ¨ Autorización de la E.P.S de los servicios de salud prescritos[26]. ¨ Presentación y respuesta del derecho de petición con solicitud de exoneración del requisito de acompañante en medio de transporte[27]. 4. Decisiones judiciales objeto de revisión 4.1 Sentencia de primera instancia[28] 4.1.1. Mediante sentencia del trece (13) de enero de dos mil veinte (2020), el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo - Valle decidió negar el amparo deprecado en la acción de tutela. El Juez de instancia argumentó que no hubo negativa de la EPS para prestar los servicios que corresponden a la accionante, ya que le fue concedida la posibilidad de tomar el transporte con una persona que no hiciera parte de su núcleo familiar. Adicionalmente, consideró que no sería responsable por parte del juez de tutela exonerar del requisito de acompañante a una paciente que lo necesita, teniendo en cuenta sus condiciones de salud. 4.1.2. Finalmente, resaltó la importancia de que los pacientes cumplan con los deberes impuestos por la ley y el reglamento de las EPS para no incurrir en la figura de abuso del derecho que observó al analizar el caso concreto. 4.2 Impugnación[29] 4.2.1. La ciudadana Carmen Lucía Zuluaga Mejía presentó escrito de impugnación dentro del término legalmente establecido para el efecto. Consideró que el juez de tutela no tuvo en cuenta su condición de discapacidad a causa de la afección física que padece desde su nacimiento. Agregó que el togado omitió la urgencia de acudir a sus sesiones de hidroterapia que le permiten “cierta calidad de vida con el fin de evitar que sus articulaciones pierdan flexibilidad y movilidad, y que aparezcan los fuertes dolores de columna que la acompañan”[30]. 4.2.2. La accionante adujo que la EPS suspendió el servicio de transporte exigiéndo la presencia de un acompañante con el que no cuenta, ya que “no existe en la familia esa persona que pueda acompañar sus desplazamientos”[31]. Sostuvo además, que el Juez dio por cierto lo expresado por la EPS sin corroborar con su testimonio dichas afirmaciones. Asimismo, afirmó que no necesita un acompañante ya que no es totalmente dependiente de un tercero, lo que se evidencia en ocho años que ha tomado el servicio sola; además, aseguró que tiene argumentos razonables que le impiden acceder a la presencia de un acompañante. 4.2.3. Insistió en la urgente necesidad de continuar con su tratamiento, debido a que la suspensión de este ocasiona consecuencias desastrosas en su organismo. Sostuvo que la EPS, además de exigirle un requisito que no puede cumplir, no le brinda la posibilidad de ese tercero que la pueda acompañar. Con fundamento en lo anterior, la accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo invocado. 4.3 Sentencia de segunda instancia[32] 4.3.1. El dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo -Valle, desató la impugnación y confirmó lo proveído en la sentencia de primera instancia. 4.3.2. El juzgado argumentó que no es responsabilidad de la EPS otorgar un acompañante, en virtud de que dicho servicio no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios de Salud. Además, la entidad accionada otorgó a la accionante la posibilidad de trasladarse con una persona conocida. En consecuencia, la EPS no desconoció derecho fundamental alguno. 4.3.3. El juez de segunda instancia reiteró, conforme fue argumentado en la sentencia impugnada, que no es posible conceder la exoneración del requisito de acompañante a la paciente, de lo contrario, sería una actuación irresponsable por parte del fallador. II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN 1.     Auto del 10 de noviembre de 2020 1.1. Mediante Auto del 10 de noviembre de 2020 la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional[33], en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991, dispuso la aplicación de una medida provisional. En ella ordenó a la EPS SOS reanudar la prestación del servicio de transporte en ambulancia básica que cuente con una persona con conocimientos en materia de salud, como acompañante de la ciudadana Carmen Lucía Zuluaga Mejía, para los traslados del municipio de Roldanillo-Valle a la ciudad de Cali-Valle y viceversa[34]. Lo anterior con el fin de dar continuidad al tratamiento terapéutico prescrito a la accionante y evitar un perjuicio irremediable en su estado de salud. 2.     Respuesta de la EPS accionada, Servicio Occidental de Salud S. A 2.2. El 24 de noviembre de 2020 la EPS Servicio Occidental de Salud, a través de su analista jurídica, allegó escrito de respuesta al Auto 416 del 10 de noviembre de 2020. En este argumentó las razones por las cuales considera la improcedencia de la acción de tutela. Adicionalmente refirió los trámites dirigidos al cumplimiento de lo ordenado como medida provisional. 2.3. En primer lugar, la accionada señaló, como cuestión previa, que la señora Carmen Lucía Zuluaga Mejía se encuentra afiliada a la EPS Servicio Occidental de Salud en el régimen contributivo, como cotizante y en rango salarial A. Además, indicó que, en ocasiones anteriores, la accionante presentó diversas acciones de tutela en contra de la EPS. En una de ellas solicitó el servicio de ambulancia básica para sus traslados a la ciudad de Cali y el amparo fue concedido. En otra oportunidad, requirió el cambio de IPS encargada de sus traslados ambulatorios y en sentencia del 7 de febrero de 2019 el juez concedió la petición de la accionante. 2.4. Por otro lado, frente a la acción objeto de revisión de esta Sala, la accionada argumentó que, a pesar de que la EPS ha hecho el esfuerzo necesario para suplir las necesidades y solicitudes de la afiliada, esta no hace un uso adecuado de los servicios puestos a su disposición. Agregó que el comportamiento de la accionante constituye un abuso del derecho y el incumplimiento de sus deberes como afiliada dispuestos en la Ley 100 de 1993 y la Resolución 4343 de 2012. 2.5. Así, por ejemplo, la accionada refirió algunos correos enviados por la IPS anteriormente encargada de prestar el servicio de transporte. En estos se expusieron quejas y sugerencias frente al comportamiento de la paciente en los traslados. Al respectó, afirmó que “la paciente solicita se recoja en horarios no correspondientes, exige paradas durante su traslado, ha ocasionado el retiro de conductores y enfermeros por el trato de la paciente, (…)”[35] entre otras múltiples quejas acerca del traslado con la paciente. 2.6. Ahora bien, respecto de la pretensión de la accionante, la EPS argumentó su improcedencia, toda vez que el Plan de Beneficios en Salud (PBS) “no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de cuidadores, aunque dichos servicios de asistencia sean prestados por personal de salud”[36]. Además, sostuvo que en virtud de los lineamientos de la Resolución 2003 de 2014 y las indicaciones que en ella son recogidas para el traslado de pacientes en medio de transporte ambulatorio, se entiende la exigencia de la IPS de que el paciente cuente con un acompañante, siendo familiar de primer y/o segundo grado de consanguinidad, ya que se hace necesaria la presencia de una persona conocida de la paciente, que esté al tanto de su condición durante los trayectos y de sus requerimientos de salud, horarios de citas médicas, procedimientos, entre otros. Lo anterior, en procura de garantizar el bienestar de la paciente al interior del vehículo. 2.7. Además, afirmó que la EPS no ha desconocido la solicitud presentada por la señora Carmen Lucia Zuluaga, así como tampoco, la condición familiar que refirió. Contrario a ello, fue tenida en cuenta y se permitió tomar el servicio de transporte en compañía de algún amigo o conocido cercano. De manera que la usuaria ha recibido los servicios en salud que ha requerido para el manejo de su patología. 2.8. Finalmente, la EPS aseguró que la situación de la paciente, en este caso concreto, consiste en que la IPS encargada de prestar el servicio de ambulancia exige, como parte de su protocolo, que “además del personal de salud tripulante de la ambulancia acuda un familiar o alguien cercano a la usuaria”[37]. A su juicio, este requisito no configura la violacion de derecho fundamental alguno, sino que, por el contrario, se ha procurado brindar un adecuado y seguro servicio de salud a la paciente. En consecuencia, y teniendo en cuenta que no se encuentra una conducta de la EPS que desconozca los derechos de la accionante, solicitó la declaración de improcedencia de la acción de tutela. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y en virtud de la selección y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de esta Corporación, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional[38] es competente para revisar los fallos adoptados en el proceso de la referencia. 2. Procedibilidad de la acción de tutela Legitimación de las partes 2.1. Legitimación en la causa por activa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[39]. En desarrollo de dicho mandato constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[40] dispone que la referida acción de amparo: podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. En esta oportunidad, el presupuesto mencionado se encuentra acreditado en tanto la señora Carmen Lucía Zuluaga Mejía es titular de los derechos fundamentales cuya protección invoca. 2.2. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 86 superior, ya citado, señala que la acción de tutela procede frente a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, cuando la transgresión de estos proviene de la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley. Dicho mandato guarda correspondencia con lo previsto en los artículos 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991. En el asunto de la referencia, la accionada es la Entidad Prestadora de servicios de Salud a la que está afiliada la tutelante y es la sociedad que avala y ratifica el requisito de acceso al servicio de transporte respecto del cual se ha generado la controversia descrita en la relación fáctica de la acción que se revisa. Cabe destacar, sobre este punto, que el Juez de primera instancia vinculó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y a la IPS Cardio Urgencias Tuluá S.A.S; sin embargo, la Secretaría de Salud y la IPS Cardio Urgencias Tuluá S.A.S no dieron respuesta a la acción. El Ministerio de Salud, por su parte, argumentó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Corte considera, como se verá, que el análisis constitucional del asunto se desarrolla entre la accionante y la EPS como parte legitimada en la causa por pasiva, frente a quien se presenta la controversia jurídica. 2.3. Inmediatez La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al señalar que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Es por ello, que el principio de inmediatez dispone que, aunque la acción de tutela puede formularse en cualquier tiempo[41], su interposición debe darse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo[42]. Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente[43] de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez. De acuerdo con lo indicado, la Sala encuentra que, para el caso objeto de revisión, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho. Ciertamente, el hecho por el cual la accionante estima que se produjo la afectación de sus derechos fundamentales ocurrió en octubre del año 2019 y la acción de tutela fue interpuesta en el mes de diciembre del mismo año. En tal sentido, la Sala considera que el tiempo transcurrido entre el evento que, presuntamente, afectó los derechos de la accionante y la interposición de la acción, es razonable. En consecuencia, la presente acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. 2.4. Subsidiariedad El artículo 86 de la Constitución Política indica que la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria, por tanto su procedencia se encuentra condicionada a que (…) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, [o] ii) cuando existiendo un medio de defensa judicial ordinario este resulta no ser idóneo para la protección de los derechos fundamentales del accionante o iii) cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de defensa, la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[44]. Por otro lado, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la eficacia de un posible mecanismo ordinario de defensa debe ser apreciada atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante[45]. Al respecto, la Corte ha indicado que la procedencia de la acción es evidente cuando se advierte la posible vulneración de los derechos fundamentales de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta en razón de su edad, su condición económica, física o mental[46]. Por esta razón, se consideran sujetos de especial protección constitucional a los menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con disminuciones físicas y psíquicas y las personas en situación de desplazamiento[47]. Esta Corporación ha considerado que el procedimiento ante la Superintendencia Nacional de Salud, para resolver controversias entre las EPS y sus afiliados, no puede considerarse un mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales[48]. Adicional a lo anterior y, teniendo en cuenta que se trata de una persona en condición de discapacidad por su estado físico, como se verá en el desarrollo de esta providencia, sus derechos deben ser protegidos de manera prevalente. Por lo tanto, la Sala encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad y reconoce que la acción de tutela procede como mecanismo autónomo y definitivo para proteger los derechos fundamentales invocados, presuntamente vulnerados por la entidad accionada. Establecida la procedencia de la acción de tutela, la Sala continuará con el análisis de fondo del presente asunto. 3. Problema jurídico y metodología del análisis De conformidad con las circunstancias fácticas que fueron expuestas, y de acuerdo con las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el marco de la acción de tutela objeto de análisis, le corresponde a la Sala Séptima de Revisión establecer si la EPS accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida en condiciones dignas de la accionante al exigir acompañante en medio de transporte ambulatorio, como mecanismo de acceso a los servicios de salud requeridos por la paciente, sin que tal condición se encuentre respaldada por una prescripción médica. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá a los siguientes puntos: (i) el derecho a la salud y su goce efectivo, en general y en el caso de personas en situación de discapacidad; (ii) el deber de las EPS de garantizar a los pacientes el acceso efectivo a los servicios de salud; (iii) la prescripción médica como criterio principal para establecer si se requiere un servicio de salud; (iv) el derecho a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, y finalmente, (v) abordará el estudio del caso concreto. 4. El derecho fundamental a la salud y su goce efectivo. Reiteración de jurisprudencia 4.1. El artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. En tal sentido, es este quien tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de dicha garantía bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[49]. 4.2. Al respecto, es preciso mencionar que hace más de dos décadas la salud fue catalogada como un derecho prestacional cuya protección, a través de acción de tutela, dependía de su conexidad con otra garantía de naturaleza fundamental[50]. Más tarde, la perspectiva cambió y la Corte afirmó que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, que protege múltiples ámbitos de la vida humana[51]. Esta misma postura fue acogida en el artículo 2 de la Ley 1751 de 2015, mediante la cual se reguló el derecho fundamental a la salud y cuyo control previo de constitucionalidad se ejerció a través de la sentencia C-313 de 2014[52]. 4.3. Sobre la base del contenido de la Ley 1751 de 2015[53] y la jurisprudencia constitucional en la materia[54], el derecho a la salud es definido como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”[55]. 4.4. Con todo, el derecho a la salud adquiere una doble connotación[56], como garantía fundamental y como servicio público a cargo del Estado. Esto conlleva la observancia de determinados principios consagrados en la Ley 1751 de 2015[57] que orientan la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y de calidad[58] y que se materializan a través del establecimiento del denominado Sistema de Salud. Habiendo analizado brevemente el contenido del derecho a la salud, es necesario hacer mención de algunos principios y elementos que cobran relevancia de cara al análisis del caso concreto. a.     El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud[59]. Reiteración de jurisprudencia 4.5. Dentro de los principios que orientan la garantía del derecho fundamental a la salud, contenidos en la Ley 1751 de 2015, cabe destacar el principio de continuidad. Este señala que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua, es decir, una vez iniciada la prestación de un servicio determinado, no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas[60] (se resalta). 4.6. Conforme al numeral 3.21 del artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el principio en comento implica que “(…) toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separada del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad”. Por lo tanto, y según ha sido expuesto por la Corte, el mencionado mandato hace parte de las responsabilidades a cargo del Estado y de los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud[61]. 4.7. Adicionalmente, esta Corporación fijó, en su momento, los criterios que deben observar las Entidades Promotoras de Salud para garantizar la continuidad en la prestación del servicio que proporcionan a sus usuarios, específicamente sobre tratamientos médicos ya iniciados. Al respecto indicó que: “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”[62]. 4.8. Por lo anterior, la Corte considera que el Estado y los particulares que prestan el servicio público de salud están en la obligación de brindar el acceso a este, atendiendo el principio de continuidad. Así, las EPS no pueden limitar la prestación de los servicios de salud que impliquen la suspensión o interrupción de los tratamientos “por conflictos contractuales o administrativos internos o con las IPS contratadas, que impidan la finalización óptima de los tratamientos iniciados a los pacientes”[63]. 4.9. En conclusión, el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud reviste una especial importancia debido a que favorece el inicio, desarrollo y terminación de los tratamientos médicos de forma completa. Lo anterior, en procura de que tales servicios no sean interrumpidos por razones administrativas, jurídicas o financieras. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional desaprueban las limitaciones injustas, arbitrarias y desproporcionadas de las EPS que afectan la conservación o restablecimiento de la salud de los usuarios[64]. b. El goce efectivo del derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia 4.10. El artículo 13 de la Constitución Política indica que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (…). Dispone también que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…), al tiempo que protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”[65] (Se resalta). 4.11. El precepto constitucional citado, impone al Estado el deber de proteger de manera reforzada a las personas que, por su situación, son sujetos de especial protección. Igualmente los artículos 47 y 54 de la Constitución comportan el fundamento constitucional de protección especial que se da a las personas en condición de discapacidad[66]. Es así, como entre los grupos que el Constituyente quiso incluir como objeto de protección reforzada, se encuentra el de las personas en situación de discapacidad[67]. Sobre el particular, la Corte en sentencia T-120 de 2017[68], señaló que a las EPS corresponde: “a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios; b) Deberán establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad; c) Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y de su acompañante; d) Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en salud de las personas con discapacidad; e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad (…)” (se resalta). 4.12. Asimismo, en la sentencia T-231 de 2019[69] la Corte reiteró[70] que “el Estado Colombiano está obligado a implementar medidas tendientes a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, teniendo como principales campos de acción la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la recreación, la cultura entre otros” (se resalta). 4.13. Por otro lado, dentro del marco del derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, reconoce en su artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y establece las medidas que deberán adoptar los Estados para asegurar la efectividad de este derecho, tales como “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”[71]. 4.14. En esta línea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, establece en su artículo 25 que todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. En consecuencia, exige a los Estados proporcionar los servicios de salud pertinentes de manera que se puedan prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades[72]. 4.15. A su turno, la Ley Estatutaria 1618 de 2013[73] determina, en su artículo 10, una serie de medidas que deben ser adoptadas por las entidades prestadoras de servicios de salud en armonía con el artículo 25 de la CDPD[74]. Sobre dichas medidas, es relevante resaltar: “(i) la de garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios; (ii) la de establecer programas de atención domiciliaria para la atención en salud de las personas con discapacidad; y (iii) la de eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad” (se resalta). 4.16. Por su parte, la Ley 1751 del 2015[75], en su artículo 11, dispone que la atención en salud de las personas en situación de discapacidad no podrá ser limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Por lo tanto, “las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención”. 4.17. En conclusión, es importante puntualizar que el goce efectivo del derecho a la salud de las personas en condición de discapacidad se rige por una serie de principios que el Estado debe observar y garantizar. Ello, con la finalidad de que los sujetos de especial protección, como las personas en situación de discapacidad, puedan alcanzar los más altos niveles de bienestar y, concretamente, de su estado de salud[76]. En consecuencia, las entidades encargadas de suministrar los servicios de salud deben asegurar el acceso efectivo a este derecho, así como la plena realización de sus garantías fundamentales[77], sin que en dicho proceso medien restricciones de índole administrativa o económica. 5. El deber de las EPS de garantizar a los pacientes el acceso efectivo a los servicios de salud. Reiteración de jurisprudencia. 5.1. Atendiendo al principio de continuidad, ya estudiado en esta providencia, es preciso señalar que los usuarios del sistema de salud tienen derecho a recibir la totalidad del tratamiento de acuerdo con las consideraciones del médico y que los servicios de que gozan no deben ser suspendidos, interrumpidos o limitados por parte de las Entidades Promotoras de Salud. Lo anterior, considerando que la interrupción de un tratamiento o la limitación del goce de su totalidad no debe ser originada por trámites de índole administrativo, jurídico o financiero de las EPS. De ahí que el deber impuesto a dichas entidades procura brindar un acceso efectivo a los servicios de salud[78]. En este sentido, la Corte Constitucional no ha sido pasiva en sus pronunciamientos frente al deber que recae sobre las Entidades Promotoras de Salud de garantizar la efectiva materialización de este derecho. Es así como en la sentencia T-259 de 2019[79] esta Corporación reiteró que “las EPS no pueden omitir la prestación de los servicios de salud que supongan la interrupción de los tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos”[80]. 5.2. Adicionalmente, la Corte señaló los criterios que deben ser tenidos en cuenta por las EPS para garantizar la continuidad en la prestación del servicio que ofrecen a sus usuarios, específicamente sobre tratamientos médicos ya iniciados, bajo el entendido de que: “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”[81] (se resalta). Por lo anterior, la interrupción arbitraria del servicio de salud es contraria, no sólo al derecho fundamental a la salud, sino también al derecho a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana, especialmente tratándose de personas con algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial[82]. Ellas, como sujetos de especial protección, tienen derecho a obtener la totalidad del componente médico previsto para el manejo del padecimiento que les sobrevino[83]. De manera que todos los pacientes puedan acceder efectivamente a los requerimientos necesarios para atender su condición de salud y tengan la oportunidad de vivir en el mayor nivel de bienestar posible. 5.3. En síntesis, para la Corte, el Estado y los particulares vinculados a la prestación del servicio público de salud deben facilitar su acceso en observancia de los principios que rigen la garantía del derecho a la salud. Lo anterior, implica que las EPS no deben omitir la prestación de los servicios de salud por conflictos contractuales o administrativos internos o con las IPS contratadas, que impidan el acceso, práctica y finalización óptima de los tratamientos iniciados a los pacientes[84]. a. El acompañamiento de pacientes: caso de auxiliares de enfermería y cuidadores[85]. Reiteración de jurisprudencia 5.4. La Corte Constitucional tampoco ha sido pasiva en sus pronunciamientos sobre el servicio de acompañamiento prestado por auxiliares de enfermería o cuidadores[86]. De acuerdo con esta consideración, es preciso hacer mención a los requisitos que jurisprudencialmente han sido señalados, para la procedencia de una de las figuras de atención domiciliaria antedichas, cuando este servicio corresponde ser suministrado por las Entidades Promotoras de Salud. 5.5. En primer lugar, el artículo 26 de la Resolución 5269 de 2017 señala que el servicio de enfermería domiciliario es una modalidad de atención como una “alternativa a la atención hospitalaria institucional” que debe ser otorgada en los casos en que el profesional tratante estime pertinente y únicamente para cuestiones relacionadas con el mejoramiento de la salud del afiliado[87]. 5.6. Adicionalmente, los artículos 26 y 65 de la Resolución 5857 de 2018 indican que el servicio de enfermería se circunscribe únicamente al ámbito de la salud y procede en casos de enfermedad en fase terminal y de enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida; casos en los que se encuentra incluido en el PBS, con la modalidad de atención domiciliaria. Por tanto, si el médico tratante adscrito a la EPS prescribe el servicio de enfermería a un paciente, este deberá ser garantizado sin reparos por parte de la EPS[88]. Por lo anterior, y según ha sido precisado por la Corte, el auxilio que se presta por concepto de servicio de enfermería debe ser específicamente ordenado por el galeno tratante del afiliado y su suministro depende de unos criterios técnicos-científicos propios de la profesión, que no pueden ser obviados por el juez constitucional, por tratarse de una función que le resulta completamente ajena[89]. 5.7. Ahora bien, respecto del servicio de cuidador, la Resolución 1885 de 2018 lo define como “aquel que brinda apoyo en el cuidado de otra persona que sufre una enfermedad grave, congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad, que depende totalmente de un tercero, sin que lo anterior implique sustitución del servicio de atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de las EPS”. A este respecto, esta Corporación ha indicado que el servicio de cuidador consiste, principalmente, en el apoyo físico y emocional que se debe brindar a las personas en condición de dependencia para que puedan realizar las actividades básicas que por su estado de salud no puede ejecutar de manera autónoma. Por ello, se tiene que esta actividad no exige necesariamente de los conocimientos calificados de un profesional en salud[90]. Razón por la cual, esta Corte ha entendido que, al menos en principio, debe ser garantizado por el núcleo familiar del afiliado y no por el Estado[91], teniendo en cuenta que la finalidad del cuidador es garantizar la atención ordinaria que el paciente requiere dada su imposibilidad de procurárselos por sí mismo[92]. 5.8. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha fijado una serie de requisitos que deben ser cumplidos para que de manera excepcional sea la EPS la encargada de suministrar el servicio de cuidador, que en principio corresponde a la familia del paciente. Tales requisitos son: (i) que exista certeza médica sobre la necesidad del paciente de recibir el servicio de cuidador; y (ii) que la ayuda como cuidador no pueda ser asumida por el núcleo familiar del paciente, pues existe una imposibilidad material para hacerlo[93]. 5.9. De esta manera, la imposibilidad material se configura cuando el núcleo familiar del paciente: (a) no cuenta ni con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, ya sea por falta de aptitud como producto de la edad o de una enfermedad, o porque debe suplir otras obligaciones básicas para consigo mismo, como proveer los recursos económicos básicos de subsistencia; también porque (b) resulta imposible brindar el entrenamiento o capacitación adecuado a los parientes encargados del paciente; y (c) carece de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación de ese servicio[94]. 5.10. En conclusión, respecto de las atenciones que pueda requerir un paciente en su domicilio, se tiene que: (i) en el caso de tratarse de la modalidad de enfermería se requiere de una orden médica proferida por el profesional de la salud correspondiente, ya que el juez constitucional no puede exceder su competencia al proponer servicios fuera del ámbito de su experticia; y (ii) en lo relacionado con la atención de cuidador, se trata de casos excepcionales derivados de las condiciones particulares del paciente, frente a lo que la Corte ha concluido que es un servicio que, en principio debe ser garantizado por el núcleo familiar del paciente, pero que, en los eventos en que este se encuentra materialmente imposibilitado para ello, se hace obligación del Estado entrar a suplir dicha deficiencia y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del afiliado[95]. b.    El caso del acompañamiento de pacientes en medio de transporte como mecanismo de acceso a los servicios de salud[96]. 5.11. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que la accesibilidad es un principio esencial del derecho fundamental a la salud, el cual comprende las garantías a la no discriminación, a la accesibilidad física, a la asequibilidad económica y al acceso a la información. Lo anterior se refuerza con lo señalado por esta Corporación, en cuanto a que “la accesibilidad y el acceso al servicio público de salud son un todo inescindible, siendo posible el amparo constitucional del derecho en aquellos casos donde se acredite la imposibilidad objetiva del suministro de los medios suficientes y adecuados para hacer uso de la atención asistencial”[97]. 5.12. Ahora bien, la garantía del servicio de transporte, por vía jurisprudencial, admite el desplazamiento del paciente con un acompañante, siempre que su condición etaria[98] o de salud[99] lo amerite. Para conceder el transporte de un acompañante, es preciso verificar que “(i) el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”[100] (se resalta). En ese evento los costos asociados a la movilización de ambas personas, corren por cuenta de las EPS[101]. 5.13. Según lo anotado hasta este punto, puede concluirse que el transporte, pese a no ser directamente una prestación de salud, es un mecanismo necesario para el acceso a los servicios del sistema. Esto último es comprensible en el marco de la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, pues, como se ha reiterado en esta providencia, el sistema está en la obligación de remover las barreras y obstáculos que impidan a los pacientes acceder a los servicios de salud que requieran. En consecuencia, será el juez de tutela el que tendrá que analizar las circunstancias de cada caso y determinar si se cumple con los requisitos definidos por la jurisprudencia para tal fin[102]. c. La Resolución 2003 de 2014 5.14. El Ministerio de Salud y Protección Social, en desarrollo de sus facultades y en procura de proteger los derechos fundamentales de la población, expidió la Resolución 2003 de 2014, en la que “se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. En ella, se introdujo un anexo contentivo del manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. De esta manera, el Ministerio determinó con claridad los requisitos, elementos e insumos con que debe contar el transporte asistencial básico. Es así como, el numeral 2.3.2.8 del anexo de la Resolución en mención, que desarrolla los criterios y estándares correspondientes al transporte asistencial, refiere que, frente al talento humano, el vehículo ambulatorio básico debe contar con “tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico profesional en atención prehospitalaria o auxiliar en enfermería, en cualquier caso, con certificado de formación en soporte vital básico”[103]. Adicionalmente, el conductor debe contar con certificado de formación en primeros auxilios. Por lo tanto, el insumo humano a bordo del vehículo constituye el acompañamiento indispensable para atender el trayecto, las recomendaciones dadas por el médico para ello y las necesidades que presente el usuario. 5.15. En conclusión, toda vez que el servicio de transporte ambulatorio es un mecanismo de acceso al goce efectivo del derecho fundamental a la salud del paciente, este debe ser suministrado atendiendo a su finalidad de servicio. Por ello, los elementos principales que deben ser tenidos en cuenta, además de los lineamientos del Ministerio de Salud, son las necesidades del paciente al que le es prestado el servicio. De esa manera, cooperarán en el bienestar y obtención de la estabilidad en materia de salud que busca promover, brindar y garantizar el Estado, a través del Sistema General de Seguridad Social en salud. 6. La prescripción médica como criterio principal para establecer si se requiere un servicio de salud. Reiteración de Jurisprudencia 6.1. En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que los usuarios del sistema de salud tienen el derecho constitucional a que se les garantice el acceso efectivo a los servicios médicos necesarios e indispensables para tratar sus enfermedades, recuperar su salud y resguardar su dignidad humana[104]. Sobre este punto, la Corte ha resaltado que en el sistema de salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante. Por lo tanto, es el profesional de la salud el que está capacitado para decidir, con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente,[105] si es necesaria o no la prestación de un servicio determinado. De lo anterior, la Sala precisa que la importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio[106]. En consecuencia, el médico tratante es la persona que cuenta con la información adecuada, precisa y suficiente para determinar la necesidad y la urgencia de un servicio a partir de la valoración de los posibles riesgos y beneficios que este pueda generar, y es quien se encuentra facultado para variar o cambiar la prescripción médica en un momento determinado, de acuerdo con la evolución en la salud del paciente[107]. 6.2. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el criterio del médico tratante, como profesional idóneo, es esencial para establecer cuáles son los servicios de salud a que tienen derecho los usuarios. En este orden de ideas, en la sentencia T-345 de 2013[108], ampliamente reiterada con posterioridad, la Corte señaló que: “Siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido, la actuación del Juez Constitucional debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas, luego el juez no puede valorar un procedimiento médico (… ). Por lo tanto, la condición esencial para que el Juez Constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser reemplazado por el jurídico, y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico.” 6.3. En conclusión, el criterio del médico tratante, como idóneo y oportuno, es el principal elemento para la orden o suspensión de servicios de salud. De manera no son las EPS e IPS, así como tampoco el juez constitucional, quienes están autorizados para desatender la prescripción médica sin justificación suficiente, sólida y verificable, que pueda contradecir la apreciación del profesional de salud, conocedor de las condiciones particulares del paciente. 7. Los derechos a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas 7.1. Sobre los derechos a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, es preciso hacer un breve pronunciamiento, como garantías que están estrechamente ligados al derecho fundamental a la salud. Sobre esta base, el artículo 48 de la Constitución Política dispone que la seguridad social es “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley”. Por lo tanto, la adecuada garantía del derecho a la salud o su afectación redundará en el amparo o desconocimiento del derecho a la seguridad social. 7.2. Por otro lado, respecto de la vida en condiciones dignas, en la sentencia T-041 de 2019[109] la Corte reiteró que la dignidad humana es un valor fundante y constitutivo de nuestro ordenamiento jurídico, un principio constitucional y un derecho fundamental autónomo[110]. Es así, como se ha considerado que la salud, la integridad física, psíquica y espiritual, así como el acceso a las condiciones materiales mínimas de existencia, entre otros, constituyen los presupuestos irreductibles para una vida digna.[111] Asimismo, en la sentencia T-033 de 2013[112], la Corte explicó que el derecho a la salud guarda una estrecha relación con la dignidad humana, debido a que las prestaciones propias de esta prerrogativa, permiten que el individuo desarrolle “plenamente las diferentes funciones y actividades naturales del ser humano, lo que consecuentemente elev[a] el nivel de oportunidades para la elección y ejecución de un estilo de vida”[113]. 7.3. Adicionalmente, en la sentencia T-499 de 1992[114], la Corte concluyó que “el dolor intenso reduce las capacidades de la persona, impide su libre desarrollo y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad competente que se niega, sin justificación suficiente, a tomar las medidas necesarias para evitarlo, omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los derechos a la salud y la integridad física, psíquica y moral de la persona.” Esto implica que la afectación o puesta en peligro del derecho a la salud, niegue la dignidad humana del sujeto y comprometa su derecho a vivir bien, a no recibir tratos crueles inhumanos o degradantes y a contar con las condiciones mínimas de existencia[115]. 7.4. Con todo, es preciso concluir que la debida protección y garantía del derecho fundamental a la salud redunda en la protección de la dignidad de la persona y la vida en condiciones dignas, así como el recto funcionamiento y aplicación del servicio de seguridad social en salud. Tomando en consideración la argumentación esbozada, la Sala procederá a resolver el caso en cuestión. 8. Análisis constitucional del caso concreto 8.1. En esta oportunidad, correspondió a la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, analizar y resolver el planteamiento sobre la presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida en condiciones dignas de una paciente a quien la EPS exige un acompañante en medio de transporte ambulatorio para acceder a los servicios que requiere en atención a su estado de salud, pese a que dicha exigencia no cuenta con respaldo en una prescripción médica. 8.2. En razón al estado de salud de la señora Carmen Lucía Zuluaga Mejía, el médico le prescribió la práctica de sesiones diarias de hidroterapia, de lunes a viernes, dos veces al día. Para la realización de estas, la accionante debe trasladarse desde su residencia, en el municipio de Roldanillo – Valle, hasta la ciudad de Cali, para lo cual, la EPS suministraba el servicio de transporte ambulatorio. Es así, como durante ocho años la paciente tomó el servicio únicamente en compañía del personal de la ambulancia; sin embargo, el cambio de la IPS encargada de los traslados, realizado en el último periodo del año 2019, implicó la exigencia de un acompañante al interior del vehículo. La accionante presentó solicitud de exoneración del requisito en comento y la EPS reafirmó dicha exigencia, como parte del protocolo de la IPS. Pese a lo anterior, en atención a la situación familiar de la solicitante, la EPS permitió que el acompañante sea un conocido cercano y no un familiar en primer y/o segundo grado de consanguinidad, conforme fue exigido en un primer momento. 8.3. La situación familiar de la señora Carmen Lucía permite indicar que no cuenta con una persona que esté en disposición de acompañarla[116]. Fue por ello que la pretensión de la acción de tutela se enfocó en que la EPS otorgue un enfermero acompañante, de manera que ella pueda cumplir con el requisito de la IPS y continuar con su tratamiento terapéutico. 8.4. En su contestación, la EPS accionada indicó que ha hecho el esfuerzo necesario para suplir las necesidades y solicitudes de la afiliada, pero esta no hace un uso adecuado de los servicios puestos a su disposición. Agregó, que el comportamiento de la accionante constituye un abuso del derecho y el incumplimiento de sus deberes como afiliada. Esta afirmación fue sustentada en correos enviados por la anterior IPS prestadora del servicio de transporte en los que se exponen quejas y sugerencias frente a conductas de la usuaria. 8.5. Con respecto a la pretensión principal de la accionante, la EPS argumentó su improcedencia, toda vez que el Plan de Beneficios en Salud (PBS) “no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de cuidadores, aunque dichos servicios de asistencia sean prestados por personal de salud”[117]. Además, sostuvo que, en virtud de los lineamientos de la Resolución 2003 de 2014 y las indicaciones que en ella son recogidas para el traslado de pacientes en medio de transporte ambulatorio, se entiende que el paciente debe contar con un acompañante, siendo familiar de primer y/o segundo grado de consanguinidad. 8.6. Por otro lado, el juez que conoció en primera instancia el asunto negó el amparo invocado y argumentó que la EPS concedió la posibilidad de tomar el transporte con una persona que no hiciera parte del núcleo familiar de la accionante. De manera que, al presentar una alternativa como solución a la solicitud de exoneración de acompañante, la EPS no desconoció los derechos fundamentales de la señora Carmen Lucía Zuluaga. 8.7. A su turno, el juez de segunda instancia confirmó la decisión impugnada. Para ello, reiteró los argumentos dados por el fallador en primer grado e hizo énfasis en que no es obligación de la EPS otorgar un cuidador o acompañante, ya que dicho servicio no se encuentra incluido en el PBS. Además, la EPS dispuso otra medida para que la paciente pueda acceder al servicio de manera acompañada. Lo anterior, en procura de atender el estado de salud de la accionante, razón por la cual no le es dado al juez conceder excepciones a un servicio de salud que la condición o patología del paciente amerita. Ahora bien, la Sala considera relevante precisar varios aspectos respecto de las decisiones de instancia y la respuesta de la EPS Servicio Occidental de Salud, frente a las pretensiones de la accionante. La vulneración del derecho fundamental a la salud por desconocimiento de los principios de acceso efectivo y continuidad 8.8. En primer lugar, es de anotar que el derecho a la salud, como garantía fundamental, cuenta con un conjunto de principios que constituyen criterios de orientación para su efectiva garantía. De lo anterior, se comprende el papel altamente relevante que juegan las Entidades Promotoras de Servicios de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, como aquellas que permiten tomar forma y hacer de la salud una verdadera garantía fundamental. Lo anterior implica, tal como fue analizado en la parte motiva de esta providencia, que las EPS e IPS deben eliminar y evitar la imposición de actos o medidas que constituyan barrera, límite o impedimento para que un usuario pueda acceder a los servicios de salud que son requeridos en debida forma. De modo que, el servicio o tecnología solicitada no se torne lejano o inalcanzable por la exigencia o interposición de requisitos que, razonablemente examinados, no configuran un camino necesario e ineludible para acceder al servicio o tecnología en cuestión. Más aún, cuando la solicitud de protección de este derecho proviene de una persona en situación de discapacidad. Es este caso, la garantía del derecho a la salud se ve en la necesidad de ser reforzada por la condición de vulnerabilidad de la peticionaria, quien padece una condición física denominada cifoescoliosis toracolumbar severa desde su nacimiento y que la hacen sujeto de especial protección constitucional. 8.9. Precisamente por ello, respecto del principio de acceso efectivo al derecho a la salud de personas en condición de discapacidad, la Corte, en sentencia T-120 de 2017[118], dejó claridad sobre el deber que le asiste a las EPS de “eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud (…)” (se resalta). En esta línea, resulta claro que la accionante tomó el servicio de transporte sin compañía de familiares o cercanos por más de ocho años, sin ser requerido en ningún momento por la IPS del momento, ni por la EPS aquí accionada. Adicionalmente, considerar las condiciones familiares de la accionante, tal como lo hizo la EPS en su respuesta, permite concluir que la señora Carmen Lucía Zuluaga no cuenta con una persona en disposición de acompañarla en los traslados ambulatorios. De manera que, para poder tomar el servicio de transporte tendría que contar con la compañía de alguien que disponga de tiempo suficiente para estar con ella en 2 traslados al día, durante 5 días a la semana. 8.10. Por otro lado, frente al principio de continuidad, esta Corporación señaló que configura la garantía de la prestación del servicio de salud a los pacientes, sin que este sea suspendido, en ningún caso, por razones administrativas, jurídicas, económicas, entre otras. Por ese motivo, el tiempo que la accionante tomó el servicio de transporte sin compañía, permite consolidar la confianza legítima de ella en la IPS. Así, la exigencia de un acompañante en el medio de transporte ambulatorio resulta ser un requisito inesperado y que la accionante no se encuentra en condición de cumplir, dadas sus condiciones familiares. Esta situación se torna relevante para la Sala, toda vez que la señora Carmen Lucía Zuluaga no pudo continuar tomando el servicio de transporte, ya que la EPS e IPS se negaron a prestarlo sin el lleno de dicho requisito. Por tanto, la falta de transporte no permite el acceso al servicio de salud requerido por la paciente para atender su patología, debiendo enfrentar la suspensión de su tratamiento y, con ello, las secuelas que la interrupción de este ocasiona en su cuerpo. Sobre este punto, cabe destacar que, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud en su intervención, la importancia de verificar la incapacidad económica del afiliado responde a la necesidad de que el servicio de transporte sea responsabilidad de la EPS[119]. Vale precisar, por tanto, que este criterio no resulta aplicable al caso concreto, ya que no se discute el derecho de la paciente al transporte, sino un requisito impuesto para acceder a este servicio ya concedido. Adicionalmente, es claro que el desplazamiento que la accionante requiere es producto de la ausencia de red de servicios de hidroterapias en su lugar de residencia. En consecuencia, no resulta susceptible de discusión la capacidad económica de la solicitante, ya que el desplazamiento a otra ciudad se hace necesario ante la falta de red y se trata de un servicio concedido previamente. 8.11. Al considerar que, en el caso concreto, el transporte se hace necesario como medio de acceso al servicio de salud que necesita la accionante, cabe señalar que, aunque el servicio de transporte no tiene la naturaleza de prestación médica, se ha considerado que en determinadas ocasiones dicha prestación guarda una estrecha relación con las garantías propias del derecho fundamental a la salud, razón por la cual surge la necesidad de disponer su prestación[120], tal como ocurre en el caso sub examine. Sin embargo, el que la EPS decida anteponer un requisito frente al mecanismo que sirve de acceso al derecho a la salud, dificulta la posibilidad de gozar efectivamente de este derecho. Situación que arraiga una gran preocupación, teniendo en cuenta que la no existencia de prescripción médica que disponga la necesidad de acompañante, hace que el requisito se torne injustificado. En consecuencia, la condición de acompañante, en el caso bajo análisis, constituye una barrera administrativa que impide el normal acceso al goce efectivo del derecho a la salud de la accionante. 8.12. En suma, la medida impuesta por la IPS, encargada de suministrar el servicio de transporte ambulatorio, configura un requisito adicional, que no había sido exigido a la accionante previamente. Además, habida cuenta de la imposibilidad que tiene la accionante de contar con un acompañante, esta exigencia se convierte en una carga que ella no logra soportar para acceder al servicio de hidroterapias requerido. Por lo tanto, la EPS SOS y la IPS Cardio Urgencias Tuluá han desconocido los principios de continuidad y acceso efectivo al derecho a la salud de la accionante, no solo por la imposición de un nuevo requisito no previsto en años anteriores y no soportado en la prescripción médica, sino también por las consecuencias que la suspensión de las sesiones de hidroterapias produce en el cuerpo de Carmen Lucía Zuluaga, haciendo del transporte un medio necesario y ligado estrechamente al servicio principal de hidroterapias. El caso de la accionante no requiere acompañamiento de auxiliar de enfermería o cuidador 8.13. Teniendo en cuenta el análisis constitucional realizado en esta providencia sobre la figura de cuidadores y auxiliares de enfermería, es preciso recordar que existen determinados requisitos para que un paciente se beneficie de alguna de las figuras antedichas. Es así, como en el caso de auxiliares de enfermería se hace necesario que el profesional tratante estime pertinente el servicio y que esté dirigido únicamente a cuestiones relacionadas con el mejoramiento de la salud del afiliado[121]. 8.14. Frente al caso concreto, tenemos que la accionante no requiere compañía para mejorar su estado de salud, de hecho el médico tratante no prescribió tal servicio en atención a su patología. Contrario a ello, el requisito, que fue exigido por la EPS e IPS, no guarda relación ineludible y necesaria con la atención en salud que requiere la paciente. Es decir, el transporte sí es un medio para acceder al servicio de salud principal, que es el tratamiento de hidroterapias; pero, la compañía dentro del servicio de transporte no constituye un elemento necesario para la recuperación de la salud de la paciente. 8.15. Ahora bien, en relación con la figura del cuidador, esta Corporación ha determinado que es procedente, a cargo de la EPS, cuando se cumplan los requisitos trazados por la jurisprudencia constitucional, recogidos en esta providencia. El análisis de tales requisitos se da una vez determinada la condición de dependencia del paciente, de manera que el cuidador realice las actividades básicas que el paciente, por su condición de salud, no puede ejecutar de manera autónoma. 8.16. Al respecto, se verificó que la ciudadana Carmen Lucía Zuluaga Mejía no es completamente dependiente de un tercero[122], de modo que su condición amerite la compañía de un cuidador, y no hay certeza médica que así lo requiera. Por lo tanto, el tipo de acompañante que exigen la EPS SOS y la IPS encargada del transporte de la accionante no es el que se requiere para el desarrollo de cada una de las actividades básicas de la usuaria, sino únicamente para los traslados ambulatorios. En consecuencia, la figura del cuidador no resulta aplicable en el caso concreto. 8.17. En suma, es claro que la procedencia de una medida judicial que ordene a una EPS suministrar el servicio de auxiliar de enfermería o cuidador requiere el cumplimiento de parámetros determinados que así lo ameriten. Por lo tanto, habiendo comprobado de manera inequívoca que en el caso objeto de análisis constitucional no se configuran los elementos para que a la accionante pueda ser atribuible una de las anteriores figuras, se descarta la necesidad del tipo de acompañamiento en comento. La compañía en medio de transporte ambulatorio tampoco es exigible a la accionante 8.18. Ahora bien, al estudiar el caso del acompañamiento en medio de transporte ambulatorio, la jurisprudencia constitucional determinó que, para conceder el transporte de un acompañante, es preciso verificar que “el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento y requiere atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas”[123](se resalta). No obstante, el caso en cuestión no comporta una situación de total dependencia de un tercero, de ahí que la accionante haya podido tomar el servicio de transporte por más de ocho años sin compañía del tipo exigido por la EPS. 8.19. En primer lugar, tanto la EPS como los jueces de primera y segunda instancia consideraron oportuno y necesario que la paciente tome el servicio de transporte acompañada. Ello, por su seguridad, protección y bienestar al interior del vehículo. Frente a esto, no desconoce la Sala el interés válido de las Entidades e Instituciones Promotoras y Prestadoras de Servicios de Salud en suministrar a los usuarios un adecuado servicio. Sin embargo, dicho interés no puede ser antepuesto cuando ello resulta en el desconocimiento del mismo derecho fundamental que se busca promover, proteger y garantizar. 8.20. Con todo, los jueces de instancia sostuvieron que no resulta ser un comportamiento responsable el que el juez constitucional exima a la paciente del requisito de acompañante si sus condiciones de salud lo ameritan. Sin embargo, los togados dejaron de tener en cuenta que amplia jurisprudencia de esta Corporación indica que no le es dado al juez de tutela conceder medidas que no estén debidamente avaladas por el criterio científico, o que la situación fáctica evidencie la necesidad urgente de que el juez ordene un servicio no prescrito por el médico. 8.21. Al respecto, esta Corporación señaló que en el sistema de salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante, por tener el criterio científico y conocer de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente[124]. De ahí que el criterio del médico tratante, como profesional idóneo, sea esencial para establecer cuáles son los servicios de salud a que tienen derecho los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. Por lo tanto, la actuación del juez constitucional debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas, no a valorar un procedimiento o servicio médico que no fue prescrito. 8.22. En el caso de la señora Carmen Lucía Zuluaga, el material probatorio permite asegurar que no necesita un acompañante en sus traslados, a pesar de su patología. Es claro que el médico tratante recomendó una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de realizar el traslado en el medio de transporte ambulatorio, como el cambio de posición cada 20 minutos; sin embargo, en ningún momento el médico adujo la necesidad de que la paciente tome el servicio con compañía adicional al personal de la ambulancia. En consecuencia, el criterio médico no puede ser reemplazado por el jurídico, y menos aún por el criterio administrativo de una EPS o IPS, ya que solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento o servicio de salud. 8.23. Ahora bien, la EPS, en su escrito de respuesta al Auto que ordenó la aplicación de la medida cautelar tendiente a dar continuidad al servicio de salud requerido por la accionante, señaló que es parte del protocolo de la IPS la exigencia de un familiar del usuario al interior del vehículo, además del personal de salud que viaja en la ambulancia. Tal afirmación fue fundada en la Resolución 2003 de 2014. 8.24. Con base en lo anterior, vale decir que la Resolución en comento por la que “se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”, procura brindar a los usuarios un servicio de calidad para acceder a los elementos que son requeridos para la garantía del derecho a la salud. No es cierto que esta resolución exija que el paciente deba contar con un acompañante, siendo familiar de primer y/o segundo grado de consanguinidad. Lo anterior, configura una interpretación de la IPS encargada de suministrar el servicio de salud, que busca seguir los lineamientos de dicha resolución; sin embargo, al considerar la medida para el caso concreto, se encuentra que no es aplicable, ya que no es esencial y se aleja de los parámetros y criterio científico del médico. 8.25. Así las cosas, es relevante precisar que todas las entidades prestadoras de los servicios de salud, así como las instituciones promotoras de dichos servicios, están en el deber de observar los lineamientos prescritos en la citada resolución, de manera que el derecho a la salud de los usuarios sea garantizado de manera efectiva. Sin embargo, ello no indica que las EPS o IPS puedan formular requerimientos que constituyan cargas que el paciente no está en el deber de soportar, si no es una herramienta esencial y necesaria para que el acceso al servicio de salud sea garantizado en debida forma. 8.26. Por esta razón, la EPS SOS, así como la IPS Cardio Urgencias Tuluá, no pueden desconocer los principios aplicables a la garantía del derecho a la salud con la implementación de medidas que no son esenciales a la hora de tomar el servicio de transporte en estudio. En esta línea, la Resolución 2003 de 2014 señala que las ambulancias básicas, en cuanto al talento humano, deben contar con “tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico profesional en atención prehospitalaria o auxiliar en enfermería, en cualquier caso, con certificado de formación en soporte vital básico”. Por lo tanto, la paciente cuenta con la compañía necesaria para la atención que requiere el transporte ambulatorio desde el municipio de Roldanillo a la ciudad de Cali, ya que el personal de la ambulancia está en capacidad de seguir las recomendaciones que el médico tratante señaló para los traslados. 8.27. Con todo, llama la atención que los togados de las instancias analizadas señalaron que el juez constitucional no debe conceder excepciones a la accionante, por considerar irresponsable una acción tal, al tiempo que, con sus decisiones, avalan una medida administrativa que se aparta del criterio del médico tratante. De hecho, también resulta contradictorio que la EPS accionada sostiene que no presta servicios que no cuenten con prescripción médica[125], a la vez que exige el cumplimiento de un requisito que no se deriva de una prescripción médica. 8.28. Ahora bien, el argumento de la EPS sobre la configuración de la figura de abuso del derecho resulta inconducente en este caso, ya que no se trata de los motivos por los cuales se produjo la controversia respecto de la exigencia de un acompañante en el medio de transporte ambulatorio. No obstante, cabe indicar que la accionante debe realizar el uso debido a los servicios dispuestos a su beneficio, pero ello no significa que la IPS no esté en la obligación de tener en cuenta cada una de las sugerencias dadas por el médico tratante para el transporte de la paciente, que por su condición específica, debe contar con una forma de transporte adecuada a sus necesidades. 8.29. En síntesis, la condición esencial para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser reemplazado por el jurídico[126], como tampoco por la apreciación de las entidades promotoras y prestadores de los servicios de salud. Por lo tanto, si el médico tratante de la paciente Carmen Lucía Zuluaga no consideró la compañía al interior del medio de transporte, como una medida necesaria por su condición de salud, no le es dado a la EPS accionada, ni a la IPS prestadora del servicio de transporte, imponer requisitos que la paciente no puede cumplir, y que además, afectan sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. Por lo tanto, la Sala concluye que no le es dado al juez constitucional avalar un protocolo que, al ser analizado frente al caso concreto y en observancia del criterio médico, resulta ser innecesario, poco razonable y desconocedor de los principios de accesibilidad y continuidad en el servicio y derecho a la salud. 8.30. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará las sentencias dictadas, en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo – Valle, el trece (13) de enero de dos mil veinte (2020), y, en segunda instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo -Valle, el dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). En su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida en condiciones dignas de la accionante, vulnerados por la exigencia de la IPS Cardio Urgencias Tuluá y la EPS SOS, de un acompañante cercano o conocido de la paciente para el uso del servicio de transporte en ambulancia básica. En consecuencia, se ordenará la supresión de dicho requerimiento para el acceso efectivo al servicio de salud que demanda la patología de la accionante, conforme a la prescripción de su médico tratante. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE PRIMERO. LEVANTAR la medida provisional ordenada mediante Auto del 10 de noviembre de 2020, en el trámite de revisión del presente caso. SEGUNDO. REVOCAR las sentencias dictadas, en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo – Valle, el trece (13) de enero de dos mil veinte (2020), y, en segunda instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo -Valle, el dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020). TERCERO. En su lugar, CONCEDER el amparo invocado de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida en condiciones dignas de la accionante, con la eliminación del requisito de acompañante, familiar o conocido, en medio de transporte ambulatorio básico. CUARTO. ORDENAR a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A., y a la IPS Cardio Urgencias Tuluá S.A.S., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia supriman el requisito de acompañante familiar o conocido en el medio de transporte ambulatorio básico, para el caso concreto de esta providencia. QUINTO. ADVERTIR a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A y a la IPS Cardio Urgencias Tuluá S.A.S., que en lo sucesivo se abstengan de imponer barreras administrativas para el debido, racional y sencillo acceso de los usuarios a los servicios de salud. SEXTO. DESVINCULAR al Ministerio de Salud y la Protección Social y a la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca por falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente caso. SÉPTIMO. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Ver a folios 46-49 del cuaderno único. [2] Ver a folios 68-71 del cuaderno único. [3] Sala de Selección Número Cuatro, conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos. Auto del 29 de septiembre de 2020, notificado el 14 de octubre de 2020. [4] De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, en el cuaderno único, folio 7. [5] Ver a folio 13 del cuaderno único, de la historia clínica de la accionante. [6] Ver a folio 13 del cuaderno único donde reposa la historia clínica de la accionante. [7] Ver a folio 27 del cuaderno único. [8] Ver a folios 14 y 15 del cuaderno único. [9] De acuerdo con orden médica que obra a folio 10 del cuaderno único. [10] Ver a folio 55 del cuaderno único. [11] Ver a folios 1 y 8 del cuaderno único. [12] Ver a folio 8 del cuaderno único. [13] Ib. ídem. [14] Ver a folio 9 del cuaderno único. [15] Ver a folios 1-6 del cuaderno único. [16] Ver a folios 16-17 del cuaderno único. [17] Ver a folios 27-31 del cuaderno único. [18] Ver a folio 28 del cuaderno único. [19] Ver a folio 29 del cuaderno único. [20] Ver folios 23-26 del cuaderno único. [21] Ver a folio 26 del cuaderno único. [22] Ver a folio 7 del cuaderno único. [23] Ver a folio 13 del cuaderno único. [24] Ver a folio 12 del cuaderno único. [25] Ver a folios 10-11 del cuaderno único. [26] Ver a folios 14-15 del cuaderno único. [27] Ver a folios 8-9 del cuaderno único. [28] Ver folios 46-49 del cuaderno único. [29] Ver folios 55-56 del cuaderno único. [30] Ver folio 55 del cuaderno único. [31] Ib. Ídem. [32] Ver folios 68-71 del cuaderno único. [33] Conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, y por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. [34] Auto 416 del 10 de noviembre de 2020. [35] Ver página 6 del escrito de respuesta de la EPS S.O.S al Auto de medida provisional. [36] Página 8, ib. ídem. [37] Página 10, ib. Ídem. [38] La Sala Séptima de Revisión de Tutelas conformada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos. [39] Constitución Política de 1991, artículo 86. [40] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [41] Sentencias T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-188 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado, entre otras. [42] Ver, entre otras, las sentencias T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo; T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; SU108 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-188 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. [43] Ver, entre otras, las sentencias T-200 de 2017 M.P. José Antonio Cepeda Amarís; SU189 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos. [44] Artículo 86 de la Constitución Política. Ver, sobre el particular, las sentencias T-847 de 2014 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-067 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-132 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [45] Ver sentencias T-149 de 2013 M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-010 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [46] Sentencia T-010 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y sobre la protección especial a personas en situación de discapacidad, ver sentencias T-933 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-575 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T-382 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado, T-116 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [47] Ver sentencias T-293 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado, T-252 de 2017 M.P Iván Humberto Escrucería Mayolo y T-010 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [48] Ver, entre otras, las sentencias T-490 de 2020 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, T-010 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schelesinger y T-375 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En ellas la Corte Constitucional indicó que este mecanismo no es idóneo porque: i) “no contempla un término para que las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial resuelvan la apelación que eventualmente se presenta contra la decisión adoptada en primera instancia”; ii) “no consagra mecanismos para hacer cumplir lo ordenado”; y iii) “la Superintendencia Nacional de Salud no tiene sedes o dependencias en todo el territorio del país”. En la sentencia T-239 de 2019 este Tribunal destacó que: “[e]l mismo Superintendente Nacional de Salud al acudir a la Corte Constitucional (…) explicó el grave atraso que enfrentaba la entidad para resolver las solicitudes ciudadanas. Indicó dicho funcionario que: (i) para la entidad, en general, es imposible proferir decisiones jurisdiccionales en los 10 días; (ii) existe un retraso de entre 2 y 3 años para solucionar de fondo las controversias conocidas por la entidad en todas sus sedes, especialmente las de carácter económico, que son su mayoría y entre las que se encuentran la reclamación de licencias de paternidad; (iii) en las oficinas regionales la problemática es aún mayor, pues la Superintendencia no cuenta con la capacidad logística y organizativa para dar solución a los problemas jurisdiccionales que se le presentan fuera de Bogotá, ya que carece de personal especializado suficiente en las regionales y posee una fuerte dependencia de la capital”. [49] Corte Constitucional, SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. [50] Corte Constitucional, SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. [51] Corte Constitucional, sentencias T-859 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, T-361 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. [52] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [53] La Ley 1751 de 2015, en su artículo 2º, dispone que el derecho a la salud es fundamental, autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. [54] Sentencia T-120 de 2017 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [55] Ver sentencias T-597 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-454 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-566 de 2010, T-931 de 2010, T-355 de 2012, T-176 de 2014, T-132, T-331 de 2016 y T-170 de 2017 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [56] Ver, entre otras, las sentencias T-117 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-402 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera, T-036 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-121 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [57] Ver artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria de salud. [58] Corte Constitucional, sentencia T-259 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [59] Capítulo desarrollado con fundamento en las sentencias T-637 de 2017, SU124 de 2018 y T-170 de 2019, todas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. [60] Segundo literal d del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. [61] Sentencias T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y en la SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [62] Ver, entre otras, las sentencias T-1198 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-164 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-479 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-505 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiteradas en la sentencia T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y en la SU124 DE 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [63] Sentencias T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y en la SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [64] Sentencia T-121 de 2015 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez [65] Artículo 13 de la Constitución Política de 1991, analizado en la sentencia T-232 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [66] Sentencia T-170 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [67] Sentencia T-468 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [68] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [69] M.P. Cristina Pardo Schelesinger. [70] Postura expuesta en la sentencia T-657 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [71] Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [72] Sentencia T-232 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [73] Ley Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. [74] Sentencia T-232 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [75] Ley Estatutaria 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. [76] Sentencia T-339 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos, en la que se reiteran las sentencias T-887 de 2012, T-298 de 2013, T-940 de 2014, T-045 de 2015, T-210 de 2015 y T-459 de 2015. [77] Sentencia T-952 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacion, reiterada en la sentencia T-310 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [78] Ver, entre otras, las sentencias T-423 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-310 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-289 de 2013 y T-388 de 2012 M.P. Luis Hernesto Vargas Silva, T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [79] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [80] Sentencia T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [81] Ver, entre otras, las sentencias T-1198 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-164 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-479 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-505 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiteradas en la sentencia T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y en la SU124 DE 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [82] Sentencia T-339 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos, en la que se reiteran las sentencias T-887 de 2012, T-298 de 2013, T-940 de 2014, T-045 de 2015, T-210 de 2015 y T-459 de 2015. [82] Sentencia T-952 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacion, reiterada en la sentencia T-310 de 2016 M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio. [83] Sentencia T-339 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos. [84] Sentencias T-124 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU124 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [85] Las siguientes consideraciones se basan en lo expuesto en las sentencias T-260 de 2020 M.P. Diana Fajardo Rivera, T-527 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas, T-423 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-196 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-644 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [86] Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2016, T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-423 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-527 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas, T-260 de 2020 M.P. Diana Fajardo Rivera. [87] Sentencia T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [88] Sentencia T-260 de 2020 M.P. Diana Fajardo Rivera. [89] Sentencia T-266 de 2020 M.P. Alberto Rojas Ríos. [90] Sentencia T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [91] Sentencia T-154 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez [92] Sentencia T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [93] Sentencia T-260 de 2020 M.P. Diana Fajardo Rivera. Este tema también ha sido desarrollado, entre otras, en las sentencias T-065 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [94] Ib. Ídem. [95] Sentencia T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [96] Consideraciones basadas en lo expuesto, sobre este punto, en la sentencia T-228 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [97] Sentencias T-679 de 2013 y Sentencia T-1158 de 2001, reiteradas en la sentencia T-228 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [98] Sentencias T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-650 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-003 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño. [99] Sentencias T-197 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-557 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos y T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [100] Sentencias T-120 de 2017 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-309 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [101] Sentencia T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [102] Sentencias T-228 de 2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [103] Resolución 2003 de 2014, Ministerio de Salud y la Protección Social. Anexo correspondiente al manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud, numeral 2.3.2.8 sobre transporte asistencial. [104] Sentencias T- 345 de 2013 y T-036 de 2017, reiteradas en las sentencias T-061 de 2019 y T-508 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos. [105] Ib. Ídem. [106] Ib. Ídem. [107] Sentencia T-061 de 2019 M.P. Alejandro Linares Cantillo. [108] M.P. María Victoria Calle Correa [109] M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [110] Sentencia C-077 de 2017 y T-881 del 2002, reiteradas en la sentencia T-041 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [111] Sentencia T-499 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [112] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [113] Sentencia T-527 de 2008 reiterada en la sentencia T-041 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [114] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [115] Sentencia T-041 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [116] Ver a folio 16 del cuaderno único en el que la accionante sostiene que su núcleo familiar está conformado por su madre de 84 años, quien requiere cuidados especiales pues tiene osteoporosis avanzada y tuvo que someterse a una cirugía de columna vertebral; su hermano de 60 años, quien padece una condición de discapacidad y requiere cuidado constante; su hermana de 50 años, quien se encarga del cuidado de su madre, de su hermano y los quehaceres del hogar; y su sobrino, quien es normalista superior y trabaja en jornada diurna y dispone de 2 días (como máximo) al mes para acompañarla. [117] Página 8 del escrito de respuesta de la EPS SOS al Auto de medida provisional. [118] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [119] Ver folios 23-26 del cuaderno único. [120] Sentencia T-196 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [121] Sentencia T-065 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. [122] Ver a folio 56 del cuaderno único. [123] Sentencias T-309 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y T-409 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [124] Ib. Ídem. [125] Ver a folio 28 del cuaderno único. [126] Sentencia T-345 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.

T-019-21 Sentencia T-019/21 Referencia: Expediente T-7.896.838 Acción de tutela instaurada por María Consuelo Londoño de Silva contra el Tribunal Superior de Ibagué y otro. Procedencia: Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil. Asunto: Tutela contra providencias judiciales. Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de la decisión de primera y única instancia, dictada el 22 de enero de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo. El asunto llegó a esta Corporación por remisión del juez de instancia[1], en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El presente proceso fue escogido para revisión por la Sala de Selección N°4 de 2020, mediante auto del 29 de septiembre del mismo año. I. ANTECEDENTES Por intermedio de apoderado judicial, María Consuelo Londoño de Silva promovió acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Ibagué y en particular, del Magistrado Diego Omar Pérez Salas -quien hace parte de ese cuerpo colegiado de la Rama Judicial-, por considerar que ambos vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la legítima defensa, a la doble instancia, a la confianza legítima y a la “seguridad legítima”, al abstenerse de dar trámite al recurso de apelación que ella interpuso en contra de la sentencia del 25 de julio de 2017 proferida por ese Tribunal, en el marco de un proceso de pertenencia. A. Hechos y pretensiones 1. El 30 de mayo de 2013, la accionante adelantó un proceso de pertenencia en contra de personas indeterminadas. El Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima) conoció del mismo 2. El 25 de julio de 2017, este juzgado profirió sentencia en la que resolvió “[n]egar las pretensiones de la demanda”[2]. Contra ese fallo, la hoy accionante en esta acción de tutela presentó recurso de apelación el 31 de julio siguiente[3]. Como resultado, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Ibagué[4], 3. El 15 de septiembre de 2017, este Tribunal emitió auto mediante el cual (i) inadmitió el recurso de apelación promovido por la demandante en tanto que encontró una irregularidad en la notificación de la sentencia y (ii) ordenó corregir la anomalía por el Juzgado de origen. Una vez ajustada la situación, el 5 de octubre siguiente se llevó a cabo la notificación de la sentencia en debida forma y posterior a esa notificación, no se formuló recurso de apelación alguno. 4. El 2 de mayo de 2019, el apoderado de la demandante pidió al juzgado de conocimiento que enviara “el proceso [al Tribunal], para que se surt[iera] el recurso de apelación interpuesto el 31 de julio de 2017 (…) contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2017, que negó las pretensiones de la demanda”[5]. El 17 de mayo siguiente, esa dependencia judicial no accedió a la solicitud. Entonces, la demandante propuso los recursos de reposición y en subsidio el de queja en contra de esa decisión negativa, por lo que el Juzgado confirmó su determinación y se abstuvo de darle trámite a la queja, a través de un auto del 12 de junio de 2019. En ese estado de cosas, la demandante promovió acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de Lérida, con el ánimo de que se dejara sin efectos el auto del 17 de mayo de 2019 y se tramitara la queja promovida. 5. El Tribunal Superior de Ibagué concedió el amparo constitucional y ordenó tramitar el recurso de queja inicialmente solicitado. 6. El apoderado de la accionante[6] relató que el 8 de agosto de 2019, el Tribunal accionado profirió el referido fallo de amparo. En esa sentencia, adoptada con la participación del Magistrado Diego Omar Pérez Salas, la Sala Civil consideró que, mediante el auto del 12 de junio de 2019, el Juzgado accionado lesionó los derechos de la señora Londoño, pues le negó un recurso de queja que era factible, dado que es una oportunidad procesal que no puede “sesgarse”. En consecuencia, el Tribunal ordenó a dicho Juzgado emitir una nueva decisión, y remitir el expediente al superior para que se valorara ese recurso como era pertinente. En cumplimiento de la decisión del Tribunal, el Juzgado Civil del Circuito de Lérida remitió el expediente al superior, para el trámite del recurso de queja. 7. Así las cosas, en ese Tribunal le correspondió al Magistrado Diego Omar Pérez Salas, por radicado el 4 de septiembre de 2019, determinar si la negativa al recurso de apelación contenida en el auto del 17 de mayo de 2019 había sido proferida con arreglo o no a la ley, en virtud del recurso de queja finalmente aceptado. 8. El 12 de noviembre de 2019, ese Magistrado encontró que el recurso de queja finalmente era improcedente. Sostuvo que el proceso de pertenencia, en el que la accionante es la demandante, se profirió sentencia el 25 de julio de 2017, notificada el 5 de octubre siguiente y que aquella se encuentra ejecutoriada, toda vez que no fue recurrida. Por ende, la decisión del 17 de mayo de 2019 del juzgado, que resolvió desfavorablemente la petición hecha por la demandante en el sentido de remitir el expediente al Tribunal para que se tramitara el recurso de apelación contra la sentencia del 25 de julio de 2017, formulado el 31 de julio de ese año, era conducente. Para el Tribunal, “en rigor, no existe auto que deniegue el recurso de apelación” contra el que pueda proceder el recurso de queja, pues este opera respecto de la decisión que deniegue el recurso de apelación, según el artículo 352 del Código General del Proceso (en adelante CGP). Conforme a la decisión de dicho Magistrado, la providencia que resolvió esa petición no negó el recurso de apelación sino la remisión del expediente. 9. Con todo, para el apoderado de la accionante, esta última determinación contraviene lo definido por la sala de decisión de tutelas, de la que fue parte el mismo Magistrado Diego Omar Pérez Salas, cuando consideró procedente la queja. Al resolver la tutela, esa sala confirmó la necesidad de remitir el proceso al Tribunal para que definiera lo relativo a la queja y a la apelación negada. Sin embargo, para la actora, en contravía de lo inicialmente decidido, el Magistrado mencionado dedujo que el recurso de queja era improcedente, con lo que el Tribunal Superior de Ibagué desconoció directamente la Constitución, dado que no acató el fallo de tutela proferido por esa misma autoridad jurisdiccional, ni los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso. La señora María Consuelo Londoño de Silva destacó que la actuación que censura del Magistrado implica de un lado, como defecto de la providencia, la vulneración directa de la Constitución, en virtud de que (i) se comprometieron sus derechos fundamentales, en particular el debido proceso, y (ii) se desconoció la orientación definida en un fallo de tutela. Por otro, se configuró en el auto proferido a partir del recurso de queja, los defectos sustantivo, orgánico o procedimental, pues el archivo de un proceso solo tiene lugar cuando la sentencia está ejecutoriada, lo que en este asunto no sucedió, toda vez que hay un recurso de apelación pendiente de ser resuelto. Además, el desconocimiento de lo determinado en la acción de tutela supone el compromiso de la confianza legítima. 10. Por estas razones, la accionante acudió nuevamente al juez de tutela, con el objetivo de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la doble instancia y a la legítima defensa. Para ello solicitó que se le resguarde de lo que ella estima un “defecto procedimental absoluto”, en el que -alega- incurrió la parte accionada al desconocer las normas que rigen el recurso de queja, y también el fallo de tutela proferido previamente en relación con este asunto. Adicionalmente, solicitó (i) la aplicación del precedente judicial, sin especificar de cuál se trata; (ii) dejar sin efecto el auto del 12 de noviembre de 2019, que declaró improcedente el recurso de queja, así como todas las actuaciones posteriores a ella; y (iii) ordenar al Magistrado accionado que profiera una nueva decisión, a su juicio, con apego al fallo de tutela previamente emitido. La demandante también señaló brevemente que propuso la presente acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable. Argumentó que si bien dispone del recurso de revisión de la sentencia, este no tiene la misma efectividad que la acción de tutela. Por último, hizo una “solicitud previa especial de protección”, consistente en que no se aplique la providencia del “once (11) de abril de 2018”[7]. B. Decisión objeto de revisión 11. Repartido el escrito de tutela a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ese despacho judicial admitió la demanda por auto del 16 de diciembre de 2019, mediante el cual (i) vinculó a las autoridades judiciales correspondientes y a la partes e intervinientes tanto en el proceso de pertenencia 2013-00058 como en el de tutela 2019-00208. Igualmente, (ii) corrió traslado de la solicitud de amparo y, por último, (iii) negó la medida provisional solicitada. 12. El Magistrado Diego Omar Pérez Salas, en representación del Tribunal Superior de Ibagué, adujo que no se configuró ningún defecto en la providencia del 12 de noviembre de 2019. Anotó que, toda vez que no existía auto que denegara realmente el recurso de alzada, la queja no era procedente como efectivamente se encontró y se declaró. Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Lérida remitió, en calidad de préstamo, el expediente del proceso de pertenencia sobre el que versa este asunto. 13. Mediante providencia del 22 de enero de 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo. Encontró que el Tribunal Superior de Ibagué no comprometió los derechos de la accionante, pues rechazó por improcedente el recurso de queja ante la ausencia de una decisión que negara el recurso de apelación, como se imponía hacerlo. Adicionalmente precisó que la sentencia que definió el proceso de pertenencia ya quedó ejecutoriada, pues en relación con ella no se propuso ningún recurso. Así, los planteamientos de la accionante reflejan un disenso subjetivo sobre la decisión del Tribunal, fundado en una interpretación alterna, que excede el ámbito de la acción de tutela, pues la decisión judicial cuestionada es razonable y no se revela arbitraria. Ahora bien, en lo que atañe al fallo de tutela del 8 de agosto de 2019 emitido en relación con el recurso de queja, precisó que, como quiera que contiene órdenes dirigidas exclusivamente al Juzgado Civil del Circuito de Lérida, y no al Tribunal Superior de Ibagué, este último no fue conminado por aquel a efectuar conducta alguna y, en tal virtud, no es posible concluir que se hubiese desconocido lo ordenado por el juez de tutela. 14. La decisión de primera instancia no fue impugnada por ninguno de los sujetos que intervinieron en este asunto. C. Actuaciones en la Corte Constitucional y en el trámite de Revisión En escrito presentado por el apoderado de la accionante durante el trámite de selección de este proceso, la parte demandante afirmó que el expediente de la referencia debería ser seleccionado para revisión, dado que se configuró una vía de hecho por parte del juez de tutela al negar la protección de sus derechos y comprometer la garantía de la doble instancia. Afirmó que el fallo de tutela desconoció los hechos y las pretensiones del caso, y admitió pruebas fraudulentas; incluso, tuvo en cuenta un testimonio que no correspondía[8]. Sostuvo que la afirmación del juez de tutela relacionada con que la accionante no presentó recurso de apelación contra la sentencia del 25 de julio de 2017, es infundada. Queda desvirtuada con la expedición del auto del 14 de agosto de 2017, en el que el Juzgado Civil del Circuito de Lérida concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Ibagué. Aseguró que el 15 de septiembre de 2017, al resolver ese recurso, el Magistrado accionado, en desconocimiento de la normativa aplicable, inadmitió el recurso de apelación, con ocasión de yerros en el trámite de notificación que solo le eran atribuibles al juzgado de conocimiento del asunto y no al recurrente. Así, “la inadmisión del recurso de apelación, es una actuación arbitraria, caprichosa e infundada, violatoria de los derechos” de la actora. Destacó que luego de ello, el 4 de octubre de 2017, el juzgado de conocimiento ordenó la notificación de la sentencia y de esa misma providencia, con lo que se configuró una notificación paralela que es ilegal, al no estar contemplada en el Código General del Proceso. Una vez seleccionado el expediente, este asunto fue repartido al despacho de la Magistrada ponente el 14 de octubre de 2020. Mediante auto del 4 de noviembre de 2020, se solicitó material probatorio adicional para mejor proveer, por lo que se le ofició: (i) al Juzgado Civil de Circuito de Lérida para que remitiera la copia digital del proceso de pertenencia promovido por María Consuelo Londoño de Silva; y (ii) a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué para que hiciera lo mismo respecto del escrito de tutela, de las contestaciones y de la(s) sentencia(s) proferidas en el trámite de tutela iniciado por María Consuelo Londoño de Silva en contra del Juzgado Civil de Circuito de Lérida. Esa misma providencia ordenó poner a disposición de las partes los documentos recibidos con ocasión de la decisión enunciada. Del análisis de los expedientes aportados por dichas dependencias judiciales, se pudo establecer que a partir de la emisión de la sentencia del 25 de julio de 2017[9], que es la fecha en que se profirió la decisión en el proceso de pertenencia previa a la anomalía en la notificación que subsanó el tribunal, se surtieron varias actuaciones que es relevante referir, como se hará a continuación. Hallazgos en relación con los procesos ordinario y de tutela recibidos en sede de Revisión La decisión de fondo emitida por el Juzgado Civil de Circuito de Lérida negó las pretensiones de la demanda. Contra esa determinación la parte demandante propuso el recurso de apelación el 31 de julio siguiente[10], sobre la base de que el mismo desconocía los hechos y las pretensiones planteadas, como las pruebas solicitadas en el escrito de la demanda, al punto de dar exclusiva credibilidad a un testimonio, decretado de oficio. El Tribunal Superior de Ibagué profirió el auto del 15 de septiembre de 2017[11]. En él resolvió sobre la admisión del recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de julio de 2017. Argumentó que el Código General del Proceso rige desde el 1° de enero de 2016, de modo que, para el momento de la emisión del fallo, era necesaria la aplicación de las nuevas directrices procesales, que indicaban que la decisión debía notificarse mediante anotación en estado, la que ha debido efectuarse el 26 de julio de 2017. No obstante, el juzgado optó por notificar la sentencia bajo el sistema del Código de Procedimiento Civil, esto es, por edicto. En consecuencia, una vez advertida la irregularidad, “se inadmiti[ó] el recurso para que el juzgado de conocimiento observe a cabalidad las normas procesales vigentes al tiempo de la expedición de la sentencia, de tal suerte que, notifique legalmente la sentencia proferida, para respetar el debido proceso, y de paso se exhorta al juzgado de primer grado para que cumpla en debida forma con la normativa del Código General del Proceso”[12]. Esa decisión fue acatada plenamente por el Juzgado Civil de Circuito de Lérida. Ante la emisión de esta providencia, la accionante formuló ante el citado juzgado, una “[s]olicitud de declaración de Ineficacia de la sentencia (sic.) de fecha 15 de diciembre de 2016 (sic), dando lugar a su renovación”[13]; petición que se justificó bajo el argumento de que las pruebas en las que se sustentó la decisión eran nulas de pleno derecho. El acatamiento a la decisión del Tribunal y la determinación de la solicitud de declaración de ineficacia promovida por el apoderado judicial de la demandante fueron resueltas en el auto del 4 de octubre de 2017. Al respecto, el juzgado consideró que “el apoderado de la parte demandante solicita se declare la ineficacia de dicho fallo, pero ha de advertirse que pronunciada la sentencia, el juez no puede volver sobre ella para tomar esa determinación, y menos en este caso, pues, por un lado el Juzgado está sujeto exclusivamente a lo dispuesto por el Superior, y, de otro, la ineficacia no es una medida que esté autorizada en el procedimiento”[14]. Ahora bien, la demandante formuló “Recurso de Reposición y subsidiario de Apelación”[15] para controvertir la providencia del 4 de octubre de 2017, con el argumento de que la sentencia a la que pretendía oponerse no fue notificada y aún se encontraba a cargo del juzgado de conocimiento. Recalcó que el Tribunal emitió la determinación enunciada, sin asumir las competencias que le correspondían, en calidad de juez de segunda instancia. Este auto, sin embargo, fue confirmado y el recurso de apelación negado, a través de providencia del 26 de octubre de 2017[16]. Contra esa última decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de queja[17]. Y sobre ese asunto el Tribunal Superior de Ibagué estimó negar el recurso el 17 de enero de 2018. En consecuencia, el 28 de enero de 2018, el Juzgado Civil de Circuito de Lérida ordenó devolver el proceso para el archivo definitivo. En relación con esta determinación, la demandante formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación[18], con el argumento de que el juez de primera instancia “al no notificar la sentencia por estado y no efectuar la inserción del estado, al día siguiente de la fecha de la providencia; (…) no ha permitido la ejecutoria de la sentencia, careciendo de efecto jurídico”[19]. Además, precisó que la solicitud de ineficacia de la sentencia del 25 de julio de 2017, efectuada el 2 de octubre de 2017, interrumpió el término de ejecutoria de aquella providencia. Estos recursos fueron resueltos por auto del 11 de abril de 2018, en el que el Juzgado Civil de Circuito de Lérida desestimó la reposición y se abstuvo de conceder el recurso de apelación. Precisó que la decisión de archivo del proceso no le puso fin al mismo, pues se trata “de una formalidad. Desde luego que el proceso concluyó con la ejecutoria de la sentencia que resolvió de fondo el asunto, lo cual sucedió el diez de octubre de 2017 (f1.465)”[20]. Las demás actuaciones postergaron el archivo, pero no la definición del caso. Ahora bien, “[l]a petición de ineficacia de la sentencia, no pudo interrumpir su término de ejecutoria, una vez notificada por estado el cinco de octubre de 2017 (f1.452 vto.), pues ninguna disposición normativa previene esa consecuencia”. En esa misma providencia, el Juzgado Civil de Circuito de Lérida hizo una advertencia en relación con la conducta de la parte demandante y de su apoderado al reprochar “su errática argumentación, que de ser aceptada haría incurrir, en uno de los supuestos de la causal de nulidad contemplada en el artículo 133, numeral 20 del Código General del Proceso, esto es ‘Cuando el juez..., revive un proceso legalmente concluido’”. Con fundamento en ello y en otros hallazgos, el juez de la causa declaró al apoderado de la parte demandante como responsable de temeridad, lo multó y compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Contra este último proveído el apoderado de la demandante formuló el recurso de reposición y, en subsidio, de queja, y al sustentar su postura aseguró que “la inadmisión (sic) del recurso de apelación, por la inobservancia de las normas procesales por parte del juzgado de conocimiento, como lo señalo el Magistrado Ponente, en la providencia de fecha 15 de septiembre de 2017; no afectó el recurso de apelación, interpuesto el 31 de julio de 2017, contra la sentencia, de fecha 25 de julio de 2017”(Énfasis propio)[21]. El Juzgado se pronunció al respecto el 9 de mayo de 2018 mediante providencia en la cual confirmó su determinación y dio trámite a la queja. Al resolver esta última, el 25 de junio de 2018, el Tribunal Superior de Ibagué declaró bien negado el recurso de apelación. Tiempo después, el 24 de abril de 2019, el apoderado de la demandante reclamó el desarchivo del expediente[22]. A continuación, el 2 de mayo siguiente presentó un escrito “solicitando, se envíe el proceso, para que se surta el recurso de apelación, interpuesto el 31de julio de 2017, de acuerdo con lo establecido, en el inciso primero del artículo 295 y en el inciso segundo, numeral 3. del artículo 322 del C.G.P., contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2017, que negó las pretensiones de la demanda”[23]. Al hacer esta solicitud, precisó nuevamente que “[l]a inadmisión del recurso de apelación, no hace señalamiento alguno, a la parte demandante”[24] y no le es oponible. El Juzgado Civil de Circuito de Lérida profirió entonces el auto del 17 de mayo de 2019[25] en el cual negó por improcedente tal solicitud. Nuevamente, el apoderado formuló recurso de reposición y, en subsidio, de queja. En relación con el primero, el juzgado confirmó la decisión el 12 de junio de 2019, en la que además negó el recurso de queja en vista de que “no procede porque no se interpuso un recurso de apelación”[26]. Ante esta determinación, el 26 de julio de 2019, la demandante formuló acción de tutela en contra del Juzgado Civil de Circuito de Lérida. A través de ella pretendía dejar sin efecto esa decisión (la del 17 de mayo de 2019) y todas aquellas posteriores al auto emitido el 15 de septiembre de 2017. El conocimiento del caso le correspondió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué que, mediante sentencia del 8 de agosto de 2019[27], concluyó que el juzgado lesionó el derecho fundamental al debido proceso de la demandante, no por el auto del 17 de mayo de 2019, sino por el del 12 de junio siguiente, al negar el recurso de queja. Para el Tribunal, esa oportunidad procesal está prevista para que el superior funcional “revise la legalidad y acierto de la negativa de dar trámite a la alzada, sin que pueda sesgarse tal oportunidad procesal a las partes como lo tuvo la autoridad judicial accionada dentro del numeral 2° del proveído del 12 de junio de 2019”[28]. De este modo, es el superior jerárquico del juez de conocimiento, a través del recurso de queja, quien debe dirimir si procede o no el recurso de apelación. Bajo esa premisa ordenó darle trámite al recurso de queja presentado por la parte interesada. En vista de lo anterior, el Juzgado Civil de Circuito de Lérida profirió el auto del 14 de agosto de 2019, en el que remitió las copias del expediente, para efecto de surtir el recurso de queja[29]. Entonces, el Tribunal Superior de Ibagué profirió la decisión del 12 de noviembre de 2019, en que rechazó el recurso de queja en relación con el auto del 17 de mayo de 2019. En esa providencia el Tribunal fue enfático en afirmar que el artículo 352 del CGP señala que el recurso de queja procede ante la decisión del juez de primera instancia que deniegue el recurso de apelación, para que su superior evalúe la procedencia del mismo y, de advertirla, lo conceda. Sin embargo, en el caso concreto, el auto del 17 de mayo de 2019 no denegó ningún recurso de apelación. De modo que “luce improcedente el recurso de queja que ha formulado la parte actora”[30], dado que el Juzgado no denegó ningún recurso de alzada. En consideración a esta última determinación, el Juzgado Civil de Circuito de Lérida profirió el auto del 10 de diciembre de 2019 por medio del cual ordenó agregar el último recurso de queja al expediente y archivarlo. Días después se promovió esta acción de tutela por parte de la demandante. II. CONSIDERACIONES Competencia 1. En virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión es competente para decidir sobre las actuaciones de tutela, en este caso. Asunto objeto de revisión 2. Para efectos de resolver la presunta afectación de derechos fundamentales que propone la tutela, es importante recordar que la accionante, a través de su apoderado (que también la representó en el proceso de pertenencia en el que se enmarcó la discusión que originó la acción de tutela que concluyó con el fallo del 8 de agosto de 2019 y la que ahora es objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala), acudió al juez constitucional para buscar la protección de sus derechos al debido proceso (legítima defensa y doble instancia), acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima, los que asegura le fueron lesionados por el Tribunal Superior de Ibagué y el Magistrado Diego Omar Pérez Salas, con ocasión de varias decisiones adoptadas en el proceso de pertenencia 2013-00058. Después de realizar una interpretación detenida del escrito de tutela, la Sala pudo identificar como providencias sobre las que se dirige esta acción constitucional, las siguientes: · La sentencia del 25 de julio de 2017, respecto de la cual no se brindaron “mayores argumentos” sobre la lesión de sus derechos fundamentales. · El auto del 15 de septiembre de 2017, en el que el Tribunal inadmitió el recurso de apelación que formuló el 31 de julio de 2017 en contra de la sentencia del 25 de julio del mismo año. La demandante adujo que esa decisión obedeció a un error en la notificación del fallo, que no le era imputable a ella sino al juzgado que la tramitó. · El auto del 4 de octubre de 2017, en el que el Juzgado de conocimiento, al obedecer lo dispuesto por el Tribunal Superior de Ibagué en el auto del 15 de septiembre de 2017, ordenó la notificación de dos providencias en forma paralela. Para la accionante, ello no está contemplado en el Código General del Proceso y, por ese motivo, es ilegal. · El auto del 11 de abril de 2018, en el que el Juzgado de conocimiento mantuvo la decisión de archivo del proceso y declaró responsable de temeridad al apoderado de la parte demandante. Si bien la actora no explicó la acusación respecto de esta decisión, y en el escrito de tutela no se refirió a lo relacionado con la sanción impuesta al apoderado judicial, su abogado sí solicitó su suspensión como medida provisional. · Del auto del 12 de noviembre de 2019, que declaró improcedente el recurso de queja, porque en su criterio (i) desconoce un planteamiento anterior de la misma sede judicial, emitido en el curso de otro trámite de tutela, y (ii) desestima finalmente el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 25 de julio de 2017, que según alega, no fue tramitado y está pendiente de resolverse. Por lo que se trata de una providencia que a su juicio le negó el derecho de acceso a la doble instancia. Además, fue proferida en contravía del criterio del mismo Tribunal Superior de Ibagué, que había reconocido la procedencia del recurso de queja y, así, lesionó su confianza legítima. El juez de instancia consideró que la decisión de declarar improcedente el recurso de queja promovido por la demandante era razonable y no arbitraria. Precisó que el planteamiento de la accionante revela una interpretación alterna a la del Tribunal y no una auténtica censura a la decisión judicial, que no lesiona sus derechos, ni configura un defecto en la decisión que sea relevante desde el punto de vista de la acción de tutela. 5. Planteada así la situación, la Sala debe resolver varios problemas jurídicos. En primer lugar, verificará si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia para controvertir las providencias judiciales censuradas. En segundo lugar, solo en relación con las providencias respecto de las cuales aquellos requerimientos formales se satisfagan, determinará también si existe una lesión a los derechos invocados, por haberse configurado los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución. Para efectos de valorar y resolver el primer asunto, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y los requisitos establecidos para determinar su procedencia. Dados los supuestos fácticos de la presente acción de tutela, hará especial énfasis en el entendimiento de los defectos sustantivo y de desconocimiento directo de la Constitución, por tratarse precisamente de los defectos que se desprenden de la tutela presentada. A partir de ese análisis, revisará si el caso cumple con las exigencias jurisprudenciales señaladas. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales[31] 6. El artículo 86 de la Carta Política habilita la acción de tutela contra providencias judiciales, al admitir la viabilidad del amparo constitucional en contra de autoridades públicas, entre las que se encuentran naturalmente las autoridades judiciales. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela en tales casos también se ha considerado por la jurisprudencia como “excepcional”, debido al reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace de la importancia de los procesos ordinarios, los cuales, en sí mismos, también contribuyen a garantizar la protección de los derechos de las personas, el respeto que se requiere a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y la idea de independencia funcional de los jueces[32]. En desarrollo de la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias, la Corte ha identificado requisitos específicos que se deben satisfacer para que se estudie una acción de tutela contra tales actuaciones judiciales. Se trata de requisitos generales de procedencia y de causales especiales de procedibilidad, como se verá a continuación. Requisitos generales[33] 7. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, exigen que: (i) la cuestión sea de relevancia constitucional, de forma que rotunda e inconfundiblemente, verse sobre los derechos fundamentales de las partes o de terceros interesados en el proceso en el que se dictó la decisión; (ii) se hayan agotado todos los medios de defensa judicial que estén al alcance del actor para oponerse a la decisión judicial que se acusa por vía de tutela; (iii) se cumpla el principio de inmediatez o que la acción se haya interpuesto en un término razonable; (iv) la irregularidad procesal alegada sea decisiva en el proceso, en caso de que esta sea invocada y resulte verdaderamente lesiva de las garantías constitucionales que les asisten a las partes o a los interesados; (v) se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales de modo que la parte accionante precise en forma clara y contundente la acusación sobre la decisión judicial; y que (vi) no se trate de una tutela contra una sentencia que haya definido, a su vez, una acción de tutela.[34] La satisfacción de todos y cada uno de estos requisitos generales abre al juez la posibilidad de continuar el análisis y de definir el asunto que se le plantea. Por el contrario, la inobservancia o el incumplimiento de uno solo de ellos basta para impedirlo y sustraer el debate del conocimiento del juez de tutela. En ese último caso ha de declararse la improcedencia de la acción de tutela, sin que el estudio pueda trascender al fondo del debate promovido por la parte accionante. Requisitos especiales de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias[35] 8. Una vez establecida la existencia concurrente de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, el juez constitucional debe analizar si de los fundamentos expuestos por la parte accionante, de los hechos y de las intervenciones de los interesados, se puede concluir que existió alguno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela cuando se formula contra una providencia judicial. Los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales coinciden con los defectos en los que la jurisprudencia reconoce que eventualmente puede incurrir una autoridad judicial ordinaria, en desarrollo de sus funciones. En tales casos, el funcionario judicial puede lesionar el derecho al debido proceso de las partes, de los intervinientes y/o de los terceros interesados. 9. De esta forma, la Corte ha edificado un sistema de posibles defectos en el proceder de los funcionarios judiciales que afectarían los derechos de las partes en un proceso. Tales defectos atribuibles a las decisiones judiciales son: el orgánico (cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, de forma absoluta, de competencia); el procedimental absoluto (cuando el juez actuó al margen del procedimiento previsto por la ley para adelantar el proceso judicial); el fáctico (cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas trascendentales para el sentido del fallo); el material o sustantivo (cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos normativos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene); el error inducido (cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales); la decisión sin motivación (debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su determinación); el desconocimiento del precedente (cuando la jurisdicción ha fijado ya determinado tema y el funcionario judicial desconoce la subregla establecida y afecta, así, el derecho fundamental a la igualdad); y la violación directa de la Constitución (cuando se desconoce el principio de supremacía de la Constitución, su carácter vinculante y su fuerza normativa)[36]. Defecto material o sustantivo[37] 10. Conforme la línea jurisprudencial en la materia, el defecto sustantivo se le atribuye a una decisión judicial cuando ella se edifica a partir de fundamentos de derecho inaplicables al caso concreto. También, cuando se define sin la observancia de los sustentos normativos correspondientes o con base en “una interpretación que contrarí[a] los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”[38]. En términos generales se presenta “cuando, en ejercicio de su autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación la Constitución o la ley”[39]. Estas hipótesis se configuran en los eventos en los cuales: “(i) (…) la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso; // (ii) (…) el funcionario realiza una ‘aplicación indebida’ de la preceptiva concerniente; // (iii) (…) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; //(iv) (…) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática;// (v) (…) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada;// (vi) (…) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”[40] 11. El defecto sustantivo se erige como una limitación al poder de administrar justicia y a la autonomía e independencia judicial que, en el marco del Estado Social de Derecho, vincula la interpretación judicial a los principios y valores constitucionales, así como a las leyes vigentes. Su desconocimiento, en la medida en que comprometa los derechos fundamentales, habilita la intervención del juez constitucional para su protección. En consecuencia, si bien: “el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral, Comercial, etc. […] en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente (…) [su] intervención (…). En este caso, el juez de tutela tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del Derecho Constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada”[41]. 12. Con todo, cabe anotar que como lo ha sostenido esta Corporación[42] el defecto sustantivo implica la generación de un yerro en la aplicación del derecho y, por su trascendencia, el desconocimiento al debido proceso de las partes, a causa de la elección de fuentes impertinentes o de la omisión de normas aplicables, que bien pueden surgir de las reglas jurisprudenciales que rijan la materia. Desconocimiento directo de la Constitución[43] 13. El defecto al que se hace referencia es atribuible a las decisiones judiciales que desconocen la supremacía constitucional y la jerarquía de las disposiciones de la Carta, en los términos previstos en el artículo 4º superior. El funcionario judicial tiene el deber de aplicarlas y de hacer efectiva la Constitución, “como norma de normas”, en favor de la cual se dirime cualquier conflicto entre las disposiciones normativas del orden jurídico colombiano[44]. 14. Una decisión judicial puede desconocer directamente la Constitución, cuando adopta una decisión contraria a los postulados constitucionales, o éstos no se tienen en cuenta al momento de definir el asunto[45]. La Corte ha precisado[46] que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, cuando: (i) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional[47]; (ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[48]; y (iv) el juez encuentra una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad)[49]. Examen de procedencia de la acción de tutela de la referencia Consideraciones previas sobre las providencias objeto de debate 15. Previamente a establecer la procedencia de la acción de tutela en este asunto, conviene llamar la atención sobre la falta de claridad de la solicitud de amparo, en lo que atañe a la identificación de las providencias judiciales que se estiman censurables. La identificación de las decisiones judiciales que se consideran contrarias a los derechos fundamentales de la demandante no es clara. Por un lado, la acción de tutela se refiere a la providencia del 12 de noviembre de 2019 como el eje de la controversia, pero sus cuestionamientos se dirigen también contra los autos del 15 de septiembre y del 4 de octubre de 2017. Además, la medida provisional se solicitó en relación con el auto del 11 de abril de 2018, pero se destacó que esta acción de tutela es subsidiaria y se formula como mecanismo transitorio dado que, para controvertir la sentencia del 25 de julio de 2017, la demandante cuenta con el recurso de revisión. 16. Así mismo los defectos que según la accionante recaen sobre esas decisiones tampoco son precisos. Se encuentran apenas enunciados en el escrito de tutela, sin mayor explicación de cara a los supuestos fácticos del caso concreto o al cuestionamiento exacto que se deriva de cada uno de ellos. Sin embargo, en lo que atañe a la decisión del 12 de noviembre de 2019, el apoderado de la accionante sí manifestó que se incurrió en los defectos de: (i) la violación directa de la Constitución, al desconocer el derecho al debido proceso de la actora, como también el fallo de tutela del 8 de agosto de 2019; y (ii) el que denominó “defecto sustantivo orgánico o procedimental”[50] por desconocimiento de los artículos 122, 322, 352 y 253 del CGP. En este último asunto, anotó como un desacierto que el Tribunal actuara bajo la premisa de que el proceso ya hubiese concluido, cuando en su concepto, el recurso de apelación del 31 de julio de 2017 aún no se había resuelto. Finalmente, adujo desconocimiento del precedente, sin precisar qué decisiones no fueron tenidas en cuenta al momento de proferir la providencia y en qué medida debieron serlo. 17. Al respecto es importante recordar, en primer lugar, que conforme la jurisprudencia de esta Corporación, la interpretación de la demanda de tutela debe hacerse de conformidad con el principio iura novit curia, según el cual “corresponde al juez (…) discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”[51], de modo que tiene el deber de interpretar el amparo y asumir un papel activo en la conducción del proceso[52]. Sobre este asunto la Corte ha considerado que el carácter informal de la acción de tutela[53], el principio de oficiosidad[54] que la rige, como también la naturaleza ius fundamental de los derechos que tratan de protegerse a través de ella, acentúan ese deber[55]. La Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia C-483 de 2008[56] sostuvo que, para proponer la acción de tutela, en general, basta con la “narración de los hechos que la originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado, sin que sea necesario citar de manera expresa la norma constitucional infringida, y la identificación de ser posible de la persona autora de la amenaza o agravio”. Cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales ello no es diferente, sin perjuicio de la necesidad del cumplimiento de los requisitos generales para su interposición y del mayor rigor que se exige en este tipo de solicitudes de amparo. En relación con este asunto, es preciso tener en cuenta que el requisito general en cuestión es que “se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales”, mas no registrar y mencionar de manera nominal y completa aquel defecto por el que se acusa la decisión. Por ende, el adecuado balance entre la exigencia de las mencionadas causales y la eficacia del derecho de acceso a la justicia impide la exigencia de una técnica particular en la acción de tutela, y sí de los elementos de juicio necesarios para comprender cuál es la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados. Un estándar que en el caso analizado se cumple al menos en forma parcial, como se explicará. 18. Como consecuencia de ello, pese a las imprecisiones registradas en el escrito de tutela, esta Sala aplicará dicho principio y abstraerá sus manifestaciones, con el objetivo de precisar la materia de debate que interesa a la accionante. Según los planteamientos de la solicitud de amparo, se concentrará en el análisis sobre la presunta falta de firmeza de la sentencia de primera instancia y la aparente imposibilidad de la accionante para acceder, mediante apelación, a la segunda instancia. La acción de tutela cumple parcialmente los requisitos generales de procedencia 19. En lo que atañe a los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, la Sala encuentra en primer lugar, que se cumplen las exigencias de legitimación en la causa por activa y por pasiva, por cuanto quien comparece como titular de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, es efectivamente una de las partes en el proceso ordinario de pertenencia y de tutela posterior, que es parte igualmente del debate sobre los autos que se alegan como contrarios a la Carta. A su vez, la decisión del 12 de noviembre de 2019 que se controvierte de manera preeminente por esta vía constitucional fue efectivamente proferida por el Tribunal Superior de Ibagué y en concreto por el Magistrado Diego Omar Pérez Salas, por lo que se cumple a su vez con la exigencia de legitimación en la causa por pasiva. Adicionalmente, las demás providencias cuestionadas fueron proferidas con ocasión de la decisión del 15 de septiembre de 2017 proferida por esa autoridad judicial. 20. En lo que tiene que ver con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en este asunto la cuestión que se debate es de relevancia constitucional, en la medida en que se discute la presunta vulneración del derecho al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima de una de las partes en un proceso ordinario, luego de haber utilizado diversos medios de defensa dentro del proceso judicial. 21. Ahora bien, en relación con el agotamiento de los mecanismos de defensa judicial, deben precisarse algunos aspectos controversiales de este caso, a los que la Sala debe hacer referencia para dar claridad sobre el tratamiento que debe recibir la acción de tutela en esta oportunidad, conforme a los hechos presentados en la demanda. En primer lugar, debe destacarse que lo que se controvierte en este caso es un auto proferido como consecuencia o en respuesta a un recurso de queja, presentado dentro de un trámite judicial ordinario de pertenencia, que fue avalado como procedimiento adecuado y conducente, mediante una acción de tutela previa. En ese orden de ideas, a pesar de la insistencia de la demandante sobre el cumplimiento de lo definido en esa tutela anterior, lo cierto es que el debate en esta oportunidad no involucra un trámite de una tutela contra otra solicitud de amparo, o lo dispuesto en una tutela previa, en la medida en que no solo eso sería una opción proscrita por nuestro ordenamiento jurídico[57], sino en particular, porque como bien lo consideró la Corte Suprema de Justicia en el fallo de instancia, la tutela que dio vía libre a la queja solo resolvió lo que atañe a la pertinencia de ese mecanismo y al deber del juez de primera instancia en el proceso ordinario de darle el trámite correspondiente, sin involucrar para nada al Tribunal. De manera tal que no existe un pronunciamiento judicial anterior que obligara al Tribunal a darle una definición específica a este recurso, ni pronunciamiento previo sobre esa instancia judicial, que impidiera la procedencia de esta tutela en este caso. Adicionalmente, la respuesta conducente para resolver el aparente incumplimiento a la tutela proferida por el mismo Tribunal, ante la insistencia de la demandante de exigir el cumplimiento de esa decisión y alegar el desconocimiento de ese fallo constitucional, tampoco sería un incidente de desacato por las mismas razones antes expuestas. Claramente el Tribunal no fue el sujeto pasivo de la acción de tutela inicial, que solo dio viabilidad al recurso de queja, por lo que no existe decisión judicial que impida un pronunciamiento de tutela en esta oportunidad. En cuanto a la aparente existencia del recurso de revisión para controvertir la sentencia proferida en 2017 y la necesidad de darle curso a la tutela como mecanismo transitorio, la Sala destaca que tal recurso está previsto para las sentencias ejecutoriadas cuando se incurre en algunas de las causales previstas en el artículo 355 del CGP. Estas implican una revisión de la decisión de fondo cuando, luego de emitida (i) se hallen documentos que varíen la decisión y que el recurrente no pudo aportar en el trámite ordinario; (ii) se encuentre que los documentos que fueron decisivos eran falsos, conforme pronunciamiento judicial al respecto; (iii) se advierta que el sustento de la decisión fueron declaraciones de personas que, luego, fueron condenadas por falso testimonio; (iv) se tenga conocimiento de que la sentencia se fundó en un dictamen de perito penalmente condenado por hechos asociados a su informe; (v) se descubra violencia o cohecho al proferir la decisión; (vi) se advierta colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el proceso; (vii) haya existido indebida representación, falta de notificación o emplazamiento; (viii) exista nulidad originada en la sentencia, sin otro recurso para discutirla; y (ix) se aprecie que el fallo es contrario a uno anterior que constituye cosa juzgada entre las partes. Al respecto, cabe precisar que la demandante ha acusado a la sentencia de incurrir en una nulidad derivada de la valoración probatoria, por lo que, en principio, contó con el mecanismo por dos años, que fenecieron hacia octubre de 2019, sin que lo haya propuesto. Por ende, en relación con la mencionada sentencia no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues la acción de tutela no puede servir para revivir oportunidades procesales. Con todo, como la misma demandante lo resalta en su escrito, los hechos propuestos en la tutela se concentran en la decisión del 12 de noviembre de 2019 del Tribunal, relacionada con la procedencia del recurso de queja por las razones previamente expuestas, de ahí que está claro que la demandante agotó los mecanismos de defensa judiciales relacionados con esa providencia, dentro del proceso ordinario correspondiente. Por lo que, en principio, en relación con esta específica decisión, no existen otros mecanismos de defensa constitucionales conducentes para controvertirla, fuera de la acción de tutela en esta oportunidad. 22. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento del requisito de inmediatez, advierte la Sala que la acción de tutela de la referencia no fue promovida en un término razonable por la accionante para el caso de varias de las providencias presentadas en la tutela. Una realidad que refuerza la determinación de esta Corporación de considerar en esta evaluación constitucional, de acuerdo con los cuestionamientos presentados en la acción de tutela y las consideraciones anteriores, tan solo debe efectuarse sobre la decisión del 12 de noviembre de 2019, que es la que se estima contraria al debido proceso, al derecho a la segunda instancia y de la que se predican diversos defectos especiales. 22.1. De hecho, se recuerda que la sentencia del 25 de julio de 2017, los autos del 15 de septiembre y del 4 de octubre de 2017, así como aquel proferido el 11 de abril de 2018, son providencias atacadas por la accionante, luego de uno o dos años posteriores a su ejecutoria, a través de esta solicitud de amparo, presentada el 13 de diciembre de 2019. Al respecto, la demandante alega, por ejemplo, en relación con la sentencia, la existencia de un perjuicio irremediable no demostrado y la necesidad de que la tutela se confiera como mecanismo transitorio, sin especificar las razones que le impidieron con anterioridad presentar una acción de tutela de manera oportuna. Una situación que se hace extensiva a las demás providencias indicadas con anterioridad, ya que en el escrito de tutela el apoderado de la demandante no presenta razones que justifiquen la tardanza en su formulación. A este respecto es importante recordar que, para esta Corporación, “permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, (…) [sacrifica] los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”[58]. 22.2 Por el contrario, en lo que atañe a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ibagué del 12 de noviembre de 2019, en la que esa sede judicial encontró improcedente el recurso de queja, la acción de tutela fue promovida un mes después de adoptada la misma, término más que razonable para su interposición. 22.2. En esa medida, como se describió previamente, se concluye que el presente análisis se concentrará en la providencia del 12 de noviembre de 2019 y se descartará todo aquello relacionado con las demás, a causa del incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de agotamiento de los mecanismos de defensa judiciales descritos, como se ha enunciado en cada caso, sobre las demás providencias reseñadas. 23. Ahora bien, según la jurisprudencia constitucional, en los eventos en los que se proponga una irregularidad procesal, es preciso además que quede claro[59] cuál es su efecto en la decisión cuestionada y cómo esta lesiona los derechos fundamentales. No basta con que se haya verificado la irregularidad, pues por sí misma, no tiene la potencialidad de activar las facultades del juez de tutela, que solo está facultado para intervenir en el curso de un proceso ordinario, cuando existe una lesión de los bienes ius fundamentales. Solo en algunos eventos excepcionales, como en aquellos en que se alega la existencia de “pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”[60]. En todos los demás asuntos, el efecto de la irregularidad procesal sobre el proceso ordinario y sobre los derechos de la parte accionante, debe ser verificable. En este asunto, respecto de las acusaciones formuladas contra el auto del 12 de noviembre de 2019, se adujo cómo el desconocimiento de los artículos 122 y 322 del CGP lesionaron las garantías de la accionante al negar que accediera a la doble instancia, en contravía de lo resuelto aparentemente por el mismo Tribunal, respecto del recurso de queja. De modo que sí se identifica la forma en que, desde la perspectiva de la demandante, esta decisión compromete sus garantías constitucionales. 24. Por otra parte, en relación con la necesidad de que la parte accionante manifieste con claridad el fundamento de la afectación de sus derechos, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos, la Sala encuentra que este requisito está satisfecho solo en lo que concierne al auto del 12 de noviembre de 2019, pues de conformidad con lo anotado en las advertencias iniciales de este apartado, en relación con las demás providencias censuradas, no existe coherencia en los argumentos presentados en la acción de tutela, y no es posible apreciar en forma certera el sustento de la afectación. 25. En esa medida, la acción de tutela supera los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, solo en lo que tiene que ver con las censuras sobre la decisión del 12 de noviembre de 2019. Sobre las demás decisiones judiciales, esta solicitud de amparo se torna improcedente, por lo que así se declarará. Por lo tanto, en adelante se verificará, desde una perspectiva material, si aquella decisión incurrió en el defecto sustantivo alegado, al haber desconocido aparentemente los artículos 122, 322, 352 y 353 del CGP, y si además desconoció directamente la Constitución. La providencia del 12 de noviembre de 2019 no incurrió en el defecto sustancial invocado 26. La demandante alegó este defecto respecto de la decisión del 12 de noviembre de 2019, a la que acusó de no observar los artículos 122, 322, 352 y 353 del CGP. No obstante, la Sala encuentra que aquella providencia no desconoció ninguna de estas normas. 27. Al respecto, el artículo 122[61] del CGP dispone que el archivo del proceso tiene lugar cuando el proceso concluye. Para la demandante es discutible que el Tribunal Superior de Ibagué haya asumido que el archivo del proceso era procedente, cuando a su juicio el proceso aún tenía un recurso de apelación pendiente de decisión judicial y, en consecuencia, no había terminado. Sustentado de este modo el planteamiento de la accionante, lo cierto es que la censura rebasa lo considerado en la providencia del 12 de noviembre de 2019, que se ocupó del recurso de queja formulado contra el auto del 17 de mayo de 2019, y no del archivo del proceso, materia dirimida en el auto del 11 de abril de 2018, que se encuentra ejecutoriado y para el cual, como ya se explicó, el juez de tutela no es competente para pronunciarse. Desde este punto de vista no puede decirse que se configuró el defecto anotado por el desconocimiento de dicha norma, pues la materia que resolvió el Tribunal en el auto del 12 de noviembre de 2019 no se refería a ese asunto y la decisión judicial que sí lo absolvía ya estaba en firme. 28. Ahora bien, en relación con las previsiones generales contenidas en el artículo 322[62] del CGP sobre el recurso de apelación, la parte demandante no identificó cuáles de ellas fueron pretermitidas por el Tribunal accionado, al proferir la decisión del 12 de noviembre de 2019. Con todo, la Sala advierte que la providencia atacada no incurrió en un yerro de este tipo, en la medida en que se enfocó en determinar si existía o no una providencia del juez de primera instancia que negara el recurso de alzada, sin encontrarla, y no la encontró porque la apelación presentada por la demandante en un primer momento fue desestimada por el Tribunal, quien exigió un nuevo trámite de notificación de la sentencia para reconducir el proceso al trámite legal vigente y subsanar una posible nulidad, con lo que generó una nueva actuación del juez que afectó a las partes, que requería paralelamente un nuevo pronunciamiento de ellas, orientado a darle continuidad al proceso. Bajo ese supuesto, el proceder del Tribunal en cuanto a la queja resulta razonable y no arbitrario, como lo argumentó la demandante. 29. Por otra parte, en lo relacionado con el cumplimiento de los artículos 352[63] y 353[64] del CGP referidos específicamente al recurso de queja, la Sala encuentra que tales preceptos fueron considerados y seguidos, incluso en forma estricta por el Tribunal, toda vez que el auto del 12 de noviembre de 2019 encontró que en rigor, la petición de la demandante no coincidía con la formulación de un recurso de apelación, de modo que tampoco había un auto que denegara la apelación, como lo planteó la peticionaria respecto del auto del 17 de mayo de 2019. En ese sentido, dado que no se había configurado una negativa a conceder ese recurso, el Tribunal Superior de Ibagué estimó que el recurso de queja no era procedente. Ello no contraviene lo dispuesto por el Legislador en relación con el recurso de queja y, por el contrario, materializa sus determinaciones. 30. Adicionalmente, la accionante plantea que la decisión se adoptó sin tener en cuenta que existe un recurso de apelación contra la sentencia del 25 de julio de 2017 sin resolver por parte del Tribunal Superior de Ibagué, por lo que las autoridades judiciales accionadas se han apegado a las formalidades de la legislación procesal civil, de tal forma que han hecho nugatorio su derecho a la doble instancia, con fundamento en ritos procedimentales. Al respecto basta destacar, como ya se ha mencionado previamente, que la controversia tiene origen en la proposición de un recurso de apelación contra la sentencia del 25 de julio de 2017, que fue inadmitido por desaciertos en la notificación de esa providencia, atribuibles al juez de instancia. No obstante, lo resuelto por el Tribunal Superior de Ibagué en providencia del 15 de septiembre de 2017 fue la inadmisión del recurso. Al respecto, la accionante se limitó a efectuar múltiples pronunciamientos dirigidos al Juzgado Civil del Circuito de Lérida, en relación con lo sucedido, y esa autoridad destacó estar sometido a lo definido por el Tribunal Superior de Ibagué, del que es inferior jerárquico. Sin embargo, en ningún momento se controvirtió la decisión de inadmisión del recurso de apelación por parte del Tribunal o se presentó una nueva apelación ante la nueva notificación de la sentencia original, que permitiera dar cuenta de un recurso de apelación vigente y sin resolver, como lo alega la demandante. Por el contrario, en desconocimiento permanente e insistente de la inadmisión del recurso de apelación, la parte demandante reiteró su posición en el sentido de que, en el trámite procesal, aún hoy en día, existe un recurso de apelación contra la sentencia del 25 de julio de 2017, que no ha sido resuelto, a pesar de la existencia de una serie de decisiones en firme. Con fundamento en esta postura, la demandante ha destacado que la providencia del 12 de noviembre de 2019 vulneró su derecho a la doble instancia, al declarar improcedente la queja y al abstenerse de conceder el recurso de apelación propuesto el 31 de julio en contra de la decisión de fondo. La demandante ha pretendido a ultranza que se tramite un recurso sobre el cual ya hubo un pronunciamiento judicial que (al margen de su corrección o incorrección) quedó en firme en 2017, con la aquiescencia de las partes e intervinientes en el asunto ordinario. Al respecto conviene advertir que, durante el término de ejecutoria de la sentencia del 25 de julio de 2017, que culminó el 10 de octubre de 2017, contra la misma no se presentó recurso alguno. Sin embargo, el 2 de octubre de 2017, el apoderado de la demandante presentó, en forma antitécnica, no el recurso de alzada, sino una solicitud de ineficacia de la sentencia del “15 de septiembre de 2017”, que fue negada por improcedente. El sustento de esta última solicitud coincide con algunos planteamientos esbozados en el recurso de apelación del 31 de julio anterior. Ante la situación procesal descrita, el sustento de las acusaciones contra el auto del 12 de noviembre de 2019 proferido por el Tribunal se fractura. En ese sentido, no es cierto que haya un recurso de apelación por definir y, menos aún, que la negativa a remitir copias al Tribunal pueda equipararse a una decisión de no conceder el recurso de apelación contra la sentencia que, años atrás, resolvió la controversia ordinaria. La accionante, a través de su apoderado, pretende revivir con esa solicitud y con esta tutela el recurso de alzada inadmitido y desconocer la decisión del Tribunal al respecto, adoptada en el auto del 15 de septiembre de 2017, que sigue en firme. Y a la que la demandante además, no se opuso oportunamente, mediante los canales ordinarios, extraordinarios o, en su defecto, constitucional, que le correspondían. 31. Bajo esta perspectiva, el auto del 12 de noviembre de 2019 no incurrió en un defecto material o sustantivo, que permita la intervención del juez de tutela. La providencia del 12 de noviembre de 2019 no incurrió en defecto por desconocimiento directo de la Constitución. 32. En el asunto que ahora se analiza, la demandante plantea como un defecto de la decisión del Tribunal, el desconocimiento directo de la Constitución basada en dos razones. La primera, es que la decisión del 12 de noviembre de 2019 habría lesionado sus derechos fundamentales. La segunda, que también habría desconocido lo formulado en el fallo de tutela del 8 de agosto de 2019, que aparentemente ordenó darle trámite al recurso de queja formulado por la demandante contra la decisión de negar la remisión del expediente al superior jerárquico, para que resolviera el recurso de apelación formulado el 31 de julio de 2017, contra la sentencia del 25 de julio de 2017. 33. Sobre el primer aspecto esta Sala encuentra que los argumentos de la demandante respecto de este defecto no son contundentes. No se identifican las normas constitucionales presuntamente desconocidas por el Tribunal Superior de Ibagué al adoptar la decisión, ni se explica en qué consistiría tal transgresión. En ese sentido, no es posible predicar el desconocimiento directo de la Constitución por parte de la decisión adoptada el 12 de noviembre de 2019. Si bien se establece que el desconocimiento está asociado a la falta de correspondencia con la decisión de tutela del 8 de agosto de 2019, lo cierto es que ello, por sí mismo, no implica el desconocimiento del texto constitucional. Al respecto conviene destacar que la Constitución y la jurisprudencia ocupan dos lugares distintos en la estructura de fuentes del derecho[65]. En esa medida, el desconocimiento de una decisión judicial no conlleva automáticamente al abandono del texto superior, y tampoco genera su falta de reconocimiento como norma de normas. 34. Respecto del segundo, es necesario hacer varias precisiones de cara a la información obrante en el expediente ordinario. Conviene recordar, una vez más, que el único recurso de apelación formulado contra la sentencia del 25 de julio de 2017 fue inadmitido por parte del Tribunal el 15 de septiembre de 2017. Así, el recurso no está pendiente de definición; pero a lo largo del proceso ordinario, la demandante se ha negado a reconocer lo que el Tribunal resolvió en relación con él y ha defendido por diferentes vías, la postura de que esa decisión no iba dirigida a ella, como parte, sino al juez, y que por ese motivo no le afecta. Una posición que como ya se explicó no es conducente, en la medida en que se trató de una determinación que vinculaba necesariamente a todas las partes del proceso y especialmente a la demandante, pues declaró improcedente precisamente el recurso de apelación. Por ende, la decisión del 12 de noviembre de 2019 no cercena el derecho a la doble instancia, sino que ratifica lo definido en el proceso de pertenencia, al no identificar un recurso de apelación pendiente de definición. 35. Adicionalmente, cabe destacar que la decisión del juez de instancia al definir la procedencia del recurso de queja no pugna con el fallo del 8 de agosto de 2019, como lo planteó la accionante. En aquella sentencia, el Tribunal Superior de Ibagué encontró lesionados los derechos de la actora en la medida en que el juzgado de conocimiento había negado el recurso de queja. Según su postura, esta era una oportunidad procesal con la que contaba la demandante, para que el superior jerárquico examinara la determinación de la primera instancia. Bajo esa óptica, aseguró esa posibilidad en el marco del proceso y dispuso que se tramitara la queja. No precisó si la misma era o no procedente. Por el contrario, la orden iba dirigida a permitir que el superior funcional definiera lo pertinente. Al hacerlo, el Tribunal Superior de Ibagué advirtió que en este asunto no existía una negativa a conceder el recurso de apelación promovido el 31 de julio de 2017, sino una determinación desfavorable a una petición de remisión del expediente al superior jerárquico para definir un asunto, que ya había sido decidido. Por ende, los cuestionamientos que apuntan a la falta de congruencia entre la decisión de tutela y de instancia, no tienen ningún fundamento cierto y plantean una controversia apenas aparente sobre el asunto. 36. De este modo es posible concluir que la decisión del 12 de noviembre de 2019 no incurrió en los defectos sustantivo, ni de violación directa de la Constitución, por lo que se impone negar el amparo, respecto de ella. Únicamente en este aspecto puntual se confirmará la decisión de instancia, pero por las razones expuestas en esta providencia. Conclusiones y órdenes por proferir 37. En esta oportunidad la Sala estudió la solicitud de amparo promovida contra el Tribunal Superior de Ibagué. Analizó los fundamentos de la acción de tutela y concluyó que los reparos de la demandante se enfocaban en cinco decisiones, la sentencia del 25 de julio de 2017, los autos del 15 de septiembre y 4 de octubre de 2017, así como del 11 de abril de 2018 y el del 12 de noviembre de 2019. Encontró que para resolver aquello que concierne a los cuatro primeros, esta acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez, al haberse promovido en un término que no es razonable ni se justificó por el apoderado de la demandante; la accionante no promovió todos los recursos con los que contaba al interior del proceso; y no explicó en forma clara en qué consistía la vulneración alegada en relación con ellos. Al advertirlo así, la Sala concentró el análisis en la providencia del 12 de noviembre de 2019, respecto de la cual encontró que: (i) se cumplen todos los requisitos generales de procedencia; (ii) no se configuró un defecto sustantivo, (iii) ni un desconocimiento directo de la Constitución. Por el contrario, destacó que la decisión adoptada en esta providencia es razonable y responde al curso del proceso. En esa medida, como quiera que no se configuró ninguno de los defectos alegados ni se lesionaron los derechos reivindicados, encontró que el amparo debe negarse. Por ende, confirmará parcialmente la decisión de instancia. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido el 22 de enero de 2020 por la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, (i) NEGAR la protección constitucional reclamada, en relación con la providencia del 12 de noviembre de 2019, por las razones consignadas en esta providencia; y (ii) DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por María Consuelo Londoño de Silva, en lo que respecta a las demás providencias cuestionadas (fundamento jurídico 2), conforme lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase, GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Efectuada el 9 de marzo de 2020. [2] Expediente 2013-00058. Pertenencia. María Consuelo Londoño de Silva contra personas indeterminadas. Cuaderno 1. Folio 429. [3] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 432. [4] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 438. Auto del 14 de octubre de 2017. [5] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 515. [6] Se trata del mismo apoderado que actuó, tanto el proceso de pertenencia, como de tutela promovido previamente. [7] En la acción de tutela no se precisó cuál es el contenido de esa decisión, ni se sustentó esa petición. Sin embargo, como se apreciará al relatar los hallazgos de esta Sala en sede de revisión, es la que resuelve mantener la providencia que ordenó el archivo del expediente ordinario de pertenencia y sancionar al apoderado de la demandante, hoy apoderado de la accionante. [8] Se trata de un testigo presentado por la contraparte de la accionante en el proceso de pertenencia, con fundamento en el cual se precisaron los linderos en disputa. Sin embargo, en las decisiones del juez de tutela de instancia esa persona no fue referida, como se alega en el escrito que solicitó la revisión del asunto. [9] Expediente 2013-00058. Pertenencia. María Consuelo Londoño de Silva contra personas indeterminadas. Cuaderno 1. Folio 419. [10] Ibidem Cuaderno 1. Folio 432. [11] El contenido de esta decisión es el siguiente: (i) OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO “Decidir sobre la admisión del recurso de apelación propuesto por la parte demandante mediante apoderado judicial contra la sentencia del 25 de Julio de 2017”; (ii) ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES “Estando en vigor el Código General del Proceso —que comenzó a regir plenamente y de manera completa desde el 1 de enero de 2016- el Juzgado Civil del Circuito de Lérida Tolima, profirió la sentencia atacada el 25 de Julio de 2017, y, omitiendo aplicar las nuevas normas procesales contenidas en el citado Código General del Proceso, se notificó la sentencia bajo el sistema del Código de Procedimiento Civil, es decir, mediante edicto que se fijó el 31 de Julio de 2017 y por tanto, dejó de notificarse la sentencia mediante anotación en estado, lo que ha debido ocurrir el día 26 de Julio de 2017. (…) Ordenadas así las cosas, se inadmitirá el recurso para que el juzgado de conocimiento observe a cabalidad las normas procesales vigentes al tiempo de la expedición de la sentencia, de tal suerte que, notifique legalmente la sentencia proferida, para respetar el debido proceso, y de paso se exhorta al juzgado de primer grado para que cumpla en debida forma con la normativa del Código General del Proceso. En virtud de lo expuesto, el Magistrado sustanciador de la Sala Civil — Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, // RESUELVE 1. INADMITIR EL RECURSO DE APELACIÓN propuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia del 25 de Julio de 2017, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida Tolima, en este proceso ordinario de pertenencia, en comunión con lo argumentado. // 2. Devuélvase el proceso al Juzgado de origen, para lo pertinente. NOTIFÍQUESE”. [12] Ibídem Cuaderno 3. Folio 6. [13] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 440. [14] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 452. [15] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 453. [16] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 461. [17] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 462. [18] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 477. [19] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 480. [20] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 488. [21] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 492. [22] Ibídem. Folio 514. [23] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 515. [24] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 517. [25] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 523. El contenido de la decisión es el siguiente: “Quien fungiera como apoderado judicial de la demandante, solicita que se envíe el proceso al Honorable Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil Familia, para que se adelante el recurso de apelación que formuló el treinta y uno de julio de 2017 (fis.432 a 434), contra la sentencia proferida el veinticinco del mismo mes y año (fls.419 a 430), el cual se concedió el catorce de agosto siguiente (f1.438), y fue inadmitido porque la sentencia debía ser notificada por estado, lo cual se ordenó mediante auto de octubre cuatro (f1.452), sin que se volviera a proponer (f1.465). // (…) dijo el Honorable Tribunal: ‘7. Según la reseña histórico procesal (…) el juez a-quo en el auto de cuatro de octubre de 2017, profirió dos órdenes disímiles, de un lado, dispuso notificar por estado la sentencia que dio fin a la primera instancia; y del otro, rechazó de plano el pedido de "ineficacia de la sentencia" (…). Decisión que (…) recurrió el afectado, censura que en principio interrumpía su ejecutoria, conforme el inciso 4 del artículo 118 del CGP, empero, a partir de los reparos concretos de la impugnación interpuesta contra el auto de cuatro de octubre, es verdad que el reproche se limitó a la "reposición y en subsidio el de apelación, contra el auto de fecha octubre cuatro (4) de dos mil diecisiete (2017), (…) y ninguna recriminación ofreció el inconforme frente a la resolutiva de enterar por estado la sentencia, luego inexorablemente corrió el término de ejecutoria de éste. // 8. Dicho de otra manera, al no recurrirse la intimación de la sentencia por estado, dispensada en el auto de 4 de octubre, consintió tal acto omisivo que el término de ley que corría a partir de tal proveído, a saber; el de ejecutoria del fallo, iniciara una vez fue insertada la decisión en el estado correspondiente y continuara pese al recurso de reposición, puesto que, se insiste, el recurso recayó exclusivamente sobre la decisión que "negó el trámite (…) [de la] nulidad de pleno desecho del artículo 29 de le Constitución Política", manteniendo incólume el enteramiento de la sentencia. // 9. En este caso, la unidad material de ambas decisiones, en tanto están contenidas en la misma providencia (auto de 4/1072017), no supone de manera alguna la unidad jurídica, corno lo comprende el quejoso, pues una y otra decisión son totalmente independientes amén de la orden que cada una contenía, y los actos procesales que resolvía. Así las cosas, en firme y ejecutoriada la sentencia de primera instancia, es ésta la providencia que condujo a su fin al proceso, y no el auto traído en queja." (f1.7 fte. y vto.). Así las cosas, la petición expuesta resulta a todas luces improcedente, por lo que se desestimará. En consecuencia, el Juzgado resuelve negar el trámite solicitado para el recurso de apelación aludido.” [26] Ibídem. Cuaderno 1. Folio 529. [27] Esta decisión refiere lo siguiente: OBJETO A DECIDIR: “decídase la acción de tutela interpuesta por María Consuelo Londoño de Silva contra el Juzgado Civil del Circuito de Lérida”. Luego de referir los antecedentes del caso y de fijar su competencia, en las CONSIDERACIONES el Tribunal Superior de Ibagué encontró que en el asunto se verifican todos los requisitos generales de procedencia. Adicionalmente, sobre el fondo del asunto, destacó que “la solicitud de amparo debe prosperar toda vez que la autoridad judicial cuestionada efectivamente incurrió en un proceder generador de quebranto en las garantías constitucionales invocadas por el libelista, empero no por lo consignado dentro del proveído del 17 de mayo de 2019, sino en lo atinente al auto del 12 de junio hogaño como pasa a verse. // En efecto, el Juzgado Civil del Circuito de Lérida mediante proveído del 17 de mayo de 2019 decidió ‘negar el trámite solicitado para el recurso de apelación aludido’, es decir, el presentado contra la sentencia del 25 de julio de 2017, decisión que fue cuestionada por la aquí quejosa a través de los recursos de reposición y de queja, primero de los remedios procesales que fue despachado en forma negativa y absteniéndose de dar trámite al segundo (…) mediante auto del 12 de junio de los corrientes, determinación que a voces de lo establecido en los artículos 353 y 353 del Código General del Proceso no resulta acertado, por cuanto dicha normativa tiene como finalidad que el superior funcional a través de la observancia de las normas procesales correspondientes revise la legalidad y acierto de la negativa de dar trámite a la alzada, sin que pueda sesgarse tal oportunidad procesal a las artes como lo tuvo la autoridad judicial accionada (…) Debiendo en tal sentido restarle efectos a la decisión adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida (…) a fin de que se imparta el trámite establecido en el artículo 353 del Estatuto Adjetivo Civil para que sea su superior funcional quien defina la procedencia o no de la alzada propuesta contra la sentencia del 25 de julio de 2017. (…) Así las cosas, esta Corporación amparará el derecho constitucional deprecado (…) debiendo dejarse sin efectos la decisión adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida (…) a fin de que imparta el trámite correspondiente al recurso de queja”. [28] Expediente 2019-00208. Acción de Tutela de María Consuelo Londoño de Silva contra Juzgado Civil del Circuito de Lérida. Cuaderno 1. Folio 78 vto. [29] Expediente 2013-00058. Pertenencia. María Consuelo Londoño de Silva contra personas indeterminadas. Cuaderno 1. Folio 537. [30] Ibídem. Cuaderno 4. Folio 6vto. [31] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en las Sentencias SU-461 de 2020 y SU-355 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [32] Corte Constitucional, ver sentencias SU-391 de 2016, M.P Alejandro Linares Cantillo; SU-297 de 2015, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez y SU-198 de 2013, M.P Luis Ernesto Vargas Silva. [33] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la Sentencia SU-461 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [34] Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [35] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la Sentencia SU-461 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [36] Sentencia SU-172 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [37] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la Sentencia SU-461 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [38] Sentencias SU-195 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-073 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). [39] Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, referida en la sentencia SU-631 de 2017 y posteriormente en la T-078 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). [40] Sentencia SU-515 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, como también las sentencias T-073 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-065 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-154 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). [41] Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [42] Sentencia SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [43] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la Sentencia T-338 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [44] SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [45]Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver sentencias T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [46] Sentencia SU-168 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [47] Caso en el cual también se incurriría en la causal por desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro Martínez Caballero. [48] Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. [49] Ver entre otras, las sentencias T-522 de 2001, Manuel José Cepeda Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. [50] Cuaderno 1. Folio 14. [51] Sentencia T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera. [52] Sentencia T-313 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido [53] Sentencia C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “De acuerdo con el principio de informalidad, la acción de tutela no se encuentra sujeta a formulas sacramentales ni a requisitos especiales, que puedan desnaturalizar el sentido material de protección que la propia Constitución quiere brindar a los derechos fundamentales de las personas por conducto de los jueces.” [54] Sentencia C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “El principio de oficiosidad, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio de informalidad, se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello.” [55] Sentencia T-034 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [56] M.P. Rodrigo Escobar Gil. [57] Sentencias SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y SU-627 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). [58] Sentencia SU-116 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [59] Ídem. [60] Ídem. [61] “Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias. // En aquellos juzgados en los que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente estará conformado íntegramente por mensajes de datos. // Los memoriales o demás documentos que sean remitidos como mensaje de datos, por correo electrónico o medios tecnológicos similares, serán incorporados al expediente cuando hayan sido enviados a la cuenta del juzgado desde una dirección electrónica inscrita por el sujeto procesal respectivo. // Cuando el proceso conste en un expediente físico, los mencionados documentos se incorporarán a este de forma impresa, con la anotación del secretario acerca de la fecha y hora en la que fue recibido en la cuenta de correo del despacho, y la información de la cuenta desde la cual fue enviado el mensaje de datos. El despacho deberá conservar el mensaje recibido en su cuenta de correo, por lo menos, hasta la siguiente oportunidad en que el juez ejerza el control de legalidad, salvo que, por la naturaleza de la información enviada, la parte requiera la incorporación del documento en otro soporte que permita la conservación del mensaje en el mismo formato en que fue generado. Las expensas generadas por las impresiones harán parte de la liquidación de costas. // El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” [62] “Artículo 322. Oportunidad y Requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: // 1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos. // La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado. // 2. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso. // Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición solicitada, dentro del término de ejecutoria de esta también se podrá apelar de la principal. La apelación contra una providencia comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación. // Si antes de resolverse sobre la adición o aclaración de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra esta, en el auto que decida aquella se resolverá sobre la concesión de dicha apelación. // 3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral.// Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. // Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. // i el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. // PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo. // La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.” [63] “Artículo 352. Procedencia. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación.” [64] “Artículo 353. Interposición y Trámite. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria. // Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente. // El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso. // Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en el primer caso.” [65] SCHIELE, Carolina. La jurisprudencia como fuente del derecho: El papel de la jurisprudencia. Ars Boni et Aequi, 2017, no 4.

T-020-21 Sentencia T-020/21 Referencia: Expedientes (i) T-7.899.839, (ii) T-7.909.170 y (iii) T-7.915.431. Acciones de tutela promovidas por (i) Hernán Darío Martínez Arbeláez contra Golden Cute S.A.S.; (ii) Carmen Alicia Rodríguez Berrío contra Holding Inmobiliaria; y (iii) Ezequiel Ruiz Balbin contra Nilton Alexis Arroyave Restrepo. Procedencia: (i) Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí, (ii) Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta y (iii) Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos. Asunto: Procedencia de la tutela para garantizar la estabilidad laboral reforzada y el pago de incapacidades. Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos emitidos: (i) el 14 de febrero de 2020, en única instancia, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí; (ii) el 27 de enero de 2020, en única instancia, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta; y, (iii) el 9 de marzo de 2020, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos. Estas providencias declararon improcedentes las acciones de tutela formuladas por Hernán Darío Martínez Arbeláez, Carmen Alicia Rodríguez Berrío y Ezequiel Ruiz Balbin, respectivamente. El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuaron las mencionadas autoridades judiciales. El 29 de septiembre de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de esta Corporación escogió los casos para su revisión y dispuso acumularlos por presentar unidad de materia. I. ANTECEDENTES 1. Expediente T-7.899.839 El 5 de febrero de 2020, el señor Hernán Darío Martínez Arbeláez formuló acción de tutela en contra de Golden Cute S.A.S. El propósito del amparo es solicitarle al juez que ordene el reintegro laboral y el pago de la indemnización equivalente a 180 días de salario. A. Hechos y pretensiones 1. El actor tiene 61 años[1]. Manifestó que desde 2014 trabajó para la accionada como auxiliar y bodeguero. Expresó que tuvo varias vinculaciones laborales con Golden Cute S.A.S. El último contrato fue celebrado el 23 de enero de 2018. En esa ocasión, las partes pactaron una duración de 3 meses y la remuneración equivalente al salario mínimo. Aquél fue prorrogado en 3 oportunidades. La última se acordó el 1 de enero de 2019 con una duración de un año. 2. En septiembre de 2018, fue diagnosticado con fascitis plantar, espolón calcáneo y desviación de la columna vertebral. No obstante, afirmó que esas patologías no impidieron el desarrollo de sus funciones[2]. Agregó que estuvo incapacitado entre el 19 de septiembre de 2018 y el 24 de febrero de 2019 (132 días). Luego, asistió a terapias y los médicos le prescribieron algunas recomendaciones laborales. Indicó que esta situación fue conocida por su empleador[3]. 3. Afirmó que, por solicitud de la empresa, se realizó un examen médico antes de salir a “vacaciones”. Expuso que el 31 de diciembre de 2019, la profesional a cargo conceptuó que tenía restricciones de movimiento y padecía patologías con riesgo osteomuscular[4]. 4. Precisó que, antes de que terminaran sus “vacaciones”, su jefe inmediato le comunicó que: “(…) no me puede volver a llamar que con mi estado de salud no se pueden responsabilizar de mí (…)”[5]. Según el peticionario, la empresa no le informó que su contrato “finalizaría”. Textualmente, señaló: “(…) yo estaba seguro que estaba en vacaciones, nunca me entregaron carta de terminación de contrato ni carta de certificado laboral”[6]. 5. En esta línea, reprochó que la accionada hubiese terminado el vínculo pese a que “(…) gozaba de estabilidad laboral reforzada”. Además, alegó que la sociedad no solicitó autorización ante el Ministerio del Trabajo, lo cual desconoce el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la Sentencia SU-049 de 2017[7]. 6. Indicó que no cuenta con ningún ingreso económico ni con apoyo familiar. En esa medida, depende totalmente de su salario, con el cual pagaba el arriendo de su vivienda y cubría otros gastos. Refirió que tampoco cumple con las semanas requeridas para acceder a una pensión y, dado que tiene 61 años, difícilmente podrá conseguir otro empleo[8]. 7. Por lo anterior, el señor Martínez Arbeláez invocó la protección de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad. En consecuencia, solicitó al juez de tutela: (i) declarar la ineficacia del despido; (ii) ordenar a la demandada reintegrarlo inmediatamente; y (iii) pagar la indemnización equivalente a 180 días de salario. B. Actuaciones en sede de tutela Mediante Auto del 5 de febrero de 2020[9], el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí (Antioquia) admitió la tutela y ofició a Golden Cute S.A.S para que ejerciera su derecho a la defensa. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés a SURA ARL y a COOMEVA EPS. Intervención de Seguros de Vida Suramericana S.A. En escrito del 11 de febrero de 2020[10], el representante legal de SURA solicitó la desvinculación de la entidad. Expuso que no está pendiente la prestación de algún servicio a cargo de la compañía, porque el actor no ha sufrido un accidente de trabajo y tampoco padece una enfermedad de origen laboral. En esta línea, dado que sus padecimientos son de origen común, las prestaciones asistenciales y económicas que requiera deben ser canalizadas a través de la EPS o del fondo de pensiones. Con base en lo anterior, concluyó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el demandante. Intervención de Golden Cute S.A.S El 11 de febrero de 2020[11], la representante legal de la empresa de calzado se opuso a la prosperidad de la tutela. Resaltó que la terminación del vínculo se produjo por el vencimiento del plazo pactado y no por el estado de salud del accionante. De hecho, el último contrato fue suscrito en enero de 2018 y se prorrogó en varias oportunidades. El 1 de enero de 2019 las partes lo extendieron un año, por lo cual, el 26 de noviembre siguiente, la empresa notificó al trabajador que no habría otra prórroga. Además, el administrador le manifestó que los gerentes no autorizaron nuevas contrataciones debido a la reducción en la planta de personal derivada de la baja en las ventas. Por consiguiente, refirió que no es cierto que estuviera en período de vacaciones, pues el 31 de diciembre de 2019 se liquidaron sus prestaciones y se realizó el examen médico de retiro. En este punto, destacó que el profesional de la salud no conceptuó sobre ninguna restricción de movilidad. De otra parte, señaló que el peticionario padece las enfermedades señaladas en la tutela. Además, estuvo incapacitado durante 132 días y la empresa acató las recomendaciones dictadas por la EPS al momento del reintegro. No obstante, indicó que desconoce si le fue realizada alguna cirugía o si continúa en terapias físicas. Finalmente, explicó que el accionante no aportó ninguna incapacidad al momento de la terminación del vínculo, lo cual evidencia que sus enfermedades no impidieron el desarrollo de sus labores. Advirtió que tal situación fue admitida por el actor. De igual forma, insistió en que no probó que estuviera en algún tratamiento ni que su capacidad laboral se hubiese reducido para cuando finalizó el contrato. En consecuencia, no se hallaba en circunstancia de debilidad manifiesta y no era obligatorio obtener la autorización del Ministerio del Trabajo. C. Decisión objeto de revisión En sentencia del 14 de febrero de 2020[12], el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que no satisfizo el requisito de subsidiariedad porque, dada la naturaleza económica de las pretensiones, la jurisdicción ordinaria es el escenario idóneo para reclamarlas. Por otro lado, ese despacho no advirtió afectación a los derechos fundamentales del actor que habilitara la intervención del juez constitucional porque el contrato a término fijo finaliza cuando vence el plazo pactado y, en esa medida, el empleador no está obligado a renovarlo. Además, refirió que el peticionario no estaba incapacitado al momento del despido y la historia clínica no evidencia que las patologías impidieran el desempeño de sus funciones. Esta situación fue reconocida en la tutela. En virtud de lo expuesto, concluyó que no había un nexo entre la terminación del vínculo y el estado de salud del trabajador. D. Actuaciones en sede de revisión Decreto oficioso de pruebas Mediante Auto del 18 de noviembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora decretó de oficio la práctica de pruebas con el fin de recopilar elementos de juicio adicionales relacionados con: (i) las condiciones económicas de los peticionarios; (ii) su estado de salud actual; (iii) los términos de sus contratos de trabajo; y, (iv) los motivos de terminación de la relación laboral. A tal efecto, ofició a  Hernán Darío Martínez Arbeláez, a Golden Cute S.A.S, a COOMEVA EPS, a Carmen Alicia Rodríguez Berrío, a Holding Inmobiliaria, a Salud Total EPS, a COLPENSIONES, a Positiva ARL, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a la Superintendencia Nacional de Salud, a Ezequiel Ruiz Balbin y a Nilton Alexis Arroyave Restrepo. En este momento se hará referencia solamente al expediente T-7.899.839, por cuanto lo establecido en los otros expedientes se resumirá al ver cada caso. Primera intervención de Golden Cute S.A.S. En escrito del 25 de noviembre de 2020, la representante legal de la sociedad manifestó que con el señor Hernán Darío Martínez Arbeláez celebraron cuatro contratos. A continuación, la Sala relacionará la información correspondiente a cada vinculación, con base en los documentos aportados[13]: Período Término inicial Prórrogas Remuneración Liquidación 1 21/1/15 – 31/12/15 3 meses Abril, julio y octubre SMLMV 30/12/15 2 2/2/16 – 16/1/17 3 meses Mayo, agosto y noviembre SMLMV 17/1/16 3 8/2/17 – 31/12/17 3 meses Mayo, agosto y noviembre SMLMV 28/12/17 4 23/1/18 – 31/12/19 3 meses Sin fechas SMLMV 30/12/19 En cuanto al último período, reiteró que el 26 de noviembre de 2019, “(…) atendiendo a lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia, la empresa le notificó al trabajador su intención de no prorrogar el contrato. Una vez llegado el plazo pactado para el vencimiento, la empresa procedió con la liquidación definitiva de prestaciones sociales (…)”. Por otra parte, señaló que la sociedad se enteró de la condición del actor el 24 de octubre de 2018, dado que estuvo incapacitado continuamente entre esa fecha y el 24 de febrero de 2019. Además, en septiembre de ese último año le otorgaron tres días de incapacidad. Cabe resaltar que la empresa remitió a la Corte los certificados correspondientes a cada período. Agregó que las recomendaciones dictadas por COOMEVA EPS fueron debidamente acatadas. En efecto, analizó el puesto de trabajo del actor[14], redujo su carga laboral y propició espacios para hacerle seguimiento a su estado de salud. Incluso, el empleado participó en capacitaciones sobre medicina preventiva impartidas por la ARL. Insistió en que la baja en las ventas obligó a la compañía a reducir su planta de personal, a cesar su operación comercial y a iniciar el trámite de disolución y posterior liquidación. Al respecto, señaló lo siguiente: “(…) la empresa terminó el 31 de diciembre de 2018 con 29 empleados y finalizó el año 2019 con 18 (…) Para el mes de enero de 2020 contábamos ya con 15 empleados, en febrero contábamos con 5 (…) en abril ya sólo contábamos con 2 y en mayo quedamos con una sola persona en estado de gestación, a la cual, por la condición en que se encontraba, se le realizó una sustitución patronal y ya hace parte de otra razón social”. De esta manera, concluyó que la relación laboral finalizó por virtud del vencimiento del plazo pactado y no por la situación de salud del peticionario. Resaltó que, cuando terminó el vínculo, el empleado no estaba en un tratamiento médico, ni incapacitado, ni había iniciado el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. De hecho, en la tutela admitió que ejecutaba sus labores sin dificultad. En esa medida, no se encontraba en circunstancia de debilidad manifiesta y su desvinculación no requería autorización del Ministerio del Trabajo. Adjuntó una carta firmada por el administrador del punto de venta en la que consta que el actor se desempeñó como bodeguero. Esa labor consistía en “(…) recibir las cajas con mercancía, etiquetar calzado, embodegar el calzado y en ocasiones apoyar en el salón de ventas (…)”. Adicionalmente, el empleador expuso que no le exigían “trabajos pesados” y que, en atención a las recomendaciones laborales, modificaron sus actividades para que realizara pausas activas y etiquetara calzado sentado. Además, no volvió a ejecutar ninguna función que requiriera esfuerzo físico –como levantar cajas o subir o bajar escaleras–, y aquellas que ya no podía desempeñar fueron reasignadas a otros colaboradores. De otra parte, aportó dos certificaciones de noviembre de 2020 suscritas por la revisora fiscal[15]. La primera indica que “(…) actualmente la empresa se encuentra sin ejecutar operaciones comerciales, toda vez que estamos iniciando el proceso de disolución y posterior liquidación (…)”. La segunda relaciona la siguiente información sobre las ventas de los últimos tres años, a partir de los libros de contabilidad: Periodo gravable Valor en pesos 2018 $ 2.581.324.196 2019 $ 1.280.970.527 2020 $ 48.663.128 Respuesta del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez En oficio del 1 de diciembre de 2020, el accionante informó que, debido a su edad y a su estado de salud, no le ha sido posible conseguir otro empleo. Manifestó que recibe ayuda económica de sus hermanas y de su madre, quien tiene 91 años. Resaltó que se trata de un auxilio variable dado que ellas “tienen sus obligaciones”. Además, expuso que sus gastos mensuales ascienden a $800.000 –que corresponden a arriendo, servicios públicos, alimentación y transporte–, y se han acumulado en razón a la falta de ingresos. En cuanto a su estado de salud, indicó que, además de los padecimientos referidos en la tutela, se encuentra en recuperación de COVID-19. Sobre la relación laboral con Golden Cute S.A.S., refirió que desempeñó el cargo de auxiliar y bodeguero y que sus funciones consistieron en recibir, etiquetar y almacenar la mercancía, así como atender el área de mensajería y ventas. Agregó que los contratos “(…) siempre fueron a término fijo renovable cada año. La remuneración era el salario mínimo legal vigente (…)”. De otra parte, indicó que informó oportunamente su condición médica a su empleador, quien acogió las recomendaciones de COOMEVA EPS cuando terminó el período de incapacidad. Finalmente, insistió en que, al momento de la terminación del vínculo, asistía a terapias y tenía pendiente una cita con el área de medicina del dolor. Destacó que comunicó lo anterior a su empleador y que el examen de egreso evidenció sus condiciones de salud. Reiteró que no le informaron que su contrato no sería renovado, pues el 31 de diciembre de 2019 fue liquidado “como los años anteriores”. Expuso que cuando preguntó acerca de la fecha de ingreso, le manifestaron que su contrato había sido “cancelado” por su condición de salud. Requerimiento y nuevo decreto oficioso de pruebas Mediante Auto del 7 de diciembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora requirió a COOMEVA EPS para que cumpliera con el numeral tercero del Auto del 18 de noviembre del mismo año[16]. También, solicitó a Golden Cute S.A.S. rendir un informe sobre los siguientes aspectos: (i) la baja en las ventas aducida por la representante legal; (ii) la reducción en la planta de personal de la sociedad; y (iii) la sustitución patronal y el trámite de disolución y liquidación referido por la revisora fiscal. Finalmente, ofició a SAVIA SALUD EPS para que remitiera la historia clínica del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez[17]. Primera intervención de COOMEVA EPS En escrito del 15 de diciembre de 2020, la apoderada judicial de la entidad informó que el accionante se retiró de la EPS el 29 de febrero del mismo año. Agregó que, en 2019, fue atendido en 25 oportunidades. Se resaltan: (i) dos por los diagnósticos de espolón calcáneo y fascitis plantar; (ii) dos por medicina laboral; (iii) tres por fisiatría; y (iv) 10 por terapia física. Como soporte, allegó las siguientes capturas de pantalla de las órdenes generadas: Fecha Servicio 22/04/19 Consulta con especialista en medicina física y rehabilitación Fisioterapia 3/09/19 Radiografía de columna dorsolumbar 23/10/19 Consulta con especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos 5/12/19 Terapia física integral De igual forma, expuso que: “(…) la última consulta que se realizó en la EPS fue por dorsalgia donde remitieron nuevamente a fisioterapia, no refiere nada de su [d]iagnóstico anterior a fascitis plantar, igual en enero del presente año consult[ó] también por gastritis y no por la fascitis plantar, la última consulta en la EPS por este [d]iagnóstico fue el 10/09/2019 revisión posterior a las fisioterapias”. Finalmente, señaló que la historia clínica no está bajo custodia de la entidad que representa, dado que ello corresponde a las instituciones prestadoras de salud. Respuesta de SAVIA SALUD EPS En oficio del 15 de diciembre de 2020, el apoderado judicial de la entidad indicó que el pasado 30 de julio inició la afiliación efectiva del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez. Asimismo, aportó su historia clínica con las siguientes consultas: Fecha Síntomas Diagnóstico 25/08/20 Malestar general Gastritis y dolor abdominal 31/08/20 Malestar general Hipotiroidismo 27/10/20 Mareo y náuseas Malestar y fatiga. Se ordena prueba PCR COVID-19. Segunda intervención de Golden Cute S.A.S. En escrito del 16 de diciembre de 2020, la representante legal manifestó que no fue posible reubicar al accionante en otro cargo, dado que carecía de conocimientos en informática. En consecuencia, aquel continuó en el área de bodega y sus funciones fueron modificadas a fin de atender las recomendaciones médicas. Asimismo, señaló que la sociedad no tiene ningún empleado en la actualidad. En efecto, adjuntó las liquidaciones de ocho contratos y las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social efectuados entre diciembre de 2019 y julio de 2020. En la siguiente tabla, la Sala relaciona la información correspondiente a dichos períodos: Fecha Afiliados 3/12/2019 19 7/1/2020 18 4/2/2020 17 3/3/2020 7 2/4/2020 3 6/5/2020 3 3/6/2020 3 6/7/2020 2 Agregó que la operación comercial de Golden Cute S.A.S. finalizó el 31 de enero de 2020, por lo cual, no desarrolla su objeto social en este momento. De igual manera, ese mes cerró el establecimiento de comercio ubicado en Bello y los cuatro restantes fueron vendidos en diferentes momentos a otras sociedades comerciales. A continuación, la Sala expone la información correspondiente a cada operación, a partir de los certificados de matrícula mercantil y los contratos de compraventa aportados: Fecha Establecimiento Sociedad adquirente 10/1/19 Calzado Bucaramanga No. 2 Itagüí Distrizapatos S.A.S. 22/1/19 Calzado Bucaramanga No. 1 Itagüí Distrizapatos S.A.S. 13/6/19 Calzado Bucaramanga Yopal Comercializar S.A.S. 27/1/20 Calzado Bucaramanga Manizales Centro Distrizac S.A.S. De igual manera, precisó que el señor Martínez Arbeláez trabajó en el establecimiento Calzado Bucaramanga No. 2 Itagüí. Por consiguiente, al terminar su período de incapacidad en febrero de 2019, Golden Cute S.A.S. y Distrizapatos S.A.S. acordaron verbalmente que el contrato laboral se ejecutaría sin solución de continuidad. De otra parte, explicó que operó la sustitución patronal respecto de dos trabajadoras y que esta alternativa no se contempló para el tutelante debido a que no era titular de estabilidad laboral reforzada. Al respecto, reiteró que para diciembre de 2019 “(…) no se encontraba incapacitado, no estaba bajo ningún tratamiento médico o de rehabilitación conocido por el empleador, tampoco se encontraba en proceso alguno de pérdida de capacidad laboral (…)”. Finalmente, indicó que el trámite de disolución y liquidación se retrasó a causa de la pandemia generada por el COVID-19, por lo cual, están “a la espera de que se reúnan los socios” para suscribir el acta respectiva. Segunda intervención de COOMEVA El 15 de enero de 2021, la EPS remitió la historia clínica del peticionario. En dicho documento, se observan las siguientes consultas durante el segundo semestre de 2019: Fecha Diagnóstico 10 de julio Fascitis 10 de septiembre Fascitis 3 de diciembre Lumbago La Sala resalta que, en la segunda consulta, el profesional de la salud sólo prescribió manejo por medicina del dolor. 2. Expediente T-7.909.170 El 13 de enero de 2020, la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío formuló acción de tutela contra Holding Inmobiliaria. El propósito del amparo es que el juez ordene a la empresa su reintegro, el pago de los salarios y prestaciones adeudadas y la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Asimismo, que la demandada adelante las gestiones necesarias para que Positiva ARL califique su pérdida de capacidad laboral y para que Salud Total EPS le reconozca las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. A. Hechos y pretensiones 1. La peticionaria tiene 63 años[18]. El 1 de octubre de 2012 empezó a trabajar para la demandada como asistente de cafetería y aseo en la finca San Joaquín, ubicada en Pueblo Viejo (Magdalena). En concreto, debía preparar alimentos para los empleados y limpiar el inmueble[19]. 2. Resaltó que, para realizar dichas labores, permanecía de pie por largos periodos, efectuaba arcos de movimiento y levantaba peso. También, se desplazaba en moto desde su residencia, lo que implicaba recorrer durante 45 minutos una carretera sin pavimentar. Agregó que las vibraciones y los movimientos provocaron adormecimiento de la pierna derecha y dolores en la cadera[20]. 3. Indicó que el 11 de diciembre de 2017, ingresó al servicio de urgencias de Palma Salud IPS. En esa oportunidad, una radiografía evidenció alteraciones en la zona lumbar y fue incapacitada por varios días. El 26 de abril de 2018, un especialista en neurocirugía le diagnosticó lumbociatalgia con hipoestesia en región distal con irradiación a pierna derecha. Adicionalmente, ordenó la realización de una resonancia magnética y prescribió algunas recomendaciones laborales. Por ejemplo, evitar levantar peso mayor o igual a 10 kilos, estar de pie prolongadamente, exponerse a vibración axial (motos, galopeo) y caminatas “forzosas”. A pesar de lo anterior, refirió que su empleador no la reubicó ni modificó sus condiciones de trabajo[21]. 4. Precisó que el 21 de mayo de 2018, la resonancia magnética arrojó el diagnóstico espondiloartrosis –discopatía lumbar–. Luego, el 27 de junio de ese año, el médico tratante ordenó terapias físicas y una serie de procedimientos para atender la patología. Además, dictó recomendaciones laborales y le otorgó incapacidad por 30 días. No obstante, la peticionaria advirtió que esta prestación no fue reconocida por la EPS, debido a la falta de gestión de su empleador[22]. 5. Por lo anterior, la accionante presentó una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que la EPS le pagara las incapacidades y agendara las citas médicas con prontitud[23]. De igual forma, el 29 de agosto de 2018, presentó una petición con el mismo objeto ante la empresa. Además, le solicitó que se pronunciara sobre las recomendaciones laborales. Debido a la falta de respuesta, remitió otra petición a la demandada[24]. 6. El 26 de octubre de 2018, el médico tratante ordenó una intervención quirúrgica y la incapacitó por 30 días. El 14 de diciembre del mismo año, la EPS Salud Total emitió concepto favorable de recuperación y calificó su enfermedad como de origen común. Este concepto fue remitido a Holding Inmobiliaria y a la accionante[25]. 7. El 18 de junio de 2019, la accionante presentó otra petición ante Holding Inmobiliaria con el fin de que respondiera las anteriores y expidiera copia de su historia laboral. En escrito del 22 de agosto siguiente, la demandada le informó que su contrato vencía el 30 de septiembre y que no sería prorrogado[26]. En este punto, la peticionaria resaltó que el despido se efectuó sin que le pagaran las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019 y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, entidad ante la cual presentó una querella. Además, estaba incapacitada para ese momento[27]. 8. Indicó que en septiembre del mismo año, un especialista en medicina física y rehabilitación estimó que su pronóstico de recuperación era desfavorable, por lo que debía continuar el tratamiento paliativo[28]. Por su parte, el 4 de octubre de 2019 la EPS calificó en primera oportunidad el origen de las patologías. En concreto, señaló que este era laboral y remitió el dictamen a Positiva[29]. Ese mismo mes, la peticionaria quedó inactiva en el Sistema de Seguridad Social. Por esta razón, manifestó que Salud Total se negó a atenderla y a “autorizarle” las últimas cuatro incapacidades. Además, se encuentra pendiente la calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL) por parte de la ARL[30]. 9. Por lo anterior, la peticionaria invocó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y a la salud. En consecuencia, solicitó al juez de tutela ordenar a Holding Inmobiliaria (i) reintegrarla sin solución de continuidad; (ii) pagarle salarios, aportes y prestaciones pendientes, y la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (iii) gestionar la calificación de la PCL ante Positiva ARL; y, (iv) el pago de las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019[31]. B. Actuaciones en sede de tutela Mediante Auto del 14 de enero de 2020[32], el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta (Magdalena) admitió la tutela y ofició a Holding Inmobiliaria para que ejerciera su derecho a la defensa. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés a la finca San Joaquín, a Palma Salud IPS, a Salud Total EPS, a Positiva ARL, a COLPENSIONES, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Clínica La Milagrosa. Luego, mediante Auto del 21 de enero del mismo año, vinculó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y a la Junta Regional del Magdalena[33]. Intervención de COLPENSIONES En escrito del 15 de enero de 2020[34], la jefe de la Dirección de Acciones Constitucionales solicitó declarar la improcedencia de la tutela. Resaltó que sus funciones se circunscriben a la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, por lo cual, no es competente para resolver la situación laboral de la demandante. Por otro lado, señaló que la accionante no ha presentado ninguna petición ante la entidad. Intervención de Positiva ARL En oficio del 17 de enero de 2020[35], la representante legal de la ARL solicitó declarar improcedente la tutela por falta de legitimación por pasiva. Al respecto, destacó que la controversia gira en torno a la relación laboral entre la peticionaria y Holding Inmobiliaria y al pago de las prestaciones derivadas de dicho vínculo[36]. En esa medida, precisó que la entidad no está llamada a responder por las actuaciones del empleador, toda vez que su responsabilidad se limita al aseguramiento del riesgo y al pago de las cotizaciones. De otra parte, señaló que no es posible realizar la calificación de la PCL debido a que está en desacuerdo con el “diagnóstico calificado por la EPS como laboral”[37]. En esa medida, las Juntas de Calificación de Invalidez deben zanjar la controversia relativa al origen de la patología. Por último, indicó que Salud Total ha brindado a la peticionaria una atención integral. Además, corresponde a esa entidad el pago de incapacidades, dado el origen común de la enfermedad. Como soporte de lo anterior, adjuntó la comunicación en la que manifiesta su desacuerdo ante la EPS y el comprobante de pago de los honorarios de la Junta Regional del Magdalena[38]. Intervención de la Clínica La Milagrosa S.A. En escrito del 17 de enero de 2020[39], el Director Médico de la institución solicitó declarar la improcedencia de la tutela. Explicó que la clínica no tiene facultades relacionadas con las pretensiones de la peticionaria, pues sus funciones consisten en brindar servicios médicos y de urgencias. En este sentido, resaltó que le ha brindado a la accionante una atención integral. Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud En oficio del 20 de enero de 2020[40], un asesor del despacho del Superintendente solicitó la desvinculación de la entidad. Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque la afectación de los derechos invocados no se deriva de una acción u omisión relacionada con las funciones de inspección, vigilancia y control que adelanta esa autoridad. Intervención de Salud Total EPS En escrito del 20 de enero de 2020[41], la entidad solicitó declarar la improcedencia de la tutela por la falta de legitimación por pasiva. En concreto, manifestó que las pretensiones giran en torno a la relación laboral entre la peticionaria y la empresa, asunto en el que no tiene injerencia. Además, no advirtió una inconformidad sobre la prestación de servicios de salud. De otra parte, informó que el estado de afiliación de la señora Rodríguez Berrío es suspendido. Finalmente, señaló que su expediente sería remitido en los próximos días a la Junta Regional del Magdalena. Intervención de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez En oficio del 23 de enero de 2020[42], la Junta solicitó la desvinculación del trámite de tutela, por cuanto las pretensiones se dirigen exclusivamente hacia Holding Inmobiliaria. De igual forma, advirtió que no existe ninguna actuación pendiente relativa a la calificación de la PCL de la accionante. C. Decisión objeto de revisión En sentencia del 27 de enero de 2020[43], el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la terminación del contrato obedeció al vencimiento del plazo pactado en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En esa medida, no advirtió afectación de los derechos invocados, porque el despido fue ajeno al estado de salud de la accionante. De otra parte, destacó que la jurisdicción ordinaria es el escenario idóneo para valorar si la terminación del vínculo fue injusta. También, para reclamar las acreencias derivadas del mismo. D. Actuaciones en sede de revisión Respuesta de Positiva ARL En escrito del 24 de noviembre de 2020[44], la entidad informó que el desacuerdo sobre el origen del diagnóstico de la tutelante fue dirimido en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena. En efecto, el pasado 15 de abril dicha autoridad conceptuó sobre el origen laboral de los padecimientos. Con posterioridad, Positiva presentó apelación contra el referido dictamen, la cual se encuentra pendiente de resolución. De esta manera, la ARL insistió en que no es posible calificar la PCL de la peticionaria. Como soporte, remitió el concepto de la Junta Regional que indica lo siguiente: “Análisis y conclusiones: Usuaria quien desempeñaba el cargo de servicios generales, con historia de lumbalgia de un año de evolución en tratamiento quirúrgico el 12 de febrero de 2019. Refiere que labor[ó] en Holding inmobiliaria durante 7 años, inició realizando la comida a 93 trabajadores, a los tres años pasó a la parte administrativa donde hacía el aseo (…) y la comida a 8 trabajadores (…) Diagnóstico Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía (…) Origen Enfermedad laboral”[45]. Finalmente, refirió que desconoce las pretensiones de la tutela, en tanto no fue notificada en el trámite de instancia. Respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud En oficio del 25 de noviembre de 2020[46], un asesor del despacho del Superintendente informó que, entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, la señora Rodríguez Berrío presentó 18 peticiones ante la entidad. Explicó que estas fueron remitidas a Salud Total y a COOSALUD y que las mencionadas EPS dieron respuesta a la accionante. Respuesta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena En escrito del 25 de noviembre de 2020[47], el Director Administrativo y Financiero de la junta indicó que, el pasado 15 de abril, la entidad confirmó el origen laboral del diagnóstico. En el término legal, Positiva ARL presentó los recursos de reposición y apelación. Agregó que remitió el asunto a la Junta Nacional, en razón a que el 13 de noviembre decidió no reponer el dictamen. Respuesta de la apoderada de la tutelante El 26 de noviembre de 2020[48], reiteró que su representada celebró un contrato laboral con Holding Inmobiliaria en octubre de 2012. Aquél fue renovado anualmente. Agregó que se pactó una remuneración de un salario mínimo, monto con el cual proveía alimentos a su esposo de 60 años y quien padece de una enfermedad en la columna. Actualmente, sus familiares les brindan ayuda económica para cubrir los gastos del hogar, los cuales ascienden a $842.000 mensuales. Con ese dinero, también costea la atención médica particular que requiere para controlar sus crisis de dolor ya que su salud se ha deteriorado debido a la falta de tratamiento especializado. Insistió en que el vínculo terminó sin aval de la autoridad laboral y sin que la demandada pagara la liquidación y la indemnización a su representada. De igual forma, señaló que la controversia sobre el origen del diagnóstico le ha impedido iniciar el trámite de calificación de PCL. En cuanto a las incapacidades, expuso que Salud Total EPS asumió su pago hasta el día 180, pues, a partir de ese momento, le corresponde al fondo de pensiones[49]. Por su parte, refirió que, a finales de 2019, COLPENSIONES reconoció aquéllas causadas entre el 22 de febrero y el 22 de julio de ese año, dado que las posteriores deben ser reconocidas por Positiva ARL, en atención al origen laboral de la enfermedad. En esa medida, se encuentran pendientes de pago las incapacidades comprendidas entre el 23 de julio y el 20 de octubre de 2019. Además, la EPS se negó a transcribir aquellas causadas entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre, en razón a que la señora Rodríguez Berrío estaba desvinculada del Sistema de Seguridad Social. Finalmente, adujo que la Superintendencia de Salud se limitó a trasladar a las entidades concernidas las quejas radicadas por su representada. Respuesta de COLPENSIONES En escrito del 27 de noviembre de 2020[50], la entidad informó que, en un primer momento, Salud Total emitió concepto favorable de rehabilitación en relación con la enfermedad de origen común padecida por la peticionaria. Por consiguiente, el fondo de pensiones estudió el reconocimiento de incapacidades posteriores al 10 de febrero de 2019 (día 180). Luego, en atención a los soportes allegados por la interesada, le pagó 120 días por este concepto: Inicio Fin Fecha oficio Días Valor 24 de marzo 22 de abril 6/11/2019 30 $828.116 24 de abril 23 de mayo 6/11/2019 30 $828.116 24 de mayo 22 de junio 6/11/2019 30 $828.116 23 de junio 22 de julio 6/11/2019 30 $828.116 En este punto, COLPENSIONES resaltó que, en caso de que la Junta Nacional confirme el origen laboral del diagnóstico, solicitará a la ARL el reembolso de los valores pagados, con fundamento en el parágrafo 3º del artículo 34 del Decreto 1352 de 2013. De otra parte, expuso que la EPS calificó el origen profesional de la enfermedad en una primera oportunidad y el 19 de noviembre de 2019 notificó a la entidad. En consecuencia, según el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1562 de 2012 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, la ARL debe asumir las incapacidades radicadas con posterioridad a ese momento. Intervención de la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío[51] El 27 de noviembre de 2020, la peticionaria remitió escrito dirigido al Ministerio del Trabajo en el que solicita instar a Positiva ARL a pagar con prontitud los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esto, con el fin de que resuelva el recurso de apelación contra la decisión de la Regional. De igual manera, remitió otro escrito dirigido a la Corte en el que pide que se tengan en cuenta los conceptos médicos anexos a la tutela que evidencian que carece de pronóstico de recuperación. Finalmente, destacó que tiene 62 años, no está afiliada al Sistema de Seguridad Social y su condición de salud es grave. Intervención de Positiva ARL En respuesta a lo solicitado por la señora Rodríguez Berrío, el 4 de diciembre de 2020[52] la entidad manifestó que pagó los honorarios de la Junta Nacional el día anterior. Respuesta de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez En escrito del 7 de diciembre de 2020[53], uno de los abogados de la Junta informó que “(…) una vez revisada la base de datos y los expedientes en trámite en las salas de decisión, no se encuentra caso calificado ni pendiente por calificación de la señora Carmen Alicia Rodríguez Rodríguez”. Respuesta de Salud Total EPS En oficio del 9 de diciembre de 2020[54], la gerente de la sucursal de Santa Marta señaló que el estado de afiliación de la señora Rodríguez Berrío es “suspendido”. Agregó que la EPS cumplió con sus obligaciones legales al reconocerle 180 días continuos de incapacidad. Por lo tanto, desde el día 181 le corresponde asumir el pago de la prestación al fondo de pensiones. En la siguiente tabla[55], la Sala sintetiza la información suministrada por la EPS: Inicio Fin Días Acumulados Valor 25 de diciembre de 2018 23 de enero de 2019 30 162 $817.179 24 de enero[56] 21 de febrero 29 191 $496.870 22 de febrero 23 de marzo 30 221 0 24 de marzo 22 de abril 30 251 0 24 de abril 23 de mayo 30 281 0 24 de mayo 22 de junio 30 311 0 23 de junio 22 de julio 30 341 0 23 de julio 21 de agosto 30 371 0 22 de agosto 20 de septiembre 30 401 0 3. Expediente T-7.915.431[57] El 29 de enero de 2020, el señor Ezequiel Ruiz Balbin formuló acción de tutela contra Nilton Alexis Arroyave Restrepo. El propósito del amparo es que el juez ordene al demandado el reintegro, la afiliación al Sistema de Seguridad Social, y el pago de los salarios y prestaciones adeudados y de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. A. Hechos y pretensiones[58] 1. El actor tiene 56 años[59]. Manifestó que el 15 de julio de 2019 celebró un contrato verbal con Nilton Alexis Arroyave Restrepo. Su objeto era el desarrollo de labores agropecuarias (ordeñar) en la finca La Germania y la remuneración pactada ascendía a $1.000.000 de pesos. Además, su empleador le proporcionó una vivienda en la finca, la cual habitaba con su compañera permanente y hacía parte del salario en especie[60]. 2. Resaltó que empezó a trabajar en óptimas condiciones de salud. El 18 de noviembre de 2019, acudió al Hospital San Juan de Dios por sensación de parestesia en miembro superior e inferior derecho. En esa oportunidad, le diagnosticaron embolia y trombosis de arterias y ordenaron la realización de una ecografía y de una tomografía. Además, estuvo incapacitado desde ese día hasta el 8 de febrero de 2020. 3. Expuso que su empleador omitió pagar los aportes al Sistema de Salud. Por tal razón, no pudo acceder a los servicios prescritos. Tampoco le reconocieron los valores correspondientes a los días de incapacidad. Con todo, lo afilió a COOMEVA durante un mes, a partir del 21 de noviembre de 2019. 4. Agregó que sus patologías le dificultan mantener y cambiar la posición del cuerpo, levantar y mover objetos, preparar comidas y realizar las actividades del hogar. Incluso, usa un bastón para caminar. En esa medida, expresó que goza de estabilidad laboral reforzada, porque sus padecimientos le impiden desempeñar sus funciones en cierto grado. 5. Precisó que el 20 de enero de 2020 se encontraba incapacitado y tenía citas y exámenes pendientes. Manifestó que ese día, pese a conocer su estado de salud, el empleador terminó el contrato unilateralmente, sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo. También, le pidió que desalojara la vivienda. 6. Como consecuencia del despido y de la falta de afiliación al Sistema de Salud, indicó que no pudo continuar con el tratamiento de sus patologías. Asimismo, refirió que es probable que no pueda acceder a los medicamentos para la hipertensión. 7. Adujo que el empleador contrató a otra persona y que su salario era la única fuente de ingresos de su núcleo familiar, conformado por su hija menor de edad y por su compañera permanente, quien tiene 54 años. Expresó que no ha podido encontrar trabajo, pues el oficio que desempeña le exige hacer fuerza y movimientos repetitivos y permanecer en posturas incómodas. Finalmente, adicionó que también padece de hipoacusia neurosensorial, rinofaringitis e insuficiencia venosa. 8. Por lo anterior, el actor invocó la protección de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y a la salud. En consecuencia, solicitó al juez ordenar al demandado (i) reintegrarlo a un puesto de trabajo similar, de igual remuneración y con observancia de las recomendaciones médicas; (ii) pagarle las incapacidades, los salarios y las prestaciones causados desde el despido, así como la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (iii) suministrarle vivienda como lo hacía con anterioridad; y, (iv) afiliarlo al Sistema de Seguridad Social y realizar los aportes correspondientes. B. Actuaciones en sede de tutela Mediante Auto del 29 de enero de 2020[61], el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia) admitió la tutela y ofició al señor Nilton Alexis Arroyave Restrepo para que ejerciera su derecho a la defensa. Intervención de Nilton Alexis Arroyave Restrepo En escrito del 31 de enero de 2020[62], el demandado se opuso a la prosperidad de la tutela. Manifestó que es ganadero y que el accionante trabajó para él desde el 15 de julio de 2019. De igual forma, señaló que no contrató a otra persona para ocupar su cargo, pues el vínculo terminó porque vendió el ganado que atendía el demandante para pagar sus deudas. En esa medida, indicó que no estaba obligado a solicitar autorización ante el Ministerio del Trabajo, pues ello no es exigible “cuando un empleador termina con su empresa”[63]. Finalmente, admitió que, para noviembre de 2019, no lo había afiliado al Sistema de Seguridad Social. Refirió que no le ha pagado las prestaciones sociales pendientes porque “se niega”[64] a recibir el dinero. C. Decisiones objeto de revisión Fallo de tutela de primera instancia En sentencia del 11 de febrero de 2020[65], el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que no satisfizo el requisito de subsidiariedad, porque la jurisdicción ordinaria es el escenario adecuado para debatir si procede el reintegro. Asimismo, refirió que no cumple el requisito de inmediatez, pues el peticionario toleró la conducta de su empleador. De hecho, en noviembre de 2019 puso en conocimiento del Inspector de Trabajo el impago de las cotizaciones y dicho funcionario le sugirió que iniciara un proceso laboral, lo cual no ha hecho hasta el momento. Por otro lado, explicó que no estaban acreditados los presupuestos para que operara la estabilidad laboral reforzada en los términos de la Sentencia SU-049 de 2017. Esto, en razón a que el empleador desvirtuó que hubiese terminado el vínculo por razón del estado de salud del trabajador, pues ello obedeció a la venta del ganado. De igual forma, resaltó que el diagnóstico no le impide desempeñar sus labores, pues ha adelantado todas las gestiones ante el juzgado por sí mismo. Ello evidencia que no tiene dificultades para desplazarse, como se indica en la tutela. Además, según la historia clínica, las patologías han mejorado con la medicación ordenada. En relación con el derecho a la salud, el despacho señaló que, pese a que el peticionario está desvinculado del sistema, ha recibido toda la atención requerida. Incluso, podría afiliarse a una EPS del régimen subsidiado, si no cuenta con capacidad de pago. De otra parte, no advirtió una afectación a su mínimo vital, pues su compañera permanente trabaja y puede asumir los gastos del núcleo familiar[66]. Asimismo, se infiere que tiene capacidad económica, dado que “(…) sus citas médicas son atendidas por las [i]nstituciones prestadoras del servicio de salud de forma particular” (…)[67]. Además, está en edad productiva y podría ingresar a otro trabajo con facilidad, pues “(…) en el sector abunda la actividad agrícola y ganadera (…)”[68]. Impugnación Mediante escrito del 18 de febrero de 2020[69], el accionante impugnó la decisión de primera instancia. Resaltó que el demandado estaba al tanto de su situación y contaba con la posibilidad de reubicarlo. Además, omitió aportar pruebas que acreditaran la no continuidad de su empresa o la venta del ganado. En todo caso, afirmó que “(…) la mera terminación de la obra no es (…) una causal constitucional válida para [finalizar] la relación laboral, pues como se ha manifestado a lo largo del proceso (…), las circunstancias que dieron origen a la relación laboral siguen vigentes, si bien no en el proyecto u obra para la que fui contratado inicialmente, sí para obras que se encuentran en ejecución”[70]. Por su parte, indicó que el a quo no advirtió que camina lento y con ayuda de un bastón. Incluso, ignoró que la historia clínica evidencia la gravedad de sus patologías, las cuales le generan pérdida de motricidad, sensibilidad y de memoria, al igual que trastornos visuales y del lenguaje, dolores y hormigueos en sus miembros inferiores. Agregó que el argumento relativo a la mejoría en su estado de salud desconoce que la jurisprudencia constitucional no exige que el trabajador esté “(…) postrado en cama o en una invalidez total”[71] como condición para que opere la estabilidad laboral reforzada. En relación con la tolerancia del impago de los aportes, explicó que necesitaba trabajar y, por esta razón, continuó la prestación de sus servicios. Además, vive “(…) en un municipio que no ofrece muchas opciones para las personas que no [terminaron] ni la primaria”[72]. De otra parte, indicó que estaba incapacitado al momento del despido y que no le han reconocido dicha prestación debido a que no estuvo afiliado a una EPS. Tampoco cuenta “(…) con el puntaje del DNP”[73], lo que le impide ser beneficiario del SISBEN y afiliarse al régimen subsidiado. Adicionalmente, su edad y su diagnóstico le dificultan conseguir empleo. Finalmente, expuso que el proceso laboral no es idóneo ni eficaz, en tanto su resolución puede tardar más de un año, tiempo en el cual no tendrá ingresos ni acceso al servicio de salud. En este sentido, ante la posible configuración de un perjuicio irremediable, correspondía al juez ordenar el reintegro temporal hasta que la jurisdicción ordinaria resolviera el asunto. Fallo de tutela de segunda instancia En sentencia del 9 de marzo de 2020[74], el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos confirmó el fallo de primera instancia. Destacó que, por regla general, el recurso de amparo es improcedente para solicitar el pago de prestaciones derivadas del contrato de trabajo. En esa medida, el presente asunto debe ser debatido en la jurisdicción ordinaria. De otra parte, el actor no probó el nexo causal entre el despido y la enfermedad, ni que su salario fuera la única fuente de ingresos de su familia. Tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. D. Actuaciones en sede de revisión Respuesta de Ezequiel Ruiz Balbin El 23 de noviembre de 2020, el accionante informó que se encuentra desempleado y que sus gastos mensuales ascienden a $1.000.000. Además, habita una vivienda arrendada con su esposa, quien se desempeña como ama de casa. En relación con su estado de salud, señaló: “[soy] hipertenso y sigo presentando inconvenientes con la mano derecha y el pie derecho (…) y no puedo laborar por tal motivo”. Indicó que ambas condiciones fueron comunicadas oportunamente a su empleador, quien no le ofreció ninguna opción de reubicación. Precisó que trabajó para el accionado entre junio y diciembre de 2019 y que a la fecha le adeuda salarios, prestaciones sociales e incapacidades causadas durante esos meses[75]. En particular, manifestó que: “[e]ra el empleado del señor Nilton Alexis Arroyave, desempeñaba las funciones de administrador de la finca; entre mis labores debía ordeñar, hacer todas las labores relacionadas con la finca (…) de 04:00 am a 07:00 pm”. Por último, refirió que recibía un salario de $1.000.000 “y vivía en una casa de propiedad de la misma finca de la cual no debía pagar nada, ni tenía ninguna deducción”. Respuesta de Nilton Alexis Arroyave Restrepo El 25 de noviembre de 2020, el accionado informó que sus ingresos mensuales equivalen a $ 1.100.000 y provienen de su trabajo como administrador de la finca de su madre. Refirió que destina ese dinero a la manutención de su compañera permanente y de su hijo recién nacido. Por otro lado, señaló que fue empleado del propietario de la finca La Germania pero luego de su fallecimiento vendió el ganado, porque sus herederos reclamaron la propiedad del inmueble. Además, sus deudas ascendían a $36.000.000 para ese momento. En seguida, expuso que el actor: (i) ordeñaba y hacía el mantenimiento de los alambrados en horario de ocho horas; (ii) recibía un salario de $1.000.000; y (iii) trabajó entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2019, momento para el cual ya había vendido el ganado. De igual manera, indicó que no estaba enterado de los padecimientos de salud del accionante, ya que no le entregó las incapacidades otorgadas y tampoco la historia clínica. Con todo, en noviembre de 2019 lo afilió al Sistema de Seguridad Social y asumió el costo de la atención médica que recibió. En relación con los valores adeudados, señaló que le pagó las incapacidades pero no las prestaciones sociales, dado que el señor Ezequiel no aceptó recibir dinero y le pidió parte de la finca de la cual no era propietario. Por último, resaltó que el peticionario trabaja en “(…) la vía comunal de la vereda sabanazo (…)” desde enero de 2020. Además, aquél promovió un proceso laboral por los mismos hechos, que se encuentra en trámite ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos. Como soporte, adjuntó: (i) registro civil de nacimiento de su hijo; (ii) declaración juramentada en la cual consta que convive con su pareja hace cuatro años; y, (iii) acta de notificación personal del 9 de marzo de 2020, remitida por el despacho mencionado. II. CONSIDERACIONES Competencia 1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Asunto objeto de análisis 2. En esta oportunidad, la Sala estudia tres acciones de tutela promovidas por ciudadanos con determinadas patologías que, según afirman, les dificultan el normal desempeño de sus funciones. Por esa razón, invocan la protección de los  derechos al mínimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, entre otros, con ocasión de la terminación de sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo. En esa medida, solicitan al juez constitucional, en términos generales, ordenar el reintegro y el pago de la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Adicionalmente, el señor Ezequiel Ruiz Balbin (expediente T-7.915.431) y la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (expediente T-7.909.170) piden el pago de salarios, prestaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social. El primero solicita que se ordene al demandado suministrarle vivienda como lo hacía con anterioridad y reconocerle las incapacidades causadas, puesto que el impago de los aportes impidió que los valores correspondientes fueran reconocidos por el sistema. Por su parte, la segunda pide que se ordene a la empresa gestionar la calificación de su PCL ante Positiva ARL y el pago de las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. Al respecto, COLPENSIONES informó que, ese último mes, pagó aquellas generadas entre el 24 de marzo y el 22 de julio, y Salud Total EPS le notificó del origen laboral de las patologías (calificación en primera oportunidad). En esa medida, en atención al parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1562 de 2012, la ARL debe asumir las incapacidades radicadas con posterioridad a la mencionada comunicación. Por su parte, la administradora de riesgos laborales adujo que desconoce las pretensiones de la tutela, en tanto no fue notificada en el trámite de instancia. De igual manera, señaló que el desacuerdo sobre el origen del diagnóstico será dirimido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en sede de apelación. Por último, explicó que, por virtud de la controversia, aún no es posible calificar la PCL de la peticionaria. 3. Con fundamento en la situación fáctica descrita, inicialmente, la Corte debe determinar si se cumplen los requisitos de procedencia del amparo constitucional. En tal caso, le corresponde formular y resolver los problemas jurídicos de fondo respectivos. Procedencia de la acción de tutela Subsidiariedad 4. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991, la procedencia de la acción de tutela está condicionada al principio de subsidiariedad. Aquel autoriza su utilización en tres hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita resolver el conflicto relativo a la afectación de un derecho fundamental; o (ii) el mecanismo existente no resulte eficaz e idóneo; o, (iii) la intervención transitoria del juez constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[76]. En cuanto al segundo supuesto, se entiende que el mecanismo ordinario no es idóneo en el evento en que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral respecto del derecho comprometido. En este sentido, la jurisprudencia ha indicado que, al evaluar la idoneidad, “(…) el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal (…)”[77]. Además, la aptitud del medio de defensa debe analizarse en cada caso, en atención a las circunstancias del peticionario, el derecho fundamental invocado y las características procesales del mecanismo en cuestión[78]. En relación con el tercer evento, esta Corporación ha establecido que el perjuicio irremediable debe “(…) ser inminente, esto es, que esté por suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes, tanto por brindar una solución adecuada frente a la proximidad del daño, como por armonizar con las particularidades del caso; (iii) el perjuicio debe ser grave, es decir, susceptible de generar un detrimento transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) la respuesta requerida por vía judicial debe ser impostergable, o fundada en criterios de oportunidad y eficiencia, a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”[79] (énfasis agregado). 5. En lo que respecta a las controversias derivadas de la relación laboral, la Corte ha indicado que la jurisdicción ordinaria cuenta con acciones y recursos idóneos y eficaces que pueden ser activados por el trabajador para reclamar la protección de sus derechos[80]. Lo anterior implica que, en principio, pretensiones como el reintegro y el pago de incapacidades deben ser tramitadas en el escenario natural. En efecto, según el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, corresponde a la citada jurisdicción conocer de los conflictos jurídicos “(…) que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” y, también, de aquellos relativos “(…) a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras (…)”. En este punto, la Sala resalta que el artículo 6º de la Ley 1949 de 2019 suprimió el literal g) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2017, según el cual la Superintendencia Nacional de Salud era competente para conocer y fallar en derecho “(…) sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador”. En esa medida, a la fecha, el mecanismo jurisdiccional que se surte ante la citada entidad no puede emplearse para solicitar el pago del auxilio por incapacidad[81]. Por consiguiente, esta prestación sólo puede reclamarse judicialmente mediante el proceso laboral. De otra parte, esta Corporación ha señalado que la tutela se torna procedente cuando el impago de las incapacidades afecta derechos fundamentales como el mínimo vital, la salud y la dignidad humana[82]. Por consiguiente, en estos casos, “los mecanismos ordinarios instituidos para [reclamar el pago de la prestación], no son lo suficientemente idóneos en procura de garantizar una protección oportuna y eficaz, en razón al tiempo que llevaría definir un conflicto de esta naturaleza”[83]. Asimismo, esta acción procede excepcionalmente para cuestionar la terminación del contrato de trabajo, “(…) cuando se trata de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental y [solicitan la protección] del derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada (…)”[84]. La Sentencia SU-049 de 2017[85] explicó que dicha regla desarrolla el derecho fundamental a la igualdad. En tal sentido, el juez debe analizar la procedencia de manera menos estricta para otorgar un tratamiento diferencial positivo a estos sujetos. Ello, en atención a que experimentan una dificultad objetiva “(…) para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”. En lo que sigue, la Corte adelantará el análisis de subsidiariedad en cada caso. Expediente T-7.899.839 6. En este caso, la Sala considera que la situación del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez hace que sea desproporcionado exigirle acudir a la vía ordinaria y, en esa medida, el proceso ordinario no es idóneo ni eficaz. En efecto, está desempleado y recibe un auxilio variable de parte de sus hermanas y de su madre, cercano a los $800.000 pesos mensuales. Adicionalmente, está afiliado al régimen subsidiado de salud, lo que evidencia que se encuentra en una precaria situación económica[86]. De otra parte, semanas antes de la terminación del contrato asistió a terapia física y consultó a un especialista en medicina del dolor y, recientemente, estuvo en recuperación de COVID-19. Por lo anterior, la tutela resulta procedente como mecanismo definitivo. Expediente T-7.909.170 7. En el referido asunto, la Sala concluye que el proceso laboral no resulta idóneo ni eficaz para resolver la controversia planteada por la peticionaria. Lo anterior, porque fue diagnosticada con “trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía”[87], carece de pronóstico de recuperación y está desempleada[88]. En cuanto a su condición económica, manifestó que no percibe una pensión de invalidez y sus familiares le brindan una ayuda de $842.000 mensuales, dinero con el cual cubre sus gastos y los de su esposo, quien tiene 60 años y padece de una enfermedad en la columna. Además, según la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, desde el 30 de noviembre de 2019, su estado es “retirado”. Ello implica que no tiene acceso a atención en salud, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo[89]. Por otro lado, prima facie, la falta de pago de cuatro meses de incapacidades afecta su derecho a la dignidad humana, pues, si bien sus familiares le brindan un apoyo, su subsistencia depende enteramente de la voluntad de terceros. De manera que su autonomía se ve restringida a pesar de que la prestación que reclama debe ser cubierta por el Sistema de Seguridad Social[90]. En esa medida, la tutela es la vía procedente para reclamar el reintegro y el pago de incapacidades, así como para cuestionar el trámite de calificación del origen del diagnóstico. Expediente T-7.915.431 8. En el presente asunto, la Corte advierte el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que la solicitud de amparo de la referencia se torna improcedente con fundamento en las razones que se exponen a continuación: 8.1. El accionante no está en condición de debilidad manifiesta, pues no aportó pruebas que evidencien una disminución en su capacidad de trabajo y tampoco una afectación actual en su estado de salud. Además, no demostró que su situación financiera fuera apremiante. Por lo anterior, no resulta desproporcionado exigirle acudir a la vía ordinaria. 8.2. Se encuentra en curso un proceso laboral. En efecto, las pruebas recaudadas en sede de revisión evidencian que, el 13 de enero de 2020, el accionante promovió demanda laboral contra el empleador, esto es, dos semanas antes de presentar la tutela (29 de enero del mismo año). En este punto, la Sala reitera que el recurso de amparo se torna improcedente cuando existe un proceso judicial vigente en el que se debaten los hechos que dieron lugar a la presunta afectación de los derechos fundamentales[91]. Por consiguiente, la tutela debe ceder ante el mecanismo ordinario con el fin de que el juez natural adopte las medidas a que haya lugar[92]. Lo anterior, porque esta acción constitucional no puede desplazar el proceso judicial al alcance del actor, ni utilizarse para obtener una decisión judicial más rápida. De hecho, aquel refirió que el proceso laboral podría tardar un año, en contraste con la celeridad inherente al amparo constitucional. 8.3. El peticionario no probó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio. En efecto, la Sala no advierte una circunstancia que configure un daño de esta naturaleza para él o su núcleo familiar, pues no acreditó: (i) la afectación inminente de los derechos fundamentales, pues su afiliación al Sistema de Salud está vigente y, en ese sentido, se encuentra garantizada la continuidad en la atención[93]; (ii) la urgencia de las medidas, dado que el tutelante y su compañera permanente conservan su capacidad productiva, puesto que no hay elementos de juicio que demuestren otra cosa y por el contrario el actor se encuentra trabajando; (iii) la gravedad del perjuicio, en tanto no se probó una potencial vulneración a su mínimo vital ni a su salud; ni (iv) el carácter impostergable de las medidas para la protección efectiva de los derechos en riesgo, ya que la situación familiar del actor no es intolerable en términos constitucionales, por lo que no justifica la intervención inmediata del juez de tutela. 9. Sumado a lo anterior, el presente asunto adquiere un alcance controversial y litigioso, carece de relevancia constitucional y desborda el carácter sumario e informal propio del amparo[94], tal y como se explica a continuación: 9.1. El monto que adeuda el empleador está en discusión. El actor reclamó los salarios, las incapacidades y las prestaciones sociales causados desde el despido y, luego, en la respuesta remitida a la Corte señaló que el demandado le debe estos valores pero por los seis meses trabajados. A su turno, el empleador refirió que sólo adeuda las prestaciones sociales y que el tutelante no aceptó el dinero, y le exigió parte de la finca como pago de las indemnizaciones. En este punto, la Sala resalta que existe un debate respecto de las acreencias laborales pendientes de pago y ninguna de las partes aportó elementos de juicio que respalden sus afirmaciones. Ello sitúa el presente asunto en un escenario de amplio despliegue probatorio ajeno a la acción de tutela y que sólo puede garantizarse en el marco de un proceso ordinario. De manera que las posturas de las partes evidencian que la materia expuesta carece de relevancia constitucional y se limita a una discusión de naturaleza legal y probatoria que excede las finalidades del amparo. Al respecto, la Sentencia T-1683 de 2000[95] indicó lo siguiente: “[e]l juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente”. En tal perspectiva, el proceso laboral ofrece a las partes la oportunidad para ejercer todas las atribuciones probatorias y de contradicción, a diferencia del amparo constitucional que “exige un nivel mínimo de certeza o de convencimiento respecto del derecho reclamado”[96]. En efecto, en el acta del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos se observa que el asunto se tramitará como un proceso ordinario de única instancia, en los términos del artículo 70 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[97]. Según el artículo 72 de la misma normativa, con posterioridad a la notificación de la demanda, el juez cita a las partes para adelantar la audiencia de conciliación. En caso de desacuerdo, valora los elementos de juicio, entre esos, los testimonios que soliciten los sujetos procesales. Por último, clausurado el debate, dicta el fallo motivado en esa misma audiencia[98]. 9.2. No hay certeza sobre las circunstancias que conllevaron a la terminación del contrato laboral. Mientras el accionante indicó que su empleador contrató como ordeñador a otro trabajador, el segundo afirmó que la relación laboral terminó cuando los herederos reclamaron la propiedad de la finca. Agregó que vendió el ganado para pagar sus obligaciones, las cuales ascendían a $36.000.000 de pesos. 10. Finalmente, según el estudio de tiempos procesales realizado por el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación Excelencia en la Justicia, la primera instancia de un proceso laboral tarda 167 días hábiles (366 corrientes)[99], de los cuales 95 transcurren entre la audiencia de conciliación y la de juzgamiento. Esta cifra permite inferir que la duración de un proceso de única instancia, en términos generales, es significativamente menor, pues, como se indicó, la conciliación y el fallo se agotan en la misma audiencia. En esa medida, es posible que un trámite de esta naturaleza se resuelva en un plazo menor o igual al expuesto. Por consiguiente, la Sala considera que dicho término no resulta desproporcionado ni irrazonable en atención a la condición del actor. 11. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que el proceso laboral es idóneo y eficaz para resolver la controversia planteada. Por lo tanto, confirmará la decisión de segunda instancia que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Ezequiel Ruiz Balbin. En lo que sigue, la Sala continuará el análisis de procedencia respecto de los otros casos. Legitimación en la causa por activa y por pasiva 12. En cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona, “(…) por sí misma o por quien actúe en su nombre”, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 define a los titulares de esta acción. En concreto, consagra que podrá ser interpuesta (i) en forma directa por el interesado; (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad y las personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (esto es, a través de un abogado titulado con poder judicial); o (iv) por medio de un agente oficioso[100]. En esta oportunidad, se encuentra acreditada dicha legitimación. El señor Hernán Darío Martínez Arbeláez (expediente T-7.899.839) promovió directamente la acción de tutela y la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (expediente T-7.909.170) actuó por intermedio de apoderada judicial. En este último caso, se trata de un poder especial otorgado para la presente actuación judicial[101], en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional[102]. De igual forma, ambos invocaron la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. 13. Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 de la Carta establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o por el actuar de los particulares. En este contexto, dicha legitimación exige acreditar dos requisitos. Por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[103]. 14. La citada disposición y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establecen que procede la tutela contra particulares cuando: (i) éstos se encargan de la prestación de un servicio público; (ii) su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; y (iii) el solicitante se encuentra en estado de subordinación o indefensión[104]. Según la jurisprudencia constitucional, en estos supuestos, un sujeto asume una posición de autoridad respecto de otro, lo cual “(…) conduce a la extinción del carácter horizontal de la igualdad que por presunción impera entre los particulares”[105]. Asimismo, la Corte ha delimitado los conceptos de subordinación e indefensión. Por ejemplo, la Sentencia T-290 de 1993[106] los diferenció de la siguiente manera: “la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”. 15. Para la Sala, este requisito se satisface respecto de ambos empleadores, a quienes se les acusa de vulnerar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los peticionarios, al terminar sus contratos sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, tal y como se expone a continuación. 15.1. Expediente T-7.899.839. Golden Cute S.A.S. es una persona jurídica particular que celebró un contrato de trabajo con el actor. En esa medida, se encuentra probada la subordinación debido a la relación jurídica de dependencia derivada de tal vínculo. 15.2. Expediente T-7.909.170. Existe relación de subordinación entre la accionante y Holding Inmobiliaria en virtud del contrato laboral celebrado. En este punto, la Sala advierte que la demandada no intervino en el trámite pero está debidamente vinculada. De igual forma, están legitimados Positiva ARL, Salud Total EPS, COLPENSIONES, porque prestan el servicio público de seguridad social y les corresponde asumir el pago de incapacidades en determinadas circunstancias. En tal sentido, sus actuaciones u omisiones pueden comprometer los derechos de la peticionaria. Se resalta que la primera entidad es de naturaleza privada, fue vinculada por el juez de instancia y ha actuado en el proceso. La segunda también es una entidad particular, mientras que la tercera es una empresa industrial y comercial del Estado[107]. Por otro lado, las Juntas de Calificación de Invalidez son organismos de carácter privado que ejercen una función pública[108]. Específicamente, les corresponde conceptuar sobre el origen de las enfermedades y la PCL de los afiliados, quienes se encuentran en situación de indefensión[109] respecto de estas. Lo anterior, porque no tienen capacidad de respuesta efectiva ante las irregularidades o dilaciones que acontezcan en estos trámites. En este caso, la actora invocó la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la falta de inicio del trámite de calificación de su PCL. En tal sentido, dichas autoridades también están legitimadas por pasiva. Inmediatez 16. Como presupuesto de procedibilidad, la inmediatez exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)[110]. En el asunto bajo examen, la Sala observa que los peticionarios promovieron el recurso de amparo en un tiempo razonable. En efecto, el señor Hernán Darío Martínez Arbeláez (expediente T-7.899.839) lo presentó el 5 de febrero de 2020, esto es, un mes después de que terminara el vínculo laboral (31 de diciembre de 2019). Por su parte, la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (expediente T-7.909.170) instauró la tutela el 13 de enero de 2020, es decir, casi 4 meses después del vencimiento del plazo pactado (30 de septiembre de 2019). Formulación de los problemas jurídicos de fondo 17. En esta oportunidad, la Sala estudia de fondo dos expedientes. Como se advirtió, ambos comparten la supuesta vulneración de la garantía de la estabilidad laboral reforzada y la pretensión de reintegro. Sin embargo, la señora Carmen Alicia Rodríguez Berrío (T-7.909.170) pide ordenar a su empleador gestionar la calificación de su PCL ante Positiva ARL y el pago de las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. En atención a lo anterior, la Corte formulará un problema jurídico genérico y dos particulares: - ¿Los empleadores demandados vulneraron el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los peticionarios, al terminar sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo? En relación con el expediente T-7.909.170, la Corte deberá determinar lo siguiente: - ¿Positiva ARL vulneró el derecho al mínimo vital de la accionante al omitir el pago de las incapacidades causadas entre el 23 de julio y el 19 de noviembre de 2019? - ¿Las accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la tutelante en el trámite de calificación del origen de sus patologías? Con el propósito de resolver estos interrogantes, la Sala abordará brevemente los siguientes temas: (i) el fundamento constitucional y el alcance de la garantía de estabilidad laboral reforzada; (ii) las reglas jurisprudenciales relativas al pago de incapacidades; y, (iii) las controversias sobre el origen de las enfermedades de los trabajadores. Finalmente, (iv) decidirá los casos concretos. Fundamento y alcance del derecho a la estabilidad laboral reforzada 18. Según el artículo 53 de la Constitución, todos los trabajadores son titulares de un derecho general a la estabilidad en el empleo. Aquella garantía se intensifica en el caso de sujetos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a saber: (i) las mujeres embarazadas; (ii) las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) los aforados sindicales; y (iv) las madres y padres cabeza de familia[111]. De igual forma, este postulado se deriva de otras disposiciones superiores, como el derecho de todas las personas “en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (arts. 13 y 93). También, la mencionada garantía se sustenta en los deberes que le asisten al Estado, como proteger el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” (art. 25), y adelantar una política de “integración social” a favor de los “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47). Finalmente, los artículos 1º, 48 y 95 aluden al deber de “obrar conforme al principio de solidaridad social”[112]. 19. Ahora bien, la Sentencia SU-049 de 2017[113] precisó que la estabilidad laboral reforzada no protege exclusivamente a aquellos sujetos que presentan una PCL calificada. Por consiguiente, dicha garantía ampara a quienes tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares y que, por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios. En consecuencia, este escenario sitúa a la persona “(…) en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque le dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades humanas (…)”. 20. En tal perspectiva, si un empleador pretende desvincular a una persona que se halla en esta situación, debe contar con autorización del Inspector de Trabajo. Este funcionario verifica que las razones esgrimidas no estén asociadas a la condición de salud del trabajador, sino que se trata una causal objetiva. Bajo este entendido, la estabilidad laboral reforzada se concreta en una prohibición de despido discriminatorio hacia quienes se encuentran amparados por dicha prerrogativa[114]. De manera que la pretermisión del trámite ante la autoridad laboral “acarrea la presunción de despido injusto”. Por consiguiente, se invierte la carga de la prueba y corresponde al empleador acreditar una causa objetiva para terminar el contrato de trabajo[115]. En este punto, la Sala resalta que en el caso de los contratos laborales a término fijo, por obra o labor, “(…) el vencimiento del [plazo] pactado o el cumplimiento de la condición no constituye una justa causa para su terminación (…)”[116]. De manera que el empleado “tiene el derecho a conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”[117] si ha cumplido adecuadamente sus funciones y si la labor o el servicio se mantiene en el tiempo. 21. A partir de las reglas enunciadas, esta Corporación ha establecido los presupuestos para que opere la garantía de estabilidad laboral reforzada. En concreto, el juez constitucional debe verificar: (i) que la condición de salud del trabajador le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) que dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido; y, (iii) que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación[118]. Acreditado lo anterior, el operador judicial deberá, prima facie, reconocer al sujeto protegido: “(a) en primer lugar, la ineficacia de la terminación o del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir); (b) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); y (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir ‘una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario’”[119]. Según la Sentencia T-201 de 2018[120], el reconocimiento de estas prestaciones se funda en que el vínculo jurídico no desaparece a pesar de la “interrupción de la labor y de la relación del empleado con la empresa”. 22. Por último, la indemnización mencionada líneas atrás se encuentra prevista en el artículo 26[121] de la Ley 361 de 1997[122], la cual, según la Sentencia C-824 de 2011[123], protege un universo amplio de sujetos. En esa oportunidad, la Sala Plena explicó que la referencia a las personas con limitaciones severas y profundas contenida en el artículo 1º de la citada ley no debe entenderse como una expresión excluyente que restringe su ámbito de aplicación[124]. Sobre el particular, recordó que este Tribunal ha acogido una noción amplia del término limitación, “(…) en el sentido de hacer extensiva la protección de la que habla la Ley 361 de 1997 a las personas de las que se predique un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad que no necesariamente acarree una pérdida de la capacidad para trabajar”. Según lo expuesto, también son beneficiarios de la referida norma quienes presentan una situación de salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Reglas jurisprudenciales relativas al pago de incapacidades 23. El auxilio por incapacidad garantiza el mínimo vital del trabajador y el de su familia durante el tiempo en el que sus condiciones de salud le impiden prestar sus servicios[125]. Igualmente, este ingreso le permite “(…) recuperarse satisfactoriamente (…) sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar [un salario]” [126]. 24. La jurisprudencia ha distinguido tres tipos de incapacidades:“(i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patología; (ii) permanente parcial, cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%”[127] (negrilla original). La incapacidad temporal o permanente puede tener origen laboral o común. En el primer escenario, según el artículo 1° del Decreto 2943 de 2013[128], la ARL deberá reconocer la prestación desde la ocurrencia del accidente de trabajo o desde el diagnóstico de la enfermedad profesional[129]. Este pago debe efectuarse “(…) hasta que: (i) la persona quede integralmente rehabilitada y, por tanto, reincorporada al trabajo; (ii) se le califique su estado de incapacidad parcial permanente y en este caso se indemnice; o (iii) en el peor de los casos se califique la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, adquiriendo el derecho a la pensión de invalidez”[130]. En contraste, si la contingencia es de origen común, primero estará a cargo del empleador (días 1 y 2), luego de las EPS (día 3 al 180)[131] y, finalmente, de los Fondos de Pensiones (día 181 al 540)[132]. 25. En relación con la incapacidad temporal, la controversia relativa al origen de la enfermedad no afecta el pago de la prestación. En efecto, el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012[133] señala que este: “(…) será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral”. En otras palabras, la primera calificación del origen asigna una responsabilidad provisional a la ARL si es laboral, o a la EPS y al fondo de pensiones si es común. No obstante, esta podrá modificarse posteriormente por la autoridad competente. En caso de que ello ocurra, la entidad pagadora podrá repetir contra el verdadero obligado[134]. Controversias sobre el origen de las enfermedades de los trabajadores 26. Como se advirtió previamente, en el caso de las incapacidades, el origen de la enfermedad determina qué entidad del Sistema de Seguridad Social debe pagarlas. En esa medida, pueden surgir conflictos relacionados con esta responsabilidad, los cuales, la Sala insiste, no son oponibles a los afiliados. Sin embargo, el ordenamiento jurídico habilita instancias para su resolución. En concreto, según el artículo 142[135] del Decreto Ley 19 de 2012[136], corresponde a COLPENSIONES, a las ARL y a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las EPS, determinar en primera oportunidad la PCL y el origen de la contingencia. Si el interesado está en desacuerdo, el asunto se remite a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Luego, la decisión de dicha entidad podrá apelarse ante la Junta Nacional. Por su parte, el artículo 14 del Decreto 1352 de 2013 dispone que las Juntas Regionales deciden en primera instancia “las controversias sobre las calificaciones en primera oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez.”. De igual manera, el artículo 13 de la misma normativa señala que corresponde a la Junta Nacional resolver “en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, sobre el origen, estado de pérdida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez”. En suma, los conflictos relacionados con el origen de las contingencias deben tramitarse en dos instancias, las cuales se surten ante las referidas juntas como órganos especializados en la materia. Solución a los casos concretos Expediente T-7.899.839 Golden Cute S.A.S. no vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del señor Hernán Darío Martínez Arbeláez 27. En esta ocasión, la Corte estudia el recurso de amparo presentado por un ciudadano que trabajó como bodeguero en el establecimiento de comercio Calzado Bucaramanga, de propiedad de Golden Cute S.A.S. El peticionario fue vinculado en distintas oportunidades mediante contrato a término fijo. El más reciente es del 23 de enero de 2018 y se prorrogó por un año. Así, se acordó que finalizaría el 31 de diciembre de 2019. El accionante afirmó que el contrato terminó por razón de sus condiciones de salud. En concreto, su diagnóstico de fascitis plantar, espolón calcáneo y desviación de la columna vertebral. Por su parte, la representante legal de la sociedad insistió en que la relación laboral finalizó a causa de la situación financiera de la compañía y del vencimiento del plazo pactado. De hecho, el 26 de noviembre de 2019 Golden Cute S.A.S. comunicó al tutelante que no habría otra prórroga. 28. En este caso, la Sala considera que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor. Particularmente, no operó la garantía de estabilidad laboral reforzada porque la falta de renovación del contrato no obedeció a una actuación discriminatoria y se sustentó en una causal objetiva. A continuación, la Corte presenta las razones que sustentan dicha conclusión. 28.1. En primer lugar, cuando finalizó el contrato (31 de diciembre de 2019) la condición de salud del trabajador no dificultaba el normal desempeño de sus funciones, pues: (i) no estaba incapacitado en ese momento; y (ii) ni el examen médico de egreso ni la historia clínica indicaban que aún padeciera las enfermedades. De hecho, la última consulta por este motivo es de septiembre de 2019. 28.2. En segundo lugar, la empresa conoció los padecimientos del actor y acogió las recomendaciones laborales. Aquéllas habían perdido vigencia al momento de terminar el vínculo. 28.3. Por último, la actuación de la demandada no resultó discriminatoria. En efecto, todos sus actos se enmarcaron en una causal objetiva y razonable derivada de la baja en las ventas y la consecuente reducción de personal que inició antes del aviso de no prórroga. Además, no hay continuidad en el desarrollo de su actividad económica, lo que afecta la labor desplegada por el demandante. De manera que todos sus actos apuntan inequívocamente a la extinción de la persona jurídica y al inicio de la disolución y posterior liquidación[137]. Así, queda demostrada la causal objetiva que motivó la terminación del vínculo. Específicamente, el vencimiento del plazo pactado y la imposibilidad de renovar el contrato debido a la situación económica de la empresa que llevó a su disolución. 29. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que Golden Cute S.A.S. no vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del señor Martínez Arbeláez. En esa medida, el amparo no será concedido, pero ello no impide que el peticionario acuda ante la jurisdicción ordinaria para plantear sus pretensiones relacionadas con el vínculo contractual expuesto. Expediente T-7.909.170 Holding Inmobiliaria y Positiva ARL vulneraron los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de la demandante 30. En esta oportunidad, la Sala estudia la acción de tutela instaurada por una mujer de 63 años que trabajó para la demandada como asistente de cafetería y aseo, entre octubre de 2012 y septiembre de 2019. Manifestó que el contrato fue renovado anualmente. Durante la ejecución del mismo (27 de junio de 2018), la peticionaria fue diagnosticada con “trastorno no especificado de los discos intervertebrales (lumbar y sacro)”[138]. Luego, el 22 de agosto de 2019, la accionada le notificó que su contrato vencería el 30 de septiembre siguiente y no sería prorrogado[139]. 31. En este caso, la Sala considera que está acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Particularmente, la garantía de la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital por el impago de las incapacidades. A continuación, la Corte presenta los argumentos que sustentan dicha postura: 31.1. En primer lugar, el diagnóstico de la peticionaria dificultó sustancialmente el desempeño de sus funciones, pues: (i) el 27 de junio de 2018, el neurocirujano prescribió terapias físicas y recomendaciones laborales que no fueron acogidas por el empleador[140]; (ii) el 30 de septiembre de 2019, el especialista en medicina física y rehabilitación determinó que carecía de pronóstico de recuperación[141]; y, (iii) estuvo incapacitada 401 días entre diciembre de 2017 y la fecha de terminación del contrato[142]. Incluso, lo estaba cuando finalizó el vínculo laboral. 31.2. En segundo lugar, su condición médica fue conocida con anterioridad por Holding Inmobiliaria. En efecto, la accionante le remitió varias peticiones relacionadas con su estado de salud, en las cuales le solicitaba gestionar el pago de las incapacidades y acatar las recomendaciones laborales y reubicarla[143]. Además, el 27 de agosto de 2019, durante la visita efectuada por la Inspectora de Trabajo, con ocasión de la querella presentada por la actora, el Jefe de Talento Humano aludió a las recomendaciones y a las incapacidades[144]. 31.3. En tercer lugar, la Sala no advierte una causal objetiva que fundamente la falta de renovación del contrato. Como se indicó, la pretermisión del trámite previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 –aval de la autoridad laboral–activa la presunción de discriminación. Así, la carga de la prueba se traslada al empleador, quien debe acreditar una justa causa para terminar el contrato. En este punto, la Sala resalta que Holding Inmobiliaria no intervino en ninguna etapa del trámite de amparo y, por consiguiente, no desvirtuó la referida presunción. Sumado a lo anterior, esta conducta procesal permite aplicar la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[145]. 32. Conforme a lo expuesto, la Corte concluye que el empleador vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la actora, al terminar la relación laboral. Aquella actuación se fundó en motivos discriminatorios basados en la condición médica de la accionante. En tal virtud, el vencimiento del plazo pactado no constituye una causa objetiva para finalizar el contrato a término fijo. Por lo tanto, la peticionaria tiene derecho a conservar su empleo a pesar de que el plazo haya expirado. 33. De otra parte, la Corte analizará si Positiva ARL vulneró el derecho al mínimo vital de la accionante, al no reconocerle las incapacidades pendientes de 2019. Al respecto, la Sala observa que: (i) en diciembre de 2018, al emitir concepto favorable de rehabilitación, Salud Total estableció que las patologías eran de origen común[146]; (ii) por esta razón, el 6 de noviembre de 2019, COLPENSIONES pagó algunas posteriores al día 180 (24 de marzo al 22 de julio de tal año)[147]; (iii) dos semanas después, la EPS notificó a esa entidad sobre el origen laboral calificado en primera oportunidad; y, (iv) la peticionaria aportó cuatro órdenes médicas que prorrogan la incapacidad temporal entre el 23 de julio y el 19 de noviembre de 2019[148]. Finalmente, (v) la respuesta de Salud Total evidencia que ninguna entidad asumió la prestación entre el 11 de febrero (día 181) y el 23 de marzo (día 221)[149]. La Sala sintetiza lo expuesto en la siguiente tabla: Inicio Fin Días acumulados Entidad pagadora 25/12/2018 23/01/2019 162 Salud Total 24/01/2019 10/02/2019 180 Salud Total 11/02/2019 21/02/2019 191 Sin información 22/02/2019 23/03/2019 221 Sin información 24/03/2019 22/04/2019 251 COLPENSIONES 24/04/2019 23/05/2019 281 COLPENSIONES 24/05/2019 22/06/2019 311 COLPENSIONES 23/06/2019 22/07/2019 341 COLPENSIONES 23/07/2019 21/08/2019 371 Sin información 22/08/2019 20/09/2019 401 Sin información 21/09/2019 20/10/2019 431 Sin información 21/10/2019 19/11/2019 461 Sin información 34. Con fundamento en lo anterior, la Corte circunscribirá su pronunciamiento a las incapacidades causadas entre el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre de 2019. En este punto, se resalta que el objeto del amparo es obtener el pago de aquéllas generadas entre marzo y noviembre de 2019. De manera que la pretensión no incluye el mes de febrero. No obstante, la Sala ordenará su pago en virtud de las facultades extra y ultra petita del juez de tutela. 35. Ahora bien, el 4 de octubre de ese año, Salud Total conceptuó acerca del origen laboral de la patología y envió la notificación correspondiente a la ARL[150]. Luego, la Junta Regional confirmó dicha determinación y Positiva promovió los recursos de reposición y apelación. A la fecha, sólo se encuentra pendiente el segundo, ya que la Junta Regional confirmó el dictamen. 36. Este recuento evidencia que Positiva vulneró el derecho al mínimo vital de la peticionaria, pues, a pesar de conocer el concepto preliminar sobre el origen laboral de la enfermedad, omitió pagarle las incapacidades pendientes. Como se indicó, la jurisprudencia y las normas que regulan la materia establecen que la primera calificación asigna una responsabilidad provisional a la entidad concernida, la cual puede ser modificada posteriormente. Y, mientras eso no ocurra, debe garantizar a la afiliada el reconocimiento de la prestación. De manera que, contrario a lo sostenido en el trámite de instancia por la ARL, el pago de las incapacidades no corresponde a Salud Total EPS, sino que debe ser asumido por esa entidad y por eso se emitirá una orden al respecto. 37. Por último, la Sala debe determinar si las accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la tutelante en el trámite de calificación del origen de sus patologías. Previamente, se indicó que están habilitadas para emitir tal dictamen las EPS y las Juntas de Calificación de Invalidez (artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012). De esta manera, las primeras entidades profieren un concepto preliminar que puede ser cuestionado en dos instancias que se surten ante la Junta Regional competente y la Junta Nacional. 38. En el caso concreto, la Corte observa que: (i) la calificación en primera oportunidad fue emitida en octubre de 2019 por Salud Total EPS; (ii) el 15 de abril de 2020, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena la confirmó; (iii) el 13 de noviembre del mismo año, dicha entidad resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado por Positiva; y, (iv) el pasado 3 de diciembre, la ARL pagó los honorarios de la Junta Nacional. En tal perspectiva, las entidades públicas y privadas involucradas en la calificación han actuado en el marco de sus competencias y obligaciones legales. De esta manera, la Sala no advierte maniobras dilatorias ni una duración del trámite desproporcionada o irrazonable. Por esta razón, no está demostrada la vulneración alegada y el amparo será negado por este aspecto. Órdenes a proferir 39. De acuerdo con lo expuesto, la Corte adoptará las siguientes medidas. 39.1. En primer lugar, en el expediente T-7.899.839, revocará el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí, que declaró improcedente el amparo solicitado por Hernán Darío Martínez Arbeláez y, en su lugar, negará la protección constitucional invocada porque no hubo prueba de la violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante. 39.2. En segundo lugar, en el expediente T-7.909.170, la Sala revocará la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Carmen Alicia Rodríguez Berrío y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. En consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del vínculo. De igual manera, le ordenará a Holding Inmobiliaria: (i) reintegrarla a un cargo igual o superior al que desempeñaba y y en el cual se cumplan estrictamente las restricciones laborales que indique el médico tratante; y, (ii) reconocerle la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las prestaciones, los salarios y los aportes causados y dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato. Por otro lado, la Corte le ordenará a Positiva ARL asumir las incapacidades de 2019 que se encuentran pendientes de pago. En concreto, aquellas causadas entre el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre. Con todo, podrá solicitar los reembolsos respectivos en los términos del parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012. Finalmente, negará el amparo en relación con la vulneración del derecho al debido proceso en el trámite de calificación del origen de las patologías de la actora. 39.3. Finalmente, en el expediente T-7.915.431, confirmará la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Ezequiel Ruiz Balbin. Lo anterior, con fundamento en la falta de subsidiariedad del amparo. Conclusiones 40. En esta oportunidad, la Sala estudió tres acciones de tutela promovidas por ciudadanos que invocaban la protección de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión de la terminación de sus contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo. En el expediente T-7.909.170, la peticionaria también solicitó que se ordenara a su empleador gestionar la calificación de su PCL ante Positiva ARL y el pago de las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. 41. A partir de la información recaudada en sede de revisión, la Corte declaró improcedente la tutela promovida por el señor Ezequiel Ruiz Balbin (expediente T-7.915.431), debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Lo anterior, porque el peticionario: (i) no está en condición de debilidad manifiesta; (ii) promovió un proceso laboral con el mismo objeto del amparo; y, (iii) no probó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención transitoria del juez de tutela. Sumado a lo anterior, la Sala consideró que el asunto carecía de relevancia constitucional porque se trata de una controversia legal, pues el monto que adeuda el empleador está en discusión y no existe certeza sobre las circunstancias que conllevaron a la terminación del contrato laboral. Además, el estudio de tiempos procesales realizado por el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación Excelencia en la Justicia permite inferir que la duración de un proceso laboral de única instancia no es desproporcionada ni irrazonable. Finalmente, en virtud de lo expuesto, la Corte concluyó que el mencionado trámite es idóneo y eficaz para resolver la controversia planteada. 42. De otra parte, en el expediente T-7.899.839, la Sala encontró que Golden Cute S.A.S. no vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor. Lo anterior, en el entendido que la falta de renovación del contrato no obedeció a una actuación discriminatoria. La Sala arribó a tal conclusión porque: (i) las condiciones de salud del trabajador no dificultaron el normal desempeño de sus funciones; (ii) la accionada tuvo conocimiento de sus padecimientos y acató plenamente las recomendaciones laborales que perdieron vigencia antes de la terminación del vínculo; y (iii) los actos de la demandada se enmarcaron en una causal objetiva y razonable derivada de la baja en las ventas y la consecuente reducción de personal que inició antes del aviso de no prórroga. En tal virtud, la Corte constató que no hay continuidad en el desarrollo de su actividad económica, pues su conducta apunta inequívocamente a la extinción de la persona jurídica y al inicio de la disolución y posterior liquidación. 43. Finalmente, en el expediente T-7.909.170, la Sala estimó que Holding Inmobiliaria y Positiva ARL vulneraron los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de la demandante. En cuanto a lo primero, constató que: (i) el diagnóstico de la peticionaria dificultó sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) su condición médica fue conocida por el empleador antes de que finalizara el contrato; y (iii) la Sala no advirtió una causal objetiva que fundamentara la ausencia de renovación, pues la accionada no desvirtuó la presunción de discriminación que opera ante la falta de aval de la autoridad laboral. Sumado a lo anterior, no intervino en ninguna etapa del trámite de amparo y, por consiguiente, la Corte aplicó la presunción de veracidad (artículo 20 del Decreto 2591 de 1991). En relación con el pago de incapacidades, la Sala concluyó que Positiva vulneró el derecho al mínimo vital de la accionante, al no reconocerle aquellas causadas entre el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre de 2019. Lo anterior, porque Salud Total EPS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena conceptuaron sobre el origen laboral de las patologías y la Junta Nacional aún no ha resuelto el recurso de apelación promovido por la ARL. Entonces, de acuerdo con las normas aplicables al asunto, corresponde a Positiva asumir provisionalmente su pago. Por otro lado, no hubo vulneración alguna en el trámite orientado a resolver la controversia sobre el origen de las patologías, ya que las entidades involucradas en la calificación han actuado en el marco de sus competencias y obligaciones legales. En esa medida, la Sala no advierte maniobras dilatorias o una duración desproporcionada o irrazonable. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE PRIMERO.- En el expediente T-7.899.839, REVOCAR el fallo del 14 de febrero de 2020 dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Hernán Darío Martínez Arbeláez y, en su lugar, NEGAR la protección constitucional invocada. SEGUNDO.- En el expediente T-7.909.170, REVOCAR la sentencia del 27 de enero de 2020 proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Carmen Alicia Rodríguez Berrío. En su lugar, NEGAR el amparo del derecho al debido proceso y CONCEDER la protección de los derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. TERCERO.- DECLARAR la ineficacia de la terminación del vínculo y ORDENAR a Holding Inmobiliaria que, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia: (i) reintegre a la accionante a un cargo igual o superior al que desempeñaba y en el cual se cumplan estrictamente las restricciones laborales que indique el médico tratante; y, (ii) reconozca la indemnización prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las prestaciones, los salarios y los aportes causados y dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato. CUARTO.- ORDENAR a Positiva ARL que, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca a la peticionaria las incapacidades de 2019 que se encuentran pendientes de pago. En concreto, aquellas causadas entre el 11 de febrero y el 23 de marzo, y del 23 de julio al 19 de noviembre. Con todo, la entidad podrá solicitar los reembolsos respectivos en los términos del parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012. QUINTO.- En el expediente T-7.915.431, CONFIRMAR la sentencia del 9 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Ezequiel Ruiz Balbin. Lo anterior, con fundamento en la falta de subsidiariedad del amparo. SEXTO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Folio 9. [2] Folios 2, 3, 42, 54 y 70. [3] 2 y 3. [4] Ibidem. [5] Folio 3. [6] Ibidem. [7] Ibidem. [8] Folio 1. [9] Folio 22. [10] Folios 30 y 31. [11] Folios 30 a 50. [12] Folios 79 a 82. [13] Contratos, avisos de no prórroga, prórrogas y liquidaciones de cada vinculación. [14] Según consta en el oficio del 22 de febrero de 2019, suscrito por una psicóloga del área de gestión humana de la empresa y dirigido al administrador del punto de venta. [15] Según consta en el certificado de existencia y representación legal de Golden Cute S.A.S. [16] En concreto, debía informar: “¿Qué servicios prestó al señor Hernán Darío Martínez Arbeláez, entre febrero y diciembre de 2019?, ¿qué información tiene sobre su estado de salud actual?”. [17] Según la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, el actor está vinculado a la mencionada EPS del régimen subsidiado. Información obtenida en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 2 de diciembre de 2020]. [18] Folio 65. [19] Folio 1. [20] Folio 2. [21] Folio 2. [22] Folio 3. [23] No se advierte respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud. [24] Ibidem. [25] Folio 4. [26] No se advierte información adicional relacionada con las condiciones de la vinculación, esto es, periodos, prórrogas y remuneración. [27] Folios 5 y 6. [28] Ibidem. [29] Ibidem. [30] Ibidem. [31] Folio 11. [32] Folio 74. [33] Folio 98. [34] Folios 77 a 84. [35] Folios 87 a 90. [36] Se refirió a las incapacidades causadas entre marzo y noviembre de 2019. [37] Folio 88. [38] Folios 91 a 95. [39] Folios 96 y 97. [40] Folios 101 a 113. [41] Folios 118 a 123. [42] Folios 132 a 135. [43] Folios 136 a 139. [44] Correo electrónico remitido por Positiva ARL el 24 de noviembre de 2020. [45] Página 3 del dictamen enviado como archivo adjunto. [46] Correo electrónico remitido por la Superintendencia Nacional de Salud el 25 de noviembre de 2020. [47] Correo electrónico remitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena el 25 de noviembre de 2020. [48] Correo electrónico remitido por la señora Alice del Rosario Jiménez Jiménez el 26 de noviembre de 2020. [49] La apoderada aportó oficio del 19 de marzo de 2019, en el cual Salud Total comunicó a su representada lo siguiente: “(…) la señora CARMEN ALICIA RODRÍGUEZ BERRÍO complet[ó] los 180 días por el mismo diagnóstico el pasado 10 de febrero de 2019 y hasta dicha fecha la EPS reconoció económicamente las incapacidades, ya que a partir del día 11 de febrero de 2019 (día 181) le corresponde el cubrimiento a la AFP”. [50] Correo electrónico remitido por COLPENSIONES el 27 de noviembre de 2020. [51] Correos electrónicos remitidos por la accionante el 27 de noviembre de 2020. [52] Correo electrónico remitido por Positiva ARL el 4 de diciembre de 2020. [53] Correo electrónico remitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 7 de diciembre de 2020. [54] Correo electrónico remitido por Salud Total EPS el 9 de diciembre de 2020. [55] Dado que no se presenta controversia respecto de los períodos anteriores al día 180 de incapacidad, no se hará referencia a la información que corresponde a los mismos. [56] En adelante, todas las fechas corresponden a 2019. [57] En adelante, siempre que se haga mención a un folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario. [58] Folios 1 y 2. [59] Folio 9. [60] El accionante no especificó el valor equivalente al salario en especie. [61] Folio 32. [62] Folios 35 y 36. [63] Folio 35. [64] Folio 36. [65] Folios 44 a 50. [66] Lo anterior tuvo como fundamento las afirmaciones del señor Ruiz Balbin ante la Inspección Municipal de Trabajo. En concreto, indicó que él y su compañera hacían todos los oficios de la finca y que, como contraprestación, ella recibía $100.000 pesos quincenales. Ver folio 26. [67] Folio 49. [68] Folio 50. [69] Folios 53 a 57. [70] Folio 57. [71] Folio 54. [72] Ibidem. [73] Ibidem. [74] Folios 2 a 9, cuaderno de segunda instancia. [75] En concreto, señaló: “(…) [e]l valor total por salarios, prestaciones sociales e incapacidad no tengo entendido cual seria (sic), ya que él no me dio ningún dinero por los conceptos anteriores, todo me lo debe por los 6 meses laborados con él (…)”. [76] Sentencias T-785 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-799 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-165 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [77] Sentencias T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. [78] Sentencias T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [79] Sentencias T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-808 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [80] Sentencias T-406 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-092 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-418 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-550 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-271 de 2018, Luis Guillermo Guerrero Pérez. [81] Sentencia T-291 de 2020, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [82] Sentencias T-311 de 1996, M.P José Gregorio Hernández Galindo; T-693 de 2017, M.P Cristina Pardo Schlesinger; y T-168 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [83]  Sentencias T-920 de 2009, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-468 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-182 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo; T-140 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-401 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [84] Sentencias T-663 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-703 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [85] M.P. María Victoria Calle Correa. [86] Según la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, el actor está vinculado a dicho régimen desde el 30 de julio de 2020. [87] Folio 64. [88] Folio 63. [89] Información obtenida en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 9 de diciembre de 2020]. [90] Sentencia T-167 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [91] En este sentido, la Sentencia T-375 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) declaró la improcedencia del amparo porque el asunto debatido en sede de tutela fue puesto en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud. Igualmente, la Sentencia T-966 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) consideró que la acción era improcedente porque la pretensión podía ser resuelta en el proceso laboral en trámite. [92] Sentencia T-146 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [93] Información obtenida en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. [consultada el 15 de enero de 2021]. [94] Sentencias T-040 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-340 y T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [95] M.P. Alejandro Martínez Caballero. [96] Sentencia T-391 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [97] “Artículo 70. Forma y contenido de la demanda verbal. En los negocios de única instancia no se requerirá demanda escrita. Propuesta verbalmente se extenderá un acta en que consten: los nombres y domicilios del demandante y demandado; lo que se demanda y los hechos en que se funda la acción. En la misma diligencia, que se firmará por el Juez, el demandante y el Secretario, se dispondrá la citación del demandado para que comparezca a contestar la demanda en el día y hora que se señale”. [98] “Artículo 72. Audiencia y fallo. En el día y hora señalados, el juez oirá a las partes y dará aplicación a lo previsto en el artículo 77 en lo pertinente. Si fracasare la conciliación, el juez examinará los testigos que presenten las partes y se enterará de las demás pruebas y de las razones que aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en el acto, motivando su decisión, contra la cual no procede recurso alguno (…)”. [99] Consejo Superior de la Judicatura & Corporación Excelencia en la Justicia. (2016). Resultado del estudio de tiempos procesales. Tomo I. Páginas 135-139. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_18122015.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0. [consultado el 15 de enero de 2021]. [100] Acápite redactado con base en las Sentencias T-667 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1075 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-922A de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-403 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [101] El poder especial fue remitido al despacho, vía correo electrónico, el 26 de noviembre de 2020. [102] Sentencias T-194 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo; y T-024 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. [103] Acápite redactado con base en las Sentencias T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-403 de 2019 y T-167 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [104] El inciso final del artículo 86 de la Constitución dispone: “(…) La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. [105] Sentencias T-1000 y T-1086 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. [106] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [107] El Decreto 309 de 2017 dispone: “Artículo 1o. Naturaleza jurídica. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como Entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el presente Decreto y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia”. [108] Sentencia T-800 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [109] Sentencia T-713 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [110] Acápite redactado con base en las Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [111] Sentencias SU-049 de de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; T-118 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-386 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera. [112] Ibidem. [113] M.P. María Victoria Calle Correa. [114] Sentencia T-201 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [115] Sentencia SU-049 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; y T-041 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [116] Sentencias T-1083 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto; T-337 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y C-200 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [117] C-200 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [118] Sentencias T-215 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-188 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; y T-386 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera. [119] Sentencias T-372 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; y T-201 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [120] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [121] “Artículo 26. No discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso la  discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. // No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. [122] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”. [123] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [124] “Artículo 1o. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas en situación de discapacidad en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas en situación de discapacidad severas y profundas, la asistencia y protección necesarias”. [125] Sentencia T-401 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [126] Sentencia T-311 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [127] Sentencias T-920 de 2009, M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y T-161 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [128] “Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999”. [129] “Artículo 1. Modificar el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará así: Parágrafo 1°. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente. // En el Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral. // Lo anterior tanto en el sector público como en el privado”. [130] Sentencia T-200 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís. [131] Artículo 1° del Decreto 2943 de 2013. [132] El artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012 dispone: “(…) Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador” (…). [133] “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. [134] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias T-140 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-291 de 2020, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [135] La norma en cita dispone que: “(…) [c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales (…)”. [136] “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. [137] Al respecto, la Sala encontró probado que: (i) los ingresos de Golden Cute S.A.S. disminuyeron considerablemente entre 2018 y 2020; (ii) entre noviembre de 2019 y julio de 2020 su planta de personal se redujo de 19 a 2 empleados; y (iii) en 2019 y 2020, uno de sus establecimientos de comercio fue cerrado y los cuatro restantes fueron vendidos. [138] Folio 66. [139] Folio 16. [140] Folio 31. [141] Folio 63. [142] Información remitida por Salud Total EPS mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2020. [143] Folios 22, 23, 39, 43, 53 [144] Folios 59 y 60. [145] “Articulo 20. Presuncion de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. [146] Folio 54. [147] Información remitida por la entidad el 27 de noviembre de 2020 vía correo electrónico. [148] Folios 17 a 20. [149] Información remitida por la entidad el 9 de diciembre de 2020 vía correo electrónico. [150] Si bien en el concepto de rehabilitación de diciembre de 2018 Salud Total EPS indicó que la enfermedad era de origen común, rectificó esta postura en la calificación en primera oportunidad. Así, concluyó que el diagnóstico era de origen laboral. Este último dictamen vincula a la ARL para el pago provisional de las incapacidades.

T-034-21 Sentencia T-034/21 Referencia: Expediente T-7.829.180 Acción de tutela interpuesta por Luis Humberto Aguas Posso en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de 2021 La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de 15 de enero de 2020 proferido por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó la decisión de 25 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso de tutela promovido por Luis Humberto Aguas Posso en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). I. ANTECEDENTES 1. Hechos relacionados con el accionante. El señor Luis Humberto Aguas Posso tiene 74 años de edad[1], padece “diabetes mellitus”[2], “glaucoma primario”[3], “hiperlipidemia”[4] y es “insulinodependiente”[5]. El accionante se encuentra afiliado al régimen “contributivo”[6] en salud, en calidad de “beneficiario”[7]. El accionante afirmó que es abogado y “apoderado judicial en un proceso administrativo iniciado en el año 2010”[8], pero que “[d]esde hace más de cuatro años [se] encuentr[a] desempleado”[9], por lo que depende económicamente de (i) su compañera permanente, a quien “le terminaron el contrato de prestación de servicios que sustentaba su única fuente de ingresos”[10], y (ii) sus “dos hijos”[11], quienes asumen los gastos del accionante relativos al pago del “canon de arrendamiento”[12], “alimentación”[13], “gastos de transporte”[14], “servicios públicos”[15] y “la seguridad social de [su] compañera permanente”[16]. Por último, el accionante manifestó que no tiene “ninguna persona a cargo, pues, por el contrario, [sus] hijos son quienes están velando por la satisfacción de [sus] necesidades básicas”[17]. 2. Solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez. El 3 de agosto de 2010, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con lo previsto por el Acuerdo 049 de 1990. El accionante manifestó que: (i) es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto tenía más de 40 años de edad para el 1 de abril de 1994, (ii) tiene más de “65 años”[18] de edad y (iii) tiene por lo menos 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. 3. Trámite administrativo de reconocimiento pensional. Mediante la Resolución 109689 de 3 de noviembre de 2010, Colpensiones negó la solicitud de reconocimiento pensional[19]. La entidad adujo que el accionante no “acredita el requisito de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez”[20]. Esto, por cuanto: (i) “existen periodos no cancelados y otros cancelados extemporáneamente, sin que se haya pagado el interés respectivo”[21]; y (ii) el accionante solo cotizó “en forma ininterrumpida un total de 299 semanas, desde su ingreso el 29 de noviembre de 1984 y el 30 de septiembre de 2003, de las cuales 243 semanas se cotizaron en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento”[22]. El 4 de enero de 2011, el accionante interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución 109689. El 8 de octubre de 2013, mediante la Resolución GNR 251242, Colpensiones confirmó su decisión de negar “la prestación solicitada”[23]. Esto, al constatar que el accionante “no logra acreditar los requisitos mínimos de semanas cotizadas”[24]. 4. Solicitud de corrección de historia laboral. El accionante afirmó que en razón de lo anterior, solicitó a sus anteriores empleadores que “certificaran que había laborado en ellas y existía un error en el cómputo de [las] semanas cotizadas”[25]. Así, el 14 de abril de 2014 el accionante solicitó a Colpensiones la corrección de su historia laboral[26]. Colpensiones corrigió la historia laboral del accionante, y actualizó el número de semanas cotizadas a 922,86[27]. Estas semanas fueron cotizadas de forma interrumpida entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de octubre de 2003[28]. 5. Reporte de semanas cotizadas por Consultores Agroindustriales Ltda. Tras revisar su historia laboral, el accionante advirtió que la empresa Consultores Agroindustriales Ltda. “aparece reportada en [su] historia laboral como empleadora [suya], pero no con la totalidad de semanas cotizadas”[29]. Al respecto, el accionante manifestó que (i) trabajó en dicha empresa “del 3 de junio de 1978 al 15 de agosto de 1980”, lo que equivale a “110 semanas”[30] de cotización; sin embargo, (ii) Colpensiones solo tiene reportadas “4.43 semanas”[31], entre el 1 y 31 de octubre de 1978. Para el accionante, esto implica que “no [le] están contabilizando 106 semanas”[32]. La información que aparece registrada en la historia laboral del accionante es la siguiente: Empleador Desde Hasta Semanas Lic. Sim. Total Consultores Agroindustriales Ltda. 01/10/1978 31/10/1978 4.43 0.00 0.00 4.43 6. Solicitudes de corrección de historia laboral, liquidación y pago de aportes en mora del empleador. El accionante ha solicitado en varias oportunidades a Colpensiones que autorice “la liquidación y el pago”[33] de algunas de las semanas en mora por parte de su empleador Consultores Agroindustriales Ltda. El contenido de estas solicitudes y sus respuestas es el siguiente: Solicitud del accionante Respuesta de Colpensiones Primera solicitud. El 30 de julio de 2019, el accionante solicitó a Colpensiones que autorizara el pago de 78 semanas, para completar las semanas requeridas para obtener la pensión de vejez”[34]. Para tal efecto, allegó copia de la certificación laboral expedida por el director contable de Consultores Agroindustriales Ltda. Esta certificación refiere que el accionante trabajó como “Gerente General” del “3 de junio de 1978 hasta el 15 de agosto de 1980”[35]. Asimismo, el accionante indicó que esta solicitud se funda en lo dispuesto por el Acuerdo 027 de 1993 del Instituto de Seguros Sociales (ISS)[36]. El 31 de julio de 2019[37], Colpensiones indicó al accionante los requisitos para acceder a la liquidación y pago de aportes en mora del empleador[38]. Segunda solicitud. El 30 de agosto de 2019, solicitó nuevamente la autorización para pagar los aportes en mora correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 1978 y el 15 de agosto de 1980[39]. El 30 de septiembre de 2019, Colpensiones negó la solicitud. Alegó que existe una inconsistencia “documental” entre la deuda registrada por la entidad y los periodos solicitados por el accionante. En los registros de Colpensiones “se constata que la deuda [del empleador] comprende del 1 de noviembre de 1978 al 31 de agosto de 1989”[40], mientras que los periodos solicitados por el señor Aguas Posso “comprenden del 1 de noviembre de 1978 al 15 de agosto de 1980”[41]. Por tanto, la entidad advirtió que “es necesario aclarar”[42] dicha inconsistencia, para poder determinar “que el vacío en la historia laboral del afiliado es consecuencia de la omisión del empleador de realizar los pagos al Sistema (…), y no de la omisión de reportar la novedad de retiro”[43]. Tercera solicitud. El 9 de octubre de 2019, el accionante presentó una nueva solicitud ante Colpensiones. En esta petición, manifestó (i) no tener “responsabilidad en la omisión de no (sic) reportar [su] retiro”[44]; (ii) su obligación se limita a “presentar (…) la certificación”[45] laboral; y (iii) no existe fundamento alguno para cobrar los ciclos del “periodo 1980-1989”[46], que aparecen a cargo de Consultores Agroindustriales. Esto, porque en ese “lapso coti[zó] con otros empleadores”[47]. El 17 de octubre de 2019, Colpensiones negó la solicitud del accionante. La entidad adujo tres razones para ello. Primero, las solicitudes de liquidación y pago de aportes implican “que el trabajador asuma la omisión en el pago de su empleador por el efecto que tiene en su solicitud de reconocimiento pensional”[48]. Esto significa que el pago no puede ser “parcial, sino por el total de la obligación”[49]. Segundo, la certificación laboral aportada por el accionante no es válida. Esto, por cuanto: (i) el certificado de cámara de comercio no refiere que “la empresa se encuentra liquidada, declarada insolvente o desaparecida”[50] y (ii) “el director contable no aparece en el certificado de cámara de comercio y por esto no es posible validar sus facultades para firmar dicho documento”[51]. Por último, dicha certificación laboral señala que el accionante desempeñó las funciones de gerente, por lo que Colpensiones comunicará a la UGPP, para que investigue la conducta de “los socios o gerentes de empleadores que omitieron el pago de aportes”[52] en este caso. 7. Solicitud de tutela. El 7 de noviembre de 2019, el señor Aguas Posso interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones, por la presunta vulneración de sus derechos a “la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna y a la igualdad”[53]. El accionante se refirió a dos cuestiones. Primero, indicó que la solicitud de tutela es procedente, en tanto tiene “73 años, no [le] es posible conseguir empleo y, además, [su] condición de salud es precaria debido a que [es] insulinodependiente”[54], por lo que “someter[se] a un proceso ordinario (…) resultaría muy complejo”[55]. Segundo, adujo que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que Colpensiones no puede trasladar a los afiliados “las consecuencias negativas de la mora por parte de[l] empleador y de la negligencia de aquell[a] al no cobrarle al [empleador]”[56] mediante “las acciones de cobro coactivo”[57] respectivas. Por tanto, el accionante solicitó que se ordene a Colpensiones que: (i) corrija su historia laboral, de forma que ésta refleje las semanas “que aparecen en mora por parte de Consultores Agroindustriales Ltda.”[58] y, en consecuencia, (ii) resuelva “nuevamente [su] solicitud de reconocimiento de pensión presentada el 3 de agosto de 2010”[59]. 8. Admisión de la solicitud de tutela. El 8 de noviembre de 2019, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali avocó el conocimiento de la acción de tutela sub examine, y ofició a Colpensiones para que se pronunciara sobre los hechos de la tutela. 9. Contestación de Colpensiones. El 14 de noviembre de 2019, Colpensiones solicitó al a quo declarar “la improcedencia”[60] de la acción tutela sub examine. Al respecto, Colpensiones mencionó que, “de los medios probatorios allegados por [el] accionante, resulta evidente que no acredita ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela”[61].  Esto, por cuanto el accionante (i) no “manifiesta las razones por el que (sic) el mecanismo judicial ordinario carece de eficacia para la protección de sus derechos”[62] y (ii) tampoco “demuestra la existencia de un perjuicio irremediable o amenaza inminente por la que requiera la intervención inmediata del Juez de tutela”[63]. 10. Sentencia de primera instancia. El 25 de noviembre de 2019, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali declaró improcedente la acción de tutela sub examine. El Juzgado consideró que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto “debe ser la vía ordinaria el mecanismo idóneo”[64] para “ordenar la obtención del derecho pensional”[65] del actor. Asimismo, adujo que, “pese a que esgrime el accionante como situaciones que lo ubican en especiales condiciones, su edad y su patología de diabetes, tales situaciones por sí solas no son suficientes para que (…) pretenda alcanzar por vía constitucional el beneficio pensional por vejez sin el cumplimiento cabal de las exigencias legales establecidas para ello”[66]. 11. Impugnación. El 29 de noviembre de 2019, el accionante impugnó la decisión del a quo[67]. A juicio del accionante, el juez de primera instancia desconoció la jurisprudencia constitucional[68] acerca de (i) la procedencia de la acción de tutela y (ii) la mora del empleador en el pago de los aportes a la seguridad social. Primero, indicó que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela “cuando el peticionario se encuentra en situación de debilidad manifiesta, como ocurre en [su] caso”[69]. Así que, habida cuenta de su edad y condiciones de salud, “someter[lo] a un proceso ordinario (…) implicaría imponer[le] una carga excesiva”[70]. Segundo, señaló que el a quo desconoció que esta Corte ha advertido que “no es posible trasladarle al trabajador las consecuencias negativas de la mora patronal, pues esto constituye una vulneración del derecho a la seguridad social”[71]. 12. Sentencia de segunda instancia. El 15 de enero de 2020, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la sentencia de primera instancia[72]. El ad quem consideró que el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para solicitar la corrección de su historia laboral, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez[73]. Es más, en el caso concreto advirtió que tampoco “se puede acreditar la configuración o existencia de un perjuicio irremediable del que pueda ser víctima el accionante”[74], por lo que el actor debe ejercer “los demás medios de defensa que prevé el ordenamiento judicial”[75]. 13. Actuaciones en sede de revisión. El 3 de agosto de 2020 la Sala de Selección Número Tres seleccionó para revisión el expediente de la referencia, y lo repartió a la Sala Primera de Revisión de Tutelas. El 14 de octubre de 2020 el magistrado ponente (e) ordenó la práctica de pruebas[76]. El 9 de noviembre de 2020, la Sala Primera requirió a Colpensiones para que allegara las pruebas solicitadas mediante el auto de 14 de octubre de 2020, y suspendió los términos procesales. En cumplimiento de esas providencias, la Sala Primera recibió los siguientes informes: Informes Colpensiones[77] El 30 de octubre de 2020[78], Colpensiones se refirió a tres asuntos. Primero, solicitó que la Corte declare la nulidad procesal. A su juicio, debe vincularse al proceso al empleador, Consultores Agroindustriales Ltda., para integrar el contradictorio. Segundo, informó que, en este caso, “no aplica mora patronal”. Esto, porque el caso se encuentra dentro de una de las excepciones previstas por la Circular 14 de 2015, que señala que la omisión de reportar las novedades de nómina “no ofrece certeza del extremo final de la relación laboral”. Tercero, indicó que “no se tiene traza de otros cobros realizados al empleador Consultores Agroindustriales LTDA por los ciclos 01 de noviembre de 1978 al 21 de agosto de 1989”. El 12 de noviembre de 2020[79], Colpensiones informó que: (i) el accionante se encuentra afiliado en estado “inactivo”, porque “no se han recibido pagos a pensión en más de 6 meses”; (ii) Consultores Agroindustriales Ltda. afilió al accionante al sistema como trabajador “dependiente”; (iii) dicha empresa “únicamente realizó cotizaciones a nombre del [accionante] para el periodo 1978/10/01 hasta 1978/10/31”; (iv) dicha empresa “no reportó novedad de retiro para el afiliado”, por lo que “se toma como fecha de retiro la última vez que aparece en los archivos microfilmados el afiliado, esto es, para el periodo 1989/0831”; (v) Colpensiones “desconoce si el [ISS] inició acciones de cobro en contra de este empleador”; y (vi) la empresa Consultores Agroindustriales “no se encuentra en un trámite concursal ni en liquidación, sino en un trámite administrativo”. Luis Humberto Aguas Posso[80] El 4 de septiembre de 2020[81], informó que presentó a Colpensiones una nueva solicitud de corrección de historia laboral. El accionante pidió el reconocimiento de las semanas “comprendidas entre el 3 de junio de 1978 y 15 de agosto 1980 (110 semanas aproximadamente)”. Colpensiones negó esta solicitud. La entidad señaló que Consultores Agroindustriales Ltda. soló cotizó “los periodos que se reflejan en su historia laboral”. Por tanto, el accionante debe suministrar los “elementos probatorios” que evidencien “su vínculo laboral con dicho empleador”. Asimismo, Colpensiones indicó al accionante que “figura deuda en el periodo comprendido entre 197811 a 198008, por lo cual no son tenidos en cuenta para el total de semanas cotizadas”. El 2 de diciembre de 2020[82], el accionante señaló que (i) fue trabajador de Consultores Agroindustriales Ltda., (ii) dicho empleador descontó de su salario los pagos a la seguridad social, sin llevar a cabo el pago de los aportes, y (iii) ni el ISS ni Colpensiones han adelantado acción de cobro alguna respecto de los periodos en mora del empleador. Supersociedades[83] Informó que, en virtud de lo dispuesto por el parágrafo primero del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010, la empresa Consultores Agroindustriales Ltda. “se encuentra disuelta y en estado de liquidación”. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 14. La Sala Quinta de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en este proceso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. 2. Objeto, problema jurídico y metodología de la decisión 15. Objeto de la decisión. La acción de tutela sub examine versa sobre la presunta vulneración de los derechos del accionante a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad. Esto, como consecuencia de la negativa de Colpensiones de acceder a la corrección de historia laboral y de liquidación y pago de aportes, de manera que ésta refleje los periodos en mora de su empleador Consultores Agroindustriales Ltda. 16. Problema jurídico. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad del accionante, al negar las solicitudes de corrección de historia laboral y de liquidación y pago de aportes en mora del empleador? 17. Metodología. Para dar respuesta dicho problema jurídico, la Sala de Revisión analizará, como cuestión previa, si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad. En caso, afirmativo, expondrá la jurisprudencia constitucional acerca de la mora del empleador en el pago de los aportes a la seguridad social, y, luego resolverá el caso concreto. 3. Cuestión previa. Procedibilidad de la acción de tutela 18. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”[84], para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. Esto, siempre y cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. En esta medida, antes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, a saber: (i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad. 19. Legitimación en la causa. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[85] dispone que la acción de tutela puede ser ejercida “por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales”, quien podrá actuar por sí misma, mediante representante o apoderado judicial, agente oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros municipales. Este requisito de procedencia tiene por finalidad garantizar que quien interponga la acción tenga un “interés directo y particular”[86] respecto de las pretensiones incoadas, de manera que el juez constitucional pueda verificar que “lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no de otro”[87]. A su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea éste una autoridad pública o un particular. 20. La solicitud de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa. Esto, por dos razones. De un lado, la solicitud de tutela satisface el requisito de legitimación por activa. El accionante (i) presentó a nombre propio la acción de tutela y (ii) es el titular del derecho a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, que alega vulnerados por parte de Colpensiones. De otro lado, la solicitud fue interpuesta en contra de Colpensiones, esto es, (i) la administradora del fondo pensional al cual se encuentra afiliado el señor Aguas Posso, así como (ii) la responsable de administrar la información de la historia laboral del accionante y de llevar a cabo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 21. Inmediatez. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe presentarse en un término oportuno y razonable respecto del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Este requisito tiene por finalidad preservar la naturaleza de la acción de la acción de tutela, concebida como “un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados”[88]. Ahora bien, el juez constitucional “debe tomar en cuenta las condiciones del accionante, así como las circunstancias que rodean los hechos para determinar lo que debería considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las pruebas aportadas de acuerdo a los principios de la sana crítica, con el fin de determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante”[89]. 22. La solicitud de tutela satisface el requisito de inmediatez. La presente acción fue interpuesta en un término oportuno y razonable en relación con el presunto hecho vulnerador de los derechos fundamentales del accionante. Esto, por cuanto trascurrió menos de un mes desde que Colpensiones negó la corrección de la historia laboral, así como la liquidación y pago de aportes en mora del empleador por parte del accionante (17 de octubre de 2019) y la interposición de la solicitud de tutela (7 de noviembre de 2019). 23. Subsidiariedad. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la exigencia del requisito de subsidiariedad se funda en que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado al juez de tutela. Los jueces y los mecanismos ordinarios de defensa también han sido diseñados para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. En esta medida, la verificación de este requisito busca evitar la “paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias”[90]. En efecto, el uso “indiscriminado”[91] de la tutela puede acarrear: “(i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 Superior) y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)”[92]. 24. Por lo anterior, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, salvo que ésta se ejerza como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable[93]. En efecto, el carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”[94]. No obstante, la Corte ha advertido que el estudio de la subsidiariedad de la acción de tutela no consiste en una mera verificación formal de la existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos[95]. Corresponde al juez constitucional analizar la situación particular y concreta del accionante, para comprobar si los medios ordinarios resultan idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales[96]. 25. La solicitud de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. Para la Sala Quinta de Revisión de Tutelas, el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales. Esto es así por tres razones. Primero, la acción ordinaria laboral es un medio de defensa judicial idóneo. Dicha acción es adecuada para lograr la corrección de la historia laboral del accionante, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en caso de acreditar los requisitos legales para ello. A partir de la Sentencia SL 34270 de 2008, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “la mora y el incumplimiento a la obligación de cobro de las entidades administradoras no puede afectar los derechos del afiliado o de sus beneficiarios”[97]. Por tanto, “las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los obligados al pago de aportes al sistema, de suerte que de omitir esa obligación, deber responder por el pago de la prestación a que haya lugar, en la medida en la desidia de unos y otros no puede afectar los derechos de los afiliados o de sus beneficiarios”[98]. Estas consideraciones son compatibles con la jurisprudencia constitucional en este asunto. Esto permite concluir que la acción ordinaria laboral es, en principio, un mecanismo idóneo para solicitar la corrección de la historia laboral y el reconocimiento pensional cuando el afiliado reclame periodos en los que el empleador haya omitido su deber de pagar los aportes a la seguridad social. 26. Segundo, la acción ordinaria laboral es un medio de defensa judicial eficaz. El accionante no presenta “condiciones particulares de vulnerabilidad”[99] socioeconómicas que tornen ineficaz o “inoportuna” la acción ordinaria[100]. En efecto, la Sala advierte que el accionante: (i) es abogado en ejercicio, en tanto aún es apoderado en un proceso judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa[101], (ii) no tiene personas a cargo que dependan económicamente de él, (iii) cuenta con una red de apoyo familiar para la satisfacción de sus necesidades básicas, conformada por (a) sus hijos, quienes “están velando por la satisfacción de [sus] necesidades básicas”, y (b) su compañera permanente, quien también es “abogada”[102] y, según la información suministrada por el accionante[103], a partir del 1 de mayo de 2020 presta sus servicios jurídicos a la sociedad Andalaya S.A.S “de forma independiente, sin vinculación o dependencia laboral”, lo que implica que los cobros referidos a “consultas y asistencias jurídicas (…) previamente se pactarán, (sic) los honorarios y tiempo de entrega de la gestión”[104]. Por lo demás, (iv) ni el accionante ni su núcleo familiar se encuentran caracterizados como hogares pobres o vulnerables, según el registro del Sisbén. En estos términos, la Sala no advierte la existencia de condiciones de riesgo o vulnerabilidad socioeconómicas que impidan que el accionante eleve sus pretensiones ante los jueces ordinarios. 27. Tercero, la Sala no advierte la eventual configuración de un perjuicio irremediable. El accionante refiere que someterlo al proceso ordinario laboral puede acarrear la configuración de un perjuicio irremediable, habida cuenta de su edad y de su estado de salud. Sin embargo, para la Sala dichas condiciones no dan cuenta de la eventual configuración de un perjuicio grave e inminente, que requiera “de medidas urgentes para ser conjurado”[105] o que “solo pued[a] ser evitado a partir de la implementación de acciones impostergables”[106]. Esto es así, por las siguientes razones. De un lado, como se señaló en el párrafo anterior, el accionante no se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica que haga necesaria la intervención del juez de tutela para conjurar la eventual afectación del derecho al mínimo vital o a la vida digna del accionante y de su familia. Por el contrario, el accionante reconoció que gracias a su red de apoyo familiar, (i) sus necesidades básicas están siendo satisfechas y (ii) no tiene personas a su cargo. 28. De otro lado, la edad y las patologías médicas del accionante tampoco dan cuenta de la configuración de un perjuicio irremediable. Esta Corte ha reconocido que la edad de una persona o “el hecho de padecer una enfermedad, no es condición suficiente para que la acción de tutela se torne automáticamente procedente”[107]. Los accionantes “deben probar cómo dicha enfermedad los sitúa en una condición de debilidad manifiesta o de vulnerabilidad tal que haga procedente el amparo”[108]. Esto es especialmente relevante cuando “se debaten asuntos asociados a la pensión de vejez, en relación con los cuales la mayoría de los interesados habrá superado los 60 años y tendrá la calidad de adulto mayor”[109]. Flexibilizar el análisis del principio de subsidiariedad por el solo hecho de la edad del accionante implicaría “concluir que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a través de la acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por hacer que las vías ordinarias de defensa judicial en esa materia queden inoperantes. Ello trastocaría la naturaleza excepcional de la acción de tutela”[110]. Es decir, se estaría modificando la naturaleza jurídica de la acción de tutela configurándola como una acción ordinaria, y no excepcional como lo contempla el artículo 86 de la constitución politica. 29. Por esta razón, la Corte ha aplicado la tesis de vida probable[111]. Esta reconoce la distinción entre “adultos mayores y los individuos de la tercera edad”[112]. En esta última categoría se encuentran las personas que han “superado la esperanza de vida”[113] certificada por el DANE, que, para el periodo “2015-2020”[114], es de “76 años”[115] sin distinguir entre hombres y mujeres. Esta distinción es relevante, porque reconoce “la heterogeneidad entre personas de avanzada edad y la necesidad de brindar un trato especial a las que (…) presenten mayores dificultades asociadas con los efectos biológicos del paso del tiempo”[116]. Asimismo, la aplicación de esta tesis permite “concretar el principio de la igualdad y conservar la acción de tutela como un medio excepcional y subsidiario de protección de los derechos fundamentales en los casos en los que se debate una pensión de vejez”[117]. 30. Pues bien, en el caso del accionante la Sala constata que ni su edad ni sus patologías médicas demandan la intervención urgente e impostergable del juez constitucional. En efecto, (i) el accionante no es un individuo de la tercera edad, en tanto aún no ha superado la esperanza de vida de la población colombiana (76 años), y (ii) la historia clínica del accionante no refiere que su estado de salud comprometa, de manera grave e inminente, el ejercicio de sus funciones vitales. Al respecto, la historia clínica indica que el accionante padece “diabetes mellitus insulinodependiente, sin mención de complicación”[118], sin que haya referencia a alguna situación de riesgo próxima a acaecer[119]. Por lo demás, el accionante tiene asegurada la prestación del servicio de salud. Actualmente, se encuentra afiliado a la EPS Sura, en calidad de beneficiario, y la Sala pudo constatar que ha sido atendido para tratar sus patologías. En estos términos, aun cuando el accionante manifiesta que “someter[lo] a un proceso ordinario (…) resultaría muy complejo”, por cuanto no es seguro que resista la duración del proceso, las condiciones socioeconómicas, personales y de salud del accionante no dan cuenta de la configuración del referido perjuicio. Por tanto, la Sala concluye que los hechos acreditados en el expediente no justifican la intervención urgente del juez constitucional, que conlleve desplazar “el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales”[120]. 31. Así, lo que da cuenta de la vulnerabilidad del accionante no es padecer una enfermedad (aunque sea de aquellas consideradas como catastróficas o degenerativas, como la diabetes), sino las limitaciones o condiciones particulares en las que se manifiesta esa enfermedad en el accionante. Son los impactos concretos de la enfermedad en la capacidad laboral, situación que en el proceso no se acreditó, sino que al contrario, se probó que el accionante continúa ejerciendo la profesión de abogado[121]. Es decir, su condición de salud no le impide el correcto desarrollo de su ejercicio profesional. 32. Órdenes a proferir. La Sala Quinta de Revisión confirmará las decisiones de instancia que declararon improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Humberto Aguas Posso en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones. Esto, habida cuenta de que la solicitud de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. 4. Síntesis de la decisión 33. Correspondió a la Sala Quinta de Revisión de Tutelas revisar los fallos proferidos dentro del proceso de tutela promovido por Luis Humberto Aguas Posso en contra de Colpensiones. El accionante consideró que la decisión de Colpensiones de negar la corrección de historia laboral respecto de los periodos en mora de su empleador Consultores Agroindustriales Ltda. vulneró sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad. El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali y la Sala de Decisión Laboral del Distrito Judicial de Cali declararon improcedente la acción de tutela, por considerar que ésta no satisfizo el requisito de subsidiariedad. 34. La Sala Quinta de Revisión resolvió confirmar las decisiones de instancia. Esto, por cuanto acreditó que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. En efecto, en el caso sub examine, (i) la acción ordinaria laboral es un medio idóneo para solicitar la corrección de historia laboral y el reconocimiento pensional, (ii) el accionante no refiere condiciones de vulnerabilidad o riesgo que tornen ineficaz la acción ordinaria laboral y (iii) la Sala no acreditó la eventual configuración de un perjuicio irremediable. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante el auto de 9 de noviembre de 2020, proferido por la Sala Primera de Revisión de Tutelas. Segundo.- CONFIRMAR la sentencia de 15 de enero de 2020 proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que, a su vez, confirmó la decisión de 25 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali, que declararon improcedente la acción de tutela interpuesta por Luis Humberto Aguas Posso en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Tercero.- LIBRAR por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese y cúmplase, PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Cdno. 1, fl. 12. [2] Cdno. 1, fls. 13 a 20. [3] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [4] Cdno. 1, fls. 13 a 20. [5] Cdno. 1, fls. 13 a 20. [6] Cdno. 1, fl. 21. [7] Cdno. 1, fl. 21. [8] Id. [9] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [10] Id. [11] Id. [12] Id. [13] Id. [14] Id. [15] Id. [16] Id. [17] Id. [18] Cdno. 1, fl. 12. [19] Cdno. 1, fls. 24 a 25. [20] Id. [21] Id. [22] Id. [23] Cdno. 1, fls. 29 a 31. [24] Id. [25] Cdno. 1, fls. 1 a 10. Al respecto, el accionante aportó las siguientes pruebas: (i) copia de la solicitud presentada al Banco GNB Sudameris, de 9 de junio de 2007; (ii) copia de la certificación laboral y “para expedición de bono pensional” expedida por el Banco GNB Sudameris; (iii) copia de la solicitud presentada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de 3 de septiembre de 2010; (iv) copia de la certificación expedida por la CAR; y (v) copia del certificado laboral de la empresa Consultores Agroindustriales Ltda. [26] Cdno. 1, fl. 48. [27] Cdno. 1, fls. 32 a 36. [28] Id. [29] Cdno. 1, fls. 1 a 10. [30] Id. [31] Id. [32] Id. [33] Cdno. 1, fls. 1 a 10. [34] Id. [35] Cdno. 1, fl. 51. [36] El artículo 2 del Acuerdo 027 de 1993 del Instituto de  Seguros Sociales prevé que “(…) Los trabajadores dependientes que por razón de la mora en el pago de los aportes por parte del empleador, no tengan derecho a la pensión de vejez o invalidez o esta se vea reducida, podrán cancelar el valor correspondiente a los aportes en mora, multa e intereses, liquidado por las dependencias competentes del ISS, en lo que a dichos trabajadores se refiere”. [37] Cdno. 1, fl. 53. [38] En relación con el trabajador, los requisitos son: (i) el solicitante debe “estar afiliado al [Régimen de Prima Media]”, (ii) “presentar relación laboral con el empleador para los ciclos solicitados”, (iii) “no ser beneficiario de un reconocimiento por indemnización sustitutiva de vejez” y (iv) “no ser trabajador independiente”[38]. En relación con el empleador, este (i) debe “encontrarse desparecido, liquidado o insolvente” y (ii) “no ser entidad pública”. [39] Cdno. 1, fls. 54 y 55. [40] Cdno. 1, fl. 56. [41] Id. [42] Id. [43] Id. [44] Id. [45] Id. [46] Id. [47] Id. [48] Id. [49] Id. [50] Id. [51] Id. [52] Id. [53] Cdno. 1, fls. 1-10. [54] Id. [55] Id. [56] Id. [57] Id. [58] Id. [59] Id. [60] Cdno. 1, fls. 69 a 72. [61] Id. [62] Id. [63] Id. [64] Cdno. 1, fls. 75 a 80. [65] Id. [66] Id. [67] Cdno. 1, fls. 85 a 91. [68] En particular, el accionante sostiene el desconocimiento de las sentencias T-702 de 2008, T-241 de 2017, T-079 de 2016. [69] Cdno. 1, fls. 85 a 91. [70] Id. [71] [72] Cdno. 2, fls. 3 a 5. [73] Id. [74] Id. [75] Id. [76] En particular, la Sala Primera de Revisión solicitó a: (i) el accionante que informara acerca de la composición de su núcleo familiar y su situación económica; (ii) Colpensiones que remitiera copia completa y detallada de la historia laboral del accionante, e informara acerca de las acciones de cobro iniciadas respecto de los periodos adeudados por la empresa Consultores Agroindustriales Limitada; y, por último, (iii) la Supersociedades que comunicara acerca del proceso de liquidación de la empresa Consultores Agroindustriales Limitada. [77] Cdno. ppal., fls, 19-25 y 89-97. [78] Oficio OPT-A-1580-2020 del 19 de octubre de 2020 [79] Oficio OPT-A-1958-2020 del 9 de noviembre de 2020 [80] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [81] Oficio OPT-A-1580-2020 del 19 de octubre de [82] Comunicación recibida el 2 de diciembre de 2020. [83] Comunicación recibida el 3 de noviembre de 2020. [84] Constitución de Política, artículo 86. [85] Decreto 2591 de 1991, artículo 10. Legitimidad e interés: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. [86] Corte Constitucional, Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de 2011. [87] Corte Constitucional, Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de 2011. [88] Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016. [89] Corte Constitucional, Sentencia SU-189 de 2012. [90] Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017. [91] Id. [92] Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017. [93] Constitución Política, artículo 86. [94] Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009. [95] Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2012. [96] Corte Constitucional, Sentencias T-043 de 2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010. [97] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia: SL-907-2013, SL-5429-2014, SL 13388-2014, SL 8082-2015, SL 16814-2015, SL13266-2016, SL 4952-2016, SL6469-2016 y SL17488-2016, entre otras. [98] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia SL 17488-2016. [99] Corte Constitucional, Sentencia T-258 de 2019. [100] Id. [101] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017. [102] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [103] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [104] Id. [105] Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013. [106] Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013. [107] Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017. [108] Id. [109] Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2019. [110] Id. [111] Corte Constitucional, Sentencias T-015 de 2019, T-683 de 2017, T-598 de 2017, T-462 de 2017, T-976 de 2017, entre otras. [112] Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2019. [113] Id. [114] Id. [115] Id. [116] Id [117] Id. [118] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020. [119] Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 2017. “se debe tener en cuenta la presencia de varios elementos para determinar el carácter irremediable del perjuicio. En primer lugar, (…) el daño debe ser inminente, es decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación probatoria de la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es importante resaltar que la inminencia no implica necesariamente que el detrimento en los derechos este consumado. Asimismo, (…) las medidas que se [deben] tomar para conjurar el perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de un daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material a los derechos fundamentales de una persona. Finalmente, (…) la acción de tutela debe ser impostergable para que la actuación de las autoridades y de los particulares sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de los derechos comprometidos”. [120] Corte Constitucional, Sentencia SU-691 de 2017. [121] Comunicación recibida el 5 de noviembre de 2020.

T-045-21 Sentencia T-045/21 Referencia expediente T-7.630.024 Acción de tutela instaurada por Yilmer Fernando Torres Erazo y otros contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Magistrado Sustanciador: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá, D.C. veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos, la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES Los ciudadanos Yilmer Fernando Torres Erazo, María Zulema Erazo Arredondo, Jhojan Alexander Velázquez Erazo, Sorangel Torres González, Yolanda Torres González y Fabio Alexander Torres González interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Consideran vulnerados su derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de la indebida valoración probatoria realizada por la autoridad judicial accionada y la omisión de trato preferente en razón de la situación de discapacidad del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. Hechos relevantes dentro del proceso penal adelantado contra el señor Yilmer Fernando Torres Erazo 1. El 12 de julio de 2012, antes de abordar el vuelo a la ciudad de Madrid – España, las autoridades de policía capturaron el señor Yilmer Fernando Torres Erazo en el Aeropuerto El Edén de Armenia al encontrar en su maleta “609.3 gramos, positivos preliminarmente para Alcaloide Cocaína y/o sus derivados”[1]. A raíz de ello se inició un proceso por el presunto delito de transporte de estupefacientes[2]. 2. El 13 de julio de 2012 se llevó a cabo la audiencia preliminar de control de captura, imputación y medida de aseguramiento. El señor Yilmer Fernando Torres Erazo no aceptó la imputación. La Fiscalía solicitó como medida de aseguramiento detención preventiva en centro penitenciario. La defensa solicitó detención preventiva en el domicilio “en razón al estado de cuadriplejia del imputado”[3]. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Armenia impuso medida de aseguramiento en la residencia del señor Torres Erazo[4]. Su decisión la fundamentó así: “El delito requiere de detención preventiva. De los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida y asegurada o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser el autor o participe de la conducta delictiva que se investiga y se dan los fines del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. La necesidad o no de la medida de aseguramiento se deriva del resultado de la valoración que para el efecto se hace de los medios de pruebas, de las características del delito y de las circunstancias que rodearon su ejecución como expresión de la personalidad del imputado, pero se llega a la convicción que para que se cumplan los fines de la medida de aseguramiento es suficiente la reclusión en el lugar de su residencia según lo normado en el numeral 4 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido que debe estar en condiciones de higiene, seguridad y confiabilidad para el mismo imputado y que más que su familia que ha venido entendiéndolo. Considera entonces el despacho que siendo la familia la que en este momento debe ser la dispensadora para que esté en condiciones dignas, se accede a esa sustitución por la detención domiciliaria y se considera también que la vigilancia puede ejercerse por parte del Estado a través del INPEC para evitar que siga desarrollando una actividad delictiva de esta índole; pero se le hace saber a Yilmer Fernando Torres Erazo que ante cualquier incumplimiento de esta decisión, se sustituirá por la detención en establecimiento carcelario”. 3. El 09 de agosto de 2012 se convocó a audiencia de formulación de acusación para el 24 de agosto de 2012. El mismo día de la audiencia la defensa solicitó su aplazamiento “por cuanto la fiscalía estudia nuevos elementos que modificaran las razones para realizar la audiencia programada”[5]. El juez accedió a la solicitud. 4. El 18 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación. La Fiscalía descubrió sus pruebas. La defensa no solicitó la exhibición de los elementos de prueba relacionados por la Fiscalía, tampoco mostró elementos de prueba reservándolos para la audiencia preparatoria[6]. El juez fijó el 08 de octubre de 2012 como fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria. 5. El 5 de octubre de 2012 la defensa solicitó aplazar la audiencia ya que “en estos momentos se desarrollan entre el procesado y la fiscalía los trámites pertinentes para el eventual ejercicio del principio de oportunidad (…)”[7]. La audiencia se reprogramó para el 03 de diciembre de 2012. 6. El 30 de noviembre la defensa solicitó aplazar la audiencia “por cuanto el procesado, la defensa y el Fiscal seccional encargado de la causa penal, estamos a la espera de instancias superiores frente a la posibilidad o no, de dar aplicación al principio de oportunidad como excepción legal al de legalidad formal”[8]. Anota el abogado de la defensa que es consciente de “las consecuencias que como defensa tendría por el aplazamiento de la diligencia en mención”[9]. La audiencia fue reprogramada para el 6 de febrero de 2013. 7. En esa fecha se realizó la audiencia preparatoria de juicio oral (art. 355 CPP). Tanto la fiscalía como la defensa descubrieron las pruebas. El juez decretó seis (6) testimonios. Se citó audiencia de juicio oral[10]. 8. El 24 de abril de 2013[11] se llevó a cabo audiencia de juicio oral (art. 366 CPP)[12]. En primer lugar el señor Torres Erazo se declara inocente. Posteriormente la fiscalía presenta las estipulaciones[13]: (i) informe de policía de vigilancia FPJ-5 del 12-07-2012; (ii) formato de incautación de elementos del 12-07-2012; (iii) informe de investigador de campo FPJ-11 12-07-2012; (iv) informe de laboratorio número 6488 del 16-08-2012; (iv) formato de interrogatorio a indiciado FPJ-12 del 30-07-2012 de Yilmer Fernando Torres[14]; (v) formato de interrogatorio de indiciado FPJ-12 del 30-07-2012 de Yolanda Torres González[15]. Adicionalmente se practicó el testimonio del PT. Edison Alexander Cortes Guzmán. Luego, la defensa presentó el testimonio del señor Torres Erazo y de la señora María Zulema Erazo Arredondo y se incorporaron como pruebas documentales (i) informe del investigador de campo FPJ-9, (ii) cinco (5) folios en fotocopia de una conversación y (iii) una fotografía[16]. La Fiscalía solicitó la condena al tiempo que el defensor pidió la absolución. El juez emitió sentido del fallo de carácter absolutorio[17], ordenó la libertad del señor Torres Erazo[18] y programó audiencia de lectura del fallo para el 2 de julio de 2013. 9. En la decisión el juez absolvió al señor Yilmer Fernando Torres Erazo de todos los cargos formulados y compulsó copias para que se iniciara la investigación pertinente sobre la participación de otros sujetos en la conducta imputada al señor Torres Erazo. Consideró que si bien se acreditó la materialidad de la conducta de transporte de estupefacientes, no se acreditó la responsabilidad del acusado ni el dolo. En su concepto, el grado de conocimiento exige que no haya duda del conocimiento y voluntad de transportar sustancias sicoactivas. Así las cosas, si bien de las pruebas aportadas al proceso se podría desprender una probabilidad, no hay plena certeza de la configuración de la conducta punible. Por lo tanto, no se le puede atribuir responsabilidad penal[19]. Hechos relevantes de la acción de reparación directa[20] 10. El 18 de julio de 2014 Yilmer Fernando Torres Erazo[21], María Zulema Erazo Arredondo[22], Jhojan Alexander Velázquez Erazo[23], Sorangel Torres González[24], Yolanda Torres González[25] y Fabio Alexander Torres González[26] presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en razón de la privación injusta de la libertad del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. 11. Indicaron que Yilmer Fernando Torres Erazo, de 24 años de edad para esa fecha, tiene un diagnóstico de cuadriplejia como consecuencia de la enfermedad denominada “meningitis”. Con el proceso se adjuntó historia clínica del señor Torres Erazo del 14 de enero de 2013. De esta se desprende la siguiente información: (i) “Enfermedad actual: paciente postrado cuadripléjico hace 5 años, como secuela de meningitis, sonda permanente (…)”. 12. Del 12 de julio de 2012 al 24 de abril de 2013 -nueve meses aproximadamente- fue objeto de la medida de aseguramiento denominada detención domiciliaria por el delito de transporte de estupefacientes. Como consecuencia de la sentencia absolutoria a favor del señor Torres Erazo él y sus familiares consideran que se configuró una privación injusta de la libertad lo cual constituye un daño antijurídico que debe ser indemnizado. 13. Solicitaron al juez administrativo (i) declarar responsables a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración Judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Yilmer Fernando Torres Erazo; (ii) condenarlos a pagar como daño emergente la suma de $4.000.000[27]; por perjuicios morales $400.000.000; y por la alteración grave en las condiciones de existencia la suma de 240 salarios mínimos. Los perjuicios morales los sustentan en los prejuicios que debió soportar Yilmer Fernando Torres Erazo, tales como, comentarios malintencionados de su entorno, daño en su imagen, el dolor que le ocasionó estar incurso en el proceso, la incertidumbre y zozobra durante el tiempo que duró el proceso, la vergüenza de tener que salir de su residencia custodiado por funcionarios del INPEC y los dos días que tuvo que estar en un centro de reclusión[28] los cuales le generaron múltiples traumatismos. Los perjuicios por la alteración grave en las condiciones de existencia los fundamentan en la imposibilidad de reunión con la familia y en la pérdida de oportunidad de adquirir la nacionalidad española[29]. 14. Como fundamentos de derecho indicaron (i) que la acción se enmarca bajo un título de imputación objetiva, “en el cual el demandante está relevado de demostrar el dolo o la culpa en que hubiese podido incurrir el funcionario judicial”. Además (ii) el Consejo de Estado ha sostenido que “si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos -cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento-”[30]. 15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial respondió a la demanda. En primer lugar defendió las actuaciones adelantadas en el proceso penal dado que (i) la fiscalía presentó una teoría del caso solida y con una estructura probatoria fuerte para respaldar dicha solicitud; (ii) la medida de aseguramiento respondió al análisis normativo de los presupuestos objetivo (hecho tipificado) y subjetivo (captura en flagrancia); (iii) la condición física del señor Torres Erazo no lo exime de responsabilidad pues contaba con plena conciencia; (iv) el abogado defensor no se opuso a la medida de aseguramiento; y (v) la sentencia absolutoria se sustentó en el principio in dubio pro reo. En segundo lugar propuso como eximente de responsabilidad (i) el hecho de un tercero ya que fue la fiscalía la que presentó el caso ante el juez; (ii) la culpa exclusiva de la víctima al faltar a su deber de diligencia y cuidado en cuanto al contenido de su maleta para viajar al exterior; y (iii) ausencia del título jurídico de responsabilidad en tanto la absolución obedeció al principio in dubio pro reo y no a un error judicial. 16. La Fiscalía General de la Nación afirmó que su actuación respondió a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004. Aseguró que la indemnización solamente es procedente si se demuestra la configuración de una falla, situación que no se evidencia en el caso. Solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimidad en tanto la medida de seguridad fue adoptada por el juez y no por la fiscalía. 17. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia conoció en primera instancia el asunto[31]. El 15 de agosto de 2018 declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Yilmer Fernando Torres Erazo y la condenó a pagar indemnizaciones a título de daño moral así: a Yilmer Torres y a Zulema Erazo 56 salarios mínimos, al hermano de la víctima 28 salarios mínimos y a las tías y tío 19.6 salarios mínimos. Para fundamentar esa conclusión presentó los siguientes argumentos. Primero. A partir de dos decisiones del Consejo de Estado sobre la legitimación de la Fiscalía en casos de privación injusta de la libertad concluyó que “si bien el juez penal de control de garantías es la única autoridad competente para imponer las medidas privativas de la libertad, actúa por solicitud de la fiscalía General de la Nación y con fundamento en el material probatorio recaudado por el ente acusador”. Por ello, negó la excepción de falta de legitimación en la causa. Segundo. Luego de citar un pronunciamiento del Consejo de Estado del año 2007 concluyó que “el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad es el de ‘responsabilidad objetiva’ en uso del título jurídico de imputación de daño especial; empero, esto no impide la declaratoria de responsabilidad del Estado bajo el régimen de falla en el servicio siempre que sus elementos se encuentren demostrados, ni tampoco exime al juez de revisar las condiciones fácticas y jurídicas en que se produjo la privación con miras a descartar la ocurrencia de causales eximentes de responsabilidad”. Tercero. Consideró que el juez penal “se ajustó a los criterios legales establecidos por el procedimiento penal a efectos de imponer la medida de aseguramiento [en el caso] era evidente la inferencia razonable de autoría (…)”. Lo mismo evidenció en la actuación de la fiscalía al solicitar la medida de aseguramiento. Cuarto. Sin embargo, encontró responsable a la Fiscalía porque desde el 13 de julio de 2012 la entidad conoció los testimonios de Yilmer Fernando y de Yolanda Torres los cuales responsabilizaban a otra persona de los hechos que generaron la captura. Así “a pesar de las posibles dudas que generaban las versiones al señalar puntualmente con nombre e identificación plena a la persona que sería la responsable, decidió proseguir con la acción penal sin ahondar en el asunto (…)”desconociendo el principio de presunción de inocencia. Todo ello generó la prolongación en el tiempo de la privación injusta de la libertad de forma innecesaria. Quinto. Descartó la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima “por cuanto no existe prueba que comprometa el comportamiento desplegada por el demandante o un tercero como fuente del daño antijurídico antes reseñado”. Sostuvo que “no podía exigirse al demandante (…), en condición probada de discapacidad, que fuera 100% responsables del contenido de su equipaje, y mucho menos que asumiera frente a una familiar situación de desconfianza tal que lo llevara a verificar el contenido de los elementos en los que se camufló la sustancia ilícita, máxime cuando, a simple vista, se trataba de elementos nuevos y sellados”. 18. La Fiscalía apeló el fallo[32]. Aseguró que la carga de presentar y hacer valer el testimonio de la persona señalada por los procesados está en cabeza de la defensa del investigado. Resaltó “el silencio y la pasividad de la parte investigada [la cual] resultó pasmosa y desconcertante, máxime cuando se estaba tratando de la libertad de una persona discapacitada, con su familia más cercana viviendo fuera del país y quien aparentemente estaba siendo víctima de un engaño perpetrado por su propia familia”. Aclaró que la conducta imputada al señor Torres Erazo fue el transporte de sustancias estupefacientes y, por lo tanto, “no importa si dicha responsabilidad había sido compartida con otras personas aún no imputadas bajo otros verbos rectores”. Planteó que la defensa pudo solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento según lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004 y, en lugar de ello, presentó sistemáticas y reiteradas solicitudes de aplazamiento. Expuso que la valoración de las declaraciones le correspondía al juez y no a la fiscalía. Finalmente insistió en la eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima teniendo en cuenta que la captura había sido en flagrancia. 19. El 29 de noviembre de 2018 el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión-[33] revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Consideró que no se configuró un daño antijurídico y aún ante la existencia de daño antijurídico existió culpa exclusiva de la víctima por cuanto el señor Yilmer Fernando Torres Erazo omitió el mínimo de diligencia al no revisar el equipaje. 20. Para fundamentar la ausencia de daño antijurídico expuso las siguientes razones: Primero. Las reglas en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad suponen que es necesario (i) identificar la antijuridicidad del daño; (ii) verificar si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento; (iii) si existió culpa o dolo se debe establecer cual es la autoridad del Estado llamado a reparar el daño; y (iv) orientar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación pertinente. Segundo. La medida de aseguramiento fue impuesta en atención a cada uno de los presupuestos legales, cumplió los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia y tuvo en cuenta el diagnóstico del señor Torres Erazo. En este punto resaltó que la defensa no solicitó levantamiento de la medida de aseguramiento ni su revocatoria. Tercero. No es correcta la afirmación de la juez de primera instancia sobre la inacción de la fiscalía al investigar a la persona señalada como culpable. La Fiscalía sí intentó ubicar a la señalada y “el solo hecho de que en el proceso penal se haya mencionado a un tercero como posible autor de la conducta penal, no llevaba a que obligatoriamente tuviera que solicitar la preclusión del mismo, toda vez que existían otros elementos materiales probatorios con los que en su criterio puede sustentar la acusación y formular su teoría del caso, correspondiéndole la valoración probatoria al juez de conocimiento en el juicio oral para determinar si existía o no la responsabilidad penal”. Cuarto. La culpa exclusiva de la víctima se evidencia en el hecho de que el comportamiento del señor Torres Erazo lo expuso al daño y por lo tanto, debe asumir las consecuencias de su actuación[34]. Consideró el tribunal: “En este caso, teniendo en cuenta que Yilmer Fernando Torres Erazo se iba a desplazar a otro país, los deberes de conducta y el mínimo de diligencia que le imponía el ordenamiento jurídico eran los de revisar los elementos que iba a transportar en su equipaje, más aún cuando provenían de terceras personas para evitar conductas ilícitas, máxime cuando en Colombia ha sido una conducta repetitiva y puesta en conocimiento por las autoridades la utilización de la confianza de familiares o amigos para concretar ilícitos como el transporte de estupefacientes. Así pues, resulta totalmente inexcusable que el señor Yilmer Torres Erazo no haya realizado una revisión de los elementos que le encomendó presuntamente su familiar para transportar a Madrid, España, pues si los hubiera revisado con la diligencia exigida hubiera evitado el daño, es decir, que fue él mismo que con su conducta gravemente culposa se expuso a sufrir la privación de la libertad de la que fue objeto, y por lo tanto, debe asumir las consecuencias del mismo” [35]. Hechos relevantes de la acción de tutela[36] 21. Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Quindío “le impuso una obligación físicamente imposible de realizar a YILMER FERNANDO en razón de su condición de cuadriplejia”[37]. Aseguran que en el proceso contencioso se presentó como hecho relevante la cuadriplejia de Yilmer Fernando, situación que no tuvo en consideración la autoridad judicial accionada. 22. La acción de tutela propone la configuración de un defecto fáctico en la providencia del el Tribunal Administrativo del Quindío. Aseguran que fue arbitraria al valorar el acervo probatorio pues pese a que la demanda hizo referencia explícita a la condición de discapacidad del señor Yilmer Fernando la sentencia no hizo referencia alguna a este hecho. Además, partió de una premisa falsa al considerar que Yilmer Fernando Torres Erazo estaba en condiciones físicas de acceder a su equipaje y realizar la revisión personal de los elementos que iba a transportar en su viaje. Adicionalmente, omitió valorar la historia clínica y no realizó el mínimo estudio para determinar en qué consiste una cuadriplejia. 23. Finalmente, en su concepto, “no es admisible exigir a una persona que no puede mover más que la cabeza que revise su propio equipaje”. Esta exigencia lesiona el derecho a la igualdad de Yilmer Fernando Torres Erazo pues se le impone una obligación equiparable a la que tiene cualquier persona que goza de salud física, como si se encontraran en la misma situación fáctica. Además, “desconoce los estándares en materia de derechos humanos, de acuerdo con los cuales las decisiones del Estado, entre ellas, la de los jueces debe considerar el enfoque diferencial, el cual ha sido definido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos (...)”[38]. Igualmente se opone a  la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo así como a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Trámite procesal de la acción de tutela 24. Mediante auto del 01 de abril de 2019, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, avocó el conocimiento de la acción de tutela, vinculó al proceso a la Nación - Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y dispuso correr traslado de la misma al accionado y a los vinculados. Asimismo, solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia allegar el expediente ordinario. Por último, suspendió los términos hasta tanto el expediente solicitado fuera allegado al despacho. Respuesta del demandado y los vinculados 25. La Fiscalía General de la Nación[39] solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Los accionantes han debido explicar por qué, pese a existir otros mecanismos judiciales idóneos no hicieron uso de ellos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío. Tampoco no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable para efectos de hacer procedente la acción de tutela de manera transitoria. Además, el escrito de tutela no sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada[40]. 26. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela[41]. Frente a la causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima en asuntos de privación injusta de la libertad resaltó que, acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, “la absolución del procesado en el trámite penal no implica de suyo la configuración de responsabilidad del Estado, pues ya en el escenario del proceso contencioso administrativo, el juez debe analizar la conducta del entonces procesado y, si en ella hubo culpa grave o dolo, se genera la absolución para la Administración, porque si bien esa culpa no tiene la connotación suficiente para considerar que se ha incurrido en un delito, en el plano del proceso de reparación sí exonera patrimonialmente al Estado”[42]. En el caso concreto, se demostró que el señor Yilmer Fernando Torres Erazo tenía la carga de asumir la privación de la libertad de la que fue objeto. 27. El Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, Quindío, relató las actuaciones que en ese Despacho se adelantaron[43]. Decisiones de tutela objeto de revisión 28. El 06 de mayo de 2019, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela. Consideró que la sentencia cuestionada se basó en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil, así como en la jurisprudencia relativa al “hecho exclusivo de la víctima”[44]. Para el caso, el juez accionado (i) advirtió que el señor Yilmer Fernando Torres Erazo transportaba en su equipaje sustancias prohibidas y que omitió el mínimo de diligencia al no revisar dicho equipaje; (ii) valoró qué le es exigible a un persona que viaja al exterior la revisión de su equipaje; (iii) consideró que la cuadriplejia no imposibilita de forma absoluta cumplir este deber; y (iv) advirtió que “es públicamente conocido que terceras personas se valen de la confianza de familiares y amigos para cometer ilícitos como el transporte de estupefacientes”[45]. En ese sentido, no encontró configurado el defecto fáctico por cuanto el juez accionado tuvo en cuenta el material probatorio determinante para el proceso. Por ello, “no era necesario que el juez considerara las condiciones de cuadriplejia que padece la víctima directa de la privación de la libertad para determinar el elemento interno que entraña la culpa exclusiva en el caso concreto (…)”[46]. 29. Los accionantes impugnaron el fallo reiterando los argumentos del escrito de tutela. 30. El 14 de agosto de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que la sentencia acusada “no incurrió en defecto fáctico, pues si bien no se hizo un análisis concreto de la historia clínica, lo cierto es que esta no desvirtúa la existencia del hecho de la víctima”[47]. Aseguró que la historia clínica del señor Yilmer Fernando Torres Erazo “no tiene la virtualidad de modificar la conclusión del tribunal demandado”, por dos razones. Primero, porque es del 14 de enero de 2013, es decir, de fecha posterior a la cual fue privado de la libertad (12 de julio de 2012). Si bien la misma asegura que se trata de un paciente “cuadripléjico hace 5 años”, lo cierto es que esa historia clínica solo refleja consultas médicas realizadas durante el mes de enero de 2013 y ninguna con fecha anterior al 12 de julio de 2012. Segundo, la historia clínica no da cuenta del grado de discapacidad ni es concluyente sobre la existencia de una imposibilidad absoluta para revisar el equipaje. Actuaciones en sede de revisión 31. Mediante auto del 5 de diciembre de 2019 el Magistrado Sustanciador solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, Quindío, remitir el expediente relativo al proceso de reparación directa. De la misma forma solicitó al Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia, remitir en calidad de préstamo y con destino al trámite de revisión el expediente relacionado con el proceso penal adelantado en contra de Yilmer Fernando Torres Erazo por el delito de transporte de estupefacientes. 32. Mediante oficio del 13 de diciembre de 2019 la Secretaría General informó que vencido el término otorgado al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Armenia “no se recibió comunicación alguna”. Posteriormente, el 17 de enero de 2020 la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió un oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia enviando en calidad de préstamo el expediente 63001333375320140021501. 33. Pese a que en el expediente del proceso de reparación directa reposaba copia del expediente relativo al proceso penal adelantado por el delito de transporte de estupefacientes, el despacho advirtió que no contenía la totalidad de los cd contentivos de las audiencias dentro del proceso. Por lo anterior, mediante auto del 5 de febrero de 2020 el Magistrado Sustanciador requirió al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Armenia para que remitiera el expediente referido. Así mismo, dispuso la suspensión de los términos por dos meses contados a partir de la recepción de las pruebas solicitadas en dicho proveído. 34. El 17 de septiembre de 2020[48] la Secretaría General informó al despacho que vencido el término probatorio dispuesto en el auto del 5 de febrero de 2020 se recibió oficio remitido por María Carolina Hoyos Leyva, Juez Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, mediante el cual remite el expediente requerido. Además, surtido el traslado de pruebas se recibió  escritos fechado del 16 de septiembre de 2020 de la señora María Zulema Erazo Arredondo y  de la señora Leddy Johanna Pinto García funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. 35. El 14 de octubre de 2020 el Despacho recibió tanto el expediente del proceso penal 6300600000020120008700 como los escritos relacionados en el párrafo anterior. En consecuencia, mediante auto del 23 de octubre de 2020 la Sala de Revisión ordenó el levantamiento de términos a partir de la notificación de la providencia[49]. II. CONSIDERACIONES Competencia 1. La Sala Octava de Revisión es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991. Formulación del problema jurídico 2. De acuerdo con los hechos expuestos le corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De encontrarlos satisfechos, debe establecer (en relación con los requisitos específicos de procedencia) si el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, omitió valorar las pruebas relacionadas con la situación de discapacidad del actor y si, en efecto, las mismas habrían tenido una incidencia directa o repercusión sustancial en la decisión judicial adoptada. 3. Para solucionar los anteriores problemas jurídicos, la Sala Octava de Revisión (i) aludirá a la jurisprudencia relativa a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, refiriéndose de manera particular al defecto fáctico. También, (ii) reiterará lo dispuesto en la sentencia SU-072 de 2018 sobre el régimen de la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad, así como la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el mismo asunto. Posteriormente, (iii) aplicará estas reglas jurisprudenciales para solucionar el caso concreto. La acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[50] 4. La acción de tutela contra providencias judiciales constituye un instrumento residual y excepcional de protección de los derechos fundamentales frente a actuaciones y omisiones de las autoridades judiciales que los puedan lesionar en el desarrollo de un proceso de esa naturaleza. Este mecanismo de amparo encuentra respaldo directo en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Colombia[51]. 5. De acuerdo con la primera disposición toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de “cualquier autoridad pública”. La Convención, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, “aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales”. 6. Sin embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales resulta residual y excepcional por varios motivos. Por una parte, los procesos judiciales constituyen en sí mismos instrumentos de protección y realización de derechos, incluidos los fundamentales y, por lo tanto, es en esos escenarios que se deben resolver prima facie las disputas que envuelven su aplicación a un caso concreto, a través de los recursos ordinarios y extraordinarios que establece el respectivo trámite. Así mismo, el principio de independencia judicial busca impedir que al momento de adoptar sus decisiones los jueces naturales del proceso se vean coaccionados por elementos ajenos a su discernimiento y al imperio de la ley. Por último, los postulados de cosa juzgada y seguridad jurídica dotan de inmutabilidad e intangibilidad a las decisiones judiciales en su condición de instancias de resolución definitiva de conflictos y de cierre de disputas jurídicas que, por consiguiente, el ordenamiento superior persigue salvaguardar como elementos necesarios para la convivencia pacífica. 7. Pese a lo anterior, la acción de tutela contra providencias judiciales cumple valiosos propósitos en el marco del Estado Social de Derecho. A través de este instrumento se garantiza el respeto y realización definitiva de los derechos fundamentales en el escenario judicial (art. 2 C. Pol.) y, por esa vía, la supremacía y fuerza vinculante de la Constitución (art. 3 C. Pol.). La revisión eventual de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional materializa el principio de igualdad, ya que la labor de unificación jurisprudencial que realiza este Tribunal consolida la lectura estable de las cláusulas de derecho fundamental, ante las diversas posturas que se puedan presentar frente a las mismas dado su carácter abierto e indeterminado (art. 241-9). Igualmente, la tutela contra sentencias supone un medio adecuado para irradiar en el derecho legislado, aplicable en los trámites judiciales ordinarios, la perspectiva de los valores, principios, derechos y fines esenciales consagrados en la Constitución. La fuerza expansiva de las normas de derecho fundamental, consecuencia de su estructura e importancia sustantiva, imponen a las autoridades un verdadero deber de asegurar que la interpretación de todas las fuentes formales del derecho ordinario se lleve a efecto a partir de la consideración y aplicación de los contenidos constitucionales relevantes. Se concreta así, una de las dimensiones del deber constitucional de asegurar la supremacía de la Constitución (arts. 2 y 4 C. Pol.). 8. Bajo ese entendido, en el Estado Constitucional colombiano la armonización de los principios de independencia judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, por un lado, y primacía y efectividad de los derechos fundamentales, por otro, se alcanza a través de la procedencia excepcional y residual de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a las reglas decantadas por esta Corporación. La sentencia C-590 de 2005 consolidó la jurisprudencia sobre la materia y distinguió entre los requisitos de procedibilidad formal y los presupuestos de procedencia material o de fondo de la acción de tutela contra providencias judiciales. En general, sin hacer de la acción un recurso excesivamente técnico, estos elementos fijan la metodología y las pautas de admisibilidad del amparo y establecen el alcance y límites del escrutinio del juez constitucional. 9. En relación con los requisitos de procedibilidad formal, previa verificación de la legitimación en la causa por activa y pasiva, es necesario acreditar: i) Que la cuestión que se discuta resulta de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que el juez de tutela carece de competencia para dirimir disputas de índole estrictamente legal, económicas o de conveniencia, es necesario que el asunto sometido a su conocimiento verse sobre cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales y que planteen un verdadero debate fáctico y normativo de naturaleza constitucional. No puede tratarse de una relevancia constitucional genérica que permita que todas las posibles críticas de una decisión judicial sean planteadas como una infracción del derecho al debido proceso o de acceso a la administración de justicia. Se trata de algo más: el problema llevado a la jurisdicción constitucional debe suscitar una discusión constitucional específica. ii) Que se han agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Este presupuesto impide que la acción de tutela desplace los mecanismos ordinarios de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces, y que sea empleada para revivir términos vencidos por negligencia de las partes. Esta exigencia implica, además, que de haber existido oportunidad, el problema constitucional específico se haya propuesto y discutido en el curso del proceso. De este modo se garantiza el carácter subsidiario y residual de la acción, se protegen las competencias de los jueces de las demás jurisdicciones así como los terceros que pueden afectarse con la revisión constitucional de una providencia judicial. iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De esta manera, el sometimiento de la acción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el tiempo transcurrido entre la posible transgresión y la presentación del amparo constitucional concilia los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y el mandato de efectividad de los derechos fundamentales, pues admite el ejercicio de la acción siempre que esta no se interponga en cualquier tiempo sino en un plazo que, sin ser perentorio, se encuentre justificado[52]. iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. En ese sentido no cualquier error o equivocación en el trámite ordinario da lugar a la procedibilidad de la acción, ya que el mismo debe tener una entidad suficiente para incidir probablemente en el resultado del proceso y en la afectación del derecho fundamental invocado. v) Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. En esa dirección, el solicitante debe exponer los hechos que generaron la posible afectación, el fundamento de la violación alegada y dar cuenta de que la misma fue planteada al interior del proceso ordinario, siempre que ello hubiere sido posible. vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela tienen su cierre en las sentencias que adopta esta Corporación en ejercicio de su función de revisión eventual o en la decisión de no selección de las decisiones proferidas en las instancias. En ambos casos las respectivas sentencias hacen tránsito a cosa juzgada constitucional[53]. vii) Que no se trate de acciones de tutela contra sentencias de la Corte Constitucional ni, por regla general contra las del Consejo de Estado como resultado de la acción de nulidad por inconstitucionalidad[54]. 10. En todo caso, el examen de estos requisitos se debe realizar atendiendo a las condiciones del caso concreto y, en particular, a las circunstancias en que se encuentre el solicitante (arts. 13 y 228 C. Pol. y art. 6-1 Decreto Ley 2591 de 1991). Por ejemplo, si la acción de tutela se interpone contra una decisión de una alta corte el escrutinio debe ser más restrictivo en tanto se trata de órganos judiciales que definen y unifican la jurisprudencia en su respectiva jurisdicción. Empero, si el amparo es pedido por un sujeto de especial protección constitucional el juez de tutela debe valorar la incidencia que sus específicas condiciones materiales de existencia pudieron tener en el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad y en el ejercicio efectivo de su derecho al acceso a la administración de justicia. En ese sentido, no se debe perder de vista que las reglas decantadas en la sentencia C-590 de 2005 son producto de una ponderación estándar de los principios de independencia judicial, cosa juzgada, seguridad jurídica y primacía y efectividad de los derechos fundamentales. Por lo tanto, es posible que la ponderación de estos principios dé lugar a soluciones distintas en asuntos concretos en que sea necesario otorgar mayor peso a una faceta específica de un derecho fundamental en juego y, por lo tanto, suponer adecuaciones a las reglas generales de procedibilidad e incluso excepciones a las mismas[55]. 11. Finalmente, frente a las causales de procedencia material o de fondo la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se debe comprobar la ocurrencia de al menos un defecto constitucional con trascendencia suficiente para comportar la lesión de un derecho fundamental. Estos pueden ser: i) defecto orgánico; ii) defecto procedimental absoluto; iii) defecto fáctico; iv) defecto material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; viii) violación directa de la Constitución o ix) exceso ritual manifiesto[56]. Atendiendo al carácter instrumental y metodológico de estas causales es posible que una misma situación de lugar a la ocurrencia de uno o más defectos al mismo tiempo, pues no existe un límite indivisible entre ellos. 12. En definitiva, los presupuestos generales de procedibilidad y las causales específicas de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al momento de examinar una acción de tutela propuesta contra una decisión judicial. Los mismos tienen por objeto realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por los principios de autonomía e independencia judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica. De ahí que el juez constitucional carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales. Su papel se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales, conforme a las reglas señaladas en esta sentencia. Defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia[57] 13. La jurisprudencia constitucional[58] ha señalado que el defecto fáctico se presenta cuando el funcionario judicial emite una providencia “(…) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina[59], como consecuencia de una omisión en el decreto[60] o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”. 14. Se puede estructurar a partir de una dimensión negativa y otra positiva. Según la Corte “[l]a negativa surge de las omisiones o descuido de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión[61]; y (iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan”[62]. 15. Será positiva cuando se trata de acciones del juez. Se incurre en ella “(i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia”[63]; o cuando el juez decida “(ii) con pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de la decisión”[64]. 16. La Corte ha precisado que una valoración probatoria puede cuestionarse mediante la acción de tutela únicamente cuando ha sido arbitraria. Ello significa que el yerro en la valoración de los medios de convicción, “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, en la medida que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[65]. 17. En sentencia SU-768 de 2014 mantuvo esa línea al indicar: “entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia[66]: (i) El error denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’[67], y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o ’repercusión sustancia” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”[68]. 18. En principio, la estimación que de las pruebas hace el juez natural se encuentra comprendida por su autonomía, y no puede ser desautorizada invocando únicamente un criterio distinto. Al respecto, en sentencia SU-489 de 2016 expresó la Corte: “La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio. Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparados por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legitima”[69]. 19. Al respecto, la intervención del juez de tutela frente a las consideraciones del juez natural “es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido”[70]. Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos, en tanto el juez del proceso “no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima”[71]. 20. Recapitulando, el defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es producto de un proceso en el cual (i) se omitió el decreto o la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto; (ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y (iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario e incidir directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia. El precedente constitucional vinculante: la sentencia SU-072 de fecha 5 de julio de 2018 y la definición de la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad derivada de providencias judiciales 21. En la sentencia SU-072 de 2018 la Sala Plena de la Corte Constitucional se ocupó de analizar dos asuntos en los cuales se objetaban providencias judiciales proferidas dentro de procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad[72]. 22. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados[73] la Sala Plena se preguntó si de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución y en atención a la interpretación de la sentencia C-037 de 1996 respecto del artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, “para decidir un proceso de reparación directa por la privación injusta de la libertad, se debe aplicar un único régimen de responsabilidad”[74]. A continuación, se enuncian las principales conclusiones de la sentencia. 23. Primero. La Sala Plena refirió que en la sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional se pronunció sobre la expresión “injustamente” contenida en el artículo 68 del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. Dicho artículo establecía “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. Estableció entonces que la expresión “injustamente” implica definir si la providencia a través de la cual se restringe la libertad de una persona mientras es investigada y/o juzgada es proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad con el Derecho. En atención a ello, la decisión de la Corte precisó el alcance de dicha expresión indicando: “(…) el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. 24. Segundo. Partiendo de ello, encontró necesario destacar  los requisitos para proferir una medida de aseguramiento. En este sentido la sentencia de unificación citó la Ley 906 de 2004 cuyo artículo 308 prescribe: “ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación jurídica provisional contra el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga”. 25. Precisó la Sala Plena que la detención preventiva es una figura distinta a la pena y, en consecuencia, los presupuestos para la procedencia de cada una de ellas también son diferentes. Así, el artículo 381 del actual Código de Procedimiento Penal -Ley 906/2004- exige para condenar “el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio”. Con esta precisión, concluyó que “los esquemas procesales penales han establecido una lista de requisitos para imponer la medida de aseguramiento las cuales difieren en el grado de convicción probatoria, frente a las exigencias para emitir sentencia condenatoria”. 26. Tercero. En el proceso de reparación directa le corresponde al juez administrativo determinar “si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida”. Con tal fin “debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” (negrillas no originales). 27. Cuarto. La Corte estableció que la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional). A su juicio, la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, pues simplemente define que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares. 28. Quinto. La Sala Plena resaltó que el artículo 90 establece un régimen general de responsabilidad y prescribe que la naturaleza del daño debe ser antijurídico. Ello no obsta para que se evalúen “los demás supuestos constatables a la hora de definir la responsabilidad, esto es, la necesidad de acreditar que se presentó un hecho o una omisión atribuible al Estado o a uno de sus agentes, elementos cuya relación se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación” (negrillas no originales). 29. Sexto. La sentencia C-037 de 1996 “no se adscribe a un título de imputación específico”. Sin embargo, a juicio de la Sala Plena, ello no impide que se creen reglas que fijen criterios uniformes que orienten las decisiones de los jueces. Ellas deben ser el resultado de “un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no a una generalización apenas normativa que no tome en cuenta las diversas posibilidades que giran en torno de dichas fuentes”. 30. Séptimo. En cada caso concreto el juez administrativo podrá elegir cual es el título de imputación más idóneo para establecer si el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación irrazonable y desproporcionada que el ciudadano no tenía el deber de soportar. De las reglas dispuestas en la sentencia SU-072 de 2018 la Sala resalta las siguientes: - Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada  o arbitraria, transgrede un precedente constitucional vinculante derivado de la sentencia C-037 de 1996. A pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados. - Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa. 31.  La Sala Plena tomo las siguientes determinaciones. (i) En el expediente T-6.304.188[75] revocó las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado en primera y en segunda instancia mediante las cuales se negó la tutela de los derechos a la igualdad y al debido proceso invocados por la Fiscalía General, dada la ocurrencia de un defecto material o sustantivo por desconocimiento de una sentencia con efectos erga omnes (C-037 de 1996). En consecuencia dejó sin efecto los fallos expedidos en primera y segunda instancia en del proceso de reparación directa. (ii) En el expediente T-6.390.556[76] se negó la protección de los derechos a obtener indemnización por daños antijurídicos causados por privación injusta de la libertad. Consideró que con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado. Estado de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad 32.  Determinar la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad no ha sido una cuestión pacífica en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ante las divergencias, mediante fallo de unificación del 17 de octubre de 2013 (expediente 23.354) estableció que cuando una persona privada de la libertad (i) es absuelta porque el hecho investigado no existió, no era constitutivo de delito, no lo cometió el sindicado  se aplica la figura in dubio pro reo o  (ii) es precluida la investigación al demostrarse alguna causal de exoneración de responsabilidad penal, se configura un evento de detención injusta y, por tanto, lo procedente sería declarar la responsabilidad del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. 33. Dicha postura jurisprudencial se mantuvo hasta el 15 de agosto de 2018 fecha en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó “su jurisprudencia en relación con el régimen de responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales se reclama la reparación de daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca dicha medida” [77]. 34. En esta decisión el Consejo de Estado coincidió con la posición de la Corte Constitucional al determinar que no es suficiente que una persona sea privada de su libertad y, luego de ello, debido a la preclusión de la investigación o a la declaratoria de su inocencia alegue el derecho a ser indemnizado por reparación directa[78]. En tal sentido estableció la necesidad de demostrar que el daño (la detención) fue antijurídico. Es decir, con base en estándares convencionales, constitucionales y/o legales el juez contencioso debe evaluar si la situación concreta se subsume en alguna de las excepciones que aceptan la restricción a la libertad personal. 35. Las premisas del fallo del año 2018 se dirigen a cuestionar las consideraciones de la decisión de unificación del año 2013. A continuación se identifica su alcance. 36. La decisión del Consejo de Estado del año 2013 afectaba gravemente la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales. Al respecto, la nueva posición consideró que, contrario a lo reiterado hasta la fecha, la autonomía y el cumplimiento de los deberes del agente pueden verse afectados con la teoría hasta ahora vigente, “pues es evidente que aquél (el agente) debe debatirse entre imponer la medida de detención preventiva cuando se den las condiciones o requisitos que al efecto indican las disposiciones legales –sea el Decreto 2700 de 1991, la Ley 600 de 2000 o la 906 de 2004- o, por el contrario, desacatar la ley y hasta la Constitución Política y abstenerse de imponerla, toda vez que, si se inclina por la primera opción y el proceso culmina sin una condena en contra del procesado, se puede generar una acción de responsabilidad frente a la administración y, por consiguiente, hasta la posibilidad de que se repita en contra suya, esto es, de quien impuso a medida y, en cambio, si acoge la segunda opción, pueden tanto él como la administración ser llamados a responder, esta vez por la omisión en el cumplimiento de sus funciones”. 37. La sentencia del 2013 confería un alcance equivocado a la presunción de inocencia. La sentencia de 2018 del Consejo de Estado rectificó la tesis conforme a la cual la medida de aseguramiento de detención preventiva, pese a ser constitucional, pugna con la presunción de inocencia. Primero, el Consejo de Estado dispuso que la libertad no es un derecho absoluto. Y segundo, consideró que la restricción de la libertad como medida de aseguramiento no tiene relación alguna con la presunción de inocencia pues hasta que no se profiera una sentencia condenatoria, la inocencia del implicado se mantiene intacta[79]. Con relación a este punto el Consejo de Estado precisó que el derecho a la libertad es fundamental y su restricción es excepcional. Sin embargo, la misma Constitución (art. 28) dispone que las personas pueden ser detenidas o arrestadas en virtud de mandato escrito del juez, “con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. Es por esto que la detención debe atender al estricto cumplimiento de los requisitos que la ley exige, mientras se define la responsabilidad del investigado[80]. En otras palabras, si el juez de la reparación directa verifica que se cumplieron los deberes y exigencias convencionales, constitucionales y legales que corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a una persona -como aquellos de que tratan los artículos 28 y 250 constitucionales “mal puede imponer una condena en contra de este último”. 38. Por último, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto del deber del juez del proceso de reparación directa de verificar, incluso de oficio, “si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) ‘se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo’, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño”. 39. En síntesis, según la sentencia del 15 de agosto de 2018, cuando la autoridad competente revoque la medida restrictiva de la libertad debido a que el hecho no existió, el sindicado no cometió el ilícito, la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o debe aplicarse el principio in dubio pro reo, “será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño”. Además, dijo la providencia, el juez de la reparación directa debe “verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva”. 40. Cabe advertir que mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, resolvió: “SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso tramitado bajo el número de radicado No. 2011-00235-01 (46947) y ordenar a dicha autoridad judicial que, en el término de 30 días, profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto y teniendo en cuenta las consideraciones que sustentan esta decisión valore la culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de la accionante”. 41. En cumplimiento del fallo, el 06 de agosto de 2020 el Consejo de Estado emitió nueva providencia en la cual determinó que no era “necesaria la valoración de la culpa exclusiva de la víctima, como causal eximente de responsabilidad, tal como lo indicó el fallo de tutela que ha ordenado emitir este nuevo pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se superó el supuesto de acreditar el título de imputación , aspecto que es necesario para el análisis ordenado”. Vale la pena aclarar que este pronunciamiento no tuvo por objeto unificar jurisprudencia. 42. La decisión del 15 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, fue seleccionada para revisión en la Corte Constitucional con el radicado T-7.785.966. A la fecha está pendiente de decisión. Caso concreto La acción de tutela cumple parcialmente con los presupuestos generales de procedencia (i) Legitimación activa: Los accionantes interponen acción de tutela en nombre propio lo cual avala su legitimación. (ii) Legitimación pasiva: el artículo 86 de la Carta establece que la tutela puede ser interpuesta ante la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Por lo tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Quindío están legitimado como parte pasiva del proceso. (iii) Relevancia constitucional del asunto. El caso propone el análisis de asuntos que revisten relevancia constitucional. En efecto la discusión versa sobre el derecho fundamental al debido proceso en relación con la aplicación de la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, por la supuesta configuración de un defecto fáctico en un caso que involucra a una persona en condición de discapacidad. En la situación analizada convergen dos dimensiones de análisis, objetiva y subjetiva, que evidencian -más allá de una relevancia genérica- una cuestión constitucional que pueden tener una trascendencia específica. (iv) Agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. Los accionantes agotaron todos los mecanismos judiciales de defensa que se encontraban a su alcance para lograr una decisión favorable a sus intereses. Como puede advertirse del recuento fáctico, en el proceso de reparación directa se interpuso el recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío, sin que proceda otro recurso ordinario o extraordinario. Si bien la Ley 1437 de 2011[81]-, consagra causales de revisión, ninguna de ellas es -prima facie- aplicable al caso que nos ocupa. Así las cosas, los accionantes activaron todos los mecanismos judiciales aptos para controvertir la valoración probatoria realizada por los jueces ordinarios. (v) Inmediatez. La decisión de segunda instancia, con la cual finalizó el proceso de reparación directa y que es objeto de la acción de tutela fue expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 29 de noviembre de 2018. La acción de tutela fue repartida el 29 de marzo de 2019, esto es, cuatro meses después de proferida la sentencia que se controvierte en este trámite. Así las cosas el término se estima razonable si se tiene en cuenta la naturaleza del debate que se propone en sede de tutela, el cual exige un análisis y esfuerzo argumentativo distinto al que se expone durante el trámite del proceso ordinario. (vi) En caso de tratarse de una irregularidad procesal, debe tener incidencia directa en la decisión que resulta vulneradora de los derechos fundamentales. Este requisito no es aplicable ya que las anomalías que se alegan son de carácter fáctico. (vii) Identificación de los hechos que generan la violación y que se hayan alegado en el proceso judicial en caso de haber sido posible. En términos generales, los alegatos de los accionantes giran en torno a la configuración de un defecto fáctico por ausencia de valoración de la historia clínica del señor Torres Erazo. La identificación de los elementos relevantes por parte de los accionantes fue adecuada. Por otra parte, del escrito de tutela podría desprenderse un alegato relacionado la vulneración del derecho a la igualdad por inaplicación de instrumentos internacionales que, según el demandante, exigen dar un enfoque diferencial a decisiones donde las partes sean personas en situación de discapacidad. A juicio de la Sala este alegato no cuenta con una explicación suficiente. Los accionantes se limitaron a mencionar como desconocidos (i) los estándares en materia de derechos humanos definidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos; (ii) la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo; y (iii) la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta referencia es apenas general. No es específica con relación al caso concreto y, por lo tanto, no establece la conexión entre la vulneración del derecho a la igualdad por la inaplicación de los instrumentos invocados al caso concreto. Lo propio cabe afirmar respecto de la invocación de sentencias de la Corte Constitucional que protegen derechos fundamentales de personas en situación de discapacidad. Lo anterior es suficiente para sustraer de la demanda la configuración de un defecto sustantivo que desencadenó en vulneración del derecho a la igualdad. Sin perjuicio de las amplias facultades del juez constitucional para delimitar la cuestión iusfundamental de los casos que son puestos a su consideración, en el contexto de la acción de tutela contra providencias judiciales no puede reemplazar por completo al accionante. Ello es así teniendo en cuenta, de una parte, (i) que el precedente de esta Corte ha establecido que en el escrito de tutela deben identificarse de manera razonable los derechos vulnerados requiriendo entonces una mínima explicación del modo en que ello tiene lugar de manera y, de otra, (ii) que de no actuar con prudencia en la delimitación de las cuestiones a tratar podría afectarse gravemente el debido proceso de los derechos de los otros sujetos procesales. (viii)  Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. La providencia que se censura hizo parte de un proceso contencioso administrativo de reparación directa. En la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío no se configuró una causal de procedencia específica de la acción de tutela contra providencias judiciales 43. La Sala Octava de Revisión considera que el “error probatorio” alegado no es trascendente porque, independientemente del mismo, la decisión del Tribunal seguiría siendo la misma: que el Estado no era responsable por privación injusta de la libertad, porque se demostró que el daño no fue antijurídico, asunto que no cuestionaron los accionantes. Adicionalmente, la decisión acusada siguió el precedente dispuesto por la Corte Constitucional sobre la actuación del juez administrativo en el escenario de la reparación directa por privación injusta de la libertad. 44. A manera de síntesis el Tribunal no encontró configurado el daño antijurídico porque la medida de aseguramiento de privación de la libertad atendió cada uno de los presupuestos legales para ello, cumplió los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia y tuvo en cuenta el diagnóstico del señor Torres Erazo. Sobre la culpa exclusiva de la víctima afirmó que el comportamiento del señor Torres Erazo lo expuso al daño y por lo tanto, lo procedente era que asumiera las consecuencias de su actuar[82]. 45. La acción de tutela solicita la protección del derecho al debido proceso ante la configuración de un defecto fáctico. A juicio de los accionantes el tribunal accionado debió analizar la configuración de la culpa exclusiva de la víctima en atención a la historia clínica del accionante. Al no hacerlo incurrió en un defecto fáctico y generó “una obligación físicamente imposible de realizar a YILMER FERNANDO en razón de su condición de cuadriplejia”[83], esto es, la revisión del equipaje. 46. La acción de tutela no se dirige en contra del análisis inicial del Tribunal Administrativo del Quindío, esto es, la inexistencia de daño antijurídico. Este asunto es relevante ya que, aún si su planteamiento prosperará, ello no sería suficiente dejar sin apoyo la decisión que mediante la acción de tutela se objeta. 47. Tal como se estableció en las consideraciones, la Corte Constitucional y  el Consejo de Estado exigen, como primer requisito para declarar la responsabilidad por privación injusta de la libertad, la demostración del daño antijurídico. En efecto, la privación de la libertad dentro de un proceso penal que termina con una sentencia absolutoria no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración. Así, el daño es antijurídico cuando la orden de restricción devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse. 48. La Sala considera que el análisis del Tribunal accionado acoge la regla expuesta en el párrafo anterior. Ello es así porque tanto el juez de primera instancia (Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia) como el de segunda instancia (Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión-) del proceso contencioso administrativo consideraron que la medida de aseguramiento impuesta al accionante correspondió “a cada uno de los presupuestos legales establecidos en la ley 906 de 2004, cumpliéndose con los requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia y teniendo en consideración la grave enfermedad que padece el señor Yilmer Fernando Torres Erazo”. Ello con fundamento en las siguientes razones: a) La pena mínima del delito que fue objeto de investigación es de noventa y seis (96) meses, excediendo los cuatro (4) años de que trata el artículo 313 numeral 2 de la Ley 906 de 2004[84]. b) De acuerdo con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004[85] era posible inferir razonablemente la autoría o participación del señor Torres Erazo en la conducta que se le investiga, toda vez que fue capturado en flagrancia. Para ello tuvo como pruebas (i) el informe de la policía del 12 de junio de 2012, y (ii) la prueba científica que determinó que la sustancia hallada en el equipaje del señor Torres Erazo correspondía con cocaína. c) Conforme al numeral 2 del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, consideró el juez que el imputado para ese momento constituía un peligro para la sociedad y la salud pública, ya que por el delito era probable su vinculación con organizaciones criminales relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. d) Con todo, atendiendo a la cuadriplejia secundaria a una meningitis, conforme al numeral 4 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004[86], el juez sustituyó la medida de detención en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia del imputado. 49. Lo anterior, a juicio de la Sala, responde a la aplicación razonable de la Ley 906 de 2004 con relación a las medidas de aseguramiento. En efecto, según la valoración que de las pruebas del proceso penal realizó la autoridad judicial (i) el señor Torres Erazo fue capturado en flagrancia por transporte de sustancias ilegales hecho que permitía inferir razonablemente la necesidad de imponerle medida de aseguramiento ya que (ii) el delito que se le imputó tiene una pena de más de 96 meses y (iii) los hechos permitían inferir razonablemente la posible relación del capturado con más personas implicadas. Ahora bien, con relación al estado físico del señor Torres Erazo el juez evaluó esta circunstancia a tal punto de establecer medida de detención en el lugar de residencia. 50. Debe recordarse que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, juez de primera instancia en el proceso contencioso, declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Yilmer Fernando Torres Erazo y le impuso la obligación de indemnizar. El juez concluyó que la prolongación de la privación de la libertad del señor Torres Erazo constituía daño antijurídico, imputable exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. En su concepto, dicha entidad ha debido precluir la investigación una vez obtuvo las declaraciones del señor Torres Erazo y de su tía en las cuales aclararon que fue una tercera persona quién les pidió llevar los desodorantes donde se ocultaba la sustancia ilícita. 51. El Tribunal Administrativo del Quindío se opuso a las consideraciones del juez de primera instancia en el proceso contencioso. Con relación a la prolongación de la medida de aseguramiento el Tribunal aseguró que fue consecuencia de hechos no atribuibles a la Fiscalía si se tiene en cuenta, por ejemplo, que (i) durante el proceso no se configuró alguno de los presupuestos dispuestos en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 para hacer procedente la libertad[87]; (ii) el abogado de la defensa solicitó en diferentes oportunidades aplazamiento de la audiencia; (iii) la formulación de acusación de la fiscalía se basó en pruebas testimoniales, documentales y declaraciones de los indiciados; y (iv) la defensa nunca solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento tal como lo permite el artículo 318 de la Ley 906 de 2004[88]. 52. Con relación a que las declaraciones de los indiciados eran suficientes para determinar que ellos no cometieron la conducta pues señalaron a otra persona como culpable del hecho, el Tribunal aseguró que la Fiscalía intentó, sin éxito, ubicar a los terceros señalados por los indiciados. Advirtió que la sola declaración de los detenidos no era suficiente para precluir la investigación. 53. El análisis del Tribunal Superior del Quindío resulta suficiente para demostrar que si bien se configuró un daño -privación de la libertad- éste no fue antijurídico. Al contrario, la medida de seguridad de privación de la libertad en la residencia del imputado, respondió no solo a la legislación dispuesta para ello sino a criterios de razonabilidad y proporcionalidad al considerar la condición médica del señor Torres Erazo. Esto, entonces, sería suficiente para descartar el derecho a la indemnización reclamada por ausencia de antijuridicidad. 54. Ahora bien, el Tribunal dispuso que “si en gracia de discusión se llegara a la conclusión de que existe un daño antijurídico, en todo caso se configuraría una culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad”. Luego de ello, procedió a verificar la configuración o no de dicho eximente de responsabilidad. Concluyó que “teniendo en cuenta que Yilmer Fernando Torres Erazo se iba a desplazar a otro país, los deberes de conducta y el mínimo de diligencia que le imponía el ordenamiento jurídico eran los de revisar los elementos que iba a transportar en su equipaje, más aún cuando provenían de terceras personas para evitar conductas ilícitas, máxime cuando en Colombia ha sido una conducta repetitiva y puesta en conocimiento por las autoridades la utilización de la confianza de familiares o amigos para concretar ilícitos como el transporte de estupefacientes”. Según el Tribunal resultaba inexcusable que el accionante “no haya realizado una revisión de los elementos que le encomendó presuntamente su familiar para transportar a Madrid, España, pues si los hubiera revisado con la diligencia exigida hubiera evitado el daño, es decir, que fue él mismo que con su conducta gravemente culposa se expuso a sufrir la privación de la libertad de la que fue objeto, y por lo tanto, debe asumir las consecuencias del mismo” [89]. 55. Alrededor de esta consideración gira la acción de tutela. Se reitera que los accionantes alegan que el tribunal no tuvo en cuenta la historia clínica y, a partir de ello le impuso una obligación de actuar sin ningún tipo de atención sobre su estado físico, pese a ser un sujeto de especial protección constitucional. Según tal planteamiento,  si el Tribunal hubiese considerado la historia clínica habría constatado que le estaba exigiendo un comportamiento imposible de asumir por su diagnóstico, como lo es “revisar los elementos que iba a transportar en su equipaje”. 56. En principio la Sala advierte que aceptar una afirmación de esta naturaleza cerraría cualquier tipo de debate sobre la responsabilidad penal de una persona diagnosticada con cuadriplejia en un delito como el de transporte de estupefacientes. A su vez, en el ámbito de responsabilidad del Estado implicaría eliminar la posibilidad de análisis del eximente de responsabilidad denominado “culpa exclusiva de la víctima” cuando quien sufrió el daño es una persona diagnosticada con cuadriplejia. 57. Con independencia de ello y acorde con las consideraciones expuestas en esta providencia, para que se configure un defecto fáctico es necesario que el error en la valoración probatoria (i) sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, (ii) tenga una incidencia directa en la decisión. Tales exigencias evitan que el juez de tutela se convierta en una instancia de revisión de la evaluación probatoria del juez ordinario[90]. 58. Sobre el caso concreto la Sala considera que no se configuró defecto fáctico ya que el Tribunal Administrativo del Quindío sí tuvo en cuenta la historia clínica del señor Torres Erazo y su análisis no resulta ser arbitrario o irrazonable. Adicionalmente, la ausencia de referencia expresa a tal documento al analizar la culpa exclusiva de la víctima no incide en la decisión, pues la regla de decisión para negar la indemnización fue la ausencia de daño antijurídico. En efecto, del proceso contencioso se desprende que en el acápite de pruebas el tribunal expuso que reposaba en el expediente la historia clínica del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. Además, al evaluar la antijuridicidad del daño el tribunal hizo referencia a dicho documento y determinó que al imponer la medida de seguridad ésta se había considerado al punto de optar por la medida de detención en la residencia del señor Torres Erazo. 59. Ahora bien, al analizar la configuración de la culpa exclusiva de la víctima el Tribunal no hizo una referencia explícita a la condición de cuadriplejia del señor Torres Erazo. Sin embargo, a juicio de la Sala, esto no es suficiente para configurar un defecto fáctico porque la historia clínica (i) tiene fecha posterior a la fecha de la detención y (ii) no es concluyente sobre el diagnóstico del accionante ni sobre las “limitaciones” que produce el diagnóstico. Primero, la historia clínica aportada al proceso contencioso tiene fecha del 14 de enero de 2013; fecha posterior a la privación de la libertad del (12 de julio de 2012). Si bien en ella se indica sobre el señor Torres Erazo “paciente postrado cuadripléjico hace 5 años, como consecuencia de meningitis” no cuenta con una referencia específica sobre las consecuencias del diagnóstico para la fecha de la captura (julio de 2012). Segundo, si bien la historia clínica refiere “paciente postrado cuadripléjico” también menciona “paciente (…) cuadraparésico”. Para la Sala resulta relevante determinar si estos conceptos médicos son iguales o si sus diferencias son importantes al momento de establecer las capacidades del señor Torres Erazo[91]. La duda que se desprende de la misma historia clínica es importante pues permite concluir que la historia clínica aportada al proceso no era suficiente para demostrar la imposibilidad del señor Torres Erazo de revisar su equipaje. Tercero, una investigación básica del diagnóstico de cuadriplejia arroja la imposibilidad física de movilizarse pero, tal como lo afirmó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al resolver en segunda instancia del proceso de tutela, ni el diagnóstico “cuadriplejia” ni la historia clínica aportada al proceso dan cuenta del grado de discapacidad. Tampoco son concluyentes sobre la existencia de una imposibilidad absoluta para revisar el equipaje. Si bien la historia clínica refiere paciente “postrado” ello, prima facie, no es suficiente para catalogar al accionante dentro de alguno de los diferentes tipos de cuadriplejia, los cuales oscilan entre el tipo más leve hasta el mas grave. Cuarto, aún si se hubiera demostrado que el diagnóstico del señor Torres Erazo era del tipo más grave, que no lo demuestra con contundencia la historia clínica de fecha posterior a la detención, este diagnóstico no imposibilita al viajero para adoptar las decisiones pertinentes para evitar lo ocurrido. Para el caso que nos ocupa el señor Torres Erazo reconoció haber revisado su equipaje, con ayuda de la tía, y confirmó aceptar transportar unos elementos en su maleta de viaje a Madrid. El Tribunal accionando consideró que le era exigible al señor Torres Erazo revisar con mayor cuidado los elementos ajenos que llevaría en su maleta. La Sala Octava considera que esta valoración no es irrazonable pues varias opciones tenía para cuidarse de incurrir en el comportamiento por el cual fue detenido. Adoptar una de estas posibilidades lejos están de ponerlo en una situación de desventaja con personas sin diagnóstico de cuadriplejia. Se trata de un deber de cuidado exigible a todas las personas con capacidad cognitiva, como es el caso del señor Torres, para prever las consecuencias a las que podrían enfrentarse de aceptar llevar en su equipaje elementos de los cuales no tenía certeza sobre su origen. Tal como se demostró el señor Torres Erazo contaba con varias opciones para evitar el hecho que terminó en su captura, opciones similares para una persona que, sin el diagnóstico, podría asumir. 60. Adicionalmente, aún si se concluyera que el Tribunal no tuvo en cuenta la prueba relativa a la historia clínica, la omisión no tiene una “incidencia directa”, “transcendencia fundamental” o “repercusión sustancial” en la decisión judicial adoptada, pues de haberse considerado hubiese sido la misma[92]. Ello es así porque el tribunal primero descartó la configuración del daño antijurídico, consideración suficiente para negar la indemnización reclamada por los demandantes en el proceso contencioso. 61. En síntesis, la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2018 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión-[93] que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad no incurrió en el defecto fáctico alegado por los aquí accionantes. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 62. El señor Yilmer Fernando Torres Erazo fue detenido por transportar estupefacientes en un viaje con destino a Madrid. El juez de control de garantías ordenó como medida de aseguramiento detención domiciliaria, para ello consideró que: (i) el señor Torres Erazo fue capturado en flagrancia (ii) el delito que se le imputó tiene una pena de más de 96 meses y (iii) los hechos permitían inferir razonablemente la posible relación del capturado con más personas implicadas. Con relación al estado físico del señor Torres Erazo el juez evaluó esta circunstancia a tal punto de establecer medida de detención en el lugar de residencia. 63. El proceso penal culminó con la absolución del señor Torres Erazo. El juez consideró que si bien se acreditó la materialidad de la conducta de transporte de estupefacientes, no se acreditó la responsabilidad del acusado ni el dolo. Así las cosas, si bien de las pruebas aportadas al proceso se podría desprender una probabilidad, no había plena certeza de la configuración de la conducta punible. Por lo tanto, no se le podría atribuir responsabilidad penal. 64. En virtud de la decisión absolutoria el señor Yilmer Fernando Torres Erazo y sus familiares presentaron acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. En primera instancia el juez administrativo accedió a sus pretensiones. En segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío -Sala Tercera de Decisión revocó la decisión por ausencia de daño antijurídico y, subsidiariamente, determinó que se configuró culpa exclusiva de la víctima al no adoptar las medidas necesarias para evitar que su equipaje fuera el medio de transporte sustancias ilícitas. 65. Contra esta providencia los accionantes presentaron acción de tutela alegando la configuración de un defecto fáctico al no valorar la historia clínica del accionante donde se diagnostica con “cuadriplejia”. En concepto de los accionantes no podía el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío dar por probada la culpa exclusiva de la víctima porque el diagnóstico del señor Torres Erazo le impedía revisar su equipaje con el cuidado necesario para evitar configurar el delito por el cual lo detuvieron. En primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela. En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la providencia. 66. Luego de reiterar lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, la Sala Octava de Revisión decidió confirmar los fallos de instancia. 67. En primer lugar, la Sala advirtió que la decisión proferida por el Tribunal accionado coincide con el precedente de la Corte Constitucional y con la línea jurisprudencial que el Consejo de Estado asumió desde el año 2018. En tal sentido, el juez contencioso administrativo debe definir si la providencia a través de la cual se restringe la libertad de una persona mientras es investigada y/o juzgada es proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad con el derecho. En el caso, el Tribunal accionado verificó la legalidad de la medida y concluyó que se ajustaba a derecho; adicionalmente advirtió que la prolongación de la medida de aseguramiento obedeció a las dilaciones de la defensa, quién, además, nunca solicitó modificar la medida de aseguramiento contra el señor Torres Erazo. 68. En segundo lugar, la acción de tutela invocó un defecto fáctico para cuestionar el análisis del eximente de responsabilidad denominado “culpa exclusiva de la víctima” y nada dijo sobre el análisis del daño antijurídico; esto implica que aún de encontrarse configurado el defecto al analizar dicha causal, el argumento de la ausencia de daño antijurídico continuaría en firme y, por tanto, la decisión no se modificaría. 69. En tercer lugar, se logró determinar que el tribunal sí consideró la historia clínica a pesar de no mencionarla directamente en el aparte en el que analiza la culpa exclusiva de la víctima. Además, la Sala encontró que la historia clínica no tiene la entidad suficiente para probar la incapacidad total del señor Torres Erazo para adoptar decisiones respecto de los elementos que decidió llevar en su equipaje. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE: Primero: CONFIRMAR la decisión proferida el 14 de agosto de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que confirmó la decisión del 06 de mayo de 2019 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó la acción de tutela. Segundo: DEVOLVER al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Armenia el expediente contentivo del proceso penal adelantado en contra de Yilmer Fernando Torres Erazo por el delito de transporte de estupefacientes radicado con el número 630016000000201200087. Tercero: DEVOLVER al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia el contentivo del proceso de reparación directa adelantado por Yilmer Fernando Torres Erazo y otros radicado con el número 63001333375320140021501. Cuarto: LÍBRESE por la Secretaría General de la Corte Constitucional la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General [1] Ver folio 1 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [2] En el escrito de acusación presentado se expuso que la conducta del señor Torres Erazo “encaja dentro del Código Penal, Libro Segundo, Título XIII, artículo 376, Inciso segundo (2º) dada la cantidad de sustancia prohibida decomisada, la cual establece una pena de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de autor y responsable a título de dolo, delito que hace referencia a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Lo anterior en armonía con el artículo 14 de la ley 890 de 2004. En el caso concreto de TRANSPORTAR dicha sustancia (…)” . [3] Ver folio 6 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [4] Ver folio 6 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [5] Ver folio 15 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [6] Ver folio 24 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [7] Ver folio 32 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [8] Ver folio 39 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [9] Ver folio 39 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [10] Ver folios 45 y 46 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [11] Por error, el Centro de Servicios Judiciales no condujo al señor Torres Erazo a la audiencia motivo por el cual tuvo que ser reprogramada para el 24 de abril de 2013. [12] Ver folios 71 y 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [13] Ver folios 73 y 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [14] Ver folios 85 al 87 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. Aquí el señor Torres Erazo relata los hechos que dieron lugar a la captura. Reconoce que una familiar le pidió llevar un paquete a España, luego de ver el contenido de la bolsa encontró seis desodorantes envueltos y pidió a su tía guardarlo en la maleta. [15] Ver folios 88 al 90 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. Aquí la señora Yolanda Torres González confirma la versión del señor Torres Erazo. [16] En el desarrollo de una actividad investigativa el señor Torres Erazo le entregó a la policía judicial “unas hojas con unos escritos al parecer tomados de una Blackberry (…)”. En dicha conversación, al parecer, alguien se inculpa de los hechos que conllevaron a la detención del aquí accionante. Ver folios 91 al 97 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [17] Ver folio 72 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [18] Ver folio 104 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes. [19] En el folio 10 del expediente 63001600000020120008700 proceso transporte de estupefacientes reposa cd con la audiencia de lectura de fallo. [20] Todos los hechos que se relatan en este capítulo son extraídos del escrito de tutela. [21] Sujeto de la privación de la libertad. [22] Madre del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. [23] Hermano del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. [24] Tía del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. [25] Tía del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. [26] Tío del señor Yilmer Fernando Torres Erazo. [27] En el folio 31 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500 reposan dos constancias de pago al abogado por la suma señalada. [28] Los días 14 y 15 de junio el señor Torres Erazo en centro de reclusión. Ver folio 27 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [29] En el folio 32 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500 reposa constancia de la cita asignada al señor Yilmer Fernando Torres Erazo para el día 27 de septiembre de 2012 con el fin de iniciar los trámites de adquisición de la nacionalidad española. [30] Cita las sentencias proferidas dentro de los expedientes 33.806 y 15.463 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. [31] Ver folios 504 al 520 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [32] Ver folios 525 al 542 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [33] Ver folios 569 al 584 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [34] Según la providencia “[e]n estos casos, la causal exonerativa de responsabilidad consiste en que el comportamiento gravemente culposo o doloso de la víctima lo ha expuesto al daño, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de actuar, es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’”. [35] Ver folio 58 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [36] Ver folios 2 al 8 del cuaderno de instancia. [37] Folio 3 del cuaderno de instancia del proceso de tutela. [38] Ibídem. [39] Folios 18 al 23 del cuaderno de instancia del proceso de tutela. [40] En este sentido hace referencia a la sentencia de la Sección Tercera, Subsección "B" del Consejo de Estado, del 27 de febrero de 2019. [41] Folios 25 al 28 del cuaderno de instancia del proceso de tutela. [42] Folio 34 del cuaderno de instancia. [43] Folios 42 y 43 del cuaderno de instancia del proceso de tutela. [44] Folio 51 del cuaderno de instancia. [45] Folio 52 del cuaderno de instancia. [46] Ibídem. [47] Folio 76 del cuaderno de instancia. [48] El tardío cumplimiento del auto de pruebas obedeció a la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11597 de 2020. Adicionalmente, una vez levantados los términos, el Consejo Superior de la Judicatura restringió el acceso a sedes judiciales del país mediante acuerdos PCSJA20-11597, PCSJA20-11614 y PCSJA20-11622. [49] El 20 de noviembre de 2020 se notificó mediante estado 309/20. A partir de esta fecha la levantaron los términos. [50] En esta oportunidad la Sala Octava de Revisión reiterará la jurisprudencia sobre la materia contenida en las sentencias C-590 de 2005, T-211 de 2009, T-315 de 2010, T-214 de 2012, SU-415 y SU-627 de 2015, T-732 de 2017, SU-004, SU-035 y SU-539 de 2018 y SU-268 de 2019, entre otras. Esta consideración se acoge a lo dispuesto en la sentencia T-297 de 2020. [51] La acción de tutela –en general- también encuentra sustento en i) el principio de dignidad humana (art. 1 C. Pol.), el cual constituye el fundamento de los derechos fundamentales (T-227 de 2003 y C-288 de 2012) cuya protección se persigue a través de la acción de amparo constitucional; ii) los principios de efectividad de los derechos fundamentales y supremacía constitucional (arts. 2 y 3 C. Pol.); y iii) el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C. Pol). Así mismo, si bien la sentencia C-543 de 1992 determinó que prima facie la acción de tutela no procede frente a sentencias judiciales, precisó que “nada obsta para que por vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales…”. A partir de dicha providencia se edificó la doctrina de la vía de hecho en materia de tutela contra sentencias y, posteriormente, la misma fue superada por la dogmática relativa a las causales genéricas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Una síntesis de dicho tránsito se puede consultar en las sentencias SU-014 de 2001 y C-590 de 2005, entre otras. [52] En ese sentido, la sentencia C-543 de 1992 consideró contrario a la Constitución el término de dos meses de caducidad que había fijado el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 para el ejercicio de la acción de tutela contra “sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso”. Al respecto señaló: “Como se observa, aplicado a las acciones, el término de caducidad es el que -señalado por la ley- una vez transcurrido, aunque no debe confundirse con la prescripción extintiva, impide que la correspondiente acción se ejerza. || Lo cual significa que prever un tiempo de caducidad para el ejercicio de la acción de tutela implica necesariamente que tan solo dentro de él puede tal acción interponerse. En otras palabras, quiere decir la norma cuestionada que la acción de tutela cuando se dirija contra sentencias que pongan fin a un proceso no puede ejercerse en cualquier tiempo sino únicamente dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria. || En la presente providencia se resolverá también si procede la tutela contra fallos ejecutoriados pero, independientemente de ello, resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”. [53] Sentencia SU-1219 de 2001. La Corte precisó en la sentencia T-322 de 2019 que “[l]a acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza puede proceder de manera excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta”. Según esa providencia “la demanda debe cumplir los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y demostrar que (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”. [54] Ver la sentencia SU-391 de 2016. Es importante advertir que en la sentencia SU-355 de 2020 la Corte Constitucional indicó: “En ese orden de ideas, con el propósito de asegurar el esquema de control constitucional existente en la Carta en los términos ya enunciados, debe concluirse que por regla general la acción de tutela no procede para controvertir providencias judiciales producto del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado. Sin embargo, por esa misma razón, existen dos excepciones que exigen la intervención de la Corte Constitucional y que se configuran cuando el fallo dictado por el Consejo de Estado (i) desconoce la cosa juzgada constitucional; o (ii) su interpretación genera un “bloqueo institucional inconstitucional” al autorizar la pérdida de operatividad de órganos del poder público y/o la eficacia de normas constitucionales o incluso de órganos que articulan la estructura misma de la Carta, de tal forma que le quiten su sentido útil. En tales casos la acción de tutela debe ser procedente, precisamente por la necesidad inexcusable que tiene esta Corporación como guardiana de la Carta, de proteger la estructura constitucional y su fuerza normativa, así como el esquema de control previsto por la Norma superior”. [55] De este modo, la Corte ha señalado que la existencia de medios ordinarios de defensa judicial al interior de un proceso ordinario debe valorarse atendiendo a la eficacia e idoneidad que estos tienen para procurar la protección de un derecho fundamental eventualmente amenazado o vulnerado. En esa dirección, teniendo en cuenta que durante varios años la Corte Suprema de Justicia consideró que la indexación de la primera mesada pensional no era procedente frente a pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, esta Corporación inaplicó el requisito de subsidiariedad en relación con las acciones de tutela formuladas contra sentencias de segunda instancia que negaban la referida garantía pensional (T-259 de 2012, SU-1073 de 2012 y SU-415 de 2015). También lo hizo en el contexto de tutelas contra sentencias que involucraban la personalidad jurídica y el estado civil de las personas (T-329 de 1996, T-411 de 2004 y T-156 de 2009) o cuando el accionante vio lesionada su garantía a una defensa técnica en el marco de un proceso penal (T-567 de 1998 y T-068 de 2005), o cuando el solicitante hacía parte de un colectivo históricamente discriminado (T-717 de 2011) o cuando el empleo del recurso de casación comportaba una carga desproporcionada frente a las condiciones materiales de existencia del peticionario y la magnitud de la amenaza ius fundamental (T-629 de 2015). Del mismo modo, ha flexibilizado el presupuesto de inmediatez en relación con tutelas formuladas contra sentencias que involucran el reconocimiento de una prestación pensional (T-1028 de 2010, SU-407 de 2013 y SU-499 de 2016) y ha analizado defectos constitucionales que no fueron invocados expresamente por los solicitantes dentro de los trámites ordinarios en que se profirió la decisión cuestionada (SU-195 de 2012, T-115 de 2015, T-515 de 2016, T-119 y T-577 de 2017). Por último, cabe precisar que si bien en la mayor parte de las anteriores decisiones estaba de por medio el amparo de derechos fundamentales de sujetos de especial protección y se trataba de asuntos que involucraban cuestiones importantes de justicia material y de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C. Pol.), la Corte también ha emprendido un examen dúctil de los requisitos formales de procedibilidad en tutelas contra sentencias que condenaron al pago de sumas dinerarias a entidades estatales sumidas en un estado de cosas inconstitucional (T-546 de 2014, T-606 de 2016, SU-427 de 2015 y T-521 de 2017) e incluso en tutelas contra sentencias de tutela en las que se promovía la salvaguarda del patrimonio público frente a situaciones de carácter fraudulento (T-218 de 2012, T-951 de 2013, SU-627 de 2015 y T-322 de 2019). [56] El alcance y requisitos de cada uno de estos defectos ha sido construido por la jurisprudencia constitucional en diferentes decisiones. Una síntesis inicial de los mismos puede ser consultada en las sentencias SU-159 de 2002, T-057 de 2004 y T-315 y C-590 de 2005. De forma más reciente se pueden revisar las sentencias SU-268 y SU-453 de 2019. [57] Se reitera la base argumentativa de las sentencias T-018 de 2018, SU-035 de 2018 y T-195 de 2019. [58] Sentencia T-587 de 2017. [59] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”. [60] Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción. [61] Sentencia C-590 de 2005. [62] Sentencia SU-355 de 2017. [63] Sentencia SU-159 de 2000. [64] Sentencia SU-455 de 2017 y T-1082 de 2007, entre otras. [65] Sentencias T-442 de 1994. [66] Sentencia T-060 de 2012. [67] Sentencias T-064, T-456, T-217, T-067 y T-009 de 2010. En similar sentido, las sentencia T-505 de 2010 y T-014 de 2011. [68] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de 2010 y T-466 de 2012. [69] Cfr. Sentencias T-314 de 2013 y T-214 de 2012. [70] Sentencia T-590 de 2009. [71] Ibídem. [72] Por una parte, la Fiscalía General presentó acción de tutela argumentando que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el régimen de responsabilidad objetiva en un caso de privación injusta de la libertad en el cual el investigado fue absuelto en atención al principio in dubio pro reo (expediente T-6.304.188). En la otra acción de tutela los accionantes plantearon que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, al pronunciarse  sobre la acción de reparación directa que promovieron por la privación injusta de la libertad de una persona absuelta por atipicidad subjetiva, omitió tener en consideración la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado, según la cual la responsabilidad del Estado en tales casos es objetiva, sin que en su caso particular fuera procedente concluir que hubo culpa exclusiva de la víctima (expediente T-6.390.556). [73] (i) ¿El Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar un régimen de responsabilidad objetiva para resolver una demanda de reparación directa interpuesta por quien había sido privado de la libertad y posteriormente absuelto en virtud del principio in dubio pro reo? (ii) ¿El Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al acudir a los supuestos fácticos del derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, vulnerando de esa manera los derechos al debido proceso y a la igualdad, así como el principio de sostenibilidad fiscal?. (iii) ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto orgánico al asumir en primera instancia la decisión de un asunto resuelto por un juzgado administrativo del circuito, en lugar de desatar el recurso de apelación?; (iv) ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico al no valorar la prueba documental allegada al  proceso de reparación directa por no estar autenticada aun cuando en la segunda instancia no se exigió dicho requisito formal?. ¿El Consejo de Estado, al resolver un proceso de reparación directa por quien había sido privada de la libertad y posteriormente absuelta por atipicidad subjetiva, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar la causal excluyente de responsabilidad estatal “culpa exclusiva de la víctima”, desconociendo su precedente de unificación del 17 de octubre de 2013, según el cual debe aplicarse un régimen objetivo para definir la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad?. [74] Para ello, abordó los siguientes tópicos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la igualdad en las decisiones judiciales; (iii) la historia de la responsabilidad del Estado y los antecedentes legislativos sobre dicha responsabilidad cuando tiene lugar la privación injusta de la libertad; (iv) los principios, elementos y regímenes de responsabilidad del Estado (v) las fuentes internacionales y la legislación comparada sobre la reparación de perjuicios por privación injusta de la libertad; (vi) la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. [75] La Fiscalía General presentó acción de tutela argumentando que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar un régimen de responsabilidad objetiva en un caso de privación injusta de la libertad en el cual el investigado fue absuelto en atención al principio in dubio pro reo (expediente T-6.304.188). [76] Los accionantes plantearon que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, al resolver el proceso de reparación directa que promovieron por la privación injusta de la libertad de la señora Clemencia García de Useche (QEPD), quien fue absuelta por atipicidad subjetiva, omitió tener en consideración la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, según la cual la responsabilidad del Estado en tales casos es objetiva, sin que en su caso particular fuera procedente concluir que hubo culpa exclusiva de la víctima (expediente T-6.390.556). [77] En esa oportunidad el Consejo de Estado conoció de una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. La Sala consideró que si bien la demandante no cometió ningún delito al punto que la Fiscalía precluyó la investigación, sí ejecutó conductas que llevaron inicialmente a la Fiscalía a inferir de manera razonable que podía ser eventualmente responsable de una conducta penal. Por ello, la Sección Tercera determinó que, si bien la privación de la libertad que padeció la demandante no fue la consecuencia de la comisión de un delito, tuvo su origen en una conducta inadecuada suya, negando así las pretensiones. [78] Esta regla se sigue en las sentencias del año 2020 dentro de los procesos 13001-23-31-000-2011-00599-01(53085), 18001-23-31-000-2011-00401-01(63277), 19001-23-31-000-2011-00599-01(57716), 25000-23-26-000-2011-00515-01(54015), 25000-23-36-000-2014-00781-01(57867), 41001-23-31-000-2002-01227-01(53516), 41001-23-31-000-2010-00609-01(54587), 54001-23-31-000-2010-00121-01(54958), 66001-23-31-000-2011-00235-01(46947), 68001-23-31-000-2012-00064-01(56019), 70001-23-31-000-2010-00247-01(58454), 70001-23-31-000-2011-02233-01(57984), 70001-33-31-000-2007-00244-01 (58394), 76001-23-31-000-2011-00671-01(53953), 76001-23-31-000-2011-01587-01(52262), 76001-23-31-000-2011-01752-01(52263), 76001-23-31-000-2011-01818-01(56387), 76001-23-31-000-2012-00043-01(51943), 81001-23-31-003-2011-00036-01(58813), 85001-23-31-000-2012-00029-02(58999). Del año 2019 se pueden consultar: 05001-23-31-000-2011-01354-01(49447), 08001-23-31-000-2003-00987-01(49251), 13001-33-31-000-2009-00394-01(58547), 15001-23-31-000-2006-03059-01 (54968)25000-23-26-000-2008-00395-01(45602), 25000-23-26-000-2010-00073-01(47456), 25000-23-26-000-2012-01022-01(51707), 27001-23-31-000-2004-00651-01 (55673), 44001-23-31-000-2009-00059-01(43797), 44001-23-31-000-2009-00108-01(47063), 47001-23-31-000-2010-00374-01(49379), 66001-23-31-000-2008-00323-01(42232), 70001-23-31-000-2012-00213-01 (57848), 73001-23-31-000-2012-00034-01(48595), 76001-23-31-000-2011-00826-01(49196), 3001-23-33-000-2013-00244-02(59978), 68001-23-31-000-2009-00286-01(49042), 68001-23-31-000-2009-00340-01(48954) y 76001-23-31-000-2009-00722-01(48583). De forma concreta en la sentencia 57848 el magistrado ponente pese a manifestar su desacuerdo con el precedente de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, dispuso la aplicación de dichos precedentes. [79] Así las cosas, “si la terminación del proceso responde a su preclusión y si, por igual razón, la inocencia de la persona se sigue presumiendo, no hay cabida a hablar de un daño (mucho menos antijurídico) ni de una privación injusta de la libertad sobre la cual se pueda edificar un deber indemnizatorio fundamentado exclusivamente en la vulneración de dicha presunción. Por esta razón, pretender que la imposición de una medida de aseguramiento, como la detención preventiva, se funde en la recaudación de una plena prueba de responsabilidad penal no es otra cosa que la contraposición a los postulados procesales dispuestos para tal fin por el legislador y a las atribuciones que la Constitución ha otorgado con ese mismo propósito a los jueces y a los órganos de investigación”. [80] Por lo tanto, “la medida de detención preventiva de una persona no está condicionada a la existencia de una prueba categórica e indefectible de su responsabilidad penal, sino a que medie un mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por un motivo previamente definido en la ley (como la existencia de indicios en su contra), requisitos sin los cuales su imposición sí se torna injusta e, incluso, ilícita y da lugar a que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado”. [81] Artículo 250. 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.// 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.// 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.// 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.// 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.//6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. //7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.// 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. [82] Según la providencia “[e]n estos casos, la causal exonerativa de responsabilidad consiste en que el comportamiento gravemente culposo o doloso de la víctima lo ha expuesto al daño, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de actuar, es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’”. [83] Folio 3 del cuaderno de instancia del proceso de tutela. [84] “ARTÍCULO 313. PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: (…) 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años”. y otrosa﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽nistraa ferido porinstancia que negaron la accien su equipaje. exclusiva de la vñiorigen. [85] “ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”. [86] “ARTÍCULO 314. SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: (…) 4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales”. [87] “Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos: 1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado. 2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad. 3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento. 4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. 5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. 6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente”. [88] “Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta decisión no procede recurso alguno”. Ver sentencia C-456 de 2006. [89] Ver folio 58 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500. [90] Sentencias T-442 de 1994. [91] Estos dos conceptos médicos son diferentes. La cuadriparesia se distingue de la cuadriplejia en que en esta última hay inmovilidad en vez de simplemente debilidad. [92] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de 2010 y T-466 de 2012. [93] Ver folios 569 al 584 del cuaderno 1 del proceso de reparación directa radicado 63001333375320140021500.

T-046-21 Sentencia T-046/21 Referencia. Expedientes T-7.899.762 y T-7.910.085 (acumulados) Acciones de tutela instauradas por: i) Ramón Esteban Laborde Rubio - Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario- en representación de la comunidad indígena de Sardina (T-7.899.762); y ii) Ramón Esteban Laborde Rubio - Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario- en representación de la comunidad indígena del Resguardo Rio Alto San Juan (T-7.910.085). Magistrado ponente JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintiuno (2021). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 3 de marzo de 2020, que negó el amparo invocado por el Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario en representación de la Comunidad indígena  de Sardina (expediente T-7.899.762); y el fallo del 26 de julio de 2019, dictado por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá que negó las pretensiones presentadas por el Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario en representación de la Comunidad indígena  del Resguardo Rio Alto San Juan (expediente T-7.910.085). I. ANTECEDENTES Elementos comunes en las acciones de tutela acumuladas 1.  El señor Ramón Esteban Laborde Rubio, Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario, interpuso acción de tutela en representación de las comunidades indígenas de La Sardina ubicada en el municipio de El Bagre, Antioquia y el Río Alto San Juan ubicada en el municipio de Urabá, Antioquia, al considerar vulnerados los derechos fundamentales al territorio, a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos, al ejercicio del gobierno propio, al mínimo vital, al debido proceso administrativo y a la dignidad humana, como lo reconoció la Corte en la sentencia T-025 de 2004, donde se declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos fundamentales de la población víctima del desplazamiento forzado. 2.  Advirtió que mediante el Auto 266 de 2017 se determinó que persiste el estado de cosas inconstitucional y puntualmente ordenó a la ANT poner “en marcha una estrategia inmediata de trabajo para avanzar de manera gradual y progresiva en la definición de la situación jurídica de las solicitudes de formalización de territorios étnicos, en especial, de aquellos casos donde la inseguridad territorial resulta asociada con factores de riesgo conexos y vinculados al conflicto armado y la violencia generalizada”. 3. El representante del Ministerio Público expuso que existe un déficit en el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, ya que los procedimientos de clarificación para la reafirmación de la seguridad jurídica de los títulos de resguardos, padecen demoras irrazonables de años y en ocasiones décadas, producto de la falta de coordinación interinstitucional. En tal sentido advirtió una masiva y generalizada vulneración de los derechos territoriales fundamentales de los pueblos indígenas. 4. En orden a lo expuesto eleva pretensiones individuales y estructurales. En cuanto a las primeras solicita: i) declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas; ii) ordenar que se adopten las medidas legislativas, administrativas institucionales y financieras para superar el estado de cosas inconstitucional; iii) ordenar al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Tierras -ANT y a las demás autoridades competentes, que adopten la política pública en la materia, en concertación con las comunidades indígenas; iv) ordenar a la ANT que elabore un plan para evacuar la totalidad de las solicitudes de procedimientos territoriales indígenas; v) ordenar a las autoridades catastrales, Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que suministren la información y certificados catastrales que se requiera; vi) ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación –DNP, adoptar las medidas para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad de las medidas necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional. Hechos específicos de cada caso Expediente T-7.899.762 (Comunidad indígena La Sardina) Hechos 5. En el acta de acuerdos logrados entre los pueblos indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional del 19 al 23 de octubre de 2013 en el resguardo La María (Piendamó, Cauca), el Gobierno se comprometió a documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT), 400 expedientes sobre la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. Dentro de estos expedientes se encuentra la constitución del resguardo indígena de La Sardina, de la etnia Zenú ubicado en el municipio El Bagre, Antioquia. El 24 de noviembre de 2016, la ANT resolvió avocar el conocimiento del expediente de constitución de resguardo indígena La Sardina[1]. 6. El 28 de noviembre de 2016 la ANT decidió iniciar de oficio el procedimiento de constitución de resguardo indígena La Sardina, en atención a lo consagrado en el artículo 2.14.7.3.1. del Decreto 1071 de 2015. En consecuencia, dispuso la realización de la visita establecida en el artículo 2.14.7.3.4[2] del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2017 y la ejecución del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras. 7. La etapa publicitaria de la anterior decisión se surtió de la siguiente manera: i) se comunicó al representante legal del resguardo; ii) se informó al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia; iii) se publicó durante 10 días hábiles (del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2016) en la Alcaldía del Municipio El Bagre el acto de inicio del procedimiento, con el objetivo de informar a las personas que se consideren con derecho a intervenir en el procedimiento. 8.       Como consta en el expediente[3], del 19 al 23 de diciembre de 2016 se llevó a cabo visita al resguardo La Sardina de la etnia Zenú. En dicha visita, mediante acta se reiteró la necesidad de: “(…) constituir el resguardo, en beneficio de la comunidad indígena La Sardina, con un área aproximada de 30 Has, correspondiente a tierras de un lote de terreno ubicado en el paraje la Manzana del municipio de el Bagre”. Además, sobre la tenencia de tierras se indicó que: “Por consecuencia del desplazamiento forzado se asentaron en el territorio actual a finales de la década de los 80, en un lote cedido por una persona que lo explotaba para la minería. Pretenden ampliar su territorio para la explotación de la ganadería y la agricultura”. Por último, en el acápite de observaciones se dejó la siguiente constancia: “Por los procesos de colonización, evangelización y cercanía con centros urbanos, la comunidad presenta una notoria perdida cultural. Gran influencia de la minería en la parte ambiental económica y cultural”. 9. A partir del resultado de la información obtenida en visita a la comunidad, se elaboró el documento “estudio socioeconómico”, así como el levantamiento topográfico, el que quedó consignado en el plano 05250537, con un área de 23 Has - 4494 M2. 10.       El 29 de agosto de 2018 se elaboraron los estudios jurídicos de títulos y se remitió el expediente al Ministerio del Interior para que emitiera concepto favorable para la constitución del resguardo. El Ministerio realizó devolución del expediente para que se completara la información conforme a lo establecido en el capítulo 3 del Decreto 1071 de 2015, debido a la ausencia de la solicitud de constitución del resguardo en el expediente. 11. A partir de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT (radicado 20205100039871 del 16 de enero de 2020), informó al Ministerio de Interior que conforme a lo establecido en los acuerdos con la MINGA La María, se dio inicio al proceso de constitución del resguardo indígena La Sardina, teniendo en cuenta la facultad otorgada en el artículo 2.147.3.1 del Decreto 1071 de 2015. En vista de lo anterior, se anexó oficio enviado por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el 5 de diciembre de 2019, mediante la cual se anexó el acta de priorización del Resguardo Indígena La Sardina. 12. La ANT informó que remitió nuevamente el procedimiento de constitución del resguardo indígena La Sardina al Ministerio de Interior, para que emitiera concepto previo en correspondencia con el artículo 2.14.7.3.6 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. 13. Teniendo en cuenta que no se ha resuelto definitivamente la solicitud de constitución del resguardo indígena La Sardina, la parte actora solicita: (i) conceder el amparo de los derechos fundamentales al territorio, a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos, al ejercicio del gobierno propio de las comunidades indígenas, al mínimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana; y (ii) se ordene a la ANT que en un término no mayor de 48 horas, culmine la actuación administrativa de constitución a favor de resguardo indígena La Sardina. Trámite procesal a partir de la acción de tutela 14.  Mediante auto del 19 de diciembre de 2019[4], el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito dispuso: i) avocar la acción de tutela ii) vincular a la Presidencia de la Republica, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y iii) oficiar a la accionada y a los vinculados. Respuestas de las entidades accionadas 15. Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Da respuesta a la solicitud adjuntando el informe de “estado de cosas inconstitucional de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”[5], señalando que, a pesar de que se registran 768 resguardos indígenas dentro de las violaciones sistemáticas al derecho de propiedad colectiva por parte del Estado se encuentran cerca de 900 solicitudes de comunidades indígenas a las que no se les han reconocido sus territorios ancestrales, datos que han sido reafirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[6]. 16. Recomiendan la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en materia de territorios indígenas, con el objetivo de poner fin a la crisis de los derechos de los pueblos indígenas, se adopten las políticas estructurales y se doten de capacidad de decisión a los funcionarios públicos delegados ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. En consecuencia, solicita que se acceda tanto a las pretensiones estructurales como a las del caso concreto. 17. Instituto Geográfico Agustín Codazzi[7]. Indicó que no posee la competencia para adelantar procedimientos o tomar decisiones sobre la constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas; por lo tanto, se configuraría una falta de legitimación por pasiva. 18. El Departamento Nacional de Planeación[8]. Expuso que dentro de sus funciones no está la construcción y el saneamiento de resguardos indígenas, cargos que incumben a la ANT, entidad que cuenta con un proyecto de inversión denominado “implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional”, el cual contó con una asignación presupuestal de 24.000 millones, recursos que pueden ser empleados en la consecución de las pretensiones establecidas en esta tutela. 19. Superintendencia de Notariado y Registro[9]. Expresó que por medio del artículo 4° del Decreto 2723 de 2014 se estableció que el objeto de dicha entidad radica en la orientación, vigilancia, control e inspección de los servicios públicos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la administración del servicio público registral inmobiliario, por lo que no ha faltado a sus obligaciones. 20. Ministerio de Hacienda y Crédito público[10]. Manifestó que no les constan los hechos expuestos por el accionante y que dicha entidad no intervino de ninguna manera en tal acontecimiento, dado que sus funciones no se encuentran relacionadas con aprobar la constitución de los resguardos indígenas, emitir conceptos sobre su viabilidad, expedir resoluciones de constitución, ampliarlos, reestructurarlos o sanearlos. 21. Presidencia de la Republica[11]. Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al mismo tiempo ser desvinculada de los efectos de la decisión tomada en caso de ser favorables para el accionante. Además, requirió que se abstuviera de declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, debido a que se trata de una decisión que únicamente debe ser adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. 22. Ministerio de Interior[12]. Solicitó su desvinculación del proceso por la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que desde la expedición de la Ley 135 de 1961 la competencia para el reconocimiento de derechos sobre la tierra a las comunidades indígenas le pertenece a la ANT, quien figura como órgano legalmente autorizado responsable de impulsar, orientar y decidir en el proceso de legalización territorial indígena, competencia establecida en el artículo 1° del Decreto 2363 de 2015. Consideró que la ANT realizó las actuaciones procedentes para la constitución de la reserva indígena resguardo La Sardina del municipio de El Bagre, cumpliendo con lo establecido en el titulo 7°, capítulo 3° del Decreto 1071 de 2015. 23. La Agencia Nacional de Tierras señaló que frente a los hechos y pretensiones interpuestas por el accionante la subdirección de asuntos étnicos, dependencia a cargo del asunto, proporcionó un informe del 17 de enero de 2020[13] en el cual se consignó que “La ANT siendo conocedora de la precaria situación de tenencia de tierras de la comunidad Zenú La Sardina y teniendo de presente lo establecido en los acuerdos de la MINGA La María, donde se realizó la priorización del Resguardo Indígena La Sardina, decide iniciar de oficio el procedimiento de constitución del resguardo indígena, el cual ha surtido las siguientes etapas conforme al procedimiento establecido en el Decreto Único reglamentario 1071 de 2015”. 24. Hizo alusión a todas las etapas adelantadas para la constitución del resguardo La Sardina. Para ello advirtió que se encuentra pendiente del concepto del Ministerio del Interior, por lo que una vez se cumpla esta etapa se procederá a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la ANT. En atención a lo expuesto solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, se dé por terminado el presente trámite. Sentencias objeto de revisión 25. Primera instancia. El 24 de enero de 2020[14] el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá negó el amparo. Consideró que la ANT había realizado actuaciones procedentes para la constitución de la reserva indígena resguardo La Sardina. Además, se encuentra a la espera de que el Ministerio del Interior de concepto favorable, por lo que conminó a dicha entidad para que garantizara el debido proceso administrativo de la comunidad indígena del resguardo La Sardina y cumpliera con esta etapa. 26. Impugnación. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia[15]. Indicó que los argumentos expuestos por el Ministerio del Interior y por la ANT demostraban la vulneración al debido proceso y la negación injustificada del derecho fundamental al territorio que le asiste a la comunidad indígena La Sardina. El a quo desconoció que las actuaciones no se dieron dentro del plazo razonable y que la ANT no ha culminado el procedimiento. Mencionó que la Constitución consagra el debido proceso, el cual se aplica para todas las actuaciones judiciales y administrativas y se extiende a la titulación de tierras. 27. Explicó que, la Corte en la sentencia T-153 de 2019 acogió los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en ese contexto, estableció que las dilaciones administrativas referentes a las solicitudes de titulación generan incertidumbre en las comunidades étnicas, violentando el derecho al debido proceso administrativo. 28. Segunda instancia. El 3 de marzo de 2020 la Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que el trámite de constitución del Resguardo La Sardina se encontraba en su última fase, esto es, el concepto previo por parte del Ministerio del Interior para la aprobación del Consejo Directivo de la ANT. Por lo anterior, enfatizó que si el accionante consideraba que la parte accionada había desatendido lo que dispone el capítulo 3° del Decreto 1071 de 2015, debía iniciar la acción de cumplimiento. Expediente T-7.910.085 (comunidad indígena del resguardo Río Alto San Juan) Hechos 29. El 25 de junio de 2017[16] la comunidad indígena Río Alto San Juan, ubicada en el municipio de Urabá, Antioquia, solicitó a la ANT iniciar el procedimiento de constitución de reserva indígena, teniendo en cuenta que dicha comunidad se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza su existencia física y cultural[17]. La solicitud de constitución del Resguardo Indígena Altos de San Juan se encuentra enmarcada dentro del Plan de Salvaguarda Étnica, ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, buscando la preservación y la protección de las personas que habitan el territorio. 30. Mediante Auto del 17 de julio de 2017[18] la ANT inició formalmente el procedimiento de constitución del resguardo. Además, en el mismo pronunciamiento se programó la realización de la visita contemplada en el artículo 2.14.3.4 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2017 y la ejecución del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras del 7 al 13 de agosto de 2017. 31. Explicó que la etapa publicitaria de la decisión de dar inicio al procedimiento administrativo se surtió de la siguiente manera: i) se comunicó al representante legal del Resguardo; ii) se informó al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia; y iii) con el objetivo de informar a las personas que se consideren con derecho a intervenir en el procedimiento, se publicó durante 10 días (18 de julio al 3 de agosto de 2017) hábiles en la Alcaldía del municipio de Urabá el Acto de inicio del procedimiento. 32. Afirma que se efectuó la visita a la comunidad del 7 al 13 de agosto de 2017[19]. En esta diligencia se elaboró un estudio socioeconómico a fin de determinar los diferentes aspectos relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, concertación, distribución y disponibilidad de las tierras, así como el uso y aprovechamiento de las que estuvieren ocupando. En aquella oportunidad se consignó: “Se pretende constituir con 4 predios adquiridos por la gobernación de Antioquia ubicados en el corregimiento el Rayo y predio Donado de la comunidad el Polvillo, quebrada del medio la vereda”. 33. Manifestó que, habiéndose surtido las etapas mencionadas, a la fecha de presentación de la acción de tutela no se tenía conocimiento del estado del procedimiento administrativo. Basado en lo anterior solicitó: (i) conceder el amparo de los derechos fundamentales al territorio, a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos, al ejercicio del gobierno propio de las comunidades indígenas, al mínimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana; y (ii) ordenar a la ANT que en un término no mayor de 48 horas culmine la actuación administrativa de constitución a favor de resguardo indígena Río Alto San Juan, terminando las actuaciones administrativas de conformidad con el Decreto 1071 de 2015. Trámite procesal a partir de la acción de tutela 34.  Mediante Auto del 18 de diciembre de 2019 el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y dispuso vincular al Ministerio de Interior, a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, Consejo Directivo de la ANT, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Presidencia de la Republica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación -DNP[20]. Respuestas de las entidades accionadas[21] 35.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público[22]. Informó que una vez revisado el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF se encontró que el monto apropiado para el presupuesto de inversión en la ANT para la vigencia 2019 es de $316.424,3 millones, de los cuales $34.000 millones corresponden al proyecto de inversión: Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional. 36. La Agencia Nacional de Tierra. Indicó que la Dirección de Asuntos Étnicos determina la atención a partir de criterios de priorización y de un plan meticulosamente diseñado, donde se encuentran identificados los casos vinculados con el cumplimiento de órdenes judiciales orientadas a la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte a través de la sentencia T-025 de 2004. 37. Explicó que los criterios de priorización radican en solicitudes de la vigencia 2019, que beneficia a los pueblos y comunidades étnicas amparados con los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte. Así, la ANT proyectó para el 2019 adelantar 264 procedimientos, discriminados en 188 para comunidades indígenas y 76 para comunidades afrodescendientes. 38. Agregó que ha iniciado una revisión del repositorio de expedientes transferidos del INCODER, con el fin de establecer el universo de solicitudes y su respectivo estado. El resultado de esa labor arrojó un repositorio aproximado de 1515 solicitudes, 1136 de ellas corresponden al rezago entregado por el INCODER y 379 presentadas en vigencia de la ANT, de las cuales 1189 son de comunidades indígenas y 326 de comunidades afrodescendientes. 39. Advirtió que las actuaciones administrativas se van consolidando de acuerdo con la viabilidad técnica y jurídica de cada caso, y si bien éstas deberían surtirse acorde a los términos legalmente establecidos para ello, debido a las circunstancias particulares de cada caso, es posible que en determinadas situaciones el trámite demande un mayor espacio de tiempo. 40. Afirmó que antes de llegar hasta la instancia de aprobación del proyecto de acuerdo de constitución de un resguardo indígena, es importante resaltar que en el curso de los procedimientos de legalización puede suceder que las comunidades no cuenten con tierras suficientes y que sea necesario surtir un proceso de compra, cuyo trámite en condiciones normales demora por lo menos 8 meses. Destacó que en otros casos los comuneros deben primero agotar procesos de donación de sus tierras a favor de la comunidad, para así consolidar la aspiración territorial destinada a la legalización, circunstancia que puede demorar años. 41. Explicó que existen muchas particularidades que impiden que los procedimientos sean culminados en una sola vigencia y en determinadas situaciones se deban incorporar cambios en el plan de atención dependiendo de la viabilidad de cada caso. Con todo enfatizó que culminó 60 procedimientos en beneficio de 43 comunidades indígenas y 17 consejos comunitarios. Lo cual les ha permitido garantizar los derechos de las comunidades étnicas a la propiedad colectiva, sin embargo, estos procesos se adelantan de acuerdo con la capacidad técnica, presupuestal y operativa de la ANT. 42. En cuanto al desarrollo de las actividades adelantadas en búsqueda de la constitución del Resguardo Indígena Río Alto San Juan, informó que se cumplieron las siguientes etapas: i) se presentó solicitud de constitución y se expidió el auto de visita (17 julio de 2017); ii) se llevó a cabo visita técnica (7 y 13 de agosto de 2017); iii) el estado actual corresponde al estudio y análisis para la consolidación del estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras; iv) el trámite a seguir corresponde a la solicitud del concepto del Ministerio del Interior, viabilidad jurídica, cruce de información geográfica y elaboración del acuerdo respectivo. 43. Explicó que, desde el conocimiento de la solicitud del resguardo hasta la fecha de respuesta de la acción de tutela, han adelantado las actividades correspondientes y que han estado a su alcance, mostrando su compromiso y diligencia en el desarrollo del trámite en cuestión y de su labor en general. 44. Advirtió que en atención a la etapa en que se encuentra el procedimiento administrativo para la constitución del resguardo indígena Río Alto San Juan, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT no ha sometido a conocimiento del Consejo Directivo el proyecto de acuerdo respectivo, por lo que no cuenta con legitimidad para pronunciarse y ser vinculado al presente trámite. Sentencias objeto de revisión 45. Primera instancia. El 23 de enero de 2020[23] el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá resolvió negar la solicitud de amparo. Comenzó por analizar la legitimación en la causa por activa del Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario, y afirmó que la facultad del Procurador para interponer acciones de amparo en nombre de otros debía estar sujeta a las normas procesales que regulan la acción de tutela en materia de agencia oficiosa. Consideró que el Procurador Ambiental y Agrario solo afirmó que actuaba en representación de la comunidad indígena Río Alto de San Juan, sin expresar las razones ni acreditar las circunstancias por las cuales la comunidad se encontraba imposibilitada para ejercer la defensa propia de sus derechos y sin que tampoco se pudiera deducir esta situación del escrito de tutela. 46. Acerca del estado de cosas inconstitucional expresó que se trataba de una situación compleja que comprende un conjunto de circunstancias, causas y factores que lo producen. Con respecto al Auto 266 de 2017, que nombra la parte actora, dijo que es la Corte la encargada de realizar el seguimiento en el marco de la sentencia T-025-2004, con el fin de determinar la existencia del estado de cosas inconstitucional, por lo que sería improcedente la pretensión respecto a este punto. 47. Impugnación. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia[24] y argumentó que en el fallo proferido el a quo no se había pronunciado de fondo sobre la vulneración a los derechos fundamentales invocados, ni tampoco acerca de las pretensiones del caso concreto. Estimó que el juez de instancia no realizó un estudio detallado de la garantía del plazo razonable ni del debido proceso, citando solamente la contestación dada por parte de la ANT. 48.  Segunda instancia. El 26 de julio de 2019[25] la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá confirmó la sentencia impugnada. Señaló que la ANT había adelantado las actuaciones correspondientes para lograr la titulación de las tierras a favor de la comunidad indígena del resguardo Río Alto de San Juan y que los tramites faltantes correspondían a autoridades diferentes a la ANT, los cuales no podían culminar en un término de 48 horas. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. Con base en los artículos 86 y 241 de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, la Sala Octava de Revisión de la Corte es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia. Planteamiento del problema jurídico 2. Con base en lo descrito, le corresponde a la Corte determinar si se vulneran los derechos fundamentales a la propiedad colectiva y al debido proceso administrativo de las comunidades indígenas accionantes por la presunta dilación en el trámite de constitución de los resguardos indígenas La Sardina y Río Alto de San Juan, entre 3 y 4 años. Aspecto que según el representante del Ministerio Público también genera la necesidad de declarar un estado de cosas inconstitucional. 3. Para resolver el problema jurídico planteado, esta Sala analizará el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, de cara al debido proceso administrativo y la obligación de definir la constitución de resguardos indígenas en un plazo razonable. A partir de estas consideraciones, se examinarán los casos concretos, donde se hará alusión a la procedencia de la acción de tutela y el análisis de fondo de la solicitud de amparo. Derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de cara a la obligación de definir la situación legal de los resguardos en un plazo razonable Fundamento constitucional e internacional 4. El artículo 63 superior expresamente hace alusión al derecho inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras comunales de los grupos étnicos. En igual sentido, el artículo 286, ejusdem, reconoce el derecho de las comunidades indígenas a contar con un territorio. Así mismo, el artículo 329 constitucional establece que “la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará (…) con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. // Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”. // La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte” (Negrilla fuera del original). Por último, el artículo 330 de la Carta dispone que los territorios indígenas deben estar gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, de conformidad con la Constitución y la ley. 5. En esos términos, el territorio colectivo indígena fue elevado a rango constitucional, con un régimen especial que protege el derecho de los pueblos indígenas a utilizar las tierras que han ocupado ancestralmente, de tal manera que puedan ejercer libremente sus usos, costumbres y tradiciones, como garantía del principio de diversidad étnica y cultural (art. 7° C. Pol.). 6. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Este mandato aplica también a la titulación de tierras y se concreta en dos facetas, a saber: i) el deber del legislador de establecer los procedimientos para garantizar la preservación de las comunidades indígenas y sus elementos constitutivos; y ii) el deber de las autoridades administrativas de orientarse bajo el criterio de la protección constitucional preferente[26]. 7. Corresponde al Estado actuar de manera diligente y sin dilaciones injustificadas, así como lograr una respuesta de fondo a las solicitudes ciudadanas[27]. En cuanto a las comunidades indígenas, la Corte ha sostenido que dicha obligación se traduce en garantizar el acceso a los territorios, su delimitación y titulación, dentro de un plazo razonable[28]. 8. Por su parte, la comunidad internacional ha proferido una serie de normas que reconocen y protegen el derecho de estos pueblos a habitar sus territorios, entre las cuales se destacan los Convenios 107[29] y 169[30] de la OIT. Allí se reconoce la importancia que tiene el territorio colectivo para la permanencia y existencia de los pueblos indígenas y tribales, y que la ocupación de dichas tierras se ha visto amenazada por diversas situaciones de índole social, político, económico, administrativo, entre otros. 9. El Convenio 107 de la OIT, contempla la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otros grupos tribales. Así, en los artículos 11, 12, 13 y 14 señala: (i) el deber de reconocer el derecho de propiedad colectiva a favor de los pueblos indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos; (ii) la prohibición de trasladar estas comunidades de sus territorios habituales sin su libre consentimiento y, en caso de resultar necesario por razones de seguridad nacional, entre otras, restituirlas en tierras de iguales o mejores condiciones; (iii) el respeto por los usos y costumbres dado por las comunidades indígenas a sus territorios con el deber estatal de emitir medidas legislativas que las protejan de intervenciones arbitrarias de terceros; y (iv) el deber de que los programas agrarios nacionales garanticen a las comunidades indígenas la asignación de territorios adecuados para su subsistencia. 10. Posteriormente, la OIT expidió el Convenio 169 donde cambió la concepción respecto de la protección de los pueblos indígenas. En lo atinente a la tierra, en el artículo 13 establece que los Estados tienen el deber de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación” (numeral primero); y aclara que “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” (numeral segundo). 11. Por su parte, el artículo 14 consagra los deberes que tienen los Estados en materia de acceso de los pueblos indígenas a sus territorios. En concreto, indica: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. (…) 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. 12. En el derecho internacional también existen otros instrumentos que han desarrollado el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Al respecto se destacan: (i) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General mediante Resolución 61/295 de 2007, en particular sus artículos 3[31], 4[32], 5[33], 26[34] y 27[35]; y (ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el alcance del derecho a la propiedad privada contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[36]. 13. A nivel de la interpretación convencional existen pronunciamientos específicos de cara a la importancia del derecho a contar con un procedimiento adecuado para la titulación de tierras en un plazo razonable. Este organismo internacional ha establecido que los Estados tienen el deber de dar “certeza geográfica” a la propiedad comunitaria. En el caso Awas Tingni Vs. Nicaragua[37], la Corte IDH se refirió a los deberes de “delimitar” y “demarcar” el territorio, además de la obligación de “titularlo”. También en el caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano Vs. Panamá[38], la Corte IDH expresó que “el deber de los Estados de adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad implica necesariamente, en atención al principio de seguridad jurídica, que el Estado debe demarcar, delimitar y titular los territorios de las comunidades indígenas […]. Por tanto, el incumplimiento de dichas obligaciones constituye una violación al uso y goce de los bienes de los miembros de dichas comunidades”. Se estableció que la titulación y demarcación deben implicar el uso y goce pacífico de la propiedad. 14.       Posteriormente, la Corte IDH destacó en el caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam[39] que “en atención al principio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales derechos en la práctica”, y los haga oponibles ante las propias autoridades estatales o frente a terceros[40]. 15.       Recientemente, en el caso comunidades indígenas miembros de la asociación lhaka Honhat Vs. Argentina[41] se recordó que los Estados deben: “a.- deslindar las tierras indígenas de otras y otorgar título colectivo de las tierras a las comunidades; b.- abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio, y c.- a su vez, garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar y usar efectivamente su territorio y recursos naturales, así como de ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros”. Jurisprudencia en relación con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y el debido proceso administrativo (plazo razonable), en el marco de procesos de constitución de resguardos indígenas 16.       Desde sus primeros pronunciamientos la Corte reconoció el derecho la propiedad colectiva de los grupos indígenas. Así, en la sentencia T-188 de 1993, se señaló que “El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito, dada la protección constitucional del principio de diversidad étnica y cultural, un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas”. Luego en la sentencia T-652 de 1998 se reiteró que “el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre los territorios que tradicionalmente habitan comprende el derecho a la constitución del resguardo en cabeza del pueblo indígena”. 17.       También, en la sentencia T-079 de 2001 esta Corporación abordó una problemática similar y resolvió el asunto desde la perspectiva del derecho fundamental al debido proceso administrativo. Al respecto señaló que “los procesos administrativos de ampliación de resguardos indígenas que adelanta el INCORA, deben observarse la plenitud de las formas previstas en la ley previa para tales procedimientos”. Más adelante, en la sentencia T-433 de 2011 se advirtió que “en la base de nuestro Estado social de derecho se encuentra la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, y que ésta no puede concebirse sin el reconocimiento integral del derecho territorial de los grupos étnicos a las tierras que tradicionalmente ocupan.” Añadió que las garantías del debido proceso administrativo, en el marco de constitución de resguardos indígenas, “puede verse infringido ante dilaciones administrativas que perpetúen la incertidumbre de los derechos fundamentales de la comunidad indígena, por la indefinición de la titulación que les corresponde culminar”. 18.       En la sentencia T-009 de 2013 se reiteró que el derecho al territorio colectivo de los pueblos indígenas comprende “el derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han ocupado tradicionalmente” y, por otro, que “las dilaciones administrativas que perpetúen la incertidumbre de los derechos fundamentales de la comunidad indígena  por la indefinición de la titulación que les corresponde culminar, infringe el derecho al debido proceso administrativo” (esta postura fue replicada en la sentencia T-379 de 2014). 19. Finalmente, por tratarse de casos similares a los que ahora ocupan la atención de esta Sala de Revisión, se hace énfasis en las sentencias T-737 de 2017 y T-153 de 2019. Así, en la sentencia T-737 de 2017 la Corte conoció una acción de tutela interpuesta por la comunidad indígena Embera Katío del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UARIV, con vinculación de la ANT, ante la indefinición prolongada del proceso de constitución de ese resguardo indígena. 20. La Corte encontró que a pesar de evidenciar la realización de esfuerzos importantes por parte de algunas entidades en relación con el proceso de constitución del resguardo y la atención humanitaria de la comunidad Embera Katío, no es admisible ni se encuentra justificado que las autoridades competentes incurrieran en una dilación en el proceso de adquisición y titulación colectiva del predio necesario para la subsistencia de la comunidad. 21. En tal medida, se ordenó a la ANT que, en aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía, adoptara las medidas indispensables y realizara las actuaciones que sean necesarias para finalizar el proceso de constitución del resguardo. Para ello, se advirtió que la ANT y las entidades que intervienen en este procedimiento debían cumplir con sus funciones en los términos y plazos establecidos por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, se ordenó a la ANT que en aplicación de los principios de eficacia, celeridad y economía, adoptara las medidas indispensables y necesarias para finalizar el proceso de constitución del resguardo promovido a favor de la comunidad Embera Katío, cumpliendo con los términos y plazos establecidos por el ordenamiento jurídico –Ley 160 de 1994, Decreto 2164 de 1995, y en el Decreto compilatorio 1071 de 2015. 22. En sustento de la decisión se afirmó que “el Estado, en cabeza de las autoridades competentes de adelantar los procesos de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardo, es responsable de la violación, por un lado, del derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado ancestralmente y, por otro, del derecho al debido proceso administrativo, cuando sus actuaciones no se ajustan a las normas que definen los términos en que deben ser tramitados los procedimientos referidos, sin justificación alguna, y con desconocimiento de los plazos razonables de solución”. 23. A su vez, en la sentencia T-153 de 2019 correspondió determinar si se vulneraron los derechos fundamentales a la propiedad colectiva y al debido proceso administrativo de las comunidades Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb, por la demora de la ANT en el proceso de titulación de tierras a su favor. Reiteró que el derecho fundamental a la propiedad colectiva lleva implícito un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas. Este derecho debe desarrollarse a través de disposiciones legales y reglamentarias, como lo son la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015. Encontró que las comunidades llevaban 6 años sin obtener respuesta alguna, lo cual pareciere contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales. Además, no se configura ninguno de los criterios que justifica la dilación, a saber, la complejidad, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades estatales. En tal medida, la Corte ordenó a la ANT que dentro de los 3 meses siguientes a esa decisión concluya el procedimiento de titulación de tierras y decida de fondo sobre la solicitud realizada por las comunidades accionantes. 24. Como sustento de su decisión este Tribunal estableció que “las relaciones entre la comunidad y el territorio indígenas se concreta, entre otros, en los siguientes escenarios constitucionales[42]: a) el derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han ocupado tradicionalmente; b) el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de sus resguardos; c) el derecho a disponer y administrar sus territorios; d) el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio; e) el derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica y; f) el derecho a ejercer la autodeterminación y autogobierno”. Además, se advirtió que “las dilaciones administrativas que perpetúen la incertidumbre de los derechos fundamentales de la comunidad indígena por la indefinición de la titulación que les corresponde culminar, infringe el derecho al debido proceso administrativo[43]”. Normativa interna 25. En lo que respecta al desarrollo legislativo interno han existido diversos cuerpos normativos a partir de los cuales se ha construido el concepto y alcance del territorio colectivo indígena. Estos han sido preconstitucionales[44] y otros en vigencia de la actual Carta Política, que a continuación proceden a desarrollarse. 26. La Ley 160 de 1994[45] asignó al extinto INCORA (hoy ANT[46]) la función de estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y constituir, ampliar, sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de las respectivas parcialidades (art. 12.18). Por su parte, el artículo 85 consagró como competencia de la ANT: i) estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para el efecto de dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo; y ii) llevar a cabo el estudio de los títulos que las comunidades indígenas con el fin de establecer la existencia de los resguardos. 27. Competencia que se materializa en tres escenarios, a saber: i) constituir o ampliar resguardos de tierras; ii) saneamiento de aquellos resguardos que estuvieren ocupados por personas que no pertenecen a la comunidad indígena; y iii) reestructurar y ampliar los resguardos de origen colonial, previa clarificación de la vigencia de los respectivos títulos. 28. El Decreto 2164 de 1995[47] abordó de manera inicial las competencias, las definiciones y los procedimientos necesarios para la constitución, restructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas. Esta normativa fue posteriormente compilada en el Decreto 1071 de 2015[48], donde se especifican las definiciones sobre territorio, comunidad, reserva, autoridad tradicional y cabildo indígena, las cuales son esenciales para la tramitación del proceso de constitución de resguardo (art. 2.14.7.1.2.) Para el asunto objeto de estudio, es importante mencionar las siguientes: “1. Territorios indígenas. Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. 2. Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. 3. Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el Incoder a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.” 29. En relación con la naturaleza jurídica de los resguardos indígenas, el Decreto 1071 de 2015 (art. 2.14.7.5.1.) establece que son propiedad colectiva de las comunidades indígenas y tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme con los artículos 63 y 329 de la Constitución. Agrega que constituye una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. 30. Ahora bien, el procedimiento para la constitución de un resguardo indígena cuenta con las siguientes fases: i) solicitud (art. 2.14.7.3.1.); ii) conformación de expediente (art. 2.14.7.3.2.); iii) inclusión del trámite en la programación de la entidad competente (art. 2.14.7.3.3.); iv) visita a la comunidad indígena  interesada y al área pretendida (art. 2.14.7.3.4.); v) rendición de estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, para lo cual la entidad competente tendrá un término de treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación de la visita (art. 2.14.7.3.5.); vi) concepto del Ministerio del Interior, rendido dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo del estudio (art. 2.14.7.3.6.); vii) expedición de la resolución de constitución dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del Ministerio referenciado (art. 2.14.7.3.7.); y viii) publicación, notificación y registro de la resolución de constitución de resguardo (art. 2.14.7.3.8.). 31. A efectos de dar mayor claridad se expone el procedimiento en el siguiente cuadro. Formalización de territorios[49] Etapa del procedimiento Actuaciones Términos Etapa previa Solicitud Recepción de la solicitud 5 días hábiles Verificación de priorización 1 día hábil Apertura de expediente Emisión del auto Programación y realización de la visita Auto de visita Elaboración del Auto 1 día hábil Comunicación del Auto 1 día hábil Comunicación del auto de visita a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- Comunicación al Ministerio 1 día hábil Concepto de Cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad por parte del MADS Concepto rendido por el Ministerio 30 días hábiles Control de fijación y desfijación y/o notificación de actos administrativos Controlar término de fijación y desfijación del edicto y demás notificaciones 10 días hábiles Fijación de edicto Fijación del edicto 10 días hábiles Planeación de visita Planeación de visita 5 días hábiles Visita Visita 15 días hábiles Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras Estudio socioeconómico Elaboración del estudio socioeconómico 30 días hábiles Conceptos del Ministerio del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible Remisión del expediente a los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Inmediatamente Revisión del estudio 5 días hábiles Validación de planos y linderos 15 días hábiles Subsanación de nulidades 0 días hábiles Remisión del expediente al Ministerio del Interior 1 día Emisión de concepto del Ministerio del Interior 20 días calendario Aprobación, publicación y registro del Acuerdo Expedición del Acuerdo Resolución de oposiciones 30 días hábiles Revisión jurídica del expediente Proyección del Acuerdo Remisión a Oficina Jurídica Concepto de viabilidad jurídica Presentación de proyecto de Acuerdo al Consejo Directivo de la ANT Aprobación del Acuerdo de legalización del territorio Elaboración de notificaciones 1 día hábil Resolución de recursos de reposición 10 días hábiles Remisión de Acuerdo de Publicación 1 día hábil Solicitud de publicación 2 días hábiles Publicación del Acuerdo 30 días hábiles Trámite del registro del Acuerdo 1 día hábil Registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 8 días hábiles Otros Comunicación al Fondo de Tierras para la reforma rural integral 1 día hábil Verificación de soportes 5 días hábiles Total 232 días hábiles, 21 días calendario (entre 12 y 13 meses) 32. De lo expuesto es viable concluir que el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos, procedimentales y sustantivos, para constituir, ampliar, reestructurar y sanear resguardos indígenas, donde se destaca: i) la competencia de las autoridades estatales en el proceso de constitución de resguardos; ii) los conceptos de territorio, tierra, resguardo, reserva indígena; y iii) los procedimientos con periodos específicos para titular territorios colectivos. 33. En este sentido es importante resaltar que la constitución de los resguardos garantiza a los pueblos indígenas el acceso a una tierra en la que pueden desarrollar, adecuadamente, sus tradiciones y costumbres, así como, mejorar la calidad de vida de sus integrantes, teniendo en cuenta la relación que se establece entre estas comunidades y sus territorios, para la preservación de su cultura y el respeto hacia sus valores espirituales. Lo anterior permite corroborar el carácter fundamental del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, lo que implica que el reconocimiento se dé en plazos oportunos. Casos concretos Procedencia de la acción de tutela en los asuntos acumulados 34. Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona, por sí o por quien actúe en su nombre, tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados. En el mismo sentido, el Decretó estatutario 2591 de 1991 en el artículo 10 dispuso que la acción de tutela podía ser interpuesta por la misma persona o su representante[50], por agente oficioso[51], cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de hacerlo (lo cual debe manifestar en la acción), por el defensor del pueblo y por personeros municipales[52]. 35. La Corte en amplia jurisprudencia[53] ha expresado que una comunidad indígena es sujeto de derechos fundamentales, dado que es “un sujeto colectivo y no la sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o agrupados”[54]. Es por lo anterior que esta Corporación también ha expresado que como titulares de derechos, sus dirigentes y miembros pueden actuar en sede de tutela para la protección de los derechos de la comunidad. Del mismo modo, pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de sus derechos y la Defensoría del Pueblo[55]. La Corte ha sostenido que la Defensoría del Pueblo y organizaciones creadas para la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas también son competentes para interponer la acción de tutela[56]. 36. Por su parte, el numeral 7° del artículo 277 de la Constitución le otorga al Procurador General de la Nación la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales, cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Del mismo modo, el numeral 2° del artículo 7 del Decreto ley 262 de 2000 indica que el Procurador General de la Nación tiene como función: “Formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos”. 37. Con respecto a los casos en cuestión, ambos cumplen con la legitimación en la causa por activa teniendo en cuenta que respecto al primero (T-7.899.762), el señor José Suarez Talaigua, en calidad de Cacique de la comunidad indígena La Sardina, solicitó al Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario que iniciará las funciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la Comunidad indígena[57]. En relación con el segundo (T-7.910.085), el señor Manuel Francisco Hernández Suarez, en calidad de cacique mayor de la comunidad Rio Alto San Juan de la etnia Sinú, ante el mismo funcionario pidió que se iniciaran las labores judiciales y administrativas para garantizar los derechos en relación con el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena. 38. Por último, es importante tener en cuenta que las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios, ejercen funciones de carácter preventivo, de control de gestión en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras (art. 46 Decreto 262 de 2000). 39. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 86 de la Constitución y el artículo 5º del Decreto estatutario 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser propuesta contra toda autoridad públicas que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales y contra los particulares en los casos que indique la ley. La sentencia T-278 de 2018 expresó que dentro del trámite de tutela la legitimación en la causa por pasiva hacía referencia a la “(…) capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela”, teniendo en cuenta que sobre este recaería la responsabilidad por la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. 40. En estos casos las acciones de tutela se dirigen contra la ANT, entidad que conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2363 de 2015 es una agencia estatal de naturaleza especial, ubicada en el sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Ella es competente, por una parte, para adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en los casos establecidos en la Ley y, por otra, para hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades, y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por el INCORA, según el artículo 4° numerales 10 y 12 del Decreto 2363 de 2015. Ello implica que la entidad es la responsable directa de la definición de la titulación de tierras y, en consecuencia, de la garantía a los derechos fundamentales a la propiedad colectiva y al debido proceso. Por tanto, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación por pasiva. 41. En el mismo sentido ocurre con el Ministerio del Interior que también cumple una función específica al interior del trámite para construir resguardos indígenas, como lo es la obligación de expedir un concepto sobre la viabilidad del trámite (art. 2.14.7.3.6 del Decreto 1071 de 2015). 42. En ese orden de ideas, la ANT y el Ministerio Público se encuentran legitimados en la parte pasiva en las solicitudes de amparo objeto de revisión, por ser las encargadas de adelantar e intervenir en los trámites de constitución de resguardos indígenas. 43. Subsidiariedad. Este requisito se refiere a que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no tenga a su alcance otro medio de defensa judicial, excepto que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que se encuentra establecido en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6° del Decreto estatutario 2591 de 1991. 44. Existen dos excepciones donde a pesar de que existe otro mecanismo es procedente la acción de tutela: i) cuando se acude a la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable; o ii) cuando las vías ordinarias que tiene el accionante para la protección de sus derechos fundamentales no son idóneas o eficaces para la protección de estos[58]. Por lo tanto, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva. 45. Teniendo en cuenta que el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela tiene que ser estudiado en cada caso concreto, con relación a las comunidades indígenas, la Corte ha tenido en cuenta las circunstancias particulares de estos sujetos tomando como referentes: “(i) La discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas. (ii) Las cargas excesivas que soportan las comunidades para el acceso a la administración de justicia derivadas de su ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas que enfrentan y las dificultades en el acceso a la asesoría jurídica y representación judicial. (iii) La caracterización de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional. (iv) La jurisprudencia constitucional como fuente principal de desarrollo de los derechos de las comunidades”[59] 46. Adicionalmente, este Tribunal también ha hecho alusión a la barrera de acceso a la propiedad colectiva por retardo en el proceso de constitución de resguardo indígena, entendido como un problema de orden jurídico-administrativo que puede afectar los derechos fundamentales tales como el debido proceso, la identidad étnica y cultural, entre otros[60]. Asimismo, ha sostenido que procede la acción de tutela cuando se presenten retardos injustificados en el procedimiento de constitución, ampliación, restructuración y/o saneamiento del resguardo indígena[61], pues ello implica, en principio, una violación de los derechos fundamentales de la comunidad indígena[62]. 47. Aunado a lo anterior, es importante advertir que contrario a lo señalado por uno de los jueces de instancia[63], quien indicó que la comunidad actora contaba con la acción de cumplimiento, la Sala recuerda que el artículo 9 de la Ley 393 de 1997[64] “la Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela”. En consecuencia, dicho argumento es inoponible en el caso bajo estudio, dado que se pretende la protección de los derechos al debido proceso administrativo y a la propiedad colectiva, los que en casos similares han sido objeto de protección constitucional a través de la acción de tutela[65]. 48. Teniendo en cuenta que, en los casos en cuestión, se está reclamando la protección al derecho fundamental a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y que con la demora en el proceso de constitución de resguardo se podrían vulnerar los derechos fundamentales de las mismas, siendo esto un problema de orden jurídico-administrativo[66] se entendería cumplido el requisito de subsidiariedad para ambos casos. 49. Inmediatez. En los asuntos objeto de análisis debe tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido que, en aquellos casos en los cuales hay dilación injustificada en los procesos de titulación de tierras, puede configurarse una vulneración al derecho a la identidad étnica y cultural, la cual permanece en el tiempo por lo que se cumple este presupuesto[67]. En un caso análogo al que ocupa la Sala, la Corte estudió la acción de tutela que interpuso el Gobernador del resguardo indígena Marimba Tuparro, perteneciente al pueblo Sikuani y Mapayerry del Vichada, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER, por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la identidad étnica y cultural de dicho pueblo, por el retardo injustificado en el adelantamiento del proceso de constitución de resguardo. En lo que respecta al análisis de procedencia formal, este Tribunal determinó que la solicitud de amparo superaba el requisito de inmediatez, al considerar que dicha conducta de la Administración mantenía en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad[68]. 53. En los asuntos sub examine, la Sala concluye que las acciones de tutela fueron interpuestas dentro de un término razonable respecto del presunto momento en el que se causó la vulneración, por cuanto la mora en la realización del proceso de constitución de resguardo ha ocasionado que se prolongue en el tiempo la afectación de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades La Sardina y Río Alto San Juan. Cabe anotar que esta situación adquiere significativa importancia en la acreditación del requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que a la fecha de dictar esta providencia el proceso mencionado aún no ha concluido y las circunstancias en las que vive este pueblo indígena se mantienen iguales. Análisis de fondo de los casos sometidos a revisión Expediente T-7.899.762 (comunidad indígena de La Sardina) 50. El 24 de noviembre de 2016 la ANT en cumplimiento de los acuerdos logrados entre los pueblos indígenas que participaron en el Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional del 19 al 23 de octubre de 2013 resguardo La María (Piendamó, Cauca), se avocó el conocimiento del expediente de constitución de resguardo indígena La Sardina. Para dar claridad a esta situación se condensan los términos respectivos en el siguiente cuadro: Formalización de territorios Etapa del procedimiento Actuaciones Términos Etapa previa Solicitud Recepción de la solicitud Inicio de oficio Apertura de expediente 24 noviembre 2016 Programación y realización de la visita Auto de visita Elaboración del Auto 28 noviembre 2016 Comunicación del Auto 28 noviembre 2016 Visita Visita 20 diciembre 2016 Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras Estudio socioeconómico Elaboración del estudio socioeconómico Diciembre 2016 Concepto del Ministerio del Interior Remisión del expediente al Ministerios del Interior 16 enero 2020 51. De lo expuesto se advierte que las primeras etapas se cumplieron dentro de los términos establecidos, dado que se contaba con el término de 45 días hábiles y se desarrollaron en poco más de un mes, no obstante, el proceso sufrió un estancamiento a partir de la remisión del expediente al Ministerio del Interior debido a que esta etapa ha tomado alrededor de 3 años, cuando el término previsto para emitir concepto es de 30 días. 52. Ahora bien, corresponde hacer alusión a las etapas subsiguientes y pendientes, las que se citan en el siguiente cuadro. Etapa del procedimiento Actuaciones Términos Concepto del Ministerio del Interior Emisión de concepto del Ministerio del Interior 30 días calendario Aprobación, publicación y registro del Acuerdo Expedición del Acuerdo 30 días hábiles Elaboración de notificaciones 1 día hábil Resolución de recursos de reposición 10 días hábiles Remisión de Acuerdo de Publicación 1 día hábil Solicitud de publicación 2 días hábiles Publicación del Acuerdo 30 días hábiles Trámite del registro del Acuerdo 1 día hábil Registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 8 días hábiles Otros Comunicación al Fondo de Tierras para la reforma rural integral 1 día hábil Verificación de soportes 5 días hábiles Total 89 días hábiles y 30 días calendario (6 meses aprox.) 53. Lo expuesto muestra que del término inicial que debería durar el trámite de constitución del resguardo de 12 a 13 meses, actualmente ha tomado alrededor de 4 años y aún quedan 6 meses aproximadamente para culminar el proceso de titulación, siempre que se cumplieran los términos estrictamente, situación que como se ha podido observar no ha ocurrido en el trámite correspondiente. 54. La situación descrita ha impedido que la comunidad indígena de La Sardina defina la constitución de la reserva territorial, lo que termina por generar un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza su existencia física y cultural. Así, de manera general se podría afirmar que existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante, pues al momento de interposición del amparo habían transcurrido alrededor de 3 años desde el inicio de la actuación administrativa, sin que se hubiere resuelto el presente asunto, lo cual resulta contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales, además de la serie de consecuencias nocivas que se generan por la inoportunidad de la administración en el reconocimiento de sus derecho a la existencia como pueblo étnico. 55. Sin embargo, de cara a la figura de la mora justificada la Corte debe revisarse si dicha dilación se encuentra fundamentada por la complejidad del proceso, por la actuación de las partes o por algún factor válido que haya impedido la realización de los trámites[69]. 56. En cuanto a la complejidad del proceso, la ANT[70] expuso que se inició una revisión del repositorio de expedientes transferidos del INCODER, con el fin de establecer el universo de solicitudes y su respectivo estado. Resultado de esta labor arrojó un repositorio aproximado de 1515 solicitudes, 1136 de ellas corresponden al rezago entregado por el INCODER y 379 presentadas en vigencia de la ANT, de las cuales 1189 son de comunidades indígenas y 326 de comunidades afrodescendientes. Además, la ANT refirió que se han aplicado criterios de priorización para solicitudes con vigencia 2019, que beneficia a los pueblos y comunidades étnicas amparados en los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional. Así, proyectó para el 2019 adelantar 264 procedimientos, discriminados en 188 para comunidades indígenas y 76 para comunidades afrodescendientes. También refirió que las actuaciones administrativas se van consolidando de acuerdo con la viabilidad técnica y jurídica de cada caso, las que no siempre pueden surtirse en los términos legalmente establecidos para ello, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. 57. Los argumentos expuestos constituyen generalidades que no responden ciertamente a la mora ocasionada en este asunto, pues si bien puede advertirse una congestión al interior de la ANT, tal situación, no excepcional, no se encuentra justificada, al menos en lo que evidencia el expediente. Han transcurrido más de tres años sin que el proceso hubiere mostrado un avance necesario desde que se cumplió con la elaboración del estudio socioeconómico, existiendo, por ende, una actuación poco diligente de cara a obtener el concepto de Ministerio del Interior. 58. La dilación no se debe a una falta de actuación por parte de las comunidades interesadas. Una vez inició el proceso de constitución del resguardo La Sardina, se cumplió con el proceso de visita técnica, donde la comunidad permitió determinar datos importantes para el desarrollo de este trámite como lo es el área aproximada para establecer el resguardo, la asentación actual a consecuencia del desplazamiento forzado, así como la pérdida de cultura de sus miembros. 59. Al respecto es importante reiterar que con esta información se adelantó el estudio socioeconómico y se remitió el expediente al Ministerio del Interior para que emitiera concepto favorable para la constitución del resguardo (29 de agosto de 2018). Siendo competencia exclusiva de esa autoridad continuar con la etapa respectiva, con lo cual no puede argüirse que las comunidades afectadas hayan obstaculizado de forma alguna el proceso de constitución de resguardos. 60. La dilación no se justifica a partir de factores que condicionan el proceso. La Agencia Nacional de Tierras no informó que existiesen dichos factores, además, las disposiciones sobre el procedimiento no establecen plazos vagos para la realización de los respectivos trámites, por el contrario, fija plazos y establece consecuencias en caso del incumplimiento de los mismos. 61. Así, es importante destacar que de acuerdo con el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto 1071 de 2015 si el Ministerio del Interior no emite concepto en el término de 30 días calendario siguientes al momento en que se recibe el expediente por la ANT, esto es, si no hubiere pronunciamiento expreso, se entenderá que el concepto es favorable y el Ministerio del Interior procederá a devolver el expediente a la Agencia. 62. Por tanto, no puede argüirse la existencia de factores que dificulten la realización de los trámites de titulación y, en consecuencia, existe una tardanza irrazonable que afecta la preservación de la comunidad La Sardina. 63. Entonces, a pesar de que como lo afirmó la ANT se han llevado a cabo diferentes actuaciones administrativas tendientes a reconocer la constitución del resguardo indígena La Sardina, el proceso aún no ha culminado, por lo que los derechos fundamentales de esta comunidad siguen sin ser reconocidos. 64. En tal medida, las autoridades llamadas a resolver la situación de la comunidad indígena La Sardina han afectado el derecho a la propiedad colectiva, que se manifiesta a través del: i) derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han ocupado tradicionalmente; ii) derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de sus resguardos; iii) derecho a disponer y administrar sus territorios; iv) derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio; v) derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica; y vi) derecho a ejercer la autodeterminación y autogobierno. 65. Es importante destacar que el conjunto de entidades con responsabilidades en materia de prevención, protección y restitución están obligadas a garantizar de manera efectiva los derechos territoriales, sin aducir como excusa la falta de competencia o de capacidad institucional. Lo anterior en la medida que mientras no se defina la constitución del resguardo la comunidad seguirá viendo limitados tales derechos, aspecto que se ha visto truncado ante la ausencia de un actuar diligente por parte de la administración, en respeto de los plazos establecidos por el propio ejecutivo en el Decreto reglamentario 2164 de 1995, compilado en el Decreto 1071 de 2015. 66. En consecuencia, la Sala protegerá los derechos al debido proceso administrativo y al territorio colectivo de los pueblos indígenas de la comunidad indígena La Sardina y se ordenará a las autoridades respectivas que adopten las medidas indispensables y adelante las actuaciones que sean necesarias para finalizar el proceso de constitución del resguardo en los términos establecidos en el Decreto compilatorio 1071 de 2015, esto es, en los 6 meses siguientes a la notificación de esta decisión. Expediente T 7.910.085 (comunidad indígena del Resguardo Río Alto San Juan) 67. El señor Ramon Esteban Laborde Rubio, Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario, en representación de la comunidad indígena Río Alto San Juan instauró acción de tutela en contra de la ANT al considerar que estaban siendo vulnerados los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos, al territorio, al ejercicio de gobierno propio, al debido proceso, al mínimo vital, y por tanto a la dignidad humana. El día 25 de junio de 2017 solicitaron a la ANT que se diera inicio al procedimiento de constitución de reserva indígena. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido debido a una prolongación injustificada de los términos, vulnerando así los derechos fundamentales de la comunidad indígena. A continuación, se condensa el trámite dado a la presente solicitud de constitución de resguardo a efectos de dar claridad al presente caso. Formalización de territorios Etapa del procedimiento Actuaciones Términos Etapa previa Solicitud Recepción de la solicitud 25 junio 2017 Verificación de priorización Apertura de expediente Programación y realización de la visita Auto de visita Elaboración del Auto 17 julio 2017 Comunicación del Auto 17 julio 2017 Control de fijación y desfijación y/o notificación de actos administrativos Controlar término de fijación y desfijación del edicto y demás notificaciones 03 agosto 2017 Visita Visita 7 al 13 de agosto de 2017 Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras Estudio socioeconómico Elaboración del estudio socioeconómico 09 de agosto de 2019 68. De lo expuesto se advierte que las primeras etapas se cumplieron dentro de los términos establecidos, no obstante, el proceso sufrió un estancamiento al momento de elaborar el estudio socio económico, el cual debía cumplirse en un término de 30 días hábiles, sin embargo, pasaron 2 años para cumplir con esta etapa. Aunado a ello, tampoco se cuenta con registro sobre la remisión del expediente al Ministerio del Interior para el concepto respectivo sobre el asunto, aspecto que ha tomado alrededor de un año, cuando dicha actuación debe ser inmediata. 69. Al igual que en el asunto previamente referido, se procede a hacer alusión a las etapas pendientes, las que se citan en el siguiente cuadro. Etapa del procedimiento Actuaciones Términos Concepto del Ministerio del Interior Emisión de concepto del Ministerio del Interior 30 días calendario Aprobación, publicación y registro del Acuerdo Expedición del Acuerdo 30 días hábiles Elaboración de notificaciones 1 día hábil Resolución de recursos de reposición 10 días hábiles Remisión de Acuerdo de Publicación 1 día hábil Solicitud de publicación 2 días hábiles Publicación del Acuerdo 30 días hábiles Trámite del registro del Acuerdo 1 día hábil Registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 8 días hábiles Otros Comunicación al Fondo de Tierras para la reforma rural integral 1 día hábil Verificación de soportes 5 días hábiles Total 89 días hábiles y 30 días calendario (6 meses aprox.) 70. Lo expuesto muestra que del término inicial que debería durar el trámite de constitución del resguardo de 12 a 13 meses, han transcurrido alrededor de 3 años y aún quedan 6 meses aproximadamente para culminar el proceso de titulación, siempre que se cumplieran los términos estrictamente, situación que actualmente no ha ocurrido. 71. El análisis de este asunto se encuentra estrechamente ligado al caso anterior, pues han transcurrido más de tres años sin que el asunto se hubiere resuelto, con lo cual se está afectando el derecho a la propiedad colectiva, impidiendo que esta comunidad logre maximizar su autonomía, preservar su cultura y permitir que posea y conserve su vocación de permanencia en el territorio que vienen habitando, aspectos que debieron haber sido considerados por la ANT, pues sus actuaciones implican una amenaza para la identidad ancestral y cultural de la comunidad indígena Río Alto San Juan. 72. A la comunidad indígena Río Alto San Juan se le vulneró el referido derecho fundamental, el cual goza de una protección especial por parte del Estado, pues para los pueblos indígenas la tierra no se asimila como propiedad, sino que se agrupa con diferentes dimensiones religiosas, culturales y sociales. 73. La importancia de que la parte accionante constituya un resguardo indígena radica en el valor esencial de sus culturas, tradiciones, valores espirituales y sus orígenes, estableciendo una relación directa con su territorio, buscando conformar una institución legal y ser titulares de una personería jurídica, para así lograr que a la comunidad indígena Rio Alto San Juan se le confiera el estatus para adquirir derechos y exigir su cumplimiento y garantía frente al Estado. 74. El proceso administrativo que se debe llevar a cabo para la constitución del resguardo indígena debe ser capaz de regularizar y garantizar sus derechos, situación inexistente durante el proceso solicitado por la comunidad indígena Río Alto San Juan de Urabá, debido a que el trámite inicio a mediados del año 2017 y aún se encuentra inconcluso, habiendo pasado más de tres (3) años sin que la comunidad obtenga respuesta frente a la solicitud realizada. 75. Ahora bien, corresponde analizar si la demora el proceso cuenta con algún tipo de justificación, ya sea por la complejidad del proceso, por la actuación de las partes o por algún factor válido que haya impedido la realización de los trámites[71]. 76. Al igual que ocurre con el anterior asunto, en cuanto a la complejidad del proceso los argumentos expuestos por la ANT se soportan en generalidades que no justifican la mora presentada, pues si bien puede advertirse una congestión al interior de esa entidad tal situación no es suficiente para que hayan transcurrido más de tres años sin que hubiere mostrado un avance significativo desde que se cumplió con la elaboración del estudio socioeconómico, existiendo una actuación poco diligente de cara a obtener el concepto de Ministerio del Interior. 77. En el mismo sentido, la dilación no se debe a una falta de actuación por parte de las comunidades interesadas. Una vez inició el proceso de constitución del resguardo Río Alto San Juan, por solicitud expresa de esta comunidad, se cumplió con la vista técnica, sin embargo, no existe registro de haberse cumplido con el estudio socio económico, ni remisión del informe respectivo al Ministerio del Interior, siendo etapas que corresponde adelantar a las entidades encargadas de dar impulso a este proceso, con lo cual tal situación no involucra una falta de actuación de la parte accionante. 78. Finalmente, como ocurre en el caso anterior, la dilación no se justifica a partir de factores que condicionan el proceso. La ANT no informó que existiesen dichos factores, además, las disposiciones sobre el procedimiento no establecen plazos vagos para la realización de los respectivos trámites, por el contrario, fija plazos y establece consecuencias en caso de incumplimiento. En consecuencia, existe una tardanza irrazonable que afecta la preservación de la comunidad del Río Alto San Juan. 79. En síntesis, la comunidad indígena actora se encuentra en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, con el objetivo de que se reanude y se concluya el proceso para la constitución del resguardo indígena, de manera que puedan reestablecer los derechos vulnerados y preservar su territorio. 80. En consecuencia, la Sala protegerá los derechos al debido proceso administrativo y al territorio colectivo de los pueblos indígenas de la comunidad del Río Alto San Juan y se ordenará a las autoridades respectivas que adopten las medidas indispensables y adelante las actuaciones que sean necesarias para finalizar el proceso de constitución del resguardo, de acuerdo con los siguientes parámetros. Solicitud de declarar el estado de cosas contrario al orden constitucional 78. En los expedientes objeto de examen las comunidades indígenas han sido reconocidas como víctimas de desplazamiento, así: en el expediente T-7.899.762 se consignó en el acta de caracterización de la comunidad La Sardina que “por consecuencia del desplazamiento forzado se asentaron en el territorio actual a finales de la década de los 80, en un lote cedido por una persona que lo explotaba para la minería. Pretenden ampliar su territorio para la explotación de la ganadería y la agricultura”. Por último, en el acápite de observaciones se dejó la siguiente constancia: “Por los procesos de colonización, evangelización y cercanía con centros urbanos, la comunidad presenta una notoria perdida cultural. Gran influencia de la minería en la parte ambiental económica y cultural”. 79. Por su parte, en el expediente T-7.910.085 la solicitud de constitución del Resguardo Indígena Altos de San Juan se encuentra enmarcada dentro del Plan de Salvaguarda Étnica, ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, buscando la preservación y la protección de las personas que habitan el territorio. 80. Bajo este panorama, la Sala de Revisión considera importante traer a colación lo consignado en el Auto 266 de 2017 (proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004) donde se evaluó la persistencia de la intervención del juez constitucional respecto de los derechos étnicos-territoriales. 81. En aquella oportunidad de cara a la situación de inseguridad jurídica de los territorios indígenas y afrocolombianos, la Corte observó un profundo bloqueo institucional. Al respecto se determinó que a partir de los informes de los organismos de control de Estado, como el último reporte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de los Decretos Ley Étnicos, el INCODER (hoy ANT) no contó con la capacidad institucional[72] ni con la asignación de recursos necesarios[73] para avanzar de manera continua y progresiva en la definición de la situación jurídica de las solicitudes de formalización de territorios étnicos, en especial, en aquellos casos donde la inseguridad territorial resulta asociada con factores de riesgo conexos y vinculados al conflicto armado y la violencia generalizada. 82. En este marco, se destacó una inoperancia administrativa por parte del INCODER (hoy ANT) frente a las obligaciones constitucionales y legales en la materia. Así, la Corte advirtió, de un lado, un incumplimiento de los deberes constitucionales señalados con anterioridad, relacionados con la delimitación de los territorios ocupados y/o ancestrales de los grupos étnicos y el trámite en un plazo razonable de las solicitudes de titulación; y, de otro, los escasos resultados en la priorización y culminación de los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes afectadas por el conflicto armado, como lo estipula el artículo 57 del Decreto 4633 de 2011 y como lo ordena, en el caso de las la población afrodescendiente, el auto 005 de 2009, a través de la Ruta Étnica (orden quinta), con los procesos de titulación colectiva. 83. La Sala Especial de Seguimiento de la T-025 de 2004 insistió en que la situación de emergencia obliga a las autoridades públicas responsables a aumentar los esfuerzos para implementar mecanismos de prevención y protección para los derechos territoriales y, con ello, ofrecer una respuesta oportuna, completa y adecuada de cara a las graves amenazas y vulneraciones al derecho de propiedad colectiva. Por lo tanto, el conjunto de entidades con responsabilidades en materia de prevención, protección y restitución están obligadas a garantizar de manera efectiva los derechos territoriales, sin aducir como excusa la falta de competencia o de capacidad institucional. 84. En consecuencia, la Sala Especial consideró necesario continuar con el seguimiento que adelanta, en la medida en que se presentan algunas fallas que constituyen un bloqueo institucional y una práctica inconstitucional que produce un déficit de protección injustificado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. 85. En tal sentido se declaró que el estado de cosas inconstitucional en la materia no se ha superado, pues la política pública encargada de la prevención de estos flagelos y de la atención de la población carece de un enfoque integral sensible a los riesgos y afectaciones especiales que sufren y que se traduce en la vulneración masiva y sistemática de derechos como la autonomía, la identidad cultural, el territorio y en la presencia de barreras de acceso y trámite en el registro, que compromete indefectiblemente su pervivencia física y cultural. 86. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala de Revisión no es procedente entrar a adoptar medidas de corte estructural, dado que este Tribunal ya viene adelantando un proceso de verificación de las garantías de las comunidades indígenas, entre otras, en orden a alcanzar una garantía efectiva de estos grupos respecto de sus derechos territoriales. Ahora bien, dada la situación puesta de presente por el Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario de Bogotá, se remitirá copias de la presente actuación a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, para que valore las posibles medidas a adoptar de acuerdo con su competencia. Órdenes a adoptar 87. Ordenar a la ANT y demás autoridades que intervienen en los procesos de constitución de los resguardos indígenas La Sardina y Río Alto San Juan que cumplan con los términos establecidos en el Decreto 1071 de 2015, en orden a culminar el proceso de constitución de dichos resguardos en un término no superior a 6 meses. Además, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, deberán informar a los representantes de dichas comunidades el estado actual de su trámite. 88. Con el propósito de salvaguardar el bienestar de las comunidades accionantes, la Corte ordenará que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, asesore y acompañe de manera permanente a las comunidades La Sardina y Río Alto San Juan en los trámites correspondientes. 89. Compulsar copia de estos trámites a la Procuraduría General de la Nación, para que en ejercicio de su poder disciplinario preferente (el inciso 6º del artículo 277 de la Constitución Política de 1991 y art. 3 de la Ley 734 de 2002), si lo considera pertinente, adopte las decisiones acerca de la eventual responsabilidad disciplinaria de las autoridades que intervinieron en los procesos de constitución de los resguardos indígenas La Sardina y Río Alto San Juan. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE: Primero. Expediente T-7.899.762. Revocar la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la decisión del Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá del 24 de enero de 2020, donde se negaron las pretensiones de Ramón Esteban Laborde Rubio - Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario en representación de la Comunidad indígena La Sardina y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos indígenas y al debido proceso administrativo de la comunidad indígena La Sardina. Segundo. Expediente T-7.910.805. Revocar la sentencia proferida el 26 de julio de 2019, por la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, mediante la cual confirmó la decisión del Juzgado veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá del 23 de enero de 2020, que negó las pretensiones de Ramón Esteban Laborde Rubio - Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario en representación de la Comunidad indígena Río Alto San Juan y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la constitución de resguardos indígenas y al debido proceso administrativo de la comunidad indígena Río Alto San Juan. Tercero. Expediente T-7.899.762. Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras -ANT y al Ministerio del Interior que cumplan con los términos establecidos en el Decreto 1071 de 2015, en orden a culminar el trámite de constitución del resguardo indígena La Sardina, municipio El Bagre (Antioquia) en un término no superior a 6 meses. En igual sentido, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de esta decisión, informen a la comunidad indígena La Sardina el estado actual del trámite de constitución de dichos resguardos. Cuarto. Expediente T-7.910.805. Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras -ANT y al Ministerio del Interior que cumplan con los términos establecidos en el Decreto 1071 de 2015, en orden a culminar el trámite de constitución del resguardo indígena Río Alto San Juan, municipio Urabá (Antioquia) en un término no superior a 6 meses. En igual sentido, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de esta decisión, informen a la comunidad indígena Río Alto San Juan el estado actual del trámite de constitución de dichos resguardos. Quinto. Ordenar a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, asesore y acompañe de manera permanente a las comunidades indígenas La Sardina, asentada en el municipio de El Bagre y Río Alto San Juan, establecida en el municipio de Urabá, en los trámites correspondientes a la constitución de sus resguardos. Sexto. Compulsar copia de la presenta actuación a la Procuraduría General de la Nación, para que, en ejercicio de su poder disciplinario preferente, si lo considera pertinente, adopte las decisiones acerca de la eventual responsabilidad disciplinaria de las autoridades que intervinieron en los procesos de constitución de los resguardos indígenas La Sardina y Río Alto San Juan. Séptimo. Remitir copias de la presente actuación a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, para que valore las posibles medidas a adoptar de acuerdo con su competencia, en atención a la situación puesta de presente por el Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario de Bogotá Octavo. Líbrese por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, publíquese,  y cúmplase. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada Con salvamento parcial de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] En el escrito de tutela se indica que en el mes de mayo de 2012, la comunidad indígena La Sardina, solicitó que se iniciara el procedimiento de constitución de reserva indígena, sin embargo no obra en expediente soporte alguno de tal afirmación. [2] Visita. Teniendo en cuenta la programación establecida anualmente y las disponibilidades presupuestales, el Gerente General del Instituto o su delegado ordenará llevar a cabo la visita a la comunidad interesada y al área pretendida, por funcionarios de la entidad, señalando el tiempo en que se realizará.// El auto que ordena la visita se comunicará al Procurador Agrario, a la comunidad indígena interesada o a quien hubiere formulado la solicitud y se fijará un edicto que contenga los datos esenciales de la petición en la secretaría de la Alcaldía donde se halle ubicado el predio o el terreno, por el término de diez (10) días, a solicitud del INCODER, el cual se agregará al expediente. // De la diligencia de visita se levantará un acta, suscrita por los funcionarios, las autoridades de la comunidad indígena y las demás personas que intervinieren en ella, la que deberá contener, entre otros, los siguientes datos: 1. Ubicación del terreno. 2. Extensión aproximada; 3. Linderos generales; 4. Número de habitantes indígenas, comunidades indígenas y grupo o grupos étnicos a los cuales pertenecen; 5. Número de colonos establecidos, indicando el área aproximada que ocupan, la explotación que adelantan y el tiempo de ocupación. PARÁGRAFO. Cuando se trate de procedimientos de ampliación, reestructuración o saneamiento de resguardos indígenas, el auto que ordene la visita se comunicará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la misma comunicación se le solicitará a dicho Ministerio el pronunciamiento expreso sobre la verificación y certificación del cumplimiento de la función ecológica de la propiedad del resguardo, para lo cual dispondrá de un término no mayor de treinta (30) días. [3] Cuaderno de primera instancia, folios 10-7 [4] Cuaderno de primera instancia, folio 38. [5] Cuaderno de primera instancia, folios 86 a 107. [6] Al respecto cita el caso Xámo Káser vs. Paraguay; Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214. [7] Cuaderno de primera instancia, folios 110 a 112. [8] Cuaderno de primera instancia, folios 121 a 124. [9] Cuaderno de primera instancia, folios 138 a 144. [10] Cuaderno de primera instancia, folios 148 a 143. [11] Cuaderno de primera instancia, folios 186 a 196. [12] Cuaderno de primera instancia, folios 216 a 218 [13] Memorando No. 20205100004813. [14] Cuaderno tutela y primera instancia, folios 237 a 247 [15] Cuaderno tutela y primera instancia, folios 273 a 279 [16] Cuaderno de primera instancia, folio 13. [17] El territorio que actualmente ocupan correspondiente a cuatro predios identificados con las matrículas inmobiliarias números 034-34965, 034-32084, 034-59046 y 034-32925, en el municipio de San Pedro, Urabá. [18] Cuaderno de instancia, folios 16 a 20. [19] Cuaderno de instancia. Folio 34-36. [20] Cuaderno de instancia, folio 46. [21] Teniendo en cuenta que las entidades vinculadas emitieron respuesta en el mismo sentido referido en el expediente T-7.899.762, solamente se hará referencia a aquellas que planteen un elemento de juicio adicional al ya referido. [22] Cuaderno de instancia, folios 114 a 118. [23] Cuaderno de instancia, folios 229 a 239 [24] Cuaderno de instancia, folios 261 a 271. [25] Cuaderno de instancia, folios 294 a 297. [26] Cfr. sentencia T- 009 de 2013. [27] Ver sentencia T-739 de 2017. [28] Sentencias de tutela T-737 de 2017, T- 739 de 2017 y T- 011 de 2019. [29] Ratificado por Colombia mediante la Ley 31 de 1967. [30] Aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. [31] “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” [32] “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.” [33] “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” [34] “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.” [35] “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.” [36] Entre otros, se pueden consultar los casos (a) Yakye Axa contra el Estado de Paraguay, (b) Pueblo Saramaka contra Surinam; y (c) Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra el Estado del Ecuador. [37] Sentencia del 31 de agosto de 2001. [38] Sentencia del 13 de noviembre de 2012. [39] Sentencia del 28 de noviembre de 2007. [40] En el mismo sentido se pronunció en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil, sentencia del 5 de febrero de 2018. [41] Sentencia del 6 de febrero de 2020. [42] C. Const., sentencia de tutela T- 379 de 2019. [43] C. Const., sentencia de tutela T- 009 de 2013, reiterada en sentencia T- 737 de 2017. [44] A manera de referencia conviene citar: i) la Ley 135 de 1961, por medio de la cual se introdujo el primer reconocimiento a las comunidades indígenas (art. 29) y facultó al INCORA para estudiar la situación socio-económica de las parcialidades a fin de hacer reestructuraciones, reagrupamiento y ampliación de resguardos (art. 94); ii) el Decreto 2001 de 1988, mediante el cual se reglamentó el trámite jurídico para la constitución de resguardos indígenas. [45] “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.” [46] De acuerdo con el Decreto 2363 de 2015 “por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT)”, a partir de la entrada en vigencia de este decreto “todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT.” (art. 38). [47] “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.” [48] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. [49] Diseño adoptado de sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia STP1499-2020 Radicado 109007 (11 de febrero de 2020). [50] Decreto 2591 de 1991 inciso 1. [51] Decreto 2591 de 1991 inciso 2. [52] Decreto 2591 de 1991 inciso 3. [53] Sentencias T-011 de 2019, T-153-2019, T-379-2011, entre otras. [54] Sentencias T-154 de 2009, T-769 de 2009; T-379-2011, entre otras. [55] Sentencia T-379 de 2011; T-305 de 2014, entre otras. [56] C. Const., sentencias de tutela T- 379 de 2011; T- 011 de 2019. [57] Cuaderno de tutela y primera instancia. Folio 1, [58] Numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. [59] Sentencia T-172-2020. [60] Ver sentencia T-153 de 2019. [61] Sentencia T-737 de 2017, reiterada en las sentencias T-739 de 2017 y T-153 de 2019. [62] Sentencia T-737 de 2017, reiterada en las sentencias T-739 de 2017 y T-153 de 2019. [63] Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá (expediente T-7.899.762). [64] Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. [65] Ver sentencias T-153 de 2019, T-515 de 2017, T-528 de 2011, T-188 de 1993, entre otras. [66] Sentencia T-153-2019. También debe tenerse en cuenta que en casos similares a los sometidos a examen, la Corte también encontró procedente el amparo bajo argumentos similares a los ahora planteados (sentencias T-737 de 2017 y T-153 de 2019). [67] Ibídem. [68] En la sentencia T-379 de 2014 la Corte precisó: “la Sala observa que se ha cumplido un plazo razonable para la interposición de la acción de tutela, toda vez que la vulneración de los derechos fundamentales se ha mantenido en el tiempo. Con el presunto retardo injustificado en el adelantamiento del proceso de la constitución del resguardo, se ha mantenido la vulneración constante de los derechos fundamentales al debido proceso, a la identidad cultural y al territorio de la comunidad indígena Marimba Tuparro, perteneciente al pueblo Sikuani y Mapayerry. Así, a pesar de que el proceso administrativo inició en el año de 1999, sólo hasta el año 2013, y en razón de la acción de tutela interpuesta, se obtuvo una respuesta de la entidad demandada y ésta programó una visita a la comunidad para la realización del estudio socioeconómico; no obstante, hasta la fecha de las decisiones de instancia, no se había emitido el estudio ni realizado la visita respectiva. Igualmente, durante este tiempo, la comunidad demostró haber presentado derechos de petición con el objeto de conocer el estado del proceso, sin obtener una solución adecuada. Tal situación, conduce a considerar que el hecho que originó la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales del pueblo indígena, permanece en la actualidad y continúa generando perjuicios a la identidad cultural y demás derechos del grupo étnico tutelante.” [69] Ver sentencia T-153 de 2019. [70] Si bien estos datos reposan en el expediente T-7910085 (folios 123 a 155 cuaderno de instancia), dado su valor informativo se citan en este caso. [71] Ver sentencia T-153 de 2019. [72] La CSMDL ha señalado los siguientes obstáculos administrativos: (i) la falta de implementación del “sistema de información de los procesos de legalización de territorios”; (ii) la poca planeación interna para el avance de los casos (definición de planes de trabajo y cronogramas, entre otros aspectos); (iii) la desactualización de los procesos administrativos para la legalización de los territorios; (iv) la actuación descoordinada del INCODER con otras entidades que participan de los trámites de formalización (Ministerios del Interior y del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, y el IGAC); (v) la escasa asistencia técnica y asesoría a las comunidades, por ejemplo, para la selección de predios y, particularmente, (vi) la falta de “unificación de los criterios de priorización para la legalización de territorios”. Comisión de Seguimiento y Monitoreo de los Decretos Ley Étnicos. 4º Informe de seguimiento y monitoreo a los Decretos Ley Étnicos. (2016). Págs. 36-40. [73] Con relación a la planeación presupuestal, la CSMDL puntualizó las siguientes situaciones: (i) la ineficiencia en el manejo de los recursos, en particular, por la solicitud de nuevas inversiones para trabajos ya realizados; (ii) “el 68% de los recursos para legalización se van en el proceso administrativo y sólo el 32% se invierte en la compra de tierras”; (iii) “el 79.3% de [los] recursos fueron destinados para cumplir los compromisos del gobierno”, derivados de la movilización social, dejando de lado otras obligaciones fijadas legal y constitucionalmente; (iv) “la inversión de recursos para comunidades negras ha sido significativamente menor y (…) variable”; y (v) “la Agencia Nacional de Tierras que se hará cargo de este tema no contará” con los recursos esperados. Comisión de Seguimiento y Monitoreo de los Decretos Ley Étnicos. 4º Informe de seguimiento y monitoreo a los Decretos Ley Étnicos. (2016). Págs. 29-36.

T-058-21 Sentencia T-058/21 Referencia: Expediente T-7.568.177 Acción de tutela instaurada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira -Dusakawi EPSI- y el Cabildo Gobernador del pueblo Wiwa perteneciente al Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, en representación de la comunidad indígena Tezhumake contra la Alcaldía de Valledupar. Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Asunto: Derecho fundamental al agua potable de los miembros de la comunidad indígena Tezhumake. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de la decisión de instancia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar el 24 de enero de 2020, por medio de la cual concedió el amparo a los accionantes por la vulneración de los derechos de petición y al agua potable, asociado al consumo humano. El asunto llegó a esta Corporación, inicialmente, por remisión que hizo el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991, para la revisión del fallo de instancia proferido el 9 de julio de 2019, en el cual resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela. El expediente fue escogido para revisión por la Sala Novena de Selección mediante auto del 30 de septiembre de 2019. En sede de revisión, la Sala Sexta vinculó al proceso, mediante auto del 19 de noviembre de 2019, entre otros, a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar – EMDUPAR E.S.P. S.A.- (en adelante “EMDUPAR”). El apoderado de EMDUPAR solicitó la nulidad del proceso, con el propósito de que se rehiciera el trámite de tutela y, de esta forma, se garantizara su derecho al debido proceso. En consecuencia, la Sala profirió el Auto 644 de 2019, a través del cual decretó la nulidad de todas las actuaciones, desde el auto admisorio de la demanda proferido por el juez de instancia, con excepción de unas medidas cautelares que habían sido adoptadas por la Sala de Revisión y de las pruebas decretadas. De esta forma, ordenó que se remitiera el expediente nuevamente al juzgado y que, una vez finalizado el proceso constitucional, el expediente fuera enviado directamente al despacho de la Magistrada Sustanciadora para su revisión. El 24 de enero de 2020, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar profirió sentencia de instancia, en la cual amparó los derechos de petición y al agua potable de la comunidad indígena Tezhumake. Una vez en firme la decisión, el expediente debía ser remitido de forma inmediata y directa al despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado para su sustanciación. No obstante, como consecuencia de la suspensión de términos y remisión de expedientes de tutela a la Corte Constitucional, según se decretó por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la pandemia por el COVID-19, el envío del expediente a esta Corporación se interrumpió hasta el 1º de julio de 2020, fecha en la que se levantó la medida. A pesar de lo anterior, este fue recibido por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional hasta el 23 de noviembre siguiente. De conformidad con lo anterior, la Sala Sexta profiere el presente fallo de tutela, con fundamento en los siguientes, I. ANTECEDENTES A. Hechos y trámite de la tutela 1. Julián Daza Malo, en su calidad de representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI (en adelante “Dusakawi EPSI”), y José Luis Chimoquero Gil, Cabildo Gobernador de la etnia Wiwa del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco (en conjunto y en adelante los “accionantes”), formularon acción de tutela en contra de la Alcaldía de Valledupar por la presunta vulneración de los derechos de petición, al agua potable, a la salud y a la vida de los indígenas del pueblo Wiwa que habitan la comunidad Tezhumake[1]. De manera específica, solicitaron concertar, diseñar y ejecutar la construcción de un acueducto veredal para la comunidad Tezhumake del pueblo Wiwa que representan. Esto fue requerido ante la Alcaldía de Valledupar mediante una petición que, presuntamente, no fue respondida de fondo. 2. El 10 de mayo de 2019[2], los accionantes elevaron una petición ante el alcalde de Valledupar. En esta, solicitaron “concertar, diseñar y ejecutar de manera urgente”[3] la construcción de un acueducto veredal para la comunidad Tezhumake del pueblo Wiwa, ubicada en el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, localizado en el corregimiento de Patillal, zona rural del municipio de Valledupar (Cesar) en la Sierra Nevada de Santa Marta. Destacaron que esta comunidad indígena no tiene acceso a agua potable, por lo cual, sus miembros sufren de varios problemas de salud derivados del consumo de agua no tratada. 3. Transcurridos 23 días hábiles desde la fecha en la que se radicó la petición, y al no recibir una respuesta clara y de fondo, los accionantes instauraron acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar el 12 de junio de 2019, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, al agua potable, a la vida y a la salud de los miembros de la comunidad indígena Tezhumake. Sustentan las afectaciones a la vida y a la salud, en que los distintos grupos poblacionales que componen la comunidad, dividida en segmentos etarios, padecen de múltiples enfermedades derivadas del consumo de agua no potable. Señalan que: i) entre los niños y niñas menores de edad, que componen el 55% de la población asentada en la comunidad, las primeras causas de morbilidad en el ámbito ambulatorio son rinofaringitis, parasitosis intestinal, caries, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, deficiencia nutricional, infección aguda de las vías respiratorias, desnutrición proteico calórica y dolores en el abdomen bajo; ii) entre los adultos de 20 a 50 años se encuentran causas de morbilidad por patologías respiratorias, problemas amebianos, dolores abdominales, cefaleas, patologías de origen gástrico, diarrea y gastroenteritis; y iii) en la población mayor a 60 años, se identificaron enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas, cefaleas, gastritis, infección de vías urinarias, anemia y diarrea[4]. Además, en el 2018 esta comunidad concentró el 29.52% de los eventos de salud pública reportados en el pueblo Wiwa, por chagas, tuberculosis, desnutrición, parotiditis y varicela[5]. Por lo anterior, los accionantes indican que, entre las principales causas de morbilidad en los distintos segmentos poblacionales se encuentran las enfermedades de origen infeccioso y parasitario. Así, sostienen que es necesario adoptar medidas urgentes en relación con el consumo de agua potable[6]. Adicionalmente, alegan que no sólo son una comunidad indígena sujeto de especial protección constitucional, sino que también son víctimas del desplazamiento forzado. Por este motivo, la Corte Constitucional, por medio de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, ha proferido múltiples pronunciamientos en los que reconoce el riesgo de exterminio físico y cultural en el que se encuentran[7]. 4. El 25 de junio de 2019[8], el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar profirió auto admisorio de la demanda y ordenó notificar del proceso de tutela a la Alcaldía de Valledupar. 5. El 8 de julio de 2019[9], la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar contestó la acción de tutela y señaló que el 5 de julio de ese mismo año la entidad dio respuesta a la petición elevada por los accionantes de manera clara, precisa, respetuosa y comprensible y que, en consecuencia, la entidad no vulneró el derecho de petición[10]. Para demostrar lo dicho, adjuntó copia de la respuesta a la petición[11]. Asimismo, afirmó que el 5 de junio de 2019 convocó a las Secretarías de Obras Públicas, Salud y Planeación para analizar la situación del pueblo Wiwa asentado en su jurisdicción y ofrecer posibles soluciones. Igualmente, hizo un recuento de las actividades que se habían llevado a cabo para proteger los derechos de esta comunidad. Al respecto, la Secretaría de Gobierno relacionó las acciones que adelantó a lo largo de los años 2017 y 2018, entre ellas, talleres de capacitación, jornadas de salud y vacunación, y difusión de programas radiales[12]. Seguidamente, indicó que la Secretaría de Obras Públicas realizó visitas a la comunidad con el propósito de identificar puntos de localización del recurso hídrico para el asentamiento Tezhumake del Pueblo Wiwa. Sostuvo que es necesaria la formulación de un proyecto que satisfaga las necesidades de agua de este asentamiento indígena y que esté de acuerdo con la normativa ambiental y técnica vigente. De acuerdo con la entidad, este proyecto debe seguir las siguientes fases: a.     Elaboración de estudio geoeléctrico. b.     Exploración de búsqueda de agua subterránea. c.      Diseño del pozo profundo y sistema de acueducto. d.     Construcción del sistema de acueducto[13]. Por tal razón, expresó que el municipio celebró un contrato cuyo objeto fue la elaboración de estudios geoeléctricos en zona rural del municipio de Valledupar, con el propósito de identificar la fuente hídrica subterránea más apropiada para la comunidad. Igualmente, informó que, una vez identificada la fuente, era necesario formular un proyecto y radicarlo para su viabilización y priorización. Finalmente, radicado el proyecto, se requería adelantar los procedimientos internos necesarios para completar la consecución de los recursos destinados a su financiamiento. 6. Por medio de sentencia del 9 de julio 2019, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar “rechazó” el amparo por improcedente, al considerar que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, en tanto que no se interpuso una acción popular, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 472 de 1998[14]. B. Actuaciones de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela 7. Selección y asignación. Mediante Auto del 30 de septiembre de 2019, la Sala Novena de Selección de la Corte Constitucional eligió el caso para su revisión, y lo asignó a la Sala Sexta de Revisión, presidida por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. 8. Medidas cautelares. Al considerar que existían indicios razonables para la configuración de un daño irreparable sobre los derechos fundamentales de la comunidad Tezhumake por falta de acceso al agua potable, la Sala Sexta de Revisión profirió el Auto 574 del 22 de octubre de 2019, por medio del cual ordenó adoptar medidas provisionales de protección para esta población[15]. Igualmente, la Sala ofició a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia; a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales; a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos; a la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante el “ICBF”) y a la Defensoría del Pueblo Regional Cesar para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, acompañaran el cumplimiento de los mandatos contenidos en el auto y el desarrollo de este proceso[16]. 9. Vinculación de entidades. Posteriormente, la Magistrada Sustanciadora profirió el Auto del 12 de noviembre de 2019, mediante el cual vinculó al proceso a la Gobernación del Cesar, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, a EMDUPAR y a la Secretaría de Salud de Valledupar. De igual forma, requirió información a los accionados y a las entidades vinculadas, con el propósito de identificar si se había adelantado una gestión institucional articulada que respondiera a las circunstancias del caso. 10. Mediante oficio, el apoderado de EMDUPAR solicitó la nulidad de lo actuado con el propósito de que se garantizara el debido proceso de su poderdante y requirió que el proceso fuera remitido nuevamente al juzgado de conocimiento para que se rehiciera el trámite de tutela[17]. C. Decreto de nulidad del trámite de tutela y actuaciones en sede de instancia con posterioridad a la anulación 11. Nulidad. En razón de lo alegado por EMDUPAR, esta Corporación profirió el Auto 644 del 10 de diciembre de 2019, mediante el cual decretó la nulidad de todas las actuaciones judiciales, por indebida integración del contradictorio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso[18]. La nulidad fue declarada a partir del auto admisorio de la demanda, mediante el cual el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar avocó conocimiento del caso. Sin embargo, se exceptuaron el auto de medidas cautelares proferido por la Corte Constitucional y las pruebas recaudadas durante todo el proceso (las cuales podrían ser controvertidas por las partes en la contestación de la tutela, para luego ser valoradas por el juez competente). Por este motivo, el expediente fue enviado al juzgado referido, de forma que vinculara a todos los interesados y garantizara el debido proceso. Asimismo, se ordenó que, una vez surtido el trámite de tutela, el expediente fuera remitido directamente al despacho de la Magistrada Sustanciadora, a efectos de adelantar el proceso de revisión[19]. 12. Fallo de instancia. Mediante sentencia del 24 de enero de 2020, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar amparó el derecho fundamental al agua potable de la comunidad. En consecuencia, ordenó a la Alcaldía Municipal de Valledupar adelantar las medidas necesarias para satisfacer esta necesidad apremiante[20]. El juez de instancia encontró vulnerado, por una parte, el derecho de petición, al considerar que la entidad no otorgó una respuesta clara, precisa y congruente a cada una de las solicitudes presentadas por los accionantes. De igual forma, consideró infringido el derecho fundamental al agua, asociado al consumo mínimo humano[21]. Este último, dado que los miembros de la comunidad Tezhumake, compuesta en su mayoría por menores de edad, se encuentran en una delicada situación de salud derivada de enfermedades infecciosas, respiratorias y desnutrición, relacionadas con el consumo de agua no tratada. 13. Por lo anterior, señaló que el municipio podría adoptar las medidas que mejor considerara para solucionar la falta de acceso a agua potable de los accionantes. No obstante, ordenó: a.     Amparar los derechos fundamentales de la comunidad indígena Tezhumake. Así, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo deberá: b.     Proveer agua potable a la comunidad, de forma que se garantice su disponibilidad y accesibilidad. Para esto, podrán utilizar estrategias propias como el empleo de carrotanques con la capacidad y condiciones técnicas que garanticen un suministro mínimo de 50 litros diarios por persona. Este deberá realizarse directamente en el asentamiento o lugar concertado con las autoridades indígenas; y c.      Adelantar brigadas de salud dentro de los ocho días siguientes a la notificación del fallo. La decisión adoptada por el juez de instancia quedó en firme, por cuanto no fue objeto de impugnación. 14. Pérdida de vigencia de las medidas cautelares adoptadas por la Corte Constitucional. Como consecuencia del fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, las medidas cautelares dispuestas por la Corte Constitucional por medio del Auto 574 de 2019 perdieron vigencia. Esto, en tanto que el juez de instancia adoptó una decisión judicial de fondo que quedó en firme respecto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad Tezhumake. 15. Suspensión de términos para revisión de tutela en la Corte Constitucional. Como consecuencia de la pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020, el Gobierno de Colombia declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. De conformidad con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020, mediante el cual suspendió los términos de revisión de tutelas en la Corte Constitucional y dispuso que “los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas adoptadas”. Esta suspensión fue prorrogada por los Acuerdos PCSJA20-11526, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556. Finalmente, mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, se levantó la suspensión de términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del 1º de julio de 2020, y, con ella, la de remisión de expedientes de tutela a la Corte Constitucional. Por lo tanto, el deber de envío del expediente del presente caso a la Corte Constitucional se interrumpió hasta que se levantó la medida de suspensión de términos. A pesar de esto, según se expondrá posteriormente, el expediente fue recibido por la Sala Sexta de Revisión hasta el 23 de noviembre de 2020. D. Actuaciones procesales posteriores al amparo otorgado por el juez de instancia 16. Solicitud de revisión. Con posterioridad al fallo que concedió el amparo, mediante escrito del 30 de marzo de 2020 los accionantes presentaron petición ante la Corte Constitucional en la que solicitaron que el presente caso fuera seleccionado para su revisión. Fundamentaron su solicitud en que, pese a lo ordenado por el juez de conocimiento y por la Corte Constitucional mediante medidas cautelares, la Alcaldía de Valledupar no había cumplido dichos mandatos. Este incumplimiento, según indicó el escrito, generaba la vulneración de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. 17. Oficio de respuesta y auto de ratificación de competencia y solicitud de información. En virtud de lo aducido por los accionantes mediante petición, la Magistrada Sustanciadora expidió oficio en el que dio respuesta[22], y profirió el Auto del 20 de abril de 2020, por medio del cual ratificó su competencia para la revisión del caso. En este, encontró acreditadas las condiciones para ejercer su competencia con fundamento en dos criterios relevantes. Por una parte, el auto que decretó la nulidad del trámite judicial, el cual siguió jurisprudencia de esta Corporación, dispuso expresamente que el expediente debía ser remitido directamente a su despacho una vez se profiriera y quedara en firme la decisión judicial del caso. De otra parte, indicó que, dada la urgente e imperante necesidad de intervención de este Tribunal para salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad Tezhumake, resultaba necesario indagar sobre la efectividad del amparo concedido por el juez de instancia. Igualmente, mediante esta providencia decretó pruebas dirigidas a indagar sobre (i) el cumplimiento de la sentencia de instancia por parte de la Alcaldía de Valledupar, y (ii) el acompañamiento a la comunidad y el seguimiento realizado por el ICBF y el Ministerio Público a las medidas cautelares decretadas por la Corte, mientras las mismas estuvieron vigentes. 18. Informes remitidos por las entidades oficiadas. Entre el 15 de mayo y el 9 de junio de 2020, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la suscrita Magistrada, mediante correo electrónico, cinco comunicaciones enviadas por la Procuraduría 29 Judicial II de Familia (Valledupar), la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar), la Alcaldía de Valledupar y el ICBF, en las cuales las entidades se pronunciaron sobre lo requerido. 19. Solicitud de apertura de incidente de desacato. El 2 de junio de 2020, José Luis Chimoquero Gil, Cabildo-Gobernador del pueblo Wiwa, dirigió al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar y a la Corte Constitucional un escrito en el que solicitó la apertura de incidente de desacato en contra del Alcalde de Valledupar, por el incumplimiento de la orden primera del Auto 574 del 22 de octubre de 2019, mediante el cual la Corte Constitucional decretó las medidas cautelares y de la orden segunda de la sentencia del 24 de enero de 2020, proferida por el juez de instancia. En el escrito indicó que los funcionarios de la Alcaldía se presentaron únicamente en dos ocasiones (11 de diciembre de 2019 y 12 de febrero de 2020), en las cuales llevaron un carro-tanque con agua que, además de no ser potable y estar turbia, pudo atender tan sólo al 60% de la población. 20. Auto de remisión de información al juez de instancia. Por lo anterior, la Magistrada Sustanciadora profirió el Auto del 16 de junio de 2020, mediante el cual: (i) remitió al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar los informes remitidos por las entidades oficiadas por medio del auto del 20 de abril de 2020, eventualmente relevantes para resolver el recurso de apertura de incidente de desacato planteado por los accionantes; y (ii) advirtió al juzgado su deber de actuar como garante de la eficacia y efectiva protección de los derechos fundamentales amparados en el fallo de tutela. 21. Rechazo del recurso de apertura de incidente de desacato. Mediante providencia del 1º de julio de 2020, el juez de instancia negó la apertura del incidente de desacato, al considerar que se dio cumplimiento a la orden primera del Auto 574 del 22 de octubre de 2019, por medio del cual la Corte Constitucional decretó las medidas cautelares y la orden segunda de la sentencia del 24 de enero de 2020, proferida por su despacho[23]. 22. Solicitud de información y remisión inmediata del expediente. La Magistrada Sustanciadora profirió el Auto el 4 de noviembre de 2020, con el propósito de ordenarle al juez de instancia la remisión inmediata del expediente del proceso, e indagar sobre el estado de garantía de los derechos amparados por el fallo de instancia del 24 de enero de 2020. En particular, solicitó al juzgado que remitiera: i) el expediente del proceso; ii) información relativa al incidente de desacato; y además iii) que indicara las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la sentencia que amparó los derechos. 23. Remisión del expediente a la Corte Constitucional. En respuesta al requerimiento, el juzgado expidió el oficio Nº 0925 del 12 de noviembre de 2020, recibido en el despacho de la Magistrada Sustanciadora el 23 de noviembre siguiente, con el que envió el expediente de tutela e indicó que el incidente de desacato fue rechazado. Sin embargo, no adjuntó la providencia mediante la cual rechazó el recurso de apertura del incidente de desacato. 24. Auto de solicitud de pruebas. La Magistrada Sustanciadora profirió Auto del 13 de enero de 2021, con el fin de actualizar la información relativa al cumplimiento del fallo de amparo proferido el 24 de enero de 2020 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y el estado de goce efectivo del derecho al agua potable de la comunidad Tezhumake. Por este motivo, decretó pruebas y solicitó informes a los accionantes, a la Alcaldía de Valledupar, al juez de instancia, a la Defensoría Regional del Cesar y a la Procuraduría 29 Judicial II de Familia de Valledupar. 25. Información remitida. De acuerdo con lo ordenado, entre los días 19 al 22 de enero de 2021, los accionantes, la Defensoría Regional del Cesar y la Procuraduría 29 Judicial II de Familia de Valledupar remitieron información a la Secretaría de la Corte Constitucional, la cual se reseñará en detalle como parte del análisis del caso y de la valoración de las actuaciones institucionales dirigidas a atender la situación de la comunidad. II. CONSIDERACIONES A.   Competencia 1. Esta Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 30 de septiembre de 2019, expedido por la Sala Novena de Selección de esta Corporación, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia. B.   Problemas jurídicos 2. A la Sala Sexta de Revisión le corresponde examinar, en primer lugar, si en este caso la acción de tutela es procedente. De ser así, deberá resolver los siguientes problemas jurídicos, dadas las circunstancias en las que se encuentra la comunidad Tezhumake y la especial situación de protección constitucional de los miembros que la componen: i. ¿La Alcaldía Municipal de Valledupar desconoció el derecho fundamental de petición de los accionantes al no haber dado una respuesta -dentro del término previsto en la Ley 1755 de 2015-? ii. ¿La Alcaldía de Valledupar vulneró el derecho fundamental al agua potable (en sus componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad) de los miembros de comunidad indígena Tezhumake? C.   Metodología y estructura de la decisión 3. Con este propósito, se desarrollará, en primer lugar, el análisis de procedencia de la acción de tutela para el caso particular, de acuerdo con los problemas jurídicos formulados. Posteriormente, en el evento en que se encuentren acreditados los criterios de procedencia, se analizará: i) la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición; ii) la naturaleza constitucional y legal del derecho al agua potable para consumo humano, junto con el contenido y exigibilidad progresiva en zonas rurales que carecen de infraestructura de acueducto; iii) el contexto histórico y actual en el que se encuentra la comunidad indígena de Tezhumake y su falta de acceso al agua potable; y iv) las gestiones institucionales tendientes a atender la situación de la comunidad y las intervenciones de las entidades vinculadas al proceso. Finalmente, a partir de los criterios expuestos, se determinará la presunta afectación derecho al agua potable. Para estos efectos, se realizará v) el análisis de cumplimiento de los componentes de disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho al agua potable; y, en el evento en que se constate su afectación, será necesario vi) acudir a un método de interacción dialógica entre las partes, como mecanismo de construcción consensuada de los remedios que respondan a la garantía progresiva del suministro de agua potable. D.   Procedencia de la acción de tutela 4. La Sala deberá determinar si es procedente la acción de tutela para amparar el derecho de petición, así como el acceso al agua potable para consumo humano como derecho fundamental autónomo innominado. Legitimación en la causa 5. La Constitución y el Decreto 2591 de 1991, disponen que la acción de tutela procederá contra cualquier autoridad pública y podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien podrá actuar a título personal o través de representante. Este requisito busca garantizar que la persona que formule la acción tenga un interés directo y particular en el asunto[24], y que sea interpuesta en contra del sujeto efectivamente responsable de la presunta vulneración o amenaza a los derechos[25]. a.     Legitimación activa La Sala encuentra que los accionantes cuentan con capacidad para formular acción de tutela en representación de la comunidad indígena Tezhumake, por lo que se acredita la legitimación en la causa por activa. En efecto, la acción fue interpuesta por Julián Daza Malo, en su calidad de representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI, y por José Luis Chimoquero Gil, Cabildo Gobernador de la etnia Wiwa del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco. 6. En relación con la representación legal de los pueblos indígenas, este Tribunal señaló en Sentencia T-172 de 2019[26] que: “En concordancia con el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales, la jurisprudencia ha admitido que la legitimación en la causa para la formulación de la acción de tutela está radicada en: (i) las autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad; (ii) los miembros de la comunidad; (iii) las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y (iv) la Defensoría del Pueblo”[27]. 7. De otra parte, esta Corporación ha dicho que, en aquellos casos en los que se encuentre en disputa el amparo de derechos fundamentales de menores de edad, se debe partir de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución[28], el cual otorga un mandato general de protección sobre ellos, y dispone un marco amplio de legitimación en la causa por activa para solicitar su protección. 8. A partir de estos criterios se debe analizar la legitimación en la causa de cada uno de los accionantes. Por una parte, de acuerdo con lo indicado en el acta de posesión del 3 de abril de 2017, José Luis Chimoquero Gil está inscrito como Cabildo Gobernador de la Comunidad Wiwa, la cual hace parte a su vez del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 084 de 2018 del Ministerio del Interior. En este sentido, la Sala constata que Chimoquero Gil actúa como representante legal autorizado de la comunidad Tezhumake del Pueblo Wiwa, en su calidad de autoridad como Cabildo Mayor registrado. De igual forma, la Resolución 084 de 2018 del Ministerio del Interior reconoció a Julián Daza Malo como representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar Dusakawi EPSI, organización que trabaja por la protección de la salud de los pueblos indígenas, y a la que están afiliados los 1.462 integrantes de la comunidad Tezhumake. De acuerdo con el Decreto 330 de 2001[29], en virtud del cual se reglamenta el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud de las comunidades indígenas, estas administrarán el riesgo en salud de los miembros de las comunidades[30], y atenderán a las directrices y lineamientos que les impartan los Cabildos, en el ámbito de sus respectivas competencias[31]. Así, el propósito de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI es, entre otros: “Administrar y proporcionar servicios de salud a los pueblos indígenas afiliados en sus territorios ancestrales del país, garantizando una prestación de servicios acorde con las características socioculturales de cada pueblo, contribuyendo a fortalecer el saber y los planes de vida propios, los recursos y autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios”[32]. De acuerdo con lo anterior, se constata, igualmente, la capacidad legal de Julián Daza Malo para representar a la comunidad Tezhumake, dada su calidad de apoderado de una organización creada para la protección de los derechos de los indígenas. Finalmente, resulta preciso indicar que, debido a que la acción fue formulada en búsqueda de la protección de derechos fundamentales de menores de edad, que representan el 55% de la población de la comunidad, el artículo 44 de la Constitución amplía el margen de legitimación activa, y flexibiliza así el rigor que el juez debe emplear al estudio de los estándares dispuestos para demostrar esta capacidad de actuación. Por este motivo, de acuerdo con los fundamentos expuestos previamente, y con sustento en el mandato general otorgado para solicitar la protección de los derechos de los menores de edad, se encuentra cumplido el criterio de legitimación activa. b.    Legitimación pasiva 9. La Sala encuentra cumplido el criterio de legitimación en la causa por pasiva de la Alcaldía de Valledupar, pues, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 366 y 367 de la Constitución, en armonía con la regulación desarrollada en las Leyes 142 de 1994[33] y 1176 de 2007[34], los municipios son las autoridades encargadas de garantizar el acceso al agua potable como servicio público. En igual sentido, en aplicación de los preceptos de complementariedad[35] y concurrencia[36] dispuestos en las mismas leyes, los departamentos también pueden actuar como responsables de la garantía del acceso a agua potable. Por este motivo, mediante Auto del 12 de noviembre de 2019, la Magistrada Sustanciadora vinculó al proceso a la Gobernación del Cesar, al igual que al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante CORPOCESAR), a EMDUPAR y a la Secretaría de Salud de Valledupar. Las referidas entidades tienen legitimación por pasiva en el trámite, en atención a su condición de autoridades públicas relacionadas con la garantía del derecho al agua, cuya protección reclaman los accionantes. Inmediatez 10. El artículo 86 de la Constitución establece la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario que busca proteger los derechos fundamentales de las personas de manera inmediata. Por su parte, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 reitera lo anterior y agrega, en el apartado 3, que la acción se rige por los principios de celeridad y eficacia. De igual forma, la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que lo dispuesto en dicha norma conlleva el deber correlativo de las personas de solicitar la protección de sus derechos fundamentales dentro de un plazo razonable[37]. 11. El criterio de inmediatez está orientado a proteger la estabilidad y seguridad jurídica de las situaciones e intereses de terceros. Por este motivo, es necesario que la acción de tutela sea interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcional al momento en el que ocurrió la acción u omisión que generó la presunta vulneración o riesgo de perjuicio. En este sentido, la conducta o supuesto fáctico del cual se deriva la afectación puede ser de ejecución instantánea o permanente y actual[38]. 12. En el presente caso, la Sala encuentra acreditado el supuesto de inmediatez en relación con la posible vulneración del derecho fundamental de petición, dado que los accionantes presentaron la acción de tutela transcurridos veintitrés (23) días hábiles desde la fecha en que presentaron la solicitud y no recibieron respuesta, de conformidad con los términos dispuestos para ello en la Ley 1755 de 2015[39]. Por otra parte, es evidente que la protección del derecho al agua potable de los accionantes es actual. Al respecto, esta Corte señaló que uno de los criterios para establecer la razonabilidad del plazo en el que se instaura la acción de tutela es: “Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata”[40]. En este sentido, los accionantes han manifestado durante el trámite de revisión que los miembros de la comunidad indígena Tezhumake no cuentan con condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad a agua potable para consumo humano. En informe remitido a esta Sala el pasado 20 de enero de 2021, indicaron que la situación actual es crítica, pues toman agua de un hilo de arroyo que en los meses de invierno es turbio y contaminado, y se seca en épocas de verano. Esto los obliga a caminar por más de tres horas hacia fuentes de agua empozada y en mal estado. Señalan que esta situación ha generado graves afectaciones a la salud, principalmente, de los menores de edad. Por estos motivos, la Corte encuentra acreditado el criterio de inmediatez de la acción, respecto de los derechos fundamentales de petición y al agua potable. Subsidiariedad 13. La procedencia de la acción de tutela se encuentra circunscrita a tres escenarios derivados del carácter subsidiario y residual de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Así, esta será procedente cuando (i) la parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger los derechos fundamentales en el caso particular; o (iii) para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. De conformidad con lo anterior, este Tribunal señaló que, aun cuando existen mecanismos dispuestos en el ordenamiento para la satisfacción de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, la acción de tutela prosperará cuando se observe que los instrumentos previstos (i) no son lo suficientemente expeditos para evitar que se configure un perjuicio irremediable, en cuyo caso la acción procederá bajo amparo transitorio[41]; o (ii) no son lo suficientemente idóneos y eficaces para brindar un amparo integral, caso en el cual la tutela procederá como mecanismo definitivo de protección[42]. A efectos de determinar la idoneidad y efectividad de un recurso, esta Corporación indicó que es necesario, por una parte, que el mismo sea diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados, y por otra, que sea materialmente apto para garantizar la protección de los derechos involucrados[43]. De esta forma, el estudio de idoneidad y efectividad no se puede emplear de forma abstracta. Por el contrario, es necesario establecer, a partir de las circunstancias fácticas del caso y de los sujetos involucrados, la adecuación del recurso para solventar las necesidades particulares objeto de análisis. 14. A partir de los parámetros señalados, es necesario analizar si, en el caso particular, la acción de tutela resulta procedente para proteger los derechos fundamentales de petición y al agua potable de la comunidad indígena Tezhumake. 15. Respecto del criterio de subsidiariedad para la protección del derecho de petición, este Tribunal ha señalado de forma reiterada que: “[C]uando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”[44]. De conformidad con lo anterior, y según se enunció en los antecedentes del presente asunto, los accionantes alegaron que presentaron petición ante la Alcaldía de Valledupar el 10 de mayo de 2019. Por medio de esta solicitaron concertar, diseñar y ejecutar la construcción de un acueducto veredal para la comunidad. No obstante, al no recibir una respuesta dentro de los términos otorgados para ello por la Ley 1755 de 2015 formularon acción de tutela para reivindicar sus derechos fundamentales. Así, resulta acreditado el criterio de subsidiariedad en relación con la presunta vulneración del derecho de petición, pues los accionantes no cuentan con otro mecanismo para obtener la protección de este derecho. Ahora, en lo atinente a la procedencia de la acción de tutela por la presunta vulneración al derecho fundamental al agua potable, esta Sala constata el cumplimiento del criterio de subsidiariedad según se expone a continuación. 16. Los accionantes alegan en el escrito de tutela y documentos complementarios que el derecho fundamental al agua de los miembros de la comunidad Tezhumake se encuentra vulnerado, pues no tienen acceso a agua potable para consumo, lo cual ha derivado en múltiples enfermedades de carácter parasitario, principalmente en los menores de edad que componen el 55% de la población[45]. Este contexto supone delimitar los parámetros de subsidiariedad del derecho fundamental al agua potable y su flexibilización, derivada de los estándares aplicables a los sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación. 17. A partir de las consideraciones generales de procedencia de la acción de tutela expuestas previamente, resulta preciso indicar que, según lo dispone el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá, en principio, cuando la pretensión se dirija a proteger derechos colectivos, tales como los dispuestos en el artículo 88 de la Constitución. Será procedente, únicamente, como mecanismo subsidiario en situaciones que comprometan derechos o intereses colectivos, siempre que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o que los recursos ordinarios no sean idóneos y eficaces para proteger el derecho vulnerado[46]. 18. Los criterios previos suponen que, en tanto la Ley 472 de 1998[47] dispone que serán intereses o derechos colectivos, entre otros, el acceso a infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el mecanismo judicial principal para su protección será la acción popular[48]. No obstante, la acción de tutela puede ser un mecanismo subsidiario de protección aun cuando se identifique la presunta vulneración de un derecho colectivo (en este caso por acceso al agua potable como servicio público), en aquellos casos en los que se encuentre vulnerado el derecho fundamental al agua, y este no pueda ser protegido de forma idónea y eficaz mediante la acción popular. Según la jurisprudencia de esta Corte, se deben tener en cuenta distintas pautas para determinar si, a pesar de que un caso específico plantee hechos que tienen relación con derechos colectivos, puede en todo caso ser procedente la tutela. En Sentencia T-297 de 2018[49] la Corte señaló que se debe tener en cuenta: a.     La trascendencia que tiene el derecho colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales; b.     La relación entre la vulneración del derecho colectivo y la amenaza del derecho fundamental, de suerte que “el daño o la amenaza del derecho fundamental debe ser consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo”; c.      La prueba en el expediente del presunto desconocimiento del derecho fundamental; d.     La determinación del peticionario como la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental; y e.      Que el amparo y, por consiguiente, la orden judicial dentro del proceso de tutela busque el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y no del derecho colectivo en sí mismo. De conformidad con este último parámetro, se deberán adoptar remedios que respondan a la satisfacción directa del derecho fundamental, aun cuando los mismos puedan proteger, igualmente, el derecho colectivo. 19. A partir de las reglas previas, es necesario distinguir si en el presente asunto los accionantes buscan la protección del derecho fundamental al agua potable, en cuyo caso resultará procedente la acción, o si, por el contrario, se aduce la protección del derecho colectivo únicamente. En efecto, el acceso a agua potable guarda una doble connotación en virtud de la cual se diferencia su sentido colectivo del derecho fundamental: (i) el agua como derecho colectivo, relacionado con el acceso al servicio público de acueducto y el cuidado de fuentes hídricas[50]; y (ii) el acceso a agua potable para consumo humano, en su faceta subjetiva[51]. 20. Únicamente en aquellos casos en donde se observe una afectación de la faceta individual del derecho al agua procederá la acción de tutela. Así, el amparo será procedente cuando se demuestre que: (i) está en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna y el acceso a una cantidad de agua suficiente para la supervivencia; y (ii) que a través del ejercicio de la acción popular no es posible el restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado lesionado o amenazado, por lo que es desproporcionado exigir que se acuda a ella para poner fin a la violación o la amenaza[52]. De acuerdo con lo anterior, la faceta individual del derecho fundamental al agua está compuesta por la garantía de acceso a unas condiciones mínimas de agua potable para consumo humano. 21. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la categoría de sujetos de especial protección constitucional. Esta implica, entre otras cosas, que cuando personas comprendidas dentro de la misma busquen el amparo de tutela, el juez constitucional tenga en cuenta sus condiciones particulares, en procura de la protección reforzada de sus derechos fundamentales. Por lo cual, al realizar el estudio de procedencia de la acción de tutela, y en particular de subsidiariedad, se flexibilizan los parámetros dispuestos, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y la materialización de los derechos fundamentales de estos sujetos[53]. 22. En el presente caso, los accionantes aducen que los miembros de la comunidad indígena Tezhumake, compuesta en un 55% por menores de edad, no tienen acceso a agua potable, lo que les causa múltiples afecciones de salud a los miembros de la comunidad. De lo anterior es posible inferir la concurrencia de dos criterios que suponen la flexibilización de los parámetros de procedencia de la acción de tutela. En concreto, los sujetos respecto de los cuales se solicita el amparo componen una comunidad indígena, de la cual, su mayoría se encuentra conformada por menores de edad. Estas dos cualidades generan sobre las personas una especial protección, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación[54]. De esta forma, el análisis de subsidiariedad será igualmente riguroso, pero menos restrictivo. En el escrito de tutela y en los documentos complementarios enviados recientemente por los accionantes, estos solicitan que se provea agua potable a los miembros de la comunidad indígena de forma urgente y se garantice su suficiencia y accesibilidad, pues, en la actualidad, enfrentan grandes retos para acceder a aquélla. Como bien se ha reiterado en el estudio de procedencia de la acción, estas personas deben abastecerse de fuentes hídricas contaminadas y caminar hasta 3 horas en búsqueda de pozos, y en todo caso, en los meses de verano no tienen acceso suficiente al agua. Tales dificultades traen como consecuencias problemas de nutrición, con especial afectación en los menores de edad, y graves secuelas en la salud de toda la comunidad. De acuerdo con el informe allegado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira -Dusakawi EPSI-, entre las primeras causas de morbilidad de los miembros de la comunidad se encuentran las enfermedades de origen infeccioso y parasitario derivadas del consumo de agua no tratada, náuseas y vómito, infección de vías urinarias y de origen respiratorio, y aborto. A partir de las consideraciones previas, concluye la Sala que generaría una carga desproporcionada exigir a los accionantes acudir a la acción popular, pues no es idónea para proteger la faceta subjetiva del derecho al agua potable (acceso a condiciones mínimas de agua para consumo humano) de forma inmediata, por lo que la tutela resulta procedente. 23. En síntesis, la acción de tutela es procedente en el presente caso para proteger los derechos fundamentales que los demandantes consideran vulnerados. En este orden de ideas, corresponde a la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional analizar si la Alcaldía de Valledupar vulneró el derecho de petición de los accionantes y el ámbito de protección de la faceta individual del derecho fundamental al agua potable de los miembros de la comunidad Tezhumake. E.   Análisis de fondo sobre los derechos fundamentales presuntamente vulnerados Derecho de petición – carencia actual de objeto por hecho superado 24. El artículo 23 de la Constitución prevé la posibilidad de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. En desarrollo de esto, la Corte Constitucional definió su contenido como la facultad de toda persona para presentar solicitudes, de forma verbal o escrita, ante las autoridades públicas, y de ser el caso, hacer exigible una respuesta congruente[55]. Esta facultad representa una garantía democrática del Estado en la medida que permite generar espacios de diálogo entre autoridades públicas y particulares, les otorga a estos la posibilidad de solicitar información directamente ante las instituciones estatales, e impone el deber ineludible de que estas respondan. 25. Este derecho fue reglamentado mediante la Ley 1755 de 2015[56], en la que se consignaron, entre otros, los términos en los que se debe plantear la petición, y los criterios para que esta se entienda resuelta. A partir de lo dispuesto en dicha ley, este Tribunal estableció, mediante Sentencia C-007 de 2017[57], el contenido de los tres elementos que conforman el núcleo esencial de este derecho: i. La pronta resolución. En virtud de la cual las autoridades tienen el deber de otorgar una respuesta en el menor plazo posible, sin que se exceda del máximo legal establecido, esto es, por regla general, 15 días hábiles; ii. La respuesta de fondo. Hace referencia al deber de las autoridades de resolver la petición de forma clara[58], precisa[59], congruente[60] y consecuencial[61]; y iii. La notificación de la decisión. Esta atiende al deber de poner al peticionario en conocimiento de la decisión adoptada, pues de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza exigible del derecho. 26. En este sentido, se presenta la vulneración de este derecho fundamental cuando se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o en aquellos casos en los que, no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud; sin que esto último signifique que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido[62]. En el caso objeto de análisis, los accionantes presentaron una solicitud ante la Alcaldía de Valledupar el 10 de mayo de 2019, y, transcurridos veintitrés (23) días hábiles sin recibir un pronunciamiento que resolviera lo solicitado, formularon acción de tutela con la pretensión de que se amparara su derecho fundamental de petición. Lo anterior le permitiría concluir a esta Sala que se presentó la vulneración efectiva al derecho de petición del que son titulares los accionantes, pues no se les dio una respuesta dentro del término de quince (15) días hábiles dispuestos en la Ley 1755 de 2015, lo que supone la transgresión del elemento de pronta resolución desarrollado previamente. 27. A pesar de lo anterior, la Alcaldía dio respuesta a la solicitud el 8 de julio de 2019, es decir, con posterioridad al inicio del trámite de tutela. Si bien el juez de instancia, mediante fallo del 24 de enero de 2020, encontró vulnerado el derecho de petición al considerar que la entidad no resolvió de fondo y de forma clara las solicitudes planteadas, esta Corporación procederá a analizar si se dio cumplimiento al elemento de respuesta de fondo referido previamente. 28. Aun cuando la respuesta fue remitida por fuera de los términos dispuestos en la ley, el documento contestó a la solicitud presentada por los accionantes. En la petición, estos requirieron “[c]oncertar, diseñar y ejecutar de manera urgente la construcción del acueducto rural para la comunidad Wiwa, del asentamiento indígena Tezhumake, ubicado en la zona rural del municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta”[63]. El oficio de respuesta consta de dos partes. La primera de ellas es la exposición que hace la Alcaldía, de acuerdo con la información remitida por la Secretaría de Salud, sobre los talleres que adelantó entre los años 2017 y 2018 en materia de salud, seguridad alimentaria, salud ambiental, y sexualidad. Seguidamente, la segunda parte se refirió a la solicitud de construcción de un acueducto e indicó que la Secretaría de Obras Públicas Municipal adelantó estudios geoeléctricos y actualmente se encuentra en etapa de formulación del proyecto para fase de exploración en búsqueda de agua subterránea, y “una vez cuente con el proyecto se radicará en el banco de proyectos para su viabilización y priorización”[64]. 29. Sin perjuicio del incumplimiento de la Alcaldía del componente de pronta resolución, esta Corporación encuentra que el oficio resuelve la petición de forma clara, precisa y congruente, pues responde directamente a la solicitud de los accionantes. Además, es comprensible y conforme con lo solicitado. Esto supone el cumplimiento del componente de respuesta de fondo. Igualmente, se constató la notificación de la decisión, pues el oficio fue remitido al domicilio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira -Dusakawi EPSI-[65]. En consecuencia, la Alcaldía de Valledupar vulneró el derecho de petición de los accionantes al no responderles en los términos legales previstos. No obstante, una vez interpuesta la acción de tutela la entidad accionada subsanó su incumplimiento. 30. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela carecerá de competencia sobre la materia cuando no exista un objeto jurídico sobre el cual pronunciarse. Esto es, en el caso en que se presente la carencia actual de objeto. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, se evidenciará la misma por tres circunstancias i) hecho sobreviniente[66]; ii) daño consumado[67] o iii) hecho superado. Este último se refiere a aquellos casos en donde las pretensiones de los accionantes pierden vigencia, por cuanto se dio cumplimiento a lo requerido de parte del sujeto accionado[68]. La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre la interposición de la acción y el fallo, se satisface por completo la pretensión objeto de amparo. Es decir que “por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario”[69]. En consideración a lo anterior, en el asunto analizado se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que se refiere a la pretensión de vulneración del derecho fundamental de petición, puesto que la Alcaldía de Valledupar dio respuesta integral a la petición presentada, de forma que se satisfizo el derecho en su faceta subjetiva, aun cuando la respuesta no accedió a lo solicitado por los accionantes. 31. Una vez analizada e identificada la vulneración del derecho de petición y su superación, se procederá a estudiar la posible transgresión del derecho fundamental al agua potable. Derecho fundamental al agua potable para consumo humano 32. El estudio de este derecho requiere determinar: a) la naturaleza del derecho; b) el régimen legal del mismo; y c) su particular reglamentación cuando se trata de zonas rurales carentes de infraestructura de servicios públicos. a.     Naturaleza constitucional y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho fundamental al agua potable 33. Ante la inexistencia de una fuente constitucional expresa que reconozca el derecho al agua como fundamental, su concreción en el ordenamiento jurídico se realizó mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El derecho al agua ha sido considerado fundamental, primordialmente, por dos vías: de una parte, a partir del bloque de constitucionalidad construido en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, y conforme a la interpretación que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el “Comité DESC”)[70] realizó de los artículos 11 y 12 del Pacto[71] en la Observación General 15 de 2002 (relativos a los derechos “a un nivel de vida adecuado” y al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”)[72]. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución, según el cual, la carta de derechos dispuesta en el texto constitucional es enunciativa y dinámica, de forma que, al ser el agua potable para consumo humano una condición inherente a la vida, aun cuando no figure expresamente en la Constitución, podrá ser integrada a la misma[73]. 34. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha decantado una línea clara y constante en cuanto a la protección del derecho al agua potable, inicialmente, por conexidad con otros derechos fundamentales, y, actualmente, por su condición autónoma de derecho fundamental innominado. 35. En un comienzo, la Corte sustentó sus decisiones[74] de amparo al derecho al agua en tanto que su uso contribuye, inexorablemente, a la salud, la salubridad pública y, en últimas, a la vida. Así, acogió un criterio de conexidad, a partir del cual el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado era susceptible de ser exigido por vía de tutela si se evidenciaba que la falta de la prestación podía conllevar a la vulneración de derechos fundamentales, como la vida y la dignidad humana[75]. 36. Posteriormente, la Corte reemplazó la tesis de conexidad y le otorgó un carácter autónomo al derecho al agua potable. Este se sustenta en dos premisas interrelacionadas. La primera, consiste en el reconocimiento de la doble faceta de todos los derechos fundamentales, una de ellas compuesta por el criterio de igualdad y no discriminación que establece obligaciones negativas al Estado, y la otra, la faceta prestacional que dispone obligaciones positivas encaminadas a la materialización del derecho[76]. La segunda, radica en la necesidad de garantizar el acceso agua potable para la subsistencia mínima y vida digna de las personas[77]. 37. Ahora, en cuanto al marco de protección de este derecho fundamental y sus parámetros de garantía, la Corte Constitucional ha acudido a la Observación General 15 del Comité DESC[78] que dispone el fundamento jurídico de este derecho y su contenido. Este Tribunal derivó de dicha Observación que la efectiva realización del derecho al agua potable comprende garantizar las siguientes condiciones mínimas[79]: (i) disponibilidad: el suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de uso personal y doméstico[80]; (ii) calidad: el agua debe ser salubre para su consumo personal y doméstico[81]; y (iii) accesibilidad: los servicios de abastecimiento de agua deben ser físicamente accesibles y económicamente asequibles para estar al alcance de todos los sectores de la población, sin discriminación alguna[82]. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité DESC reconoció que la aplicación de los estándares dispuestos en la Observación será progresiva y sujeta a los “obstáculos que representan los limitados recursos disponibles”[83]. 38. Más específicamente, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en su informe sobre la realización progresiva de la efectividad de este derecho[84], señaló que su materialización no puede llevarse a cabo en un plazo breve y suele depender de los recursos al alcance y de su uso. En este sentido, mencionó que “la escasez de recursos disponibles puede constituir una limitación para el logro progresivo de la efectividad de los derechos, en particular para los Estados en desarrollo”[85]. 39. No obstante, como todo derecho humano, el derecho al agua potable y al saneamiento tiene características mínimas inviolables, las cuales componen su núcleo esencial, que debe ser garantizado a toda persona en cualquier circunstancia[86]. Supone “un mínimo por debajo del cual no deben quedar las prestaciones de ningún Estado, ni siquiera en condiciones desfavorables ni en presencia de intereses imperiosos”[87]. Reiteró, en este sentido, el deber de los Estados de garantizar en todo momento la disponibilidad, calidad y accesibilidad. 40. Al estudiar las características y delimitación de estos tres componentes, el Relator Especial señaló que no se procura sugerir cuáles son las obligaciones básicas que se derivan de los mismos, sino que, se están aportando elementos conceptuales y empíricos que orienten a los Estados hacia su cumplimiento. De esta manera, el informe aportó un elemento crucial al análisis del núcleo esencial del derecho al agua potable, pues desarrolló el alcance del componente de disponibilidad. No se trata de categorías unívocas, pues existe un amplio debate sobre el establecimiento de la cantidad suficiente de agua que compone el mínimo exigible de forma inmediata. Al respecto, el Relator Especial aclaró que el derecho internacional de los derechos humanos no ofrece una solución taxativa al asunto[88], inclusive, manifestó que: “El nivel mínimo que necesita cada individuo difiere según el contexto y no puede aplicarse universalmente. De ello se desprende que las obligaciones básicas mínimas deben establecerse teniendo en cuenta ese contexto. Los derechos humanos requieren una transición hacia un enfoque cualitativo y hacia el planteamiento de preguntas centradas en las personas y el entorno social y económico en el que viven y trabajan”[89]. De igual forma, señaló, por ejemplo, que 25 litros de agua potable al día por persona pueden ser suficientes para consumo humano, pero que puede resultar riesgoso para la salud si no existe una fuente hídrica para la higiene[90]. Lo anterior supone que el análisis de determinación del componente de disponibilidad puede variar caso a caso, a partir de elementos como la cantidad de agua potable a la que tienen acceso las personas o, en caso de que no la tengan, si existe una fuente hídrica que pueda suplir el saneamiento básico aun cuando la misma no sea tratada. 41. En síntesis, el ordenamiento jurídico colombiano prevé el amparo del derecho fundamental al agua potable para consumo humano. Su protección debe partir del carácter progresivo de su garantía, sin que por ello se desconozca el núcleo esencial exigible de forma inmediata, y sus componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad, desarrollados de acuerdo con el contenido normativo de la Observación General 15 de 2002 del Comité DESC. El elemento de disponibilidad, que determina la cantidad de agua potable a la que debe tener acceso toda persona en cualquier circunstancia se debe analizar caso a caso, bajo el marco contextual de ubicación permanente de la persona y sus circunstancias del consumo. 42. A partir de estas consideraciones, la Sala reseñará el desarrollo constitucional y legal, a partir del cual es posible determinar las entidades estatales responsables de garantizar el acceso al agua potable, las particularidades de las obligaciones a cargo de estas instituciones públicas, y la exigibilidad progresiva de tal garantía, en particular, en áreas rurales carentes de infraestructura de servicios públicos. b.    Régimen legal y constitucional en torno a la garantía del derecho al agua potable 43. En primera medida se debe resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, “[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”[91]. Este artículo comprende una afirmación axiológica y, a su vez, una obligación que cobra especial importancia en vista de la naturaleza social del Estado colombiano dispuesta en el artículo primero de la Constitución[92]. Se entiende así que la garantía de acceso a los servicios públicos es inherente a la existencia misma del Estado. 44. En igual sentido, el artículo 366 de la Carta dispone que será objetivo fundamental de la actividad estatal solventar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable[93]. De tal forma, en los planes y presupuestos a nivel nacional y territorial, el gasto público social deberá tener prioridad sobre cualquier otra asignación. 45. Por su parte, el artículo 367 atribuye a los municipios la responsabilidad directa de prestación de los servicios públicos y reconoce, en todo caso, la obligación de concurrencia y apoyo de los departamentos. 46. Finalmente, la Constitución le otorga la dirección general de la economía al Estado. Esto implica que deberá intervenir, por mandato de la ley, en los servicios públicos para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, bajo un marco de sostenibilidad fiscal. Este último debe actuar como instrumento para alcanzar, de forma progresiva, los fines del Estado Social de Derecho. En ningún caso, la sostenibilidad fiscal podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales[94]. De lo anterior se infiere, por una parte, que todos los ciudadanos del territorio nacional tienen derecho a acceder de forma eficiente y efectiva a los servicios públicos, y que estos deben procurar satisfacer las necesidades de salud y agua potable. Por otra, que las entidades territoriales del nivel local tienen la obligación directa de garantizar dicho derecho, de forma progresiva, y bajo un marco de sostenibilidad fiscal, sin perjuicio de la concurrencia de los departamentos en materia de apoyo y coordinación para la materialización. 47. Este acercamiento al panorama constitucional de garantía del derecho al agua como servicio público permite observar obligaciones generales de carácter progresivo y sus responsables. La Ley 142 de 1994[95], por medio de la cual se estableció el régimen de servicios públicos domiciliarios, reguló en mayor detalle la distribución de obligaciones tendientes a garantizar la prestación de dichos servicios. Por este motivo, pasa la Sala a referirse al régimen legal aplicable. La Ley 142 de 1994 señala que el Estado intervendrá en la prestación de servicios públicos con el propósito de atender, de forma prioritaria, las necesidades básicas insatisfechas de agua potable y saneamiento[96]. Para esto, reitera la competencia de los municipios para asegurar que se garantice el acceso a estos servicios, de forma directa o indirecta, por empresas de carácter oficial, privado o mixto[97]. Asimismo, las entidades territoriales del nivel local deberán “[a]poyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia”[98]. 48. En cuanto a la obligación concurrente de apoyo y coordinación de los departamentos, la Ley 142 de 1994 dispone que estas entidades territoriales prestarán apoyo financiero, técnico y administrativo a las empresas de servicios públicos que operen en el departamento, así como a los municipios que hayan asumido la prestación directa de los mismos[99]. 49. Por último, la ley estableció obligaciones a cargo de la Nación con el propósito de garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. Al igual que los departamentos, cuenta con un deber concurrente de apoyo financiero, técnico y administrativo a las empresas de servicios públicos y a los municipios que presten los mismos de forma directa[100]. Sin embargo, agregó que la Nación será competente para “[p]restar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley”[101]. 50. Es posible observar que existe una estructura de responsabilidades en virtud de la cual los municipios cuentan con la obligación directa de garantizar la prestación de los servicios públicos, y los departamentos y la Nación deben concurrir de forma complementaria con su apoyo. Este mecanismo concurrente de responsabilidad se efectúa mediante el Sistema General de Participaciones, dispuesto en los artículos 356 y 357 de la Constitución, y su reglamentación legislativa. Este sistema crea un fondo cuyo capital proviene de rentas nacionales que tiene como propósito crear fuentes de financiamiento exógenas para las entidades territoriales[102]. Así, los departamentos y municipios reciben un apoyo financiero de la Nación para el cumplimiento de sus competencias. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución, y 3º de la Ley 715 de 2001[103], los recursos del Sistema General de Participaciones serán destinados, con prioridad, para el sector de la salud, educación y para agua potable y saneamiento básico, de forma que se garantice la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población con mayores índices de pobreza. c.      Régimen particular aplicable a zonas rurales carentes de infraestructura de servicios públicos 51. En el caso particular de zonas rurales carentes de infraestructura de servicios públicos, la Ley 1955 de 2019[104], por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 2018 a 2022, dispuso que: “Los municipios y distritos deben asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil gestión, y en zonas rurales, implementando soluciones alternativas colectivas o individuales, o mediante la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el Gobierno nacional y la reglamentación vigente en la materia. (…)”[105]. 52. Por su parte, el Decreto 1898 de 2016[106] estableció la obligación en cabeza de los municipios y distritos de asegurar que los centros poblados rurales y zonas rurales cuenten con la infraestructura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico[107]. En el evento en el que el municipio identifique razones técnicas, operativas o socioeconómicas que impidan la prestación efectiva del servicio público mediante un sistema de acueducto y alcantarillado, se podrán adoptar soluciones alternativas[108]. En todo caso, estas últimas deben adecuarse a los siguientes parámetros: “1. El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde la fuente, acorde con la normatividad aplicable a la materia y con las necesidades de la comunidad. 2. El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento. 3. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será requerido para los inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro que entreguen agua apta para consumo humano”[109]. 53. En resumen, el deber de garantía del derecho al agua potable radica, de forma directa, en los municipios, quienes podrán cumplir su obligación mediante empresas de servicios públicos. No obstante, los departamentos y la Nación deben concurrir de forma indirecta en el apoyo financiero, técnico y administrativo necesario para cumplir con las competencias correspondientes a la prestación de servicios públicos, y en particular, de la infraestructura necesaria para su desarrollo. Este respaldo se efectúa, principalmente, mediante el Sistema General de Participaciones. Finalmente, en zonas rurales carentes de infraestructura de acueducto y alcantarillado, el municipio podrá acudir, de ser necesario, a sistemas alternativos, los cuales se deben adecuar a los parámetros dispuestos en la reglamentación respectiva. 54. Una vez expuestos los criterios constitucionales y legales que determinan el contenido del derecho al agua potable, es necesario identificar cuál es el contexto general de la comunidad indígena Tezhumake, su especial relación con el territorio y el agua, y las circunstancias históricas que han llevado a la situación que actualmente padecen en materia de acceso a agua potable y salud. Contexto de la comunidad Tezhumake del Pueblo Wiwa 55. La comunidad Tezhumake forma parte del Pueblo Indígena Wiwa que se encuentra ubicado en la Sierra Nevada. Este pueblo se encuentra compuesto por 15.000 personas, y habita principalmente en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena[110]. Cuentan con una arraigada identidad cultural derivada de sus saberes ancestrales y rigen su actuar por la Ley de Origen[111]. Esta identidad cultural guarda una relación íntima con el territorio, el cual es visto como un espacio sagrado que trasciende lo físico. Según el informe de caracterización del Ministerio de Cultura: “El territorio es considerado como la madre, la cual contiene todos los elementos espirituales, los cuales posibilitan la vida de todos los seres. Igualmente, el territorio está organizado y clasificado según la visión de los padres Serankua y Ruabiku. Gracias a ellos cada espacio y cada elemento que se encuentra en el territorio tienen una función, un significado y se define como masculino (Karrua) o femenino (Kamena)”[112]. De igual forma, los Wiwa tienen un vínculo especial con el territorio que se explica desde sus prácticas agropecuarias y su entendimiento y nexo con el agua. La alimentación del pueblo se basa en el maíz, la yuca, el plátano, la arracacha, el guineo y otros. Estos productos se complementan con carnes, pescado y algunas hortalizas que cultivan directamente los indígenas[113]. 56. Por su parte, la cosmovisión Wiwa cuenta que en un principio tuvieron vida en el agua. Antes de que se creara el mundo, todos eran burbujas de agua. “Cuando llegó la oscuridad se creó el pensamiento y gracias a los padres Sealukukui y Serankua, quienes fueron los creadores, convirtieron a los Wiwas en personas y lo más importante, dejaron el pensamiento y la responsabilidad a los Wiwas de ser guardianes del territorio”[114]. Esta relación de dependencia y conexión espiritual entre los indígenas Wiwa, el territorio y el agua existe desde el nacimiento y hasta el fallecimiento de sus integrantes, y ha sido trasmitida generacionalmente mediante la tradición oral de los Mamos y las Sagas. 57. Estas prácticas ancestrales se vieron afectadas, inicialmente por la colonización y, posteriormente, por las dinámicas del conflicto armado. Los impactos de la colonización no indígena en la Sierra Nevada generaron nuevas formas de interacción, afectación de la seguridad alimentaria y prácticas que alteraron el conocimiento y las tradiciones[115]. Este pueblo étnico ha padecido directamente el conflicto armado y ha sido afectado por diferentes actores desde la década de los 80. Si bien los Wiwa tienen tendencia a la migración, estos procesos se incrementaron desde el año 2002 a raíz de los desplazamientos forzados, ya que las dinámicas del conflicto se intensificaron en la zona[116]. 58. Según lo expuso la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional por desplazamiento forzado declarado mediante Sentencia T-025 de 2004[117], el pueblo Wiwa ha sido una de las etnias que en mayor medida ha padecido el conflicto armado colombiano en las últimas décadas. El territorio en el que se encuentra asentado este pueblo formó parte del escenario de combate en el que tomaron parte grupos armados al margen de la ley y las Fuerzas Armadas. Esto llevó a que varias comunidades indígenas fueran víctimas del desplazamiento[118]. Asimismo, señaló la Corte que: “Las estrategias bélicas y de control de los grupos armados ilegales, y también de la Fuerza Pública, conllevan restricciones en el paso de alimentos, personas, medicamentos e insumos básicos. Estas restricciones, sumadas al frecuente robo de alimentos, cultivos y ganados por los grupos armados, han generado una seria crisis alimentaria. En efecto, el recrudecimiento del conflicto armado ha generado un serio desabastecimiento alimentario por la destrucción de cultivos, el hurto de ganado y animales, la destrucción y saqueo de tiendas, las restricciones a la movilidad de alimentos y personas, el miedo de los vehículos a subir a la zona ante la posibilidad de ser objeto de ataques, y la interrupción de las labores agrícolas por causa del desplazamiento forzado. Inicialmente la crisis alimentaria surgió de las restricciones y bloqueos alimenticios impuestos por los grupos paramilitares, que además prohibieron a los Wiwa comercializar sus cosechas; luego se acentuó por la destrucción y hurto de cultivos y animales por todos los grupos armados, y por las restricciones alimentarias impuestas por el Ejército, que frecuentemente acusa a los wiwas de alimentar a la guerrilla e impone topes a los alimentos que se pueden transportar por familias, por ejemplo, no permite que se transporten más de 4 kg de arroz por familia para la semana. La situación alimentaria incide especialmente sobre los menores de edad, exacerbando las tasas de morbi-mortalidad por desnutrición y enfermedades prevenibles de la infancia”[119]. 59. La gravedad de la situación llevó a que, en el 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Comisión ordenó al Estado colombiano que: i) adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de este pueblo, de forma que se respete su identidad cultural y se proteja la especial relación que guardan con el territorio; ii) se brindara atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento y de la crisis alimentaria, en particular a los niños, niñas y adolescentes del pueblo; iii) se concertaran medidas de protección colectiva que incluyeran la presencia de defensores comunitarios; y iv) adoptara las medidas necesarias para poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria[120]. 60. Posteriormente, mediante Auto 004 de 2009[121], la Corte Constitucional declaró el riesgo de exterminio físico y cultural de este pueblo indígena como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado, y ordenó a diversas autoridades gubernamentales formular e iniciar la implementación de un plan de salvaguarda étnica del pueblo Wiwa[122]. 61. Por otra parte, los desplazamientos de los que han sido víctimas las comunidades de este pueblo, el cambio climático y los proyectos de explotación de recursos naturales en los territorios han generado dificultades para acceder al agua potable. Según informaron las autoridades indígenas mediante comunicado público del 30 de marzo de 2020, las fuertes sequías, la minería ilegal y los incendios forestales, han afectado a las familias de las comunidades, puesto que, la quema de cultivos, de flora y fauna, los fuertes vientos que esparcen las cenizas y la contaminación causada por la explotación de recursos naturales, principalmente de forma ilegal, han limitado el acceso a agua potable. Por este motivo, se declararon en estado de emergencia[123]. 62. Ahora bien, expuesto el contexto general del Pueblo Wiwa, es necesario referirse a la situación particular de la comunidad indígena Tezhumake. Esta es una de las comunidades de este pueblo que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Cesar. Concretamente, en la cuenca del río Badillo, corregimiento de Patillal del municipio de Valledupar. Se encuentra a una hora de Valledupar en la vía que conduce de Patillal a Atanquez, ubicado en una llanura a 700 metros sobre el nivel del mar[124]. 63. Esta comunidad ha sido gravemente azotada por el conflicto colombiano. En el año 2018, la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona (OWYBT) denunció que se presentó el ametrallamiento y hostigamiento en su territorio que “llenó de sosobra (sic), temor, amedrantamiento (sic) y pánico, al punto de que las 75 familias que viven allí se desplazaran”[125]. 64. En el plan de salvaguarda étnica del Pueblo Wiwa se indicó que en el territorio de la comunidad Tezhumake “las corrientes de aguas permanentes son escasas y limitada al uso comunitario de una afluente que nace en Boca infierno, cuenta con un clima de bosque seco tropical”[126]. En igual sentido, el Concejo Municipal de Valledupar señaló que, los corregimientos del municipio, como aquel en el que se ubica la comunidad, poseen serias dificultades para acceder al agua potable “desde hace varias décadas”[127]. Como se ha visto, el contexto cultural e histórico del pueblo Wiwa denota la situación apremiante en la que se encuentra esta etnia. Su tradición cultural y el vínculo íntimo ancestral que guardan con el territorio y con el agua han sido afectados como consecuencia del conflicto armado, el desplazamiento forzado, los proyectos de explotación de recursos naturales y las fuertes sequias. Esto ha generado, igualmente, que el acceso al agua potable sea escaso y que se generen afectaciones en la salud de los Wiwa, tanto a nivel nutricional como infeccioso. La comunidad Tezhumake, como parte de este pueblo, ha padecido las consecuencias de estas problemáticas. Para esta Sala, resultan relevantes las carencias y dificultades históricas en el acceso y abastecimiento de agua potable de esta comunidad, y las consecuencias culturales y de salud que se derivan de ello. Por una parte, la afectación en el acceso a fuentes hídricas impide el desarrollo de las costumbres agropecuarias y culturales de la comunidad. Por otra, la falta acceso a agua potable para consumo humano genera graves afecciones de salud a los miembros de la comunidad. Analizado el contexto de la comunidad Tezhumake del Pueblo Wiwa, a continuación, se expondrá la gestión institucional que se ha adelantado en respuesta a la situación referida. Intervenciones institucionales para la garantía del derecho al agua potable de la comunidad Tezhumake 65. A partir de las pretensiones formuladas por los accionantes, esta Sala identificó que, el contexto en el que se enmarca la presunta vulneración de derechos fundamentales supone el amparo, eventual, de derechos cuya garantía es de carácter progresivo y requiere de la ejecución de múltiples gestiones interinstitucionales. En este sentido, tanto el análisis de los supuestos fácticos alegados, como la posible respuesta estatal actual a los mismos, supuso vincular al proceso a diversas entidades y realizar numerosas solicitudes de información. De tal forma, se recaudaron pruebas tendientes a identificar cuál es la acción institucional empleada en respuesta, y si la misma se adelanta bajo un sentido dialógico y participativo que comprenda los usos y costumbres de la comunidad Tezhumake. Con este fin, la Magistrada Sustanciadora profirió tres autos que decretaron pruebas a lo largo del proceso, cada uno de los cuales tuvo un propósito particular, dirigido, en últimas, a obtener información sobre el estado de goce efectivo del derecho al agua potable de los miembros de la comunidad, y respecto de las gestiones adelantadas por las diversas entidades vinculadas a la garantía de este derecho. De este modo, se realizaron las siguientes solicitudes de información: i) Auto del 12 de noviembre de 2019, mediante el cual se vinculó al proceso a diversas entidades, se les solicitó información sobre el cumplimiento de sus competencias relacionadas al caso, y se requirió información a otras; ii) Auto del 20 de abril de 2020, por medio del cual se reiteró la competencia de la Sala de Revisión sobre el caso y se decretaron pruebas con el objeto de identificar el estado de cumplimiento del fallo proferido por el juzgado de instancia en el cual se concedió el amparo; y iii) Auto del 13 de enero de 2021, el cual procuró actualizar la información solicitada en los autos previos, dado el tiempo transcurrido desde que se profirió la providencia de amparo del derecho. A continuación se presenta una síntesis de los principales hallazgos identificados por esta Sala en el proceso de recaudo probatorio. 66. Respuesta de la Gobernación del Cesar del 21 de noviembre de 2019[128]. La Gobernación del Cesar indicó que, a nivel departamental, no se encuentra vigente ningún proyecto sobre el asunto. 67. Respuesta del Departamento para la Prosperidad Social del 26 de noviembre de 2019[129]. Se le solicitó a la entidad aclarar qué programas adelanta para la garantía de la salud y seguridad alimentaria de la comunidad Tezhumake. La entidad informó que esta no es objeto de atención en los programas de oferta institucional Resa Étnico[130] e Iraca[131] de la Dirección de Inclusión Productiva con enfoque diferencial. 68. Respuesta del ICBF del 26 de noviembre de 2019[132]. El instituto se pronunció en relación con el posible impacto de la falta de acceso de agua potable sobre la alimentación y salud de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Tezhumake. La entidad aclaró, inicialmente, que no cuenta con competencias para garantizar el acceso a agua potable de las comunidades indígenas del territorio nacional. Sin embargo, agregó que existen múltiples conceptos técnicos que demuestran la estrecha relación existente entre el agua potable, la nutrición y la salud. En este sentido, se remitió a informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, e indicó que, “el agua potable y el saneamiento son fundamentales para la nutrición, la salud y la dignidad de todos. La falta de acceso a agua potable, servicios de saneamiento y prácticas de higiene menoscaban el estado nutricional de las personas a causa de la difusión de enfermedades transmitidas por el agua e infecciones intestinales crónicas”[133]. En el caso particular de ejecución de medidas de atención a la comunidad Tezhumake, el ICBF aclaró que, entre las vigencias de 2014 a 2017, otorgó cien cupos anuales a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad a los programas de Desarrollo Infantil en Medio Familiar y Generaciones Étnicas Bienestar. Estos programas gestionan la prevención de la desnutrición en menores de edad de un rango etario desde la primera infancia, y hasta los 17 años. Por último, señaló que, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, se adelanta el Plan de Trabajo contra la Desnutrición 2019-2022, en el cual se priorizó la intervención en el departamento del Cesar, dados los índices de desnutrición identificados en los años de 2017 y 2018. 69. Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 2 de diciembre de 2019[134]. La Corte Constitucional solicitó al ministerio aclarar si ha adelantado algún proyecto productivo dirigido a la comunidad Tezhumake. Esta cartera manifestó que no se ha presentado ninguna iniciativa institucional relacionada con esta comunidad. 70. Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del 20 de noviembre de 2019[135]. Se solicitó a esta institución aclarar, por una parte, qué gestiones administrativas adelanta con el fin de financiar la ampliación de cobertura de suministro de agua potable y alcantarillado en la zona rural del municipio de Valledupar y, por otra, qué estrategias aplica con el fin de incluir a la etnia Wiwa en los planes y programas en materia de suministro de agua potable y saneamiento básico. En cuanto a la primera inquietud, el ministerio señaló que, en cumplimiento de sus competencias, actúa como ente rector técnico de las políticas de desarrollo de planes de suministro de agua potable, por lo que presta apoyo técnico y financiero a las entidades territoriales. Para ello, es necesario que los niveles locales y departamentales formulen y estructuren los proyectos y se presenten ante esta entidad para que los evalúe y apruebe. Igualmente, indicó que existen diversos sistemas de financiamiento, tales como el Sistema General de Participaciones, las Bolsas de Apoyo Financiero a los PAP-PDA, las Líneas de Redescuento con Tasa Compensada, el Sistema General de Regalías y el apoyo financiero de las Corporaciones Autónomas Regionales. En relación con el segundo interrogante, aclaró que la iniciativa de gestión y priorización de recursos para el desarrollo de proyectos de agua potable y acueducto que requieran apoyo financiero de la Nación recae en las entidades territoriales. En este sentido, actualmente no hay un programa de apoyo por parte del ministerio para el desarrollo de proyectos de abastecimiento de la comunidad indígena Tezhumake, pues hasta la fecha no se han presentado planes en los que se solicite tal cosa. 71. Respuesta de la Procuraduría 29 Judicial II de Familia Valledupar – Cesar del 19 de enero de 2021[136]. Esta Corporación le solicitó al ente de control aclarar cuáles han sido las gestiones adelantadas por la Alcaldía de Valledupar para garantizar el acceso al agua potable de la comunidad, el grado de cumplimiento de lo anterior, y las posibles complicaciones evidenciadas a tales medidas. Al respecto, indicó que la Alcaldía envió durante el año 2020 un carrotanque mensual con una capacidad de entre 9.000 y 10.000 litros, lo cual no cubre las necesidades básicas de consumo de la comunidad. De igual forma, informó que, como consecuencia de la dificultad topográfica en la que se encuentra ubicado el asentamiento indígena, el envío de carrotanques no es una solución viable para esta problemática. Por este motivo, señaló que es necesaria la construcción de pozos profundos. 72. Respuesta de los accionantes del 25 de noviembre de 2019[137]. Se plantearon varias preguntas a los accionantes con el objeto de determinar cuáles son las fuentes hídricas de abastecimiento de la comunidad, y la situación actual de nutrición y salud de sus integrantes. De acuerdo con la información remitida, esta comunidad accede al suministro de agua potable por dos manantiales “los cuales se secan en temporada de verano, que son normalmente los [meses] de: diciembre, enero, febrero y marzo, junio, julio y agosto; es decir siete (7) meses del año”[138]. Igualmente, acuden a un arroyo del que extraen el agua para saneamiento y riego, dado que el mismo no es potable. Ya que no cuentan con pozos o instrumentos de almacenamiento, durante los meses de verano sufren graves sequías que afectan las cosechas, alimento de animales, higiene y saneamiento, actividades espirituales y tradicionales, y consumo personal. Por lo anterior, aseguran que, si bien les han prometido la construcción de tres (3) pozos profundos y su respectivo sistema de potabilización, estas resultan ser “promesas de campaña” que luego no se materializan[139]. De igual forma, reiteraron que, es evidente que los miembros de la comunidad Wiwa del asentamiento Tezhumake, se enferman y mueren como consecuencia de la desnutrición y el padecimiento de enfermedades parasitarias derivadas de la escasez de agua potable. 73. Ampliación de información otorgada por los accionantes el 20 de enero de 2021[140]. Los accionantes aclararon que la Alcaldía de Valledupar ha dado cumplimiento parcial a lo ordenado en el fallo de amparo proferido por el juez de instancia. Indicaron que mensualmente se envía un carrotanque con una capacidad de 12.000 litros, lo cual no es suficiente para los 1,462 habitantes de la comunidad. En cuanto al acceso actual a agua potable y los métodos de abastecimiento, manifestaron que actualmente no cuentan con tanques de almacenamiento ubicados en la comunidad y que acceden a esta mediante un hilo de arroyo que pasa al lado del pueblo, el cual es turbio y contaminado en los meses de invierno, y se seca en el verano. Por su parte, señalaron que se encuentran de acuerdo con la construcción, bien sea de unos pozos profundos, o mediante sistemas de captación de las cuencas hidrográficas. 74. Respuesta de la Alcaldía de Valledupar del 02 de febrero de 2021[141]. La entidad territorial manifestó que, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que concedió el amparo a la comunidad Tezhumake, gestiona el aprovisionamiento de agua a sus habitantes mediante la adopción de medidas urgentes. En consecuencia, hacen entregas “por medio de carrotanques con la capacidad y condiciones técnicas necesarias para circular por las vías de acceso al asentamiento de la comunidad y entregar el líquido vital de manera segura”[142]. Señaló que este suministro se realiza de acuerdo con los parámetros dispuestos con la comunidad y en cumplimiento de los criterios de calidad señalados en el Decreto 1575 de 2007. A pesar de lo anterior, reconoció que el principal obstáculo para abastecer de agua a la comunidad radica en que Tezhumake se encuentra en una zona rural de difícil acceso, que dificulta el tránsito de los carrotanques. Por otra parte, se refirió al proceso de concertación que se adelanta con el Cabildo Gobernador Wiwa para la construcción de 3 pozos profundos. En este sentido, explicó que existe un proceso de diálogo y un acuerdo actual en el diseño de los pozos. 75. Expuesta la información recaudada por esta Sala sobre el estado de abastecimiento y suministro de agua potable de la comunidad Tezhumake, se procederá a estudiar la presunta vulneración de este derecho fundamental. F.    Análisis de vulneración del derecho al agua potable 76. El presente caso supone analizar si la Alcaldía de Valledupar vulneró el derecho fundamental al agua potable de los miembros de la comunidad indígena Tezhumake al no adelantar medidas que garanticen su acceso en condiciones mínimas. 77. Dado que el derecho fundamental al agua potable se encuentra conformado por los elementos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, se debe estudiar el cumplimiento de estos tres componentes para así determinar la garantía o vulneración de esta prerrogativa. Análisis de cumplimiento del componente de disponibilidad 78. De acuerdo con las consideraciones expuestas previamente, el estudio de disponibilidad o abastecimiento de agua potable se compone de dos elementos: suficiencia y continuidad. Estos se refieren a la capacidad de suplir las necesidades personales y domésticas de forma ininterrumpida. El análisis de estos parámetros debe ser realizado caso a caso, a partir de criterios cualitativos que identifiquen las condiciones de acceso a fuentes de provisión de agua y las características de consumo particulares[143]. 79. En el presente caso, los accionantes indicaron que los miembros de la comunidad Tezhumake acceden al agua de dos formas[144]: para consumo humano, extraen el líquido de dos manantiales turbios y contaminados durante los meses de invierno, y que se secan en el verano. Para las labores domésticas, es decir, limpieza del hogar, cocina, alimentación de animales y riego de cultivos, mediante un arroyo que también se seca durante los meses de mayor temperatura y que no es potable[145]. El verano, aclararon los accionantes, se extiende por 7 meses del año, por lo que tienen grandes dificultades para suplir sus necesidades de agua para consumo humano y labores domésticas la mayor parte del tiempo. 80. Al preguntarles sobre posibles sistemas de almacenamiento de aguas, señalaron que desde hace más de 10 años solicitaron al municipio de Valledupar la instalación de un mecanismo para la captación, transporte y potabilización del agua desde el Río Badillo. No obstante, sus peticiones han sido desatendidas. En concreto, manifestaron que les prometieron la construcción de tres pozos profundos y su respectivo sistema de potabilización. Sin embargo, no se han adelantado mayores gestiones al respecto[146]. 81. Esta falta de acceso suficiente y permanente al agua potable se traduce, de un lado, en la afectación directa de la salud de los miembros de la comunidad y, de otro, en la pérdida de cultivos y muerte de animales[147]. Sobre los efectos de la carencia de agua en la alimentación y nutrición, los accionantes señalaron: “Si no hay agua, no podemos cultivar, si no hay comida no podemos alimentarnos. Esto conlleva a que perdamos nuestras prácticas, usos y costumbres de alimentarnos con nuestros productos, y que estamos a la espera que nos traigan comida que no conocemos, procesada y hasta chatarra, afectando gravemente nuestra salud”[148]. 82. Posteriormente, en oficio remitido a la Corte Constitucional el 21 de enero de 2021, agregaron que en la institución académica de la comunidad cuentan con dos tanques de almacenamiento de hasta 10.000 litros[149]. La existencia de estos tanques permitiría suponer que en Tezhumake cuentan con la capacidad de conservar agua. Sin embargo, al ser 1.462 habitantes, el volumen de almacenamiento resulta insuficiente para el número de personas, y la cantidad de usos que le dan a la misma, en particular, durante la extensa temporada de sequía. 83. Por su parte, la Alcaldía de Valledupar, como entidad local responsable de la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 367 de la Constitución y 5º de la Ley 142 de 1994, manifestó que desde 2016 adelanta un proyecto para la construcción de un sistema que garantice de forma permanente el acceso al agua potable a la comunidad. Este cuenta con cuatro etapas: i) elaboración de estudio geoeléctrico; ii) exploración de búsqueda de agua subterránea; iii) diseño del pozo profundo y sistema de acueducto; y iv) construcción del sistema. A pesar de haber transcurrido más de 4 años desde que se inició el proceso de contratación del proyecto, éste se encuentra en su etapa inicial, lo que denota el estancamiento en el avance de una solución a la apremiante situación de la comunidad Tezhumake. 84. En igual sentido, la Gobernación del Cesar, quien posee obligaciones concurrentes y de apoyo, señaló que, a la fecha en la que remitió información a esta Corporación[150], no se encontraba vigente ningún proyecto sobre el asunto. 85. Las consideraciones previas evidencian las barreras de acceso de la comunidad indígena al suministro continuo y suficiente de agua. En efecto, el consumo humano y el desarrollo de labores domésticas exigen una cantidad alta de líquido. 86. Al respecto, la Sala encuentra que, aun cuando cuentan con un sistema básico de almacenamiento del recurso y el acceso a fuentes de agua cruda durante los meses de invierno, el abastecimiento de agua potable de la comunidad Tezhumake no cumple con los estándares de disponibilidad. Durante los meses de invierno, las fuentes hídricas a las que tienen acceso resultan turbias y contaminadas, por lo que el líquido obtenido no debería utilizarse para consumo o labores domésticas. Además, durante los meses de mayor sequía no cuentan con acceso al suministro de agua potable. 87. En conclusión, la Sala constata la vulneración al componente de disponibilidad del derecho al agua potable, en tanto no existe acceso a un sistema que garantice el suministro ininterrumpido y salubre. Esta afectación es atribuible a la Alcaldía de Valledupar, pues de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la Ley 142 de 1994, los municipios deben garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a los habitantes de su jurisdicción. No obstante, esta entidad ha actuado de forma omisiva en el impulso de la construcción de un sistema continuo y suficiente de agua para la comunidad, dado que este apenas se encuentra en su primera fase, pasados cuatro años después de su inicio. 88. Al respecto, cabe recordar que, mediante Auto 574 de 2019[151], esta Sala consideró que existían serios indicios que permitían inferir la posible configuración de un daño irreparable a los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena Tezhumake como consecuencia de la falta de disponibilidad de agua potable[152]. Por este motivo, otorgó medidas provisionales y ordenó proveer a esta comunidad mediante carrotanques que debían transportar un mínimo de 50 litros de agua potable diaria por persona[153]. 89. En igual sentido, mediante sentencia del 24 de enero de 2020, el juez de instancia constató la vulneración del derecho al agua potable, por lo que concedió el amparo, y ordenó garantizar su disponibilidad[154]. Para el cumplimiento de este componente, reprodujo las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el auto de medidas cautelares. Sin embargo, según se desarrollará en detalle posteriormente, estos remedios deben ser reformulados para garantizar la disponibilidad material del recurso. Análisis de vulneración del componente de calidad 90. Este componente exige que el agua sea salubre y, por lo tanto, que no contenga microorganismos, sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas[155]. 91. De igual forma, el estudio de este elemento se surtirá en correlación con la vulneración de la disponibilidad, puesto que la falta de acceso a fuentes hídricas ha llevado a que los miembros de la comunidad indígena deban utilizar medios de abastecimiento que no cumplen con los estándares mínimos de calidad[156]. 92. En el presente caso, los accionantes destacaron que, como consecuencia del consumo de agua no tratada, sus integrantes sufren de varios problemas de salud. En efecto, adjuntaron un diagnóstico de la situación de salud de la comunidad realizado por Dusakawi EPSI, según el cual: i) entre los niños y niñas menores de edad, que componen el 55% de la población asentada en la comunidad, las primeras causas de morbilidad en el ámbito ambulatorio son rinofaringitis, parasitosis intestinal, caries, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, deficiencia nutricional, infección aguda de las vías respiratorias, desnutrición proteico-calórica y dolores en el abdomen bajo; ii) entre los adultos de 20 a 50 años se encuentran causas de morbilidad por patologías respiratorias, problemas amebianos, dolores abdominales, cefaleas, patologías de origen gástrico, diarrea y gastroenteritis; y iii) en la población mayor a 60 años, se identificaron enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas, cefaleas, gastritis, infección de vías urinarias, anemia y diarrea[157]. Además, dicho documento destacó que en el 2018 esta comunidad concentró el 29.52% de los eventos de salud pública del pueblo Wiwa, por chagas, tuberculosis, desnutrición, parotiditis y varicela[158]. En cuanto a la rinofaringitis, parasitosis intestinal, diarrea, gastroenteritis y desnutrición proteico-calórica, los accionantes consideraron que estas guardan una relación estrecha con el consumo de agua no tratada[159]. 93. Igualmente, el ICBF destacó la relación directa entre la falta de acceso al agua potable y el menoscabo del estado nutricional de las personas, a causa de la difusión de enfermedades transmitidas por el recurso hídrico contaminado[160]. 94. Pese a la evidencia que demuestra el nexo entre la carencia de agua salubre y las afectaciones a la salud de los miembros de la comunidad Tezhumake, la Alcaldía de Valledupar ha omitido su deber legal y constitucional de suministrar permanentemente agua potable de calidad. 95. A partir de ello, la Sala encuentra que la Alcaldía de Valledupar vulneró el componente de calidad en correlación con la disponibilidad del derecho al agua potable de la comunidad indígena Tezhumake. Esto es consecuencia de que, al no contar con acceso a fuentes hídricas suficientes y salubres, deban consumir agua turbia y contaminada que amenaza su vida y salud, con especial afectación en menores de edad. Análisis de vulneración del componente de accesibilidad 96. En virtud del contenido de esta dimensión del derecho, la infraestructura y la posibilidad de acceder efectivamente a este recurso debe estar al alcance de las personas dentro de unos parámetros de razonabilidad. En cuanto al acceso físico al recurso[161], el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, aclaró que la garantía de este componente supone que la fuente de suministro se encuentre a una distancia razonable del punto de domicilio. Específicamente, en un informe del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sobre Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene, se cifra en 30 minutos la cantidad de tiempo estándar razonable para dirigirse y regresar de la fuente de agua[162]. 97. Al respecto, los accionantes señalaron que, durante la temporada de sequías, que se alarga durante 7 meses, deben caminar por más de tres 3 horas “a tomar al (sic) agua que está empozadas (sic) y en muy mal estado”[163]. Esto resulta irrazonable, pues supera 6 veces el criterio de razonabilidad dispuesto en un tiempo estándar de 30 minutos, lo cual es consecuencia de no contar con un sistema continuo de suministro de agua. 98. Acorde con lo anterior, esta Corporación encuentra vulnerado el componente de accesibilidad del derecho al agua potable de los miembros de la comunidad Tezhumake. Al no contar con fuentes hídricas cercanas que provean la cantidad requerida de agua potable, deben caminar más de tres horas para hallar este líquido, que tampoco cumple con los estándares de calidad, lo que desconoce el criterio de razonabilidad dispuesto para acceder a este recurso. 99. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional estima transgredidos, por omisión de la Alcaldía de Valledupar, los componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad del derecho fundamental al agua potable de los miembros de la comunidad indígena Tezhumake, en particular, en lo que se refiere a las condiciones mínimas de uso personal y doméstico. 100. Por esas razones, corresponde a esta Corporación confirmar lo dispuesto en el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar el 24 de enero de 2020, en tanto amparó el derecho al agua potable, asociado al consumo humano de la comunidad Tezhumake. Sin embargo, en atención a la tutela judicial efectiva, este Tribunal procederá a explicar porqué los remedios dispuestos por el juez de instancia resultan inadecuados para garantizar el derecho vulnerado. Por ello, será necesario proferir nuevas órdenes tendientes a proteger la garantía del agua potable de forma permanente. G.  Tutela judicial efectiva y remedios idóneos para garantizar el derecho al agua potable de la comunidad indígena Tezhumake 101. El artículo 229 de la Constitución dispone el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, conforme al cual, los ciudadanos deben contar con mecanismos judiciales adecuados y efectivos para resolver las controversias que se presenten, de forma que puedan solicitar la garantía de sus derechos fundamentales. 102. A partir de ello, la administración de justicia, como función pública dispuesta al servicio de las personas, es un medio al cual debe poder tener acceso todo sujeto con el propósito de hacer efectivos los derechos, obligaciones y garantías consagrados en la ley y la Constitución. En esa medida, del derecho a acceder al sistema de justicia se deriva, correlativamente, el deber, por parte del Estado, de garantizar que el funcionamiento de los recursos jurisdiccionales sea real y efectivo, y no simplemente nominal[164]. 103. Bajo esa perspectiva, la Corte Constitucional ha desarrollado[165] la figura del “derecho a la tutela judicial efectiva”[166] que implica que el Estado está en la obligación, no sólo de garantizar el acceso formal al sistema jurisdiccional, sino también que a través de las actuaciones judiciales se reestablezca el orden jurídico y se protejan las garantías que se estimen violadas[167]. Esta Corporación interpretó el alcance de la tutela judicial efectiva como: i) el derecho a acudir ante la jurisdicción a efectos de que se diriman las controversias planteadas; y ii) que se adopte una decisión judicial que quede en firme y se haga efectiva. En concreto, en la Sentencia C-037 de 1996[168] señaló: “(…) la función en comento [acceso a la administración de justicia] no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados”[169]. (Negrillas fuera del texto original) 104. La materialización de la tutela judicial efectiva supone entonces que los remedios adoptados por el juez constitucional se dirijan a restablecer los derechos transgredidos. Lo anterior implica que las órdenes proferidas en instancia deben ser formuladas en concordancia con la vulneración constatada y en correspondencia con las obligaciones a cargo de las autoridades responsables de garantizar el derecho respectivo. De lo contrario, los efectos de la decisión judicial, aun cuando conceda el amparo, pueden resultar inoperantes. 105. En este caso, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar encontró vulnerado el derecho al agua potable, asociado al consumo humano. En consecuencia, dispuso que el Municipio de Valledupar podía adoptar las medidas que considerara pertinentes para solucionar la falta de disponibilidad y accesibilidad al recurso hídrico. No obstante, ordenó el suministro de 50 litros diarios de agua por persona mediante carrotanque, y que se adelantaran brigadas de salud. El fundamento jurídico 43 de esta providencia indicó que la garantía de acceso a los servicios públicos es inherente a la existencia misma del Estado[170]. A su vez, es objetivo fundamental de la actividad estatal solventar las necesidades insatisfechas de agua potable[171]. Finalmente, es responsabilidad directa de los municipios garantizar la prestación de los servicios públicos, con apoyo de los departamentos y de la Nación. Estas obligaciones se deben adelantar de forma progresiva y bajo un marco de sostenibilidad fiscal[172]. Además, se expuso que el derecho fundamental al agua potable es amparable de forma inmediata y en toda circunstancia bajo parámetros de disponibilidad, calidad y accesibilidad. 106. De acuerdo con estas consideraciones, es exigible a los municipios que garanticen de forma inmediata el acceso al agua potable para el consumo humano. Este puede suplirse de variadas formas, por ejemplo, mediante carrotanques que otorguen condiciones mínimas de suministro. Sin embargo, aun cuando la obligación de desarrollo y prestación del servicio público de acueducto se encuentra sujeta a un carácter progresivo y sostenible fiscalmente, esto no releva a las instituciones públicas de su responsabilidad en la materia y, por lo mismo, de su exigibilidad por vía de amparo. 107. Según se enunció previamente, la Corte Constitucional adoptó medidas cautelares mediante Auto 574 de 2019[173], con el propósito de evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de los habitantes de Tezhumake. En este sentido, la formulación de las órdenes dictadas respondió a la apremiante situación de la comunidad, sin que se adoptara una decisión de fondo y se otorgara una solución permanente a la vulneración. 108. Por su parte, el juez de instancia, al constatar la vulneración del derecho, debió optar por la emisión de órdenes que otorgaran una solución integral a la problemática. Sin embargo, reprodujo las medidas provisionales otorgadas por esta Corporación, sin adoptar remedios de largo alcance que solventaran la vulneración de manera permanente. 109. De igual forma, las partes del proceso manifestaron los inconvenientes que se han presentado en la implementación de la decisión adoptada, y las consecuencias de esto en la garantía efectiva del derecho al agua potable. En particular, mediante oficio del 20 de enero de 2021, los accionantes mencionaron que el agua otorgada mediante carrotanques no es suficiente, por lo que “claman” por una solución definitiva que evite la dependencia a esta medida de corto plazo[174]. Indicaron que mensualmente es enviado un carrotanque que les hace entrega de 12.000 litros de agua, lo que implica que cada uno de los 1.462 habitantes de la comunidad sólo cuenta con 8.2 litros de agua potable para consumo humano al mes[175]. Adicionalmente, la Alcaldía de Valledupar señaló que el principal obstáculo en el abastecimiento de agua potable a la comunidad es que esta se encuentra en una zona rural de difícil acceso, lo que dificulta el tránsito de los vehículos en los que se transporta el líquido[176]. En igual sentido, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia de Valledupar, entidad que ha acompañado el presente proceso, informó que, como consecuencia de la dificultad topográfica en la que se encuentra ubicado el asentamiento indígena, el envío de carrotanques no es una medida viable para solucionar de forma permanente esta problemática. Por este motivo, señaló que es necesaria la construcción de pozos profundos[177]. 110. En consonancia con lo anterior, la Sala estima que las medidas adoptadas por el juez de instancia son inadecuadas para otorgar una solución definitiva y de fondo a la vulneración del derecho al agua potable de la comunidad Tezhumake, pues los carrotanques suponen un remedio de corto plazo, que no suple a cabalidad los criterios de disponibilidad del derecho. 111. En consecuencia, y ante la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva, es pertinente que en el presente caso se adopten remedios en el corto, mediano y largo plazo, que suplan de manera efectiva y autosuficiente la necesidad de agua potable. Por esto resulta imprescindible que el Municipio de Valledupar adelante gestiones con resultados tangibles que otorguen una solución permanente a la vulneración y, en el entretanto, adopte medidas de garantía inmediata del derecho. Las políticas que se adelanten para solventar la necesidad de agua potable, requieren de procesos técnicos de diseño, contratación y ejecución, que, además, deben llevarse a cabo en concertación con la comunidad, para que sean creados y desarrollados sobre la base de sus usos y costumbres. 112. De otra parte, en tanto la materialización de un sistema de suministro permanente de agua potable requiere de diversos procesos de planeación, apropiación presupuestal, contratación y ejecución, cuya competencia radica en la Alcaldía de Valledupar, es necesario formular remedios que establezcan una interacción dialógica entre las partes, como método de construcción consensuada del proyecto, y bajo unos parámetros dispuestos por esta Corte. Interacción dialógica como mecanismo de impulso para garantizar el derecho fundamental al agua potable de la comunidad Tezhumake 113. El juez constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, y en búsqueda de la tutela judicial efectiva, debe adoptar la postura de impulso material a los remedios que mejor se adecúe a la satisfacción de los derechos que encontró vulnerados. 114. En el caso particular de la materialización de derechos fundamentales cuya dimensión positiva demanda una alta gestión de competencias interinstitucionales, su protección por vía de amparo requiere adoptar una postura judicial respetuosa de la separación de poderes, pero garante de los derechos. Con este fin, se ha desarrollado la teoría del constitucionalismo dialógico. 115. En términos generales, las posturas del constitucionalismo dialógico o cooperativo parten de la autorestricción judicial, basada en el respeto a las competencias institucionales ajenas y en búsqueda de la efectiva materialización de la dimensión positiva de los derechos fundamentales[178]. En ningún caso ello supone una renuncia al ejercicio de adjudicación judicial. Por el contrario, al reconocer sus limitaciones epistemológicas y democráticas, el juez reivindica sus funciones y facultades en la actividad estatal. 116. La práctica dialógica abandona el método binario de adjudicación judicial, a partir del cual el juez realiza un silogismo de adecuación, para implementar un escenario de interacción que comprenda en un plano de igualdad legal a las partes involucradas, mediante el establecimiento de parámetros que propendan por el avance en la garantía del derecho en debate[179]. 117. Este método ha sido utilizado por diferentes tribunales constitucionales como instrumento para desbloquear la inercia institucional que trae como consecuencia la parálisis en el desarrollo de políticas de garantía de derechos[180]. 118. Esta Corporación ha acudido previamente a esta metodología como herramienta para la adopción de decisiones de amparo[181] y en sede de seguimiento a la implementación de sus sentencias, con el fin de garantizar la efectividad de sus mandatos[182]. 119. Entonces, el constitucionalismo dialógico es una práctica en la que el juez constitucional abandona la emisión exclusiva de remedios impositivos y crea un escenario de interacción entre las partes del proceso. Estas, a partir de su conocimiento práctico sobre las singularidades del derecho vulnerado y de las competencias de las instituciones públicas responsables de su garantía, entablarán un diálogo que debe llevar a la construcción de los remedios del caso. El juez podrá, en todo caso, establecer parámetros para avanzar en la materialización de la solución y efectuar el seguimiento dirigido a obtener el goce efectivo del derecho que busca proteger. El espacio de interacción debe llevar, efectivamente, a la materialización del derecho objeto de diálogo, pues es este fin el que justifica y legitima el uso de esta herramienta. Por ese motivo, el juez debe actuar de forma que dirija los diálogos con dicho propósito. En efecto, podrá establecer plazos fijos para que las partes determinen el medio adecuado que garantizará el derecho vulnerado y su término de ejecución, así como el acompañamiento de los organismos de control. En ese sentido, el uso de la metodología dialógica no implica un debate sobre la existencia del derecho o las obligaciones a cargo de las autoridades, sino respecto de las formas más adecuadas y oportunas para garantizar la prerrogativa vulnerada. Una vez concedido el amparo e identificada la autoridad pública responsable de satisfacer el derecho, el juez abre un espacio de diálogo entre las partes, el cual necesariamente debe llevar a resultados concretos y precisos. Todo ello hace posible el seguimiento que se debe hacer al cumplimiento de las órdenes del juez para lograr la efectividad de sus fallos y garantizar la fuerza vinculante de la sentencia judicial proferida. 120. En el presente caso, la Sala reconoce las limitaciones técnicas que existen para definir el sistema de solución permanente al suministro de agua potable que mejor se adecúe a las necesidades propias de la comunidad indígena Tezhumake. Además, en aras de respetar las competencias institucionales propias de la Alcaldía de Valledupar en la apropiación de recursos y contratación para la ejecución del proyecto, estima necesario crear un espacio de diálogo entre las partes que tome en consideración estos dos aspectos. 121. Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala emitirá órdenes de carácter impositivo y de protección urgente, por cuanto el derecho fundamental al agua potable cuenta con un núcleo esencial amparable de forma inmediata. A su vez, de conformidad con el carácter progresivo de la obligación de satisfacer las necesidades de agua potable, se adoptarán remedios de mediano y largo plazo a partir del método dialógico. De esta forma, a mayor sentido progresivo en la garantía del derecho, menor será la precisión impositiva de los remedios adoptados y mayor deberá ser, a su vez, el sentido dialógico y de interacción consensuada entre las partes del proceso. Por el contrario, la satisfacción inmediata del derecho al agua potable requiere la imposición de remedios fuertes y de inmediato cumplimiento. De conformidad con lo anterior, a continuación, se emitirán las órdenes que permitirán construir los remedios más adecuados para garantizar de manera permanente y efectiva el derecho fundamental al agua potable de la comunidad Tezhumake, las cuales deben cumplirse en paralelo a partir de la notificación de esta providencia. En todo caso, según se precisará a continuación, la extensión y vigencia de las medidas de corto plazo dependerá de la actuación diligente del Municipio de Valledupar en la ejecución de una solución permanente y salubre a la necesidad de agua potable de la comunidad. Órdenes de corto plazo 122. De acuerdo con los estándares de análisis del componente de disponibilidad del derecho al agua potable, especificados a partir de lo manifestado por el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (fundamento jurídico 40), su determinación puede variar, de acuerdo con las circunstancias particulares de acceso a fuentes de suministro de agua potable o de agua no tratada, y del consumo de las personas. En este sentido, 25 litros pueden ser suficientes para consumo humano, si se tiene acceso a agua para labores domésticas y de saneamiento. En el análisis presentado en esta providencia sobre el cumplimiento del componente de disponibilidad, se encontró que los miembros de la comunidad Tezhumake cuentan con fuentes hídricas de agua no tratada, y un sistema de almacenamiento básico con un volumen de 10.000 litros. No obstante, esto no les permite satisfacer sus necesidades de agua para consumo humano y labores domésticas. 123. De esa forma, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de acceso al agua potable acordes con los presupuestos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, se ordenará a la Alcaldía de Valledupar que: i) garantice, mediante carrotanques, el suministro diario de 50 litros de agua potable para cada uno de los 1,462 habitantes de la comunidad Tezhumake; y, de igual forma ii) deberá adquirir y entregar a la comunidad Tezhumake tanques con un almacenamiento de volumen de 20.000 litros o construirlos con esas características. En este punto es pertinente resaltar que, si bien la entidad accionada señaló que el principal obstáculo para proveer agua potable a la comunidad mediante carrotanques es la dificultad topográfica de ubicación del asentamiento, durante el trámite de revisión se constató que la Alcaldía de Valledupar ha realizado esta gestión en repetidas ocasiones y, por ende, se acredita su capacidad para llevar a cabo dicha tarea. En todo caso, esta Sala advierte que esta medida responde a la necesidad urgente de suministrar el líquido con una calidad mínima, y que la eficiencia del Municipio en el impulso de las órdenes de mediano y largo plazo permitirá que no se prolongue el cumplimiento de esta obligación. Estos remedios de corto plazo deberán hacerse efectivos dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la notificación del presente fallo, y el suministro mediante carrotanques deberá mantenerse vigente hasta tanto se materialicen las medidas de mediano plazo. 124. La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán enviar, por separado, un informe bimensual al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de esta orden. El informe deberá contener el número de ocasiones en las que se entregó agua potable a la comunidad y la cantidad. Con base en dicha información, la Corte podrá adoptar las medidas de cumplimiento a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. Órdenes de mediano plazo 125. Dado que el suministro de agua potable por vía de carrotanques es una medida transitoria, y que la materialización de una solución permanente puede tomar tiempo por la necesidad de adelantar un proceso de planeación, contratación y construcción de un sistema de suministro de agua salubre, es necesario adoptar medidas paulatinas que subsanen la carencia de agua potable y eviten la dependencia de los carrotanques. 126. A partir de ello, la Sala ordenará a la Alcaldía de Valledupar que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación del presente fallo, adquiera y entregue a la comunidad de Tezhumake un sistema de potabilización por medio del cual los miembros de la comunidad puedan tratar el agua obtenida de las fuentes hídricas a las que tienen acceso, bajo el cumplimiento de los criterios mínimos de calidad, disponibilidad y accesibilidad. La Alcaldía deberá garantizar que el funcionamiento del sistema de potabilización sea óptimo hasta tanto se de cumplimiento a las medidas de largo plazo. La determinación del sistema de potabilización adecuado debe efectuarse en conjunto con la comunidad y deberá adecuarse a sus usos y costumbres. A estos efectos, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) acompañarán el proceso de cumplimiento de la presente orden. 127. La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán enviar, por separado, un informe bimestral al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de esta orden. El informe deberá reseñar el estado de avance en la elección, adquisición y entrega del sistema de potabilización. Órdenes de largo plazo 128. Debido a la necesidad de adoptar medidas que salvaguarden el derecho al agua potable de la comunidad indígena Tezhumake de forma definitiva y permanente, se proferirán órdenes tendientes a dar impulso al desarrollo de un proceso de construcción de un sistema de suministro de agua potable continuo y salubre. 129. Durante el trámite de revisión, esta Sala fue informada de dos posibles sistemas de solución: i) por una parte, la Alcaldía de Valledupar aportó documentos[183] en los que indicó que se encuentra en el proceso de contratación del diseño y ejecución de un proyecto de construcción de 3 pozos profundos para la comunidad, y los miembros de esta manifestaron su apoyo al mismo[184]; y ii) de otra parte, los miembros de la comunidad Tezhumake también señalaron estar de acuerdo con la construcción de un sistema de captación, transporte y potabilización del agua desde el Río Badillo. 130. A partir de ello, la interacción dialógica entre las partes deberá tener en cuenta las opciones referidas, lo cual no obsta para que acuerden cualquier otro método que consideren efectivo, siempre y cuando se adecúe a los criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad. No obstante, se deberán seguir los siguientes parámetros en el proceso de contratación y ejecución del proyecto. 131. Se conformará una mesa de diálogo compuesta por: i) un delegado de la Alcaldía de Valledupar; ii) el Cabildo-Gobernador del pueblo Wiwa; iii) el Procurador 29 Judicial II de Familia de Valledupar; y iv) el Defensor Regional del Cesar. Esta mesa de diálogo se deberá reunir el último viernes de cada mes, con el propósito de, por una parte, discutir y acordar las condiciones del proyecto y, por otra, que la Alcaldía exponga al Cabildo Gobernador y a los organismos de control, con sustento documental, el estado de avance de la ejecución del proyecto. Además, se deberán redactar y archivar actas de cada una de las reuniones sostenidas. 132. Las partes del proceso propenderán porque el avance del proyecto se adecúe a los siguientes hitos: a. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación del presente fallo, las partes deberán acordar con precisión las condiciones técnicas y de diseño del sistema de solución permanente y continuo al suministro de agua potable. b. El proceso de construcción del proyecto deberá iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes a que las partes acuerden las condiciones técnicas y de diseño del sistema. c. La Alcaldía de Valledupar entregará a la comunidad Tezhumake el sistema de suministro continuo y salubre de agua potable terminado y en funcionamiento, dentro de los tres (3) años siguientes a la notificación del presente fallo. 133. Para el cumplimiento de las órdenes de largo plazo, la Alcaldía de Valledupar podrá invocar las obligaciones concurrentes de apoyo técnico y financiero de las entidades territoriales del nivel departamental y de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994. 134. La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán enviar, por separado, un informe semestral al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de esta orden. Síntesis de la decisión La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional analizó la acción de tutela interpuesta por los accionantes, en su calidad de representantes de la comunidad indígena Tezhumake, perteneciente al Pueblo Wiwa, contra la Alcaldía de Valledupar por la presunta vulneración de sus derechos de petición, al agua potable, a la salud y a la vida. A partir de ello, resolvió tres problemas jurídicos encaminados a determinar, de una parte, la procedencia de la acción en el caso particular, y, de otra, la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y al agua potable. En relación con la primera cuestión, llegó a la conclusión de que la acción tutela resulta procedente, por cuanto se satisfacen los presupuestos de legitimación en la causa por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. En particular, precisó que la acción de tutela es el mecanismo preferente para abordar los asuntos en que resulta comprometido el derecho de petición. De igual forma, señaló que resultaría una carga desproporcionada exigir a los accionantes acudir a la acción popular como mecanismo de garantía del derecho al agua potable, pues dicho medio judicial no se constituye en el mecanismo idóneo para proteger la faceta subjetiva del derecho vulnerado, esto es, el acceso a condiciones mínimas de agua potable de forma inmediata. En cuanto a la presunta vulneración del derecho de petición, esta Sala determinó que fue transgredido por la Alcaldía de Valledupar, en tanto no fue contestado en los términos legales. No obstante, constató la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto en el trámite de la acción de tutela la solicitud fue respondida de fondo y de manera clara. Por otra parte, en relación con la naturaleza constitucional y legal del derecho al agua potable, reiteró que el ordenamiento jurídico colombiano prevé el amparo del derecho fundamental al agua potable. A su vez, destacó que su protección debe partir del carácter progresivo de garantía en algunos de sus aspectos, sin que por ello se desconozca el núcleo esencial exigible de forma inmediata, y conformado por los elementos de disponibilidad, calidad y accesibilidad desarrollados de acuerdo con el contenido normativo de la Observación General 15 de 2002 del Comité DESC. Asimismo, expuso que la garantía del derecho al agua potable radica, de forma directa, en los municipios, quienes pueden contratar para tales efectos a las empresas de servicios públicos. No obstante, los departamentos y la Nación deben concurrir de forma indirecta en el apoyo financiero, técnico y administrativo necesario para cumplir con las competencias correspondientes a la prestación de servicios públicos, y en particular, de la infraestructura necesaria para su desarrollo. De acuerdo con lo anterior, la Sala realizó el análisis de vulneración de este derecho, a partir del cual encontró el incumplimiento de los componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad del derecho al agua potable de la comunidad, el cual es atribuible al Municipio de Valledupar. En consecuencia, adoptó remedios de corto plazo y de carácter impositivo para salvaguardar el derecho fundamental al agua potable de forma inmediata. A su vez, profirió órdenes de mediano y largo plazo, tendientes a promover una interacción dialógica entre las partes del proceso, con el fin de establecer las condiciones técnicas y de ejecución de un sistema de suministro del agua potable salubre y permanente que dé una solución integral a la apremiante situación de la comunidad Tezhumake y que se adecúe a sus usos y costumbres. El cumplimiento de estas órdenes será vigilado por los organismos de control vinculados al proceso y, en todo caso, la Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán remitir informes periódicos de cumplimiento a la Magistrada Sustanciadora. III. DECISIÓN 135. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 24 de enero de 2020 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar en lo atinente al amparo del derecho fundamental de petición y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido el 24 de enero de 2020 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar en lo atinente al amparo del derecho al agua potable para consumo humano. No obstante, se MODIFICAN las órdenes proferidas por el juez de instancia y se reemplazan por las órdenes siguientes. TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de Valledupar que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia: i) construya o adquiera y entregue a la comunidad de Tezhumake, tanques de almacenamiento con un volumen de por los menos 20.000 litros; y ii) garantice mediante carrotanques, el suministro de 50 litros de agua potable diarios a cada uno de los 1.462 habitantes de la comunidad indígena Tezhumake. Esta medida se deberá mantener vigente hasta tanto se haga efectiva la orden cuarta de esta providencia y su cumplimiento estará sujeto a la vigilancia de la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar). De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar será el juez competente sobre el cumplimiento de la presente orden. CUARTO.- ORDENAR a la Alcaldía de Valledupar que, en el término de seis (6) meses contados desde la notificación de esta sentencia, adquiera y entregue a la comunidad de Tezhumake un sistema de potabilización por medio del cual los miembros de la comunidad puedan tratar el agua obtenida de las fuentes hídricas a las que tienen acceso. La elección del sistema de potabilización y su instalación deberá contar con la aprobación de la comunidad indígena, representada para estos efectos por el Cabildo Gobernador correspondiente. De igual manera, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) acompañarán el proceso de elección del mecanismo y de cumplimiento de la presente orden. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar será el juez competente sobre el cumplimiento de la presente orden. QUINTO.- La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán ENVIAR, por separado, un informe bimestral al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes dispuestas en los numerales tercero y cuarto de esta providencia. El informe deberá reseñar el estado de avance en la elección, adquisición y entrega del sistema de potabilización. La Alcaldía deberá garantizar que el funcionamiento del sistema de potabilización sea óptimo hasta tanto se de cumplimiento a las medidas de largo plazo. SEXTO.- ORDENAR la conformación de una mesa de diálogo compuesta por: i) un delegado de la Alcaldía de Valledupar; ii) el Cabildo-Gobernador del pueblo Wiwa; iii) el Procurador 29 Judicial II de Familia de Valledupar; y iv) el Defensor Regional del Cesar. La mesa de diálogo se deberá reunir el último viernes de cada mes, con el propósito de discutir y acordar los términos y condiciones técnicas para la construcción de un sistema de suministro continuo y salubre de agua potable. SÉPTIMO.- ORDENAR a los miembros de la mesa de diálogo que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, acuerden con precisión las condiciones técnicas y de diseño del sistema de suministro continuo y salubre de agua potable para la comunidad indígena Tezhumake. OCTAVO.- ORDENAR a la Alcaldía de Valledupar que, dentro de los seis (6) meses siguientes a que la mesa de diálogo adopte una decisión final en relación con los términos y condiciones del sistema de suministro continuo y salubre de agua potable, inicie el proceso de construcción del proyecto. NOVENO.- ORDENAR a la Alcaldía de Valledupar que construya y entregue, dentro de los tres (3) años siguientes a la notificación de esta sentencia, un sistema de suministro continuo y salubre de agua potable a la comunidad indígena de Tezhumake, el cual se adecuará a los términos y condiciones dispuestas por la mesa de diálogo. De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 27, 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar será el juez competente sobre el cumplimiento de la presente orden. DÉCIMO.- La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán ENVIAR, por separado, un informe semestral al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y al despacho de la Magistrada Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la orden NOVENA. DÉCIMO PRIMERO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase, GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Este asentamiento recibe varios nombres, dentro de los cuales están: Teyumke, Teyumake, Theumake, Tezhumake y Thezhumake. Para efectos del presente auto, se usará el término “Tezhumake”. [2] Cuaderno I, folio 2. [3] Folio 82, Cuaderno I. [4] Folio 13, Cuaderno principal. [5] Folio 11, Cuaderno I. [6] Expresamente, indican que “[e]s evidente que la comunidad WWA (sic), del asentamiento indígena de Tezhumake, se enferma y se mueren por enfermedades entre ellas la de desnutrición por aspectos asociados a la inexistencia de agua. (…) La carencia de un acueducto potable veredal en asentamiento indígena Wiwa, de Tezhumake, es el motivo principal de enfermedades y muertes de niños y niñas de nuestra etnia”. Folio 13 del Cuaderno principal. [7] Refieren los Autos 004 de 2009 y 266 de 2017. [8] Folio 292, Cuaderno 1. [9] Folios 297-325, Cuaderno 1. [10] Folios 299-300, Cuaderno 1. [11] Folios 301-335, Cuaderno 1. [12] Folios 301-306, Cuaderno 1. [13] Folio 306, Cuaderno 1. [14] Folio 341, Cuaderno principal. [15] Corte Constitucional. Auto 574 de 22 de octubre de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Las medidas provisionales adoptadas comprendieron (i) proveer agua potable a los indígenas del pueblo Wiwa, comunidad de Tezhumake, por medio de carro-tanques y garantizarles un mínimo de 50 litros diarios por persona, para el consumo personal y doméstico; (ii) proveer los implementos necesarios para almacenar agua potable de manera adecuada; y (iii) capacitar a los miembros de la comunidad en el uso de los implementos para almacenar agua potable, y en la importancia de la protección y el cuidado del agua que se destina al consumo humano. Además, ordenó a la Secretaría de Salud Municipal de Valledupar (iv) llevar a cabo brigadas de salud mensuales, con el fin de atender urgencias médicas del asentamiento Tezhumake. [16] Corte Constitucional. Auto 574 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [17] Folio 772, Cuaderno de revisión. [18] Corte Constitucional. Auto 644 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [19] Corte Constitucional. Auto 644 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden tercera. [20] Folio 113, Cuaderno II. Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Sentencia del 24 de enero de 2020. Rad.: 20001400012019015700. Pág. 30. [21] Idem. [22] En el oficio de respuesta de 17 de abril de 2020, la Magistrada Sustanciadora indicó que: i) en relación con la solicitud de selección del caso por la Corte, el expediente fue enviado al juez de instancia en razón de la declaratoria de nulidad (Auto 644 del 14 de diciembre de 2019), y que, una vez proferido el fallo, el caso debía ser remitido directamente al despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado; y ii) en cuanto a los alegatos del peticionario sobre el presunto incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Corte Constitucional, mediante Auto 574 de 2019, la Magistrada aclaró que las mismas perdieron vigencia como consecuencia del fallo proferido por el juez de instancia el 24 de enero de 2020. En este sentido, cualquier inconformidad con la garantía del derecho fundamental al agua se debía relacionar con las órdenes proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. [23] Esto fue informado a la Sala de Revisión mediante oficio Nº 0925 remitido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar el 12 de noviembre de 2020. [24] Corte Constitucional. Sentencia T-678 de 2015. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [25] Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. [26] Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [27] Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [28] Inciso 2º del Artículo 44 de la Constitución: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. [29] Decreto 331 de 2001. “Por el cual se expiden normas para la constitución y funcionamiento de Entidades Promotoras de Salud, conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas”. [30] Decreto 330 de 2001. Artículo 2. [31] Decreto 330 de 2001. Artículo 8. [32] Extraído de http://dusakawiepsi.com/index.php/dusakawi-epsi/mision el 29 de diciembre de 2020. [33] Ley 142 de 1994. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. [34] Ley 1176 de 2007. “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. [35] Ley 1776 de 2007. Artículo 10. [36] Ley 1776 de 2007. Articulo 3. [37] Corte Constitucional. Sentencia SU-235 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [38] Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [39] Ley 1755 de 2015. Artículo 14 “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”. [40] Corte Constitucional. Sentencia SU-108 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [41] Corte Constitucional. Sentencia T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [42] Esta hipótesis de procedencia se deriva de lo previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “La acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Negrillas por fuera del texto original. Sobre esta regla constitucional, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-740 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; Sentencia T-568 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; Sentencia T-823 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.; Sentencia T-885 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; Sentencia T-1007 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [43] Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [44] Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [45] Folio 11, Cuaderno I. [46] Decreto 2591 de 1991. Artículo 6º: “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…) 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable”. [47] Ley 472 de 1998. “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. [48] Ley 472 de 1998. Artículo 4º, literales h) y j). [49] Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [50] Corte Constitucional. Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. [51] Corte Constitucional. Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [52] Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [53] Corte Constitucional. Sentencia T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [54] Corte Constitucional. Sentencia T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda; Sentencia T-232 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia T-324 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [55] Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [56] Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [57] Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [58] Esto es, que la misma sea inteligible y contenga argumentos de fácil comprensión. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [59] Que la respuesta atienda a lo solicitado y se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [60] La respuesta debe ser conforme con lo solicitado. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [61] Si la petición es presentada dentro de un trámite procedimental del cual conoce la respectiva autoridad, ésta deberá dar cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente. Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [62] Sentencias T-242 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-510 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-867 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T-058 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [63] Folio 82, Cuaderno principal. [64] Folio, 308, Cuaderno principal. [65] Folio 64, Cuaderno I. [66] Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. [67] Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. [68] Corte Constitucional. Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido. [69] Corte Constitucional. Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; Sentencia T-321 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. [70] La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sí puede considerarse fuente interpretativa. [71] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969. Este instrumento hace parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforma el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política. [72] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Tomada de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf el 4 de febrero de 2021. [73] Corte Constitucional. Sentencia T-064 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido. [74] Véase: Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón; Sentencia T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia T-140 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencia T-431 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia T-539 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y Sentencia T-413 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. [75] Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [76] Corte Constitucional. Sentencia T-160 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto. [77] Corte Constitucional. Sentencia T-888 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; Sentencia T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-131 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia T-218 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia T-415 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [78] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002). El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Tomado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf el 9 de febrero de 2021. [79] Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [80] “El derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. No obstante, estas cantidades son indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden diferir de un grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y otros factores.” Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9. Consultado en https://acnudh.org/el-derecho-al-agua-folleto-informativo-no-35/ el 10 de febrero de 2021. [81] “La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales y/o locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de la OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la inocuidad del agua potable.” Idem, p. 10. Tomado de https://acnudh.org/el-derecho-al-agua-folleto-informativo-no-35/ el 10 de febrero de 2021. [82] Según el PNUD “el abastecimiento regular de agua corriente limpia en el hogar es la forma óptima de suministro para el desarrollo humano”. Organización de las Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. p. 83. Consultado en http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2006_es_completo.pdf [83] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Extraído de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf el 9 de febrero de 2021. [84] Aunque los informes del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no son vinculantes, constituyen elementos de apoyo interpretativo de suma relevancia en el análisis de los derechos fundamentales. [85] Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Naciones Unidas, Asamblea General. Pág. 6. Consultado en https://undocs.org/en/A/HRC/45/10 el 15 de enero de 2021. [86] Idem. Pág. 10. [87] Idem. [88] Idem. [89] Idem. [90] Idem. Pág. 25. [91] Artículo 365. [92] Constitución. “Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. [93] Artículo 366 de la Constitución. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. [94] Artículo 334. [95] Ley 142 de 1994. “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. [96] Artículo 2.3. Ley 142 de 1994. [97] Artículo 5.1. Ley 142 de 1994. [98] Artículo 5.6. Ley 142 de 1994. [99] Artículo 7.2. Ley 142 de 1994. [100] Artículo 8.4. Ley 142 de 1994. [101] Artículo 8.6. Ley 142 de 1994. [102] Artículo 356 y ss. de la Constitución. [103] Ley 715 de 2001. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” [104] Ley 1955 de 2019. “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””. [105] Ley 1955 de 2019. Artículo 279. [106] Decreto 1898 de 2016. “Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales” [107] Decreto 1898 de 2016. Arts. 2.3.7.1.2.1. y 2.3.7.1.3.1. [108] Idem. [109] Decreto 1898 de 2016. Artículo 2.3.7.1.3.2. [110] Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [111] La Ley de Origen es la ontología o principio de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son los mandatos, códigos naturales de Origen y la máxima autoridad ancestral que gobierna los pueblos. Ministerio de Cultura. Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Wiwa: La gente que da origen al calor. Extraído de https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WIWA.pdf el 6 de febrero de 2021. [112] Ministerio de Cultura. Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Wiwa: La gente que da origen al calor. Tomado de https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WIWA.pdf el 6 de febrero de 2021. [113] Idem. [114] Ministerio de Cultura. Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Wiwa: La gente que da origen al calor. Consultado en https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WIWA.pdf el 6 de febrero de 2021. [115] Idem. [116] Idem. [117] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [118] Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [119] Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [120] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 21 del 4 de febrero de 2005. Consultado en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/18-17MC21-05-CO.pdf el 11 de febrero de 2021. [121] Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [122] Corte Constitucional. Auto 004 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Orden tercera. [123] Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Taironanit. Resguardo Indígena Kogui, Malayo, Arhuaco, Sierra Nevada De Santa Marta. Comunicado del 30 de marzo de 2020. Tomado de https://www.onic.org.co/comunicados-osv/3736-la-organizacion-wiwa-yugumaiun-bunkuanarrua-tayrona-nos-declaramos-en-estado-de-emergencia el 16 de enero de 2021. [124] Ministerio de Cultura. Caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Wiwa: La gente que da origen al calor. Consultado en https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20WIWA.pdf el 4 de febrero de 2021. [125] ONIC (2018). La Organización Wiwa OWYBT denuncia violación de DDHH e infracción al DIH contra la comunidad de Tezhumke Tomado de: https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2543-la-organizacion-wiwa-owybt-denuncia-violacion-de-ddhh-e-infraccion-al-dih-contra-la-comunidad-de-tezhumke el 4 de febrero de 2021. [126] Ministerio del Interior. Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Wiwa. Diagnóstico y líneas de acción para las comunidades Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (departamentos Cesar, Magdalena y Guajira) en el marco del cumplimiento del Auto 004 de 2009. Extraído de https://www.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0 el 4 de febrero de 2021. [127] Folio 1021, Cuaderno II. Proposición No. 039 del 21 de noviembre de 2019 del Consejo Municipal de Valledupar. [128] Oficio del 21 de noviembre de 2019. Folio 1166, Cuaderno II. [129] Oficio del 26 de noviembre de 2019. Folio 1191, Cuaderno II. [130] Red de Seguridad alimentaria. “Este programa tiene como objetivo principal promover la seguridad alimentaria de los hogares pobres del país contribuyendo al acceso y consumo de alimentos saludables mediante la implementación de unidades productivas de autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales. En materia étnica, busca contribuir a la autonomía alimentaria de los diferentes grupos étnicos del país, la producción de alimentos para el autoconsumo, el rescate de productos locales y el fortalecimiento de la cultura alimentaria”. Tomado de https://dps2018.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Paginas/ReSA%C2%AE.aspx el 9 de febrero de 2021. [131] Intervenciones Rurales Integrales. “Acompañamos a población afrocolombiana e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias mediante: acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. Así, a través de IRACA® se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son los hogares o comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas”. Consultado en https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-productiva/iraca/ el 9 de febrero de 2021. [132] Oficio del 26 de noviembre de 2019. Folio 1103, Cuaderno II. [133] Folio 1103, Cuaderno II. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Grupo de Control Constitucional y Estrategias Jurídicas. Informe del 26 de noviembre de 2019. [134] Folio 1033, Cuaderno II. [135] Folio 848, Cuaderno II. [136] CD1, folio 14, Cuaderno de revisión. [137] Folio 891, Cuaderno II. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira “Dusakawi EPSI”. Informe de respuesta a oficio OPT-A2898/2019. [138] Folio 891, Cuaderno II. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira “Dusakawi EPSI”. Informe de respuesta a oficio OPT-A2898/2019. [139] Idem. [140] CD1, folio 5, Cuaderno de revisión. Oficio del 20 de enero de 2021. [141] CD1, folio 26, Cuaderno de revisión. [142] CD1, folio 27, Cuaderno de revisión. [143] Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Naciones Unidas, Asamblea General. Pág. 6. Consultado en https://undocs.org/en/A/HRC/45/10 el 15 de enero de 2021. [144] Mediante oficio del 25 de noviembre de 2019. Folio 888, Cuaderno 2. [145] Folio 888, Cuaderno 2. [146] Folio 888, Cuaderno 2. [147] Idem. [148] Folio 896, Cuaderno 2. [149] CD1, folio 5, Cuaderno de revisión. [150] Oficio del 21 de noviembre de 2019. Folio 1166, Cuaderno II. [151] Corte Constitucional. Auto 574 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [152] Corte Constitucional. Auto 574 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Fundamento 3. [153] Corte Constitucional. Auto 574 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden 1. [154] Cuaderno II, folio 113. Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Sentencia del 24 de enero de 2020. Rad.: 20001400012019015700. Pág. 30. [155] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). [156] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). [157] Cuaderno principal, folio 13. [158] Folio 11, Cuaderno 1. [159] Folio 890, Cuaderno 2. [160] Folio 1103, Cuaderno II. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Grupo de Control Constitucional y Estrategias Jurídicas. Informe del 26 de noviembre de 2019. [161] “Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Tomado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf el 6 de febrero de 2021. [162] Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Naciones Unidas, Asamblea General. Pág. 6. Consultado en https://undocs.org/en/A/HRC/45/10 el 6 de febrero de 2021. [163] Cuaderno de revisión, CD1 folio 4. [164] Corte Constitucional. Sentencia T-608 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [165] La tutela judicial efectiva ha sido conceptualizada por la Corte Constitucional a partir de lo dispuesto, principalmente, en los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de los cuales los Estados partes: i) deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para la materialización de los derechos dispuestos en la Convención; ii) garantizar que toda persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley; y iii) proveer el acceso a recursos rápidos, sencillos y efectivos mediante los cuales las personas puedan solicitar el amparo de sus derechos fundamentales antes los jueces y tribunales competentes. [166] Corte Constitucional. Sentencia T-283 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [167] Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. [168] Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [169] Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [170] Artículo 365 de la Constitución. [171] Artículo 366 de la Constitución. [172] Artículo 334 de la Constitución. [173] Corte Constitucional. Auto 574 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [174] Cuaderno de revisión, CD1 folio 7. [175] Cuaderno de revisión, CD1 folio 6. [176] Cuaderno de revisión, CD1 folio 27. [177] Cuaderno de revisión, CD1 folio 15. [178] Dixon, Rosalind. “Creating dialogue about socioeconomic rights: Strong-form versus weak-form judicial review revisited”. International Journal of Constitutional Law, Oxford Journals, Vol. 5, No. 3 (2007). Consultado en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536716 el 25 de enero de 2021. [179] Gargarella, Roberto. ¿Por qué nos importa el diálogo? «la cláusula del ‘no-obstante’», «compromiso significativo» y audiencias públicas un análisis empático pero crítico. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Vol. 5. (2019). Tomado de https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/08_GARGARELLA_REVISTA_CEC_SCJN_NUM_5-179-211.pdf el 5 de febrero de 2021. [180] Dixon, Rosalind. “Creating dialogue about socioeconomic rights: Strong-form versus weak-form judicial review revisited”. International Journal of Constitutional Law, Oxford Journals, Vol. 5, No. 3 (2007). Consultado en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536716 el 25 de enero de 2021. Pág. 403. [181] Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido. En este caso, la Corte encontró vulnerado el derecho a la educación de unos menores de edad que debían atravesar un río con caimanes para asistir a una escuela que no contaba con servicios de agua y electricidad. Por este motivo promovió un diálogo significativo entre las partes involucradas en el proceso, como instrumento para la concreción del remedio judicial idóneo que garantizara la dimensión positiva del derecho a la educación invocado por los accionantes. Esta metodología se fundamentó en las siguientes premisas: i) El análisis de la faceta prestacional de los derechos no es una tarea exclusiva del juez constitucional; ii) la participación de los destinatarios refuerza su compromiso frente a la protección y garantía de los derechos fundamentales; y iii) una interacción significativa de este tipo, provee una base argumentativa sólida para la toma de decisiones judiciales y para el diseño y ejecución de las políticas necesarias para su cumplimiento. [182] La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, ha reiterado que la naturaleza del proceso de seguimiento a la implementación de las órdenes estructurales se surte de forma dialógica. En concreto, señaló en el Auto 156 de 2020 que: “[C]on fundamento en el principio de colaboración armónica y en pleno respeto de la separación de poderes de las ramas del poder público, esta Corporación: (i) definió un modelo de carácter dialógico en el cual intervienen los operadores de la política pública, los organismos de control del Estado, la población desplazada y los acompañantes permanentes; y (ii) conformó una Sala Especial, como órgano encargado de valorar la información aportada por los intervinientes en el proceso” M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [183] CD1, folio 43, Cuaderno de revisión. [184] CD1, folio 7, Cuaderno de revisión.

T-068-21 Sentencia T-068/21 Referencia: Expediente T-7.891.149 Acción de tutela instaurada por María y Juana[1] contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA. Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por María y Juana contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA. Aclaración preliminar: En el caso bajo examen la Sala encuentra pertinente suprimir la identidad de las accionantes en esta providencia como medida de protección a su derecho a la intimidad. En consecuencia, la Sala se referirá a ella por los nombres ficticios: María y Juana. I. ANTECEDENTES 1. La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla; y, en segunda instancia, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, seleccionada para revisión y repartida a esta Sala.[2] A continuación se exponen los hechos relevantes y las decisiones de instancia. 1. Hechos y solicitud 2. María y Juana afirman que son una pareja de mujeres lesbianas e interpusieron acción de tutela en contra de Almacenes Éxito S.A., el Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la vida privada, a la igualdad y a la prohibición de discriminación, toda vez fueron recriminadas por personal de seguridad del Centro Comercial Viva de Barranquilla por realizar manifestaciones públicas de afecto al interior de sus instalaciones. 3. El 9 de septiembre de 2019 las accionantes se encontraban departiendo junto con otras personas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva de Barranquilla. Durante su estancia en dicho lugar tuvieron manifestaciones públicas de afecto, por lo que empezaron a percibir la mirada insistente de un vigilante del centro comercial. Hacía las 6:00 p.m. Juana salió del centro comercial y regresó a las 8:30 p.m. donde se encontró nuevamente con María. El mencionado vigilante volvió a concentrar su atención en ellas, lo que las hizo sentir “incómodas y hostigadas”. A las 9:30 p.m. el vigilante se dirigió a una compañera del grupo de vigilancia, quien se acercó a María y Juana para llamarles la atención por sus manifestaciones públicas de afecto. La vigilante les dijo: “chicas, esto no lo pueden hacer aquí porque hay niños”, ante lo cual Juana le indicó que “no había presencia de ningún menor y que dicha observación no tenía procedencia”, a lo que la vigilante respondió que sólo seguía órdenes. María y Juana, al sentirse hostigadas y discriminadas por los vigilantes del centro comercial, decidieron irse del lugar. Indican que “no han vuelto al Centro Comercial Viva ni solas ni juntas, puesto que no sienten que sea un sitio donde se respete la igualdad, la prohibición de discriminación, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.” 4. Por estos hechos, el 5 de noviembre de 2019 María y Juana interpusieron acción de tutela a través de apoderado judicial en contra de Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA, con el fin de que se garanticen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la prohibición de discriminación, a la dignidad humana, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Solicitaron se les ordene a las empresas accionadas disculparse públicamente con las demandantes en un acto solemne y sincero y adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichos actos de discriminación no se repitan.[3] 2. Respuesta a la acción de tutela 5. La empresa Miro Seguridad LTDA, encargada de prestar el servicio de vigilancia del Centro Comercial Viva de Barranquilla para el momento en que sucedieron los hechos que originaron la presente acción de tutela, solicitó en su escrito de respuesta desestimar las pretensiones de las accionantes. Indicó que no tiene información alguna sobre la situación narrada en la acción de tutela, por lo que las demandantes deben probar estos hechos. Precisó que “el carácter discriminatorio que se le atribuye a la actuación de la guarda de seguridad no se configura porque para ello sería necesario que las acciones de las citadas lesbianas pudieran compararse con las realizadas por otras parejas en el mismo sitio a la misma hora” y “no todas las manifestaciones públicas de afecto están constitucionalmente permitidas, como tan enfáticamente se afirma dentro de un contexto general y absoluto.”[4] 6. Almacenes Éxito S.A., propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, dio respuesta a la acción de tutela y solicitó negar las pretensiones de las demandantes, dado que éstas “realizan una serie de afirmaciones que no acreditan ni soportan a través de ningún medio probatorio.” Indica que no le consta los hechos narrados por las accionantes y que la empresa Miro Seguridad les informó que no recibió ningún reporte del suceso al que aluden las demandantes, además, que el día 9 de septiembre de 2019 no tenían asignado en el tercer piso del centro comercial ninguna guarda de seguridad mujer y el vigilante asignado a la plazoleta de comidas ya no trabaja con ellos.[5] 3. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela e impugnación 3.1. Decisión de primera instancia 7. El 29 de noviembre de 2019, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla profirió sentencia de primera instancia en la que negó el amparo de los derechos fundamentales de las accionantes por no existir prueba de la ocurrencia de los hechos señalados en la tutela. Indicó que “en el expediente no existen pruebas que permitan inferir más allá de toda duda razonable que ocurrieron los hechos, la parte accionante no aportó ningún elemento que permitiera inferir la ocurrencia de los mismos, más allá de su testimonio.”[6] 8. Las accionantes impugnaron el fallo de primera instancia. Explicaron que la sentencia de tutela desconoció la jurisprudencia constitucional en la que se establece que en casos en los que se alega un acto de discriminación la carga probatoria se invierte y pasa a la parte accionada. Agregan que en el escrito de tutela se solicitó la práctica de pruebas testimoniales de las accionantes con el objetivo de declarar bajo la gravedad de juramento sobre los hechos ocurridos el 9 de septiembre en el Centro Comercial Viva, sin embargo, el juez de primera instancia no practicó tales pruebas.[7] 3.2. Decisión de segunda instancia 9. El 6 de febrero de 2020 el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que no era posible establecer si las accionantes habían sufrido una conducta discriminatoria, “toda vez que la falta de detalles en el sentido que viene anotado no permite dar por establecido si era procedente o no el rechazo de la vigilancia ante el comportamiento de los actores.”[8] 4. Actuaciones surtidas en sede de revisión 10. Mediante auto del 26 de octubre de 2020 la Magistrada sustanciadora requirió a las partes para que se pronunciaran sobre los siguientes puntos: 11. A las accionantes: (i) ¿en qué lugar del Centro Comercial Viva de Barranquilla se encontraban el día 9 de septiembre de 2019 en el momento en que les fue llamada la atención por parte de una vigilante del centro comercial debido a sus manifestaciones públicas de afecto? (ii) ¿Pudieron identificar de alguna manera a los vigilantes del centro comercial implicados en estos hechos? (iii) ¿El centro comercial les dio la posibilidad de tratar de reconocer los rostros de los vigilantes que estaban de turno el día que sucedieron los hechos para ver si era posible identificarlos? (iv) ¿Interpusieron alguna queja o reclamo o pusieron en conocimiento de algún funcionario de la empresa de vigilancia o del centro comercial los hechos narrados en la acción de tutela? (v) ¿El centro comercial dio información precisa respecto a cómo proceder en caso de tener alguna queja, en especial contra personas del cuerpo de seguridad? (vi) Indicar si la actitud del centro comercial ha sido de apoyo para poder verificar y esclarecer lo sucedido. En caso de haber sido diferente, explicar cuál ha sido la actitud del centro comercial. (vii) En caso de ser posible, aportar cualquier documento o testimonio que pruebe que el día de los hechos narrados en la acción de tutela se encontraban en el Centro Comercial Viva. 12. A la empresa Miro Seguridad LTDA: (i) Indique si a raíz de la interposición de la presente acción de tutela se ha iniciado alguna investigación tendiente a esclarecer los hechos allí narrados y determinar la potencial responsabilidad de los implicados. (ii) Individualice al personal de vigilancia que el día 9 de septiembre de 2019 prestó sus servicios en el Centro Comercial Viva entre las 5 p.m. y las 10 p.m. y remita las declaraciones de cada uno de ellos sobre los hechos narrados en la acción de tutela. (iii) En caso de tener videos de las cámaras de seguridad del centro comercial del día 9 de septiembre de 2019, remitir copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la plazoleta de comidas y en el piso donde se encuentra ubicada dicha plazoleta entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m. De no tener registro de las cámaras de seguridad, ¿qué medidas se han tomado para asegurar que en una próxima oportunidad sí se pueda tener acceso a los videos en un caso de este estilo? (iv) Explicar a qué se refiere cuando en la contestación de la acción de tutela se afirma que “no todas las manifestaciones públicas de afecto están constitucionalmente permitidas.” ¿A qué manifestaciones públicas de afecto se refiere? (v) ¿Existe algún protocolo o directriz de Miro Seguridad LTDA para impedir determinado tipo de manifestaciones públicas de afecto en centros comerciales? ¿Existe algún protocolo o directriz para manejar situaciones en las que se presenten manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo? (vi) Indicar de qué manera se instruye a las personas que desempeñan funciones de seguridad sobre la protección constitucional que tienen las manifestaciones de afecto, en especial aquellas tradicionalmente discriminadas por darse entre personas del mismo sexo. 13. A Almacenes Éxito S.A.: (i) Indique si a raíz de la interposición de la acción de tutela se ha iniciado alguna investigación tendiente a esclarecer los hechos allí narrados y determinar la potencial responsabilidad de los implicados. (ii) Señale si recibió alguna queja o reclamo por parte de alguna persona en razón a los hechos narrados en la acción de tutela. (iii) ¿Cuál es el procedimiento previsto por el centro comercial para que sus visitantes puedan interponer quejas o reclamos por situaciones ocurridas en dicho establecimiento? ¿Cómo publicitan e informan a los visitantes del centro comercial este procedimiento? (iv) Se afirma que el registro fílmico de las cámaras de seguridad del centro comercial se borra después de transcurrido un mes; ¿qué medidas específicas se han tomado para evitar que esta situación vuelva a ocurrir y se pueda acceder a estas grabaciones, por lo menos durante un plazo mayor? En caso de que no sea posible conservar todas las grabaciones por más tiempo, explicar qué otras medidas se pueden adoptar para tener registro de lo ocurrido al interior del centro comercial y resolver futuros casos como el presente. (v) ¿Existe algún protocolo o directriz para la admisión o permanencia de clientes en el centro comercial? En caso de ser así, ¿estas políticas de admisión o permanencia hacen alguna referencia a personas con orientación sexual diversa o parejas del mismo sexo? (vi) ¿Los empleados del centro comercial y los guardas de seguridad reciben algún tipo de capacitación en materia de derechos fundamentales, especialmente de la población LGBTI? En caso de ser así, ¿en qué consiste esta capacitación?[9] 14. Como contestación al mencionado auto se obtuvieron las siguientes respuestas: 15. Las accionantes, a través de apoderado, remitieron escrito el 5 de noviembre de 2020[10] mediante el cual informaron: 16. (i) Al momento en que sucedieron los hechos que originaron la acción de tutela, las accionantes “se encontraban en el tercer piso del centro comercial, en la zona donde estaban ubicados un sofá rojo y los locales comerciales de Salvatore's y Burger me. Se encontraban ahí organizando una reunión para la celebración de unos eventos.” 17. (ii) Indican que no identificaron a los vigilantes del centro comercial implicados en los hechos. Afirman que al sentirse discriminadas “sintieron mucho estrés y ansiedad porque les daba mucha vergüenza ser la única pareja reprimida por manifestar su afecto en el lugar. Lo único que deseaban era salir de ahí y no tener que regresar nunca, pues no se sentían seguras ni bienvenidas.” Esto “les impidió tomarse el tiempo para solicitar los nombres o apellidos o números de identificación de los vigilantes (…). Después de los hechos ocurridos, las accionantes han continuado sintiendo miedo y ansiedad al visitar ciertos espacios públicos. Temen realizar manifestaciones públicas de afecto, y su visita a otros centros comerciales [se] ha vuelto dolorosa. Por ello, ni siquiera han contemplado volver al Centro Comercial.” 18. (iii) Señalan que no interpusieron ninguna queja o reclamo ante el Centro Comercial Viva porque no querían volver a dicho lugar, pues “temían exponerse a una revictimización.” Advierten que “durante una entrevista con una investigadora de la Corporación Caribe Afirmativo sobre violencia contra mujeres lesbianas, las accionantes contaron los hechos que habían vivido en el Centro Comercial. Al escuchar el caso, la investigadora les ofreció acompañamiento jurídico gratuito por parte de Caribe Afirmativo para tramitar el caso”, por lo que Juana y María decidieron interponer la presente acción de tutela inmediatamente. Agregan que “desde la ocurrencia de los hechos y hasta la fecha, las accionantes no han recibido ningún tipo de información del Centro Comercial sobre la posibilidad de presentar una queja relacionada con el personal de seguridad.” 19. (iv) Advierten que no han recibido ningún apoyo de parte del Centro Comercial Viva para esclarecer los hechos, por el contrario, han amparado “el comportamiento discriminatorio del personal de vigilancia y seguridad, como se evidencia en la contestación a la acción de tutela presentada por el Centro Comercial. En cada uno de sus argumentos, el Centro Comercial busca desacreditar la configuración de los hechos y la existencia de los mismos, e intenta trasladar la carga de la prueba a las accionantes.” 20. (v) Finalmente, aportan los testimonios de dos personas que estuvieron con las accionantes en el momento en que sucedieron los hechos que originaron la presente acción. 21. Madeleyne Camargo Movilla declara que el 9 de septiembre de 2019 se encontraba con las accionantes y otras personas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva, pues estaban en una reunión en la que se organizaba un evento. Relata que en cierto momento se alejó del grupo con una amiga y al dirigirse nuevamente a la plazoleta de comidas “en el pasillo me crucé con una mujer y un hombre del personal de seguridad y vigilancia del centro comercial. Al pasar cerca a estos, pude escuchar claramente una conversación en los que comentaban sobre una situación que al parecer había sido bastante incómoda. La conversación que escuché fue algo como: -Vigilante femenina: Es que alguien se lo tenía que decir. Vigilante masculino: Sí, no se pueden molestar. Vigilante femenina: Exacto, eso no puede estar haciendo aquí. Estaban bastante ofuscados y para ser sincera en ese momento pensé que debieron tener algún inconveniente con un cliente del centro comercial (…). Mi sorpresa fue enorme, al llegar a la mesa en la que departíamos y encontrar a María llorando desconsoladamente, en medio de una crisis de ansiedad, todos los rostros de la mesa estaban descompuestos y la tensión en el ambiente era muy fuerte. Después de tanta tensión, mis amigas proceden a contarme lo que había ocurrido. Juana y Olga Alfaro me indican que una mujer vigilante se había acercado a la mesa y les había dicho a María y Juana que no debían estar haciendo demostraciones de afecto en ese lugar porque ‘había niños’, a lo que yo contesto que esa excusa es incongruente y discriminatoria. Luego de terminar de conversar, Juana se levanta de la mesa y observo cuando se acerca respetuosamente a la mujer vigilante, que se encontraba en uno de los accesos a la plazoleta de comidas y la cual miraba fijamente hacia nuestra mesa. Escucho cuando ella le dice que era inválida su petición con respecto a las demostraciones de afecto a lo que la mujer vigilante con actitud muy poco conciliadora y tajante le contestó que ‘solo cumplía órdenes’. Nunca supe órdenes de quién.” Finalmente, señala que esta situación afectó mucho a Juana y María, al punto que no han vuelto al Centro Comercial Viva y sus demostraciones de afecto en público a partir de ese momento se volvieron medidas, “siempre mirando alrededor antes de una caricia, una tomada de mano o un beso y ni hablar de los espacios en que hay personal de vigilancia, no se sientes seguras en ningún espacio sin antes mirar.”[11] 22. Olga Lucía Martínez Alfaro declara que el día 9 de septiembre se encontraba en el Centro Comercial Viva con las accionantes en una reunión para organizar un evento. Señala que María y Juana, quienes son pareja, tuvieron manifestaciones de afecto. “En ese momento en que mis amigas departían, se acerca una vigilante que les habla, y yo solo logro escuchar la parte en la que dice ‘es que hay niños’. Recuerdo haber reaccionado con mucha rabia ante esa frase y de inmediato increpé a la mujer diciéndole que ‘si esa actitud la había asumido con las otras parejas heterosexuales que estaban en el lugar.’ La vigilante no me responde nada, ella solo miraba a otro vigilante que estaba ubicado algo retirado de nosotras. Ante esta situación noté que mi amiga María se veía muy afectada y con los ojos aguados, me dijo que mejor me calmara. Fue una situación muy incómoda, pero sobre todo triste, al ver la humillación que sintió mi amiga y la impotencia de no tener a quien dirigirse porque era de noche. Luego de lo ocurrido abandonamos el sitio. Mi amiga María se sintió muy deprimida unos días, como consecuencia mis amigas no han vuelto a ese centro comercial y ya no salen con tanta frecuencia. Sumado, se les ve muy ansiosas y con miedo de manifestar su afecto públicamente.”[12] 23. La empresa Miro Seguridad LTDA remitió escrito el 5 de noviembre de 2020[13] mediante el cual informó: 24. (i) Precisa que, por los hechos objeto de la acción de tutela, la empresa no “inició ninguna investigación pues no hubo una queja o requerimiento de los clientes en ese momento a nuestra empresa; Adicionalmente, no se cuenta con registros ni fílmicos, ni escritos o prueba testimonial sobre el hecho que tuvo lugar el 09 de septiembre de 2019 que pueda esclarecer lo ocurrido.” 25. (ii) Indica que no individualizó al personal de vigilancia que prestó sus servicios en el Centro Comercial Viva en las horas en que sucedieron los hechos narrados en la acción de tutela y no aporta sus declaraciones porque no se inició ninguna investigación. 26. (iii) Advierte que no cuentan con “videos fílmicos, la capacidad de grabación que nos indica el Centro Comercial es máximo de 30 días” y aclara que “el sistema de CCTV es totalmente del CC Viva.” 27. (iv) En relación con las manifestaciones públicas de afecto, señaló que “toda persona debe comportarse en público de acuerdo con los dictados de la moral y las buenas costumbres, sin inducir a un mal ejemplo, crear escenas de escándalo ni llamar la atención con un comportamiento que normalmente se realizan en otros escenarios. Unas son las manifestaciones públicas de afecto y otras muy diferentes son las conductas que están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda, sin embargo no está plenamente probado el supuesto requerimiento del guarda de seguridad.” 28. (v) Indicó que no existe ningún protocolo para impedir determinado tipo de manifestaciones públicas de afecto “pues tales comportamientos son siempre bien recibidos y aceptados por la comunidad en general, lo que no sucede con aquellos actos, manifestaciones o procederes que van más allá de las simples manifestaciones.” Agregó que el Centro Comercial Viva “ha sido claro y persistente en solicitar a Miro Seguridad que sus guardas estén atentos a evitar o poner fin a aquellas conductas que no guardan proporción con el lugar, sus visitantes ni con las actividades a las que ellos se dedican, todo dentro del marco del debido respeto por los derechos humanos, incluyentes y con la aceptación de el libre desarrollo de la personalidad, sin generar afectaciones.” 29. (vi) Finalmente, dijo que “MIRO Seguridad siempre está formando y capacitando a su personal en temas como: El servicio como factor diferencial (valor y satisfacción del cliente), el poder del lenguaje – comunicación asertiva, Servicio al cliente – manejo de clientes conflictivos, manejo de crisis emocionales, papel de la comunicación en el servicio al cliente - inteligencia emocional, inclusión, derechos humanos, protocolos bioseguridad con amabilidad, crear, fortalecer y mantener relaciones interpersonales – Empatía, entre otros.” 30. Almacenes Éxito S.A. remitió escrito el 5 de noviembre de 2020[14] mediante el cual informó: 31. (i) Advirtió que tan pronto fueron notificados de la presente acción “nos dimos a la tarea de investigar de manera exhaustiva lo acontecido y a la fecha aún seguimos focalizando esfuerzos para esclarecer lo sucedido. Para el efecto: (a) consultamos con el proveedor de seguridad privada de la época MIRO SEGURIDAD, (b) revisamos en nuestros registros de atención de PQRS y reclamos y (c) revisamos los registros de videos de nuestros sistemas cerrados de televisión. Sin embargo, luego de hacer las revisiones correspondientes, no logramos obtener información relacionada con el incidente, ya que no tenemos evidencia de que haya sido reportado o comunicado a la administración, a la empresa de seguridad o a algún punto de atención al cliente del Centro Comercial Viva Barranquilla, ni conservamos copia de los videos.” 32. (ii) Aclara que no recibieron ninguna queja o reclamo de parte de las accionantes. 33. (iii) Describen los procedimientos que tiene previsto el Centro Comercial Viva para recibir quejas o reclamos, tanto de manera presencia como no presencial. 34. (iv) En relación con el registro fílmico de las cámaras de seguridad del Centro Comercial Viva, indica que “para la época del hecho, el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) contaba con una capacidad de almacenamiento limitada a un (1) mes”, razón por la cual no cuentan con videos del día en que sucedieron los hechos narrados en la acción de tutela, pues solo se enteraron de éstos después de transcurrido un mes. Advierte que, en todo caso, “la Compañía viene revisando desde meses atrás, inclusive, con anterioridad a la fecha de los hechos, la posibilidad de robustecer el sistema del CCTV a fin aumentar la capacidad de almacenamiento, sin embargo, es una actividad que venimos desarrollando y analizando a nivel técnico y económico.” 35. (v) Señala que el Centro Comercial Viva no tiene ningún protocolo o directriz establecido para la admisión o permanencia de clientes. 36. (vi) Finalmente, mencionó que el Centro Comercial Viva capacita a su personal en temas relacionados con servicio al cliente “y entre estos la inclusión y la preservación de los derechos humanos.” De otra parte, indica que dentro de los principios de la empresa se encuentra los de diversidad e inclusión y el respeto y la empatía hacía todas las personas. “Es así como el mes de octubre se declaró como el mes de la D&I facilitando escenarios de sensibilización a todo nivel. La Compañía también ha venido siendo acompañada por la Cámara de Comerciantes LGTB de Bogotá, en el proceso de adopción de políticas, protocolos e iniciativas en este tema. Entre otras actividades, permítanos contarle que se realizó una sesión exclusiva con 75 directivos sobre sensibilización en temas LGTBI con la participación de Felipe Cárdenas CEO de Cámara de Comerciantes LGTBI. Se realizó un encuentro con 150 colaboradores a nivel nacional sobre el ABC de la Diversidad sexual con la participación de Eduardo Cárdenas director de la Cámara de Comerciantes LGTBI. Finalmente, el día 30 de octubre de 2020, se dio por concluido el mes de la diversidad, en donde se compartió a todos los empleados de la compañía un calendario de 365 días de inclusión y el siguiente mensaje: ‘Ser diversos e incluyentes es más que un sentimiento que, día a día, está presente en nuestro actuar, en nuestras palabras y en nuestro corazón. Hoy conmemoramos el cierre del Mes de la Diversidad en nuestra Organización y queremos invitarte para que continúes entregando tu granito de arena para que el mundo en el que vivimos sea más equitativo y justo, no solo hoy sino en el resto de días del año. Es por esto que aquí te compartimos el calendario por los 365 días de inclusión.” 37. Una vez puestas a disposición de las partes las pruebas decretadas mediante el auto del 26 de octubre de 2020, se allegaron las siguientes respuestas: 38. Las accionantes, a través de apoderado, remitieron escrito el 18 de noviembre de 2020[15] mediante el cual se pronunciaron sobre las respuestas brindadas por Almacenes Éxito S.A. y Miro Seguridad LTDA. En relación con la respuesta de la empresa Miro Seguridad LTDA sobre las manifestaciones públicas de afecto que estarían permitidas, indicaron las accionantes que a partir de lo dicho por la empresa de vigilancia “se evidencia que esta impone restricciones a derechos fundamentales que no se basan en criterios razonables y objetivos. Por el contrario, se observa que ni siquiera son claros los criterios para distinguir las manifestaciones públicas de afecto (permitidas) de las conductas matizadas de sexualidad o erotismo (no permitidas). Esto permite y facilita que el control sobre las manifestaciones públicas de afecto en el centro comercial esté permeado por los prejuicios sobre los roles de género, desde una visión patriarcal. Así, el límite del ejercicio de los derechos fundamentales de quienes se encuentran en el centro comercial queda librado al criterio arbitrario y a los prejuicios de quienes integran el cuerpo de seguridad, que serán quienes definan qué se ajusta a ‘la moral y las buenas costumbres’, o qué conductas están ‘matizadas de sexualidad o erotismo’. Precisamente, esto fue lo que ocurrió en el caso concreto, en el que solo fueron censuradas las manifestaciones públicas de afecto de las accionantes, una pareja de mujeres lesbianas; mientras que otras parejas heterosexuales no sufrieron ningún tipo de censura por manifestar su afecto públicamente de forma similar. 39. Asimismo, vale la pena señalar que el personal de seguridad, al dirigirse a las accionantes para pedirles que no manifestaran públicamente su afecto, se refirió a que estaban cumpliendo órdenes. Esto es importante porque quiere decir que el personal de seguridad del centro comercial recibe órdenes de evitar las manifestaciones públicas de afecto que atenten, según su juicio, contra ‘la moral y las buenas costumbres’, poniendo en riesgo a personas que históricamente han sufrido discriminación o violencia por prejuicio, o, directamente, recibe órdenes de evitar manifestaciones públicas de afecto de parejas del mismo sexo. 40. Adicionalmente, la empresa de seguridad revictimiza a las accionantes en su respuesta, pues señala que al parecer lo que pudo dar lugar al accionar discriminatorio del personal de seguridad fue que las accionantes desarrollaron conductas ‘matizadas de sexualidad o erotismo’. Se observa que esta aseveración conlleva un matiz justificatorio de los hechos que vivieron las accionantes. Incluso, este tipo de afirmaciones permite inferir que es probable que el accionar discriminatorio del personal de seguridad es naturalizado y auspiciado por las políticas y procedimiento de la entidad.” 41. Precisaron que Almacenes Éxito S.A. no puede desconocer la responsabilidad que tiene en estos hechos, a pesar de que el personal de seguridad sea empleado directamente por la empresa Miro Seguridad LTDA, pues lo cierto es que la conducta que consideran discriminatoria ocurrió en el Centro Comercial Viva, propiedad de dicha empresa “y como consecuencia del deber de la empresa Miro de velar por la seguridad del centro comercial.” 42. Almacenes Éxito S.A. remitió escrito el 18 de noviembre de 2020[16] mediante el cual se pronunció sobre la respuesta brindada por las accionantes. Insiste en que, aunque las demandantes dan más detalles sobre el lugar en el que estaban ubicadas en el centro comercial cuando sucedieron los hechos, no hay ninguna prueba de ello. Precisa que “no es cierto que el centro comercial no haya dado la posibilidad de tratar de reconocer los rostros de los vigilantes que estaban de turno el día que sucedieron los hechos, ya que, como está probado, no es el Centro Comercial el empleador de los vigilantes, sino MIRO SEGURIDAD. Además, ha de recordarse que el Centro Comercial solo tuvo conocimiento de los hechos hasta el traslado de la acción de tutela, ya que no existe prueba sobre que aquellas hubieren presentado alguna petición, queja o reclamo anterior.” 43. De otra parte, advierte que no es cierto que el centro comercial apoye los comportamientos discriminatorios, “pues dentro de la Compañía no se apoyan los tratos excesivos o malintencionados, por ello, cuando se reporta al Centro Comercial un incidente de esta índole, el personal de seguridad solicita respetuosamente a nuestros clientes aclarar la situación, hecho que no constituye una vulneración de derecho alguno o generador de algún tipo de perjuicio, pues a través de nuestras políticas, tratamos de crear canales seguros y amenos en los que podamos esclarecer este tipo de sucesos, delimitado el procedimiento ejecutado por el personal de seguridad, con directrices puntuales sobre el respeto y salvaguarda de los derechos de nuestros clientes y usuarios.” 44. Finalmente, en relación con los dos testimonios aportados por las accionantes en los que las declarantes ratifican lo señalado en la acción de tutela, aduce que nunca se informó sobre su presencia en el lugar de los hechos. Además, sobre el testimonio de Madeleyne Camargo Movilla, indicó que la declarante no presenció los hechos directamente, “ya que afirma haber conocido del caso cuando ya había ocurrido. Sin embargo, no existe prueba adicional a la declaración que acredite que se encontraba en ese lugar.” 5. Intervenciones procesales 5.1. Abogados sin fronteras Canadá 45. El Jefe de la Misión para Colombia de la organización no gubernamental Abogados sin fronteras Canadá, remitió escrito a esta Corte en el que solicita amparar los derechos fundamentales de Juana y María al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la vida privada, a la igualdad y a la no discriminación. La organización analiza el contexto de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género que se presenta en toda América Latina y la protección constitucional especial que ostentan las personas LGBTI. 46. De otra parte, realiza algunas consideraciones sobre el régimen probatorio en sede de tutela para casos de presunta discriminación. Advierte que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de carga dinámica de la prueba, según el cual, “corresponde a la parte más poderosa de la relación desvirtuar, a través de las pruebas, los señalamientos por actos discriminatorios en cualquiera de las categorías sospechosas”, sin embargo, aduce que los jueces de tutela de instancia no tuvieron en cuenta este aspecto, por lo que atribuyeron la carga probatoria a las accionantes. 47. Finalmente, se advierte que la conducta de los vigilantes del centro comercial es un patrón persistente. Al respecto se dice: “reiterada es la conducta de los cuerpos de seguridad privada que hacen presencia en los centros comerciales, en el sentido de censurar las prácticas de afecto, exclusivamente, de individuos del mismo sexo. Situación que a todas luces resulta arbitraria, contraria a los preceptos constitucionales y lesiva del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En algunos casos, como en el presente, esa acción de reproche a las manifestaciones de afecto suele acompañarse de una «preocupación» por los derechos de los niños, situación que se manifiesta en frases como: “chicas, esto no lo pueden hacer aquí porque hay niños”. Esto devela prejuicios de carácter moral que esconden una verdadera intención: que las personas de la comunidad LGBTI oculten sus muestras de cariño y las reserven al espacio privado. La restricción que esto genera a los derechos a la intimidad, desarrollo libre de la personalidad y dignidad de la persona humana resultan patentes y hacen imprescindible el control constitucional para resarcirlos.”[17] II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. Competencia 48. Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de septiembre de 2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, que escogió el expediente para revisión. 2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por María y Juana 49. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción de tutela interpuesta por María y Juana contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA. 2.1. La tutela puede ser interpuesta por Lizeth Paola Charris Díaz en representación de María y Juana contra Almacenes Éxito S.A. y Miro Seguridad LTDA 50. Lizeth Paola Charris Díaz, adscrita a la Corporación Caribe Afirmativo, puede interponer la acción de tutela objeto de análisis (legitimación por activa), en representación de María y Juana, por cuanto sus representadas le otorgaron poder judicial para actuar en su nombre en la presente acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales,[18] poder que se adjunta en debida forma en la demanda de tutela.[19] Así mismo, la acción de tutela resulta procedente contra Miro Seguridad LTDA y Almacenes Éxito S.A., en calidad de propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla (legitimación por pasiva), dado que las accionantes se encuentran en una situación de indefensión respecto de los accionados,[20] tal como se explicará a continuación. 51. En relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada.[21] Así pues, ha indicado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos.”[22] De acuerdo con lo anterior, en cada caso concreto el juez de tutela debe determinar, de conformidad con los hechos y circunstancias particulares, si una persona se encuentra frente a una situación de indefensión, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela contra un particular.[23] 52. En relación con la procedencia de la acción de tutela contra personas jurídicas, esta Corte ha señalado que es posible analizar la responsabilidad de los entes jurídicos particulares por hechos que constituyan una vulneración de derechos fundamentales cometidos por las personas naturales que tienen la calidad de dependientes. En la Sentencia T-909 de 2011 se dijo al respecto: “No cabe duda pues, que la persona jurídica debe responder por los perjuicios resultantes de los actos cometidos por los subalternos, cualquiera que sea el vínculo jurídico que cree esta subordinación, siempre y cuando ellos actúen en ejercicio de las funciones encomendadas por la persona jurídica, o con motivo de las mismas. Porque allí ‘no se le llama a responder por los actos de sus dependientes, sino de las consecuencias de sus propios actos’. // En materia de derechos fundamentales, tal elemento del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas se mantiene, aunque bajo adicionales ingredientes normativos de cualificación, a saber: i) el imperativo de legalidad constitucional establecido para los particulares en el art. 6º C.P., ii) el carácter inalienable de los derechos en el art. 5º C.P., iii) los deberes del artículo 95 constitucional, en concreto los relacionados con la defensa de los derechos humanos y generales como el respeto a los derechos ajenos y el no abuso del derecho (núm. 4º y 1º); finalmente iv) los criterios amplios de interpretación que admiten las fórmulas previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, como atrás se ha dicho.”[24] 53. Ahora bien, de manera específica la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en casos como el presente, en los que analiza un posible acto de discriminación cometido por guardas de seguridad de un centro comercial, se configura un estado de indefensión de los demandantes respecto de la empresa de vigilancia y el centro comercial. En Sentencia T-030 de 2017, en la que se estudió una acción de tutela similar a la presente, se indicó que el centro comercial accionado estaba legitimado por pasiva porque “los demandantes se encontraban en un estado de indefensión, pues se hallaban en un espacio público dentro de un centro comercial, sobre el que la copropiedad ejerce el control de sus visitantes. Por tal razón, las reconvenciones realizadas por los guardas de seguridad, generaron en los actores la insuficiencia de medios físicos y jurídicos para resistir o repeler la presunta agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales”. Además, “el centro comercial debe responder por las acciones de los guardas de seguridad que prestan sus servicios en las instalaciones de la copropiedad, pues aquellos obraron en beneficio del accionado, con ocasión del servicio contratado por aquel y que presta la empresa de seguridad para la cual trabajan los vigilantes.”[25] 54. De igual manera, se dijo en la citada sentencia que la tutela también resultaba procedente respecto de la empresa de seguridad demandada, “pues los guardas de seguridad del centro comercial obraron como trabajadores de la accionada, razón por la cual, aquella debe responder por los actos de sus dependientes.”[26] 55. En consecuencia, en el asunto que se estudia evidencia esta Sala que se configura una situación fáctica de indefensión de Juana y María respecto de Miro Seguridad LTDA y Almacenes Éxito S.A., persona jurídica propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, debido a que el acto de discriminación que se denuncia ocurrió en las instalaciones del referido centro comercial, quien ejerce el control de sus visitantes, y fue cometido por trabajadores de la mencionada empresa de vigilancia, la cual presta sus servicios en dicho centro comercial. 2.2. La tutela cumple el requisito de inmediatez 56. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción, esto es, el de proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados o amenazados.[27] En el presente caso se advierte que la tutela fue presentada el 5 de noviembre de 2019, esto es, menos de dos meses después de que sucedieran los hechos por los cuales se interpone la presente acción. Por lo tanto, Sala considera que la acción de tutela se presentó en un término razonable y oportuno. 2.3. La tutela es procedente también por cuanto no hay un medio de defensa alternativo idóneo y eficaz 57. La acción de tutela procede únicamente cuando no existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada y efectiva los derechos fundamentales en cada caso concreto. De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que cuando la acción de tutela es promovida por sujetos de especial protección constitucional, el examen de procedencia se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.[28] 58. En el presente caso, la Sala considera procedente, como mecanismo principal, la acción de tutela presentada por Juana y María, pues es el único medio judicial efectivo que podían utilizar para obtener la protección de sus derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la igualdad y a no ser discriminadas. Conviene recordar que las accionantes no buscan establecer una responsabilidad civil o penal, sino específicamente el restablecimiento de sus derechos fundamentales que estiman vulnerados por las empresas accionadas. Por lo tanto, solo la protección que brinda la Constitución Política a través de la acción de tutela a los mencionados derechos es completa, puesto que no se limita al establecimiento de responsabilidades, sino que permite además evitar una vulneración de derechos o restaurarlos si es del caso. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las accionantes son sujetos de especial protección constitucional, toda vez que pertenecen a un grupo históricamente discriminado y marginado como la población LGBTI,[29] tal como se analizará más adelante. En consecuencia, es el juez de tutela quien está llamado a tomar correctivos urgentes ante la presencia de un presunto acto de discriminación que involucra a sujetos de especial protección constitucional y en el que se advierten criterios sospechosos de discriminación. 3. Cuestión previa: En el presente caso no se configura una carencia actual de objeto por daño consumado debido a la proyección en el tiempo de los efectos vulneratorios de los derechos fundamentales 59. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales cuando estos resulten transgredidos por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, en algunos casos, de los particulares. Bajo ese entendido, el juez constitucional debe proferir órdenes de inmediato cumplimiento que estén encaminadas a evitar, hacer cesar o reparar la vulneración de tales derechos. En consecuencia, la entidad o el particular demandado se encuentran en la obligación de realizar una determinada conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez constitucional. 60. Desde esa óptica, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el recurso de amparo puede perder, en ocasiones, su esencia, cuando se originan en el transcurso del trámite de la acción circunstancias que le permiten al juez inferir que la amenaza o transgresión denunciadas se concretaron o desaparecieron, lo que conlleva a que el amparo pierda su “razón de ser”[30] como mecanismo extraordinario de protección judicial y tenga lugar la denominada carencia actual de objeto. En materia de la solicitud constitucional, esta Corporación ha establecido pacíficamente que la carencia de objeto corresponde a una figura jurídica de tipo procesal que fácticamente puede verificarse por parte del juez de tutela de manera previa a la adopción del fallo correspondiente, cuando se constata que “fueron satisfechas las pretensiones, ocurrió el daño que se pretendía evitar o se perdió el interés en su prosperidad”.[31] Estos tres eventos que originan una variación sustancial en los hechos de la petición de tutela, de tal forma que desaparece el objeto jurídico del litigio, han venido delimitándose por la jurisprudencia, y se conocen comúnmente como el hecho superado, daño consumado y situación sobreviniente, respectivamente.[32] 61. En cuanto a la carencia actual de objeto por el daño consumado, la jurisprudencia constitucional ha precisado que este tiene lugar cuando, entre el momento de incoarse la acción de tutela y el pronunciamiento respectivo por parte del juez, se ha configurado la afectación que con la solicitud de amparo se buscaba evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete la lesión, no es factible que el funcionario de tutela dé una orden para retrotraer la situación acaecida.[33] Para su ocurrencia es imprescindible tener presente algunos aspectos. De un lado, el daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los perjuicios o menoscabos que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por virtud de una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto.[34] De otra parte, si al interponer la acción de tutela ya es claro que el daño se generó, el juez debe declarar improcedente el mecanismo de amparo;[35] al tiempo que si el daño se consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en segunda instancia o en sede de revisión, le corresponde efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, con el fin de establecer correctivos y prever futuras violaciones. Es decir, proferir órdenes adicionales tendientes a proteger la dimensión objetiva del derecho en conflicto, evitar repeticiones, identificar a los responsables, informarle a la parte accionante sobre las acciones judiciales existentes para reparar el daño ocasionado o compulsar copias ante las instancias competentes.[36] 62. En casos similares al presente, en los que se han estudiado acciones de tutela interpuestas contra establecimientos abiertos al público por la presunta discriminación a parejas del mismo sexo al interior de estos, la Corte ha recordado que, “es probable que la vulneración de un derecho fundamental se proyecte en el tiempo, con fundamento en el principio de retrospectividad, aun cuando el hecho se produjo con antelación. Por tal razón, la fecha del acto acusado no constituye el factor determinante para configurar la improcedencia de la acción de tutela, sino que el juez debe verificar si la violación del derecho es actual, es decir, persiste al momento de resolver la petición de amparo, por lo que la decisión judicial puede ser efectiva para restablecer la vigencia de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.”[37] 63. En consecuencia, la Sala advierte que en esta oportunidad no se configura la carencia actual de objeto por daño consumado. Si bien el presunto acto discriminatorio ocurrió el 9 de septiembre de 2019, la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela pueden producir efectos con vocación de actualidad, pues las accionantes afirman que no han vuelto al Centro Comercial Viva por temor a ser revictimizadas. Además, se requiere proteger la garantía de no repetición. Por tanto, la presente decisión podría ser efectiva para interrumpir o anular las supuestas violaciones a los derechos fundamentales y asegurar el ejercicio y la vigencia de estos. 64. De acuerdo con lo anterior, la Sala pasará a formular el problema jurídico en el presente asunto y determinar si fueron vulnerados los derechos fundamentales de las accionantes. 4. Problema jurídico 65. En el caso bajo estudio las accionantes señalan que una vigilante del Centro Comercial Viva de Barranquilla les llamó la atención por tener manifestaciones públicas de afecto. Por tanto, esta Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulneran una empresa de seguridad privada y un centro comercial los derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminado, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, cuando un vigilante de la empresa de seguridad recrimina las manifestaciones de afecto que tiene una pareja del mismo sexo en espacios públicos del centro comercial, si las personas afectadas por la recriminación no presentan, al momento de los hechos o previo a la interposición de la tutela, una queja o reclamo ante dichas empresas? 66. Para resolver este problema jurídico se analizará: (i) el derecho a no ser discriminado; (ii) la discriminación por razón de la orientación sexual diversa; (iii) los comportamientos que afectan la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada; (iv) la invisibilizacion de las personas LGBTI en los espacios públicos y semipúblicos; y (v) el análisis del caso concreto. 5. El derecho a no ser discriminado 5.1 El fundamento normativo del derecho a no ser discriminado 67. La jurisprudencia constitucional ha derivado el contenido y alcance del derecho fundamental a no ser discriminado a partir del artículo 13 de la Constitución Política. Esta norma establece, por un lado, la dimensión formal de este derecho, al prescribir que todas las personas deben recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades y “gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 68. Por otra parte, el mencionado artículo 13 constitucional también señala la dimensión material del derecho a no ser discriminado, al fijar el deber del Estado de promover “que la igualdad sea real y efectiva” y adoptar “medidas a favor de grupos discriminados o marginados”, por lo que, bajo esta dimensión del derecho, deben tenerse en cuenta las circunstancias y condiciones particulares de las personas y las distintas comunidades y grupos sociales, de tal manera que se logren evidenciar las desventajas en las que se encuentran unos y otros respecto del resto de la sociedad. Lo anterior implica que no todo trato diferenciado es discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras específicas, lo que se ha denominado como “discriminación positiva o inversa”. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional.[38] 69. El derecho a no ser discriminado no solo encuentra sustento en artículo 13 de la Constitución Política. A nivel internacional existen diversos instrumentos internacionales que consagran tal derecho, tanto en el sistema universal de protección,[39] como en el Sistema Interamericano,[40] los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, además de otros instrumentos en diferentes sistemas regionales.[41] De manera específica, el artículo 1.1. de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia[42] señala que “discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.” El artículo 4º del mismo Convenio impone a los Estados el compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo, entre otros, “la restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.” 70. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el principio de no discriminación hace parte del ius cogens (o reglas imperativas, de acuerdo con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).[43] Al respecto ha señalado: “(…) el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.”[44] 5.2. El acto discriminatorio y los escenarios de discriminación 71. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha definido el acto discriminatorio como “la conducta, actitud o trato que pretende —consciente o inconscientemente— anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales.”[45] Con base a esta definición, en la Sentencia T-141 de 2017[46] se indicó que el acto discriminatorio contiene los siguientes elementos: 72. (i) La intención, la consciencia o la inconsciencia de la conducta no incide en la configuración del acto discriminatorio. Éste se entiende realizado independientemente de la voluntad de quien lo realiza. 73. (ii) El acto discriminatorio conlleva una actuación violenta en contra del sujeto receptor de la conducta, ya sea de tipo simbólica, física, psicológica, emocional, económica y demás. 74. (iii) El acto discriminatorio se puede identificar a través de los criterios sospechosos de discriminación,[47] los cuales relaciona el artículo 13 constitucional con el sexo, la orientación sexual, la raza, el origen familiar o nacional, la religión, la lengua, la opinión política, entre otros. 75. Ahora bien, a partir de la Sentencia T-691 de 2012,[48] la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, cuando un acto discriminatorio se lleva a cabo frente a un público, esto es, otras personas son espectadores de lo ocurrido, se concreta un escenario de discriminación. Por tanto, en estos casos la persona discriminada se ve expuesta a las miradas de los demás, por lo que “se puede sentir intimidada, reducida o sometida a sensaciones similares por esta exposición social.”[49] En estos casos el juez constitucional debe analizar algunos aspectos para valorar el impacto que un determinado escenario de discriminación puede tener sobre los derechos fundamentales de una persona, a saber: 76. (i) La relación de poder que existe entre la persona discriminada y la persona discriminadora. “En caso de que exista una relación de sujeción y dependencia, el victimario podrá coaccionar y someter a la persona a una presión y una afectación mayor.”[50] 77. (ii) La relación entre las personas que participan en el escenario de discriminación, esto es: la persona discriminada, la que discrimina y aquellas que hacen las veces de público. En este punto se debe valorar si las relaciones son ocasionales y esporádicas o continuas y permanentes, ya que cuanto más frecuente sean, habrá una mayor afectación de los derechos. 78. (iii) El espacio en el que se presenta el escenario de discriminación. Debe tenerse en cuenta si se trata de un escenario institucionalizado o especialmente regulado. Si el lugar es privado, semiprivado, público o semipúblico. 79. (iv) La duración del acto discriminatorio. “Una mayor duración del evento que supuso la puesta en escena de un acto discriminatorio conlleva en principio, una mayor afectación de los derechos de la persona.”[51] 5.3. La presunción de discriminación y la carga dinámica de la prueba cuando se alegan actos discriminatorios 80. Debido a las complejidades que supone la demostración de un acto discriminatorio, pues en muchas ocasiones los afectados no cuentan con los medios suficientes para probar la existencia de éstos, en casos como el presente opera una presunción de discriminación, de tal manera que quien es señalado de incurrir en esta conducta tiene la carga de presentar de forma efectiva la prueba en contrario respectiva.[52] A partir de lo anterior, en los casos donde se discuta la existencia de un trato basado en cualquiera de las categorías sospechosas de discriminación, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de “carga dinámica de la prueba”, conforme al cual se traslada la obligación de probar la ausencia de discriminación a la parte accionada, quien, al encontrarse en una situación de superioridad, tiene una mayor capacidad para aportar los medios probatorios que demuestren que su proceder no constituyó un acto discriminatorio, por lo que resulta insuficiente para el juez la simple negación de los hechos por parte de quien se presume que los ejecuta.[53] 81. Por tanto, en virtud de los principios de libertad probatoria y sana crítica, se ha indicado que el juez de tutela debe valorar de forma integral los elementos que constituyen el acervo probatorio del expediente, teniendo en cuenta “aspectos como los criterios sospechosos, el contexto, el carácter estructural, los escenarios en los que se desarrolla y la presunción constitucional en favor de quien alega la situación de discriminación.” 6. La discriminación en razón de la orientación sexual diversa 6.1. Las personas LGBTI como grupo históricamente discriminado 82. La Corte Constitucional ha señalado en diversas sentencias que las personas que hacen parte de la población LGBTI son sujetos de especial protección constitucional, pues son un grupo históricamente marginado y por tanto sometido a una discriminación estructural.[54] Al respecto se ha señalado que, ante “la coincidencia de criterios frente a la situación generalizada de desigualdad y tratamiento diferenciado arbitrario en contra de la población LGBTI, no hay duda alguna sobre el carácter estructural de la discriminación que atraviesan los miembros de la misma, debido a la preponderancia contextual de patrones sexistas y estándares de normalización que tienden a invisibilizar la problemática de la desprotección.”[55] 83. En el mismo sentido, en el ámbito regional, en el informe “Violencia contra personas LGBTI” del 12 de noviembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que “las sociedades en el continente americano están dominadas por principios de heteronormatividad, cisnormatividad, y los binarios de sexo y género. Además, existe una amplia y generalizada intolerancia e irrespeto hacia las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales, lo cual se suma al fracaso de los Estados en adoptar medidas efectivas para investigar y castigar efectivamente la violencia por prejuicio. (…) La CIDH concluye que el contexto generalizado de discriminación social e intolerancia respecto de esta diversidad, aunado a la ausencia de investigaciones efectivas, y la falta de un abordaje diferenciado para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes cometidos contra personas LGBTI, son elementos que conducen a que se condone y se tolere esta violencia, lo que resulta en impunidad y repetición.” 84. En consecuencia, la persistencia de patrones estructurales de discriminación por motivos de orientación sexual, así como el arraigo de profundos prejuicios hacia las personas LGBTI, trae como consecuencia que en muchas ocasiones estas prácticas discriminatorias pasen desapercibidas en la sociedad y tiendan a normalizarse o a restarles importancia, por lo que es obligación del juez constitucional asumir el estudio de estos casos con una especial sensibilidad constitucional y compromiso con la dignidad humana, “aplicando criterios de enfoque diferencial que obedezcan a la situación generalizada de vulnerabilidad y que tiendan a una solución jurídica que contribuya a la superación de la misma.”[56] 6.2. La orientación sexual es un criterio sospechoso de discriminación 85. La orientación sexual se relaciona con los deseos, sentimientos y atracciones sexuales y emocionales que puedan darse entre las personas.[57] En este ámbito pueden presentarse diversas manifestaciones, tales como la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad o la asexualidad, las cuales constituyen expresiones legítimas y constitucionalmente relevantes del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin que sobre ellas pueda presentarse injerencia alguna de agentes externos como el Estado o los particulares. 86. La jurisprudencia constitucional ha advertido que, a pesar de la protección constitucional que tienen todas las manifestaciones de la orientación sexual, ésta se ha constituido en un criterio de discriminación, por lo que se ha reconocido como una categoría sospechosa,[58] lo que implica la prohibición de utilizar este criterio “para consolidar diferenciaciones que, al estar basadas en estereotipos sexistas, se tornarían irrazonables desde el punto de vista constitucional.”[59] 6.3. Los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en un acto discriminatorio por razón de la orientación sexual diversa 87. La jurisprudencia constitucional ha explicado que los derechos fundamentales son inalienables, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. “La protección de cualquier derecho es un paso en la protección de los demás, así como la desprotección de cualquier derecho conlleva la desprotección de los demás.”[60] En los casos en los que se alega la comisión de un acto discriminatorio por razón de la orientación sexual, además del evidente compromiso de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, también se encuentran en juego otros derechos fundamentales que están estrechamente relacionados.[61] 88. En primer lugar, se ha reconocido que en estas situaciones se afecta gravemente la dignidad humana, que reconoce, entre otros aspectos, la autonomía del ser humano para autodeterminarse sin afectar los derechos de los demás y vivir sin ser sometido a cualquier forma de humillación. En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la personalidad, ya que es una manifestación de la autonomía de cada ser humano para desarrollar un plan de vida de acuerdo con sus subjetividades sin la intromisión de agentes externos como el Estado o los particulares. En tercer lugar, se ha advertido que el derecho a la intimidad, el cual garantiza una esfera de privacidad en la vida personal e implica una abstención por parte del Estado o de terceros de intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito, también resulta comprometido cuando la orientación sexual diversa se utiliza como criterio para establecer una diferenciación arbitraria. 89. En consecuencia, al estar estrechamente vinculados la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal, junto con la igualdad y la no discriminación, han sido derechos que, de manera recurrente, esta Corte ha encontrado transgredidos cuando se constata un acto discriminatorio fundado en la orientación sexual. Estos derechos “configuran los elementos básicos para que una persona pueda desenvolverse en sociedad[62], pues constituyen los baluartes que garantizan el ejercicio de la libertad y la autonomía individual, sin la intervención de terceros ajenos al fuero íntimo de cada ser humano, siempre que se respeten los derechos de los demás y el orden jurídico.”[63] 7. Los comportamientos que afectan la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada 90. Dado que en esta oportunidad se analiza la posible comisión de un acto discriminatorio por parte de personal de seguridad de una empresa de vigilancia privada que presta sus servicios en un centro comercial, y que la propia empresa de seguridad señaló en este proceso que no todas las manifestaciones públicas de afecto están autorizadas, pues si “están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda”, no podrían permitirse, es preciso que se analice cuáles son los límites de las actuaciones de las empresas de seguridad privadas en este tipo de situaciones. 7.1. Las normas de policía 91. El Código de Policía[64] enlista en su artículo 33.2 los comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas en espacios públicos, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público. Entre éstos incluye en el literal b: “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”; y en literal e: “limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar”. Así mismo, en el parágrafo 2º aclara que “no constituyen actos sexuales o de exhibicionismo los besos o caricias que las personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como expresiones de cariño, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.” Es claro entonces que la norma de policía prohíbe exclusivamente los actos públicos sexuales o de exhibicionismo, sin que dentro de estas categorías puedan incluirse los besos o las caricias. Además, la norma hace especial énfasis en que las manifestaciones de afecto deben permitirse sin importar, entre otros criterios, la orientación sexual. 92. Esta preocupación del Legislador por proteger las expresiones públicas de cariño de todas las personas y evitar cualquier tipo de discriminación fundada en la orientación sexual se evidencia también en otras normas del Código de Policía. Por ejemplo, en el artículo 40 se indica que uno de los comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección es el de “limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales, de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, género u otra condición similar.” En el mismo sentido, el artículo 93 del mismo estatuto incluye dentro de los comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica, el de “limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar.” 7.2. Los límites a las actuaciones de las empresas de seguridad privada 93. El artículo 73 del Decreto 356 de 1994, “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, señala que la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada, “es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades”, mientras que el artículo 74 del mismo estatuto indica que uno de los principios que guían esta labor es el de “respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública.” 94. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de ejercer el control sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada, también se ha ocupado de establecer directrices a las empresas que prestan servicios de seguridad en materia de garantía de los derechos y libertades de las personas. En la Circular Externa número 20167000000235 del 3 de octubre de 2016 se establecen lineamientos en materia de derechos humanos y responsabilidad social. Allí se dispone que los prestadores de servicio de vigilancia y seguridad privada deben “respetar los Derechos Humanos de todas las personas”, así como “estar debidamente informados respecto de los riesgos de Derechos Humanos asociados con sus operaciones” y “hacer especial hincapié en el respeto de los Derechos Humanos en los cursos de formación para el personal.” De manera específica, en relación con el respeto de los derechos de las personas LGBTI, la Circular Externa número 20157000000195 del 7 de septiembre de 2015 indicó: “A fin garantizar el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad y la no discriminación, teniendo en cuenta los postulados previstos en la Constitución Nacional, la Ley 1482 de 2011 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia (…) los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (LGBTI), en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar procedimientos internos en tal sentido, o en su defecto aquellos que se requieran para sancionar actos de discriminación directa o indirecta, que puedan cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia.” 95. En esta misma línea, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los derechos fundamentales de las personas no pueden limitarse arbitrariamente en los espacios semipúblicos, como los centros comerciales,[65] por parte de los administradores o equipos de seguridad de dichos lugares. Al respecto ha señalado: “las reglas de comportamiento en dichos lugares son mínimas y deben ser razonables. Por lo tanto, no es posible que sus administradores restrinjan ostensiblemente el libre desarrollo de la personalidad o discriminen a quienes allí acceden o permanecen[66]. Es decir que sus órganos internos y los agentes privados de la seguridad de estos lugares, únicamente disponen de facultades para garantizar la seguridad o el orden interno.”[67] 96. En suma, si bien las empresas de seguridad privada están facultadas para prevenir o detener actuaciones que perturben la seguridad de las personas o bienes sobre los cuales ejercen sus funciones, no están autorizadas para restringir arbitrariamente los ámbitos de la libertad constitucionalmente protegidos, ni mucho menos incurrir en actos de discriminación, fundados, por ejemplo, en la orientación sexual de las personas. 8. La invisibilización de las personas LGBTI en los espacios públicos y semipúblicos 97. Los hechos que se narran en la acción de tutela que se estudia en esta oportunidad no son nuevos en nuestro país, por el contrario, responden a un patrón de discriminación que de manera reiterada se ha venido presentando. Casos similares al presente han salido a la luz pública en diferentes ocasiones y la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en algunos de ellos, como a continuación se muestra. 98. En la Sentencia T-909 de 2011 se estudió el caso de una pareja de hombres homosexuales que se encontraban en un centro comercial y, después de tener manifestaciones de afecto, fueron recriminados por un vigilante del centro comercial, quien les dijo: “Yo respeto su forma de pensar, pero ustedes tienen que comportarse o sino tienen que retirarse del Centro Comercial, porque aquí hay familias y niños.” La Corte amparó los derechos fundamentales de los accionantes y concluyó que “la conducta desplegada por el guardia de seguridad en representación de la empresa FORTOX y de los intereses del centro comercial COSMOCENTRO, restringió ilegítimamente el derecho de Jimmy Moreno y de su pareja, a expresar libremente sus opciones vitales derivadas de su dignidad, intimidad y del libre desarrollo de su personalidad. Porque con el hecho de besarse, por las razones que se han advertido, no pudieron haber puesto en riesgo los derechos de los demás, los derechos de los niños, ni tampoco en general el ordenamiento jurídico. Sencillamente los señores Moreno y Pérez efectuaron un acto de la naturaleza humana, derivado de la atracción y los afectos, que al ser inherentes a la especie y no contravenir norma alguna, no tiene por qué esconderse u ocultarse.”[68] 99. Un caso similar fue analizado en la Sentencia T-291 de 2016, en el que un hombre fue expulsado de un centro comercial por parte de los guardas de seguridad, luego de haber sido acusado falsamente de haber realizado actos obscenos con otro hombre. La Corte protegió los derechos fundamentales del demandante y explicó: “el Centro Comercial Portal del Prado de la Ciudad de Barranquilla y la empresa Vigilancia del Caribe Ltda. vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la prohibición de discriminación del señor Héctor Alfonso Barrios Peña, debido al trato discriminatorio que recibió en razón de su orientación sexual por parte de algunos integrantes del personal de seguridad del referido complejo comercial, quienes lo retuvieron, expusieron al público, discriminaron y finalmente expulsaron de la copropiedad.”[69] 100. En la Sentencia T-030 de 2017 la Corte conoció el caso de una pareja de hombres homosexuales que se encontraban en un centro comercial y, luego de besarse, fueron abordados por un guarda de seguridad quien les solicitó abandonar el lugar, so pena de requerir la presencia de un agente de Policía para que atendiera la situación. La Corte nuevamente concedió la tutela y señaló: “las manifestaciones de afecto que los demandantes expresaron con un beso, no configuran supuestos fácticos sancionados legalmente por las autoridades públicas, pues no implicaron actos de un alto contenido íntimo, sexual o de naturaleza obscena, proscritos por el Legislador (…). No existe restricción legal para el ejercicio de estas libertades individuales en concreto, por lo que el guarda de seguridad, en el asunto objeto de estudio, no podía imponer algún tipo de limitación, restricción o llamado atención a los visitantes del establecimiento que presta sus servicios al público en general, relacionados con el ejercicio de sus derechos fundamentales, sean estas parejas heterosexuales o con orientación sexual diversa, pues dicha manifestación no implicó el desconocimiento de alguna norma de policía, no alteró el orden público, ni afectó los bienes jurídicos bajo custodia del guarda de seguridad.”[70] 101. Recientemente, en la Sentencia T-355 de 2019, se estudió el caso de una pareja de mujeres lesbianas que se encontraban en un establecimiento comercial y fueron reconvenidas por el dueño del lugar por cogerse de la mano, quien explicó, en declaración rendida ante la Corte, que su establecimiento es un “local comercial de ambiente familiar donde generalmente no se aprecian muestras de afecto o cariño extralimitadas” y “no es un lugar propiamente de ambiente para parejas del mismo sexo.” En esta oportunidad la Corte amparó los derechos fundamentales de las accionantes y advirtió que su vulneración “no solo acaeció por la acción desplegada por el administrador del local comercial, sino que también se presentó por el lenguaje utilizado por aquel para reprochar el comportamiento de la peticionaria, el cual tuvo una fuerte carga discriminatoria, particularmente por su orientación sexual diversa y su pretensión normalizadora e invisivilizadora de la diferencia, lo cual es inadmisible en términos constitucionales.”[71] 102. Los anteriores casos evidencian un patrón común de discriminación que se presenta en espacios abiertos al público y tiene como objeto a las personas del mismo sexo que tienen manifestaciones públicas de afecto. En muchas ocasiones estos actos discriminatorios son justificados por la presunta incomodidad que causan estas demostraciones de cariño en los demás asistentes del lugar en el que se presentan, o se escudan en la supuesta preocupación por los niños que observan a una pareja del mismo sexo acariciándose o besándose.[72] 103. Estas situaciones muestran la forma de discriminación más esencial: la invisibilización. De esta manera se pretende que estas personas pasen desapercibidas ante la sociedad y se vean obligadas a ocultar sus sentimientos y limitarlos exclusivamente a la esfera privada donde no puedan ser vistos, camuflando en ocasiones el desprecio y los prejuicios bajo la aparente preocupación por la tranquilidad de las demás personas o la protección de los niños. Por tanto, la garantía de los derechos de las personas LGBTI parte de que sean visibilizados por la sociedad, de que puedan relacionarse y sentirse reconocidos, aceptados y respetados en los espacios públicos o abiertos al público en las mismas condiciones del resto de personas y no teman exponerse a ser excluidos o recriminados por demostrar su afecto de manera pública. 9. Los derechos fundamentales de Juana y María a no ser discriminadas, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, fueron vulnerados al haber sido discriminadas por realizar manifestaciones públicas de afecto que no contrariaban el ordenamiento legal 104. Antes de dar respuesta al problema jurídico que se plantea en esta oportunidad, es necesario establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos que originaron la acción de tutela, ya que las entidades accionadas niegan la ocurrencia de éstos. En la acción de tutela y en la respuesta al auto de pruebas proferido por la Magistrada ponente las accionantes narran la forma en que ocurrieron los hechos. Afirman que el 9 de septiembre de 2019, mientras se encontraban departiendo junto con otras personas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva de Barranquilla en horas de la noche, una guarda de seguridad del centro comercial les llamó la atención por realizar manifestaciones públicas de afecto y les advirtió que no lo podían hacer porque había niños. Ante la inconformidad que expresaron las accionantes a la vigilante por la referida recriminación, aquella les dijo que solo seguía órdenes. Esta descripción de los hechos también es apoyada por otras dos personas que se encontraban con las accionantes en ese momento, quienes allegaron a este proceso sendas declaraciones en la que detallan lo sucedido. 105. Almacenes Éxito S.A., propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, señaló que no tuvo conocimiento de los hechos que se relatan en la acción de tutela y no recibió ninguna petición o reclamo de las accionantes, sin embargo, expresaron su compromiso con el respeto por las personas LGBTI. Por su parte, la empresa de vigilancia Miro Seguridad LTDA niega la ocurrencia de los hechos y advierte que no se inició ninguna investigación. Indicó que “unas son las manifestaciones públicas de afecto y otras muy diferentes son las conductas que están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda, sin embargo no está plenamente probado el supuesto requerimiento del guarda de seguridad.” 106. Como se analizó en el acápite 4.3. de esta sentencia, cuando se alega un acto discriminatorio fundado en un criterio sospechoso, como sucede en este caso, opera una presunción de discriminación y, en virtud de la carga dinámica de la prueba, la parte accionada es quien debe aportar los elementos probatorios que demuestren que no tuvo lugar tal acto discriminatorio, siendo insuficiente la simple negación de los hechos. En consecuencia, esta Sala tendrá por ciertos los hechos narrados en la acción de tutela. 107. Lo anterior teniendo en cuenta que (i) las accionantes presentaron un relato claro y consistente de los hechos tanto en la acción de tutela como en la respuesta al auto de pruebas del 26 de octubre de 2020. (ii) El relato de las accionantes fue apoyado por el testimonio de dos personas que estuvieron con ellas cuando sucedieron los hechos. (iii) A pesar del requerimiento realizado en el mencionado auto de pruebas, las partes accionadas no aportaron ningún elemento probatorio tendiente a desvirtuar las afirmaciones de las accionantes y simplemente negaron la ocurrencia de los hechos. Incluso, la empresa Miro Seguridad LTDA sugirió que el llamado de atención de la vigilante a las accionantes pudo ocurrir debido a que realizaron conductas “matizadas de sexualidad o erotismo”. Esto genera dudas sobre la negación de los hechos que expone la empresa de seguridad, pues si no tenía conocimiento de la situación narrada en la acción de tutela, cómo puede afirmarse que posiblemente esto fue lo que ocurrió. (iv) Si bien las empresas accionadas aducen que para el día en que ocurrieron los hechos no se había asignado ninguna guarda mujer para prestar el servicio de vigilancia en el tercer piso del Centro Comercial Viva, esta afirmación no tiene ningún soporte y es desvirtuada tanto por las accionantes como por los testimonios de las dos personas que las acompañaban en ese momento, quienes corroboraron que en el momento en que sucedieron los hechos hacía presencia una vigilante del centro comercial. Incluso, una de las declarantes, Olga Lucía Martínez, afirma que increpó a la vigilante para preguntarle “si esa actitud la había asumido con las otras parejas heterosexuales que estaban en el lugar.” (v) Aunque Almacenes Éxito S.A. argumenta que no recibió ninguna petición o reclamo de las accionantes, lo cual es aceptado por ellas, esta situación obedeció, tal como lo afirman en la respuesta al Auto de pruebas del 26 de octubre de 2020, a que Juana y María se vieron muy afectadas por la conducta de la vigilante del centro comercial y abandonaron el lugar inmediatamente después de que ocurrieron los hechos y no volvieron por temor a exponerse a una revictimización.[73] En todo caso, no existe ninguna obligación de las accionantes relacionada con la interposición de alguna queja o reclamo ante el centro comercial como requisito para interponer una acción de tutela por estos hechos. Las quejas o reclamos que se pueden interponer ante una empresa privada no tienen el efecto de cesar o reparar la vulneración de un derecho fundamental y, en esa medida, no desplazan a la acción de tutela. Finalmente, (vi) la Corte valora que los hechos denunciados en la acción de tutela responden a un patrón de discriminación recurrente hacia las personas del mismo sexo que tienen manifestaciones públicas de afecto, el cual ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de esta Corte y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como se evidenció en el acápite 7 de esta sentencia. Por tanto, existe además una amenaza sobre los derechos fundamentales de las personas LGBTI que manifiestan su cariño en espacios abiertos al público, pues se encuentra latente el riesgo de que puedan ser objeto de actos discriminatorios por esta circunstancia. 108. Superada entonces la controversia probatoria, esta Sala advierte que Juana y María, al ser recriminadas por la vigilante que prestaba sus servicios en el Centro Comercial Viva de Barranquilla debido a que realizaron manifestaciones públicas de afecto y prohibirles este comportamiento, sufrieron un acto de discriminación que también supuso un escenario de discriminación. Esta situación, además de transgredir sus derechos a la igualdad y a no ser discriminadas, constituyó una injerencia arbitraria en sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Esto a su vez implicó el desconocimiento de su dignidad humana, pues no se respetó su autonomía para autodeterminarse y vivir sin ser sometidas a humillaciones. 109. En efecto, no hay ninguna evidencia que el comportamiento de las accionantes transgrediera las normas de policía que prohíben los “actos sexuales o de exhibicionismo” en lugares abiertos al público que puedan afectar la convivencia pacífica. No existe ninguna queja o testimonio que dé cuenta de estos comportamientos. Las manifestaciones públicas de afecto de las accionantes se enmarcan entonces dentro del legítimo ejercicio de las libertades individuales y hacen parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 110. En consecuencia, la vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA no podía, escudándose en la protección de los niños que asistían al lugar, reprochar o prohibir las manifestaciones públicas de afecto de Juana y María en el Centro Comercial Viva, pues no existe ninguna restricción legal para ello. Con su actuación, la guarda de seguridad se extralimitó en sus funciones y desconoció los derechos fundamentales de las accionantes y las normas de policía que no solo permiten este comportamiento, sino que consideran como una contravención la obstrucción de las manifestaciones afecto y cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a criterios sospechosos de discriminación. Lejos de garantizar los derechos de los niños, cuando un guarda de seguridad incurre en un acto discriminatorio perpetúa comportamientos que no tienen lugar en una sociedad democrática, como la exclusión, la discriminación y la violencia. Por tanto, en estos casos no solamente se desconocen los derechos de las personas que son discriminadas, sino también los niños que presencian el acto discriminatorio, pues el mensaje que se les transmite es que la sociedad en la que viven no es igualitaria y no respeta la dignidad de todas las personas. 111. De igual manera, la empresa Miro Seguridad LTDA transgredió los lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que hacen especial énfasis en el deber que tiene estas empresas de respetar los derechos humanos y “adoptar las medidas necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (LGBTI), en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar procedimientos internos en tal sentido, o en su defecto aquellos que se requieran para sancionar actos de discriminación directa o indirecta, que puedan cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia.”[74] Por tanto, la Sala considera que Miro Seguridad LTDA es responsable de la violación de los derechos fundamentales de Juana y María. Esto por cuanto la vigilante que incurrió en el acto discriminatorio obró como empleada de dicha empresa, razón por la cual ésta debe responder por las actuaciones de sus dependientes. 112. La Sala llama la atención sobre la respuesta brindada por Miro Seguridad LTDA al Auto de pruebas del 26 de octubre de 2020, en donde señala que “toda persona debe comportarse en público de acuerdo con los dictados de la moral y las buenas costumbres, sin inducir a un mal ejemplo, crear escenas de escándalo ni llamar la atención con un comportamiento que normalmente se realizan en otros escenarios” y que, en todo caso, no pueden permitirse “las conductas que están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda.” La Corte recuerda que los conceptos de “moral” y “buenas costumbres” deben entenderse de acuerdo a los principios y valores que inspiran la Constitución Política.[75] Por lo tanto, las empresas de seguridad privada deben asegurarse que sus empleados sean conscientes de que los actos discriminatorios, como la prohibición a una pareja del mismo sexo de realizar manifestaciones públicas de afecto, es un comportamiento contrario a la moral pública y a las costumbres de una sociedad democrática y pluralista como la nuestra. 113. La Corte también advierte que en la situación que se analiza se presentó un escenario de discriminación, toda vez que el acto discriminatorio tuvo lugar frente a un público, esto es, las personas que acompañaban a Juana y María cuando sucedieron los hechos. De otra parte, existía una relación de sujeción entre las accionantes y la vigilante del centro comercial, quien podía coaccionar a aquellas para impedirles manifestar públicamente su afecto. También advierte esta Sala que el escenario de discriminación ocurrió en un lugar abierto al público, por lo que el acto discriminatorio pudo ser presenciado, no solo por los acompañantes de las demandantes, sino por cualquier persona que en ese momento visitaba el centro comercial. Finalmente, se debe tener en cuenta que esta situación generó en las accionantes un temor a realizar manifestaciones de afecto en espacios públicos o abiertos al público y las llevó a tomar la decisión de no volver al Centro Comercial Viva, al considerar que podían ser revictimizadas o vivir un acto discriminatorio similar. Estas particularidades, sin duda, acentúan la afectación a los derechos fundamentales de las accionantes. 114. Este escenario de discriminación afectó no solamente a Juana y María, sino también a sus amigos y amigas que en el momento en que sucedió el acto discriminatorio las acompañaban en el centro comercial. En efecto, estas personas pudieron evidenciar que se encontraban en un lugar hostil a la diversidad y en el que no se respetan los derechos fundamentales, esto es, un espacio en donde se apagan las garantías constitucionales y se permite la arbitrariedad de las personas encargadas de la seguridad. El mensaje de exclusión llegó entonces no solo a las accionantes, sino además, a las personas que estaban con ellas departiendo en el centro comercial. 115. Ahora bien, aunque es cierto que Almacenes Éxito S.A. informó sobre las actividades que ha desplegado en el marco de sus políticas de no discriminación y promoción de la diversidad y el respeto a las personas LGBTI, en este caso particular también tiene una responsabilidad en los hechos objeto de análisis, ya que éstos ocurrieron al interior del Comercial Viva de Barranquilla, el cual es de su propiedad, y la guarda de seguridad implicada en la actuación que se censura prestaba sus servicios a dicho establecimiento con ocasión de labor contratada. Almacenes Éxito S.A. escogió a la empresa Miro Seguridad LTDA para cumplir las labores de vigilancia y seguridad del Centro Comercial Viva, por lo que, si bien no fue un empleado suyo quien cometió el acto discriminatorio, tiene una responsabilidad en estos hechos en la medida en que fue una empleda de la empresa de seguridad, la cual contrataron libremente, quien de manera directa vulneró los derechos fundamentales de las accionantes. 116. La Corte también encuentra que en esta oportunidad, en la violación de los derechos fundamentales de Juana y María, incidió su desconocimiento, y el de la sociedad en general, sobre la política de Almacenes Éxito S.A. de respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTI. Esto implicó que las accionantes decidieran no volver al Centro Comercial Viva después de que ocurrió el acto discriminatorio y no interpusieran ninguna queja por temor a ser revictimizadas, sino que acudieran a Caribe Afirmativo, una organización que trabaja en favor de la diversidad sexual, en donde les recomendaron interponer una acción de tutela para denunciar lo sucedido. En consecuencia, esta Sala considera que, con fundamento en la colaboración que debe existir entre el sector público y el sector privado y en el deber constitucional que tienen los particulares de “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”,[76] es necesario que la posición de Almacenes Éxito S.A. en favor de la diversidad y el respeto a los derechos de las personas LGBTI sea claramente difundida y conocida por la la empresa de seguridad y sus empleados, de tal manera que las personas tengan la certeza de que en sus distintos lugares abiertos al público las personas, sin distinción alguna, van a ser aceptadas y su dignidad reconocida, esto es, son espacios seguros en los que no se permiten actos discriminatorios y, en caso de ocurran, van a ser rápida y adecuadamente atendidos y solucionados. Por tanto, el remedio judicial que se adopte en esta oportunidad estará orientado a que la postura en favor de la Constitución de Almacenes Éxito S.A. sea difundida y conocida por la empresa de seguridad y sus empleados. 117. En suma, la Corte encuentra acreditada la discriminación que sufrieron Juana y María por manifestar públicamente su afecto. La actuación de la guarda de seguridad, quien recriminó y prohibió a las accionantes las muestras de cariño referidas, estuvo desprovista de cualquier fundamento constitucional y legal y constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Esta situación ha impedido a las accionantes volver al centro comercial en el que fueron discriminadas por miedo a ser objeto de señalamientos y reproches, además del temor que ahora tienen de expresar públicamente su afecto en cualquier espacio público o semipúblico. Por ende, se hace imperioso romper la invisibilización a las que son sometidas las personas LGBTI en los espacios públicos o abiertos al público y, de esta manera, superar los prejuicios sociales que aún persisten sobre esta población. La garantía de sus derechos fundamentales, en una sociedad democrática y respetuosa de la diversidad, debe partir entonces de su visibilización. 10. Órdenes 118. Una vez constatada la vulneración de los derechos fundamentales de Juana y María, esta Sala debe determinar las órdenes a adoptar. La Corte revocará las sentencias proferidas el 29 de noviembre de 2019 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, y el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por medio de las cuales se negó el amparo de los derechos de las accionantes. En su lugar, se ampararán sus derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. 119. En consecuencia, se declarará que Juana y María sufrieron un acto de discriminación por parte de la vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA que prestaba sus servicios al Centro Comercial Viva de Barranquilla por el hecho de manifestar públicamente su afecto. Así mismo, se ordenará a las empresas accionadas disponer un espacio apropiado y abierto al público dentro de las instalaciones del Centro Comercial Viva de Barranquilla, en el cual deberán ofrecer disculpas públicas a Juana y María por los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia y la vulneración a sus derechos fundamentales. También, se ordenará a Almacenes Éxito S.A. que comunique su política institucional en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI a la empresa Miro Seguridad LTDA. 120. De igual manera, para evitar la repetición de los hechos que originaron la presente acción de tutela, se ordenará a la empresa Miro Seguridad LTDA que capacite a sus empleados en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI y adopte las medidas adecuadas y necesarias para evitar que sus empleados vuelvan a cometer actos de discriminación a causa de la orientación sexual de las personas, debiendo presentar un informe al juez de primera instancia en el que establezca cuáles son las medidas concretas que se adoptarán y cómo se van a aplicar. Así mismo, se ordenará compulsar copias de todo lo actuado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que, con base en la Circular Externa número 20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015 de dicha entidad, y dentro de sus competencias, si fuera procedente, adelante las investigaciones correspondientes contra la empresa de seguridad privada accionada por los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia. Finalmente, se exhortará a los jueces de tutela de instancia que, en adelante, sigan la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la prohibición de discriminación de las personas LGBTI. 11. Síntesis de la decisión 121. Juana y María son pareja e interpusieron acción de tutela en contra de Almacenes Éxito S.A., el Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la vida privada, a la igualdad y a la prohibición de discriminación, toda vez fueron recriminadas por parte de una guarda de seguridad del Centro Comercial Viva de Barranquilla por realizar manifestaciones públicas de afecto al interior de sus instalaciones. 122. La Corte reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a no ser discriminado, analizó la discriminación en razón de la orientación sexual diversa, precisó cuáles conductas afectan la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y cuáles están permitidas y respaldadas constitucional y legalmente. Determinó la función que tienen los servicios de vigilancia y seguridad privada y los límites de sus facultades, así como el respeto a los derechos humanos que debe guiar sus actuaciones. Antes de analizar el caso concreto, la Sala constató la invisibilización que sufren las personas LGBTI en los espacios públicos y semipúblicos, en donde se presenta un patrón de discriminación que tiene como objeto a las personas del mismo sexo que realizan manifestaciones públicas de afecto. 123. A partir de las anteriores consideraciones, esta Sala concluyó que en el presente caso se habían vulnerado los derechos fundamentales de Juana y María a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, debido a que una vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA, que prestaba sus servicios en las instalaciones del Centro Comercial Viva de Barranquilla, las recriminó y prohibió expresar públicamente su afecto, sin que existiera alguna evidencia de que su comportamiento transgredió las normas que garantizan la convivencia pacífica. Esta situación configuró un acto discriminatorio que tuvo por efecto invisibilizar a las accionantes en un espacio abierto al público. III. Decisión 124. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, así como los establecimientos abiertos al público que contratan sus servicios, vulneran los derechos fundamentales cuando guardas de seguridad que trabajan para aquellas, y en ejercicio de sus funciones, limitan o prohíben las manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo que no configuran actos sexuales o de exhibicionismo en los términos señalados por las normas de Policía. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero.- Por las razones y en los términos de esta providencia, REVOCAR las sentencias proferidas el 29 de noviembre de 2019 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, y el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por medio de las cuales se negó la acción de tutela interpuesta por las accionantes. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de Juana y María, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Segundo.- DECLARAR que Juana y María sufrieron un acto de discriminación por parte de una vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA que prestaba sus servicios al Centro Comercial Viva de Barranquilla por el hecho de manifestar públicamente su afecto. Tercero. ORDENAR a Almacenes Éxito S.A. y Miro Seguridad LTDA que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, dispongan un espacio apropiado y abierto al público dentro de las instalaciones del Centro Comercial Viva de Barranquilla, en el cual deberán ofrecer disculpas públicas a Juana y María por los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia y la vulneración a sus derechos fundamentales. A dicho acto deberán invitar a participar a las accionantes. Cuarto.- ORDENAR a Almacenes Éxito S.A. que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, comunique su política institucional en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI a la empresa Miro Seguridad LTDA. Quinto.- ORDENAR a la empresa Miro Seguridad LTDA que capacite a sus empleados en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI y adopte las medidas adecuadas y necesarias para evitar que sus empleados vuelvan a cometer actos de discriminación a causa de la orientación sexual de las personas. La empresa Miro Seguridad LTDA deberá presentar un informe al juez de primera instancia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, en el que establezca cuáles son las medidas concretas que se adoptarán y cómo se van a aplicar. Sexto.- COMPULSAR copias de todo lo actuado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que, con base en la Circular Externa número 20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015 de dicha entidad y dentro de sus competencias, si fuera procedente, adelante las investigaciones correspondientes contra la empresa Miro Seguridad LTDA por los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia. Séptimo.- EXHORTAR al Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla que, en adelante, sigan la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la prohibición de discriminación de las personas LGBTI. Octavo.- REMITIR al Juzgado de primera instancia el expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se retomen actividades normales, la Secretaria General de la Corte Constitucional deberá ENVIAR el expediente físico al despacho correspondiente. Noveno.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Dado que en la acción de tutela se solicita proteger la identidad de las demandantes, en la versión pública de esta sentencia se cambiarán sus nombres reales por nombres ficticios. [2] Mediante Auto del 29 de septiembre de 2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-7.891.149. [3] La acción de tutela obra en los folios 1 a 10 del cuaderno 1. [4] La respuesta a la acción de tutela de Miro Seguridad LTDA. obra en los folios 23 a 25 del cuaderno 1. [5] La respuesta a la acción de tutela de Almacenes Éxito S.A. obra en los folios 27 a 30 del cuaderno 1. [6] La sentencia del juez de tutela de primera instancia obra en los folios 104 a 112 del cuaderno 1. [7] La impugnación de la sentencia del juez de tutela de primera instancia obra en los folios 123 a 127 del cuaderno 1. [8] La sentencia del juez de tutela de segunda instancia obra en los folios 4 a 7 del cuaderno 2. [9] Folios 36 a 41 del cuaderno principal. [10] Folios 50 a 52 del cuaderno principal. [11] Esta declaración juramentada con fines extraprocesales fue suscrita ante el Notario Décimo de Barranquilla el 6 de noviembre de 2020. Folio 53 del cuaderno principal. [12] En el escrito presentado por las accionantes se indica que la declaración de Olga Lucía Martínez Alfaro no pudo realizar ante notario público “por motivo de las restricciones y medidas de autocuidado adoptadas por la pandemia de la COVID-19, resultó imposible que ella pudiera acudir a realizar la declaración juramentada antes de la presentación de esta ampliación.” Folio 54 del cuaderno principal. [13] Folios 56 del cuaderno principal. [14] Folios 58 a 60 del cuaderno principal. [15] Folios 68 y 69 del cuaderno principal. [16] Folios 71 y 72 del cuaderno principal. [17] Folios 21 a 26 del cuaderno principal. [18] El artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. [19] Folios 13 y 15 del cuaderno 1. [20] De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación y al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando el particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular. [21] Sobre la configuración del estado de indefensión, ver entre otras, sentencias T-798 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-552 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [22] Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En dicha sentencia también se demandó a un particular por la violación de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. [23] La Corte Constitucional ha identificado enunciativamente algunas situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En la Sentencia T-012 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio), la Corte hizo referencia a las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro.” [24] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [25] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [26] Ibídem. [27] Sobre el requisito de la inmediatez, ver entre muchas otras las sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Aquiles Arrieta Gómez (e). [28] Ver, entre muchas otras, las Sentencias T-328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-662 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-066 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-577 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-075 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-314 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [29] Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-314 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [30] Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. También pueden consultarse las sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e) y T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. [31] Sentencia T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [32] En la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera se señaló: “La doctrina constitucional ha agrupado estos casos bajo la categoría de “carencia actual de objeto”; y si bien el concepto central se ha mantenido uniforme, con el devenir de la jurisprudencia se ha venido ajustando su clasificación y las actuaciones que se desprenden para el juez de tutela ante estos escenarios.” [33] Ver, por ejemplo, las sentencias T-970 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-021 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-423 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. [34] Sentencia SU-667 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Para un listado de los escenarios en los que la jurisprudencia ha aplicado esta categoría ver, por ejemplo, la Sentencia T-448 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [35] En virtud a lo estipulado en el artículo 6, numeral 4 del Decreto 2591 de 1991 que prevé: “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…) Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.” También puede consultarse la Sentencia T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [36] Esta postura fue adoptada en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. [37] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterado en la Sentencia T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [38] Ver, entre otras, las sentencias T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-288 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muños; C-022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1042 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1167 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-030 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-393 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-062 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; y T-376 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [39] Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales. [40] Artículo 3.1 de la Carta de la OEA. Artículos 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [41] Artículos 2 y 3 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” y el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. [42] La Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia fue adoptada en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013. La Convención fue firmada por Colombia el 8 de septiembre de 2014 y aún no ha sido ratificada. [43] Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.” [44] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”. La Corte Constitucional también ha reconocido que el principio de no discriminación hace parte del ius cogens. En la Sentencia C-091 de 2017, en la que se analizó la constitucionalidad del tipo penal de “hostigamiento”, se dijo: “El caso objeto de estudio se refiere a una dimensión especial de la igualdad, que se caracteriza por la existencia de una prohibición definitiva y alcanza el rango de principio ius cogens en el derecho internacional, es decir, de una norma que no admite pacto en contrario entre las partes contratantes (en principio, los Estados). Básicamente, una discriminación se presenta cuando las autoridades adoptan tratos diferenciados entre personas o grupos en situaciones similares, sin que exista para ello una razón legítima.” [45] Ver Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [46] M.P. María Victoria Calle Correa. [47] La Sentencia T-141 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa), explica que los criterios sospechosos de discriminación son “categorías que “(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales.” [48] M.P. María Victoria Calle Correa. [49] Sentencia T-691 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. [50] Ibídem. [51] Ibídem. [52] Este criterio ha sido consolidado a partir de la Sentencia T-098 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se indicó que: “[l]os actos discriminatorios suelen ser de difícil prueba. De ahí que sea apropiado que la carga de probar la inexistencia de discriminación recaiga en cabeza de la autoridad que expide o aplica una disposición jurídica, no así en quien alega la violación de su derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación que se hace de una persona es sospechosa por tener relación con los elementos expresamente señalados como discriminatorios a la luz del derecho constitucional.” [53] Ver, entre otras, las sentencias T-741 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Rios; y T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [54] Ver, entre otras, las sentencias T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-314 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [55] Sentencia T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [56] Ibídem. [57] Esta concepción de la orientación sexual ha sido adoptada en distintos pronunciamientos de esta Corte, por ejemplo, en las sentencias T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-099 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-071 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-141 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-252 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-363 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [58] Sobre la orientación sexual como categoría sospechosa de discriminación, ver entre otras las sentencias C-075 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T- 565 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-141 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-478 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-376 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger [59] Sentencia T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [60] Sentencia C-253 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. [61] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [62] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [63] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [64] Ley 1801 de 2016. [65] En la Sentencia C-204 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), se indicó: “[l]os espacios semipúblicos, como las oficinas públicas o de entidades prestadoras de servicios públicos, los bancos, los centros comerciales, los locales comerciales, los estadios y los cines, no son lugares públicos, pero se encuentran abiertos a él.” [66] En la Sentencia T-291 de 2016, la Corte Constitucional estudió el caso de una persona que fue retenida, expuesta y expulsada de un centro comercial, por considerar que se encontraba realizando actos obscenos. Allí se precisó que “La restricción de besarse en público que se imponga a una pareja homosexual por parte del personal de vigilancia de un centro comercial o similar, restringe ilegítimamente el derecho de esa pareja a expresar libremente sus opciones vitales derivadas de su dignidad, intimidad y del libre desarrollo de su personalidad.” [67] Sentencia C-204 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [68] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [69] Sentencia T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. [70] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [71] Sentencia T-355 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [72] En el informe “Violencia contra personas LGBTI” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, se indica que este organismo “ha recibido información de casos de parejas del mismo sexo atacadas por demostrar su afecto en público, como tomarse de la mano, acariciarse, abrazarse o besarse. También se ha conocido de guardias de seguridad privada en centros comerciales que expulsan a parejas del mismo sexo en respuesta a demostraciones públicas de afecto (…). En Colombia, organizaciones alegan que las parejas del mismo sexo continúan siendo perseguidas y hostigadas, incluso con posterioridad a una decisión de la Corte Constitucional que estableció que la expulsión de una pareja gay de un centro comercial por dos guardias de seguridad con base en demostraciones de afecto en público constituyó un acto de discriminación.” [73] En la Sentencia T-030 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se analizó el caso de una pareja de hombres homosexuales que fueron discriminados en un centro comercial por realizar manifestaciones públicas de afecto, los accionantes tampoco interpusieron ninguna queja por temor a ser revictimizados. [74] Circular Externa número 20157000000195 del 7 de septiembre de 2015 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. [75] Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-931 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-113 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; C-234 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; y C-382 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [76] Constitución Política. Artículo 95.4.

T-070-21 Sentencia T-070/21 Referencia: expediente T-7.850.880 Acción de tutela instaurada por Rosa Ayda Tisoy Tisoy contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES El 6 de noviembre de 2019, la señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, la UARIV) por cuanto considera que dicha entidad vulneró sus derechos a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso y a la protección integral de las víctimas, pues negó su solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas (en adelante, el RUV).[1] 1. Acción de tutela solicitud y respuesta 1.1. La accionante manifestó que pertenece a la comunidad indígena INGA y se encuentra registrada dentro del listado censal del Cabildo[2]. El 23 de julio de 2015 con la finalidad de ser incluida en el RUV, junto con su grupo familiar, declaró que es víctima directa de desplazamiento forzado en razón a que, grupos al margen de la ley, hacían presencia en el corregimiento de Aponte municipio de Santiago en el Departamento de Putumayo. Específicamente adujo que “en el año 2000, llegaron unos hombres armados a la casa a decirles que tenían 48 horas para salir de la Vereda Arcanchi, donde también reclutaban menores de edad”, por lo cual tuvo que abandonar su lugar de residencia. 1.2. La UARIV por medio de Resolución No. 2017-32680 del 17 de marzo de 2017 decidió negar la inclusión de la actora en el RUV y no reconocer el hecho victimizante, tras afirmar que “de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la declaración fue rendida de manera extemporánea, es decir que, para el caso preciso, la fecha de ocurrencia de los hechos declarados fue el 20 de agosto de 2000 y la fecha de la declaración ante la Personería de Cali (Valle del Cauca), fue el 23 de julio de 2015. No obstante, analizadas las circunstancias manifestadas en su declaración … se tiene que existen elementos que permiten determinar que no existieron circunstancias de fuerza mayor que hayan impedido a la señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy… presentar la declaración dentro de los términos de la citada norma.”. El 9 de mayo de 2017, la accionante presentó recurso de reposición en subsidio apelación, solicitando la protección de la población indígena en situación de desplazamiento. 1.3. Mediante Resolución No 2017-32680R del 26 de mayo de 2017, la UARIV decidió el recurso de reposición propuesto. Sostuvo que “al realizar un análisis detallado de la declaración ante el Ministerio Público de manera extemporánea -esto es, el día 23 de julio de 2015 sobre hechos ocurridos el 20 de agosto de 2000- la fecha límite para efectuar la declaración de hechos anteriores a la promulgación de la Ley 1448 de 2011 era de cuatro años de su entrada en vigencia, es decir hasta el 10 de junio de 2015 con lo que se encuentra una extemporaneidad en su declaración” y tampoco se aportó documentación o material probatorio “que permita subsanar la extemporaneidad.”[3] 1.4. Respecto al recurso de apelación, subsidiariamente interpuesto, la UARIV mediante Resolución No 201759869 del 19 de octubre de 2017,[4] resolvió confirmar la decisión de valoración, y, en consecuencia, no reconocer el hecho victimizante. 1.5. En sede de revisión, y con el propósito de tener mayor conocimiento sobre las condiciones socioeconómicas de la accionante, la Sala constató que la accionante tiene asignado actualmente un puntaje de 51.09 sobre 100 en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante, el “Sisbén”), según la información disponible en la base de datos pública de este.[5] Además, la Corte verificó que, de acuerdo con los datos que tiene registrados la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la actora es cabeza de familia, tiene a su cargo dos niños de 2 y 5 años de edad y se encuentra activa en el régimen subsidiado de dicho sistema.[6] 2. Contestación de la acción de tutela La UARIV, mediante comunicación del 13 de noviembre de 2019[7], se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela de la referencia. Solicitó se negaran las pretensiones de la accionante por considerar que en ningún momento se demostró la causación de un perjuicio irremediable, situación que para la entidad confirma la improcedencia de la acción constitucional. 3. Decisión de instancia El 22 de noviembre de 2019, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, resolvió “negar” por improcedente la acción de tutela,[8] en razón a que, a su juicio, “la accionante no aportó prueba que indique que haya efectuado una nueva petición de inclusión en el RUV por el conflicto armado por ser según sus voces, una persona en calidad de desplazada por el conflicto armado.”[9] El fallo no fue impugnado. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con la Constitución y las normas reglamentarias;[10] y, en virtud del Auto del 28 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Selección Número Tres, que escogió el expediente de la referencia. 2. Cuestión previa: la acción de tutela presentada por Rosa Ayda Tisoy Tisoy es procedente para buscar la protección de sus derechos fundamentales 2.1. Legitimación de las partes. La señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy está legitimada para interponer la acción de tutela bajo análisis, por cuanto, actuando en nombre propio, pretende la protección de sus derechos fundamentales a través de la acción constitucional.[11] De otro lado, la solicitud puede ser instaurada contra la UARIV, dado que se trata de una Entidad pública de origen legal, con capacidad para ser parte. Además, de acuerdo con la narración de los hechos en la tutela, es la entidad pública que ocasionó la vulneración de sus derechos al no incluirla en el RUV, por lo cual, la acción de tutela procede en su contra, al tenor del inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política.[12] 2.2. Requisito de inmediatez. La Constitución establece que la acción de tutela puede ser promovida “en todo momento y lugar”. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de amparo debe ser interpuesta en un término prudencial y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos fundamentales. Esta regla no debe entenderse como una expresión de la caducidad de la acción, por el contrario, debe entenderse y evaluarse en los términos de la razonabilidad, a partir de la calidad del sujeto y la vulneración de sus derechos fundamentales. De manera concreta, tratándose de víctimas del conflicto armado, la jurisprudencia ha sostenido que la inmediatez debe ser evaluada de manera flexible, pues son sujetos de especial protección constitucional.[13] La Corte Constitucional ha sostenido que las personas víctimas del desplazamiento forzado están expuestas a altos niveles de debilidad, indefensión y vulnerabilidad. Este delito genera situaciones como i) la desarticulación social, el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida; ii) la pérdida de acceso a la propiedad entre comuneros; iii) inseguridad alimentaria; iv) el incremento de la enfermedad y la mortalidad; v) la marginación; vi) la pérdida del hogar, del empleo, de la vivienda y la tierra.[14] Estas condiciones, que en otros términos aduce la accionante, justifican la demora en el uso de los mecanismos con los que la víctima cuenta para demandar la protección de su vida, honra, bienes, libertad y seguridad. Por las anteriores razones, la Sala considera que, en este caso, el requisito de inmediatez se cumple.[15] En lo referente al presente asunto, se advierte que la acción de tutela fue interpuesta el 6 de noviembre de 2019, esto es, dos (2) años después de la notificación de la Resolución Administrativa que decidió el recurso subsidiario de apelación,[16] periodo que puede estimarse razonable para interponer la acción constitucional, de acuerdo con el contexto particular del caso,[17] considerando además que la vulneración es permanente en el tiempo y las condiciones de vulnerabilidad persisten.[18] 2.3. Requisito de subsidiariedad. El requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia constitucional que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.[19] Particularmente, en consideración a la especial situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado,[20] esta Corporación en una extensa y consolidada jurisprudencia, ha respaldado el uso de la acción de tutela por parte de la población desplazada para reivindicar sus derechos, como una expresión del trato preferente que las autoridades deben otorgarle a esa población vulnerable, en comparación con los demás ciudadanos que no se encuentran en condiciones acentuadas de debilidad.[21] Por lo tanto, cuando las actuaciones u omisiones de las autoridades ponen en riesgo o vulneran los derechos fundamentales de la población desplazada, la Corte ha considerado que la tutela es “el mecanismo idóneo y expedito para su protección”, en tanto los recursos ordinarios no garantizan “la protección efectiva y real de los citados derechos, frente a una situación de inminencia como la vivida por los desplazados.”[22] Lo anterior, por cuanto: (i) pese a la existencia de otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del desplazamiento forzado;[23] y (ii) debido a su condición de sujetos de especial protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios a fin de garantizar la procedencia del medio de defensa constitucional[24], no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso administrativa.[25] En otras palabras, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional: “el único mecanismo judicial que reúne un nivel adecuado de idoneidad, eficacia y celeridad para garantizar sus derechos fundamentales [de la población desplazada] con la urgencia debida es la acción de tutela”.[26] En consecuencia, las autoridades judiciales no deben exigir un cumplimiento estricto de los criterios de subsidiariedad e inmediatez para efectos de analizar la procedencia de la acción de tutela, sino que deben, por el contrario, realizar un análisis concreto, que esté siempre atento a las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar a la población desplazada y a la respectiva actuación que han adelantado ante las autoridades.[27] Específicamente, en los casos en los que existen decisiones de la administración que resultan desfavorables para las personas desplazadas, que ponen en riesgo o vulneran sus derechos fundamentales, este Tribunal ha sostenido que no hace falta que agoten todo el procedimiento administrativo que contempla el ordenamiento ordinario para cuestionar tales decisiones,[28] máxime cuando la instancia encargada de volver a valorar el caso es aquella que vulneró o puso en riesgo los derechos de la persona desplazada.[29] Tampoco hace falta que las personas que se encuentran en situación de desplazamiento acudan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir las decisiones de las autoridades, tal como se ha insistido de manera recurrente en la jurisprudencia constitucional en materia de registro o de ayuda humanitaria. Adicional a ello, la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que las personas en situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición fue denegada con fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en actos de delincuencia común.[30] Sobre el particular, se tiene que la señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy instauró una acción de tutela orientada a proteger sus derechos a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, por considerar que la Resolución que niega su inscripción a la UARIV no evaluó debidamente los hechos declarados a la luz de los elementos técnicos de decisión y no aplicó el Decreto 4633 de 2011 con enfoque diferencial para la protección de la población indígena. La Sala advierte que la actora agotó los recursos administrativos que tenía a su alcance para controvertir la Resolución del 19 de octubre de 2017, que resolvió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. En este sentido y según la jurisprudencia constitucional referenciada, debido a su condición de sujeto de especial protección, como víctima de desplazamiento forzado, y a sus circunstancias particulares,[31] la acción de tutela resulta idónea y eficaz para resolver la controversia planteada, toda vez que, resultaría desproporcionado imponerle a la actora la carga de agotar los recursos judiciales ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa constitucional. 3. Presentación del problema jurídico y estructura de la decisión 3.1. Acorde con los antecedentes expuestos, la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la UARIV los derechos fundamentales de una persona y sus hijos menores de edad, al negarles la inscripción en el RUV, bajo el argumento que presentó la declaración de manera extemporánea, sin exponer los motivos que hagan evidente que la entidad adelantó una gestión de verificación e investigación acerca de los hechos puestos bajo su conocimiento? 3.2. Con el fin de analizar y dar respuesta al anterior problema jurídico, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: (i) el concepto de víctima del conflicto armado establecido por la Ley 1448 de 2011; (ii) la relevancia constitucional de la inclusión en el RUV y (iii) el enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente, se resolverán los casos concretos a partir del marco teórico expuesto. 4. El concepto de víctima del conflicto armado establecido en la Ley 1448 de 2011. Reiteración de jurisprudencia[32] La Ley 1448 de 2011 constituye el marco jurídico general para alcanzar la protección y garantía del derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interno a la atención, asistencia y reparación integral por vía administrativa.[33] Esta normativa define las víctimas que tienen derecho a acceder a las medidas allí establecidas.[34] En el artículo 3º de dicha normativa se reconoce como víctimas, para efectos de aplicación del referido Estatuto Legal, a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.[35] Entre los aspectos característicos de la definición de víctima la Ley 1448 de 2011 ha establecido que los hechos victimizantes son aquellos que: (i) hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1985; (ii) se deriven de una infracción al DIH o de una violación grave y manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos; y (iii) se hayan originado con ocasión del conflicto armado. Finalmente, en el parágrafo 3º, se especifica que la definición de víctimas allí establecida no cobija a quienes fueron afectados por actos de delincuencia común.[36] En este orden, la Corte Constitucional ha señalado que la regulación referida no define la condición fáctica de víctima, sino que incorpora un concepto operativo de dicho término, pues su función está en determinar su marco de aplicación en relación con los destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en dicho estatuto legal.[37] Así mismo, ha sostenido de forma reiterada que la expresión “con ocasión del conflicto armado interno”, contenida en el artículo 3[38] referido, debe entenderse a partir de un sentido amplio,[39] pues dicha noción cubre diversas situaciones ocurridas en un contexto de la confrontación armada. En Sentencia C-253A de 2012[40] esta Corporación advirtió que se presentan básicamente tres posibilidades prácticas en la aplicación de la Ley 1448 de 2011, respecto de la relación de los hechos victimizantes con el conflicto armado interno: (i) los casos en los cuales existen elementos objetivos que permiten encuadrar ciertas conductas dentro del conflicto armado; (ii) los casos en los que, por el contrario, resulta claro que se está frente a actos de delincuencia común no cubiertos por las previsiones de la Ley; y (iii) las “zonas grises”, eventos en los cuales no es posible predeterminar de antemano si existe relación con el conflicto armado, pero tampoco es admisible excluirlos a priori de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, con base en una calificación meramente formal. En consecuencia, el análisis de cada situación debe llevarse a cabo en consonancia con el objetivo mismo de la Ley y con un criterio tendiente a la protección de las víctimas. En oposición al concepto de actuaciones en el marco del conflicto armado, la Corte ha definido los actos de “delincuencia común” como “aquellas conductas que no se inscriban dentro de los anteriores elementos definitorios y, particularmente, que no se desenvuelvan dentro del conflicto armado interno.”[41] Al respecto, en la Sentencia C-781 de 2012[42] esta Corporación resaltó las notorias dificultades que representa, en la práctica, la distinción entre víctimas de la violencia generada por delincuencia común y del conflicto armado, pues frecuentemente esta requiere de un ejercicio de valoración y ponderación en cada caso concreto, de distintos factores del contexto del conflicto armado interno para determinar si existe esa relación cercana y suficiente amparada por la Ley 1448 de 2011. Por lo tanto, la Corte indicó que resulta indispensable que en cada caso concreto se evalúe el contexto en que se produce la vulneración de los derechos de las víctimas y se valoren distintos elementos para determinar la relación de conexidad con el conflicto armado, habida cuenta de la complejidad de tal fenómeno.[43] En suma, de acuerdo con la Corte, para la adecuada aplicación del concepto de víctima del conflicto armado establecido por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se deben tener en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales[44]: (i) La norma contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en que no define una condición fáctica, sino que determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en dicho Estatuto Legal. (ii) La expresión “conflicto armado interno” debe entenderse a partir de una concepción amplia, en contraposición a una noción restrictiva que puede llegar a vulnerar los derechos de las víctimas. (iii) La expresión “con ocasión del conflicto armado” cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por ende, se debe atender a criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con ocasión del conflicto armado interno o si, por el contrario, se halla excluido del ámbito de aplicación de la norma, por haber sido perpetrado por “delincuencia común”. (iv) Con todo, existen “zonas grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales no resulta clara la ausencia de relación con el conflicto armado. En este evento, es necesario llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y de su contexto para establecer si existe una relación cercana y suficiente con la confrontación interna. Además, no es admisible excluir a priori la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en estos eventos. (v) En caso de duda respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto armado, debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte más favorable a los derechos de las víctimas. (vi) La condición de víctima no puede establecerse únicamente con base en la calidad o condición específica del sujeto que cometió el hecho victimizante. (vii) Los hechos atribuidos a los grupos surgidos con posterioridad a la desmovilización de los paramilitares como consecuencia del proceso de negociación del año 2005, se consideran ocurridos en el contexto del conflicto armado, siempre que se logre establecer su relación de conexidad con la confrontación interna. 5. La relevancia constitucional de la inclusión en el RUV El artículo 2.2.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015[45] define el RUV como “una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas.”[46] Así mismo, el artículo 2.2.2.3.9 del mencionado Decreto, establece que “la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá garantizar que la solicitud de registro sea decidida en el menor tiempo posible, en el marco de un trámite administrativo ágil y expedito, en el cual el Estado tendrá la carga de la prueba”. A su vez, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 2.2.2.3.10 y 2.2.2.3.11 de la misma norma y en los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, las solicitudes de reconocimiento de víctimas deben ser examinadas en aplicación de los principios de buena fe, pro personae, geo-referenciación o prueba de contexto, in dubio pro víctima y, credibilidad del testimonio coherente de la víctima.[47] En relación con los elementos que debe tener en cuenta la UARIV para decidir acerca de las solicitudes de registro, el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto en comento establece los siguientes: (i) jurídicos, esto es, los aspectos contenidos en la normatividad aplicable vigente; (ii) técnicos, que resulten de la indagación en las bases de datos con información que ayude a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos victimizantes;[48] y (iii) de contexto;[49] es decir , la recaudación de información y análisis sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado, en una zona y tiempo específicos.[50] En consecuencia, es la valoración adecuada de estos elementos de decisión lo que sustenta las decisiones administrativas de inclusión en el RUV, y por tanto, una insuficiente evaluación de los mismos constituye una falta en el debido proceso establecido. De otro lado, el artículo 2.2.2.3.14 de la norma referida establece como causales para denegar la inscripción en el registro, que: (i) en la valoración de la solicitud se logre establecer que los hechos victimizantes tuvieron un origen diferente al señalado en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011; (ii) se logre determinar que la solicitud de registro carece de veracidad frente a los hechos victimizantes narrados; y (iii) la solicitud de registro haya sido presentada por fuera de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011[51], casos en los cuales, en todo caso, deberán tenerse en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en esta última disposición.[52] Ahora bien, en relación con los beneficios a los que puede acceder una persona, víctima de la violencia y que haya sido incluida en el RUV, se encuentran las medidas de reparación. Estas últimas son desarrolladas por el artículo 25 de la Ley en comento. Según esta normativa, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. De esta manera, la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.  Cada una de estas medidas debe ser implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. [53] En este marco, la Corte ha desarrollado las siguientes reglas en relación con la inscripción en el RUV: “(i) [L]a falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con los requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros; (ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y aplicar el principio de favorabilidad, con arreglo al deber de interpretación pro homine.”[54] Aunado a las anteriores reglas, en la Sentencia T-163 de 2017,[55] al reiterar lo dicho en el Auto 119 de 2013, la Corte puntualizó que, aspectos como la calificación del actor como grupo organizado al margen de la ley, no deben ser un requisito para considerar que el daño guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto.[56] Por el contrario, dada la complejidad del fenómeno es importante aplicar una noción amplia de conflicto armado en relación con los hechos victimizantes presuntamente ocasionados por las denominadas bandas criminales o grupos surgidos con posterioridad a la desmovilización de los paramilitares como consecuencia del proceso de negociación del año 2005. En este orden, la Corte Constitucional ha reconocido la importancia del Registro Único de Víctimas en múltiples pronunciamientos[57] y ha resaltado que la inscripción en ese sistema constituye un derecho fundamental de las víctimas. Ello, por cuanto la inclusión de una persona en el RUV implica, entre otros beneficios: (i) la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de Salud por el solo hecho de la inclusión en el RUV. Así mismo, permite la priorización para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad, si es el caso; (ii) implica el envío de la información relativa a los hechos delictivos que fueron narrados como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones necesarias;[58] y (iii) en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las características del hecho victimizante, siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de la norma.[59] Ahora bien, desde el punto de vista probatorio, la Corte ha considerado en general que las víctimas no deben asumir una carga probatoria exhaustiva en relación con los hechos declarados. En el Auto 206 de 2017[60], este Tribunal encontró que las autoridades administrativas imponen cargas desproporcionadas a las personas desplazadas cuando “la aplicación de los requisitos legales se realiza de manera inflexible, de tal manera que se exige una prueba específica o se busca ‘llegar a la certeza de la ocurrencia de los hechos’, cuando en realidad se trata de situaciones que pueden ser acreditadas de manera sumaria, mediante indicios u otra actividad probatoria que sea suficiente para dar por ciertos, mediante la sana crítica, los hechos alegados por el accionante.” En este sentido, la Corte ha manifestado que una de las formas en que se proyecta el principio de buena fe es a través de la inversión de la carga de la prueba, por tanto corresponde al Estado y no a la persona víctima del conflicto demostrar que sus afirmaciones y declaraciones no coinciden con la verdad. [61] En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que en los casos de duda, en aplicación de los principios de buena fe y el principio pro personae, deberán tenerse por ciertas las afirmaciones de las víctimas del conflicto armado. Así mismo, según lo preceptuado por el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011,[62] se presume la buena fe de las víctimas, sin perjuicio de la carga de aportar pruebas sumarias del daño, mediante cualquier medio legalmente aceptado. En este último evento, opera la inversión de la carga de la prueba[63] pues será la UARIV quien deberá probar la falta de veracidad de las pruebas aportadas por los peticionarios. Lo anterior por cuanto, el Estado tiene el deber de garantizar una atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado debido a su especial situación de vulnerabilidad, no obstante, dicho deber deja de subsistir cuando se demuestra que la información brindada por quien manifiesta ser víctima es contraria a la realidad.[64] Asimismo, la Corte advirtió que el juez de tutela debe analizar las actuaciones de los accionantes, caso a caso, con base en el material probatorio que consta en el expediente y que es razonable exigirles de cara a la materialización de sus derechos. Esto, con la finalidad de comprobar la existencia de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales que justifique la adopción de las respectivas medidas correctivas, toda vez que, a pesar de su informalidad, la acción de tutela “no habilita al juez constitucional para que pueda adoptar una decisión sin alcanzar la veracidad de las circunstancias que originaron la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.”[65] Con todo, la Corte ha advertido que en los casos en donde la acción de tutela plantea la vulneración del derecho de petición de víctimas del conflicto armado, por parte de autoridades administrativas, “como regla general los jueces de tutela, al advertir la vulneración del derecho de petición, deben tan solo ordenarles a las autoridades responsables de responder las peticiones formuladas por las o los accionantes, dar respuesta de fondo en un término perentorio, respetando su autonomía administrativa. Esta regla debe exceptuarse cuando del material probatorio obrante en el expediente se desprenda el desconocimiento de otros derechos fundamentales que deben ser atendidos de forma urgente por el juez de tutela, evento en el cual éste debe adoptar decisiones adicionales, como por ejemplo reconocer directamente lo solicitado mediante la petición inicialmente presentada que no fue contestada oportunamente o de fondo.”[66] De modo que, de no contar con elementos materiales probatorios suficientes, a los jueces de tutela no les corresponde decidir de fondo sobre las peticiones presentadas a la administración, sino tan solo resolver sobre la vulneración del derecho de petición y ordenarle a la administración responder de forma oportuna la consulta que ante ella elevó el o la accionante. Por el contrario, en aquellos casos en los que haya evidencia de la vulneración de otros derechos fundamentales que deban ser amparados de forma urgente, los jueces tienen el deber de adoptar las medidas correctivas correspondientes para garantizar su protección.[67] 6. El enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas La Constitución Política, desde su artículo 1º señala que el Estado Colombiano es un Estado pluralista. En el mismo sentido, el artículo 7º siguiente, hace un reconocimiento expreso a la diversidad étnica y cultural de la Nación, así como a las manifestaciones sociales, culturales y económicas de las diferentes etnias del país.[68] Dicho reconocimiento, implica un deber de no discriminación, en razón a la pertenencia a determinada comunidad, un deber positivo de protección por parte del Estado, y por último, un mandato de promoción, en virtud de la discriminación a la cual estas comunidades étnicas fueron sometidas.[69] Actualmente, como desarrollo de lo anterior, se manifiesta un diálogo intercultural para materializar el principio de enfoque diferencial, altamente reconocido por el derecho internacional.[70] De conformidad con esto, se hacen visibles las formas de discriminación contra determinados grupos minoritarios y, se permite proponer un tratamiento adecuado y diferente respecto de los demás, que se encamine a la protección integral de las garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Tal principio de enfoque diferencial, es producto del reconocimiento lógico frente a ciertos grupos de personas que tienen necesidades de protección distintas ante condiciones económicas de debilidad manifiesta (Art. 13 de la CP) y socio-culturales específicas. Necesidades, que han sido reiteradas por el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.[71] Ahora bien, en materia de víctimas del conflicto armado interno,[72] la Ley 1448 de 2011[73] (supra Núm. 4º), establece medidas de asistencia, atención y reparación a favor de las víctimas y señala medidas de ayuda humanitaria y el principio de enfoque diferencial, según el cual, se reconoce que hay poblaciones que, debido a sus características particulares, esto es, su edad, género, orientación sexual, grupo étnico, y situación de discapacidad, deben recibir un tratamiento especial en materia de ayuda humanitaria, asistencia, atención y reparación integral. Adicionalmente, la Ley 1448 facultó al Presidente de la República[74] con precisas facultades extraordinarias para la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Producto de ello fue proferido el Decreto Ley 4633 de 2011,[75] que, dentro de sus consideraciones generales, aceptó la “… obligación del Estado [de] dignificar a los pueblos indígenas a través del reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas y territoriales y, garantizar sus derechos ancestrales, humanos y constitucionales, mediante medidas y acciones que les garanticen sus derechos colectivos e individuales”. En especial, se reconoció la importancia de “… sus derechos territoriales, a la identidad, la autonomía, la autodeterminación, buen vivir y su estrategia de vida para la permanencia cultura y pervivencia como pueblos.”[76] De conformidad con el artículo 1º del citado Decreto 4633 de 2011, su objetivo supone “generar el marco legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados (…)”. Por su parte, el artículo 2º consagra que su ámbito de aplicación parte “(…) del reconocimiento de la condición de víctimas de los pueblos y comunidades indígenas, en tanto víctimas individuales y colectivas (…)” y el artículo 3º se ocupó del concepto de víctima que incluye “a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario.”[77] Así, de acuerdo con dicho Decreto, son víctimas tanto los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos, así como sus integrantes considerados de manera individual, “que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.”[78] Por ende, se tiene que las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, que den aplicabilidad a las medidas de reparación, ayuda y asistencia para las víctimas del conflicto armado interno, deben estar en correspondencia con el principio de enfoque diferencial étnico, en el caso que se encuentren frente a miembros de comunidades o pueblos indígenas.[79] De allí que, como se observa, el Decreto 4633 de 2011 dispone un régimen normativo de protección, integral y efectivo, con un andamiaje institucional diseñado para superar las consecuencias generadas con ocasión del conflicto armado. 7. Caso concreto En cuanto al fondo de la cuestión planteada, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales aplicables mencionadas, para la Sala es claro que se desconocieron los derechos de la señora Tisoy Tisoy, por lo que se revocará la sentencia de instancia que negó el amparo y, en su lugar, protegerá los derechos al debido proceso de la accionante. Dos razones principales motivan esta decisión. 7.1. En primer lugar, la decisión de no inclusión de la señora Tisoy Tisoy en el RUV no fue motivada suficientemente por la UARIV. Por un lado, la entidad no incorporó en su análisis parte de los argumentos que la accionante sostuvo desde el momento en que rindió la declaración sobre el hecho victimizante de desplazamiento forzado que motivó su solicitud de registro, su calidad de indígena, ni la condición de madre cabeza de familia. De otra parte, sin dar aplicación al enfoque diferencial correspondiente, el acto administrativo se limitó a negar la pretensión de la accionante sin señalar los motivos, los elementos materiales probatorios que se estudiaron y cuáles son los supuestos que obstaculizaron presentar la declaración en tiempo. Así las cosas, la Sala encuentra que la UARIV no recaudó la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante y no acudió a bases de datos y otras fuentes para la evaluación de elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le hubieran permitido fundamentar su decisión. Ya que si bien, el término legal que tiene una persona para declarar acerca de los hechos que fundamentan su inclusión en el Registro Único de Víctimas es relevante y debe ser observado,[80] la UARIV tuvo en este caso un entendimiento irreflexivo y excesivamente estricto de lo que debe entenderse por una declaración extemporánea. Esta ‘rigidez’ es una interpretación irrazonable de la norma, que desconoció claramente los principios de favorabilidad, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial que deben regir las decisiones relacionadas con el Registro Único de Víctimas.[81] 7.2. En segundo lugar, la Sala considera que, frente a la omisión de la UARIV de considerar que la situación de la accionante pudiera ser analizada a la luz del Decreto 4633 de 2011. Se evidencia que la UARIV no cumplió con los criterios técnicos, jurídicos y de contexto en el desarrollo del procedimiento administrativo. En efecto, si bien el acto administrativo hace referencia a la extemporaneidad, no hace un estudio de fondo, serio y juicioso en el que establezca con claridad los motivos por los cuales la accionante no acudió antes a presentar su declaración. Lo anterior, en tanto que del examen de la citada resolución se tiene que la UARIV utilizó argumentos meramente formales para desvirtuar la solicitud del accionante, pues no desarrolló de manera suficiente cada uno de los criterios establecidos en la Ley y en el Decreto 4633 de 2011. No obstante, la Sala manifiesta que no cuenta con los elementos probatorios que le permitan contrastar las afirmaciones de la accionante relacionadas con su condición de víctima, por lo que debe abstenerse de adoptar una decisión definitiva al respecto. En su lugar, el remedio que debe adoptarse en la presente oportunidad debe ser que la entidad accionada vuelva a analizar, en ejercicio de su autonomía administrativa, la declaración rendida por la accionante el 23 de julio de 2015. De esta forma, la Sala ordenará a la UARIV estudiar la situación descrita, con el fin de determinar, con base en los elementos de prueba que considere pertinentes y conducentes y que tenga a su disposición, si ella debe dar lugar a la inclusión de la accionante en el RUV. Para el efecto, deberá dar estricta aplicación a los elementos de valoración señalados en el marco del procedimiento administrativo, que se rige por lo dispuesto en el Decreto 4633 de 2011. En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia, la Sala  revocará el fallo de tutela proferido por el juez de instancia. En su lugar, ordenará dejar sin efectos las resoluciones del 17 de marzo, 26 de mayo y 19 de octubre de 2017 expedidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante las que se negó la inclusión de la señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy en el Registro Único de Víctimas. Y que en el término de 15 días hábiles posteriores a la notificación de esta sentencia, se pronuncie nuevamente y de fondo respecto de la declaración del accionante, respetando los principios que la ley y la jurisprudencia han establecido para este tipo de trámites, incluyendo los criterios técnico, jurídico y de contexto. El procedimiento anterior, deberá finalizar con un acto administrativo que, tendrá que ser notificado a la señora Ayda Tisoy Tisoy dentro del término establecido en la ley. III. DECISIÓN Se reitera que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) vulnera los derechos de una persona y su núcleo familiar, especialmente si se trata de miembros de comunidades indígenas, cuando les niega la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) bajo el argumento que su solicitud fue presentada de manera extemporánea, sin exponer los motivos que sustenten dicha afirmación y sin que la misma aparezca evidente. En estos casos, el proceso de valoración de la declaración implica que la entidad, en el marco de sus funciones, tome las medidas adecuadas y necesarias para verificar, hasta donde sea posible, los hechos victimizantes puestos en su conocimiento por el solicitante, utilizando bases de datos, información de entidades públicas y de otras fuentes, a fin de contar con suficientes elementos de prueba sobre la verdad material de los hechos y no dejar en las víctimas una carga desproporcionada. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero.   REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali el 22 de noviembre de 2019 en el trámite de la acción de tutela de Rosa Ayda Tisoy Tisoy contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y a la inclusión en el Registro Único de Víctimas de la accionante. Segundo. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones del 17 de marzo, 26 de mayo y 19 de octubre de 2017, expedidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante las que se negó la inclusión de la señora Rosa Ayda Tisoy Tisoy en el Registro Único de Víctimas. Tercero. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en el término máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, se pronuncie nuevamente y de fondo respecto de la declaración del accionante, respetando los principios que la ley y la jurisprudencia han establecido para este tipo de trámites, incluyendo los criterios técnico, jurídico y de contexto. El procedimiento anterior, deberá finalizar con un acto administrativo que, tendrá que ser notificado a la señora Ayda Tisoy Tisoy dentro del término establecido en la ley. Cuarto. LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Quinto. REMITIR al Juzgado de instancia el expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se retomen actividades normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional deberá ENVIAR el expediente físico. Cópiese, comuníquese y cúmplase. DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria general [1] El texto de la acción de tutela se encuentra en los folios 11 a 14 del cuaderno principal del expediente. La Sala aclara que la accionante pertenece al Cabildo Indígena INGA del departamento de Santiago de Cali. (Cuaderno principal, folio 7). [2] Cuaderno principal, folio 7. [3]Resolución No 2017-32680R del 26 de mayo de 2017, la UARIV confirmó la decisión. [4] Cuaderno principal, folio 2. [5] El puntaje del Sisbén es calculado de cero a cien, de acuerdo con la metodología de generación de este índice establecida por el Gobierno nacional en el Documento CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016. Según dicha metodología, entre más alto sea el puntaje, mayor es la capacidad de ingresos de la persona. La información sobre la accionante fue consultada el 3 de noviembre de 2020 en la página web https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx. [6] La información fue consultada el 7 de noviembre de 2020 en la página web http://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA. De igual manera, la Sala consultó el Registro Único de Afiliación (RUAF) del Sistema Integral de la Protección Social (SISPRO) y confirmó que la accionante está afiliada al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (información revisada a través de la página web http://ruafsvr2.sispro.gov.co/AfiliacionPersona). [7] Cuaderno Principal, folios 18-20. [8] La acción de tutela fue conocida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, que ordenó notificar y correr traslado de la acción de tutela al representante legal de la UARIV, para que ejerciera su derecho de defensa e informe “sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela”. El funcionario fue notificado mediante oficios enviados a la dirección de correo electrónico Notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co (cuaderno principal, folios 16 y 17). [9] La tutela fue fallada mediante sentencia del 22 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, (cuaderno principal, folios 28-32). [10] En particular los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. [11] Sobre la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. [12] La accionante podía hacerlo (estima que sus derechos fundamentales fueron vulnerados y la interpuso en nombre propio) y la demandada es la autoridad pública que presuntamente vulneró sus derechos. Adicionalmente, esta Corporación ha considerado reiteradamente que, cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de las víctimas, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para exigir su garantía. Según la jurisprudencia, dada su especial protección constitucional, resulta desproporcionado exigirle a esta población que acuda a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para atacar, por ejemplo, el acto administrativo que niega la inclusión en el RUV. Ver, entre muchas otras, las sentencias T-192 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-006 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; T-692 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-525 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-573 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-417 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-584 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; y T-227 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [13] Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger y T-393 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras. [14] Sentencias T-211 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-211 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [15] Sentencia T-115 de 2020. M.P. Alberto Rojas Ríos [16] Resolución No 201759869 del 19 de octubre de 2017. [17] Cuaderno Principal, folios 11-12. [18] Como lo ha señalado la jurisprudencia, la razonabilidad del plazo “no es un concepto estático y debe atender a las circunstancias de cada caso concreto.” Por ejemplo, se ha considerado razonable “un poco más de un año” T-211 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), “aproximadamente nueve (9) meses” T-299 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), “un poco más de 9 meses” T-274 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), “un tiempo considerable (18 meses)” T-169 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas). Sobre la aplicación de las reglas de procedencia para estos casos, puede verse las Sentencias T-377 de 2017 y T-299 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), en la cual se analizaron tutelas similares contra de la UARIV. [19] Sentencia T-211 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [20] Sentencia T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta oportunidad la Corte afirmó que “[d]esde la sentencia T-025 de 2004, la Corte ha sostenido reiteradamente que las personas en situación de desplazamiento, y en general todas las víctimas del conflicto armado, son sujetos de especial protección constitucional. La violación constante de sus derechos lleva a que estas personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que requieren de la asistencia del Estado en su conjunto. Esa ayuda debe estar encaminada no sólo al apoyo necesario para garantizar la subsistencia de las víctimas, sino también a la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de esas personas en la sociedad, del mismo modo se debe buscar garantizar el derecho de retorno de la población en situación de desplazamiento en un ambiente de paz y seguridad.” [21] Ver sentencias T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-098 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-419 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-985 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1094 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-813 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; T-563 del 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 del 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1144 del 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-086 del 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-468 del 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero; T-188 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-496 del 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-605 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-391 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-038 del 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-042 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño. [22] Ver, entre otras, sentencias T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-598 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-254 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, así como lo establecido en el Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz. [23] Ver, entre otras, sentencias T-707 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-598 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-192 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [24] Ver, entre otras, sentencias T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-573 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-374 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-192 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [25] Corte Constitucional, sentencias T-393 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [26] Corte Constitucional, Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortíz. Ver además las sentencias T-042 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-364 del 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte sostuvo lo siguiente: “debido a que no existe en el ordenamiento jurídico una acción judicial idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales de la población víctima del fenómeno del desplazamiento interno, la acción de tutela se revela como el mecanismo adecuado para garantizar el goce efectivo de sus derechos mínimos.” Sentencia T-364 del 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. [27] Corte Constitucional, Sentencia T-869 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo. Reiterado en el Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [28] Corte Constitucional, Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En el mismo sentido expresó la Corte: “[e]xisten casos excepcionales en los cuales resulta desproporcionado exigir a las partes el agotamiento previo de la totalidad de los recursos ordinarios – administrativos o judiciales - como condición para acudir a la acción de tutela. Cuando se trata de personas en situaciones de extrema exclusión y vulnerabilidad, tal exigencia se convierte en una barrera desproporcionada de acceso a la administración de justicia.”. Corte Constitucional. Sentencia T-821 de 2007. M.P. (e) Catalina Botero. [29] Corte Constitucional, Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En el mismo sentido manifestó la Corte: “Como reposa en el expediente, en un primer momento el funcionario competente para valorar la declaración denegó su solicitud. Interpuesto el recurso de reposición, el mismo funcionario denegó nuevamente su solicitud. Así, parece que un recurso, como el extraordinario de revocatoria directa, carece de la eficacia para lograr la finalidad que se propone. Máxime si se advierte que la solicitud sería resuelta por la misma entidad que dictó el acto administrativo y que resolvió la reposición // En estas circunstancias, y en atención a la gravedad de la situación de desarraigo y exclusión que se encuentra viviendo la actora, la acción de tutela es el mecanismo procedente para garantizar los derechos fundamentales conculcados”. Corte Constitucional. Sentencia T-821 de 2007. M.P. (e) Catalina Botero. [30] Ver, entre otras, sentencias T-290 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-692 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y  T-006 de 2014.M.P. Mauricio González Cuervo. [31] Una revisión en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, permite observar que, actualmente, la accionante se encuentra inscrita en el régimen subsidiado de salud como cabeza de familia y tiene a su cargo dos niños de 2 y 5 años de edad. [32] Sobre esta materia, la Sala adoptará la recopilación sobre el derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interino a la inclusión en el RUV, realizada en la Sentencia T-004 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera. [33] Sentencia SU-254 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [34] Ley 1448 de 2011, artículo 3: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (…) Parágrafo 3 Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.” [35] Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [36] Ley 1448 de 2011, artículo 3. [37] Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [38] Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [39] Ver entre otras, las sentencias C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa y C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [40] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [41] Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [42] M.P. María Victoria Calle Correa. [43] Sentencia T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [44] Reglas reiteradas en la Sentencia T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [45] “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Norma que recopiló el Decreto 4800 de 2011”. [46] Decreto 4800 de 2011, artículo 16. [47] Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [48] Según la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, los elementos técnicos hacen alusión a  “las características del lugar como espacio-geográfico donde ocurrió un hecho victimizante, no sólo para establecer el sitio exacto donde acaeció, sino también para detectar patrones regionales del conflicto, no necesariamente circunscritos a la división político administrativa oficial, sino a las características de las regiones afectadas en el marco del conflicto armado. El tiempo de la ocurrencia de los hechos victimizantes se tendrá en cuenta para establecer temporalmente las circunstancias previas y posteriores a la ocurrencia del hecho, las cuales, al ser analizadas en conjunto, brindarán mejores elementos para la valoración de cada caso.” [49] Según la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 mediante el análisis contextual se busca “(i) conocer la verdad de lo sucedido; (ii) evitar su repetición; (iii) establecer la estructura de la organización delictiva; (iv) determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo y de sus colaboradores; (v) unificar actuaciones al interior de la Fiscalía con el fin de lograr esclarecer patrones de conducta, cadenas de mando fácticas y de iure; y, (iv) emplear esquemas de doble imputación penal, entre otros”. En consecuencia, no basta con presentar un simple recuento anecdótico de los hechos, sino que debe desarrollarse una descripción detallada de elementos históricos, políticos, económicos y sociales del lugar y tiempo en que acontecieron los delitos; a la vez que debe analizarse el modus operandi de la estructura criminal que presuntamente los cometió.” [50] Decreto 4800 de 2011, artículo 37. [51] “Artículo 155. Las víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional. (…).” [52] Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [53] Ibídem. [54] Ver, entre otras, las sentencias T-274 de 2018. M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [55] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado [56] Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa oportunidad, la Sala Especial de Seguimiento expresó que no resulta necesario que confluyan todos los criterios señalados por la jurisprudencia constitucional respecto a la determinación de la existencia de un conflicto armado, en el momento de evaluar si determinados daños ocasionados por el accionar de las BACRIM se presentan en el marco de la confrontación interna, habida cuenta de que esos parámetros son a título enunciativo e indicativo. [57] Ver, entre otras, las sentencias T-004 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; T-087 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-525 de 2013. M.P. (e) Alexei Julio Estrada; y T-573 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. [58] Ley 1448 de 2011, artículo 64. [59]  Ley 1448 de 2011, artículos 155 y 156. Desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [60] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [61] La Corte ha sostenido que en materia de desplazamiento forzado es el Estado quien tiene la carga de probar que las declaraciones de la persona no corresponden a la verdad. Por ejemplo, en Sentencia T-563 de 2005 (.M.P Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte indicó algunas pautas que deben guiar la valoración de las declaraciones de quienes solicitan la inscripción en el Registro Único de Víctimas (Antes Registro Único de Población Desplazada). En aquella oportunidad sostuvo: “en primer lugar, debe presumirse la buena fe de los peticionarios, no sólo en virtud del artículo 83 de la Carta, sino en atención a los factores antes citados, lo cual conlleva un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la dependencia de la Red encargada del registro. En segundo lugar, ha indicado que en caso de duda sobre la veracidad de los hechos declarados, debe favorecerse al desplazado, sin perjuicio de que una vez que se le ha comenzado a brindar asistencia se revise su caso y se tomen las medidas que correspondan. Para terminar, ha afirmado que la Red no puede negar la inscripción de una persona en el RUPD por el simple hecho de encontrar contradicciones en sus declaraciones. En estos eventos, la Corte ha señalado que, en tanto se invierte la carga de la prueba, le corresponde a la Red probar que las declaraciones del peticionario son falsas, de manera que sin tal prueba no puede negar el registro y la entrega de las ayudas. Por último y en concordancia con lo anterior, si una persona desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a la solicitud de inscripción. En este orden, si la declaración no fue remitida a una de sus unidades territoriales, no podrá concluir sin prueba adicional, que la declaración no se realizó, sino que tendrá que tomar una nueva declaración al peticionario y efectuar su respectiva valoración.” [62]  Ley 1448 de 2011. “ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. // En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. // En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.” [63] Sentencia 142 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [64] Sentencia T-142 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. [65] Sentencia T-196 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda, reiterado en el Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [66] Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [67] Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Argumento reiterado en la Sentencia T-377 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. [68] En el mismo sentido, el artículo 2º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual hace parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu, señala que los gobiernos deben realizar acciones tendientes a proteger los derechos de los pueblos indígenas, garantizando el respeto de su integridad. Entre las acciones que debe realizar el Estado, se encuentran la inclusión de medidas “que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.” [69] Sentencia T-375 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [70] Boaventura de Souza Santos, “descolonizar el saber, reinventar el poder” Ediciones Trilce, 2010, página 72: “…En el caso de un diálogo transcultural, el intercambio no es solo entre diferentes saberes sino también entre diferentes culturas, es decir, entre universos de significado diferentes y en un sentido fuerte, inconmensurables.” Ver Sentencia T-866 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos. [71] En materia de comunidades y pueblos indígenas, la Organización de las Naciones Unidas desde 1985 trabajó sobre un proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas, el cual se fundamentaba en el principio de igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas. Finalmente, el 13 de septiembre de 2007, la Declaración fue aprobada por la Asamblea General. De igual manera, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creó la figura de un Relator Especial para el estudio de la problemática indígena, el seguimiento de la situación y la formulación de recomendaciones sobre el tema. [72] La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ha reconocido que, “los pueblos indígenas y las comunidades afro colombianas son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos individuales y colectivos, y de infracciones al derecho internacional humanitario.” ACNUR, Enfoque diferencial étnico de la oficina del ACNUR en Colombia. Estrategia de transversalización y protección de la diversidad. Población indígena y Afro Colombiana. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4554.pdf?view=1 [73] “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. [74] Ley 1448 de 2011. (Artículo 250). Disposición que reviste al Presidente de la República con precisas facultades extraordinarias para “expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, Rom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (…).” [75] “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”. [76] Decreto Ley 4633 de 2011, consideración 7ª. [77] Decreto Ley 4633 de 2011. Artículo 3. Víctimas: “Para los efectos del presente decreto, se consideran víctimas a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno. || Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1° de enero de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes en la eliminación de todas las formas de discriminación estructural, de no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la reparación histórica, sin perjuicio de lo contemplado en el parágrafo del artículo 2° del presente decreto. || La condición de víctima se adquiere con independencia de quien causare el daño y de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación de parentesco o filiación que pueda existir entre el autor y la víctima, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado de adelantar todas las medidas conducentes al esclarecimiento de la verdad. || Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que los titulares de derechos en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados. || Parágrafo 1°. Las reparaciones en los casos de muerte y desaparición forzada se llevarán a cabo teniendo en cuenta los criterios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 110 del presente decreto. || Parágrafo 2°. Los niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas vinculados a los diferentes actores armados son víctimas y deben ser reparados individualmente y colectivamente la comunidad. Los pueblos y comunidades indígenas son víctimas de toda forma de reclutamiento forzado, por lo tanto, deben ser reparados colectivamente. || Parágrafo tercero. Este decreto se aplicará sin desmedro de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.” [78] Decreto 4633 de 2011, Artículo 3º. [79] Decreto 4633 de 2011, Artículo 7º. [80] Sobre esta posición y su evolución jurisprudencial ver, entre otras, las sentencias T-175 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería y T-519 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, donde se adujo que, en general, el término dispuesto en el artículo 61 de Ley 1448 de 2011 constituye “un importante instrumento de racionalización de la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, pues permite al Estado realizar la planificación de los recursos necesarios para satisfacer sus derechos”. Así, en principio, se ajusta al concepto de “plazo razonable” del derecho internacional. Sin embargo, ello no se opone a que se estudien, en determinados supuestos, las consecuencias concretas de cada caso y si existió, por ejemplo, un estado de zozobra para no declararlo, como así se refirió en la Sentencia T-115 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos). Con todo, ha sido clara la Corte en exceptuar los términos dispuestos para declarar -en otro tipo de hechos victimizantes- por tratarse de delitos continuados como la desaparición forzada (sentencia T-393 de 2018) o víctimas de violencia sexual (Sentencia T-211 de 2019). [81] En efecto, esta Corporación ha convalidado, para estos casos, la intervención del juez constitucional, siempre que se verifique que la Unidad de Víctimas: i) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; ii) ha exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al registro que no se encuentran en las normas aplicables; iii) ha proferido una decisión que no cuenta con una motivación suficiente; iv) ha negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o v) ha impedido que el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se halla en situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega la inscripción en el Registro. Sentencia T-587 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

T-071-21 Sentencia T-071/21 Referencia: Expediente T-7.892.268 Acción de tutela interpuesta por María Emma Gómez de Páez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021) La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en particular de las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente: SENTENCIA 1. Síntesis. María Emma Gómez de Páez promovió acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones), por la presunta vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad y al debido proceso[1]. Esto, por cuanto Colpensiones negó el reconocimiento de la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, señor Orlando Páez Gómez. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y la Sala Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, en primera y en segunda instancia, respectivamente, declararon improcedente la acción de tutela. I. ANTECEDENTES 2. Hechos relacionados con la accionante y el causante. Mediante Resolución No. 024695 del 25 de agosto de 2004, el extinto Seguro Social reconoció en favor del señor Orlando Páez Gómez pensión de vejez, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[2]. 2.1. La señora María Emma Gómez de Páez, de 90 años, contrajo matrimonio con el señor Orlando Páez Gómez el 24 de enero de 1970[3], en la ciudad de Bogotá. Además, indicó que desde el día que contrajo matrimonio con su esposo, convivió con él de manera ininterrumpida hasta su muerte. 2.2. De dicha unión fueron concebidas dos hijas, Diana Inés Páez Gómez y Gina Liliana Páez Gómez[4]. 2.3. Adujo la peticionaria que, en el año 2006 su esposo empezó a padecer de Alzheimer, motivo por el cual, se inició un proceso de interdicción ante la jurisdicción civil-familia, donde se nombró como curadora a la Señora Gina Liliana Páez Gómez, hija del causante. 2.4. En el año 2014, debido al deterioro de salud del señor Gómez Páez, y, como consecuencia del elevado costo de los medicamentos para el tratamiento de su patología, su hija Diana, quien estableció su residencia en Italia, les propuso a sus progenitores y a su hermana trasladarse allí, con el fin de que el susodicho gozara de forma gratuita de los beneficios del sistema de salud italiano, pudiendo así, mejorar su calidad de vida. 2.5. El 19 de noviembre de 2014, la pareja de esposos en compañía de su hija arribaron a la ciudad de Perugia (Italia) y allí se radicaron. 2.6. Manifestó la accionante que un hijo extramatrimonial del señor Páez Gómez inició proceso de remoción de curador, y como consecuencia de ello, la Juez Tercera de Familia de Ejecución de Sentencias de Bogotá, ordenó exhortar al Consulado de Colombia en Roma para que estableciera “las condiciones personales, familiares y el entorno de la persona declarada en interdicción”. Así, mediante oficio SCITRM 17-037 del 30 de enero de 2017, suscrito por la Dra. Carolina María Cardona Suárez, encargada de las funciones consulares, el Consulado remitió el informe de la diligencia, en el cual señaló que “en la vivienda [habitaban] con el interdicto la curadora Gina Liliana Páez y su señora esposa María Emma Gómez, quienes a su vez [eran] las encargadas de sus cuidados. Igualmente, se [anexaron] soportes de su historia clínica y del progreso del estado de salud”[5]. 2.7. Relata la accionante que el 1 de marzo de 2018, la familia se trasladó a la ciudad de Monza (Italia), pero, debido a su delicado estado de salud, el señor Páez Gómez finalmente falleció el 1 de mayo de 2018, tal como obra en el Registro Civil de Defunción identificado con número de serie 0479984, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil[6]. Además, se allegó Registro Civil del “Libro de Familia de Orlando Páez Gómez”, expedido por la municipalidad de Monza (Italia), en el cual se acreditó que “el occiso [convivió] en el bien inmueble con su hija Gina Liliana Páez Gómez y su esposa María Emma Gómez de Páez, desde el 13 de marzo de 2018 (fecha en la cual se realizó su inscripción), hasta el día de su defunción”[7]. 3. Solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional. La cónyuge supérstite, accionante en este proceso de tutela, mediante escrito del 8 de febrero de 2019, solicitó ante Colpensiones la sustitución pensional de la prestación que devengaba en vida el de cujus. Para ello aportó los siguientes documentos: “Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas; Registro Civil de Defunción del Causante; Registro Civil de Nacimiento del Solicitante; Registro Civil de matrimonio; Declaraciones extrajuicio de convivencia; Formato información EPS y Declaración de no pensión”[8]. 4. Trámite administrativo. El 26 de marzo de 2019, mediante Resolución SUB 72676, Colpensiones negó la solicitud de reconocimiento pensional[9]. La entidad adujo que la accionante no “acreditó convivencia con el causante durante los últimos cinco años inmediatamente anteriores a su muerte”[10]. Esto, por cuanto “las declaraciones rendidas por los terceros, se rindieron en un departamento diferente al de la muerte del señor Páez Gómez, motivo por el cual se ordenó la práctica de una investigación administrativa que no acreditó el contenido y veracidad de la solicitud presentada, por cuanto: (i) no se pudieron realizar labores de campo con vecinos donde residieron en Colombia, debido a que no [recordaba] la dirección donde se produjo la convivencia; y (ii) no se logró obtener testimonios de familiares del causante debido a que no se aportó ninguna línea telefónica”[11]. El 26 de abril de 2019, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución SUB 72676. El 5 de julio de 2019, mediante Resolución SUB 175230[12] y el 6 de agosto de 2019, mediante Resolución DPE 7383[13], Colpensiones resolvió los respectivos recursos y confirmó su decisión de negar “la prestación solicitada”. Esto, al constatar que la accionante “no [logró] acreditar la convivencia con el causante”. La accionante no controvirtió estas decisiones ante la jurisdicción ordinaria laboral. 5. Solicitud de tutela. El 28 de enero de 2020, la señora María Emma Gómez de Páez, por intermedio de su apoderado, interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones, por la presunta vulneración de sus derechos a “la seguridad social, a una vida digna, a la igualdad y al debido proceso”[14]. La accionante se refirió a dos cuestiones. Primero, indicó que la solicitud de tutela es procedente en su caso, toda vez que tiene “88 años,… padece de diabetes, enfermedad diverticular del colon, hipertensión arterial sistémica, anemia crónica multifactorial, hipotiroidismo post-quirúrgico en terapia sustitutiva, espondiloartrosis con estenosis del canal vertebral y sepsis de E.Coli en las vías urinarias”[15], por lo que “someter[se] a un proceso ordinario resultaría muy complejo”[16]. Segundo, adujo que la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han reiterado que “la convivencia a la que se refiere el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puede ser acreditada en cualquier tiempo”[17]. Por tanto, la accionante solicitó que se le ordene a Colpensiones que: (i) reconozca y pague en su favor “la sustitución pensional a la que tiene derecho, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge” y, en consecuencia, (ii) se ordene el pago de la misma “a partir del 1 de mayo de 2018”[18]. 6. Admisión de la solicitud de tutela. El 29 de enero de 2020, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela sub examine, y ofició a Colpensiones para que se pronunciara sobre los hechos de la tutela. 7. Contestación de Colpensiones. El 31 de enero de 2020, Colpensiones solicitó al a quo declarar “la improcedencia”[19] de la acción de tutela incoada. Al respecto, Colpensiones señaló que “de los medios probatorios allegados por la accionante, resulta evidente que cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, hecho que impide [la] configuración del requisito de subsidiariedad” [20] y, además, no acreditó “la existencia de un perjuicio irremediable que justifique su excepción”[21] y la intervención inmediata del juez de tutela. 8. Sentencia de primera instancia. El 4 de febrero de 2020, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela sub examine. El Juzgado consideró que la acción no cumplió con el requisito de inmediatez, como quiera que la misma “se interpuso cinco (5) meses después de emitida la última decisión por parte de Colpensiones”[22] por ende, al no acreditarse situación alguna que justificara su inactividad y, más aún “cuando [actuó] por intermedio de apoderado judicial, resulta un tiempo excesivo e injustificado”. Asimismo, adujo que, “si este tiempo se [consideraba] razonable, también lo es que el fallecimiento de su esposo ocurrió hace aproximadamente veinte (20) meses y la solicitud para el reconocimiento económico se elevó pasados nueve (9) meses [después] de su deceso, lo que permite determinar la inexistencia de la configuración de un perjuicio irremediable”[23]. Igualmente, indicó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, en tanto “la vía ordinaria, es el mecanismo idóneo para controvertir” los actos administrativos emanados de la accionada y, finalmente, adujo que, “la accionante reside en otro país y [actuó] a través de apoderada general y apoderado especial, lo que determina con contundencia que cuenta con los recursos necesarios para lograr una representación judicial, [la] cual no incide negativamente en sus condiciones personales”[24]. 9. Impugnación. El 10 de febrero de 2020, el apoderado de la accionante impugnó la decisión del a quo[25]. A su juicio, el juez de primera instancia (i) desconoció los criterios que ha establecido la jurisprudencia constitucional acerca de la procedencia de la acción de tutela, (ii) no analizó el actuar arbitrario de Colpensiones al decretar la práctica de la investigación administrativa y, finalmente (iii) presumió la existencia de recursos económicos por parte de la accionante. Primero, indicó que la Corte Constitucional ha reconocido unos criterios de flexibilización para la procedencia de la acción de tutela “como la edad avanzada del accionante, la calidad de sujeto de especial protección constitucional y las condiciones de salud, como ocurre en su caso”[26]. Así que, habida cuenta de que la accionante tiene 89 años, no reside en el país y, además, padece de diversas enfermedades que afectan su salud, era posible otorgarle un trato diferenciado y preferente para no someterla a la espera de un proceso judicial que puede resultar aún más lesivo. Segundo, señaló que “la práctica de la investigación administrativa [que decretó] Colpensiones, no [fue] procedente para acreditar la veracidad de la información allegada por la accionante, puesto que, los medios de prueba [allegados] al proceso dan fe de su convivencia con el causante”[27]. Y, por último, indicó que “el hecho de recibir ayuda de sus hijas y supuestamente tener recursos económicos, no era un elemento suficiente para desconocer los derechos fundamentales de su mandante”[28]. 10. Sentencia de segunda instancia. El 5 de marzo de 2020, la Sala Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia. El ad quem consideró que en el caso sub examine, “no se [acreditó] la configuración de un perjuicio irremediable del que pueda ser víctima la accionante”[29] y, por ende “[debía] ejercer los medios de defensa judiciales previstos en el ordenamiento jurídico”. Además, señaló que “Colpensiones no incurrió en una vía de hecho cuando decretó la práctica de la investigación administrativa”, dado que, “las declaraciones extrajuicio fueron rendidas en un departamento diferente al de la muerte del causante”[30] y, en ese sentido, “se tornaban en abstractas, genérica e indefinidas para verificar el arraigo domiciliario y la coexistencia mutua con el de cujus”[31]. 11. Actuaciones en sede de revisión. El 29 de septiembre de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro seleccionó el expediente T-7.892.268 para revisión[32], y lo repartió a la Sala Primera de Revisión. El 12 de noviembre de 2020, la Sala Primera de Revisión decretó la práctica de pruebas[33], así como la suspensión de términos dentro del proceso. 12. Pruebas recaudadas. Mediante escrito del 26 de noviembre de 2020, la señora María Emma Gómez de Páez respondió que: “(i) actualmente reside en Italia; (ii) es pensionada del Ministerio de Educación; (iii) con ocasión del fallecimiento de su esposo le fue reconocida pensión de supervivencia de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional; (iv) sus ingresos mensuales son alrededor de $4.500.000 y sus gastos [ascienden] a $5.100.000; (v) no tiene bienes inmuebles en Colombia y, (vi) debido a sus diversas patologías, está inscrita a un programa de asistencia a domicilio del manejo del dolor [pero, únicamente,] debe asumir el costo de fisioterapias y [medicina] especializada”[34]. Respecto de su núcleo familiar informó que tiene 2 hijas, las cuales conformaron sus hogares con ciudadanos italianos y, laboran junto a ellos en el sector del comercio y servicios. Finalmente, adujo “que en el año 2003 decidió hacer una separación de bienes con su difunto esposo”[35] como consecuencia de una demanda de paternidad, pero, aun así, el vínculo matrimonial como la convivencia se extendieron hasta el día de su fallecimiento. Además, aportó copia del Libro de Familia expedido por la municipalidad de Perugia (Italia)[36]. 13. Mediante oficio del 26 de noviembre de 2020, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), informó a la Corte que “una vez consultada la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito Público, se [constató] que la accionante se encuentra recibiendo mesada pensional por pensión gracia desde el 15 de septiembre de 1992[37], [la] cual fue reconocida por la extinta CAJANAL, [con un valor actual] de $2.168.821, [y, cuyo] pago se realiza por medio del CONSORCIO FOPED, los días 25 de cada mes”[38]. También señaló que “la accionante presuntamente goza de una pensión de jubilación reconocida por el Distrito Bogotá. Sin embargo, no [lo pudo] afirmar al no contar con [los] elementos fácticos necesarios para arribar a dicha conclusión”[39]. Finalmente, indicó que no se configuraría una incompatibilidad pensional de la pensión gracia con: (i) la supuesta pensión de jubilación reconocida por el Distrito Bogotá “si ésta comprende tiempos prestados exclusivamente como docente de carácter territorial”[40]; ni (ii) con la pensión de sobrevivientes “teniendo en cuenta que las pensiones percibidas por concepto de sustitución pensional, se exceptúan de la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, [de conformidad] con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992”[41]. 14. El Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en oficio del 26 de noviembre de 2020, indicó a este Despacho que “mediante Resolución No. 2171 del 11 de abril de 2019, le fue reconocida sustitución de asignación mensual de retiro a la Señora María Emma Gómez de Páez [desde el 1 de mayo de 2018], en calidad de cónyuge supérstite del señor Orlando Páez Gómez”[42]. Además, señaló que el valor mensual de la mesada pensional asciende a la suma de $ 1.723.572[43]. 15. La Coordinadora de Gestión de Afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud de EPS Sanitas, mediante oficio del 30 de noviembre de 2020, informó que “(i) la accionante se encuentra actualmente activa al plan obligatorio de salud de su entidad, (ii) su tipo de afiliación es pensionada, (iii) una de las entidades pensionales es el Consorcio Foped 2019, cuyo ingreso base de cotización es de $2.168.822 y, la otra entidad pensional es el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, cuyo ingreso base de cotización es $1.848.390”[44]. 16. Mediante oficio del 26 de noviembre de 2020, la Viceveedora Distrital   señaló que “la accionada no ha estado vinculada a la planta de personal de la entidad, y tampoco le ha sido reconocida pensión o prestación económica por el riesgo de invalidez, vejez o muerte”[45]. 17. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mediante oficio del 30 de noviembre de 2020, allegó: (i) la historia laboral unificada del señor Orlando Páez Gómez y (ii) las actuaciones administrativas surtidas en el proceso de reconocimiento de sustitución pensional promovida por la accionante[46]. Asimismo, indicó que “a pesar de existir declaraciones extrajuicio [que fueron rendidas] por terceros y la accionante, no fue posible demostrar la dependencia económica dentro de la investigación administrativa realizada por Colpensiones”[47]. Finalmente, señaló que no obra solicitud de otros reclamantes de la pensión sustitutiva con ocasión del  fallecimiento del señor Orlando Páez Gómez. II. CONSIDERACIONES 1. Asunto objeto de análisis, problema jurídico y metodología de la decisión 18. Objeto de la decisión. La decisión de tutela sub examine versa sobre la presunta vulneración de los derechos de la accionante a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad y al debido proceso. Esto, como consecuencia de la negativa de Colpensiones a reconocer la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge señor Orlando Páez Gómez. 19. Problemas jurídicos. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala Quinta de Revisión examinar si la solicitud de tutela sub examine cumple con los requisitos de procedibilidad. De ser procedente, será necesario determinar si Colpensiones vulneró los derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la vida digna y a la igualdad de la accionante. 20. Metodología. Para dar respuesta a los anteriores problemas jurídicos, la Sala Quinta de Revisión: (i) examinará el cumplimiento de los requisitos relativos a la legitimación y el principio de inmediatez, (ii) el principio de subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional y (iii) resolverá el caso concreto. 2. Análisis de procedibilidad 21. La acción de tutela cumple los requisitos de legitimación en la causa. La Sala constata que en el caso sub examine se cumplen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva. De un lado, la legitimación por activa se encuentra acreditada porque la señora María Emma Gómez de Páez es quien alega tener derecho a la sustitución pensional y, por ende, es la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados como resultado de la negativa de Colpensiones al no reconocer su calidad de cónyuge supérstite del señor Orlando Páez Gómez. De igual modo, existe legitimación en la causa por pasiva porque la entidad accionada, Colpensiones[48], es la entidad pública que tendría la aptitud legal y constitucional para responder por el supuesto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por la tutelante. 22. La acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. En virtud del artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela se puede interponer “en todo momento y lugar” y, por ende, no tiene término de caducidad[49]. No obstante, si bien no existe un término de caducidad para presentar la acción de tutela, ésta debe hacerse en un tiempo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[50]. 23. En el presente caso, se observa que la última decisión emitida por parte de Colpensiones, mediante la cual se confirmó la negativa de reconocimiento de la sustitución pensional data del 6 de agosto de 2019, y, frente a ella, el apoderado judicial de la accionante interpuso acción de tutela el 28 de enero de 2020. En este sentido, la Sala constata que trascurrieron 5 meses y 22 días entre la negativa de reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del señor Orlando Páez Gómez y la solicitud de amparo. 24. En consecuencia, el término entre la fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales de la accionante y su cuestionamiento en sede de tutela es razonable. Por un lado, dicho término fue breve, y de otro, la presunta afectación a sus derechos fundamentales subsistía a la presentación de la tutela. Por ende, en el caso sub judice se cumple con el requisito de inmediatez. 3. El principio de subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional 25. El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no tenga a su disposición otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 26. Frente a dicho mandato, la Corte ha expresado que la procedencia subsidiaria de la acción constitucional se justifica en razón a la necesidad de preservar el orden de las competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación, sino asegurar así el principio de seguridad jurídica[51]. 27. En este sentido, la norma determina que si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial que son idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional[52]. 28. La inobservancia de tal principio es causal de improcedencia de la tutela[53] y la consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede entrar a discernir el fondo del asunto planteado. 29. Sin embargo, en reiterada jurisprudencia constitucional también se ha sostenido que el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. En consecuencia, si bien pueden existir otros medios de defensa judicial, deben ser analizadas dos condiciones que justifiquen su procedibilidad: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto en el ordenamiento jurídico no es idóneo ni eficaz para evitar la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a que existe un medio de defensa idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procede la acción constitucional como mecanismo transitorio. 30. Respecto al primer planteamiento, debe hacerse una valoración de la aptitud del medio de defensa que tiene el afectado a su alcance para conjurar su situación actual, y, si se evidencia que la acción ordinaria no permite la satisfacción de su cuestión o no permite adoptar las medidas necesarias para la protección de sus derechos fundamentales afectados, procedería en tal caso el amparo. 31. Ahora bien, frente a la segunda hipótesis, su objetivo principal es el de evitar una afectación grave e inminente a un derecho fundamental. No obstante, para dar trámite a una petición de amparo como mecanismo transitorio se requiere demostrar[54]: (i) una afectación inminente del derecho fundamental, es decir que se trate de una amenaza que está por concretarse; (ii)   la gravedad del perjuicio, esto es, que el daño material o moral en la persona sea de gran intensidad; (iii)  la urgencia de las medidas que se requieren para prevenir o remediar el perjuicio irremediable; y finalmente, (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de derechos fundamentales en riesgo. 32. Cabe señalar que, el juez constitucional debe efectuar un análisis de las anteriores reglas en cada caso en concreto para determinar si, aun cuando existen otros medios judiciales, éstos no resultan idóneos y/o eficaces para proteger los derechos fundamentales invocados. 33. Por otra parte, esta Corporación ha insistido en que, por regla general, la acción de tutela no procede para el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, en razón a su carácter eminentemente subsidiario y residual, por cuanto este tipo de controversias deben ser resueltas ante la jurisdicción contencioso administrativa o la ordinaria laboral, según sea el caso. 34. En efecto, el mecanismo judicial vigente que resulta principal e idóneo para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, es el proceso ordinario laboral, el cual está regulado en el Capítulo XIV del Decreto Ley 2158 de 1948, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS)[55]. Además, este  proceso judicial ordinario es prima facie, un mecanismo eficaz, pues la normativa que lo regula contiene un procedimiento expedito para su resolución[56]. Igualmente, en el marco del proceso ordinario es posible exigir al juez el cumplimiento del deber que le impone el artículo 48 del CPTSS[57], según el cual, deberá asumir “la dirección del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, la agilidad y rapidez en su trámite”. 35. No obstante, en reiterada jurisprudencia se ha admitido la procedencia de esta acción constitucional para el reconocimiento de un derecho pensional, siempre que del material probatorio se pueda concluir que: (i) el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional, (ii) la falta de reconocimiento de la prestación y su pago genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular el derecho al mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas, (iii) el accionante ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales presuntamente afectados en el caso concreto[58]. 36. En razón de lo planteado, el juez debe valorar cuáles son las circunstancias personales del accionante para determinar si las herramientas judiciales ordinarias son idóneas y efectivas. En caso contrario, “el accionante puede reclamar por vía del amparo constitucional el derecho a percibir el pago de prestaciones pensionales, puesto que pueden verse afectadas garantías superiores[59]. En efecto, en relación con los sujetos de especial protección constitucional, como lo es el caso de las personas de la tercera edad, esta Corporación ha indicado que someterlos al rigor de un proceso judicial podría resultar desproporcionado y lesivo de sus derechos fundamentales[60]. 37. Para la Corte, es claro que este tipo de prestaciones suelen ser trascendentales en la vida de las personas, máxime cuando con el paso del tiempo se ven disminuidas sus funciones vitales y se evidencia un deterioro grave en su estado de salud que le impiden llevar una vida plena. Sin embargo, si bien la edad avanzada del accionante puede constituir un factor de significativa relevancia para declarar que el amparo, dirigido a obtener el pago de una prestación pensional, es procedente pese a la existencia de otros medios judiciales[61], el juez de tutela debe entrar a valorar otras circunstancias que justifiquen su intervención, tal y como se indicó en la sentencia T-391 de 2013[62]: “(…) la condición de sujeto de la tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela. En efecto, reiterando lo expuesto por la Corte en distintos pronunciamientos sobre la materia, para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la labor del juez ordinario o contencioso, según se trate, es también necesario acreditar, por una parte, la ocurrencia de un perjuicio irremediable derivado de la amenaza, vulneración o afectación de derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital y la salud; y, por otra, que someterla a la rigurosidad de un proceso judicial común puede resultar aún más gravoso o lesivo de sus derechos fundamentales”. 38. Por lo anteriormente expuesto, en el caso sub examine corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede ante la negativa de Colpensiones a “reconocer y pagar la sustitución pensional”, o si por el contrario el amparo no es viable bajo el principio de subsidiariedad, en virtud a (i) que los mecanismos ordinarios de defensa son eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii) que no existe inminencia de un daño irreparable que justifique la protección transitoria por vía de tutela. 4. Caso concreto 39. Conforme a lo enunciado, debe la Sala resolver, en primer lugar, si en el caso en concreto se cumplen los requisitos generales que hacen procedente la acción de tutela. 40. Supuesto (i). Los mecanismos ordinarios de defensa son idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. 40.1.    La accionante, en la actualidad tiene 90 años de edad, hace parte de la categoría de los sujetos de especial protección constitucional, y, además, sufre de diversas patologías que afectan su estado de salud. No obstante, si bien la edad de la accionante es un factor de significativa relevancia, es necesario en el caso en concreto evaluar la eficacia de los otros medios judiciales, en virtud del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela. Para ello se le solicitó a la actora información que permitiera establecer si se configuraban circunstancias especiales que implicaran una situación de vulnerabilidad. En particular, que precisara su situación económica, la relación entre sus ingresos y gastos mensuales, si es propietaria de bienes inmuebles en Colombia y la conformación de su núcleo familiar. 41. Atendiendo a las circunstancias fácticas descritas y a los elementos de prueba obrantes en el expediente, esta Sala encuentra acreditados los siguientes hechos: (i) Que, la señora María Emma Gómez de Páez, es pensionada del Ministerio de Educación y, recibe mensualmente su mesada pensional la cual asciende a la suma de $2.168.821[63]. (ii) Que, goza de una pensión de jubilación reconocida por el Distrito Bogotá, la cual está a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, según reporte allegado por EPS Sanitas[64] por la suma de $1.848.390. (iii) Que con ocasión del fallecimiento de su esposo le fue reconocida sustitución de asignación mensual de retiro, en calidad de cónyuge supérstite por la suma de $1.723.672[65]. (iv) Qué, reside en Italia junto a sus dos hijas, quienes laboran en el área de comercio y servicios. (v) Qué, puede acceder a todos los servicios y tratamientos médicos que requiere para tratar sus diversas patologías. 41.1.    Tras aplicar al caso concreto, en las circunstancias descritas, los criterios que ha valorado esta Corporación en casos similares para declarar la procedencia de la acción de tutela, es posible concluir que la edad de la accionante en el caso sub examine no es suficiente para disponer que el amparo solicitado deba estudiarse de fondo. Por el contrario, lejos de poder presumir que existe una afectación al mínimo vital y a la vida digna de la accionante, la Sala comprobó que: (i) la señora María Emma Gómez de Páez percibe tres pensiones, cuyos ingresos mensuales son superiores a cinco salarios mínimos, (ii) no acudió a los medios judiciales que tiene a su disposición, ni (iii) cumplió con la carga de probar la falta de eficacia o de idoneidad de la jurisdicción ordinaria laboral para ventilar la controversia acerca del reconocimiento de su prestación pensional. 41.2.    Tampoco advierte esta Corte que los problemas de salud sufridos por la accionante determinen la procedencia de la presente acción de tutela, en consideración a que en Italia recibe los tratamientos médicos correspondientes para la atención de sus diversas patologías. Por ende, no existen circunstancias especiales que denoten la existencia de un riesgo sobre la continuidad de los servicios requeridos. 41.3.    Así las cosas, el asunto por el cual se acude a la acción de tutela, el proceso ordinario de la jurisdicción laboral, en principio, es el medio idóneo y eficaz para hacer efectivo el objeto de su pretensión, en la medida en que allí podrá presentar los elementos probatorios para desvirtuar la decisión de la accionada, máxime cuando dicha jurisdicción se caracteriza por contar con un procedimiento expedito. 42. Supuesto (ii). No existe inminencia de un daño irreparable que justifique la protección transitoria por vía de tutela. 42.1.    La Sala advierte que pese a que, en principio, la señora María Emma Gómez de Páez podría considerarse inmersa en un estado de debilidad manifiesta y, consecuentemente, amparada por una especial protección constitucional, la Sala de revisión concluye que la accionante no logró demostrar: (a) la afectación inminente de los derechos fundamentales invocados; (b) la gravedad del perjuicio que se le está causando; (c) la urgencia de las medidas para prevenir la afectación y, (d) el carácter impostergable de las mismas para la efectiva protección de los derechos fundamentales en riesgo, toda vez que la situación económica de la tutelante no es precaria puesto que, ha podido solventar sus necesidades básicas con los ingresos provenientes de sus pensiones de jubilación y de la sustitución de asignación de retiro de su cónyuge fallecido. Adicionalmente, cuenta con una red de apoyo familiar consolidada y estable. 42.2.    En consecuencia, tampoco es viable que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio. 5. Síntesis 43. La tutela en este caso resulta improcedente por cuanto que no satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial el cual es idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales que consideró vulnerados por la accionada. Asimismo, no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues la accionante cuenta con dos pensiones de jubilación y una pensión sustitutiva con lo cual puede sufragar su sustento y asegurar una vida en condiciones dignas. 44. Con base en las anteriores razones, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas confirmará las decisiones de instancia, que declararon improcedente el amparo solicitado. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por medio del auto de 12 de noviembre de 2020. Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2020 por la Sala Mixta de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la proferida el 4 de febrero de 2020 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, en la cual se declaró improcedente el amparo solicitado por el apoderado judicial de la señora María Emma Gómez de Páez. Tercero.- LIBRAR por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese y cúmplase, PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Cno. 1, f. 1. [2] Cno. 1, f. 27. [3] Cno. 1, f. 17. [4] Cno. 1, ff. 18 a 19. [5] Cno. 1, ff. 47 a 70. [6] Cno. 1, f. 20. [7] Cno. 1, ff. 71 a 73. [8] Cno. 1, f. 28. [9] Cno. 1, ff. 28 a 32. [10] Cno. 1, f. 32. [11] Cno. 1, f. 29. [12] Cno. 1, ff. 34 a 37. [13] Cno. 1, ff. 39 a 45. [14] Cno. 1, ff. 1 a 13. [15] Ib. [16] Ib. [17] Ib. [18] Ib. [19] Cno. 1, ff. 127 a 131. [20] Ib. [21] Ib. [22] Cno. 1, ff. 132 a 135. [23] Ib. [24] Ib. [25] Cno. 1, ff. 139 a 144. [26] Ib. [27] Ib. [28] Ib. [29] Cno. 2, ff. 3 a 9. [30] Ib. [31] Ib. [32] Cno. de revisión, f. 10. [33] La Sala Primera de Revisión decretó la práctica de las siguientes pruebas: (i) a la accionante, la requirió para que rindiera declaración sobre: a) su lugar actual de residencia; b) si tiene reconocida alguna pensión o prestación económica en su favor; c) sus ingresos y gastos mensuales y, finalmente, d) la actividad económica que ejercen sus hijas; (ii) a la Cancillería, por intermedio del Consulado de Colombia en Roma, la requirió para que solicitara a la Alcaldía de Perugia (Italia) copia del registro civil (Libro de Familia) del señor Orlando Páez Gómez y la señora María Emma Gómez de Páez. No obstante, mediante oficio del 24 de noviembre de 2020, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial de la Cancillería de Colombia, informó al Despacho que “no fue posible tramitar la solicitud por tratarse de una entidad extranjera y sugirió librar nuevo oficio en virtud de la Convención del 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, suscrito en la Haya [y] aprobado mediante la  Ley 1282 de 2009”; (iii) a la Entidad Promotora de Salud SANITAS, la requirió para que informara si la accionante se encuentra afiliada al plan obligatorio de salud de dicha entidad y si actualmente se encuentra activa, indicando el ingreso base de cotización; (iv) a Colpensiones, la requirió para que remitiera copia de la historia laboral del causante y la actuación administrativa surtida en el proceso de reconocimiento de sustitución pensional; (v) a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), la requirió para que informara si había reconocido alguna prestación económica a la accionante, en calidad de cónyuge supérstite de Orlando Páez Gómez; (vi) a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y a la Veeduría Distrital, las requirió para que informaran si habían reconocido alguna pensión o prestación económica en favor de la accionante, con indicación de su valor y fechas de pago. [34] Cno. de Revisión, escrito del 26 de noviembre de 2020, ff. 37 a 38. [35] Ib., ff. 37 a 38 vto. [36] Cno. de Revisión. f. 40. [37] Cno. de Revisión, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), oficio del 26 de noviembre de 2020, ff. 73 a 78. [38] Ib. [39] Ib. [40] Ib. [41] Ib. [42] Cno. de Revisión, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, oficio del 26 de noviembre de 2020, ff. 66 a 67. [43] Cno. de Revisión, f. 119. [44] Cno. de Revisión, EPS Sanitas, oficio del 30 de noviembre de 2020, f. 45. [45] Cno. de Revisión, Veeduría Distrital, oficio del 26 de noviembre de 2020, f. 71. [46] Cno. de Revisión, Colpensiones, oficio del 30 de noviembre de 2020, ff. 47 a 64. [47] Ib. [48] Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio del Trabajo según lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007. [49] Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [50] Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. [51] Corte Constitucional, Sentencias T-268 y T-604 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [52] Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [53] Decreto Ley 2591 de 1991, “[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, art. 6, num. 1º. [54] Corte Constitucional, Sentencia SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia T-375 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [55] Modificado por las leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007. [56] Corte Constitucional, Sentencia SU-005 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. [57] Modificado por el artículo 7º de la Ley 1149 de 2007. [58] Corte Constitucional, Sentencia T-1046 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-597 de 2009, M.P.M. Juan Carlos Henao Pérez; T-353 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [59] Corte Constitucional, Sentencia T-194 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. [60] Corte Constitucional, Sentencia T-194 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. [61] Corte Constitucional, Sentencia T-169 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo. [62] Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martello. [63] Cno. de Revisión, f. 73. [64] Cno. de Revisión, f. 45. [65] Cno. de Revisión, f. 119.

T-090-21 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T- 090/21 Referencia: Expediente T-8.006.896 Acción de tutela interpuesta por Gleivyn Zulvey González Peña, en representación de su menor hijo Deiber Jesús Gutiérrez González, contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander Magistrada ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo Schlesinger -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y los artículos 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de única instancia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta (Norte de Santander), por medio del cual se negó el amparo del derecho fundamental a la salud deprecado por la señora Gleivyn Zulvey González Peña, en representación de su menor hijo Deiber Jesús Gutiérrez González, contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección de Tutelas No. 07[1] mediante auto de fecha del 15 de diciembre de 2020, notificado por la Secretaría General de esta Corporación en el estado No. 01 del 21 de enero de 2021, escogió para efectos de revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a resolver el asunto en revisión, con fundamento en los siguientes: I. ANTECEDENTES El 12 de agosto de 2020, la señora Gleivyn Zulvey González Peña, actuando en representación de su menor hijo Deiber Jesús Gutiérrez González, interpuso acción de tutela contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la vida y la dignidad humana[2]. En el escrito base de la acción se describen los siguientes: 1.     Hechos y solicitud 1.1. La accionante manifestó que su hijo Deiber Jesús, de nacionalidad venezolana, es un menor de 6 años de edad, con diagnóstico de atresia pulmonar[3], comunicación interventricular[4], verdaderas arterias pulmonares confluentes y colaterales, remanente de arco aórtico izquierdo a manera de ventrículo de Kommerell[5], falla cardiaca derecha[6] e hipotiroidismo. 1.2. Aseguró que el día 14 de mayo de 2020, al menor de edad se le practicó una cirugía cardiovascular para conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, cierre de comunicación interventricular, ligadura de colateral y cierre de comunicación intraauricular. Lo anterior en la Clínica Medical Duarte, ubicada en la ciudad de Cúcuta. Añadió que tras dicha intervención, a Deiber Jesús lo remitieron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por quince días y al área de hospitalización por cinco días más, hasta que le dieron salida el primero de junio de 2020. 1.3. Indicó que el médico tratante ordenó control con la especialidad de cardiología pediátrica y la realización de ecocardiograma transtorácico, pero por parte del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander se generó negación de servicios mediante el formato correspondiente no. 198883 del 7 de julio de 2020, argumentando que el paciente debía legalizar su estancia en Colombia y tramitar la respectiva afiliación al régimen de salud; lo cual no ha podido hacer por no contar con el permiso especial de permanencia (PEP) y por la emergencia sanitaria del COVID-19, que devino en el cierre de la frontera entre ambos países y de las oficinas de migración en la ciudad de Cúcuta, imposibilitándosele efectuar el trámite[7]. 1.4. Sostuvo que el menor Deiber Jesús Gutiérrez ingresó al país solamente con salvoconducto (SC-2), el cual se encuentra vencido por la misma situación de cierre de la frontera generada por la situación de pandemia mundial, lo que le ha impedido generar la expedición del pasaporte venezolano al no poder ir a su país de origen. Insiste en que su menor hijo tiene alto riesgo cardiovascular por la enfermedad de base, con alto riesgo de muerte. 2.     Admisión y traslado de la demanda 2.1. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta (Norte de Santander) admitió la acción de tutela contra Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander mediante auto del 12 de agosto de 2020[8]. En la citada providencia, se vinculó de oficio a la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta y a la Clínica Medical Duarte de la misma ciudad ; asimismo, se ordenó correr traslado a todas las partes para que, en el término de dos días hábiles, respondieran sobre los hechos narrados por la accionante[9]. 3.     Contestación de la demanda 3.1.  Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander 3.1.1. La Oficina Jurídica del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander señaló que Deiber Jesús Gutiérrez, con permanencia irregular en territorio colombiano, no demuestra un estado de salud en condiciones de emergencia o de peligro para su vida, por lo que al estar en “estado ambulatorio”, según el Decreto 866 de 2017, el servicio requerido no es un caso de urgencia y en la medida en que no aparece en la Base de Datos del Departamento Norte de Santander, inicialmente debe legalizar su estancia en Colombia y luego afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud[10]. 3.1.2. Asimismo, la entidad señaló la obligación de los extranjeros venezolanos de legalizar su permanencia en territorio colombiano a través de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por lo que solicitó del juez que se ordene a la accionante llevar a cabo dicho trámite, el cual puede adelantarse desde la página web de la entidad, con el fin de obtener un documento válido necesario para afiliarse al sistema de salud, en cumplimiento de las normas y la jurisprudencia. Puesto que existe una corresponsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y extranjeros, pero también la obligación del migrante con animus de arraigo en territorio colombiano, de lograr la debida legalización de su permanencia; estando en igualdad de condiciones con los ciudadanos colombianos quienes, al momento de acceder a los servicios de salud, deben cumplir con una serie de requisitos mínimos, como el estar afiliado al SGSSS[11]. 3.1.3. Por otro lado, recordó que a partir de la expedición de la Ley 715 de 2001, es competencia del municipio “Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia”, y como consecuencia de ello “Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías”. De lo anterior se desprende que, en el régimen subsidiado, la responsabilidad de su desarrollo está en cabeza de los municipios, siendo competentes para aplicar la encuesta SISBEN; lo anterior, una vez se obtenga por el interesado un documento de identidad válido que, como se ha mencionado, es necesario para acceder y poder ser identificado como beneficiario del régimen subsidiado de salud[12]. 3.1.4. Por último, la entidad accionada hizo cuatro peticiones al juez de única instancia, a saber: (i) declarar improcedente el presente trámite constitucional por no haber vulneración de derecho fundamental alguno, (ii) ordenar a la Clínica Medical Duarte mantener la atención requerida a Deiber Jesús Gutiérrez González de nacionalidad venezolana, en los términos señalados en el Decreto 866 de 2017, (iii) ordenar a la accionante que inicie los trámites para regularizar su permanencia y la de su hijo en el territorio colombiano,  y (iv) vincular a Migración Colombia, para que informe acerca de la situación migratoria del menor Deiber Jesús y contribuya a definir su situación migratoria. 3.2. Clínica Medical Duarte y Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta 3.2.1. Pese a que ambos sujetos fueron debidamente notificados, guardaron silencio. 4.    Pruebas que obran en el expediente 4.1. Copia del documento de identidad de la accionante, expedido por la República Bolivariana de Venezuela (página 4). 4.2. Copia de la historia clínica del menor Deiber Jesús Gutiérrez González, que refleja la hospitalización en la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta, ocurrida del 12 de mayo al 01 de junio de 2020, entidad donde le fue realizada la cirugía cardiovascular de conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, cierre de comunicación interventricular, ligadura de colateral y cierre de comunicación intraauricular (páginas 5 a 10). 4.3. Copia de negación de servicios no. 198883 del 07 de julio de 2020, expedida por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, en el formato establecido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. En este se niega el servicio de consulta de control o seguimiento por la especialidad de cardiología y el ecocardiograma transesofágico[13] (página 11). 4.4. Copia de formula médica de mayo de 2020, firmada por la profesional S. Flórez M. en la que solicita cita por cardio pediatría y ecocardiograma transtorácico[14] para el menor Deiber Jesús Gutiérrez, que coincide con la evolución médica del 29 de mayo de 2020, elaborada por la profesional Sandra Liliana Flórez Muñoz en la historia clínica mencionada en el punto anterior (página 12). 4.5. Copia del registro de nacimiento del menor Deiber Jesús Gutiérrez González, expedido por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, en el que consta el vínculo materno filial con la accionante (folios 13 a 15). 4.6. Copia del historial extranjero no. 1090056 perteneciente al menor Deiber Jesús Gutiérrez González, expedido por la Regional Norte de la Unidad Administrativa Migración Colombia el 17 de marzo de 2020, donde se observa que el salvoconducto tipo SC-2 tenía validez hasta el 12 de junio de 2020 (página 16). 4.7. Copia de ficha SISBEN III no.: 02243435, en donde aparece el menor Deiber Jesús Gutiérrez González con un puntaje de 7.92. Sin embargo, llama la atención que del resto de personas que componen el grupo familiar no se reporte el nombre de la madre o del padre y que no haya coincidencia en los dos apellidos que componen el nombre del menor (página 17). 4.8. Copia de la historia clínica del menor Deiber Jesús Gutiérrez González del 20 de febrero de 2020, que plasma una consulta médica con la especialidad de cirugía cardiovascular, llevada a cabo en la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta, en la que se indica “atresia pulmonar + CIV + verdaderas arterias pulmonares confluentes y colateral aortopulmonal. –Arco aórtico derecho – remanente de arco aórtico izquierdo a manera de divertículo de Koremell – Falla cardiaca derecha –Hipotiroidismo”. Se destaca de la misma, un aparte que señala que se realizó junta de decisiones cardioquirúrgicas en la cual se solicita realizar cirugía cardiovascular correctiva (páginas 19 a 23). 5. Decisión judicial objeto de revisión 5.1. En fecha del 24 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de la ciudad de Cúcuta dictó fallo negando el amparo del derecho fundamental a la salud de Deiber Jesús Gutiérrez González; no obstante, requirió a la madre del menor para que se dirigiera a la Defensoría del Pueblo a recibir asesoría, a efectos de lograr la regularización tanto de su situación migratoria como la de su hijo, para posteriormente hacer la afiliación al SGSSS. Así, el a quo no presenció una vulneración del derecho a la salud del niño, debido a que (i) el médico tratante no conceptuó sobre la urgencia en el suministro de los servicios; (ii) la entidad territorial no negó la atención básica de urgencias y, (iii) señaló que para poder acceder al tratamiento de salud prescrito por el médico tratante, la madre del menor debía iniciar los trámites necesarios para afiliarse al SGSSS, razones particulares que conllevaron al fallador a negar la protección[15]. 5.2. Dentro de lo que cabe destacar de las consideraciones del juez de instancia, se mencionó el derecho fundamental a la salud y el principio de universalidad, reiterados por la jurisprudencia constitucional, lo referido por el artículo 48 de la Constitución Política sobre el servicio público de la seguridad social; al tiempo que el artículo 49 ibídem relativo al derecho a la salud. Igualmente, destacó que la Ley 1751 de 2015 atribuyera a la salud el carácter autónomo e irrenunciable, sin olvidar referirse a la Ley 100 de 1993, en relación con los dos regímenes de afiliación: contributivo y subsidiado; para finalizar con una cita del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011, que generó un nuevo escenario de obligaciones en materia de acceso al sistema de salud a cargo de los entes territoriales, como el de garantizar servicios básicos a la población no afiliada[16]. 5.3. En lo que concierne al derecho a la salud y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de extranjeros no regularizados, el operador judicial trajo a colación la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros mencionada en la sentencia T-314 de 2016[17], cuando se fijaron unas reglas jurisprudenciales aplicables al asunto sub-judice. También mencionó otras reglas como las establecidas en los artículos 2.1.3.5. y 2.7.2.3.1.2. del Decreto 780 de 2016[18]. Frente a la decisión objeto de revisión, las partes no ejercieron recurso de impugnación alguno. 6.     Actuaciones surtidas en sede de revisión 6.1. Mediante auto del 28 de enero de 2021, la magistrada sustanciadora consideró necesario recaudar mayores elementos probatorios para mejor proveer; es así que se vinculó a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al ser el ente competente de definir la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en el territorio nacional, a la que se le solicitó: (i) pronunciarse sobre los hechos constitutivos de la tutela, (ii) pronunciarse sobre la existencia de un trámite en curso para legalizar el estatus migratorio del menor Deiber Jesús Gutiérrez González e (iii) informar si poseía registros de direcciones en la ciudad de Cúcuta, correos electrónicos o números celulares de la accionante[19]. 6.2. El 09 de febrero de 2021, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia -UAEMC-, en respuesta al auto de vinculación, comunicado mediante oficio OPTB-108/21 del 02 de febrero de los presentes, allegó respuesta por medio virtual, en la que indicó que no tiene funciones de prestación de servicios de salud, o de afiliación de extranjeros al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), circunscribiéndose al tema migratorio exclusivamente. Del mismo modo, en relación con la condición migratoria de los ciudadanos venezolanos Gleivyn Zulvey González Peña y Deiber Jesús Gutiérrez González, aseguró que consultado el Sistema de Información Misional de la entidad, éste arrojo el siguiente resultado para ambos: “1. Tienen historial del extranjero. 2. No tienen movimientos migratorios. 3. Tienen salvoconducto para resolver situación de refugio válido hasta el 12/06/2020. 4. No tienen informe del caso. 5. No cuentan con permiso especial de permanencia PEP. 6. No cuentan con Permiso Especial de Permanencia PEP-RAMV. 7.  Así mismo, consultado el Sistema de Gestión Documental ORFEO, no registran solicitudes”[20]. 6.3. De acuerdo con lo anterior, Migración Colombia señaló que Gleivyn Zulvey González Peña y Deiber Jesús Gutiérrez González se encuentran en condición migratoria irregular, pues no consta decisión de la solicitud de refugio, ni que la parte actora estuviera pendiente del trámite oportuno para su renovación, tramitado, solicitud de prórroga y/o revalidación de los salvoconductos nos. 1364341 y 1364340 que les fueron autorizados y que vencieron el 12 de junio 2020. Luego de una mención del artículo 100 de la Constitución Política, agregó que son varios los mecanismos para ingresar de manera regular al territorio nacional, como el establecido en los artículos 3° y 4° de la Resolución no. 1220 de 2016, mediante el cual se obtiene el permiso de ingreso y permanencia (PIP) bajo ciertas condiciones; en igual sentido, en relación con el permiso especial de permanencia (PEP) puso de manifiesto que, dada la problemática conocida de orden público del vecino país, desde el 2017 el Ejecutivo ha implementado medidas con el fin de brindar todo tipo de ayuda a los ciudadanos venezolanos indistintamente su condición migratoria. 6.4 En el término de traslado de la prueba recibida el 9 de febrero de 2021, se recibió información complementaria de la entidad Migración Colombia, relacionada con la actual situación migratoria de Gleivyn Zulvey González y Deiber Gutiérrez González, indicando que “registran tarjeta de movilidad fronteriza vencida”; adicionalmente, señaló que la dirección del domicilio y números de contacto de la accionante pertenecen al vecino país de Venezuela. Por otro lado, manifestó que en sus bases de datos obra una “solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado” de fecha 11 de febrero de 2021, como parte del trámite para actualizar el salvoconducto tipo SC2. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.   COMPETENCIA La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, y por virtud de la selección y del reparto realizado en la forma que establece el Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015). 2.  PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 superior y en el Decreto Ley 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela” y ha sido desarrollada por la jurisprudencia de esta alta Corporación[21]. Para su procedencia, según la jurisprudencia, debe analizarse la legitimidad por activa y por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. En su labor intelectual, cuando el juez encuentra acreditado el lleno de los cuatro requisitos mencionados, el amparo puede darse de dos maneras: (i) como mecanismo definitivo de protección cuando la persona afectada no cuenta con un medio de defensa judicial alternativo, o cuando disponiendo de este en el caso particular dicho medio no cumple con la idoneidad o eficacia suficiente para defender los derechos fundamentales adecuada, integra y oportunamente; y (ii) como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que la finalidad es evitar que se materialice un evento catastrófico relacionado con  un derecho fundamental, mientras que el juez natural profiera una sentencia de fondo. Para que la acción de tutela proceda como mecanismo transitorio deberá cumplir con cuatro requisitos: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y, (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”[22]. De acuerdo a los requisitos generales enunciados, esta Sala de Revisión profundizará en cada uno de ellos, con el fin de dilucidar si en el asunto que se somete a estudio es procedente la acción de tutela. 2.1. Legitimación en la causa por activa 2.1.1. El artículo 86 superior señala que cualquier individuo tiene la facultad de interponer la tutela, para la protección de sus derechos fundamentales cuando resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas o de particulares; a su vez, esta acción puede ejercerse por sí mismo o a través de un tercero, quien debe actuar en nombre de este. Así lo reitera el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, que señala que el mecanismo de amparo puede ser formulado en todo momento y lugar, incluso en causa ajena, en el caso de que el titular de los derechos no se encuentre en condiciones de acudir por sí mismo a la defensa de sus propios intereses[23]. 2.1.2. De la lectura del artículo 100 superior se extrae que la tutela puede ser incoada tanto por nacionales como por extranjeros, pues dicho texto normativo prolonga la garantía de disfrute de los derechos civiles que gozan los colombianos a ese grupo de personas; en ese entendido, el extranjero tiene el pleno ejercicio de la citada acción de amparo sin limitación alguna[24]. Igualmente, a la luz del artículo 44 de la Constitución Política, cuando se trata de proteger los derechos de los niños, toda persona está llamada a salir en defensa del interés superior del menor, sin que cobre importancia la calidad que invoque u ostente ese sujeto; en este sentido, la jurisprudencia recuerda que es en la sociedad en general, donde recae dicha legitimación[25]. 2.1.3. Hay otro aspecto relacionado con la naturaleza de la persona que interpone la acción de tutela, que  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha analizado, indicando que “Cuando se presenta la tutela, la legitimación en la causa por activa se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción por quien es titular de los derechos fundamentales; (ii) por medio de los representantes legales (en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) planteando la existencia de una agencia oficiosa”[26]. Respecto de la representación legal de los padres frente a los hijos menores de 18 años, es preciso parafrasear lo anotado en la Sentencia T-576 de 2019, la cual sostuvo que los progenitores que adviertan una vulneración o amenaza en los derechos fundamentales de sus hijos menores, pueden acudir al juez constitucional y exigir la protección de sus derechos. En tal evento, sin que sea una barrera de acceso a la justicia, el fallador podrá hacer una simple verificación del parentesco, a fin de evitar representaciones ilegítimas; puesto que es más importante el carácter informal de la tutela, los principios de eficacia de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho sustancial y el interés superior del niño[27]. 2.1.4. Una vez revisado el expediente en estudio, la Sala verifica que el primer elemento, es decir, la legitimidad en la causa por activa se cumple, ya que Gleivyn Zulvey González Peña, además de indicar que actúa en representación de su hijo de seis años, de quien solicita la protección del derecho fundamental a la salud, entre otros, aportó copias de documento de identidad y registro civil de nacimiento del menor Deiber Jesús Gutiérrez González, expedidos por los respectivos entes públicos del vecino país, Venezuela, donde puede constatarse efectivamente el parentesco de madre e hijo. En relación con lo anotado, la copia simple de los documentos extranjeros incorporados adquieren valor probatorio, solo para efectos del presente trámite, en razón a la presunción de buena fe que debe existir en todas las gestiones[28] y al carácter informal de la acción de tutela. 2.2. Legitimación en la causa por pasiva 2.2.1. El artículo 86 superior, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional ilustran que se trata de un requisito que tiene estrecha  relación con la aptitud legal de la persona natural o jurídica contra quien se dirige la acción, de ser ese sujeto llamado a responder por la posible amenaza o vulneración del derecho fundamental alegado, sea una autoridad pública o un particular en los casos estipulados en los artículos 5° y 42 del citado decreto reglamentario de la tutela[29]. 2.2.2. Del escrito de tutela se identifica que la accionante Gleivyn Zulvey González Peña dirige la acción contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y que el juez de conocimiento vinculó oficiosamente a la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta y a la Clínica Medical Duarte ubicada en la ciudad de Cúcuta, entidades que, por mandato de las leyes  100 de 1993 y 715 de 2001, intervienen dentro del proceso de atención en salud, desde el aseguramiento y la prestación, respectivamente. 2.3. Inmediatez 2.3.1. Es el único requisito de procedencia de la acción cuya fuente es la jurisprudencia y se fundamenta en la necesidad de fijar un plazo razonable para la persona diligente que busca urgentemente la protección de los derechos que invoca, respecto del momento en que ocurrió esa posible amenaza o vulneración del derecho. Por tanto, es un aspecto que se acompasa al carácter preferente y sumario de la tutela, como procedimiento instituido para garantizar el amparo de los derechos fundamentales transgredidos, a la par que garantiza que la seguridad jurídica no se vea afectada[30]. 2.3.2. Por vía jurisprudencial, se ha indicado que la acción de tutela no tiene un término de caducidad y, aunque no es regla general, en algunos casos, como en las tutelas contra providencia judicial, los jueces en sede constitucional han considerado prudencial un plazo de seis meses, entre el momento de ocurrida la posible violación a un derecho fundamental y el de la interposición de la tutela[31]; no obstante, la Corte ha dejado en claro la necesidad de evaluar siempre este requisito con las circunstancias de cada caso concreto, porque la vulneración puede ser continua y permanecer en el tiempo[32]. 2.3.3. Así pues, en el asunto bajo estudio, la Sala de Revisión encuentra acreditado el requisito de inmediatez, pues se comprobó que la orden médica para cita de control por cardiología pediátrica y ecocardiograma al menor Deiber Jesús Gutiérrez fue expedida el 1 de junio de 2020, mismo día en que se le dio salida de la Clínica Medical Duarte,  la negación a esos servicios ocurrió el 07 de julio de 2020, mediante formato expedido por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, y la acción de tutela se radicó en la Oficina Judicial de Reparto de Cúcuta el 12 de agosto de 2020, tan solo un mes y escasos días después de esa última actuación administrativa. 2.4. Subsidiariedad 2.4.1. De este último requisito, el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, enseñan que la acción de tutela procede en tres eventos: “(i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o ii) cuando existiendo un medio de defensa judicial ordinario, este resulta no ser idóneo para la protección de los derechos fundamentales del accionante o iii) cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de defensa, la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”[33]. 2.4.2. La subsidiariedad en materia de salud obliga a referirnos a la Ley 1122 de 2007, que en su artículo 41[34] confirió nuevas competencias (facultades jurisdiccionales y de conciliación) a la Superintendencia Nacional de Salud, como órgano de inspección, vigilancia y control, que fueron complementadas con la ley 1437 de 2011 y a su vez modificadas por la reciente Ley 1949 de 2019. En ese sentido, algunas salas de revisión de la Corte Constitucional consideraron que tal mecanismo podría fungir como el medio idóneo para lograr la protección de los derechos alegados por el interesado en un proceso de tutela, hasta la sentencia SU-508 de 2020[35], que zanjó la discusión al interior de la Corte, pues antes, no existía un consenso absoluto sobre si el procedimiento creado por el Legislador era el medio judicial idóneo y eficaz para estos casos, dadas las debilidades y falencias detectadas, principalmente, por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 en audiencia pública del 6 de diciembre de 2018 en la que se citó al Superintendente Nacional de Salud del momento[36]. En la sentencia en cita se indicó: “Las situaciones normativas y la estructural le permitieron a la Corte Constitucional concluir que la Superintendencia de Salud tiene una capacidad limitada respecto a sus competencias jurisdiccionales. Por ello, mientras persistan las dificultades para el ejercicio de dichas facultades, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no se entenderá como un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, la acción de tutela será el medio adecuado para garantizar dichos derechos”[37]. 2.4.3. En la sentencia T-452 de 2019[38], que analizó la procedencia de la tutela en varios casos de migrantes venezolanos en situación irregular que requerían servicios de salud, aludiendo a la subsidiariedad respecto de los sujetos de especial protección constitucional, la Corte manifestó: “Los conflictos jurídicos que adviertan transgresión de derechos fundamentales, deben ser resueltos a través de los medios ordinarios de defensa judicial previstos en la ley para tal fin. No obstante, no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. El juez constitucional debe evaluar en el marco de la situación fáctica particular, si la acción de amparo es idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales comprometidos, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional”. Y a renglón seguido, agregó: “En relación con el acceso a la atención en salud por parte de migrantes con nacionalidad venezolana la jurisprudencia constitucional ha señalado que el recurso de amparo es el medio idóneo y eficaz para estudiar y analizar la vulneración de sus derechos fundamentales”. 2.4.4. A partir de lo anterior, en el caso particular, en atención a lo que exige la accionante, la autorización de servicios médicos cubiertos en el plan de beneficios en salud consistentes en “consulta de control con la especialidad de cardiología pediátrica (cardiopediatria) y examen de ecocardiograma transtorácico” para un menor de edad migrante en situación irregular, sin afiliación a ninguno de los dos regímenes en salud existentes en Colombia, se trata de un asunto que no puede encuadrarse en el literal a) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual fue modificado por el artículo 6° de la Ley 1949 de 2019, escapando de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, haciendo idóneo y eficaz la vía por la acción de tutela. Por las razones expuestas, la Sala procederá a hacer un análisis de fondo de la solicitud de amparo. 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO 3.1. La señora Gleivyn Zulvey González Peña, en representación de su hijo Deiber Jesús Gutiérrez González de 6 años de edad, solicitó que le autorizaran una cita con la especialidad de cardiología pediátrica y un ecocardiograma transtorácico que requiere el menor, a quien se le diagnosticó: atresia pulmonar, comunicación interventricular, verdaderas arterias pulmonares confluentes y colaterales, remanente de arco aórtico izquierdo a manera de ventrículo de Kommerell, falla cardiaca derecha e hipotiroidismo; petición que fue expresamente negada por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, porque el niño se encuentra en condición migratoria irregular. 3.2. El juez de única instancia negó la acción de tutela, pues con supuesto fundamento en la jurisprudencia constitucional[39], a partir de la respuesta que dio la entidad accionada, los extranjeros en situación migratoria irregular solo tienen derecho a la atención básica de urgencias. Además, sostuvo que el médico tratante no conceptuó sobre la urgencia en el suministro de los servicios, por lo que no fue posible determinar que se esté ante un evento apremiante que, como tal, conduzca a exceptuar la regla general y extender la atención básica de urgencias al tratamiento de salud ordenado al paciente. Por no decir que, se encuentra probado que al menor les fueron prestados los servicios de urgencias en la Clínica Medical Duarte SAS. Concluyó que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander no vulneró derecho fundamental al no haber negado la atención básica de urgencias. 3.3. Así las cosas, la Sala Séptima de Revisión abordará el siguiente problema jurídico: ¿Una entidad de orden departamental vulnera el derecho fundamental a la salud de un menor de edad, de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular en el territorio colombiano, al negarle una cita con la especialidad de cardiología pediátrica y un ecocardiograma transtorácico, como parte del control derivado de una cirugía de corazón autorizada y realizada previamente? 3.4. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Séptima de Revisión abordará los siguientes temas concretos: (i) El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes y los componentes de universalidad y solidaridad. Reiteración jurisprudencial. (ii) El acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano para los niños, niñas y adolescentes migrantes en condición irregular. Reiteración jurisprudencial. Y, finalmente (iii) dará solución al caso concreto. 4. El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes, y los componentes de universalidad y solidaridad. Reiteración jurisprudencial Ámbito normativo local 4.1. La Constitución Política de 1991 ubica el derecho a la salud en un lugar de importancia. Así,  el artículo 44 lo cataloga como un derecho fundamental de los niños; el artículo 48 alude a este dentro de la seguridad social, como un servicio público obligatorio e irrenunciable a cargo del Estado; también el artículo 49, cuando indica que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios que el Estado debe garantizar a todas las personas, a través del acceso a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud; y el artículo 50 obliga a todas las instituciones de salud que reciben recursos del Estado a brindar atención gratuita a menores de un año sin afiliación a la seguridad social[40]. 4.2. El derecho a la salud, visto como servicio público a cargo del Estado, se encuentra regulado principalmente por (i) la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), estableciendo un acceso igualitario a toda la población con la implementación de dos regímenes: contributivo y subsidiado; (ii) la Ley 1122 de 2007, que hizo algunas modificaciones en el SGSSS con el fin de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios; (iii) la Ley 1438 de 2011, que se dirigió a fortalecer el Sistema de Salud a través de un modelo de atención primaria en salud; y, (iv) la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, que entre sus mayores logros tuvo el de elevar a rango fundamental el derecho a salud, asunto que por vía jurisprudencial esta Corte ya había resaltado al proferir la sentencia hito T-760 de 2008. 4.3. Respecto de la protección del derecho fundamental a la salud de los menores de edad, el artículo 44 superior también se refiere a la integridad física y la seguridad social, entre otros, como derechos fundamentales de los niños. Así, es deber del Estado, de la sociedad y de la familia, esforzarse por el pleno cumplimiento de las prerrogativas constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, en aras garantizarles sus máximos niveles de desarrollo integral y armónico, puntualizando que “los derechos de los niños prevalecen sobre los demás”[41]. 4.4. Acorde con lo expuesto, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) definió el principio de primacía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como “(…) un imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”[42]. Específicamente, en varios escenarios, incluidos el de la salud, la Corte ha indicado que dicho principio supone aplicar la medida más beneficiosa para salvaguardar al menor de edad que ve comprometida la garantía de sus derechos fundamentales[43]. 4.5. Ahora, en relación con lo regulado en los artículos 48 y 49 de nuestra Constitución, recordando que la Seguridad Social en Salud es un servicio público obligatorio a cargo del Estado y que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios que el Estado debe garantizar a todas las personas, sin excepción alguna, a través del acceso a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud, bajo los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, la sentencia T-565 de 2019 sostuvo: “que (de) la lectura sistemática de esas disposiciones con lo establecido en el artículo 13 Superior, se ha precisado que (i) la garantía de los derechos fundamentales no pende de la condición de ciudadano, sino de la condición de ser humano; de ser persona que habita el territorio nacional; y (ii) que se debe velar por garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que, por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”[44]. Instrumentos en el ámbito internacional 4.6. La protección del derecho a la salud de los menores de edad, tal como quedó plasmado, tiene su asidero en la Constitución Política, en las normas mencionadas y en la jurisprudencia relacionada, pero sin limitarse a esta. Sin embargo, su sustento no deviene exclusivamente de nuestra carta magna, pues en el contexto internacional, existen diferentes instrumentos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2, 25)[45], la Declaración Universal de los Derechos del Niño (principio 2)[46], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.1)[47] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 2.2 y artículo 12)[48], que le dan una connotación más amplia[49]. 4.7. Es necesario hacer mención de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño[50], donde expresamente se reitera el derecho de los menores de edad al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades que padezcan, así como la rehabilitación de su estado físico. De esta manera, prevé que “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”[51]. 4.8. En ese orden de ideas, uno de los principios decantados es el de ‘no discriminación’, desarrollado por el párrafo 34 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual sostiene que es deber de los Estados garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de todas las personas, “incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales”; por tanto, podría entenderse que los niños, niñas y adolescentes, migrantes en situación irregular tienen derecho a la salud, al igual que los menores connacionales[52]. 4.9. En tal sentido, la Sentencia T-565 de 2019 recordó que el mencionado instrumento impuso al Estado el cumplimiento inmediato de algunos deberes derivados del derecho a la salud: “como (i) garantizar su ejercicio sin discriminación alguna (artículo 2.2) y (ii) la obligación de adoptar medidas (artículo 2.1) en aras de la plena realización del artículo 12, indicando que las medidas deben ser deliberadas y concretas, y su finalidad debe ser la plena realización del derecho a la salud. Reitera también que, de acuerdo a la Observación General Nº 12, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período implica la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia el objetivo de la plena realización del derecho a la salud”. 4.10. De igual manera, al ser los niños, niñas y adolescentes sujetos de especial protección constitucional, la primacía del interés superior del menor está presente en el artículo 3.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al exigir que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”[53]. Componentes de Universalidad y Solidaridad 4.11. A partir del principio de igualdad del artículo 13 superior[54], las personas con alguna condición de discapacidad o de enfermedad deben ser protegidas por el Estado, máxime si por las condiciones físicas o mentales se hallan en situación de debilidad manifiesta; en complemento, el artículo 47 constitucional establece que el Estado debe adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”[55]. 4.12. En una labor hermenéutica, la lectura conjunta de los artículos 13 y 47 del texto constitucional indican que la finalidad es la de implementar y fortalecer la recuperación y protección de quienes padecen cualquier enfermedad que implique una disminución física, sensorial o psíquica, logrando un cumplimiento real y efectivo de la igualdad[56]; y cuando hay menores de por medio con un estado de bienestar alterado, la Corte los presume como sujetos de especial protección constitucional y reflejo, de su propia jurisprudencia, ha manifestado que la protección a los derechos de aquellos debe tener un carácter prioritario[57]. 4.13. Así, la sentencia C-313 de 2014[58], que hizo el estudio previo de constitucionalidad de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, afirmó: “El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo colectivo. En segundo lugar, manifiesta que comprende los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. En tercer lugar, radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Finalmente, advierte que la prestación de este servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”. El anterior párrafo condensa en gran parte lo anotado hasta el momento; por ejemplo, que el derecho fundamental a la salud es de carácter autónomo, que los servicios sanitarios deben brindarse con calidad en todo momento, incluso antes del abordaje de la enfermedad en las fases de promoción y prevención. Y por supuesto, el papel preponderante que juega el Estado. 4.14. Por tal razón, el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 trae una serie de obligaciones a cargo del Estado, sin distinción entre personas nacionales o extranjeras, como: (i) formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población. Y (ii), velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional. Así mismo, el artículo 6° ejusdem, enumera una serie de elementos y principios propios del derecho fundamental a la salud, entre los que se puede citar el de universalidad[59]  y solidaridad[60]; la disposición en comento insiste en la necesidad de prever un enfoque diferencial y una atención prioritaria para los niños, niñas y adolescentes, haciendo una distinción por edades: prenatal, hasta los 6 años, de 7 a 14 años y de 15 a 18  años[61]. 4.15. Pese a que existe una definición legal del principio de universalidad y de solidaridad, cuando se hace referencia al derecho a la salud, tal como se indicó en el numeral anterior, no se debe olvidar que la propia Corte Constitucional ha acuñado sus propios conceptos, con base en la interpretación de nuestra carta política. Así, la sentencia C-134 de 1993[62] señaló “La universalidad es el principio relacionado con la cobertura de la Seguridad Social: comprende a todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la dignidad es un atributo de la persona, no es entonces concebible que unas personas gocen de vida digna y otras no. En cuanto a la solidaridad, es un principio que aspira al valor justicia y que bebe en las fuentes de la dignidad humana”[63]. 4.16. El artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 establece el principio de universalización del aseguramiento, según el cual, “todos los residentes en el país deberán ser afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. La citada regla contempla que si una persona requiere atención en salud y no está afiliado, debe procederse según su capacidad de pago[64] y si cuenta o no con documento de identificación. 4.17. Otro de los principios y no menos importante es el de integralidad, que consiste en el deber del Estado de “prestar los servicios de salud, libre de discriminación y de obstáculos de cualquier índole, […] garantizando un tratamiento integral, adecuado y especializado conforme a la enfermedad padecida”. Además “implica que el servicio suministrado integre todos aquellos medicamentos, exámenes, procedimientos, intervenciones y terapias que el médico tratante prescriba como necesarios para efectos de restablecer la salud o mitigar las dolencias que le impiden al paciente mejorar sus condiciones de vida”[65]. 4.18. A modo de síntesis, se debe indicar que la Constitución Política de 1991 pone en un lugar de importancia el derecho a la salud, que es visto como servicio público a cargo del Estado, con una robusta regulación normativa; y tratándose de la salud de los menores de edad, el artículo 44 superior lo ubica al nivel de derecho fundamental, siendo deber del Estado, la sociedad y la familia lograr el cumplimiento de las prerrogativas constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, en aras de garantizar sus máximos niveles de desarrollo, aspecto denominado como el principio de primacía del interés superior del menor. Lo anterior tiene una especial relevancia en el ámbito internacional, pues diferentes instrumentos otorgan al derecho a la salud una mayor protección por dos razones: (i) la premisa del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades que padezcan, así como la rehabilitación de su estado físico; y, (ii) el principio de no discriminación que consiste en dar, en condiciones de igualdad. Igualmente, como corolario de lo expuesto, es preciso recordar la obligación del Estado en el cumplimiento de algunos deberes y postulados derivados del derecho a la salud, haciendo mayor énfasis en las personas con alguna condición de discapacidad o de enfermedad, y en los menores cuando está de por medio una condición de bienestar alterado, pues deben ser protegidas por el Estado con toda rigurosidad, máxime si se hallan en situación de debilidad manifiesta, donde la Corte Constitucional les da el trato de sujetos de especial protección constitucional y, por ende, la protección de aquellos tiene un carácter prioritario. 5. Acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano para los niños, niñas y adolescentes migrantes en condición irregular. Reiteración jurisprudencial Sustento normativo y jurisprudencial 5.1. Los extranjeros tienen una serie de derechos y obligaciones que se establecen tanto en la Constitución Política como en los distintos instrumentos internacionales. Estos contemplan disposiciones orientadas a garantizar, sin discriminación alguna, el goce efectivo de sus libertades y la posibilidad de acceso a diferentes oportunidades. Todo ello, bajo el absoluto apego a los parámetros que la ley interna establezca para tales efectos[66]. 5.2.  Como punto de partida, el artículo 4° de la Constitución impone a los extranjeros que se encuentren en territorio nacional un deber de sometimiento a la “Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”. Más adelante, el artículo 13 superior, al hacer alusión al derecho a la igualdad, indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 5.3. El artículo 100 superior complementa el anterior mandato, estableciendo que los extranjeros “disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos”. Y que estos “gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley”. La sentencia T-390 de 2020 citando la sentencia SU-677 de 2017 estableció que “El reconocimiento de derechos a los extranjeros, genera la obligación de cumplir todos los deberes que les sean exigibles en dicha calidad”. 5.4. Como se mencionó en la sección 4.6, el artículo 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevén el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. Esta Corte ha reconocido la titularidad en cabeza de los extranjeros de iguales derechos y garantías reconocidas a los colombianos, salvo las excepciones y limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. Una de esas excepciones precisamente es la política migratoria que de manera discrecional define el Estado en virtud de su poder de soberanía[67]. 5.5. Así las cosas, le es permitido a los Estados establecer una regulación migratoria dando un trato diferencial para los extranjeros en relación con los nacionales; y esas diferencias por sí solas no deben tomarse como un trato discriminatorio, toda vez que tales distinciones deben justificarse por el legislador en razones constitucionalmente admisibles, que atiendan a los criterios de objetividad y razonabilidad; en palabras de este alto Tribunal: “Cuando el legislador establezca un trato diferente entre el  extranjero  y el nacional, será  preciso  examinar (i) si el objeto regulado  permite realizar tales distinciones; (ii) la clase de derecho que se encuentre comprometido; (iii) el carácter objetivo y razonable de la medida; (iv) la no afectación de derechos fundamentales; (v) la no violación de normas internacionales; y, (vi) las particularidades del caso concreto”[68]. 5.6. Con todo lo expuesto, no se puede perder de vista que se trata del acceso al derecho a salud de menores de edad que se encuentran en situación migratoria irregular; y si bien en algún momento pasado la jurisprudencia trató a la salud acorde a su ubicación en el texto constitucional, como un derecho económico, social y cultural (DESC), hoy en día dicha discusión debe considerarse superada, al no quedar duda de la fundamentalidad del derecho a la salud. Frente a este aspecto, la sentencia T-210 de 2018[69], de manera acertada  señaló: “De acuerdo con el derecho internacional, los Estados deben garantizar a todos los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de irregularidad, no solo la atención de urgencias con perspectiva de derechos humanos, sino la atención en salud preventiva con un enérgico enfoque de salud pública”. 5.7. A partir de las anteriores premisas, cabe destacar que el derecho a la salud de los migrantes, aún en condición irregular, idealmente debe progresar para ir mucho más allá de la simple atención de urgencia y comprender toda la atención integral en salud. Así lo reafirma la sentencia en cita cuando dice: “Sobre el contenido mínimo esencial del derecho a la salud de los migrantes, se ha establecido con fundamento en el principio de no discriminación, que (i) el derecho a la salud debe comprender la atención integral en salud en condiciones de igualdad e ir mucho más allá de la urgencia. Por eso, de contar con estándares más bajos, (ii) pese a los limitados recursos disponibles, los Estados tienen la “obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12” del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la adopción de medidas; especialmente y con mayor rigurosidad, cuando dichos estándares atentan contra una obligación de naturaleza inmediata, como lo es la obligación de no discriminación en la prestación del servicio de salud”. 5.8. En consecuencia, es deber del legislador, como órgano de representación popular, “atendiendo a la disponibilidad de recursos económicos y prioridades coyunturales”[70], en el marco de sus facultades de configuración normativa y en cumplimiento de los tratados internacionales sobre DESC que incorporan un mandato de progresividad, adoptar las medidas que resulten pertinentes para extender la cobertura del sistema de protección social hacia la población migrante, eliminando toda barrera discriminatoria y/o que suponga una carga constitucionalmente inadmisible[71]. Del ingreso al Sistema de Salud en el régimen subsidiado 5.9. La sentencia T-576 de 2019[72] señala que el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 contempla dos caminos para ingresar al SGSSS[73]. El primero de ellos, dirigido a las personas con capacidad de pago que se afilian al régimen contributivo. Y el segundo, para toda aquella población sin capacidad de pago, en condición de pobreza y vulnerabilidad (en este grupo podemos mencionar madres cabezas de familia,  mujeres en estado de gravidez, menores de un año, menores en condición migratoria irregular, personas mayores de 65 años, entre otros), respecto de quienes, en cumplimiento a los principios de igualdad, solidaridad y universalidad, se afirma que tienen igual derecho de acceso a los servicios sanitarios a través del régimen subsidiado[74]. 5.10. Existe todo un andamiaje de entidades, tanto privadas como públicas, enlistadas en el artículo 155 de la Ley 100 de 1993, que hacen posible el correcto funcionamiento del SGSSS, a través del cumplimiento de unos objetivos específicos. En atención al caso analizado más adelante, se hará hincapié en las obligaciones de los entes territoriales departamentales, distritales y municipales, en relación con el régimen subsidiado. 5.11. Los denominados entes territoriales tienen un rol estratégico, pues cumplen, conforme al artículo 174 de la Ley 100 de 1993, con “funciones de dirección y organización de los servicios de salud para garantizar la salud pública y la oferta de servicios de salud por instituciones públicas, por contratación de servicios o por el otorgamiento de subsidios a la demanda”. Ahora bien, existen tres categorías de entes territoriales: departamental, municipal y distrital. Respecto de esta última, por expresa remisión legal del artículo 45 de la Ley 715 de 2001, tiene un tratamiento muy similar a las dos primeras; por lo que solamente se hará referencia a los entes departamentales y municipales. 5.11.1. El artículo 43 de la Ley 715 de 2001 estipula que les corresponde a los departamentos dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el SGSSS en el territorio de su jurisdicción. Particularmente en materia de aseguramiento, acorde con los numerales 43.4.1. y 43.4.3. ibídem se les asignan dos funciones, la de “Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en la Ley 100 de 1993”; y la de “Cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable”. Como se indicó en la sentencia T-021 de 2021, la Ley 1438 de 2011 introdujo una importante reforma en lo que tuvo que ver con la unificación de planes de beneficios, universalidad en el aseguramiento y la garantía de prestación de servicios en cualquier rincón del país, en un marco de sostenibilidad financiera. Es así que los entes territoriales asumieron de manera exclusiva la administración del régimen subsidiado y, por tanto, el control de la afiliación garantizando el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud[75]. Asimismo, cumplen con la función de “Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas”[76]. 5.11.2. El artículo 44 de la Ley 715 de 2001 da unos lineamientos relacionados con las competencias de los municipios en materia de asegurabilidad, como los enunciados en los numerales 44.2.1. y 44.2.2. ibídem, según los cuales deben “Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin”; e “identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia”. 5.12. Por la problemática conocida de desplazamiento masivo del vecino país de colombianos y venezolanos, que fue expuesta de manera general por la sentencia C-670 de 2015[77] que declaró la exequible el Decreto 1770 del 2015 “por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”, y de manera particular por la sentencia SU-677 de 2017, providencia que inició la línea jurisprudencial en materia de protección del derecho a salud de población venezolana en situación irregular[78], se ha hecho una reconfiguración normativa armonizando algunas normas internas con el fin de cumplir los mandatos superiores en razón al nuevo escenario social de la crisis humanitaria generada por la masiva migración de venezolanos. 5.13. Así, en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud se incluye como población vulnerable a los migrantes colombianos y a su núcleo familiar que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, para vincularlos de manera prioritaria al régimen subsidiado. Además, se expidió el Decreto 866 de 2017, por el cual se impone al Ministerio de Salud y Protección Social la distribución de excedentes financieros de la Subcuenta del FOSYGA, para que los entes territoriales cubran el pago de atenciones iniciales de urgencias de migrantes de países vecinos bajo ciertas restricciones, como: “1. Que corresponda a una atención inicial de urgencias. 2. Que la persona que recibe la atención no tenga subsidio en salud en los términos del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011, ni cuente con un seguro que cubra el costo del servicio. 3. Que la persona que recibe la atención no tenga capacidad de pago. 4. Que la persona que recibe la atención sea nacional de un país fronterizo. 5. Que la atención haya sido brindada en la red pública hospitalaria del departamento o distrito” [79]. 5.14. En la sentencia T-576 de 2019, se sostuvo que es el municipio, como ente territorial, el encargado de la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del SISBÉN, metodología tipo encuesta diseñada y validada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la identificación de los hogares, familias e individuos más pobres como potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado, bajo unos parámetros que atienden la condición económica de la persona, sus ingresos, nivel educativo, tamaño del grupo familiar, situación sanitaria y geográfica de la vivienda, entre otras. De la prestación de servicios en salud a niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular, diferente a la atención inicial de urgencia. 5.15. El artículo 2.1.3.5. del Decreto 780 de 2016 “Único Reglamentario del sector salud” contempla como requisito de afiliación para menores de tres meses a siete años, el registro civil de nacimiento. Pero si se trata de un extranjero, el documento requerido podrá ser el pasaporte, carné diplomático o salvoconducto de permanencia, según corresponda. Así pues, la afiliación al SGSSS, conforme los artículos 2.1.3.1., 2.1.3.2. y 2.1.3.4. del Decreto 780 de 2016, es “un acto que se realiza por una sola vez, por medio del cual se adquieren los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, mediante la suscripción del formulario físico o electrónico que adopte el Ministerio”. Ahora bien, son varias las alternativas que nuestra legislación ha dado a aquel sector específico de los migrantes del vecino país, como la de la Resolución 5797 de 2017 que creó el Permiso especial de Permanencia, PEP, alternativa a la que accederán únicamente los extranjeros que ingresen de manera regular, por un punto de control migratorio. En su momento esta Corporación afirmó que “los migrantes irregulares que busquen recibir atención médica integral adicional, en cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por el orden jurídico interno, deben atender la normatividad vigente de afiliación al SGSSS, tal como ocurre con los ciudadanos nacionales”[80]. 5.16. Adicionalmente, mediante los Decretos 542 y 1288 de 2018, por los cuales se creó y modificó, respectivamente, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV[81], el PEP fue definido como un documento de identificación válido para los venezolanos en territorio colombiano, permitiéndoles permanecer temporalmente en condiciones de normalidad migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes[82]. La oferta institucional en salud del referido decreto adicionalmente estableció que los venezolanos inscritos en el RAMV tienen derecho a ser atendidos por urgencias, programas de vacunación y control prenatal, entre otros[83]. 5.17. En el sentir de la Corte, el Decreto 1288 de 2018 “es una medida para regular la situación de los migrantes que están de forma ilegal en el país. Con ello, se pretende que los ciudadanos venezolanos al registrarse gratuitamente en el RAMV puedan afiliarse a la seguridad social y recibir una atención integral en salud. Quien no regularice, no podrá acceder al servicio integral de salud, limitando la atención únicamente a la unidad de urgencias de las entidades prestadoras de salud”[84]. Así pues, para los extranjeros de paso y/o que no han regularizado su situación migratoria dentro del país, el SGSSS no prevé una cobertura especial que se extienda más allá de la “atención de urgencias”. Ello significa que, en principio, para acceder a un servicio integral en salud se requiere que, previamente, los migrantes venezolanos se presenten ante la autoridad migratoria a fin de obtener un documento válido de identificación que les permita su afiliación al sistema[85]. Recategorización jurisprudencial relacionada con la atención en salud de la población venezolana en situación migratoria irregular con énfasis en los menores de edad 5.18.  La sentencia T-452 de 2019 menciona una línea jurisprudencial que inicia con la sentencia T-314 de 2016[86] y continua con la sentencia SU-677 de 2017[87], en tratándose de casos en los cuales los accionantes, extranjeros en situación irregular, han solicitado atención médica de algún tipo más allá del servicio de urgencias, en donde se les insiste en el deber que les asiste de normalizar su condición migratoria, a fin de tramitar la afiliación al SGSSS y así, tener pleno acceso al Plan de Beneficios en Salud (PBS) para tratar íntegramente una enfermedad específica. Recalca esta jurisprudencia que el proceso de afiliación tiene una serie de requisitos, sin que exista trato discriminatorio alguno, para nacionales y para extranjeros. 5.18.1. De la línea jurisprudencial en comento, la Corte inicialmente conoció casos donde no habían menores de edad y de situación migratoria diferente a la venezolana, como el de la sentencia T-314 de 2016, en que se analizó el caso de un extranjero con diabetes que procedía de Argentina, que después de practicársele una cirugía de urgencias en el brazo y la pierna derecha a causa de su enfermedad solicitó la autorización de terapias integrales y la entrega de medicamentos, los cuales fueron negados por el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá porque no se encontraba afiliado al SGSSS; en esa ocasión se negó el amparo pues el accionante podía regularizar su situación migratoria a través de varios mecanismos y no lo había hecho. 5.18.2. Por otro lado, la sentencia SU-677 de 2017 analizó el caso de una migrante venezolana en estado de embarazo, a quien le negaron los controles prenatales y la asistencia al parto por no encontrarse afiliada al Sistema de Salud, ello por estar en situación irregular. En dicho fallo se concluyó que el embarazo no era una urgencia, pero sí requería atención de urgencias, porque su salud se encontraba en un alto riesgo por las afecciones físicas y psicológicas derivadas de su estado y de un proceso de migración masiva irregular.  En esa oportunidad, la Corte unificó las reglas sobre la materia al establecer: “(i) el deber del Estado colombiano de garantizar algunos derechos fundamentales de los extranjeros con permanencia irregular en el territorio es limitado; pues deben ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos dentro de ciertos límites de razonabilidad que permiten tratos diferenciados; (ii) todos los extranjeros tienen la obligación de cumplir la Constitución y las leyes establecidas para todos los residentes en Colombia; y (iii) los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias con cargo al régimen subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la vida digna y a la integridad física”. Así mismo, precisó que si un extranjero se encuentra con permanencia irregular en el país, “tiene la obligación de regularizar su situación migratoria para obtener un documento de identificación válido y así iniciar el proceso de afiliación”. En este caso la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado debido a que comprobó que las entidades accionadas suministraron los controles prenatales y atendieron el parto de la accionante[88]. 5.18.3. La sentencia T-705 de 2017 conoció el primer caso de un menor de edad venezolano en condición irregular, diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin[89], que cruzó la frontera junto a sus padres, con el único fin de recibir atención por el servicio de urgencias en una ciudad fronteriza, pues en su país no se garantizaba su salud. En esa ocasión, la decisión de primera instancia había concedido de manera transitoria la tutela, garantizándole todo el tratamiento; sin embargo, la Sala de Revisión revocó para amparar parcialmente el derecho, en parte porque los servicios de alojamiento, transporte y alimentación de la madre, no hacían parte de esa ‘atención inicial de urgencias’. 5.18.4. En la sentencia T-210 de 2018, la Corte estudió dos casos acumulados de migrantes venezolanos, en permanencia irregular en Colombia, quienes pedían acceso al sistema de salud. En el segundo de ellos, se analizó el caso de un niño venezolano, que tenía una hernia inguinal y una hernia umbilical, por lo que requería de valoración y atención por cirugía pediátrica. En el fallo citado, la Corte sostuvo que “la ‘atención de urgencias’ puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto, sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la vida”. En consecuencia, la Corte accedió al amparo solicitado porque la atención mínima a la que tienen derecho los migrantes regularizados o no va más allá de preservar los signos vitales y puede cobijar la atención de enfermedades catastróficas o la realización de quimioterapias o cirugías, siempre y cuando se demuestre la urgencia de las mismas. 5.18.5. La sentencia T-348 de 2018 estudió el caso de un adulto venezolano con permanencia irregular en territorio nacional, quien solicitaba la entrega de medicamentos antirretrovirales para tratar su VIH. La Corte le negó el amparo deprecado, por no cumplir con las reglas trazadas; pues la entrega de medicamentos excede la atención inicial en urgencias a que tienen derecho los extranjeros. No obstante, recordó que el concepto de urgencias puede llegar a incluir en casos especiales procedimientos o intervenciones médicas, siempre y cuando se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente[90]. 5.18.6. También se encuentra la sentencia T-197 de 2019, en donde la Corporación amparó los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de un venezolano, porque la secretaría de salud municipal y la respectiva secretaría de salud departamental no brindaron la atención médica para tratar su cáncer. En este caso se reiteraron las reglas jurisprudenciales ya descritas y se destacó que sin perjuicio de la atención urgente, los migrantes irregulares -que busquen recibir atención médica integral adicional-, en cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución y la ley, deben atender la normativa vigente de afiliación al sistema de salud como ocurre con los ciudadanos nacionales, para lo cual es necesaria la regularización inmediata de la situación migratoria. 5.19. De esta línea jurisprudencial, no cabe duda que la protección dada por la Corte se otorga en virtud del concepto de persona y de la definición de atención inicial de urgencias y todo lo que se derive de esta; como por ejemplo en el caso del niño de dos años con la hernia inguinal escrotal gigante, a quien se le autorizó la cirugía por urgencia vital[91]. 5.20. Ahora bien, la sentencia T-705 de 2017 (ver supra 5.18.3) es la que inicia una sublínea para el caso de menores de edad en condición migratoria irregular, donde es indudable la conceptualización del derecho a la salud, en razón al principio de solidaridad en el marco de la crisis humanitaria por la masiva migración de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano, incluyendo por primera vez el análisis de la prevalencia del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, siendo prioridad absoluta la participación solidaria de las entidades y la sociedad[92]. 5.21.En este repaso jurisprudencial, se presentan otros casos en los que, que por efecto de la acumulación de expedientes, a pesar de la unidad de materia, no pueden ubicarse dentro de una categoría específica, porque estudia indistintamente casos de menores con adultos; como por ejemplo en las sentencias T-210 de 2018 (ver supra 5.18.4) y T-452 de 2019 Esta última analizó bajo las mismas reglas jurisprudenciales cuatro casos, uno de ellos que involucró a un menor de edad de 12 años en situación irregular, al que se le diagnosticó un tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la faringe, que requería la práctica de un TAC de senos paranasales, con el fin de determinar la conducta a seguir. En esa oportunidad, la Corte declaró la carencia actual del objeto al constatar que el tratamiento se venía brindado en cumplimiento de otro fallo de tutela; de todas formas, se advirtió que una adecuada atención de urgencias supone, en algunas situaciones concretas, emplear “(…) todos los medios necesarios y disponibles para estabilizar la situación de salud del paciente, preservar su vida y atender sus necesidades básicas”[93]. 5.22. En conclusión, tal como se sostuvo en la sentencia T-021 de 2021 que reitero el fallo T-390 de 2020, para el caso de los adultos migrantes en situación irregular que tienen la intención de hacer uso de los servicios en salud en territorio nacional, las reglas de contenido normativo aplicables son una carga constitucionalmente admisible y razonable a la luz de su calidad de migrantes. No obstante, en el caso de los menores de edad extranjeros irregulares que padecen una enfermedad que requiere un tratamiento, dicha carga resulta desproporcional, no solo por su condición de menores, sino también por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran a causa de: (i) su patología y (ii) haber salido repentinamente de su lugar de origen. Al respecto, recuerda la Sala que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que la garantía de sus derechos es prevalente, máxime cuando, por sus condiciones físicas o mentales, se hallan en situación de debilidad manifiesta[94]. 5.23. Por ende, a partir de la sentencia T-178 de 2019[95], que conoció el caso de un bebe de algunos meses, al que se le negó la afiliación debido a que sus padres se encontraban en situación migratoria irregular, se afirmó que no es imputable a los menores extranjeros su condición de “irregular” en el territorio colombiano y que, como consecuencia de ello, carezcan del correspondiente permiso que exige la ley para ser afiliados al SGSSS. En otras palabras, no es dable endilgar algún tipo de responsabilidad a los niños, niñas y adolescentes por la situación que provocaron sus padres o representantes legales, que por la falta de diligencia o cuidado no gestionaron oportunamente los trámites administrativos de regularización de su condición migratoria y la de sus hijos. Situación que no puede traer como consecuencia el menoscabo de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de los menores. Pues, como ha reiterado la jurisprudencia de esta Corte, en tratándose de niños, niñas y adolescentes, resulta inadmisible culparlos por los efectos adversos derivados de una mala gestión en la defensa de sus derechos[96]. 5.24. Finalmente, la jurisprudencia ha sido consciente de situaciones “límite” y “excepcionales” que han permitido avanzar en una línea de protección que admita una cobertura médica que sobrepase la atención de urgencias para el caso de los extranjeros en situación de irregularidad que padecen de enfermedades graves.  Y para el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros no regularizados, que se ven menoscabados en su salud física y mental, no es deber de los menores asumir una carga pública que, por razones de su edad y su condición de vulnerabilidad derivada de su afección, le es atribuible a sus representantes legales, sin que la falta de diligencia de estos últimos, en lo que se refiere a la legalización de su estado migratorio, pueda proyectarse negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus hijos[97]. 6. Análisis del caso en concreto 6.1. Se desprende del escrito introductorio que la señora Gleivyn Zulvey González Peña instauró acción de tutela, para que se ordene al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander expedir a favor de su hijo Deiber Jesús Gutiérrez González, de 6 años de edad, de nacionalidad venezolana y en condición migratoria irregular desde el 12 de junio de 2020 (debido al vencimiento del salvoconducto tipo SC2 y la imposibilidad de renovarlo por la situación del COVID 19), autorización de cita de control por la especialidad de cardiología pediátrica, ecocardiograma trans torácico y afiliación al régimen subsidiado de salud, en razón a su cuadro de atresia pulmonar, comunicación interventricular, verdaderas arterias pulmonares confluentes y colaterales, remanente de arco aórtico izquierdo a manera de ventrículo de Kommerell, falla cardiaca derecha e hipotiroidismo. 6.2. Del trámite de amparo conoció en única instancia el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta que, mediante providencia del 24 de agosto de 2020, negó el amparo del derecho fundamental a la salud. Como fundamento de esta decisión, citó la sentencia T-210 de 2018, para indicar que cuando los migrantes irregulares carezcan de recursos económicos, tienen derecho a recibir la atención de urgencias con cargo al departamento, que en algunos casos “puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas, cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes”. En ese orden de ideas, determinó que al menor Deiber Jesús Gutiérrez se le habían prestado todos los servicios de urgencias en la Clínica Medical Duarte y que en la medida en que el médico en sus órdenes médicas no conceptuó sobre la urgencia de los mismos, no podía concluirse que fueran urgentes, debiendo agotar el trámite que le permita obtener un documento de identificación válido y así afiliarse al sistema. 6.3. Del dossier que contiene el acervo probatorio, la Sala observó que el menor Deiber Jesús, debido a las múltiples patologías (ver supra 6.1) fue sometido a una cirugía cardiovascular el 14 de mayo de 2020 en la Clínica Medical Duarte, en la ciudad de Cúcuta, que implicó la conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, cierre de comunicación interventricular, ligadura de colateral y cierre de comunicación intraauricular, y permanecer hospitalizado hasta su egreso, ocurrido 01 de junio de 2020, instante en el cual le expidieron una orden para que programara una cita de control por la especialidad de cardiología pediátrica y la toma de un ecocardiograma transtorácico. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, que en un comienzo había autorizado la cirugía en mención, decidió negar los controles derivados de esta[98], en razón a que el paciente debía legalizar su estatus migratorio, a pesar de conocer de las medidas restrictivas a la movilidad ocasionadas por el COVID-19 en la época en que sucedieron los hechos y de que se trataba de la salud de un menor de edad, que requiere seguimiento a una cirugía de esas características. 6.4. En el trámite de revisión, en auto del 28 de enero de 2021se vinculó a la entidad Migración Colombia, quien mediante dos escritos[99] se pronunció sobre: (i) los hechos relacionados en la tutela, (ii) la existencia de un trámite en curso para “el reconocimiento de la condición de refugiado” de fecha 11 de febrero de 2021, utilizado para actualizar el salvoconducto tipo SC2 del menor Deiber Jesús Gutiérrez González y su progenitora, y (iii) la no existencia de una dirección de residencia, ni de números celulares de la accionante en territorio colombiano, que hagan presumir un ánimo de permanencia en territorio colombiano. Asimismo, en respuesta del 18 de febrero de 2021, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que, mientras se lleva a cabo la referida renovación del documento Salvoconducto SC2, la cual parece no tener plazo acorde con lo anotado por esta, la accionante y su hijo cuentan con una tarjeta de tránsito fronterizo o tarjeta de movilidad fronteriza que les permite circular por varios puestos de control migratorios tales como el de Paraguachón, Simón Bolívar o Puerto Santander, permiso que no otorga derecho alguno. 6.5. En un juicioso ejercicio de análisis de valoración del material probatorio, la Sala considera que la entidad accionada, Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, desconoció el derecho fundamental a la salud del menor Deiber Jesús Gutiérrez, puesto que se negó a autorizarle de manera expresa los servicios médicos (cita de control por cardiología pediátrica y examen de ecocardiograma transtorácico) que la doctora Sandra Flórez prescribió al egreso del paciente, el 01 de junio de 2020, como consecuencia directa del seguimiento o controles que debió hacerse dentro del mes siguiente a la intervención de corazón, que fue asumida al considerarse una atención de urgencias. De esta manera, tal como se estableció en la sentencia T-210 de 2018, la atención de urgencias debe verse con un enfoque de derechos humanos y de manera integral; esto quiere decir que el procedimiento efectuado requiere de un seguimiento mínimo por parte de los especialistas, que no se da ni más ni menos, que con la consulta al cardiólogo pediatra y con la toma de un ecocardiograma transtorácico. 6.6. Por tanto, no es admisible el argumento invocado por el ente accionado, que habiendo autorizado la cirugía de corazón que necesitaba con urgencia el niño Deiber Jesús, niegue los servicios ordenados, por el mero hecho de que el menor no cuente con un documento de identificación válido que sirva para afiliarse al SGSSS; puesto que denota una posición legalista que no atiende los postulados del interés superior del menor trazados por la jurisprudencia y la Constitución Política,  tal como se expuso en la parte motiva de la presente providencia. En este sentido, como se reiteró en la sentencia T-021 de 2021: “el Estado está en la obligación de prestar los servicios de salud a los menores de edad que sufren de algún tipo de afección física y mental y de garantizarles un tratamiento integral, adecuado y especializado conforme a la enfermedad padecida, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes migrantes, a pesar de que no se encuentren regularizados en el país y, en consecuencia, no estén vinculados al SGSSS”. 6.7. A partir de lo decantado por la jurisprudencia, respecto de los menores de edad extranjeros en condición migratoria irregular, la falta de diligencia o cuidado de sus padres o representantes legales, por no haber gestionado oportunamente los trámites para legalizar la condición migratoria y adelantar la afiliación al SGSSS de sus hijos, o como ocurrió en este caso, que la situación se dio, por la conocida pandemia provocada por el COVID-19, no puede resultar en la no prestación de los servicios que los menores requieren con necesidad. 6.8. En aras de preservar la salud del menor Deiber Jesús, acorde con la historia clínica aportada y del trámite surtido en sede constitucional, en aplicación a las reglas fijadas por la jurisprudencia en la materia, la Corte tutelará el derecho a la salud del afectado y, en consecuencia, ordenará al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander que autorice la cita de control por la especialidad de cardiología pediátrica y el examen ecocardiograma transtorácico, con el fin de garantizar el cubrimiento de los servicios médicos que requiere con necesidad para el tratamiento de sus enfermedades. Asimismo, se instará al Personero Municipal de Cúcuta para que, vigile el cumplimiento de la presente providencia y, en caso de establecer algún incumplimiento, interponga las acciones constitucionales y legales a que hubiere lugar; y, acompañe a la accionante para realizar todos los trámites pertinentes para su regularización y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 6.9. Por otro lado, no se encontró vulnerado el derecho a la seguridad social, ya que la regulación en esta materia establece por igual y sin discriminación  requisitos cuyos destinatarios son los colombianos y los migrantes sin importar su estatus migratorio; en ese sentido, se tiene que la accionante presentó solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado el día 11 de febrero de 2021, según lo anotado por Migración Colombia en sede constitucional, lo que le permitirá obtener la renovación del salvoconducto tipo SC2, el que le da la posibilidad de afiliarse al SGSSS. En este caso, lo que sí llamó la atención, es que la Unidad Administrativa Especial no tenga establecido un término para pronunciarse sobre la petición efectuada por Gleivyn Zulvey González Peña, por lo que la Sala Ordenará a Migración Colombia, si aún no lo ha hecho, que en un plazo de un (1) mes a partir de la notificación de la presente sentencia, se pronuncie de fondo respecto de la solicitud radicada en la fecha arriba mencionada. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de única instancia del 24 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta, que negó el amparo del derecho fundamental a la salud, y en su lugar, protegerá el derecho fundamental a la salud del menor Deiber Jesus Gutiérrez González, vulnerado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero. - REVOCAR la sentencia de única de instancia proferida el 24 de agosto de 2020 por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta, que negó la protección de los derechos fundamentales invocados, y en su lugar CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la salud del menor Deiber Jesús Gutiérrez González, vulnerado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Asimismo, NEGAR el amparo respecto del derecho a la seguridad social, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.- ORDENAR al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación de la presente decisión, autorice al  menor Deiber Jesús Gutiérrez González cita con la especialidad de cardiología pediátrica y examen de ecocardiograma transtorácico que le fueran ordenados por el médico tratante, los cuales deberán realizarse dentro de los diez (10) siguientes a la autorización, para así garantizar el cubrimiento de los servicios médicos que requiere con necesidad para el tratamiento de sus patologías. Tercero.- ADVERTIR al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para que, en lo sucesivo, se abstenga de negar el acceso a los servicios de salud del menor Deiber Gutiérrez con respecto al tratamiento de sus padecimientos coronarios de conformidad con la prescripción de su médico tratante. Cuarto. -ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a que, en un plazo de un (1) mes a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, se pronuncie de fondo respecto de la solicitud radicada el 11 de febrero de 2021 por la accionante Gleivyn Zulvey González Peña. Quinto. INSTAR al Personero Municipal de Cúcuta para que, vigile el cumplimiento de la presente providencia y, en caso de evidenciar algún incumplimiento, interponga las acciones constitucionales y legales a que hubiere lugar. Así como, acompañar a la accionante para realizar todos los trámites pertinentes para su regularización y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sexto- DESVINCULAR a la Clínica Medical Duarte y a la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta del proceso de tutela surtido. Séptimo. - Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] La Sala de Selección de Tutelas Número Siete la integraron los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos. [2] Página 24 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [3] La página web ‘Medline Plus’ define la atresia pulmonar como una enfermedad cardíaca congénita en la cual la válvula pulmonar no se forma de manera apropiada. La válvula pulmonar es una abertura en el lado derecho del corazón que regula el flujo de sangre desde el ventrículo derecho (cámara de bombeo del lado derecho) hacia los pulmones. En la atresia pulmonar, las valvas de la válvula están fusionadas. Esto hace que se forme una capa sólida de tejido donde debería estar la abertura de la válvula. Como consecuencia, el flujo normal de sangre a los pulmones se bloquea. Debido a este defecto, la sangre del lado derecho del corazón no puede llegar a los pulmones para recoger oxígeno. [4] La comunicación interventricular es un orificio en el corazón y constituye un defecto cardíaco frecuente que está presente al momento del nacimiento. El defecto se presenta en la pared (tabique) que separa las cavidades inferiores del corazón (ventrículos) y permite que la sangre pase del lado izquierdo al derecho del corazón. Luego, la sangre rica en oxígeno se bombea de regreso a los pulmones y no hacia el cuerpo, por lo que el corazón debe trabajar más intensamente. [5] Una anomalía anatómica del cayado aórtico y de los troncos supra aórticos. También llamado Arco aórtico derecho con arteria subclavia aberrante. [6] En palabras sencillas, la insuficiencia cardiaca es una afección en la cual el corazón no puede bombear la cantidad de sangre que el cuerpo necesita. La insuficiencia cardiaca no significa que el corazón se ha detenido o está por dejar de funcionar. Indica que el corazón no puede bombear la sangre de la manera que debería hacerlo. (https://medlineplus.gov/spanish/heartfailure.html) [7] Página 24 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [8] Página 27 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [9] Ibídem. [10] Página 35 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [11] Página 36 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [12] Ibídem. [13] A diferencia del ecocardiograma transtorácico, en el ecocardiograma transesofágico el transductor (dispositivo que tiene la capacidad de transformar una determinada manifestación de energía de entrada, en otra diferente de salida), no se apoya sobre el tórax, sino que se introduce en forma de sonda por el esófago. Suele ser la continuación de la ecocardiografía transtorácica y aporta mucha más información, por lo que, a pesar de ser más invasiva y requerir más tiempo, puede ser necesaria. [14] Es el tipo más frecuente de ecocardiograma. No provoca dolor ni molestias y consiste en la colocación externa del transductor en la pared torácica para ir observando las diferentes partes del corazón. No requiere preparación alguna y se puede hacer vida normal antes y después de la prueba. [15] Página 51 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [16] Página 45 a 47 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.896.006. [17] En esa ocasión, la Corte estudió el caso de un ciudadano argentino, a quien se le había diagnosticado diabetes y requería de terapias integrales y medicamentos como consecuencia de una cirugía que se le realizó en el brazo y pierna del lado derecho. Como temas objeto de estudio, en su momento se analizó la universalidad del derecho a la salud, los tipos de visas y las formas de regularizar la estadía en el país, e igualmente se pronunció sobre las obligaciones de las entidades territoriales a la hora de atender a extranjeros no regularizados. [18] Página 51 del archivo PDF Tutela 0308-2020Digitalizada, expediente T-8.006.896. [19] Folios 14 y 15 del cuaderno constitucional, expediente T-7.875.215. [20] Archivo digitalizado, expediente T-8.006.896 [21] Corte Constitucional, sentencias C-483 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-171 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger); T-025 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos); T-576 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger); entre otras. [22] Del perjuicio irremediable en salud, pueden consultarse las sentencias T-036 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo); T-436 de 2019 (MP Antonio José Lizarazo), T-375 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); T-003 de 2020 (MP Diana Fajardo Rivera); entre otras. [23] El inciso 1º del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia señala que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. También, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 le brinda la posibilidad a esa persona de agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no está en posibilidad de ejercer su propia defensa. [24] Corte Constitucional, sentencia SU-677 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Alejandro Linares Cantillo, Diana Fajardo Rivera; SPV Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos; SV Antonio José Lizarazo Ocampo). [25] Corte Constitucional, sentencias T-210 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); T-010 de 2019 y T-006 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger); T-025 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos); [26] Corte Constitucional, sentencias T-266 de 2014 y T-029 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos); T-576 de 2019 y T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [27] Corte Constitucional, sentencia T-021 de 2021 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [28] Al respecto, ver artículo 83 de la Constitución Política. [29] Corte Constitucional, sentencia T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [30] Corte Constitucional, sentencias T-579 de 2019 y T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [31] Corte Constitucional, Sentencias T-245 de 2015 (MP Marta Victoria Sáchica Méndez); SU-108 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); SU-184 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos); entre otras. [32] Corte Constitucional, Sentencias T-196 de 2018 y T-010 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger); T-452 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas). [33] Corte Constitucional, Sentencia T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [34] Artículo 41. Función Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, y con las facultades propias de un juez en los siguientes asuntos: a) Cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (Plan Obligatorio de Salud), cuando su negativa por parte de las Entidades Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen ponga en riesgo o amenace la salud del usuario, consultando la Constitución Política y las normas que regulen la materia. [35] M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas. [36] A efectos de profundizar en el tema planteado, se sugiere consultar las sentencias T-425 de 2017, T-117 de 2019, T-576 de 2019 y T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger); T-436 de 2019 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo); T-058 de 2020 (MP Carlos Bernal Pulido). [37] Corte Constitucional, Sentencia SU-508 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas. [38] MP José Fernando Reyes Cuartas. [39] El juez de instancia mencionó las sentencias T314 de 2016 y T-705de2017 [40] Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [41] Corte Constitucional, Sentencia T-196 de 2018 y T-021 de 2021 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [42] Corte Constitucional. Sentencia T-390 de 2020. [43] Corte Constitucional, Sentencias SU-677 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); T-468 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera); Sentencia T-231 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [44] Corte Constitucional, Sentencia T-565 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos). [45] Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (…). Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. [46] Principio II: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño. [47] Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. [48] Artículo 2.2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 12: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. [49] Corte Constitucional, Sentencias T-565 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos); y T- 390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [50] La cual fue adoptada por Colombia, mediante la Ley 12 de 1991. [51] Artículo 24 de la Ley 12 de 1991. [52] Ibídem. [53] Corte Constitucional, Sentencia T-196 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [54] Artículo 13 de la Constitución Política “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. [55] Corte Constitucional, Sentencia T-196 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [56] Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2018 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo). [57] Corte Constitucional, Sentencias T-586 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla); Sentencia T-200 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos); T-705 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas). [58] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [59] “Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida”. [60] “El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades”. [61] Ver literal f), artículo 6° de la Ley 1751 de 2015. [62] MP Alejandro Martínez Caballero. [63] Corte Constitucional, Sentencias T-730 de 1999 y T-618 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). [64] Ley 1438 de 2011, artículo 32. Cuando la persona manifiesta no tener capacidad de pago, “debe ser atendida obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado mediante el mecanismo simplificado que se desarrolle para tal fin. Realizada la afiliación, la Entidad Promotora de Salud, verificará en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles si la persona es elegible para el subsidio en salud. De no serlo, se cancelará la afiliación y la Entidad Promotora de Salud procederá a realizar el cobro de los servicios prestados. Se podrá reactivar la afiliación al Régimen Subsidiado cuando se acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En todo caso el pago de los servicios de salud prestados será cancelado por la Entidad Promotora de Salud si efectivamente se afilió a ella; si no se afilió se pagarán con recursos de oferta a la institución prestadora de servicios de salud, de conformidad con la normatividad general vigente para el pago de los servicios de salud”. [65] Corte Constitucional, Sentencias T-705 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas), T-390 de 2020 y T-021 de 2021 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [66] Corte Constitucional, Sentencia SU-677 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [67] Ver, Palacios Sanabria, M., Los derechos de los extranjeros como límite a la soberanía de los Estados, 23 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, Págs.: 319-352 (2013). [68] Corte Constitucional, Sentencia C-725 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldan). [69] MP Gloria Stella Ortiz Delgado. [70] Corte Constitucional, Sentencias T-210 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado. [71] Corte Constitucional, SentencT-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [72] En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias T-390 de 2020 y T-021 de 2021 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [73] El artículo 157 de la ley 100 de 1993 establecía una tercera modalidad para acceder al SGSSS y eran los denominados vinculados al sistema, figura que desapareció con la expedición de la ley 1438 de 2011. [74] Corte Constitucional, Sentencia T-576 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [75] Ver artículos 1, 2, y 29 de la Ley 1438 de 2011. [76] Ver artículo 43.2.1. de la Ley 715 de 2001. [77] MP María Victoria Calle Correa. [78] Algunas otras sentencias que pueden ser consultadas son la T-705 de 2017 (MP José Fernando Reyes), T-210 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz), T-025 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos). [79] Corte Constitucional, sentencias T-452 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas); T-565 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos). [80] Corte Constitucional, Sentencia T-197 de 2019 (MP Diana Rivera Fajardo). [81] Por medio del cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos". Dicho Decreto fue reglamentado por la Resolución 6370 de 2018. [82] Corte Constitucional, Sentencia T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [83] Corte Constitucional, Sentencia T-576 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [84] Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas). [85] Corte Constitucional, Sentencia T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [86] MP Gloria Stella Ortiz Delgado. [87] Corte Constitucional, T-705 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas); T-210 de 2018 (Gloria Stella Ortiz Delgado); T-197 de 2019 (MP Diana Fajardo Rivera); T-452 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas); T-565 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos); T-576 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger); T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [88] Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas). [89] La American Cancer Society, define el Linfoma de Hodgkin, como un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, por el crecimiento descontrolado de un tipo de células denominadas linfocitos B. [90] Sobre el mismo tema, también puede consultarse la sentencia T-025 de 2019 (MP Alberto Rojas Ríos). [91] Corte Constitucional, Sentencia T-210 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [92] Sobre la protección de derecho fundamental a la salud en menores de edad puede consultarse las sentencias T-576 de 2019, T-390 de 2020 y T-021 de 2021, todas con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger [93] Sentencia T-452 de 2019 (MP José Fernando reyes Cuartas). [94] MP Cristina Pardo Schlesinger. [95] MP Cristina Pardo Schlesinger. [96] Corte Constitucional, Sentencia T-390 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [97] Corte Constitucional, Sentencia T-021 de 2021 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [98] Debe mencionarse que el procedimiento negado por el ente accionado fue el ecocardiograma transesofágico y no el de ecocardiograma transtorácico como venía originalmente en la formula médica. [99] El primero de ellos se dio en el auto de vinculación pronunciándose sobre los hechos de la tutela; y un segundo escrito se radico durante el término de traslado del Artículo 64 del Reglamento Interno de esta Corporación.

C-022-21 Sentencia C-022/21 Referencia: Expediente D-13.743 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". Magistrada Sustanciadora CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mi veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda demandó la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". La demanda fue radicada con el número D-13.743. 2. La Sala Plena en sesión del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), previo sorteo de rigor remitió el asunto al Despacho de la suscrita Magistrada para impartir el trámite correspondiente.[1] 3. Mediante auto del 12 de junio de 2010, teniendo en cuenta lo establecido por la Sala Plena en el Auto 121 de 2020, la magistrada admitió el cargo formulado por el actor contra la integralidad de la Ley 1996 de 2019 por desconocer presuntamente los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. En este mismo auto el despacho procedió a: (i) comunicar el presente proceso a la Presidencia de la República, al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Salud y Protección Social, para que en el término establecido en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, expresaran lo que estimaran conveniente; (ii) fijar en lista la norma acusada, por el término de diez (10) días, con el fin de otorgar la oportunidad a todos los ciudadanos de impugnarla o defenderla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991; (iii) invitar a la Defensoría del Pueblo –Delegadas para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad e Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-, a PAIIS – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social,  a la Fundación Saldarriaga Concha, al Instituto Nacional de Sordos – INSOR, al Instituto Nacional para Ciegos – INCI, a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario –Grupo de Acciones Públicas-, la Icesi de Cali –Grupo de Acciones Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran en este proceso de constitucionalidad dentro del término de fijación en lista; y finalmente, (vi) dar traslado de la presente demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley (art. 7o. Decreto 2067 de 1991). 4.       A continuación se transcribirá la norma cuyo cargo fue admitido por el despacho sustanciador. II. NORMA DEMANDADA LEY 1996 DE 2019 (agosto 26) Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019 RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El Congreso de Colombia DECRETA: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 2o. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. La presente ley debe interpretarse conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia que integren el bloque de constitucionalidad y la Constitución colombiana. No podrá restringirse o menoscabar ninguno de los derechos reconocidos y vigentes en la legislación interna o en instrumentos internacionales, aduciendo que la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se utilizarán las siguientes definiciones: 1. Actos jurídicos. Es toda manifestación de la voluntad y preferencias de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. 2. Actos jurídicos con apoyos. Son aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo formal. 3. Titular del acto jurídico. Es la persona, mayor de edad, cuya voluntad y preferencias se manifiestan en un acto jurídico determinado. 4. Apoyos. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. 5. Apoyos formales. Son aquellos apoyos reconocidos por la presente ley, que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular del acto jurídico determinado. 6. Ajustes razonables. Son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o Indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 7. Valoración de apoyos. Es el proceso que se realiza, con base en estándares técnicos, que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal. 8. Comunicación. El concepto de comunicación se utilizará en la presente ley para incluir sus distintas formas, incluyendo pero no limitado a, la lengua de señas colombiana, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 9. Conflicto de interés. Situación en la cual un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona, puede llegar a afectar el desempeño y/o las decisiones imparciales y objetivas de sus funciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS. Los siguientes principios guiarán la aplicación y la interpretación de la presente ley, en concordancia con los demás principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de garantizar la efectiva realización del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad. 1. Dignidad. En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad inherente a la persona con discapacidad como ser humano. 2. Autonomía. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la Constitución, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades públicas y privadas. 3. Primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En los casos en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de la voluntad y preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. 4. No discriminación. En todas las actuaciones se observará un trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo, incluyendo raza, etnia, religión, credo, orientación sexual, género e identidad de género o discapacidad. 5. Accesibilidad. En todas las actuaciones, se identificarán y eliminarán aquellos obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley. 6. Igualdad de oportunidades. En todas las actuaciones se deberá buscar la remoción de obstáculos o barreras que generen desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. 7. Celeridad. Las personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, tienen derecho a acceder a estos sin dilaciones injustificadas, por lo que los trámites previstos en la presente ley deberán tener una duración razonable y se observarán los términos procesales con diligencia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 5o. CRITERIOS PARA ESTABLECER SALVAGUARDIAS. Las salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Todas estas deberán regirse por los siguientes criterios: 1. Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. 2. Correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona. 3. Duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto jurídico deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo. Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en la presente ley. 4. Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo para la realización de actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica, entre otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 4o de la presente ley, respetando siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con independencia de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Así mismo, las personas que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la decisión. Se considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 7o. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. CAPÍTULO II. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 9o. MECANISMOS PARA ESTABLECER APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos. Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos: 1. A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestarán apoyo en la celebración del mismo; 2. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 10. DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS. La naturaleza de los apoyos que la persona titular del acto jurídico desee utilizar podrá establecerse mediante la declaración de voluntad de la persona sobre sus necesidades de apoyo o a través de la realización de una valoración de apoyos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 11. VALORACIÓN DE APOYOS. La valoración de apoyos podrá ser realizada por entes públicos o privados, siempre y cuando sigan los lineamientos y protocolos establecidos para este fin por el ente rector de la Política Nacional de Discapacidad. Cualquier persona podrá solicitar de manera gratuita el servicio de valoración de apoyos ante los entes públicos que presten dicho servicio. En todo caso, el servicio de valoración de apoyos deberán prestarlo, como mínimo, la Defensoría del Pueblo, la Personería, los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en el caso de los distritos. Los entes públicos o privados solo serán responsables de prestar los servicios de valoración de apoyos, y no serán responsables de proveer los apoyos derivados de la valoración, ni deberán considerarse responsables por las decisiones que las personas tomen, a partir de la o las valoraciones realizadas. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 12. LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIÓN DE APOYOS. El Gobierno nacional, a través del ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, expedirá los lineamientos y el protocolo nacional para la realización de la valoración de apoyos, referida en el artículo 11, los cuales deben actualizarse periódicamente. Adicionalmente, aprobará y ejecutará un plan de capacitación sobre los mismos, previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, dirigido a las entidades públicas encargadas de realizar valoraciones de apoyos. PARÁGRAFO. Para la construcción de estos lineamientos se contará con la participación de las entidades a las que se refiere el artículo 11 de la presente ley y se garantizará la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 13. REGLAMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALORACIÓN DE APOYOS. El ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior a dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, reglamentará la prestación de servicios de valoración de apoyos que realicen las entidades públicas y privadas. La elaboración de la reglamentación deberá contar con la participación de las entidades públicas que prestarán los servicios de valoración, así como de las organizaciones de y para personas con discapacidad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 14. DEFENSOR PERSONAL. En los casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas de confianza a quién designar con este fin, el juez de familia designará un defensor personal, de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular. CAPÍTULO III. ACUERDOS DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 15. ACUERDOS DE APOYO. Los acuerdos de apoyo son un mecanismo de apoyo formal por medio del cual una persona, mayor de edad, formaliza la designación de la o las personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 16. ACUERDOS DE APOYO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO. Los acuerdos de apoyo deberán constar en escritura pública suscrita por la persona titular del acto jurídico y la o las personas naturales mayores de edad o jurídicas que actúen como apoyos, conforme a las reglas contenidas en el Decreto número 960 de 1970 y aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Previo a la suscripción del acuerdo, el notario deberá entrevistarse por separado con la persona titular del acto jurídico y verificar que el contenido del acuerdo de apoyo se ajuste a su voluntad, preferencias y a la ley. Es obligación del notario garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad. Con anterioridad a la suscripción del acuerdo, el notario deberá poner de presente a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho. PARÁGRAFO 1o. La autorización de la escritura pública que contenga los acuerdos de apoyo causará, por concepto de derechos notariales, la tarifa fijada para los actos sin cuantía. PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará un plan de formación a notarías sobre el contenido de la presente ley y sus obligaciones específicas en relación con los acuerdos de apoyo. Cumplido el anterior plazo, el presente artículo entrará en vigencia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 17. ACUERDOS DE APOYO ANTE CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES EN DERECHO. Los acuerdos de apoyo podrán realizarse ante los conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en los centros de conciliación. Durante la conciliación, el conciliador deberá entrevistarse por separado con la persona titular del acto y verificar que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyos. Es obligación del centro de conciliación garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad. Durante el trámite, el conciliador deberá poner de presente a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho. PARÁGRAFO. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará un plan de formación a conciliadores extrajudiciales en derecho sobre el contenido de la presente ley y sus obligaciones específicas en relación con los acuerdos de apoyo. Cumplido el anterior plazo, el presente artículo entrará en vigencia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 18. DURACIÓN DE LOS ACUERDOS DE APOYO. Ningún acuerdo de apoyo puede extenderse por un período superior a cinco (5) años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos. En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen civil. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 20. TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APOYOS. La persona titular del acto puede terminar de manera unilateral un acuerdo de apoyos previamente celebrado en cualquier momento, por medio de escritura pública o ante los conciliadores extrajudiciales en derecho, dependiendo de la forma en que se haya formalizado el acuerdo. El acuerdo de apoyo puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento, por medio de escritura pública o ante los conciliadores extrajudiciales en derecho y ante los servidores públicos a los que se refiere el artículo 17 de la presente ley, dependiendo de la forma en que se haya formalizado el acuerdo. La persona designada como apoyo deberá comunicar al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo, o que le impidan cumplir con sus funciones. PARÁGRAFO 1o. La muerte de la persona titular del acto jurídico dará lugar a la terminación del acuerdo de apoyos. PARÁGRAFO 2o. La muerte de la persona de apoyo dará lugar a la terminación del acuerdo de apoyos o a su modificación cuando hubiese más de una persona de apoyo. CAPÍTULO IV. DIRECTIVAS ANTICIPADAS. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 21. DIRECTIVAS ANTICIPADAS. Las directivas anticipadas son una herramienta por medio de la cual una persona, mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 22. SUSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA ANTICIPADA. La directiva anticipada deberá suscribirse mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho, siguiendo el trámite señalado en los artículos 16 o 17 de la presente ley, según el caso, para ser válida. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 23. CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS. Las directivas anticipadas deberán constar por escrito y contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 1. Ciudad y fecha de expedición del documento. 2. Identificación de la persona titular del acto jurídico que realiza la directiva y, en caso de estar realizándola con personas de apoyo, la identificación de las mismas. 3. Si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, se deberá dejar constancia de haber discutido con el titular del acto jurídico las consecuencias o implicaciones de los actos incluidos en las directivas para su vida. 4. La manifestación de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la que señale las decisiones anticipadas que busca formalizar. 5. Firma de la persona titular del acto jurídico. 6. Firma de la persona de apoyo o personas de apoyo designadas en la directiva anticipada. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 24. AJUSTES RAZONABLES RELACIONADOS CON LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS. En caso de que la persona titular del acto jurídico requiera ajustes razonables para la suscripción de la directiva anticipada, será obligación del notario o del conciliador extrajudicial en derecho, según sea el caso, realizar los ajustes razonables necesarios. PARÁGRAFO. Las declaraciones de la o las directivas anticipadas podrán ser expresadas mediante cualquier forma de comunicación, y podrá realizarse a través de videos o audios y otros medios tecnológicos, así como a través de lenguajes alternativos de comunicación que permitan establecer con claridad tanto el contenido de la declaración como la autoría, siempre y cuando se realicen en presencia de notario o conciliador extrajudicial en derecho y contengan los elementos de que trata el artículo 23 de la presente ley. De ello se dejará la respectiva constancia en un acta o se elevará a escritura pública, según sea el caso, que sustenta la expresión de la directiva anticipada mediante esta clase de medios. El documento que se levante cumplirá el requisito de constar por escrito al que se refiere el artículo 23 de la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 25. PERSONAS DE APOYO EN DIRECTIVAS ANTICIPADAS. Aquellas personas distintas a la persona titular del acto que adquieran obligaciones de hacer en cumplimiento de la voluntad y preferencias expresadas por medio de una directiva anticipada, y que suscriban la misma, se entenderán como personas de apoyo y estarán sujetas a las reglas de responsabilidad establecidas para estos efectos en la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 26. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES EXPRESADAS POR MEDIO DE UNA DIRECTIVA ANTICIPADA. Las decisiones expresadas con anterioridad al acto jurídico por medio de una directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo designadas a través de la directiva anticipada y que hayan asumido dicho cargo conforme a las reglas del artículo 46 de la presente ley. Las decisiones expresadas a través de una directiva anticipada serán de obligatorio cumplimiento para el tercero, siempre y cuando se trate de obligaciones de no hacer que no sean contrarias a la ley, o cuando verse sobre procedimientos médicos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 27. PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD POSTERIOR DE LA PERSONA TITULAR DEL ACTO. En todo caso, la suscripción de una directiva anticipada no invalida la voluntad y preferencias expresadas por la persona titular del acto con posterioridad a la suscripción de la misma, salvo en aquellos casos en que en ella se estipule una cláusula de voluntad perenne, la cual solo podrá ser anulada por los procedimientos establecidos en el artículo 28 de la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 28. CLÁUSULA DE VOLUNTAD PERENNE. La persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada podrá incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en esta. Dicha cláusula podrá ser modificada, sustituida o revocada conforme a las reglas establecidas en el artículo 31 de la presente ley. PARÁGRAFO. Este tipo de cláusulas solo podrán ser obviadas en decisiones de salud. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD DE LA DIRECTIVA ANTICIPADA. Cualquier persona podrá allegar una copia u original de la directiva anticipada con el fin de que sea tenida en cuenta por terceros con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones expresadas de manera anticipada en la misma. Igualmente, podrá informar sobre la existencia de una directiva anticipada para que los familiares o personas de apoyo puedan realizar los trámites pertinentes y aportar copia u original de la misma ante terceros, de tal manera que se garantice la voluntad y preferencias expresadas por la persona titular del acto jurídico. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 30. INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA ANTICIPADA EN LA HISTORIA CLÍNICA. Cuando la persona titular del acto jurídico que suscriba una directiva anticipada lo desee, podrá solicitar que se incorpore en la historia clínica una copia de la escritura pública o acta de conciliación mediante la cual se constituyó la directiva anticipada, como anexo de la historia clínica, con el fin de garantizar el respeto de las decisiones establecidas en la misma, siempre que las decisiones allí contenidas tengan relación con la atención en salud que decide o no recibir. PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, reglamentará el proceso de incorporación de las directivas anticipadas en la historia clínica de las personas con discapacidad en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN. El documento de directiva anticipada puede ser modificado, sustituido o revocado en cualquier momento por quien lo suscribió, mediante el mismo trámite surtido para su creación, señalando explícitamente la voluntad de modificar, sustituir o revocar la directiva anticipada, según sea el caso, en los siguientes términos: 1. Modificación: El documento de directiva anticipada se entenderá modificado cuando se cambie de manera parcial el contenido de este. 2. Sustitución: El documento de directiva anticipada se entenderá sustituido cuando se le prive de efectos al contenido original, otorgando efectos jurídicos a uno nuevo en su lugar. 3. Revocación: El documento de directiva anticipada se entenderá revocado cuando la persona titular del acto manifieste su voluntad de dejar sin efectos del contenido del mismo de manera definitiva. CAPÍTULO V. ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 32. ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos. La adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley, ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto. Excepcionalmente, la adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico, conforme a los requisitos señalados en el artículo 38 de la presente ley. PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la expedición de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12, diseñará e implementará un plan de formación a jueces y juezas de familia sobre el contenido de la presente ley, sus obligaciones específicas en relación con procesos de adjudicación judicial de apoyos y sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ARTÍCULO 33. VALORACIÓN DE APOYOS. En todo proceso de adjudicación judicial de apoyos se contará con una valoración de apoyos sobre la persona titular del acto jurídico. La valoración de apoyos deberá acreditar el nivel y grados de apoyos que la persona requiere para decisiones determinadas y en un ámbito específico al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quiénes podrán asistir en aquellas decisiones. PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo no superior a un (1) año a partir de la expedición de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12, diseñará e implementará un plan de formación al personal dispuesto para conformar el equipo interdisciplinario de los juzgados de familia con el fin de asesorar al juez respecto de la valoración de apoyos que se allegue al proceso y velar por el cumplimiento de la Convención en la decisión final. ARTÍCULO 34. CRITERIOS GENERALES PARA LA ACTUACIÓN JUDICIAL. En el proceso de adjudicación de apoyos, el juez de familia deberá tener presente, además de lo dispuesto en la presente ley, los siguientes criterios: 1. En los procesos de adjudicación judicial de apoyos se deberá tener en cuenta y favorecer la voluntad y preferencias de la persona titular del acto frente al tipo y la intensidad del apoyo para la celebración del mismo. La participación de la persona en el proceso de adjudicación es indispensable, so pena de nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en el artículo 38 de la ley. 2. Se deberá tener en cuenta la relación de confianza entre la persona titular del acto y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de los mismos. 3. Se podrán adjudicar distintas personas de apoyo para distintos actos jurídicos en el mismo proceso. 4. La valoración de apoyos que se haga en el proceso deberá ser llevada a cabo de acuerdo a las normas técnicas establecidas para ello. 5. En todas las etapas de los procesos de adjudicación judicial de apoyos, incluida la de presentación de la demanda, se deberá garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad. ARTÍCULO 35. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN PRIMERA INSTANCIA EN LA ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS. Modifíquese el numeral 7 contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012, quedará así. “Artículo 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos: 7. De la adjudicación, modificación y terminación de apoyos adjudicados judicialmente”. ARTÍCULO 36. ADJUDICACIÓN DE APOYOS SUJETO A TRÁMITE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Modifíquese el numeral 6 del artículo 577 de la Ley 1564 de 2012, así: “Artículo 577. Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes casos: 6. La adjudicación, modificación o terminación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 37. ADJUDICACIÓN DE APOYOS EN LA TOMA DE DECISIONES PROMOVIDO POR LA PERSONA TITULAR DEL ACTO JURÍDICO. El artículo 586 de la Ley 1564 de 2012 quedará así: “Artículo 586. Adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico. Para la adjudicación de apoyos promovida por la persona titular del acto jurídico, se observarán las siguientes reglas: 1. En la demanda que eleve la persona titular del acto jurídico deberá constar su voluntad expresa de solicitar apoyos en la toma de decisiones para la celebración de uno o más actos jurídicos en concreto. 2. En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del acto jurídico por parte de una entidad pública o privada. 3. En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez considere que el informe de valoración de apoyos aportado por la persona titular del acto jurídico es insuficiente para establecer apoyos para la realización del acto o actos jurídicos para los que se inició el proceso, el Juez podrá solicitar una nueva valoración de apoyos u oficiar a los entes públicos encargados de realizarlas, en concordancia con el artículo 11 de la presente ley. 4. En todo caso, como mínimo, el informe de valoración de apoyos deberá consignar: a) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en los aspectos que la persona considere relevantes. b) Los ajustes procesales y razonables que la persona requiera para participar activamente del proceso. c) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas. d) Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida, y en especial, para la realización de los actos jurídicos por los cuales se inició el proceso. e) Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona. 5. En el auto admisorio de la demanda se ordenará notificar a las personas que hayan sido identificadas como personas de apoyo en la demanda. 6. Recibido el Informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público. 7. Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere necesarias y convocará a audiencia para escuchar a la persona titular del acto jurídico, a las personas citadas en el auto admisorio y para practicar las demás pruebas decretadas, en concordancia con el artículo 34 de la presente ley. 8. Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar: a) El acto o actos jurídicos delimitados por la sentencia que requieren el apoyo solicitado. b) La individualización de la o las personas designadas como apoyo. c) La delimitación de las funciones de la o las personas designadas como apoyo. d) Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona. e) En ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso. f) Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona. 9. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa, se niega a ser designado como apoyo, o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo”. ARTÍCULO 38. ADJUDICACIÓN DE APOYOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PROMOVIDA POR PERSONA DISTINTA AL TITULAR DEL ACTO JURÍDICO. El artículo 396 de la Ley 1564 de 2012 quedará así: “Artículo 396. En el proceso de adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovido por persona distinta al titular del acto jurídico se observarán las siguientes reglas: 1. La demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. Esto se demostrará mediante la prueba de las circunstancias que justifican la interposición de la demanda, es decir que a) la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, y b) que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero. 2. En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del acto jurídico por parte de una entidad pública o privada. 3. En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez considere que el informe de valoración de apoyos aportado por el demandante es insuficiente para establecer apoyos para la realización del acto o actos jurídicos para los que se inició el proceso, el Juez podrá solicitar una nueva valoración de apoyos u oficiar a los entes públicos encargados de realizarlas, en concordancia con el artículo 11 de la presente ley. 4. El informe de valoración de apoyos deberá consignar, como mínimo: a) La verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. b) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas. c) Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la persona frente al acto o actos jurídicos concretos que son objeto del proceso. d) Un informe general sobre la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico que deberá tener en consideración, entre otros aspectos, el proyecto de vida de la persona, sus actitudes, argumentos, actuaciones anteriores, opiniones, creencias y las formas de comunicación verbales y no verbales de la persona titular del acto jurídico. 5. Antes de la audiencia inicial, se ordenará notificar a las personas identificadas en la demanda y en el informe de valoración de apoyos como personas de apoyo. 6. Recibido el informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público. 7. Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere necesarias y convocará a audiencia para practicar las demás pruebas decretadas, en concordancia con el artículo 34 de la presente ley. 8. Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar: a) El acto o actos jurídicos delimitados que requieren el apoyo solicitado. En ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso. b) La individualización de la o las personas designadas como apoyo. c) Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona. d) La delimitación de las funciones y la naturaleza del rol de apoyo. e) La duración de los apoyos a prestarse de la o las personas que han sido designadas como tal. f) Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona. 9. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa, se niega a aceptar sus obligaciones o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo”. ARTÍCULO 39. VALIDEZ DE LOS ACTOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DE APOYOS. La persona titular del acto jurídico que tenga una sentencia de adjudicación de apoyos ejecutoriada para la celebración de determinados actos jurídicos deberá utilizar los apoyos allí estipulados en el momento de la celebración de dichos actos jurídicos como requisito de validez de los mismos. En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados en la sentencia de adjudicación de apoyos sin utilizar los apoyos allí estipulados, dichos actos jurídicos serán sancionables con nulidad relativa. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores. ARTÍCULO 40. PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público tendrá la obligación de velar por los derechos de las personas con discapacidad en el curso de los procesos de adjudicación judicial de apoyos y supervisará el efectivo cumplimiento de la sentencia de adjudicación de apoyos. ARTÍCULO 41. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS APOYOS ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. Al término de cada año desde la ejecutoria de la sentencia de adjudicación de apoyos, la persona o personas de apoyo deberán realizar un balance en el cual se exhibirá a la persona titular de los actos ejecutados y al Juez: 1. El tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo injerencia. 2. Las razones que motivaron la forma en que prestó el apoyo, con especial énfasis en cómo estas representaban la voluntad y preferencias de la persona. 3. La persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el titular del acto jurídico. PARÁGRAFO. Quienes estén interesados en ser citados a participar de la gestión de apoyos deberán informar al Juez a más tardar diez (10) días hábiles antes del cierre del año del que trata el inciso anterior, a efectos de que el Juez les comunique la fecha de la audiencia. El no solicitar oportunamente la convocatoria, releva al Juez de la carga de citar al o a las personas interesadas, lo que no impide su participación en la audiencia. ARTÍCULO 42. MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS. El artículo 587 de la Ley 1564 de 2012 quedará así: “Artículo 587. Modificación y terminación de la adjudicación de apoyos. En cualquier momento, podrán solicitar la modificación o terminación de los apoyos adjudicados: a. La persona titular del acto jurídico; b. La persona distinta que haya promovido el proceso de adjudicación judicial y que demuestre interés legítimo podrá solicitar; c. La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa; d. El juez de oficio. El Juez deberá notificar de ello a las personas designadas como apoyo y a la persona titular del acto, si es del caso, y correrá traslado de la solicitud por diez (10) días para que estas se pronuncien al respecto. En caso de no presentarse oposición, el Juez modificará o terminará la adjudicación de apoyos, conforme a la solicitud”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 43. UNIDAD DE ACTUACIONES Y EXPEDIENTES. Cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos. Cada despacho contará con un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a quienes se les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones del cual se pueden retomar las diligencias, cuando estas se requieran. En el evento de requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado. PARÁGRAFO. El expediente de quienes hayan terminado la adjudicación de apoyos, que no haya tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al archivo general. Un nuevo proceso de adjudicación de apoyos con posterioridad hará necesario abrir un nuevo expediente. También será causa de archivo general la muerte de la persona. CAPÍTULO VI. PERSONAS DE APOYO. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html - top ARTÍCULO 44. REQUISITOS PARA SER PERSONA DE APOYO. Para asumir el cargo de persona de apoyo se requiere: 1. Ser una persona natural mayor de edad o una persona jurídica. 2. Cuando la designación derive de un acuerdo de apoyos o una directiva anticipada, la simple suscripción y el agotamiento de las formalidades del mismo, cuando sean del caso, implicará que el cargo de persona de apoyo ha sido asumido. 3. Cuando la designación derive de un proceso de adjudicación de apoyos, la posesión se hará ante el juez que hace la designación. ARTÍCULO 45. INHABILIDADES PARA SER PERSONA DE APOYO. Son causales de inhabilidad para asumir el cargo de persona de apoyo las siguientes: 1. La existencia de un litigio pendiente entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. 2. La existencia de conflictos de interés entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS DE APOYO. Las personas de apoyo tienen las siguientes obligaciones: 1. Guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. 2. Actuar de manera diligente, honesta y de buena fe conforme a los principios de la presente Ley. 3. Mantener y conservar una relación de confianza con la persona a quien presta apoyo. 4. Mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien presta apoyo. 5. Las demás que le sean asignadas judicialmente o acordadas entre la persona titular del acto y la persona de apoyo. 6. Comunicar al juez y al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo, o que le impidan cumplir con sus funciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 47. ACCIONES DE LAS PERSONAS DE APOYO. Entre las acciones que pueden adelantar las personas de apoyo para la celebración de actos jurídicos están los siguientes, sin perjuicio de que se establezcan otros adicionales según las necesidades y preferencias de cada persona: 1. Facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la o el titular del acto jurídico para la realización del mismo, habiendo discutido con la persona las consecuencias o implicaciones de sus actos. 2. Facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular. 3. Representar a la persona en determinado acto jurídico. 4. Interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico, en los casos en que esta se encuentre absolutamente imposibilitada para interactuar con su entorno por cualquier medio. 5. Honrar la voluntad y las preferencias de la o el titular del acto jurídico, establecida a través de una directiva anticipada. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 48. REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ACTO. La persona de apoyo representará a la persona titular del acto solo en aquellos casos en donde exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación. En los casos en que no haya este mandato expreso y se hayan adjudicado apoyos por vía judicial, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez para actuar en representación de la persona titular del acto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 1. Que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible; y, 2. Que la persona de apoyo demuestre que el acto jurídico a celebrar refleja la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 49. FORMAS DE APOYO QUE NO IMPLICAN REPRESENTACIÓN. Las personas de apoyo podrán llevar a cabo las siguientes acciones, siempre y cuando estén contempladas en el acuerdo de apoyos, en la directiva anticipada o en la sentencia de adjudicación de apoyos, sin que las mismas impliquen actos de representación: 1. Asistir y hacer recomendaciones a la persona titular del acto en relación con el acto jurídico a celebrar. 2. Interpretar la expresión de voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico en la realización del mismo. 3. Cualquier otra forma de apoyo que se establezca por medio del acuerdo de apoyos, la directiva anticipada o en la sentencia de adjudicación de apoyos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 50. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS DE APOYO. La responsabilidad de las personas de apoyo, frente a sus funciones como apoyo, será individual solo cuando en su actuar hayan contravenido los mandatos de la presente ley, las demás normas civiles y comerciales vigentes en Colombia, o hayan ido en contravía manifiesta de las indicaciones convenidas en los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas o la sentencia de apoyos, y por ello se hayan causado daños al titular del acto jurídico o frente a terceros. Las personas de apoyo no serán responsables por los daños personales o financieros de la persona titular del acto jurídico siempre y cuando hayan actuado conforme a la voluntad y preferencias de la persona. CAPÍTULO VII. ACTOS JURÍDICOS SUJETOS A REGISTRO. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 51. ACTOS JURÍDICOS QUE INVOLUCREN BIENES SUJETOS A REGISTRO. Para efectos de publicidad a terceros, los actos jurídicos que involucren bienes sujetos a registro deberán contar con una anotación de que el acto en cuestión fue realizado utilizando apoyos, independientemente del mecanismo para la celebración de apoyos que se utilice. CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 52. VIGENCIA. Las disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, con excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para su implementación y los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses después de la promulgación de la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 54. PROCESO DE ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS TRANSITORIO. Hasta tanto entren en vigencia los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley, el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto. El proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio será promovido por una persona con interés legítimo y que acredite una relación de confianza con la persona titular del acto. El juez, por medio de un proceso verbal sumario, determinará la persona o personas de apoyo que asistirán a la persona titular del acto jurídico, teniendo en cuenta la relación de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos y la persona titular. La sentencia de adjudicación de apoyos fijará el alcance de los apoyos teniendo en cuenta las normas establecidas en la presente ley, al igual que el plazo del mismo, el cual no podrá superar la fecha final del periodo de transición. La persona titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial de apoyos en cualquier momento del proceso. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 55. PROCESOS DE INTERDICCIÓN O INHABILITACIÓN EN CURSO. Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. El juez podrá decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 56. PROCESO DE REVISIÓN DE INTERDICCIÓN O INHABILITACIÓN. En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. En ambos casos, el juez de familia determinará si las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación requieren la adjudicación judicial de apoyos, de acuerdo a: 1. La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Por lo anterior, la participación de estas personas en el proceso de adjudicación judicial de apoyos es indispensable so pena de la nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley. 2. El informe de valoración de apoyos, que deberá ser aportado al juzgado por cualquiera de los citados a comparecer según lo dispuesto en el presente artículo, en el plazo que el juez disponga, y en todo caso, antes de la fecha señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que los citados a comparecer aporten más de un informe de valoración de apoyos, el juez deberá tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y preferencias, así como las demás condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente ley. El informe de valoración de apoyos deberá consignar, como mínimo: a) La verificación que permita concluir, cuando sea el caso, que aún después de haber agotado todos los ajustes razonables y apoyos técnicos disponibles, la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible. b) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en su vida diaria; o en lo relacionado al manejo financiero, salud y demás aspectos relevantes, en caso de que la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio. c) Los ajustes que la persona requiera para participar activamente en el proceso. d) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía e independencia en las mismas. e) Las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida. f) Un informe sobre el proyecto de vida de la persona. g) La aprobación de la valoración de apoyos por parte de la persona bajo medida de interdicción o inhabilidad. En aquellos casos en que la persona bajo medida de interdicción o inhabilidad se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible, le corresponderá al juez aprobar dicha valoración de apoyos. 3. La relación de confianza entre las personas bajo medida de interdicción o inhabilidad y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de actos jurídicos. 4. Las demás pruebas que el juez estime conveniente decretar. 5. Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez procederá a dictar sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la cual deberá: a) Hacer claridad frente a la adjudicación de apoyos en relación con los distintos tipos de actos jurídicos. b) Designar la o las personas de apoyo y sus respectivas funciones para asegurar el respeto a la voluntad y preferencias de la persona. c) Oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que anule la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil. d) Emitir sentencia en lectura fácil para la persona con discapacidad inmersa en el proceso, explicando lo resuelto. e) Ordenar la notificación al público por aviso que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el juez. f) Ordenar los programas de acompañamiento a las familias, en el caso de que resulten pertinentes. g) Disponer las demás medidas que el juez considere necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona, en particular aquellas relacionadas con el manejo de patrimonio que se hubiesen establecido en la sentencia de interdicción sujeta a revisión. PARÁGRAFO 1o. En caso de que el juez considere que las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación no requieren de la adjudicación judicial de apoyos, la sentencia deberá consignar esta determinación y los motivos que la fundamentan. Asimismo, oficiará a la Oficina de Registro del Estado civil para que anule la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil correspondiente. Una vez la sentencia se encuentre en firme, las personas quedarán habilitadas para acceder a cualquiera de los mecanismos de apoyo contemplados en la presente ley. PARÁGRAFO 2o. Las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente Ley, se entenderán como personas con capacidad legal plena cuando la sentencia del proceso de revisión de la interdicción o de la inhabilitación quede ejecutoriada. CAPÍTULO IX. DEROGATORIAS, MODIFICACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 57. modifíquese el artículo 1504 del Código Civil, que quedará así: “Artículo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 58. Modifíquese el artículo 784 del Código Civil, que quedará así: “Artículo 784. Incapaces poseedores. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que competa. Los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos, o para otros”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 59. Modifíquese el ordinal 2 contenido en el artículo 62 del Código Civil, que quedará así: “2. Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de edad no sometidos a patria potestad”. Modifíquese el inciso 1 del artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, que quedará así: “Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 60. Modifíquese el artículo 2346 del Código Civil, que quedará así: “Artículo 2346. Responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia”. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 61. DEROGATORIAS. Quedan derogados los numerales 5 y 6 contenidos en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012; el ordinal 3 del artículo 127, el ordinal 2 del artículo 1061 y el ordinal 3 del artículo 1068 de la Ley 57 de 1887; los artículos 1o a 48, 50 a 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009, el artículo 6o de la Ley 1412 de 2010; el inciso 1 del artículo 210 del Código General del Proceso; el parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley 1098 de 2006 y las demás normas que sean contrarias a esta ley. ARTÍCULO 62. El Gobierno nacional, en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá emitir los decretos reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 que permitan garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html - top ARTÍCULO 63. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación”. III. DEMANDA 5.       El ciudadano Edier Esteban Manco Pineda afirma que la Ley 1996 de 2019 es inconstitucional al no haber sido aprobada como ley estatutaria conforme a los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución Política. Desarrolla los siguientes argumentos. 5.1.    El ciudadano argumenta que la Ley 1996 de 2019 regula integralmente derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, y en ese orden, debió ser tramitada por el legislador como una Ley Estatutaria, observándose para ello todos los requisitos dispuestos en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. Afirma que la ley atacada fue tramitada y aprobada como ley ordinaria sin respetarse los dispuesto en el literal a) del artículo 152. Manifiesta que el derecho fundamental al reconocimiento a la personalidad jurídica, concretamente, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad es un contenido que debe regularse a través de una ley estatutaria, con el objeto de que cumpla con garantías de mayor rigor constitucional, como lo son la aprobación con mayoría absoluta de los miembros del Congreso y el control automático de la Corte Constitucional. 5.2.    El actor expresa que cada uno de los títulos dispuestos en la Ley 1996 de 2019 demuestra con claridad que se trata de la regulación del ejercicio de un derecho fundamental (capacidad jurídica de las personas con discapacidad) y de la regulación de los mecanismos y procedimientos a través de los cuales se puede ejercer el derecho a la personalidad jurídica. En palabras del demandante, la Ley 1996 “(…) detalla, con precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismo, desde lo más simple, hasta lo más detallado, desde los principios, la forma de ejercer la personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su protección. Incluso es una ley que modifica desde el artículo 61 lo relativo a la interdicción del Código General del Proceso”.[2] 5.3.    El actor solicita a la Corte declarar la inexequibilidad la totalidad de la Ley 1996 de 2019 por no haber sido aprobada por el procedimiento adecuado dispuesto en la Constitución Política. IV. INTERVENCIONES 6. En el proceso de la referencia se recibieron 19 intervenciones de distintas entidades, tanto estatales, privadas e internacionales en calidad de amicus curiae, así como de ciudadanos independientes. Para su consulta detallada se pueden revisar en el Anexo I a esta sentencia. Interviniente Argumentos Solicitud Ministerio de Educación Nacional – Instituto Nacional para Sordos Falta de especificidad y suficiencia. No se identificaron los contenidos de la Ley ni las razones por las cuales deben tramitarse por ley estatutaria. La Ley no se refiere al núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal. Inhibición Exequible Ministerio de Salud y Protección Social Ausencia de razones claras, ciertas, pertinentes y suficientes. No se regula de forma absoluta, integral o completa del derecho fundamental a la personalidad jurídica Inhibición Exequible Defensoría del Pueblo Ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Las materias que regula la ley no hacen parte del núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica, sino solo un atributo concreto frente a una población específica. Inhibición Exequible Ministerio de Justicia No regula de forma integral un derecho fundamental, solo establece los mecanismos que facilitan su ejercicio. Exequible Laboratorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales No expone razones suficientes. La Ley regula las acciones afirmativas, los ajustes razonables y los apoyos necesario para permitir el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica. (C-035 de 2015). Exequible Inexequibilidad diferida Cristián Fernando Aponte La norma acusada no regula ni trata aspectos sobre el núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica contenido en el artículo 14 constitucional, más bien, entiéndase que la capacidad legal que regula la ley es uno de los atributos de la personalidad jurídica, y para el caso particular, trata sobre las personas en situación de discapacidad que son mayores de edad Exequible María Alejandra Suárez Saldarriaga La Ley regula un aspecto esencial para el ejercicio de la capacidad legal y establece de manera exhaustiva los procedimientos, recursos, medios, asistencia, instrumentos judiciales y extra judiciales para proteger el derecho fundamental del ejercicio de la capacidad legal Inexequible Instituto JO Clemente de Brasil Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley 1996 de 2019. No se refiere al cargo sobre reserva de ley estatutaria. Exequible Secretaria General del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental de Argentina Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley 1996 de 2019. No se refiere al cargo sobre reserva de ley estatutaria. Exequible Universidad Autónoma de Bucaramanga – Clínica Jurídica e Interés Público y Derechos Humanos La Ley no afecta los elementos esenciales y estructurales del derecho fundamental a la personalidad jurídica. Inhibición Exequible Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS La demanda no desarrolla el contenido del derecho fundamental ni los requisitos jurisprudenciales sobre la reserva de ley estatutaria. La ley siguió el trámite legislativo adecuado porque no pretendía regular exhaustivamente el derecho fundamental a la personalidad jurídica. El objeto de la ley es armonizar la ley interna con los estándares internacionales CDPD Inhibición Exequible Red Vallecaucana de Organizaciones de y para personas con discapacidad – Redis Valle La Ley 1996 de 2019 no regula de manera detallada y general un derecho fundamental. Exequible Grupo de Acciones Públicas – Universidad Icesi Ausencia de especificidad y suficiencia del cargo formulado. Declarar inconstitucional la totalidad de la Ley 1996 de 2019, es una medida regresiva. Los contenidos de la ley no cumplen con los requisitos para la reserva de ley estatutaria. Inhibición Exequible Fundación MEEM Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley 1996 de 2019. Exequible Grupo de Acciones Públicas – Universidad del Rosario Ausencia de suficiencia y especificidad. La Ley no restringe un derecho, ni tampoco lo regula exhaustivamente. Inhibición Exequible Federación de Discapacidad del Valle Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley 1996 de 2019. No regula el núcleo de un derecho fundamental. Exequible. Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público – Universidad de Ibagué La Ley 1996 no regula asuntos estructurales, ni tampoco de forma detallada y completa un derecho fundamental. Exequible Instituto Colombiano de Derecho Procesal Ausencia de razones ciertas, pertinentes, específicas y suficientes de la demanda. Las modificaciones de los códigos con competencia del legislador ordinario. La reserva de ley estatutaria es restrictiva.  La Ley 1996 no regula el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica. Inhibición Exequible Juanita Goebertus – Representante a la Cámara Ausencia de especificidad y suficiencia del cargo presentado en la demanda. La Ley 1996 establece unos mecanismos para levantar las barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la capacidad legal, en ese orden de ideas, no regula de manera exhaustiva el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica. Inhibición Exequible V.     CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 7.       El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para fallar de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Asimismo, pidió que, en caso de proferir una sentencia de fondo, se declare exequible la Ley 1996 de 2019. Por un lado, manifestó que la demanda no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia, puesto que se basó en la formulación de un cargo genérico de inconstitucionalidad, sin exponer las razones específicas por las cuales cada norma en concreto, específicamente, su contenido material, debía tramitarse como ley estatutaria. Por otro lado, consideró que tampoco se satisficieron los requisitos de claridad, certeza y pertinencia, al haber asumido que la Ley 1996 de 2019 reguló de manera integral, completa y sistemática el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política. A su parecer, se aludió indistintamente al “derecho fundamental a la capacidad jurídica”, como uno de los atributos de la personalidad, y al “derecho fundamental de la autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena”, sin haber logrado explicar de manera clara y comprensible el concepto de violación propuesto. Por el contrario, en su opinión, el objeto de la ley demandada es limitado, pues con aquella normatividad se buscó “establecer un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, que sea armónico con los distintos marcos normativos elaborados a partir de una comprensión específica de la discapacidad con fundamento en la cual se exige, de tiempo atrás, una regulación consistente”[3]. Explicó que, de admitirse que la Ley 1996 de 2019 regula un derecho fundamental, se debería tener en cuenta que lo habría hecho de manera restringida, al no haber incorporado los distintos aspectos fijados en todas las disposiciones aplicables; “[e]ntre ellas, la CDPD y su ley aprobatoria (Ley 1346 de 2009), sin mencionar las normas relativas al reconocimiento de la personalidad y de la capacidad jurídica”[4]. Con fundamento en lo anterior, consideró que la Corte Constitucional debía declararse inhibida para pronunciarse de fondo. Ahora bien, en caso de que la Corte decidiera entrar a estudiar el tema de fondo, aseveró que el problema jurídico a estudiar debía ser el siguiente: “¿El trámite y la expedición de la Ley 1996 de 2019, ‘Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad’, desconoció los artículos 14, 152, y 153 de la Constitución Política, porque se aprobó como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria?”[5]. Al respecto, afirmó que, al aplicar el criterio de interpretación restrictivo, se ponía en evidencia que el trámite y la expedición de la Ley 1996 de 2019 no desconocieron los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución Política; sino que, por el contrario, observó la regla general que se mantiene en favor del Legislador ordinario. VI. COMPETENCIA 1.  La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política. Cuestiones previas 2.       El demandante presentó solo un cargo dirigido contra la Ley 1996 de 2019, según el cual la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los mecanismos de apoyo a través de los cuales se regula su ejercicio, es una materia que debe ser regulada por una ley estatutaria (art. 152 y 153 de la CP), en virtud de que se trata de un asunto integral y esencial de un derecho fundamental. 3.       La mayoría de los intervinientes solicitaron a la Corte que se declare inhibida para fallar por ausencia de cumplimiento de los requisitos para la presentación de la demanda. Concretamente, insistieron que el cargo formulado por el actor no cumple con los requisitos de suficiencia y especificidad ya que, (i) los argumentos son abstractos y generales y no desarrolla el contenido de del derecho fundamental a la personalidad jurídica (art. 14 CP), (ii) no explica y desarrolla cuáles de los requisitos de la jurisprudencia relacionados con la reserva de ley estatutaria que fueron desconocidos por el legislador y (iii) se limita a afirmar que la Ley 1996 de 2019 regula todo lo concerniente al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad, pero no explica cuál es su núcleo esencial y la regulación estructural que se hace. Subsidiariamente, pidieron a la Corte que la Ley 1996 de 2019 sea declarada constitucional, en la medida en que la norma no regula de manera completa y detallada el derecho fundamental a la personalidad jurídica, ni tampoco restringe o limita el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica, sino todo lo contrario, su pretensión es eliminar obstáculos para que las personas con discapacidad puedan participar de la realización de actos jurídicos de forma directa e independiente. 3.1. La minoría de las intervenciones coadyuvaron a los planteamientos del ciudadano demandante. 4.       Con sustento en lo anterior, la Sala Plena procederá primero a evaluar la aptitud de la demanda y el cargo formulado por el ciudadano, toda vez que la mayoría de los intervinientes presentaron preocupaciones sobre la ausencia de razones claras, ciertas, suficientes, específicas y pertinentes. Una vez agotado este análisis preliminar, la Sala desarrollará unas consideraciones generales relacionadas con el concepto y alcance de la cláusula constitucional sobre la reserva de ley estatutaria, con el fin de analizar el cargo de inconstitucionalidad propuesto. Aptitud del cargo formulado en la demanda relacionado con la reserva de ley estatutaria. Reiteración jurisprudencial. 5.  El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos que deben observarse en la formulación de una demanda de inconstitucionalidad.[6] Concretamente las acciones de constitucionalidad requieren tres elementos fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto” (art. 2, Decreto 2067 de 1991).[7] El primero de estos elementos (el objeto demandado) exige el deber del ciudadano de indicar inequívocamente la norma o apartes de la norma que a su juicio considera son contrarios al ordenamiento constitucional.[8] Este requisito incluye revisar, por ejemplo, la vigencia de la norma que se ataca, la eventual presencia de una cosa juzgada y la necesidad de identificar una proposición jurídica completa o realizar la integración de la unidad normativa de ser procedente. Estos dos últimos asuntos serán analizados por esta providencia más adelante. El segundo de estos elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres condiciones mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas”[9] y (iii) exponer las razones por las cuales las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución, las cuales deberán ser, al menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.[10] Dichas características, que debe reunir el concepto de violación, formulado por quien demanda la norma, fueron definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad, indicó esta Corporación, que el mismo se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación, que permita al lector la comprensión del contenido en su demanda.[11] La condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante.[12] La exigencia de especificidad hace alusión a que el demandante debe formular, al menos, un cargo constitucional concreto y directamente relacionado con las disposiciones que se acusan, pues exponer motivos vagos o indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad.[13] En cuanto a la pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con la existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una norma superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede tratarse de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista subjetivos del accionante.[14] Con respecto a la suficiencia, ésta guarda relación con la exposición de los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada, logrando así que la demanda tenga un alcance persuasivo.[15] 6.  La Sala Plena considera que la demanda es apta para ser estudiada de fondo, toda vez que, a diferencia de lo que afirman varios de los intervinientes, se cumple todos los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia, como se expondrá a continuación. 6.1.    En primer lugar, el demandante identificó con claridad el objeto de la demanda, al señalar que la Ley 1996 de 2019 debió ser tramitada conforme a los requisitos constitucionales dispuestos para las leyes estatutarias, en razón a que “(…) regula de manera exhaustiva el derecho fundamental a la capacidad jurídica y sus mecanismos de protección de las personas en situación de discapacidad mayores de edad por una ley ordinaria”.[16] Igualmente precisó los contenidos constitucionales que considera vulnerados, y que, según el demandante, se trata de contenidos que deben ser regulados a través de una ley de mayor jerarquía como lo son las leyes estatutarias. Sobre este punto desarrolla el derecho fundamental a la personalidad jurídica establecido en el artículo 14 de la Constitución. 6.2. En segundo lugar, aunado a lo anterior, el actor señaló las normas constitucionales que considera infringidas: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 14 y las materias y el trámite legislativo de las leyes estatutarias, artículos 152 y 153, respectivamente). 6.3. En tercer lugar, el ciudadano presentó los contenidos normativos de las disposiciones constitucionales, así como expuso razones por las cuales la Ley 1996 de 2019 desconoce la Constitución Política al no haberse tramitado bajo los lineamientos de una ley estatutaria. 6.4. En línea con lo anterior, la demanda expone razones claras y ciertas. En efecto, el demandante desarrolló una argumentación comprensible sobre lo que él estima contrario a la Constitución. Al respecto, argumentó que la Ley 1996 de 2019 debió obedecer a los procedimientos especiales de una ley estatutaria en la medida en que regula todo lo relacionado con el contenido y alcance del derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. De tal forma, según el demandante, al establecerse todo lo concerniente al núcleo esencial del ejercicio de un derecho, la Ley 1996 debía haber sido tramitada y aprobada con las reglas especiales de una ley estatutaria. Con base en lo anterior, se evidencia que el demandante desarrolla una argumentación clara, en la medida en que tienen un hilo conductor y explica tanto los contenidos de la Constitución que considera vulnerados, como los contenidos de la Ley 1996, para demostrar que debió haber sido aprobada a través de un trámite de ley estatutaria. Así, también, los cargos con ciertos, en razón a que el actor demanda una norma vigente y concreta sobre la cual expone una vulneración constitucional específica. 6.5. Del mismo modo, las razones que expone el demandante generan una mínima duda sobre la constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019, y por tanto, el cargo cuenta con razones específicas y suficientes. La Sala Plena encuentra que los argumentos expuestos por el ciudadano para fundamentar el cargo sobre el desconocimiento de la ley estatutaria cumplen con los requisitos de especificidad y suficiencia, toda vez que, por una parte, el ciudadano formuló un cargo concreto contra una norma de rango legal que se encuentra vigente y lo contrastó con el contenido constitucional. Por otra parte, en el escrito de la demanda el actor describe algunos de los contenidos objeto de regulación de la Ley 1996 de 2019 para demostrar que “regula de manera completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad jurídica y/o a la capacidad plena, mediante una ley ordinaria, es decir, una ley que no es la adecuada constitucionalmente para contener el peso del o los derechos fundamentales antes citados y los mecanismos para su protección”.[17] Adicionalmente, el demandante explicó por qué el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad, a su juicio, debió ser regulado a través de una ley de rango estatutario. Es cierto, como lo argumentaron algunos intervinientes, que el ciudadano no propuso un artículo concreto, sino planteó el cargo de desconocimiento de la reserva de ley estatutaria sobre todo del cuerpo normativo. Esto no es razón suficiente para inadmitir el cargo, dado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido y estudiado de fondo demandas presentadas contra la integralidad de leyes por el mismo cargo que hoy se formula. Al respecto, la Corte ha estudiado de fondo varias demandas que se han presentado de forma global contra una ley por considerarse violatoria de la reserva de ley estatutaria (C-145 de 1994, C-055 de 1995, C-247 de 1995, C-374 de 1997, C-193 de 1994, C-035 de 2015). Por ejemplo, en la sentencia C-035 de 2015[18], los demandantes plantearon un cargo de reserva de ley estatutaria contra toda la Ley 1680 de 2013 “Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”.[19] Consideraron que los asuntos que regula tienen una relación directa e inescindible con el derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución. En aquella oportunidad, la Sala Plena señaló que el cargo específico y suficiente y analizó de fondo el cargo contra toda la ley.[20] Como puede verse aquella normativa regulaba un asunto específico -acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad visual- y no diferentes materias. La Corte también recordó en esta providencia que el principio pro actione implica que “(…) el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”[21] De manera que la presentación “global” de la demanda por el cargo por presunto desconocimiento de la cláusula del artículo 152 de la Constitución, no es razón suficiente para inadmitir este tipo de reclamos. Además, la Ley 1996 de 2019 regula contenidos todos relacionados con el derecho a la capacidad jurídica, de manera que no se trata de un cuerpo normativo con asuntos de diferente naturaleza o temáticas, sobre los cuales se deba exigir al ciudadano precisar cuáles son aquellos que alega como derechos fundamentales, por ejemplo. La Corte en sentencia C-260 de 2016, [22] o más reciente en la sentencia C-465 de 2020,[23] resolvió inhibirse ante demandas de inconstitucionalidad que formularon como cargos la violación de la reserva de ley estatutaria contra la integralidad de leyes (Ley 1765 de 2015 y Ley 1098 de 2006, respectivamente) que regulan asuntos de todo tipo y desde distintas perspectivas. En estos casos, es claro que el actor tiene una carga adicional y es precisar qué normas específicamente cumplen con las condiciones para ser consideradas bajo reserva de ley estatutaria según las relaciones con el derecho fundamental. De esa forma, lo que se debe examinar son las razones que expone el demandante sobre el y los contenidos de la misma ley que ataca y su relación con las materias que deben aprobarse bajo los lineamientos más rigurosos que exige una ley estatutaria. 6.6. Finalmente, la Sala Plena considera que la demanda también expone razones pertinentes para sustentar el cargo, pues el reproche se sustenta en el contenido de normas de carácter superior, como los son los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución, invoca jurisprudencia constitucional sobre el contenido del derecho a la personalidad jurídica, y todo ello, lo contrasta con la Ley 1996. De esa forma, se evidencia que el ciudadano no acude a opiniones personales o doctrinales abstractas, sino argumentos de naturaleza constitucional. 6.7. En cuanto a los argumentos de algunos intervinientes que afirmaron que el actor había omitido explicar los requisitos que se exigen jurisprudencialmente para establecer si una ley que regula materias de derechos fundamentales, debe ser tramitada como ley estatutaria,[24] la Sala estima que el actor sí mencionó dentro de sus argumentos al menos dos de estos requisitos, como lo son, la intervención del núcleo esencial de un derecho fundamental y la regulación “integral y exhaustiva” del derecho a la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. Ahora bien, exigirle al ciudadano realizar el juicio riguroso sobre la procedencia de la reserva de ley estatutaria es una carga que no le corresponde, y en cambio, en el escrito de la demanda se advierten razones que la Sala estima suficientes para generar una mínima duda sobre la presunta inconstitucionalidad de la Ley 1996 de 2019 por el cargo formulado. Recuérdese que la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y que el principio pro actione exige al juez constitucional no someter a un “escrutinio excesivamente riguroso” el examen de los requisitos de la demanda y preferir “una decisión de fondo antes que una inhibitoria”,[25] de tal forma que se garantice la participación ciudadana en asuntos constitucionales, así como el acceso a un recurso judicial efectivo. 6.8. Con todo lo anterior, se observa que la demanda cumple con los requisitos mínimos para ser admitida y analizada de fondo por la Corte Constitucional. VII. Problemas jurídicos y consideraciones de la Corte 7.       Una vez establecida la aptitud de la demanda objeto de análisis, la Sala procederá a establecer si la Ley 1996 de 2019 fue tramitada en desconocimiento de la reserva de ley estatutaria dispuesta en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, en tanto, según el actor, regula integralmente un derecho fundamental, como lo es el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores de edad en condiciones de discapacidad. Para dar respuesta a este interrogante, se estudiará la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el concepto y alcance de la reserva de ley estatutaria, y luego, desde el análisis del derecho fundamental objeto de regulación, establecer si se cumple con los requisitos jurisprudenciales de la reserva de ley estatutaria. Cláusula de reserva de leyes estatutarias en materia de derechos fundamentales (literal a del artículo 152 CP). Reiteración jurisprudencial. 8.       La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia constante y pacífica relacionada con el contenido y alcance de la reserva de ley estatutaria.[26] El constituyente consagró un sistema normativo jerárquico que supone varias categorías de leyes que se distinguen del tipo de materias que regulan y del trámite legislativo que debe agotarse.[27] En el caso de las leyes estatutarias, se eligieron materias que son de relevancia constitucional, cuya estabilidad es trascendental,[28] y sobre las cuales se requiere un debate democrático más exigente, y por tanto, se contempló un trámite de aprobación riguroso.[29] En palabras de la Corte: “La Constitución Política de 1991 introdujo la modalidad de las leyes estatutarias para regular algunas materias respecto de las cuales quiso el Constituyente dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad. La propia Carta ha diferenciado esta clase de leyes no solamente por los especiales asuntos de los cuales se ocupan y por su jerarquía, sino por el trámite agravado que su aprobación, modificación o derogación demandan (…)”[30] 9. El artículo 152 de la Constitución establece que “mediante leyes estatutarias, el Congreso regulará las siguientes materias: a) derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b) administración de justicia; c) organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d) instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e) estados de excepción; f) la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley (…)”.[31] En la misma línea, el artículo 153 establece los requisitos mínimos para el trámite y la aprobación de este tipo de leyes: (i) “la aprobación, modificación o derogación (…) exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”; (ii) “deberá efectuarse dentro de una sola legislatura” y (iii) el trámite comprende la revisión previa de la Corte Constitucional.[32] 10. En lo relacionado con el literal (a) del artículo 152, es decir, los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”, la Corte ha establecido que es una norma de interpretación restrictiva y de aplicación excepcional, toda vez que no puede vaciarse la facultad del legislador ordinario.[33] Al recordar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte recordó que “las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria”.[34] Del mismo modo, ha señalado que este tipo de leyes no fueron creadas en el ordenamiento “con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales”.[35] 11. Conforme a lo anterior, la Corte empezó a desarrollar ciertos criterios que muestran cuándo una materia relacionada con derechos fundamentales debe ser regulada a través de una ley estatutaria, so pena de ser inconstitucional por un vicio de competencia.[36] Afirmó que los asuntos objeto de regulación estatutaria no dependen de la denominación que le dé el legislador al cuerpo normativo, sino a su contenido material. Señaló que la exigencia del trámite de ley estatutaria “debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho”, pues en realidad “toda la legislación de manera más o menos lejana, se encuentra vinculada con los derechos fundamentales”.[37] De esa forma, la interpretación de cuándo una materia debe ser regulada vía ley estatutaria debe ser restrictiva y excepcional: “(…) en razón a la amplitud de temas que recoge la reserva de ley estatutaria, la jurisprudencia ha sido uniforme en establecer que la misma debe interpretarse de forma restrictiva. De lo contrario, se vaciaría de competencia al Legislador ordinario. Este criterio cobra particular relevancia en el ámbito de la regulación de los derechos y deberes fundamentales, pues es evidente que toda norma se refiere directa o indirectamente al ejercicio o restricción de un derecho fundamental. Así, este Tribunal ha enfatizado en que no todo evento ligado a los derechos fundamentales debe ser tramitado mediante ley estatutaria. Igualmente, que la identificación del trámite al que está sujeta la norma se hace a partir del contenido material de las disposiciones y no de su identificación formal”.[38] 12. Así, por ejemplo, la Corte aseguró que si una norma legal “contiene cláusulas que afecten, restrinjan, limiten o condicionen el núcleo esencial de derechos fundamentales, el trámite de ley estatutaria no puede evadirse”.[39] En el caso de las materias que se regulan a través de Códigos, se ha señalado que, sin duda, varios de ellos regulan asuntos de derechos fundamentales, tales como el Código Penal, el Código Civil, el Código de la Infancia y la adolescencia; sin embargo, la misma Carta autoriza al Congreso para expedir por vía ordinaria toda clase de estatutos que, por regla general, son leyes ordinarias.[40] De ese modo, tan solo deberán regularse por ley estatutaria aquellas disposiciones que afecten el núcleo esencial de un derecho fundamental, como pasó en la sentencia C-620 de 2001,[41] en la cual la Corte resolvió que la acción de habeas corpus debía ser tramitada a través de una ley estatutaria, por tanto, declaró inconstitucional las disposiciones de la Ley 600 de 2000 que la regulaban, y lo demás lo dejó incólume.[42] 13. Sobre el concepto del “núcleo esencial” de un derecho fundamental, la Corte lo ha entendido como “(…) aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito, sin las cuales el derecho se desnaturalizaría. Igualmente, se ha dicho que el núcleo esencial se refiere a los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula del derecho. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte del contenido del mismo que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De ese modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”.[43] La Corte también ha establecido que se desarrollan aspectos importantes del núcleo esencial de un derecho fundamental cuando se desarrollan los principios básicos que rigen su ejercicio y “la definición de las prerrogativas básicas que se desprenden del derecho para los titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos”.[44] 14. De esa forma, cuando el legislador asume la tarea de regular de manera “integral, estructural o completa (…) un tema de aquellos que menciona el artículo 152 superior, debe hacerlo mediante ley estatutaria, aunque dentro de esta regulación general haya disposiciones particulares que por su contenido material no tengan el significado de comprometer el núcleo esencial de derechos cuya regulación se defiere a este especial proceso de expedición legal. Es decir, conforme con el aforismo latino que indica que quien puede lo más puede lo menos, una ley estatutaria que de manera integral pretende regular un asunto de los que enumera la precitada norma constitucional, puede contener normas cuya expedición no estaba reservada a este trámite, pero en cambio, a la inversa, una ley ordinaria no puede contener normas particulares reservadas por la Constitución a las leyes estatutarias.”[45] 15. La Corte ha aclarado que aquel requisito de integralidad y sistematicidad de la regulación del derecho fundamental que cumplen las leyes estatutarias implica que “debe referirse a los elementos estructurales del derecho, es decir, (…) (i) a las prerrogativas que se derivan del derecho y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos, (ii) a los principios que guían su ejercicio –cuando haya lugar, y (iii) a las excepciones a su régimen de protección y otras limitaciones de orden general”.[46] 16. En ese orden de ideas, la Corte ha advertido que las leyes estatutarias tienen una doble función (a) asegurar que el legislador “integre, perfeccione, regule y complemente normas sobre derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute”[47] y (b) “establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de proporcionalidad, pueda establecer el legislador”.[48] 17. Con fundamento en el desarrollo jurisprudencial, mediante sentencia C-646 de 2001[49] la Corte recogió las reglas jurisprudenciales que desarrollaron los criterios para determinar si un asunto está o no sometido a la reserva de ley estatutaria, en lo relativo al literal (a) del artículo 152, y que se han reiterado hasta la jurisprudencia más reciente (véase, por ejemplo sentencias C-035 de 2015, C-818 de 2011, C-370 de 2019, C-127 de 2020): (i) que se trate de un derecho de naturaleza fundamental, (ii) que la regulación sea integral, completa y sistemática, (iii) que las disposiciones regulen de forma directa el núcleo esencial del derecho fundamental, los aspectos inherentes al mismo, sus principios y estructura,[50] (iv) que la regulación desarrolle elementos estructurales que impliquen una afectación al derecho, como límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que interfieran el núcleo esencial del derecho y (v) la reserva también aplica cuando se “trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental”.[51] De manera que es necesario que en cada derecho fundamental se realice un ejercicio de interpretación de sus contenidos para delimitar cuáles deben ser regulados por este tipo de ley especial y cuáles podrían estar a cargo del legislador ordinario. 18. En lo relacionado con “los procedimientos y recursos para su protección” (literal a, art. 152 CP), la Corte ha establecido que se trata de herramientas para hacer efectivos los derechos fundamentales, de tal modo no hacen parte de la estructura esencial del derecho, y en consecuencia, “pueden o no ser desarrollados en una misma ley estatutaria”.[52] La regulación estatutaria de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales solo se activa cuando éstos sirven para la protección directa de ellos y son necesarios e indispensables para su realización efectiva.[53] De tal modo, al tratarse de mecanismos judiciales, solo aquellos que son reforzados y están dirigidos a la protección directa e inmediata.[54] 19.  En conclusión, las leyes expedidas por el Congreso de la República, en su gran mayoría, se relacionan con la garantía y respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Política. Esto es apenas un cumplimiento de las obligaciones constitucionales dentro del Estado Social de Derecho. Sin embargo, no todas las leyes que tengan estos contenidos deben ser tramitadas a través del proceso legislativo cualificado de las leyes estatutarias acorde con el literal (a) del artículo 152 de la CP. La jurisprudencia constitucional ha establecido con claridad unos requisitos necesarios que deben estudiarse al momento de evaluar cuándo una ley o materia debe ser regulada a través de ley estatutaria. El juez constitucional deberá analizar cada caso y establecer si hay una afectación al núcleo esencial del derecho fundamental objeto de regulación, así como, si se pretende regular de forma integral su alcance, contenidos y principios para hacer posible su ejercicio real y efectivo. ANÁLISIS DEL CARGO El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 20.  El Título II “De los Derechos, las garantías y los deberes”, en el Capítulo 1 “De los derechos fundamentales”, se encuentra consagrado el artículo 14 de la Constitución Política el cual dispone “[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica”. La Corte desde muy temprano tuvo la oportunidad de iniciar la interpretación constitucional de esta disposición. En la sentencia T-485 de 1992[55] dijo que el derecho a la personalidad jurídica “(…) presupone toda una normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos contenidos adicionales: titularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías devaluadoras de la personalidad, que lo reduzcan a la simple condición de cosa. (…) Debe en consecuencia resaltarse que este derecho, confirmatorio del valor de la sociedad civil regimentada por el derecho, es una formulación política básica, que promueve la libertad de la persona humana; y que proscribe toda manifestación racista o totalitaria frente a la libertad del hombre. (…) Este derecho fundamental a la personalidad jurídica que consagró el Constituyente de 1991 es más una declaración de principio, que acoge a la persona en lugar del individuo, como uno de los fundamentos esenciales del nuevo ordenamiento normativo”.[56] 21.  En el mismo sentido, en la sentencia C-109 de 1995[57] la Corte señaló que este derecho fundamental no implica solo la capacidad de toda persona para participar en el tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, sino también “comprende la posibilidad que todo ser humano tiene de ostentar determinados atributos que constituyen su esencia, por lo que este derecho fundamental comprende también las características propias de la persona”.[58] Los atributos de la personalidad jurídica permiten a toda persona actuar en sociedad de acuerdo al proyecto de vida elegido, así como conocer su historia e identidad en la comunidad donde se desarrolla. Los atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. Según la Corte “No puede haber personas a quienes se les niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a privarles de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones”.[59] 22.  En cuanto a la capacidad jurídica, concretamente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se trata de “la aptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos”, lo que implica garantizar la participación de una persona en la sociedad a través de la realización de actos jurídicos que generen efectos para sí o terceros involucrados. En palabras de la Corte, al tratarse de un asunto financiero, sostuvo: “En el campo de las relaciones jurídicas que se traban entre los particulares, tiene especial relevancia el artículo 14 de la Constitución, el cual consagra el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica como una verdadera garantía de la persona natural para que goce de la capacidad jurídica o de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, no sólo de contenido extrapatrimonial sino también de carácter económico, lo que implica una integración potencial a la vida negocial y al tráfico jurídico de una sociedad. Así pues, esta Corporación ha dicho que "el Estado no entrega una dádiva ni entrega un privilegio a la persona cuando le reconoce como sujeto de derecho, con las consecuencias jurídicas que ello comporta", pues es indudable que al individuo le debe ser posible participar en la vida social y económica no sólo a la hora de concretar sino de configurar algunos aspectos básicos del régimen económico. En este orden de ideas, no puede haber personas a quienes se les niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a privarles de la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones (…) Por consiguiente, todas las personas tienen vocación para ejercer su capacidad jurídica en cualquier actividad lícita, lo que incluye la actividad bancaria”.[60] 23.  Como lo explica de manera precisa la sentencia C-182 de 2016[61] la capacidad jurídica tiene dos acepciones: la de goce y la de ejercicio. La primera hace referencia a ser titular de un derecho, a disfrutar de él; mientras que la segunda, implica practicar el derecho, utilizarlo o realizar actos jurídicos que permitan su disfrute. La Corte concluyó en esta oportunidad que la capacidad de goce es “(i) es una cualidad, no un derecho ni un estatus; (ii) actúa como centro unificador y centralizador de las diversas relaciones jurídicas que conciernen al individuo; (iii) es general y abstracta, ya que representa la posibilidad de ser titular de derechos aunque no se llegue a ejercer alguno; (iv) está fuera de la voluntad humana y del comercio, porque no puede ser objeto de contratos o negocios jurídicos”.[62] La capacidad de ejercicio, por su parte, “habilita a la persona para ejercer directamente la titularidad de sus derechos, sin que medie una voluntad de un tercero o sin que se requiera la autorización de la ley para ello. En palabras más concretas, la capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene una persona para ejercer autónoma e independientemente sus derechos. || Así pues, la capacidad jurídica, o sea, la capacidad para ser titular de derechos subjetivos patrimoniales, la tiene toda persona sin necesidad de estar dotada de voluntad reflexiva; en cambio, la capacidad de obrar está supeditada a la existencia de esa voluntad”.[63] 24.  En términos de la legislación civil, para la existencia y validez de un acto jurídico, se requiere de la capacidad legal de una persona, no solo la de goce, sino también la de ejercicio.  El Código Civil establece que “para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz (…) la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra” (art. 1502). Luego, se reconoce que toda persona es legalmente capaz, “excepto aquellas que la ley declara incapaces” (art. 1503). 25.  Una vez definido el contenido y alcance del derecho fundamental a la personalidad jurídica establecido en el artículo 14 de la Constitución Política, y específicamente el atributo de la capacidad, se procederá a describir la Ley 1996 de 2019 para ver su relación con su núcleo esencial y poder determinar si aquella debía ser tramitada y aprobada conforme los lineamientos de una ley estatutaria. La Ley 1996 de 2019 “por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” 26. Continuando las ideas anteriores, el artículo 1504 del Código Civil establecía: “Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender. || Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. || Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. || Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. (Los apartes subrayados fueron derogados por el artículo 57 de la Ley 1996 de 2019.) Esta disposición consagra la “incapacidad legal”, la cual “consiste fundamentalmente en la restricción de la posibilidad de intervenir en el comercio jurídico (…) es de carácter excepcional, porque la regla general en materia civil es la de que toda persona es hábil para ejercer sus derechos y para realizar cualesquier actos jurídico lícito”.[64] Para casos de incapacidad legal absoluta el Código Civil y la Ley 1306 de 2009 prohibieron la ejecución de todo acto jurídico y previeron la necesidad de actuar siempre a través de un representante legal, denominado “guardador”, el cual era designado a través de un proceso de interdicción. 27. Las personas con discapacidad mental eran consideradas incapaces absolutos, la declaración de interdicción de una persona se hacía a través de un proceso de jurisdicción voluntaria regulado por el Código General del Proceso (arts. 577 al 586) y la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la protección de las personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”. Esta Ley estableció todo el régimen de guardas a favor de las personas con discapacidad mental. Este nuevo régimen, a diferencia de lo que se establecía en el texto original del Código Civil, desde una perspectiva de la dignidad humana y la igualdad, reconoció que las personas con discapacidad mental eran sujetos de derechos y obligaciones. 28.  En el mismo año de la Ley 1306, el Congreso aprobó la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad a través de la Ley 1346 de 2009, la cual establece en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. 29. Posteriormente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, dispuso en su artículo 21: “El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”. 30. La Ley 1996 de 2019 derogó expresamente los artículos 1° al 48, 50 al 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009. Es decir, todo lo referente a la guarda e interdicción de las personas entendidas como incapaces absolutos o relativos por presentar alguna discapacidad mental. Dentro de esta nueva normativa, los cambios más relevantes son los siguientes: (i) elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a los impúberes como sujetos incapaces absolutos; (ii) deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas con discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a las personas con discapacidad manifestar su voluntad y preferencias en el momento de tomar decisión con efectos jurídicos: (a) acuerdos de apoyos y (b) adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las directivas anticipadas, como una herramienta para las personas mayores de edad en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos. 31. Los antecedentes legislativos de esta Ley[65] demuestran que este nuevo régimen de apoyos es el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado establecidas en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la interpretación realizada por el Comité del tratado a través de la Observación General No. 1 (2014) y la recomendación realizada concretamente a Colombia, mediante informe del año 2016 del mismo organismo internacional.[66] En el contexto del proyecto de ley y su exposición de motivos, se puso de presente que la capacidad de ejercicio ha sido históricamente restringida a la población con discapacidad y que “la herencia de instituciones del derecho romano clásico, como la figura de interdicción, se han configurado como impedimentos para el reconocimiento del derecho al ejercicio de su capacidad jurídica, pues se desarrollan desde una perspectiva médico-rehabilitador, que solo se limita a señalar las carencias y lo necesario desde el ámbito médico para reconocerles como personas “normales”.[67] 32. En virtud del estándar internacional mencionado y la Ley Estatutaria 1618, el legislador asumió la obligación de reemplazar el actual régimen de sustitución de la voluntad (la interdicción), por un sistema de toma de decisiones con apoyos, que fue finalmente materializado con la Ley 1996 de 2019. En palabras del legislador: “Por lo anterior, el proyecto responde tanto a las necesidades de personas con discapacidad que requieran apoyos leves, como a las de quienes requieran apoyos más intensos. En el primer caso, los apoyos leves pueden ser previstos por las mismas personas con discapacidad y sus redes de apoyo a través de los acuerdos de apoyo o en su defecto de las directivas anticipadas. En el caso de los apoyos más intensos, estos pueden ser solicitados incluso por una tercera persona con interés legítimo, y pueden llegar al punto de requerir que una persona de confianza interprete de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad a través de un proceso judicial. Así, el proyecto responde a una realidad compleja en donde las personas con discapacidad pueden requerir apoyos distintos, dejando atrás la dicotomía entre personas con capacidad plena y “personas con discapacidad mental absoluta”. (…) Este proyecto permite, con las medidas que implementa, que la persona con discapacidad pueda tomar decisiones y controle su propia vida y que la participación de terceros sea facilitando y apoyando la toma de decisiones, y no sustituyéndola. En este sentido, los dos mecanismos de realización de apoyos, así como la herramienta de las directivas anticipadas, permiten que la toma de decisiones con apoyos sea aplicable a personas que requieren distintos niveles de apoyos”.[68] 33. Conforme a lo anterior, a manera descriptiva, la Ley 1996 de 2019 se compone de nueve (9) capítulos. El Capítulo I establece todas las disposiciones generales referentes al objeto, la interpretación normativa, las definiciones, los principios, los criterios para establecer salvaguardias y la presunción de capacidad. El Capítulo II consagra los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos, en los que vale la pena mencionar, (i) los acuerdos de apoyos y (ii) la adjudicación judicial de apoyos a través de un proceso de jurisdicción voluntaria (cuando lo solicita directamente el titular del acto jurídico), o a través de un proceso verbal sumario (cuando lo inicia una persona distinta al titular del acto jurídico). En este capítulo también se desarrollan los artículos que establecen cómo deben determinarse y realizarse la valoración de los apoyos. El Capítulo III desarrolla todo lo concerniente a los acuerdos de apoyos para la celebración de actos jurídicos (la designación, la duración, su modificación y terminación). El Capítulo IV define y desarrolla las Directivas Anticipadas. El Capítulo V regula todo lo referente a la adjudicación judicial de apoyos, artículos que modifican disposiciones del Código General del Proceso, principalmente. El Capítulo VI consagra las disposiciones sobre las personas que funge como apoyo; los requisitos, obligaciones inhabilidades, representación, responsabilidades, entre otros. El Capítulo VII establece un único artículo en el que contempla que los actos jurídicos que involucren bienes sujetos a registro deben contar con una anotación de que el acto en cuestión fue realizado utilizando apoyos. El Capítulo VIII establece el régimen de transición en relación con los procesos y declaraciones de interdicción vigentes al momento de la promulgación de la Ley 1996 de 2019. Finalmente, el Capítulo IX consagra las derogatorias, modificaciones y las disposiciones finales. La expedición y aprobación de la Ley 1996 de 2019 no desconoció la reserva de ley estatutaria del literal a) del artículo 152 de la Constitución Política toda vez que no regula de forma integral y exhaustiva el núcleo esencial de un derecho fundamental 34.  El demandante interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019 por considerar que desconoció los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución. Argumentó que el derecho a la personalidad jurídica es un derecho de naturaleza fundamental, y en esa medida, la Ley debía haber sido tramitada y aprobada con mayorías calificadas y acorde con los lineamientos que deben observarse para las leyes estatutarias. Sostuvo que este cuerpo normativo regula exhaustivamente el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, y por lo mismo, no podía ser aprobado a través de una ley ordinaria. 35.  Como fue expuesto en las consideraciones de esta providencia, la jurisprudencia constitucional de forma pacífica y reiterada ha establecido que el alcance de la reserva de ley estatutaria debe ser restrictivo y excepcional, y en ese orden de ideas, no toda regulación que trate materias de derechos fundamentales debe ser regulada por medio de una ley estatutaria. De esa forma, tratándose del literal a) del artículo 152, la Corte ha señalado que los criterios para determinar si un asunto está o no sometido a la reserva de ley estatutaria son los siguientes: (i) que se trate de un derecho de naturaleza fundamental, (ii) que la regulación sea integral, completa y sistemática, (iii) que las disposiciones regulen de forma directa el núcleo esencial del derecho fundamental, los aspectos inherentes al mismo, sus principios y estructura,[69] (iv) que la regulación desarrolle elementos estructurales que impliquen una afectación al derecho, como límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que interfieran el núcleo esencial del derecho y (v) la reserva también aplica cuando se “trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental”.[70] 36.  La Sala Plena realizará la evaluación de la Ley 1996 de 2019 a la luz de cada uno de los criterios jurisprudenciales mencionados. Cabe advertir que este análisis se hará de forma global, en razón a que el demandante no dirigió su cargo a algún artículo o capítulo concreto. 36.1. Sin duda el reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho de naturaleza fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Del mismo modo, la jurisprudencia lo ha interpretado con la misma calidad iusfundamental, al contar con la funcionalidad de materializar la dignidad humana.[71] No obstante lo anterior, el contenido de este derecho fundamental incluye igualmente el reconocimiento de los atributos de la personalidad, estos son, el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio y la capacidad. La Sala observa que la Ley 1996 de 2019 se concentra únicamente en regular lo referente al ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, y no hace ninguna regulación concreta a los demás atributos de la personalidad. En efecto, el objeto de la Ley 1996 es el de “establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma” (artículo 1°). Es decir, su cobertura se dirige a regular uno de los atributos de la personalidad a favor de un sector de la población, como sujeto de especial protección. Cabe recordar en este punto, que las leyes estatutarias no fueron creadas en el ordenamiento “con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales”, y en consecuencia, su interpretación y alcance debe ser restrictiva y excepcional.[72] 36.2. El objeto de la regulación de la Ley 1996, no es directamente el derecho fundamental, sino las herramientas a través de las cuales se pretende asegurar su ejercicio para una población específica. El propósito de esta Ley es el de establecer los mecanismos con los que se reemplaza del todo la figura de la interdicción civil, y se garantiza el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En efecto, la voluntad del legislador fue la de “propender a eliminar las barreras que generan discriminación y marginalización, y asegurar los apoyos requeridos para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos, sin distinción alguna”.[73] Así, a pesar de que la materia de regulación está relacionada con derechos fundamentales, su objeto es la creación de herramientas para su efectivo ejercicio. Incluso, la principal modificación proviene del artículo 1504 del Código Civil, al eliminar del todo como “incapacidad legal”, la discapacidad, y en consecuencia, prohibir la interdicción. 36.3. La Ley 1996 de 2019 no tiene como finalidad afectar el núcleo esencial de un derecho fundamental, pues su materia de regulación se centra en “establecer medidas específicas para garantizar el derecho a la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, al tiempo que determina el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de esta”.[74] En virtud de esto, lo que hace la misma ley es adaptar o armonizar la ley civil a los estándares del modelo social de la discapacidad, y en consecuencia, prohíbe la interdicción e inhabilitación por discapacidad, crea el régimen de toma de decisiones con apoyos y modifica el Código Civil, el Código General del Proceso y la Ley de guardas (Ley 1609 de 2009), en lo pertinente. Con todo, se observa que se trata de establecer mecanismos para asegurar el ejercicio de la capacidad legal, materia que siempre ha sido regulada mediante leyes ordinarias. 36.4. La Ley 1996 de 2019 no desarrolla elementos estructurales que impliquen límites, restricciones o excepciones que interfieran en el núcleo esencial del derecho fundamental, pues, por el contrario, lo que pretende la normativa es eliminar los obstáculos existentes y garantizar el ejercicio de la capacidad a través de mecanismos o herramientas acordes con los estándares internacionales de la discapacidad. Nótese que el núcleo esencial del derecho fundamental se encuentra reconocido a través de la Ley 1346 de 2009 (aprobatoria de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad) y Ley Estatutaria 1618 de 2013. De tal forma, la regulación no desarrolla elementos estructurales que interfieran en el núcleo esencial del derecho fundamental de la personalidad jurídica. 36.5. La Ley 1996 de 2019, como ya fue mencionado antes, se concentra en establecer un régimen de toma de decisiones con apoyo a favor de las personas con discapacidad mayores de edad. Es decir, el alcance de la regulación es limitado y dirigido a un sector de la población y a una faceta concreta del derecho a la personalidad jurídica (la capacidad). Por ende, la Sala estima que no se trata de una regulación completa, exhaustiva e integral. En este punto cabe recordar que en la sentencia C-035 de 2015, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1680 de 2013[75] afirmó que no estaba sometida a reserva de ley estatutaria porque “no se trata de una regulación integral del derecho a la igualdad material y efectiva de las personas con discapacidad visual (…) lo cierto es que se trata de una ley que desarrolla la faceta de accesibilidad y eliminación de barreras dentro de un marco previamente definido por la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que sí contiene un desarrollo sistemático e integral de los derechos de las personas con discapacidad, con el propósito explícito de armonizar la legislación interna con los principios y reglas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006”.[76] Bajo esta misma línea argumentativa, la Sala Plena considera que la Ley 1996 de 2019 materializa el cumplimiento de una obligación internacional del Estado correspondiente a crear los mecanismos adecuados y necesarios para garantizar la participación de las personas con discapacidad en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones. Así, la Ley 1996 de 2019 desarrolla una faceta establecida en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. 37.  Con fundamento en todo lo anterior, la Sala Plena encuentra que la Ley 1996 de 2019 no desconoce los mandatos constitucionales dispuestos en los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución, relacionados con las materias que requieren para su regulación de reserva de ley estatutaria. Conclusiones 38.  En esta providencia la Sala Plena analizó si de forma general la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” era contraria a lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política al haber sido expedida y aprobada como ley ordinaria, a pesar de regular el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. 39.  La Corte Constitucional recordó la jurisprudencia relativa a las condiciones que deben cumplirse para establecer si una materia debe ser sujeta al trámite y aprobación estatutaria. Advirtió que su interpretación es excepcional y restrictiva. En lo correspondiente al literal a) del artículo 152, la jurisprudencia ha establecido cinco criterios que deben analizarse para esta determinación, entre los cuales se debe definir si (i) se trata de un derecho de naturaleza fundamental, (ii) si la regulación es integral, completa y sistemática, (iii) las disposiciones regulan de forma directa el núcleo esencial del derecho fundamental, los aspectos inherentes al mismo, sus principios y estructura,  (iv) la regulación desarrolla elementos estructurales que implican una afectación al derecho, como límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que interfieran el núcleo esencial del derecho y (v) se trata de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental. 40.  En esta oportunidad, la Sala Plena encontró que la Ley 1996 de 2019 a pesar de que regula una de las aristas del derecho fundamental a la personalidad jurídica, como lo es la capacidad de goce y ejercicio, incorpora medidas y mecanismos dirigidos a favor de las personas con discapacidad para el ejercicio de aquel derecho. Para lograrlo, elimina barreras legales como la interdicción y las reemplaza por un sistema de apoyos que permite a las personas con discapacidad tomar decisiones bajo su voluntad y preferencias. Con lo anterior, la Corte concluyó que en la regulación de la Ley 1996 de 2019 no se afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, y por tanto, el legislador no desconoció el mandato constitucional de los artículos 152 y 153 de la Constitución. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” por el cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de la Ley. Comuníquese, notifíquese y cúmplase. ALBERTO ROJAS RÍOS Presidente DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Con aclaración de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada Con aclaración de voto GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General ANEXO I – INTERVENCIONES 1.     Federación de Discapacidad del Valle – FEDISVALLE – y Fundación MEEM – Soluciones Integrales María Eugenia Escobar Mafla, presidente de la organización Federación de Discapacidad del Valle – FEDESVALLE – y de la Fundación MEEM – Soluciones integrales, intervino en el presente proceso con el objetivo de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019, sustentando su solicitud con base en los siguientes presupuestos. Resaltó que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 se encuentra ajustada a las obligaciones internacionales previstas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, habida cuenta que esta norma jurídica se encuentra fundamentada en la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Indicó que las personas con discapacidad merecen unas condiciones de vida dignas y una igualdad de oportunidades en todos los aspectos y que la discriminación contra este grupo de personas, que se haga debido a su discapacidad, constituye una vulneración a su dignidad y al valor inherente del ser humano. Señaló que “las personas en situación de discapacidad tienen una protección constitucional reforzada, de conformidad con los artículos 13 y 47 de la Carta, y a la luz de la Convención – entre otros instrumentos internacionales - , razón por la cual el Estado tiene el compromiso de adelantar acciones efectivas para promover el ejercicio pleno de sus derechos para evitar conductas, actitudes o tratos, conscientes o inconscientes, dirigidos a restringir derechos, libertades u oportunidades, sin justificación objetiva y razonable, u omisiones injustificadas en el trato especial a que tienen derecho estos sujetos y que tienen como consecuencia directa la exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad”[77]. Agregó que la Corte Constitucional ha precisado, a través de su jurisprudencia, que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y beneficiarios de una especial protección constitucional y que la discapacidad debe ser afrontada desde una perspectiva holística, en el sentido de brindar a este grupo de personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las barreras físicas o sociales que limita sus posibilidades para desenvolverse y, así, superar dicha condición. Estimó que la anterior postura de la Corte Constitucional implica abandonar la visión de la discapacidad como una enfermedad. Ahora bien, en relación con el argumento presentado por el demandante, consistente en que las normas acusadas resultan ser contrarias al artículo 151 de la Constitución Política de 1991, la interviniente estimó que “[d]e la exposición de motivos de la Ley 1996 de 2019, se puede observar que fue originada por algunos Representantes a la Cámara, el defensor del pueblo y otras firmas, en donde se tomó como premisa fundamental que la capacidad jurídica es la aptitud de una persona para adoptar decisiones jurídicamente válidas  entablar relaciones contractuales vinculantes. La capacidad jurídica convierte a una persona en sujeto de Derecho y titular de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica es especialmente importante ya que afecta a todos los ámbitos vitales, desde la elección del domicilio, la decisión de contraer matrimonio o no y con quién, hasta la firma de un contrato de trabajo o la posibilidad de ejercer el derecho a voto. Esto indica, que, en el trámite del proyecto de ley, tanto en Senado como en cámara se estableció el concepto de capacidad jurídica como una aserción que permite la garantía de otros derechos para las personas con discapacidad. Por consiguiente, se puede concluir que se reconoció la obligación de crear salvaguardias o apoyos que permitan generar igualdad de derechos y oportunidades a este grupo población”[78]. Agregó que la Ley 1996 de 2019 no tuvo un trámite especial ni una mayoría absoluta para ser aprobada, trámite que correspondería a las leyes ordinarias por no haberse previsto un trámite especial para estas. Adicionalmente, indicó que la referida ley no reglamenta el Congreso y sus Cámaras, así como tampoco las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, el plan general de desarrollo, y la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales; lo cual desvirtúa, a su parecer, el argumento presentado por el accionante. Finalmente, aseveró que mediante la Ley 1996 de 2019 tampoco se regularon temas relacionados con los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, la administración de justicia, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y funciones electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, y los estados de excepción; temáticas que deberían desarrollarse a través de la ley estatutaria, la cual no sólo tiene un trámite especial, sino que, también, tiene un control previo de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional anterior a la sanción presidencial. Con base en lo anterior, consideró que la Ley 1996 de 2019 no vulnera el artículo 152 de la Constitución Política. 2.     Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario Paula Marcela Iregui Parra, en calidad de supervisora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Mery Cecilia Diez Vargas, directora de la Especialización en Derecho de Familia de la misma universidad, y María José Motta, Ingrid Liliana Palacios Ríos y Martín Perilla, como miembros activos del referido Grupo de Acciones Públicas, presentaron un escrito con la intención de intervenir en el presente proceso, para solicitar a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse por ineptitud de la demanda o que, subsidiariamente, se declarara exequible la totalidad de la Ley 1996 de 2019. En primera medida, adujeron que la demanda no había cumplido con la carga argumentativa de los requisitos de suficiencia y especificidad, requeridos en un proceso de constitucionalidad de una ley, y mucho menos para que le sea aplicado el principio pro actione. Al respecto, señalaron que para argumentar la falta de suficiencia de la demanda iban a tener en consideración las reglas jurisprudenciales sobre la aplicación de ley estatutaria de las que ha hablado la Corte Constitucional, para explicar por qué en el caso en concreto no se está frente a un supuesto de ley que debería ser tramitado por la ley estatutaria, sino que, por el contrario, es un caso que, si bien versa sobre derechos fundamentales, debe estar regulado por ley ordinaria, so pena de vaciar la autoridad del legislador ordinario. En este sentido, afirmaron que el accionante falló al no haber dado ninguna razón para activar esta excepción, ya que solamente afirmó que la norma regula un derecho, lo cual no es razón suficiente para que el trámite deba ser diferente. De otra parte, en relación con el segundo criterio que ha dado la Corte, el cual se refiere a que la ley estatutaria se definirá por su contenido material y no solamente por su nombre formal, se ha definido que las acciones que pretendan la declaración de inconstitucionalidad de una norma deben explicar una contradicción manifiesta con la Constitución. En su opinión, el accionante solamente afirmó que la personalidad jurídica es un derecho, pero no se refirió en ningún momento al contenido de la norma, ni a las razones por las que el asunto a regular en particular necesita un trámite estatutario. Agregaron que, respecto del tercer criterio establecido por la Corte, tampoco hubo una explicación por parte del accionante que permitiera determinar que la Ley 1996 de 2019 regula el núcleo esencial de un derecho; contrario sensu, únicamente citó el artículo 14 de la Carta Política mediante el cual se consagró que la personalidad jurídica es un derecho, sin que esto signifique necesariamente que cualquier norma que esté relacionada con la capacidad deba ser estatutaria ni regular el núcleo del derecho. Indicaron que el cuarto criterio señala que las regulaciones integrales de los derechos fundamentales deben tener trámite estatutario; sobre lo cual, en su opinión, hubo una gran ausencia en la acción, pues esta no explicó las razones para afirmar que la ley demandada contiene una regulación integral de la personalidad jurídica y no solamente el establecimiento de ciertos mecanismos para el ejercicio de un derecho consagrado y desarrollado en otras normas. Finalmente, resalaron que el accionante omitió explicar cuáles son los elementos estructurales que regula la ley para que se deba entender estatutaria; razón por la cual, la argumentación del demandante se circunscribió a indicar el nombre de la norma, sin hacer un análisis en lo referente al contenido y, mucho menos, en lo que respecta al derecho fundamental que consideró que desarrolló la misma, y que venía siendo desarrollada por la Ley 1306 de 2009 que fue tramitada también como ley ordinaria. En este sentido, la acción no cumplió con el requisito de suficiencia, pues no solamente desconoció los criterios que la Corte ha dado para el análisis del trámite estatutario, sino que afirmó que se presuntamente se vulnera el artículo 152 de la Constitución. No obstante, no explicó de ninguna forma la relación directa entre la norma y el derecho fundamental de personalidad jurídica, ni tampoco las razones por las que el núcleo fundamental del derecho se desarrolla íntegra o estructuralmente en la Ley 1996; pues, como ha explicado la Corte, no cualquier regulación de un derecho debe tener un trámite estatutario. Aseveraron que tampoco se logró demostrar que el enunciado exhiba un problema de validez constitucional y la manera en que la inexequibilidad de la ley le es atribuible como consecuencia jurídica; por consiguiente, debió entenderse que no se cumplió el requisito de especificidad. Consideraron que el actor “debió haber tomado en consideración aquellos requisitos o criterios bajo los cuales, la reserva de ley estatutaria debe ser aplicada, por excepción a leyes que versen sobre derechos fundamentales, pues como se indicó, toda ley o norma desarrollará en mayor o menor medida un derecho de esa naturaleza. Y en ese sentido, si se entendiera que cualquier desarrollo de un derecho fundamental debe ser regulado mediante ley estatutaria, solamente el legislador estatutario tendría la competencia para expedir leyes, dejando vacía la competencia del legislador ordinario para expedir las mismas”[79]. Por ello, reiteraron que el accionante no desarrolló ningún argumento que permitiera concluir que la Ley acusada cumple con todos los criterios jurisprudenciales respecto de cuándo debe aplicarse la ley estatutaria para derechos fundamentales; en otras palabras, planteó dos cargos sobre la violación de los artículos 152 y 153 sin brindar ningún tipo de argumentación que permitiera verificar dicha vulneración, pues, por el contrario, sólo se limitó a transcribir el enunciado literal de los artículos mencionados, sin hacer un análisis sobre la interpretación y alcance que la Corte ha dado al artículo 152. De la misma manera, el accionante indicó que la Ley 1996 de 2019 vulnera el artículo 14 de la Constitución Política, a través del cual se estableció el derecho fundamental a la personalidad jurídica. No obstante, no expuso las razones o argumentos que permitieran entender por qué dicha ley vulnera aquel derecho, y tampoco indicó cuál o cuáles de los artículos que desarrollan de manera exhaustiva el derecho. “De hecho, a pesar de las acusaciones del accionante, el contenido de dicha ley se limita a desarrollar herramientas que le permitan a las personas con discapacidad mayores de edad, ejercer su derecho a la capacidad jurídica con apoyo, cuando lo requieran”[80]. Por último, afirmaron que la aplicación del principio pro actione no es procedente en una acción de inconstitucionalidad que no ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos y, por ende, bajo ningún motivo, la Corte podría “llenar de contenido las razones planteadas por el demandante cuando estas no son suficientes ni específicas”[81]. A propósito, adujeron que la Ley demandada no debió tramitarse mediante ley estatutaria, en tanto la norma en cuestión no regula de manera integral, estructural y completa todos los aspectos sobre el derecho fundamental a la personalidad jurídica. A contrarios sensu, establece disposiciones puntuales y detalladas sobre las formas de acceso a la solicitud y obtención de apoyos formales, para las personas con discapacidad que así lo soliciten o requieran. Es decir, se trata de una normativa dispuesta para un grupo población específico y sobre un tema concreto que son los mecanismos para el ejercicio de su capacidad jurídica. Indicaron que resultaba importante reforzar que, como lo ha expuesto de manera reiterada la jurisprudencia, no todas las normas que regulen derechos deben ser estatutarias, puesto que el carácter estatutario de las leyes es excepcional en el ordenamiento jurídico colombiano. De hecho, expusieron que, en un análisis inicial de las normas que regulan la situación de las personas con discapacidad, podría pensarse que, al igual que la Ley 1618 de 2013, la Ley 1996 de 2019 debe ser una ley estatutaria. No obstante, afirmaron que esa conclusión sería errada por cuanto que la naturaleza de estas leyes es disímil. Concluyeron que, “mientras el principal objeto de la Ley 1996 de 2019 es determinar la forma en que el ordenamiento entenderá la capacidad de las personas con discapacidad y su manera de ejercerla, lo cual no hace parte del núcleo esencial de los derechos, la Ley 1618 de 2013 sí regula y plasma de manera específica una amplia gama de derechos en cabeza de estas personas, lo cual justifica que se haya tramitado mediante reserva estatutaria a diferencia de lo que ocurre con la ley objeto de análisis en esta intervención”[82]. Para concluir su intervención, expusieron que, respecto a las razones que dieron paso a la modificación plasmada en la Ley 1996 de 2019, consideraron que esta obedeció a un cambio de paradigma de la discapacidad de un modelo médico-rehabilitador a un modelo social, el cual dota a las personas con discapacidad de autonomía y reconoce su derecho a la autodeterminación en la toma de decisiones que los afecten o involucren. Manifestaron que el cambio de normatividad se dio a la luz de las obligaciones internacionales del Estado colombiano contenidas en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad – CDPD –, un tratado internacional de derechos humanos que puede considerarse como el parámetro constitucional prevalente al ser parte del ordenamiento jurídico colombiano, a través del bloque de constitucionalidad. Resaltaron que la CDPD “supera el enfoque de salud para abordar el tratamiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos. Esto implica, dejar de considerar la persona con discapacidad como objeto de medidas asistenciales, de beneficencia o caridad y reconoce su condición de sujeto de derechos”[83]. En su opinión, la Ley 1996 de 2019 “hace un reconocimiento expreso de este enfoque de derechos toda vez que tiene como principales fundamentos el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, la autonomía individual y el igual reconocimiento como persona ante la ley. Al mismo tiempo que reconoce a la persona con discapacidad como actor facultado para realizar actos jurídicos y crear relaciones jurídicas al considerarlas como titular de derechos y con capacidad de ejercer esos derechos”[84]. 3.     Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi Paula Andrea Cerón Arboleda, Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, Dayana Holguín Lenis y Anny Pejendino Ortega, docente y estudiantes del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi, intervinieron para solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda o, subsidiariamente, se declarara la exequibilidad de la norma acusada, con base en los siguientes argumentos. En la primera parte de su escrito, afirmaron que “la solicitud de ‘declarar inexequible en su totalidad’ la ley 1996 de 2019, es un retroceso en el sistema jurídico Colombiano frente a los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Política de la República de Colombia de 1991 como en el derecho internacional, pues sería retrotraer los derechos de las personas con discapacidad, afianzando dichos estereotipos de asistencialidad de las personas con discapacidad, y de necesidad de limitar la autonomía de la voluntad de ésta población, evidenciando la concepción de la discapacidad como un problema que se debe solucionar anulando a la PCD y no como las barreras que la sociedad ha impuesto. Además, el sistema jurídico colombiano se ha caracterizado por la prevalencia de lo sustancial ante lo procesal, conforme a lo cual, sería totalmente arbitrario declarar la inexequibilidad de la ley 1996/19 argumentando un error de procedibilidad sin tener en cuenta el grave conflicto de derechos y principios que esto implicaría en el ordenamiento jurídico colombiano”[85]. Por otro lado, indicaron que la presente acción pública de inconstitucionalidad no desarrolló con claridad las normas constitucionales que se consideran vulneradas y supuso que la Ley 1996 de 2019 viola todos los principios fundamentales de la Constitución Política y los valores que en ella se expresan como pilares fundamentales de la construcción de una sociedad que vela por el bienestar de sus ciudadanos, considerando que la ley debió realizarse mediante una ley estatutaria, no por una ley ordinaria. Sin embargo, en su opinión, no se tuvo en cuenta que la Ley 1996 de 2019 contempla los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, internalizado en el orden jurídico para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales ratificados por Colombia y recomendaciones del Comité de personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. A propósito, manifestaron que el demandante expuso que la Ley vulnera el artículo 152 y 153 de la Constitución Política. No obstante, aseveraron que no estaban de acuerdo con dicha posición, por lo siguiente: “En primer lugar, la Ley 1996 no recorta o limita derechos fundamentales, por el contrario, otorga y protege los derechos consagrados en la CDPD en la medida en que estima la asignación de personas de apoyos, las cuales deberán operar con el consentimiento y voluntad de las personas con discapacidad, en caso de que la persona lo requiera. Por lo que, esta ley no afecta los derechos de las personas con discapacidad, en contraste a esto, garantiza a las personas el reconocimiento de su capacidad jurídica como un derecho fundamental y los mecanismos para hacerlo valer, de forma que no sufran de discriminación. En segundo lugar, la Ley no ha aumentado sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho. Lo único que se hizo fue sustituir el régimen de capacidad legal y eliminar la interdicción para sustituirla por la figura de los apoyos (persona de apoyo), quienes pueden habilitarse por la persona con discapacidad de forma voluntaria ante un notario o por medio de demanda judicial; estas personas de apoyo solo serán obligatorias cuando haya imposibilidad absoluta por la persona con discapacidad de manifestar o expresar su voluntad, o cuando la persona de apoyo demuestre que es el mejor actuar para esta persona”[86]. Con base en lo anterior, afirmaron que el Estado colombiano tiene el deber de cumplir su obligación con la CDPD y, para ello, debe tomar las medidas que allí se mencionan para la protección de estos derechos. Agregaron que, para el 2013, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad dio respuesta a los exámenes presentados por el Estado sobre la situación de los derechos de esta población. Destacaron que dicho Comité encontró que el Estado estaba incumpliendo la CDPD por mantener vigente en la legislación la clasificación de las personas en capaces, incapaces relativos e incapaces absolutos, y por contemplar regímenes de voluntad sustituta en el caso de personas declaradas incapaces. Ello, por cuanto lo anterior terminaba negando el reconocimiento de la capacidad jurídica y los derechos a la igualdad y a la dignidad humana de las personas con discapacidad establecidos en la CDPD. Explicaron que la anterior crítica se dio por la modificación del Código Civil por medio de la Ley 1306 de 2009, la cual reguló las medidas de interdicción e inhabilitación judicial para personas con discapacidad mental absoluta o relativa. Especificaron que en dicha Ley se estableció que las personas consideradas legalmente interdictas, eran aquellas incapaces para celebrar actos negociables jurídicamente relevantes y, por ende, debían actuar por medio de un curador o representante, de manera que cualquier actuación realizada por personas declaradas interdictas debía considerarse nula. Explicaron que la anterior situación hizo necesaria la adopción de una nueva ley de capacidad legal que tuviera en cuenta los principios de la Convención. Lo anterior, toda vez que, el artículo 21.2 de la Ley estatutaria 1618 de 2013 no especificaba cómo se iba a garantizar el ejercicio de la capacidad legal a las personas con discapacidad. Por el contrario, en este artículo sólo se afirma que las entidades del gobierno deben proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial para favorecer el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la CDPD. Aun así, el Comité encontró que las mismas entidades del gobierno realizan asesorías a familias sobre cómo iniciar procesos de interdicción; hecho que, en su opinión, vulnera totalmente los derechos de las personas con discapacidad a tomar libremente sus decisiones. Ahora bien, en relación con las subreglas sobre Reserva Estatuaria, refirieron que el artículo 152 de la Constitución Política, el cual da lugar a los debates sobre la reserva de ley estatutaria, es el punto de partida para abordar esta cuestión. Indicaron que, al hacer la revisión de la línea jurisprudencial citada por la Corte, era posible identificar la Sentencia C- 226 de 1994, mediante la cual se especificó que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos o todo aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta lo anterior, adujeron que es posible identificar que “la Ley 1996 de 2019, si bien busca mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, al transformar la interdicción por acuerdos de apoyo, estos cambios no afectan a los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales, toda vez que su capacidad jurídica y autonomía, en ningún momento se ve afectada o aminorada”[87]. Agregaron que se debe recordar que la Corte ha sostenido que se debe dar una interpretación restrictiva y no extensiva de la aplicación de este tipo de leyes cuando de derechos fundamentales se trate. En efecto, no toda norma que verse sobre derechos fundamentales ya sea que los permita, proteja, limite o restringa, debe ser emitida mediante una ley estatutaria, pues en tal caso dejaría de ser una excepción para tratarse de la regla general en la expedición de leyes y normas. Por esa razón, las normas que sancionan la violación de derechos fundamentales, como las normas penales, no tienen esta categoría. Reforzando el argumento anterior, aseveraron que se puede observar que la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-408 de 1994, estableció que “la exigencia de que se realice mediante dicha regulación mediante una ley estatutaria, debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho, ya que se dejaría, según interpretación contraria, a la ley ordinaria, regla general legislativa, sin la posibilidad de existir; toda vez que, se repite, de algún modo, toda la legislación de manera más o menos lejana, se encuentra vinculada con los derechos fundamentales”[88]. Con fundamento en todo lo anterior, concluyeron que la demanda no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia y que, por tanto, la Corte Constitucional no podía emitir un pronunciamiento de fondo. 4.     Instituto Colombiano de Derecho Procesal La señora Liliana Patricia Rojas Rojas, en calidad de miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, presentó una intervención con la finalidad de solicitar a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse o que, en subsidio, declarara la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Como fundamento de su solicitud, afirmó que la demanda careció de argumentos certeros y contundentes que desvirtuaran la exequibilidad de la referida ley por dos razones fundamentalmente: (i) la ineptitud de la demanda; y (ii) la no existencia de la reserva estatutaria. Respecto de la primera razón, señaló que la demanda no dio cumplimiento a las condiciones exigidas a través del numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, por cuanto: (i) no cumplió el requisito de especificidad y suficiencia, al no haber expresado en la demanda las razones que la Corte debía tener en cuenta para entender cuáles son los supuestos contenidos normativos que debieron ser tramitados bajo el procedimiento de ley estatutaria, por haber realizado consideraciones subjetivas sin explicar cuál es el sentido y alcance de la violación formal que ameritaría la expulsión de la ley del ordenamiento jurídico colombiano; y (ii) no satisfizo el requisito de certeza y pertinencia, toda vez que, los argumentos del accionante partieron de una premisa errada, al haber entendido que las leyes ordinarias no pueden regular de “manera completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad jurídica”, porque tampoco desarrolló los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional en materia de reserva de ley estatutaria, y “la demanda no permitió entender cuáles eran las cuestiones constitucionales, es decir, que tengan por objeto preservar la vigencia de la Constitución Política y de esa forma, amerite un pronunciamiento de la Corte Constitucional”[89]. Agregaron que no existió un vicio en el proceso de formación de la ley, habida consideración que, el poder legislativo ejerció su competencia, reconocida a través del artículo 150 de la Constitución Política, al expedir la Ley 1996 de 2019, así como también al modificar diversas disposiciones del Código Civil y del Código General del Proceso y al derogar varias disposiciones de la Ley 1306 de 2009, “siguiendo la suerte del mismo trámite ordinario con que crearon las normas legales primigenias”[90]. Estimaron que la ley bajo estudio no pretendió regular de forma integral, sistemática y completa, en otras palabras, no reguló de manera general los atributos de la personalidad jurídica, como lo son el nombre, el domicilio, la capacidad, la nacionalidad y el estado civil; por el contrario, su objetivo principal fue el de “establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma”[91], tal y como se estableció en su artículo 1. Sostuvo que “[a] diferencia de lo que sostiene el demandante, mediante el trámite de ley estatutaria no es posible regular de forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales. Por el contrario, le corresponde al poder legislativo mediante trámite ordinario determinar cuáles son las diferentes condiciones en que se garantizará el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección y en consecuencia, enriquecer el contenido de este derecho con base en los desarrollos del bloque de constitucionalidad a la luz del art. 4 de constitucional (Sentencia C-6464/01, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”[92]. Resaltó que, inclusive, ya se había expedido la Ley Estatutaria 1618 de 2013 con anterioridad, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, derechos dentro de los cuales ya se encontraban los del reconocimiento de la plena capacidad legal y acceso al sistema de apoyos, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –. Así, afirmó que lo que la Ley 1996 de 2019 hizo fue desarrollar los derechos y deberes derivados de la capacidad legal reconocida mediante la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para concluir su intervención, manifestó que “la ley 1996 de 2019 tampoco generó restricciones que puedan afectar la estructura general del derecho, al contrario, bajo el modelo social de los derechos de personas con discapacidad en la ley se adoptaron una serie de medidas pertinentes para garantizar el acceso efectivo a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica para expresar su voluntad y preferencias, así como el deber de implementar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con bloque de constitucionalidad”[93]. 5.     Instituto Jô Clemente Las señoras Daniela Machado Mendes, Deisiana Campos Paes y Stella Camlot Reicher, presentaron una intervención en representación del Instituto Jô Clemente, una organización sin fines de lucro de la sociedad civil que, desde 1961, “se ha dedicado a la inclusión, defensa y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, la prevención y promoción de su salud y el desarrollo de habilidades y potencial que favorecen la educación y el empleo con apoyo para personas con discapacidad intelectual”[94]. A través de su escrito hicieron aportes importantes para el estudio del presente caso, los cuales se resumirán a continuación. En primera medida, manifestaron que al realizar un monitoreo sobre lo que sucedía con las personas con discapacidad al ser sometidas a un régimen de interdicción, encontraron que ésta figura no protege ni garantiza los derechos de este grupo de personas, sino, por el contrario, sirve como herramienta para vulnerar sus derechos fundamentales. De hecho, comprobaron que en más del 90% de los casos, las personas con discapacidad nunca hicieron uso de la interdicción para ningún propósito, excepto para los eventos en los que se buscaba consolidar un beneficio a nivel de salud o de seguridad social. Manifestaron que “[s]us relatos apuntan, por el contrario, a casos de abuso financiero, limitaciones al derecho de ir y venir; prohibición de acceso al trabajo; imposición de tratamientos involuntarios; esterilización no consentidas; así como casos de violencia y abuso por parte de curadores”[95]. Agregaron que su organización comenzó un proyecto denominado “Capacidad legal y toma de decisiones con apoyo – Rompiendo paradigmas”, con el apoyo de la Open Society Foundation, inspirada en iniciativas similares realizadas en Colombia e Israel, a través de la cual se ha demostrado que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, incluso si necesitan apoyo. Aclararon que el cambio de paradigma implica la implementación de nuevas prácticas sociales y legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad. Para explicar aún más su postura, expusieron lo siguiente: “Imaginemos la situación de dos personas con discapacidad intelectual. La primera tiene apoyo de su familia en todas las áreas de la vida, asiste escolar regular, tiene amigos y una vida independiente; la segunda nunca tuvo soporte, nunca asistió a la escuela y su círculo de relaciones se limita a sus padres. ¿El hecho de que tengan vidas y condiciones diferentes justifica que solo se garanticen los derechos de una de ellas? ¿Qué nos hace pensar que una puede ser ‘más capaz’ de ejercer derechos que la otra? || Esta nueva forma de entender la discapacidad se traduce en la siguiente ecuación: la discapacidad será tanto más notable y limitante cuanto menor acceso a los soportes y apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos. Esto se debe a que, como señala el Informe Mundial sobre Discapacidad, ‘(…) las habilidades de las personas dependen de las condiciones externas, que pueden ser modificadas por la acción del gobierno’ (…) las habilidades de las personas con discapacidad se pueden ampliar, sus (sic) se puede mejorar el bienestar, la capacidad de actuar la libertad, y sus derechos humanos pueden convertirse en una realidad”[96]. De hecho, en su opinión, bajo los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, la Ley 1996 de 2019 y la ley brasileña de inclusión, el derecho a ejercer la capacidad legal no puede limitarse bajo el argumento de falta de capacidad mental, de discernimiento o debido al grado o la gravedad de la discapacidad, bajo pena de constituir discriminación por motivos de discapacidad. Por el contrario, aseveraron que es esencial garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer este derecho, incluido el acceso a la asistencia que eventualmente puedan necesitar. En síntesis, indicaron que la Ley 1996 de 2019, al establecer el marco para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, concretó a nivel nacional los lineamentos de la CDPD, sirviendo como un verdadero ejemplo para que otros países desenvuelvan y/o mejoren su legislación para garantizar a las personas con discapacidad su derecho a la capacidad legal y toma de decisiones con apoyo; teniendo en consideración que: (i) “las personas con discapacidad tienen derecho a ser protagonistas en sus vidas y a tomar sus decisiones”; (ii) “la práctica muestra que las restricciones al ejercicio de la capacidad legal, entre las cuales incluimos la interdicción, violan los derechos fundamentales (igualdad, libertad, autodeterminación) y evitan que las personas con discapacidad disfruten de otros derechos fundamentales”; (iii) “la interdicción, como hemos visto, no protege a las personas con discapacidad, ni previene situaciones de explotación, abuso y violencia, y que, por el contrario, para evitar tales situaciones, es necesario garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad legal”; (iv) “la realidad cambiante requiere que los países adopten legislación, prácticas sociales y legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones con apoyo por personas con discapacidad”; y (v) “en Colombia, bajo los términos de la CDPD y la Ley 1996/2019, este paso ya se ha dado, con la legislación vigente garantizada a todas las personas con discapacidad, sin distinción, el derecho a la capacidad legal y el acceso a los medios para su ejercicio”[97]. 6.     Intervenciones ciudadanas 6.1.    Juanita María Goebertus Estrada, Representante a la Cámara por Bogotá, presentó un escrito ante la Corte Constitucional, para solicitar que se declarara inhibida para pronunciarse por ineptitud sustantiva de la demanda o, de manera subsidiaria, rechazara las pretensiones del demandante, con base en los siguientes argumentos. Afirmó que la demanda no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia, habida consideración que el demandante: (i) hizo afirmaciones genéricas y no aportó razones que dieran cuenta de cómo sus acusaciones están presentes en la ley demandada y cómo, de manera clara y concreta, los contenidos de la Ley 1996 de 2019 cumplen con los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional frente a la reserva de ley estatutaria; (ii) no fue claro al justificar porqué se viola el artículo 14 de la Constitución Política y confundió un supuesto vicio procedimental con un vicio sustantivo, por cuanto la norma que ataca se refiere al derecho contenido en el artículo 14 de la Carta Política; (iii) “acudió exclusivamente al texto de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, sin tener en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado unas reglas de interpretación de la reserva de ley estatutaria, con el fin de armonizar las disposiciones constitucionales de protección de derechos fundamentales y competencias legislativas del Congreso”[98]; y (iv) presentó razones abstractas e insuficientes que tuvieron como fundamento “el título de la ley y el título de algunos capítulos de la Ley sin que eso represente mayor claridad o suficiencia frente a los problemas de inconstitucionalidad que señala. En este caso, la aplicación del principio pro-actione, como lo solicita el demandante, no puede suplir la falta de claridad y suficiencia en los argumentos, especialmente teniendo en cuenta que también está en juego el principio de conservación del derecho. Así, es inadmisible que el ciudadano solicite que la Corte resuelva los evidentes problemas de argumentación de la demanda”[99]. Igualmente, señaló que, si bien los elementos desarrollados en la Ley 1996 de 2019 son fundamentales para remover ciertas barreras que enfrenan las personas con discapacidad y desarrollan en mayor detalle los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, la referida ley no se refiere al núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal. En efecto, “la regulación contenida en la Ley 1996 de 2019 es más detallada que lo estipulado en la CDPD. La Ley acusada se refiere en particular a la manera como se deben establecer los apoyos y las directivas anticipadas para que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones y reforma el sistema jurídico ordinario que no fue creado teniendo en mente el modelo social de la discapacidad. En consecuencia, la Ley 1996 de 2019 no es de carácter estatutario, más aún si se tienen en cuenta las reglas interpretativas desarrolladas por la Corte Constitucional”[100].} Por último, señaló que “[d]el análisis sustantivo de la Ley 1996 se evidencia el desarrollo de un componente del amplio margen de regulación del derecho a la capacidad legal, que tiene que ver con la forma de establecer los sistemas de apoyo t de directivas anticipadas y todo lo relacionado a ellos, como las obligaciones de terceros. Por lo tanto, estos aspectos son de competencia del legislador ordinario teniendo en cuenta tanto el contenido material de la ley, como la interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria”[101]. 6.2. María Alejandra Suarez Saldarriaga presentó su intervención para solicitarle a la Corte Constitucional que declarara inexequible la Ley 1996 de 2019, toda vez que: (i) en virtud de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, cuando el contenido del proyecto de una ley se encuentre relacionado con un derecho fundamental y los procedimientos y recursos para su protección, el mismo debería ser impulsado mediante el trámite especial de ley estatutaria, punto en el cual resaltó que la ley bajo estudio regula aspectos esenciales de del régimen de capacidad legal; (ii) la ley acusada regula aspectos esenciales, como la presunción de capacidad, y regula el medio y/o mecanismo para su protección, en otras palabras, los instrumentos jurídicos por medio de los cuales la ley protege el derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad; por tanto, (iii) en su opinión, la ley acusada debió ser tramitada como ley estatutaria y no ordinaria. 6.3. El ciudadano Cristian Fernanda Cuervo Aponte presentó un escrito de intervención, mediante el cual solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 1996 de 2019. Fundamentó su solicitud con base en los siguientes argumentos. Por un lado, de manera general, señaló que el accionante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 para presentar una acción de inconstitucionalidad, entre estos destacada el de especificidad y suficiencia, por no haber cumplido con la carga argumentativa exigida. Adicionalmente, afirmó que el demandante desconoció los parámetros definidos por la Corte Constitucional para determinar qué supuestos hacen viable la reserva legal estatutaria. De ahí aseveró que la Corte debía declararse inhibida para pronunciarse de fondo o, subsidiariamente, declarar exequible la norma demandada. El interviniente manifestó su intención de coadyuvar la tesis presentada por otros intervinientes que solicitaron declarar exequible los artículos acusados. Ello, toda vez que en su opinión no se cumplen los requisitos previstos para tramitar una ley estatutaria. Lo anterior, por cuanto la norma acusada no regula ni trata aspectos que tengan que ver con el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica; por el contrario, sólo regula lo relativo a las personas con discapacidad mayores de edad. A su parecer, “la intención del Legislador al expedir la norma acusada, fue ampliar el espectro y proteger a cabalidad los derechos de las personas en situación de discapacidad que son mayores de edad, esto pues, atendiendo a convenciones e instancias internacionales, se cambia de un modelo rehabilitador a uno social que proteja los derechos de las personas mayores de edad que se encuentran en situación de discapacidad, siendo así, fueron establecidas herramientas y mecanismos para determinar la celebración de actos y negocios jurídicos a través de los denominados apoyos, en ese orden de ideas, se elimina la interdicción y se brinda el reconocimiento que le asiste a estos sujetos de especial protección constitucional, en el entendido de que no pueden ser desprovistos de su capacidad legal como atributo de la personalidad jurídica”[102]. No obstante lo anterior, indicó que “la Corte no debería proferir un fallo inhibitorio, habida cuenta que sería una contradicción evidente y contravendría la lógica judicial, esto pues, si en un primer momento realizó el estudio de la demanda, donde determinó que fueron cumplidos los requisitos para su admisión y, por consiguiente, emitió el auto que da cuenta de ello, sería incoherente e irrazonable que posteriormente viniera a determinar una ineptitud sustantiva de la demanda, esto pues, haría nugatoria toda expectativa para el accionante de encontrar una respuesta efectiva al debate constitucional que presentó, por lo tanto, entiéndase que no estoy defendiendo la tesis del actor, en el sentido de que se declare la inexequibilidad de la norma en su totalidad, lo que pongo de presente ante ustedes es el estudio y debate de la demanda que llegó a su despacho y, por ende, solicito respetuosamente que profieran una decisión de fondo, ya que, en un primer momento la Magistrada Sustanciadora dispuso su admisión”[103]. 7.     Secretaría General del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental Argentina María Graciela Iglesias, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental No. 26657 de Argentina, presentó una intervención con el objetivo de compartir su opinión frente al tema bajo estudio. Así, expuso los siguiente. Aseveró que la Ley 1996 de 2019 se ajusta a los estándares internacionales en materia de capacidad legal, pudiéndose considerarse a la referida ley como una construcción normativa “del más puro corte Convencional” en los términos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –. Indicó que era imprescindible mencionar la Observación General del Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, mediante la cual se interpretó el artículo 12 de la CDPD. Explicó que una de las implicaciones más relevantes derivada de la noción de discapacidad acogida en dicho artículo es que el análisis de la capacidad jurídica, y las posibles medidas a adoptar en este ámbito, no deben partir de un enfoque médico centrado exclusivamente en los rasgos de las personas, en las deficiencias, sino de un enfoque social que tenga en cuenta la situación en la que se encuentra la persona y la importancia de los factores relacionados con el entorno. En su opinión, esta apreciación es importante porque las legislaciones nacionales a la hora de justificar las limitaciones que muchas de ellas permiten imponer a la capacidad jurídica se centran exclusivamente en la deficiencia (deficiencia física, sensorial o mental, enfermedades, trastornos) y, en consonancia con lo anterior, para su adopción se requiere contar con un dictamen médico (sin que se entre a analizar la situación social de la persona). En todo caso, aclaró que el hecho de que las legislaciones nacionales no empleen el término discapacidad, sino términos técnicos o médicos como “demencia”, “deficiencia”, “anomalía”, entre otros, no puede ser una excusa para no aplicar la CDPD. Citó un pronunciamiento de la Sociedad Civil Colombia en la que manifestó que: “El apoyo en la toma de decisiones y la regulación de la capacidad jurídica no debe versar en función, como lo hace la Ley 1306 de 2009, de la severidad de la patología o del deterioro de la salud. Por el contrario debe ser las capacidades concretas, los niveles de discernimiento y las posibilidades reales de la persona, entre otros, a los que el juez debe acceder, no sólo por medio de los profesionales de la medicina, sino de familiares, amigos y en general por medio de las redes sociales de la persona con discapacidad, para proveer los criterios para el apoyo en la toma de decisiones en cada caso concreto, esta protección debe dar cuenta de la diversidad y de la amplitud de necesidades de la persona (...)”[104]. Para concluir, adujo que “[e]l análisis anterior encuentra una causal de justificación expresa para sentar la operatividad de la obligación del Estado en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena, universal. La toma de decisiones con apoyo y el valor de las preferencias no impide, condiciona o restringe ese reconocimiento. || El respeto a la diversidad humana, a la no discriminación por motivo de discapacidad, al valor de ser persona con derecho al desarrollo de su personalidad jurídica transciende concepto de protección y bienestar tutelar. Alientan la vida independiente, los apoyos para la vida y simplifican métodos y contextos formales que se oponen como barreras a su reconocimiento e implementación. || La ley una misma ley puede contar con vertientes distintas, pero cuando su contenido implica el cumplimiento de la responsabilidad del estado, este tiene el deber de convalidarlo”[105]. 8.     Universidad de los Andes – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) Juliana Bustamante Reyes, Directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Federico Isaza Piedrahita, asesor jurídico, Luis Enrique Penagos y Sofía Forero Alba, estudiantes de la referida universidad, intervinieron dentro del presente proceso, con la finalidad de solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida para hacer un examen de constitucionalidad, por ineptitud de la demanda o que, de lo contrario, se declarara la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019 y se instara a las entidades del Estado correspondientes a asegurar su cabal cumplimiento. Lo anterior, toda vez que, en su opinión, “se siguió el trámite legislativo adecuado al consistir en la regulación de un solo aspecto del derecho fundamental a la personalidad jurídica que, además, materializa obligaciones asumidas por el Estado colombiano para reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en igualdad de condiciones”[106]. En primer lugar, mencionaron que la Ley 1996 de 2019: (i) adopta el modelo social de la discapacidad, representando un cambio de paradigma frente a la manera en que se ha entendido históricamente a una población discriminada y en la manera en que se les ha reconocido como verdaderos sujetos de derechos; (ii) materializa el derecho a la igualdad ante la ley contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, cuyo contenido más importante es la capacidad jurídica, con el fin de que todas las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ejercer todos los derechos reconocidos en la Constitución Política y demás normas en igualdad de condiciones; (iii) reemplaza el régimen jurídico que permitía la sustitución en la toma de decisiones, y establece una serie de garantías y mecanismos mediante los cuales las personas con discapacidad puedan adoptar decisiones basadas en el apoyo, que respetan y reconocen sus derechos, su voluntad y sus preferencias; y (iv) al eliminar la figura de la interdicción, no sólo se adecúa a los estándares y deberes internacionales a los que se ha comprometido Colombia, sino que también cumple con obligaciones contenidas en la normatividad interna, como aquella que se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por otro lado, resaltaron la poca rigurosidad con que el demandante argumentó los requisitos mínimos necesarios para la admisión de la acción pública de inconstitucionalidad. Afirmaron que la jurisprudencia constitucional ha exigido que el accionante debe identificar en la demanda el objeto acusado, desarrollar el concepto de la violación e indicar la razón por la cual la Corte es competente para conocerla. Destacaron que, particularmente, el segundo requisito exige, entre otros, “que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[107]. En este punto en particular, consideraron que, a pesar de que el auto admisorio dio por cumplidos estos elementos, en su opinión, a la demanda le faltó el rigor argumentativo, requerido para que la Corte pueda iniciar un estudio de constitucionalidad al respecto. En efecto, estimaron que la demanda bajo estudio no evidenció un examen juicioso de la jurisprudencia constitucional, la doctrina y los estándares aplicables, tanto en materia del derecho fundamental a la personalidad jurídica como de la reserva de ley estatutaria. De ahí que afirmaran que la Corte debía declararse inhibida ante la falta de argumentación realizada por el demandante. No obstante, manifestaron que en caso de que se decidiera estudiar la constitucionalidad de las disposiciones demandadas, sugerían tener en cuenta los siguientes elementos. A propósito, estimaron que la Ley 1996 de 2019 no regula el derecho fundamental a la personalidad jurídica de manera exhaustiva, habida cuenta que su objetivo se circunscribe a establecer el régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Expusieron que la capacidad es sólo un elemento de la personalidad jurídica y, por consiguiente, no constituye su totalidad. Adujeron que el artículo 14 de la Constitución Política consagró que “[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. En este sentido, consideraron que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente desde sus inicios al disponer que la personalidad jurídica es una parte sustancial de la idea de persona en los estados constitucionales modernos. De hecho, citaron la sentencia C-109 de 1995, en la que se definió el alcance y contenido de la personalidad jurídica. En dicha ocasión, la Corte mencionó que la personalidad jurídica no sólo consiste en la capacidad de una persona de “ser titular de derechos y obligaciones, sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea [...] determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad”[108]. Aclararon que dichos atributos son: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. Opinaron que la Corte fue consistente con esta interpretación del alcance del derecho, lo que se evidenció en la Sentencia SU-696 de 2015, mediante la cual se reconoció que “el derecho a la personalidad jurídica no solo comprende la posibilidad que tienen los individuos de ingresar al tráfico jurídico sino que también incluye todas las características individuales asociadas a su condición de persona”[109]. Teniendo en cuenta lo anterior, indicaron que otra de las razones por las cuales el trámite legislativo no debía necesariamente hacerse conforme a lo estipulado para las leyes estatutarias, es que la Ley 1996 de 2019 no pretendió regular la dimensión de la capacidad, perteneciente al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, de toda la ciudadanía en general, sino solamente lo que refiere a una población específica, que además es sujeto de especial protección constitucional: las personas con discapacidad. Señalaron que, en desarrollo de la reserva de ley estatutaria, la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que “no toda norma atinente a los derechos fundamentales y a sus mecanismos de protección debe ser objeto del exigente trámite de leyes estatutarias, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario”[110]. Aunado a lo anterior, y como sustento adicional para desvirtuar la solicitud del demandante, consideraron que era importante remitirse a las deliberaciones llevadas a cabo por el Congreso de la República dentro del trámite legislativo de la ley demandada, toda vez que, en estas se pueden identificar con mayor claridad los propósitos e intereses del legislador al momento de expedir la ley. Así, en el Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara13, se argumentó que “[e]l proyecto de ley pretende garantizar el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia, en armonía con los artículos 5° y 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. También quedó expuesto en el mencionado informe que la Ley 1996 de 2019 busca “materializar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos frente a una población históricamente discriminada y segregada como son las personas con discapacidad”. Conforme a lo anterior, concluyeron que era claro que el interés del legislador en el caso concreto no era modificar o regular de manera específica el derecho a la capacidad jurídica consagrado en nuestra Constitución, sino armonizar su ejercicio en virtud de deberes específicos adquiridos en el ámbito internacional para proteger efectivamente los derechos de las personas en situación de discapacidad. “Los esfuerzos adelantados por el Congreso de la República en ningún momento buscaron modificar el derecho fundamental a la capacidad jurídica —lo cual implicaría incluir, como ya lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘disposiciones que de alguna manera tocan su núcleo esencial o mediante las cuales se regula en forma ‘íntegra, estructural o completa’ el derecho correspondiente’— sino eliminar las barreras en el goce de derechos constitucionales que perpetúan la discriminación y marginalización de las personas con discapacidad”[111]. 9.     Red Vallecaucana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Ana Bolena Rodríguez, miembro fundador de la Red Vallecaucana de Organizaciones de Personas con Discapacidad, intervino en el presente proceso, para solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019 y se instara a las entidades del Estado correspondientes a que aseguren su cabal cumplimiento. Comenzando su intervención, manifestó que, debido a su especial interés en el tema y por la experiencia de la organización, al decidir el presente proceso, la Corte debía tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, indicó que la Corte debía aplicar en este caso el principio de progresividad de la Ley 1996 de 2019, por cuanto ésta reconoce y garantiza el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –; convención firmada y ratificada por Colombia en el 2009. Aseveró que, en su opinión, no se debería poder reversar esta Ley por una cuestión de procedimiento realizado por Ley Estatutaria, ya que, por un lado, “aquella no cumple con los aspectos para reversar una ley, y, por otra parte, porque lo importante de la Ley es la cuestión de fondo que se garantiza con ésta y no la forma por la que fue emitida – como ley ordinaria”[112]. Agregó que las disposiciones acusadas no están ligadas al desarrollo de elementos que hagan parte del núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal, sino, por el contrario, sólo evidencian la capacidad legal de un grupo específico que es la población con discapacidad. Asimismo, aseveró que el hecho de que se trate de una regulación de derechos de sujetos de especial protección constitucional no genera que se vuelva un trámite estatutario. 10. Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la UNAB Diana Carolina Pinzón Mejía, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la UNAB, y Karol Julieth Colmenares Abril, en calidad de Judicante de la referida Clínica, presentaron una intervención, con la intención de solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida para pronunciarse o que, subsidiariamente, se declarara la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019, por encontrarse, en su opinión, ajustada a la Carta Política y por ceñirse a los objetivos y principios constitucionales que regulan la materia. Manifestaron que la Ley 1996 de 2019 fue analizada y estructurada conforme a la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD – (convención que hace parte del Bloque de Constitucionalidad). Afirmaron que no es posible seguir limitando de sus propios actos y toma decisiones a las personas con discapacidad, por considerar que no cuentan una garantía o protección constitucional. Por consiguiente, consideraron que esta norma representa un cambio real y efectivo de reconocimiento derechos a este grupo poblacional, pues, en su opinión, “la discapacidad es un concepto cambiante y así como en la sociedad hay que entrar a reconocer los derechos de poblaciones tradicionalmente marginadas, es el momento de reconocer el error de anular a las personas a través de figuras nefastas como la interdicción. La autonomía, dignidad, primacía de la voluntad y preferencias, la no discriminación, el derecho a la accesibilidad entendido como la eliminación de barreras y la igualdad de oportunidades, son los pilares fundantes de esta norma que reconoce en igualdad de derechos y oportunidades a las personas con discapacidad, tal como se contempla a nivel internacional en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”[113]. Consideraron importante señalar que la Ley 1996 de 2019 no sólo da un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con la abolición de la interdicción como supuesto medio de protección, toda vez que establece medidas específicas de garantía y acceso a apoyos que permiten respetar a través de asistencia y reconocimiento de la primacía de la voluntad. Estas salvaguardas, en todo caso, son medidas para impedir abusos y se dan bajo los criterios de necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad. Así mismo, a través de la ley se determinan procedimientos claros que incluyen procesos judiciales, acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. En síntesis, consideraron que la Ley 1996 de 2019, si bien busca mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, al transformar la interdicción por acuerdos de apoyo, estos cambios no afectan a los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales, por cuanto su capacidad jurídica y autonomía en ningún momento se ven afectados o aminorados. Por último, adujeron que “la Corte ha establecido que se debe dar una interpretación restrictiva y no extensiva de la aplicación de este tipo de leyes cuando de derechos fundamentales se trate, por lo tanto en este caso no se aplica la reserva estatutaria”[114]. 11. Universidad de Ibagué Marly Isabel Cuellar Mora, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, intervino con la finalidad de solicitar a la Corte Constitucional que declarara exequible la Ley 1996 de 2019. Opinó que el cargo presentado por el demandante era insuficiente, como quiera que el mismo resultó vago e indeterminado, pues a pesar de que se señaló que la Ley 1996 del 2019 debió tener trámite de ley estatutaria, no se realizó un análisis detallado en el que se identificara  la manera en que la ley acusada vulnera la Constitución Política; ni siquiera hizo un análisis del derecho fundamental a que se refiere el numeral 1del artículo 153 de la Carta Política, sino que se limitó a expresar de forma genérica algunos “derechos”, sin la suficiencia requerida que le permitiera a la Corte Constitucional “realizar un estudio de fondo acerca de la exequibilidad de los derechos fundamentales censurados y se limitó al hecho de afirmar la existencia”[115]. Para finalizar, indicó que declarar la inexequibilidad de la Ley 1996 de 2019 implicaría un retroceso en la garantía de derechos de las personas con discapacidad en Colombia, puesto que reconocer la capacidad legal de las personas con discapacidad ha sido un avance significativo en la lucha por la igualdad en el ejercicio de sus derechos. 12. Defensoría del Pueblo Mariana Medina Barragán, en calidad de Defensora Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales, presentó una intervención con el objetivo dar un concepto técnico dentro del presente proceso y solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud de la demanda o, subsidiariamente, declarara exequible la normatividad bajo estudio. Por un lado, manifestó que las alegaciones del demandante se circunscribieron a indicar que la Ley 1996 de 2019 violó lo consagrado en los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución Política, por cuanto “regula de manera completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad jurídica y/o a la capacidad plena”[116], y debió tramitarse como ley estatutaria. Al respecto, aseveró que las razones dadas por el demandante no fueron claras, puesto que se confundió y asimiló los conceptos de autonomía personal, personalidad jurídica y capacidad plena, como derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución; confusión que, en su opinión, no se justificaba en la medida en que el demandante es un abogado, con estudios en derecho público, y, por ello, consideró que “es de esperarse que su argumentación no se presente a equívocos”[117]. Por otro lado, explicó que la falta de exactitud y claridad sobre el contenido del referido artículo 14 impactó en el cumplimiento del requisito de certeza; toda vez que la argumentación de dicho cargo se basó en la interpretación “caprichosa” que le dio el demandante, según la cual la Ley bajo estudio reguló de manera exhaustiva el derecho fundamental señalado por él. Aseveró que aquella interpretación era errónea, habida consideración que la ley sólo reguló “un aspecto particular del derecho a la personalidad jurídica respecto de una población en particular, como son las personas mayores de edad con discapacidad y que pueden necesitar alguna clase de salvaguardia”[118]. Igualmente, adujo que no se cumplió el requisito de especificidad en relación con la violación de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, relativo a si la ley debió tramitarse como estatutaria o como ley ordinaria. Ello, debido a que el demandante tenía la carga de analizar si la ley objetada cumplía o no con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la materia. A continuación, estimó que “sobre el requisito de pertinencia según el cual la demanda debe plantear un problema de constitucionalidad y no de conveniencia para el actor de la acción, esta entidad considera importante destacar que la acción presentada por señor Edier Esteban Manco se suma a varias presentadas por este actor en contra de la misma norma. En los procesos iniciados por esas demandas, la Defensoría del Pueblo ha intervenido con el objetivo de defender la constitucionalidad de los apartes cuestionados (…) sobre el requisito de suficiencia y la necesidad de que se genere una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma, para la Defensoría del Pueblo considera que el cumplimiento de este requisito es la consecuencia natural de la observancia de los demás, pues al esgrimir razonamientos que sean claros, ciertos, específicos y pertinentes, es posible decantar hacia una duda sobre la concordancia entre la norma acusada y la Constitución. Por ello, al no cumplirse con los demás requisitos este se tiene por no agotado”[119]. Ahora bien, en relación con la reserva de ley en materia de leyes estatutarias, la interviniente indicó que, “[a]l contrastar el contenido de la ley, con los criterios decantados por la Corte Constitucional para determinar e qué casos opera la reserva de ley estatutaria, se puede afirmar que la ley no regula el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica, sino sólo un atributo relacionado con la capacidad legal de un grupo poblacional en particular. Asimismo, de considerarse la capacidad legal como un derecho autónomo, tampoco establece el núcleo esencial de esta, sino su ejercicio respecto de las personas mayores de edad con discapacidad”[120]. 13. Ministerio de Salud y Protección Social La señora Luz Dary Moreno Rodríguez, actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó un memorial de intervención con la finalidad de solicitar a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Subsidiariamente, solicitó que se declarara exequible la totalidad de la Ley 1996 de 2019. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos. Para comenzar su intervención, afirmó que, contrario a lo manifestado por el demandante, la Ley acusada no regula de forma absoluta el derecho fundamental a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad. Ello, por cuanto “su objeto se circunscribe a ‘(…) establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma’ (…)”[121]. En su opinión, la ley demandada se profirió con el objetivo de eliminar las barreras jurídicas que imposibilitaban el acceso de esta población a un trato igualitario frente al goce de sus capacidades legales, asegurándoles herramientas de apoyo para la toma de sus decisiones. Así, concluyó que, con fundamento en ello, se eliminó la interdicción y se estableció la presunción de capacidad. A propósito, respecto de la reserva de las leyes estatutarias, indicó que “basta señalar que la Ley 1996 de 2019 no regula en forma ‘integral, estructural o completa’, un asunto referente a aquellos incluidos en el literal a) del artículo 152 de la Constitución, por el contrario, se relaciona con la capacidad jurídica, atributo de la personalidad jurídica, de un segmento de la población, esto es, las personas con discapacidad mayores de edad. Como lo manifiesta el propio demandante, la aludida ley aborda de manera general y específica los aspectos conceptuales y procedimentales relacionados con la garantía del derecho al ejercicio de la capacidad legal de este grupo de personas, incluyendo el establecimiento de mecanismos para su ejercicio y para la realización de actos jurídicos, los acuerdos de apoyo para la celebración de los mismos, las directrices anticipadas, la adjudicación judicial de apoyos, las personas de apoyo y el régimen de transición, el cual incluye la prohibición de las medidas de interdicción. (…) En consecuencia, el único argumento esbozado por el actor, según el cual, ‘(...) la misma fue aprobada mediante el procedimiento legislativo de una ley ordinaria, cuando, por la esencia y/o contenido mismo de la norma atacada, debió ser tramitada por el procedimiento de una ley estatutaria (...)’, carece de validez, teniendo en cuenta que, no todos los aspectos relacionados con un derecho fundamental o su ejercicio, se encuentran sujetos al trámite de una ley estatutaria. La Ley 1996 de 2019 establece medidas pertinentes, factibles y concretas a fin de garantizar el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, asignando responsabilidades y prohibiendo la implementación de una medida -interdicción- violatoria de los derechos y la dignidad humana, situación totalmente ajena a pretender o definir desde su esencia, el derecho fundamental a la personalidad jurídica de las personas en situación de discapacidad mayores de edad”[122]. Por último, concluyó que el argumento presentado por el demandante no cumplió con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, habida cuenta que se limitó a afirmar que la Ley 1996 de 2019 debió tramitarse bajo los presupuestos de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, esto es, mediante ley estatutaria, sin expresar mayor sustento que el hecho de regular un derecho fundamental. 14. Ministerio de Justicia y del Derecho Olivia Inés Reina Castillo, en calidad de Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, procedió a intervenir dentro del presente proceso para solicitar a la Corte Constitucional que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019, bajo las siguientes consideraciones. Opinó que la Ley 1996 de 2019 se tramitó por el procedimiento legislativo correcto, conforme a los temas y dimensiones de la capacidad legal para las personas mayores de edad en condición de discapacidad que reguló. Explicó que los temas abordados por la ley demandada no implicaban una regulación integral o estructural del derecho a la capacidad legal como tal. Por el contrario, solamente se establecieron unas medidas e instrumentos específicos dirigidas a un grupo en particular para el ejercicio de este derecho. Por otro lado, indicó que la Ley 1996 no estableció restricciones al goce de esta garantía, sino que buscó adaptar el ordenamiento jurídico colombiano, en materia de garantía y reconocimiento de la capacidad de una población de especial protección constitucional, al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –. Por ello, consideró que las normas cuestionada no debían ser tramitada bajo las exigencias de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política para las leyes estatutarias, atendiendo el contenido de aquélla y la jurisprudencia constitucional en la materia. De hecho, explicó que, “[d]e la revisión exhaustiva de los contenidos de la Ley 1996 de 2019, se puede concluir a primera vista, que aun cuando realiza cambios significativos al régimen de capacidad jurídica, contenido en la legislación civil y procesal, no está regulando en sí mismo el derecho a la capacidad legal, pues está determinando herramientas e instrumentos para el ejercicio de este derecho con destino a una población en específico, que tradicionalmente tenía restricciones para el ejercicio de su derecho a decidir. || En efecto, no está regulando estructuralmente el derecho, sino que viene a establecer parámetros para la garantía frente a los mayores de edad en condición de discapacidad, no para toda la población y finalmente no está creando limitaciones al ejercicio de este derecho sino adaptando la normatividad a parámetros internacionales y al modelo social de discapacidad en aras de la garantía de la igualdad y el respeto de los derechos Humanos de una población de especial protección constitucional” [123]. Aclaró que, a pesar de que la Ley 1996 de 2019 aborda uno de los atributos de la personalidad jurídica, reconocida como garantía fundamental, esto es, la capacidad jurídica, ello no implica que la ley haya tenido que ser tramitadas por ley estatutaria; pues, no cumple los demás criterios materiales que ha dispuesto la corte para la aplicación de la cláusula contenida en el artículo 152 constitucional. Resaltó que la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional, en tanto que la regla general aplica a favor del legislador ordinario. En este sentido, advirtió que, “aunque la norma cuestionada modifica el régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad, las normas que antes lo regulaban se encontraban contenidas en Códigos y leyes ordinarias, por lo cual las modificaciones introducidas por la nueva ley respetan el criterio de jerarquía normativa”[124]. En concreto, señaló que la Ley 1996 de 2020 definió “cómo se deben establecer los apoyos y las directivas anticipadas para que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones y reforma algunos contenidos del Código civil y de procedimiento para adaptar el sistema jurídico al modelo social de la discapacidad, conforme a las obligaciones internacionales derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien genera la presunción de capacidad legal de todas las personas en condición de Discapacidad en ningún momento está regulando en sí misma la Capacidad legal como atributo de la Personalidad Jurídica, pues la ley simplemente está creando unas figuras que permiten que las personas con discapacidad adopten decisiones sin necesidad de que su consentimiento sea suplantado”[125]. Igualmente, afirmó que la Ley 1996 de 2019, no reguló de manera integral, estructural o completa de la capacidad legal. Ello, toda vez que: (i) la ley se enfocó en un grupo poblacional especifico; y, (ii) no reguló el ejercicio del derecho para toda la población. Indicó que debía tenerse en cuenta que la regulación estructural de esta garantía para la población en condición de discapacidad está contemplada en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y en el artículo 12 de la CDPD. En síntesis, en su opinión, “lo que hizo la Ley 1996 fue actualizar el régimen legal de capacidad consagrado en el Código Civil que había sido el mismo desde su promulgación en 1887, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1306 del 2009, normas que seguían perpetuando instituciones que negaban la capacidad y la autonomía de las personas en condición de discapacidad y que avalaban la interdicción como medida preventiva para inhabilitar la participación libre de una persona en condición de discapacidad en el tráfico jurídico”[126]. Adicionalmente, opinó que la Ley 1996 de 2019 “garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente, el derecho a la no discriminación; dichos principios y derechos vienen recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero únicamente para desarrollar una de las obligaciones del Estado frente a las múltiples facetas de los derechos de las personas con discapacidad. Se encarga de desarrollar parte de las obligaciones contenidas en el articulo 12 de la CDPD que busca garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y para ello indica que los estados tienen el deber de garantizar el acceso a las personas en situación de discapacidad a apoyos en la toma de decisiones y a esquemas de salvaguardias que les permita ejercer plenamente su capacidad jurídica, bajo el postulado de “Nada sobre nosotros sin nosotros”. En efecto, establece los mecanismos y sistemas de apoyo para la toma de decisiones de las personas en situación de discapacidad y favorece así el ejercicio de su capacidad legal, objetivo preciso y alejado del carácter de sistematicidad que corresponde a las leyes estatutarias”[127]. Adujo que la ley demandada limitó, restringió, prohibió o estableció excepciones para el ejercicio de la capacidad legal. A contrario sensu, consagró la presunción de la capacidad de todas las personas sin distinción, estableciendo que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Por consiguiente, concluyó que es una norma que “de forma concreta, persigue eliminar barreras para que las personas mayores de edad en condición de discapacidad puedan ejercer su derecho a tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas en la celebración de actos jurídicos. Esta Ley cumple un papel determinante en la actualización del contenido de los derechos fundamentales”[128]. En definitiva, llegó a la conclusión de que la Ley 1996 de 2019 no cumple varios de los criterios jurisprudenciales para la aplicación de la cláusula de reserva legislativa. “Considerar como lo hace erróneamente el accionante, que cualquier norma que desarrolle en detalle cada variante de manifestación de los derecho fundamentales o cualquiera de los aspectos procesales que tengan que ver con su ejercicio, debería tramitarse como estatutaria, conduciría a un desconocimiento total de las competencias del legislador ordinario que derivaría en lo que la jurisprudencia denomina “petrificación del ordenamiento jurídico“, en este caso, es claro que la regulación puntual y detallada de los mecanismos y herramientas para facilitar el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad en condición de discapacidad le corresponde al legislador ordinario”[129]. 15. Instituto Nacional para Sordos - INSOR El señor Luis Hernán Cuéllar Durán, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional para Sordos – INSOR –, presentó una intervención con el objetivo de solicitar a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda o, en su defecto, declarar exequible la Ley 1996 de 2019. Para sustentar su petición expuso los siguientes argumentos. Para comenzar, estimó que el demandante no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia, al no haber expuesto las razones concretas por las cuales consideró que los contenidos de la ley bajo estudio debieron ser tramitados bajo el procedimiento de una ley estatutaria. De hecho, consideró que el actor no analizó los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional relativos a la reserva de la ley estatutaria. Agregó que omitió identificar los artículos específicos que, en su opinión, debieron ser tramitados conforme a lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. Puntualmente, no precisó qué artículos son los que presuntamente regulan en sí mismo el derecho fundamental de la personalidad jurídica, su núcleo o estructura esencial. Afirmó que “[l]a regulación de la capacidad legal de las personas con discapacidad establecida en la Ley 1996 no se refiere al núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal, porque éste se encuentra definido en las Leyes 1346 y 1618; en tanto, la Ley 1996 representa la configuración más detallada de la consagración legal del derecho a la capacidad jurídica. || De la revisión integral del texto acusado, se observa que el objeto de la ley es regular variantes de la garantía de los derechos a la capacidad legal y aspectos que tengan que ver con su ejercicio (Art. 1°) (…) De manera tal que la Ley 1996 no tiene como objeto regular de forma integral, sistemática y completa el derecho a la personalidad jurídica establecido en el Art. 14 Superior.”[130]. 16. Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DescLAB El señor Álvaro Fabián Carreño Ordóñez, en calidad de Investigador Senior de DescLAB, presentó una intervención con el objetivo de solicitar a la Corte Constitucional que declarara exequible la Ley 1996 de 2019, con fundamento en las siguientes consideraciones. En primera medida, afirmó que el demandante omitió mencionar el contenido y mandato, relativo a reformar el derecho al igual reconocimiento ante la ley, establecido en el artículo 12 de la CDPD. Tanto así que el demandante argumentó que la Ley 1996 de 2019 desarrolló “todo el contenido del derecho fundamental de la autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena de las personas en situación de discapacidad mayores de edad”[131], sin explicar cuáles son los supuestos elementos presentes en la ley estudiada que “otorgan ‘todo el contenido’ de los derechos a la autonomía personal, a la personalidad jurídica y a la capacidad plena, el accionante desconoce que el contenido esencial de dichos derechos ya se encontraba en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y, específicamente para las personas con discapacidad, en la CDPD”[132]. Consideró que el demandante se equivocó al afirmar que la Ley 1996 de 2019 reguló de manera exhaustiva el derecho fundamental a la capacidad jurídica y sus mecanismos de protección de las personas en situación de discapacidad mayores de edad. Adujo que no se refirió a ninguna de las figuras desarrolladas por la ley demandada, así como tampoco expuso las razones por las que consideró que hace una regulación exhaustiva. Adicionalmente, omitió mencionar los antecedentes normativos que llevaron a que se desarrollaran los apoyos establecidos en la Ley 1996 de 2019. A propósito, aclaró que lo que el actor llama “mecanismos de protección”, son acciones afirmativas, ajustes razonables y apoyos que ya estaban contemplados como mandato para el Estado colombiano desde la CDPD y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por otra parte, indicó que la Ley 1996 de 2019 no restringió, amplió o modificó el derecho en su núcleo esencial. En su opinión, el Legislador utilizó la ley ordinaria, puesto que las normas con jerarquía superior, como la CDPD y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, ya habían dado desarrollado a ese núcleo esencial. Verbigracia, estas normas habían desarrollado ampliamente el derecho al igual reconocimiento ante la ley y, por tanto, la Ley 1996 de 2019 desarrolló las obligaciones del Estado para garantizar ese derecho. Con fundamento en todo lo anterior, concluyó que el hecho de que una ley regule la posibilidad de materializar un derecho fundamental no implica necesariamente que su trámite deba ser el reservado para las leyes estatutarias. “Por lo tanto, el principio general es que el procedimiento establecido para las leyes estatutarias se debe aplicar cuando se pretenda regular el núcleo esencial, el contenido, los procedimientos y los recursos para su protección. Frente a estos criterios que establecieron los artículos 152 y 153, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente las reglas que deben orientar el trámite de leyes estatutarias[133]”. A su parecer, a través de la Ley 1996 de 2019, el Legislador no convirtió el derecho consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política en otro, pues no le quitó su esencia fundamental, ni mucho menos desnaturalizó su ejercicio o modificó su espectro de protección. Señaló que, en la demanda, el actor citó los títulos de la Ley 1996 de 2019 sin profundizar en su contenido y sin argumentar de fondo el por qué la ley demandada debió tramitarse como estatutaria. De hecho, aseveró que el demandante sólo mencionó los nombres de los títulos y los capítulos, sin explicar por qué se modificó presuntamente el núcleo esencial del derecho al igual reconocimiento ante la ley. Estimó que “[l]a Ley 1996 de 2019 tiene por objeto desarrollar el régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, establece la toma de decisiones y la manifestación de voluntad a través de los acuerdos de apoyo, la adjudicación judicial de apoyos y las directivas anticipadas. Estos mecanismos no están modificando el derecho, no están restringiendo o ampliando su contenido esencial, le están dando un desarrollo práctico a los mandatos y elementos estructurales que se establecieron los artículos 14 y 13 de la Constitución, en el artículo 12 de la CDPD26 y el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1618”[134]. Finalmente, puso de presente que “la posibilidad de declarar la inexequibilidad de esta ley, implicaría remover del ordenamiento jurídico las herramientas que favorecen el goce efectivo del derecho al igual reconocimiento ante la ley, el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad y que desarrollan obligaciones internacionales de derechos humanos. Es decir, podríamos estar ante una posible violación al principio progresividad y no regresividad de los derechos humanos”[135]. Por consiguiente, solicitó a la Corte Constitucional que, en caso de decidir extraer del ordenamiento jurídico colombiano los mecanismos establecidos en la Ley 1996 de 2019, se declare una inexequibilidad diferida; pues, de lo contrario, “se estaría generando una situación constitucional que afecta el goce efectivo del derecho fundamental al igual reconocimiento ante la ley y el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Entonces, si la Corte decide que procede la reserva estatutaria en uno, en varios artículos o en toda la Ley, solicitamos que se mantenga la protección que otorga la Ley 1996 de 2019 mientras se tramita de nuevo su contenido bajo los procedimientos establecidos en los artículos 152 y 153 de la Constitución, y teniendo en cuenta los criterios establecidos para estos casos en la Sentencia C-951 de 201432”[136]. ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA A LA SENTENCIA C-022/21 Expediente: D-13.743 Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, presento Aclaración de Voto a la sentencia proferida el 4 de febrero de 2021, que declaró la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad", por el cargo de desconocimiento de la reserva de ley estatutaria. Si bien comparto tal determinación, encuentro necesario aclarar mi voto en relación con la fundamentación del fallo respecto del análisis de aptitud del cargo formulado en la demanda. Esto por cuanto considero que el examen del concepto de la violación relacionado con la vulneración de la reserva de ley estatutaria -en razón a la aplicación restrictiva y excepcional de dicha figura-, suponía para el demandante la exigencia de precisar las razones por las cuales consideraba que la norma cuestionada intervino el núcleo esencial del derecho fundamental a la capacidad jurídica, lo que conducía a agotar el procedimiento legislativo estatutario. No bastaba entonces con la afirmación abstracta y genérica según la cual, por la esencia y contenido mismo de la norma, esta debió ser tramitada por el procedimiento de una ley estatutaria. En estos casos la carga argumentativa del accionante implica hacer explícitas las razones de oposición, que estima fundadas, entre la Constitución y la norma demandada. Fecha ut supra PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO ALEJANDRO LINARES CANTILLO A LA SENTENCIA C-022/21 Referencia: Expediente D-13743 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta corporación, me permito aclarar mi voto frente al examen realizado respecto de la aptitud de la demanda en la sentencia C-022 de 2021. En dicha sentencia, la Sala Plena resolvió declarar la “EXEQUIBILIDAD de la Ley 1996 de 2019 ‘Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad’, por el cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de la ley”. Aun cuando comparto la decisión de exequibilidad sobre la disposición demandada, teniendo en cuenta la forma como se justificó la idoneidad o aptitud de la acusación propuesta para provocar el citado pronunciamiento, considero necesario precisar los siguientes aspectos. 1. Anotaciones sobre las reglas jurisprudenciales, relacionadas con la aptitud del cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de la ley. Si bien es cierto que la Corte ha admitido la formulación de cargos globales, cuando se trata del estudio de la reserva de ley estatutaria; no es menos cierto que en su jurisprudencia también ha venido requiriendo de una mayor especificidad en la acusación, con miras a garantizar que el control que activa la toma de una decisión, se origine de una demanda ciudadana y no de una labor de oficio por parte de esta corporación. 2. Es así como, ha señalado este tribunal que una acusación global, que supondría que no se precisa la razón por la que cada precepto de una ley requiere de su aprobación por vía estatutaria, demanda: (i) No solo que la regulación se pueda identificar en una sola materia, con un centro normativo único de regulación; (ii) Sino que, además, se confronte, en realidad, lo regulado en la ley frente al texto constitucional, explicando, en el caso de la reserva por tratarse de derechos fundamentales, cuál es, precisamente, (a) el derecho comprometido o afectado; (b) por qué se requiere acudir a la reserva estatutaria; y (c) por qué no es válida la regulación expedida por el legislador ordinario. Aun cuando la Corte ha admitido la naturaleza global de un cargo, siempre ha descartado tomar decisiones de fondo, cuando la acusación es vaga, abstracta, indirecta e indeterminada, ya que ello desconoce las razones de especificidad y suficiencia para activar el control. 3. Recientemente, en la sentencia C-465 de 2020, este tribunal se inhibió de adoptar una decisión de fondo respecto del Código de la Infancia y la Adolescencia, por considerar que “el ciudadano planteó un cargo global y vago en contra de la Ley 1098 de 2006, por cuanto jamás concretó la censura particular que advertía un desconocimiento de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y de administración de justicia. El actor solo enunció el tratamiento de los derechos en el estatuto mencionado, como la vida, la salud, entre otros, empero no explicó como invadía la competencia del legislador estatutario. También, indicó que la demanda posee tal generalidad que ataca toda la ley, sin advertir que hay materias que carecen de relación con la libertad, la salud o la educación de los niños, niñas y adolescentes”[137]. 4. Esta posición adoptada por la Corte, también se refleja en el estudio realizado en la sentencia C-370 de 2019, en la que, al examinar la regulación sobre la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, se destacó que la demanda “(…) únicamente procedía respecto de las normas que regulan la procedencia, el trámite de reconocimiento y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia”, excluyendo “(…) el examen de otras hipótesis que, según la jurisprudencia, obligan a seguir el trámite de ley estatutaria, como es el caso de la regulación del núcleo esencial de un derecho fundamental, pues sobre ello la demanda no presenta argumentos”. 5. Las mencionadas reglas jurisprudenciales, relacionadas con la aptitud del cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de la ley, no se cumplen en el caso objeto de estudio en esta ocasión. Visto lo anterior, si se toma como base la acusación que en realidad formuló el actor en el caso del cual me permito aclarar el voto[138], no cabe duda de que existían suficientes razones para adoptar una decisión inhibitoria: (i) Primero, porque la acusación era vaga, indeterminada y carente de desarrollo argumentativo. Solo se afirmaba que la ley impugnada consagra el “régimen para el ejercicio de la capacidad” y se aludía, en general, a su estructura normativa, siguiendo la nominación en la que se divide la ley, sin explicación alguna. (ii) Segundo, porque no se especificaba en realidad cuál era el derecho fundamental que exigía la regulación estatutaria; indistintamente se invocaban por el accionante los conceptos de “autonomía personal”, “personalidad jurídica” y “capacidad plena” de las personas con discapacidad. Tales figuras no son lo mismo, ni tampoco tienen un alcance jurídico idéntico. (iii) Tercero, no se explicaba el contenido constitucional de ninguno de los derechos citados y, peor aún, el por qué, por lo menos, en el caso de la capacidad plena, se trataba de un derecho fundamental diferenciable de la personalidad jurídica. (iv) Cuarto, en ningún momento se daban razones para entender por qué se trataba de una regulación que afectaba el núcleo esencial de un derecho fundamental. Tan solo se afirmó lo siguiente: “Se puede observar entonces que la regulación de este derecho no es accidental, superflua, ni mucho menos no desarrolla el contenido no esencial de este o estos derechos fundamentales, por el contrario, detalla, con precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismos, desde lo más simple, hasta lo más detallado, desde los principios, la forma de ejercer la personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su protección.” (v) Y, quinto, si bien se aludía a que se trata de una regulación completa y exhaustiva, tal referencia solo se exponía a partir de la nominación de la ley y de los cambios que introduce, pero dentro de la misma vaguedad e indeterminación ya señalada. 6. De esta manera, no basta con acreditar una unidad de regulación para concluir que una demanda es apta, como se señala en el proyecto, cuando la misma no brinda ningún soporte argumentativo para que la Corte active su control. En este sentido, en un contexto de justicia rogada, no le es dado realizar un examen oficioso de las normas demandadas, ante la ausencia de una acusación ciudadana concreta, ya que extralimitaría sus funciones constitucionales. 7. Es de destacar que el principio pro actione no permite un pronunciamiento de fondo de este tribunal, ante una demanda carente de especificidad, pertinencia y suficiencia. Cabe resaltar que tal requisito busca “preservar el carácter limitado de las funciones atribuidas a la Corte Constitucional, “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la Constitución. Es por esta razón y en atención del carácter público de la acción de inconstitucionalidad, así como la efectividad del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el mandato de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, que el análisis de la aptitud de la demanda debe guiarse por el principio pro actione, según el cual, la labor de los jueces no debe ser la de impedir el acceso a la justicia, sino administrarla adecuadamente, en cuanto la demanda lo permita”[139], lo cual no ocurre en el presente caso. En los términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto respecto de la decisión adoptada por la Sala Plena en la sentencia C-022 de 2021. Fecha ut supra. ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado [1] Fue remitido al despacho el 29 de mayo de 2020 por la Secretaría General. [2] Demanda, folio 18. [3] Pg. 7. [4] Pg. 7. [5] Pg. 8. [6] Decreto 2067 de 1991. “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”. [7] Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)); C-539 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Alberto Rojas Ríos). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos. [8] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [9] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [10] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al respecto, ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia. [11] Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de claridad al no explicarse por qué el precepto acusado infringe la norma superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir en la demanda consideraciones que pueden ser contradictoras. [12] Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada; sentencia C-1154 de 2005, (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado; y Sentencia C-619 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda carece de tal requisito al fundarse en una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada. [13] Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados a partir de apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor tiene sobre el alcance de la manipulación genética y su incidencia en la humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la que se concluyó que no se trataba de razones específicas porque la argumentación se limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden legal y de mera conveniencia. [14] Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda simplemente en conjeturas relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto, no es un mecanismo encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir disposiciones que resulten deseables para quien formula una demanda. [15] Corte Constitucional,  Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que esta Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no eran suficientes al no haberse estructurado una argumentación completa que explicara con todos los elementos necesarios, por qué la norma acusada es contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y  Sentencia C-819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la acusación carecía de suficiencia al no contener los elementos fácticos necesarios para generar una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado. [16] Expediente D-13.743. Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 17. [17] Expediente D-13.743. Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 17. [18] Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa). [19] Ver fundamento Número 3 del título de consideraciones de la sentencia. [20] La Corte afirmó: “es específico, pues no se envuelve en discusiones vagas o excesivamente abstractas, sino que, de forma concreta plantea una oposición entre la ley 1680 de 2012 y un mandato constitucional contenido en el artículo 152 de la Carta; es pertinente porque consigue construir un problema de naturaleza constitucional, y no uno puramente legal, o de conveniencia política; y es suficiente porque genera una duda inicial o una pregunta lo suficientemente seria acerca de la constitucionalidad de la ley”. Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015. [21] Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015. [22] Como ocurrió, por ejemplo, en la sentencia C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la cual la Corte Constitucional se declaró inhibida para fallar por cuanto no se expusieron razones específicas y suficientes, pues en la demanda se formulaba un cargo general contra una ley de noventa y tres artículos que regulaba diferentes materias (Ley 1765 de 2015). [23] Corte Constitucional, sentencia C-465 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos). [24] Entiéndanse “Las reglas jurisprudenciales vigentes que establecen el alcance de la reserva de ley estatutaria son las siguientes: (i) se rige por criterios restrictivos; (ii) la regulación de derechos y deberes fundamentales está sujeta a reserva de ley estatutaria. No obstante, no todo evento ligado a los derechos fundamentales debe ser tramitado mediante este tipo de ley; (iii) la regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el Legislador, sino por su contenido material; (iv) las disposiciones objeto de trámite cualificado son aquellas que regulan el núcleo esencial del derecho o deber fundamental, aspectos inherentes al mismo, la estructura general y sus principios reguladores o la normativa que lo regula de forma integral, completa y sistemática. Igualmente, la reserva también aplica cuando se “trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental”. (v) Los elementos estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial delimitado por la Constitución; y (vi) la regulación integral es aquella cuyo objeto directo es desarrollar el régimen de derechos fundamentales, no materias relacionadas, y que tenga la pretensión de ser una regulación integral, completa y sistemática”. Cfr. C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas). [25] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [26] Las reglas de esta consideración fueron tomadas en su mayor parte de las siguientes sentencias: Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); C-145 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero); C-226 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero); C-408 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz); C-055 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); C-374 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo); C-448 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero); C-114 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz), C-662 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería); C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett; SV Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería); C-229 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil); C-910 de 2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo Rentería); C-193 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto); C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería); C-319 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime Araujo Rentería; SV Humberto Antonio Sierra Porto); C-756 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1063 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV María Victoria Calle Correa); C-913 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Mauricio González Cuervo), Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-862 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada (e); APV y SPV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla); C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva); C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Carlos Bernal Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas); C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo). [27] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-408 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz). [28] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-226 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-425 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-055 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería). [29] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto), C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería), Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). [30] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-425 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras. [31] Constitución Política de Colombia, artículo 152. [32] Constitución Política de Colombia, artículo 153. [33] “En materia de derechos fundamentales debe efectuarse "una interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria porque una interpretación extensiva convertiría la excepción -las leyes estatutarias basadas en mayorías cualificadas y procedimientos más rígidos- en regla, en detrimento del principio de mayoría simple que es el consagrado por la Constitución".  Esto significa que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y |de los mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del ordenamiento jurídico.” Sentencia C-226 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero). Entre otras, sentencias C-425 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería), C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [34] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). [35] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). [36] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-448 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto). [37] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-408 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz), C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), C-229 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-910 de 2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo Rentería), C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería). [38] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas). [39] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-374 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-319 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime Araujo Rentería; SV Humberto Antonio Sierra Porto). [40] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-114 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz) y C-662 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [41] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). [42] Esta posición la explicó más claro la Corte en una sentencia posterior, en la que señaló que, “La inclusión de asuntos sometidos a la reserva de ley estatutaria dentro de una ley ordinaria, no obliga a que la totalidad de la ley deba ser tramitada por el mismo procedimiento excepcional. En este caso, sólo aquellos asuntos que afecten el núcleo esencial de derechos fundamentales, bien sea porque restringen o limitan su ejercicio o su garantía, deben ser tramitados como ley estatutaria, pero los demás asuntos no cobijados por este criterio material pueden recibir el trámite de una ley ordinaria. Lo anterior no implica un desmembramiento de una ley que regule integralmente una materia, ni afecta el carácter sistemático que caracteriza, por ejemplo, a los códigos. El legislador puede escoger la alternativa que, cumpliendo con las exigencias constitucionales, sea la más aconsejable para la adecuada regulación de la materia correspondiente. Por ejemplo, puede optar por una única ley que reciba el trámite de ley estatutaria en aquellas materias que así lo requieren. También puede tramitar en un cuerpo normativo separado aquellas materias que requieren trámite especial”. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-193 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [43] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). En las sentencias C-756 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1063 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV María Victoria Calle Correa) se resolvió la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 1164 de 2007, por no cumplirse con la reserva de ley estatutaria. La norma establecía un “proceso de recertificación de talento humano en salud” que debían acreditar los profesionales d la salud para continuar ejerciendo su profesión. La Corte consideró que se trataba de una violación al núcleo esencial del derecho fundamental a ejercer profesión u oficio: “se entiende que los títulos de idoneidad o los certificaciones que limitan el ejercicio profesional por ser posteriores al reconocimiento profesional y estar dirigidos a comprobar la idoneidad del desempeño profesional como requisito fundamental para continuar con su ejercicio, tienen un impacto en la restricción del derecho mucho mayor que los títulos que autorizan el ejercicio profesional y, por ello, hacen parte del núcleo esencial del derecho, no solamente porque el Estado ha generado confianza sobre la idoneidad del profesional con el título que le confirió, sino también porque el titular del derecho enfocó su vida laboral, económica y social, alrededor de la disciplina que escogió como instrumento para su desarrollo personal y familiar”. Cfr. C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV María Victoria Calle Correa) [44] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). [45] Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). Reiterado, entre otras, en las sentencias C-229 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-910 de 2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo Rentería); Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva) [46] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Ver por ejemplo la sentencia C-862 de 2012 mediante la cual se resolvió declarar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria relacionado con el Estatuto de la Juventud. La Corte encontró que algunas de las disposiciones del proyecto de ley tenían naturaleza estatutaria y otras no. Principalmente, las relativas a los mecanismos de participación. [47] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). [48] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En el mismo sentido lo precisó la Corte: “De las funciones que cumple la ley respecto a los derechos fundamentales, la Sentencia C-791 de 2011 establece  tres subreglas para la determinación de la reserva estatutaria: (i) cuando la ley actualiza o configura el contenido de los elementos estructurales de un derecho fundamental debe ser expedida mediante el procedimiento legislativo más exigente, (ii) igual exigencia se predica cuando se regula o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio y los elementos  que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido y (ii) por el contrario, cuando la ley tenga como cometido armonizar o ponderar derechos, que sin duda es su función más común, deberá ser tramitada por procedimientos ordinarios.” Cfr. sentencia C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). [49] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [50] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo). [51] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Condiciones reiteradas, entre otras, en las sentencias C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Carlos Bernal Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas), C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo). [52] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). [53] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). [54] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva). En lo referente a los diferentes mecanismos de protección de los derechos fundamentales pueden verse la sentencia C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV María Victoria Calle Correa; SV Humberto Antonio Sierra Porto). [55] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-485 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz). [56] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-485 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz). [57] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa). [58] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa). [59] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa). Las reglas jurisprudenciales citadas en este aparte, así como en la nota anterior, son reiteradas en las sentencias C-243 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), SU-696 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). [60] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-166 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero). [61] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [62] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [63] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [64] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 87. [65] Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Páginas 18 – 23. [66] “El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión y modificación de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412 (2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”. ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el Informe Inicial a Colombia. 31 de agosto de 2016. [67] Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 21. [68] Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 18 (primer párrafo citado) y 22 (segundo párrafo citado). [69] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo). [70] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Condiciones reiteradas, entre otras, en las sentencias C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Carlos Bernal Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas), C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127 de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo). [71] Según la Corte Constitucional “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”. Sentencias T-227 de 2003, citada en la sentencia C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [72] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). [73] Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 21. [74] Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 22. [75] Por medio de la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. [76] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa). La Corte precisó también: “Un aspecto muy relevante para la solución de este problema jurídico es la diversidad intrínseca a la diversidad funcional, es decir el innumerable conjunto de condiciones que pueden llevar a dificultades de integración social. Sería imposible, desde ese punto de vista, que mediante una ley estatutaria se abordaran todos los aspectos de los derechos de las personas con discapacidad, lo que explica y justifica que, después de incorporar al orden interno la CDPCD y de aprobar una ley estatutaria que siente los principios y elementos estructurales para el goce efectivo de sus derechos, el Legislador ordinario asuma la tarea de ocuparse de cada una de estas obligaciones, como ocurre con la Ley 1680 de 2013.” [77] Pg. 7. [78] Págs. 16 y 17. [79] Pg. 7. [80] Pg. 8. [81] Pg. 9. [82] Pg. 14. [83] Pg. 19. [84] Pg. 19. [85] Pg. 9. [86] Pg. 17. [87] Pg. 39. [88] Pg. 40. [89] Pg. 4. [90] Pg. 5. [91] Pg. 6. [92] Pg. 7. [93] Pg. 7. [94] Pg. 3. [95] Pg. 3. [96] Pg. 6. [97] Pg. 11. [98] Pg. 4. [99] Pg. 4. [100] Pg. 7. [101] Pg. 11. [102] Pg. 3. [103] Pg. 2. [104] Pg. 9. [105] Pg. 11. [106] Pg. 8. [107] Pg. 4. [108] Pg. 4. [109] Pg. 5. [110] Pg. 6. [111] Pg. 7. [112] Pg. 3. [113] Pg. 3. [114] Pg. 6. [115] Pg. 6. [116] Pg. 7. [117] Pg. 8. [118] Pg. 8. [119] Págs. 8 y 9. [120] Pg. 11. [121] Pg. 4. [122] Págs. 7 y 8. [123] Págs. 8 y 9. [124] Pg. 11. [125] Pg. 11. [126] Pg. 12. [127] Pg. 12. [128] Pg. 13. [129] Pg. 14. [130] Pg. 4. [131] Pg. 6. [132] Págs. 6 y 7. [133] Pg. 11. [134] Pg. 13. [135] Pg. 17. [136] Pg. 17. [137] Según comunicado No. 45 del 28 de octubre de 2020. [138] “La ley 1996 de 2019 regula, como su título lo indica, “el régimen para el ejercicio de la capacidad” esto es, todo el contenido del derecho fundamental de la autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena de las personas en situación de discapacidad mayores de edad, iniciando desde lo más básico como las disposiciones generales como la interpretación normativa, principios, “salvaguardias”, la declaración de presunción de capacidad establecido en el artículo 6, aún sin apoyo alguno, los mecanismos y/o procedimientos para la protección de la capacidad plena, establecidos en título II de la ley atacada, sean judiciales y/o administrativos, acuerdos de apoyos, directivas anticipadas, adjudicación judicial de apoyos establecido en el título V, personas de apoyo, actos jurídicos sujetos a registro, y régimen de transición. // En este orden de ideas la ley 1996 de 2019 regula de manera completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad jurídica y/o a la capacidad plena, mediante una ley ordinaria, es decir, una ley que no es la adecuada constitucionalmente para contener el peso del o los derechos fundamentales antes citados y los mecanismos para su protección. // Se puede observar entonces que la regulación de este derecho no es accidental, superflua, ni mucho menos no desarrolla el contenido no esencial de este o estos derechos fundamentales, por el contrario, detalla, con precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismo, desde lo más simple, hasta lo más detallado, desde los principios, la forma de ejercer la personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su protección. Incluso es una ley que modifica desde el artículo 61 lo relativo a la interdicción del Código General del Proceso.” [139] Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2019.

C-024-21 Sentencia C-024/21 Referencia: Expediente D-13679 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de Decreto Ley 2245 de 2011. Demandantes: Álvaro Andrés Díaz Palacios y Alejandro Sotello Riveros. Magistrada ponente: DIANA FAJARDO RIVERA Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1.       En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241.4 de la Constitución Política, los ciudadanos Álvaro Andrés Díaz Palacios y Alejandro Sotello Riveros presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) del Decreto Ley 2245 de 2011 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. 2.       En síntesis, sostuvieron que el aparte demandado debía ser declarado inexequible porque desconocía los artículos 13, 29, 93 y 363 de la Constitución Política, y subsidiariamente, solicitaron la declaración de exequibilidad condicionada bajo el entendido de que el operador jurídico debía darle al artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011, una interpretación ajustada a la Constitución. 3.       En providencia del 3 de marzo de 2020, la Magistrada sustanciadora, luego de revisar el contenido de la demanda, concluyó que ésta no cumplía con los requisitos señalados en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, razón por la cual la inadmitió. 4.       De conformidad con lo previsto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, el auto mencionado concedió un término de tres días para que los actores procedieran a corregir su demanda, decisión que fue notificada por medio de estado No 034 de 5 marzo de 2020. 5.       Los demandantes presentaron escrito de corrección de la demanda en el que solicitaron la exequibilidad condicionada del aparte demandado únicamente por vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. 6.       El 4 de mayo de 2020 se admitió la demanda, por encontrar reunidos los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991. En la misma providencia se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso. Asimismo se ordenó la fijación en lista y se invitó a participar en este proceso a las ministras del Interior y de Justicia y del Derecho, al Director de la DIAN y al Superintendente de Sociedades. Igualmente, al Centro Externadista de Estudios Fiscales; a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo -FEDESARROLLO-; al Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana; el Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la Universidad Nacional; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia; y a las facultades de Derecho de las universidades de los Andes, de la Sabana, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Rosario, EAFIT, Javeriana, Nacional de Colombia, Sergio Arboleda, Valle y del Norte. 7.       Cumplido lo previsto en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN 8.       A continuación se transcribe el texto del artículo acusado y se subraya el aparte demandado: “DECRETO LEY 2245 DE 2011 (Diario Oficial No. 48.114 de 28 de junio de 2011 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 30 de la Ley 1430 de 2010, y CONSIDERANDO: (…) CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAMBIARIO. ARTÍCULO 5o. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA. La imposición de sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un acto de formulación de cargos a los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción. En las infracciones continuadas, vale decir, en los casos en que con varias acciones u omisiones se viole una misma norma cambiaria, así estas se ejecuten en momentos diferentes, el término de prescripción se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción. No se considerará como infracción continuada el incumplimiento de plazos o términos legales señalados por las normas constitutivas del régimen cambiario. Dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de respuesta al acto de formulación de cargos deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria o de terminación de la investigación, según sea el caso, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. La prescripción deberá decretarse de oficio o a solicitud del interesado.” III. LA DEMANDA 9.       Los actores consideran que la interpretación del inciso segundo del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011 vulnera el derecho al debido proceso y el principio de prescripción contenidos en el artículo 29 de la Constitución  Política. En particular, señalan que el aparte normativo censurado establece que “[e]n las infracciones continuadas, vale decir, en los casos en que con varias acciones u omisiones se viole una misma norma cambiaria, así estas se ejecuten en momentos diferentes, el término de prescripción se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.” 10.  A juicio de los demandantes la disposición censurada es ambigua, pues “no estableció de manera precisa los elementos que deben seguirse para determinar cuándo se está frente a una infracción cambiaria continuada.” Esa circunstancia resultaría violatoria de la Constitución, pues da lugar a diversas interpretaciones y, por consiguiente, deja en libertad a la administración para determinar la existencia o no de una “infracción continuada.” En concreto, enfatizan que la interpretación que resulta contraria a la Constitución apunta a que “una operación cambiaria realizada en un momento específico no prescribiría en el tiempo, simplemente por el hecho de que podría estar seguida de otra canalización cambiaria, aunque esta segunda canalización sea autónoma e independiente, es decir, que no tenga nexo o cohesión con la primera.” 11.  Manifiestan que, en la práctica, esta comprensión de la norma conduce a que “las acciones sancionatorias en materia cambiaria no prescriben en el tiempo”, pues en todos los casos se puede considerar que se trata de “infracciones cambiarias continuadas.” De este modo, explican que en materia cambiaria “los giros y reintegros canalizados voluntariamente a través del mercado cambiario son considerados hechos independientes”, en tanto cada “canalización” agota la obligación formal y sustancial cambiaria. 12.  En definitiva, sostienen que “[l]a falta de claridad respecto al elemento de “nexo” o “cohesión” ha generado que sean los funcionarios de la Administración quienes, a su arbitrio, interpreten cuándo ocurre una “infracción continuada” lo que deriva en la práctica en la imposibilidad de establecer un término de prescripción en el régimen cambiario, y por lo tanto, una violación al artículo 29 de la Constitución Política y al principio de seguridad jurídica.” Bajo tal óptica, señalaron que la Corte Constitucional ha admitido su competencia para pronunciarse “en conflictos atinentes a la interpretación de las normas jurídicas, siempre que dicha interpretación involucre problemas de interpretación constitucional.”[1] Y que, en ese sentido, le corresponde a este Tribunal “definir el alcance y la interpretación que los operadores jurídicos deben otorgarle a esta disposición normativa, con la finalidad de que la misma resulte compatible con la Constitución Política.” IV. INTERVENCIONES 1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 13.  La Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) solicitan de forma conjunta la inhibición de la Corte por ineptitud sustantiva de la demanda o, en su defecto, la exequibilidad de la norma acusada. 14.  En cuanto a la petición de inhibición sostienen que la demanda carece de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia. La demanda no es clara porque los fundamentos del cargo son abstractos y confusos y controvierten una interpretación que no ha sido establecida por la administración de impuestos. No es específica, pues el reproche no satisface la carga especial exigida para cuestionar por vía de acción pública de inconstitucionalidad interpretaciones judiciales o administrativas.[2] Los accionantes no asumen “una carga argumentativa seria, ponderada y suficiente”, ya que la acusación se sustenta en “argumentos vagos, indeterminados, abstractos y globales que dejan entrever que se trata de una interpretación autónoma de los demandantes y no de la DIAN a través de sus actos administrativos como autoridad que ejerce la potestad sancionatoria cambiaria.” No es pertinente, porque la censura no plantea un problema de relevancia constitucional y, por el contrario, esboza motivos de índole personal o de simple conveniencia. No es suficiente, toda vez “no demuestra que la interpretación del inciso segundo del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011 es consistente y sistemática por parte de algún operador judicial o de la Administración (DIAN). Por el contrario, su apreciación se estructura más como un caso aislado y particular de los demandantes, quienes pretenden se les dé la razón declarando la exequibilidad condicionada de la norma demandada.” 15.  En relación con la solicitud de exequibilidad del aparte normativo acusado, sostienen que el artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011 se ajusta a la Constitución, ya que si bien el Legislador no estableció un catálogo taxativo de infracciones cambiarias continuadas, sí determinó los elementos estructurantes de las mismas. De esta manera, explican que el Decreto Ley 2245 de 2011 fijó un nuevo régimen y procedimiento sancionatorio sobre las operaciones cambiarias de competencia de la DIAN, como “el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importaciones, exportaciones de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones a nivel nacional.” Indican que el decreto tiene como propósito principal flexibilizar y reglamentar de forma autónoma la regulación cambiaria, con la finalidad de promover la inversión extranjera y otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones en el país.[3] 16.  El artículo acusado hace parte de este entramado normativo y, por lo tanto, se dirige a la consecución de las finalidades plasmadas en el Decreto Ley 2245 de 2011. Los intervinientes insisten en que la norma atacada contiene los elementos estructurales para la configuración de la infracción continuada y la determinación del momento que genera el último hecho constitutivo de la infracción, a partir del cual se inicia el cómputo de la prescripción de la acción sancionatoria. De esta manera, exponen que en la infracción cambiaria continuada deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) un mismo sujeto infractor, que pese a estar obligado a cumplir la norma cambiaria la transgrede reiteradamente; (ii) una misma conducta (acción u omisión), así esta se ejecute en momentos diferentes; y (iii) varias obligaciones cambiarias independientes del mismo tipo. De acuerdo con lo expuesto, la infracción cambiaria continuada “no solo requiere que se incumpla con la misma norma u obligación, sino que además debe tratarse del incumplimiento de obligaciones cambiarias concretas, nuevas e independientes y del mismo tipo, esto es, derivadas de la misma norma.” [4] 17.  Finalmente, precisan que cuando la conducta se ha desarrollado en periodos extendidos y en momentos diferentes la administración debe comprobar la existencia de una unidad causal de comisión de la infracción cambiaria.[5] De este modo, la verificación de los elementos que configuran la infracción cambiaria continuada y el deber de analizar y motivar la presencia de un nexo que entrelace las diferentes operaciones cambiarias, permiten salvaguardar la seguridad jurídica y el debido proceso de los administrados y, al mismo tiempo,  el  ejercicio de la función de control cambiario a cargo de la DIAN. 2. Universidad Externado de Colombia 18.  El Centro Externadista de Estudios Fiscales del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia[6] considera que el aparte normativo acusado del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011 debe ser declarado inconstitucional. Asegura que el Legislador extraordinario incurrió en una omisión legislativa relativa, pues omitió regular de manera completa la forma en que se debe determinar la sanción en el caso de las infracciones continuadas. En su criterio, la norma censurada “únicamente se refirió a la infracción continuada cambiaria para efectos de la prescripción y omitió definir requisitos fundamentales para la aplicación de la respectiva sanción al presunto infractor.” Lo anterior, “genera una desigualdad negativa frente a sujetos infractores que si (sic) tienen determinada de forma previa la sanción cambiaria y su forma de cuantificarla lo cual carece de un principio de razón suficiente.” 19.  Resalta que los principios del derecho sancionador y, en particular, del derecho penal y disciplinario son aplicables al ámbito del derecho cambiario sancionador. En ese sentido, anota que la infracción cambiaria continuada representa un concurso de sanciones y, por lo tanto, “para sancionar un concurso punible, necesariamente debe encontrarse definido el delito, la tipicidad y la pena, es decir, el sistema mediante el cual se sancionará.” En especial, agrega que “debe establecerse previamente en la normativa si se acumularán las sanciones con o sin límite o si se aplicará la sanción de mayor entidad.”[7] 20.  Bajo tal perspectiva, sostiene que la indeterminación de la norma acusada resulta violatoria del debido proceso y de los principios de legalidad y seguridad jurídica. En ese orden, puntualiza que “al no haberse establecido en la norma la forma de determinar la sanción en el caso de la infracción continuada, no puede el operador jurídico, quien no tiene competencia para crear el régimen sancionatorio aplicable, determinar de manera arbitraria el monto de la sanción y sus límites, pues se estarían vulnerando los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.” V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 21.  El Procurador General de la Nación solicita que la Corte se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda o, en su defecto, que se declare la exequibilidad de la disposición acusada. 22.  En relación con la petición de inhibición, argumenta que la demanda carece de certeza, pues los accionantes parten de una interpretación equivocada de la norma censurada y le atribuyen consecuencias jurídicas que no se desprenden de su contenido normativo.  En esa dirección, plantea que la disposición acusada es precisa y que a partir de ella es posible establecer el momento en que inicia el cómputo del término de prescripción. Señala que la norma “tiene la claridad conceptual suficiente en razón a que define los elementos de la infracción cambiaria continuada, esto es, indica que se trata de una violación permanente de obligaciones cambiarias independientes (se ejecutan en momentos diferentes), derivadas de una misma norma y mediante varias acciones u omisiones (misma conducta).” Sostiene que la norma permite comprender que la infracción cambiaria es “aquella conducta (acción u omisión) de tracto sucesivo que es realizada por un mismo sujeto que transgrede en varias oportunidades durante un lapso de tiempo, una misma norma cambiaria. Es decir, la infracción inicia y continúa por un periodo de tiempo hasta que la misma cesa, momento este, en el cual inicia [el] conteo del término de prescripción señalado por la norma.” 23.  Manifiesta que la disposición atacada no puede ser interpretada de forma aislada, sino en armonía con la jurisprudencia constitucional y ordinaria que han definido el alcance de las faltas, los delitos y las infracciones continuadas.[8] Así mismo, destaca que los accionantes no aportaron elementos de juicio que permitan advertir el verdadero sentido que la administración de impuestos le ha dado a la disposición y, en su lugar, tan solo presentaron algunos ejemplos de aplicación de la norma que, en todo caso, parten de un análisis equivocado de la figura de la infracción cambiaria continuada y del cálculo de su término de prescripción. 24.  Por último, la Vista Fiscal sostiene que en el evento en que la Corte examine el fondo de la demanda, la norma atacada debe ser declarada exequible, ya que “de esta no se desprende la posibilidad de anular las garantías constitucionales derivadas del derecho al debido proceso, pues es evidente que se mantiene incólume el mandato superior que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, en conocimiento del principio de seguridad jurídica y de la protección de los derechos fundamentales de los imputados.” VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 25.  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la acusada en esta ocasión. 2. Cuestión previa. Examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda 2.1. Antecedentes 26.  Para la Corte es preciso definir la aptitud del cargo por violación al debido proceso planteado en contra del artículo 5 (parcial) del Decreto Ley 2245 de 2011. Esto, teniendo en cuenta la solicitud de inhibición planteada en la intervención conjunta de la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como en el concepto emitido por el Procurador General de la Nación. 27.  Como se indicó en los antecedentes, en la fase de admisión inicialmente fueron presentados cargos por desconocimiento de los artículos 13, 29, 93 y 363 de la Constitución Política. No obstante, una vez subsanada la demanda, la admisión se circunscribió únicamente al cargo por vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. 28.  Según los actores el precepto censurado es ambiguo pues no define de manera precisa los elementos para determinar cuándo se está frente a una infracción cambiaria de carácter continuado. A su juicio, dicha indefinición vulnera el debido proceso porque impide al operador administrativo aplicar la prescripción en las diferentes canalizaciones cambiarias. Agregan que no existen parámetros para establecer la autonomía e independencia de las canalizaciones cambiarias de suerte que se deja a la interpretación de la autoridad administrativa la existencia de nexo o cohesión entre aquellas, y consecuentemente, la aplicación de la prescripción en el estudio de casos relacionados con infracciones cambiarias continuadas. Señalan que se requiere excluir del ordenamiento las interpretaciones de la norma demandada que resultan inconstitucionales. 29.  Por su parte, la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales argumentan que la demanda carece de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia. La falta de claridad se estructura en que los fundamentos del cargo son abstractos y confusos y controvierten una interpretación que no ha sido establecida por la administración de impuestos. La carencia de especificidad se sustenta en el incumplimiento de la carga argumentativa que exige proponer la inconstitucionalidad por interpretaciones judiciales o administrativas.[9] La ausencia de pertinencia está relacionada con que la demanda presenta motivos de índole personal o de simple conveniencia y no de naturaleza constitucional. Por último, sostienen la falta de suficiencia porque no demuestan que la interpretación de la DIAN es sistemática o consistente sino que los demandantes se refieren a un caso aislado y particular. 30.  En similar sentido, el Ministerio Público cuestiona la certeza del cargo admitido porque en su concepto los accionantes parten de una interpretación equivocada de la norma censurada y le atribuyen consecuencias jurídicas que no se desprenden de su contenido normativo.  En esa dirección, plantea que la disposición acusada es precisa, contiene los elementos para definir una infracción cambiaria continuada, y que a partir de ella es posible establecer el momento en que inicia el cómputo del término de prescripción. Agrega que la disposición atacada no puede ser interpretada de forma aislada, sino en armonía con la jurisprudencia constitucional y ordinaria que han definido el alcance de las faltas, los delitos y las infracciones continuadas.[10] 2.2. Parámetros de análisis para los cargos de constitucionalidad 31.  De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener tres elementos esenciales: (i) referir con precisión el objeto demandado, (ii) el concepto de la violación y (iii) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (Art. 241 de la CP y Art. 2 del Decreto 2067 de 1991). A su vez, respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (Art. 2, num. 2 del Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas; y (iii) la presentación de las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. Vinculado a lo anterior, ha determinado que las razones expuestas para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser -al menos- claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. 32.  La claridad hace relación a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la disposición señalada en la demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o sospechas del actor. 33.  La especificidad de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, por una parte, que planteen un juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal, político o moral. El cargo tampoco es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición. 34.  Por último, la suficiencia implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador.[11] En los anteriores términos, es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que puede ser emitido un pronunciamiento de fondo. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la Corte deberá declararse inhibida para fallar. 2.3. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda: incumplimiento de los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia 35.  Para la Sala las razones de inconstitucionalidad propuestas por los demandantes en el cargo admitido por desconocimiento del debido proceso carecen de certeza, suficiencia y pertinencia. 36.  No se cumple con el requisito de certeza por cuanto los demandantes deducen una proposición jurídica de la disposición acusada que no se acompasa con el contenido normativo del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011. En efecto, el artículo demandado establece: ARTÍCULO 5o. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA. La imposición de sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un acto de formulación de cargos a los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción. En las infracciones continuadas, vale decir, en los casos en que con varias acciones u omisiones se viole una misma norma cambiaria, así estas se ejecuten en momentos diferentes, el término de prescripción se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción. No se considerará como infracción continuada el incumplimiento de plazos o términos legales señalados por las normas constitutivas del régimen cambiario. Dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de respuesta al acto de formulación de cargos deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria o de terminación de la investigación, según sea el caso, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. La prescripción deberá decretarse de oficio o a solicitud del interesado. (Subrayado corresponde al texto demandado) 37.  El primer inciso del artículo 5º del Decreto Ley 2245 de 2011 señala el término de prescripción de 5 años para ejercer la acción sancionatoria cuando se presenta una infracción cambiaria, contados desde la fecha en que ocurrieron los hechos. Indica que se requiere la formulación de cargos a los presuntos infractores. 38.  En el inciso segundo, ahora demandado, refiere que las infracciones cambiarias continuadas se presentan cuando con varias acciones u omisiones se viola una misma norma cambiaria, así estas se ejecuten en momentos diferentes. Al tiempo que prescribe que no se considera como infracción continuada el incumplimiento de plazos o términos legales señalados por las normas constitutivas del régimen cambiario. En cuanto a la precripción advierte que se contará desde el último hecho constitutivo de la infracción. 39.  El inciso tercero dispone que el término de la investigación cambiaria no debe exceder dos años y debe contar con un periodo probatorio. Finalmente, el inciso cuarto permite que la prescripción se aplique de oficio o a petición de parte. 40.  A partir de la descripción normativa realizada, la Corte concluye que el precepto censurado contiene elementos para determinar cuándo se está frente a la infracción cambiaria continuada, pues se requieren varias acciones u omisiones frente a una misma norma cambiaria que hayan sido llevadas a cabo en distintos momentos. 41.  Al respecto, la Presidencia de la República y la DIAN señalaron que si bien el Legislador no determinó de forma taxativa las conductas que constituyen infracciones cambiarias continuadas sí fijó los elementos estructurales de las mismas: “(i). Una violación permanente de diferentes obligaciones cambiarias derivadas de la misma norma. (ii). Que dicha acción u omisión fue realizada por el mismo sujeto (iii).Que se ejecutó mediante una misma conducta. ”[12] 42.  De tal suerte, que según la intervención que se reseña, la configuración de la infracción cambiaria continuada es determinable en aras de aplicar la prescripción pues es posible identificar: “a) Un mismo sujeto. Persona que está obligada a cumplir la norma cambiaría y la trasgrede reiteradamente. b) Que se trate de una misma conducta. (acción u omisión) así esta se ejecute en momentos diferentes. c) Varias obligaciones cambiarías independientes del mismo tipo. De acuerdo con lo anterior, es necesario entender que la infracción cambiaría continuada no solo requiere que se incumpla con la misma norma u obligación, sino que además debe tratarse del incumplimiento de obligaciones cambiarías concretas, nuevas e independientes y del mismo tipo, esto es, derivadas de la misma norma.”[13] 43.  En suma, para la Sala no es cierta la premisa del cargo planteada por los demandantes sobre la indefinición legal de los elementos de las infracciones cambiarias continuadas, porque el artículo acusado sí contiene elementos descriptivos para que el operador configure la infracción cambiaria continuada y aplique la prescripción correspondiente. En contraste, la demanda derivó un contenido normativo distinto al dispuesto en el artículo censurado, y por tanto, desdibujó la certeza del cargo. Ahora bien, si el reproche constitucional de los demandantes se circunscribe a la interpretación inconstitucional de esa norma, entonces para la Corte el cargo carece de suficiencia como pasa a explicarse. 44.  El cargo por violación del debido proceso incumple el requisito de suficiencia en tanto no cuenta con la carga argumentativa exigida en tratándose de inconstitucionalidades generadas por interpretaciones. Al respecto, la Sala recuerda, que el control de constitucionalidad se adelanta, por excelencia, respecto de las normas y no sobre la hermeneútica que los operadores judiciales realizan de aquellas.[14] De modo, que esta Corporación ha evaluado con mayor rigor esta clase de cargos: “Exigencias, a su vez, signadas por una “mayor carga argumentativa” por parte del demandante. La sentencia C-802 de 2008, sintetizó los requisitos exigidos por la jurisprudencia, frente a la modalidad de control constitucional mencionada, así: “a.- En cuanto al requisito de claridad, el ciudadano no sólo debe señalar cuál es la disposición acusada como inconstitucional (numeral 1º del artículo 3º del Decreto 2067 de 1991), sino que, en demandas contra interpretaciones judiciales, es necesario indicar con absoluta precisión cuál es el contenido normativo o “norma” derivada de la disposición acusada. b.- En cuanto al requisito de certeza, las demandas contra interpretaciones judiciales comprenden al menos tres dimensiones. Por un lado, (i) debe tratarse de una interpretación que realmente fije un contenido normativo derivado de la disposición impugnada. Esto significa que la interpretación debe derivarse directamente de la disposición demandada. De otro lado, (ii) no puede considerarse satisfecho el requisito de certeza cuando el reproche de inconstitucionalidad se sustenta en simples “hipótesis hermenéuticas” que no hallan sustento en una real y cierta interpretación judicial, o donde la interpretación no conduce a las implicaciones reprochadas, sino que responden a una proposición jurídica inferida por el actor o que recaiga sobre disposiciones que no han sido acusadas. Finalmente, (iii) no se cumple el requisito de certeza cuando la interpretación no se deriva de normas con fuerza material de ley, sino de otro tipo de disposiciones como actos administrativos, contratos estatales o cualquier otra fuente de derecho. c.- En cuanto al requisito de especificidad, en esta clase de demandas lo que se exige es que las razones de inconstitucionalidad sean puntuales y recaigan sobre el contenido normativo cuyo alcance específico ha sido fijado por la interpretación acusada, pero no sobre la base de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”. d.- En cuanto al requisito de pertinencia, es necesario que el demandante señale cómo y en qué medida la interpretación judicial impugnada plantea al menos un problema de relevancia constitucional, “y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia”. e.- Por último, el requisito de suficiencia exige, en demandas contra interpretaciones judiciales, demostrar que se está ante una posición consistente y reiterada del operador jurídico y no producto de un caso en particular, pues “una sola decisión judicial en la que se interprete una norma no constituye per se una doctrina del derecho viviente y en caso de serlo debe demostrarse”. Más allá de una cuestión relativa a la certeza de la interpretación, el criterio de suficiencia exige aportar los elementos fácticos y argumentativos para demostrar que la interpretación no sólo existe, sino que plantea una verdadera problemática constitucional.”[15] (subrayado no original). 45.  Por consiguiente, para superar el requisito de suficiencia es necesario que la demanda presente una interpretación consolidada del operador judicial u administrativo que considera inconstitucional. En esta ocasión, la demanda se limita a afirmar que respecto al elemento de nexo o cohesión han sido los operadores administrativos los que a su arbitrio han dado contenido y alcance a la continuidad de las infracciones, imposibilitando la aplicación de la prescripción en el régimen cambiario. 46.   Para ilustrar el tema, los demandantes presentan un ejemplo de lo que puede interpretarse, a su juicio, equivocamente como una infracción continuada.[16] En efecto, en eso consistió la evidencia fáctica de interpretación inconstitucional aportada por los demandantes. No se allegó ningún concepto de la DIAN respecto a la interpretación del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011. Por el contrario, esta entidad en su intervención advirtió: “[t]oda vez que la interpretación adecuada de la norma a cargo de la DIAN permite identificar la infracción cambiaría continuada a partir de sus elementos estructurantes y consecuencialmente el momento de ejecución de la infracción, identificando la fecha exacta a partir de la cual debe contarse el término de prescripción de la acción sancionatoria cambiaría, que no es otra que la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.”[17] 47.  Para la Corte, no se acreditó entonces, una posición sólida de la DIAN derivada de los argumentos planteados en la demanda que habiliten el estudio de constitucionalidad a partir de la interpretación del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011, en lo que se refiere a la prescripción de la infracción cambiaria de carácter continuado. Tal como quedó señalado, es necesario aportar fácticamente los pronunciamientos reiterados y consistentes del intérprete judicial o administrativo para que tenga lugar el excepcional examen de constitucionalidad. 48.  Por último, la Sala encuentra que el cargo presentado tampoco cumple con el requisito de pertinencia pues como acaba de exponerse los demandantes formulan un problema de aplicación práctica de la norma, lo cual escapa al control abstracto de constitucionalidad que compete a la Corte. 49. En efecto, el planteamiento de los demandantes, a partir del ejemplo mencionado, es que en las infracciones continuadas cabe la posibilidad de que la DIAN considere que hechos cometidos hace mucho tiempo hagan parte de una misma infracción realizada hace poco, de tal modo que los primeros difícilmente prescribirían. Pero esto nada tiene que ver con el contenido, el sentido ni el alcance de la norma acusada, el recurso de la ejemplificación en esta ocasión constituye un argumento de conveniencia que escapa al análisis propio de los juicios de constitucionalidad. 50. El empleo de argumentos que no sean de naturaleza estrictamente constitucional sino razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia desdibujan la competencia de la Corte. De esta manera, como los demandantes centran la acusación en una aplicación hipotética de la norma demandada, el cargo carece de pertinencia. 51.  En conclusión, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre el cargo por violación al debido proceso en la demanda contra el artículo 5 (parcial) del Decreto Ley 2245 de 2011. 3. Síntesis de la decisión 52.  La Corte examinó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la interpretación del inciso segundo del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011, mediante el cual se regula la prescripción de las infracciones cambiarias continuadas, por vulneración del derecho al debido proceso y el principio de prescripción contenidos en el artículo 29 de la Constitución  Política. Ante la solicitud de inhibición de la intervención conjunta de la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como del Procurador General de la Nación, se estudió de forma preliminar la aptitud sustantiva de la demanda. 53. La Sala Plena concluyó que el cargo no cumplía con los requisitos de certeza, suficiencia y pertinencia. La falta de certeza radicó en que la demanda desestimó que el aparte censurado sí contiene elementos para definir cuando se puede configurar una infracción cambiaria continuada, y por ende, fijar el término de prescripción. La ausencia de suficiencia se evidenció en que la demanda no identificó una postura o interpretación reiterada y consistente de la DIAN sobre la norma demandada que pudiera ser objeto de análisis constitucional. La carencia de pertinencia se constató dado que el cargo se estructuró a partir de eventuales interpretaciones del precepto acusado o situaciones meramente hipotéticas. En consecuencia, decidió inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo. VII. DECISIÓN 54. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 5 Decreto Ley 2245 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese. ALBERTO ROJAS RÍOS Presidente DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado Salvamento de voto ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada (Impedimento aceptado) JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR A LA SENTENCIA C-024/21 Ref: Expediente D-13679 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de Decreto Ley 2245 de 2011. Demandantes: Álvaro Andrés Díaz Palacios y Alejandro Sotello Riveros. Magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera Con el debido respeto, me aparto de la posición mayoritaria de la Sala Plena, toda vez que, en este caso, los demandantes corrigieron el escrito de la demanda para cumplir con las amonestaciones de la Sala Unitaria de la Corte que la había inadmitido por no cumplir las exigencias previstas en el Decreto 2067 de 1991. Admitida la demanda y revisados ahora los requisitos procesales, considero que la parte actora cumplió con los requerimientos legales y jurisprudenciales para que la Sala Plena pueda entrar a analizar de fondo el cargo de inconstitucionalidad planteado. El respeto por la confianza legítima y el principio pro actione Discrepo de la decisión mayoritaria, porque considero que, si a un ciudadano se le señala que sus argumentos son aptos para iniciar el juicio de constitucionalidad, en tanto se trata de un presupuesto necesario para admitir la demanda, la Corte debe pronunciarse de fondo, para preservar el derecho político fundamental previsto en el artículo 40.6 de la Constitución[18] y el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, conforme a lo establecido en el artículo 229 ibidem[19]. Incluso si la demanda, como ocurre en este caso, ha sido admitida en virtud del principio pro actione[20], la Corte debe pronunciarse sobre el asunto. El proferir un fallo inhibitorio, además de afectar de manera significativa los referidos derechos, en realidad es una forma tardía de rechazar la demanda. En casos como  el presente, cuando se han cumplido en su integridad los presupuestos procesales de la acción de inconstitucionalidad, el actor se encuentra en la confianza legítima de que obtendrá una decisión de mérito, así como le asiste esa postura a los intervinientes que acuden al llamado de la Corte Constitucional en el respectivo proceso, dado que, si la Corte admitió la demanda y ahora al momento de resolver así se confirma, se infiere el cumplimiento de las cargas procesales del accionante, ante lo cual, en garantía del principio pro actione, corresponde pronunciarse, en lugar de acudir a la decisión inhibitoria basada en un nuevo análisis de los mismos requisitos. Diferencias entre los presupuestos procesales para admitir la demanda y los presupuestos materiales para decidir de fondo En este punto resulta útil advertir que existe una diferencia entre los requisitos procesales para admitir la demanda, previstos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991 y a los que se refirió en extenso la sentencia C-1052 de 2001, entre otras- y los presupuestos materiales para decidir de mérito los cargos o acusaciones de inconstitucionalidad conforme a las reglas previstas en los artículos 14 a 22 del mismo Decreto y con fundamento en ellas, las subreglas adoptadas por la misma Corte, luego de recibir las intervenciones ciudadanas con las cuales se impugna o se coadyuva la acción, las intervenciones de quienes hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma acusada, las de los expertos y la del Procurador General de la Nación, lo mismo que del análisis del acervo probatorio conducente decretado y practicado conforme al ordenamiento jurídico. Salvo casos excepcionales y, este no lo es, la Sala Plena no debe detenerse a revisar de nuevo los presupuestos de la acción para resolver de mérito, sino que verificado su cumplimiento, como ocurre en este caso, debe revisar los presupuestos materiales para adoptar una decisión de mérito, a menos que deba proferir una decisión inhibitoria, pero por razones diferentes a aquellas que se refieren a la aptitud de la demanda. En el caso sub examine, existen los cargos que generaron la cuestión o duda de inconstitucionalidad y a ellos se refirieron de manera precisa quienes intervinieron dentro de la acción, así como el Ministerio Público. En el caso concreto, por ejemplo, uno de los intervinientes se refirió a los elementos de la infracción cambiaria continuada que se estructuró en la norma demandada y al deber de analizar la existencia o no de un nexo que entrelace las diferentes operaciones cambiarias para salvaguardar la seguridad jurídica y el debido proceso administrativo y, al mismo tiempo, el ejercicio de la función de control cambiario a cargo de la DIAN, lo cual ilustra un análisis válido de los cargos de la demanda, bajo el cual la Corte Constitucional podría haberse pronunciado. En sentido similar, era posible resolver de mérito, si se adoptaba una de las consideraciones de la vista fiscal, en la parte que se refirió al evento en que la Corte pudiera examinar de fondo la demanda, frente al cargo de vulneración del debido proceso. En concepto de la Procuraduría General de la Nación, el artículo 5 (parcial) del Decreto ley 2245 de 2011, debía ser declarado exequible, ya que “de esta no se desprende la posibilidad de anular las garantías constitucionales derivadas del derecho al debido proceso, pues es evidente que se mantiene incólume el mandato superior que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, en conocimiento del principio de seguridad jurídica y de la protección de los derechos fundamentales de los imputados”. En estos términos, dejo consignado mi salvamento de voto. Fecha ut supra. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado [1] En particular, trascriben fragmentos de las sentencias C-354 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-135 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [2] Al respecto reproducen apartes de la Sentencia C-354 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [3] En la misma dirección, aluden al artículo 150 numeral 19 literal b) de la Constitución y al artículo 2 de la Ley 9 de 1991 y aseguran que el Decreto Ley 2245 de 2011 tiene el propósito de amparar los bienes jurídicos señalados en estas disposiciones. En especial, hacen referencia a la regulación del comercio exterior y el régimen cambiario internacional, así como a la necesidad de fortalecer el desarrollo económico y social y el equilibrio cambiario. [4] Los intervinientes precisan que los numerales 12, 18 y 24 del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011 contienen hipótesis de infracciones cambiarias continuadas. Luego de hacer un recuento de los supuestos de hecho recogidos en esta disposición, explican que “[e]n los eventos precedentes, la infracción continuada se materializa con la situación irregular de aprovechamiento y de prolongación de la conducta en el tiempo. || Lo anterior, por cuanto quien ejerce una actividad de comercio requiriendo de alguna autorización previa, sin cumplir con este requisito, la conducta se entiende continuada o permanente pues la consumación de la falta se extiende a tantos actos como permanezca la falta. || Debe entenderse que esa violación periódica de la norma que impone obligaciones cambiarias, constituye, al tenor del inciso segundo del artículo 5 del Decreto 2245 de 2011, una infracción continuada, la cual se manifiesta en el incumplimiento sistemático y reiterado de la obligación cambiaria durante cada periodo” Así mismo, añaden que “[p]ara estos casos, a pesar de que el hecho comporta una infracción independientemente sancionable, existe concurrencia de (i) sujeto infractor, (ii) conducta realizada (acción), y (iii) tipo de obligación cambiaria. || En casos como los citados el término de prescripción de 5 años se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.” [5] Bajo tal perspectiva, señalan los siguientes ejemplos de infracción cambiaria continuada en los que se debe acreditar la unidad de acción entre las diferentes operaciones de cambio: (i) “[d]urante TODO el tiempo en el que el profesional de cambio no autorizado ejerció la actividad de compra y venta de divisas de manera profesional, sin haber sido inscrito en el registro establecido por la DIAN”; (ii) “[d]urante TODO el tiempo en que el residente en el país se dedicó a celebrar diferentes operaciones sucesivas de transferencias de divisas no autorizadas por cuenta de terceras personas, sin tener la calidad de intermediario del mercado cambiario; (iii) “[d]urante TODO el periodo temporal en el que el residente en el país canceló al exterior, con varias operaciones y declaraciones de cambio, divisas por concepto de pago de supuestos “servicios” sin existir causa jurídica alguna que soporte estos pagos por haberse desvirtuado la existencia de la prestación de tales servicios, utilizando esta misma modalidad para sustentar el pago”; y (iv) “[d]urante TODO el periodo en el cual el residente en el país ingresó o reintegró al país divisas desde el exterior, con varias operaciones y declaraciones de cambio, por concepto de pagos de supuestas exportaciones de bienes que no se realizaron o fueron desvirtuadas o fueron sobrefacturadas, utilizando la misma modalidad para sustentar este reintegro o ingreso de divisas.” [6] En representación de la Universidad Externado de Colombia interviene Olga Lucía González Parra, Directora del Centro Externadista de Estudios Fiscales y la profesora Carolina Acosta Ramos. [7] Añade que en materia cambiaria la DIAN fijó su postura en el Concepto 65694 de 1995. De acuerdo con la interviniente, este documento establece que la infracción continuada se entiende como “aquella conducta (acción u omisión) realizada por parte de un sujeto sometido al cumplimiento de una obligación cambiaria, que vulnera o transgrede permanentemente durante un lapso (permanencia), una misma norma u obligación cambiaria vigente.” El mismo concepto precisaría que frente a las infracciones continuadas “el término de caducidad de la acción de la administración para investigar y sancionar infracciones cambiarias, se cuenta a partir de la ocurrencia del último acto constitutivo de la infracción.” [8] Al respecto transcribe fragmentos de las sentencias C-551 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) de la Corte Constitucional; SP-1942018 (51233) del 14 de febrero de 2018 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y la dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el expediente radicado 25000232400020030022801. [9] Al respecto reproducen apartes de la Sentencia C-354 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [10] Al respecto transcribe fragmentos de las Sentencias C-551 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) de la Corte Constitucional; SP-1942018 (51233) del 14 de febrero de 2018 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y la dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el expediente radicado 25000232400020030022801. [11] Estos criterios fueron recogidos de la jurisprudencia desde la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), y han sido utilizados de manera reiterada, uniforme y pacífica por la Corte Constitucional. Para un recuento enunciativo ver, entre otras, la Sentencia C-105 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), nota al pie N° 26. [12] Intervención conjunta de Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Página 18. [13] Ibídem. [14] En la Sentencia C-802 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. La Corte en esta providencia puntualizó: “El control que ejerce esta Corporación a través de la acción pública de inconstitucionalidad (art.241 CP) comprende la facultad de examinar la interpretación que en ciertos casos hacen las autoridades judiciales de normas con fuerza material de ley. Se trata de una suerte de control, verdaderamente excepcional”. Adicionalmente presentó como sustento de esta afirmación las siguientes sentencias: C-1436 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-207 de 2003; C-1093 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-569 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-803 de 2006. M.P.  Jaime Córdoba Triviño; y C-187 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto. [15] Sentencia C-354 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta oportunidad la Corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo sobre la interpretación que el Consejo de Estado había realizado sobre la expresión “y el monto de la pensión de vejez”, contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la demanda solo presentó una decisión que estimaba inconstitucional y no proporcionó una posición consolidada y mucho menos reiterada de esa Corporación. También pueden consultarse la Sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la que la Corte declaró exequible la expresión “solamente” contenida en el artículo 59 de la Ley 610 de 2000, de acuerdo con la que que en los procesos de responsabilidad fiscal, sólo es demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto mediante el cual éste termina, por cuanto no desconocen el derecho al debido proceso ni a la administración de justicia. En esa ocasión la Corte tuvo en cuenta la interpretación que el Consejo de Estado había dado a la disposición acusada (derecho viviente): “la expresión "solamente" cuestionada no impide que los demás actos, generalmente de trámite o preparatorios, sean objeto de control judicial cuando sea demandado el acto definitivo mediante el cual termina el proceso.” Por su parte, en la Sentencia C-304 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo sobre algunas disposiciones del Estatuto Tributario, entre otras razones, porque la demanda no acreditó una posición consolidada de los tribunales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto al impuesto al patrimonio. Finalmente, en la Sentencia C-136 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), la Sala se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 11 de la Ley 680 de 2001, entre otros motivos, por cuanto carece de competencia para conocer de demandas de constitucionalidad que cuestionen la interpretación de actos administrativos. [16] La demanda señala a página 7: “Para ilustrar esta situación, ponemos de presente el siguiente ejemplo, el cual constituye la interpretación que actualmente la Administración realiza sobre la norma demandada, y la cual es violación ai artículo 29 de la Constitución Política y al principio de prescripción. // 1. Un residente realizó una canalización a través del mercado cambiarlo, en el año 2012 por concepto de servicios. // 2. Posteriormente, en los años 2015 o 2016 o 2017 realiza otro giro por concepto de servicios, pero correspondiente a obligaciones distintas, autónomas e independientes a las que originaron el pago del año 2012. // 3. Debe recordarse, que en materia cambiarla los giros y reintegros canalizados a través del mercado cambiario deben ser considerados como hechos independientes y autónomos. // 4. Sin embargo, el operador jurídico sostiene que la canalización del año 2012 no prescribe sino contados 5 años desde la canalización del año 2017. // 5. Lo anterior, bajo el argumento que esta corresponde a una infracción continuada en los términos del artículo 5 del Decreto Ley 2245 de 2011. // 6. Lo anterior, aun cuando los giros por concepto de servicios se efectuaron respecto de obligaciones distintas, autónomas e independientes, sin que exista una unidad de acción sobre las rnismas. Es decir, que los giros efectuados en 2012 no tienen relación alguna con los giros efectuados en 2015, 2016 ni 2017. // 7. En otras palabras, bajo la interpretación efectuada por el operador jurídico, la operación efectuada en el año 2012 NUNCA prescribiría, ya que estaría ligada al término de prescripción del giro de 2017 o al término de prescripción de operaciones futuras (inclusive aquellas efectuados en 2020, es decir, 8 años después del primer giro).” [17] Intervención conjunta de Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Página 19. [18] C.P. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. [19] Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. [20] Cfr.  C-1052 de 2001. “El rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”.

C-025-21 Sentencia C-025/21 Referencia.: Expedientes acumulados D-13.575 y D13.585. Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 8, 19 y 53 (parciales) de la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". Magistrada Sustanciadora CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1.  En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda demandó los artículos 6 (parcial) y 53 de la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". La demanda fue radicada con el número D-13.575. 2.  Por su parte, estudiantes del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales demandaron la totalidad de la Ley 1996 de 2019, por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 13, 42, 47 y 49 de la Constitución Política. La demanda fue radicada con el número D-13.585. 3.  La Sala Plena en sesión del 20 de noviembre de 2019 acumuló los expedientes mencionados y previo sorteo de rigor remitió el asunto al despacho de la magistrada ponente. 4.  Mediante auto del 6 de diciembre de 2019 la magistrada, con relación al expediente D-13.575, inadmitió el cargo formulado contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 al no cumplir con argumentos pertinentes y suficientes. Por otra parte, resolvió admitir el cargo contra los apartes del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 por la presunta violación del derecho a la igualdad dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política. En lo referente al expediente D-13.385, la magistrada decidió inadmitir la integralidad de la demanda por el incumplimiento de los requisitos de claridad, suficiencia, especificidad y pertinencia. En este mismo auto el despacho procedió a: (i) conceder el término de tres días a los demandantes para presentar corrección de las demandas; (ii) disponer su fijación en lista; (iii) comunicar sobre la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social; (iv) invitar a la Defensoría del Pueblo – Delegadas para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad e Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-, a PAIIS – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, a la Fundación Saldarriaga Concha, a la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial-FIDES, a la UNICEF Colombia, al Director del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y experto en temas relacionados con las garantías de las personas en condiciones de discapacidad, al Doctor Carlos Parra Dussán, a Asdown Colombia, al Instituto Nacional de Sordos - INSOR, al Instituto Nacional para Ciegos - INCI, al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y a la Liga Colombiana de Autismo -LICA, a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario -Grupo de Acciones Públicas-, la Icesi de Cali -Grupo de Acciones Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca, para que rindieran concepto en el término de fijación en lista; y (v) correr traslado de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley. 5.  Tras la presentación oportuna de los escritos de subsanación en cada uno de los expedientes de la referencia, la magistrada sustanciadora mediante auto del 21 de enero de 2020 resolvió: (i) dentro del expediente D-13.575, admitir la demanda presentada contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 por la presunta violación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; (ii) dentro del expediente D-13.585, admitir la demanda contra los artículos 6, 8 y 19 (parciales) de la Ley 1996 de 2019, por la presunta violación de lo dispuesto en los artículos 13 y 47 de la Constitución Política; (iii) rechazar los cargos contra los artículos 16 y 17 (parciales) de la Ley 1996 de 2019; (iv) invitar a los expertos en derecho civil – familia, los profesores Juan Carlos Gallón Guerrero y Mauricio García Herreros y a las Facultades de Medicina -programas de neurología- de la Universidad del Rosario, de la Universidad de Los Andes, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de la Universidad de La Sabana, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia y a la Asociación Colombiana de Neurología, para que intervinieran en el término de fijación en lista y respondieran unas preguntas.[1] 6.  Una vez cumplido el término probatorio, mediante auto del 2 de marzo de 2020 se ordenó dar trámite a los procesos de la referencia. Adicionalmente se invitó a participar al “Programa de atención integral en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad” de Profamilia y al Centro de Estudios de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 7.  A continuación se transcribirán las normas cuyos cargos fueron admitidos por el despacho sustanciador. II. NORMAS DEMANDADAS Expediente D-13.575 LEY 1996 DE 2019 (agosto 26) Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019 RAMA LEGISLATIVA – PODERPÚBLICO Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El Congreso de Colombia DECRETA: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. (…) CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Expediente D-13.585 LEY 1996 DE 2019 (agosto 26) Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019 RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El Congreso de Colombia DECRETA: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. (…) CAPÍTULO II. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. CAPÍTULO III. ACUERDOS DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos. En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen civil. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores. III. DEMANDAS Expediente D-13.575 El ciudadano Edier Esteban Manco Pineda afirmó que los apartes subrayados de los artículos 6º y 53 de la Ley 1996 de 2019 desconocen lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos. Manifestó que los dispuesto en el artículo 6º permite que personas en situación de discapacidad absoluta realicen actos jurídicos independientemente de los apoyos que tengan, situación que los deja en vulnerabilidad toda vez que al “padecer deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales o comportamientos de prodigalidad social, en el caso de inhábiles, le imposibilitan comprender la dimensión y consecuencias jurídicas de sus actos (…)”.[2] En el mismo sentido, señaló que el artículo 53 es violatorio de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, toda vez que deroga y prohíbe una salvaguarda e institución que protege los actos jurídicos de estas personas. Para el actor la interdicción es en realidad una acción afirmativa que tiene por objeto “proteger a esta clase de personas de relevancia constitucional frente a la sociedad y respecto a la cual es adecuada y efectiva para impedir abusos en contra las personas en situación de discapacidad”.[3] Según el demandante, la norma prohíbe y deroga la figura de la interdicción, pero no establece una salvaguardia similar, situación que genera una desprotección evidente para las personas con discapacidad. Por otra parte, el actor expresó que las dos normas atacadas son contrarias al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues si las personas en condiciones de discapacidad no cuentan con ningún apoyo para tomar decisiones, se pueden vulnerar sus derechos fundamentales. En palabras del actor: “al presumir la capacidad de obligarse por sí mismo, sin apoyo alguno, a personas que no tienen la capacidad de obligarse adecuadamente las consecuencias jurídicas que de sus actos se desprenden y que en últimas pueden afectar su vida y aumentar los abusos contra estas personas”.[4] Adujo que la misma norma del tratado internacional prevé que las personas con discapacidad pueden necesitar apoyos para tomar decisiones, mientras que las normas demandadas lo que hacen es eliminar estos apoyos. El demandante realizó un test de proporcionalidad y adujo que los artículos atacados no cumplen con los requisitos, en razón a que presumen la capacidad de personas que por razones de salud no la tienen y no comprenden las consecuencias de sus actos. De esa forma, estableció que existen otros medios diferentes, como por ejemplo, el régimen de guardas de la Ley 1306 de 2009, para garantizar la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad. Expresó que en “el presente caso, es decir, aquella que versa que todas las personas se presumen legalmente capaces aunque hayan actuado sin apoyo alguno, aunque biológica y/o psicológicamente no lo sean, es una agrupación que genera discriminación, por cuanto se parte de la base que aquellas personas que por razones de salud o inmadurez, se comportan con el mismo raciocinio y madurez que aquellas personas que no tienen afección psíquica, física, sensorial y han actuado sin el acompañamiento de su apoyo”.[5] Con base en lo anterior, el ciudadano distinguió entre la discapacidad mental relativa y absoluta, y adujo que la necesidad de apoyo y la salvaguarda de la interdicción son medidas que requieren las personas que “padecen” de alguno de estos tipos de discapacidad. De tal modo, “si la persona en situación de discapacidad requiere apoyo para poder obligarse en su entorno, pero lo hace sin dicho apoyo, la presunción de capacidad legal establecida en el artículo 6 de la Ley 1996 queda intacta aún en el evento en que dicho acto sea contraproducente y abusivo para los intereses de dicha persona, vulnerando así la obligación de los Estados en estructurar salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar el abuso (…)”.[6] En el escrito de corrección de la demanda el actor adicionó que la interdicción es una institución que pretende proteger a las personas en condiciones de discapacidad, y en consecuencia, para el ciudadano, el artículo 53 de la Ley 1996 es contrario a esta salvaguardia y configura una situación de indefensión. Sostuvo que en la Ley 1996 “no había realmente salvaguardias adecuadas efectivas que impidieron el abuso de estas personas en situación de discapacidad mayores de edad”.[7] Para explicar este punto, citó el artículo 5 de la Ley 1996 el cual consagra los “criterios para establecer salvaguardias” y resaltó la palabra “apoyos” de toda la disposición. Al respecto, resaltó que la ley habla de salvaguardias y sus criterios, pero en sentido amplio y general sin definir con certeza cuáles son estas medidas concretamente. Argumentó que el artículo 5 de la Ley “es el único que menciona superfluamente la institución de la salvaguardia, incurre en un error manifiesto de pretender equiparar salvaguardia con apoyo. No, son dos instituciones diversas con fines diferentes. Así se puede establecer del análisis del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.[8] Con fundamento en lo anterior, el actor explicó que la interdicción es una salvaguardia efectiva que la Ley elimina del ordenamiento jurídico, afectando el ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. En sus palabras mencionó que “las personas interdictas o inhábiles, en el evento de que el guardador vaya en contra vía de sus intereses económicos y su voluntad real, se suspende el término de prescripción para exigir el derecho transgredido, brindando una garantía jurídica que permite salvaguardar de cualquier abuso, de persona extraña (tercero) o cercana (guardados conforme a la Ley 1306) el cual pretenda ser avivato, ligero, oscuro, ruin o malévolo con la persona en situación de discapacidad mayor de edad”.[9] El actor explicó este argumento citando el artículo 2530 del Código Civil que dispone la “suspensión de la prescripción ordinaria”. Finalmente manifestó que la interdicción es una medida que podría haber sido considerada como complementaria a los “apoyos” y “salvaguardias” de la nueva ley, pero el legislador la derogó por completo: “En este sentido negociar con una persona en situación de discapacidad mayor de edad con la garantía y salvaguardia de la interdicción supone una protección y blindaje jurídico frente a los sujetos con los que entable una relación jurídica o económica y tal garantía consistirá en la suspensión del tiempo de prescripción a favor del interdicto y/o inhábil, garantizando que en cualquier momento, en el evento de ser defraudado, podrá perseguir a quien lo defraudó, sea su guardador, ahora apoyo, o un tercero con el cual entable una relación jurídica. Por lo anterior, si se prohíbe la figura de la interdicción e inhabilidad, las personas que juró la ley proteger quedarán desprovistas de dicha salvaguardia aún más cuando la Ley 1996 no establece realmente salvaguardia alguna”.[10] El actor solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de “e independientemente de” y “o no apoyos” del artículo 6 y todo el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 y subsidiariamente solicitó que se condicione la interpretación del artículo 6 en el sentido de que “no se presumirá la validez de los actos jurídicos realizados por personas en situación de discapacidad mayor de edad si no es asistido por un apoyo, previa designación del juez de familia”.[11] Adición a la demanda El demandante presentó un escrito con el objetivo de hacer unas precisiones en relación con los fundamentos de inconstitucionalidad presentados en contra de los artículos 6 y 53 de la Ley 1996 de 2019. En primera medida, señaló que al analizar el artículo 6 de la referida ley, es necesario comprender que dentro del grupo de personas con discapacidad existen sujetos que, “siendo tales, no es necesario que sobre ellos se extiendan los efectos de la inexequibilidad que pretendo con la demanda de inconstitucionalidad. En otras palabras, este tipo de personas en situación de discapacidad sí dimensionan las repercusiones jurídicas y económicas de sus actos y por lo tanto pueden actuar autónomamente sin apoyo alguno”[12]. Así, aseveró que no todas las personas con discapacidad, mayores de edad, necesitan apoyos para actuar. Sin embargo, sí hay otras que requieren de apoyos, y es precisamente en este grupo de personas con base en las cuales alega la inconstitucionalidad plena y/o condicionada de las normas, de tal forma que no se presuma su capacidad y, por ende, se establezca que para que puedan obligarse deban contar con un apoyo para emitir su consentimiento. Expuso que existe una clasificación realizada por el médico Leonardo Palacios Sánchez, profesor de neurología de la Universidad del Rosario, que permite definir cuáles personas con discapacidad avizoran conscientemente los efectos de sus actos y cuáles no. A saber: “GDS1: Las personas en situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este escalafón no tienen alteración cognitiva, correspondiéndose, en palabras del médico, en personas normales, donde no existen quejas subjetivas ni trastornos evidentes de la memoria en la entrevista clínica. GDS2: Las personas en situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este escalafón tienen un declive cognitivo muy leve, donde se corresponde con el deterioro cognitivo subjetivo, como olvido de dónde se dejan objetos familiares, nombres previamente bien conocidos, no hay trastornos en eventos sociales y hay pleno conocimiento y valor de la sintomatología. GDS3: Las personas en situación de discapacidad mayores de edad ubicadas científicamente en este escalafón tienen un deterioro cognitivo leve, como pérdida en un lugar no familiar, rendimiento laboral pobre, defectos en la evocación de palabras, etc. GDS4: Las personas en situación de discapacidades mayores de edad ubicadas científicamente en este escalafón tienen un deterioro cognitivo moderado o demencia en estadio leve, como defectos claramente definidos en entrevista, conocimiento disminuido en acontecimientos actuales, déficit del recuerdo de historia personal. Según el concepto aportado por el especialista, los anteriores tienen la capacidad de prever las consecuencias jurídicas y económicas de sus actos, excepto el GDS4, el cual se debe analizar detalladamente cada situación particular para determinar si su capacidad intelectual es la adecuada para gobernar su voluntad y dimensionar las consecuencias de sus actos. No corren con igual suerte las personas en situación de discapacidad mayores de edad que se encuentran en los escalafones GDS5, GDS6 y GDS7, ya que según palabras del especialista “no cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en que participan”[13]. En segundo lugar, se pronunció respecto de la inconstitucionalidad del artículo 53, para explicar que no todas las personas con discapacidad necesitan ser protegidas a través de las figuras de la interdicción y la inhabilidad, puesto que para que aquellas se activen es necesaria la existencia de una gravedad física y/o mental que impida emitir su voluntad de manera consciente y libre. Teniendo en cuenta la clasificación presentada anteriormente, las personas con discapacidad situadas en los escalafones GDS5, GDS6, GDS 7 y algunas del GDS 4 no tienen la capacidad para comprender sus actos, no pueden expresar su voluntad de manera consciente y tampoco prevén los efectos de dichos actos. Con base en ello, adujo que no es cierto que la interdicción e inhabilidad sustituya la voluntad de la persona con discapacidad mayor de edad, habida consideración que las personas pertenecientes a esas clasificaciones exteriorizan su voluntad sin consciencia, es decir, sin el elemento cognitivo y, por ello, consideró que estas personas sí necesitan de estas figuras. Para finalizar, agregó que las personas que hacen parte de los grupos GDS 1, 2, 3 y algunas del 4, no requieren de ese tipo de protección, pero que tampoco pueden pretender que frente a una persona con un “trauma craneoencefálico, infartos cerebrales, demencias, alzhéimer, conductas delirantes, síntomas obsesivos o violentos o aquellas personas incapaces de contar hasta 10, se les presuma capaces, incluso sin apoyo alguno y además se les derogue y se le prohíba las instituciones de la interdicción y la inhabilidad, las cuales, por ser tales, suspende los términos de prescripción frente acciones fraudulentas realizadas por el guardador y/o consejero o realizadas por terceros, protección jurídica que generaba como consecuencia la nulidad absoluta y/o relativa de tales negocios y permitían, una vez se rehabilite o sea tomado por otro guardador o consejero, iniciar las acciones jurídicas para defender la persona en situación de discapacidad mayor de edad, las cuales se constituían en verdaderas salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir el abuso a estos sujetos de especial protección constitucional”.[14] Expediente D-13.585 En el escrito inicial de la demanda, los ciudadanos atacaron la integralidad de la Ley 1996 de 2019 por considerarla violatoria de lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 42, 47, 49 de la Constitución Política. Posteriormente, en el escrito de corrección, los demandantes se concentraron en los siguientes cargos. Los actores indicaron que su demanda de inconstitucionalidad se dirigía concretamente contra algunos apartes de los artículos 6, 8 y 19 de la Ley 1996 de 2019. Estos son los que fueron subrayados en la anterior transcripción del texto completo de la Ley y que fueron admitidos por el despacho sustanciador. Al respecto manifestaron que los artículos 6 y 8 de la Ley 1996[15] vulneran el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 13 de la Constitución Política porque cobija de una manera amplia a “todas las personas sin tener en cuenta las diferencias existentes entre cada una de las personas con discapacidad, poniendo en riesgo a aquellos que no se pueden valer por sus propios medios y los cuales el Estado deber a proteger en mayor medida tal como lo estableció en el texto constitucional y no solo con una persona de apoyo que realice acompañamiento ni unos ajustes razonables como se estipula en la Ley violatoria, sino una protección real y efectiva de los derechos con los que cuentan estas personas en condición de vulnerabilidad”.[16] Por otra parte, los actores alegaron que el aparte “los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores” del artículo 19 de la Ley 1996, desconoce la protección especial prescrita en el artículo 47 de la Constitución Política porque las personas con discapacidad severa requieren de un “acompañamiento permanente representado”,[17] lo que implica una protección especial acorde con sus necesidades. Los actores afirmaron que la Ley es contradictoria al establecer un sistema de apoyos para los actos jurídicos que realizan las personas en condiciones de discapacidad, pero a la vez, establecer que el criterio u opinión de los apoyos respecto de determinado acto jurídico no es relevante ni vicia el consentimiento. En sus palabras: “Es preciso resaltar que no se comprende la finalidad de contar con una persona de apoyo cuando la persona titular del derecho no está obligado a actuar de acuerdo con el criterio que presta el personal de apoyo, ni comprende la finalidad del acto, aun existiendo un acto jurídico referente a la suscripción del acuerdo, lo anterior da lugar a una incoherencia existente en la misma normativa, y a que el discapacitado podrá celebrar actos que lo perjudiquen económicamente sin existir una norma que lo proteja, para lo cual existirán individuos que siempre se van a querer aprovechar de estos, al tener pleno conocimiento de que los actos que se suscriben con los mismos cuentan con todos los requisitos establecidos por tratarse de personas capaces, debiendo el titular del acto jurídico asumir sus riesgos y estar sujeto a cometer errores”.[18] Adujeron que la Ley 1996 estableció un sistema de apoyos que en realidad solo sirve a las discapacidades relativas pero no a las absolutas. Por ello, señalaron que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad y sus necesidades al momento de perfeccionar actos jurídicos. Los demandantes manifestaron que la Ley 1996 es contraria no solo a los postulados constitucionales antes mencionados, sino que es contradictoria con el régimen de protección establecido en la Ley 1616 de 2013. Esta normativa protege a las personas en condiciones de discapacidad absoluta y reconoce que requieren un tratamiento especial. Con base en lo anterior, los actores reiteraron los argumentos del escrito de la demanda y repiten las diferentes categorías de discapacidades absolutas o profundas que han sido identificadas en Colombia y la OMS. Al respecto señalaron: “Con base en la anterior clasificación de discapacidades, se puede evidenciar que cada una tiene características propias y especiales que las hace diferentes entre sí, lo cual amerita una protección diferencial entre las mismas y no una regulación unánime como lo pretende la Ley 1996 de agosto 26 de 2019 con su entrada en vigencia; clasificación que  se realizó hace varios años y que la Ley 1996 de agosto de 2019 está vulnerando de manera abrupta y que da a entender de manera clara que la Ley no puede pretender regular por medio de un personal de apoyo las diversas discapacidades existentes al cada una requerir una protección especial de manera diferente, llevándonos a una ambigüedad e inseguridad jurídica.”[19] Finalmente, los actores solicitaron que su escrito también se entienda como una coadyuvancia a la demanda admitida dentro del expediente D-13.575. IV. INTERVENCIONES Intervenciones Interviniente Objeto (Ley 1996 de 2019) Solicitud Ciudadana Andrea Liliana Cortés Ley 1996 de 2019 Exequible Asdown Colombia Ley 1996 de 2019 Exequible Asociación Civil por la igualdad y la Justicia Ley 1996 de 2019 Exequible The Israel Human Rights Center for People with disabilities Ley 1996 de 2019 Exequible Colectivo Cuerpos Diversos Ley 1996 de 2019 Exequible Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DescLab Ley 1996 de 2019 Exequible Federación de Discapacidad del Valle Ley 1996 de 2019 Exequible Fundación Arcángeles Ley 1996 de 2019 Inhibición y subsidiariamente Exequible Fundación Tutelar Girona, España Ley 1996 de 2019, artículos 6, 8, 19 y 53. Exequible Grupo de profesores y litigantes de Estados Unidos Ley 1996 de 2019 Exequible Human Rights Watch Ley 1996 de 2019 Exequible Instituto Nacional para Ciegos INCI Ley 1996 de 2019 Inexequible parcialmente porque presume a toda PCD capaz y elimina el régimen de guardas Instituto Jo Clemente Ley 1996 de 2019 Exequible Juanita Goebertus, Representante a la Cámara por Bogotá Ley 1996 de 2019 Exequible Lucila López, (ciudadana con nacionalidad argentina amicus curiae) Ley 1996 de 2019 Exequible Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Ninguno Allegó copia del informe sobre el derecho a la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo (A/HRC/37/56) presentado en el 37° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Sociedad y Discapacidad Ley 1996 de 2019 Exequible Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú Ley 1996 de 2019 Exequible Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia Ley 1996 de 2019 Exequible Icesi – Grupo de Acciones Públicas Ley 1996 de 2019 Exequible INSOR Ley 1996 de 2019 Exequible Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de 2019. Exequible Ministerio de Salud y Protección Social Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de 2019. Inhibición por ausencia de certeza, suficiencia y pertinencia. Sin embargo, afirmó que lo dispuesto en la Ley 1996 coincide con los estándares internacionales y que los artículos demandados son constitucionales. Departamento de Derecho Civil – Universidad Externado de Colombia Ley 1996 de 2019 Exequible Centro de Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría de Chestertown, Nueva York – Estados Unidos Ley 1996 de 2019 Exequible Universidad del Rosario Artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de 2019. Inhibición por no cumplir los elementos que configuran una presunta omisión legislativa relativa. Sin embargo, afirmó que lo dispuesto en la Ley 1996 coincide con los estándares internacionales y que los artículos demandados son constitucionales Michael Bach y Lana Kerzner Ley 1996 de 2019 Exequible Departamento de Derecho Procesal – Universidad Externado de Colombia Artículos 6 y 53 de la Ley 1996 de 2019. Inexequible. Crea un trato desigual y un estado de desprotección absoluta para las personas con discapacidad. Liga Colombiana de Autismo Ley 1996 de 2019 Exequible Colectiva Polimorfas – Grupo de Apoyo a Mujeres en Diversidad Funcional 7 Discapacidad Ley 1996 de 2019 Exequible Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia Ley 1996 de 2019 Exequible Ministerio de Justicia y del Derecho Ley 1996 de 2019 Exequible Defensoría del Pueblo Ley 1996 de 2019 Exequible Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Ley 1996 de 2019 Exequible Práctica de pruebas El despacho solicitó a algunas las facultades de medicina y profesores de derecho civil allegar concepto sobre la posición de los demandantes, así como dar respuesta a unos interrogantes formulados. Las respuestas allegadas pueden consultarse en el Anexo II de esta providencia.[20] V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de los artículos 6 y 8 (parciales) y 53 (total) de la Ley 1996 de 2019, “ya que no vulneran, y por el contrario desarrollan, la garantía de protección establecida en los artículos 13 de la Carta Política y 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. En lo referente al cargo formulado contra el artículo 19 de la Ley 1996, según el cual desconoce lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política, el Procurador solicitó de forma principal que la Corte se declare inhibida para fallar por ineptitud de la demanda; y de manera subsidiaria, solicitó declararlo constitucional, por las mismas razones expuestas sobre las otras disposiciones demandadas. Luego de describir cada una de las demandas y sus argumentos, el Ministerio Público explicó que el modelo social de la discapacidad ha sido asumido por el ordenamiento interno a través de la Ley 1346 de 2009 y de la jurisprudencia constitucional (C-606 de 2012, C-329 de 2019 y T-232 de 2020). Resaltó que la posición actual comprende la discapacidad como aquellas barreras u obstáculos sociales o del entorno que no permiten ejercer los derechos en igualdad de condiciones.: “[l]a discapacidad es, entonces, una realidad que se debe comprender socialmente desde la diversidad, y que exige una intervención en las estructuras sociales que impiden la realización y el pleno goce de los derechos de todas las personas”.[21] Del mismo modo, recordó que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hace parte del bloque de constitucionalidad, y en ese orden, el Estado colombiano debe tomar las medidas necesarias y adecuadas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en aquel tratado. Como consecuencia de lo anterior, conforme al artículo 12 de la Convención, los Estados deben reconocer a todas las personas con discapacidad el ejercicio y goce de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con efectos jurídicos, desde la perspectiva de la autonomía y la dignidad humana. El Ministerio Público se refirió a los antecedentes del trámite legislativo de la Ley 1996 de 2019. Al respecto precisó que fue el esfuerzo de un diálogo colectivo para materializar los mandatos del artículo 12 de la Convención, así como las recomendaciones del Comité. Afirmó que la Ley “recogió la obligación del Estado colombiano de implementar el nuevo paradigma sobre los derechos de las personas con discapacidad (modelo social) y el mandato de armonización del régimen de capacidad legal a los estándares del artículo 12 de la CDPD, para incorporar una comprensión de la discapacidad que, a partir de la diversidad, no restringiera la capacidad jurídica (dejando de lado la escisión entre capacidad de ejercicio y de goce) y tuviera en cuenta los problemas sociales estructurales”.[22] La Ley pone en el centro de regulación la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y el ejercicio efectivo de la toma de decisiones de forma autónoma. Así, dice el Procurador, supera por completo los sistemas que le dan prelación a la decisión de un tercero que realiza el acto acorde con el “mejor interés” de la persona, pero anula su voluntad. De esa manera, “las figuras de interdicción e inhabilitación (propias de los modelos de prescindencia y médico-rehabilitador) son reemplazadas por sistemas de toma de decisiones con apoyo, es decir, por tipos de asistencia que facilitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que varían según se requiera (apoyos leves o más intensos); la ley estableció, así, dos mecanismos de apoyo (los acuerdos de apoyo y la adjudicación judicial de apoyo), acompañados de la herramienta conocida como directivas anticipadas”.[23] Con base en lo anterior, el Procurador estimó que los cargos de las demandas partían de premisas de modelos de discapacidad antiguos y que se alejaban de la concepción social que impera actualmente. Señaló que contrario a lo que sostienen los actores, el sistema de toma de decisiones con apoyo, pretende fortalecer la inclusión y la participación plena de las personas en condiciones de discapacidad, remover las barreras sociales y aprovechar al máximo sus capacidades. Sobre el cargo de igualdad, el Ministerio Público señaló que “(…) aunque no es claro si el examen propuesto pretende comparar las personas con y sin discapacidad, o si lo hace respecto de las personas con discapacidad de acuerdo con cierto criterio médico (evaluando el mayor o menor déficit funcional), lo cierto es que no hay motivo para que, con respecto al derecho a la capacidad jurídica (patrón de igualdad aplicable al caso), la ley incorpore una distinción de trato; existe, en cambio, un mandato expreso para su reconocimiento y garantía bajo un marco de igualdad”.[24] En lo relacionado a la prohibición de la interdicción, el Procurador consideró que se trata del cumplimiento de un estándar internacional y la noción actual de la discapacidad. Por lo anterior, solicitó declarar la constitucionalidad de los artículos 6, 8 y 53 de la Ley 1996 d 2019. Por otra parte, advirtió que el artículo 19 de la Ley 1996 de 2019 también es constitucional, toda vez que no desconoce lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución. Aclaró que esta disposición constitucional debía interpretarse a la luz de los estándares internacionales, y en esa medida, “(…) no existen motivos para sostener que el deber del legislador fijado en el artículo 47 superior implique restringir la capacidad jurídica de algunas personas con discapacidad (que se traduce en la posibilidad de desconocer su voluntad, preferencias, el derecho a tomar riesgos y a cometer errores), cuando el reconocimiento de este derecho es precisamente un desarrollo de las exigencias y obligaciones que las normas superiores actuales imponen en la materia. Como se mencionó, durante el trámite legislativo se analizó la concordancia entre el reconocimiento de la capacidad jurídica universal y el establecimiento de los acuerdos de apoyo como requisito de validez para la realización de actos jurídicos”.[25] No obstante lo anterior, el Procurador llamó la atención que el cargo sobre la omisión legislativa del artículo 19 no cumplía con los requisitos para ser admitido, y por ende, solicitó que la Corte se declarara inhibida. VI. COMPETENCIA 1.  La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política. Cuestiones previas 2.       Dentro del expediente D-13.575 el demandante presentó dos cargos concretos. En el primero señala que las expresiones “e independientemente de” y “o no apoyos” del artículo 6° de la Ley 1996 de 2019 vulneran el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 13 de la Constitución, así como el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuanto, según el demandante, presume la capacidad legal de toda la población con discapacidad sin distinguir casos graves o severos en los que la persona no comprende el acto jurídico o sus efectos. De manera que el sistema de apoyos que consagra la Ley 1996 no es suficiente, y en cambio deja a estas personas en una situación de indefensión y expuestas a abusos de terceros. En el segundo cargo, afirma que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 derogó la figura de la interdicción y con ello vulnera el derecho a la igualdad (artículo 13) y el artículo 12 de la Convención, toda vez que esta institución servía de verdadera salvaguardia para los derechos de las personas con discapacidad. Asegura que la interdicción tiene efectos procesales que protegen a la persona representada de abusos de parte de sus tutores, que el nuevo sistema de apoyos no contempla. Por su parte, los demandantes del expediente D-13.585 sostienen que los artículos 6 y 8 de la Ley 1996 de 2019 desconocen el derecho a la igualdad de la Constitución porque no tienen en cuenta que hay distintos tipos de discapacidad. Afirman que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no contemplar un trato especial para las discapacidades mentales severas o profundas. Además, argumentaron que la parte final del parágrafo del artículo 19 de la Ley 1996 de 2019 desconoce lo prescrito en el artículo 47 de la Constitución Política puesto que consideran que las personas con discapacidad “severa” requieren de un “acompañamiento permanente representado”. Contrario a ello, la norma permite que personas que no comprenden los actos jurídicos y su alcance, tomen decisiones que los perjudiquen, porque siempre debe prevalecer su voluntad y preferencias y no la asistencia del apoyo. Con sustento en lo anterior, y a manera de síntesis, el objeto de control constitucional se enmarcará en las siguientes normas demandadas: Expediente D-13.575 ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. [Toda la disposición] Expediente D-13.585 ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos. En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen civil. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores. 3.  La mayoría de los intervinientes, contrario a lo señalado por los demandantes, afirmaron que las normas demandadas son constitucionales en virtud de los siguientes argumentos. Sostuvieron que tanto el texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante la CDPD –, como las Observaciones Generales hechas por su Comité, acogieron el modelo social de la discapacidad. Este tratado fue ratificado por Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009 y revisada mediante sentencia C-293 de 2010. Por lo anterior, hace parte del bloque de constitucionalidad y Colombia debe cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado internacional. Al respecto, señalaron que concretamente el artículo 12 de la CDPD reconoce la personalidad jurídica a todas las personas con discapacidad y establece la obligación de los Estados de definir los apoyos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, así como las salvaguardias para impedir abusos sobre sus derechos. La Observación General No. 1 del Comité de la Convención, desarrolla el contenido de estas obligaciones internacionales y advierte que la interdicción judicial es un régimen basado en la sustitución y despojo de la toma autónoma de decisiones. Con sustento en lo anterior, la mayoría de los intervinientes coincidieron en afirmar que la Ley 1996 de 2019 es el cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto del reconocimiento real de la personalidad jurídica de las personas con condiciones de discapacidad. Las intervenciones se concentraron en argumentar cómo el régimen de interdicción judicial atiende a una concepción médica-rehabilitadora de la discapacidad que es contraria los estándares de derechos humanos. Varios afirmaron que la figura de la interdicción por motivos de discapacidad es una medida discriminatoria, habida cuenta que hace una diferenciación que no encuentra sustento en causas objetivas, razonables ni proporcionales. Aquella afirmación fue justificada bajo las siguientes razones: (i) la interdicción busca proteger la vida, integridad, bienestar y administración de bienes de una persona, no obstante “no resulta idónea para este fin, puesto a que la anulación de derechos de una persona no es correspondiente con el intento de protección de la misma o su entorno. No le otorga ninguna seguridad ni facilidad para su autoprotección ni a terceros, sino por el contrario, termina con las posibilidades de denunciar cualquier de (sic) tipo de maltrato o engaño que pueda sufrir la persona con discapacidad”[26]; (ii) la interdicción no es una medida necesaria, toda vez que existen otras opciones legales, como el modelo de apoyos combinado con mecanismos de salvaguardias, que son más idóneas para proteger a las personas con discapacidad; (iii) al hacer un test de proporcionalidad, se puede comprobar que “retirar la capacidad jurídica de una persona para asignarla a otra en su lugar no era una medida que realizara por sí misma un fin de protección al bienestar de la persona en cuestión, por el contrario la exponía a abusos y la discriminaba directamente”[27]; y (iv) “confundir «capacidad jurídica» con «la capacidad mental» y negarle a una persona 'con menor capacidad mental' tomar decisiones o ejercer su capacidad de obrar, es un acto discriminatorio fijado por una valoración subjetiva de la capacidad mental de personas con discapacidad solo por tener dicha discapacidad”[28]. Por lo anterior, lo dispuesto en el artículo 12 de la CDPD y el nuevo modelo de apoyos ofrecen una solución legal que respeta los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al implementar medidas de accesibilidad y/o ajustes para obtener la voluntad de estas personas. Indicaron que el modelo de apoyos no se encuentra dirigido a limitar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, sino a potenciarla en función a sus necesidades Aseveraron que, en definitiva, el Estado colombiano ha cumplido los compromisos asumidos a través del CDPD, apostando por el reconocimiento igualitario de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, “eliminando el régimen de interdicción o inhabilitación, y desarrollando diferentes e integrales formas de apoyo y disponiendo una serie de salvaguardias”[29]. Estimaron que el modelo de apoyo implementado mediante la ley demandada es armónico con el respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por tener como características principales a las siguientes: (i) “[l]a voluntariedad del apoyo: su nombramiento no puede efectuarse en contra de la voluntad de la persona con discapacidad y esta última puede rechazarlos”; (ii) “[e]l ejercicio de la capacidad Jurídica no puede subordinarse a una previa designación de apoyos”; y (iii) “[l]a actuación de los apoyos debe obedecer la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, no lo que a criterio de un tercero puede ser el mejor interés de la persona”[30]. Resaltaron que dicho modelo es aplicable a una gran variedad de situaciones, incluso en aquellas en las que sea difícil determinar la voluntad de las personas asociadas a diagnósticos severos. Al respecto, afirmaron que el modelo de asistencia o apoyo busca garantizar el desarrollo de la autonomía y procurar un trato igualitario entre este grupo de personas y el resto de la población. A su parecer, este modelo es el idóneo para garantizar y respetar el principio de autonomía y el derecho a la igualdad. Los intervinientes agregaron que los demandantes confundieron la capacidad legal con la capacidad cognitiva o mental y erraron al asimilar la discapacidad con una enfermedad. Los intervinientes, explicaron que la CDPD reconoce a la capacidad jurídica como un derecho universal que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. El concepto de capacidad jurídica engloba: (i) la capacidad de goce o de ser sujeto de derechos y obligaciones (elemento estático); y (ii) la capacidad de ejercicio o de asumir obligaciones a través de sus propias decisiones (elemento dinámico). El primer elemento responde a una protección plena sobre los derechos de la persona en el ordenamiento jurídico, mientras que el segundo se refiere al reconocimiento de la persona como actor facultado para realizar y transar relaciones jurídicas, incluyendo la facultad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Hicieron énfasis en que la capacidad jurídica y la mental son conceptos distintos, y para ello citaron la Observación General No. 1 de 2014, el Comité. Señalaron que, en el ordenamiento jurídico colombiano, la confusión entre capacidad jurídica y mental era la premisa central de la Ley 1306 de 2009. De ahí que la figura de la interdicción, entendida erróneamente como una medida de protección, se justificara en esta normatividad, al considerar que las personas con discapacidad mental eran incapaces en el ámbito jurídico. Indicaron que esta perspectiva es contraria a la CDPD y que de ella se derivó un sistema jurídico en el que prevaleció la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad al impedirles ejercer su capacidad jurídica. A contrario sensu, la Ley 1996 de 2019 fue expedida con el objetivo de aclarar que el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica no depende de la capacidad mental. Ahora bien, los intervinientes estimaron que la Convención adopta la inclusión hacia todas las personas con discapacidad sin hacer diferenciación entre ellas, ni distinguir entre discapacidad física, intelectual o cognitiva. Tampoco hace ninguna diferenciación entre los tipos o grados de discapacidades (ej. discapacidades mentales leves, graves o severas), habida cuenta que no es de recibo distinguir a las personas para reconocer los derechos que la CDPD consagra, en tanto se reconoce la igualdad ante la ley de todas las personas. Pese a lo anterior, aclararon que el no diferenciar los tipos o grados de discapacidad para el reconocimiento de derechos no implica que no se tenga en cuenta que las personas con discapacidad pueden requerir diferentes tipos e intensidades de apoyo para ejercer sus derechos. De tal manera que la CDPD estableció que los apoyos deben diseñarse exclusivamente para la persona de acuerdo con sus características y necesidades personales. “De tal forma, que los apoyos son los que pueden revestir diferentes grados e intensidades para facilitar el goce efectivo de derechos”[31]. 4.       Por su parte, una minoría de los intervinientes coadyuvó a los argumentos de los demandantes.[32] Sostuvieron que al derogar la figura de la interdicción el régimen de guardas también se ve afectado y esto deja en indefensión a las personas en condiciones de discapacidad. Adicionalmente, el profesor Jairo Rivera Sierra afirmó que el artículo 6 de la Ley 1996 es inconstitucional al no distinguir el tipo de discapacidades y otorgar igual tratamiento para el ejercicio de la capacidad jurídica sin tener en cuenta los apoyos. Según el interviniente, el artículo 53 extralimitó los lineamientos de la CDPD “cuyo objetivo es la protección e inclusión de las personas con discapacidad, pero cuyo texto en ningún momento las dota de plena capacidad de ejercicio ni prohíbe la interdicción o la inhabilitación como mecanismos de protección para las mismas”[33]. Resaltó que el numeral 2 del artículo 12 de la CDPD se refirió  a la capacidad jurídica, mientras que el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 involucró la capacidad legal. Al respecto, aclaró que “la capacidad jurídica o de derecho es aquella de la que goza todo ser humano desde el momento de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, reconocida en Colombia por el artículo 14 de la Constitución Política y por la ley civil, que se refiere a la potestad de ser titular de todos los derechos y libertades y de gozar de ellos. Por su parte, la capacidad legal, negocial o de ejercicio se refiere a la aptitud para obrar jurídicamente e introducir cambios en las relaciones y asuntos jurídicos en los que se es sujeto”[34]. En su opinión, dicha extralimitación deja en una situación de debilidad manifiesta y sin mecanismos de protección eficaces frente a los abusos que puedan cometer en contra de las personas con discapacidad; situación a la que también contribuye el artículo 53 al derogarse las figuras de la interdicción e inhabilitación. Sobre el último punto mencionado, señaló que la CDPD no previó la prohibición de la interdicción judicial como mecanismo de protección. Por ello, el interviniente estimó que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 también extralimitó el contenido de la CDPD, bajo ningún argumento o razón suficiente. El interviniente expresó que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 rompió toda la tradición jurídica sobre la materia, puesto que: (i) se separó completamente del paradigma existente en relación con el tema de capacidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, al dotar de capacidad plena a todas las personas con discapacidad sin distinción alguna; (ii) desconoció la distinción existente entre la capacidad de goce y la de ejercicio, así como también la incapacidad absoluta y la relativa, como concepto legal; (iii) eliminó y prohibió las figuras de interdicción e inhabilitación, dejando completamente desprotegidos los derechos e intereses de las personas con discapacidad, además porque introdujo unos mecanismos de apoyo que no desarrolló; y (iv) consagró un nuevo derecho desconocido en Colombia, esto es, el derecho a equivocarse, sin medir las consecuencias que esto puede acarrear en el campo legal, en el que además debe primar siempre la voluntad del interesado, privando de toda efectividad y utilidad a los apoyos contemplados. 5.       Con sustento en lo anterior, la Sala Plena procederá primero a evaluar la aptitud de las demandas y los cargos formulados, toda vez que algunos intervinientes presentaron preocupaciones sobre la ausencia de razones claras, ciertas, suficientes y pertinentes. Además, sugirieron que el cargo relativo a la existencia de una omisión legislativa relativa no cumple con los requisitos jurisprudenciales. Una vez agotado este análisis preliminar, la Sala desarrollará unas consideraciones generales relacionadas con (i) la interdicción judicial y (ii) el reconocimiento a la capacidad jurídica desde el modelo social de la discapacidad, para finalmente, analizar cada uno de los cargos. Aptitud de los cargos formulados en las demandas. Reiteración jurisprudencial. 6.  El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos que deben observarse en la formulación de una demanda de inconstitucionalidad.[35] Concretamente las acciones de constitucionalidad requieren tres elementos fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto” (art. 2, Decreto 2067 de 1991).[36] El primero de estos elementos (el objeto demandado) exige el deber del ciudadano de indicar inequívocamente la norma o apartes de la norma que a su juicio considera son contrarios al ordenamiento constitucional.[37] Este requisito incluye revisar, por ejemplo, la vigencia de la norma que se ataca, la eventual presencia de una cosa juzgada y la necesidad de identificar una proposición jurídica completa o realizar la integración de la unidad normativa de ser procedente. Estos dos últimos asuntos serán analizados por esta providencia más adelante. El segundo de estos elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres condiciones mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas”[38] y (iii) exponer las razones por las cuales las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución, las cuales deberán ser, al menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.[39] Dichas características, que debe reunir el concepto de violación, formulado por quien demanda la norma, fueron definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad, indicó esta Corporación, que el mismo se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación, que permita al lector la comprensión del contenido en su demanda.[40] La condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante.[41] La exigencia de especificidad hace alusión a que el demandante debe formular, al menos, un cargo constitucional concreto y directamente relacionado con las disposiciones que se acusan, pues exponer motivos vagos o indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad.[42] En cuanto a la pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con la existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una norma superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede tratarse de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista subjetivos del accionante.[43] Con respecto a la suficiencia, ésta guarda relación con la exposición de los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada, logrando así que la demanda tenga un alcance persuasivo.[44] Omisión legislativa relativa. Reiteración jurisprudencial. 7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la omisión legislativa absoluta y relativa. La primera se presenta cuando “existe una falta de desarrollo total de un determinado precepto constitucional”[45] Este tipo de omisión legislativa no puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad porque “el juicio de constitucionalidad esencialmente consiste en la comparación entre dos textos normativos, uno de rango legal y otro constitucional, de manera que la inexistencia del primero lógicamente impide adelantar tal proceso comparativo propio del control abstracto de constitucionalidad de las leyes”.[46] Por su parte, la omisión legislativa relativa se presenta cuando el legislador incumple una obligación derivada de la Constitución que le impone expedir una norma legal. Este tipo de omisión “está ligado, cuando se configura, a una "obligación de hacer", que supuestamente el Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una violación a la Carta”.[47] En este escenario, sí puede presentarse una demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa contra una norma determinada. Sin embargo, la demanda debe cumplir con unas condiciones concretas: “ (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”.[48] Con base en lo anterior, cuando se formula una omisión legislativa relativa, le corresponde al demandante, además de cumplir con los requisitos ordinarios dispuestos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, asumir la carga de argumentar de forma suficiente las condiciones transcritas. El juez constitucional deberá analizar si el legislador omitió incluir un elemento, que de acuerdo a los mandatos de la Constitución Política, necesariamente se debía haber tenido en cuenta en el presupuesto normativo para que la norma sea constitucional. Aptitud de los cargos formulados contra el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 8.       Las dos demandas atacan los mismos apartes del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019, el cual consagra la presunción de capacidad de todas las personas con discapacidad.[49] Para los demandantes, la norma desconoce el derecho a la igualdad (artículo 13 CP) y lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que no tiene en cuenta que hay distintos tipos de discapacidad y asume que todas pueden ejercer la capacidad legal sin apoyos para la toma de decisiones, dejando en indefensión aquellas discapacidades que presentan un diagnóstico grave o severo. Cabe aclarar que en la demanda D-13.575 solo se atacan las expresiones “e independientemente” y “o no de apoyos”; mientras que en el expediente D-13.585 se demanda casi todo el primer inciso (“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos”) y todo el segundo inciso (“En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”). Los argumentos expuestos son aplicables a todos los apartes atacados en la demanda D-13.585 que subsume los apartes de la D-13.575. De manera que se analizará la presunta inconstitucionalidad de las expresiones demandadas en el expediente D-13.585. 9.  La Sala encuentra que los cargos contra el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Se evidencia que los demandantes desarrollan una argumentación clara, en la medida en que tienen un hilo conductor que hace referencia a la cobertura sin distinción del reconocimiento de la capacidad jurídica sin apoyos, lo que a su parecer genera una desigualdad para quienes no comprenden los actos jurídicos que los afectan. Explican que la presunción de capacidad jurídica “independientemente de los apoyos” puede poner en una situación de indefensión a una persona que presenta una condición de discapacidad mental severa o profunda. Los cargos son ciertos, en razón a que demandan normas vigentes y concretas que tienen una relación con las normas constitucionales invocadas. Adicionalmente, los argumentos que exponen son específicos, toda vez que se limitan a establecer cómo esta presunción en algunos casos puede afectar los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. Para ello, citan el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual reconoce que las personas en condiciones de discapacidad requieren de ciertos apoyos para ejercer su personalidad jurídica. La argumentación es pertinente y suficiente puesto que el reproche se sustenta en el contenido de normas de carácter superior, como los son el artículo 13 de la Constitución y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (a través del bloque de constitucionalidad) y los demandantes exponen argumentos que despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada. Al respecto, de una lectura del artículo 12 de la Convención, a diferencia del artículo 6 demandado, no se encuentra el reconocimiento del ejercicio de la capacidad legal sin tener en cuenta los apoyos y salvaguardias a favor de las personas con discapacidad. De tal modo, la Sala encuentra que existe una mínima duda que amerita analizar la presunta inconstitucionalidad de la disposición atacada. 10.       Ahora bien, la Sala Plena estima necesario realizar una integración normativa de los primeros dos incisos del artículo 6° de la Ley 1996 de 2019, dado que las expresiones atacadas por los demandantes en ambas demandas no forman un enunciado completo para los cargos que presentan. El artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 establece, por una parte, la carga del ciudadano de incluir e identificar todas las normas y presupuestos jurídicos que considera inconstitucionales acorde con el cargo que formula; y por otra parte, la facultad del juez constitucional de integrar la unidad normativa.[50] Esta regla le permite a la Corte pronunciarse sobre aquellas normas que a su juicio conforman una unidad normativa con el precepto acusado cuando el demandante no lo ha hecho en el escrito de la demanda.[51] La jurisprudencia ha establecido que la integración normativa oficiosa, es decir, la potestad de la Corte de adelantar la integración normativa procede de manera excepcional, en razón de la naturaleza rogada de la acción de inconstitucionalidad y de su carácter participativo y democrático, pues los intervinientes no tendrían la posibilidad de pronunciarse sobre las normas o disposiciones integradas por el tribunal constitucional.[52] Al mismo tiempo, esta Corporación ha sostenido que la integración normativa “desarrolla importantes mandatos constitucionales como la economía procesal y la seguridad jurídica, a través de la eficacia del control abstracto de constitucionalidad, y la efectividad de sus principios, derechos y deberes, al garantizar la coherencia del ordenamiento”.[53] Por lo anterior, la Corte Constitucional ha realizado la integración de la unidad normativa cuando ha encontrado que existe una relación inescindible entre las normas o proposiciones demandadas y otros textos que no han sido atacados por el actor. En efecto, la jurisprudencia ha recogido tres hipótesis en las que procede la integración oficiosa: “(i) cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; (ii) en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas, con el propósito de evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo; (iii) cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”.[54] Específicamente, sobre la primera hipótesis de procedencia de la integración de la unidad normativa, la jurisprudencia ha sostenido que cuando se demanda un contenido que no tiene un alcance regulador autónomo, como en el caso en el que se atacan palabras o expresiones precisas de una norma, deben tenerse en cuenta dos situaciones:  “(i) que lo acusado sea un contenido comprensible como regla de derecho que pueda contrastarse con las normas constitucionales; y (ii) si los apartes que no han sido demandados perderían la capacidad de producir efectos jurídicos en caso de declararse la inexequibilidad del fragmento normativo demandado, evento en el cual es procedente la integración de la unidad normativa.”[55] 11.  Con sustento en las reglas jurisprudenciales antes mencionadas, la Sala Plena considera necesario hacer una integración de la unidad normativa de los dos incisos del artículo 6° de la Ley 1996 de 2019, dado que ninguna de las demandas ataca este contenido de forma completa, pero los cargos que plantean son preocupaciones constitucionales que deben analizarse a la luz de la presunción de capacidad que se establece en aquella disposición. Además, se observa que los apartes que ataca una y otra demanda no tienen un contenido autónomo unívoco sin la lectura integral del artículo. En efecto, la presunta violación del artículo 13 de la Constitución y del artículo 12 de la CDPCD que alegan los demandantes se sustenta en que la norma presume la capacidad legal incluso para aquellos tipos de discapacidad cognitiva en las que la persona no tiene entendimiento del acto jurídico que va a realizar, y por tanto, no puede expresar de forma univoca su voluntad y preferencias. La lectura completa del enunciado normativo muestra que el legislador establece una presunción de la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas en condiciones de discapacidad para la realización de actos jurídicos. Por ende, el cargo de los demandantes implica el contenido dispuesto en los primeros incisos de la norma y no solo los apartes que señalan. De ese modo, en virtud del principio de seguridad jurídica, la Corte estima procedente analizar los dos incisos del artículo 6° puesto que las expresiones demandadas tienen una relación inescindible con los demás contenidos de la norma, y adicionalmente, se estima que se trata de una norma general y transversal a toda la Ley 1996 de 2019 cuya importancia exige que su interpretación constitucional sea integral. Con sustento en lo anterior, la Sala Plena analizará la presunta inconstitucionalidad de los dos primeros incisos del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 por la violación de los artículos 13 de la Constitución y 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.[56] Aptitud de los cargos formulados contra el artículo 8 de la Ley 1996 de 2019 12.  En el expediente D-13.585 se argumenta que la expresión “todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente (…)” del artículo 8 de la Ley 1996 de 2019, es contrario al artículo 13 de la Constitución por las mismas razones que exponen sobre el artículo 6°.[57] En el escrito los demandantes manifestaron: “todas las personas sin tener en cuenta las diferencias existentes entre cada una de las personas con discapacidad, poniendo en riesgo a aquellos que no se pueden valer por sus propios medios y los cuales el Estado deber proteger en mayor medida tal como lo estableció en el texto constitucional y no solo con una persona de apoyo que realice acompañamiento ni unos ajustes razonables como se estipula en la Ley violatoria, sino una protección real y efectiva de los derechos con los que cuentan estas personas en condición de vulnerabilidad”.[58] 13.  Al respecto la Sala considera que no se cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y certeza. Los demandantes utilizan los mismos argumentos del artículo 6 para señalar que el aparte del artículo 8 también es inconstitucional. Sin embargo, ambas disposiciones regulan asuntos diferentes y esto no es tenido en cuenta por los actores. El artículo 8 de la Ley 1996 de 2019 hace parte del Capítulo II el cual establece los “mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos” y consagra los “ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal”. De manera que no es muy precisa la argumentación utilizada por los ciudadanos ya que la preocupación que expresan se concentra en que hay discapacidades graves que requieren de apoyos para ejercer su capacidad legal, y que por tanto, no pueden hacerlo de forma independiente. El artículo 8 regula los ajustes razonables que se requieren para que eso sea posible. Establece que todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tiene derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente, pero a renglón seguido, establece que tienen derecho a “contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos”. De manera que, la misma disposición asume que se requiere de la realización de ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica. Acorde con lo anterior, la argumentación es subjetiva y abstracta en relación con la disposición que se ataca, y por ello, no cumple con el requisito de certeza. Adicionalmente, es insuficiente la argumentación porque no explica los elementos de juicio necesarios para sembrar una mínima duda de inconstitucionalidad de la disposición legal frente al texto constitucional. Con base en lo anterior, la Sala Plena se inhibirá para analizar el cargo formulado contra la expresión “todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente (…)” del artículo 8 de la Ley 1996 de 2019, por la presunta violación del artículo 13 de la Constitución. Aptitud de los cargos formulados contra el artículo 19 de la Ley 1996 de 2019 14.  Alegan los actores que el aparte “los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores” del artículo 19 de la Ley 1996, desconoce la protección especial prescrita en el artículo 47 de la Constitución Política porque las personas con discapacidad severa o profunda requieren de un “acompañamiento permanente representado”,[59] lo que implica una protección especial acorde con sus necesidades.[60] Añaden que no se entiende la finalidad de contar con apoyos si no se van a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Así, “el discapacitado podrá celebrar actos que lo perjudiquen económicamente sin existir una norma que lo proteja, para lo cual existirán individuos que siempre se van a querer aprovechar de estos, al tener pleno conocimiento de que los actos que se suscriben con los mismos cuentan con todos los requisitos establecidos por tratarse de personas capaces, debiendo el titular del acto jurídico asumir sus riesgos y estar sujeto a cometer errores”.[61] 15.  La Sala Plena encuentra que los argumentos desarrollados por los demandantes para sostener que el último aparte del artículo 19 es inconstitucional no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia. No hay claridad en los argumentos por cuanto no tienen en cuenta el contexto normativo donde se redacta el artículo y solo reiteran argumentos generales y abstractos de todo el sistema de apoyo y salvaguardas de la Ley 1996 de 2019. En efecto, los demandantes afirman que la Ley 1996 estableció un sistema de apoyos que en realidad solo sirve a las discapacidades relativas, pero no a las absolutas. Por ello, señalan que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad y sus necesidades al momento de perfeccionar actos jurídicos. Así, la argumentación no explica de forma inequívoca por qué el aparte del artículo 19 de la Ley 1996 de 2019 es el objeto de inconstitucionalidad, cuando existen otras disposiciones que tienen una relación más coherente con su argumentación sobre la presunta ineficacia del sistema de apoyos y las discapacidades absolutas o severas. El cargo no es específico ni cierto, toda vez que el artículo 19 regula todo lo concerniente a los “acuerdos de apoyo como requisito de validez para la realización de actos jurídicos”, es decir, se exigen los apoyos para que los actos jurídicos no sean declarados nulos. Al final del artículo se señala que los apoyos deben tener en cuenta las preferencias de la persona titular del acto jurídico, “así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores”. Este aparte debe ser interpretado junto con el numeral 3° del artículo 4, el cual dispone el principio de “primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”. Este principio contempla de forma expresa los casos en los que “aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad (…)”. De manera que, contrario a lo que afirman los demandantes, el legislador sí contempló medidas para atender los casos más graves de discapacidad y cómo proceder ante las personas que se encuentren imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias. Esto además se puede corroborar con otras disposiciones de la misma ley que no fueron demandadas en esta ocasión, como por ejemplo los artículos 5, 9, 38, 48 y 56.[62] Por lo anterior, la Sala considera que los argumentos relacionados con la presunta inconstitucionalidad de la parte final del artículo 19 no cumplen con los requisitos de especificidad y certeza, pues no evidencian la existencia de una oposición objetiva concreta entre la norma constitucional y la legal, y además, parten de supuestos que no son ciertos. Aunado a lo anterior, tampoco se cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia relacionados con la omisión legislativa relativa y, con ello, se incumple el requisito de suficiencia. Como ya se estableció no es cierto que el legislador haya incurrido en una omisión, toda vez que sí tuvo en cuenta los casos en los que las personas están imposibilitadas para manifestar su voluntad. Adicionalmente, como se describió líneas arriba los demandantes no cumplieron con la carga argumentativa suficiente para cumplir con los requisitos jurisprudenciales de este tipo de cargos. A pesar de que identificaron una norma legal según la cual consideran que el legislador omitió tener en cuenta a un sector de la población en condiciones de discapacidad, lo cierto es que la norma sí contemplo la hipótesis que alegan. De esa forma, la Sala no encuentra que la norma excluya de sus consecuencias jurídicas a las discapacidades severas o profundas, pues al reconocer que pueden existir casos en los que la persona se encuentra “absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio”, sí está teniendo en cuenta casos en los que se necesitan mayores o más intensidad en los apoyos. En todo caso, los demandantes no explicaron por qué el precepto debía consagrar expresamente a las discapacidades cognitivas profundas o severas, ni por qué esta omisión es inconstitucional, cuando el mismo artículo demandado prevé aquellas situaciones en las que la persona está imposibilitada para expresar su voluntad. Con sustento en lo anterior, la Corte se declarará inhibida para fallar el cargo formulado contra el inciso final del artículo 19 por presuntamente vulnerar el artículo 47 constitucional, ante la ausencia de argumentos claros, específicos y suficientes. Aptitud de los cargos formulados contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019[63] 16.       El demandante del expediente D-13.575 explicó que la interdicción es una salvaguardia efectiva que la Ley acusada elimina del ordenamiento jurídico, afectando el ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. En sus palabras mencionó que “las personas interdictas o inhábiles, en el evento de que el guardador vaya en contra vía de sus intereses económicos y su voluntad real, se suspende el término de prescripción para exigir el derecho transgredido, brindando una garantía jurídica que permite salvaguardar de cualquier abuso, de persona extraña (tercero) o cercana (guardados conforme a la Ley 1306) el cual pretenda ser avivato, ligero, oscuro, ruin o malévolo con la persona en situación de discapacidad mayor de edad”.[64] El actor explicó este argumento citando el artículo 2.530 del Código Civil que dispone la “suspensión de la prescripción ordinaria”. Finalmente manifestó que la interdicción es una medida que podría haber sido considerada como complementaria a los “apoyos” y “salvaguardias” de la nueva ley, pero el legislador la prohibió por completo: “En este sentido negociar con una persona en situación de discapacidad mayor de edad con la garantía y salvaguardia de la interdicción supone una protección y blindaje jurídico frente a los sujetos con los que entable una relación jurídica o económica y tal garantía consistirá en la suspensión del tiempo de prescripción a favor del interdicto y/o inhábil, garantizando que en cualquier momento, en el evento de ser defraudado, podrá perseguir a quien lo defraudó, sea su guardador, ahora apoyo, o un tercero con el cual entable una relación jurídica. Por lo anterior, si se prohíbe la figura de la interdicción e inhabilidad, las personas que juró la ley proteger quedarán desprovistas de dicha salvaguardia aún más cuando la Ley 1996 no establece realmente salvaguardia alguna”.[65] Adicionó el actor que la interdicción sí es una “salvaguarda efectiva” porque “para las personas interdictas e inhábiles, en el evento de que el guardador vaya en contra vía de sus intereses económicos y su voluntad real, se suspende el término de prescripción para exigir el derecho transgredido, brindando una garantía jurídica”.[66] 17.       La Sala Plena considera que el cargo formulado contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 cumple con los requisitos para ser analizado de fondo por las siguientes razones. Los argumentos son claros en la medida en que el actor explica que la prohibición expresa de los procesos de interdicción puede generar una indefensión de las personas en condiciones de discapacidad, ya que esta institución servía para evitar abusos de terceros o de los mismos curadores contra los derechos de esta población. El cargo es cierto y pertinente, pues identifica de manera inequívoca la norma legal y la disposición constitucional y convencional que considera vulnerada. El actor explica que se viola el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y el artículo 12 de la Convención, pues el sistema de apoyos no contempla salvaguardias concretas contra los abusos de quienes sirvan de apoyos, como, según plantea el actor, sí tenía la institución jurídica de la interdicción, la cual generaba unas consecuencias no solo de responsabilidad, sino efectos procesales que protegían el patrimonio de las personas involucradas. Además, señala que el artículo del tratado internacional dispone la obligación del Estado de proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos. El cargo cumple con el requisito de especificidad porque expone argumentos que evidencian una oposición objetiva de la norma legal y las normas constitucionales y convencionales. Al respecto, el demandante expone que la interdicción contaba con unos efectos jurídicos en materia procesal que resguardaban los intereses de la persona que se encontraba bajo una sentencia de interdicción. Afirma que este tipo de salvaguardias no se reflejan en la nueva Ley y, en consecuencia, se vulnera el derecho a la igualdad de las personas en condiciones de discapacidad quienes quedan en una situación de indefensión al prohibirse de plano la interdicción en algunos asuntos. Finalmente, las razones desarrolladas para sostener el cargo son suficientes toda vez que se argumenta que si la Ley presume la capacidad legal de todas las personas con discapacidad, incluso sin ningún apoyo, esta población está constantemente expuesta a abusos de terceros que pueden afectar sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el demandante explica que la suspensión de la prescripción ordinaria a favor del “incapaz” quedó sin sustento y, por otra parte, el régimen de guardas establecido en la Ley 1306 de 2009 era una alternativa que constituía una verdadera salvaguardia que la nueva Ley no contempla dentro de su regulación. La Sala Plena estima que las prohibiciones de (i) iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o (ii) solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la Ley 1996 de 2019, establecidas en el artículo 53, y los argumentos esbozados por el demandante generan una mínima duda de inconstitucionalidad que merece ser estudiada de fondo, concretamente, si el nuevo sistema de apoyos al prohibir de plano la interdicción dejó sin efectos salvaguardias legales en materia procesal que dejan en indefensión a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o profunda. 18.  En síntesis, la Sala Plena se concentrará en analizar los cargos presentados contra los artículos 6 (parcial) y 53 (integral) de la Ley 1996 de 2019 por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 13 y 93 de la Constitución Política, en conjunto con el 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. VII. Problemas jurídicos y consideraciones de la Corte 19.  Una vez establecido el objeto de análisis de las demandas, la Sala procederá a establecer si los artículos 6° y 53 de la Ley 1996 de 2019 son contrarios a lo establecido en los artículos 13 y 93 de la Constitución Política, así como a lo consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Concretamente, la Corte analizará si se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y a la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad, al reconocerles, sin distinción alguna sobre los grados de discapacidad, el ejercicio de su capacidad jurídica aún sin contar con apoyos o asistencia; y (ii) si prohibir la aplicación de la figura de la interdicción judicial genera una indefensión mayor a la población en condiciones de discapacidad. Para el efecto, como se anticipó líneas arriba, la Sala abordará las siguientes temáticas desde una perspectiva normativa y jurisprudencial: (A) la institución de la interdicción judicial y (B) el reconocimiento a la capacidad jurídica desde el modelo social de la discapacidad, para finalmente, analizar cada uno de los cargos. La interdicción judicial en el derecho civil 20. Antes de explicar la interdicción, es necesario hacer algunas precisiones sobre la capacidad jurídica de las personas, pues solo quienes eran considerados incapaces absolutos se les sometía a una guardia o tutela permanente. El derecho a la personalidad jurídica se encuentra reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política. Según la jurisprudencia constitucional el contenido de este derecho se concreta en el reconocimiento de los atributos de la personalidad: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. La Corte afirmó que la personalidad jurídica “no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”.[67] 21. En cuanto a este último elemento, para la existencia y validez de un acto jurídico se requiere de la capacidad legal de una persona, no solo la de goce, sino también la de ejercicio.  El Código Civil establece que “para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz (…) la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra” (art. 1502). Luego, se reconoce que toda persona es legalmente capaz, “excepto aquellas que la ley declara incapaces” (art. 1503). Antes de la Ley 1996 de 2019, el artículo 1504 del Código Civil establecía: “Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender. || Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. || Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. || Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. (Los apartes subrayados fueron derogados por el artículo 57 de la Ley 1996 de 2019.) 22.  Esta disposición consagra la “incapacidad legal”, la cual “consiste fundamentalmente en la restricción de la posibilidad de intervenir en el comercio jurídico (…) es de carácter excepcional, porque la regla general en materia civil es la de que toda persona es hábil para ejercer sus derechos y para realizar cualesquier actos jurídico lícito”.[68] Para casos de incapacidad legal absoluta la Ley prohibió la ejecución de todo acto jurídico y previó la necesidad de actuar siempre a través de un representante legal, denominado “guardador”. 23.  La interdicción como institución jurídica dentro del Código Civil en su texto original (Ley 57 de 1887) proviene del derecho romano (tutela), pasando por el Código Napoleónico[69] y el Código Civil de Don Andrés Bello. En el derecho romano si una persona no era capaz de protegerse a sí misma se le asignaba un tutor o curador el cual realizaba todos los actos jurídicos que afectaban positiva o negativamente a la persona que representaba. En este régimen antiguo, se consideraba que las mujeres, las personas menores de edad, quienes sufrían de alguna enfermedad mental o quien no tenía dinero para vivir, eran incapaces y requerían de un curador o tutor que hiciere los negocios por ellos. En el Código Civil de Napoleón se estableció la interdicción civil en el artículo 489, en el cual se señalaba que “El mayor de edad que esté en un estado habitual de imbecilidad, de demencia o de furor debe ser sujeto a interdicción, aun cuando ese estado presente intervalos lúcidos”.[70] Varios tratadistas de la época sostuvieron que la causa o la denominación de la enfermedad no era importante, sino que debía tenerse en cuenta la “enajenación mental” de la persona.[71] Claro Solar, por ejemplo, sostenía que la interdicción procedía cuando una persona, independientemente de tener una “lesión cerebral”, “conserva o no una inteligencia suficiente de los negocios de la vida civil y la aptitud conveniente para la marcha ordinaria de la administración de un patrimonio”. De ese modo, insistía en que la demencia no podía ser excepcional, sino habitual, es decir, la falta de razón de la persona debía ser “el modo ordinario”. Según Claro Solar, la habitualidad debía alcanzar no sólo a la enfermedad mental, sino a la incapacidad para administrar los bienes del demente.[72] La guarda o interdicción que se asignaba tenía una finalidad general que era proteger el patrimonio y propiedad de la persona declarada interdicta y, específicamente, (a) prevenir la pérdida o malversación de los bienes y (b) protegerlo de terceros con intereses dañinos. Como puede verse, el régimen francés no establecía de manera expresa qué era la discapacidad mental, sino que solo se refería a algunos ejemplos traídos del lenguaje médico. Con esto, se determinaba si una persona tenía o no la capacidad de realizar actos jurídicos bajo su entendimiento y consentimiento. Al determinarse que una persona sufría de una discapacidad metal “habitual”, se consideraba que no tenía cura y, por tanto, se le asignaba un tutor (que generalmente era un familiar o persona de confianza), quien la representaba en todos los actos jurídicos que le concernían. Por tanto, “se sustituía la capacidad de ejercicio de estas personas por una nueva figura que acompañaba la tutela que se denomina la interdicción. Esta consiste en ´una sentencia por medio de la cual, un tribunal civil, después de haber comprobado la enajenación mental de una persona, le retira la administración de sus bienes´.[73] En consecuencia, esta sentencia judicial encarna el sometimiento de la persona con discapacidad mental a la tutela”.[74] 24. El Código Civil acogió el régimen de tutela y curaduría de aquellos regímenes antiguos. A partir del artículo 428 se regulaba su definición, alcance y todo lo concerniente a la curaduría y la tutela de las personas en condición de discapacidad mental (que denominaba “dementes” o con “demencia”).[75] Definía estas figuras como “cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la protección debida”. En relación con las personas con discapacidad mental, el Código establecía, “el adulto que se halle en estado habitual de demencia será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. || La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa” (art. 545). Señalaba que la interdicción podía ser solicitada por los padres “cuando el hijo sufra de incapacidad mental grave permanente” o las mismas personas que lo hicieren para el caso del disipador. Para la prueba de la “demencia” se establecía que el juez debía informarse “de la vida anterior y conducta habitual del supuesto demente y [oír] el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia”. Todas estas normas fueron derogadas por el artículo 119 de la Ley 1306 de 2009. 25. Así, bajo el texto del Código Civil, al establecer que las personas con discapacidad mental eran incapaces absolutos, la declaración de interdicción de una persona se hacía a través de un proceso de jurisdicción voluntaria regulado por el Código General del Proceso (arts. 577 al 586) y la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la protección de las personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”. Esta Ley estableció todo el régimen de guardas a favor de las personas con discapacidad mental. En el momento en el que fue expedida esta normativa, se consideró que era un avance relevante a favor de los derechos humanos de esta población.[76] Este nuevo régimen, a diferencia de lo que se establecía en el Código Civil, desde una perspectiva de la dignidad humana y la igualdad, reconocía que las personas con discapacidad eran sujetos de derechos y obligaciones. Del mismo modo, el lenguaje peyorativo utilizado por el Código Civil fue eliminado totalmente. La Corte Constitucional en la sentencia C-021 de 2015[77] reconoció el progreso en materia de protección de derechos de la Ley 1306 de 2009: “4.2. Así las cosas, la Ley 1306 de 2009 introduce varias modificaciones al régimen del Código Civil incorporando principios modernos, adaptando la legislación a la Constitución y a las convenciones internacionales sobre personas con discapacidad adoptadas por Colombia, dinamizando la administración de los bienes de los incapaces, otorgándoles mayor libertad, permitiendo su inclusión social y promoviendo el reconocimiento y el respeto de su dignidad. De este modo, mediante la citada Ley se realizan los deberes en cabeza del Estado “que  sugieren una protección reforzada por su parte, están orientados a: (i) adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.); (ii) garantizarles un derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud y (iii) erradicar el analfabetismo y procurar la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales (Art. 68 C.P.)”. 4.3. En particular, la Ley 1306 de 2009 supuso un cambio en las categorías jurídicas ya que las personas con discapacidad mental son consideradas como una población sujeto de especial protección y se modifican apelaciones como el término “demente” (parágrafo, art. 2). 4.4. De otro lado, e íntimamente relacionado con la materia objeto de la demanda, la discapacidad se convierte en un criterio amplio que abarca no solo a las personas con profundas y severas limitaciones a nivel psíquico y de comportamiento, sino también a quien padezca deficiencias de comportamiento como los inmaduros negociales. Esto explica por qué las personas con discapacidad mental absoluta son sujetas a procesos de interdicción, mientras quienes padecen de discapacidad relativa, son sometidos a medidas de inhabilitación. 4.5. Es por lo anterior que, entre muchos otros cambios, la Ley prevé la rehabilitación del interdicto (art. 30) de modo que el Juez podrá sustituir la interdicción por la inhabilitación negocial (art. 31) dejando, en todo caso, abierta la posibilidad para que el rehabilitado pueda ser declarado nuevamente interdicto cuando sea necesario. Por su parte, el inhabilitado negocial puede manejar libremente y bajo orden del juez hasta el 50% de sus ingresos reales netos y, antes de que se dicte sentencia que lo inhabilita, se podrá dictar una inhabilidad provisional (art. 36). Una novedad importante del nuevo régimen es también la inhabilitación accesoria del fallido en los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales (art. 33). 4.6. De este modo, la Ley 1306 de 2009 fue concebida por el Legislador como una herramienta de protección, más actualizada y flexible, que otorga mayor libertad a los sujetos que tengan cualquier tipo de discapacidad mental” No obstante lo anterior, hay posturas que señalan que la Ley 1306 de 2009 en realidad no obedecía a los estándares internacionales, pues mantenía la concepción médico – rehabilitadora de la discapacidad y restringía el actuar libre y autónomo de las personas con discapacidad mental: “(…) la PcD sigue siendo apenas sujeto de un trámite por vía judicial, pero no son parte en el proceso, por la naturaleza del mismo, y la práctica judicial actual revela que en ocasiones los funcionarios y funcionarias del despacho ni siquiera llegan a conocer a las personas despojadas de su capacidad jurídica”.[78] Este régimen de guardas se concentró en proteger a las personas con discapacidad mental absoluta y relativa.[79] Para el ejercicio de los negocios jurídicos, las personas con discapacidad mental absoluta no pueden manifestar su voluntad por sí mismos para obligarse. En todo caso la misma Ley reconocía el ejercicio de ciertos actos jurídicos en cabeza del titular. El artículo 13 reconocía el derecho al trabajo y conforme el artículo 50 de la Ley 1306 se reconocía el ejercicio de todo acto relacionado con el derecho de familia a favor de las personas con discapacidad mental absoluta. Se debía tramitar ante un Juez de Familia todo lo concerniente al matrimonio, adopción, reconocimiento o impugnación de filiación, entre otros. El juez tenía el deber de escuchar a la persona en condiciones de discapacidad “cuando, en opinión de los facultativos, se encuentre en un intervalo lúcido y tenga conciencia del alcance de sus decisiones”. La Ley 1306 de 2009 establecía que cualquier acto jurídico realizado por un tercero que beneficiara a una persona en condiciones de discapacidad mental absoluta, se presumía válido. En caso de que la persona estuviera bajo interdicción, cualquier negocio jurídico realizado por ella como titular se entendía nulo absolutamente. La interdicción era comprendida como una medida de restablecimiento de derechos a favor de la persona con discapacidad mental. La demanda de interdicción podía ser presentada por cualquier persona ante un Juez de Familia junto con el certificado médico de la persona que se solicitaba fuera declarada como interdicta. El juez debía emplazar a quienes tuvieran interés para ejercer la guarda y realizar un dictamen médico – legal sobre el estado de la persona. Así, establecía la Ley, que todo proceso de interdicción debía contar con un “dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario”. La revisión de la interdicción se hacía una vez al año por solicitud del guardador o de oficio por el juez de familia competente. También se establecía la posibilidad de que el mismo paciente le solicitara al juez su rehabilitación para revisar y culminar la medida de interdicción. Cabe mencionar también, que la misma Ley 1306 consagraba un conjunto de disposiciones relativas a las obligaciones y responsabilidades de los guardadores sobre los bienes y actos jurídicos que se realizaran a favor de las personas con discapacidad mental absoluta. El artículo 91 de la Ley 1306, que aún sigue vigente, establece que “(…) los guardadores personas naturales deberán administrar los bienes patrimoniales a su cargo, con el cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando siempre que presten la mayor utilidad al pupilo”. 26.  La Ley 1996 de 2019 derogó expresamente los artículos 1° al 48, 50 al 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009. Todo lo referente a la guarda e interdicción de las personas entendidas como incapaces absolutos o relativos por presentar alguna discapacidad mental. 27.  En el mismo año de la Ley 1306, el Congreso aprobó la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad a través de la Ley 1346 de 2009, la cual establece en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. 28.  Posteriormente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, dispuso en su artículo 21: “El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”. 29.  El último avance normativo en materia de capacidad jurídica, específicamente, fue la expedición de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Dentro de esta nueva normativa, los cambios más relevantes son los siguientes: (i) elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a los impúberes como sujetos incapaces absolutos; (ii) deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas con discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a las personas con discapacidad manifestar su voluntad y preferencias en el momento de tomar decisión con efectos jurídicos: (a) acuerdos de apoyos y (b) adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las directivas anticipadas, como una herramienta para las personas mayores de edad en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos. Para la mayoría de los intervinientes que participaron en el proceso de la referencia, la Ley 1996 de 2019 es el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado establecidas en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la interpretación realizada por el Comité del tratado a través de la Observación General No. 1 (2014) y la recomendación realizada concretamente a Colombia, mediante informe del año 2016 del mismo organismo internacional.[80] El modelo social de la discapacidad y la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad 30.  La discapacidad ha sido comprendida desde distintas perspectivas a lo largo de la historia.[81] Existe una primera etapa en la que esta población era marginada de la sociedad en general por considerar su impedimento como una imposibilidad para aportar a los intereses de la comunidad. Este es el modelo de prescindencia, el cual asociaba la discapacidad a creencias religiosas o espirituales y consideraba que esta población no era “normal” y se decidía apartarla. Posteriormente, el modelo médico-rehabilitador reconsideró la percepción de la discapacidad y aceptó que las personas con discapacidad podían contribuir a la sociedad. Las causas de la discapacidad ya no eran religiosas, sino científicas y podían ser tratadas a través de procedimientos médicos. Este modelo reconoció derechos a las personas con discapacidad, pero a través del lente del diagnóstico médico y su posible rehabilitación. 31.  Finalmente, la perspectiva actual y vigente, comprende la discapacidad desde el modelo social, el cual sostiene que el origen de la discapacidad no atiende a factores religiosos o médicos, sino sociales. En otras palabras, comprende que la discapacidad no es del sujeto sino que surge de las barreras externas asociadas a la comunidad en general. Parte del reconocimiento de goce y ejercicio de los derechos humanos a favor de todas las personas con discapacidad. Los principios esenciales del modelo social de discapacidad son la autonomía e independencia, la dignidad humana, la igualdad, la inclusión, la accesibilidad universal, entre otros. Sobre este nuevo paradigma la doctrina sostiene que parte de dos presupuestos: (i) las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Esto se fundamenta en el principio de la dignidad humana que comprende al ser humano como un fin y no como un medio; y (ii) la discapacidad es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para garantizar que esta población goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Sobre este segundo presupuesto, se ha señalado que “no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social”.[82] Igualmente, el modelo social reconoce que las personas con discapacidad pueden tomar el control de su vida, esto es, tener una vida independiente en la que pueden tomar sus propias decisiones basadas en su voluntad y preferencias. Desde la perspectiva del modelo anterior de la discapacidad (médico-rehabilitador), los sistemas normativos contemplaban figuras como la curaduría o tutoría o la interdicción, para que las personas con discapacidad tomaran decisiones a través de terceros nombrados por un juez. Así, uno de los avances más relevantes del modelo social es el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con igualdad de condiciones a las de toda la población.  Bajo este modelo fue socializada y redactada en el marco de las Naciones Unidas la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 32.  El artículo 12 consagra el derecho a la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. Esta disposición contiene las siguientes obligaciones para los Estados Parte: (i) proporcionar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su capacidad jurídica, (ii) garantizar las salvaguardias adecuadas y efectivas para prevenir abusos contra las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, (iii) garantizar que las salvaguardias que se contemplen sean respetuosas de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, que no haya conflicto de intereses o influencias indebidas y que estén sujetas a controles periódicos por parte de autoridad u órgano judicial competente, entre otros, y (iv) garantizar el derecho a las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.[83] Este artículo fue interpretado por el Comité de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad mediante la Observación General No 1. En ese documento se fijó el contenido del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad, así como el alcance de las obligaciones estatales para garantizar el derecho. El Comité estableció los siguientes lineamientos: · Los Estados deben revisar su legislación interna con el fin de asegurarse que el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sea garantizado en igualdad de condiciones a las demás personas. Sobre este punto advirtió que históricamente las personas con discapacidad se les ha privado de ejercer su capacidad a través de figuras jurídicas como la curaduría, la tutela o leyes sobre salud mental, las cuales sustituyen su voluntad en la adopción de decisiones. Al respecto, afirmó que “[e]sas prácticas deben ser abolidas, a fin de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás”.[84] · Los regímenes basados en la “adopción de decisiones sustitutivas” y la negación de la capacidad jurídica afectan de forma desproporcionada el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, no obstante, esta afectación ha sido más gravosa para las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. Con base en eso, los Estados deben garantizar que la discapacidad no sea un motivo para negar la capacidad jurídica a ninguna persona. · La capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular de derechos y la capacidad de ejercer estos derechos. De ese modo, toda persona con discapacidad se le debe garantizar su capacidad para realizar actos jurídicos, modificarlos o ponerles fin, de acuerdo a sus voluntades y preferencias. Al respecto, el Comité precisó que la capacidad jurídica es un concepto distinto al de la capacidad mental, y la primera no puede condicionarse a la segunda: “La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales”.[85] · No se puede privar a una persona de su capacidad jurídica, por el solo hecho de que se considera que no tiene una aptitud suficiente para tomar decisiones, bien sea por un diagnóstico médico o por las consecuencias de la actuación o porque se considera que su entendimiento es deficiente. En palabras del Comité: “En la mayoría de los informes de los Estados partes que el Comité ha examinado hasta la fecha se mezclan los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica, de modo que, cuando se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, a menudo a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. Esto se decide simplemente en función del diagnóstico de una deficiencia (criterio basado en la condición), o cuando la persona adopta una decisión que tiene consecuencias que se consideran negativas (criterio basado en los resultados), o cuando se considera que la aptitud de la persona para adoptar decisiones es deficiente (criterio funcional). El criterio funcional supone evaluar la capacidad mental y denegar la capacidad jurídica si la evaluación lo justifica. A menudo se basa en si la persona puede o no entender la naturaleza y las consecuencias de una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la información pertinente. Este criterio es incorrecto por dos motivos principales: a) porque se aplica en forma discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque presupone que se pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana y, cuando la persona no supera la evaluación, le niega un derecho humano fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley.”[86] · Para el ejercicio de la capacidad jurídica en el modelo social, se reconoce un sistema de toma de decisiones con apoyos. El “apoyo” es un término amplio y hace referencia a la asistencia que necesita la persona con discapacidad para tomar decisiones. En algunas ocasiones los apoyos pueden consistir en personas de plena confianza que puedan asesorar el acto jurídico; en otras ocasiones, de medidas relacionadas con el diseño universal y la accesibilidad, así como de la “elaboración y el reconocimiento de métodos de comunicación distintos y no convencionales”.[87] Los apoyos deben fomentar la confianza de la persona para actuar de acuerdo con sus intereses. · Los Estados deben garantizar la posibilidad de las personas con discapacidad y de todas aquellas que tenga un riesgo de estarlo, de “planificar anticipadamente, y se les debe dar la oportunidad de hacerlo en condiciones de igualdad de los demás”.[88] · Los apoyos que se elijan y su intensidad variarán “notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad (…) en todo momento, incluso en situación de crisis, deben respetarse la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar decisiones”.[89] · En relación con las salvaguardias, el Comité sostiene que su objetivo principal es garantizar el respeto de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Para el efecto, deben protegerlas de los abusos y de influencias indebidas. En este punto se sostiene que cuando ya se han tomado todas las medidas razonables y necesarias y no es posible determinar la voluntad de la persona, el criterio que debe prevalecer no es el del “interés superior”, pues este debe ser sustituido por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”. · Los Estados deben revisar sus legislaciones y “tomar medidas para elaborar leyes y políticas por las que se remplacen los regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisiones por un apoyo para la adopción de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona”.[90] Estos regímenes de sustitución tienen varias modalidades, entre ellas la tutela plena, la interdicción judicial y la tutela parcial. Según el Comité estos regímenes tienen las siguientes características: “i) se despoja a la persona de la capacidad jurídica, aunque sea con respecto a una única decisión; ii) puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones alguien que no sea la persona concernida y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad; y iii) toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se basa en lo que se considera el "interés superior" objetivo de la persona concernida, en lugar de basarse en su propia voluntad y sus preferencias”.[91] · Establece que la “efectividad progresiva” dispuesta en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención no es aplicable al reconocimiento de la capacidad jurídica, pues los Estados deben tomar medidas de forma inmediata para hacer realidad el goce y ejercicio de este derecho. Para el diseño e implementación de la legislación y la política pública que garantice la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, debe garantizarse la participación real y efectiva de esta población. · En la Observación General el Comité también desarrolla la relación que tiene el derecho a la capacidad jurídica con otros derechos reconocidos en la CDPCD, tales como la igualdad y no discriminación (art. 5), mujeres con discapacidad (art. 6), niños y niñas con discapacidad (art. 7), accesibilidad (art. 9), acceso a la justicia (art. 13), libertad, seguridad y consentimiento (arts. 14 y 25), respeto de la integridad física personal y protección contra la tortura, la violencia, la explotación y el abuso (arts. 15, 16 y 17), nacionalidad (art. 18), derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad), privacidad (art. 22) y participación política (art. 29). Como lo afirmaron la mayoría de intervinientes, e incluso el Ministerio Público, el legislador a través de la Ley 1996 de 2019 tomó estos lineamientos internacionales como modelo para eliminar del todo el régimen de interdicción judicial y el de guardas de la Ley 1309 de 2009. 33.       Los estándares descritos han sido replicados por distintos organismos a nivel internacional en casos concretos, en los que, a grandes rasgos, se vulneran derechos humanos de personas con discapacidad al no tenerse en cuenta su voluntad sobre un hecho que les concierne. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida privada y familiar, así como a la libertad personal cuando se ha determinado la internación de una persona en condiciones de discapacidad cognitiva y no se ha tenido en cuenta su consentimiento,[92] y cuando no se ha reconocido su voluntad para la realización de tratamientos médicos o su derecho a morir dignamente.[93] Igualmente, el Tribunal ha señalado, respecto de la guarda que se impone a las personas con discapacidad, que independientemente de que esté válidamente sustentada en diagnósticos médicos, su procedencia debe estar determinada por el criterio de necesidad y que estas medidas deben ser revisadas periódicamente, con el fin de no anular la autonomía de la persona que se quiere proteger.[94] Por su parte, aunque la Corte IDH no se ha pronunciado aún sobre un caso concreto relacionado con el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, sí ha desarrollado el reconocimiento de este derecho en otros asuntos a partir del texto del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[95] Del mismo modo, ha determinado algunas reglas sobre el consentimiento en el acceso a servicios de salud y la aptitud del paciente para manifestar la voluntad. Sobre la personalidad jurídica, ha establecido que “(…) toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes (…) [l]a mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de ésta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana.”[96] Aunado a lo anterior, ha reconocido el derecho al respeto, a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad mental y a una atención médica eficaz. En palabras de la Corte IDH: “129. Debido a su condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud, y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapacidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico. Esa vulnerabilidad aumentada, se da en razón del desequilibrio de poder existente entre los pacientes y el personal médico responsable por su tratamiento, y por el alto grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas. 130. La Corte considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. No obstante, la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado”.[97] En la misma línea, en lo relacionado con procedimientos médicos y la capacidad del paciente para manifestar su consentimiento, la Corte IDH ha señalado que “el consentimiento por representación o sustitución se actualiza cuando se ha comprobado que el paciente, por su especial condición, no se encuentra en la capacidad de tomar una decisión en relación a su salud, por lo cual esta potestad le es otorgada a su representante, autoridad, persona, familiar o institución designada por ley. Sin embargo, cualquier limitación en la toma de decisiones tiene que tener en cuenta las capacidades evolutivas del paciente, y su condición actual para brindar el consentimiento. Esta Corte considera que entre los elementos necesarios para otorgar el consentimiento informado por parte de sus familiares, este también debe de ser previo, libre, pleno e informado, a menos que se trate de una situación de emergencia (…)”.[98] Lo anterior lo ha interpretado con sustento en el derecho a la dignidad humana como piedra angular de los demás derechos. Ha expresado que su reconocimiento constituye “la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones”.[99] 34. En suma, puede verse que la comprensión de la discapacidad ha sido evolutiva a lo largo de los años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Actualmente el estándar más alto de protección se sustenta en el modelo social de la discapacidad que la concibe como las barreras sociales y del entorno que impiden a las personas con discapacidad el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones a las demás. Tratándose de la capacidad jurídica, el Estado debe reconocer y garantizar su ejercicio real y efectivo, y ante todo, asegurar que la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad sean respetadas en todos los ámbitos. Por lo anterior, los regímenes de interdicción o curaduría/tutela deben ser derogados por los Estados, e implementar sistemas de toma de decisiones con apoyos. La intensidad de los apoyos que se implementen, para asistir el ejercicio de la capacidad jurídica, deben obedecer a criterios de necesidad y proporcionalidad. La interdicción en la jurisprudencia constitucional y su evolución hacía el modelo social de la discapacidad 35.  El presente aparte se concentrará en las reglas de derecho que ha desarrollado la jurisprudencia, tanto en sentencias de tutela como de constitucionalidad, relacionadas con la interdicción y sus efectos en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Puede afirmarse que la jurisprudencia constitucional en materia de capacidad jurídica de personas en condiciones de discapacidad se ha desarrollado de la mano de los avances legislativos y de los estándares internacionales sobre la materia. 36.  Existe una primera época de la jurisprudencia constitucional que podría situarse en los primeros 20 años (1993-2009), en la que se analizan asuntos de personas en condiciones de discapacidad intelectual o cognitiva en el marco de lo dispuesto en el Código Civil. Este primer periodo jurisprudencial desarrolló la protección de las personas en condiciones de discapacidad desde la interpretación de los contenidos dispuestos en los artículos 1° (dignidad humana), 13 (igualdad) y 47 (protección especial) de la Constitución Política, principalmente. La Corte estableció que las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional conforme al mandato expreso del artículo 47 de la Constitución Política. Al respecto, precisó que en virtud del derecho a la igualdad material, las autoridades estatales tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad ejerzan y gocen de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones a todas las demás. En la sentencia T-307 de 1993,[100] ante la solicitud de una pensión de invalidez que fue denegada por no demostrase una vinculación laboral dada la condición de salud de la persona beneficiaria, la Corte afirmó que “[l]a interpretación de la ley, a partir de los presupuestos de la normalidad, en consecuencia, no es apropiada cuando se propone aplicarla a los disminuidos psíquicos, pues, en su caso se torna imperativo con miras a su integración social extraer los elementos de la misma que tiendan a su mayor beneficio y excluir los que a la luz de su particular situación puedan resultar irrazonables”.[101] Posteriormente, mediante sentencia C-1109 de 2000[102] la Corte analizó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 552 del Código Civil, el cual disponía que “el cuidado personal del demente no se encomendará a persona alguna llamada a sucederle, a no ser a sus padres o a su cónyuge”. La Corte la declaró constitucional pues encontró que era una medida de protección para las personas bajo interdicción siendo “incapaces” para defenderse por sí mismas. Además, señaló que aparentemente podía ser una medida “extrema” pero que se encontraba justificada en la especial condición de debilidad física o mental de la persona y “porque extremas tienen que ser las prevenciones cuando la situación de la persona así lo demanda”.[103] Igualmente, la Corte reconoció el derecho a la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad y exigió la emisión de una cédula de ciudadanía que le permitiera el ejercicio de los demás derechos fundamentales. En la sentencia T-909 de 2001[104] la Corte Constitucional afirmó que el derecho fundamental a la personalidad jurídica es reconocido a toda persona por el solo hecho de su existencia e independientemente de su condición. En esa medida la “omisión injustificada para la expedición del documento de identidad impide el desarrollo del derecho fundamental a la personalidad jurídica y de todos los derechos y obligaciones que de allí se derivan, siempre y cuando se requiera para su ejercicio la presentación de dicho documento”.[105] En la sentencia C-983 de 2002 la Corte, refiriéndose a la capacidad jurídica como atributo de la personalidad señaló que la institución de las “incapacidades legales” tiene por objeto “proteger los intereses de ciertas personas que por una u otra razón no tienen el total discernimiento o carecen de la experiencia necesaria para poder expresar su voluntad, adquirir derechos y obligarse con la claridad suficiente y por tal motivo están inhabilitados para celebrar actos jurídicos”.[106] En esta providencia la Corte estudió si se desconocían los derechos a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, al disponerse en el Código Civil que las personas sordas y mudas eran incapaces absolutas cuando podían darse a entender por escrito. La Corte reconoció que la población con discapacidad ha sido históricamente discriminada por considerarse con limitaciones o deficiencias que no le permiten actuar en la sociedad. Sin embargo, subrayó que un Estado Social de Derecho debe buscar siempre la integración de las personas con discapacidad y el goce y garantía de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones. La Corte concluyó que era inconstitucional lo establecido en el Código Civil, puesto que las personas sordas y/o mudas podían darse a entender por otros medios idóneos para expresar su voluntad. En palabras de la Corte: “La voluntad de una persona debe trascender de su fuero interno. Pero, la exteriorización de lo que se piensa, del consentimiento, del asentimiento respecto de algo, no sólo es posible hacerlo por medio del lenguaje oral, o de la escritura, sino a través de cualquier signo, seña o gesto que demuestre de manera clara, inequívoca e inteligible lo que se expresa. (…) El lenguaje utilizado por esa comunidad es diferente al del resto de la población, pero no por ello es ininteligible e indescifrable. Por el simple hecho de que ese lenguaje no sea el oral, utilizado por el resto de las personas, no pueden adoptarse medidas que los aparten, los segreguen del mundo jurídico y se les considere, entonces, absolutamente incapaces. Las capacidades del individuo deben potencializarse de tal manera que las discapacidades o limitaciones no pueden ser un factor determinante para calificar a las personas ni para adoptar medidas que las excluyan del mundo jurídico, sin hacer un análisis de cada caso en particular. En efecto, si tales personas pueden darse a entender a través de cualquier forma de lenguaje, de manera clara, precisa e inequívoca, sus actos tienen plena eficacia jurídica. Es claro que el funcionario, el juez u otra autoridad no tienen por qué conocer el lenguaje utilizado por los sordos y mudos a la vez, pero pueden acudir a un intérprete para facilitar la comunicación”.[107] No obstante lo anterior, la Sala Plena aclaró que “si el sordomudo no puede darse a entender de manera clara e inequívoca, es decir no puede comunicarse de manera inteligible, será sin lugar a dudas un incapaz absoluto. Resulta claro que si una persona con tales limitaciones no puede exteriorizar sus pensamientos de manera tal que pueda darse a entender en forma indiscutible, no puede tener capacidad legal”.[108] También declaró inconstitucional la expresión “y si tuviere suficiente inteligencia”, porque consideró que era discriminatoria e implicaba someter a la persona a una prueba determinada de inteligencia. Del mismo modo, existen un conjunto de sentencias en las que la Corte empezó por eliminar de las normas jurídicas todo el lenguaje peyorativo y discriminatorio utilizado por el legislador al referirse a las personas en condiciones de discapacidad física, sensorial, intelectual o cognitiva.[109] La Corte reconoció la evolución del concepto de discapacidad desde la perspectiva de los tratados de protección de los derechos humanos, así como la necesidad de modificar las leyes internas a ese nuevo paradigma: “(…) con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, se produjo un importante cambio en la concepción de la problemática de las personas con grave discapacidad física o mental por cuanto se le dejó de percibir como un asunto exclusivamente médico o patológico, objeto de regulación y estudio por el derecho privado, para convertirse en un tema vinculado directamente con el principio de dignidad humana y de la órbita de aplicación, en especial, del derecho laboral y de la seguridad social. Desde entonces, mediante diversas fuentes del derecho internacional público, e incluso en algunas disposiciones de derecho interno, se ha intentado precisar el contenido y alcance de la noción de discapacidad (…)”[110] La Corte resaltó que existen obligaciones de doble vía para los Estados; la de no establecer tratos diferentes para las personas con discapacidad (deber negativo), pero a la vez, realizar todas las medidas necesarias y adecuadas para diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el acceso en igualdad de oportunidades “fomentando la inserción” de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la sociedad (deber positivo). El lenguaje utilizado por el legislador no puede ser peyorativo contra la población con discapacidad, pues esto es contrario a la dignidad humana y a la igualdad. 37. En materia de capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad mental o cognitiva, la Corte en su jurisprudencia respaldó la existencia de la interdicción como institución que tenía como objetivo principal la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte estableció reglas precisas para garantizar que se respetara la voluntad y el interés superior de la persona que fuera a declararse bajo interdicción o que ya lo estuviera. 38. Por ejemplo, en asuntos en los que están de por medio los derechos sexuales y reproductivos de las personas en condiciones de discapacidad mental, con sustento en la autonomía y la dignidad humana, la Corte protegió los derechos fundamentales de personas en condiciones de discapacidad mental cuando la decisión de sus representantes legales era realizar procedimientos médicos irreversibles sin su consentimiento. En la sentencia T-850 de 2002[111] la Corte evaluó si “¿Puede sustituirse el consentimiento de una persona adulta con retraso mental leve para someterla a un tratamiento médico necesario, a pesar de que manifiesta su deseo de tener hijos en un futuro, debido a que, según los dictámenes médicos, no es ni será consciente de las responsabilidades de la maternidad y a que un embarazo implicaría graves riesgos que para su salud y para su vida?”.[112] La Corte señaló que el Estado tiene la obligación de permitir el desarrollo pleno de la autonomía de los individuos, y por lo tanto, “las medidas protectoras serán aceptables constitucionalmente en tanto estén dirigidas a preservar o a promover el desarrollo de las condiciones física, mentales y de salud, necesarias para el ejercicio de la autonomía”.[113] Así, si una persona tiene un grado de autonomía para tomar una decisión por sí misma, ni el Estado ni los terceros protectores de aquella pueden impedírselo, salvo que existan verdaderas circunstancias de riesgo a la salud y la vida. En palabras de la Corte: “La protección de estas personas resulta aceptable entonces, en la medida en que ellas mismas, o terceros, pongan en peligro el ejercicio futuro de su autonomía, con sus decisiones respecto de su salud. Por su parte, la directriz impuesta implica que el Estado debe proveer los medios necesarios para promover que las personas adquieran las capacidades necesarias para desarrollar autónomamente sus intereses y potencialidades, dentro de las condiciones y limitaciones físicas en las cuales deben desenvolverse diariamente. (…) La maximización de la autonomía de las personas hace indispensable, entre otras cosas, que el Estado y la sociedad provean el conocimiento necesario para que éstas adopten las decisiones que consideran más adecuadas para sí mismas, según su propio juicio. (…) la formación de una voluntad autónoma capaz de adoptar decisiones es un proceso gradual (…)” La Corte advirtió que la autonomía de una persona no podía subsumirse en la enfermedad mental que tenía, pues a pesar de su estrecha relación “constitucionalmente la autonomía no se reduce a un concepto descriptivo de un estado mental”. En este punto, la Corte subrayó la relación entre la autonomía del individuo y el principio/derecho de la dignidad humana: “La autonomía supone el reconocimiento de la dignidad humana por parte del Estado y de la sociedad, la cual impone tratar al individuo como un sujeto moral, que tiene el derecho de decidir entre diversos tratamientos médicos cuál le conviene más, sin que ni el Estado, ni de la sociedad, puedan imponerle uno, independientemente del estado mental en el que se encuentre.  En efecto, de la condición mental del paciente no se puede concluir que no tenga derecho a elegir a cuál de los tratamientos se somete.  Menos aun cuando la alternativa al tratamiento sugerido no resulta tan lesiva de intereses subjetivos que gozan de protección constitucional especial -como el interés en tener una familia-, así el grado de protección no sea exactamente el mismo”.[114] En aquel caso, la mujer con discapacidad cognitiva leve no se encontraba bajo interdicción, y a pesar de ello, su madre solicitaba la realización del procedimiento médico de esterilización. La Corte protegió los derechos fundamentales de la mujer, impidió la realización de la cirugía y ordenó a la EPS realizar un programa de educación sexual y reproductiva para la mujer de acuerdo con sus intereses y condiciones. Este precedente fue posteriormente reiterado por la Corte en la sentencia T-492 de 2006,[115] en la cual se estableció que para solicitar al juez constitucional que proteja los derechos de una mujer con discapacidad mental ordenando una práctica quirúrgica que conduzca a la esterilización definitiva es necesario:  “(i) quien interponga la acción de tutela sea el o la representante legal de la mujer, bien por ministerio de la ley, o bien por discernimiento judicial de una guarda dentro de un proceso de interdicción judicial; y (ii), que el procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva haya sido autorizado previamente por un juez, en un proceso distinto y anterior a la acción de tutela.”[116] Sobre este punto, la Corte afirmó que la capacidad jurídica de una persona mayor de edad se presumía por expresa disposición legal, la cual solo podía ser desvirtuada por decisión de un juez: “Ahora bien, dentro de las medidas de protección consagradas por el Código Civil a favor de las personas con alteraciones psíquicas, se encuentra el régimen de la incapacidad civil y de las guardas. Ciertamente, estas instituciones jurídicas tradicionalmente se han considerado como medidas de protección a favor de quienes padecen tales limitaciones, que en tal virtud desarrollan adecuadamente los postulados constitucionales sobre protección a las personas en estado de debilidad manifiesta. Empero, el poder actuar a nombre de una persona mayor de edad, por considerarse que carece de capacidades intelectuales o volitivas para auto determinarse, es una asunto que, también en protección del presunto incapaz, exige una previa comprobación judicial dentro de un proceso en el cual se establezca probatoriamente esta situación. Nadie puede abrogarse autónomamente la facultad de representar a otro alegando su incapacidad mental. Pues en principio, la capacidad de las personas se presume legalmente, de conformidad con lo que al respecto reza el artículo 1503 del Código Civil. Por ello, el legislador ha diseñado procesos judiciales específicos, distintos de la acción de tutela, dentro de los cuales debe demostrarse plenamente la incapacidad de la persona mayor de edad a quien se pretende representar”. Igualmente, la Corte afirmó que era necesario estudiar cada caso con sus particularidades porque se deben determinar los siguientes asuntos: (a) el nivel de autonomía de la mujer con discapacidad y (ii) “las medidas de protección alternas o complementarias que se acomodan a su particular situación personal, familiar y social”.[117] 39. En la misma línea, en la sentencia T-397 de 2004,[118] la Corte reconoció el derecho a una madre con discapacidad visual a tener una familia y a ejercer su maternidad, cuando el ICBF había puesto en duda su idoneidad por su discapacidad y por sus condiciones socioeconómicas: “(…) el Estado adopte todas las medidas necesarias para permitirle a Luisa desarrollar con Teresa una relación materno-filial digna, sin que la discapacidad de la madre sea un obstáculo para ello ni, de otro lado, pueda llevar a poner en peligro a la menor o afectar negativamente su desarrollo integral (artículo 44, C.P.). Este derecho de Luisa a estar con su madre encuentra un correlato directo en el derecho que tiene Teresa, en tanto madre en estado de extrema pobreza con discapacidad visual, a que el Estado cumpla con una serie de prestaciones positivas en su favor, orientadas a permitirle subsistir de la forma más autónoma, digna y decorosa posible a pesar de su discapacidad, y como parte de dicho objetivo, a desarrollar relaciones familiares dignas y satisfactorias, especialmente con su hija menor”.[119] En esta providencia la Corte estableció que las autoridades estatales tenían la obligación de proveer de servicios de apoyo a las personas con discapacidad con el fin de asegurar su efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones a las demás personas. 40. Ahora bien, la protección del derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual también puede ilustrarse en casos en los que se omitieron actos procesales con base en la discapacidad. En la sentencia T-400 de 2004[120] la Corte revisó un caso en el que dos personas con discapacidad cognitiva fueron demandadas en un proceso ejecutivo hipotecario y el juez omitió actos procesales a su favor. La Corte reconoció su derecho al debido proceso y estableció, que con el fin de proteger sus intereses, debían actuar bajo su representante legal y el juez civil tenía la obligación de declarar la nulidad de las actuaciones procesales que fueron surtidas sin esta garantía. En palabras de la Corte: “(…) las personas discapacitadas mentales que resultan demandadas en un proceso civil son titulares de un derecho a la igualdad formal, en el sentido de que gozan de las mismas oportunidades procesales y recursos ordinarios que cualquier ciudadano para defender sus derechos por medio de su representante legal, es decir, no pueden ser víctimas de ninguna clase de discriminación por parte de los funcionarios judiciales o de policía que colaboren en la ejecución de las decisiones judiciales. De igual manera, en virtud del principio de igualdad material, los discapacitados mentales tienen derecho a recibir un trato especial por parte de los mencionados funcionarios, principio constitucional que en materia de procesos civiles comprende los siguientes deberes de protección: a. A lo largo de todo el proceso civil, el funcionario debe velar porque los discapacitados mentales se encuentren debidamente representados; b. El funcionario judicial se encuentra en la obligación de declarar, de oficio, la nulidad cuando sea informado que en el curso del proceso el demandado era un discapacitado mental, que no estuvo debidamente representado por su curador. En otros términos, los discapacitados mentales tienen derecho a un debido proceso civil, que conlleva, por su especial condición, no sólo a que le sea respetada su igualdad procesal, como a cualquier ciudadano, sino además a que le sea garantizada una igualdad material, la cual se traduce en unos especiales deberes de protección a cargo de las autoridades judiciales que conozcan de los respectivos procesos judiciales”.[121] 41.       Por su parte, la Corte también ha establecido que en procesos de interdicción los jueces de familia no pueden considerar que no se le debe notificar la demanda personalmente a la persona que se quiere declarar como interdicta.[122] Al respecto, la Corte precisó que las personas con discapacidad mental, al igual que todas, tienen derecho a un debido proceso civil, lo que implica, que les sea garantizada la igualdad material con el fin de que puedan ejercerlo contando con las mismas armas procesales que la otra parte. Por lo anterior, el juez competente de decidir la interdicción no podía a priori omitir la notificación a la persona con discapacidad mental: “Aunado a lo anterior se podría argumentar que carecería de todo sentido notificar personalmente el auto admisorio de la demanda de interdicción por demencia a una persona que no está en capacidad de comprender el sentido de dicho acto procesal. || No obstante lo anterior, dada la importancia que reviste la notificación personal para el ejercicio del derecho de defensa, como en numerosas ocasiones lo  ha sostenido esta Corte, y teniendo en cuenta que no todas las enfermedades mentales le impiden permanentemente al paciente comprender la realidad, el juez de familia debe interpretar el artículo 659 del C.P.C. de conformidad con el artículo 13 constitucional, lo que significa que debe apoyarse en lo establecido en el certificado médico para efectos de decidir si, en el caso concreto, el demandado comprenderá o no el sentido de la notificación, y por ende, si debe intentarse la misma o no”.[123] Con sustento en lo anterior, también señaló que al presentarse una demanda de interdicción debía anexarse y valorarse un certificado médico o diagnóstico de la persona que se presentaba para interdicción, so pena de incurrirse en un defecto fáctico que tiene como consecuencia la nulidad de todo el proceso ordinario. El certificado médico como soporte del estado de salud de la persona, dijo la Corte, es una prueba técnica que requiere el juez para establecer la necesidad y procedencia de la medida de interdicción. 42.  La Corte ha conocido también otros casos en los que personas han sufrido accidentes que les han generado estadios de inconciencia y  sus seres queridos se han visto impedidos para solicitar, por ejemplo, las mesadas pensionales o acceder a otro tipo de prestaciones dinerarias que pertenecen a la persona que está en una grave situación de salud.[124] En estos asuntos la Corte ha señalado que la presunción de la capacidad legal es la regla general, salvo que exista una declaración judicial de interdicción, por tanto, “quien no ha sido declarado interdicto por causa de demencia, así padezca un estado transitorio de inconciencia, se encuentra en capacidad de cobrar sus mesadas pensionales o de designar un apoderado o representante para el efecto”.[125] No obstante lo anterior, precisó que a pesar de que las personas que “padecen de estados temporales pero irreversibles de inconciencia” podrían no cumplir con las condiciones para ser sujetos de guarda o curaduría, sí requieren de medidas que velen por sus intereses, y en dado caso, personas que las representen transitoriamente. 43.  Con base en lo anterior, se establecieron las siguientes reglas de decisión en estos casos: (a) se presume la capacidad legal de todas las personas, siempre y cuando no exista la declaración judicial de interdicción; (b) el proceso de interdicción es un mecanismo de protección de los derechos de las personas con discapacidad cognitiva o para quienes transitoriamente “adopten conductas que las inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”; (c) “constituye el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de quienes no pueden desempeñarse por sí mismos, lo que incluye a las personas que han sido diagnosticadas con pérdida de conciencia por tiempo indeterminado”; (iii) “el juez de tutela se encuentra facultado para intervenir en los casos en los que se demuestre la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del agenciado y su familia”.[126] 44.  En las sentencias descritas la Corte Constitucional no había incorporado a su análisis el modelo social de la discapacidad. Por eso, a partir de este punto se puede identificar una segunda etapa jurisprudencial, en la que se empieza a incorporar el modelo social de la discapacidad, que se refleja, en su mayor parte, en los últimos nueve años (2011-2019), luego de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su ratificación a través de la Ley 1346 de 2009[127] y la expedición de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Mediante sentencia C-824 de 2011[128] la Corte luego de citar el marco internacional sobre el reconocimiento de derechos a las personas en condiciones de discapacidad, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos con Discapacidad, afirmó que el grado de severidad de una discapacidad no puede implicar la negación de derechos, “sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley”. En la sentencia T-684 de 2014[129] la Sala Séptima de Revisión estudió una acción de tutela dirigida contra la decisión de interdicción de una mujer que presentaba, según el juez, un diagnóstico de discapacidad mental absoluta. Se nombró como curador de la mujer a su esposo, y como guardadora para cuidados personales, a la madre de la mujer. Sin embargo, los jueces ordinarios definieron como guardador para todos los efectos al esposo. La mujer manifestó su voluntad dirigida a que su madre la cuidara ya que había antecedentes de maltratos contra ella por parte del esposo. No obstante, los jueces no tuvieron en cuenta sus declaraciones. Por lo anterior, la madre de la mujer interpuso acción de tutela contra la decisión de interdicción que declaró como guardador al marido de su hija. La Corte, a la luz del modelo social de la discapacidad, reiteró la importancia de garantizar el derecho al debido proceso de las personas en condiciones de discapacidad, y con ello, asegurar que fueran escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta dentro del proceso de interdicción que se adelanta contra ellas: “(…) en los procesos judiciales de interdicción cobra especial relevancia analizar el grado de autonomía del presuntamente incapaz, pues en función de ello es que deben adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas por parte del juez para lograr la garantía de sus derechos fundamentales. Así entonces, aunque se trate de una persona mentalmente disminuida, su personalidad jurídica no debe ser anulada por ese simple hecho, sino que cualquier opinión que pueda permitirse emitir según el nivel de su enfermedad, debe ser valorada razonablemente por las autoridades judiciales. Por tanto, la cuestión frente a los derechos de los discapacitados mentales en los procesos de interdicción tiene un matiz que va más allá de la mera vinculación formal a través de su notificación, centrándose ahora en la forma en que deben ser valoradas sus manifestaciones de voluntad en la medida que la respectiva enfermedad se lo permita”.[130] Acorde con lo anterior, la Corte resolvió amparar los derechos fundamentales de la mujer al encontrar que el juez de familia había incurrido en un defecto fáctico al no tener en cuenta la manifestación de la mujer a quien se le imponía la interdicción, y ordenó dejar sin efectos la decisión judicial. En las conclusiones de la providencia la Sala resaltó la obligación del poder judicial en procesos de interdicción, de determinar “cuál es el grado de capacidad jurídica que caracteriza a la persona con discapacidad mental y, de este modo, adoptar las medidas necesarias para procurar su bienestar”. Nuevamente, a través de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1412 de 2010, la Corte analizó el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidades mentales o cognitivas. En la sentencia C-182 de 2016[131] evaluó si tratándose de anticoncepción quirúrgica, se vulneraban los derechos de las personas con discapacidad mental al establecerse que se requería siempre de la solicitud y el consentimiento a través del representante, previa autorización judicial. La Sala abordó los estándares internacionales sobre la materia a la luz del modelo social de la discapacidad y la importancia del consentimiento informado en procedimientos de salud. Con sustento en estas dos temáticas, argumentó que el consentimiento informado es una expresión de la autonomía de una persona que se va a someter a un procedimiento de salud. La Corte explicó en esta providencia la evolución de la posición jurisprudencial entorno al consentimiento sustituto en materia de salud en casos de menores de edad y personas en condiciones de discapacidad mental. En lo relativo a las personas con discapacidad mental, la Sala recordó que“[e]n cuanto a la posibilidad del consentimiento sustituto de las personas con discapacidad a procedimientos de esterilización quirúrgica esta Corporación ha dicho que esto sólo es posible de forma excepcional y que además de las causales generales que permiten esta excepción, como el peligro para la vida de la persona, se encuentra atada a: (i) un proceso de interdicción para obtener la calidad de representante o curador; y (ii) un proceso especial para obtener una autorización judicial que debe valorar la posibilidad de otorgar el consentimiento futuro respecto de la intervención quirúrgica y la condición médica del paciente” (resaltado del texto original).[132] Del mismo modo advirtió que en cuanto al ejercicio de los derechos reproductivos, la jurisprudencia ha diferenciado la capacidad jurídica de la autonomía de la persona. Así, en un primer momento la jurisprudencia reconocía el consentimiento sustituto y la necesidad de la autorización judicial para la procedencia de los procedimientos médicos. Más tarde, la Corte matizó su posición y advirtió que debía analizarse caso por caso y evaluarse el “nivel tal de autonomía que le permita comprender y dar o no su consentimiento para realizar una intervención quirúrgica” de la persona en condiciones de discapacidad mental.[133] Por lo anterior, se distinguió el proceso de interdicción judicial del proceso judicial para establecer la autonomía de una persona para dar su consentimiento para la realización de un procedimiento médico: “La jurisprudencia constitucional ha sido clara en determinar que el ejercicio de la capacidad jurídica es diferente del ejercicio de los derechos reproductivos, particularmente de la decisión de tener hijos de forma responsable. Por lo tanto, siempre se presupone la capacidad para ejercer la autonomía reproductiva de las personas que han sido declaradas en interdicción por encontrarse en situación de discapacidad mental. (…) El procedimiento judicial que autoriza o niega la esterilización quirúrgica de una persona en situación de discapacidad mental es un procedimiento autónomo de aquel de la interdicción y debe cumplir con el objetivo de desvirtuar la presunción de capacidad para ejercer la autonomía reproductiva. En este sentido, el juez en su análisis del caso concreto debe: (i) presumir la capacidad de la persona para ejercer la autonomía reproductiva; (ii) verificar si existe una alternativa menos invasiva a la esterilización quirúrgica; (iii) cerciorarse que se le hayan prestado todos los apoyos y se hayan hecho los ajustes razonables para que la persona pueda expresar su preferencia; (iv) comprobar la imposibilidad del consentimiento futuro; y (v) la necesidad médica de la intervención”[134] La Sala resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la norma[135] “bajo el entendido de que la autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga”.[136] Igualmente, la Corte ha establecido que se vulneran los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la capacidad jurídica de una persona con discapacidad cognitiva al condicionar su inclusión en nómina de pensionados (bien fuera una pensión de invalidez o sobrevivientes o una sustitución pensional), a la sentencia de interdicción judicial y la designación de un curador que administrara su patrimonio.[137] Ha sostenido que las personas con discapacidad mental tienen capacidad jurídica para actuar y decidir. En este sentido, atendiendo el modelo social, es deber del Estado asegurar a estas personas medidas de protección y/o apoyo que respeten siempre la voluntad y las preferencias de estos sujetos, atendiendo el grado de discapacidad. En palabras de la Corte: “(…) resulta discriminatorio asumir prima facie que una persona diagnosticada con alguna afección mental debe ser declarada interdicta y someterse a la curaduría de un tercero. Sólo en aquellos casos en los cuales se acredite claramente que el afectado padece una discapacidad mental absoluta y no puede administrar sus propios recursos, resulta excepcionalmente posible condicionar su inclusión en nómina de pensionados hasta que se inicie el proceso de interdicción correspondiente, pues supeditar tal acto hasta su culminación tiene el efecto práctico de agravar su estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta”.[138] Finalmente, en el año 2019 puede destacarse la siguiente providencia relacionada con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad mental. En la sentencia T-525 de 2019[139], a diferencia de los casos anteriores en los que se había resuelto el mismo problema jurídico, la Corte tenía como nuevo parámetro legal la Ley 1996 de 2019. Por tanto, en este asunto se reconoció que no podía exigírsele interdicción judicial al accionante para acceder a la prestación social, y mucho menos, restringirle sus derechos con base en un dictamen médico. En palabras de la Corte: “La administradora de pensiones forzó al peticionario a que renunciara al ejercicio de su capacidad jurídica y se sometiera a la tutela de un tercero, ya que, como se ha visto, no era necesario que el demandante se sometiera al proceso judicial de interdicción para obtener el pago de la prestación al que tiene derecho. Además, lo hizo incurrir de manera innecesaria en una serie de esfuerzos económicos, temporales y morales que hicieron más gravosa su situación, lo que implica vulnerar sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante. (…) La introducción de esta nueva norma implica un cambio de paradigma al momento de comprender la discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que si bien antes era posible privar a una persona de su capacidad jurídica en virtud de su situación de discapacidad, la introducción de esta legislación prohíbe expresamente esta práctica. Por lo tanto, en la actualidad ninguna entidad pública o privada puede restringir la capacidad legal de una persona en situación de discapacidad bajo ningún argumento o circunstancia, lo que incluye el supuesto respaldo en un dictamen de pérdida de capacidad laboral”. De ese modo, bajo la Ley 1996 de 2019, la Corte estableció que era prohibido exigir el proceso de interdicción en todos los casos, aun existiendo un diagnóstico médico, y exigió presumir la capacidad legal de las personas con discapacidad cognitiva o mental. 45.  En conclusión, la jurisprudencia constitucional, al igual que los avances legislativos hacía un modelo social de discapacidad, ha ido evolucionando en sus posiciones y ha dado mayor prevalencia a la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. En lo relacionado con la capacidad jurídica, la jurisprudencia siempre reconoció su titularidad y goce en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Sin embargo, en lo relacionado con el ejercicio de la capacidad legal para la realización de actos jurídicos, la Corte, en virtud del estándar legal vigente en la materia, restringió su ejercicio a la interdicción judicial. No obstante lo anterior, en las sentencias referenciadas en este aparte, es posible vislumbrar que la tendencia jurisprudencial ha sido siempre asegurar el respeto por la voluntad y el consentimiento de las personas en condiciones de discapacidad intelectual o mental. Por ello, la Corte en sus diferentes decisiones amparó los derechos fundamentales al debido proceso, cuando se omitía notificar a la persona sujeto de interdicción; al mínimo vital, al establecer que no podía exigirse la interdicción para acceder a una prestación económica; y en otras ocasiones, los derechos sexuales y reproductivos, al garantizar que, a pesar de estar vigente la interdicción, se evaluara judicialmente el grado de autonomía de la persona antes de someterla a cualquier procedimiento médico. ANALISIS DE LOS CARGOS La presunción de capacidad dispuesta en el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 es constitucional 46.  Los demandantes de los dos expedientes bajo revisión demandaron apartes del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019. En la parte preliminar de esta sentencia, la Sala Plena realizó una integración de la unidad normativa, toda vez que las expresiones atacadas no tenían un contenido autónomo univoco. Sobre esta disposición los demandantes argumentaron que vulnera el derecho a la igualdad y el artículo 12 de la Convención, porque asume el ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sin tener en cuenta que hay casos más graves y severos en los que la persona no comprende el acto jurídico que va a realizar y, por tanto, no puede manifestar su voluntad. Según los actores esta norma deja en indefensión a las personas con discapacidad mental grave, toda vez que no puede actuar en igualdad de condiciones a las demás, dado su déficit. 47.  El artículo 6 se encuentra en el Capítulo I sobre “Disposiciones generales” de la Ley 1996 de 2019. En este aparte de la ley se consagran todas las normas generales que sirven de interpretación a las demás disposiciones de la ley (objeto, interpretación normativa, definiciones, principios, criterios para establecer las salvaguardas, niños, niñas y adolescentes). El artículo 6 establece la presunción de capacidad en los siguientes términos: “Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma”. Como puede verse, la disposición demandada reconoce la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de los derechos y obligaciones. Las normas prescritas en el Capítulo I de la Ley 1996 de 2019 son transversales a toda la ley. De manera que cuando se va a dar aplicación algún artículo, debe leerse a la luz de lo dispuesto en aquel capítulo. 48.  Cabe recordar que el modelo social de la discapacidad se sustenta, principalmente, en los siguientes ejes: (i) la dignidad humana, (ii) la autonomía e independencia individual, (iii) libertad de tomar las propias decisiones, (iv) la no discriminación, (v) la participación plena y efectiva en la sociedad, (v) la accesibilidad y (vi) la igualdad de oportunidades. Estos ejes son esenciales para comprender el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 49.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la dignidad humana es un principio esencial del Estado Social de Derecho reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política. Se trata de un mandato de optimización que exige a todas las autoridades realizar sus funciones con el fin de lograr el efectivo goce y ejercicio de una existencia digna de los ciudadanos en las diferentes esferas, tales como su “autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral”.[140] Conforme a lo anterior, la Corte ha sostenido que“[el] principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de socialización del individuo se entendiera como una forma de masificación y homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de convertirlo en cosa.”[141] De este contenido se deriva necesariamente la prohibición del uso o instrumentalización de las personas, pues cada ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser concebido como medio para lograr intereses ajenos a su voluntad y propia autonomía.[142] 50.  Por su parte, el derecho a la igualdad real y efectiva implica una doble dimensión: (i) “abstenerse de incentivar o de realizar tratos discriminatorios” e (ii) “intervenir, sobre lo cual el Estado debe tomar las medidas necesarias tendientes a superar las condiciones de desigualdad material que enfrentan los grupos poblacionales discriminados”.[143] En el mismo sentido, la Corte ha precisado: “(…) el deber de igualdad material le impone la obligación al Estado de adoptar medidas a favor de los grupos marginados o que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, como las personas con discapacidad. En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha determinado que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y de especial protección constitucional y ha reiterado que la discapacidad debe ser afrontada desde una perspectiva holística en donde se le deben brindar a estas personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las barreras físicas o sociales que limitan sus posibilidades para desenvolverse, y así superar dicha condición. Lo anterior, implica abandonar la visión de la discapacidad como una enfermedad.”[144] De tal modo, el Estado tiene la obligación de promover la igualdad material de la población con discapacidad y, para ello, en algunas ocasiones debe otorgar un trato especial, “consistente en la realización de actuaciones positivas por las autoridades en su favor. Ello guarda coherencia, no sólo con los mandatos constitucionales que se han señalado (arts. 1, 13, 47, 54 y 68, C.P.), sino también con varias disposiciones internacionales sobre la materia”.[145] 51. La dignidad humana y la igualdad, cuando se trata de reconocer el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad desde la perspectiva del modelo social, son trascendentales. Al concebir a las personas como sujetos dueños de sus planes de vida y reconocerles una autonomía para su participación en igualdad de condiciones en la sociedad a través de la realización de actos jurídicos, se exige por parte del Estado y la comunidad en general, procurar apoyos o medidas adecuadas para que, independientemente de la diversidad funcional que presente una persona, pueda ejercer sus derechos de acuerdo con su voluntad y preferencias y asumir obligaciones, acorde con sus intereses. De tal forma, aún en los casos en los que a la persona se le dificulta manifestar su voluntad o preferencias respecto de una situación, en virtud de la dignidad humana y la igualdad, se debe presumir su capacidad de ejercicio, y en ese sentido, para alcanzar la toma de decisiones, se le deben asignar apoyos más intensos que le permitan actuar. En algunas ocasiones, los apoyos deberán recurrir a interpretar su entorno social y familiar, sus características de vida, información de su historia conocida, las personas de confianza, entre otros medios, que permitan “la mejor interpretación de la voluntad”. 52.  Para hacer realidad el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, la Ley 1996 de 2019 contempla “los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de los actos jurídicos”, dispuestos, específicamente, en los capítulos II, III y V. Ahora, como el cargo de inconstitucionalidad se sustenta en que el tratamiento igual del artículo 6° desprotege a las personas con discapacidad intelectual severa o profunda, es preciso definir las normas del cuerpo normativo que le son aplicables a esos casos específicos. El artículo 4° que consagra los principios que rigen toda la Ley, establece en su numeral 3° la “primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”. En él se reconoce que “en los casos en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma unívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de voluntad y preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto”. El artículo 5° establece los criterios para definir las salvaguardias que deben proceder en cada caso. Uno de ellos es el criterio de “necesidad”. En él, se señala que “habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”. Es por lo anterior, que la Ley establece dos tipos de mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal ( de acuerdo con el contenido del artículo 9°, apoyos formales),[146] teniendo en cuenta las necesidades de cada persona y asumiendo que en algunas ocasiones los apoyos deben ser más intensos: (a)  “a través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestarán el apoyo en la celebración del mismo”; y (b) “a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación de apoyos”. 53.       Para efectos de dar respuesta al cargo propuesto en esta sentencia, es necesario solo referirse al segundo de los mecanismos, en razón a que es el procedente cuando no es posible conocer de forma unívoca la voluntad de la persona con discapacidad. El artículo 38 de la Ley 1996 de 2019 regula todo lo concerniente a la adjudicación judicial de apoyos para la toma de decisiones cuando es promovida por una persona distinta al titular del acto jurídico.[147] Ésta debe ser tramitada a través de un proceso verbal sumario. En el marco de este proceso, se realizará una valoración de apoyos con el fin de acreditar el nivel y grado de apoyos que la persona requiere para tomar decisiones. Al interponerse la demanda se debe demostrar (a) “que la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”, y (b) “que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero”. La autoridad judicial en estos casos debe realizar unas sugerencias sobre los mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones que la involucren. Del mismo modo, el juez podrá autorizar a la persona que asume el rol de apoyo, la representación de la persona titular del acto jurídico, cuando ésta “se encuentre absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación”. La Ley prevé que, si está vigente una sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la persona titular del acto jurídico debe utilizar los apoyos al momento de la celebración de dichos actos como requisito de validez. Como consecuencia de no hacerlo, se generará una nulidad relativa del acto jurídico (art. 39). Es preciso también tener en cuenta que las personas que asuman el rol de apoyo tienen dentro de sus funciones, “facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico”; “facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico”; “representar a la persona”; “interpretar de la mejor forma la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, en los casos en que esta se encuentre absolutamente imposibilitada para interactuar con su entorno por cualquier medio” y “honrar la voluntad y las preferencias” (art. 47). 54.  Con toda la anterior descripción sobre los mecanismos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que trae la nueva Ley, la Sala resalta, contrario a los que estima el ciudadano demandante, que la adjudicación judicial de apoyos es el mecanismo idóneo para permitir que, incluso cuando la persona está imposibilitada para manifestar su voluntad, pueda ejercer su capacidad con asistencia de personas o métodos que permitan conocer cuál es su determinación de acuerdo con algún acto jurídico. Como puede verse los apoyos definidos a través de este proceso judicial son mucho más intensos puesto que están determinados ante la imposibilidad de la persona titular del acto de expresar su voluntad y preferencias; incluso, puede asignarse un representante para algunos de los actos jurídicos. 55.  Acorde con lo anterior, la Sala Plena considera que la presunción de la capacidad legal de las personas con discapacidad dispuesta en el artículo 6° de la Ley 1996 es constitucional, toda vez que atiende a una perspectiva respetuosa con la dignidad humana y la igualdad real y efectiva del ejercicio de los derechos fundamentales. 56.  Ahora bien, la Corte observa que la preocupación que plantean los actores no es del todo irrazonable, pues sostienen que hay personas con discapacidad intelectual que no pueden comprender y dar su voluntad para realizar ciertos actos jurídicos, y en esa medida, no se les puede presumir su capacidad de ejercicio independientemente de los apoyos. De hecho, como se presentó antes, la misma Ley reconoce que existen casos difíciles en los que la persona con discapacidad se encuentra “absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”. La Ley dispone unos mecanismos para garantizar el ejercicio de la capacidad legal en estos casos, y así lograr que la toma de decisiones esté asistida y bajo la mejor interpretación de la voluntad de la persona. 57.  De esa manera, la Sala encuentra que la lectura de la norma acusada debe ser precisada a la luz del modelo social de la discapacidad e interpretarse a la luz de las demás disposiciones de la Ley 1996 de 2019. La misma normativa, por una parte, reconoce de plano el ejercicio de la capacidad jurídica, incluso, “independientemente de los apoyos”; pero a la vez, reconoce que existen casos en los que la persona titular del acto jurídico se encuentra “absolutamente imposibilitada” para manifestar su voluntad, de manera que es necesario conciliar estos lineamientos legales para evitar la desprotección de la población con discapacidad intelectual o mental.[148] 58.  Igualmente, para la Corte no pueden pasar desapercibidos los conceptos allegados por especialidades de la neurología que pusieron de presente que hay casos en los que, como lo reconoce la Ley 1996, la persona no comprende el alcance de un acto jurídico y tampoco puede manifestar su voluntad acorde con él. A partir de la escala de deterioro cognitivo, “[l]os pacientes que se encuentran con valores GDS de 5, 6 y 7 en la escala, no cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en que participan (…) Un individuo con secuelas graves desde el punto de vista cognitivo de un trauma cráneo encefálico o de un evento cerebro vascular isquémico o hemorrágico o una persona afectada por una demencia tipo Alzheimer por ejemplo, en estado avanzado (GDS 6 y 7 de la escala de Reisberg) no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad laboral, ni tomar decisiones correctas por el grave compromiso de sus funciones cognitivas”.[149] A pesar de lo anterior, algunos resaltaron que no es posible generalizar todos los casos que se encuentren en un valor, pues el desarrollo de habilidades funcionales depende de innumerables factores, tales como la educación, el contexto sociocultural, etc., de cada persona. De manera que un sujeto que se encuentre en un valor GDS 6 puede ser autónomo para comprender ciertos actos y otros no y esto varía de individuo a individuo.[150] 59.       Es preciso recordar que, con fundamento en la teoría del acto jurídico, unos de los elementos que deben cumplirse para su existencia y validez son la voluntad del sujeto y su capacidad legal, respectivamente. El agente debe tener consciencia (entendida como la actitud que tiene todo ser humano de reconocer su entorno) de la conducta que está realizando y los efectos que puede generar en la realidad. Según Ospina Fernández, el acto o negocio jurídico, a diferencia del acto humano,[151] “comprende toda manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a la producción de efectos jurídicos”.[152] De esta definición se desprenden dos elementos: (a) la manifestación de la voluntad y (b) el objetivo de producir efectos jurídicos. En cuanto al primer elemento, se resalta que la manifestación de la voluntad debe ser “suficientemente clara e inteligible”.[153] Por su parte, precisa que la capacidad se entiende desde dos acepciones: (i) como “la aptitud que tienen todas las personas o sujetos de derecho para ser titulares de derechos y obligaciones”;[154] y (ii) “el poder que se les reconoce a la mayoría, ya que no a todos los sujetos de derecho, para actuar directamente, por sí mismos, en el comercio jurídico, vale decir, para realizar actos jurídicos”.[155] Con base en lo anterior, Ospina Fernández concluye que “(…) toda persona necesariamente tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero algunas no la tienen para intervenir por sí mismas en el comercio jurídico”.[156] En esta misma línea, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la capacidad jurídica, o sea, la capacidad para ser titular de derechos subjetivos patrimoniales, la tiene toda persona sin necesidad de estar dotada de voluntad reflexiva; en cambio, la capacidad de obrar está supeditada a la existencia de esa voluntad”.[157] Sin embargo, la Corte también ha diferenciado la capacidad legal de una persona de su autonomía para decidir ciertos asuntos, tales como los procedimientos médicos, por ejemplo. En palabras de la Corte: “68. En concordancia con las anteriores reglas, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la autonomía necesaria para tomar una decisión sobre procedimiento o intervenciones en la salud no es una noción idéntica a la capacidad legal propia del derecho civil o aquella necesaria para ejercer el voto. En efecto, se distingue entre estos dos conceptos de capacidad dado que “una persona puede no ser legalmente capaz, pero sin embargo ser suficientemente autónoma para tomar una opción médica en relación con su salud” o viceversa. Así mismo, cabe resaltar que la evaluación de la capacidad del paciente se deriva de la decisión concreta que éste debe tomar, “pues una persona puede ser considerada competente para aceptar unas intervenciones médicas pero carecer de la suficiente autonomía para decidir otros asuntos sanitarios”.  Por consiguiente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que en aquellos supuestos en los que las personas carecen de la conciencia suficiente para autorizar tratamientos médicos sobre su propia salud y para reconocer la realidad que los rodea, como en el caso de “las personas con discapacidades o limitaciones mentales profundas o de aquellos menores de edad, que por su corta edad dependen totalmente de sus padres para sobrevivir”, terceras personas, mediante el denominado consentimiento sustituto, pueden avalar los procedimientos médicos requeridos por ellos, con el fin de velar por su vida, salud e integridad física”.[158] 60.       De manera que, la capacidad legal, para ciertos actos, puede diferenciarse de la autonomía de cada persona para definir sus decisiones. Igualmente, todas las personas tienen distintas habilidades, y acorde con ellas, pueden comprender y realizar actos en el ejercicio de su capacidad legal. Cada una es más o menos autónoma teniendo en cuenta la comprensión que tiene sobre determinada materia o asunto relacionado con el acto jurídico que va a realizar. La presunción de la capacidad legal de la Ley 1996 de 2019 asume esta línea de entendimiento, y a la vez, reconoce que hay personas que se encuentran absolutamente imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, y por tanto, consagra un mecanismo más intenso o extenso para la toma de decisiones con apoyo de esta población (adjudicación judicial de apoyos).[159] Este mecanismo, como vehículo de su voluntad, otorga al sujeto los medios suficientes para expresar sus preferencias, o más bien, para interpretar lo que es o sería su decisión respecto a un escenario específico. Esto es lo que se denomina “la capacidad para la toma de decisiones interdependiente”, la cual implica que, al igual que cualquier persona, se necesita de otros para planear y ejecutar decisiones sobre las que no se tiene suficiente experiencia: “Algunas personas con discapacidades intelectuales, cognitivas o psicosociales profundas pueden no ser capaces de formular y llevar a cabo los planes y decisiones para dar efectos legales a su voluntades y preferencias manifiestas. Pero la mayoría de las personas tampoco pueden hacerlo. Todos dependemos de otros para ayudarnos a planear, o a hacer planes en nuestro nombre. La toma de decisiones interdependiente aplica cuando las capacidades de la persona para expresar su voluntad y preferencias en relación con una decisión particular y realizar el razonamiento para traducir su voluntad y preferencias en una decisión legalmente válida, puede ser muy limitada o inexistente en el momento presente. La provisión del ‘apoyo interpretativo’ hace que la toma de decisiones sea posible en esas circunstancias. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el principio de “la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias” para este tipo de situaciones. Se propone como una salvaguarda para prevenir la exclusión y así proteger el ejercicio de la capacidad legal en una base igualitaria. Está diseñada para aplicarse en situaciones en las que, después de que “se han hecho esfuerzos significativos”, la voluntad y las preferencias de una persona no pueden ser suficientemente determinadas para conducir a una decisión particular.14 En términos prácticos, el principio de “la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias” puede aplicarse al ejercicio de la capacidad legal en una manera que respete los requerimientos de compresión y apreciación relacionados con las decisiones”.[160] 61. La teoría de la incapacidad legal inspirada en el derecho napoleónico y ahora reformada por el modelo social de la discapacidad genera muchos retos, tanto para los operadores jurídicos como para la sociedad en general. A diferencia de la interdicción, que sustituía y anulaba a una persona por considerarse incapaz absoluta, ahora el sistema de apoyos exige reconocer que todo ser humano por su dignidad, cuenta con una voluntad y unas preferencias para llevar una forma de vida según la concibe de forma autónoma.  Así, el acto jurídico que realiza una persona con el respaldo de apoyos y la asistencia de las personas de confianza será válido conforme a la Ley 1996 de 2019, puesto que estos mecanismos sirven de vehículos para exteriorizar la voluntad. Éste solo podrá ser declarado nulo, si llevan a cabo actuaciones especificadas en la sentencia de adjudicación de apoyo sin utilizar los apoyos allí estipulados, inclusive si se omite la representación autorizada previamente por el juez, como lo estipula el artículo 39 del mismo cuerpo normativo. 62. En suma, la Sala Plena considera pertinente establecer una interpretación sistemática del artículo 6° en conjunto con el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019, con el objeto de proteger a aquellas personas en condiciones de discapacidad intelectual o mental que se encuentran imposibilitadas para manifestar su voluntad por cualquier medio. En consecuencia, el ejercicio de la capacidad legal para estos casos deberá estar acompañado de una sentencia de adjudicación judicial de apoyos, como un mecanismo necesario para la toma de decisiones. Esta interpretación de la norma debe ir acompañada de las siguientes precisiones. El rol del apoyo no es el de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad, validarla ni habilitar la celebración de actos jurídicos. El rol del apoyo, en contraste, es ayudar a la persona con discapacidad a formular una voluntad frente a la posibilidad de realizar un acto jurídico, y exteriorizarla, o en dado caso, representarla al ejecutarlo. De tal forma, en los casos en los que la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad, es necesario que los apoyos se dirijan a materializar la decisión más armónica a la vida, contexto y /o entorno social y familiar de la persona en cuestión, elementos que ayudarán a “interpretar la voluntad” del sujeto titular del acto jurídico. 63. Así, el efecto de la presunción del ejercicio de la capacidad legal se materializa en que, aún en un caso en el que la persona tiene una discapacidad intelectual y que se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad, debe garantizarse por todos los medios y los ajustes razonables que requiera, la manifestación de su voluntad y preferencias. La intensidad de los apoyos que se requiera en estos casos puede ser mucho mayor, pero el apoyo no puede nunca sustituir la voluntad de la persona o forzarla a tomar una decisión de la que no esté segura. De esa manera, a pesar de que se requerirá el apoyo para exteriorizar la voluntad, a la persona se le garantiza su autonomía y su calidad de sujeto social, el cual cuenta con un contexto y entorno que permiten interpretar sus preferencias. La prohibición de la interdicción establecida en el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 es constitucional toda vez que obedece al modelo social de la discapacidad 64.  En el expediente D-13.575 el demandante formuló un cargo contra el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, en el cual sostuvo que la interdicción era un mecanismo de protección efectivo para las personas con discapacidad cognitiva grave o severa. Para ello, acudió a la escala de Reisberg y señaló que las personas con discapacidad situadas en los escalafones GDS5, GDS6, GDS 7 y algunas del GDS 4 no tienen la capacidad para comprender sus actos, no pueden expresar su voluntad de manera consciente y tampoco prevén los efectos de dichos actos. Con base en ello, adujo que no es cierto que la interdicción e inhabilidad sustituya la voluntad de la persona con discapacidad mayor de edad, habida consideración de que las personas pertenecientes a esas clasificaciones exteriorizan su voluntad sin consciencia. De tal forma, en la demanda argumentó que la eliminación de la figura de la interdicción dejaba en indefensión a las personas con discapacidad mental severa y en consecuencia desconocía lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 65.  Primero es preciso determinar el contenido y alcance del artículo 53 de la Ley 1996 de 2019. Esta disposición se encuentra en el Capítulo VIII relativo al “Régimen de transición”. En esta parte de la Ley se consagran todas aquellas disposiciones que permiten armonizar el régimen de interdicción y el de guardas (Ley 1309 de 2009), con el actual sistema de apoyos. El artículo 53 consagra la “prohibición de interdicción”, de la cual se deriva específicamente que queda prohibido (i) “iniciar procesos de interdicción o inhabilitación” o (ii) “solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley”. 66.  En segundo lugar, la Sala recuerda que, según los estándares internacionales desarrollados en las consideraciones de esta providencia, así como la jurisprudencia constitucional, la figura de la interdicción judicial, en el marco del modelo social de discapacidad, debe ser eliminada, toda vez que es un mecanismo que reemplaza y sustituye de forma absoluta la voluntad de la persona que pretende proteger. 67.  El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al consagrar el “igual reconocimiento como persona ante la ley”, desarrolla el contenido del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y señala que los Estados deben garantizar las medidas adecuadas y necesarias “para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Igualmente, debe asegurarse que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a todas las demás, puedan “ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero”. Esta disposición debe leerse en conjunto con la interpretación que ha hecho el Comité de ella en la Observación General No. 1. En este documento el Comité estableció de forma expresa que las figuras de la tutela, interdicción judicial o la curaduría son “regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisiones” e hizo un llamado para que aquellas instituciones sean abolidas con el fin de que las personas con discapacidad recobren su capacidad legal. Para el Comité estos regímenes de sustitución de la voluntad tienen en común que (i) “despoja[n] a la persona de la capacidad jurídica”, (ii) puede nombrarse un sustituto que tomará las decisiones de alguien que no sea la persona involucrada y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad y (iii) “toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se basa en lo que se considera el “interés superior” objetivo de la persona concernida, en lugar de basarse en su propia voluntad y preferencias”.[161] De ese modo, el Comité fue claro en señalar que no puede confundirse la capacidad de ejercicio o legitimación para actuar, con la capacidad mental. Esta última hace referencia a la aptitud de una persona para adoptar decisiones de distinta índole y en distintos contextos; varía según la persona y diferentes factores, tales como los conocimientos sobre determinada materia, factores sociales ambientales, etc. Los “déficits” mentales, bien sean reales o supuestos, o permanentes o temporales, no pueden utilizarse como justificación para denegar el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona. 68.  Con sustento en lo anterior, con el fin de reemplazar las instituciones jurídicas que anulan la voluntad de las personas con discapacidad intelectual o mental, se crea un modelo de apoyos a favor de esta población con el objeto de lograr que puedan ejercer directamente su derecho a la capacidad jurídica, y con ello, se garantice su autonomía, independencia y dignidad humana. En el marco del modelo social de la discapacidad se comprende que el ejercicio de la capacidad legal debe estar acompañado con una asistencia que elimine las barreras sociales, culturales y ambientales que no permiten manifestar la voluntad. De ese modo, como lo dice el Comité de la Convención, los “apoyos” implican un conjunto de “arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades”.[162] 69.  En otras palabras, los apoyos se pueden traducir en distintas medidas encaminadas a lograr la materialización de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Estos apoyos pueden ser el acompañamiento de una persona de confianza en la realización de algún acto jurídico, métodos de comunicación distintos a los convencionales, pueden ser medidas relacionadas con el diseño universal o la accesibilidad, entre otros. Los tipos de apoyo y sus intensidades dependerán y variarán notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad y sus necesidades. Los objetivos principales de los apoyos deben ser: “(i) obtener y entender información; b) evaluar las posibles alternativas a una decisión y sus consecuencias; c) expresar y comunicar una decisión; y/o d) ejecutar una decisión”.[163] Lo realmente importante bajo este modelo de apoyos, es la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, elementos que serán ahora el centro de la toma de sus decisiones. 70.  Por su parte, la jurisprudencia constitucional, como fue extensamente descrito en las consideraciones de esta sentencia, demuestra que la interdicción fue muchas veces utilizada para privar a la persona con discapacidad del ejercicio de sus derechos. La Corte revisó casos en los que la persona a quien iba a declararse interdicta ni siquiera era notificada en el proceso de interdicción, e incluso, la autoridad judicial no la conocía, y tan solo con un diagnóstico médico o dictamen pericial, se declaraba en interdicción y se nombraba a un tercero que manifestaría su voluntad en todos los actos que la afectaran.[164] Curiosamente en algunos casos, la acción de tutela fue interpuesta por la misma persona que había sido declarada interdicta en proceso civil, lo que demostraba su capacidad para comprender y defender sus derechos fundamentales.[165] En el mismo sentido, la Corte amparó los derechos de las personas en condiciones de discapacidad mental para manifestar su voluntad en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a conformar una familia, al establecer que la interdicción no era suficiente para no tener en cuenta la autonomía y voluntad de la persona implicada.[166] Igualmente, la interdicción muchas veces fue utilizada para obstaculizar el acceso a prestaciones sociales vitales para las personas en condiciones de discapacidad, tales como la sustitución pensional, la pensión de vejez, entre otras.[167] De hecho, el artículo 53 de la Ley 1996 prohíbe que esta figura sea utilizada para dar trámite a cualquier solicitud, bien sea en el ámbito privado o público. Esto es entonces una cláusula que es constitucional, porque la misma jurisprudencia ya había declarado la violación de derechos cuando autoridades de distinta naturaleza exigían la declaración de interdicción para poder solicitar el acceso a servicios o prestaciones sociales.[168] 71.       Por su parte, algunas de las intervenciones presentadas en el marco de este proceso de constitucionalidad mostraron evidencias de los impactos negativos que tiene la interdicción para las personas con discapacidad cognitiva o mental, así como los efectos positivos que tiene el sistema de apoyos.[169] 72.       En el caso de la interdicción, muchos coincidieron en que esta figura tiene impactos negativos desde dos perspectivas; (i) en el mismo proceso de interdicción y (ii) en el desarrollo de la vida de la persona con discapacidad. En los primeros se evidencia que (a) los procesos de interdicción se inician, avanzan y culminan sin la participación de la persona, (b) el nombramiento del curador es por prelación o cercanía de la persona, pero no se le informa ni pregunta su opinión, (c) el curador toma decisiones en razón de lo que más le conviene a la persona, pero no le consulta ni tienen en cuenta sus intereses y preferencias y (d) la existencia de abusos, explotación y disminución de la capacidad funcional de la persona que es declarada interdicta. Sobre los segundos, se encuentran evidencias de (a) estigmatización, pues la sociedad en general asume que la persona interdicta no es independiente, es incapaz e inútil, (b) menos autonomía, pues no se ejercitan habilidades de comprensión de situaciones y toma de decisiones, (c) disminución de la autoestima, (d) aislamiento social, (e) disminución de confianza y aumento de sentimientos de desesperanza y decepción, entre otros. De esa manera, la interdicción no solo tiene efectos jurídicos o legales, sino que impacta la salud y bienestar de las personas con discapacidad. 73.  En contraste con lo anterior, el sistema de apoyos permite a la persona con discapacidad ejercer su autonomía, ejercitar su capacidad funcional de comprender situaciones cotidianas y generar confianza para tomar decisiones que la afectan. Esto también genera un aumento en la autoestima de la persona, así como, el desarrollo de habilidades de independencia. Los impactos positivos del sistema de apoyos son armónicos con el respeto a los derechos a la dignidad humana y la igualdad, pues se parte de la base de que, independientemente la deficiencia cognitiva que tenga una persona, ella es un fin en sí mismo, cuenta con un proyecto de vida que se construye de forma autónoma, y en ese sentido, su voluntad debe ser el centro de la toma de decisiones. Por su parte, el Estado solo debe reconocer su capacidad legal y prestar los apoyos necesarios para que lo haga en igualdad de condiciones a las demás. 74.  Con sustento en lo anterior, la Sala observa que los planteamientos del actor no tienen un asidero jurídico, pues aún en los casos que él denomina como “graves o severos”, el sistema de apoyos cuenta con una adjudicación judicial que determinará, con la participación y evaluación de las habilidades de la persona con discapacidad, qué apoyos requiere y cuál debe ser su intensidad (tal como se explicó en el apartado anterior). De tal forma que, ante la imposibilidad de una persona de manifestar su voluntad, a diferencia de un proceso de interdicción, su entorno familiar, así como la autoridad competente, deben analizar los ajustes razonables más adecuados según el acto jurídico que se vaya a perfeccionar. En otras palabras, no se anula la voluntad o preferencias de la persona, sino por el contrario, se examina su contexto familiar, entorno social y se interpreta su voluntad acorde con estos elementos contextuales. 75.  De manera que el nuevo sistema de apoyos que trae la Ley 1996 de 2019 debe analizarse, y particularmente la prohibición de interdicción dispuesta en su artículo 53, bajo las salvaguardas dispuestas en el mismo modelo, así como las normas que generaban algún efecto procesal bajo el sistema de interdicción a favor de la persona con discapacidad. Estas deben entenderse en ese mismo orden, es decir, a la luz del principio de la mejor interpretación de la voluntad de la persona involucrada y a favor de sus derechos fundamentales. De tal forma, la Sala Plena no comparte el argumento del actor que cuestiona que la interdicción contaba con mayores y mejores salvaguardas en asuntos procesales, puesto que los efectos procesales que beneficien a la persona con discapacidad, en la medida en que sean más favorables a sus intereses, deben permanecer vigentes. 76.  Por lo demás, no puede pasarse por alto, que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, además de estar acorde con los lineamientos constitucionales para acceder a prestaciones sociales, es el cumplimiento expreso de una recomendación emitida por el mismo Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a Colombia: “El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión y modificación de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412 (2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”.[170] 77.  En suma, la Sala Plena encuentra que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, además de materializar un estándar internacional que fue acogido por el órgano representativo del pueblo, como lo es el legislador, es constitucional. Conclusiones 78.  El modelo social de discapacidad, incorporado al ordenamiento constitucional interno a través de la Ley 1346 de 2009 la cual aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige derogar todos aquellos mecanismos legales que sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad. En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la República expidió la Ley 1996 de 2019, la cual regula un sistema de toma de decisiones con apoyos y salvaguardias a favor de las personas con discapacidad. Entre otros, deroga la discapacidad mental o intelectual como una incapacidad absoluta del Código Civil. Ahora, a través de un sistema de apoyos y asistencia independiente e interdependiente, las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad legal en igualdad de condiciones. Dado que para la existencia y validez de un acto jurídico se requiere de la capacidad legal y la voluntad de la persona titular, aquellas personas que se encuentren absolutamente imposibilitadas para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, tendrán que actuar bajo una sentencia de adjudicación judicial de apoyos, con las asistencias y respaldos que allí se especifiquen (acorde con los artículos 38 y 39 de la Ley 1996 de 2019), incluso la representación de una tercera persona asignada por el juez (conforme el artículo 48 de la Ley 1996). DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 8 y 19 de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, por ineptitud de la demanda. SEGUNDO: Declarar la EXEQUIBILIDAD de los dos primeros incisos del artículo 6° de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. TERCERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. ALBERTO ROJAS RÍOS Presidente DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Con aclaración de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada Con aclaración de voto GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General ANEXO I – INTERVENCIONES Intervención ciudadana de Andrea Liliana Cortés La interviniente afirmó que la Ley 1996 de 2019 representa un “avance normativo esencial en el camino hacia la autonomía personal, la dignidad, la participación y la vida independiente de las personas con discapacidad, de acuerdo con el estándar internacional establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado colombiano a través de la Ley 1346 de 2009”. Resaltó que la Ley 1996 establece un régimen de apoyos y salvaguardias que permiten respetar la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad. Al respecto, informó que Asdown Colombia cuenta con procedimientos que son exitosos que permiten “gestionar el apoyo para la toma de decisiones (…) de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial”. Añadió que la Ley demandada se encuentra en línea con el enfoque social de la discapacidad “al disponer de mecanismos que permitan a las PcD alcanzar la autonomía e independencia que han reclamado para sus vidas mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica y los medios para expresar y hacer valer su voluntad y preferencias en igualdad de condiciones, permitiendo abrir nuevos horizontes para la participación efectiva de las PcD en la gestión pública, aportando desde su experiencia directa. No debe confundirse la provisión de apoyos con la sustitución de la voluntad. Actualmente predominan planes y proyectos que se diseñan desde la perspectiva médica y terapéutica, sin incluir a las PcD en su diseño ni permitirles formular sus propios proyectos orientados hacia la vida independiente”. Finalmente precisó que no es posible que los consejos de quien presta el apoyo sean más valiosos que la voluntad misma de la persona con discapacidad, porque si eso fuera así, se estaría regresando al régimen anterior con un enfoque médico – rehabilitador. De tal manera, le corresponde al Estado implementar procedimientos y desarrollar técnicas o tecnología para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad. Con base en los anteriores argumentos solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Asociación Colombiana de Síndrome de Down - Asdown Colombia Esta organización solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Al respecto hizo un recuento del trabajo realizado en el marco del proyecto “Toma de decisiones con apoyo y vida en comunidad en Colombia”, el cual fue adelantado por varias organizaciones de la sociedad civil con varias familias de Bogotá y otras 22 ciudades de Colombia. Resaltó que uno de los hallazgos más relevantes es que “una de las mayores barreras que tiene que ver con el acceso al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es la falta de su reconocimiento como personas, con los mismos derechos que cualquier otra que no presenta una discapacidad”. Afirmó que existen creencias y estereotipos que sostienen que las personas con discapacidad no pueden tomar sus propias decisiones y que su situación las hace más vulnerables a engaños, y por estas razones, necesitan de una tercera persona que asuma sus decisiones sin tener en cuenta su voluntad o preferencias. Para sostener esta afirmación Asdown Colombia transcribe una serie de testimonios de personas con discapacidad (de distinto tipo) que, según el interviniente, demuestran cómo los sistemas de sustitución de la voluntad -como lo es el de interdicción-, se convierten en herramientas que niegan el derecho a decidir de las personas con discapacidad. “Con frecuencia, observamos cómo se ignora a la persona con discapacidad y cuando se expresan, son ignoradas sus opiniones y elecciones. Los profesionales en los diferentes ámbitos consideran que no es fácil la comunicación con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que no entienden. Además, suelen manifestar que no saben cómo dar apoyos para la toma de decisiones. Por tanto, consideramos fundamental, desde nuestra experiencia, dar aportes de cómo es posible la toma de decisiones con apoyo para lograr la transición de mecanismos de sustitución de la voluntad a la toma de decisiones apoyadas, cuando la persona con discapacidad lo requiera”. Subrayó que el proceso de interdicción es exigido por varias entidades para conceder prestaciones económicas o cumplir con trámites indispensables a favor de las personas con discapacidad. Por ejemplo, mencionó que en algunas ocasiones se exige la sentencia de interdicción para acceder a la pensión de sobrevivientes, o en otros momentos, hay entidades que para adelantar la expedición de la cédula de una persona con discapacidad también piden la interdicción, sin ni siquiera conocer la situación real del ciudadano. Con base en esto, la organización interviniente resaltó que el régimen de la interdicción se convierte en un obstáculo para el ejercicio de derechos. Adicionó que el sistema de apoyos, en contraste, permite que la voluntad, el consentimiento y las preferencias de la persona en condición de discapacidad sea lo que prevalezca ante una decisión. Conforme a ello, mencionó que la Ley 1996 de 2019 es un desarrollo normativo que obedece a los estándares internacionales establecidos, primordialmente, en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Al respecto señaló: “Es vital conocer quién es la persona, cómo se comunica, cuáles son sus preferencias, cómo toma decisiones, cuál es su red de apoyo. Con este conocimiento se deben determinar los apoyos que necesita y quién o quiénes la van a apoyar en la toma de decisiones. Los apoyos facilitan la toma de decisiones de la persona con discapacidad, de acuerdo con sus preferencias y respetando su voluntad”. Explicó que “el sistema de apoyos consiste en un conjunto de estrategias y acciones que facilitan la toma de decisiones, para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de acuerdo con sus preferencias y respetando su voluntad”. De esa manera, precisó que el apoyo asume un rol distinto, pues se trata de una asistencia que respeta ante todo la voluntad de la persona con discapacidad y no sustituye su actuación. Para conocer las preferencias de una persona con discapacidad, adujo el interviniente, basta con indagar a sus familiares o redes de apoyo, quienes sabrán y conocerán las preferencias para la toma de decisiones conjunta. Explicó que las creencias que estiman que las personas con discapacidad no se saben expresar o no conocen sus preferencias, se sustentan en prejuicios y actitudes discriminatorias que las instituciones públicas deben cambiar. Finalmente, la organización interviniente formuló una serie de acciones que deben realizarse para implementar de manera efectiva el sistema de apoyos que trae la Ley 1996. Al respecto, consideró que existen cinco retos: (i) “reconocer a la persona como individuo social”, (ii) “ubicar a la persona en el centro de todo proceso”, (iii) “conocer a fondo a la persona con discapacidad”, (iv) “identificar los apoyos disponibles y requeridos” y (v) “registrar y formalizar la información en un documento de acuerdo”. Con base en lo anterior afirmó que se parte del todo de los argumentos de las demandas porque “nuestra experiencia vivencial ha sido que estas miradas hacia las personas con discapacidad como seres necesitados, dependientes o enfermos han generado precisamente su exclusión, rechazo, encierro, institucionalización. Las personas con mayores necesidades de apoyo, no con mayor severidad de su discapacidad, han sido mayormente maltratadas y excluidas, lo que va en contra de cualquier normatividad de derechos humanos y atropella la dignidad de las personas. La organización afirmó que por su trayectoria, todas las personas, por más complicada que sea su situación de discapacidad, establecen algún vínculo con sus familiares y precisamente son ellos quienes más conocen a la persona. La Ley 1996 reconoce al círculo de la familia como apoyos para la toma de decisiones, ya no como curadores que sustituyen la voluntad de la persona, sin tenerla en cuenta, sino como garantes de que se tomen las decisiones de acuerdo con sus preferencias y deseos”. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Buenos Aires Sostuvieron que las demandas bajo estudio incurren en errores conceptuales y se sustentan en argumentos contrarios a lo establecido en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Señalaron que la Corte debe reconocer el avance que trajo la Ley 1996 de 2019, pues hacer lo contrario violaría el principio de no regresividad de los derechos humanos. Para sostener esta premisa, los intervinientes describieron el modelo social de la discapacidad y el derecho a la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Luego señalaron que las demandas que se estudian formulan argumentos que son del enfoque médico – rehabilitador sobre la discapacidad. Afirmaron que la pretensión de los demandantes de recurrir a los grados de discapacidad solo muestra que se parte de una concepción de la enfermedad que tiene como objeto restringir derechos en vez de ampliar su ejercicio. En sus palabras; “no es una determinada condición física, sensorial o mental la que define a una persona con discapacidad, sino la rigidez y la falta de adaptación del entorno en el cual está inmersa. Y como la discapacidad es generada por la propia sociedad, los diagnósticos pierden toda importancia. De hecho, si se examina la Convención en su integralidad, podrá observarse que esta no realiza ninguna distinción según la "patología" que tenga la persona. (…) Utilizar los diagnósticos para justificar restricciones en la capacidad legal refleja una concepción extremadamente paternalista e implica un retroceso inaceptable al modelo médico-rehabilitador, violatorio de los derechos humanos y contrario a los estándares internacionales previamente mencionados”. Del mismo modo, resaltaron que es un argumento falaz aquel que invocan las demandas según el cual ciertas discapacidades no pueden comprender sus actos y decisiones, toda vez que esto solo depende del entorno y no de la persona. Adujeron que todas las personas necesitan de diferentes apoyos para tomar decisiones cuya naturaleza no conocen o no comprenden, y esta situación no es solo de las personas con discapacidad, sino de todas. De manera que las personas con discapacidad “también tienen derecho a buscar y a elegir esa asistencia, y a tomar riesgos y a equivocarse como cualquier otra persona”. Según los intervinientes la interdicción se encuentra prohibida por la Convención para los derechos de las personas con discapacidad, pues el artículo 12 dispone el sistema de apoyos. Esto además ha sido ratificado por el Comité de la Convención (Observación General No. 1), el cual ha insistido que el régimen de curadores o guardas sustituye y anula la voluntad de las personas con discapacidad. Además, este mismo organismo advirtió a Colombia en el año 2016 derogar toda disposición del Código Civil que restrinja parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Señalaron que la interdicción, con el objeto de “proteger” a las personas con discapacidad lo que hizo fue sustituir su voluntad y “obligarlas a vivir las vidas de otros”. Afirmaron que “la función del apoyo no es completar la capacidad de la persona ni decidir por ella, sino solo proveerle las herramientas para que pueda vivir y decidir de acuerdo a su voluntad, teniendo siempre la posibilidad de rechazar o reemplazar el apoyo. Por tal motivo, es acertado lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 1996, en el sentido de que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, independientemente de si usan o no apoyos. Los apoyos son un derecho de la persona, no determinan si tiene capacidad jurídica plena o no”. Con base en lo anterior, solicitaron a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Según la organización interviniente, declarar inexequible alguna de las disposiciones del cuerpo normativo señalado implicaría desconocer obligaciones internacionales ineludibles. The Israel Human Rights Center for People with Disabilities Luego de hacer una descripción sobre la labor que desarrolla la organización, afirmó que el nuevo enfoque de la discapacidad exige repensar la figura de la interdicción, la cual reemplaza la voluntad de la persona en condiciones de discapacidad y le permite a un tercero tomar decisiones por ella. Lo que se requiere, con miras a garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, es un sistema de apoyos y asistencias que respete el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de esta población. Con base en lo anterior, la organización interviniente presentó las consecuencias negativas de la interdicción en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Precisó que (i) la interdicción es “inmoral” y desconoce los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, toda vez que la capacidad legal es un atributo de toda persona, el cual no puede ser anulado con base en un diagnóstico médico. Esta situación constituye un trato discriminatorio que restringe sin fundamento el ejercicio de derechos fundamentales. (ii) La interdicción tiene como consecuencia la exclusión y marginalización de las personas en condiciones de discapacidad y de los adultos mayores. Desde la experiencia de la organización interviniente, se ha demostrado que siempre que se asigna un tutor o guardador, las expresiones y voluntades de la persona que se pretende cuidar quedan al margen de cualquier decisión y solo se escucha a su guardador. En los casos de los adultos mayores, se busca el internamiento en asilos. (iii) La interdicción no es una institución que proteja a las personas, sino que tiene como consecuencia la explotación y abuso de los derechos de las personas vulnerables. Alrededor del mundo se ha sabido de casos de fraude y abuso de los guardadores en razón a los poderes ilimitados que tienen sobre la propiedad y las decisiones de las personas que presuntamente cuidan; y (iv) la interdicción acentúa la discapacidad, toda vez que al reemplazar la voluntad y el actuar de la persona que se protege, no se permite a ésta desarrollar habilidades para la toma de decisiones informadas y socializar sus opciones de vida. Al respecto, informó que el Ministerio de Educación de Israel cuenta con un programa especial para las personas con discapacidad que tiene por objeto explicarles herramientas para la toma de decisiones en su vida diaria, permitiéndoles ampliar sus habilidades cognitivas. En contraste de lo anterior, el interviniente señala que el nuevo modelo de “supported decision making”, busca ante todo respetar la voluntad y preferencias de la persona en condiciones de discapacidad o adulta mayor. Para ello, quien presta el apoyo debe explicarle a la persona la situación en la que se encuentra y las opciones que puede tomar, para que sea ella misma quien tome la decisión y no su apoyo. El “soporte” se limita a prestar una asistencia y no toma la decisión.  Lo anterior está conforme con el artículo 12 de la Convención para los derechos de las personas con discapacidad, el cual presume la capacidad legal a todas las personas. El interviniente informó que en los años 2014 y 2015, luego de que Israel ratificara la Convención, se realizó una prueba piloto con varios casos que estaban en régimen de interdicción. Se inició una asistencia a las personas con apoyos e informándoles cada una de sus opciones, conociendo sus preferencias y guiándolas a tomar decisiones. Se implementó en casos de discapacidad sicosocial y muchos terminaron por dejar su guardador por la interdicción. A raíz de este proyecto piloto, en el año 2016 se reformó la ley en Israel y actualmente se cuenta con un sistema de apoyos a favor de las personas con discapacidad y adultos mayores. Colectivo Cuerpos Diversos en Rebeldía de Bogotá – Universidad Nacional de Colombia Afirmaron que rechazan “la idea de que una persona sea declarada interdicta”, pues esto solo genera una sustitución de su voluntad y, por ende, una violación permanente de sus derechos fundamentales. Para sostener esta idea, afirmaron lo siguiente. Un integrante del colectivo, persona con discapacidad cognitiva y que es líder en su localidad por la defensa de los derechos de las personas con autismo, señaló que la Ley 1996 es un avance para garantizar la toma de decisiones autónomas con apoyos, ajustes razonables y facilitadores. Para el colectivo, la interdicción limita de manera dañina la capacidad jurídica de una persona. Además, expresaron que el diagnóstico médico no puede ser determinante para definir el alcance de la capacidad jurídica de una persona, sino que deben existir muchos más factores que representen ante todo su humanidad. Señalaron que en los “casos extremos”, cuando una persona se le dificulta comunicarse, los cuidadores primarios conocen las preferencias de ella y pueden conocer su voluntad en determinados escenarios. Advirtieron que la interdicción generalmente ha sido utilizada para sacar provecho de intereses económicos de terceras personas. El nuevo modelo de apoyo, al presumir la capacidad legal de las personas con discapacidad, permite mayor autonomía en sus decisiones e impide que se cometan fraudes sobre sus decisiones. Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DescLab El Director de Investigaciones de DescLab solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la integralidad de la Ley 1996 de 2019 por los siguientes motivos. Explicó que la tradición jurídica del derecho civil ha abordado la capacidad legal de las personas con discapacidad desde el modelo de la sustracción de la capacidad. Este modelo parte de las siguientes tres ideas: (i) toda persona cuenta con capacidad jurídica como un derecho humano esencial, (ii) las personas que tienen una discapacidad son inferiores a las demás, y con base en un diagnóstico médico, pueden ser tratadas como incapaces y (iii) a raíz de lo anterior, la ley impone la obligación de iniciar un proceso judicial que declare interdicta a la persona con discapacidad para que un guardador o curador proteja sus bienes y tome por ella decisiones. El Comité de la Convención para los derechos de las personas con discapacidad ha establecido que el reconocimiento de la capacidad jurídica es el presupuesto para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. La negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad les impide acceder a otros derechos, como el voto, la patria potestad, los reproductivos y sexuales, entre otros. El interviniente recordó que la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas trajo consigo un nuevo paradigma de la capacidad legal de las personas con discapacidad. El artículo 12 del tratado internacional se reconoce la personalidad jurídica, se presume su capacidad para el ejercicio de sus derechos y se parte de su autonomía para tomar las decisiones que les conciernan.  Según el interviniente este estándar fue acogido por Colombia a través de la Ley 1996: “Este estándar de derechos humanos, y la Ley 1996, llevan a argumentar que es una discriminación que una persona, por el hecho de su discapacidad, vea su capacidad jurídica limitada o sustraída. Ser declarado interdicto y tener un tercero representante para ejercer la capacidad legal es una forma de discriminación y una violación el derecho al igual reconocimiento ante la ley y a la capacidad legal. El reconocimiento de la capacidad legal en igualdad de condiciones "incluye la capacidad de ser titular de derechos y la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser titular de derechos concede a la persona la protección plena de sus derechos por el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho reconoce a esa persona como actor facultado para realizar transacciones y para crear relaciones jurídicas, modificarlas o ponerles fin" Resaltó que el Comité de la Convención ha establecido que no se puede asimilar la “capacidad jurídica” de una persona con la “capacidad mental”, pues se trata de dos conceptos diferentes. Invocar la ausencia de capacidad mental como un diagnóstico médico para restringir o limitar la capacidad jurídica de una persona es un acto discriminatorio. De esa manera debe comprenderse que todas las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y con ello, deben tener los apoyos necesarios y adecuados para poder ejercer su capacidad jurídica en cualquier escenario. En palabras del interviniente: “A diferencia de la sustracción de la capacidad, en donde usando la discapacidad como un criterio prejuicioso y sospechoso, se niega la capacidad legal a las personas con discapacidad para otorgársela a un tercero quien, supuestamente, deberá representarlas y protegerlas; brindar apoyos en la toma de decisiones lleva necesariamente a un grupo plural y diverso de mecanismos de apoyo, con distintas manifestaciones e intensidades y eventualmente la posibilidad a desistir de aquellos que pudieran estar disponibles”. Ante situaciones límite en las que la persona no pueda manifestar su voluntad, debe acudirse al principio de “la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona”. Para el efecto, el interviniente citó la Observación General No. 1 del Comité y advirtió que este estándar internacional había sido acogido por el Estado colombiano con la expedición de la Ley 1996 de 2019. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y constituye una fuente de derecho vinculante y obligatoria en el proceso de adjudicación judicial. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-067 de 2003 y C-469 de 2016) en la que se ha establecido que los cuerpos normativos que hacen parte del bloque tienen igual autoridad normativa que la Carta Política y esto obliga que todos los contenidos de la legislación interna deban obedecer a aquellos preceptos. Según lo anterior, el interviniente afirmó que las observaciones generales del Comité de la Convención son fuente de interpretación relevante para establecer el alcance de los derechos y precisar las obligaciones estatales. Adujo que la Corte Constitucional en la sentencia C-182 de 2016 utilizó como fuente principal para desarrollar los contenidos de la capacidad legal de las personas con discapacidad la Observación General No. 1. Al respectó, el interviniente desarrolló cada uno de los argumentos de la Corte en la sentencia citada y advirtió que el estándar acogido fue conforme con el tratado internacional y las recomendaciones del Comité respectivo. Señaló que “la reciente jurisprudencia de la Corte se ha acercado de diferentes maneras, unas veces ordenando revocar decisiones en donde se desconoció la voluntad manifestada por la persona con discapacidad a quien se le presumió incapaz por el solo hecho de su discapacidad aparente otras veces ordenando a las entidades concernidas "cerciorarse que se le hayan prestado todos los apoyos y se hayan hecho los ajustes razonables para que la persona pueda expresar su preferencia" particularmente en casos de intervenciones quirúrgicas no consentidas por las personas con discapacidad”. Finalmente concluyó que la interdicción no puede ser considerada como una medida de protección para las personas con discapacidad, y en ese sentido, subrayó que la Corte Constitucional no tiene otro camino que declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019, pues esta normativa solo obedece a los parámetros internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia constitucional. Federación de Discapacidad del Valle Afirmó que la Ley 1996 de 2019 debe declararse exequible en su integridad dado que atiende a los estándares internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Advirtieron que esta ley es el desarrollo normativo interno del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como también, del cumplimiento de las obligaciones estatales con relación a este derecho. Además, adujeron que las disposiciones de la Ley 1996 son el desarrollo de imperativos constitucionales como el artículo 13 y 47, los cuales exigen al Estado implementar acciones afirmativas a favor de las personas en condiciones de discapacidad y garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de sus derechos fundamentales. Finalmente hicieron referencia a sentencias de la Corte Constitucional y a las observaciones generales del Comité de la Convención y subrayaron que “(…) los estados tienen un mandato para reemplazar los regímenes basados en la adopción de decisiones sustitutivas por sistemas de apoyo a la adopción de decisiones. Estos últimos se caracterizan por la primacía de la voluntad de la persona con discapacidad, de su autonomía y sus preferencias. Por tanto, los estados no deben negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que deben proporcionarles acceso al apoyo que necesiten para tomar decisiones que tengan efectos jurídicos”. Fundación Arcángeles La interviniente afirmó que los argumentos presentados en las demandas no son claros, precisos ni pertinentes, y en ese sentido, la Corte Constitucional debe declararse inhibida para fallar de fondo. En palabras de la fundación interviniente “(…) los argumentos de los Demandantes no revelan ninguna contradicción entre la Constitución y la norma acusada, sino que simplemente evidencian posiciones subjetivas sobre el entendimiento o interpretación que puede hacerse de la Ley para cada caso en concreto. (…) Por consiguiente, como el móvil que inspira este tipo de acciones no es otro que el de conservar el orden jerárquico legal, limitándose a la simple confrontación normativa, no puede la Corte ni el Accionante entrar a discutir sobre cuestiones o pretensiones particulares, para la cuales la misma ley les ha asignado un juez competente y un procedimiento especial”. Señaló que el hecho de que la Ley 1996 establezca una presunción de capacidad legal y un sistema de apoyos para las personas en condiciones de discapacidad, no desconoce ningún precepto constitucional, sino por lo contrario, desarrolla garantías que la jurisprudencia constitucional ha fijado con sustento en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, precisó que en la medida en que la Constitución no establece una forma concreta para reconocer la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, el legislador no está obligado a mantener la figura de la interdicción como alternativa única. Por el contrario, señaló que acorde con el artículo 12 de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1996 reguló un sistema de apoyos más respetuoso de la dignidad humana y la autonomía de las personas con discapacidad. Según la interviniente, la interdicción anulaba absolutamente la capacidad jurídica de esta población. Fundación Tutelar de les Comarques Gironines (“Support Girona”) Expresó que la Fundación ha realizado labores desde antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sus labores se han concentrado en función de curadores, tutores, defensores judiciales y administradores patrimoniales de muchísimos casos. Por esa razón, tienen experiencia en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en situaciones concretas. Su intervención se dividió en dos partes. La primera se concentró en evaluar los contenidos de la Ley 1996 de 2019 y en establecer que se trata de un marco normativo que da cumplimiento a las obligaciones estatales de la Convención para los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. La segunda parte de la intervención desarrolló argumentos que explicaron cómo se puede superar el “dilema de la diferencia”. A partir de la experiencia de la Fundación, se precisó cómo ante casos de discapacidades psicosociales severas o profundas, el sistema de apoyos puede ser también exitoso a través de medidas y ajustes razonables con cada caso. La interviniente hizo una extensa descripción de los antecedentes y los contenidos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Sobre este instrumento resaltó su enfoque social sobre la discapacidad. En cuanto a la capacidad jurídica, resaltó que se reconoce una capacidad universal, y con ello se supera la separación tradicional de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Se parte de una presunción de capacidad de todas las personas con discapacidad en virtud de los principios de autonomía e independencia. Así, la persona se ubica en el centro de la toma de decisiones que le conciernen “El punto de partida, por lo tanto, es que cualquier persona adulta tiene derecho a tomar decisiones por sí misma (haciendo uso de todos los apoyos, ajustes razonables y medidas de accesibilidad que sean necesarias), lo cual en la legislación civil ordinariamente se refleja como la presunción de capacidad de cualquier persona mayor de edad. Sin embargo, la novedad de la Convención es que tener capacidad jurídica (de goce y ejercicio) es una condición jurídica que no presupone poseer ni carecer de aptitud para realizar un acto jurídico, como por ejemplo para prestar consentimiento en un contrato. La capacidad jurídica y la competencia o capacidad mental para tomar decisiones son dos conceptos distintos como señala el Comité en OG-1 (para. 13) (…) A lo largo de la historia, la capacidad jurídica se ha ido extendiendo a cada vez más colectivos (a las mujeres, a los pueblos aborígenes, etc.), hasta que solo la "capacidad mental" parece una barrera insuperable. La Convención supera este obstáculo y une el binomio capacidad de goce y capacidad de ejercicio (de ahora en adelante hablaremos únicamente de capacidad jurídica, que incluiría a ambas), por considerar que la restricción de la capacidad de ejercicio en base a la capacidad mental de la persona es discriminatoria para las personas con discapacidad pues tiene el propósito o efecto (discriminación directa o indirecta) de restringirles en el ejercicio de sus derechos”. Conforme a lo anterior, se debe presumir la aptitud de la persona para tomar decisiones. En el ejercicio de ello, garantizarle un sistema de apoyos que implica de una asistencia o de unos ajustes razonables, según el contexto, para hacer efectivas sus voluntades. Debe prevalecer la voluntad y preferencias de la persona en condiciones de discapacidad. Afirmó que incluso quienes tienen una discapacidad cognitiva profunda o severa (como lo mencionan las demandas), tienen capacidad para tomar decisiones de acuerdo con su voluntad, y según el contexto, deben implementarse los apoyos adecuados para que se perfeccionen. La Fundación interviniente realizó un análisis de los contenidos de la Ley 1996 de 2019 y concluyó que es el cumplimiento de los estándares del tratado internacional en materia de capacidad de las personas con discapacidad. Posteriormente se refirió a los argumentos de inconstitucionalidad expuestos en las demandas bajo estudio. Señaló que desarrollan argumentos con un enfoque “biomédico” de la discapacidad que es obsoleto en el discurso de los derechos humanos. Manifestó que las demandas se sustentan en estereotipos sobre la discapacidad y confunden el diagnóstico médico con la discapacidad, términos que no pueden ir de la mano en el marco del enfoque social. En palabras del interviniente: “Estamos de acuerdo con los demandantes que cada persona tiene características propias y especiales que las hace diferentes entre sí, pero no podemos estar menos de acuerdo en identificar un diagnostico con una discapacidad. El diagnóstico es una etiqueta médico-clínica que sirve a los profesionales de la medicina para abordar una situación clínica. En cambio, la discapacidad es la situación y/o posición de desigualdad respecto a otras personas en la que se encuentra una persona con un diagnóstico para su igual desarrollo y participación en la sociedad. Desde el modelo social comprendemos que dos personas con un mismo diagnóstico pueden encontrarse en dos situaciones de discapacidad muy diversa dependiendo de los apoyos que tengan en su entorno y de otros factores sociales, económicos, contextuales o ambientales. Partiendo del susodicho enfoque, cabe rechazar de un modo previo la terminología utilizada, particularmente en la demanda de los estudiantes de Manizales, por ser imprecisa y por enmarcarse en un modelo obsoleto y en una acreditada ausencia de conocimientos sobre las enfermedades y diagnósticos a los que se tilda de plenamente incapacitantes”. El interviniente advirtió que las demandas parten de premisas que no tiene sustento en el contenido de la Ley 1996 y que le atribuyen efectos jurídicos futuros que no resultan de su contenido y finalidad. Al respecto, precisó que el artículo 12 de la Convención reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Según el interviniente, este atributo no equivale a la capacidad mental, ni a la aptitud requerida para la realización de un determinado acto jurídico, sino que se trata de dos conceptos distintos que el mismo Comité ha definido. En ese orden de ideas, la presunción de la capacidad jurídica del artículo 6 de la Ley 1996 pretende, en virtud de la dignidad humana, reconocer que las personas con discapacidad tienen, al igual que todas, la capacidad para tomar decisiones de acuerdo con sus preferencias. Lo anterior, no implica que, según el caso, se requiera de un apoyo que les ayude a llegar a su objetivo. Por tanto, este artículo legal está conforme a los numerales 1 y 12 del artículo 12 de la Convención. Por su parte, los artículos 8 y 9 de la Ley 1996 de 2019 son armónicos con lo requerido por el artículo 12.3 de la Convención, puesto que, según el interviniente, según sea el contexto en el que la persona con discapacidad va a tomar una decisión, requerirá de apoyos o de ajustes razonables adecuados. Lo anterior, implica reconocerle ante todo su capacidad de actuar. Restringir el ejercicio de los derechos de una persona con base en una discapacidad es discriminatorio. “Cuando la situación de la persona con discapacidad implique una gran intensidad en los apoyos, porque sufre dificultades cognitivas severas o muy graves, o porque se encuentra en un estado de inconsciencia, de ahí no se deriva como consecuencia necesaria e inexcusable excluir jurídicamente a esa persona de la sociedad, tratándola de absolutamente incapaz. El enfoque de la Convención y que la Ley 1996 de 2019 desarrolla es destinar a esas personas los apoyos precisos para velar por sus derechos y permitir la efectividad de su derecho a la capacidad jurídica. Pese a la dificultad de implementar este mecanismo en situaciones de este género, tanto el Comité como otros muchos Estados Partes han considerado que ni cabe despojar del derecho a la persona con discapacidad, ni cabe concluir que no es posible cumplir con su derecho a los apoyos”. Añadieron que contrario a lo que dicen los demandantes, la Ley 1996 de 2019 sí contempla la protección de casos difíciles de discapacidad y establece la necesidad de que los apoyos y salvaguardias sean mucho más intensas. Señaló que las discapacidades cognitivas severas o profundas tienden a recibir un tratamiento distinto y esta situación afecta el ejercicio de derechos de las personas que tienen estas condiciones. De ese modo, el interviniente consideró que “[l]a pretendida exclusión de este colectivo de la Ley 1996 de 2019 por parte de los demandantes representa una nueva forma de segregación de estas personas y un desafío a las oportunidades que el perfeccionamiento del sistema de apoyos les puede aportar en relación a la exploración de sus preferencias y deseos”. La interdicción es una figura que sustituye el consentimiento y voluntad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, por lo que el sistema de apoyos es más respetuoso de la dignidad humana de esta población. Estableció que el modo de entender la igualdad de los actores (establecida en el artículo 13 de la Constitución Política) es el que provoca la discriminación, toda vez que parte de la base de que las personas con discapacidad cognitiva severa necesitan de un tercero que tome sus decisiones. Contrario a esta posición, lo que pretende la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es poner en el centro de las decisiones a la persona interesada y asignarle apoyos que respetan sus preferencias. Adujeron que el propósito del artículo 12 de la Convención es el de “maximizar las capacidades de la persona con discapacidad”, y por ello, el sistema de apoyos es compatible. Según el interviniente, las salvaguardas son apoyos más intensos para aquellos casos que los requieran. Añadió que el sistema internacional ha recomendado derogar los regímenes de interdicción ya que sustituyen o reemplazan las decisiones de las personas con discapacidad, y en ese sentido, generan situaciones de marginación o segregación. La Convención no “relaja” la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sino que “deja de exigirles como precio la renuncia a sus derechos inalienables”. La organización interviniente terminó su escrito explicando sus actividades en España y las razones por las cuales un sistema de apoyos y asistencia a las personas en condiciones de discapacidad es más proteccionista y efectivo para el goce efectivo de sus derechos. Frente a este punto, resaltó la necesidad de contar con un sistema de servicios de apoyo estructurado desde el Estado que evite la institucionalización de esta población. Profesores Michael Ashley Stein,[171] Cathy Constanzo,[172] Leslie Salzman,[173] Rebekah Diller,[174] Natalie Chin[175] y Kristin Booth Glen[176] La intervención se concentró en compartir la experiencia que se ha tenido en distintos casos relacionados con la interdicción de personas en condiciones de discapacidad y los sistemas de apoyo y asistencia implementados. Afirmaron que (i) la figura de la interdicción perpetua la discriminación de las personas con discapacidad; (ii) favorece las acciones abusivas en contra de los intereses de esta población y (iii) es una figura contraria a la Convención y a las observaciones generales del Comité. Adujeron que en Estados Unidos existen fallos judiciales relevantes en los que se ha revocado sentencias de interdicción, y a cambio, se han implementado programas piloto de apoyos y asistencia que han sido exitosos. También 8 Estados Federales han emitido decretos legislativos con el fin de difundir el uso de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones de las personas en condiciones de discapacidad. Los intervinientes afirmaron que son mayores los resultados positivos de los sistemas de apoyo que las medidas de interdicción, pues los primeros permiten que las persona en condiciones de discapacidad ejerzan su autonomía y prevalezcan sus preferencias. Al respecto, informaron que “en los Estados Unidos las sentencias de interdicción han ocasionado abusos, explotación y disminución de la capacidad funcional de las personas interdictas”. Describieron que la experiencia en Estados Unidos desde los años 80 demostró que los tutores o curadores tomaban decisiones sin consultar a los intereses de las personas que custodiaban. Esto llevó a reformar leyes para limitar el alcance de las facultades de los tutores, pero no se derogó del todo la figura de la interdicción. A pesar de ello, un informe de 2010 emitido por la “Oficina de Fiscalización Federal” (GAO por sus siglas en inglés), evidenció “cientos de casos de abuso físico, negligencia y explotación financiera por tutores entre los años 1999 y 2010”. Se encontró que los sistemas judiciales no monitoreaban a los tutores, pero también, que muchos de los tutores que tenían alguna clase de parentesco con la persona que custodiaban, eran los que más abusos financieros cometían. Igualmente, los intervinientes sostuvieron que “la interdicción de por sí conlleva impactos psicosociales negativos en todas las personas interdictas”. Concretamente, resaltaron los siguientes impactos negativos: (a) limita la capacidad funcional, de salud y de bienestar de la persona, (b) produce aislamiento social, (c) disminución de confianza y aumento de sentimientos de desesperanza, (d) sentimientos de estigmatización social y (e) preocupación sobre los presuntos abusos que puede cometer el tutor sobre sus derechos. Contrario a todos estos impactos negativos de la interdicción, los intervinientes sostuvieron que “los sistemas de apoyos para la toma de decisiones han sido correlacionados con resultados positivos en las vidas de personas con discapacidad intelectual, provocando tendencias judiciales y legislativas que favorecen esta alternativa”. Al respecto, subrayaron que por las evidencias de dos proyectos piloto (con personas con discapacidad intelectual) que se iniciaron por organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, se pudo establecer que los asuntos de salud y de finanzas son en los que más se utilizan los apoyos. Como impactos positivos advirtieron: “(…) los cambios que se evidenciaron en los participantes (…) incluyeron aumentos en orgullo, auto estima, alegría, disponibilidad de probar cosas nuevas, mayor protagonismo con respecto de su propia salud física y mental, mayor iniciativa a ayudar a otros. Más importante, nadie experimentó abuso, negligencia o explotación financiera como resultado de utilizar a apoyos, causando los participantes a pensar que la estructura de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones disminuyen los riesgos que pueden afectar a las personas interdictas”. En suma, lo que se encontró en la implementación de los sistemas de apoyo es que “las personas con discapacidad intelectual se volvieron más capaces de tomar decisiones (…)  los apoyadores mismos se beneficiaron como resultado de su participación en el programa, ya que reportaron haber dado más libertad a las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones, haber observado más autoexpresión y protagonismo por parte de las personas con discapacidad, haber tenido más oportunidades de conversar abiertamente de asuntos importantes y haber sentido menos miedo acerca del futuro de las personas con discapacidad”. Los intervinientes afirmaron que estos hallazgos son consistentes con otros programas de sistemas de apoyos a nivel comparado. Para ello citan los casos de Bulgaria, Israel y Australia, en los que se encontró que las personas en condiciones de discapacidad bajo un régimen de apoyos son más autónomas, desarrollan habilidades en la toma de decisiones y aumentan su autoestima, entre otros factores. Finalmente, los intervinientes se refirieron a la reticencia que se ha generado en los jueces estadounidenses para imponer la interdicción. Señalaron que a pesar de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las evidencias en estudios científicos y académicos ha generado un cambio en la toma de decisiones judiciales. En los últimos años, los jueces han preferido revocar interdicciones o realizar acuerdos de apoyos a favor de las personas en condiciones de discapacidad intelectual. Para el efecto, adjuntaron una tabla de decisiones judiciales de la ciudad de Nueva York en la que ha prevalecido el sistema de toma de decisiones con apoyo. Human Rights Watch Luego de referirse al paradigma social de la discapacidad acogido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de describir los contenidos de este tratado internacional, afirmó que la Ley 1996 “cumple con todos los estándares establecidos”. Resaltó que la Convención no realiza distinciones entre las personas con discapacidad, pues todas tienen los mismos derechos. Adicionó que diferenciarlas y establecer grados para el acceso o goce de derechos implicaría retomar el modelo médico o rehabilitador, el cual es contrario al principio de igualdad y no discriminación. Por otra parte, resaltó que no es adecuado confundir la capacidad jurídica con la capacidad mental o las aptitudes intelectuales de una persona. Al respecto precisó que la primera implica ser titular de derechos y obligaciones y tener la capacidad para ejercerlos (legitimación para actuar). Mientras que la segunda, la capacidad mental está referida a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, la cual varía según las personas, los contextos y las materias sujetas a decisión. Señaló que la Ley 1996 atiende a los principios establecidos en el tratado internacional y contempla los casos difíciles (por ejemplo, el artículo 38), en los que establece la identificación de apoyos más intensos - con la intervención de un juez- para la toma de decisiones. Además, la misma ley establece salvaguardias para proteger de abusos o fraudes a las personas en condiciones de discapacidad. La organización interviniente informó que ha documentado casos en Croacia, India y Brasil en los que las personas con discapacidad intelectual o cognitiva fueron confinadas en lugares e instituciones de cuidado por sus tutores. También se presentaron casos de abusos en asuntos financieros y económicos. Resaltó que “El término "discapacidades severas" es un concepto impreciso e intrínsecamente arbitrario: no tiene un significado claro y constituye un intento subjetivo de crear una categoría de personas a las que se puede privar de su autonomía y derechos. La CDPD protege a todas las personas con discapacidad, "incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso", con independencia de su supuesto grado de impedimento".” Finalmente, afirmó que a pesar de que existen defensores de la figura de la interdicción por ser “más protectora” de los derechos de las personas con discapacidad, la realidad y la experiencia demuestran que las pone en grave riesgo de abuso. De tal forma, en el marco de un modelo social de discapacidad debe prevalecer un sistema de toma de decisiones con apoyo. Instituto Nacional para Ciegos – INCI El Director General del INCI, el señor Carlos Parra Dussán, señaló que la Ley 1996 derogó todo el régimen de interdicción de las personas en condiciones de discapacidad, y con ello, afectó el régimen de guardas. El interviniente precisó que el fin de la Ley es que las personas con discapacidad mayores de edad expresen su voluntad de manera directa o a través de apoyos. A pesar de ello, precisó lo siguiente: “No obstante, lo anterior, al presumirse de una persona con discapacidad la plena condición de obligarse por sí mismo, sin apoyo alguno, también debe advertirse que, no todas las personas tienen la misma capacidad de obligarse, por lo menos, de una manera coherente, por lo que, independientemente de la lógica con la que se obligue el sujeto, de su actuar se desprenderán consecuencias de tipo jurídico, que definitivamente afectarán favorable o desfavorable su existir. Por ello, considera el Instituto Nacional para Ciegos INCI, que se debe establecer con mayor claridad, el tipo de discapacidad presente en el sujeto de derechos, lo anterior, a efectos de determinar la capacidad de interactuar y tomar decisiones con o sin apoyos, con el fin de asegurar que la persona con discapacidad realice actos jurídicos que no lo perjudiquen.” Al final, afirmó que la modificación que hizo la Ley 1996 de 2019 a la Ley 1306 de 2009, relativa a eliminar el régimen de guardas, pone en situación de desventaja y desprotección a las personas con discapacidad. Instituto Jo Clemente Según la organización interviniente, desde su experiencia “la interdicción no protege ni garantiza los derechos de las personas con discapacidad, sino, por el contrario, sirve como herramienta para la práctica de diversas violaciones de derechos”. En sus palabras explicó: “En este monitoreo, el IJC encontró que en más del 90% de los casos, la persona con discapacidad nunca utilizó la sentencia de interdicción para ningún propósito, excepto para demandar a beneficios de naturaleza de bienestar y / o seguridad social. Sus relatos apuntan, por el contrario, a casos de abuso financiero, limitaciones al derecho de ir y venir; prohibición de acceso al trabajo; imposición de tratamientos involuntarios; esterilizaciones no consentidas; así como casos de violencia y abuso por parte de curadores”. Adicionó que la organización cuenta con un programa de “autodefensoría” para las personas en condiciones de discapacidad intelectual o cognitiva, a través del cual las incentivan a conocer y expresar sus preferencias, así como, a comprender sus de derechos y deberes. El interviniente hizo referencia a varios testimonios y a un video en la plataforma de Youtube en el que se muestra cuáles son los avances de estos programas dentro de la organización. Además compartió la experiencia de casos de personas con discapacidad intelectual. Por otra parte, afirmó que el paradigma social de la discapacidad, asumido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presume la capacidad legal de esta población. Esta capacidad debe ser entendida desde la óptica de la titularidad de derechos y obligaciones, como desde el ejercicio y goce pleno de los derechos. Para el efecto, citó las observaciones generales del Comité de la Convención. Resaltó la obligación que tienen los Estados de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar apoyos y salvaguardias para el efectivo ejercicio de la capacidad legal. Adujo que la decisión de constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019 debe tener en cuenta los principios de la norma más favorable a la persona y la prohibición de retroceso. En ese orden de ideas, según la organización interviniente, la normativa interna cumple con los estándares internacionales, los cuales solo pueden ser fortalecidos y evitarse medidas regresivas. De modo que solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Juanita Goebertus, Representante a la Cámara por Bogotá La Representante solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la integridad de la Ley 1996 de 2019. Para el efecto, afirmó que la Ley demandada se encuentra en línea con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, instrumento internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad. En primer lugar, la Representante se refirió al cambio del paradigma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Describió el régimen de interdicción originalmente dispuesto en el Código Civil y el proceso de jurisdicción voluntaria que debía adelantarse para declarar a una persona interdicta. Al respecto, subrayó el hecho de que ni siquiera se requiriera la comprobación del interés del demandante -la persona en condición de discapacidad- para iniciar el proceso. La persona no tenía si quiera una garantía de participación efectiva en el procedimiento y el juez tenía amplias potestades oficiosas para determinar la interdicción y las formas de curaduría o tutoría. En segundo lugar, la Representante señaló que en respuesta de aquel paradigma, surgió un modelo de capacidad plena y apoyos para la toma de decisiones de las personas en condiciones de discapacidad. Este nuevo paradigma proviene del enfoque social de la discapacidad, que plantea que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras que ésta encuentra en su entorno. Este nuevo enfoque fue el recogido por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y ha sido reconocido también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Según la interviniente, este modelo presume la capacidad legal de las personas con discapacidad pues “contempla que los ajustes razonables para esta situación se traducen en apoyos para que las personas con discapacidad expresen su voluntad y tomen decisiones”. Al respecto precisó: “Los sistemas de apoyo deben ser individualizados y son (i) centrados en las personas, (ii) basados en un diálogo entre el receptor y quien da el apoyo; (iii) orientados a promover la inclusión y la igualdad de la persona que los recibe; y (iv) basados en información, es decir conformes a la valoración que se hace a cada persona. No es posible establecer categorías amplias y fijas para definir grados de capacidad mental y derivar de ellas la capacidad jurídica, pues como mostraré más adelante, son conceptos independientes que requieren de valoraciones particulares. Los apoyos se clasifican de acuerdo a la intensidad que se determina teniendo en cuenta las necesidades de las personas (…)”. Según la interviniente, hay sistemas de apoyo intermitentes, limitados, extensos o generalizados según las necesidades de cada persona. La Ley 1996 de 2019 recoge estos estándares dentro de su normativa y establece la autonomía de las personas como un fundamento esencial. Con base en jurisprudencia constitucional, la Representante advirtió que “(…) una limitación a la autonomía personal que se fundamenta en una aproximación paternalista y decimonónica no es coherente con los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad, y libre desarrollo de la personalidad. Así, mantener un régimen que atenta contra la autonomía al negar la personalidad jurídica a las personas con discapacidad, en lugar de ofrecer medidas menos lesivas opta por la que anula el derecho (la interdicción) y, en consecuencia, no supera bajo ninguna óptica el elemento de necesidad de un juicio de proporcionalidad. En lugar de permitir la privación de la capacidad jurídica de las personas, un Estado moderno debe ofrecer los mecanismos necesarios de apoyo y ajustes para que todas las personas, sin distinción alguna puedan desarrollar su proyecto de vida”. Adujo que las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de especial protección constitucional, lo que exige por parte del Estado, tomar las acciones necesarias para evitar exclusiones o discriminaciones y asegurarles su plena realización como individuos autónomos. La capacidad jurídica es un derecho que debe ser reconocido a esta población, con el fin de que puedan tomar sus decisiones sin ninguna limitación. Al respecto, la interviniente hizo referencia al contenido del artículo 12 de la Convención, así como a lo desarrollado por el Comité del mismo instrumento. En tercer lugar, con base en lo anterior, la Representante afirmó que la Ley 1996 de 2019 es el cumplimiento normativo de los estándares internacionales. Este nuevo régimen “ofrece garantías para que las personas con discapacidad expresen y vivan según su voluntad mediante sistemas de apoyos para la toma de decisiones. Los apoyos y las salvaguardas, precisa la ley, deben estar acorde a las necesidades de cada persona y dependen exclusivamente de las valoraciones que haga el personal experto sobre la intensidad de los apoyos que requieren”. A continuación, la Representante presentó un cuadro comparativo para demostrar cómo la Ley 1996 de 2019 cumple con cada uno de los contenidos del artículo 12 convencional. Finalmente, con relación a los artículos demandados, la interviniente sostuvo que los argumentos de los demandantes parten de premisas erróneas. Señaló que “Al mantener la distinción entre capacidad absoluta y capacidad relativa omiten que, conforme a la CDPD, la capacidad jurídica es un derecho que se predica de todas las personas pues no depende de la capacidad mental; es decir, bajo ese modelo, la distinción entre capacidad absoluta y capacidad relativa deja de tener vigencia porque lo que varía es la intensidad de apoyos requeridos para ejercer la capacidad jurídica, que está dada por la capacidad mental, pero que de ninguna manera altera el reconocimiento del derecho. El derecho lo tenemos todos, pero las medidas para ejercerlo son diferenciales”. Explicó que la capacidad mental y la capacidad jurídica son términos diferentes, y la última se presume de todas las personas. Los demandantes confunden los conceptos, interpretan de manera aislada los contenidos de la Convención y presumen que las personas con discapacidad son incapaces para tomar sus decisiones y que requieren siempre de un tercero que las tome por ellos. Adujo que los actores también sostienen que los sistemas de apoyo son insuficientes sin tener en cuenta que estos dependen de su valor individualizado y su intensidad según el caso, de manera que concluyó que “los argumentos de los demandantes parten de un supuesto equivocado pues al considerar que la medida idónea para proteger a las personas con discapacidad es la interdicción, desconocen el fundamento de la CDPD que es el reconocimiento de los derechos de esa población en condición de igualdad a las demás personas”. Advirtió que el hecho de que las personas sean sujetos de especial protección constitucional no implica que deban tomarse medidas paternalistas sobre ellas, si no que esto exige tomar medidas en igualdad de condiciones y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. En ese sentido, la interdicción no es un mecanismo viable, pues “le quita a la persona la facultad de decidir sobre sus propios asuntos y la reduce a una situación donde sus preferencias y deseos están supeditados a un tercero”. Señaló que a diferencia de lo que afirman los demandantes, la Ley 1996 de 2019 prevé mecanismos para los casos más intensos como lo es la adjudicación judicial de apoyos establecida en el artículo 38. Finalmente, la interviniente adujo que los demandantes no aplican bien el juicio de proporcionalidad. Al respecto, explicó que el análisis que hacen del artículo 6° sobre la presunción de capacidad es errado pues desconoce que conforme a los tratados internacionales y la Constitución Política, la capacidad es un atributo que se reconoce de forma iguala todas las personas. Además, los demandantes no comprenden que los apoyos son para asegurar el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica, no para ser titular del mismo. Concluyó que la posición de los demandantes es contraria al modelo social de la discapacidad y recordó que el Estado debe tomar medidas a favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero éstas no pueden ser paternalistas ni invadir las esferas de acción y decisión de las personas. Afirmó que “la existencia de casos en los que las personas no pueden expresar de ninguna manera su voluntad y consentimiento no debe ser el racero mediante el cual se regule la situación del resto de personas, pues conduce a las medidas más restrictivas de derechos”. Lucila López, (ciudadana con nacionalidad argentina amicus curiae) Afirmó que la Ley 1996 de 2019 obedece a los estándares internacionales de la discapacidad desde un modelo social. Para la interviniente la figura de la interdicción es una sustitución de la voluntad y una “violación de derechos”. Expresó que la interdicción responde a un “estigma” social sobre las personas con discapacidad psicosocial que les impide ejercer sus derechos de manera óptima. Se refirió a los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial y adujo que es una violación a la dignidad humana y a la autonomía imponerles las decisiones de otros que se consideran “tutores” bajo el régimen de la interdicción. Con sustento en lo anterior, solicitó declarar la constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019. Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad La Relatora, con el fin de contribuir al debate constitucional, allegó copia del informe sobre el derecho a la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo (A/HRC/37/56) presentado en el 37° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Según la Relatora “dicho informe tiene por objeto prestar orientación a los Estados sobre cómo garantizar el derecho de las personas con discapacidad al igual reconocimiento de su capacidad jurídica”. Sociedad y Discapacidad En representación de la ONG peruana denominada Sociedad y Discapacidad – Estudios, Asesoría e Integración de la Persona con Discapacidad, las señoras Pamela Solanch Smith Castro, Directora Ejecutiva, y Mariana Lucía Burgos Jaeger, Asistente Legal de la ONG, presentaron su intervención con el fin de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019. En primera medida, señalaron que la ONG trabajó junto con otras organizaciones en la Comisión Especial Revisora del Código Civil, en la que se debatió el tema relacionado con el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y se elaboró la propuesta legislativa de reforma del Código Civil Peruano. Dicha iniciativa sirvió como base para la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo 1284, en aras del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Con fundamento en ello, consideraron necesario ofrecer a la Corte Constitucional unos elementos de juicio e información que podían ser útiles al momento de emitir el fallo, los cuales se expondrán a continuación. Las intervinientes propusieron cuatro preguntas a las que dieron respuesta, con base en su conocimiento y experiencia. A saber: (i) ¿Por qué la ley se ajusta a las obligaciones internacionales de Colombia bajo la CDPD (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) ?; (ii) ¿Por qué debe garantizarse la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad independientemente de la gradualidad de la deficiencia?; (iii) ¿Cómo responde el nuevo modelo de capacidad jurídica a los argumentos expuestos en las demandas?; y (iv) ¿Qué trajo la reforma peruana? Implementando un modelo de apoyos que desplazó la interdicción civil. Respecto de la primera pregunta, en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, indicaron que, gracias a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante la CDPD –, se ha generado un cambio en la conceptualización de la discapacidad y el reconocimiento de los derechos de este grupo de personas. En efecto, indicaron que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que el referido tratado “constituye un cambio paradigmático de actitud que va de la percepción de las personas con discapacidad como objetos de la caridad, del tratamiento médico de la protección social, a la de sujetos de derechos capaces de reclamar esos derechos como miembros activos de la sociedad”[177]. Por su parte, las intervinientes sostuvieron qué la discapacidad es “una categoría social resultante de la interacción entre una persona con deficiencias (físicas, sensoriales, intelectuales y mentales) y barreras sociales que limitan su participación (incluidas las barreras en el entorno y las barreras actitudinales); no una característica inherente de las personas que implique únicamente un quehacer médico-asistencial”[178]. A partir de dicha definición, observaron que el abordaje de la capacidad jurídica no debe hacerse únicamente desde el derecho privado, fundamentalmente el derecho civil, sino que también debe hacerse desde una lectura contemporánea que tenga en cuenta los estándares de derechos humanos. Así, a la luz de ese paradigma, señalaron que “se ha derrotado la noción de que la titularidad de la capacidad jurídica pueda seguir supeditada a rasgos vinculados a la racionalidad o 'capacidad mental'; pues esta percepción afecta fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. En ese sentido, el rol del derecho es delimitar un nuevo marco de fundamentación de derechos cuyos postulados no desconozcan las particularidades que entraña la diversidad humana”[179]. Ahora bien, resaltaron que los Estados Parte de la CDPD se encuentran obligados, mediante su artículo 12, a reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, a tomar las medidas necesarias para garantizarles los apoyos requeridos, así como también las garantías que lleguen a necesitar al ejercer su capacidad jurídica y adoptar medidas legislativas y administrativas para materializar sus derechos. En su opinión, el Estado colombiano ha cumplido con aquellas obligaciones mediante la aprobación de la Ley demandada. Afirmaron que la discapacidad de una persona no puede ser la razón para negar su capacidad jurídica, así como tampoco para tratarla de manera diferente a comparación con los demás. Señalaron que, en su criterio, la respuesta adecuada para este caso desde un enfoque de derechos debe enfocarse en descubrir cuáles son los apoyos requeridos por las personas con discapacidad para que puedan hacer efectivos sus derechos. De hecho, resaltaron que el modelo de apoyos no se encuentra dirigido a limitar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, sino a potenciarla en función a sus necesidades. Al respecto, indicaron que este modelo fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1996 de 2019, pues se previó que una persona con discapacidad puede recibir ayuda para la toma de decisiones sin renunciar por ello al derecho a tomar sus propias decisiones, lo cual se denomina capacidad de ejercicio. Agregaron que este modelo de ayudas se diferencia al tradicional sistema de sustitución de la voluntad, materializado a través de figuras como la de la tutela o la curatela, por cuanto este último busca limitar el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, para situarlo fuera de la propia persona, a través de un tutor o curador. Aseveraron que, en definitiva, el Estado colombiano ha cumplido los compromisos asumidos a través del CDPD, apostando por el reconocimiento igualitario de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, “eliminando el régimen de interdicción o inhabilitación, y desarrollando diferentes e integrales formas de apoyo y disponiendo una serie de salvaguardias”[180]. Estimaron que el modelo de apoyo implementado mediante la ley demandada es armónico con el respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por tener como características principales a las siguientes: (i) “[l]a voluntariedad del apoyo: su nombramiento no puede efectuarse en contra de la voluntad de la persona con discapacidad y esta última puede rechazarlos”; (ii) “[e]l ejercicio de la capacidad Jurídica no puede subordinarse a una previa designación de apoyos”; y (iii) “[l]a actuación de los apoyos debe obedecer la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, no lo que a criterio de un tercero puede ser el mejor interés de la persona”[181]. Resaltaron que dicho modelo es aplicable a una gran variedad de situaciones, incluso en aquellas en las que sea difícil determinar la voluntad de las personas asociadas a diagnósticos severos. En suma, sostuvieron que la Ley demandada ofrece mayores posibilidades y facilidades para el diálogo y la deliberación de las personas con discapacidad con las respectivas autoridades o funcionarios. Asimismo, consideraron que el reconocimiento igualitario del derecho va acompañado de las medidas adecuadas para procurar que: (i) las referidas personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas; (ii) se les garantice el respecto a su voluntad y preferencias; y (iii) no exista ningún tipo de abuso o conflicto de interés. En relación con la segunda pregunta, las intervinientes aseguraron que la obligación del reconocimiento igualitario se encuentra justificado en los principios de autonomía, de igualdad de oportunidades y de no discriminación, consagrados en los artículos 3 de la CDPD y 4 de la Ley 1996 de 2019. Sobre este punto en particular, expusieron que la autonomía es un valor que se asocia a la dignidad humana, que debe entenderse como “un espacio libre o sin restricciones para la acción voluntaria basada en la conciencia y las elecciones libremente adoptadas”[182] y que cuenta “con dos dimensiones principales: i) como capacidad de decisión: escoger por propia voluntad acerca de querer o no algo; y ii) como oportunidad de ejercer la capacidad de decisión: esto es, externalizar la elección interna contando con la posibilidad de llevar a cabo la voluntad”[183]. Al respecto, afirmaron que el modelo de asistencia o apoyo busca garantizar el desarrollo de la autonomía y procurar un trato igualitario entre este grupo de personas y el resto de la población. A su parecer, este modelo es el idóneo para garantizar y respetar el principio de autonomía y el derecho a la igualdad. Ahora bien, estimaron que las barreras en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tales como requisitos, como los de probar una voluntad calificada y existir poca probabilidad de errar, y las prohibiciones derivadas de la figura de la interdicción, son producto de la discriminación estructural e histórica. Partiendo de lo anterior, indicaron que la CDPD busca asegurar un esquema de igualdad que elimine los supuestos de discriminación y que transforme las estructuras y sistemas anteriores. Agregaron que ese es el parámetro con base en el cual debe interpretarse el artículo 12 de la CDPD y que esa fue la fórmula propuesta por la reforma colombiana, al contemplar medidas de accesibilidad, apoyos y salvaguardas que permitieran construir un esquema de igualdad transformativa. Como consecuencia de ello, gracias a la ratificación de la CDPD y de la expedición de la Ley 1996 de 2019, todos los colombianos con discapacidad se encuentran legalmente en igualdad de condiciones frente a los demás para ejercer su capacidad jurídica, contando con el acceso a los apoyos que necesiten y las salvaguardias correspondientes, garantizadas por el Estado. De otra parte, respondiendo a la tercera pregunta planteada, las intervinientes afirmaron que “[l]os derechos no pueden ser atribuibles a supuestas capacidades o condiciones médicas estandarizadas (…) La capacidad no es una categoría dicotómica (se tiene absolutamente o no se tiene nada); en realidad, pueden existir variables en la capacidad de tomar distintos tipos de decisiones, en lugar de que la menor capacidad signifique la remoción del derecho, se pueden pensar en apoyos de diferentes intensidades que permitan viabilizar esa voluntad”[184]. Compararon las exigencias impuestas a las personas con discapacidad frente a las de los demás, para resaltar que “a cualquier ciudadano se le permite elegir entre diversas opciones en cada momento de su vida, con altas posibilidades de error”[185] y, por el contrario, a las personas con discapacidad se les obliga “a probar que su voluntad es calificada que los riesgos de tomar una decisión errada serán bajos para que se les permita elegir por sí mismos. De no lograrlo, se les impone un sistema de representación o sustitución en la toma de decisiones a través de instituciones como la interdicción o la curatela”[186]. Así, señalaron que de conformidad con el artículo 12 de la CDPD no es admisible ningún tipo de valoración que mida el funcionamiento mental a partir de las destrezas y habilidades individuales, pues ello involucraría la existencia de un paradigma biomédico que es rechazado por el referido tratado. En su opinión, el modelo de apoyos y el artículo 12 de la CDPD ofrecen una solución legal que respeta los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al implementar medidas de accesibilidad y/o ajustes para obtener la voluntad de estas personas; contrario sensu, se descarta la posibilidad de que la dificultad en entender la voluntad de este grupo de personas sea entendida como un motivo razonable o suficiente para prescindir de ella o invalidarla. Lo anterior, por cuanto “[l]a capacidad jurídica de todas las personas es -independientemente de las deficiencias- una garantía a su autonomía y libertad, e implica a la vez, la efectividad de otros derechos humanos y libertades fundamentales, que bajo el principio de dignidad, como valor inherente a las personas, nos corresponden”[187]. Explicaron que, a pesar de que las restricciones que se han hecho a la capacidad jurídica se han justificado por la existencia de un interés de proteger a las personas, en la práctica se ha puesto en evidencia que esa figura protectora ha legitimado situaciones de abuso, conflictos de interés, internaciones forzosas y privaciones a la libertad, así como también la consecuente restricción en el acceso a la justicia. De ahí, concluyeron que la remoción de este derecho y la delegación de la toma de decisiones respecto de todos los ámbitos de la vida de una persona a otra, más allá de cumplir con el fin deseado (protección) ha generado afectaciones graves. De otra parte, aseveraron que “[l]a interdicción no constituye una acción afirmativa ni garantiza la protección de los derechos de las personas con discapacidad”[188]. Estimaron que la figura de la interdicción por motivos de discapacidad es una medida discriminatoria, habida cuenta que hace una diferenciación que no encuentra sustento en causas objetivas, razonables ni proporcionales. Aquella afirmación fue justificada bajo las siguientes razones: (i) la interdicción busca proteger la vida, integridad, bienestar y administración de bienes de una persona, no obstante “no resulta idónea para este fin, puesto a que la anulación de derechos de una persona no es correspondiente con el intento de protección de la misma o su entorno. No le otorga ninguna seguridad ni facilidad para su autoprotección ni a terceros, sino por el contrario, termina con las posibilidades de denunciar cualquier de (sic) tipo de maltrato o engaño que pueda sufrir la persona con discapacidad”[189]; (ii) la interdicción no es una medida necesaria, toda vez que existen otras opciones legales, como el modelo de apoyos combinado con mecanismos de salvaguardias, que son más idóneas para proteger a las personas con discapacidad; (iii) al hacer un test de proporcionalidad, se puede comprobar que “retirar la capacidad jurídica de una persona para asignarla a otra en su lugar no era una medida que realizara por sí misma un fin de protección al bienestar de la persona en cuestión, por el contrario la exponía a abusos y la discriminaba directamente”[190]; y (iv) “confundir «capacidad jurídica» con «la capacidad mental» y negarle a una persona 'con menor capacidad mental' tomar decisiones o ejercer su capacidad de obrar, es un acto discriminatorio fijado por una valoración subjetiva de la capacidad mental de personas con discapacidad solo por tener dicha discapacidad”[191]. Finalmente, en respuesta al cuarto interrogante, las intervinientes señalaron que, al haber implementado el modelo de apoyos que desplazó la interdicción civil, la reforma peruana trajo los siguientes cambios: (i) Se reconoció la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esto es, su derecho a tomar decisiones libres y voluntarias, de acuerdo con los estándares de la CDPD. En este sentido, las figuras de la curatela e interdicción fueron eliminadas y el acceso a la figura de apoyos y salvaguardas se están regulando voluntariamente. (ii) Se establecieron dos vías para designar apoyos y salvaguardas, a saber, la notarial y la judicial. Cuando una persona con discapacidad, mayor de edad y posibilitado a manifestar su voluntad, considere pertinente designarse apoyos para facilitar el ejercicio de sus actos que producen efectos jurídicos, podrá disponer de cualquiera de las dos vías. En esos casos tanto los notarios como los jueces “se obligan a otorgar las medidas de accesibilidad y ajustes razonables con la finalidad de conocer la voluntad durante el trámite o proceso de designación de apoyos y salvaguardias”[192]. Cuando se trate de una persona que no puede manifestar su voluntad o cuenta con capacidad de ejercicio restringida (ej. Una persona en estado de coma), la designación procede sólo por vía judicial. “En estos casos se debe actuar, en función a obtener la mejor interpretación posible de la voluntad, las preferencias y atender a la trayectoria de vida; recabando información de familiares, amigos, terceros interesados; para designar al apoyo o apoyos según; la relación de convivencia, confianza, amistar, cuidado, o parentesco que exista entre ella o ellas, con la persona que requiere el apoyo y atendiendo a los alances y/o facultades que sean necesarias para el caso en concreto”[193]. (iii) Se creó un sistema flexible de salvaguardias, esto es, la persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias. Asimismo, la persona que designa el apoyo puede determinar las medidas de salvaguardia que desee, de tal forma que se garantice un amplio margen de participación y de mayores posibilidades de encontrar las salvaguardias oportunas y adatadas a cada caso concreto. (iv) Se expidieron unos reglamentos que establecen las pautas de implementación. En otras palabras, si bien se inicio la reforma peruana con el Decreto Legislativo 1384 de 2018, ésta ha sido complementada con unos reglamentos los cuales establecen: (i) “cómo será el proceder de los jueces en los casos que traten la ejecución de sentencias de interdicción o vean estos procesos en trámite”[194]; y (ii) “las formas de designación de apoyo a nivel notarial y judicial, como también la forma de determinación de la existencia de voluntad y de la mejor determinación de la misma de las personas con discapacidad que no puedan formularla”[195]. (v) Se implementó una estrategia de capacitación a los diversos actores en todos los niveles, para asegurar una adecuada transición hacia el sistema de apoyos. Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú Los señores Renata Anahí Bregaglio Lazarte, Jefa de la Oficina de Responsabilidad Social, Docente del Departamento de Derecho y Coordinadora de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos, Renato Antonio Constantino Caycho, Docente del Departamento de Derecho, y Paula Lucía Camino Morgado, egresada de la Facultad de Derecho y representante de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos, presentaron intervención en representación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019 y se instara a las entidades del Estado a asegurar su cabal cumplimiento. Señalaron que su Clínica Jurídica ha estado vinculada al proceso de reforma del Código Civil peruano, acompañando el trabajo de la Comisión Especial Revisora del Código Civil y que su coordinadora inclusive elaboró un Anteproyecto para la misma. Igualmente, indicaron que han participado en reuniones convocadas por el consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y el Poder Judicial, para elaborar los reglamentos derivados de la reforma y capacitar a jueces, otros servidores públicos y a la sociedad civil para su aplicación. Partiendo de la experiencia y conocimiento que tienen sobre el tema, los intervinientes afirmaron que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 cumple con las obligaciones emanadas del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y consideraron que los demandantes hicieron una lectura errónea e incompleta del articulado de la Ley, con base en los siguientes argumentos. Luego de hacer una síntesis de los cargos expuestos por los demandantes, los intervinientes aseveraron que los demandantes confundieron las obligaciones derivadas del artículo 12 de la CDPD. A su parecer, este artículo establece tres obligaciones distintas, a saber, la obligación de: (i) “reconocer la plena capacidad jurídica de toda persona con discapacidad y otorgar validez jurídica a su voluntad (inciso 2)”; (ii) “contar con un sistema de apoyos que podrá o no ser utilizado por las personas con discapacidad, para facilitar la comunicación de dicha voluntad (inciso 2)”; e (iii) “implementar salvaguardias que eviten los abusos y conflictos de interés (inciso 4)”[196]. Al hacer un análisis de dichas obligaciones, indicaron que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – en adelante el Comité PCD – ha sido enfático en afirmar que la prohibición de restringir la capacidad jurídica por motivo de discapacidad es absoluta y, por ello, sostuvieron que es incorrecto plantear, como lo hacen los demandantes, que las personas con discapacidades mentales severas deban estar sujetas a un régimen de capacidad jurídica diferenciado. Opinaron que reformas como la llevada a cabo e Perú, así como también la colombiana, obligan a reconfigurar la forma en que se debe entender el concepto de “voluntad” en el Derecho. Resaltaron que, en vez de asumir que ciertas personas con discapacidad no pueden ejercer su capacidad jurídica, tal y como lo plantean los demandantes, se debería desarrollar mecanismos para permitir a estas personas manifestar su voluntad y actuar conforme a ella. Agregaron que el Comité PCD sostuvo que el artículo 12 de la CDPD “no permite negar la capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se proporcione apoyo en su ejercicio”[197]. Por consiguiente, los intervinientes concluyeron que la pretensión de los demandantes de mantener un sistema de reconocimiento de la capacidad jurídica ligado a la capacidad mental, que acepta distintos derechos en función del grado de discapacidad, “no resulta compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano”[198]. Por otro lado, consideraron que los demandantes presentaron un argumento errado, por partir de una comprensión equivocada de la función de los mecanismos de apoyo, al afirmar que al permitir que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica sin la participación de un apoyo, se están afectando la igualdad material y el mandato de protección, derivados de la Constitución Política y de la CDPD. Sobre este punto en particular, aclararon que “los apoyos se entienden como mecanismos facultativos diseñados o designados para facilitar la formulación y comunicación de la voluntad de una persona al momento de tomar una decisión que genere efectos jurídicos. Estos apoyos para la toma de decisiones pueden tomar diversas formas, como el apoyo de pares, apoyos naturales, o redes de apoyo comunitario. En los términos del Comité de Personas con Discapacidad (Comité PCD), la figura del apoyo ‘debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas’. En el caso colombiano, en virtud de la Ley 1996 de 2019, los apoyos pueden ser personas naturales o jurídicas, designadas mediante acuerdos de apoyo (artículo 15), directivas anticipadas (artículo 21), procedimientos de jurisdicción voluntaria o procesos sumarios (artículo 32)”[199]. Aclararon que el rol del apoyo no es el de sustituir ni validar la voluntad de la persona con discapacidad, ni tampoco habilitar la celebración de actos jurídicos, sino por el contrario ayudar a la persona con discapacidad a formular una voluntad frente a la posibilidad de realizar un acto jurídico. Con fundamento en ello, sostuvieron que la capacidad de ejercicio no puede condicionarse al nombramiento de apoyos, pues esta interpretación del artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 seria contraria a la CDPD y viciaría el contenido de la reforma. Indicaron que no estaban de acuerdo con la postura de los demandantes consistente en entender que al considerar como válidos los actos jurídicos celebrados por una persona con discapacidad sin la participación de un apoyo implica la vulneración de su derecho a la igualdad formal y al principio de no discriminación. Ello, puesto que los demandantes sólo se fundamentan “en el perjuicio según el cual las personas con discapacidad, sin la guía de un apoyo, necesariamente tomarán decisiones perjudiciales para ellos/as. Como ya se ha explicado, adoptar una reformar (sic) de capacidad jurídica supone reconocer que la capacidad jurídica es inherente a toda persona, y es diferente de la capacidad mental; supone aceptar que las personas con discapacidad pueden formular una voluntad igualmente válida a la del resto de personas. Supeditar la validez de un acto jurídico a la participación de una tercera persona a causa de la discapacidad de quien celebra el acto supondría – precisamente – vulnerar el principio de no discriminación”[200]. Por último, expresaron que no estaban de acuerdo con los señalamientos realizados por los demandantes, respecto de que la Ley 1996 de 2019 no establece salvaguardias adecuadas y efectivas para el ejercicio de la capacidad jurídica y que, por el contrario, al prohibir la interdicción, a través del artículo 53, la Ley habría eliminado una salvaguardia adecuada y efectiva. Lo anterior, toda vez que, en su opinión, los argumentos parecen partir de una comprensión errónea de la naturaleza y función de las salvaguardias en el sistema de capacidad jurídica de la CDPD. Al respecto, expusieron que “[l]as salvaguardias son medidas diseñadas para evitar que los apoyos incurran en conflictos de intereses o tengan una influencia indebida sobre las personas con discapacidad. Son personas o mecanismos que deben evitar que se cometan abusos contra la persona con discapacidad, prevenir conflictos de intereses y garantizar el respeto de las preferencias de la persona con discapacidad. Según la CDPD, deben ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, protegiéndola frente a posibles abusos; e incluso en aquellos casos en que no sea posible determinar la voluntad y preferencias de una persona, la noción de salvaguardia nos obliga a entender el interés superior de aquella persona como la ‘mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias’. Es decir que aún en aquellos casos más severos, como aquellos previstos en los artículos 32 y 38 de la Ley 1996, se deberá velar por la voluntad de la persona con discapacidad y no sustituirla”[201]. Con fundamento en lo anterior y contrario a lo señalado por los demandantes, afirmaron que justamente a través de las salvaguardias es que se podría lograr alcanzar el objetivo de establecer mecanismos de protección de la toma de decisiones con apoyos. Puntualmente, en relación con la figura de la “interdicción”, sostuvieron que esta no puede ser considerada como el mecanismo de salvaguardia adecuado en ninguna circunstancia, ya que el mandato del artículo 12 de la CDPD es incompatible con la referida figura. De hecho, explicaron que “el reconocimiento de capacidad jurídica supone necesariamente reconocer la validez de la voluntad de la persona con discapacidad. La interdicción, por contraste, supone sustituir de forma absoluta la voluntad de la persona con discapacidad. Bajo un régimen de interdicción, es el curador quien toma todas las decisiones con efectos jurídicos respecto de la persona bajo interdicción. La persona con discapacidad no solo no puede cuestionar las decisiones del curador, sino que no participa del proceso de toma de decisiones que afectan su vida cotidiana (…) A diferencia de un sistema de toma de decisiones de apoyo, la interdicción niega la capacidad jurídica de forma discriminatoria a las personas con discapacidad, pues establece una forma distinta de ejercer las capacidades de goce y ejercicio en respuesta a la discapacidad”[202]. Ahora bien, luego de exponer los argumentos por los cuales afirmaron no estar de acuerdo con los demandantes, procedieron a hablar de manera breve sobre el modelo peruano de reconocimiento de capacidad jurídica. Relataron que en Perú se adoptó una reforma de capacidad jurídica similar a la colombiana, mediante el Decreto Legislativo 1384 de 2018. Expresaron que fue a través de este Decreto que se eliminó de manera definitiva la figura de la interdicción para las personas con discapacidad, pues buscaban acoplar sus normas al artículo 12 de la CDPD y al reconocimiento de plena capacidad jurídica que había iniciado con el artículo 9 de la Ley General de la Persona con Discapacidad peruana de 2012. Adicionalmente, expusieron que esta reforma estableció apoyos, que son personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, quienes cumplen fundamentalmente tres funciones, a saber, facilitar la comprensión de actos jurídicos, la comunicación y la manifestación de la voluntad. El apoyo es libremente elegido por la persona con discapacidad. Aclararon que los apoyos no tienen facultades de representación a menos que estas sean expresamente delegadas por la persona con discapacidad o por el juez, en el caso del apoyo obligatorio excepcional. Respecto del apoyo obligatorio, señalaron que el sistema peruano prevé situaciones excepcionales en las que un juez puede determinar que una persona con discapacidad debe contar con un apoyo en la toma de decisiones; decisión que no es tomada por la propia persona con discapacidad. Esta figura se denominó como “apoyo excepcional”, y se diseñó para aquellos casos que podrían denominarse como “difíciles”, pues son aquellas circunstancias en las que la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad. No obstante lo anterior, para garantizar el adecuado uso de esta figura se determinó que el juez deberá realizar “(…) ‘esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad’, aplicando las medidas de accesibilidad y ajustes razonables necesarias para obtenerla. Además, dispone que solo se podrán designar estos apoyos excepcionales cuando sean necesarios para el ejercicio o protección de un derecho de la persona con discapacidad – es decir, no podrán ser designados sin que respondan a una necesidad concreta”[203]. Para finalizar, indicaron que el legislador peruano definió las salvaguardias, las cuales son “medidas que buscan ‘garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias’ de las personas con discapacidad, así como evitar que las personas que ejercen el rol de apoyo cometan abusos o ejerzan una influencia indebida”[204]. Señalaron que, en el sistema peruano, las salvaguardias pueden ser establecidas por la propia persona con discapacidad o por el juez, en el supuesto del apoyo obligatorio excepcional. En conclusión, los intervinientes resaltaron que “[a] partir de lo expuesto, sostenemos que la Ley 1996 de 2019 es plenamente exequible, al ser válida en términos constitucionales y convencionales. La norma está alineada al espíritu del artículo 12 de la CDPCD ~ el reconocimiento pleno y en igualdad de condiciones de la capacidad jurídica de toda persona con discapacidad. De este artículo se desprenden tres obligaciones para el Estado colombiano: reconocer la plena capacidad jurídica de toda persona con discapacidad, crear un sistema de apoyos y establecer un sistema de salvaguardias. La Ley 1996 satisface estas tres obligaciones (…) La experiencia peruana ha demostrado que, sin duda, implementar una reforma de capacidad jurídica es una tarea compleja. Sin embargo, es una tarea necesaria en una sociedad democrática y comprometida con el mandato de no discriminación. La modificación del Código Civil peruano ha permitido a las personas con discapacidad la habilidad de actuar por sí solas frente al derecho, facilitando el acceso a derechos sociales, políticos y de propiedad. Ambas reformas comparten las mismas líneas de guía, alineadas a las obligaciones que se desprenden del artículo 12 de la CDPCD”[205]. Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia Afirmó que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad materializó el modelo social de la discapacidad y parte de un reconocimiento de derechos universal y sin distinciones basadas en los tipos de discapacidad. Resaltó que este tratado internacional fue ratificado debidamente por Colombia y hace parte del bloque de constitucionalidad. Por ello, la Ley 1996 de 2019 acoge estos nuevos estándares y asume que las personas en condiciones de discapacidad son sujetos de derechos, autónomos y cuentan con una capacidad jurídica como cualquier otra persona. Además, regla todo lo concerniente a los apoyos requeridos para la adecuad toma de decisiones, derogando la figura de la interdicción. Al respecto, el interviniente hace una referencia concreta a lo establecido en la Observación General No. 1 y a la necesidad de no confundir entre la capacidad legal y la capacidad mental de una persona, así como a la necesidad de modificar los regímenes tradicionales del derecho privado sobre la interdicción. Finalmente resaltó que el mismo Comité mediante recomendaciones emitidas en el año 2016 le sugirió a Colombia derogar "toda disposición en el Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad”, al tiempo que instó al Estado a “adoptar medidas legales y administrativas para proporcionar los apoyos que requieran las personas con discapacidad para ejercer plenamente este derecho, tomar decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, educación y oíros, sobre la base del respeto pleno a su voluntad y preferencias, tal y como lo establece la Observación general no. l (2014) del Comité, sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley". Icesi – Grupo de Acciones Públicas Los señores Paula Andrea Cerón Arboleda, Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, Dayana Holguín Lenis, Katalina Arenas Otero, Juan Manuel Arbeláez Duque, Claudia Fernanda Henao Henao, Claudia Moncayo, Anny Pejendino Ortega y Daniela Perdomo, docentes y estudiantes del Grupo de Acciones Públicas –GAPI– de la Universidad Icesi, presentaron un escrito con el objetivo de intervenir en el presente caso y solicitar que la Corte Constitucional declarara exequibles los artículos acusados. A continuación se expondran las principales ideas plasmadas en su escrito. En primera medieda, destacaron que, pese a la gran importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad, el desarrollo existente en el derecho interno colombiano es aún incipiente, de manera que algunas de las disposiciones de la Covención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPC – pueden, excepcionalmente, requerir para su total cumplimiento la excepdición de normas (leyes o actos administrativos según el caso). Al respecto, indicaron que la Corte Constitucional, despues de haber realizado un examen detallado de todos los artículos de la CDPD, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, consideró que aquellos eran adecuacuados y razonables dentro de un instrumento de esta naturaleza y que eran conducentes a su adecuada ejecución y complimiento. Manifestaron que, a través de la CDPD, Colombia se comprometió a tomar todas las medidas, políticas o decisiones públicas necesarias, “a través de las cuales se establezca un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmetne desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social”[206]. Señalaron que “el problema jurídico propuesto en las demandas que pretenden la inexequibilidad es: la ley 1996 de 2019 vulnera el artículo 13 de la Carta Política, por cuanto el artículo 6 de dicha ley establece que las personas en situación de discapacidad mayores de edad, interdictos o potencialmente interdictos, e inhábiles o potencialmente inhábiles se presumen legalmente capaces; el artículo 53, por derogar y prohibir la interdicción y en general todo el articulado puesto que dicha ley no realiza una separación entre las categorías de discapacidad mental absoluta y relativa, y sólo se pensó para personas con ‘discapacidad mental relativa’, constituyendo una violación a los artículos 1, 2, 13, 42, 47, 49 de la Constitución y la ley 1616 de 2013, la cual regula la salud mental en Colombia”[207]. Frente a esta premisa, señalaron que estaban en desacuerdo, toda vez que, contrario a sus argumentos, la Ley 1996 de 2019 garantiza el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en virtud del artículo 12 de la CDPD; artículo por medio de la cual se estableció que los Estados Partes deberán reafirmar que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Afirmaron que, en su opinión, con el proceso de interdicción se anula totalmente la voluntad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sin tener en cuenta sus preferencias y convicciones personales, dejando su voluntariedad en manos de un tercero, y suponiendo erróneamente que dicha figua brinda seguridad jurídica y protección, “de tal manera que una persona bajo la figura de interdicción no puede tomar decisiones relevantes para su vida en cuanto a su salud, procedimientos médicos, salud reproductiva, casarse, educación, entre otros”[208]. Por otro lado, a su parecer, las demandas sub examine no desarrollaron con claridad las normas constitucionales que consdieraron vulneradas y supuso que la Ley 1996 de 2019 violó todos los principios y valores fundamentales de la Constitución Política, pilares fundamentales de la construcción de una sociedad que vela por el bienestar de sus ciudadanos. Consideraron que los demandantes no tuvieron en cuenta que la Ley 1996 de 2019 sí respetó dichos principios y dio cumplimiento a los Tratados Internacionales ratificados por Colombia, así como también las recomendaciones del Comité de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Señalaron que “no es la persona – como se pretendía desde el modelo rehabiltiador – quien debe normalizarse hasta llegar a parecerse al indiiduo estándar, sino al contrario, es la socidad, el ambiente el que debe ser normalizado y adaptado a las necesidades de todos, incluyendo las de las personas con discapacidad”[209]. Por consiguiente, aseveraron que el Estado Colombiano se vio en la obligación de aplicar el modelo social de discapacidad, como consecuencia de haber acogido y ratificado la CDPD; lo cual implica aceptar la premisa antes mencionada, de tal forma que las soluciones no vayan dirigidas a las personas con discapacidad, como se hacía con las leyes anteriores a la Ley 1996 de 2019, sino a la sociedad, “entendiendo que es ésta, la que le corresponde eliminar barreras que impidan el libre ejercicio de la voluntad de las personas con discapacidad, en cabeza del Estado”[210]. Estimaron que “la inclusión de nuevos mecanismos para el ejercicio de capacidad legal y para la realización de actos jurídicos a nuestro Sistema jurídico por medio de la ley 1996 de 2019, como los son los acuerdos de apoyo, procesos de adjudicación judicial de apoyos y la valoración de apoyos, son un claro progreso del ordenamiento jurídico colombiano en pro de reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que deben tener las personas con discapacidad con el resto de la sociedad, ya que se reconoce la posibilidad que estos tienen de ejercer sus derechos libremente conforme a los principios de la CDPD, donde se recalca la dignidad inherente al ser humano, que incluye la libertad de tomar decisiones propias, con independencia y sin discriminaciones”[211]. INSOR El señor Luis Hernán Cuéllar Durán, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional Para Sordos – en adelante el INSOR –, para presentar su intervención, mediante la cual manifestó que en su opinión la norma demandada es exequible. En síntesis, señaló que el INSOR considera que las normas acusadas se ajustan al bloque de constitucionalidad, “como quiera que garantizan la igualdad a las personas en situación de discapacidad, reconociendo el derecho a la autodeterminación, mediante la presunción de capacidad; es decir, que toda persona en situación de discapacidad tiene la plena capacidad legal para obligarse por sí misma. Lo cual implica la posibilidad de (sic) una persona en situación de discapacidad pueda actuar dentro del marco de un sistema legal y de que sus actos tengan efectos jurídicos. Con lo que se garantiza a todos, en igualdad de condiciones, el atributo universal de la capacidad de forma inherente a todas las personas, independiente de si presentan algún tipo de discapacidad, por la simple razón de ser humano”[212]. Indicó que una discapacidad no puede ser la justificación para restringir la capacidad jurídica de una persona y que cualquier práctica que sea violatoria del artículo 12 de la CDPD debería ser abolida, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan llegar a tener plena capacidad jurídica en condiciones de igualdad. En su opinión, “la Ley 1996 contiene los mecanismos adecuados para garantizar la protección de las personas en situación de discapacidad, reconociendo que pueden presentarse casos en que la persona manifestar (sic) su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Con lo que no se haya demostrado el cargo presentado por la parte demandante”[213]. Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS Juliana Reyes, en calidad de Directora, Federico Isaza Piedrahita, en calidad de asesor jurídico, y María Alejandra Herrera Castillo, Alejandro León Marín y Jaime Santiago Salgado López, como estudiantes activos del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, presentaron una intervención con el fin de solicitar que se declare exequible la Ley 1996 de 2019 y que la decisión tomada por la Corte Constitucional sea emitida en un formato de lectura fácil, con el propósito de que todas las personas con discapacidad pudieran conocer la decisión que involucra su posibilidad de decidir sobre sus propias vidas. Los intervinientes comenzaron su intervención afirmando que tanto el texto de la CDPD como las Observaciones Generales hechas por su Comité, debían ser tenidas en cuenta de manera obligatoria para realizar el presente examen de constitucionalidad, como derechos integrados a la Constitución Política. Por ser parte del bloque de constitucionalidad, aseveraron que la CDPD no puede utilizarse como un criterio auxiliar de interpretación. Adujeron que, desde el estándar de la CDPD al que Colombia se obligó a cumplir, todas las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como iguales ante y la ley, y por ello, tienen el derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, con los apoyos y salvaguardias que puedan llegar a necesitar. En este sentido, señalaron que los Estados parte deben garantizar primero el derecho a la capacidad jurídica para así evitar leyes y políticas discriminatorias sobre los demás derechos. En otras palabras, sin la garantía a decidir los ordenamientos jurídicos no pueden considerarse sistemas de derechos incluyentes y efectivos, en tanto no consideran la participación autónoma e individual de cada persona con discapacidad, en su diversidad y heterogeneidad, como ciudadanos iguales. Ahora bien, en relación con la lectura holística de los cinco párrafos del artículo 12 de la CDPD, el Comité realizó interpretaciones valiosas que especifican los deberes generales de los Estado parte y el alcance del derecho en sí mismo, como se verá a continuación: a. Sobre el reconocimiento a la personalidad jurídica “El Comité señala en el párrafo 1 del artículo 12 que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El reconocimiento de este derecho garantiza que todo ser humano sea respetado como una persona titular de derechos y obligaciones, lo que es un requisito indispensable para que se reconozca la capacidad jurídica de la persona. El derecho a la personalidad jurídica ha sido reconocido en múltiples ocasiones como la condición inherente a la persona, que debe ser protegida en toda circunstancia. En esta misma línea, la Corte IDH ha evidenciado el contenido de este derecho en los siguientes términos: ‘es que, precisamente, se reconozca a la persona, en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamentales’(…)”[214]. b. Sobre el reconocimiento a la capacidad jurídica La CDPD reafirma a la capacidad jurídica como un derecho universal que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. El concepto de capacidad jurídica engloba: (i) la capacidad de goce o de ser sujeto de derechos y obligaciones (elemento estático); y (ii) la capacidad de ejercicio o de asumir obligaciones a través de sus propias decisiones (elemento dinámico). El primer elemento responde a una protección plena sobre los derechos de la persona en el ordenamiento jurídico, mientras que el segundo se refiere al reconocimiento de la persona como actor facultado para realizar y transar relaciones jurídicas, incluyendo la facultad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. “Del anterior reconocimiento se deriva la obligación de eliminar aquellas figuras normativas que restringen este derecho a las personas con discapacidad, como la interdicción. Esto lo reafirma Naciones Unidas a través del ‘Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención’, de 2009. En este informe se señala, interpretando este párrafo, que ‘Toda ley que prevea que la existencia de una discapacidad es motivo directo e indirecto para declarar la incapacidad jurídica entra en colisión con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad consagrado en el párrafo 2 del art.12’ (…)”[215]. c. Sobre el reconocimiento y provisión de apoyos Según el Comité de la CDPD, el término de apoyo “(…) engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades”[216]. Ello implica que, teniendo en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad, ésta puede escoger una o más personas de apoyo para la acompañen en el ejercicio de derechos que considere en los que necesita ayuda, incluyendo la realización de diversos actos jurídicos. Se debe garantizar la diversidad de apoyos, puesto que el no hacerlo no sólo violaría el literal d del artículo 3 de la CDPD, que reconoce el respeto por “la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas”[217], sino que, a su vez, generaría una doble discriminación en tanto se desconoce un rasero de igualdad donde cualquier ciudadano con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica de acuerdo con su situación específica. Es importante aclarar que, de acuerdo con el mismo concepto de apoyo y a la interpretación del Comité, “el tipo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad”[218]. En este punto, los intervinientes destacaron que los apoyos son y deben ser voluntarios, puesto que la asistencia en la toma de decisiones de una persona no puede convertirse en una invasión a la esfera privada de la persona; ello, habida cuenta que podría configurar otra forma de capacitismo. d. Sobre la provisión de salvaguardias Los intervinientes afirmaron que, lo que el Comité de la CDPD quiere lograr con la obligación del Estado de garantizar salvaguardias para el sistema de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, es hacer prevalecer la voluntad de la persona, de tal forma que se puedan evitar abusos en contra de sus intereses. Respecto de los casos en los que se hace imposible determinar la voluntad y las preferencias de una persona con discapacidad, el Comité indicó que debía aplicarse el criterio de “la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”[219] de la persona, poniendo en segundo plano el principio del interés superior en adultos con discapacidad. Adujeron que las salvaguardias son un componente esencial de la provisión de apoyos, toda vez que buscan hacer respetar los derechos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, sin que el tercero o terceros que asisten en la toma de decisiones se conviertan, de facto, en representantes de la persona o decidan por ella de alguna forma. e. Sobre el reconocimiento y ejercicio de derechos específicos En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, el parágrafo 5 del artículo 12 de la CDPD hizo un especial énfasis en aquellos relacionados con cuestiones financieras y económicas, en igualdad de condición que los demás, puesto que han sido los que tradicionalmente han sido denegados a la población con discapacidad, y han tenido como efecto la marginación social en razón a la discapacidad. Como señaló el propio Comité, “de la misma manera que no se puede utilizar el género como base para discriminar en las esferas de las finanzas y la propiedad, tampoco se puede usar la discapacidad”[220]. f. ¿Qué obligaciones tiene entonces el Estado colombiano? De conformidad con las disposiciones de la CDPD, especialmente su artículo 12, y la interpretación oficial de la misma realizado por el Comité CDPD en su primera observación, los intervinientes señalaron, a modo de conclusión, lo siguiente: “a- Colombia debe reconocer y garantizar la capacidad jurídica –ser titular de derechos y poder ejercerlos- de todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna. b- El reconocimiento y garantía del derecho a la igualdad ante la ley (cuyo contenido más importante es la capacidad jurídica) implica que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a ejercer todos los derechos reconocidos por la Constitución y las normas, en igualdad de condiciones. Limitar este derecho, en razón exclusivamente a la existencia de una discapacidad, como sucedía anteriormente con la interdicción, constituye discriminación por motivos de discapacidad que viola los derechos humanos de las personas con discapacidad. c- Los regímenes jurídicos que permiten la sustitución en la adopción de decisiones deben ser reemplazados por regímenes basados en el apoyo, que respeten y reconozcan los derechos, voluntad y preferencias de todas las personas con discapacidad. d- Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la propia población con discapacidad, los apoyos en la toma de decisiones deben adecuarse a sus propias necesidades y no pueden ser iguales; son “trajes a la medida”. Es así como: (i) los apoyos no deben sustituir la voluntad de la persona; (ii) en ningún caso se está promoviendo un cambio de nombre para quien ejercía la representación de la persona con discapacidad. (iii) el tercero no desaparece, pero sí cambia su rol y, (iv) el apoyo implica asistencia, en este caso para la toma de decisiones, pero jamás debe procurar reemplazar la voluntad de la persona, con base en sus propias ideas de lo que está bien o mal. e- Los apoyos son y deben ser voluntarios, puesto que “la persona debe tener derecho a rechazar el apoyo y a poner fin a la relación de apoyo o cambiarla en cualquier momento.” f- En caso de que se hayan realizado un esfuerzo considerable, pero no sea posible determinar la voluntad y preferencias de la persona, “la determinación del "interés superior" debe ser sustituida por la "mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias". g- Colombia debe establecer, en sus sistemas jurídicos y en la operatividad de las normas y en su posterior reglamentación, la forma de definir las salvaguardias adecuadas, de acuerdo al nivel e intensidad de los apoyos, teniendo en cuenta los criterios ofrecidos por la CDPD en su artículo 12. El objetivo de las salvaguardias es garantizar el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, no de terceros”. Ahora bien, respecto de la necesidad de la Ley 1996 de 2019, los intervinientes sostuvieron que su promulgación y posterior sanción no obedecieron a un capricho legislativo o desconocimiento del tema, sino que, por el contrario, su razón, contenido y objeto se extrajo de tres fuentes principales, a saber: “1- La ratificación sin reservas de la CDPD y la obligación de cumplir con sus contenidos, incluyendo el igual reconocimiento ante la ley y la obligación expresa de reconocer y garantizar del derecho a tomar decisiones, expresado en el artículo 12. 2- La Ley Estatutaria 1618 de 2013 señala expresamente en su artículo 21 la obligación de modificar el sistema de interdicción del ordenamiento jurídico colombiano, en atención al requerimiento convencional. 3- El Comité CDPD, en sus observaciones finales a Colombia, emitidas en agosto de 2016 (…)”[221]. Con base en lo anterior, comentaron que Colombia estaba obligada a eliminar la figura de la interdicción de su ordenamiento, para así cumplir con la normativa internacional, la normativa interna, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, y la presión de las organizaciones de sociedad civil y el movimiento de discapacidad en Colombia. Adicionaron que el proceso para la elaboración de la norma en revisión no fue aleatorio, sino que fue discutido y responsablemente revisado entre todos los actores que eventualmente iban a tener relación directa o indirecta con el derecho a proteger y garantizar. En su opinión, “el contenido de los artículos demandados de la Ley 1996 de 2019 se deben entender como declaraciones que ratifican el derecho humano a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y que, a su vez, las protegen de escenarios en los que podrían llegar a ser discriminadas, segregadas o sustituidas, por el simple hecho de la discapacidad”[222]. Específicamente, se pronunciaron sobre los cargos contra el artículo 6 y 8 (parcial), para indicar que partieron de varios errores de interpretación conceptual bastante importantes. El primero de ellos consistió en considerar a la discapacidad como una enfermedad que imposibilita entender los efectos de los actos, pero más aún, el generalizar todas las experiencias de la discapacidad que hay, llevándolo al absurdo de que las personas con discapacidad al “padecer deficiencias (...) o comportamientos de prodigalidad social, le imposibilitan comprender la dimensión y consecuencias jurídicas de sus actos”[223]. Los intervinientes expresaron que dicha visión de la discapacidad constituye per se una falacia argumentativa, ya que generaliza una posible situación que no representa a la población con discapacidad en Colombia y el mundo, pues la referida perspectiva propone que el tener una discapacidad hace que una persona tenga que ser considerada como un sujeto de protección del Estado con un reconocimiento limitado de sus derechos, bajo la justificación de estar siendo supuestamente protegidos. El segundo error interpretativo parte de considerar que la presunción de capacidad, sin apoyo, constituye una vulneración del artículo 12 de la CDPD. A su parecer, no existe la vulneración a un derecho, sino una lectura equivocada de los contenidos convencionales. Por otro lado, agregaron que debe hacerse énfasis en que la capacidad jurídica y la mental son conceptos distintos. En efecto, en la Observación General No. 1 de 2014, el Comité hizo un análisis de ambos conceptos y concluyó que “[l]a capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales”[224]. En este mismo sentido, en la Observación General No. 1, el Comité expuso que “[e]n virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”[225]. Al respecto, los intervinientes aseveraron que ello no significa que se ignore o invisibilice la discapacidad ni las limitaciones contextuales de la capacidad mental; por el contrario, implica que los Estados, reconociendo la existencia de la discapacidad, deben proporcionar apoyos que garanticen el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, no limitar el derecho. Señalaron que, en el ordenamiento jurídico colombiano, la confusión entre capacidad jurídica y mental era la premisa central de la Ley 1306 de 2009. De ahí que la figura de la interdicción, entendida erróneamente como una medida de protección, se justificara en esta normatividad, al considerar que las personas con discapacidad mental eran incapaces en el ámbito jurídico. Indicaron que esta perspectiva es contraria a la CDPD y que de ella se derivó un sistema jurídico en el que prevaleció la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad al impedirles ejercer su capacidad jurídica. A contrario sensu, la Ley 1996 de 2019 fue expedida con el objetivo de aclarar que el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica no depende de la capacidad mental. Por último, refirieron que, contrario a lo señalado por los demandantes, no es dable realizar un test integrado de igualdad para el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019. Lo anterior, debido a que “la medida que se está analizando no establece un trato diferenciado y porque el hecho de que establezca una igualdad de trato con respecto a la presunción de la capacidad jurídica no implica que se esté vulnerando el derecho a la igualdad por el desconocimiento de su acepción material. De hecho, la igualdad formal sigue siendo un punto de partida válido debido a que es el presupuesto necesario para poder ejercer los derechos y obligaciones en igualdad de condiciones”[226]. Los intervinientes manifestaron que, a partir de una revisión general de la Ley 1996 de 2019, se puede establecer que ésta: (i) prevé mecanismos que parten del reconocimiento de derechos; (ii) presenta diversos mecanismos adecuados a las distintas necesidades de las personas; (iii) procura la interacción permanente con la propia persona con discapacidad, teniéndola en cuenta, así como su historia de vida, su experiencia, sus habilidades, su entorno, garantizando un correcto acceso a la justicia; y (iv) establece obligaciones precisas para los apoyos y mecanismos que permitan garantizar la seguridad jurídica frente a terceros; todo ello sin discriminar a las personas con discapacidad. Resaltaron que todas estas características coinciden con los postulados de la CDPD y su interpretación realizada por el Comité. En relación con la figura de la interdicción, la cual tiene como fundamento la presunta protección de las personas con discapacidad, los intervinientes consideraron que, en la práctica, esta es una medida discriminatoria debido a que funge como una barrera para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica plenamente y, además, sustituye completamente su voluntad y toma de decisiones por la de otra persona. En otras palabras, afirmaron que la interdicción es una medida que obstaculiza y deja sin efecto el reconocimiento y goce de múltiples derechos de las personas con discapacidad. Agregaron que “la figura de la interdicción resulta discriminatoria porque sustrae la capacidad jurídica de la persona con discapacidad al considerar que no es apta para tomar decisiones sobre cualquier asunto de su vida con efectos jurídicos, especialmente de carácter patrimonial, en razón de su discapacidad. Además, la interdicción imposibilita por completo a la persona para exigir sus derechos y para contraer obligaciones. Así, lo que genera la interdicción no es la protección de la persona con discapacidad, sino la privación de la capacidad para ejercitar derechos en igualdad de condiciones. En el estándar internacional de derechos humanos actual: la interdicción se configura, en definitiva, como una figura discriminatoria”[227]. Para concluir su intervención, insistieron en que la Ley 1996 de 2019 es el mecanismo a través del cual el Estado colombiano cumplió efectivamente con su obligación de cumplir con los compromisos adquiridos al hacerse parte de las CDPD. Asimismo, señalaron que esta reforma legislativa también se ajusta a las observaciones del Comité CDPD, a los informes de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en general, a la posición de la comunidad internacional en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica universal. Por último, los intervinientes hicieron una síntesis de las ideas más importantes de su intervención, las cuales son las siguientes: “a) La CDPD hace parte integral del bloque de constitucionalidad y es de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. b) Que la discapacidad no es una enfermedad ni un padecimiento y que por ello las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos que tienen cualquier otra persona por el hecho de ser reconocida como ciudadano colombiano y que tienen el mismo derecho a ejercerlos en igualdad de condiciones. c) A través del artículo 12 de la Convención, Colombia se obligó a eliminar de su sistema jurídico la figura de interdicción, a reconocer la capacidad jurídica plena de todas las personas con discapacidad, a proveer apoyos cuando lo requieren para ejercitar este derecho, y a generar salvaguardias para evitar la sustitución en la toma de decisiones. d) Que esta obligación no solo se deriva de los contenidos de la CDPD, sino que se refuerza con lo señalado por el propio Comité CDPD y la Ley 1618 de 2013, especialmente su artículo 21. e) Que la Ley 1996 de 2019 surge como resultado de estas obligaciones legales, pero también hace parte de la lucha de las personas con discapacidad en Colombia, sus familias, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del estado. f) Que la presunción de capacidad establecida por la CDPD y por la ley 1996 de 2019 es para todas las personas con discapacidad y no solo para algunas. g) Que el reconocimiento de la capacidad jurídica implica hacer una separación tajante con la capacidad mental, y que esta última no puede usarse como justificante para limitar el derecho. Hacer lo contrario constituye discriminación por motivos de discapacidad. h) Que la Ley 1996 de 2019 se debe analizar de manera integral para realizar una correcta interpretación de cada artículo. i) Que los apoyos son solo eso: apoyos. Estos, por su naturaleza, no pueden ser impuestos, salvo en casos excepcionales. Y que estos solo asisten, no representan, salvo casos específicos. j) Que las salvaguardias se deberán establecer de acuerdo a cada caso en concreto y son para la persona con discapacidad, no para terceros. k) Que la interdicción no es ni fue ni una salvaguardia ni una medida de acción afirmativa. La interdicción representó un momento de la historia jurídica en el que era justificable restringir derechos por hacer parte de una población. No es viable retroceder. l) Que la interpretación que se realice de los cargos presentados debe ser alineada con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. m) Que la Ley prevé tres mecanismos distintos que se acomodan a las diversas necesidades de la población con discapacidad, respetando su diversidad y no escondiéndola”[228]. Ministerio de Salud y Protección Social La señora Edith Piedad Rodríguez Orduz, en calidad de apoderada especial de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, presentó su escrito de intervención para solicitar que no se accediera a las pretensiones de la acción y, en consecuencia, se declarara la exequibilidad de la norma. Adicionalmente, de manera subsidiaria, solicitó que la Corte Constitucional se abstuviera de emitir fallo de fondo en el presente asunto, por falta de los presupuestos dispuestos en el Decreto 2067 de 1991 y demás disposiciones concordantes. La interviniente comenzó su escrito haciendo referencia a que la Constitución Política de 1991 fue el hito que marcó “el inicio de la era de cambio y desarrollo del corpus normativo cuya finalidad es la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad”[229]. Agregó que la Carta Política estableció a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana y consagró la obligación del Estado a garantizar a todos los ciudadanos sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad y justicia. Así, a través de sus principios y su articulado, la Constitución protege los derechos de las personas con discapacidad y propende por el respeto de su dignidad humana a través de: (i) “la lucha contra la discriminación”; (ii) “el reconocimiento de derechos específicos para esta población”; y (iii) “la comprensión de los derechos y necesidades de forma integral y holística”[230]. De otra parte, destacó la existencia de una nueva era en el desarrollo normativo en materia de discapacidad en Colombia, la cual se da con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada en el país a través de la Ley 1346 de 2009 y ratificada constitucionalmente mediante la sentencia C-293 de 2010 por la Corte Constitucional. De la referida Convención, resaltó su objetivo de establecer que las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos que cualquier otra persona y que no existen derechos especiales para las personas con discapacidad. Posteriormente, el Gobierno Nacional, con el apoyo y participación del Ministerio de Justicia y del Derecho y de Salud y Protección Social, desarrolló el Proyecto de Ley 027 de 2017, cuya finalidad era la de “[e]establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma”[231]. Este proyecto buscaba lograr dicho objetivo mediante: (i) la presunción de capacidad legal de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, considerándolos como sujetos de derechos y obligaciones; (ii) la eliminación de la interdicción e inhabilitación; (iii) la garantía de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información; y (iv) la creación de mecanismos de apoyo y directivas anticipadas para la realización de los actos jurídicos. El proyecto pretendía reconocer la responsabilidad que tiene la sociedad de proveer los apoyos y ajustes razonables que cada persona con discapacidad pueda llegar a requerir para acceder a la garantía de la toma de decisiones libres e informadas. Por ello, en el ejercicio de su capacidad jurídica se busca que el apoyo sea dado por una persona cuidadora o el miembro de la familia, amigo o persona más próxima que conozca de manera cerca a la persona con discapacidad y que le genere confianza, pues es dicha cercanía la que va a contribuir y facilitar el reconocimiento de la máxima voluntad posible de la persona con discapacidad. No obstante, resaltó la importancia de aclarar y reconocer que hay ciertas personas con discapacidad que no requieren apoyos para la toma de sus decisiones. El resultado del proyecto mencionado fue la expedición de la Ley 1996 de 2019, la cual estableció salvaguardias, esto es, “(…) ‘medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos’, referidas a a) ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal, b) apoyos para la realización de actos jurídicos y c) directivas anticipadas”[232]. Sobre el particular, explicó que los apoyos pueden ser establecidos a través de: (i) la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas, quienes prestarán el apoyo en la celebración del mismo; y (ii) un proceso de adjudicación judicial de apoyos, es decir, un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, mediante el cual se haga la designación de apoyos. Afirmó que, gracias a lo anterior, se han generado unos avances técnicos y normativos en el sector de la salud respecto del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; lo cual se evidencia a través de: (i) la Resolución 3202 de 2016, “[p]or la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud – PAIS”; y (ii) la Resolución 1904 de 2017, “[p]or medio de la cual se adopta el reglamento en cumplimiento de lo ordenado en la orden décima primera de la sentencia T-572 de 2016 de la Corte Constitucional”. El interviniente puso de ejemplo que el reconocimiento que se ha dado a las personas con discapacidad como “sujeto de derechos, el goce pleno de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la determinación de los apoyos y ajustes razonables necesarios para la toma de decisiones libres e informadas se ha hecho en el marco del proceso de implementación de las disposiciones contenidas en la Resolución 1904 de 2017”[233]. Adicionalmente, destacó que Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales, aseguradoras y prestadoras, para lograr una adecuada implementación y apropiación de las directrices de la Resolución 1904 de 2017, “y en tal virtud, se han realizado procesos de inducción reinducción y fortalecimiento del talento humano, promoviendo el autoconocimiento y el reconocimiento de las PcD[234] como sujetos de derechos y la toma de decisiones sobre su salud y sobre su cuerpo”[235]. A propósito, informó que el Ministerio de Salud y Protección Social construyó un documento denominado “Orientaciones técnicas para la implementación del consentimiento informado para personas con discapacidad, en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos”, el cual se formuló para orientar a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social y para establecer los mecanismos que permitirán determinar los apoyos y ajustes razonables necesarios para que la persona con discapacidad pueda tomar las decisiones de manera libre e informada sobre sus derechos sexuales y reproductivos, mediante el uso de todos los medios, modos y formatos disponibles para la fácil comprensión de la información. Con fundamento en lo anterior, expresó que, en opinión del Ministerio, los artículos 6 y 53 de la Ley 1996 de 2019 respetan las disposiciones constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Así, afirmó que “las nuevas figuras jurídicas adoptadas por la ley bajo estudio de constitucionalidad, son garantistas frente al pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, eliminando las disposiciones obsoletas (interdicción e inhabilitación) establecidas como medidas de rehabilitación y protección en el ámbito patrimonial en el Código Civil inicialmente, y posteriormente en la Ley 1306 de 2009, que bajo estos fines anulaban por completo su voluntad, frente a derechos personalísimos como aquellos referidos a la sexualidad, como fue ampliamente expuesto en la Sentencia T-573 de 2016”[236]. Por último, en relación con los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad establecidos en el Decreto 2607 de 1991, el interviniente sostuvo que la acusación formulada carecía de certeza, pertinencia y suficiencia, “por cuanto se expone que los artículos demandados (…) violan el Artículo 13 de la Constitución Política el cual hace referencia a la igualdad de las personas ante la ley, ante lo anterior es claro que la ley de capacidad jurídica de personas con discapacidad mayores de edad, es la respuesta del Estado colombiano a la obligación que adquirió el país al ratificar en el 2011 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Esta Convención fue uno de los primeros tratados de derechos humanos adoptado en este siglo; por tanto, es de reconocer que la ley 1996 de 2019 es el producto de un trabajo coordinado basado en el principio de la igualdad de las personas ante la Ley, condensándose en ella las preocupaciones reales y reclamos de las personas con discapacidad mayores de edad, y cómo la sociedad debe abordar el tema de la discapacidad”[237]. Finalmente, aseveró que la demanda no era clara en sus pretensiones, habida cuenta que “solo aduce que el Congreso de la Republica vulneró la garantía de protección a las personas con discapacidad absoluta y relativa mayores de edad, estigmatizando con sus argumentaciones a las personas con discapacidad y no reconociéndolas como sujetos de derechos e iguales ante la Ley; como fue el propósito de la Ley 1996/2020 tal y como quedó demostrado es precisamente en beneficio y bajo los principios constitucionales que se promulgó esta Ley. Por tanto, se puede concluir que el contenido de la norma acusada no tiene relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica de manera objetiva o razonable”[238]. Departamento de Derecho Civil – Universidad Externado de Colombia En representación de la Universidad Externado de Colombia, las señoras Ingrid Duque Martínez, en calidad de docente de Derecho Civil y de Familia, y María José Aranguren Acosta, en calidad de estudiante, ambas integrantes del Proyecto de Investigación en Derecho y Discapacidad, del Departamento de Derecho Civil, presentaron su intervención para solicitar que se declarara la exequibilidad de las normas demandas. Comenzaron su escrito haciendo referencia a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD – genera un cambio de paradigma respecto del modo de concebir la discapacidad, puesto que abandona los modelos tradicionales de la prescindencia y médico rehabilitador, para adoptar el modelo social basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, el cual se basa en la dignidad e igualdad del ser humano. Asimismo, señalaron que el objetivo central de la CDPD es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad, así como también el de promover el respeto de su dignidad inherente. Por consiguiente, con la finalidad de lograr lo anterior, la CDPD consagra que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, igual reconocimiento ante la ley y goce efectivo de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida. De hecho, adujeron que este reconocimiento es el eje más importante de la CDPD. Igualmente, indicaron que la CDPD modifica la idea de que “la forma de ‘protección’ más efectiva es privar de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, mediante la figura de la interdicción que autoriza la representación por la sustitución del tercero o curador que decide en nombre del interdicto”[239]. Por el contrario, explicaron que la idea anterior fue reemplazada por el concepto de la “asistencia en la representación” o la “toma de decisiones con apoyo”, el cual consiste en proveer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica. Agregaron que, de conformidad con lo anterior, la Ley 1996 de 2019 dispuso que todas las personas tienen la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, sin ninguna distinción. En efecto, este reconocimiento se hace independientemente de si la persona requiere, utiliza o no apoyos para su ejercicio. En este sentido, aseveraron que la capacidad se reconoce sin ningún tipo de condicionamientos en desarrollo del principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, en relación con los apoyos para la toma de decisiones, resaltaron que la Ley 1996 de 2019, en correspondencia con la CDPD, establece lo siguiente: “i. Los apoyos resultan ser un tipo de ASISTENCIA que se presta a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad Legal. Es decir, está diseñado conforme lo dispone la Convención CDPD, no para anular la capacidad jurídica de la persona, sino para por el contrario facilitar su ejercicio. ii. Los apoyos utilizados deberán responder siempre a la voluntad y preferencias de las personas titular del mismo, tanto así, que en los casos en los cuales la persona no pueda hacer manifiesta su voluntad y preferencias se acudirá al principio de la MEJOR INTERPRETACIÓN DE LA VOLUNTAD, que responderá a lo que la vida y trayectoria de la persona con discapacidad hayan indicado en su transcurso de vida. iii. En el proceso de adjudicación judicial de apoyos, se deberá tener en cuenta favorecer la voluntad y preferencias de la persona titular del acto frente al tipo e intensidad del apoyo. En este sentido, se aclara que los apoyos no deben actuar, ni sus funciones deben ser como las de un curador, pues su función es facilitar que se cumpla con la voluntad y preferencias de la persona. iv. La ley permite que sea la misma persona en situación de discapacidad quien decida qué y cuales apoyos requiere según sus necesidades”. Así, explicaron que para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, el Comité de la CDPD señaló que se debe tener en cuenta que, “bajo el modelo de asistencia o apoyo, se deben respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas y en consecuencia los Estados deben proveer diferentes tipos e intensidades de apoyo de acuerdo a las circunstancias y necesidades de las personas”. En efecto, el Comité de la CDPD aclaró, en la Observación General No. 1 de 2014, que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas y que la falta de capacidad mental por “desequilibrio mental” y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica”. Ello, toda vez que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. Por un lado, la capacidad jurídica abarca la capacidad para ser titular de derechos y el ejercicio de estos y de obligaciones de las personas como sujetos de derecho; por otor, la capacidad mental, es la aptitud de cada persona, para adoptar decisiones, que varía de una persona a otra y puede estar determinada por muchos factores. Por consiguiente, afirmaron que, según el Comité de la CDPD, “denegar la capacidad en razón al déficit en la capacidad mental, resulta incorrecto por: ‘…. a) porque se aplica en forma discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque presupone que se pueda evaluar con exactitud el funcionamiento de la mente humana y, cuando la persona no supera la evaluación, le niega un derecho humano fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley’ (…)”[240]. En consecuencia, las intervinientes estimaron que la Convención adopta la inclusión hacia todas las personas con discapacidad sin hacer diferenciación entre ellas, ni distinguir entre discapacidad física, intelectual o cognitiva. Tampoco hace ninguna diferenciación entre los tipos o grados de discapacidades (ej. discapacidades mentales leves, graves o severas), habida cuenta que no es de recibo distinguir a las personas para reconocer los derechos que la CDPD consagra, en tanto se reconoce la igualdad ante la ley de todas las personas. Pese a lo anterior, aclararon que el no diferenciar los tipos o grados de discapacidad para el reconocimiento de derechos no implica que no se tenga en cuenta que la personas con discapacidad pueden requerir diferentes tipos e intensidades de apoyo para ejercer sus derechos. De tal manera que la CDPD estableció que los apoyos deben diseñarse exclusivamente para la persona de acuerdo con sus características y necesidades personales. “De tal forma, que los apoyos son los que pueden revestir diferentes grados e intensidades para facilitar el goce efectivo de derechos”[241]. De otra parte, respecto de las salvaguardias establecidas en la CDPD, indicaron que estas buscan garantizar los derechos y la voluntad de la persona con discapacidad para la toma de sus decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica. Al respecto, el Comité de la CDPD ha insistido que “el objetivo principal de las salvaguardias es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, por lo que deben proporcionar protección contra los abusos e influencia indebida”[242]. Resaltaron que así también lo ha entendido la Corte Constitucional de Colombia, tal y como fue expuesto en la sentencia T-573 de 2016. Además, estimaron que lo anterior se ve reflejado en los artículos 5º ,18,37, 38, 45, entre otros, de la Ley 1996 de 2019, los cuales establecen: “los principios que regirán la aplicación de salvaguardias, la duración de los apoyos, la posibilidad de adjudicación de los apoyos por el titular del acto jurídico y por otra persona, así como la protección que se le ofrece a las personas con discapacidad estableciendo un régimen inhabilidades para ser apoyo”[243]. En armonía con lo expuesto hasta el momento, las intervinientes sostuvieron que la interdicción, contrario a lo que afirmaron los demandantes, “no constituye de ninguna forma una salvaguardia efectiva para la protección de las personas con discapacidad, ni tampoco una medida o acción afirmativa, puesto que, en vez de garantizar el goce efectivo de los derechos, y especial de la capacidad jurídica, lo que hace en realidad es restringirla o limitarla de forma desproporcionada. La interdicción representa el modelo de sustitución en la toma de decisiones y no apoyo o asistencia, por lo que no cumple con los estándares de la Convención CDPD”[244]. Con fundamento en ello, señalaron que, con el objetivo de cumplir con los estándares de la CDPD, Colombia expidió la Ley 1996 de 2009, la cual deroga el sistema tradicional del Código Civil y de ley 1306 de 2009, para establecer el nuevo régimen de la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad basado en los apoyos. En particular, refirieron que el Comité de la CDPD recomendó al Estado colombiano “que derogue toda disposición en el Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adopte medidas legales y administrativas para proporcionar los apoyos que requieran las personas con discapacidad para ejercer plenamente este derecho, tomar decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, educación y otros, sobre la base del respeto pleno a su voluntad y preferencias, tal y como lo establece la Observación general no. 1 (2014) del Comité”[245]. De ahí afirmaron que, precisamente, en cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano al ratificar la CDPD y las derivadas de las recomendaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue que se expidió la Ley 1996 de 2019. En lo concerniente a la Ley 1996 de 2019, destacaron las siguientes características: “i) La Ley 1996 de 2019 se interpreta en concordancia a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás pactos o convenidos sobre derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.49 ii) La Ley 1996 de 2019 consagra dentro de sus principios el de NO DISCRIMINACIÓN, por lo que exige “un trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo50” incluyendo en la prohibición, la discapacidad como motivo51. De igual forma, se consagra como principio la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, según el cual todas las actuaciones deben estar encaminadas a la búsqueda de la remoción “…de obstáculos o barreras que generen desigualdades de hecho que se oponga al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad52” iii) La ley 1996 de 2019, consagra en el artículo 6º, la presunción de capacidad jurídica en igualdad de condiciones, acorde con el artículo 12 de la Convención, sin hacer ninguna clase de diferenciación, incluso en el caso de si la persona utiliza o no apoyos para la realización de sus actos. Igualmente, al señalar en su párrafo segundo que “en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”, por cuanto la discapacidad según el modelo social tal como ya se ha explicado, no debe ser motivo exclusivo para la restricción de derechos, de lo contrario, constituiría un acto de discriminación. iv) Pese a que la ley 1996 de 2019, establece el nuevo régimen de la capacidad legal para las personas con discapacidad MAYORES DE EDAD, en cumplimiento del principio de “igual reconocimiento ante la ley”; la misma otorga igualdad de acceso a los apoyos consagrados para aquellas personas en situación de discapacidad que sean menores de edad, para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de forma autónoma.53 v) La prohibición de la interdicción judicial se fundamenta precisamente en el reconocimiento y ejercicio del derecho al igual reconocimiento ante la ley y de la capacidad jurídica, por cuanto, el fin de la interdicción era precisamente la restricción de la capacidad jurídica por razones de discapacidad, por lo que la interdicción no cumple con los fines iniciales de ofrecer protección a esta población en condición de vulnerabilidad, sino que por el contrario, se genera un efecto negativo de discriminación y abusos para estos”. Como consecuencia de lo anterior, concluyeron que la Ley 1996 de 2019 cumple el mandato de protección especial que dispone el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el cual fue estimado como transgredido por las disposiciones acusadas por parte de los demandantes. Esto, ya que la Ley viabiliza el goce de muchos más derechos fundamentales y busca garantizar una protección efectiva de la persona con discapacidad, “pues no puede entenderse la anulación de los derechos como una forma de protección”[246]. Asimismo, consideraron que al prohibir la interdicción judicial, la Ley 1996 de 2019 cumplió con los fines y disposiciones de la CDPD. En relación con el test de proporcionalidad, respecto del cual los demandantes expusieron que no era superado por la Ley 1996 de 2019 y que, por ende, la misma viola el artículo 13 de la Constitución Política, las intervinientes pretendieron demostrar cómo, por el contrario, la figura de la interdicción es la que no cumple con los parámetros y requisitos establecidos para superar el test de igualdad, resultando la Ley 1996 de 2019 ajustada a todos ellos. En otras palabras, sostuvieron que la eliminación de la figura de la interdicción y el régimen legal establecido en la Ley 1306 de 2009, se hizo acorde con las obligaciones que adoptó el Estado colombiano con la ratificación de la Convención. En primera medida, indicaron que la figura de la interdicción no lo satisfacía, por cuanto sostuvieron que esta figura resulta en la anulación o restricción total de la capacidad jurídica, por motivos de discapacidad. No obstante, reconocieron que, en principio, esta figura busca proveer una protección especial a las personas con discapacidad, primordialmente de tipo patrimonial, respetando el principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, esto es, la interdicción persigue lograr un fin constitucionalmente legítimo. Por esta razón, concluyeron que era necesario valorar la proporcionalidad de la medida, en relación con el fin constitucionalmente legítimo que persigue, para lo cual analizaron su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En cuanto a la idoneidad, destacaron que la figura de la interdicción, junto con las disposiciones que la autoriza, limitan y restringen el goce de los derechos fundamentales; contrario sensu, adujeron que la Ley 1996 de 2019 permite su realización plena y efectiva, y resulta ser una medida mucho más idónea para la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. En relación con el criterio de necesidad, en el presente caso y conforme a lo sostenido frente al requisito de idoneidad, argumentaron que la Ley 1996 de 2019 es un medio alternativo mucho más idóneo que la interdicción para la consecución del fin constitucionalmente legítimo, el cual es lograr la protección, igualdad e inclusión de las personas con discapacidad. Lo anterior, por cuanto, la Ley demandada permite el goce efectivo de los demás derechos fundamentales y, adicionalmente, “al reconocer una presunción de capacidad para todas las personas con discapacidad en igual condiciones de la que gozan el resto de personas, pero ofreciendo medida alternativas como apoyos y ajustes razonables que dichas personas puedan llegar a requerir en cada caso concreto, cumple con el reconocimiento y materialización de la igualdad material, sin necesidad de entrar a cercenar o limitar el goce de los derechos fundamentales, incluso de la capacidad jurídica, como lo hace la figura de la interdicción (…)”[247]. Para finalizar, respecto de la proporcionalidad, anunciaron que la Corte Constitucional ha sostenido que este criterio consiste en “ponderar los beneficios de la medida frente a la afectación que dicha medida genera, y, en el caso de que los beneficios resulten mucho mayores a la afectación esperada, puede hablarse de que la medida es PROPORCIONAL”[248]. En opinión de las intervinientes, este criterio no se cumple en el caso de la interdicción, dado que “el sacrificio que comporta la medida es el máximo posible, por cuanto se priva de forma total la capacidad jurídica de la persona lo que puede conllevar en vez de la protección a la vulneración de sus derechos, en ocasiones de forma ostensible tales como la libertad, la autonomía, la integridad física y mental, su dignidad entre otros. De manera que la afectación a los derechos es grave en la interdicción”[249]. A contrario sensu, sostuvieron que la Ley 1996 de 2019 ofrece medidas alternativas al fin constitucionalmente legítimo que se pretende alcanzar, a través de su modelo de asistencia o apoyo en la toma de decisiones. Dicho modelo “permite salvaguardar y proteger a la persona con discapacidad, sin suprimir o cercenar su capacidad jurídica y para su ejercicio se le da la posibilidad de brindar las medidas de apoyo necesarias que pueden revestir diferentes grados e intensidades de acuerdo con la necesidad del sujeto para garantizar el goce efectivo de los derechos, mediante la garantía de su libre ejercicio y desarrollo de su autonomía de la voluntad”[250]. Para finalizar su intervención se pronunciaron sobre la desprotección que alegaron los demandantes, la cual se genera supuestamente por la pérdida de los beneficios; específicamente en lo referente a la posibilidad de suspensión de la prescripción para el caso de las personas con discapacidad, consagrada en el artículo 2530 del Código Civil. Al respecto, aclararon que este efectivo y pleno reconocimiento de igualdad ante la ley implica no solo el reconocimiento de derechos sino también de obligaciones. De esta manera, si el fin primordial tanto de la CDPD como de la Ley 1996 de 2019 es “equiparar el estatus de estas personas con discapacidad al resto de los demás”[251], sería un error el no reconocer que estas personas también tienen deberes, obligaciones y deberán soportar determinadas cargas al igual que el resto de las personas. No obstante, ello no constituye un factor de desprotección, habida consideración que la ganancia en reconocimiento de derechos y protección con la expedición de la Ley 1996 de 2019 hacia las personas con discapacidad es considerablemente mayor. Con base en lo anterior, las intervinientes concluyeron que la Ley 1996 de 2019 se ajusta a las disposiciones de la CDPD y a las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano adquirió al adoptar la CDPD. De ahí que se pueda afirmar que ya no sería correcto hablar de “la distinción entre las distintas formas de discapacidad, pero que lo mismo no significa que los apoyos y el reconocimiento de la capacidad jurídica a todas aquellas personas en situación de discapacidad, sean medidas que atenten contra la protección e integridad de estas personas. Por el contrario, la INTERDICCIÓN no resulta ser una salvaguardia adecuada y efectiva para la protección de estas personas, por cuanto, en vez de garantizar su desarrollo pleno como ser humano, lo anula, restringe y sustituye por la voluntad de otro, razón por la cual, no es posible que sea considerada como una salvaguardia complementaria conforme el espíritu de la Ley 1996 de 2018”[252]. Centro de Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría de Chestertown, Nueva York – Estados Unidos La señora Tina Minkowitz, en calidad de presidenta de la organización denominada Centro de Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría de Chestertown, de Nueva York - Estados Unidos, presentó un escrito de intervención para solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019. Para comenzar, refirió que la organización maneja temas de trabajo relacionados con la abolición de los tratamientos y internamientos involuntarios en la salud mental de personas con discapacidad, así como también con el reemplazo de este tipo de sistema “abusivo” por apoyos que responden a la voluntad y las preferencias de dichas personas. Adicionalmente, velan por el cumplimiento de los estándares de la CDPD en todo el mundo, apoyándose en otras organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y otras organizaciones aliadas, para promover el liderazgo y el protagonismo de las personas con discapacidad psicosocial en las políticas que las afecten. En especial, recalcó que la organización promueve activamente el cumplimiento del artículo 12 de la CDPD y manifestó que aportaron en el desarrollo de las normas en la Observación General No. 1, la cual interpreta el referido artículo. Puntualmente, refirió que ella participo directamente en la redacción del artículo 12 de la CDPD y que ha escrito ampliamente sobre este tema. Luego de hacer una introducción, procedió a exponer los argumentos con base en los cuales solicitó la exequibilidad de la ley demandada. Por un lado, señaló que la CDPD estableció un régimen de capacidad jurídica unitario, el cual no admite hacer distinciones entre las personas en razón a la existencia de una discapacidad o a las características específicas de una persona, como sí lo permitían los regímenes previos que realizaban distinciones entre las personas con capacidad para actuar independientemente y aquellas cuya capacidad era restringida o condicionada. Así, el régimen actual busca garantizar que las personas con discapacidad, quienes requieren de apoyos de diversos tipos niveles, sean tratadas en condiciones de igualdad frente a aquellas que no requieren apoyos. Estimó que considerar a los adultos con discapacidad psicosocial, cognitiva o intelectual como niños, infantilizarlos o reducirlos a meros sujetos de protección, les provoca un gran daño al negársele oportunidades y suprimírsele su potencial de crear una vida según sus propios talentos y deseos, los cuales se manifiestan a través de su voluntad y preferencias. Aseveró que la madurez de una persona no depende de la ausencia de discapacidad, puesto que el desarrollo físico, mental y emocional en cada ser humano se da de una forma diferente. Como consecuencia, afirmó que las distintas formas de ser de cada persona no pueden ser usado como la razón para legitimar la supresión de: (i) la voluntad, (ii) el potencial para desarrollar sus talentos para su propio disfrute y para contribuir a la comunidad; (iii) el derecho a defenderse de actos violentos que pretenden someterle a medidas coercitivas en nombre de su “interés superior”. En razón de ello, la CDPD ni su interpretación autorizada por el Comité contempla la posibilidad de exigir condición previa alguna para el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás. De otra parte, indicó que los principios de la dignidad inherente y la independencia de las personas se respetan cuando se aceptan los límites de cada subjetividad ante cada otra, es decir, cuando hay una abstención “de pretender ‘evaluar… el funcionamiento interno de la mente’, y así, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones, se protegen al prohibirse la sustitución del juicio de una persona con discapacidad por el juicio de otra persona.  Tanto los criterios basados en la consecuencia supuestamente negativa de una decisión, como los criterios funcionales basadas en la evaluación de la capacidad mental y aquellos basados en el mero estatus de ser persona con discapacidad, no pueden legitimar una denegación o restricción de la capacidad jurídica, según la Observación General, apartado 15.  Además, en el apartado 22, se reconoce que, a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás, se les debe respetar ‘el derecho a asumir riesgos y cometer errores’, es decir, debe abstenerse de pretender protegerlas de su propio juicio”[253]. En este mismo sentido, sostuvo que la provisión de apoyos no puede basarse en una evaluación de la capacidad mental de la persona o su aptitud para adoptar decisiones, tal y como lo señala la Observación General en el apartado 29. De esta manera, indicó que deben desarrollarse nuevos criterios y procesos para determinar la naturaleza de los apoyos requeridos, los cuales también deben garantizar el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. “Por ello es necesario concentrar la atención en lo que quiere hacer la persona y los obstáculos que enfrenta, a través de una conversación (aprovechando los medios y técnicas de comunicación accesible; en el caso de falta de comunicación verbal o en Lengua de Señas, utilizando comunicación alternativa y facultativa) y contando con la participación de sus personas de confianza si existen (vigilando en contra de cualquier influencia indebida o conflicto de interés), para averiguar sus necesidades”[254]. Aclaró que no debe presumirse que todas las personas con discapacidad requieren siempre y necesariamente apoyos y, por ello, a los Estados se les obliga a “proporcionar el acceso al apoyo, a velar por la comunicación accesible, los ajustes razonables y el uso de los principios del diseño universal en la elaboración de protocolos y trámites relativos al ejercicio de la capacidad jurídica, para facilitar la expresión de la voluntad de la persona si ella prefiere hacerlo sin ningún tipo de apoyo personalizado”[255]. La interviniente aseguró que la Ley 1996 de 2019 se encuentra encaminada a cumplir las normas del derecho internacional obligatorias para el Estado colombiano, particularmente el artículo 12 de la CDPD. Estimó que, además de obligarse a cumplir la norma sustantiva del reconocimiento de la capacidad jurídica sin ninguna discriminación, el Estado colombiano está obligado a crear el marco legislativo nacional para alcanzar este objetivo, de conformidad con lo establecido el artículo 4.1(a) y (b) de la CDPD. Por consiguiente, destacó que los principios y criterios consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley 1996 de 2019 son los adecuados para propiciar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano. Destacó que el elemento de la voluntariedad de los apoyos es lo que distingue al régimen de apoyos de los regímenes de sustitución de la voluntad. Resaltó que, precisamente, la voluntariedad es el elemento esencial que debe respetarse completamente en todas las etapas de identificación e implementación de apoyos. De hecho, destacó que en la Ley 1996 de 2019 los principios y criterios pertinentes para asegurar la voluntad de apoyos son la autonomía (artículo 4), la primacía de la voluntad y las preferencias de la persona (artículo 4, inciso 2), la necesidad de apoyos (artículo 5, inciso 1) y la imparcialidad de apoyos (artículo 5, inciso 4). De otra parte, aseguró que la idoneidad de la Ley 1996 de 2019 se puede evaluar a la luz de la CDPD, específicamente su artículo 2 y 12. Expuso que los elementos centrales del artículo 12 son los siguientes: (i) “[r]econocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con las demás personas, destacando la capacidad de realizar actos jurídicos por sí mismas, en todos aspectos de la vida”; (ii) “[a]segurar el acceso a apoyos requeridos en el ejercicio de la capacidad jurídica”; (iii) “[e]stabecer salvaguardias con el objetivo principal de garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y que protejan a las personas con discapacidad en los mismos términos que a las demás”[256]. Respecto del primer elemento, la interviniente consideró que la Ley demandada cumple con el artículo 12, por reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, incluyendo la capacidad de realizar actos jurídicos, sin admitir ningún tipo de discriminación basada en la discapacidad e independientemente del uso de apoyos para la realización de actos jurídicos. Además, la ley reconoce que el hecho de ser una persona con discapacidad no implica de por sí necesitar de apoyos para la realización de actos jurídicos y que es la voluntad de la persona la que determina si prefiere o no usarlos. Por último, opinó que las derogatorias que hace la Ley 1996 de 2019 sobre las disposiciones contrarias a la misma son pertinentes, pues permiten abolir el antiguo régimen de la incapacidad legal. Afirmó que la Ley 196 de 2019 cumple con dicho estándar, ya que tiene un alcance amplio e ilimitado. Asimismo, cumple con el artículo mencionado al hacer las derogatorias en el artículo 61, las cuales abordan, por ejemplo, las habilidades de testimoniar y de testar y la esterilización quirúrgica. Finalmente, concluyó que “[e]l régimen de transición prohíbe la iniciación de nuevos procesos de interdicción o inhabilitación (artículo 53), suspende dichos procesos cuando estén en curso (artículo 55).  Exige la revisión de todas sentencias de interdicción o inhabilitación, de oficio, dentro de un plazo equivalente a sesenta meses después de la promulgación de la Ley, o por la solicitud de la persona bajo tales sentencias (artículo 56).  Aunque se declara la intención de respetar la voluntad de la persona a través de dicha revisión,12 y el criterio de la ‘mejor interpretación’ si se aplica, no se justifica la continuación de estas personas en un estatus discriminatoria hasta que sea posible revisarlo.  Se debe asegurar el acceso a los apoyos requeridos a la vez que se garantiza el respeto a la presunción de capacidad de actuar independientemente de todas las personas mayores de edad, para cumplir su derecho humano a la capacidad jurídica, garantizado por el artículo 12 de la CDPD que es vigente y obligatorio para Colombia, y conforme además al principio de la autonomía y el criterio de la necesidad de apoyos con base en la solicitud de la persona o en la aplicación de una ‘mejor interpretación’ en los casos correspondientes (artículos 4.2 y 5.1) || La aplicación de medidas cautelares para proteger el patrimonio de la persona, levantando la suspensión del proceso de interdicción o inhabilitación, que dispone el artículo 55, igualmente debe ajustarse para respetar la voluntad y las preferencias de la persona, conforme a los artículos citados y a la luz de la Convención”[257]. En relación con el segundo elemento, indicó que la Ley 1996 de 2019 cumple la obligación de asegurar el acceso a los apoyos formales por garantizar tal acceso como derecho de la persona con discapacidad y por establecer mecanismos pertinentes para conformar dichos apoyos, tal y como se consagró en el artículo 9. De hecho, resaltó que se pueden conformar apoyos formales a través de un acuerdo de apoyo celebrado por la persona misma y las personas que la prestarán apoyo, ante un notario u conciliador extrajudicial de derecho, o a través de una adjudicación judicial de apoyos, por medio de jurisdicción voluntaria o proceso verbal sumario (artículos 15 al 20). Destacó que la ley demandada establece la mayor flexibilidad posible para que sea la persona misma quien idee los apoyos idóneos para sus necesidades, a la vez que consagra una valoración de apoyos con el fin de ayudar a la persona a conocer el alcance de sus necesidades y las opciones disponibles para cumplirlas. De igual manera, resaltó que “dispone la posibilidad de designar apoyos para aquellas personas respecto de quienes, después de agotarse todos los medios de comunicación y ajustes razonables disponibles, no es posible establecer de manera unívoca su voluntad y que, de no ejercer su capacidad jurídica, sus derechos se verían amenazados o vulnerados por un tercero”[258]. Sostuvo que este régimen en su conjunto es idóneo para garantizar el acceso a los apoyos formales para las personas con una amplia gama de necesidades y preferencias y la manera de accederlos. Como características principales del mismo señaló que: (i) no es necesario que una persona se identifique como una persona con discapacidad para celebrar un acuerdo de apoyos o para obtener una valoración de apoyos por lo dispuesto en los artículos 15 y 10, respectivamente, aunque la definición de apoyos es vinculada a la discapacidad (artículo 3.4); (ii) los apoyos se caracterizan como derecho en el caso de las personas con discapacidad (artículo 9); y (iii) las adjudicaciones judiciales se dicen aplicarse a personas con discapacidad en particular (artículo 32). Sobre este punto en particular, la interviniente sugirió que, con el objetivo de asegurar la máxima disponibilidad de apoyos sin estereotipos, sería pertinente que se presten sin referencia a si la persona titular del acto tiene una discapacidad o no. Ahora, respecto de las directivas anticipadas, señaló que “[e]l artículo 28 posibilita la inclusión de una cláusula perenne en la directiva, la cual se aplicará a pesar de la posterior expresión de voluntad contraria, excepto por una revocación o modificación con igual formalidad que la suscripción.  La cláusula perenne es desaconsejable porque resulta paradójico denegar la voluntad de la persona por razón de su propia voluntad, relativa solamente a sí misma (diferente a la promesa por beneficio de tercera persona, la cual es el base del contrato).  Por eso la persona se ve desamparada frente a la violación obligatoria de su autonomía personal e incluso su integridad física y mental, cuando se trata de procedimientos médicos. A la luz del conjunto de derechos y principios rectores de la CDPD, que valoran altamente la autonomía y la integridad desde la mirada del respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad incluyendo la diversidad en la adopción de decisiones,13 se debe ajustar este régimen como corresponde”[259]. Sobre la voluntariedad de la designación o asignación de apoyos, aconsejó lo siguiente: (i) “[p]ara la persona que prefiera una adjudicación judicial o que necesite una valoración de apoyos, se debería asegurar la participación interactiva en dicha valoración y el derecho a decidir finalmente aceptar o no aceptar cualquier apoyo planteado, y a modificarlas corresponde a su propia voluntad y preferencias, antes de la finalización del informe o de la sentencia que le designa los apoyos (relativa a los artículos 37 y 33, y la reglamentación de la valoración de apoyos generalmente, artículos 11-13)”; (ii) “[e]n el proceso promovido por un tercero, se debería asegurar la voluntariedad conforme al principio de la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular”; (iii) “[s]e debe asegurar además, que la modificación o revocación de una sentencia judicial de apoyos debe respetar plenamente la voluntad de la persona, y en el caso de ser promovido por tercero, adherir al criterio de la ‘mejor interpretación’ y los estándares para aplicar este criterio”; (iv) “se debe ajustar el proceso de revisión transicional de la misma manera para asegurar el respeto por las decisiones de la persona relativa a todos aspectos de la designación de apoyos, incluso el derecho a simplemente reclamar su capacidad jurídica y rechazar la designación de apoyos completamente”[260]. En definitiva, afirmó que los ajustes que recomendó, que conforman al criterio de la necesidad y el principio de la autonomía anteriormente citados, se pueden realizar a través de la reglamentación de la Ley 1996. En relación con el funcionamiento de los apoyos, señaló que la Ley 1996 de 2019 establece el alcance de las acciones permitidas para las personas de apoyo, tanto como sus obligaciones y la naturaleza de su responsabilidad personal, así como los requisitos e inhabilidades para ser designado. “Este marco legislativo es idóneo para gobernar y guiar los apoyos, junto con el principio de la primacía de la voluntad y las preferencias de la persona, que exige el deber de los apoyos a ‘siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular’ (artículo 4, apartado 3), y los criterios de la correspondencia y la imparcialidad (artículo 5, apartados 2 y 4), que exigen la prestación de apoyo correspondiente a las necesidades específicas de la persona, y el respeto por la autonomía de la persona y el deber de no ejercer influencia indebida, respectivamente”[261]. La interviniente realizó una sugerencia relacionada con en el listado de acciones permitidas a personas de apoyo del artículo 47, consistente en que, a pesar de que la aplicación de la “mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona” si tiene el sentido de interpretar la voluntad cuando la persona lo logra manifestarla de ninguna manera, requiriendo la utilización de evidencia externa, debe limitar esta función a los apoyos que tienen mandato expreso para hacerlo, así como la representación. “La interpretación en el sentido de intentar entender y aplicar lo que la persona expresa es diferente, porque cuenta con la comunicación interactiva y no debe ser confundida con el criterio de ‘mejor interpretación’ que se aplica cuando la persona no logra manifestar su voluntad”[262]. Finalmente, en relación con el tercer elemento del artículo 12, aseveró que la Ley 1996 de 2019, por garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adoptar decisiones y realizar los actos jurídicos por su propia voluntad, contando con ajustes o apoyos requeridos y con medios de comunicación accesible, implica como corolario la aplicación igualitaria de las salvaguardias de carácter general, por ejemplo, a través de la función notarial. Agregó que los criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley 1996 de 2019 se fundamentan en el objetivo de impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad de la persona, y comprenden los siguientes: “la necesidad de apoyo (conforme a la solicitud de la persona o la determinación que sea imposible determinar su voluntad); la correspondencia a las circunstancias específicas de la persona; la duración definida de los apoyos; y la imparcialidad de la persona de apoyo con el deber de actuar ecuánimemente en su función como apoyo, respetando el derecho a tomar riesgos y cometer errores y absteniéndose de la influencia indebida, definida conforme a lo dispuesto en la Observación General No. 1”[263]. Consideró que los referidos criterios deben regir todos los acuerdos de apoyo, ya sea por incluirlas en cada instrumento de designación o asignación, o por reglamentación general difundida a todas las personas que cuentan con apoyos y a todas las personas de apoyo. Además, afirmó que son pertinentes para establecer salvaguardias adicionales si se requieren en un acuerdo de apoyo determinado. Universidad del Rosario Angie Daniel Yepes García, en calidad de Coordinadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, y los siguientes miembros activos del grupo, Andrés Rodríguez Morales, Ingrid Liliana Palacios Ríos Simón Ospina Pieschacón, presentaron una intervención para solicitar que la Corte Constitucional se declarara inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto del cargo de omisión legislativa relativa. Ello, por considerar que los demandantes no cumplieron con la carga de controvertir la inconstitucionalidad de la presunta exclusión, utilizando los parámetros jurisprudenciales establecidos para el fin. De manera subsidiaria, en caso de prosperar el examen de aptitud, solicitaron declarar exequible la norma demandada, toda vez que consideraron que el cambio legislativo no conlleva a la desprotección de ningún tipo de persona con discapacidad ni configura una omisión legislativa relativa. A continuación, se hará una breve síntesis de los argumentos que sustentaron su postura. Por un lado, se pronunciaron sobre el cargo de la omisión legislativa relativa, para solicitar que la Sala Plena se declarar inhibida para fallar de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. Lo anterior, toda vez que indicaron que en ninguna de las dos demandas de inconstitucionalidad o en sus respectivas subsanaciones, se cumplieron los supuestos de hecho que permiten sostener que exista un cargo de omisión legislativa relativa. Explicaron que, si bien la demanda recayó sobre normas específicas (expresiones de los artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de 2019), en los cargos de inconstitucionalidad se omitió: (i) “[e]xplicar por qué las normas acusadas supuestamente excluyen de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tendrían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado”; (ii) “[e]xplicar las razones por las que se concluyó que esa exclusión carece de razón suficiente”; (iii) “[s]ustentar que se presenta desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma”; (iv) “[a]rgumentar que la omisión implica una violación de un deber del legislador”; y (v) “[e]xponer si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, o si por el contrario las normas son completas, coherentes y suficientes”[264]. No obstante lo anterior, expresaron que, en caso de que la Corte decidiera pronunciarse de fondo, debía declararse como exequible la ley demanda. Esto, puesto que la norma expone una visión progresiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Expusieron que el régimen anterior sobre discapacidad, contenido principalmente en la Ley 1306 de 2009, estableció un modelo de rehabilitación de discapacidad, el cual entendía a la discapacidad como “un fenómeno médico-científico y busca, por lo tanto, ‘normalizar’ y proteger a la persona con discapacidad a través de una negación de su capacidad jurídica”[265]. Afirmaron que dicho criterio es considerado obsoleto a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Por consiguiente, puede resumirse que el referido sistema responde al modelo de rehabilitación, en el que se restringe la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, reduciendo según el caso su capacidad jurídica, por presumirse que no tienen los elementos de juicio suficientes para ser autónomos y, por lo tanto, se asemeja su discapacidad a una incapacidad. Destacaron que, por el contrario, la Ley 1996 de 2019 materializó el “modelo social”, el cual entiende por discapacidad “una interacción entre características funcionales del individuo y las barreras propias de su entorno, por lo que busca su reconocimiento pleno de capacidad, promoción de la autonomía y toma de decisiones con apoyo”[266]. Aseveraron que con este nuevo modelo se dejó de lado la interdicción para dar paso a un modelo que garantizará los derechos de la población en discapacidad, reconociendo su autonomía y capacidad de autodeterminación desde su diversidad. Expusieron que la Ley 1996 de 2019 establece salvaguardias a los intereses y derechos de las personas en situación de discapacidad. Manifestaron que uno de los mayores avances de la Ley fue el de introducir la personalización del modelo de protección, el cual reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto pleno de derechos, “sin que esto sea óbice para reconocer que en algún caso requerirán de un apoyo formal para la garantía de sus derechos”[267]. Sin embargo, señalaron que hasta el momento no es claro cómo será el funcionamiento del sistema de valoración judicial de apoyos porque la misma Ley 1996 de 2019 contempla en su artículo 13 que “el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad en un plazo no superior a dieciocho meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, reglamentará la prestación de servicios de apoyos (...)” y en este momento aún está corriendo dicho término. Opinaron que la Ley 1996 de 2019, tal y como fue concebida, “no crea un sistema de desprotección para las personas en condición de discapacidad, por el contrario, busca reflejar el cambio sustancial que hubo en el paradigma social sobre las personas con discapacidad y en consecuencia, reconocerlos como sujetos plenos de derechos, sin desconocer que en razón de sus condiciones específicas requerirán de apoyos que les permitan dar su consentimiento real. La ausencia actual de la reglamentación que la regule no debe ser sinónimo de inconstitucionalidad, sino que se debe procurar que la misma sea ajustada a la Constitución”[268]. Michael Bach y Lana Kerzner Los señores Michael Bach, experto en discapacidad intelectual signiticativa y el artículo 12 de la CDPD y Director Ejecutivo del Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la Inclusión y la Sociedad (Iris – Institute For Research And Development On Inclusion And Society), y Lana Kerzner, experta en derecho de la discapacidad y el artículo12 de la CDPD, presentaron una intervención en calidad de “amicus curiae”, mediante la cual solicitaron declarar exequible la Ley 1996 de 2019. Para comenzar su intervención indicaron que la misma tenía como intención enfocarse exclusivamente en establecer si la Ley 1996 de 2019 cumple o no con el objetivo establecido en su artículo 12. De la Convención. En primera medida, expusieron que la Ley 1996 de 2019 sí garantiza un régimen legal no discriminatorio, al regular el ejercicio de la capacidad legal en concordancia con la CDPD. Agregaron que dicha ley establece un régimen inclusivo para la regulación de la capacidad legal, protege la validez de los actos legales y salvaguarda a las personas que puedan ser vulnerables a abusos en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, consideraron que cumple con los mismos objetivos que las figuras de la curatela y las sustitutivas para la toma de decisiones. No obstante, no admite o requiere de medidas discriminatorias. Los intervinientes organizaron su escrito en seis secciones, las cuales se sintetizarán a continuación. (i) Aproximaciones biomédicas a la discapacidad y a la toma de decisiones: El fundamento de la discriminación basada en la discapacidad en el ejercicio de la capacidad legal. La doctrina ha clasificado el ejercicio de la capacidad legal en tres enfoques principales, los cuales se basan en factores biomédicos intrínsecos al individuo y que ven al ejercicio de la capacidad legal como dependiente del cumplimiento de ciertas condiciones. Estos enfoques comunes para la capacidad legal son: a. Enfoque en el estatus: Primer enfoque legal que regula y restringe la capacidad legal, la cual se sujeta a un estatus (por ejemplo, la edad o el trastorno mental). Aquel estatus se convierte en una condición que restringe la capacidad legal con la excusa de proteger a la persona. b. Enfoque en el resultado: Este restringe la capacidad legal con base en el daño que puede resultar, o está resultando, de las acciones o el comportamiento de la persona. Normalmente, la restricción sólo se impone cuando el comportamiento se da como consecuencia de un trastorno mental y se evidencia comúnmente en normas relacionadas con la salud mental. c. Enfoque cognitivo/funcional: Permite el ejercicio de la capacidad legal si la persona tiene ciertas habilidades cognitivas; en otras palabras, dicho ejercicio es negado a quienes no pueden demostrar ciertas habilidades cognitivas. Las referidas habilidades pueden involucrar una combinación entre la compresión de información y la apreciación de las consecuencias de una decisión. La imposibilidad de alcanzar independientemente esas habilidades, las cuales son consideradas como necesarias para poder celebrar actos legales, es la razón que activa figuras tales como la curatela y las sustitutivas. Las tres clasificaciones anteriores son enfoques biomédicos que equiparan las capacidades individuales personales (habilidades cognitivas) con las condiciones para reconocer la capacidad legal. Los intervinientes sostuvieron que los tests utilizados en estos enfoques tienen el efecto de restringir desproporcionadamente la capacidad legal de las personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas o con problemas de salud mental. Pese a que las restricciones usualmente se justifican por el interés de proteger el patrimonio o la salud de la persona y protegerla de daños sobre sí misma o sobre otros, el impacto que generan estas medidas son la exclusión y discriminación hacia las personas con discapacidad. Además, señalaron que este tipo de medidas restrictivas interfieren con la libertad de tomar decisiones propias. Por lo tanto, en su opinión, estos enfoques deben ser considerados como incompatibles con la CDPD y su reconocimiento de los derechos a la libertad y a la igualdad sin discriminación basada en la discapacidad. (ii) El modelo social de la discapacidad y el enfoque inclusivo de la capacidad legal: “capacidad para la toma de decisiones”. Manifestaron que, a su parecer, las leyes de capacidad legal que establecen condiciones para el ejercicio de la misma no son inherentemente problemáticas; por el contrario, el inconveniente se genera cuando esas condiciones son aplicadas de forma que resultan discriminatorias por basarse en la existencia de una discapacidad, en el género o en otras bases que infringen la libertad y violan las obligaciones legales de proteger y promover los derechos a la igualdad y a la libertad. Afirmaron que “[a]l regular la capacidad legal de una manera en la que se garanticen los derechos a la libertad y a la igualdad sin discriminación basada en la discapacidad, incluso cuando las condiciones intelectuales, cognitivas o psicosociales son consideradas severas o profundas, el reto es diseñar condiciones que tengan en cuenta el punto de tensión del derecho de la capacidad legal que se refleja en la CDPD, como se describe a continuación (…) La clave para una reformulación no discriminatoria es permitir que esas funciones cognitivas sean compartidas entre la persona y sus apoyos, en circunstancias apropiadas. Este enfoque no desatiende el requisito cognitivo para las decisiones legales válidas, sino que reconoce flexibilidad en las formas en que los requisitos pueden ser alcanzados legítimamente”[269]. En este acápite concluyeron que “[e]l hecho de que algunas personas puedan enfrentar barreras porque carecen de los apoyos que necesitan, incluyendo la comunicación, el razonamiento y otro tipo de asistencia para la toma de decisiones, no es una razón en sí misma para negarle el ejercicio de la capacidad legal. Un enfoque en la capacidad para la toma de decisiones para la capacidad legal hace que el fundamento de la capacidad legal sea la expresión de las verdaderas intenciones y la voluntad libre de la persona, no la capacidad de razonamiento necesaria para transformar esto en acuerdos legales. Este es un enfoque inclusivo porque aún personas que tienen discapacidades intelectuales, cognitivas o psicosociales profundas tienen una voluntad y unas preferencias que pueden guiar la toma de decisiones para que se representen en decisiones legalmente válidas. La siguiente sección explora la forma en que las leyes que regulan la capacidad legal, como como la Ley 1996, hacen esto posible”[270]. (iii) Transformando la capacidad para la toma de decisiones en decisiones legalmente válidas. Aseveraron que el enfoque de la capacidad para la toma de decisiones reconoce que, para alcanzar la igualdad en el ejercicio de la capacidad legal, el proceso de toma de decisiones necesitará ser compartido para algunas personas. En otras palabras, las funciones cognitivas que se precisan para una decisión particular, por ejemplo aquellas de comprender información y apreciar las consecuencias, pueden ser compartidas legítimamente y seguir constituyendo una decisión legalmente válida y garantizando que la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad sea lo que guíe la toma de decisiones, tal y como pretende que ocurra el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Explicaron que el enfoque en la capacidad para la toma de decisiones reconoce dos formas de alcanzar funcionalmente los requisitos cognitivos para las decisiones legales válidas, a saber: a. La capacidad para la toma de decisiones de manera independiente: Esta situación se da cuando la persona demuestra que con los apoyos y los ajustes adecuados tiene la capacidad de comprender la información y apreciar las consecuencias requeridas para una decisión particular y, en consecuencia, decide por sí misma. El hecho de que la decisión se tome de manera independiente no significa que la persona haya decidido por sí misma sin ningún tipo de apoyos; por el contrario, esta capacidad involucra la habilidad de la persona de tomar una decisión independientemente después de haber recibido todos los insumos de información y los apoyos para dicho propósito. b. La capacidad para la toma de decisiones de manera interdependiente: Este escenario se da cuando la persona, en conjunto con un apoyo reconocido para la toma de decisiones, tiene la capacidad de comprender la información y apreciar las consecuencias de una decisión, guiada por la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona en esas circunstancias. (iv) Capacidad para la toma de decisiones interdependiente: Fundamentando la capacidad legal en la voluntad y las preferencias, sus interpretaciones y el rol de los apoyos. Explicaron que el escenario de la toma de decisiones interdependiente aplica cuando las capacidades de la persona para expresar su voluntad y preferencias en relación con una decisión particular y realizar el razonamiento para traducir su voluntad y preferencias en una decisión legalmente válida, puede ser muy limitada o inexistente en el momento presente. Indicaron que el apoyo interpretativo es el que permite que la toma de decisiones sea posible en estas circunstancias. Refirieron que el Comité de la CDPD reconoció el principio de “la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias” para este tipo de situaciones. Resaltaron que este principio se estableció como una salvaguarda para prevenir la exclusión y así proteger el ejercicio de la capacidad legal en una base igualitaria. Adujeron que esta salvaguardia se creó para aplicarse en situaciones en las que, después de haberse hecho esfuerzos significativos, la voluntad y las preferencias de una persona no pueden ser suficientemente determinadas para conducir a una decisión particular. Aclararon que “[l]os términos ‘voluntad’ y ‘preferencias’, que son fundamentales para definir el ejercicio de la capacidad legal, se usan, pero no se definen en la CDPD ni en el Comentario General No. 1. De acuerdo con una nutrida historia de la filosofía y del Derecho, los términos se pueden definir de la siguiente manera.15 Las ‘preferencias’ de una persona son esos valores o metas, las cosas que le importan, las que buscan lograr a través de actos intencionales. La ‘voluntad’ de una persona es la acción intencional demostrada o teniente a alcanzar esas preferencias o metas. De esta forma, pueden entenderse como capacidades humanas universales, a saber, la valoración de ciertas cosas sobre otras (preferencias), y el esfuerzo para alcanzar esas cosas (voluntad). El ejercicio de la voluntad personal se demuestra a través de las formas de comunicación como acciones corporales del discurso, gesticulación, movimiento corporal hacia objetos que cuidan y por los cuales se preocupan, y la retirada de objetos temidos o rechazados”[271]. Finalmente, plantearon que el mecanismo de interpretar la voluntad y las preferencias de una persona con discapacidad para viabilizar el ejercicio de su capacidad legal a través del modelo de la capacidad interdependiente para la toma de decisiones implica la necesidad de hacer uso de los siguientes mecanismos: a. “Apoyos de otros en ciertas instancias para ayudar a la persona en la formulación y expresión de su voluntad y sus preferencias y en la formulación de planes intencionales, para darles efectos legales”[272]. b. “El principio de ‘la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias’, como puede ser necesario en algunas circunstancias para resolver expresiones inciertas o conflictivas en las interpretaciones de la voluntad y preferencias de una persona (bien sea en el presente o al considerar las expresiones de una persona a través del tiempo), y la forma en que deben guiar planes y decisiones en un contexto específico”[273]. c. “Salvaguardas, en donde las acciones de la persona puedan resultar en daños injustificados para ella misma y/o para otros, incluso con apoyos, carece de la habilidad de comprender información y apreciar las consecuencias en esa instancia”[274]. (v) Características de las leyes para implementar el enfoque de capacidad para la toma de decisiones. Estimaron que en derecho se requieren algunas características principales para implementar el enfoque de la capacidad para la toma de decisiones. Afirmaron que dichas características ya existen en los sistemas legales; no obstante, no es común verlas reunidas en una misma ley. Las referidas características son: a. La obligación de ajustarse el proceso para la toma de decisiones: Fue definida en el Comentario General del artículo 12 de la CDPD como “cualquier modificación o ajuste necesario que le permita a la persona con discapacidad ejercer su capacidad legal, a menos que sea desproporcionada o una carga indebida”. El ajuste debe incluir información accesible en relación con las decisiones que tienen efectos legales y asistencia personal. b. Apoyos para la toma de decisiones y la ‘toma de decisiones con apoyos’: El artículo 12 de la CDPD estableció la obligación de los Estados parte de proveer acceso a los apoyos que pueda llegar a necesitar una persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad legal. Por otro lado, el Comentario General sobre el artículo 12 definió “apoyos” como “un término amplio que contiene arreglos de apoyo tanto formales como informales, de distintos tipos e intensidades”. Agregaron que la doctrina ha identificado como apoyos para este propósito a los siguientes: activismo independiente representantes seleccionados por o en favor de la persona, asistencia planeada con base en la persona, asistencia en la comunicación, apoyos interpretativos, apoyo para oportunidades y construcción de relaciones personales y apoyo administrativo. c. Test inclusivo, no-cognitivo de capacidad para designar a una persona como apoyo para la toma de decisiones: Sobre este punto en particular, destacaron que el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019, en relación con la adjudicación de la persona de apoyo a través de los jueces, llenó el vacío que de otra forma existiría en el ordenamiento jurídico colombiano en el caso de que una persona con discapacidad sea incapaz de realizar la designación de su apoyo de forma independiente. Resaltaron que, en este escenario, las personas de apoyo actúan como representantes de la persona y están obligados a proveerles la comunicación, la toma de decisiones y apoyos interpretativos de acuerdo con la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona; es decir, no son sustitutos para la toma de decisiones. d. El papel de las ‘verdaderas intenciones’ y la ‘voluntad libre’ de una persona para demostrar la capacidad legal: Refirieron que el Comité de la CDPD, en su Comentario General sobre el Artículo 12, recalcó que el respeto por la voluntad y las preferencias de una persona es la base para un enfoque no discriminatorio de la capacidad legal. El Comité sostuvo que “es imperativo que la persona con discapacidad tenga la oportunidad de desarrollar y expresar su voluntad y sus preferencias, para así poder ejercer su capacidad legal en una base de igualdad con los demás”. La cualificación realizada por el Comité sobre el concepto de la “voluntad y las preferencias” expresadas por la persona con discapacidad, las cuales deben ser libres de indebidas influencias en servicios del cuidado a la salud y otros contextos de toma de decisiones, sugiere “una caracterización de esta noción similar aquella de la ‘voluntad libre’ (free will) referenciada en la jurisprudencia sobre indebida influencia y circunstancias sospechosas”[275]. e. Disposiciones para interpretar válidamente las ‘verdaderas intenciones’ y la ‘voluntad libre’ como la base de las decisiones: “A través del camino de la toma de decisiones en estas circunstancias, un rol interpretativo será crucial para traducir las ‘verdaderas intenciones’ y ‘la voluntad libre’ de una persona en decisiones concretas. Hay dos etapas en este proceso de interpretación. La primera, que la interpretación puede ser requerida para comprobar cuáles son las verdaderas intenciones y la voluntad libre de la persona en esas circunstancias, con base en los registros de sus expresiones y planes previos; la segunda, es que la interpretación puede requerirse sobre cuáles acciones específicas deberían tomarse para establecer as verdaderas intenciones y la voluntad libre de la persona en esas circunstancias. Estas acciones interpretativas, que al final resultan en consecuencias legales, pueden involucrar pasos legales y no-legales”[276]. f. Salvaguardas: “Hay preocupaciones basadas en la evidencia sobre el potencial de abuso, negligencia o explotación de los acuerdos para la toma de decisiones, incluyendo la curatela y las figuras sustitutivas y el poder de los abogados sobre personas que no son capaces de actuar legalmente de forma independiente. Estas salvaguardias son, y siempre serán, un componente integral de la regulación legal de dichos arreglos. Este es el caso de las leyes existentes que reconocen que tanto la toma de decisiones con figuras sustitutivas y a la vez los apoyos en la toma de decisiones son consideraciones importantes para cualquier régimen de capacidad legal (incluyendo aquel basado en la capacidad de toma de decisiones)”[277]. Afirmaron que, independientemente del enfoque de capacidad legal que adopte cualquier régimen legal, las salvaguardias deben cumplir tres propósitos, a saber: a. Promover y proteger el ejercicio de la capacidad legal y el derecho a la autonomía. b. Proteger de daños potenciales como resultado de influencias indebidas o abusos por parte de las personas de apoyo o abusos de terceros. c. Garantizar la fiabilidad y la validez de las transacciones. (vi) Breve conclusión sobre la Ley 1996: Evaluación de las protecciones ante la discriminación y salvaguardas contra el daño. Con base en lo anterior, los intervinientes concluyeron que la Ley 1996 de 2019 incorpora las características principales del enfoque en la capacidad de toma de decisiones de manera directa y, en este sentido, incluye medidas para: a. “Fundamentar actos legales en las manifestaciones de la voluntad y las preferencias de la persona”[278]. b. “La presunción de que todas las personas pueden actuar legalmente de forma independiente – para evitar restricciones para las personas si se presume que sólo pueden actuar a través de la capacidad de toma de decisiones constituida de forma interdependiente”[279]. c. “Reconocer el principio de la ‘mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de una persona’ para guiar los actos interpretativos de las personas de apoyo para la toma de decisiones”[280]. d. “Designación de las personas de apoyo, cuando la persona no tiene la capacidad de hacerlo por sí misma”[281]. e. “Reconocimiento legal de los apoyos para la toma de decisiones y la obligación de proveer ajustes razonables”[282]. f. “Salvaguardas para asegurar la integridad del proceso de la toma de decisiones, el cumplimiento de las obligaciones legales de las personas de apoyo para la toma de decisiones, y de protección a las personas de daños”[283]. Así, sostuvieron que la Ley demandada estableció los pilares legales necesarios para lograr un cambio de régimen jurídico en relación con la capacidad legal, para acabar con el uso de figuras como la curatela o las sustitutivas, así como también la toma de decisiones sustitutivas. En cambio, este nuevo régimen busca reconocer de manera efectiva la capacidad para la toma de decisiones de forma independiente e interdependiente de personas con discapacidad, asegurando que no sea un régimen discriminatorio sino inclusivo. Adicionalmente, señalaron que es un modelo que protege la validez de los actos legales y salvaguarda a las personas que puedan llegar a estar en condición de vulnerabilidad por abusos en los procesos de toma de decisiones. Por ello, consideraron que la Ley 1996 de 2019 defiende y refleja alguna de las normas y derechos fundamentales reconocidos en la CDPD. Departamento de Derecho Procesal – Universidad Externado de Colombia El señor Jairo Rivera Sierra, en representación del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, presentó una intervención mediante la cual solicitó que se declararan inexequibles las normas demandadas. Su intervención giró en torno a dar respuesta al siguiente problema jurídico planteado por el: “¿Es inconstitucional dotar de capacidad jurídica y de capacidad de ejercicio a las personas discapaces (sic), sin haber distinción entre ellas y permitiéndoles celebrar actos jurídicos con o sin apoyos? ¿Con base en lo anterior, es inconstitucional derogar y prohibir las instituciones de interdicción e inhabilitación como mecanismos de protección de sus derechos?”.[284] La respuesta del interviniente frente a dichos interrogantes fue la siguiente: “SI, ES INCONSTITUCIONAL, tanto los apartes subrayados como en general la totalidad del artículo 6 de la ley 1996 de 2019 crea un trato desigual y un estado de desprotección absoluta para las personas con discapacidad, al dotarlas de plena capacidad de goce y de ejercicio incluso sin apoyos, sin tener en cuenta que, por sus condiciones físicas o mentales pueden encontrarse en situación de debilidad manifiesta al no contar con la posibilidad de comprender las consecuencias de sus actos. En el mismo sentido, tanto el artículo 6 como el artículo 53 demandados, extralimitan los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, cuyo objetivo es la protección e inclusión de las personas con discapacidad, pero cuyo texto en ningún momento las dota de plena capacidad de ejercicio ni prohíbe la interdicción o la inhabilitación como mecanismos de protección para las mismas”.[285] Esa posición la sustentó bajo los argumentos que se expondrán a continuación. Primero, en materia de capacidad, indicó que el numeral primero del artículo 12 de la CDPD reafirmó que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en otras palabras, que son sujetos de derecho; tema que en Colombia no está en discusión, puesto que dicho reconocimiento se hizo desde la expedición del Código Civil, en el que se dispuso que toda persona es sujeto de derecho desde su nacimiento y hasta el momento de su muerte (artículos 74, 90  94) así como también fue reconocido mediante el artículo 14 de la Constitución Política. Ahora bien, frente al numeral segundo del mismo artículo 12, el cual consagró que los Estados parte deben reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, el interviniente consideró que el artículo 6 de la Ley bajo estudio extralimitó ese contenido de la CDPD. Ello, por cuanto deja en desprotección y vulnerabilidad a las personas con discapacidad y acaba con las distinciones, generando que no se tenga en cuenta ni siquiera el grado de la discapacidad. Resaltó que el numeral 2 del artículo 12 de la CDPD se refirió fue a la capacidad jurídica, mientras que el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 involucró la capacidad legal. Al respecto, aclaró que “la capacidad jurídica o de derecho es aquella de la que goza todo ser humano desde el momento de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, reconocida en Colombia por el artículo 14 de la Constitución Política y por la ley civil, que se refiere a la potestad de ser titular de todos los derechos y libertades y de gozar de ellos. Por su parte, la capacidad legal, negocial o de ejercicio se refiere a la aptitud para obrar jurídicamente e introducir cambios en las relaciones y asuntos jurídicos en los que se es sujeto”.[286] El interviniente explicó estos dos conceptos para señalar que el numeral segundo del artículo 12 de la CDPD se refirió sólo a la capacidad jurídica de todas las personas en situación de discapacidad, pero no mencionó la capacidad de ejercicio. Por ello, afirmó que el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 viola la CDPD, al haber extralimitado su contenido alcance y haber establecido que todas las personas en situación de discapacidad están dotadas de capacidad de ejercicio, sin distinción alguna entre ellas y, más aún, sin importar si cuentan o no con los apoyos necesarios para ejercerla. En su opinión, dicha extralimitación deja en una situación de debilidad manifiesta y sin mecanismos de protección eficaces frente a los abusos que puedan comerte en contra de las personas con discapacidad; situación a la que también contribuye el artículo 53 al derogarse las figuras de la interdicción e inhabilitación. Sobre el último punto mencionado, señaló que la CDPD no previó la prohibición de la interdicción judicial como mecanismo de protección. Por ello, el interviniente estimó que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 también extralimitó el contenido de la CDPD, bajo ningún argumento o razón suficiente. De otra parte, refirió que el artículo 13 de la Constitución Política, el cual consagró el derecho a la igualdad, permitió la existencia de un trato desigual frente a quienes estén en diferentes circunstancias o bajo diversas condiciones, especialmente cuando aquellas ponen a una persona en situación de debilidad manifiesta. En específico, el segundo parágrafo del artículo 13 estableció que las personas que se encuentren situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición física o mental, serán protegidas de manera especial por el Estado colombiano. Por consiguiente, en opinión del interviniente, los artículos demandados violan la referida norma constitucional, puesto que en vez de hacer efectiva la protección que establece, deja en situación de desprotección absoluta a las personas con discapacidad, al dotarlos de una capacidad de ejercicio ilimitada y sin distinciones,  al privarlos de las únicas herramientas jurídicas con las que contaba el ordenamiento jurídico colombiano para salvaguardar sus intereses, velar por sus derechos y evitar los abusos de los que pueden ser víctimas en aquellos eventos en los cuales no cuentan con las facultades para discernir y comprender los efectos y consecuencias de sus actos, especialmente desde el punto de vista patrimonial. A su parecer, el hecho de haber eliminado del ordenamiento jurídico la distinción que existía entre la capacidad absoluta y la relativa, según el grado de discapacidad de cada persona, generó una violación del principio de la igualdad material y la protección a que tienen derecho las personas con discapacidad. El interviniente expresó que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 rompió toda la tradición jurídica sobre la materia, puesto que: (i) se separó completamente del paradigma existente en relación con el tema de capacidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, al dotar de capacidad plena a todas las personas con discapacidad sin distinción alguna; (ii) desconoció la distinción existente entre la capacidad de goce y la de ejercicio, así como también la incapacidad absoluta y la relativa, como concepto legal; (iii) eliminó y prohibió las figuras de interdicción e inhabilitación, dejando completamente desprotegidos los derechos e intereses de las personas con discapacidad, además porque introdujo unos mecanismos de apoyo que no desarrolló; y (iv) consagró un nuevo derecho desconocido en Colombia, esto es, el derecho a equivocarse, sin medir las consecuencias que esto puede acarrear en el campo legal, en el que además debe primar siempre la voluntad del interesado, privando de toda efectividad y utilidad a los apoyos contemplados. Con base en lo anterior, concluyó que “la Ley 1996 de 2019 derogó un sistema completo de protección para las personas con discapacidad y creó un sistema desprovisto de lógica jurídica e el que éstas quedan a merced del abuso y de la inseguridad de sus propias decisiones tomadas sin necesidad de contar con ningún tipo de apoyo. La Ley 1306 de 2009, se expidió en el marco de la implementación de los fines de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de armonizar dicha Convención con el ordenamiento jurídico colombiano y cumplió a cabalidad su objetivo, mientras que la nueva ley se extralimitó al dejar sin efectos todo el sistema de protección existente y fue mucho más allá del marco planteado por la Convención”[287]. Para finalizar su escrito, afirmó que al hacer un análisis de derecho comparado en materia de legislación sobre capacidad en los distintos países de América Latina que han adoptado la CDPD, “es posible evidenciar que en muchos de ellos e ha puesto en marcha la misma línea seguida por Colombia, en el sentido de extralimitar los alcances de la CDPD y dotar de plena capacidad de ejercicio a las personas con discapacidad, sin hacer distinciones entre ellas u sin exigir que cuenten con el apoyo necesario (…) se trata de una tendencia que pretende hacer creer que los países se están acoplando a la Convención de 2006, cuando e realidad se están desviando de su verdadera finalidad que es la protección e inclusión de las personas con discapacidad sin desprotegerlas ni dejarlas a merced del abuso. De una gran variedad de organizaciones internacionales a unas que han hecho especial énfasis en esa plena inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad, como lo son la CEPAL, Open Society Foundation, la RADIS, Inclusión Internacional, entre otras, la cuales argumentan estar inspiradas en el ‘Plan estratégico para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la Educación Inclusiva, Capacidad Legal, el Derecho a vivir en Comunidad y el Papel de las Familias’, para de esta forma hacer ver la importancia de que los países adopten dentro de su legislación normas que sean ‘más garantistas’ y se les dé más capacidad para ejercer sus derechos, bajo una idea distorsionada de inclusión. || Con esto, lo que en realidad se está generando es una exposición injustificada de las personas con discapacidad, aumentando su desprotección y vulnerabilidad, ya que finalmente lo que hace es medir su condición con conceptos cuantitativos y no cualitativos que permitan reconocer la diversidad y condición especial de cada una de ellas”[288]. Liga Colombiana de Autismo La señora Edith Betty Roncancio Morales, en calidad de Directora de la Liga Colombiana de Autismo – LICA, presentó un escrito de intervención con el fin de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019. En primer lugar, manifestó que LICA hizo el proyecto denominado “Apoyo a la toma de decisiones y la vida en la comunidad en Colombia (según los artículos 12 y 19 de la CDPD)”, el cual tuvo como resultado la redacción de la “Guía práctica para el ejercicio de la capacidad jurídica”, la cual propone un cambio de paradigma en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como un modelo de toma de decisiones con apoyo. Igualmente, indicó que, como miembro de la alianza por la capacidad legal en Colombia, LICA participó en el proceso de reglamentación de la Ley 1996 de 2019. Con base en su experiencia y conocimiento, pidió a la Corte tener en cuenta la siguiente información. Por un lado, señaló que la figura de la interdicción “es la privación del ejercicio pleno de la capacidad jurídica de una persona, quien es declarada incapaz. Esta figura está encaminada a proteger los bienes de una persona, así las cosas, ésta, atenta contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, quienes, por décadas, han dependido totalmente de las decisiones que toma su curador, independientemente que la favorezca, la haga feliz y le permita una vida diga, disfrutando plenamente de sus gustos y preferencias”[289]. Expresó que, apoyada en su experiencia profesional, se presume erróneamente que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones de manera independiente y consciente, negándoseles la oportunidad de vivir una vida plena y de manera autónoma, situación que ha vulnerado por años los derechos fundamentales de este grupo de personas. Por consiguiente, sostuvo que “la ley 1996 en todo su articulado, propende por la garantía del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad. Que la reglamentación y aplicación de esta ley, cambiará la situación que viven las personas con discapacidad, quienes por décadas han tenido que depender de las decisiones de otras personas, sin ser tenidas en cuenta, impactando negativamente su calidad de vida. Que así mismo, esta ley propone la toma de decisiones con sistemas de apoyo y salvaguardias que les permitirá una vida en la comunidad de manera autónoma y autodeterminada”[290]. Colectiva Polimorfas – Grupo de Apoyo a Mujeres en Diversidad Funcional 7 Discapacidad Las señoras Yolanda del Rocío Gil, María Jazmín Rueda, Sabrina Pachón Torres, Leidy Natalia Moreno Rodríguez y Luz Velia Velandia Robayo, miembros de la organización COLECTIVA POLIMORFA – GRUPO DE APOYO A MUJERES EN DIVERESIDAD FUNCIONAL/DISCAPACIDAD, presentaron un escrito de intervención mediante el cual solicitaron que se declararan exequibles las normas demandas con base en los siguientes argumentos. Para comenzar, explicaron que la organización trabaja por la protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo su inclusión real y efectiva en la sociedad y luchando para la eliminación de cualquier tipo de estereotipos. Agregaron que llevan a cabo talleres para mujeres con discapacidad, mediante los cuales abordan el tema de la capacidad jurídica, exponiendo qué es, para qué sirve y cuál es su alance, así como también realizan actividades con el objetivo de brindarles la posibilidad de comprender la importancia de la toma de decisiones en sus vidas. Luego, manifestaron que, en su opinión, como mujeres con discapacidad y con base en su propia experiencia, la capacidad jurídica no se presupone, sino que se posee por el simple hecho de ser humano. De hecho, adujeron que: “Las personas con discapacidad llevamos años de lucha por nuestros derechos. Por varias generaciones hemos entregado nuestros saberes y conocimientos a la sociedad en torno a distintas áreas y disciplinas como: la ciencia, el arte, la tecnología, la literatura, la filosofía, entre otras; sin embargo, y pese a todos nuestros esfuerzos para que se nos reconozca como sujetos de derechos, esto aún no se logra. El mundo sigue teniendo una deuda histórica con el colectivo de personas con discapacidad. Cambiar el paradigma sobre la visión histórica que han tenido la sociedad y los Estados sobre las personas con discapacidad dejando de lado la mirada como sujetos de asistencia e infuncionales, completamente dependientes de las familias o de las instituciones, para pasar a verlas como sujetos autónomos que pueden ejercer la toma de decisiones y, como cualquier otra persona, poder cometer errores o necesitar de la ayuda de un tercero. Es este el cambio de paradigma hacia el que Colombia ha venido avanzando desde la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad y en el que la Ley 1996 de 2019 constituye un paso más”[291]. Afirmaron que la discapacidad no debe clasificarse por grados, por cuanto ese es un criterio médico-funcional, y que éste se ha usado erróneamente para determinar la utilidad y/o funcionalidad de una persona en la sociedad. De ahí aseveraron que la Ley 1996 de 2019 representa un presente para nuestra historia por reivindicar la lucha que por años han llevado las personas con discapacidad. En efecto, expresaron que “ya no nos sentimos muertos en vida, pues la Ley 1996 da cuenta de un Estado que nos reconoce jurídicamente e irrestrictamente como personas”[292]. Así, “[p]ara la Colectiva Polimorfas esta ley es fundamental en la vida de las mujeres con discapacidad ya que posibilita una real autonomía sobre el cuerpo y la vida de ellas, donde la toma de decisiones se debe respetar y acompañar y nunca limitarse. Cabe señalar que, como hay múltiples evidencias y casos conocidos, la figura de la interdicción ha hecho que a mujeres con discapacidad se les practique esterilizaciones y abortos sin su consentimiento, que muchas de ellas sean separadas de sus hijos/as y estos dados en adopción sin darles la oportunidad de asumir el cuidado con un sistema de apoyos para poder aportar en su crianza, que han sido institucionalizadas de manera forzosa; asimismo, ha propiciado que las denuncias sobre violencia sexual y otras violencias no tengan ninguna validez por estar declaradas interdictas las denunciantes, que las mujeres con discapacidad no puedan decidir si desean ser madres o no con el argumento de que ‘no saben lo que hacen’ o ‘no pueden cuidar’ cuando hay un importante número de casos donde mujeres con discapacidad cuidan de sus hermanos/as, padres, sobrinos/as, primos/as o vecinos/as y hasta llegan a ser el sostén de sus familias; la interdicción ha reforzado el estigma sobre este colectivo y lo ha puesto en situación de vulnerabilidad”[293]. En conclusión, consideraron que la forma más adecuada para proteger a las mujeres con discapacidad es: (i) brindándoles información sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden exigirlos; (ii) respetando su autonomía; y (iii) acompañándolas en su toma de decisiones. Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia La señora Gloria Nieto de Cano presentó un escrito de intervención como representante legal de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias – ACPEF, con la finalidad de solicitar que se declarara exequible la Ley 1996 de 2019. Para comenzar, indicó que la asociación participo en el proyecto denominado “Apoyo a la toma de decisiones y la vida en la comunidad en Colombia (según los artículos 12 y 19 de la CDPD)”. Asimismo, expresó que con la redacción de la “Guía práctica para el ejercicio de la capacidad jurídica”, la cual fue resultado del proyecto en el que participaron, se logró poner en evidencia, desde la experiencia de personas y familias con discapacidad cognitiva y psicosocial, la necesidad de establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo, por la permanente violación de los derechos de las personas en nombre de una “protección” mal entendida, por parte de las familias y del sistema de salud. Por lo anterior, la interviniente procedió a hacer un resumen de la información más relevante que, en su opinión, debía ser tenida en cuenta por la Corte Constitucional al momento de emitir el fallo. Dicha información se presentó de la siguiente manera: “1. La capacidad jurídica constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos como lo expresa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En consecuencia, la realización de los derechos humanos, dignidad, autonomía, y solidaridad- de las Personas con discapacidad pasa necesariamente por el reconocimiento de su capacidad jurídica. 2. Consideremos que tratándose especialmente de la discapacidad mental o psicosocial adquiere una significación muy relevante venciendo la exclusión y el estigma que se genera desde las mismas normas del estado que pretenden “protegerlos” y defender sus derechos, negándoselos. 3. La Adopción de un Sistema de apoyos que garantice la igualdad y la no discriminación en la titularidad, disfrute y ejercicio de los derechos es la puerta de entrada a la verdadera inclusión. 4. El estigma del “loco” lo viven de manera destructiva las personas y se hace extensivo a sus familias, frente a su valía como seres humanos, dentro de una sociedad que los excluye tildándolos de “Incapaces”. 5. En 20 años de trabajo solo he conocido a personas capaces y maravillosas que buscan un lugar en el mundo, luchando contra su propio “autoestigma” cuando toda una sociedad los señala como personas no merecedoras porque la ley así lo determinó. 6. La interdicción es la privación del ejercicio pleno de la capacidad jurídica de una persona, quien es declarada incapaz y seguidamente establece la “sustitución” por un tercero que tome las decisiones en su nombre sin consultar siquiera con su voluntad, gustos, deseos o preferencias; en un proceso al cual ni siquiera asiste, cuando la decisión es tomada por un juez que nunca conoció a la persona. 7. Esta figura encaminada a proteger los bienes de una persona, atenta contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.  La Interdiccion vulnera derechos en beneficio de terceros quienes están potestados para solicitarla que pueden actuar en perjuicio del beneficiario de manera inescrupulosa. Decidiendo sobre sus bienes y su vida y le convencen de su incapacidad. Es una utilización del derecho muy agresiva, una Inhabilitación total y de por vida. 8. La presunción de discapacidad se basa en un diagnóstico definiendo clínicamente lo que puede o no hacer la persona.  Prevalecen los mitos, el asistencialismo y la falta de políticas públicas que garanticen los ajustes y apoyos que requieren para vivir en la comunidad en igualdad de oportunidades; y de tomar sus propias de decisiones. 9. La diferencia en las capacidades y las dificultades para su desarrollo tienen su origen no tanto en los rasgos de la persona como en la manera en que el    entorno físico y actitudinal   facilita o no su realización en la sociedad”. Ministerio de Justicia y del Derecho La entidad solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019. Las razones para sostener esta petición fueron desarrolladas en cuatro secciones. En primer lugar, señaló que Colombia hace parte de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y este tratado hace parte del bloque de constitucionalidad. El modelo social de discapacidad acogido por el tratado internacional, por la Constitución y la jurisprudencia constitucional exige eliminar las barreras u obstáculos que impiden el reconocimiento real de la personalidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. Para la entidad la interdicción judicial es un mecanismo que suprime y/o sustituye la voluntad de las personas, pues “es una barrera jurídica que segrega y excluye”. Los argumentos de los demandantes son erróneos porque parten de premisas que ya no tienen lugar en un modelo social sobre la discapacidad. Al respecto, afirmó que la Ley 1996 establece un sistema de apoyos que pueden ser leves o intensos según el caso y sus particularidades y que pretenden garantizar en mayor medida la autonomía personal de las personas con discapacidad. En segundo lugar, advirtió que el argumento de los demandantes que sostiene que el sistema de apoyos y salvaguardas de la Ley 1996 es un sistema que desprotege los derechos de las personas con discapacidad mental severa o profunda, confunde dos conceptos que son distintos: la personalidad jurídica y la capacidad mental. Sostuvo que el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que mientras la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legitimación para actuar), la capacidad mental se refiere a “la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores (…)”. Así, acorde con el artículo 12 de la Convención, la capacidad mental de una persona no puede servir de obstáculo para ejercer su capacidad jurídica, ni ser una razón para denegarle el ejercicio de derechos y obligaciones. Por lo anterior, defender un régimen de sustitución de la voluntad y la ausencia de reconocimiento de capacidad jurídica, en los casos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, resulta ser discriminatorio y es contrario a las obligaciones internacionales del Estado. Recordó también que el Comité ha indicado que condicionar la capacidad legal de una persona a su diagnóstico médico es un criterio equivocado por dos razones: (i) es un método discriminatorio que “parte de una premisa que carece de certeza y precisión, la posibilidad de comprender integralmente el funcionamiento de la mente de una persona y calificar las opciones y opiniones de ésta” y (ii) el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones supone incluir nuevos indicadores basados en las necesidades de apoyo y la intensidad de los mismos. Resaltó que los apoyos dispuestos en la Ley 1996 de 2019 “son concebidos como formas de asistencia que se presentan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias (…) son en esencia, una asistencia que se presta a una persona con discapacidad para que pueda cumplir su proyecto de vida en igualdad de condiciones con las demás, participar activamente en la sociedad y superar las barreras”. En tercer lugar, precisó que el trámite y el debate legislativo que surtió la Ley 1996 de 2019 atendió a los estándares establecidos por el Comité de la Convención relacionados con el sistema de apoyos. De manera que subrayó que esta ley “es un enorme avance en el reconocimiento del valor jurídico de la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad al propiciar mecanismos para que participen y decidan de las situaciones que los afectan”. Señaló que en los casos en los que la persona no pueda manifestar de forma clara su voluntad, el sistema de apoyo que contempla la ley establece un procedimiento para determinar en estos casos qué apoyos son los más adecuados para la situación particular. Se puede solicitar al juez apoyos más intensos “que incluso de manera excepcional podrían estar facultados para actuar en representación de la persona con discapacidad cuando esta se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, a pesar de los ajustes razonables a los que se recurra”. Finalmente, el Ministerio se refirió a “inconsistencias en la formulación de los cargos” de las demandas. Afirmó que los demandantes (i) presentan una interpretación “errónea y fragmentada” de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, (ii) mantienen una separación entre capacidad relativa y absoluta que ya no es aplicable a un sistema jurídico que acogió el modelo social de la discapacidad, (iii) formulan reparos sobre la presunta ineficacia de la norma sin tener elementos de juicio suficientes para demostrarla, (iv) afirman que la  Ley 1996 deja desprotegidas a las personas con discapacidad “severa”, pero esto no es cierto, toda vez que la misma norma prevé cómo identificar los niveles de los apoyos y también contempla salvaguardias para proteger a la persona con discapacidad de posibles abusos y (v) la figura de la interdicción es contraria a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la defensa que hacen de ella los actores, desconoce la interpretación armónica y sistemática del tratado internacional y las observaciones generales del Comité. Universidad Autónoma de Bucaramanga Las señoras Diana Carolina Pinzón Mejía, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, y Karol Julieth Colmeanres Abril, en calidad de Judicante de la Clínica, presentaron una intervención con el objetivo de solicitar la declaración de exeqibilidad de las normas demandadas. En términos generales, manifestaron que, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD – hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, de lo cual se ha derivado una serie de obligaciones internacionales en cabeza del Estado Colombiano, las cuales ha adquirido mediante la aprobación de la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Que como consecuencia de ello, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la cual tiene como proósito garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, a través de la adopción de medidas de inclusión, de acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Enfatizaron que gracias al artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 ya no se puede seguir entendiendo la discapacidad como una enfermedad o padecimiento, así como tampoco tomar a las personas con discapacidad como incapaces de ejercer sus propios actos; habida cuenta que, las personas con discapacidad con mayoría de edad, son titulares de derechos como todos los ciudadanos colombianos y así mismo tienen el derecho a poder ejercerlos en igualdad de condiciones. Estimaron que, mediante la entrada en vigencia de esta ley, se pretendió cambiar la forma como las personas con discapacidad podrían ejercer su capacidad legal y sus derechos, reconociendo la importancia de su voluntad en la toma de sus decisiones y ajustando su cuerpo normativo a la CDPD. Manifestaron que, at ravés de esta ley, se reitera que la obligación de Colombia parte de la incorporación de la discapacidad al medio social, cuyas diferencias deben ser reconocidas y aceptadas por el Estado colombiano, eliminando barreras que impiden el pleno ejercicio de los derechos de estas personas. En efecto, se reemplazan las figuras de la interdicción y la inhabilitación por los sistemas que no vetan o anulan a la persona con discapacidad y, por el contrario, le dan la posibilidad de actuar con dignidad, autonomía, primando su voluntad y preferencias, sin discriminación y en igualdad de oportunidades; lo que, en su opinión,  materializa una opción real de la toma de decisiones con apoyo. Afirmaron que, gracias a lo anterior, se rompió directamente con el modelo ya previsto en el que se categorizaba la posibilidad de ejercer derechos con base en niveles de la discapacidad. A su parecer, la modificada Ley 1306 de 2009 establecía una división entre personas con discapacidad mental absoluta y personas con discapacidad mental relativa, aplicando una figura jurídica a cada una de ellas, como lo era la interdicción y la inhabilidad respectivamente, resultando ciertamente discriminatorias. Por tal motivo, consdieraron que no es correcto afirmar, como lo señalaron los demandantes, que “la figura de la interdicción es la única garantía adecuada y efectiva para la protección de los intereses y derechos de las personas en situación de discapacidad, y que su prohibición implica dejar sin protección a dichas personas, ya que la correcta interpretación de lo establecido en la Convención CDPD es eliminar todas aquellas medidas sustitutivas en la toma de decisiones de las personas en condición de discapacidad, reemplazandolas por sistemas de apoyos”[294]. Destacaron que, de ahora en adelante, “las personas con discapacidad ya no estarán en manos de un tercero que decida por ellas, sino que serán ellas mismas, quienes podrán participar en la toma de sus decisiones a través de esquemas de apoyo que considerarán sus necesidades particulares y mediante una valoración individual, la cual deberá ser reglamentada, lo que permitirá establecer las necesidades reales de asistencia sin que se vulneren sus derechos”[295]. Con base en lo anterior, concluyeron que hoy en día se debe entender que la discapacidad mental, absoluta o relativa ya no es causal de limitación de la capacidad de ejercicio y que, por lo tanto, la capacidad legal de estas personas se presume expresamente por esta nueva ley, atendiendo a la nueva presunción de capacidad legal citada en el artículo 1503 del Código Civil, en el cual se indica que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna, lo cual se reafirma en lo que predica el artículo 13 de la Constitución Política. Ello es independeinte de si las personas con discpacisdad deciden hacer uso o no de los apoyos para la realización de sus actos jurídicos, es decir, “la capacidad jurídica es una presunción que se predica de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, no existiendo personas con discapacidad absoluta sino personas con discapacidad, a las que el Estado debe garantizar su igualdad real y efectiva, proporcionando el mejor sistema de apoyos”[296]. Agregaron que el artículo 12 de la CDPD, mediante el cual se desarrolla la Ley 1996 de 2019, reconoce la igualdad de capacidad de todas las personas ante la ley, definiendo que las personas con discapacidad tomarán sus decisiones mediante apoyos específicos, bajo una serie de salvaguardias que las protejan de posibles abusos. Indicaron que, con dicha disposición, se está procurando acabar con la arbitraria acepción que existía entre la capacidad legal, la capacidad mental y la incapacidad por motivo de discapacidad. Aseveraron que las salvaguardias pretenden impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, estableciéndose la presunción de capacidad; lo cual implica la imposibilidada de que la existencia de una discapacidad sea un motivo para restringir el ejercicio legal de una persona. Con fundamento en lo expuesto, concluyeron que el contenido de los artículos demandados de la Ley 1996 de 2019 respetan los estándares internacionales de derechos humanos, no constituyendo una violación a la Constitución Política. Defensoría del Pueblo Constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, presentó una intervención, con el fin de solicitar que se decalraran exequibles los artículos 6, 8, 19 y 53 de la Ley 1996 de 2019. Para sustentar su petición expuso los siguientes arugmentos en términos generales. Aclaró que la Defensoría del Pueblo considera que la capacidad jurídica es un derecho inherentes de todos los seres humans y que, en ese sentido, debe ser entendida como la facultad que, por su condición de ser humano, tienen todas las personas, incluídas aquellas con discapacidad, de tener capacidad legal y legitimación para actuar. Manifestó que, contrario a lo expuesto por los accionantes, las disposiciones demandadas no se contraponene a lo consagrado en ela rtículo 12 de la Covención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPC –, sino que, contrario sensu, materializan cada uno de los mandatods contenidos en dicha disposicion, en la medida en que: “(i) reconocen y respetan el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia; (ii) eliminan las disposiciones relacionadas con los regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisiones (guarda, tutela e interdicción judicial); (iii) establecen sistemas de apoyo para la adopción de decisiones accesibles para todas y todos que respetan la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, en atención a las necesidades específicas propias de cada individuo”[297]. Ahora bien, respecto de la supuesta omisión legislativa relativa, estimó que la misma no se había configurado en este caso concreto, habida cuenta que, en su opinión, no se satisfacen los criterios jurisprudenciales establecidos para el efecto y, por consiguiente, de lo cual se deriva la ineptitud del cargo. Sin embargo, solicitó a la Corte Constitucional a pronunciarse de fondo en relación con este cargo, en virtud del principio pro actione. Por último, se pronunció sobre la supuesta violación de los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, aspecto en el que afirmó que las normas impugnadas, “lejos de controvertir el principio de igualdad y la obligación estatal de crear y promover las condicioens para que ésta sea real y efectiva, materializan tales prerrogativas en la medida que la Ley 1996 de 2019 elimina los procesos sustitutivos de toma de decisiones que menoscaban el ejercicio en igualdad de condiciones de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y, ademas, dispone para la toma de decisioens mecanismos de apoyo a cargo de entidades como el Minsiterio Público tendientes a salvaguardar sus derechos frente a los abusos y arbitrariedades de que puedan ser víctimas”[298]. ANEXO II – PRUEBAS Práctica de pruebas 1. La Asociación Colombiana de Neurología (i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona. Los grados de discapacidad cognitiva se pueden dividir en leve, moderado y severo. Afirmó que en la práctica neurológica existen varias enfermedades producidas por diferentes causas que generan lesiones en la corteza cerebral y de las redes neuronales que tienen conexiones profundas con el cerebro, lo que lleva a producir afectaciones en el lenguaje, memoria, comprensión, planeación, entre otras. En palabras de la Asociación: “(…) en relación con la capacidad para tomar decisiones, me permito describir las áreas del cerebro involucradas en las funciones cognoscitivas que deben estar intactas para poder tomar una decisión de forma adecuada: a) Funciones Corticales cerebrales que le permitan mantener la comunicación con el exterior mediante el procesamiento de información compleja. b) El sistema límbico (área del cerebro que maneja las funciones de memoria) que le permitirá a la persona añadir el proceso volitivo (voluntad) y emocional básico para la elaboración de sus respuestas. En segundo lugar, el sujeto debe ser capaz de activar los mecanismos neurosensoriales que le permitan procesar la información y emitir respuestas. (…) Por último, debe ser capaz de llevar a la práctica la resolución tomada, que puede ser externa (una acción o una decisión concreta) o interna (reevaluación del proceso y reinicio del mismo). Teniendo esto en cuenta, para poder llevar a cabo una toma de decisiones, el sujeto debe preservar las siguientes áreas cognoscitivas: 1) Atención; 2) Memoria; 3) Lenguaje; 4) Percepción espacial; 5) Cálculo; 6) Razonamiento y 7) Actividad emotiva y afectiva”. (ii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para expresar su consentimiento. “Las personas que presentan discapacidad cognitiva especialmente Trastorno neurocognitivo mayor (demencias) en los estadios leves pueden tener el razonamiento suficiente para comprender un acto jurídico. En los estadios moderados y severos tienen fallas en la comprensión para la toma de decisiones lo que los hace vulnerables para tal fin y se recomienda por lo tanto un representante para expresar su consentimiento”. (iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos. “Desde mi experiencia, no es razonable considerar que las personas con discapacidad intelectual o trastorno neurocognoscitivo severo o profundo, tienen un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en los que participan, y considero que el sistema de apoyos y salvaguardias creado en la Ley 1996 de 2019, no dispone las medidas suficientes para proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognoscitiva en el ejercicio de sus derechos”. 2. Universidad del Rosario – Dr. Leonardo Palacios Sánchez, especialista en neurología (i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona. Afirmó que para medir los grados de discapacidad utiliza la “escala de Reisberg” que corresponde al GDS (“Global Deterioration Scale”). Mencionó que esta escala tiene 7 estadios distintos y describió cada uno. (ii) desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para expresar su consentimiento. Adujo que es muy difícil generalizar puesto que “existe un grado de individualidad importante en los pacientes que presentan deterioro cognitivo”. Señaló que los pacientes que se encuentran dentro de la escala de Reisberg en los estadios GDS 5, 6 y 7 “no cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en que participan”. Los pacientes en el nivel 4 hay que revisarlos caso a caso porque pueden conservar su capacidad para discernir frente a situaciones jurídicas y no siempre necesitan apoyos. (iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos. Manifestó que la Ley 1996 de 2019 “tiene unas falencias ya que el artículo 6 adjudica a todas las personas en condición de discapacidad cognitiva los mismos derechos sin tener en cuenta que existen diferentes grados de compromiso tal y como ha sido señalado en la respuesta a la primera pregunta”. Explicó que “[u]n individuo con secuelas graves desde el punto de vista cognitivo de un trauma cráneo encefálico o de un evento cerebro vascular isquémico o hemorrágico o una persona afectada por una demencia tipo Alzheimer por ejemplo, en estado avanzado (GDS 6 y 7 de la escala de Reisberg) no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad laboral, ni tomar decisiones correctas por el grave compromiso de sus funciones cognitivas”. Personas en estos estadios no podrían incluso firmar los acuerdos de apoyos o las directivas anticipadas que contempla la ley: “la situación que a mi juicio no queda clara es como proceder con aquellas personas que al momento de la firma de la ley ya estaban en condición de discapacidad cognitiva grave y no tienen como firmar ningún tipo de acuerdo, ya que en ese estado carece por completo de la posibilidad de hacerlo”. Facultad de Medicina – Universidad de La Sabana Allegó respuesta solo al primer interrogante formulado por el despacho. (i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona. “La discapacidad cognitiva o mental puede ser consecuencia diferentes condiciones médicas, como los son: (i) Un trastorno en el desarrollo intelectual, el cual se desarrolla en las etapas iniciales de vida. (ii) Un evento traumático o derivado de condiciones médicas sistémicas, por ejemplo un accidente automovilístico o un infarto cerebral. (iii) Trastornos neurocognitivos mayores, denominadas también demencias, como el tipo Alzheimer o la de origen vascular.” Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia. Dra. María Eugenia Toro Pérez, especialista en neurología clínica. (i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona. Citó un concepto médico sobre la discapacidad y luego advirtió que se trata de una definición que ha evolucionado y que actualmente depende de las barreras del entorno que evitan el desarrollo pleno del sujeto. Explicó que “la severidad de la discapacidad en la actualidad, no se clasifica de acuerdo al déficit que presenta la persona sino con respecto a los apoyos que requiere para solventar las dificultades o limitaciones a las que se enfrenta. Los grados de discapacidad cognitiva se han clasificado de diferentes formas, las más conocidas: Déficit cognitivo leve, Déficit cognitivo moderado, Déficit cognitivo severo o grave y Déficit cognitivo profundo”. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales utiliza como sinónimos “trastorno de desarrollo intelectual” y “discapacidad intelectual”. Las limitaciones en las funciones intelectuales son “el razonamiento, solución de problemas, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico” e igualmente señala las limitaciones en las habilidades adaptativas es decir, “dificultades importantes en las actividades de la vida diaria”. Acaró que actualmente el Manual propone cambiar el foco “dejando el coeficiente intelectual en un plano secundario y pasando a hacer énfasis en el funcionamiento adaptativo y el nivel de apoyos que va a necesitar la persona para graduar el nivel de afectación. La OMS orienta el enfoque en el mismo sentido. Así, por ejemplo, se hablará de una persona con necesidad de apoyo intermitente para hacer referencia a personas con una discapacidad leve. Una persona con necesidad de apoyo limitado va a corresponder a una discapacidad intelectual moderada; se utilizará el término de intensidad de apoyo extenso para aquellas personas que presentan un déficit grave, y apoyo generalizado para personas con déficit profundo”. Advirtió que todos los grados de discapacidad pueden afectar la comprensión en toma de decisiones de una persona, sin embargo, hay que realizar una evaluación individualizada y pormenorizada en cada caso. Explicó cada uno de los casos según el nivel leve, moderado y severo. (ii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para expresar su consentimiento. Afirmó que no se puede suponer que todas las personas con discapacidad cognitiva general cuenten con el nivel de razonamiento suficiente para comprender todos los actos jurídicos en los que participan, “por lo tanto en cada caso debe evaluarse de forma individual y concienzudamente la capacidad de razonamiento, autodeterminación, previsión de consecuencias, pensamiento crítico, argumentación, interpretación, capacidad de comunicación, razonamiento y empleo adecuado y flexible de los propios recursos cognitivos, determinando la necesidad de apoyos y/o salvaguardias que protejan al individuo de vulneración de sus derechos”. (iii) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos. Manifestó que no cuenta con la experticia necesaria para responder de fondo a esta pregunta. Mauricio García Herreros Afirmó que conforme al artículo 57 de la Ley 1996 de 2019, se modificó el artículo 1504 del Código Civil. La nueva Ley eliminó de la lista de incapaces absolutos a las personas con discapacidad mental y a los sordomudos que no pueden darse a entender. Así mismo lo dispuso el artículo 6 de la misma Ley. Al respecto, adujo que esta definición de incapacidad absoluta es contraria a lo que estableció en la propia jurisprudencia la cual ha reconocido la existencia de la discapacidad mental absoluta en “quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental” (C-134 de 2017). Señaló que cuando la ley regula la discapacidad de personas mayores buscando una igualdad entre todas las personas, “está desconociendo que una parte de miembros de la sociedad tiene condiciones físicas especiales y por lo tanto deben tener un trato diferencial en la vida jurídica (…)”. Así, advirtió que pretender que personas que no pueden darse a entender puedan obligarse por sí mismo, sin el apoyo de otros, es negarle la protección de sus derechos. Para protegerlos, los actos jurídicos celebrados con ellos deben ser declarados nulos. Subrayó que la “incapacidad que ahora el legislador les desconoce, estaba fundada en que precisamente no tienen la posibilidad cierta de “expresar su voluntad”, razón por la cual, la ley presumía en ellos de Derecho la falta de consentimiento, o lo que es lo mismo, la incapacidad de consentir o de expresar”. Lo reformado ahora con la Ley solo crea indefensión e inseguridad jurídica. Manifestó que las medidas de salvaguarda no son herramientas suficientes de protección de las personas con discapacidad mental absoluta, y en cambio, desconocen el derecho a la igualdad. Finalmente, se refirió a la función de los notarios al momento de celebrarse los acuerdos de apoyos.  Adujo que las obligaciones que se le imponen al notario en la Ley “rebasan sus competencias” pues debe determinar la voluntad, preferencias y necesidades de la persona que suscribirá el acuerdo de apoyos. Lo anterior es contrario a lo establecido por la jurisprudencia constitucional que ha establecido que los notarios solo cumplen con registrar hechos o actos jurídicos (“ajustar la inscripción a la realidad”) pero no pueden emitir “juicios de valor”. Con sustento en lo anterior, concluyó que los artículos 6, 19 y 57 de la Ley 1996 de 2019 son contrarios a la Constitución Política. ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA A LA SENTENCIA C-025/21 Expedientes: D-13.575 y D-13.585 Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, presento Aclaración de Voto a la sentencia proferida el 5 de febrero de 2021, que declaró la exequibilidad de los dos primeros incisos del artículo 6º, así como del artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad", por los cargos estudiados en la respectiva sentencia. Si bien comparto tales determinaciones, encuentro necesario aclarar mi voto en relación con la fundamentación del fallo respecto del análisis de aptitud de los cargos formulados en la demanda. Al respecto considero que el carácter público de la acción de inconstitucionalidad y la consecuente aplicación del principio pro actione desarrollado por la jurisprudencia constitucional, no relevan al accionante de cumplir con la carga argumentativa necesaria en orden a presentar de manera clara, cierta, específica y suficiente los argumentos por los cuales considera que la norma demandada se opone a la Constitución.  En esa medida, pese a que la demanda supere el estudio de admisibilidad, lo cierto es que los planteamientos abstractos y genéricos de inconstitucionalidad formulados por el demandante dificultan el análisis requerido por la Corte para determinar la aptitud de los cargos que habilitan un pronunciamiento de fondo, análisis cuyo rigor resulta insoslayable si se tienen en cuenta los efectos de cosa juzgada que el artículo 243 de la Constitución Política reconoce a los fallos proferidos en ejercicio del control constitucional. Fecha ut supra PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada [1] “(i) Desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte cuáles son los grados de discapacidad cognitiva o mental que afectan la comprensión en la toma de decisiones de una persona: (ii) desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si es razonable considerar que las personas que tienen estas discapacidades cuentan con un nivel de razonamiento suficiente para comprender los actos jurídicos en los que participan, y por tanto, no se hace necesario un representante para expresar su consentimiento; (iii) desde su experticia y/o experiencia, informe a la Corte si el sistema de apoyos y salvaguardias creado por la Ley 1996 de 2019 dispone medidas adecuadas para proteger a las personas en condiciones de discapacidad cognitiva severa o profunda en el ejercicio de sus derechos.” [2] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 2. [3] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 3. [4] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 3. [5] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 4. [6] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 6. [7] Expediente de inconstitucionalidad, folio 136. [8] Expediente de inconstitucionalidad, folio 136 (reverso). [9] Expediente de inconstitucionalidad, folio 137. [10] Expediente de inconstitucionalidad, folio 137. [11] Escrito de la demanda de inconstitucionalidad (D-13.575), folio 1. [12] Pg. 2. [13] Págs. 2 y 3. [14] Pg. 4. [15] Concretamente los actores subrayan los siguientes apartes del artículo 6: “PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma”. Del artículo 8 subrayan los siguientes apartes: “AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente.” [16] Expediente de inconstitucionalidad, folio 126. [17] Expediente de inconstitucionalidad, folio 129. [18] Expediente de inconstitucionalidad, folio 129. [19] Expediente de inconstitucionalidad, folio 133. [20] Asociación Colombiana de Neurología, Universidad del Rosario – Dr. Leonardo Palacios Sánchez, especialista en neurología, Facultad de Medicina – Universidad de La Sabana, Facultad de Medicina – Universidad de Antioquia. Dra. María Eugenia Toro Pérez, especialista en neurología clínica y el profesor Mauricio García Herreros. [21] Concepto Procurador General de la Nación, folio 9. [22] Concepto Procurador General de la Nación, folio 12. [23] Concepto Procurador General de la Nación, folio 12. [24] Concepto Procurador General de la Nación, folio 15. [25] Concepto Procurador General de la Nación, folio 17. [26] Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 15. [27] Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 16. [28] Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 16. [29] Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 6. [30] Intervención de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, pg. 7. [31] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por las representantes del Proyecto de Investigación en Derecho y Discapacidad del Departamento de Derecho Civil, pg.10. [32] Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Nacional para Ciegos – INCI. Este último advirtió que la derogatoria del régimen de guardas afecta los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. [33] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por el representante del Departamento de Derecho Procesal, pg. 4. [34] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, presentada por el representante del Departamento de Derecho Procesal, pg. 6. [35] Decreto 2067 de 1991. “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”. [36] Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos. [37] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [38] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [39] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al respecto, ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia. [40] Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de claridad al no explicarse por qué el precepto acusado infringe la norma superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir en la demanda consideraciones que pueden ser contradictoras. [41] Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada; sentencia C-1154 de 2005, (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado; y Sentencia C-619 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda carece de tal requisito al fundarse en una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada. [42] Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados a partir de apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor tiene sobre el alcance de la manipulación genética y su incidencia en la humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la que se concluyó que no se trataba de razones específicas porque la argumentación se limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden legal y de mera conveniencia. [43] Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda simplemente en conjeturas relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto, no es un mecanismo encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir disposiciones que resulten deseables para quien formula una demanda. [44] Corte Constitucional,  Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que esta Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no eran suficientes al no haberse estructurado una argumentación completa que explicara con todos los elementos necesarios, por qué la norma acusada es contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y  Sentencia C-819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la acusación carecía de suficiencia al no contener los elementos fácticos necesarios para generar una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado. [45] Corte Constitucional, sentencia C-028 de 2020 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). [46] Corte Constitucional, sentencias C-444 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-401 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), C-031 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera) y C-027 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo). [47] Corte Constitucional, sentencias C-444 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-401 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), C-031 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera) y C-027 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo). [48] Corte Constitucional, sentencias C-173 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-027 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo). [49] ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. || En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. || La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. || PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. [50] El texto de la norma es el siguiente: “El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.” [51] “La integración normativa posee estos tres significados: a) la realización de un deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho. b) Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada construcción jurídica.” Corte Constitucional, Sentencias C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas Ríos; SPV Carlos Bernal Pulido). [52] Corte Constitucional, Sentencias C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas Ríos; SPV Carlos Bernal Pulido). [53] Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)) y C-149 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Diana Fajardo Rivera; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; SPV Alberto Rojas Ríos; SPV Carlos Bernal Pulido). [54] Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-286 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Alberto Rojas Ríos; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)). [55] Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Sentencia C-544 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Sentencia  C-579 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alberto Rojas Ríos; SPV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-286 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Alberto Rojas Ríos; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)). [56] El objeto de análisis se concentrará en los siguientes apartes del artículo 6: “ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. || En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. || La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.” [57] ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. || La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. [58] Expediente de inconstitucionalidad, folio 126. [59] Expediente de inconstitucionalidad, folio 129. [60] ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos. || En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme a las reglas generales del régimen civil. || PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores. [61] Expediente de inconstitucionalidad, folio 129. [62] El legislador define aquellos casos más graves cuando “la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”, en los cuales se deben adjudicar apoyos judicialmente por persona distinta al titular (art. 38 de la Ley 1996 de 2019). [63] “ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley.” [64] Expediente de inconstitucionalidad, folio 137. [65] Expediente de inconstitucionalidad, folio 137. [66] Escrito de corrección de la demanda, folio 137. [67] Corte Constitucional, sentencias C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-240 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís), entre otras. [68] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 87. [69] Mazeaud H y J. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Primera. Volumen IV. Buenos Aires, 1959. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 30. [70] Mazeaud H y J. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Primera. Volumen IV. Buenos Aires, 1959. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 30. [71] Planiol Marcel y Ripert Jorge. “Tratado práctico de derecho civil francés”. Tomo I, Las Personas. Cita tomada de QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 32. La Corte Constitucional menciona estos análisis doctrinales en la sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araujo Rentería) y declaró inexequibles las expresiones “furiosos locos”, “mentecatos”, “imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de locos”, contenidas en varios artículos del Código Civil, por ser discriminatorias, peyorativas y contrarias a la dignidad humana de la población con discapacidad cognitiva o mental. [72] Claro Solar, L., Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, reimp. Editorial Jurídica de Chile, Bogotá, 1992, t. V, Nº 2420, p. 100. [73] “Planiol Marcel y Ripert Jorge. “Tratado práctico de derecho civil francés”. Tomo I, Las Personas.” [74] QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 33. [75] En la sentencia C-046A de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó de dónde provenía este concepto de “demencia” en el Código Civil y concluyó que “(…) específicamente en los datos históricos, puede afirmarse que la palabra “demencia” en los tiempos del Código Civil  (1887), se asociaba a un trastorno mental y de comportamiento irreversible con síntomas similares a los derivados de la locura, idiotismo e imbecilidad. El Código Civil utiliza el concepto de demencia en los artículos 127 (testigos inhábiles para presenciar y autorizar un matrimonio), 251 (la obligación del hijo emancipado de cuidar a sus padres en estado de demencia), 310 (suspensión de la patria potestad por demencia), 1025 (indignidad sucesoral), 1061 (inhabilidades testamentarias), 1068 (inhabilidad para ser testigo de testamento solemne), 1266 (causales de desheredamiento -por no haberlo socorrido en el estado demencia-) y 1644 (inhabilidad sobreviniente de la persona diputada para el pago). Como se observa, las disposiciones que utilizan el concepto lo hacen con el objeto de proteger a la persona, pero también, como causal para impedir que una persona participe de ciertos actos jurídicos debido a “sufrir de demencia””. [76] QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 33. En la sentencia T-195 de 2016 la Corte afirmó: “(…) bajo ese nuevo orden legal, la incapacidad absoluta del discapacitado mental interdicto no es en la actualidad una situación jurídica que restrinja o limite totalmente su capacidad de obrar, a tal grado de exigir siempre la intervención de un tercero que actúe en su nombre. Por el contrario, se reconoce que los factores que generan limitaciones psíquicas o de comportamiento son variables en cada persona y, en esa medida, les será permitido realizar determinados actos, por sí mismos, siempre y cuando estos le beneficien, partiendo de la presunción de que “su padecimiento no llega hasta el punto de no reconocer lo que le es perjudicial”. En ese mismo sentido, puede verse las sentencias C-182 de 2016 y C-296 de 2019, por ejemplo. [77] Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo). [78] Ministerio de Justicia y del Derecho. “Esterilización forzosa de PCD a través de los procesos de interdicción: una doble vulneración de derechos humanos y fundamentales”. Disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RUNDIS/ESTERILIZACION%20FORZOSA%20DE%20PCD%20A%20TRAVES%20DE%20LOS%20PROCESOS%20DE%20INTERDICCION.pdf [79] Se entiende la “guarda” como “la prestación de un servicio de representación excepcional a las personas con discapacidad mental, con el objeto de proteger a la persona y para la administración de los bienes que posee, con el fin de ayudar a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos personales y patrimoniales”. QUIROZ, Aroldo. Nuevo Régimen de Guardas –Ley 1306 de 2009–. Bogotá: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015, p. 76. [80] “El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión y modificación de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412 (2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”. ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el Informe Inicial a Colombia. 31 de agosto de 2016. [81] Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. (2008). [82] Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. (2008). Pp. 103 y 104. [83] ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12, numeral 5. [84] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 7. [85] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 13. [86] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 15. [87] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 17. [88] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 17. [89] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 18. [90] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 26. [91] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 27. [92] TEDH. Ivinovic contra Croacia. Sentencia del 18 de septiembre de 2014; Stanev contra Bulgaria. Sentencia del 17 de enero de 2012; Shtukaturov contra Russia. Sentencia del 27 de marzo de 2008; Pretty contra Reino Unido. Sentencia del 29 de abril de 2002. [93] TEDH.Glass contra Reino Unido. Sentencia del 9 de marzo de 2004; Pretty contra Reino Unido. Sentencia del 29 de abril de 2002. [94] TEDH. A.N contra Lithuania. Sentencia del 31 de mayo de 2016. [95]  OEA. CADH. “Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.” [96] Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130. Párr. 176 y 177. [97] Corte IDH. Caso Ximénes Lópes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. Párr. 129 y 130. [98] Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. Párr. 166. [99] Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. Párr. 168. [100] Corte Constitucional, sentencia T-307 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). La Corte Consideró que “(…) un tratamiento inflexible de la administración en punto de la afiliación al seguro social, exigiendo para la validez del contrato de trabajo un consentimiento puro y paradigmático, que sólo puede en estricto rigor predicarse de sujetos que gozan de su plenitud psíquica, se comprende que lejos de facilitar su integración social (CP art. 47) y actualizar en este contexto el valor del trabajo y de la solidaridad social (CP art. 1), se erige desde el estado una barrera a su promoción y al decidido apoyo y protección que reclaman, profundizándose aún más la desigualdad que, paradójicamente, es el título constitucional para el tratamiento especial que debe prodigárseles. Quienes emplean disminuidos psíquicos no estarían obligados a afiliarlos al Seguro Social. A la limitación psíquica se sumaría su desprotección laboral y social”. [101] Corte Constitucional, sentencia T-307 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). [102] Corte Constitucional, sentencia C-1109 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis). [103] Corte Constitucional, sentencia C-1109 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis). [104] Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). El accionante narró que su hijo tenía 31 años de edad y no había podido obtener la cédula de ciudadanía porque a raíz de una discapacidad física y mental denominada “síndrome de parálisis cerebral con prematurez, cuadrapesía espática, ciego e hipoacusia neurosensorial” no se podían tomar las fotografías de acuerdo con los requisitos exigidos por la Registraduría Nación del Estado Civil, específicamente en cuanto a la necesidad de tener los ojos abiertos. La Corte amparó el derecho fundamental a la personalidad jurídica del hijo del accionante y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil tomar las medidas pertinentes para tomar las fotografías y emitir la cédula. [105] Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). [106] Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño). [107] Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño). [108] Corte Constitucional. Sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño). [109] Corte Constitucional, sentencias C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araujo Rentería); C-1088 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño); C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); C-147 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez); C-046 A de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger). [110] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araujo Rentería). [111] Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil). [112] Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil). [113] Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil). [114] Corte Constitucional, sentencia T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil). [115] Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra). En esta sentencia la Corte analizó la acción de tutela interpuesta por una madre cuya hija tenía 26 años y tenía síndrome de down. La mujer estaba embarazada al momento de interponer la acción de tutela. El médico sugirió realizarle la ligadura de trompas de Falopio para evitar más embarazos, sin embargo, requirió una orden judicial. La madre solicitó al juez de tutela permitir la cirugía. La Corte declaró improcedente la acción constitucional, pues debía agotarse previamente la declaración de interdicción y la autorización judicial ordinaria del procedimiento médico. [116] Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra). [117] Corte Constitucional, sentencia T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra). [118] Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte revisó una acción de tutela interpuesta por una madre quien tenía una discapacidad sensorial y a quien el ICBF le había quitado la custodia de su hija. La Corte amparó el derecho fundamental a tener una familia de la accionante y ordenó una serie de medidas para restablecer la relación materno-filial. [119] Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [120] Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). [121] Corte Constitucional, sentencia C-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). [122] Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-848 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-026 de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). [123] Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). [124] Corte Constitucional, sentencias T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-201 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-062 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [125] Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis). [126] Corte Constitucional, sentencia T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [127] Declarada constitucional mediante sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla). [128] Corte Constitucional, sentencia C-824 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). [129] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). [130] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). [131] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [132] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [133] “En síntesis, el consentimiento sustituto implica la posibilidad de que terceras personas puedan autorizar intervenciones médicas sobre personas que, en principio, carecen de la capacidad o de la autonomía suficiente para manifestar su voluntad informada sobre el desarrollo de estos procedimientos. Aunque en su primera etapa la Corte Constitucional le otorgó plena prevalencia al consentimiento sustituto parental o del representante legal, no tardó en matizar esta regla y establecer limitaciones al mismo. Además, definió unos criterios y variables para que, en cada caso concreto, se pudiera determinar la legitimidad del consentimiento sustituto”. Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [134] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [135] Artículo 6 de la Ley 1412 de 2010: “Discapacitados Mentales. Cuando se trate de discapacitados mentales, la solicitud y el consentimiento serán suscritos por el respectivo representante legal, previa autorización judicial”. [136] “Así pues, para que la disposición se encuentre acorde con las protecciones constitucionales del derecho a la igualdad, y al libre desarrollo de la personalidad, así como como del derecho a la autonomía reproductiva y a fundar una familia de forma responsable, y en concordancia con el principio de conservación del derecho la única lectura posible de la disposición es la que indica que inclusive en los casos donde se haya declarado la interdicción (con efectos patrimoniales) se debe presumir la capacidad para ejercer la autonomía reproductiva, la cual debe ser desvirtuada en el proceso de autorización judicial”. Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [137] Corte Constitucional, sentencias T-1221 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-043 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-674 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Humberto Antonio Sierra Porto), T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-509 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), T-185 de 2018 (MP Alberto Rojas Ríos), T-352 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. [138] Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2018 (MP Alberto Rojas Ríos). [139] Corte Constitucional, sentencia T-525 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). En esta sentencia la Corte revisó una tutela contra Colpensiones por la vulneración de los derechos a la capacidad jurídica, mínimo vital y seguridad social del accionante, quien al parecer tenía una discapacidad mental por un trauma craneoencefálico. La entidad suspendió el pago de la pensión de invalidez por considerar, según el dictamen médico, que requería de terceras personas para decidir. La Sala resolvió el siguiente problema jurídico: “¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y a la vida digna del peticionario, al calificarlo como alguien que “requiere de terceras personas para que decidan por él” y, en consecuencia, condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente pago de su pensión de invalidez a la presentación de una sentencia de interdicción judicial y a la designación y posesión de un curador?”. La Corte amparó los derechos fundamentales a la capacidad jurídica, mínimo vital y seguridad social y ordenó pagar la pensión de invalidez al actor. Ordenó a Colpensiones no exigir la interdicción como requisito para acceder a la pensión de invalidez y llevar a cabo una capacitación a sus funcionarios en la que se instruyera sobre la Ley 1996 de 2019 y la jurisprudencia constitucional en materia de discapacidad. [140] Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). Reglas reiteradas por la sentencia C-134 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos), entre muchas otras. [141] Corte Constitucional, sentencia T-090 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). [142] La jurisprudencia constitucional asumió la concepción kantiana de la dignidad humana: “Esta consagración se basa en la teoría iusfilosófica de origen kantiano según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana que es su dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en sí mismo”. Corte Constitucional, sentencia C-143 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Reiterado en la sentencia C-134 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos). [143] Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-248 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); C-727 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-195 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva); C-043 de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas). [144] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [145] Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). [146] Las directivas anticipadas, reguladas en los artículos 3, 21 y siguientes de la Ley 1996 de 2019, son una herramienta que sirve para que una persona mayor de edad (sin tener algún tipo de discapacidad necesariamente) pueda establecer de forma fidedigna su voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos. Este también es otro mecanismo que contempla la Ley 1996 a través del cual se puede ejercer la capacidad legal. [147] Cabe anotar que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 1996 de 2019 los artículos contenidos en el Capítulo V, entre los que se encuentra el proceso de adjudicación judicial de apoyos cuando lo inicia una persona diferente al titular del acto jurídico, entrarán en vigencia 24 meses después de la promulgación de la Ley. Para el efecto, la misma normativa prevé un régimen de transición en los artículos 54, 55 y 56. [148] En la misma línea lo manifestó el profesor Mauricio García Herreros en la intervención allegada a la Corte Constitucional: “Pero al destruir la presunción de derecho de incapacidad, abrió la puerta al absurdo, estableciendo la eventualidad de que sus actos correspondieran a los de una “persona mayor que se encuentra imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio. Ello resulta contradictorio, porque la incapacidad que ahora el legislador les desconoce, estaba fundada precisamente en que no tienen la posibilidad cierta de “expresar su voluntad”, razón por la cual la ley presumía en ellos de Derecho la falta de consentimiento, o lo que es lo mismo, la incapacidad de consentir o de expresarlo. Al destruir la presunción de Derecho respecto a la imposibilidad de expresar la voluntad y/o de la ausencia de consentimiento implícita en los actos de los incapaces, la Ley 1996 introdujo un factor de inseguridad jurídica cuando dichas personas defiendan, según les convenga, la existencia y efectos de la necesidad del apoyo vigente (…)”. [149] Universidad del Rosario. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Médico especialista en Neurología, Dr. Leonardo Palacios Sánchez MD. En el mismo sentido también lo conceptuó la Asociación Colombiana de Neurología. [150] Universidad del Rosario. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Médico especialista en Neurología, Dr. Leonardo Palacios Sánchez MD. También lo advirtió el concepto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que adujo que todos los grados de discapacidad pueden afectar la comprensión en toma de decisiones de una persona, sin embargo, hay que realizar una evaluación individualizada y pormenorizada en cada caso. Explicó cada uno de los casos según el nivel leve, moderado y severo. Afirmó que no se puede suponer que todas las personas con discapacidad cognitiva general cuenten con el nivel de razonamiento suficiente para comprender todos los actos jurídicos en los que participan, “por lo tanto en cada caso debe evaluarse de forma individual y concienzudamente la capacidad de razonamiento, autodeterminación, previsión de consecuencias, pensamiento crítico, argumentación, interpretación, capacidad de comunicación, razonamiento y empleo adecuado y flexible de los propios recursos cognitivos, determinando la necesidad de apoyos y/o salvaguardias que protejan al individuo de vulneración de sus derechos”. [151] “(a) en cuanto a la naturaleza de los agentes, puesto que el acto jurídico lo es el sujeto de derecho y en el acto humano lo es el hombre, (b) en cuanto a la habilidad o capacidad de obrar de dichos agentes en uno y otros campos y (c) en cuanto a los criterios y forma de apreciación del proceso de desarrollo del acto mismo”. Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 18. [152] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 17. [153] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 29. [154] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21. [155] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21. [156] Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 21. [157] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [158] Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva). [159] La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia precisó que actualmente el Manual propone cambiar el foco “dejando el coeficiente intelectual en un plano secundario y pasando a hacer énfasis en el funcionamiento adaptativo y el nivel de apoyos que va a necesitar la persona para graduar el nivel de afectación. La OMS orienta el enfoque en el mismo sentido. Así, por ejemplo, se hablará de una persona con necesidad de apoyo intermitente para hacer referencia a personas con una discapacidad leve. Una persona con necesidad de apoyo limitado va a corresponder a una discapacidad intelectual moderada; se utilizará el término de intensidad de apoyo extenso para aquellas personas que presentan un déficit grave, y apoyo generalizado para personas con déficit profundo”. [160] Amicus curiae, Michael Bach y Lana Kerzner, del Instituto IRIS de Canadá. 26 de marzo de 2020. [161] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 27. [162] ONU. Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1. 19 de mayo de 2014. Párr. 17. [163] Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad (2017). 37 período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. https://undoc.s.org/cs/A/HRCV37/56. párr. 41. [164] Corte Constitucional, sentencias T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-848 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-026 de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-684 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). En procesos judiciales en los que se omite notificar a personas con discapacidad a pesar de ser demandados, ver sentencia T-400 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). [165] Corte Constitucional, sentencia T-1103 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández). [166] Corte Constitucional, sentencias T-850 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-492 de 2006 (MP Margo Gerardo Monroy Cabra). [167] Corte Constitucional, sentencias T-449 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-201 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-062 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-362 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). [168] Esta interpretación fue también advertida por la sentencia T-525 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la cual se afirmó que no podía forzarse a una persona a “desprenderse” de su capacidad jurídica para poder acceder a la pensión de invalidez. [169] Para este punto pueden consultarse las siguientes intervenciones y amicus curiae: Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Harvard Law School – Project on Diability (describe estudios y casos resueltos judicialmente en los que se evidencia los efectos negativos de la interdicción y los impactos positivos del modelo de apoyos), Instituto Jo Clemente, Sociedad y Discapacidad, “The Israel Human Rights Center for People with Disabilities”, PAIIS – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social,  Michael Bach y Lana Kerzner, del Instituto IRIS de Canadá. [170] ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el Informe Inicial a Colombia. 31 de agosto de 2016. [171] Director Ejecutivo del Harvard Law School Project on Disability. [172] Directora Ejecutiva del Center for Public Representation de Northampton. [173] Profesora de la Clínica de Derecho del Colegio de Derecho Banjamin N. Cardozo y Co-Directora del Cardozo Bet Tzedek Civil Litigation Clinic de Nueva York. [174] Profesora de la Clínica de Derecho del Colegio de Derecho Banjamin N. Cardozo y Co-Directora del Cardozo Bet Tzedek Civil Litigation Clinic de Nueva York. [175] Profesora Asociada de Derecho y Co – Directora del Disability and Aging Justice Clinic de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. [176] Profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. [177] Pg. 3 en la que se citó el Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad, 2007, párrafo 21, del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. [178] Pg. 3 [179] Pg. 4 [180] Pg. 6. [181] Pg. 7. [182] Pg. 8. [183] Pg. 8. [184] Págs. 11 y 12. [185] Pg. 12. [186] Pg. 12. [187] Pg. 13. [188] Pg. 14. [189] Pg. 15. [190] Pg. 16. [191] Pg. 16. [192] Pg. 17. [193] Pg. 17. [194] Pg. 18. [195] Pg. 18. [196] Pg. 6. [197] Pg. 9. [198] Pg. 9. [199] Pg. 10. [200] Pg. 11. [201] Pg. 12. [202] Págs. 12 y 13. [203] Pg. 17. [204] Pg. 18. [205] Págs. 19 y 20. [206] Pg. 4. [207] Pg. 5. [208] Pg. 5. [209] Pg. 8. [210] Pg. 8. [211] Pg. 10. [212] Págs. 4 y 5. [213] Pg.6. [214] Págs. 11 y 12. [215] Págs. 12 y 13. [216] Pg. 13. [217] Ídem. [218] Ídem. [219] Pg. 14. [220] Pg. 15. [221] Págs. 16 y 17, [222] Pg. 19. [223] Pg. 20. [224] Págs. 22 y 23. [225] Pg. 23. [226] Pg. 24. [227] Págs. 32 y 33. [228] Págs. 33 y 34. [229] Pg. 5. [230] Págs. 5 y 6. [231] Pg. 7. [232] Pg. 7. [233] Pg. 8. [234] PcD: Personas con discapacidad. [235] Pg. 8. [236] Pg. 10. [237] Pg. 12. [238] Pg. 12. [239] Pg. 6. [240] Pg. 8. [241] Pg.10. [242] Pg. 12. [243] Pg. 12. [244] Pg. 12. [245] Pg.17. [246] Pg.21. [247] Pg. 25. [248] Pg. 25. [249] Pg. 25. [250] Pg. 25. [251] Pg. 27. [252] Pg. 27. [253] Pg. 6. [254] Pg. 7. [255] Pg. 7. [256] Pg. 11. [257] Págs. 13 y 14. [258] Pg. 14. [259] Pg. 15. [260] Pg. 16. [261] Pg. 17. [262] Pg. 18. [263] Pg. 19. [264] Pg. 6. [265] Pg. 7. [266] Pg. 7. [267] Pg. 8. [268] Pg. 9. [269] Págs. 41 y 42. [270] Pg. 43. [271] Pg. 46. [272] Pg. 47. [273] Ídem. [274] Ídem. [275] Pg. 50. [276] Pg. 51. [277] Pg. 52. [278] Págs. 52 y 53. [279] Ídem. [280] Ídem. [281] Ídem. [282] Ídem. [283] Ídem. [284] Pg. 4. [285] Pg. 4. [286] Pg. 6. [287] Págs. 15 y 16. [288] Pg. 15. [289] Pg. 3. [290] Pg. 4. [291] Págs. 3 y 4. [292] Págs. 4 y 5. [293] Pg. 5. [294] Pág. 13. [295] Pág. 15. [296] Pág. 14. [297] Pág. 27. [298] Pág. 28.

C-029-21 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-029/21 Referencia: Expediente D-13732. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 127 (parcial), 129 (parcial) y 225 (parcial) de la Ley 1952 de 2019. Demandante: Andrés Mauricio Quiceno Arenas. Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Carta, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES El ciudadano Andrés Mauricio Quiceno Arenas presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de algunos apartes de los artículos 127, 129, 219 y 225 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), por la presunta vulneración de los artículos 29, 209 y 277 superiores. Inicialmente, el actor formuló dos cargos de inconstitucionalidad: el primero, contra los artículos 127, 129 y 225 de la mencionada normativa, por el desconocimiento de los artículos 29 y 209 de la Constitución; y, el segundo, contra el artículo 219 del mismo estatuto, por la vulneración del artículo 277 de la Carta. Mediante Auto del 26 de mayo de 2020, la Magistrada Sustanciadora consideró que el primer cargo, relativo al desconocimiento de los artículos 29 y 209 superiores, resultaba apto en la medida en que cumplía con los requisitos previstos para sustentar el concepto de la violación. Sin embargo, inadmitió la demanda debido a que (i) el actor no acreditó su condición de ciudadano, la cual resulta indispensable para el ejercicio de esta acción pública; y (ii) la segunda censura, dirigida contra el artículo 219 del Código General Disciplinario y referida a la vulneración del artículo 277 de la Carta, no cumplió con los presupuestos de claridad, certeza, suficiencia y especificidad, necesarios para que la Corte se pronuncie de fondo. En consecuencia, la providencia concedió al accionante el término de tres días para subsanar la demanda y advirtió que, en su defecto, procedería su rechazo. En la oportunidad procesal prevista, el ciudadano corrigió la demanda. En este sentido, eliminó cualquier referencia al cargo contra el artículo 219 de la Ley 1952 de 2019, por el presunto desconocimiento del artículo 277 superior, y planteó la violación de los artículos 29 y 209 de la Carta como único reproche de inconstitucionalidad. Así mismo, adjuntó copia de su cédula de ciudadanía y de su tarjeta profesional de abogado. En razón de lo anterior, a través de Auto del 17 de junio de 2020, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de inconstitucionalidad por el cargo referido a la violación de los artículos 29 y 209 de la Constitución y rechazó la demanda respecto del señalamiento contra el artículo 219 del Código General Disciplinario, por la transgresión del artículo 277 superior. En consecuencia, ordenó: (i) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, así como al Departamento Administrativo de la Función Pública; e, (iv) invitar a varias instituciones educativas[1] y organizaciones académicas[2] para que se pronunciaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma demandada, en caso de estimarlo pertinente. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios[3] y previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte procede a decidir sobre la demanda de la referencia. II.  TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS A continuación, la Sala transcribe el texto de las disposiciones acusadas y subraya los apartes demandados: “LEY 1952 DE 2019 (enero 28) Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019 (…) Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: (…) “Artículo 127. Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura de investigación, la vinculación y el fallo de segunda instancia que no puedan notificarse personalmente, se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación. Si vencido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia. Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación. (…) Artículo 129. Comunicaciones. Las decisiones de sustanciación que no tengan una forma especial de notificación prevista en este código se comunicarán a los sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual el Secretario dejará constancia en el expediente. Al quejoso se le comunicará la decisión de archivo y del inicio de la audiencia. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia. (…) Artículo 225. Trámite previo a la audiencia. El auto de citación a audiencia y formulación de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente. Si vencido el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal y se adelantará la audiencia. La audiencia se celebrará, no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días, contados a partir de la notificación del auto de citación a audiencia y formulación de cargos, para lo cual, una vez surtida, se remitirá comunicación a los sujetos procesales informándoles de la hora, fecha y lugar de instalación de la audiencia”. III. LA DEMANDA El demandante considera que las disposiciones señaladas vulneran los artículos 29 y 209 de la Constitución, en particular, el derecho fundamental al debido proceso, en sus garantías de defensa y contradicción, así como los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa. Afirma que las normas acusadas “(…) determinan la presunción de notificación de un acto administrativo en el decurso de un trámite disciplinario, contado a partir del depósito de la comunicación en la oficina de correos, lo cual resulta manifiestamente contrario al espíritu de las notificaciones”[4]. Bajo tal perspectiva, precisa que dichos apartes desconocen el debido proceso, porque establecen que el depósito de la comunicación por parte del operador disciplinario materializa el conocimiento del destinatario y dicha circunstancia no es real. Destaca que los términos para adelantar la notificación personal o la comunicación de las decisiones no pueden ser contados a partir del momento del depósito del acto administrativo en la oficina de correos, sino desde que el sujeto procesal recibe efectivamente el documento que pone en conocimiento la providencia que lo afecta. En su criterio, los preceptos acusados sacrifican garantías ciudadanas y procesales tan importantes como los derechos de defensa y contradicción, la publicidad de las decisiones administrativas y la verdad material, en aras de lograr “el eficientismo” en el procedimiento disciplinario. De este modo, insiste en que el depósito en la oficina de correo no garantiza el conocimiento efectivo del disciplinado o del quejoso de la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria. Por lo tanto, las normas acusadas generan consecuencias desfavorables para los destinatarios de las notificaciones. Específicamente, les impide intervenir en el procedimiento respectivo o impugnar las decisiones que resulten desfavorables a sus intereses. Finalmente, estima que “(…) la solución jurídica más viable no resulta ser la inexequibilidad de los preceptos normativos demandados [porque] ello agravaría la situación al dejar sin herramientas de publicidad para el disciplinado o para el quejoso, a más de imponer cargas desgastantes al Estado”[5]. Por consiguiente, el actor solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de las normas acusadas “(…) bajo el entendido que los términos contenidos en los artículos 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019 se contarán a partir del recibido (sic) en la dirección del destinatario del oficio remitido por el operador disciplinario”[6]. De este modo, manifiesta que la interpretación constitucional de los preceptos demandados es aquella que entiende que el conteo de los términos de notificación se sujeta a la recepción real y efectiva de la comunicación remitida por el operador disciplinario. IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA Semillero de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Colombia Este grupo[7] solicita a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas. Estiman que no son contrarias al “(…) derecho disciplinario ni las garantías judiciales de manera (sic) legal, constitucional ni convencional”[8]. Señalan que las disposiciones acusadas no establecen una presunción de notificación del acto administrativo, como equivocadamente lo indica el demandante. Por el contrario, refieren que se trata de la expresión del deber ciudadano de “(…) colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”[9]. Destacan que el Código General Disciplinario establece varias formas de notificación (art. 120) y estiman que la más idónea es el correo electrónico (art. 122). Agregan que dicha normativa “(…) en todos sus extremos respeta el debido proceso y el principio de publicidad”[10], porque el Legislador tiene libertad para decidir los mecanismos de notificación para cada uno de los sujetos del procedimiento disciplinario. Por tal razón, las normas acusadas garantizan parámetros de razonabilidad y el derecho al debido proceso. Enfatizan que la indebida dilación de las actuaciones disciplinarias se relaciona con la corrupción en este tipo de procedimientos. Bajo ese entendido, si no se establecieran consecuencias como aquellas previstas por las normas demandadas, “(…) se podría estructurar una forma de corrupción al no permitirse el uso de las diferentes formas de notificación ya consagradas y circunscribirse solamente a la personal, lo que permitiría que los sujetos procesales eviten presentarse para dilatarlo”[11]. Asimismo, señalan que una de las garantías que integran el debido proceso es la ausencia de dilaciones injustificadas. Finalmente, resaltan la necesidad de aplicar un control de convencionalidad en el análisis de constitucionalidad de los preceptos demandados, para concluir que “(…) deben ser aplicados a procesos disciplinarios donde el sujeto procesal no sea elegido por votación popular, para así dar cabal cumplimiento con los (sic) dispuesto por la Corte Interamericana en el fallo Petro vs. Colombia”[12]. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Jefe del Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional lo siguiente: (i) declarar EXEQUIBLES el inciso 2º del artículo 127 y el inciso 2° del artículo 225 de la Ley 1952 de 2019; y (ii) ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-293 de 2008[13] y, por lo tanto, declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 129 de la Ley 1952 de 2019, “en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha”. Asegura que el artículo 127 del Código General Disciplinario, parcialmente acusado, no desconoce los derechos de defensa y contradicción ni los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa. Al respecto, recuerda que esta Corporación ha señalado que la notificación por edicto en el proceso disciplinario es subsidiaria y sólo opera ante la imposibilidad de notificar personalmente al sujeto procesal[14]. Por esta razón, estima que el término de cinco días previsto por la norma resulta razonable, en virtud de los principios de celeridad y eficacia que rigen la función disciplinaria sancionatoria. Respecto del inciso 2º del artículo 225 del Código General Disciplinario, indica que esa norma “no puede ser más garantista”[15], porque dispone la citación del procesado o su defensor a la audiencia del proceso verbal y, en caso de que no comparezcan, se designa un defensor de oficio. Igualmente, sostiene que el precepto acusado no es contrario a la Constitución, pues las partes deben cumplir con sus cargas procesales y estar atentas al desarrollo del trámite disciplinario que, para ese momento, evidentemente conocen[16]. Añade que, en todo caso, los artículos 127 y 225 de la Ley 1952 de 2019 no son contrarios a la Carta, en tanto que, “(…) si el interesado logra demostrar que recibió la comunicación después del término señalado, se debe realizar la respectiva notificación”[17]. Por último, en lo relativo a la comunicación al quejoso (inciso 2º del artículo 129 demandado), advierte que la Sentencia C-293 de 2008[18] declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “(…) se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo”, contenida en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior, en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después del lapso previsto en la norma, debe considerarse cumplida la comunicación a partir de esta última fecha. Por lo expuesto, el Procurador considera que se configura la cosa juzgada material respecto del aparte acusado, dado que: (i) la Sentencia C-293 de 2008 “(…) juzgó una disposición con idéntico contenido normativo y efectos jurídicos a la que es objeto de demanda”[19]; (ii) los cargos analizados en ambos casos se refieren al principio de publicidad y a los derechos al debido proceso y de defensa; (iii) los parámetros constitucionales que fundamentaron la anterior decisión no han sido objeto de reforma; y, (iv) no se evidencia “(…) un cambio relevante en el contexto de aplicación de la norma”. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta, esta Corporación es competente para conocer de la demanda formulada contra algunos apartes de los artículos 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019. Sobre este particular, la Sala reitera su competencia para decidir sobre la constitucionalidad del Código General Disciplinario (CGD), pese a que aún no se haya producido su entrada en vigencia[20], de conformidad con la jurisprudencia constitucional consolidada en relación con esta materia[21]. Al respecto, la Corte ha distinguido entre la vigencia y la existencia de las normas jurídicas. En este sentido, resulta posible que esta Corporación se pronuncie respecto de la constitucionalidad de normas que, pese a no hallarse vigentes al momento de la decisión, tienen vocación de producir efectos jurídicos, por lo cual se justifica el ejercicio del control de constitucionalidad de dichos preceptos, tal y como ocurre en el presente asunto[22]. Asuntos preliminares: ausencia de configuración de la cosa juzgada constitucional y procedencia de la pretensión de exequibilidad condicionada en la demanda de inconstitucionalidad 3. Antes de analizar las cuestiones de fondo, la Sala estudiará la configuración de la cosa juzgada constitucional material, debido a que el Procurador General de la Nación estima que aquella operó respecto de una de las normas acusadas. De igual modo, dado que el ciudadano pretende la exequibilidad condicionada de las disposiciones censuradas, esta Corporación reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia de este tipo de pretensiones en la acción pública de inconstitucionalidad. Ausencia de configuración de la cosa juzgada constitucional material en el caso concreto 2. En múltiples pronunciamientos[23], la Corte ha precisado la naturaleza jurídica de la cosa juzgada constitucional[24], sus funciones[25], y su tipología, que permite clasificarla en (i) absoluta o relativa[26] y (ii) formal o material[27]. Respecto de esta última clasificación, ha establecido que, para que exista cosa juzgada material, “(…) es preciso que la nueva controversia verse (i) sobre el mismo contenido normativo de la misma disposición examinada en oportunidad previa por la Corte Constitucional, y (ii) sobre cargos idénticos a los analizados en ocasión anterior”[28]. En particular, la identidad de cargos implica examinar, tanto el parámetro constitucional empleado como la argumentación utilizada por el demandante. Asimismo, la identidad de contenido normativo exige revisar el contexto normativo en el que se aplica la disposición[29]. 3. El Ministerio Público sostiene que existe cosa juzgada constitucional respecto del inciso segundo del artículo 129 de la Ley 1952 de 2019, en la medida en que la Sentencia C-293 de 2008[30] “(…) juzgó una disposición con idéntico contenido normativo y efectos jurídicos a la que es objeto de demanda”[31]. Sin embargo, la Corte se aparta de dicha conclusión porque, como se expondrá a continuación, no existe identidad entre el alcance de ambas normas ni tampoco en el contexto en el que ellas se insertan. 4. La Sentencia C-293 de 2008[32] estudió la constitucionalidad de una expresión contenida en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002[33]. En dicha oportunidad, el demandante aseguraba que la norma partía del supuesto de que, tan pronto el operador disciplinario entregaba la comunicación en la oficina de correo, su destinatario la conocía. En consecuencia, sostenía que tal presunción era contraria al principio de publicidad de las actuaciones administrativas (art. 209 C.P.) y al derecho de defensa (art. 29 C.P.). La Sala concluyó que la norma demandada podía interpretarse de dos formas: (i) que la comunicación se entiende “simplemente” cumplida cuando transcurren cinco días después de su introducción en la oficina de correo, lectura que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[34], impone una carga desproporcionada al quejoso y es contraria a la realidad, al principio de publicidad y al derecho de defensa; o (ii) que “(…) si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha”[35]. Por consiguiente, condicionó la exequibilidad del precepto acusado para que se entendiera bajo esta última lectura. 5. A partir de este antecedente jurisprudencial, corresponde determinar si el artículo 109 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 129 de la Ley 1952 de 2019 guardan identidad en su contexto y contenido normativo. En primer lugar, en lo referente al contexto normativo en que se insertan ambas normas, se advierte que el Código General Disciplinario modificó algunos aspectos en la regulación de las notificaciones y comunicaciones del proceso disciplinario[36], entre los cuales se enuncian: (i) los tipos de decisiones que se notifican personalmente; (ii) la comunicación de las providencias interlocutorias[37]; (iii) la regulación de la notificación por estado; (iv) las clases de decisiones y el término en el cual se entiende surtida la notificación por edicto[38]; (v) la comunicación de las decisiones de sustanciación que carezcan de una forma especial de notificación; y (vi) las providencias que se comunican al quejoso y su procedimiento. De este modo, se evidencia que el inciso segundo del artículo 129 del Código General Disciplinario se enmarca en un contexto normativo distinto de aquel que regulaba el artículo 109 del Código Disciplinario Único. En tal sentido, la reforma de ciertas reglas procesales en materia de notificaciones implica un cambio en el procedimiento para dar a conocer las decisiones de la autoridad disciplinaria. Esta modificación abarca diversos aspectos relevantes, los cuales se relacionan entre sí y, por consiguiente, inciden en la evaluación del alcance de la norma. Así, en la medida en que cambia la modalidad de notificación para ciertas decisiones, no se puede predicar que exista una identidad entre ambos contextos normativos. De este modo, se presenta un diseño procesal distinto de aquel adoptado en el estatuto anterior. Al respecto, la Corte ha destacado que lo que distingue a los códigos de otras regulaciones legales es su carácter sistemático y de coordinación normativa[39]. Por lo tanto, el análisis de la norma demandada debe tener en cuenta las modificaciones que sufrió la codificación en la que se inserta. 6. En segundo lugar, en relación con su contenido normativo, la Sala presentará las diferencias entre ambas normas mediante el siguiente cuadro comparativo: Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) Texto de la norma Artículo 109. Comunicaciones.  Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo. Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente[40]. Artículo 129. Comunicaciones. Las decisiones de sustanciación que no tengan una forma especial de notificación prevista en este código se comunicarán a los sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual el Secretario dejará constancia en el expediente. Al quejoso se le comunicará la decisión de archivo y del inicio de la audiencia. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia. Diferencias en su contenido normativo 1. Se regula únicamente la comunicación de decisiones al quejoso. 2. Ordena comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. 3. Se entiende cumplida la comunicación cinco días “después de la fecha de su entrega a la oficina del correo”. 4. Dispone que la comunicación al quejoso de la decisión de archivo o el fallo absolutorio se realice mediante correo postal. 1. El primer inciso es aplicable a todos los sujetos procesales, mientras que el segundo regula específicamente las comunicaciones que deben remitirse al quejoso. 2. Ordena comunicar al quejoso la decisión de archivo y el inicio de la audiencia. 3. Se entiende cumplida la comunicación cinco días “a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo”. 4. Permite que la comunicación al quejoso de la decisión de archivo y el inicio de la audiencia se realice a través del correo postal o de otro medio más eficaz, con la respectiva constancia. Como se evidencia a partir de la confrontación entre la norma acusada y el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, existen importantes diferencias en el sentido de ambas disposiciones, lo cual impide concluir que haya identidad entre el contenido de dichos artículos. En efecto, (i) mientras que la primera norma ordena comunicar al quejoso el fallo absolutorio, la segunda dispone que debe comunicarse el inicio de la audiencia; (ii) el artículo 109 del Código Disciplinario Único señala que la comunicación se cumple con su entrega en la oficina de correo, mientras que la norma objeto de estudio precisa que se entiende surtida al día siguiente de su entrega; (iii) a diferencia de la norma anterior, el artículo 129 del Código General Disciplinario permite que se comunique al quejoso a través de otro medio más eficaz que el correo postal; y (iv) la norma demandada regula también las comunicaciones que se envían a los demás sujetos procesales y no únicamente al quejoso. Este último aspecto resulta especialmente relevante en esta oportunidad. Bajo tal perspectiva, la disposición acusada amplió su ámbito de aplicación y extendió las comunicaciones allí previstas como una forma de dar a conocer decisiones de la autoridad disciplinaria también al procesado. De esta manera, la Sala descarta que se trate de una norma idéntica a aquella que la Corte analizó en un momento anterior. 7. Conforme a lo expuesto, la existencia de cierta semejanza entre el contenido de dos normas jurídicas no implica que la Corte deba abstenerse de ejercer el control de constitucionalidad sobre aquella que no ha sido enjuiciada. Dicha conclusión resultaría contraria al principio de supremacía constitucional, por cuanto ello evitaría el análisis del fondo del asunto, aun cuando existan elementos distintos en la controversia que el juez constitucional debe abordar. En tal sentido, para que opere el fenómeno de la cosa juzgada, se debe verificar que exista identidad entre el contenido material de ambas normas. 8. En consecuencia, en el presente caso no se configura la cosa juzgada constitucional material, por cuanto la disposición sometida al análisis de la Corte tiene un contenido normativo diverso de aquella que fue objeto de una declaración de exequibilidad condicionada en la Sentencia C-293 de 2008[41]. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala aclara que la ratio decidendi acogida por la Corte en la citada providencia es un precedente relevante para la decisión que se tomará en esta oportunidad, debido a las similitudes que existen entre el problema jurídico propuesto en ese momento y aquel que se analiza en esta ocasión. Procedencia de la pretensión de exequibilidad condicionada en la demanda de inconstitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia 9. De conformidad con los artículos 243 superior y 21 del Decreto 2067 de 1991, esta Corporación ha concluido que es competente para definir el alcance y los efectos de sus sentencias[42], con observancia de los mandatos constitucionales. En este sentido, desde sus primeros pronunciamientos[43], este Tribunal ha optado por las sentencias interpretativas o condicionadas como una posibilidad para modular sus decisiones[44], con el fin de garantizar principios tan relevantes como el de la conservación del derecho[45]. Por consiguiente, la exequibilidad condicionada se configura cuando la Corte concluye que una norma: (i) debe entenderse en un sentido determinado para que resulte conforme con la Constitución, de modo que todas las demás lecturas resultan inexequibles; o (ii) puede interpretarse de una manera que es contraria a la Carta, por lo que debe excluirse esta posible lectura[46]. 10.  En algunos casos, los ciudadanos que acuden a la acción pública de inconstitucionalidad persiguen, como pretensión única, que se declare la  exequibilidad condicionada de la norma, a partir de las categorías teóricas que la propia Corte ha desarrollado. En estos eventos, esta Corporación ha concluido que la demanda es apta y no puede descartarse su estudio de fondo por la sola circunstancia de haberse propuesto una pretensión de exequibilidad condicionada[47]. De este modo, la postura vigente[48] de la jurisprudencia constitucional exige que, cuando se trata de demandas de inconstitucionalidad cuya pretensión única es la exequibilidad condicionada de la norma acusada, se deben cumplir dos requisitos específicos[49]: (i) que el cargo plantee un problema de control abstracto de constitucionalidad; y (ii) que la parte actora justifique mínimamente la decisión de no solicitar la inexequibilidad total o parcial de la disposición demandada[50]. 11. En el caso concreto, la Sala Plena estima que se satisfacen los presupuestos previamente indicados. De una parte, es evidente que la cuestión planteada por el ciudadano implica una confrontación de una lectura de las normas demandadas con los mandatos constitucionales que estima infringidos. De otra, el demandante presentó ampliamente las razones por las que, en su criterio, no debería declararse la inexequibilidad de la norma. Sobre el particular, concluyó que: “la solución jurídica más viable no resulta ser la inexequibilidad de los preceptos normativos demandados. Ello agravaría la situación al dejar sin herramientas de publicidad para el disciplinado o para el quejoso, a más de imponer cargas desgastantes al Estado”[51]. En razón de lo expuesto, la Sala procederá a formular y resolver el problema jurídico de fondo. Planteamiento del problema jurídico y esquema de resolución 12. En el presente asunto, el demandante considera que algunos apartes de los artículos 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019 son contrarios a los artículos 29 y 209 de la Constitución. En su criterio, las normas acusadas desconocen el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción y los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa. El ciudadano funda la acusación en que los preceptos demandados: (i) determinan una presunción de notificación del acto administrativo, porque establecen que el depósito de la comunicación por parte de la autoridad disciplinaria implica el conocimiento efectivo de dicha decisión por parte del destinatario; (ii) permiten la contabilización de los términos para adelantar la notificación personal desde el depósito del acto administrativo en la oficina de correos, lo cual no corresponde con la realidad; y, finalmente, (iii) impiden la intervención de los sujetos procesales en el trámite disciplinario, así como la impugnación de las decisiones proferidas. En consecuencia, solicita a la Corte declarar exequibles de manera condicionada tales normas, en el entendido que los términos de notificación previstos en ellas se contabilicen a partir del recibo de la comunicación por sus destinatarios. Tanto el Procurador General de la Nación como los ciudadanos intervinientes en el trámite solicitaron declarar exequibles las disposiciones parcialmente acusadas, por estimar que (i) no establecen una presunción de notificación del acto administrativo; (ii) garantizan parámetros de razonabilidad y debido proceso sin dilaciones injustificadas; (iii) buscan evitar que se generen actos de corrupción; y (iv) son expresión de los principios de celeridad y eficacia que rigen la función disciplinaria sancionatoria. 13. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional debe establecer si ¿los apartes acusados de los artículos 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019 desconocen el derecho fundamental al debido proceso, en sus garantías de defensa y contradicción, así como los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa (artículos 29 y 209 C.P.), porque no le permiten a los interesados conocer el contenido de la decisión disciplinaria proferida ni emplear las herramientas procesales necesarias para el ejercicio de su defensa? Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) el derecho al debido proceso administrativo en materia disciplinaria, el principio de publicidad y los derechos de defensa y contradicción; (ii) la libertad de configuración legislativa en materia disciplinaria y sus límites; (iii) las reglas jurisprudenciales sobre notificaciones a través del correo postal de los actos administrativos del procedimiento disciplinario; y, finalmente, (iv) el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas, en relación con el cargo propuesto. El derecho al debido proceso administrativo en materia disciplinaria[52]. Los derechos de defensa y contradicción y el principio de publicidad[53] 14. Este Tribunal ha establecido que el debido proceso (artículo 29 superior[54]) comprende el conjunto de garantías que tienen como propósito “(…) sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados”[55]. Este es uno de los pilares del Estado Social de Derecho, pues protege las libertades ciudadanas y opera como un contrapeso al poder del Estado[56]. Así, la Corte ha reiterado que este derecho fundamental tiene las siguientes características: (i) debe garantizarse en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. En tal sentido, constituye “(…) un fundamento de la legalidad dirigido a controlar las posibles arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades como consecuencia del ejercicio del poder del Estado”[57]; (ii) tiene diversos matices según el contenido del derecho del cual se trate[58]. De esta manera, la exigencia de los elementos integradores del debido proceso “(…) es más rigurosa en determinados campos del derecho (…) en [los] que la actuación puede llegar a comprometer derechos fundamentales”[59]; (iii) es un derecho de aplicación inmediata (artículo 85 superior), que se expresa a través de múltiples principios que regulan el acceso a la administración de justicia (artículos 228 y 229 de la Constitución) como la celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia[60]; (iv) no puede ser suspendido durante los estados de excepción[61]; (v) se predica de todos los intervinientes en un proceso[62] y de todas las etapas del mismo[63]; y, (vi) su regulación se atribuye al Legislador quien, dentro del marco constitucional, define cómo habrá de protegerse y los términos bajo los cuales las personas pueden exigir su cumplimiento[64], entre otras. 15. En este sentido, esta Corporación ha determinado que el contenido material del derecho al debido proceso está compuesto por garantías esenciales que deben tener todos los ciudadanos que intervienen en un proceso judicial. Al respecto, la Sala resalta que la Constitución extendió dichos postulados[65] a las actuaciones administrativas[66]. Lo anterior, con el fin de asegurar la protección del interés general y el respeto por los derechos y principios ligados al ejercicio de la función pública[67]. De este modo, muchos de los elementos que informan el derecho fundamental al debido proceso judicial se aplican también a todas las actuaciones que desarrollen las autoridades públicas en el cumplimiento de sus funciones. No obstante, las garantías del debido proceso judicial no fueron trasladadas de manera directa e irreflexiva al ámbito administrativo, en la medida en que la función pública tiene requerimientos adicionales de orden constitucional que debe atender conjuntamente con el debido proceso, en el ejercicio de tales atribuciones. En efecto, las autoridades administrativas están obligadas, no solo a respetar el debido proceso, sino también a no transgredir los principios reguladores de la función pública, tales como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, definidos en el artículo 209 de la Carta. En consecuencia, este Tribunal ha establecido que, en materia de derecho administrativo sancionador, la garantía del debido proceso tiene un carácter flexible, en la medida en que: “(…) los procesos judiciales deben otorgar una respuesta definitiva a los conflictos sociales, en tanto que las actuaciones administrativas son susceptibles de control ante la jurisdicción. Por ello, aunque el debido proceso se aplica en toda actuación administrativa o judicial, en el primer escenario ocurre bajo estándares más flexibles para asegurar la eficiencia, eficacia, celeridad y economía por parte de la Administración”[68]. 16. Así, la jurisprudencia ha enunciado, entre las garantías propias del debido proceso administrativo, las siguientes: (i) el derecho a ser oído durante toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que el procedimiento se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación; (v) que el procedimiento se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi)  la presunción de inocencia, (vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) el derecho a impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso[69]. 17. Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que la potestad sancionadora de la administración es una de las expresiones del poder punitivo del Estado y comprende diversas especies[70], entre las que se encuentra el derecho disciplinario[71]. Este último, comprende “(…) el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”[72]. De este modo, se trata de una función inherente a la actividad estatal[73]. Asimismo, la Corte ha resaltado que el derecho disciplinario: (i) es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines del Estado; (ii) materializa el principio de responsabilidad de los servidores públicos; y, (iii) permite garantizar la efectividad de los principios de la función pública[74]. 18. El derecho disciplinario presenta una naturaleza específica y, en este sentido, no resulta posible trasladar automáticamente las garantías del proceso penal al debido proceso administrativo. En efecto, aunque constituye una expresión de la potestad sancionatoria como el derecho penal, presenta elementos propios que ameritan un abordaje diferenciado[75]. Así, “las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias”[76], debido a su carácter punitivo. 19. En particular, en relación con el debido proceso administrativo en actuaciones disciplinarias de carácter sancionatorio, se han señalado, como componentes específicos del debido proceso disciplinario, “(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus”[77]. Por último, en la medida en que implica un ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, se debe garantizar plenamente dicho postulado en las actuaciones administrativas del procedimiento disciplinario[78], pues se trata de un ámbito que involucra importantes derechos constitucionales como los de acceso a la función pública, elegir y ser elegido o los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 20. En suma, el debido proceso es un conjunto de garantías que sujetan la actuación del Estado y de los particulares a reglas predeterminadas, las cuales rigen la resolución de un conflicto o la determinación de una situación jurídica. Este principio debe garantizarse también en las actuaciones administrativas, especialmente en aquellas que son una manifestación del poder punitivo estatal, como sucede con el procedimiento disciplinario, en razón de los derechos que se encuentran en juego en dicho escenario procesal. 21. Por su parte, el derecho de defensa se define como “(…) la facultad para emplear ‘todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable”[79]. Esta potestad tiene manifestaciones procesales y sustantivas[80], y puede ejercerse de forma activa o pasiva[81]. A su turno, el derecho de contradicción se refiere a dos fenómenos distintos: “De una parte, la posibilidad de oponer pruebas a aquellas presentadas en su contra. Desde esta perspectiva, el derecho de contradicción aparece como un mecanismo directo de defensa, dirigido a que las razones propias sean presentadas y consideradas en el proceso. Su vulneración se presentaría cuando se impide o niega la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y oportunas en el proceso. Por otro lado, se refiere a la facultad que tiene la persona para (i) participar efectivamente en la producción de la prueba, por ejemplo, interrogando a los testigos presentados por la otra parte o por el funcionario investigador y (ii) exponer sus argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba”[82]. Además, el derecho de defensa comprende garantías esenciales para toda persona, tales como[83]: (i) controvertir las pruebas que se alleguen en su contra; (ii) aportar medios probatorios en su defensa; (iii) impugnar la sentencia condenatoria; (iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; y (vi) la asistencia de un abogado cuando sea necesaria[84], entre otras. Además, una de sus expresiones consiste en el deber de la autoridad judicial o administrativa de integrar debidamente el contradictorio[85]. 22. Ahora bien, los derechos de defensa y contradicción presentan un alcance específico en materia disciplinaria. En efecto, la Corte ha señalado que el objeto y la naturaleza del proceso respectivo definen el ámbito de protección de estas garantías procesales. De este modo, entre mayor sea la importancia constitucional de los intereses y derechos involucrados, mayor debe ser el grado de salvaguarda de los derechos de defensa y contradicción[86]. Así, dado que el proceso disciplinario afecta de manera indiscutible a los sujetos involucrados, los mandatos constitucionales imponen “(…) la existencia de procedimientos adecuados de publicidad del proceso (…) para hacer efectivo el principio de contradicción, una de cuyas manifestaciones más enérgicas la constituye el derecho a impugnar las providencias”[87]. En consecuencia, la protección de estas garantías en el ámbito disciplinario reviste de una especial importancia[88]. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en los procesos sancionatorios, los derechos de defensa y contradicción constituyen garantías instrumentales para la presunción de inocencia, por cuanto se requiere que la acusación sea sometida a prueba y refutación[89]. De igual modo, ha reiterado que estas prerrogativas deben asegurarse permanentemente, esto es, tanto en las etapas de investigación previa como en la de juicio[90]. 23. A su turno, el principio de publicidad impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actuaciones (i) a las partes y a los terceros interesados, con el fin de garantizar los derechos de contradicción y defensa; y (ii) a la comunidad en general, como garantía de transparencia, participación ciudadana[91] e imparcialidad del fallador[92]. El alcance de este mandato varía según el tipo de actuación administrativa de la que se trate[93]. Esta Corporación ha sostenido que este principio forma parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso y ha destacado su relevancia en el proceso disciplinario[94]. Bajo ese entendido, su importancia radica en que “(…) sólo de esta manera el acusado puede conocer oportunamente los cargos que se le imputan y los hechos en que éstos se basan”[95]. 24. En este contexto, las notificaciones constituyen un mecanismo procesal que habilita el ejercicio del derecho de defensa, entendidas como el acto material de comunicación, que permite poner en conocimiento de las partes o de terceros interesados las decisiones proferidas dentro del trámite administrativo. Estas herramientas aseguran el “(…) derecho a ser informado de las actuaciones (…) administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción”[96]. De igual manera, garantizan el principio de publicidad y previenen la posibilidad de afectar a alguna persona con una decisión sin que haya sido oída o sin que haya tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento para su adopción[97]. Con todo, en el marco de los procesos disciplinarios, la Corte ha afirmado que la notificación no puede entenderse como “(…) un acto de contenido meramente formal, sino que se surte con independencia de las decisiones que se adopten al interior del asunto”[98]. 25. Adicionalmente, los derechos de defensa y contradicción se relacionan, de forma inescindible, con el principio de publicidad. En efecto, a partir del momento en que se conocen las decisiones de la autoridad administrativa, se contabiliza el término para la interposición de los recursos respectivos, por lo cual la oponibilidad[99] se erige en un elemento necesario para garantizar aspectos de estos derechos, como: la posibilidad de controvertir las decisiones dentro del procedimiento disciplinario[100], de contar con los medios y el tiempo para ejercer una defensa técnica suficiente, para presentar pruebas y desvirtuar aquellas que se alleguen en su contra o contrastar los hechos de la acusación, entre otras. En conclusión, el principio de publicidad y los derechos de contradicción y defensa son especialmente relevantes en los procedimientos administrativos sancionatorios, particularmente en el proceso disciplinario. Así, el derecho de defensa permite garantizar la intervención de las partes o de los terceros interesados en el trámite. También, el principio de publicidad asegura los derechos del procesado, del quejoso y de las víctimas, así como la participación de la comunidad y se encamina a preservar la imparcialidad y la transparencia en la actuación administrativa y permitir el ejercicio del derecho de contradicción. De igual modo, las notificaciones son una expresión de los citados mandatos constitucionales, en la medida en que su propósito es el de dar a conocer las actuaciones de la autoridad administrativa. Libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos administrativos de carácter disciplinario y sus límites[101] 26. La jurisprudencia constitucional ha establecido que los procedimientos administrativos requieren regulación previa en la ley. Por esta razón, ha señalado que el Legislador está investido de amplias facultades para configurar los elementos que rigen cada uno de estos trámites, según la naturaleza particular de cada uno de ellos[102]. A partir de esta atribución constitucional, el Congreso de la República fija las reglas mediante las cuales se asegura la plena operatividad del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.) y el acceso efectivo a la administración pública (art. 209 C.P.). Tales pautas consolidan el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos[103]. Por ende, las normas procesales se orientan a asegurar la celeridad y eficacia de la respuesta de la administración pública, así como la protección de los derechos de las partes, de los terceros interesados y de la comunidad en general[104]. En desarrollo de esta amplia competencia[105], el Legislador puede, entre otros aspectos: determinar las autoridades competentes para el trámite correspondiente[106], diseñar las etapas, oportunidades y formalidades procesales, las actuaciones que competen a las partes, los términos[107], los medios de prueba, los deberes y cargas procesales[108], y los recursos pertinentes ante las autoridades judiciales y administrativas respectivas[109]. 27. En particular, la Corte ha señalado que la libertad de configuración legislativa en el proceso disciplinario se fundamenta en el principio democrático[110]. En efecto, el escenario de deliberación política es el más apto para determinar las conductas que resultan contrarias a la realización de los fines del Estado y el procedimiento que debe adelantarse para sancionarlas[111]. No obstante, esta facultad no es absoluta ni ilimitada[112]. El Legislador está sometido a los mandatos constitucionales y a los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad[113] para diseñar los procesos judiciales y administrativos. En este sentido, en el ámbito del derecho disciplinario, la Sentencia C-555 de 2001[114] destacó que, a pesar del amplio margen de regulación que se atribuye al Legislador en esta materia, este debe propender por las garantías “(…) de los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”[115]. Por lo tanto, en la configuración legislativa de los procedimientos administrativos, el Congreso debe respetar, tanto los principios y valores superiores[116] (en especial los de justicia, igualdad y vigencia de un orden justo[117]), como  la primacía de los derechos fundamentales[118]. En particular, este Tribunal ha sostenido que la legitimidad de los trámites administrativos se soporta precisamente en el respeto por los principios de razonabilidad[119] y proporcionalidad[120]. Por consiguiente,  si el diseño legislativo particular de una institución procesal resulta abusivo, arbitrario o contrario a los derechos fundamentales, desconoce tales postulados superiores y debe ser retirado del ordenamiento jurídico[121]. También, está obligado a acatar los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas[122] y el de progresividad y no regresividad[123]. 28. En consecuencia, esta Corporación ha reconocido que el Legislador es titular de un amplio margen de configuración para regular los distintos aspectos y etapas de los procedimientos administrativos. Concretamente, en el marco del trámite del proceso disciplinario, su libertad de configuración se basa en el principio democrático. No obstante, esta potestad debe ejercerse siempre con observancia de: (i) los principios y valores constitucionales; (ii) los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad; (iii) el conjunto de garantías que conforman el debido proceso; y, (iv) la prevalencia del derecho sustancial, entre otras[124]. A continuación, la Sala analizará las reglas específicas de las notificaciones del procedimiento disciplinario que se surten a través de correo físico o postal. Reglas jurisprudenciales en materia de notificación de actos administrativos del procedimiento disciplinario a través del correo postal Jurisprudencia constitucional sobre la notificación de actos administrativos a través del correo postal 29. En primer lugar, la Sala abordará la notificación de actos administrativos a través de correspondencia desde una perspectiva general para, posteriormente, enfatizar en las reglas sobre notificaciones en el proceso disciplinario. Respecto de las notificaciones de actos administrativos a través del correo postal, que interesan particularmente en el marco de la cuestión debatida, esta Corporación ha señalado que “(…) la sola remisión del correo no da por surtida la notificación de la decisión que se pretende comunicar, por cuanto lo que en realidad persigue el principio de publicidad, es que los actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa, sean materialmente conocidos por los ciudadanos, sin restricción alguna, premisa que no se cumple con la simple introducción de una copia del acto al correo”[125]. 30. Esta posición fue establecida en la Sentencia C-096 de 2001[126], en la cual se declaró la inexequibilidad de una norma contenida en el Estatuto Tributario[127]. Aquella establecía que la notificación de los actos administrativos dictados por la autoridad tributaria se consideraba surtida con la simple introducción del documento al correo. Esa decisión se sustentó en lo siguiente: (i) El principio de publicidad persigue que, efectivamente, los actos administrativos sean conocidos por sus destinatarios y la simple introducción de la copia del acto al correo no es idónea ni es indicativo que el destinatario efectivamente la conoce; (ii) La medida afecta el derecho de defensa del administrado, porque a partir de la notificación del acto se cuentan los términos para controvertirlo; y, (iii) Aunque existe control judicial posterior, la norma impone una carga desproporcionada al contribuyente. En efecto, hace más oneroso el ejercicio del derecho de defensa y reduce el tiempo para controvertir la actuación. 31. En similar sentido, la Sentencia C-317 de 2003[128] reiteró las reglas establecidas previamente. En esa ocasión, la Corte declaró inexequible una norma del procedimiento cambiario, que establecía que la notificación de ciertos actos administrativos se entendía surtida en la fecha de su introducción al correo. A su turno, el criterio expuesto fue reiterado en la Sentencia T-549 de 2005[129], en la cual sostuvo: “(…) como regla general, la notificación no puede entenderse surtida con la mera introducción en el correo de los documentos pertinentes, sino que sólo puede considerarse que fue realizada en debida forma cuando el interesado la conoce, o desde la realización del hecho que permita suponer que tal conocimiento se produjo”. 32. Posteriormente, la Sentencia C-929 de 2005[130] analizó otra norma del Estatuto Tributario, en virtud de la cual, “ (…) [l]as providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”. En dicha oportunidad, la Corte reiteró las conclusiones establecidas en la Sentencias C-096 de 2001[131] y C-317 de 2003[132]. Sin embargo, consideró que la disposición estudiada tenía un contenido normativo diferente, por lo cual no implicaba un desconocimiento ni del principio de publicidad ni del debido proceso. En efecto, sostuvo que “(…) el aviso de citación a que se refiere el precepto acusado, tiene por finalidad enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya fue resuelto a fin de que comparezca para ser notificado personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso, y sólo en defecto de su no comparecencia se procede a la notificación por edicto”[133]. En consecuencia, declaró la exequibilidad de la norma demandada. 33. A su turno, la Sentencia C-890 de 2010[134] consideró que la notificación por correo es un medio idóneo y eficaz para comunicar algunas de las decisiones adoptadas en el procedimiento administrativo sancionatorio de tránsito. En esa ocasión, concluyó que la modalidad de notificación prevista para esos casos no desconocía el debido proceso, especialmente porque “(…) es claro que la notificación por correo sólo se entiende surtida a partir del momento en que el destinatario recibe efectivamente la comunicación que contiene el acto, lo cual significa que sólo en ese momento y no antes, éste le resulta jurídicamente oponible, siendo el recibo de la comunicación el referente válido para contabilizar el término de ejecutoria”[135]. 34. Por último, la Sentencia C-035 de 2014[136] sintetizó las reglas aplicables a las notificaciones de los actos administrativos de la siguiente manera: (i) por regla general, los actos administrativos definitivos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas deben notificarse personalmente; (ii) excepcionalmente, el Legislador puede adoptar otros mecanismos de notificación, “(…) siempre que se trate de medios eficaces que permitan el conocimiento material de la decisión por parte de los interesados”[137]; (iii) cuando la ley establezca un medio principal de notificación y otros subsidiarios, el primero debe contar con plena eficacia para garantizar los derechos de defensa y contradicción. En cambio, los segundos pueden tener una menor eficacia siempre que la administración agote previamente los mecanismos principales y realice esfuerzos razonables para cumplir con el deber de dar a conocer sus decisiones; y, (iv) la constitucionalidad de las normas que definen mecanismos de notificación implica un análisis de su razonabilidad y proporcionalidad, así como la ponderación entre las cargas que debe asumir la administración y aquellas que corresponden a los ciudadanos[138]. 35. De otra parte, en aplicación de tales reglas, la citada providencia estudió una norma que regulaba la notificación del acto de liquidación del “efecto plusvalía” sobre los inmuebles que se benefician con las acciones urbanísticas. En dicha ocasión, la Corte estimó que resultaba irrazonable y desproporcionado que dicha actuación se notificara únicamente por avisos y edictos. Aquella actuación carecía de la eficacia e idoneidad suficientes para garantizar el principio de publicidad y el derecho a la defensa. En consecuencia, declaró la exequibilidad condicionada de la disposición, bajo el entendido de que, antes de efectuar la notificación por avisos y edicto, debía agotarse la notificación personal o por correo. 36. En suma, la jurisprudencia constitucional ha establecido reglas y subreglas para garantizar que las notificaciones a través del correo postal, en el marco del proceso administrativo disciplinario, observen el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción, y el principio de publicidad. En este escenario, la notificación personal debe ser la regla general cuando los actos administrativos crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. En tal sentido, es imperioso que cuente con plena eficacia para garantizar los derechos de defensa y contradicción. De esta suerte, la simple introducción del acto administrativo al correo postal no puede entenderse como un acto que materialice dicha notificación. De igual manera, también es posible que el Legislador acuda a medios de notificación subsidiarios, siempre que ellos resulten idóneos y eficaces, previo el agotamiento de los mecanismos principales. Finalmente, en todo caso, la regulación de las notificaciones en el procedimiento administrativo debe observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el propósito de garantizar el derecho de controvertir los actos administrativos e intervenir en el trámite respectivo. El régimen de notificaciones de los actos administrativos del proceso disciplinario 37. La Ley 200 de 1995[139] unificó el procedimiento disciplinario de los servidores públicos, que estaba regulado en varios regímenes[140]. Esa normativa estableció como formas de notificación la personal, por estrado, por edicto o por conducta concluyente. Posteriormente, la Ley 734 de 2002 sustituyó al estatuto procesal disciplinario anterior e introdujo ciertas modificaciones al régimen de notificaciones[141]. A continuación, la Sala hará referencia a las reglas jurisprudenciales[142] sobre la materia y que fueron establecidas a partir de dichos estatutos: (i) Los mecanismos para la comunicación de las decisiones administrativas que se dicten en los procesos disciplinarios deben garantizar, de manera oportuna, el principio de publicidad. En tal sentido, su diseño deberá establecer con claridad la forma precisa en que se practicarán las notificaciones[143]; (ii) La notificación personal “es la regla general”[144] y el instrumento más idóneo, adecuado y efectivo para asegurar la protección del derecho de defensa del disciplinado, lo que “(…) garantiza un mayor conocimiento y convocatoria directa al proceso”[145]; (iii) La aplicación de las demás formas de notificación es subsidiaria y de interpretación restrictiva[146]. En este sentido, las notificaciones por edicto[147] y por conducta concluyente resultan válidas por cuanto desarrollan el principio de economía procesal[148]; (iv) Ciertas decisiones, particularmente aquellas que inician el procedimiento disciplinario, deben notificarse de manera personal. Este tipo de comunicación asegura que las providencias sean efectivamente conocidas por los sujetos procesales[149]; (v) El Legislador puede imponer cargas mínimas de diligencia a los sujetos intervinientes, lo cual no implica una afectación del derecho de defensa cuando estas son razonables y proporcionadas[150]; y, (vi) El término para citar a la audiencia en el procedimiento disciplinario verbal debe contabilizarse a partir de la notificación personal del auto que ordena adelantar dicho proceso. Lo anterior, con el objetivo de que el procesado disponga de tiempo suficiente para preparar su defensa[151]. 38. Por su relevancia para la resolución del caso concreto, la Sala se referirá a la Sentencia C-293 de 2008[152]. Esta decisión analizó la constitucionalidad del artículo 109 del Código Disciplinario Único[153]. Esa norma señala que se entiende surtida la notificación al quejoso transcurridos cinco días después de su entrega en la oficina de correo. En dicha oportunidad, la Corte estudió el rol del quejoso en el proceso disciplinario y concluyó que, de una parte, cuenta con la posibilidad de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio y, de otra, cuando se trata de víctimas de faltas disciplinarias que constituyan violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al DIH, el quejoso tiene todas las facultades que se otorgan a los demás sujetos procesales[154]. Dicha protección también se extiende, en la actualidad, a las víctimas por conductas constitutivas de acoso laboral[155]. Debido a lo anterior, sostuvo que la comunicación regulada en la norma demandada tiene el carácter de una auténtica notificación y, en tal sentido, es una manifestación concreta del principio de publicidad. 39. A continuación, estableció que la norma acusada podría interpretarse en dos sentidos. De una parte, que la comunicación se entiende cumplida con la simple entrega a la oficina de correo, lo cual atenta contra el debido proceso y el principio de publicidad, pues los actos administrativos de notificación personal en el proceso disciplinario “(…) solo deben ser controvertibles por el quejoso a partir de su conocimiento y no cuando hayan transcurrido cinco días después de la fecha de la entrega de la comunicación a la oficina de correo”[156]. Al respecto, este Tribunal explicó que esa lectura implicaba una carga gravosa y exorbitante para el quejoso que le impedía, sin justificación constitucional, controvertir los actos administrativos del proceso disciplinario. De otra, la segunda lectura consiste en que la comunicación se entiende surtida transcurridos cinco días después de su entrega en la oficina de correos, pero si el quejoso demuestra que recibió la notificación con posterioridad a dicho lapso, se entiende cumplida a partir de esta última fecha. En otras palabras, el término para la presentación de recursos y la práctica de las demás actuaciones procesales derivadas de la notificación, se contabiliza a partir del momento en que el interesado recibió efectivamente la comunicación, cuando aquel sea posterior al que está previsto en la ley. Con base en esta última interpretación, la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada de la norma en tal sentido. 40. Ahora bien, en el contexto del nuevo Código General Disciplinario, la Sentencia C-570 de 2019[157] analizó la notificación personal de los miembros de las Fuerzas Militares a través de medios electrónicos, prevista en el artículo 122 de la Ley 1952 de 2019. En aquella ocasión, concluyó que la disposición desconocía el debido proceso y el derecho de defensa de dichos servidores públicos cuando son investigados disciplinariamente, al disponer que la notificación personal queda surtida en la fecha de envío del correo electrónico y no cuando ha sido efectivamente recibido[158]. Por lo tanto, condicionó la exequibilidad de la norma previamente aludida, en el entendido de que debe existir evidencia acerca de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente se dio. Al respecto, la Corte sostuvo que: “[l]a notificación personal supone, como mínima garantía, que la persona pueda tener acceso efectivo al mensaje que se le remite. No sólo una posibilidad teórica, eventual, o supuesta de conocerlo, sino el acceso real y efectivo a la información procesal remitida. En tal medida, entender que el mensaje ha sido conocido cuando se envía y no cuando se recibe, cuando se tiene acceso a este, no es un medio que permita asegurar el célere y eficaz avance del proceso, con el debido respeto de los derechos, en especial, el derecho de defensa”[159]. 41. Esta regla jurisprudencial fue reiterada recientemente por esta Corporación en la Sentencia C-420 de 2020[160]. En efecto, el inciso 3° del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020[161] establece que “(…) la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. En este caso, la Corte indicó que la norma objeto de análisis admite dos interpretaciones: a) Una lectura indica que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. La Sala Plena concluyó que este entendimiento desconoce la Constitución, por ser contrario al principio de publicidad, pues “(…) implicaría admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío”[162]. b) En contraste, una segunda interpretación permite entender que el término de 2 días previsto por la norma debe contarse “cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”. En consecuencia, la Corte condicionó la exequibilidad de la disposición analizada bajo este último entendimiento. Finalmente, la decisión reseñada recordó que: “El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para el efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación. Así, la garantía de publicidad de las providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la demostración de que la notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario” [163]. 42. En conclusión, la Sala advierte que, de acuerdo con las reglas y subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional en materia de notificación de los actos administrativos en el proceso disciplinario a través del correo electrónico, es notoria la prevalencia que se otorga a la notificación personal como mecanismo principal para dar a conocer las decisiones de la autoridad disciplinaria. Por ende, la aplicación de otros medios de notificación es subsidiaria y debe llevarse a cabo con observancia de los postulados superiores y los presupuestos legales que la habilitan. Asimismo, aunque el Legislador puede imponer cargas mínimas de diligencia a los sujetos procesales, estas deben ser razonables y proporcionadas en relación con el ejercicio del derecho de defensa. Por último, en relación con la notificación mediante correo postal, la Corte ha establecido con claridad que ella no puede entenderse surtida con el simple depósito del acto administrativo en la oficina de correos, pues ello podría vulnerar gravemente los derechos de defensa y contradicción de los sujetos del proceso disciplinario. Síntesis de las reglas jurisprudenciales aplicables al presente asunto 43. Con fundamento en las consideraciones expuestas en los capítulos anteriores, la Sala Plena sintetizará a continuación las principales reglas jurisprudenciales que permiten resolver el problema jurídico expuesto, en los siguientes términos: (i) El derecho fundamental al debido proceso comprende un conjunto de garantías que sujetan la actuación de las autoridades administrativas y presenta connotaciones particulares en el derecho disciplinario, en tanto manifestación de la potestad punitiva del Estado. En particular, el derecho de defensa y contradicción y el principio de publicidad tienen un alcance específico en materia disciplinaria y son especialmente relevantes en este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios; (ii) El Legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa en materia de procedimientos administrativos y, concretamente, en el proceso disciplinario. Sin embargo, esta libertad se encuentra sometida a límites, en la medida en que debe respetar los derechos, principios y valores constitucionales (el derecho de defensa y el principio de publicidad, entre otros). De igual modo, está obligado a observar los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la regulación y diseño de las instituciones procesales; (iii) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la notificación personal tiene carácter principal, es la regla general y el mecanismo más idóneo y efectivo para la notificación de los actos administrativos del proceso disciplinario. Con todo, aunque la ley puede establecer formas subsidiarias de notificación, ellas deben ser razonables y proporcionadas; y, (iv) La notificación personal de los actos administrativos proferidos en el proceso disciplinario no se entiende surtida con el simple envío de la comunicación o su entrega a la oficina de correos, por cuanto dicha regla desconoce el principio de publicidad y vulnera el derecho de defensa, en la medida en que afecta la posibilidad de controvertir tales decisiones. Además, implica una carga desproporcionada e irrazonable para los sujetos procesales[164]. Análisis del caso concreto. Las normas demandadas admiten una interpretación que resulta contraria al debido proceso, particularmente a los derechos de defensa y contradicción, así como al principio de publicidad de las decisiones adoptadas en el procedimiento disciplinario 44. En el presente asunto, la Sala Plena debe determinar si las normas demandadas desconocen los artículos 29 y 209 superiores. Para el ciudadano, aquellas permiten que el término de la notificación o comunicación de las providencias se contabilice con base en el momento en que se entrega el documento en la oficina de correos, lo cual no implica que la persona conozca efectivamente la decisión. En su criterio, impiden el ejercicio adecuado de los derechos de defensa y contradicción. Además, son contrarias a los principios de publicidad y transparencia que guían la función administrativa y orientan el debido proceso. En contraste, el Procurador y la intervención ciudadana allegada al proceso defienden la exequibilidad de los preceptos demandados, por estimar que las notificaciones y comunicaciones allí previstas garantizan adecuadamente los derechos de las partes y concretan los principios de celeridad y eficacia. Por consiguiente, la Corte establecerá (i) el contexto normativo y alcance de las disposiciones acusadas. Posteriormente, a partir de las reglas aplicables para el asunto ya descritas, (ii) hará referencia al juicio de proporcionalidad como herramienta metodológica para resolver las situaciones de posible colisión entre principios. Con fundamento en ello, (iii) resolverá el problema jurídico planteado. Contexto normativo y alcance de las normas demandadas[165] 45.  Este Tribunal ha establecido que el juicio de constitucionalidad está condicionado a determinar la compatibilidad de la disposición demandada con las normas superiores. En este sentido, su finalidad no es la de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas por motivos de conveniencia o dirimir los debates sobre la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias, que corresponden a otras autoridades judiciales[166]. Lo anterior, se fundamenta en la necesidad de garantizar la separación funcional de las jurisdicciones, la independencia y la autonomía de los jueces que las integran, puesto que a estos últimos les corresponde la labor de aplicar e interpretar las normas jurídicas[167]. No obstante, en múltiples hipótesis, la Corte ha definido de manera previa el alcance de la disposición controvertida, particularmente cuando la definición hermenéutica tiene una evidente e indiscutible trascendencia constitucional, y cuando de esta determinación dependen los resultados del examen de compatibilidad normativa derivados del control abstracto de constitucionalidad[168]. De esta forma, la definición del alcance normativo de la disposición acusada exige la concurrencia de las siguientes circunstancias[169]: a) La presencia de una duda hermenéutica razonable, es decir, cuando la disposición acusada admite distintas interpretaciones plausibles, por existir algún tipo de indeterminación, bien sea de tipo lingüístico (semántico[170] o sintáctico[171]), de tipo lógico (por una contradicción[172], un vacío[173], o una redundancia[174]), o de tipo pragmático[175]. b) Cuando el juicio de constitucionalidad depende de la trascendencia o relevancia de la definición o la Corte se enfrenta a que una o más de las interpretaciones posibles sean contrarias a la Carta[176]. 46.  De acuerdo con lo anterior, la determinación del alcance del precepto acusado es necesaria, entre otras, porque resulta materialmente imposible adelantar el control abstracto de constitucionalidad, si previamente no se ha definido su significado jurídico, particularmente cuando se trata de disposiciones con un contenido complejo, en atención a la materia regulada, sus destinatarios y las relaciones internormativas que surgen de la misma. En estos casos, la Corte no desborda sus competencias, pues, en realidad, realiza una confrontación entre la norma suprema y los contenidos posibles de la disposición sometida a examen[177]. 47. Bajo ese entendido, a la Sala Plena le corresponde establecer el alcance de las disposiciones demandadas. Para tal efecto, se expondrá en primer lugar el contexto normativo en el cual se enmarcan para, posteriormente, analizar el alcance de cada una de ellas. De una parte, en cuanto al contexto normativo,  la Ley 1952 de 2019 adoptó el Código General Disciplinario. Este estatuto consagró el procedimiento administrativo para el ejercicio de la acción disciplinaria. Aquel contempla como principio rector el respeto al debido proceso (art. 12) y establece el derecho de defensa material (art. 15). Además, dispone la prevalencia de los mandatos constitucionales, de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y de los principios rectores establecidos en la misma norma (art. 22). En relación con el asunto objeto de análisis, el nuevo estatuto procesal disciplinario introduce algunas modificaciones en materia de notificaciones[178]. Aquellas deben estudiarse conjuntamente con la regulación de los sujetos procesales allí prevista. En tal sentido, el artículo 109 del CGD establece que tienen dicha calidad el investigado, su defensor, el Ministerio Público[179], las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral. Igualmente, de acuerdo con el artículo 110, los sujetos procesales están facultados para: (i) solicitar, aportar y controvertir pruebas, además de intervenir en la práctica de las mismas; (ii) interponer los recursos de ley; (iii) presentar las solicitudes que estimen necesarias para garantizar la legalidad y los fines de la actuación disciplinaria; y, (iv) obtener copias de la actuación, cuando aquella no tenga carácter reservado. A su turno, la norma aclara que el quejoso, aunque no es sujeto procesal[180], puede presentar y ampliar la queja, aportar pruebas y recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos propósitos, podrá consultar el expediente. También, el artículo 111 de la Ley 1952 de 2019 dispone que la calidad de disciplinado se obtiene a partir del auto de apertura de investigación o desde la orden de vinculación, según el caso. De este modo, en el momento en que el disciplinado y su defensor conocen el inicio del procedimiento, adquieren la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones. En caso de omitir este deber, se remitirán los documentos a la última dirección conocida. En cuanto al auto de apertura de investigación, el Código General Disciplinario establece que esta decisión debe notificarse personalmente al disciplinado. En el evento en que ello no resulte posible, debe acudirse a la notificación por edicto. Sin embargo, el desarrollo de este trámite “(…) no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado”[181]. En ese escenario, aquel posteriormente podrá solicitar la ampliación o reiteración de las pruebas que se hayan practicado sin su presencia (art. 111). De igual manera, el artículo 112 enuncia los siguientes derechos del disciplinado: (i) acceder a la actuación; (ii) designar apoderado; (iii) ser oído en versión libre en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo; (iv) solicitar o aportar pruebas y controvertirlas o intervenir en su práctica; (v) rendir descargos; (vi) impugnar las decisiones y sustentar dichos recursos; (vii) obtener copias de la actuación; y, (viii) presentar alegatos antes de la evaluación de la investigación y del fallo de primera o única instancia. De otra parte, los artículos 120 a 129 de la Ley 1952 de 2019[182] establecen los tipos de notificaciones, las providencias que deben comunicarse y los procedimientos para realizarlas. De este modo, la normativa dispone que la notificación de las decisiones disciplinarias será personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente (art. 120). Respecto de la primera de estas modalidades, precisa que los autos de apertura de investigación disciplinaria, el de vinculación, el de citación a audiencia y de formulación de cargos y el fallo de segunda instancia se notificarán personalmente (art. 121)[183]. También, se regula la notificación a través de medios electrónicos, en tanto forma de notificación personal (art. 122). Asimismo, establece un procedimiento para la notificación por edicto, en aquellos eventos en los que no resulte posible la notificación personal, aunque se haya enviado la citación por un medio eficaz (art. 127). Por último, dispone la posibilidad de comunicar las decisiones que no tengan una forma específica de notificación a través del mecanismo más eficaz (art. 129). A continuación, la Sala presenta un esquema para contextualizar los actos que se notifican dentro del procedimiento disciplinario y que son relevantes para la cuestión debatida. NOTIFICACIÓN PERSONAL NOTIFICACIÓN POR EDICTO COMUNICACIONES Providencias 1. Auto de apertura de investigación disciplinaria. 2. Auto de vinculación. 3. Auto de citación a audiencia. 4. Auto de formulación de cargos. 5. Fallo de segunda instancia. 1. Auto de apertura de investigación disciplinaria. 2. Auto de vinculación. 3. Fallo de segunda instancia. Para el quejoso: 1. Decisión de archivo. 2. Inicio de la audiencia. Para los sujetos procesales: Las decisiones de sustanciación que no tienen previsto un modo especial de notificación, se comunican por el medio más eficaz. Características · Una vez se adquiere la calidad de disciplinado, se debe informar a la autoridad disciplinaria la dirección en la cual se recibirán las comunicaciones. · Opera de forma subsidiaria, cuando no resulta posible practicar la notificación personal. · El quejoso solo puede recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio (art. 110), salvo cuando tenga la calidad de sujeto procesal (art. 109). 48. Ahora bien, en cuanto al análisis particular del alcance normativo de las disposiciones demandadas, el artículo 127 del Código General Disciplinario regula la notificación por edicto, en aquellos casos en los que no resulta posible notificar personalmente los autos de apertura de investigación o de vinculación y el fallo de segunda instancia. Dispone que, una vez proferida alguna de estas decisiones, la administración debe remitir una citación al disciplinado para que comparezca ante la autoridad disciplinaria y se notifique personalmente. Dicha comunicación se envía a través de “un medio eficaz”, a la entidad en la cual trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida y en ella se informará del contenido de la providencia. Cuando la citación se remite a través del correo postal, se contabiliza un término de cinco días a partir del día siguiente a la entrega del documento en la oficina de correos. Transcurrido dicho lapso sin que el citado se presente a notificarse personalmente, la autoridad disciplinaria fijará un edicto por el término de tres días para notificar el acto administrativo. 49. El artículo 129 de la citada normativa consta de dos incisos: el primero, establece que todas las decisiones de sustanciación que no tengan una forma específica de notificación prevista en el Código serán comunicadas por el medio más eficaz. El segundo, dispone que la decisión de archivo y la de inicio de la audiencia deben comunicársele al quejoso. Además, señala que esta “comunicación” se entiende surtida cuando transcurren cinco días, contados a partir del día siguiente en que se entrega el documento en la oficina de correos. Con todo, la norma habilita a la autoridad disciplinaria a notificar la decisión por otro medio más eficaz que el correo. En relación con esta norma, la Corte recuerda que, de acuerdo con la Sentencia C-293 de 2008[184], la comunicación que se remite al quejoso para informarle acerca de providencias que afectan sus intereses, constituye una verdadera notificación personal[185]. En aquella oportunidad, la Corte consideró que este mecanismo permite que el quejoso presente recursos en contra de tales decisiones, lo cual se orienta a la búsqueda de la verdad material, la efectividad de los principios, derechos y deberes y la vigencia de un orden justo. Además, de manera específica, faculta al quejoso que ha sido víctima de faltas disciplinarias que constituyan violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para que utilice las facultades que la ley otorga a los sujetos procesales, las cuales resultan más amplias en este tipo de casos. 50. Por último, el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019 establece que el auto de citación a audiencia y formulación de cargos debe notificarse personalmente al procesado o a su apoderado. Sin embargo, si transcurre un lapso de cinco días contados a partir del día siguiente de la entrega de la comunicación en la oficina de correos y no se ha presentado el disciplinado o su defensor, se designa un defensor de oficio para que se lleve a cabo la notificación personal y se adelante la audiencia con su participación. 51. La Sala destaca que, si bien la citación prevista en los artículos 127 y 225 del Código General Disciplinario no es, en sí misma, una notificación personal, debe tenerse en cuenta su relevancia para garantizar los derechos de defensa y contradicción, pues esta citación mediante el correo postal pretende que los sujetos procesales concurran ante la autoridad disciplinaria a notificarse personalmente. Una vez se cumple el plazo contado desde el depósito en la oficina de correo, la norma habilita formas de notificación secundarias, como el edicto o aquella que se surte ante el defensor de oficio. A partir de lo anterior, la Sala advierte que, a pesar de que cada uno de los apartes demandados se inserta en una norma jurídica distinta y, por lo tanto, presentan diferencias en su contenido y alcance, los tres segmentos normativos acusados comparten dos características comunes: (i) las notificaciones o citaciones previstas en ellos se llevan a cabo a través de la correspondencia física o correo postal; y, (ii) se contabilizan los términos para que pueda entenderse surtida la notificación a partir del momento de la entrega de la comunicación en la oficina de correos. En efecto, la Sala destaca que las tres normas hacen referencia a la entrega de la comunicación o notificación en “la oficina de correo”, lo cual excluye que aquellas regulen las notificaciones personales a través del correo electrónico, que se encuentran contempladas en el artículo 122 del Código General Disciplinario. Adicionalmente, el hito procesal que se toma en cuenta en los tres casos para determinar el momento en que se surte la citación o la notificación es la entrega de la comunicación en la oficina de correo. Aquel acto no está relacionado con que el destinatario conozca el contenido de la decisión. En otras palabras, los efectos de las normas se despliegan a partir de un hecho ajeno al conocimiento de la decisión o a la actuación procesal del sujeto destinatario de la notificación o la citación. A continuación, la Sala presentará un cuadro comparativo que permite apreciar las semejanzas entre los apartes demandados. Art. 127 Art. 129 Art. 225 Si vencido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia. Si vencido el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal y se adelantará la audiencia. 52. Con todo, resulta pertinente que la Sala examine las consecuencias jurídicas que las normas demandadas tendrían sobre los sujetos procesales, de acuerdo con su sentido y alcance. Al respecto, en gracia de discusión, sería posible sostener que, si el destinatario recibe la comunicación por fuera del plazo de cinco días previsto en los preceptos acusados, puede solicitar la nulidad por cuanto se incurrió en violación del debido proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Código General Disciplinario[186]. Sin embargo, para la Corte no es acertada esta conclusión, en la medida en que la nulidad del procedimiento disciplinario, desde la perspectiva puramente legal, requiere que se presente una irregularidad que afecte el debido proceso del solicitante. En contraste, en el presente caso, aunque la notificación o citación llegue a su destinatario en un término distinto al que señalan las normas demandadas, es claro que el quejoso o el procesado se entenderían notificados con el cumplimiento del plazo previsto en la norma, que se contabiliza a partir del depósito en la oficina de correo. En otras palabras, no podría acusarse a la autoridad disciplinaria de haber incurrido en una irregularidad por entender cumplida la notificación o citación en esas circunstancias, pues precisamente, en ese supuesto, se trata del cumplimiento de la previsión legal que establece como hito procesal la entrega de la comunicación en la oficina de correo. Bajo ese entendido, la posibilidad de invocar la nulidad de la notificación no sería idónea ni eficaz para garantizar los derechos del procesado y el quejoso. La actuación de la administración estaría amparada por las normas procesales que permiten contabilizar los términos a partir de la entrega del documento en la oficina de correo. Es decir, no se trataría de una actuación arbitraria o con desconocimiento de las normas procesales. Por el contrario, dicha circunstancia acreditaría su pleno cumplimiento. 53. En síntesis, en cuanto al contexto normativo, las normas demandadas forman parte del Código General Disciplinario. Este estatuto, aunque mantuvo la estructura del régimen de notificaciones existente en el Código Disciplinario Único, modificó aspectos sustanciales de la regulación de las notificaciones personal y por edicto, así como las decisiones que se comunican al quejoso. A su turno, en relación con el alcance normativo, la Corte concluye que, de una parte, el artículo 129 del Código General Disciplinario regula un tipo de comunicación al quejoso que constituye una verdadera notificación, dado que le permite conocer la decisión de archivo o la de inicio de la audiencia y, por lo tanto, formular recursos en contra de dichas providencias, cuando sea procedente[187]. No ocurre lo mismo con los segmentos normativos demandados de los artículos 127 y 225 del CGD, por cuanto en ellos lo que se prevé es una citación, que tiene como propósito convocar a los sujetos procesales para que se enteren de: (i) los autos que deciden la apertura de investigación, la vinculación y el fallo de segunda instancia; y, (ii) el auto de citación a audiencia y formulación de cargos. En este último caso, la consecuencia desfavorable para el procesado consiste en la designación de un defensor de oficio, con quien se surte la notificación personal. Así las cosas, ambas normas habilitan formas secundarias de notificación, que desplazan la notificación personal del investigado. Por lo tanto, estas disposiciones adoptan un diseño legislativo que incide en el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, así como en el principio de publicidad. No obstante, ninguno de los sujetos procesales involucrados podría solicitar la nulidad del procedimiento administrativo, por cuanto esta institución procesal se encuentra prevista en el Código General Disciplinario para aquellas situaciones en las que exista una irregularidad. Por consiguiente, si la autoridad disciplinaria practica la notificación por edicto o con el defensor de oficio, o simplemente entiende surtida la notificación personal pese a que el destinatario recibió la comunicación en un momento posterior, su actuación implicaría el cumplimiento de lo dispuesto por la ley y, en consecuencia, no sería viable alegar que se incurrió en una nulidad en el procedimiento administrativo. 54. De conformidad con lo anterior, las comunicaciones o citaciones previstas por los tres preceptos acusados se materializan a través del correo postal y disponen que los términos para entender surtida la actuación se contabilizan a partir del momento en que se entrega el documento en la oficina de correo. Por ende, en la medida en que las normas objeto de reproche son bastante similares en estos aspectos, que precisamente son los que cuestiona la demanda, se analizarán, a partir de este momento, de manera conjunta. Aplicación de las reglas jurisprudenciales al caso concreto. El juicio de proporcionalidad como herramienta metodológica para establecer si las limitaciones que imponen las normas demandadas sobre el debido proceso son constitucionalmente válidas[188] 55. A partir de las reglas jurisprudenciales sintetizadas en el fundamento jurídico 43 de esta providencia, la Sala reitera que el Legislador es titular de un amplio margen de configuración normativa para regular el procedimiento disciplinario. Sin embargo, esta facultad no puede desconocer límites tan importantes como el debido proceso, que comprende las garantías de defensa y contradicción, así como el principio de publicidad y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la regulación y diseño de las instituciones procesales[189]. Adicionalmente, en la medida en que la notificación personal ha sido reconocida por este Tribunal como el mecanismo más idóneo y efectivo para la notificación de los actos administrativos del proceso disciplinario, esta Corporación ha considerado que la misma no se entiende surtida con el simple envío de la comunicación o su entrega a la oficina de correo, por cuanto dicha regla desconoce el principio de publicidad y vulnera el derecho de defensa[190]. En razón de lo anterior, dado que en el presente caso se cuestiona, de una parte, una norma que regula una notificación personal (art. 129 CGD) y, de otra, dos preceptos que establecen la forma de surtir una citación que resulta indispensable para el ejercicio de la notificación personal (arts. 127 y 225 CGD), la Sala Plena acudirá al juicio de proporcionalidad por estimar que existe una tensión entre dos grupos de principios constitucionales: de una parte, los derechos de defensa y contradicción y el principio de publicidad como elementos integrantes del debido proceso. De otra, los principios de economía procesal, eficacia y celeridad que rigen la función administrativa y cuya concreción incide en la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En tal sentido, la Sala debe determinar si la medida, que consiste en calcular el término de notificación a partir del depósito de la comunicación en la oficina de correo, impone una restricción excesiva sobre el primer conjunto de derechos o si, por el contrario, constituye un ejercicio razonable del segundo grupo. 56. Este Tribunal en algunas oportunidades ha usado como herramienta metodológica el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad[191], con el propósito de establecer si una limitación o restricción de un derecho es constitucionalmente válida[192]. De esta manera, el mencionado test se compone de tres pasos: (i) el análisis del fin buscado por la norma; (ii) el medio adoptado para alcanzar el objetivo propuesto; y (iii) la relación entre el medio y el fin. Como lo señala la doctrina comparada, el juicio de proporcionalidad permite la identificación de los “límites sobre las limitaciones constitucionales” y, por esta razón, tiene un lugar central en el fundamento mismo de la democracia constitucional, en tanto base jurídica para la limitación del poder legislativo, fundada en la vigencia de los derechos[193]. 57. Bajo esa perspectiva, el escrutinio realizado por la Corte depende “(…) de la relevancia constitucional de los valores que podrían ponerse en riesgo con la medida que sea objeto de análisis”[194] y de la facultad que tenga el Legislador para proferir la regulación enjuiciada[195]. De esta forma, la intensidad puede ser estricta, intermedia o leve, tal como se expone a continuación: - Intensidad estricta: en este juicio se demuestra que la medida que afecta un principio fundamental: (i) persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, urgente o inaplazable; y (ii) si el medio utilizado es efectivamente conducente y necesario. Surge en los eventos en lo que el Legislador no cuenta con un amplio margen de configuración como en el caso de la afectación intensa y arbitraria de derechos fundamentales. - Intensidad intermedia: que se aplica cuando (i) la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental; o (ii) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia[196]. En estos eventos, el análisis del acto jurídico requiere acreditar que: (i) el fin no solo sea legítimo, sino que también sea constitucionalmente importante, en razón a que promueve intereses públicos contenidos en la Carta o por razón de la dimensión del problema que el Legislador trata de resolver. Además, (ii) debe demostrarse que el medio no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado con la norma objeto de control constitucional. - Intensidad leve: en el evento en que la materia analizada es de aquellas en las que el Legislador goza de una amplia libertad de configuración normativa, por lo que, por regla general se desarrollan las exigencias del principio democrático. Esta Corporación ha manifestado que el examen de constitucionalidad tiene como finalidad establecer si la norma que se enjuicia establece una medida potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. Como resultado de lo anterior, la intensidad leve del test requiere: (i) que la medida persiga un objetivo legítimo o no prohibido por la Constitución; y, (ii) sea, al menos prima facie, adecuada para alcanzar la finalidad identificada. 58. Finalmente, el test o juicio de proporcionalidad en sentido estricto  consiste en evaluar si la restricción de derechos fundamentales que impone la medida cuestionada genera mayores o iguales beneficios sobre el principio que sustenta dicha limitación o sobre otros, o si, por el contrario, implica una afectación mayor sobre los intereses constitucionales y, en consecuencia, resulta desproporcionada[197]. Sobre el particular, la Sala recuerda que, según el parámetro de unificación establecido en la Sentencia C-345 de 2019[198], por regla general, la proporcionalidad en sentido estricto debe estudiarse por el juez constitucional (con algunos matices) tanto en el juicio intermedio como en el estricto, mas no en el débil, de manera que se sigan los pasos del test europeo, que incluye la proporcionalidad en sentido estricto, así como la lógica de las intensidades del juicio estadounidense. Esta postura se justifica en la pretensión de evitar la arbitrariedad del Legislador y optimizar los mandatos superiores. 59. En conclusión, la aplicación del test de razonabilidad y de proporcionalidad para verificar la constitucionalidad de una norma implica un análisis de la finalidad, del medio utilizado y de la relación de estos, a partir de niveles cada uno con un grado diferente de intensidad, de tal suerte que el juicio será leve, intermedio o estricto, conforme a la medida objeto de estudio. Como se evidencia, la mencionada distinción es importante, toda vez que brinda al juez el espectro y la rigurosidad para el análisis de constitucionalidad, de modo que una norma puede ser constitucional bajo la óptica de un examen de intensidad débil, pero ser inconstitucional bajos los lentes de una evaluación de intensidad estricta. Aplicación del juicio de razonabilidad y de proporcionalidad de intensidad intermedia 60. En el presente asunto, la Sala considera que el análisis de razonabilidad y proporcionalidad que debe aplicarse es de intensidad intermedia, a partir del precedente relevante[199] establecido en la Sentencia C-570 de 2019[200] y de las consideraciones previamente expuestas. Aunque, de una parte, la libertad de configuración legislativa para regular el procedimiento disciplinario es amplia, se debe reconocer que las normas objeto de análisis “(…) establecen la forma en que se hacen efectivas las notificaciones personales, esto es, las notificaciones de los momentos más importantes y cruciales del proceso, tanto para poder ejercer el derecho de defensa como para poder saber cuáles son, en efecto, los derechos que se tienen y se pueden reclamar”[201]. Aunado a lo anterior, es indispensable señalar que el proceso disciplinario puede afectar los derechos de víctimas de violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario[202], con lo cual la posible afectación a sus derechos fundamentales es indicativa de la necesidad de aplicar un juicio más estricto. En consecuencia, aunque el Legislador es titular de un amplio margen de configuración (aspecto que indicaría que debe desarrollarse un juicio leve), en este caso también se aprecia prima facie una afectación intensa del debido proceso, por los motivos expuestos (lo cual sugeriría que el nivel de escrutinio debe ser estricto). Por tanto, la Sala optará por armonizar estos dos postulados a partir del juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia. 61. En primer lugar, resulta necesario identificar la medida objeto de análisis[203], la cual consiste en que el término para entender surtida la notificación o la citación, según sea el caso, se contabilice a partir de la “entrega en la oficina de correo”. 62. En segundo lugar, la Sala advierte que el fin perseguido por esta medida no solo es legítimo, sino constitucionalmente importante. En efecto, es evidente que el diseño legislativo que toma como punto de partida el depósito de la comunicación en la oficina de correos permite materializar importantes mandatos constitucionales, como la efectividad de los postulados constitucionales (art. 2 C.P.); la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 C.P.) y  los principios de celeridad, eficacia y economía[204] que rigen la función administrativa (art. 209 C.P.)[205]. En consonancia con lo anterior, la revisión de los antecedentes legislativos del Código General Disciplinario demuestra que una de las principales motivaciones para conservar la medida objeto de análisis  fue el costo económico que implicaría exigir que la entrega de la correspondencia se hiciera mediante correo certificado[206]. De igual modo, tal y como lo manifestaron el semillero de estudiantes interviniente y el Procurador General de la Nación, el proceso disciplinario debe adelantarse con agilidad, sin dilaciones injustificadas y de modo eficiente. Además, las partes deben observar oportunamente los deberes, cargas y obligaciones procesales, pues ello repercute en la garantía del debido proceso[207]. Sin embargo, esta Corporación ha insistido en que el diseño procesal que adopta el Legislador no puede sacrificar, de manera desproporcionada, los derechos de defensa y de contradicción, como se explicará en el siguiente paso del juicio. 63. En efecto, pese a lo anterior, el medio elegido por el Legislador para garantizar esta finalidad no es proporcionado ni razonable, porque no es adecuado ni efectivamente conducente para garantizar las finalidades propuestas. Sobre el particular, la Sala destaca que el avance del proceso desde el punto de vista formal no implica que, materialmente, se hayan llevado a cabo los mejores esfuerzos posibles para asegurar que existe un conocimiento efectivo de las providencias dictadas por la autoridad disciplinaria[208]. Esta situación fue advertida, incluso, durante el trámite legislativo, donde se señaló que el mecanismo procesal que se analiza podía resultar en un desconocimiento del debido proceso, en situaciones como la pérdida de la correspondencia o el cambio de dirección del sujeto procesal, entre otros[209]. En este sentido, la ley acogió una medida que contabiliza los términos de citación o de notificación a partir de un hecho ajeno a la actuación procesal del interesado, con exclusión de aquellos instrumentos que fundan esta actuación en la publicidad o conocimiento efectivo del procesado o el quejoso. En este contexto, se concluye que el Legislador pudo acudir a diseños procesales menos lesivos para los derechos de defensa y contradicción, pero optó por un mecanismo que afecta tales garantías, en perjuicio de quienes intervienen en el trámite. Así, para ilustrar las alternativas que se han acogido en otros diseños normativos,  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)[210] establece el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable a los procesos no regulados por leyes especiales y opera como norma integradora, aplicable en lo no previsto por dichas normas. En este caso, el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 dispone el envío de una citación para que la persona comparezca a notificarse personalmente, siempre y cuando no exista un medio más eficaz. En el evento en el cual el citado no concurra, el artículo 69 de dicha normativa establece una notificación por aviso, la cual “se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”[211]. Como se evidencia, la regulación de las notificaciones del procedimiento administrativo sancionatorio general no contempló un mecanismo semejante al contenido en las normas demandadas, consistente en la contabilización de los términos para la notificación o citación a partir de la entrega de la comunicación a la oficina de correo. Por consiguiente, pese a que el proceso disciplinario puede implicar la afectación grave de garantías fundamentales como la dignidad humana, y los derechos de acceso y ejercicio de la función pública, en mayor medida que los demás procesos administrativos sancionatorios, el Legislador optó por una medida más restrictiva del derecho a la defensa en el caso del trámite disciplinario, lo cual se advierte evidentemente desproporcionado. 64. Aunado a ello, ante los argumentos expuestos durante el trámite legislativo del Código General Disciplinario, que aludían al costo económico de efectuar las notificaciones mediante correo certificado[212], la Sala destaca que esta consideración no puede conducir a un sacrificio irrazonable y desproporcionado del derecho de defensa, más aún cuando se trata de actuaciones que involucran importantes derechos fundamentales, como ha sido expuesto en la presente providencia. Por consiguiente, aunque en principio la finalidad de las normas analizadas es que exista celeridad y se adelante el procedimiento disciplinario con eficiencia, el mecanismo previsto para ello en las normas demandadas puede generar mayores contratiempos en el proceso, además de la afectación de otros principios y derechos constitucionales. 65. Finalmente, el estudio de la proporcionalidad en sentido estricto exige analizar si la medida enjuiciada reporta mayores beneficios para los principios constitucionales en tensión. Al respecto, la Corte destaca que los beneficios que, en teoría, genera la medida son inferiores a la afectación intensa que ella ocasiona sobre el derecho de defensa y el principio de publicidad. En tal sentido, los preceptos acusados imponen cargas y sacrificios injustificados a los destinatarios de las citaciones y comunicaciones previstas en ellas, por cuanto les trasladan efectos procesales adversos para el ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa, a partir de la verificación de un hecho totalmente ajeno a su conocimiento y a su conducta procesal. En otras palabras, el instrumento les impone consecuencias desfavorables a los sujetos que no han desatendido sus deberes procesales, pues la falta de recepción de la correspondencia puede originarse, como fue advertido en el debate legislativo, en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, hecho o culpa de un tercero (por ejemplo, los intermediarios que prestan el servicio de correspondencia) o, en todo caso, en situaciones ajenas al sujeto procesal que, debido a esta medida, debe soportar las consecuencias desfavorables originadas en estas circunstancias. Además, la falta de comparecencia del procesado, su ausencia en la audiencia prevista en el procedimiento disciplinario, y la imposibilidad del quejoso para presentar los recursos y pruebas respectivas pueden derivar en consecuencias negativas para el establecimiento de la verdad material en el marco del trámite disciplinario. 66. En consecuencia, en principio, correspondería declarar la inexequibilidad de las normas parcialmente acusadas, debido a que imponen una restricción irrazonable y desproporcionada sobre los derechos de defensa y contradicción. No obstante, la Sala advierte que existe una interpretación de dichas normas que permite preservar las disposiciones acusadas en el ordenamiento jurídico, en la medida en que ellas cumplen fines importantes para el desarrollo de los postulados constitucionales de celeridad, economía y eficiencia en la función administrativa. Bajo esta perspectiva, conforme lo afirma BARAK, el proceso interpretativo de cada principio y de las normas infraconstitucionales que los desarrollan y permiten su ejercicio, debe efectivizar, en la mayor medida posible, las razones axiológicas que lo justifican[213]. En razón de lo anterior, en aplicación del principio de conservación del derecho[214], la Corte debe preferir aquella solución que, además de garantizar el principio de publicidad y los derechos de defensa y contradicción, permita efectivizar en el mayor grado posible los principios que se encuentran en tensión. A continuación, se expondrán los argumentos que sustentan dicha postura. La interpretación de las normas demandadas conforme a la Constitución y su consecuente exequibilidad condicionada 67. A partir de lo expuesto y de acuerdo con el parámetro establecido en la Sentencia C-293 de 2008[215], la Corte estima que las disposiciones parcialmente demandadas pueden interpretarse de dos maneras: de una parte, es posible entender que la notificación personal o la citación se surte en todos los casos con el paso del término previsto en la ley, el cual se contabiliza a partir de la simple entrega de la comunicación a la oficina de correos, sin que el interesado pueda desvirtuar esta situación. De otra, que el sujeto procesal puede demostrar que recibió el documento en un momento distinto al que se establece en el plazo previsto legalmente, con lo cual los términos de notificación o citación se contarán a partir de dicho instante[216]. 68. Para la Sala Plena, la primera interpretación, como se expuso previamente, es desproporcionada y desconoce abiertamente los derechos de defensa y contradicción, así como los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa. En efecto, en la medida en que el hito procesal para determinar el momento en que se entiende surtida la notificación personal o la citación es la entrega de la comunicación en la oficina de correo, resulta posible que el disciplinado o el quejoso no reciban la providencia dentro del lapso previsto legalmente, con lo cual perderían la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción en cualquiera de sus manifestaciones, tales como: (i)  formular los recursos respectivos contra la respectiva decisión; (ii) preparar con suficiencia la defensa técnica; y (iii) aportar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, entre otras. Adicionalmente, se impone una carga irrazonable y desproporcionada que afecta el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos del proceso disciplinario. De una parte, se les obliga a afrontar las consecuencias negativas de su supuesta inacción dentro del procedimiento, que pueden implicar, por ejemplo, en el caso del artículo 225 que se nombre un defensor de oficio y se adelante la audiencia con aquel, aún sin que el disciplinado conozca siquiera el contenido del acto administrativo. 69. En contraste, la Sala considera que la segunda interpretación de las normas demandadas es la que optimiza la aplicación de los principios y derechos involucrados, sin sacrificar o anular aquellos que sustentan la medida objeto de análisis. En efecto, esta lectura: (i) Propende por la efectividad de los principios de celeridad, eficacia y economía en la función administrativa. Así, la medida prevista en los artículos 127, 129 y 225 del Código General Disciplinario, entendida en los términos definidos por la Sala Plena, permite que el proceso disciplinario continúe su desarrollo cuando la persona ha sido debidamente citada o notificada. Así, las normas demandadas operan, en realidad, como una presunción que admite prueba en contrario. En otras palabras, si el procesado o el quejoso demuestran ante la autoridad disciplinaria que recibieron la comunicación en una fecha distinta del plazo previsto en la norma legal respectiva (cinco días a partir de la entrega en la oficina de correo), se contará el término de notificación desde el momento de su entrega. En contraste, si no se prueba esta circunstancia (que la entrega ocurrió en un momento distinto), se aplicará la presunción y, en consecuencia, se entenderá surtida la notificación o la citación respectiva. Además, la interpretación acogida por la Corte no genera dilaciones indebidas en el proceso disciplinario ni promueve la desidia o negligencia de las partes en el ejercicio del derecho de defensa, porque el término se contabiliza a partir del momento en que efectivamente se recibe la comunicación. Por consiguiente, en los supuestos de los artículos 127 y 225 del Código General Disciplinario, el procesado sólo podrá acudir a notificarse personalmente dentro de los cinco días siguientes al momento en que recibe la citación. Así mismo, en el caso del artículo 129 de dicho estatuto, el quejoso se entenderá notificado transcurrido el lapso de cinco días, contados desde la recepción de la comunicación; (ii) Garantiza el principio de publicidad y los derechos de defensa y contradicción. Como fue expuesto, bajo la interpretación de la norma que adopta la Corte, se habilita una oportunidad procesal al interesado para que demuestre que recibió la comunicación o citación en una fecha diferente para que, a partir de ese momento, se cuenten los términos de notificación o citación. En tal sentido, le otorga efectos procesales a la manifestación del interesado porque permite que los tiempos se cuenten a partir de ese momento; y, (iii) No impone una carga desproporcionada al sujeto procesal destinatario de la comunicación o citación. En tal sentido, el disciplinado y el quejoso se encuentran en una mejor posición para probar en qué momento recibieron efectivamente la comunicación o la citación remitida por la autoridad. En otras palabras, pueden demostrar con mayor facilidad que la correspondencia no fue recibida dentro del plazo que indica la ley y, a partir de ello, establecer desde cuándo se deben contar los términos para las actuaciones respectivas. 70. Finalmente, es pertinente aclarar que, en el caso de los artículos 127 y 225 de la Ley 1952 de 2019, parcialmente demandados, no resulta aplicable la regla de decisión que, en su momento, fue acogida en la Sentencia C-929 de 2005[217]. Lo anterior, por cuanto en esa oportunidad se evaluaba la constitucionalidad de una norma de carácter tributario que establecía la notificación de providencias que deciden recursos. En el presente caso, las normas demandadas deben entenderse según las particularidades del alcance del derecho de defensa, en el marco de una actuación sancionatoria que exige una protección reforzada de esta garantía. 71. En consecuencia, la Sala declarará la exequibilidad de las normas demandadas en el entendido que la regulación no excluye la posibilidad de que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma. Síntesis de esta providencia 72. Correspondió a la Sala Plena analizar si los apartes acusados de los artículos 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019 desconocen el derecho fundamental al debido proceso, en sus garantías de defensa y contradicción, así como los principios de publicidad y transparencia de la función administrativa (artículos 29 y 209 C.P.). En este contexto, la Sala consideró que las normas demandadas comparten dos elementos comunes: (i) las notificaciones o citaciones previstas en ellos se llevan a cabo a través de la correspondencia física o correo postal y (ii) contabilizan los términos para que pueda entenderse surtida la notificación a partir del momento en que se entrega la comunicación en la oficina de correo. Para dar respuesta al problema jurídico, la Sala reiteró las reglas jurisprudenciales sobre las notificaciones, citaciones y comunicaciones en el proceso disciplinario, en particular, las siguientes: (i) El derecho fundamental al debido proceso comprende un conjunto de garantías que sujetan la actuación de las autoridades administrativas. En concreto, el derecho de defensa y contradicción y el principio de publicidad tienen un alcance específico en materia disciplinaria y son especialmente relevantes en este tipo de procedimientos administrativos sancionatorios; (ii) El Legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa en el proceso disciplinario. Sin embargo, esta libertad se encuentra sometida a límites. Debe respetar los derechos, principios y valores constitucionales, entre los que se encuentra el derecho de defensa y el principio de publicidad. De igual modo, debe observar los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la regulación y diseño de las instituciones procesales; (iii) La notificación personal tiene carácter principal, es la regla general y el mecanismo más idóneo y efectivo para la notificación de los actos administrativos del proceso disciplinario. Aunque la ley puede establecer formas subsidiarias de notificación, ellas deben ser razonables y proporcionadas; y, (iv) La notificación personal de los actos administrativos proferidos en el proceso disciplinario no se entiende surtida con el simple envío de la comunicación o su entrega a la oficina de correos, por cuanto dicha regla desconoce el principio de publicidad y vulnera el derecho de defensa, en la medida en que afecta la posibilidad de controvertir tales decisiones. Además, implica una carga desproporcionada e irrazonable para los sujetos procesales[218]. La Corte aplicó un juicio integrado de proporcionalidad, de intensidad intermedia,  y concluyó que la interpretación que sostiene que el término para que se entienda surtida la notificación personal se establece a partir de la entrega a la oficina de correos desconoce las normas constitucionales antes enunciadas y carece de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. De este modo, supone un sacrificio injustificado de los derechos de defensa y contradicción, bajo el pretexto de asegurar la celeridad, eficacia y economía en el procedimiento disciplinario. No obstante, la Sala concluyó que existe una interpretación de las normas demandadas que permite efectivizar en el mayor modo posible los principios en tensión y aplicar el principio de conservación del derecho. Se trata de aquella que otorga a los sujetos procesales la posibilidad de demostrar que no recibieron la comunicación o la citación respectiva dentro del lapso previsto en la norma legal. Esta postura no implica una carga desproporcionada para los interesados, por cuanto aquellos están en mejor posición para probar este hecho. Por tal razón, declarará la exequibilidad condicionada de las disposiciones acusadas en el sentido de que la regulación no excluye la posibilidad de que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma. VII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “[s]i vencido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia”, contenida en el inciso segundo del artículo 127 de la Ley 1952 de 2019, en el entendido que la regulación no excluye la posibilidad de que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma. SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “[a]l quejoso se le comunicará la decisión de archivo y del inicio de la audiencia. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia”, contenida en el inciso segundo del artículo 129 de la Ley 1952 de 2019, en el entendido que la regulación no excluye la posibilidad de que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma. TERCERO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “[s]i vencido el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal y se adelantará la audiencia”, contenida en el inciso segundo del artículo 225 de la Ley 1952 de 2019, en el entendido que la regulación no excluye la posibilidad de que el interesado demuestre que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Presidente DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto PAOLA MENESES MOSQUERA Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada Impedimento aceptado JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado Con aclaración de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] Se invitó a participar a las facultades de derecho de las Universidades del Rosario, Nariño, Javeriana, Andes, Externado de Colombia, Libre-Seccional Bogotá, Antioquia y del Norte. [2] Se invitó a intervenir en el proceso al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia–, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. [3] Es pertinente anotar que, de conformidad con lo previsto por el Auto 121 de 2020, los términos judiciales del presente asunto fueron suspendidos desde el 26 de junio hasta el 31 de julio de 2020, fecha en la que se dispuso el levantamiento de dicha suspensión, en virtud del Acuerdo PCSJA20-11581 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. [4] Folio 9, expediente digital. [5] Ibidem. [6] Folio 11, Expediente Digital. [7] La intervención fue suscrita por los ciudadanos Nathalia Chacón Triana, Edwar Esteban Eraso Marín, Santiago Pabón Caicedo, Sebastián Rangel Salazar y Silvia Laura Valentina Argüello Ardila. [8] Folio 16. Intervención de la Universidad Católica de Colombia. [9] Folio 5. Intervención de la Universidad Católica de Colombia. [10] Ibidem. [11] Folio 10. Intervención de la Universidad Católica de Colombia. [12] Folio 16. Intervención de la Universidad Católica de Colombia. Sobre el particular, los intervinientes refirieron extensamente su interpretación de la doctrina del control de convencionalidad y consideraron que los casos Flor Freire vs. Ecuador y Atala Riffo y niñas vs. Chile eran relevantes en materia de derecho disciplinario. [13] M.P. Jaime Araújo Rentería. [14] Al respecto, citó la Sentencia C-627 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). [15] Ibidem. [16] En este punto, la Vista Fiscal hizo referencia a la Sentencia C-370 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la cual la Corte analizó la constitucionalidad de la notificación del auto de citación a audiencia. [17] Folio 6. Concepto del Procurador General de la Nación. [18] M.P. Jaime Araújo Rentería. [19] Folio 8. Concepto del Procurador General de la Nación. [20] Cabe resaltar que la Ley 1952 de 2019 fue sancionada el 28 de enero de ese año. De conformidad con su artículo 265, dicha normativa entraría en vigencia cuatro (4) meses después de su sanción y publicación. No obstante, el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 la entrada en vigor del Código General Disciplinario. [21] Esta posición ha sido adoptada por la Corte Constitucional en las Sentencias C-015 de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos; C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera; C-560 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-536 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos; C-495 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo; y C-392 de 2019 M.P. Diana Fajardo Rivera. [22] Por ejemplo, en la Sentencia C-536 de 2019 (M.P. Alberto Rojas Ríos), la Sala Plena constató que “(…) la Ley 1952 de 2019 pertenece al sistema jurídico colombiano y existe en el mismo, dado que pasó por el trámite respectivo de aprobación en el congreso y fue sancionada por el gobierno, según dispone el artículo 157 Superior. Ante esa situación, este Tribunal tiene la competencia para evaluar la constitucionalidad de la norma censurada, pese a que su entrada en vigor sea en el año 2021, pues la vigencia no determina la potestad de la Corte para conocer de las demandas de inconstitucionalidad formuladas contra leyes”. [23] En el presente acápite, se retoman parcialmente las consideraciones contenidas en las Sentencias C-290 de 2019, C-200 de 2019, C-101 de 2018, C-388 de 2017 y C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [24]De acuerdo con el artículo 243 de la Constitución, “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. En consonancia con lo anterior, los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de 1991, disponen que las decisiones proferidas por esta Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad son definitivas, obligatorias y tienen efectos erga omnes. Por lo tanto, la cosa juzgada constitucional implica que las providencias de este Tribunal tienen un carácter definitivo e incontrovertible, y proscriben los litigios o controversias posteriores sobre el mismo tema. [25] “(…) [L]a cosa juzgada tiene una función negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas” (Sentencia C-228 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). [26] La cosa juzgada absoluta se presenta cuando la providencia que decide sobre la constitucionalidad de una disposición no limita su alcance o cuando no se señale expresamente el tipo de cosa juzgada en el fallo. En esos casos, se entiende que se realizó un examen comprensivo respecto de todo el texto constitucional. A su turno, la cosa juzgada relativa puede ser explícita, cuando la Corte declara la exequibilidad de un contenido normativo, pero limita el alcance de la decisión en la parte resolutiva a los cargos estudiados, o implícita, en aquellos eventos en los cuales el fallo no limita el alcance del control de constitucionalidad en la parte resolutiva pero se restringe en la parte motiva de la providencia. Igualmente, se configura este tipo de cosa juzgada cuando la sentencia sólo revisa la disposición frente a algunos parámetros constitucionales o sólo evalúa un aspecto de constitucionalidad. [27] A su turno, la cosa juzgada formal tiene lugar cuando “existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”, o también en aquellos casos en los que “se trata de una norma con texto (…) formalmente igual”. De otra parte, la cosa juzgada material se configura cuando existen dos disposiciones que, aunque son formalmente distintas, tienen el mismo contenido normativo. En estos casos, la emisión de un juicio de constitucionalidad previo en torno a una disposición implica la evaluación del contenido sustancial que se reitera en la nueva norma, más allá de los aspectos gramaticales o formales que pueden ser diferentes en las disposiciones comparadas. [28] Sentencia C-220 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [29] “Una vez reproducida la norma exequible, la Corte debe apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida, ésta adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al anterior” (Sentencia C-096 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). [30] M.P. Jaime Araújo Rentería. [31] Folio 8. Concepto del Procurador General de la Nación. [32] M.P. Jaime Araújo Rentería. [33] El demandante acusó la expresión que, a continuación, se resalta en el inciso 1° de la norma señalada: “ARTÍCULO 109. COMUNICACIONES. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo”. [34] Particularmente las Sentencias C-096 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-317 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. [35] Sentencia C-293 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. [36] Capítulo II del Título V del Libro IV de la Ley 1952 de 2019. [37] De conformidad con el numeral 3° del artículo 123 de la Ley 1952 de 2019, “[s]i transcurridos tres (3) días hábiles al recibo de la comunicación el disciplinado no comparece, la secretaría del despacho que profirió la decisión la notificará por estado. Se entenderá recibida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo”. [38] La norma que contiene esta modificación (artículo 127 de la Ley 1952 de 2019) es una de las disposiciones demandadas en el presente proceso. [39] Sentencia C-654 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [40] Esta norma, en su totalidad, fue declarada condicionalmente exequible por la Sentencia C-293 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería) “(...) en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha”. [41] M.P. Jaime Araújo Rentería. [42] Véanse, entre otras, las Sentencias C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. [43] Sentencia C-034 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Respecto de las decisiones de exequibilidad condicionada, la Corte Constitucional anotó: “La modulación de los efectos de los fallos y las sentencias interpretativas son una práctica arraigada en el derecho constitucional colombiano. En efecto, mucho antes de que entraran en funcionamiento los tribunales constitucionales europeos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuando ejercía el papel de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución de 1886, efectuó sentencias condicionadas o interpretativas (…)” (Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). [44] Sentencias C-038 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. [45] Sentencias C-349 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido; y C-149 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [46] “En otras palabras, por medio de una sentencia interpretativa o condicionada, la Corte excluye la interpretación o interpretaciones que no se encuentran conformes a la Constitución. Así pues, la Corte decide que determinada disposición es exequible si se entiende de cierta manera o, declara la exequibilidad, advirtiendo que si se interpreta de tal forma resultaría inconstitucional, de ahí la razón del condicionamiento” (Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). [47] Sentencias C-020 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; y C-159 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [48] A modo de ejemplo, la Sentencia C-514 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) analizó un cargo de constitucionalidad en el cual se solicitaba la declaratoria de exequibilidad condicionada de una norma, sin proponer una pretensión de inexequibilidad sobre la misma. En esa oportunidad, la Sala Plena concluyó que era necesario dicho condicionamiento. [49] Además de satisfacerse los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben acreditarse en el concepto de la violación (Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). [50] Sentencias C-020 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; y C-159 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [51] Folio 11 de la demanda, expediente digital. [52] En este acápite, se retoman parcialmente consideraciones contenidas en las Sentencias C-193 de 2020 y C-083 de 2015, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora. [53] En consideración al asunto objeto de decisión, la Sala estudiará únicamente el contenido de aquellos derechos y principios que resultan relevantes para la cuestión debatida. [54] "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio". [55] Sentencia C-496 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [56] Sentencia C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. [57] Sentencia C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. [58] Sentencia C-111 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. “El objeto y naturaleza de los intereses que se debaten en un proceso judicial inciden en el modo en que se concretan las garantías que integran el debido proceso. Esa relación exige que el legislador tome en consideración que una mayor incidencia de los resultados de un proceso judicial en derechos de especial significado constitucional (…)”. [59] Sentencia C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. [60] Sentencia C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. [61] Sentencia C-187 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [62] Sentencia C-047 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. [63] Sentencia C-836 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [64] Sentencia T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [65] Sentencia C-034 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [66] Ver, entre otras, las Sentencias C-089 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;  C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. [67] Sentencia C-034 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. [68] Sentencia C-034 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Resaltado por fuera del texto original. [69] Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [70] Dentro de estas especies se incluyen “el derecho penal, el derecho contravencional, el derecho correccional, el derecho de juzgamiento político -impeachment- y el derecho disciplinario” (Sentencia C-721 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). [71] Sentencias C-721 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-412 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [72] Sentencias C-721 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-124 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería; y C-341 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell. [73] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [74] Sentencia C-721 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [75] Sobre el particular, la Corte ha reconocido que “[e]n el ámbito administrativo y, específicamente, en el derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha establecido que las garantías constitucionales inherentes al debido proceso, mutatis mutandi, se aplican a los procedimientos disciplinarios, dado que éstos constituyen una manifestación del poder punitivo del Estado. Sin embargo, su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad que informan la función administrativa” (Sentencia C-095 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil). Véase también la Sentencia C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. [76] Sentencia C-506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La jurisprudencia constitucional ha señalado en particular tres elementos clave que distinguen la operancia del debido proceso en el campo penal de su aplicación en el campo disciplinario: “(i) la imposibilidad de transportar integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad disciplinaria  y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción de las faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho penal” (Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). [77] Sentencia C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. (El resaltado es de la Sala).Véanse, entre otras, las Sentencias T-1034 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-310 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1102 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-330 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [78] “La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al administrado privándolo de un bien o de un derecho” (Sentencia C-1088 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño). [79] Sentencia C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Véanse también las Sentencias C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [80] Sentencia C-111 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. [81] Sobre el particular, la Corte ha señalado que el derecho de defensa “protege todos los comportamientos, activos y pasivos que asuma la persona investigada o sometida a un proceso sancionatorio”. En tal sentido, “la persona se encuentra habilitada para guardar silencio o no hacerlo, para actuar o no actuar en el curso del proceso, para presentar o no presentar pruebas, para impugnar o no las decisiones” (Sentencia C-633 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo). [82] Sentencia T-461 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [83] Sentencia C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. [84] Sentencia C-212 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [85] Sentencias C-031 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-038 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [86] Sentencia C-111 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. [87] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [88] Sentencias C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-013 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. [89] Sentencia T-827 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [90] Sentencia C-430 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En esa oportunidad, la Corte concluyó que “no se justifica que se restrinja el derecho a rendir exposición en la etapa de la indagación preliminar”, por cuanto no encontró “razonable ni proporcionada a la finalidad que pretende perseguirse -eventualmente la economía procesal o la eficiencia y la eficacia para la administración de la actuación disciplinaria- el que quede a la voluntad del funcionario recibir o no la exposición espontánea que solicita el inculpado, pues siendo ella como se dijo un acto de defensa, no existe justificación alguna valedera para su restricción”. [91] Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo; y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [92] Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [93] Sentencia C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. [94] Sentencia C-102 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [95] Sentencias T-391 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-301 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [96] Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo; y C-1114 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. [97] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [98] Sentencia C-370 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [99] En este punto, la Sala resalta que la oponibilidad de los actos administrativos se relaciona directamente con su notificación efectiva. De este modo, “[e]l ordenamiento jurídico sanciona el acto no notificado con su ineficacia o inoponibilidad. La ley condiciona los efectos de una decisión que pone término a un trámite administrativo a su notificación, a menos que la parte interesada conociendo de la misma, convenga o ejercite en tiempo los recursos legales (C.C.A. art. 48). Así, pues, mientras no se surta o realice materialmente la notificación, la decisión administrativa respectiva carece de efectos jurídicos respecto del administrado, o sea, es ineficaz. Sobre el particular, la jurisprudencia” (Sentencia T-419 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). [100] Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo y C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [101] En este acápite, se retoman parcialmente consideraciones contenidas en la Sentencia C-083 de 2015, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora. [102] Sentencia C-886 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [103] Sentencia T-001 de 1993. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. Sobre el particular, la Corte ha sostenido igualmente que “el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura para realizar la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1 de la Carta)” (Sentencia C-095 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo). [104] Sentencia C-662 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. [105] Ver, entre otras, las siguientes Sentencias: C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-198 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-814 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [106] Salvo las competencias específicamente designadas por la Constitución. [107] Sentencia C-371 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [108] Sentencia C-838 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [109] Sentencia C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. [110] Sentencia C-763 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [111] Sentencia C-1193 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. [112] Ver, entre otras, las Sentencias C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. [113] Sentencia C-966 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. [114] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [115] Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [116] Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [117] Sentencia C-279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [118] Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras. Ver también, las Sentencias C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-763 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Según la Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), tales principios incluyen, la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, estarían también la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.P. arts. 5, 13, 29 y 229)  y el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P. art. 83). [119] Sentencia C-886 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [120] Sentencias C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-204 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-763 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo [121] Sentencias C-314 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-662 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Desde esa perspectiva, la jurisprudencia de esta Corporación, ha reconocido que la violación al debido proceso por parte del Legislador, “(...)no sólo [ocurre] bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización” (Sentencias C-925 de 1999, C-1512 de 2000, C-204 de 2003 y C-874 de 2003). [122] Sentencias C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-279 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [123] Sentencia C- 372 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [124] Sentencias C-763 de 2009 y C-370 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [125] Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [126] M.P. Álvaro Tafur Galvis. [127] “Artículo. 566. Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”. (Se subraya la expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-096 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis). [128] M.P. Jaime Araújo Rentería. [129] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Aunque en ese caso se estudiaba la notificación de una providencia judicial, la Corte Constitucional fundamentó sus conclusiones en las providencias de constitucionalidad que fijaron este criterio en relación con los actos administrativos. [130] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [131] M.P. Álvaro Tafur Galvis. [132] M.P. Jaime Araújo Rentería. [133] Sentencia C-929 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [134] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [135] Sentencia C-890 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [136] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [137] Sentencia C-035 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [138] Sobre el particular, señaló que “si el Legislador acude a un medio de [notificación de] una eficacia menor, su decisión será válida siempre que ese mecanismo obedezca a un fin constitucionalmente legítimo, sea eficaz o idónea para alcanzarlo, y comporte un beneficio mayor para ese bien que el costo que supone la menor eficacia relativa del mismo frente a la notificación personal”. [139] En dicho estatuto, las notificaciones fueron reguladas en sus artículos 83 a 90. [140] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [141] A modo de ejemplo y sin pretensión de exhaustividad, el Legislador acogió lo previsto en la Sentencia C-555 de 2001 y determinó que las providencias de inicio del procedimiento disciplinario debían notificarse personalmente. Además, estableció el procedimiento para efectuar las notificaciones por edicto. [142] Las reglas jurisprudenciales a las que se hace alusión están contenidas, principalmente, en las Sentencias C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1193 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-763 de 2009 y C-370 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [143] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Con fundamento en esta regla, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “solo”, contenida en el artículo 84 de la Ley 200 de 1995, porque “cercena en forma grave el principio de la publicidad de los actos procesales que se dicten en el proceso disciplinario, con afectación consecuencial del derecho a impugnarlos”. [144] Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [145] Sentencia C-892 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Véanse también las Sentencias C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. [146] Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta providencia, la Corte resaltó que, “(…) en no pocos casos, la ausencia de la práctica de la notificación personal es imputable a la falta de debida diligencia y cuidado de la administración”. [147] Sentencia C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En dicha decisión se indicó igualmente que es compatible con la Constitución que se designe un defensor de oficio cuando, pese a cumplirse con todas las formalidades para vincular al imputado al proceso disciplinario, no concurre al mismo. [148] Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [149] Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [150] Sentencias C-1193 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-763 de 2009 y C-370 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [151] Sentencia C-370 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [152] M.P. Jaime Araújo Rentería. [153] Ley 734 de 2002. La norma demandada en dicha oportunidad establece lo siguiente: “Artículo 109. Comunicaciones. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo”. [154] En la Sentencia C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 89 del Código Disciplinario Único que trata sobre los sujetos procesales, en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades que a aquellos les confiere la ley. [155] De conformidad con lo previsto por los artículos 17 de la Ley 1010 de 2006 y 109 del Código General Disciplinario. [156] Sentencia C-293 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. [157] M.P. Diana Fajardo Rivera. [158] En esa oportunidad, la Sala estimó que resultaba desproporcionada la medida adoptada por el Legislador, por cuanto no es efectivamente conducente para alcanzar el propósito pretendido con ella, pues se asume que el mensaje es conocido por su destinatario cuando no se verifica dicha circunstancia. [159] Sentencia C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [160] M.P. Richard S. Ramírez Grisales. [161] En el presente caso, si bien la providencia aludida efectuó el control automático de constitucionalidad de una medida proferida en el marco de un estado de excepción, resulta relevante para el presente caso porque constituye un referente jurisprudencial y también porque reitera las reglas y subreglas construidas por la Corte en esta materia. [162] Sentencia C-420 de 2020, M.P. Richard S. Ramírez Grisales. [163] Sentencia C-420 de 2020, M.P. Richard S. Ramírez Grisales. Resaltado por fuera del texto original. [164] Véanse, entre otras, las Sentencias C-096 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-317 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-293 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [165] En el presente acápite, se retoman parcialmente las consideraciones acogidas por la Sala Plena en la Sentencia C-084 de 2020, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora. [166]  En la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte expresó lo siguiente: “Esta Corporación ha venido señalando que, en principio, no le corresponde al juez constitucional resolver aquellos debates suscitados en torno al proceso de aplicación o interpretación de la ley, pues es claro que en estos casos no se trata de cuestionar el contenido literal de la norma impugnada, sino el sentido o alcance que a éste le haya fijado la autoridad judicial competente. Según lo ha señalado, en tanto es la propia Constitución la que establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, los conflictos jurídicos que surjan como consecuencia del proceso de aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios y especializados a quien se les asigna dicha función”. [167] Sentencia C-893 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [168] En la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó: “No obstante, también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción pública de inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la interpretación de las normas jurídicas, cuando aquellas ‘están involucrando un problema de interpretación constitucional’ y el mismo se origina directamente en el texto o contenido de la disposición impugnada. El hecho de que a un enunciado normativo se le atribuyan distintos contenidos o significados, consecuencia de la existencia de un presunto margen de indeterminación semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus diversas lecturas trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera relevancia constitucional, en cuanto que sus alternativas de aplicación pueden resultar irrazonables y desconocer mandatos superiores”. [169] Sentencia C-893 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [170]  Las indeterminaciones semánticas se refieren al significado de las palabras, bien sea porque tienen un alto nivel de generalidad o vaguedad, o bien sea porque son ambiguas. [171] Las indeterminaciones sintácticas se refieren a la construcción gramatical tal y como ocurre con las denominadas ambigüedades sintácticas. [172] Las contradicciones se presentan cuando a un mismo supuesto o hipótesis de hecho se atribuyen consecuencias jurídicas diversas e incompatibles. [173] El vacío se presenta cuando una hipótesis fáctica carece de consecuencia jurídica expresa en el ordenamiento. [174]  La redundancia se presenta cuando un mismo supuesto o hipótesis de hecho es contemplada por diversas disposiciones jurídicas, de manera concordante y reiterativa. [175]  Sobre las indeterminaciones en el Derecho, ver Genaro Carrió, Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 1994. [176] Sentencia C-893 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [177] Véanse, entre otras, las Sentencias C-156 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-496 de 2004, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-081 de 1996; C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-389 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-488 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1255 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-415 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-156 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-901 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-107 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. [178] No obstante, conserva, en buena medida, los elementos esenciales de la regulación prevista en el Código Disciplinario Único. Sobre el particular, véase el fundamento jurídico 5 de la presente providencia. [179] Cuando la actuación se adelante por autoridades disciplinarias con funciones jurisdiccionales (como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o el Congreso de la República) o cuando la Procuraduría General de la Nación no ejerza el poder preferente disciplinario. [180] Salvo en aquellos casos en los que, como ha sido reiterado en esta providencia, se trate de víctimas de violaciones a derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. [181] Artículo 111 de la Ley 1952 de 2019. [182] Capítulo II del Título V del Libro IV de la Ley 1952 de 2019. [183] De acuerdo con el artículo 145 del Código General Disciplinario, también se notifica personalmente el auto que inadmite la solicitud de revocatoria del fallo sancionatorio. [184] M.P. Jaime Araújo Rentería. [185] Ver: Fundamentos jurídicos 4 y 38. La Sala recuerda que, en esta decisión, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 109 del Código Disciplinario Único, norma similar al artículo 129 del Código General Disciplinario. [186] De acuerdo con el artículo 202 de la Ley 1952 de 2019, “Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.” [187] Es pertinente aclarar que la posibilidad del quejoso de formular recursos contra la decisión de inicio de la audiencia está condicionada a su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o al DIH. De lo contrario, el quejoso solo podrá recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, de acuerdo con el artículo 110 del Código General Disciplinario. [188] En este capítulo, se retoman parcialmente las consideraciones acogidas por la Sala Plena en las Sentencias C-101 de 2018 y C-084 de 2020, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora. [189] La Corte ha sostenido que la proporcionalidad “es un criterio de interpretación constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales” (Sentencia C-282 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). [190] Véanse, entre otras, las Sentencias C-096 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-317 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-293 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [191] Esta Corporación ha señalado que el juicio de proporcionalidad es “un parámetro para juzgar la validez de medidas que impliquen restricciones a normas constitucionales que admiten ponderación, es decir, aquellas que establecen mandatos no definitivos o mandatos prima facie”. Sentencia C-114 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo. [192] Sentencia C-1064 de 2001, M.P Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. [193] Barak, Aharon (2013) Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. New York, Cambridge University Press, pp. 167. [194] Sentencia C-1064 de 2001, M.P Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. [195] La Corte ha señalado que este tipo de herramientas de ponderación deben tener distintos niveles de intensidad dependiendo de la naturaleza de la medida enjuiciada, de modo que no se sacrifiquen excesivamente el pluralismo político y el principio mayoritario que se condensan en la libertad de configuración del Legislador. Es decir que la intensidad del juicio de constitucionalidad es inversamente proporcional a la libertad de configuración del Legislador, esto es, entre mayor libertad de configuración normativa tenga el Legislador, menos intenso y severo debe ser el examen de constitucionalidad. A la inversa, entre menos libertad de configuración tenga el Legislador porque las posibilidades de escogencia normativa que le entrega la Carta son menores, el juicio de constitucionalidad debe ser más riguroso, severo y robusto. Sentencias C-345 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-287 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. [196] Ibídem. [197] “En otras palabras, es a partir de este especifico modelo de test que resulta posible poner en la balanza los beneficios que una medida tiene la virtualidad de reportar y los costos que su obtención representa, de forma que sea posible evidenciar si ésta se encuentra ajustada al ordenamiento superior al propender por una relación de costo-beneficio que, en general, resulta siendo favorable a los intereses constitucionales en controversia” (Sentencia C-144 de 2015, M.P. Marta Victoria Sáchica Méndez). [198] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Si bien en aquella oportunidad la Corte aplicó un juicio integrado de igualdad, la conclusión sobre las intensidades del test resulta también aplicable a los juicios integrados de proporcionalidad y razonabilidad, pues el análisis que efectuó la Corte en dicha oportunidad se circunscribió a la metodología de combinación de los test europeo y americano, la cual se emplea en ambos tipos de juicio integrado. [199] Como se indicó previamente, en la Sentencia C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera, se analizó la notificación personal por medios electrónicos en el Código General Disciplinario. En esa oportunidad, a partir de un juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia, la Corte concluyó que “el Legislador viola el derecho al debido proceso y a la defensa de una persona perteneciente a las Fuerzas Militares investigada disciplinariamente al entender que ha sido notificada personalmente en la fecha en la que el correo electrónico fue enviado y no cuando fue recibido”. [200] M.P. Diana Fajardo Rivera. Esta providencia fue reseñada en el fundamento jurídico 40. [201] Sentencia C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera. [202] Sentencia C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. [203] Como se indicó previamente, la Sala hará referencia conjuntamente a las tres normas acusadas, pues todas ellas establecen una medida idéntica para la determinación del momento procesal en que se entiende surtida la notificación o comunicación respectiva. [204] “En conjunto, estos principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada relación costo-beneficios, en otras palabras, actuar de forma eficiente” (Sentencia C-634 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). [205] Tales postulados son compatibles con el principio de celeridad de la actuación disciplinaria, previsto en el artículo 18 de la Ley 1952 de 2019. [206] Gaceta del Congreso de la República No. 483 de 2015. Acta de Comisión 54 del 27 de mayo de 2015 Cámara. [207] Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [208] Al respecto, la Sentencia C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera destacó que: “(…) entender que el mensaje ha sido conocido cuando se envía y no cuando se recibe, cuando se tiene acceso a este, no es un medio que permita asegurar el célere y eficaz avance del proceso, con el debido respeto de los derechos, en especial, el derecho de defensa. Emplear como forma de verificación de recibo de un mensaje su envío y no su efectiva recepción, es un medio que asegura que los términos se van a contar y que el proceso va a avanzar, pero no luego de haberle dado el debido conocimiento del investigado. Esto implica que la celeridad se logra, pero no con el respeto al derecho de defensa, situación que no sólo afecta los derechos de la persona investigada, sino de la sociedad en general y de las eventuales víctimas que esperen una decisión justa”. [209] Gaceta del Congreso de la República No. 483 de 2015. Acta de Comisión 54 del 27 de mayo de 2015 Cámara. Sobre el particular, uno de los representantes intervinientes en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes manifestó: “(…) no puede ser posible que la gente a usted le quiten un derecho, o usted se sienta notificado porque resulta que el [alcalde] decidió cambiarnos las direcciones en Bogotá y entonces la carta, el cartero la votó o no notificaron, o no le entregaron o el señor había cambiado de dirección, yo creo que hay que, en esa materia dar las garantías, entre otras porque se trata de un Auto Interlocutorio (…)”. [210] Ley 1437 de 2011. [211] Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. [212] En el debate ante la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, se propuso que la citación para notificación personal se enviara mediante correo certificado, con el propósito de que pudiera verificarse la entrega de la correspondencia. Sin embargo, la propuesta fue descartada debido a su costo por algunos de los representantes intervinientes (Gaceta del Congreso de la República No. 483 de 2015. Acta de Comisión 54 del 27 de mayo de 2015 Cámara). [213] Barak A. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones. Palestra. 2017, Lima. Pág. 89. [214] En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha destacado que uno de los fundamentos centrales de las decisiones de exequibilidad condicionada es “el principio de la conservación del derecho, por el cual el juez constitucional debe, en lo posible, procurar la conservación de los preceptos legales sometidos a juicio y declarar inconstitucionales aquellos cuya lectura sea insalvablemente incompatible con la Carta Política” (Sentencia C-149 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Ver también las Sentencias C-499 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-349 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. [215] M.P. Jaime Araújo Rentería. [216] Esta interpretación es la que considera aplicable el Procurador General de la Nación respecto de los incisos segundos de los artículos 127 y 225 del Código General Disciplinario. En este sentido, el Ministerio Público expresó que tales normas no son contrarias a la Carta porque, “(…) si el interesado logra demostrar que recibió la comunicación después del término señalado, se debe realizar la respectiva notificación” (Folio 6. Concepto del Procurador General de la Nación). [217] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. [218] Véanse, entre otras, las Sentencias C-096 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-317 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-293 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-570 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

C-032-21 Sentencia C-032/21 Referencia: Expediente PE-047 Revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 213 de 2018 Senado –091 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. Magistrada ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 8º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES El 12 de julio de 2019, el Secretario General del Senado de la República, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 153 y 241, numeral 8° de la Constitución Política y el artículo 39 del Decreto Ley 2067 de 1991, remitió a esta Corporación el expediente del proyecto de ley estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”[1] (en adelante, el “proyecto de Ley” o PLE). Mediante providencia del 31 de julio de 2019, la Magistrada sustanciadora ordenó devolver el expediente legislativo al Senado de la República, puesto que el proyecto de Ley no fue suscrito por el Presidente de esa cámara, lo que incumplía lo previsto en el artículo 43 de la Ley 5ª de 1992- Reglamento del Congreso. Posteriormente, a través de oficio radicado en la Corte el 13 de agosto de 2019, el Secretario General del Senado remitió nuevamente el expediente con el cumplimiento del requisito previamente mencionado. En consecuencia, por medio de auto del 14 de agosto de 2019, la Magistrada sustanciadora asumió el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que remitieran copia del expediente legislativo y de las certificaciones sobre quórum deliberatorio y decisorio en cada una de las etapas del proceso de aprobación del proyecto estatutario, de conformidad con los artículos 133, 145, 146, 153, 157, 160 y 161 de la Constitución y la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso de la República. Adicionalmente se dispuso, que una vez fueran recibidas las pruebas se efectuara la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente. Igualmente se ordenó, de conformidad con lo que establece el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, comunicar la iniciación de este proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria bajo estudio. En ese mismo auto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, se invitó a las siguientes instituciones, con el propósito de que rindieran concepto técnico en el proceso de la referencia, si así lo estimaban pertinente: (i) Defensoría del Pueblo; Migración Colombia; Superintendencia Financiera de Colombia; Superintendencia de Industria y Comercio, y Superintendencia de Notariado y Registro. (ii) Corte Suprema de Justicia; Consejo Superior de la Judicatura, y Fiscalía General de la Nación. (iii) Academia Colombiana de Jurisprudencia; Comisión Colombiana de Juristas; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia; Instituto Colombiano de Derecho Procesal; Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y la Asociación Bancaria de Colombia – Asobancaria. (iv) Facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes, Javeriana, Libre, Externado de Colombia, del Rosario, de la Sabana, Sergio Arboleda, de Antioquia, del Norte, Industrial de Santander, del Magdalena, EAFIT, de Nariño e ICESI. Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la constitucionalidad del proyecto de la ley estatutaria en cuestión. II. TEXTO DE LA NORMA El texto de proyecto de ley estatutaria número 213 de 2018 Senado – 091 de 2018 Cámara, aprobado por el Congreso de la República, es el siguiente: “PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 213 DE 2018 SENADO, 901 DE 2018 CÁMARA “Por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones” El Congreso de la República de Colombia DECRETA: Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3º. La entidad responsable del tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro. En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; (e) el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato. Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales. Parágrafo 4º. El registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo. Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” III.  INTERVENCIONES 1.  Congresista Maritza Martínez Aristizábal[2] La Senadora Maritza Martínez Aristizábal, quien promovió la iniciativa legislativa que culminó con la promulgación del proyecto de ley estatutaria, presentó su intervención en los siguientes términos: Primero, realizó un contexto sobre la institución del registro de deudores alimentarios morosos en el derecho comparado, y reiteró los argumentos que se presentaron en la exposición de motivos, en relación con la conveniencia de las medidas adoptadas en el proyecto. Principalmente, indicó que estas medidas son convenientes, dado el alto nivel de impunidad que existe respecto del incumplimiento de este tipo de obligaciones. Además, añadió que los procesos de fijación de cuota alimentaria por vía judicial pueden durar hasta tres años y medio, lo cual limita su efectividad. Segundo, procedió a explicar los aspectos jurídicos de la iniciativa. En especial, reiteró la necesidad de adoptar los mecanismos dispuestos en el PLE, en cuanto son necesarios para proteger las condiciones mínimas de subsistencia de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional de conformidad con el artículo 44 de la Carta Política. Asimismo, señaló que el objetivo del proyecto es controlar de manera sistemática el incumplimiento de las acreencias alimentarias, a través de un procedimiento regulado que respete los derechos fundamentales al debido proceso y habeas data de quienes sean objeto de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (en adelante, “REDAM”). En cuanto al análisis puntual de los artículos incorporados en el proyecto, la Senadora reconoció que la inscripción en el REDAM acarrea consecuencias que podrían colisionar con los derechos de los deudores alimentarios que se encuentren registrados. Por ese motivo, propuso realizar el juicio de proporcionalidad establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, a través del cual se verifique que los objetivos perseguidos representan un beneficio mayor con respecto a los costos en los que podría incurrir su materialización. Sobre este particular, resaltó que este Tribunal[3] considera que el derecho de alimentos es el medio a través del cual se pueden materializar otros derechos fundamentales, como los derechos a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, la educación y la recreación, entre otros. Asimismo, recalcó que el cumplimiento de esta obligación no solo afecta la vida de los niños, niñas y adolescentes, sino también de otras poblaciones, tales como los adultos mayores o adultos en condición de discapacidad, quienes necesitan del cumplimiento de estas acreencias para su desarrollo y mantenimiento de una vida digna. En ese sentido, argumentó que la medida es necesaria, en vista de la ineficacia de los mecanismos ante la jurisdicción civil y penal, por lo cual se requiere otro medio para asegurar el acatamiento del pago de estas acreencias. Por ello, consideró que las medidas de apremio y sanción establecidas en el proyecto constituyen alternativas viables para lograr los fines propuestos en dicha legislación. Por demás, insistió en que las consecuencias del registro en el REDAM son mucho menos gravosas que aquellas que se aplican como consecuencia del proceso penal, y que la limitación de derechos por cuenta de la inscripción en el registro procede como última ratio en los casos en los que se han incumplido tres cuotas alimentarias. En cuanto a la naturaleza del REDAM y su operación, la Senadora consideró oportuno aclarar que este registro y su posterior reglamentación deberá observar lo dispuesto en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, en lo atinente al tratamiento y protección de datos personales. Bajo este entendido, esta disposición pretende proteger a los titulares de la información ante cualquier uso o acceso indebido o no autorizado. Además, explicó que el hecho de que la base de datos sea “pública” se refiere exclusivamente a que la misma es de carácter oficial, mas no a que se permita el acceso irrestricto al público en general. En ese entendido, la expresión “público” contenida en el parágrafo 1º del artículo 7º del proyecto de ley debe entenderse como “perteneciente o relativa al Estado o a otra Administración”, según lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil. Por último, presentó las razones que, según ella, explicarían por qué lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-657 de 1997, en la que se determinó la inconstitucionalidad de las limitaciones al derecho al trabajo consagradas en la Ley 311 de 1996 que regula el Registro Nacional de Protección Familiar, no aplicaría para el caso del PLE bajo estudio. Sobre este punto, indicó que: (i) la inscripción en el REDAM está supeditada a un procedimiento que se adelanta ante un juez de la República o un conciliador, quienes están obligados a salvaguardar el derecho de defensa del presunto deudor alimentario moroso; y (ii) el registro en esta base de datos sólo procede cuando existe incumplimiento de tres o más cuotas alimentarias, por lo que se requiere que el desconocimiento de la obligación sea reiterado y que el deudor no esté en condiciones de demostrar la inexistencia de la obligación o que no se encuentra en mora. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, estimó que no pueden realizarse las mismas consideraciones que condujeron a la declaratoria de inexequibilidad de las limitaciones que se imponían en la Ley 311 de 1996. De acuerdo con lo expuesto, solicitó a la Corte Constitucional que declare la constitucionalidad del proyecto de la referencia, la cual permitiría a los ciudadanos contar con una herramienta adicional para requerir y apremiar el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 2. Ministerio de Justicia y del Derecho[4] La Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia presentó su intervención dentro del proceso de la referencia, en los términos que se exponen a continuación. En primer lugar, el Ministerio se refirió al cumplimiento de los requisitos de forma en el trámite del proyecto objeto de revisión. Principalmente, mencionó que el texto fue aprobado dentro de una sola legislatura y por la mayoría de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Además, indicó que se cumplieron los requisitos generales establecidos en el artículo 157 constitucional. En ese sentido, concluyó que el PLE se encuentra libre de vicios en su formación. En segundo lugar, en relación con las razones que justifican la constitucionalidad del proyecto, la entidad insistió en que las medidas adoptadas pretenden proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos, el cual considera de rango fundamental. Precisamente, expresó que dicho derecho se extiende a la recepción de las cuotas alimentarias, que son indispensables para garantizar el desarrollo pleno e integral de esta población. A partir de esta perspectiva, concluyó que: “(…) el proyecto de ley objeto de revisión se encuentra ajustado a la Constitución Política porque responde a un fin legítimo, el cual estriba en adoptar una herramienta efectiva en la garantía para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y frente a las situaciones de violencia económica contra la mujer, como manifestaciones del deber constitucional de solidaridad y de responsabilidad. Además, las medidas adoptadas resultan proporcionales frente al fin propuesto.” En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del proyecto bajo estudio. 3. Superintendencia de Industria y Comercio[5] La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio presentó su concepto sobre el proyecto de ley estudiado por la Corte. Particularmente, solicitó: Primero, la entidad estimó necesario que la Corte evalúe si las medidas del proyecto y las consecuencias de los reportes de información negativa ante el REDAM se ajustan a los postulados constitucionales. Sobre el particular, consideró pertinente recordar lo que dispuso este Tribunal en la Sentencia C-1011 de 2008[6], según la cual el reporte de información negativa para obtener el pago de obligaciones dinerarias constituye una conducta abusiva. También citó las Sentencias T-729 de 2002, C-185 de 2003, C-748 de 2011 y SU-458 de 2012, con el fin de insistir en el hecho de que los reportes que se efectúan en el REDAM tienen el carácter de datos negativos, lo cual puede convertirse en una barrera injustificada para el titular del dato respecto del acceso al mercado laboral o al sistema financiero, entre otros. Segundo, la Superintendencia trajo a colación la jurisprudencia de esta Corporación, a través de la cual se reconoció el “derecho al olvido” en cabeza del titular del dato, el cual guarda relación con la caducidad de los datos negativos. En esa medida, recordó que los datos, por su naturaleza y relación con derechos fundamentales, tienen una vigencia limitada y no se les puede otorgar el carácter de inmodificables. En ese sentido, agregó que los datos negativos no pueden mantenerse indefinidamente en las bases de datos y que, por ese motivo, el titular del dato tiene el derecho de solicitar la supresión de la información ante la autoridad de protección de datos personales, en caso de que el administrador del REDAM no lo haga de oficio. Así, aclaró que, una vez se ejerza el derecho a la supresión, la información sobre el incumplimiento de la acreencia alimentaria y la relacionada en el artículo 5º del proyecto debe ser suprimida completamente y será imposible su circulación, ni siquiera de forma restringida. De acuerdo con lo anterior, solicitó expresamente que, habida cuenta de que el proyecto no regula la caducidad del dato relacionado con el incumplimiento de la cuota alimentaria ni de la permanencia de los demás datos, la Corte Constitucional establezca los términos de conservación del reporte. Tercero, en referencia al parágrafo 2º del artículo 3º, la Superintendencia evidenció que el proyecto establece que la única excepción que se puede proponer ante la solicitud de registro en el REDAM es el pago de la acreencia alimentaria, aun cuando existen otras causales de extinción de este tipo de obligaciones[7]. Sobre este particular, le pidió a la Corte que declare la exequibilidad de dicho aparte del proyecto, en el entendido de que el deudor alimentario puede presentar otras excepciones frente al registro en el REDAM, lo cual incluye las diferentes causales de extinción de la obligación alimentaria y la prescripción de la misma. Cuarto, la entidad interviniente insistió en la necesidad de que se establezca el acceso y consulta restringida de la información reportada en el REDAM. A su juicio, ese reporte genera un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares del dato, pues permite su completa identificación y el conocimiento sobre el monto de la cuota y el domicilio de la persona. Según lo expuesto por la Superintendencia, esta información podría ser utilizada para fines ilícitos, con lo cual se requiere que su acceso sea restringido. Adicionalmente, indicó que el suministro público e indiscriminado de los datos registrados en el REDAM estaría en contravía de los principios rectores en materia de protección de datos, en particular, los de libertad, acceso y circulación restringida, así como los de finalidad, seguridad y confidencialidad. En efecto, como ya fue expuesto en el párrafo anterior, se corre el riesgo de que la información sea utilizada por terceros sin interés legítimo para realizar actividades contrarias a las finalidades establecidas en el PLE. Además, la divulgación gratuita y pública de la información reportada en el REDAM contraviene el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, el cual establece quiénes son las personas legitimadas para recibir la información de los titulares de datos. Por ese motivo, solicitó que se declare la exequibilidad condicionada del numeral 2º, el inciso y el parágrafo del artículo 4º del PLE, en el entendido de que: “(i) Se restrinja el acceso, consulta, divulgación o comunicación masiva e indiscriminada de los datos que se reportan en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, RADAM (sic); (ii) El certificado expedido por la entidad sólo debe contener la información estrictamente necesaria para lograr el propósito perseguido por el legislador, así como ser entregado a aquellos terceros con interés legítimo (parágrafo 3° del artículo 6º), incluido el Titular del Dato, y para los fines estrictamente señalados en el artículo 6 del proyecto de ley; (iii) Los terceros con interés legítimo (parágrafo 3° del artículo 6º) deben abstenerse de utilizar la información para propósitos o finalidades diferentes a las señaladas en el artículo 6º del proyecto de ley.” En línea con lo anterior, también solicitó a la Corte declarar exequible condicionalmente el artículo 5º, bajo el supuesto de que los datos que se reporten en el REDAM sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los cuales se realiza el tratamiento. Por último, la Superintendencia de Industria y Comercio resaltó que la regulación colombiana impone a los responsables del tratamiento de datos la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para cumplir la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. En virtud de lo anterior, estimó necesario que, en el proyecto de la referencia, se implemente el principio de responsabilidad demostrada, el cual ha sido desarrollado en el Capítulo III del Decreto 1377 de 2013. Según estas disposiciones, los “responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012”[8]. En ese sentido, explicó que el principio de responsabilidad demostrada demanda implementar diferentes acciones para garantizar el cumplimiento eficaz de los deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Con este propósito en mente, esta entidad expidió la “Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)” el 28 de mayo de 2015, la cual considera puede ser de utilidad a la hora de implementar este principio para el caso del REDAM. Con todo, solicitó que se declare la exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 7º del proyecto de ley, en el entendido de que el “principio de responsabilidad demostrada refuerza la obligación de los diferentes agentes a implementar las medidas apropiadas, efectivas y verificables para garantizar en la práctica los principios rectores, derechos y deberes incorporados en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias”. 4. Superintendencia Financiera de Colombia[9] La Subdirección de Defensa Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia presentó su concepto sobre el proyecto de la referencia. La intervención de la entidad se circunscribió al análisis del numeral 4º del artículo 6º, por cuanto se trata de la disposición normativa que guarda relación con el ámbito de sus competencias. A este respecto, dicha Superintendencia consideró que la medida contenida en el citado numeral 4º presenta “importantes inconvenientes técnicos y prácticos que pueden afectar al sistema financiero en materia de otorgamiento y administración del riesgo de crédito, inclusión financiera y democratización del crédito”. Específicamente, aseguró que la disposición propuesta generaría inconvenientes en el proceso de análisis de riesgo de crédito que se realiza con anterioridad a la aprobación de este. Según lo expuesto en la intervención, para salvaguardar los recursos que han sido captados del público, las entidades financieras deben evaluar los siguientes factores: “Con la evaluación cualitativa la entidad financiera busca determinar si el crédito está bien estructurado operacionalmente, si se va a destinar para lo que fue solicitado y la experiencia del solicitante, entre otras consideraciones, mientras que a nivel cuantitativo, se evalúan los ingresos, historial crediticio, declaraciones de impuestos y la capacidad de endeudamiento. Y por último analiza las garantías para recuperar el dinero prestado en caso de incumplimiento.” A partir de lo anterior, consideró que la medida dispuesta en el numeral 4º del artículo 6º del proyecto conllevaría a que las instituciones financieras deban considerar un factor de riesgo adicional dentro de su proceso de evaluación de riesgo de crédito, consistente en la inclusión o no del potencial deudor en el REDAM. Además, añadió que la persona inscrita en este registro podría ser considerada de “alto riesgo”, por cuanto destinaría un porcentaje de su préstamo al pago de la obligación de alimentos, y no al objetivo inicialmente planteado, esto es, a la actividad productiva del deudor. De acuerdo con lo anterior, concluyó que este mecanismo alteraría uno de los criterios sustanciales de la evaluación cualitativa del riesgo de crédito, como lo es el de la destinación original del préstamo. La Superintendencia Financiera fue enfática en mostrar su inquietud sobre el hecho de que la medida en discusión pueda tener efectos negativos en materia de inclusión financiera y democratización del crédito. Lo anterior, por cuanto considera que esto podría conducir a que las personas inscritas en el REDAM se abstengan de solicitar créditos, ante la posibilidad de que se realice el descuento automático sobre el préstamo desembolsado. En criterio de esta entidad, esto contrariaría lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución. Con todo, si bien aclaró que el cumplimiento de acreencias alimentarias es relevante desde el punto de vista constitucional, consideró de igual importancia analizar la razonabilidad de la medida propuesta, con el objetivo de establecer si ésta “se justifica desde la perspectiva de la generación de riesgos adicionales en materia de riesgo crediticio, la menor disponibilidad del crédito y la eventual disminución en la profundización de la inclusión financiera a nivel de los productos de crédito”. 5. Universidad del Rosario[10] La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario presentó su intervención sobre el PLE bajo estudio, en los términos siguientes: Para comenzar, argumentó que el proyecto desarrolla y materializa los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política. Principalmente, insistió en el deber del Estado de asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos, entre otras garantías; lo cual se deriva tanto de la Constitución, como de instrumentos internacionales que propenden por la protección de los derechos de esta población. Por este motivo, consideró que el REDAM ayuda a materializar los derechos y deberes anteriormente señalados, pues sirve como complemento de otras medidas consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano para garantizar el pago de alimentos de los hijos menores. En su criterio, lo anterior resulta necesario para superar las dificultades que enfrentan dichos mecanismos en la actualidad y que fueron destacados en la exposición de motivos del proyecto. En cuanto al contenido de los artículos, se refirió específicamente a los parágrafos 2º y 3º del artículo 3º, así como al artículo 6º del proyecto. Sobre este particular, la Universidad identificó una posible contradicción en el citado artículo 3º, pues (i) su parágrafo 2º autoriza el registro aún después de que se hayan cancelado las obligaciones alimentarias, cuando hay recurrencia en el incumplimiento; al mismo tiempo que (ii) su parágrafo 3º ordena la cancelación de la inscripción y el retiro de la información negativa cuando se acredite el pago de las cuotas alimentarias en mora. En ese mismo sentido, agregó que, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 3º, la exequibilidad del artículo 6º depende de la determinación de la duración de la inscripción en el REDAM. De esa manera, considera que la interpretación más acorde con la Constitución es aquella según la cual las consecuencias derivadas del registro establecidas en el artículo 6º ibídem perduren únicamente mientras se encuentra vigente el registro, lo cual está supeditado al cumplimiento de la obligación alimentaria. En otras palabras, una vez pagada la acreencia, debe eliminarse el registro y cualquier información negativa del deudor pues, de lo contrario, se afectaría de manera desproporcionada sus derechos fundamentales al trabajo, a la participación y al mínimo vital. Con todo, solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de los parágrafos 2º y 3º del artículo 3º y del artículo 6º del PLE, en el entendido de “que la inscripción en el registro y las consecuencias que de él se derivan, solamente tiene lugar mientras el deudor se encuentre en mora. Por lo tanto, una vez este ha cancelado la totalidad de la deuda, la inscripción en el registro debe ser eliminada”. 6. Universidad de la Sabana[11] La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana presentó su intervención dentro del proceso de la referencia, en los términos que se resumen a continuación: En primer lugar, la Universidad se refirió a algunos argumentos sobre la conveniencia y necesidad del REDAM y de las medidas adoptadas en el proyecto. Según la interviniente, la iniciativa legislativa es de vital importancia, habida cuenta de (i) la problemática social generada por el importante número de casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y (ii) dado que esta situación afecta de forma particular a sujetos de especial protección constitucional, como los niños, niñas, adolescentes y las madres cabeza de familia. Además, consideró que esta circunstancia se agudiza, debido a la ineficacia de los mecanismos consagrados para enfrentar el desconocimiento de estas acreencias. En segundo lugar, procedió con el análisis jurídico del articulado del PLE, específicamente en lo que respecta a los numerales 1º y 2º del artículo 6º y el artículo 9º de dicha legislación. En criterio de la Universidad de la Sabana, los numerales 1º y 2º del artículo 6º ibídem no son constitucionales, en cuanto las limitaciones que imponen al derecho al trabajo no superan el juicio de proporcionalidad. Sobre el particular, indicó que, si bien las restricciones establecidas en los numerales citados persiguen fines constitucionalmente legítimos al propender por el cumplimiento del derecho de alimentos, lo cierto es que sus consecuencias no son adecuadas ni necesarias para alcanzar dicha finalidad. Así, argumentó que estas medidas no son (i) adecuadas, por cuanto impiden a los deudores alimentarios obtener los recursos para su subsistencia y para el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual conlleva a un efecto contrario al pretendido. Más aún, insistió en que tampoco son (ii) necesarias, puesto que podrían proponerse medidas menos gravosas para alcanzar el fin pretendido por la norma. En línea con este último punto, la interviniente propuso unas medidas menos gravosas que cumplen con el mismo fin constitucional, que se explican a continuación: (i) Permitir que el deudor alimentario contrate con el Estado, siempre que una porción del pago del precio del contrato se destine a la cancelación de la obligación alimentaria. Esta medida también aplicaría cuando el contrato esté en ejecución, para lo cual se destinaría una parte del precio del contrato que no haya sido pagada a la cancelación de dicha acreencia. (ii) Permitir que las personas registradas en el REDAM puedan ser nombradas o posesionadas en cargos públicos y de elección popular, siempre que se destine un porcentaje del salario al cumplimiento de la obligación alimentaria. Si el deudor es servidor público al momento de su inscripción en el registro, deberá destinarse una parte proporcional de su salario al cumplimiento de dichas obligaciones. En cuanto al artículo 9º, la Universidad llamó la atención sobre la existencia de una omisión legislativa relativa, en cuanto a que la norma excluye la posibilidad de que se informe sobre las consecuencias previstas en la ley por el incumplimiento de acreencias alimentarias, a aquellas personas que realizan el trámite de conciliación ante instituciones privadas. En su criterio, la norma solo previó la inclusión de esta advertencia en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridades administrativas, y omitió incluir a los conciliadores y centros de conciliación de carácter privado, sin justificación suficiente, lo cual genera una discriminación hacia estos últimos. Por este motivo, solicitó a la Corte Constitucional que declare: (i) la inconstitucionalidad de los numerales 1º y 2º del artículo 6 del PLE; (ii) la exequibilidad condicionada del artículo 9º, en el sentido de que también se incluyen los acuerdos conciliatorios concluidos ante entidades privadas, y (iii) la constitucionalidad del resto del articulado del proyecto legislativo. 7. Unión Colegiada del Notariado Colombiano[12] La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a través de sus representantes legales, intervino en el proceso de constitucionalidad de la referencia, en los términos que se resumen a continuación: Como primera medida, la UCNC analizó el procedimiento legislativo del proyecto, y concluyó que éste se encuentra libre de vicios en su formación. Específicamente, se refirió a la aprobación del proyecto en una legislatura y el cumplimiento de los cuatro debates. Posteriormente, esta institución realizó un examen sobre la constitucionalidad del proyecto de ley estudiado por la Corte, para lo cual analizó de forma independiente cada disposición del articulado. Para efectos del presente recuento, se presentarán los argumentos referentes a aquellos artículos que la UNCN considera problemáticos o inexequibles, o sobre los cuales se haya solicitado algún condicionamiento sobre su exequibilidad. Para comenzar, sobre el artículo 3º del proyecto de ley, los intervinientes consideraron relevante que la Corte Constitucional aclare que, durante el término de cinco días hábiles en que corre traslado de la solicitud de intervención al deudor alimentario, éste podrá allegar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su defensa. Asimismo, en lo concerniente al parágrafo 2º[13] de la disposición en comento, la UNCN estimó necesario que esta Corporación declare la inexequibilidad de la expresión “solo” contenida en este aparte normativo. En su criterio, la restricción sobre las excepciones que puede proponer el deudor afecta su derecho a la defensa, además de que limita el examen que puede realizar la autoridad que emite la sentencia o el título ejecutivo en lo concerniente a la existencia o no de una justa causa para el incumplimiento de la obligación. En ese entendido, considera que la ambigüedad de la norma debe ser resuelta a favor del deudor alimentario, en el sentido de que puede proponer cualquiera de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico colombiano sobre la extinción de la obligación alimentaria. En cuanto al artículo 4º del proyecto sub examine, los intervinientes pusieron de presente la posible afectación del derecho a la intimidad de las personas obligadas que se encuentren registradas en el REDAM. Así, consideraron que el hecho de permitir que cualquier persona natural o jurídica pueda obtener una copia del certificado de inscripción vulneraría esta garantía. En virtud de lo anterior, propusieron que, al igual que los registros realizados en centrales de riesgo del sector financiero, se establezca que solo los actores legitimados puedan acceder a la información consignada en ese registro. En ese sentido, solicitan que la Corte Constitucional establezca la legitimación para solicitar la expedición de dicho certificado en cabeza de las entidades encargadas de verificar su cumplimiento, con el fin de proteger el derecho a la intimidad de los deudores alimentarios. En igual sentido, la UNCN solicitó que se reemplace la palabra “ciudadano” contenida en el parágrafo del artículo 4º del proyecto de ley, y se utilice la expresión “requirente”. Esta modificación permitirá que solo aquellas personas legitimadas para consultar y solicitar la expedición de certificados del REDAM puedan hacerlo. De otra parte, al analizar el artículo 6º del PLE, referente a las consecuencias de la inscripción en el REDAM, la UNCN consideró que la norma se ajusta a la Constitución, salvo en lo que respecta a los numerales que se explicarán a continuación. La UNCN consideró que el numeral 3º del artículo 6º resulta inconstitucional, en lo relativo a la imposición de la obligación en cabeza de los Notarios de incluir el monto de las cuotas alimentarias sobre la tarifa de derechos notariales y de depositar dicho monto ante la autoridad que solicitó la inscripción[14]. Según lo expuesto, el hecho de que la ley imponga al notario estos deberes no tiene relación alguna con el ejercicio de la función fedataria, pues nada tiene que ver con el acto escriturario o de fe pública. Por este motivo, concluyó que no se puede aceptar que, bajo el presupuesto de garantizar obligaciones alimentarias, se convierta al notario en una suerte de ejecutor de obligaciones económicas generadas por terceros. Sobre el particular, los intervinientes expresaron lo siguiente: “Así las cosas, resulta manifiestamente ilegal y contrario a la Constitución y la ley vulnerar la voluntad de la persona y su autonomía para permitir la realización de un acto de enajenación en forma libre y voluntaria. “Amarrar” un acto notarial al presupuesto de garantizar el pago de una obligación causada y que se encuentra en mora, en el caso de una obligación alimentaria no solamente es exótico sino manifiestamente arbitrario, ya que el acreedor tiene los medios establecidos por la ley para el cobro judicial o coactivo y sino tiene la facilidad para hacerlo, corresponde al defensor de familia, al Instituto Colombiano de Familiar y en últimas a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces competentes hacer que esta obligación alimentaria se cumpla y haga efectiva.” En lo referente al numeral 5º del artículo 6º, la UNCN consideró que el impedimento para salir del país o efectuar trámites migratorios debería aplicar únicamente en los casos en los que la afectación del derecho de alimentos recaiga sobre menores de edad. En su criterio, en los demás casos no debería operar dicha restricción, pues afecta de manera desproporcionada el derecho que le asiste al deudor de alimentos de salir del territorio nacional. Asimismo, los intervinientes solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 6º del artículo 6º del proyecto. A su juicio, la norma confunde el incumplimiento de la obligación de suministrar alimentos a cargo de los padres y el concepto de patria potestad. En ese sentido, eliminar la obligación de contar con la autorización del padre o madre inscrito en el REDAM para permitir la salida del país de un menor de edad va en contravía de sus derechos a ejercer la representación de su hijo menor y a la unidad familiar. Por ese motivo, si el deudor alimentario no tiene suspensión o privación de la patria potestad, tiene la facultad de autorizar la salida del país del menor de edad. En cuanto al numeral 7º del artículo 6º, los intervinientes estimaron que la restricción al otorgamiento de subsidios estatales a las personas inscritas en el REDAM ahonda la desigualdad de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A su juicio, esta consecuencia del registro profundiza la dificultad del deudor alimentario para obtener recursos suficientes para cubrir su acreencia. Por este motivo, solicitaron a la Corte que declare la inexequibilidad de este aparte normativo. Finalmente, en cuanto al artículo 11º del proyecto, la UNCN estimó necesario que esta Corporación precise el alcance de dicha disposición, en el sentido de indicar que la entrada en vigencia de la ley debe darse a partir de su promulgación, y no de su expedición. 8.     Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[15] El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó su escrito de intervención ante esta Corporación, en el que plantea las siguientes consideraciones sobre la constitucionalidad del PLE. Sostuvo, a manera de análisis general, que el PLE debe ser analizado a partir de un juicio intermedio de constitucionalidad, en la medida en que incide en el alcance de los derechos al habeas data y a la intimidad. En particular, esta afectación se da en cuanto al segundo derecho, debido a la conformación de una base de datos dirigida a recopilar información personal, de índole privada, sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias y con el fin de imponer las consecuencias de que trata el artículo 6º del PLE. Estos efectos inciden en el derecho a la intimidad en tanto limitan la adopción de decisiones sobre asuntos propios de la esfera privada, vinculados con el ejercicio de determinados empleos, la disposición de los bienes y la salida del país, entre otros. De la misma manera, se afecta el núcleo esencial del derecho al habeas data, puesto que el REDAM tiene por objeto la recolección, tratamiento y circulación de información personal que el ICBF clasifica como privada. Afirmó el instituto interviniente que el REDAM cumple con un fin constitucional importante, vinculado a la vigencia del derecho fundamental a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, el cual tiene carácter prevalente en los términos del artículo 44 de la Constitución. Resaltó que, si bien la medida también se extiende al incumplimiento de obligaciones alimentarias de otros beneficiarios, el objetivo central del PLE está en la protección de los sujetos mencionados. Con todo, advirtió que varios de los mecanismos concretos previstos en el artículo 6º son inconducentes para lograr ese fin: De un lado, los numerales 1º y 2º, que prevén inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos o la suscripción de contratos con el Estado, implican la exclusión del acceso a recursos para, precisamente, pagar las obligaciones alimentarias incumplidas, circunstancia que resulta inconstitucional debido a la paradoja que plantea, tal como lo resaltó la Corte en un caso similar estudiado en la Sentencia C-657 de 1997. Adujo que similar conclusión se predica de lo previsto en los numerales 3º, 4º y 7º, puesto que se trata de limitaciones que inciden en el acceso a recursos para el deudor moroso. Las medidas de los numerales 5º y 6º son también inconstitucionales a juicio del ICBF, al mostrarse carentes de idoneidad para lograr el fin perseguido por el REDAM. Así, la limitación para salir del país no es un medio que garantice el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Igualmente, imponer la exclusión de autorización del deudor moroso para que su hijo menor de edad salga del país supone trastocar el régimen de patria potestad, que debe en toda circunstancia estar dirigido a la protección del interés superior del menor de edad y no al provecho personal de los padres.  Destacó, en el mismo sentido, que existen en el ordenamiento actual diferentes instrumentos para asegurar el pago de las obligaciones en comento, como es el delito de la inexistencia alimentaria, el proceso ejecutivo de alimentos y el Registro Nacional de Protección Familiar, creado por la Ley 311 de 1996 y con finalidades muy similares a las del REDAM. El ICBF sostuvo que el parágrafo 2º del artículo 3º, que amplía a seis meses el término de permanencia del dato negativo en caso de reincidencia en la mora en el pago de la obligación alimentaria, es inconstitucional. Advirtió que la garantía de corrección y actualización del dato implica que el reporte debe ser eliminado una vez el deudor se ponga al día en el pago de la obligación alimentaria incumplida. Indicó que, además, la permanencia del dato afecta el derecho al trabajo, pues hace efectivas las restricciones para contratar con el Estado a las que se refiere el artículo 6º. No obstante, el Instituto solicitó de manera subsidiaria que se declare la constitucionalidad condicionada de la norma “de tal manera que se logre la preservación del derecho, sin desconocer el derecho al habeas data ni imponer cargas desproporcionadas a los deudores de cuotas de alimentos”.[16] Conforme a lo expuesto, para el ICBF la única consecuencia de inscripción en el REDAM que se ajusta a la Constitución es la contenida en el numeral 3º del artículo 6º, puesto que refiere a la inclusión de las sumas adeudadas dentro un negocio jurídico sobre bienes sujetos a registro. Sin embargo, simultáneamente consideró que los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 7º del artículo 6º son inconstitucionales porque vulneran los derechos al trabajo y al debido proceso. Lo primero, en razón a que imponen limitaciones para el acceso al empleo y la correlativa consecución de ingresos económicos, configurándose de esta manera una situación análoga a la estudiada por la Corte en la sentencia C-657 de 1997, en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 311 de 1996. Lo segundo, debido a que el artículo 6º no establece el trámite específico que permita evidenciar la constancia de paz y salvo ante el pago de la obligación alimentaria insoluta. Por último, consideró que los artículos 2º, numeral 1º del artículo 4 y el artículo 7º deben condicionarse en el sentido de que las consecuencias allí previstas no son predicables cuando el incumplimiento en la obligación alimentaria responda a una justa causa objetiva, como el desempleo o la discapacidad. De lo contrario, el ICBF advirtió que dichas disposiciones concretarían un trato irrazonable. 9. Academia Colombiana de Jurisprudencia[17] La Academia Colombiana de Jurisprudencia presentó su escrito de intervención, realizado por el Académico Carlos Fradique Méndez, en el que solicitó la declaratoria de INCONSTITUCIONALIDAD del proyecto, al considerar que vulnera diferentes normas constitucionales. El interviniente inició con una exposición general sobre el contenido y alcance del régimen de alimentos en la legislación civil, con el fin de resaltar (i) su exigibilidad desde la concepción y hasta los 25 años de edad y el carácter generalmente consensuado de su fijación, siendo su estipulación judicial o administrativa de carácter excepcional; (ii) la necesidad de vincular el establecimiento de medidas para el aseguramiento de los alimentos, noción que no tiene una connotación exclusivamente económica, al concepto más amplio de progenitura responsable, que se dirige a la satisfacción de las diferentes facetas predicables de la actividad parental; (iii) la insuficiencia de mecanismos como el REDAM para el cumplimiento de estas facetas y los riesgos que plantea en términos de la alta dificultad para demostrar el cumplimiento de la obligación alimentaria considerada en mora; y (iv) la naturaleza del REDAM como una “norma de contravenciones” que afecta el derecho al debido proceso, pues las sanciones que plantea se aplican sin fórmula de juicio, y es inadecuada para cumplir con el propósito de garantizar el pago de los alimentos debidos. Luego de estas consideraciones generales, la Academia identificó lo que a su juicio son las sanciones que se derivan de la inscripción en el REDAM y que están previstas en el artículo 6º del PLE. Afirmó que los datos personales allí incorporados versan sobre la identificación de la familia y, al incluirse en un registro público, se vulnera el derecho a la intimidad. Expresó que varias de las consecuencias de la inscripción en el registro derivan en lo que denominó “muerte civil” del obligado moroso, entre ellas, la imposibilidad de contratar con el Estado o ejercer cargos públicos, la suspensión en el ejercicio de funciones públicas, y la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. Destacó que estas mismas consecuencias son extendidas, en el caso de las restricciones de índole contractual, a las personas jurídicas representadas por el deudor alimentario moroso, por lo cual, se extiende a aquéllas sanción, además de que terminan sancionadas por hechos que son imputables a un tercero. Agregó que esas mismas disposiciones implican la creación de un nuevo “impuesto notarial” que debe ser asumido por el obligado moroso, sin que esté claro quién define el monto adeudado. De la misma forma, concurre una forma de expropiación, puesto que se impone el descuento de las sumas debidas cuando se acceden a créditos con el sector financiero. Igualmente, se vulnera el derecho al mínimo vital cuando se impide el acceso a subsidios por el hecho de la inscripción en el REDAM. La intervención también presentó comentarios específicos al articulado. En cuanto al artículo 1º, advirtió que la existencia misma del REDAM vulnera los derechos a la intimidad y al buen nombre, puesto que la inscripción no se deriva de una orden judicial precedida de un debido proceso al obligado, sino de “la mera apariencia objetiva de no haber pagado o haber pagado de manera equívoca su aporte para el sostenimiento de sus hijos o de sus alimentarios”, circunstancia que se ve agravada por el hecho de que pueden ser múltiples las causas para la ausencia o el error en el pago, lo cual facilita el ejercicio abusivo de los derechos.  De allí que la norma resulte inexequible. El artículo 2º también es problemático a juicio de la Academia por dos motivos principales. De un lado, la norma excluye injustificadamente del REDAM al incumplimiento de obligaciones alimentarias fijadas de manera consensual, circunstancia que vulnera el principio de igualdad. De otro, la norma viola el derecho al debido proceso en razón de que no confiere oportunidad alguna al deudor para que pruebe que el alimentario puede haber incurrido en causal de pérdida del derecho de alimentos, al tenor del artículo 423 del Código Civil. En lo relativo al artículo 3º reiteró el argumento relativo a que la inscripción en el REDAM, aunque incluye el deber de previa comunicación al obligado moroso, no contiene ninguna herramienta procesal que permita el debate probatorio. De la misma forma, la asignación de competencia a las comisarías de familia para que ordenen el registro vulnera el artículo 116 superior, al conferírseles una labor que, para el interviniente, está sometida a reserva judicial. Adicionalmente, la medida desconoce la prohibición de penas perpetuas debido a que el PLE no establece un plazo de permanencia del dato, por lo que pareciese intemporal. Advirtió la Academia que el artículo 5º debe declararse inexequible debido a que supone el carácter público del registro y la posibilidad de expedir certificados sobre su contenido, lo cual es incompatible con el derecho a la intimidad de la familia. En cuanto al artículo 6º, además de las críticas expresadas en la parte general de la intervención, señaló que las sanciones por la inscripción en el REDAM tornan al incumplimiento del deudor alimentario en una contravención, lo cual jurídicamente es incompatible con la naturaleza del delito que tiene esa misma conducta. Ello, en razón a que vulneraría el principio del non bis in ídem, al igual que el debido proceso, puesto que la sanción por incurrir en la contradicción no está precedida de fórmula de juicio alguna. Estas mismas razones involucran, en consecuencia, la inconstitucionalidad de los artículos 7º, 8º y 9º, al ser todas ellas normas operativas del REDAM. En relación con el artículo 10º, el académico interviniente consideró que su redacción es confusa y el precepto resulta innecesario, en la medida en que la subrogación de las obligaciones está autorizada por el Código Civil y las normas ahora analizadas pueden generar confusión sobre la materia. Además, tampoco se evidencia que el precepto afecte la jurisprudencia penal sobre el delito de inasistencia alimentaria. Con todo, advirtió que esta previsión no se opone a la Constitución. Por último, señaló que en caso de que la Corte concluya la inconstitucionalidad del PLE, debe recomendar al Congreso que observe de manera estricta la Constitución, para que no incurra en los errores antes advertidos, con “la pérdida de tiempo y dinero” que esta actuación anómala conlleva. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN[18] A través de concepto remitido el 16 de septiembre de 2020, el Procurador General de la Nación presentó ante la Corte el concepto de que trata el artículo 242-2 de la Constitución.  Solicitó la declaratoria de CONSTITUCIONALIDAD general del PLE, aunque hizo peticiones concretas acerca de algunos apartados que deben, a su juicio, declararse inexequibles y otros cuya constitucionalidad debe condicionarse. Con este fin formula los argumentos siguientes: 4.1. Advirtió que el PLE regula aspectos propios de la administración de datos personales semiprivados, categoría en la que inscribe a la información sobre el cumplimiento de obligaciones alimentarias que se incorpora al REDAM. Estos datos generan reportes negativos, los cuales tienen incidencia en el núcleo esencial del derecho a la intimidad, en particular, debido a la circulación de esa información entre los sujetos que el proyecto identifica. De la misma manera, la finalidad del PLE está también vinculada a contenidos básicos del derecho al habeas data, específicamente, la caducidad del dato negativo y las reglas para el conocimiento y actualización de la información personal incluida en el REDAM. Por esta razón, el objeto de la regulación está sometido a la reserva de ley estatutaria y, aunque existen otros contenidos procedimentales que no estarían sujetos a esta reserva, en todo caso ello no afecta su constitucionalidad, como lo ha explicado la Corte en decisiones anteriores, debido a que los estándares de aprobación legislativa son más exigentes para el caso de las leyes estatutarias respecto de las leyes ordinarias. Además, la necesidad de garantizar el principio de unidad de materia justifica la expedición de una sola regulación, al margen de que algunos contenidos instrumentales no estén sujetos a la reserva de ley estatutaria. 4.2. En líneas generales, el Ministerio Público consideró que el proyecto fue tramitado de conformidad con las reglas constitucionales y orgánicas del procedimiento legislativo. Para demostrar esta conclusión, el concepto expuso el trámite del PLE y lo contrastó con las reglas exigibles en materia de publicidad, consecutividad, identidad flexible, anuncios previos y mayorías exigidas. No obstante, la Procuraduría concluyó que dos de los numerales incluidos al artículo 6º del PLE en segundo debate en la Cámara de Representantes son inconstitucionales, debido a que su inclusión durante el trámite legislativo desconoció los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad. Estos numerales versan sobre las consecuencias de la inclusión en el REDAM y son relativos a (i) la eliminación del requisito del consentimiento del padre o madre moroso para que el menor de edad salga del país; y (ii) la prohibición de que otorguen subsidios a favor de la persona reportada y hasta tanto se ponga al día en las obligaciones alimentarias. Sostuvo que estos dos asuntos, por su naturaleza y trascendencia, constituyen temas nuevos que no fueron debatidos durante el primer debate. Además, tampoco fueron propuestos como adición, no estaban incluidos en el informe de ponencia, ni fueron puestos a consideración de la Comisión Primera de la Cámara, bien fuera como proposición o constancia. Señaló que, si bien existe un marco común: la previsión de consecuencias para el deudor incluido en el REDAM, en todo caso no puede tener carácter indefinido o ilimitado, lo que implica la necesidad de discusión particular sobre cada consecuencia. El concepto planteó, en relación con este aspecto particular, lo siguiente: “Este hecho afecta el principio de consecutividad e identidad flexible, por cuanto los numerales 7 y 8 (actuales 6 y 7 del PLE) no fueron objeto de discusión en el primer debate, y a diferencia de los (sic) demás proposiciones de modificación en segundo debate, estos no tienen relación directa con las materias tratadas y discutidas por la célula legislativa, es decir, si bien el contenido normativo del artículo 6º contempla consecuencias negativas a los derechos del sujeto denominado deudor alimentario moroso reportado en el REDAM, el universo de asuntos, materias, derechos que se pueden limitar o restringir es indefinido, ello no implica que cualquier restricción a ese sujeto podría tener relación directa o identidad con el cuerpo del texto normativo en general. En este caso es de suma importancia para la estructura jurídica de la norma en estudio, que dentro de la discusión, debate y votación exista referencia e identidad entre el objeto del proyecto de ley estatutaria y cada una de las normas que contiene el articulado, pese a que hayan artículos nuevos, en este caso numerales nuevos en el artículo 6, cuando se introducen y aprueban, estos deben responder a discusiones previas, a asuntos que ya han sido debatidos, y en el caso de la modificación sobre la aplicación de la ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, y de la política sobre subsidios en general, no existe ese requisito formal. Valga decir, esos numerales 7 y 8 del artículo 6 (actuales numerales 6 y 7 del PLE) no cumplieron con la aprobación en 4 debates, sino que quedaron con 3 debates siendo unas consecuencias nuevas restrictivas de derechos del deudor alimentario moroso.”[19] 4.3. También debe llamarse la atención acerca de otras adiciones al articulado durante el segundo debate en la plenaria del Senado que, en criterio de la Procuraduría, tampoco se habrían cumplido con los requisitos aludidos. Estos se refieren a (i) la adición de un parágrafo al artículo 7º del PLE, sobre la inclusión en el REDAM de un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores de alimentos morosos en desempleo o informalidad, a través del Servicio Público de Empleo; y (ii) otro parágrafo nuevo al mismo artículo 7º, dirigido a prever que la entidad de responsable del tratamiento de la información deberá adoptar un mecanismo que garantice el cumplimiento de los principios y reglas contenidas en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, ambas sobre protección de datos personales, junto con otras responsabilidades en la administración de dichos datos. A juicio del Ministerio Público, no se evidencia debate alguno sobre esas adiciones y, además, la redacción del primer parágrafo añadido resulta confusa, pues pareciera que prevé un mecanismo al empleo ajeno a la materia regulada por el PLE, por lo que se vulneran los principios de identidad flexible, unidad de materia y consecutividad. Respecto de esta norma en concreto, debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público no hizo una manifestación particular sobre las razones que sustentarían la exequibilidad del trámite frente a la segunda adición, aunque sí solicitó la inexequibilidad de la primera, contenida en el parágrafo cuarto del artículo 7º del PLE. Esto, al argumentar que esa proposición “no solo corresponde a un nuevo asunto que no ha sido tratado de manera previa por las anteriores células legislativas en su discusión y debate democrático, sino que dicha adición no se enmarca en el objeto del proyecto de ley estatutaria contenido en el artículo 1, sobrepasando los límites a la identidad flexible presentes en el trámite legislativo, por lo cual se solicitará la inexequibilidad del parágrafo del artículo 7 del PLE, en tanto se estructura un vicio de procedimiento legislativo en su formación.” 4.4. La Vista Fiscal consideró que los asuntos tratados en el proyecto no inciden en los derechos diferenciados o intereses de las comunidades étnicas, por lo que no debía acreditarse el requisito de consulta previa de la iniciativa. En el mismo sentido, advirtió que el REDAM no involucra gasto público, de modo que tampoco era necesario acreditar la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y conforme lo ordenado por el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 – Orgánica de Presupuesto. 4.5. Frente al análisis material, la Procuraduría analizó cada uno de los artículos del PLE.  En relación con el artículo 1º, sostuvo que los fines de la norma, consistentes en (i) garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a través de medidas específicas; y (ii) establecer un mecanismo del control ante el incumplimiento de estas obligaciones mediante el REDAM, son constitucionales. Para ello, destacó que el derecho de alimentos tiene amplio soporte en la Carta Política, tanto en el principio de solidaridad como en el interés prevalente de los niños y niñas, principales titulares de este derecho. Asimismo, existen normas constitucionales expresas y mandatos desde el derecho internacional de los derechos humanos que obligan al Estado a adoptar medidas tendientes a garantizar los diferentes derechos de los menores de edad, los cuales se concretizan mediante el acceso efectivo al soporte económico propio del derecho de alimentos. La importancia del PLE, además, se explica ante el continuo incumplimiento que se evidencia respecto a ese derecho, el cual justifica el establecimiento de instrumentos eficaces para garantizar los derechos constitucionales interferidos por esa omisión. Esta afirmación es sustentada por la Procuraduría General en los términos siguientes: “la finalidad de garantizar el derecho de alimentos mediante el establecimiento de medidas persuasivas para el deudor y complementarias a las vías jurídicas existentes, que permitan efectivizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, persigue un fin constitucionalmente legítimo y que no se encuentra prohibido por la Constitución, en tanto maximiza el principio de solidaridad familiar, la protección constitucional a la familia y la igualdad de deberes que ambos padres tienen con sus hijos, la protección especial a las personas en situación de debilidad manifiesta como son los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad que requiere (sic) alimentos, y el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos mediante los cuales se garanticen sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, a la educación y al recreación, entre otros.”[20] Bajo una lógica similar, advirtió que la constitución del REDAM es válida desde la perspectiva constitucional, en tanto la recopilación de datos personales sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias sirve a los fines antes mencionados. Esto sin perjuicio de las consideraciones particulares sobre los efectos de dicho reporte. 4.6. El artículo 2º identifica el ámbito de aplicación de la norma y lo fija en quienes se encuentren en mora por más de tres meses en el pago de los alimentos de que son titulares las personas descritas en el artículo 411 del Código Civil. En cuanto a este precepto, el Ministerio Público consideró que se ajusta a la Constitución, debido a que (i) la medida no sustituye otras vías jurídicas para el logro del pago de los alimentos incumplidos; (ii) la norma es compatible con el derecho al debido proceso y con el principio de proporcionalidad, en tanto el registro se basa en el incumplimiento acreditado judicial o administrativamente, escenarios en donde el obligado tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa; (iii) de la redacción de la norma se colige que cubre las diferentes fuentes de obligación alimentaria, tanto en lo que respecta a los diferentes sujetos titulares del derecho, como a las maneras en que pueden fijarse tales obligaciones. Destacó que la obligación cubre tanto los alimentos necesarios como los congruos; (iv) al tratarse de un registro sobre el incumplimiento de obligaciones, resultan aplicables las disposiciones de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, las cuales operan respecto del REDAM como “parámetro de control”; y (v) porque la imposición de los efectos de la inscripción en el REDAM es razonable puesto que depende del incumplimiento superior a tres meses, lapso en donde evidentemente se ha infringido una afectación significativa de los derechos del titular de los alimentos, lo que justifica la imposición de medidas compulsorias para el cumplimiento de esas obligaciones. 4.7. El artículo 3º del PLE describe el procedimiento para la inscripción en el REDAM, así como las condiciones para obtener la exclusión del reporte. El Ministerio Público sostuvo que se salvaguardan los derechos al debido proceso y al habeas data cuando se exige que previo a la inscripción en el REDAM se informe al obligado sobre ese hecho. No obstante, consideró que se viola el derecho de contradicción cuando se limita como única excepción al reporte el pago de la obligación alimentaria. Estimó que en esa instancia debe también permitirse la “oportunidad para invocar algunas excepciones de fondo que cuestionen la exigibilidad de la obligación alimentaria que motiva la presunta mora.” A partir de lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 de Ley 1266 de 2008, sostuvo que el traslado sobre el reporte al moroso debe incorporar el derecho a “invocar otras excepciones que justamente ataquen la exigibilidad de la cuota alimentaria ya causada, tales como los fenómenos de la prescripción extintiva y de la compensación como formas de extinguir las obligaciones, y que puede configurar una justa causa que deberá ser valorada al momento de determinar la procedencia o improcedencia de la inscripción en el REDAM.” De esta manera, afirmó que en esta etapa bien podría alegarse la prescripción, compensación o renuncia del derecho por el titular, todo ello a través de la presentación de las pruebas que el deudor pretenda hacer valer. Por ende, la Procuraduría solicitó que se declare inexequible la expresión “solo” del parágrafo segundo del artículo 3º del PLE.  De la misma forma, solicitó que se declare la constitucionalidad condicionada de ese mismo parágrafo, bajo el entendido de que el deudor pueda invocar, además de la excepción de pago, “las excepciones que acrediten la extinción de las cuotas alimentarias atrasadas, y se encuentra facultado para allegar las pruebas correspondientes.” Sobre el mismo artículo 3º, el concepto agregó que es compatible con la Constitución que se determine a los jueces y comisarios de familia como autoridades responsables de autorizar la inclusión en el REDAM, puesto que son funciones propias de su ámbito de competencia. Así, corresponderá a esas autoridades evaluar si concurre o no justa causa para el incumplimiento en el pago de los alimentos. Esto, bajo el supuesto de que solo aquellos obligados que no cumplen con el pago y que no carecen de justa causa para ello son quienes pueden válidamente inscribirse en el REDAM. A su turno, la inclusión en el reporte cumple con un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, al ser una medida que incide en el núcleo esencial de los derechos a la intimidad y al habeas data. La medida cumple una finalidad importante e imperiosa, puesto que existe un vínculo verificable entre el cumplimiento en el pago de los alimentos y los derechos fundamentales de los titulares de esa garantía. Además, la medida debe adoptarse, debido a que, a pesar de que existen varios mecanismos para la obtención del pago de la obligación alimentaria, estos se han mostrado ineficaces, lo cual pone en riesgo cierto estos derechos. En ese mismo sentido, la medida es necesaria en tanto no se evidencia otro mecanismo menos lesivo para persuadir al obligado a pagar las cuotas alimentarias. Finalmente, a juicio de la Procuraduría “los beneficios que reporta la medida exceden claramente las restricciones a los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data que genera el medio empleado.”[21] Ello, en la medida en que el beneficio logrado es alto: garantizar los derechos fundamentales vinculados a los alimentos; y la afectación de las posiciones jurídicas del titular del dato semiprivado no resulta particularmente intensa. El concepto llamó la atención acerca de que la inclusión de datos personales en el REDAM no requiere autorización del titular de esa información, pues dicha incorporación responde a un mandato judicial, por lo que se inserta en la excepción que sobre el particular plantea la Ley 1581 de 2012. Además, la inclusión tiene lugar luego de la notificación al deudor y “la obligación alimentaria que genera el registro es de naturaleza económica y constituye un crédito a favor del beneficiario, es decir, tiene un contenido crediticio y ello releva al operador de la información de solicitar el consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular de la información (art. 6, numeral 1, parágrafo, de la Ley 1266 de 2008).”[22] El Ministerio Público analizó la parte final del parágrafo 2º y el parágrafo 3º del mismo artículo 3º. En cuanto al primer apartado, consideró que la exclusión del dato en el REDAM cuando se verifica el pago es una disposición por entero compatible con los principios de finalidad y veracidad, propios del habeas data. Frente al segundo apartado, sostuvo que prever la permanencia del dato personal negativo por seis meses en los casos de reincidencia en el cumplimiento de la obligación alimentaria infringe los principios mencionados. Advirtió que ante el pago de lo adeudado, la información registrada en el REDAM carecería de utilidad, pertinencia, veracidad y actualidad.  En consecuencia, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la expresión “en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes.”. Por último, en cuanto al parágrafo cuarto del artículo 3º, la Vista Fiscal no encontró reproche alguno, al tratarse de una norma que, si bien incide en el núcleo esencial del derecho al habeas data, en todo caso resulta admisible al hacer parte de la legislación estatutaria. Agregó que, en todo caso, la adición de facultades a las comisarías de familia obliga a su fortalecimiento institucional. 4.6. En cuanto al artículo 4º sobre las funciones del REDAM, el Ministerio Público indicó que, conforme a los principios de acceso y circulación restringida, la información personal semiprivada, que para el caso corresponde a los datos negativos sobre el incumplimiento del obligado en el pago de alimentos, no tiene naturaleza pública y, por esta razón, no puede circular libremente. Por ende, los reportes originados en el REDAM no pueden considerarse de acceso público, puesto que se vulnerarían tales principios ante su consulta indiscriminada. Así, la interpretación constitucional del numeral segundo del artículo mencionado debe restringirse a aquélla que faculte la consulta por parte de las autoridades del Estado, las notarías y las entidades bancarias. Esto, debido a que son esas las instancias habilitadas para consultar los datos, de acuerdo con las consecuencias de la inscripción en el REDAM que plantea el PLE. De esta manera, se garantiza tanto la circulación restringida del dato como la finalidad del acopio de información. Por lo tanto, la exequibilidad de ese precepto debe condicionarse en el entendido de que se refiere únicamente a las personas que tienen el deber legal de verificación en el REDAM, quienes, a su vez, deben contar con la autorización del titular para realizar la consulta. Acerca de este segundo aspecto, el Ministerio Público sostuvo que dicho consentimiento se deriva de las consecuencias del reporte, así como del hecho de que esté prohibida la circulación y divulgación de datos para un propósito diferente al previsto. En lo relativo a las reglas para la puesta a disposición de los reportes del REDAM, la Procuraduría consideró que no se oponen a la Constitución. Destacó que la transmisión física o electrónica desarrolla criterios de celeridad y practicidad en el manejo de la información. Sin embargo, en especial cuando se hace uso de mecanismos digitales, deberá contarse con instrumentos que garanticen la integridad de la información y su acceso compatibles con la vigencia de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. Esto deberá ser tenido en cuenta por el Gobierno Nacional cuando ejerza las funciones de reglamentación que también prevé el mismo precepto. 4.7. El artículo 5º del PLE identifica la información mínima que deberá contener el REDAM y respecto de los deudores alimentarios morosos. De manera general, sostuvo que dichos datos, en cuanto a la identificación del obligado, corresponden a información pública susceptible de ser recopilada e informada. Los datos sobre el cumplimiento tienen naturaleza semiprivada, pero su inclusión en el registro permite que opere bajo condiciones de oportunidad y veracidad que lo hacen compatible con los derechos al habeas data y a la intimidad. El Ministerio Público se detuvo en analizar la expresión “como mínimo”, la cual llevaría a considerar que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, podría incluir más datos en el REDAM respecto de los previstos en el proyecto.  Con todo, afirmó que esa potencial inconstitucionalidad se resuelve a partir del reconocimiento del principio de finalidad, el cual obliga a que la recolección de información personal se limite a aquellos datos necesarios para el cumplimiento de los fines del REDAM. Por ende, el reglamento deberá acatar tales limitaciones. Adicionalmente, hizo algunas consideraciones sobre la caducidad del dato negativo. Indicó que, en el caso de que concurra el pago de la obligación el PLE, dispone la exclusión del reporte, sin diferenciar si el cumplimiento se origina en la voluntad del deudor o un mandato judicial o administrativo. Las dificultades, entonces, estriban en el caso de las obligaciones absolutas, donde el proyecto no fija un término de caducidad del dato desfavorable. Después de referir a la jurisprudencia constitucional que prescribe la necesidad de que la información personal negativa esté sometida a caducidad, so pena de configurarse un escenario de administración abusiva de los datos personales, el concepto advirtió que el PLE tiene una cláusula de remisión a lo regulado en las Leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012. La primera de estas disposiciones señala un término general de caducidad del dato negativo de cuatro años contabilizado desde que la obligación se extingue por cualquier motivo, salvo que se trate de una mora menor de dos años, caso en el cual el plazo no puede ser mayor del doble de la mora.  Así, la aplicación de esta regla en el caso del REDAM solucionaría tanto la aparente omisión legislativa sobre la materia, como el riesgo de tratamiento desproporcionado de la información. 4.8. El artículo 6º determina las consecuencias de la inscripción en el REDAM. En razón de los distintos contenidos de esta previsión estatutaria, la Procuraduría General dividió su análisis entre los numerales del artículo y de la siguiente manera: Respecto del numerales 1 y 2, determinó que las consecuencias allí señaladas, que inhiben al deudor reportado para contratar con el Estado o para posesionarse en cargos públicos, tomaban la forma de inhabilidades de origen no sancionatorio, en la medida en que responden a una prohibición para ejercer actividades específicas, ante la posible oposición entre las funciones a ejercer y los intereses de la persona. A partir de esta comprobación, consideró que cumplen con el principio de legalidad. De otro lado, para verificar su constitucionalidad, las sometió a un juicio de proporcionalidad. Encontró que responden a un fin importante e imperioso, como lo es proteger los derechos de los niños y niñas, al igual que los demás sujetos titulares del derecho de alimentos, con lo cual también se otorga eficacia a los principios de solidaridad y el mandato de protección constitucional de la familia. No obstante, consideró que la inhabilidad planteada es un medio inadecuado, inconducente e innecesario. Afirmó que la terminación del vínculo laboral o contractual con el Estado impide que el obligado se prodigue su mínimo vital y digna subsistencia y, a su vez, cumpla con sus obligaciones alimentarias. De otro lado, esa actuación también pone en riesgo el adecuado funcionamiento estatal e impide el cumplimiento de los principios de la función administrativa. Además, para el caso de los funcionarios elegidos por voto popular, la inhabilidad relativiza el principio de participación en la conformación del poder político. Estimó, en ese mismo orden de ideas, que el medio empleado es innecesario al existir otros menos lesivos, como la retención de pagos por parte del empleador para destinarlos a la asunción de la obligación alimentaria. De la misma manera, la Procuraduría se opuso a que la inhabilidad se extienda a la persona jurídica cuyo representante legal es deudor alimentario moroso, puesto que desconoce el carácter personal de esa obligación, al igual que la diferenciación entre los derechos y obligaciones entre las personas naturales y jurídicas, “además que extiende la inhabilidad sin que exista un pronunciamiento judicial previo que así lo estime en cuanto a la persona jurídica.”[23] Por lo tanto, concluyó que los numerales en comento son inconstitucionales. El numeral 3º y el parágrafo segundo regulan la obligación de las notarías de incluir como monto de la obligación alimentaria insoluta de los inscritos en el REDAM, a las tarifas que cobren para los actos notariales en donde estos participen, bien sea como personas naturales o como representantes legales de personas jurídicas. De forma similar al caso anterior, sometió la medida a un juicio de proporcionalidad que, en virtud de incidir en el derecho de propiedad, es de carácter intermedio. Consideró que la medida cumple un fin legítimo e importante, consistente en otorgar eficacia al derecho de alimentos y los derechos constitucionales que le son correlativos. La medida, a su turno, es adecuada y efectivamente conducente, puesto que los notarios ejercen funciones públicas y, por esta razón, bien puede el Legislador estatutario determinar que a las tarifas notariales se sumen los recaudos por alimentos y a través de un mecanismo ágil de recaudo. De otro lado, los derechos de propiedad involucrados en la actividad notarial tienen función social, lo que justifica que dentro del acto traslaticio de dominio se impongan las cargas mencionadas. Con todo y en la misma lógica anterior, el Ministerio Público consideró que la expresión “aplica tanto a personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico” es inconstitucional en razón del carácter personal de la obligación alimentaria, sin que pueda válidamente extenderse al ámbito de la representación legal. El numeral 4º determina la exigencia a las entidades financieras de consultar el REDAM al momento de otorgar un crédito y de descontar las sumas debidas del desembolso, en caso de que haya sido aprobado, y a órdenes de la autoridad que haya ordenado el registro. La Vista Fiscal consideró que esta medida, como las demás, cumple con un fin constitucionalmente importante e imperioso y se muestra adecuada para cumplirlo en tanto la deducción mencionada concurriría en el pago de la obligación alimentaria. Agregó que no configura un criterio sospechoso de discriminación, puesto que la inscripción en el REDAM opera como factor para la evaluación del riesgo, el cual deberá ser evaluada objetivamente, sin que pueda tornarse en un dato personal que, analizado de manera aislada y exclusiva, opera como factor de exclusión para el acceso al crédito. De esta forma, también se cumple con el principio de favorecimiento de la actividad de interés público de que trata el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008.  Finalmente, tampoco se afectan los derechos fundamentales del deudor moroso, puesto que se configura una nueva modalidad para ponerse al día en el pago de sus obligaciones y, de otro lado, no existe incidencia en sus amplias posibilidades de acceso al crédito. El numeral 5º dispone la limitación del deudor moroso inscrito en el REDAM para salir del país y efectuar trámites migratorios. Después de hacer una explicación sobre las limitaciones admisibles al derecho a la libre circulación, particularmente desde el derecho internacional de los derechos humanos, el concepto destacó que la medida cumple con una finalidad importante e imperiosa, conforme a los argumentos explicados en precedencia para otros instrumentos. Con todo, es inadecuada e inconducente, debido a que no asegura el pago de los alimentos y, antes bien, impone una afectación al núcleo esencial del derecho “en dos dimensiones: libertad para salir del país y la obligación que tiene el Estado de garantizar la prestación de los servicios migratorios a sus connacionales que así lo requieran.”[24] Además, la medida es innecesaria debido a que existen otras alternativas menos gravosas, como supeditar la salida del país a la concesión de garantías para el pago de la obligación alimentaria. De igual modo, la medida resulta desproporcionada en sentido estricto, porque concurre una clara desconexión entre la finalidad y el medio restrictivo empleado, la limitación anula por completo el derecho a la libertad de locomoción y, a su turno, afecta desproporcionalmente otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la educación y la unidad familiar.  Por lo tanto, la medida es inconstitucional. Como se expresó en apartado anterior, el Ministerio Público consideró que los numerales 6º y 7º del artículo 6º son inconstitucionales por vicios de procedimiento en su formación. No obstante, también presentó argumentos sustantivos sobre su exequibilidad. La Procuraduría sostuvo que el numeral 6º vulnera los derechos fundamentales de los niños y niñas a tener una familia y no ser separados de ella, así como al cuidado y al amor de sus padres.  Señaló que una restricción de esta naturaleza (exclusión de la autorización del inscrito en el REDAM para que el menor de edad titular del derecho de alimentos salga del país), solo podría justificarse ante la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y la inscripción en el REDAM no tiene ese alcance. Además, no es medida conducente para lograr el pago de la obligación insoluta. El numeral 7º inhabilita a las personas reportadas en el REDAM para el acceso a subsidios. El Ministerio Público consideró que la medida es inadecuada e inconducente, puesto que, antes bien, impide al incumplido obtener recursos para el pago de la obligación alimentaria, lo cual se agrava por el carácter indeterminado de la prohibición. Esta restricción también desconoce el mandato constitucional de protección de aquellas personas en situación de debilidad manifiesta. Así, sostuvo que en la medida en que los beneficiarios de esos subsidios “generalmente se trata de personas con condiciones sociales y económicas especiales, imponerles como requisito de habilitación o postulación estar al día con las obligaciones alimentarias desconoce una realidad de debilidad manifiesta que justamente se pretende solucionar en el Estado a través de una política de subsidios monetarios o en especie.” En consecuencia, concluye que la disposición debe declararse inexequible. El parágrafo 3º del artículo 6º determina que la carga de la consulta sobre la inscripción en el REDAM recae en las instituciones usuarias del dato personal y que la duda sobre el cumplimiento debe resolverse a favor del obligado. Para la Procuraduría, esa disposición es compatible con los principios de administración de datos personales, pro homine y de buena fe, por lo que no se opone a la Constitución. 4.9. El artículo 7º determina que el Gobierno Nacional definirá una entidad de orden nacional para que implemente, en el plazo de seis meses, y opere el REDAM. Para ello podrá implementar una base de datos de carácter público. Además, esa entidad responsable está obligada a adoptar mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la norma estatutaria y las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. La disposición también identifica los contenidos mínimos de la reglamentación que del REDAM haga el Gobierno Nacional, entre ellos la necesidad de contar con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo e informalidad a través del servicio público de empleo. Para el Ministerio Público los diferentes contenidos del artículo citado son constitucionales, en la medida en que son mecanismos que otorgan eficacia tanto a los principios de la función administrativa como los que se derivan del derecho al habeas data. En lo que respecta al ejercicio de la facultad reglamentaria, hizo énfasis en que si bien la norma confiere al Ejecutivo la competencia para definir el tiempo en que estará registrada la información en el REDAM, esta deberá ejercerse a partir de los plazos previstos por la legislación estatutaria, en particular, la Ley 1266 de 2008, pues de lo contrario tornaría inconstitucional esa reglamentación. 4.10. El artículo 8º remite, en cuanto a la administración del REDAM, a los principios y reglas generales de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Para el concepto, esta remisión soluciona vacíos normativos y concurre en la protección de los derechos fundamentales, por lo que no plantea ningún debate sobre su constitucionalidad. 4.11. El artículo 9º determina que, en las sentencias y acuerdos de conciliación celebrados ante autoridad administrativa y vinculados con derechos de alimentos, se hará la advertencia de las consecuencias del incumplimiento en términos de inscripción en el REDAM. La Procuraduría sostuvo que esta norma incurre en una omisión legislativa relativa, puesto que excluye sin razón a las conciliaciones ante centros privados. Por ende, solicitó la exequibilidad condicionada a fin de que se extienda la advertencia a dichos acuerdos. 4.12. El artículo 10º regula reglas sobre la exigibilidad de los alimentos cuando se demuestre la capacidad económica del beneficiario o respecto de quien se asumió las acreencias alimentarias sin ser el titular del derecho. La norma también limita su aplicación a la jurisdicción civil y determina que no altera el precedente de la jurisdicción penal sobre el delito de inasistencia alimentaria. Sobre el primer componente, el concepto sostuvo que es constitucional en cuanto desarrolla el derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, en particular, a favor de las madres cabeza de familia, quienes suelen asumir las obligaciones a cargo del deudor moroso. Con todo, consideró que el último apartado es inconstitucional debido a que desconoce los principios de autonomía e independencia judicial, al petrificar la jurisprudencia que es esencialmente dinámica. De allí que solicite la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado”. 4.13. La Procuraduría afirmó sobre el artículo 11 que es parcialmente inconstitucional, debido a que sostener que la disposición estatutaria rige desde su expedición desconoce el principio de publicidad, pues la entrada en vigor está necesariamente supeditada a la publicación. Así, como lo realizó la Corte en casos precedentes, contenidos en las sentencias C-932 de 2006 y C-444 de 2011, deberá sustituirse esa expresión por “de su promulgación”. IV. CONSIDERACIONES Competencia 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8°, de la Constitución Política, corresponde a esta Corte el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. En consecuencia, este Tribunal es competente para decidir sobre el proyecto de ley de la referencia. Metodología de la decisión 2. Con el fin de resolver sobre la constitucionalidad del PLE, la Corte adoptará el siguiente orden en esta decisión. En primer lugar, realizará la revisión del procedimiento legislativo. En este apartado se hará una exposición del trámite surtido, para luego reiterar las reglas jurisprudenciales sobre los requisitos constitucionales del mismo y la verificación sobre su cumplimiento. En segundo lugar y en caso de que el proyecto se hubiese tramitado de conformidad con las reglas formales que rige el proceso de formación de las leyes estatutarias, la Corte estudiará la constitucionalidad material del articulado. Esta sección iniciará con una explicación de las materias transversales al PLE, a saber: (i) los principios constitucionales para la protección de los derechos a la intimidad y el habeas data; (ii) las implicaciones del régimen legal de los alimentos para la protección de los derechos fundamentales; (iii) las condiciones para la constitucionalidad de las inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas; (iv) el mandato constitucional de adopción de una perspectiva de género en las decisiones judiciales, como quiera que la mayoría de quienes asumen las deudas alimentarias son mujeres, conforme con la información que se expondrá en ese apartado; y (v) una breve referencia al derecho comparado sobre registros análogos al REDAM. Una vez explicados estos aspectos generales, se estudiará la constitucionalidad de cada uno de los artículos del PLE. Con este fin se analizará si la iniciativa está sometida a reserva de ley estatutaria y, en caso afirmativo, se estudiará el articulado, se recordará su contenido, se hará una breve recapitulación de las controversias que ofrecen los mismos y, en particular, los cuestionamientos expresados por los intervinientes, para después decidir sobre el asunto. PRIMERA SECCIÓN: CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 3. El proyecto de ley estatutaria fue publicado en la Gaceta del Congreso 672 del 13 de septiembre de 2018[25]. La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por la senadora Maritza Martínez Aristizábal y por el representante David Ernesto Pulido Novoa. Primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 4. El asunto fue repartido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, designándose como ponente para primer debate al representante David Ernesto Pulido Novoa, quien presentó informe favorable con modificaciones puntuales a los artículos 2º y 6º del PLE. La ponencia fue publicada en la Gaceta 735 del 20 de septiembre de 2018[26]. 5. El anuncio de la votación en primer debate fue realizado en la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del 2 de octubre de 2018, de la cual da cuenta el Acta No. 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 50 del 8 de febrero de 2019. Dicho documento señala sobre el particular lo siguiente: “Presidente: Por favor anuncie proyectos señora Secretaria. Secretaria: Sí señor Presidente, se anuncian por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la Comisión. (…) · Proyecto de Ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones. (…) Han sido leídos, señor Presidente, por instrucción suya, los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la Comisión.”[27] Asimismo, al finalizar de la sesión se expresó: “Presidente: Gracias señora Ministra. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 de la mañana para debatir proyectos y actos legislativos. Secretaria: Así se hará señor Presidente y se ha levantado la sesión siendo las 3:30 de la tarde y se ha convocado para mañana a las 9:00 de la mañana con los proyectos debidamente anunciados. En este mismo recinto honorables Representantes.”[28] 6. La discusión y votación del PLE en primer debate tuvo lugar en la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del 3 de octubre de 2018, contenida en el Acta No. 15 de la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso 51 del 8 de febrero de 2019. En el acta se da cuenta de la presencia de 38 congresistas y, además, luego de leer el orden del día se hizo referencia expresa por la secretaría de la Comisión de la comprobación del quórum decisorio[29]. Luego de la presentación del PLE por parte del ponente y la intervención de algunos representantes, se procedió a votar la proposición del informe de ponencia que solicitaba dar segundo debate a la iniciativa, la cual fue aprobada con 23 votos afirmativos y ninguno negativo. Esto, mediante el mecanismo de voto nominal y público. Al respecto, el acta expresa: “Presidente: Gracias doctor Julián. Entonces vamos a someter a votación la proposición con la que termina el informe de ponencia. Al ser Ley Estatutaria estoy en la obligación de hacer votación nominal, entonces por favor llame a lista señora Secretaria. Secretaria: Sí señor Presidente. Llamo a lista para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia, me permito leerlo: Proposición: Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa me permito rendir Ponencia Positiva y, por lo tanto, solicito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar Primer Debate al Proyecto de ley número 091 del 2018 Cámara, por medio del cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), y se dictan otras disposiciones. Suscrita por el Representante David Ernesto Pulido, único ponente. Honorables Representantes: [Sigue lista con votación nominal] Presidente: Se cierra la votación, por favor anuncie el resultado. Secretaria: Presidente, han votado veintitrés (23) Honorables Representantes todos de manera afirmativa, en consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido aprobada con la mayoría absoluta exigida en la Constitución y la ley por tratarse de un proyecto de ley estatutaria.”[30] 7. En lo que respecta al articulado, se presentaron proposiciones a los artículos 2º, 3º, 4º y 6º, las cuales fueron luego reformuladas como constancias, salvo la del artículo 6º, que fue aceptada por el ponente e incorporada al texto sometido a votación. Este fue aprobado con el voto unánime de 23 congresistas, como lo hace constar el acta respectiva: “Presidente: Perfecto. Articulado por favor. Secretaria: Señor Presidente, este proyecto tiene once artículos incluida la vigencia y han presentado Proposiciones al articulado, el doctor Juan Carlos Losada, al artículo 2°, al artículo 3° y hay una proposición del doctor Gabriel Vallejo que modifica el artículo 6°. Esas son las proposiciones que hay presentadas en la Secretaría para el proyecto. Señor Presidente, además hay proposición del doctor Alfredo Deluque al artículo 6°, del doctor Julián Peinado al artículo 4°. Así que señor Presidente, en ese orden de ideas puede poner a consideración y votación de la Comisión, los artículos como son 11, los artículos que no, ¿todas las proposiciones están avaladas? Presidente: Todas las proposiciones avaladas, si los autores de las proposiciones están de acuerdo, eso se puede hacer o que usted las avale, doctor David y se puedan votar en bloque. Secretaria: Presidente, podría poner a consideración y votación los artículos que no tienen proposiciones, como son once. El doctor Juan Carlos Losada deja sus dos proposiciones como constancias, que son al artículo 2° y al artículo 3°. Así que Presidente con estas dos constancias tendrían proposición los artículos 4° y 6°, los demás artículos podrían votarlos tal y como vienen en la Ponencia y luego considerar las proposiciones. La del doctor Alfredo Deluque está avalada que es al artículo 6° y la del doctor Vallejo. Presidente: Las otras. Necesito, es decir si algún autor de una proposición, las que están acá radicadas yo las tengo que someter a consideración, si las quieren dejar como constancia, me tienen que decir que las dejan como constancia, si no yo las tengo que tramitar. Bueno entonces el doctor Julián Peinado deja como constancia su proposición también, listo. El doctor Vallejo como Constancia. ¿Queda alguna otra? Secretaria: La del doctor Alfredo Deluque, pero dicen que está avalada por el Ponente. Presidente: ¿Está avalada? Sí, ah bueno entonces podemos someter a consideración el articulado con la proposición avalada por el autor y ponente de esta Ley Estatutaria el doctor David Pulido ¿Sí? 7 Secretaria: Sí señor Presidente. Presidente: Perfecto, entonces en consideración el articulado con la proposición avalada, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿Lo aprueba la Comisión? Secretaria: Señor Presidente debo llamar a lista, es votación nominal, es Ley Estatutaria. Presidente: Llame a lista señora Secretaria. Para una precisión doctor Navas. La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Representante Carlos Germán Navas Talero: Vea doctor, si estamos diecisiete y no hemos cambiado diecisiete, para qué llamar a los diecisiete o los veintidós, los veintidós podemos decir por unanimidad, los veintidós contados que se apruebe, porque soy autor de esa Reforma, doctora yo soy autor de esa Reforma, yo fui, pero yo dije se pide la verificación cuando. [sic]. Pero ya sabemos quiénes están no se ha desintegrado hasta el momento el número, se quiere es que haya un número suficiente por lo que es Estatutaria, si no ha salido ninguno, ¿qué razón hay en volver a contar lo que ya está contado? Gracias. Presidente: Pues vea doctor Navas, por tiempo preferiríamos hacerlo así pero no queremos correr riesgos en el procedimiento y que alguien puede alegar un vicio. Entonces para curarnos en salud vamos a hacer rápidamente la votación nominal por ser Ley Estatutaria. Llame a lista señora Secretaria. Secretaria: Sí señor Presidente llamó a lista para la votación del articulado con la proposición del doctor Alfredo Deluque. [Sigue lista con votación nominal] Presidente puede cerrar la votación. Presidente: Se cierra la votación por favor anuncie el resultado. Secretaria: Presidente han votado veinticuatro (24) Honorables Representantes ha sido aprobado el articulado con la proposición del doctor Deluque al artículo 6° con la mayoría exigida en la Constitución y la ley, toda vez que es Ley Estatutaria. Título y Pregunta. Presidente: Título y Pregunta señora Secretaria. Secretaria: "Por medio del cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), y se dictan otras disposiciones". Ha sido leído el título y preguntó a la Comisión, ¿si quiere que este proyecto de ley estatutaria pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República? [Sigue lista con votación nominal] Presidente puede cerrar la votación. Presidente: Se cierra la votación por favor informe el resultado. Secretaria: Presidente han votado veintitrés (23) Honorables Representantes todos de manera afirmativa, en consecuencia, el título y la pregunta han sido aprobados con la mayoría absoluta exigida en la Constitución por tratarse de una Ley Estatutaria.”[31] Segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes 8. Tanto el texto aprobado en primer debate como la ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes fueron publicados en la Gaceta 890 del 24 de octubre de 2018. La ponencia favorable fue presentada por el representante David Ernesto Pulido Novoa. 9. El anuncio de la discusión y votación del PLE en segundo debate fue realizado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 14 de noviembre de 2018, consignada en el Acta No. 028 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 1248 del 24 de diciembre de 2019.  Sobre el particular, en este documento se encuentra lo siguiente: “Dirección de la Presidencia, Carlos Alberto Cuenca Chaux: A usted, doctor Zabaraín. Esa es la democracia, y lo lindo de este recinto. Señor Secretario, por favor anuncie proyectos. Subsecretario General, Norbey Marulanda Muñoz: Por instrucciones del señor Presidente se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día martes 20 noviembre del 2018 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos: (…) Proyecto de Ley Estatutaria número 091 de 2018. (…) Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos para la sesión plenaria del día martes 20 de noviembre del 2018 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Dirección de la Presidencia, Carlos Alberto Cuenca Chaux: Muchas gracias, señor Secretario. Buenas noches para todos los colombianos; y para la gente buena del Guainía, simplemente les decimos que los esperamos el próximos martes 20 de septiembre a las 2:00 de la tarde y se levanta la sesión. Subsecretario General, Norbey Marulanda Muñoz: Por instrucciones del señor Presidente, damos los agradecimientos a los señores Representantes. La sesión es para el 20 de noviembre del 2018. Se levanta la sesión siendo las 8:23 de la noche; se cita para el 20 de noviembre del 2018 a las 2:00 de la tarde. Agradecimientos a la audiencia que nos sigue a esta hora por el canal institucional y el canal del Congreso. Dios los bendiga a todos. Dirección de la Presidencia, Carlos Alberto Cuenca Chaux: Señor Secretario, ratifico, martes 20 de noviembre 2:00 de la tarde. Subsecretario General, Norbey Marulanda Muñoz: Así es, señor Presidente. La sesión para el día martes 20 de noviembre del 2018 a las 2:00 de la tarde.”[32] 10. La discusión y votación del PLE por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo lugar en la sesión del 20 de noviembre de 2018, documentada en el Acta No. 029 de la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso 66 del 17 de febrero de 2020. Al inicio de la sesión se hizo llamado a lista mediante mecanismo electrónico, verificándose quórum decisorio de 156 representantes. Una vez la plenaria asumió el asunto fueron presentados algunos impedimentos manifestados por representantes con familiares que podrían ser afectados por el registro de deudores. Estos impedimentos fueron negados mediante votación nominal[33]. Leída la proposición favorable con la que terminó el informe de ponencia para segundo debate se dio el uso de la palabra al representante ponente, quien explicó el contenido del PLE. Luego intervinieron en el debate varios congresistas, quienes de manera general apoyaron el proyecto, aunque también formularon reparos específicos sobre las cargas que impondría a la administración y a los ciudadanos, así como la inconveniencia de algunas consecuencias de la inscripción del registro, en particular, las barreras para el acceso a la licencia de conducción cuando el obligado deriva sus ingresos de la actividad del transporte. 11. Finalizada la intervención del representante Rodrigo Arturo Rojas Lara, se aprobó la proposición del informe de ponencia, del modo siguiente y mediante el mecanismo de votación simple: “Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Muy bien representante, termínanos entonces las intervenciones, sigue la discusión del informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿aprueban el informe de ponencia? Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Ha sido aprobado.”[34] 12. Acto seguido la plenaria procedió a votar el articulado, consiste en once artículos. Inició con los artículos 1º, 5º, 7º, 9º y 11, que al no tener proposiciones fueron votados en bloque, mediante votación ordinaria. No obstante, el Secretario General de la Cámara advirtió durante la sesión que esa actuación era irregular, pues la votación debió haberse realizado de manera nominal y pública. Solicitó entonces a la mesa directiva que se reabriera la votación, lo cual fue autorizado por el Presidente. Al respecto el acta explica lo siguiente: “Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Muy bien Secretario, entonces en consideración el artículo 2° con la proposición que acaba de leer el señor Secretario que modifica el artículo número 2º, continúa la discusión, Secretario. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Señor Presidente es que de acuerdo a la Ley Quinta este proyecto es ley estatutaria, de tal manera que nos toca reabrir la discusión de la ponencia para votarla de manera nominal. Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Es una ley estatutaria tiene toda la razón, le pido entonces señor Secretario vamos a reabrir, representantes esta es una ley estatutaria y debe de ser voto nominal y la ponencia la votamos, no la hicimos nominal, así que ordinaria así que va a quedar con vicios de procedimiento, por eso debemos hacer un pare aquí en la discusión de este proyecto de ley y debemos de reabrir nuevamente la discusión de la ponencia, reabrir la ponencia para poder votarla nominalmente como debemos de ser, pregunto a la plenaria, ¿reabrimos la ponencia del proyecto de ley estatutaria 091/2018? Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Ha sido aprobada la reapertura. Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Señor Secretario la reapertura también no debe ser nominal yo creería que todo lo que tenga que ver con este proyecto debe ser nominal, por favor abra el registro para la reapertura de la ponencia de este proyecto de ley estatutaria señor Secretario, abra el registro. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se abre el registro para votar la ponencia que busca que se le dé segundo debate a este proyecto, se abre el registro, ha sido aprobada la reapertura y se va a votar la ponencia, ya fue leída, ha sido aprobada la reapertura. Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Señor Secretario la reapertura sí la podíamos hacer así votarla así. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se abre el registro para votar la reapertura.”[35] La reapertura fue votada favorablemente con 114 votos nominales. Así, fue repetida la votación respecto de la proposición favorable a segundo debate que ofrecía el informe de ponencia, la cual fue aprobada con 98 votos nominales.  La plenaria luego sometió a votación la reapertura de la votación en bloque de los artículos que no tenían proposición, la cual fue aprobada con 104 votos nominales. Sometida luego a aprobación de los artículos mencionados, fueron votados así: “Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Muy bien señor Secretario, aprobada la reapertura de los artículos 1°, 5°, 7°, 9° y 11 que ya se dio la discusión, entonces nuevamente abra el registro, señor Secretario, para votar los artículos 1°, 5°, 7°, 9° y 11 que no tienen proposición y voto nominal, abra el registro, señor Secretario. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se abre el registro para votar los artículos 1°, 5°, 7°, 9°, y 11 como viene en la ponencia, pueden votar señores representantes. (…) Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Muy bien, señor Secretario, cierre el registro y anuncie el resultado. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se cierra el registro, la votación es como sigue: Por el Sí 92 votos electrónicos y 5 manuales para un total por el Sí de 97 votos. Por el No, 0 votos electrónicos, 0 votos manuales para un total por el No de 0 votos. Han sido aprobados los artículos 1°, 5°, 7°, 9° y 11 como vienen en la ponencia con las mayorías requeridas por la Constitución y la ley. [Sigue registro de la votación nominal]”[36] 13. La plenaria luego asumió el estudio de los artículos que tenían proposiciones. El artículo 2º, cuya proposición fue avalada por el ponente, fue aprobado por la Cámara con 102 votos nominales. En cuanto al artículo 3º se presentaron cuatro proposiciones avaladas y seis que no, junto con una que proponía la exclusión de un parágrafo, avalada por el ponente. 14. La mesa directiva abrió la discusión de las proposiciones que no estaban avaladas, para lo cual intervinieron los representantes que las propusieron. Los congresistas decidieron retirarlas y dejarlas como constancias, como lo expresaron en sus explicaciones. Luego se procedió a discutir las proposiciones que contaban con aval y luego votarlas. El artículo 3º fue aprobado con las modificaciones propuestas con 108 votos nominales. De manera similar, el artículo 4º fue aprobado con 95 votos nominales favorable y uno desfavorable. Fueron presentadas siete proposiciones al artículo 6º. Seis de ellas pedían su supresión total o parcial y una, avalada por el ponente, adicionar un parágrafo. En cuanto a las proposiciones supresivas, en la sesión se explicó: “Jefe de Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández: Sí señor Presidente, estamos revisando acá, hay cuatro proposiciones que son en el mismo sentido de eliminar el numeral 5, hay tres proposiciones que piden eliminar el numeral 5 que son las firmadas por los Representantes Gabriel Jaime Vallejo, Ángela Patricia Sánchez, la de Ricardo Alfonso Ferro, piden eliminar el numeral 5 y una proposición del Representante Rodrigo Arturo Rojas Lara y Mauricio Toro que piden eliminar los numerales 1, 2 y 5 del artículo 6°. Entonces señor Presidente se consideraría esta proposición primero quedarían automáticamente negadas las otras tres proposiciones que únicamente piden eliminar el numeral 5, ya que en esta proposición también está contenido el numeral 5. Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Entonces vamos a colocar en consideración las proposiciones que piden eliminar el numeral 5 y cual otro señor Secretario.” 15. La proposición de eliminación del numeral 5º del artículo 6º, que establecía la prohibición de expedición de la licencia de conducción para los deudores de alimentos incorporados al registro, fue aprobada con 97 votos nominales favorables y dos negativos. También fue presentada una proposición sobre el numeral 7º del mismo artículo, relativo a la exclusión del permiso del padre o madre reportado en el registro para el viaje de menores de edad al exterior. Luego de intervenciones en ambos sentidos: apoyar la eliminación o rechazarla, el asunto fue sometido a votación, negándose la supresión con 56 votos nominales negativos y 35 votos nominales favorables. Al respecto es importante tener en cuenta que, si bien durante la sesión se dio un resultado contrario, de 57 y 34 votos respectivamente, obra en el acta de plenaria constancia del Secretario General que corrige la información[37]. Acto seguido fue sometido a votación el artículo 6º con tres proposiciones avaladas por el ponente en el transcurso de la sesión. Durante la plenaria se manifestó que el artículo había sido aprobado con 86 votos y con las mayorías requeridas. Con todo, mediante nota aclaratoria, publicada posteriormente, el Secretario corrigió la votación ante la doble contabilización de un voto favorable que había sido expresado durante la plenaria de manera manual y electrónica. Por lo tanto, conforme a esa nota la votación fue de 85 votos favorables y siete desfavorables[38]. Por último, fueron sometidos a discusión y votación conjuntamente los artículos 8º y 10º, adicionándose las proposiciones avaladas por el ponente. Fueron aprobados con 88 votos nominales favorables y siete desfavorables. El título y la intención de la plenaria de la Cámara de Representantes de que el PLE fuese ley de la República también fueron sometidas a votación nominal, aprobándose con 87 votos favorables y tres desfavorables. Primer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República 16. El senador Roosvelt Rodríguez Rengifo fue designado como ponente en primer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República. La ponencia favorable fue publicada en la Gaceta del Congreso 167 del 29 de marzo de 2019. 17. El anuncio previo a la discusión y votación del PLE tuvo lugar en la sesión de la Comisión Primera del Senado del 30 de mayo de 2019, contenida en el Acta No. 53 de la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso 589 del 4 de julio de 2019. Sobre el particular, el documento mencionado señala lo siguiente: “La Presidencia interviene para un punto de orden: Tan pronto tengamos quórum decisorio y previa presentación de la proposición, someteremos a consideración de la Comisión, el retiro de los proyectos de acto legislativo y proyectos de ley estatutaria, que no alcanzan por vencimiento de términos. Señor Secretario, vamos a esperar un tiempito para constituir quórum decisorio, pero mientras tanto sírvase anunciar los proyectos para la próxima sesión. Atendiendo instrucciones de la Presidencia, por Secretaría se da lectura a los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión ordinaria: • Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones. (…).”[39] Finalizada la sesión, se expresa en el acta lo siguiente: “Siendo las 10:15 a. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 4 de junio de 2019 a partir de las 8:00 a. m., a sesiones conjuntas en el salón del recinto del Senado - Capitolio Nacional, con el fin de estudiar los proyectos anunciados en la sesión conjunta del día 28 de mayo de 2019.”[40] 18. La discusión y votación del PLE en la Comisión Primera del Senado se adelantaron en la sesión del 5 de junio de 2019, como consta en el Acta No. 54 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 581 del 21 de junio de 2019. Al inicio del documento se da cuenta de que en el transcurso de la sesión concurrieron 20 senadores, quienes conforman quórum decisorio. La discusión inició con una exposición sobre el contenido general de la iniciativa a cargo del senador Roosvelt Rodríguez Rengifo[41]. Luego de ello se sometió a votación el informe con el que terminaba el informe de ponencia y que proponía darle debate al PLE. Fue aprobado mediante votación nominal y pública y con 13 votos a favor y ninguno en contra[42]. Esto, previa aclaración que se había conformado quórum decisorio. 19. Luego de aprobar una proposición de modificación del orden del día y respecto de un proyecto de reforma constitucional, se continuó con el trámite del PLE. Para ello se abrió la discusión y sin tener intervenciones se procedió a someter a votación el articulado, el cual fue aprobado de manera nominal y pública con 13 votos a favor y ninguno en contra. Sobre este procedimiento, el acta dice: “La Presidencia informa que continúa el debate al proyecto de ley número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara. La Presidencia cierra la discusión del articulado formulado en el pliego de modificaciones y abre la votación. [Listado de votación nominal de los senadores] La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado: Total votos: 13 Por el sí: 13 Por el no: 00 En consecuencia, ha sido aprobado el articulado en el texto del pliego de modificaciones. Atendiendo instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al título del proyecto. Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones. La Presidencia abre la discusión del título leído y cerrada esta, pregunta si cumplidos los trámites constitucionales y legales quieren los honorable (sic) Senadores presentes que el proyecto de ley estatutaria aprobado sea Ley de la República, abre la votación. [Listado de votación nominal de los senadores] La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado: Total votos: 13 Por el sí: 13 Por el no: 00 En consecuencia, ha sido aprobado el título y la pregunta. El texto aprobado es el siguiente: [Reproducción del texto aprobado, que corresponde al informe de ponencia]”[43] 20. Por último, la presidencia de la Comisión designó como ponente para segundo debate al senador Roosvelt Rodríguez Rengifo, a quien se le concedió el término de cinco días para rendir el correspondiente informe. El texto aprobado en primer debate[44] y la ponencia favorable para el segundo debate en el Senado de la República[45] fueron publicados en la Gaceta 506 del 10 de junio de 2019. El anuncio de la discusión y votación del PLE tuvo lugar en la sesión del 12 de junio de 2019, documentada en el Acta 66 de la misma fecha y publicada en la Gaceta 1147 del 29 de noviembre de 2019. Sobre el particular, en dicho documento se encuentra lo siguiente: “Anuncios de proyectos de ley, de acto legislativo que eventualmente serán discutidos y votados en la sesión plenaria del Senado la República siguiente a la del día 12 de junio de 2019. Con informe de ponencia para segundo debate: (…) Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara: “Por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”.”[46] De la misma manera, terminada la sesión la presidencia de la plenaria señaló: “Siendo las 4:03 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el próximo lunes 17 de junio de 2019, a las 3:00 p. m.”[47] Segundo debate ante la plenaria del Senado de la República 21. La discusión y votación de la iniciativa en la plenaria del Senado se realizó el 17 de junio de 2019, según consta en el Acta 67 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 1069 del 30 de octubre de 2019. Al inicio de la sesión respondieron a lista 99 senadores, por lo que la secretaría informó la conformación de quórum deliberatorio, aunque también con esa asistencia había quórum decisorio. 22. De manera similar a como sucedió en la Comisión Primera del Senado, el segundo debate inició con una exposición sobre el contenido del proyecto a cargo del senador ponente. Luego, se sometió a votación la proposición favorable con la que terminaba el informe de ponencia, la cual fue aprobada con 65 votos nominales a favor, sin que registrasen votos en contra. Así, en el acta se constata lo siguiente: “La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia del proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal. La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado: Por el Sí: 65 TOTAL: 65 Votos [Listado de votación nominal] En consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia del Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara.”[48] 23. Una vez abierto el segundo debate, el presidente del Senado expresó que votarían el articulado con las proposiciones acogidas por el ponente, quien a su vez solicitaba omitir la lectura del articulado. En ese sentido, se sometió a consideración de la plenaria dicha omisión, la cual fue, al parecer, aprobada mediante votación ordinaria. No obstante, luego la presidencia reúne en una sola votación varias actuaciones, para finalizar con la aprobación del articulado, como pasa a observarse en transcripción que, por su importancia, se realiza in extenso: “Se abre segundo debate. El Presidente de la Corporación, honorable Senador Ernesto Macías Tovar, informa lo siguiente: Vamos a votar el articulado con las proposiciones que fue acogidas por el señor ponente, son 11 artículos, pide que se omita su lectura, por consiguiente, vamos a votar el articulado, señor secretario abra el registro para votar la omisión de la lectura del articulado y el articulado con las proposiciones que fueron leídas por el señor ponente. La Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y, cierra su discusión. La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque con las modificaciones avaladas por el honorable Senador ponente Roosvelt Rodríguez Rengifo al Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara, 50 de 2016 Senado y, cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado con las modificaciones propuestas? La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al Título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al Título del Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones. Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara aprobado haga su tránsito a la Cámara de Representantes? La Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado con las modificaciones avaladas por el honorable Senador ponente Roosvelt Rodríguez Rengifo, título y que haga su tránsito a la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal. La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado: Por el Sí: 67 TOTAL: 67 Votos [Listado de votación nominal de los senadores] En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado con las modificaciones avaladas por el honorable Senador ponente Roosvelt Rodríguez Rengifo, título y que haga su tránsito a la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara.”[49] 24. Luego de esto se verificaron dos proposiciones que fueron dejadas como constancia, por parte de los senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón, Roosvelt Rodríguez y otro con firma ilegible. El texto aprobado en el segundo debate fue publicado en la Gaceta 564 del 18 de junio de 2019. Es de anotar que en ese documento se expresó erróneamente que el PLE había sido aprobado el 12 de junio de 2019[50]. Esto motivó que el asunto fuese corregido en la Gaceta 848 del 9 de septiembre de 2019, donde se dejó constancia que la fecha correcta de aprobación era el 17 de junio de 2019[51] Trámite de aprobación del informe de conciliación 25. En razón de las diferencias entre los textos aprobados por las cámaras se conformó comisión accidental para conciliar el articulado. Para el caso de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fue publicado en la Gaceta 568 del 18 de junio de 2019. Respecto del Senado, el informe consta en la Gaceta 563 de la misma fecha. Cámara de Representantes 26. La discusión y votación del informe de conciliación en la Cámara de Representantes fueron anunciadas en la sesión plenaria del 18 de junio de 2019, lo cual consta en el Acta 66 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 65 del 17 de febrero de 2020. Sobre la actuación se encuentra lo siguiente: “Subsecretario General, Norbey Marulanda Muñoz: Se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día miércoles 19 de junio del 2019, para la una de la tarde, o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos: (…) Informe de conciliación (…) Proyecto de Ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara, 213 de 2018 Senado (…) Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley para la Sesión Plenaria del día miércoles 19 de junio del 2019, a la una de la tarde, o para la siguiente sesión donde se debatan proyectos de ley o actos legislativos.”[52] 27. El informe de conciliación fue aprobado en la sesión plenaria del 19 de junio de 2020, contenida en el Acta 67 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 144 del 12 de marzo de 2020. Conforme a dicha acta, al inicio de la sesión el sistema electrónico dio cuenta de la presencia de 156 representantes, a partir de lo cual la Secretaría hizo constar la existencia de quórum. Leído el encabezado del informe de conciliación, se abrió la discusión sin que existieran intervenciones. Por ende, se sometió a votación, siendo aprobado de manera nominal con 80 votos electrónicos y 14 votos manuales, para un total de 94 votos favorables y ninguno desfavorable[53]. Senado de la República 28. La discusión y votación del informe de conciliación fueron anunciadas en la sesión plenaria del 18 de junio de 2019, según consta en el Acta 68 de la misma fecha y publicada en la Gaceta 1128 del 26 de noviembre de 2019. En relación con el asunto se lee lo siguiente: “La Presidencia indica a la Secretaría anunciar unos proyectos pendientes para la siguiente sesión. Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Sí señor, dice: Informe de conciliación: • Proyecto de Ley Estatutaria número 213 de 2018 Senado, 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.”[54] Por último, finalizada la sesión se informó: “Siendo las 6:33 p. M., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el miércoles 19 de junio de 2019, a las 9:00 a. M.”[55] El informe de conciliación fue aprobado en la sesión plenaria del 19 de junio de 2019, de la cual da cuenta el Acta 69 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 1129 del 26 de noviembre de 2019. Al inicio de la sesión, el llamado a lista demostró la presencia de 99 senadores. Durante la plenaria tuvo lugar la aprobación mencionada. Para el efecto, la senadora Maritza Martínez Aristizábal, autora del PLE, hizo una breve introducción al asunto y, luego, la Secretaría dio lectura al informe de conciliación, que fue aprobado mediante votación nominal de 59 votos a favor y ninguno en contra[56]. Comprobación de los requisitos constitucionales del trámite legislativo 29. La discusión y aprobación de los proyectos de ley estatutaria está sometido a los requisitos propios de las leyes ordinarias, con excepción de las condiciones agravadas previstas en el artículo 153 de la Constitución, esto es, la aprobación por mayoría absoluta y el trámite en una sola legislatura. Asimismo, también debe tenerse en cuenta que están sometidas a reserva de ley estatutaria las materias descritas en el artículo 151 de la Constitución y, en lo que interesa al PLE, los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. A partir de estas previsiones generales, se analizará cada una de las condiciones exigidas por la Constitución y por la legislación orgánica para la validez del trámite legislativo. Al respecto, debe advertirse que las referencias jurisprudenciales sobre el alcance de esos requisitos, cuando esa referencia sea necesaria, son tomadas de la reciente recopilación realizada por la sentencia C-098 de 2020[57], a menos que se señale en el texto una fuente diferente. Publicidad 30. El artículo 157-1 de la Constitución señala que ningún proyecto será ley sin que haya sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. El cumplimiento de este requisito ha sido tradicionalmente vinculado por la jurisprudencia constitucional con el otorgamiento de condiciones de racionalidad al trámite legislativo, así como con el aseguramiento de la transparencia de ese proceso, el cual es una condición ineludible para la conservación de su naturaleza democrática.[58] La Corte observa que este requisito fue debidamente cumplido, al haberse publicado el PLE al inicio del trámite legislativo. Además, fueron oportunamente publicados los informes de ponencia y el informe de conciliación, antes de su respectiva discusión y votación en cada una de las instancias del trámite. Esto como se acredita en el cuadro siguiente: Publicación del proyecto de ley estatutaria: Gaceta 672 del 13 de septiembre de 2018 Ponencia Publicación Discusión y votación Primer debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Gaceta 735 del 20 de septiembre de 2018 3 de octubre de 2018 Segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes Gaceta 890 del 24 de octubre de 2018 20 de noviembre de 2018 Primer debate ante la Comisión Primera del Senado Gaceta 167 del 29 de marzo de 2019 5 de junio de 2019 Segundo debate ante la plenaria del Senado Gaceta 506 del 10 de junio de 2019 17 de junio de 2019 Conciliación en Cámara de Representantes Gaceta 568 del 18 de junio de 2019 19 de junio de 2019 Conciliación en Senado Gaceta 563 del 18 de junio de 2019 19 de junio de 2019 Anuncio previo a la votación 31. El artículo 160 de la Constitución señala, entre otros aspectos, que ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara a comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación. La Corte ha resaltado que el requisito de anuncio previo pretende evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos en desmedro de su adecuado conocimiento y discusión por parte de los congresistas. El anuncio de los proyectos de ley asegura que los parlamentarios y la comunidad política en general conozcan con la debida antelación, la fecha en la cual un proyecto de ley se someterá a discusión y votación en cada célula legislativa. Ello no sólo favorece el control político y el seguimiento ciudadano a los proyectos de ley, sino que afianza y profundiza el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la publicidad y transparencia del proceso legislativo. El propósito de esta exigencia es evitar que los parlamentarios se vean “sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley”[59]. 32. El requisito de anuncio previo es cumplido en el caso del trámite que antecedió a la aprobación del PLE. Esto, debido a que en cada uno de los debates la votación estuvo precedida de la indicación de la fecha determinada en que se llevaría a cabo esa actuación, salvo en el caso de la Comisión Primera del Senado, cuando fue para una sesión determinable. Los anuncios, además, se hicieron mediante expresiones inequívocas por parte de la mesa directiva en cada etapa del trámite, por lo que la Sala colige que los congresistas fueron debidamente informados acerca de la sesión en que se efectuarían tales votaciones, cumpliéndose de esta manera con los objetivos de racionalidad y publicidad antes explicados. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: Etapa del trámite Sesión en que se anunció la discusión y votación Fecha de votación Primer debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Sesión del 2 de octubre de 2018, anunciándose para “la próxima sesión” la cual fue convocada para “mañana a las 9:00 de la mañana”. 3 de octubre de 2018 Segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes Sesión del 14 de noviembre de 2018, anunciándose para “la sesión plenaria del día martes de 20 de noviembre del 2019 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos” 20 de noviembre de 2018 Primer debate ante la Comisión Primera del Senado Sesión del 30 de mayo de 2019, anunciándose para la “próxima sesión ordinaria”. 5 de junio de 2019. Segundo debate ante la plenaria del Senado Sesión del 12 de junio de 2019, anunciándose para “la sesión plenaria del Senado de la República siguiente”. Esta sesión fue convocada para el “próximo lunes 17 de junio de 2019” 17 de junio de 2019. Conciliación ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Sesión del 18 de junio de 2019, anunciándose para “la Sesión Plenaria del miércoles 19 de junio del 2019”. 19 de junio de 2019. Conciliación ante la plenaria del Senado Sesión del 18 de junio de 2019, anunciándose para “la próxima sesión”, convocada para “el miércoles 19 de junio de 2019”. 19 de junio de 2019. 33. Como se observa, en cada una de las etapas del trámite legislativo el anuncio previo a la votación se realizó para una sesión específica. Además, en el caso del primer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República, aunque solo se utilizó la expresión “próxima sesión ordinaria”, en todo caso se acreditó que la sesión siguiente fue aquella en la que efectivamente se discutió y aprobó el PLE, como puede evidenciarse del orden del día de esa sesión y de la numeración consecutiva de las actas[60]. De allí que se cumpla con el requisito constitucional en comento. Quórum, mayorías y votación nominal 34. El artículo 157 de la Constitución exige que las iniciativas cumplan con el requisito de aprobación en primer y segundo debate en cada una de las Cámaras. A su turno, este requisito es más estricto frente a los proyectos de ley estatutaria, donde se exige votación por mayoría absoluta. El artículo 116 de la Ley 5ª de 1992 –Reglamento del Congreso, determina que el quórum deliberatorio consiste en la presencia de por lo menos la cuarta parte de los miembros de la respectiva corporación o comisión permanente. El quórum decisorio de carácter ordinario, aplicable al trámite del PLE, se acredita con la asistencia de la mayoría de los integrantes. En ese sentido, a partir del número de integrantes de las comisiones primeras de ambas cámaras y las plenarias respectivas, la cantidad de asistentes y votos para conformar quórum y mayorías en el presente caso son las siguientes: Instancia Número de integrantes Quórum deliberatorio Quórum decisorio Mayoría absoluta[61] Comisión Primera de la Cámara 35 9 18 18 Plenaria de la Cámara 170[62] 43 86 86 Comisión Primera del Senado 19 5 10 10 Plenaria del Senado 108 27 55 55 35. En lo relativo al requisito de votación nominal, el artículo 133 de la Constitución determina que el voto de los miembros de los cuerpos colegiados será nominal y público, excepto los casos que determine la ley. El artículo 130 del Reglamento del Congreso reconoce el carácter general de la votación nominal y permite que esta podrá adelantarse a través de cualquier procedimiento electrónico que acredite el sentido del voto de cada congresista y el resultado de la votación. Si estos mecanismos no existiesen, la votación nominal se realizará mediante llamado a lista. 36. Las condiciones anotadas fueron cumplidas en el trámite del PLE, salvo en lo que respecta al artículo 6º del PLE y en el trámite ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Como se expuso en la descripción del trámite legislativo, en comisiones y plenarias se acreditó la conformación de quórum deliberatorio y decisorio. Las mayorías para votación también fueron acreditadas. De un lado, todas las votaciones fueron de carácter nominal e, inclusive, ante el error cometido al respecto durante la plenaria de la Cámara, la misma corporación advirtió la necesidad de dar cumplimiento al requisito en comento, reabrió la votación y cumplió con la condición nominal y pública del voto (supra fundamento jurídico 12). De otro lado, en cuanto a la exigencia de mayoría absoluta, también se evidencia el cumplimiento de la exigencia constitucional. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la proposición con la que terminaba el informe de ponencia fue aprobada con 23 votos y con el mismo número fue aprobado el articulado. 37. La plenaria de la Cámara aprobó el informe de ponencia con 98 votos nominales. Un primer bloque de artículos contó con 104 votos favorables y los demás artículos con proposiciones fueron aprobados con votaciones que oscilaron entre los 85 y 108 votos. Igualmente, una proposición supresiva fue negada con 35 votos, lo cual no tiene incidencia en el trámite legislativo, puesto que el efecto es negar la exclusión de un artículo que había sido aprobado por la plenaria, por lo que la proposición debe considerarse negada en tanto “hundida” o archivada al no contar con la mayoría requerida y conforme con la costumbre parlamentaria[63]. Sin embargo, debe llamarse la atención sobre un punto que debe dilucidar la Corte en tanto podría pensarse que el artículo 6º del PLE no habría contado con la mayoría exigida para su aprobación. Con este fin, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 37.1. En lo que respecta a la votación del artículo 6º, el acta de plenaria en la Cámara de Representantes expresa que la disposición fue aprobada con 86 votos, esto es, con el mínimo requerido. Incluso, en el transcurso de la sesión el Secretario General hizo referencia a que la disposición había sido “aprobada con las mayorías requeridas”. Sobre este particular dicho documento señala lo siguiente: “Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Muy bien señor Secretario cierre el registro y anuncie el resultado, Chacón sí ya votó. Jefe de Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández: ¿Cómo vota doctor Alonso Del Río? vota sí el doctor Alonso del Río. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Faltaba registrar el voto manual del doctor Alonso Del Río, entonces son señor Presidente 77 votos por el Sí de manera electrónica y 9 manuales para un total por el Sí de 86 votos, por el No 6 votos electrónicos y 1 manual para un total por el no de 7 votos, ha sido aprobado con la mayoría requeridas el artículo 6° con las proposiciones avaladas como viene en la ponencia más las proposiciones avaladas a excepción del numeral 5.”[64] Con todo, en la misma acta de plenaria aparece publicada una “nota aclaratoria de votación” suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en la cual expresa lo siguiente: “El suscrito Secretario General de la Cámara de Representantes se permite aclarar que revisado el audio de la sesión ordinaria del día miércoles 20 de noviembre de 2018, se anunció la siguiente votación para el artículo 6º con proposiciones avaladas: Por el Sí: 77 votos electrónicos y 9 manuales para un total por el Sí de 86, por el No: 6 votos electrónicos y 1 manual para un total por el no de 7 votos. Por error involuntario se registró el voto manual del H.R. Alonso José del Río Cabarcas, pero este ya había realizado el voto electrónicamente. Por consiguiente, el resultado final es el siguiente: por el sí: 77 votos electrónicos y 8 manuales, para un total por el SÍ de 85 votos. Por el NO: 6 votos electrónicos y 1 manual, para un total por el NO de 7 votos.”[65] Adicionalmente, en la certificación remitida en su momento por el Secretario General de la Cámara, expedida en virtud del decreto de pruebas que acompañó el auto que asumió el conocimiento del asunto de la referencia, se expresó que el artículo 6º del PLE había sido aprobado con 86 votos por el sí y 7 votos por el no[66]. Esto es, con la misma información expresada originalmente durante la sesión plenaria. 37.2. Para el caso del título y la decisión de la plenaria de que el PLE fuese ley de la República, el acta de la sesión[67] da cuenta de que fueron aprobados con 87 votos por el sí y 3 por el no. Sin embargo, en ese mismo documento obra una nueva “nota aclaratoria de votación”, con el siguiente contenido: “Por error involuntario el Subsecretario General no registró votando manualmente sí al H.R. Gabriel Santos García, pero este voto fue anunciado por el Secretario General de la Cámara de Representantes. Por error involuntario la Secretaría General anunció 16 votos manuales por el sí cuando en realidad son 15 votos manuales por el sí. Por consiguiente, el resultado final es el siguiente: por el SI: 71 votos electrónicos y 15 manuales, para un total por el SI de 86 votos. Por el NO 3 votos electrónicos y ninguno manual, para un total por el NO de 3 votos.”[68] 37.3. Ante esta situación, la Magistrada Sustanciadora solicitó mediante Auto del 30 de octubre de 2020 que el Secretario General de la Cámara precisara varios aspectos sobre las curules ocupadas en la plenaria en mención, así como la razón de las disconformidades anotadas. Mediante oficio del 5 de noviembre de 2020[69] dicho funcionario expuso que: (i) el número total de curules de la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2018-2022 correspondía a 172, mientras que el número de representantes a la Cámara que ostentaba curul el 20 de noviembre de 2018 correspondía a 170; y (ii) para esa misma fecha no había vacantes temporales o definitivas; sin embargo, “por circunstancias de fuerza mayor el señor SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE no había podido posesionarse.” Respecto de las inconsistencias mencionadas, el Secretario General manifestó que: “(…) esto se debe a que al momento en que la H. Corte Constitucional requiere las respectivas certificaciones a la Cámara de Representantes estas actas de plenaria se encuentran en periodo de elaboración, por lo que las certificaciones son expedidas basadas en la información que reposa en los registros de asistencia y votación suministrados por la Subsecretaría General de la Cámara de Representantes, que en ocasiones contienen imprecisiones. Los hallazgos de los errores surgen al momento de la elaboración del acta en la Sección de Relatoría de la Corporación, por lo que se introducen las respectivas notas aclaratorias para su posterior publicación en la Gaceta del Congreso.” Con base en lo anterior, el Secretario General decidió expedir una nueva certificación “basada en el Acta 29 del 20 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta No. 665 del 2020, corrigiendo la SG.CERTI-325/2019.” En esta certificación se hace constar que el artículo 6º con proposiciones avaladas fue votado con 85 votos a favor y siete en contra. Asimismo, expresa que el título y la pregunta fueron aprobados con 86 votos por sí y tres por el no. 38. El artículo 134 de la Constitución señala que para efectos de la conformación del quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. Sobre esta regla la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse recientemente en el Auto 282 de 2019[70], donde recordó que las curules que pueden ser reemplazadas son aquellas en donde se compruebe falta absoluta o temporal que determine la ley. Igualmente, en ningún caso podrán reemplazarse las curules que estén vacantes respecto de (i) quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad; (ii) quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos; y (iii) aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos por la comisión de los delitos antes mencionados. Adicionalmente a este argumento, la Corte consideró que tampoco debían contabilizarse, para efectos de la determinación del mencionado quórum, aquellas curules respecto de las cuales los integrantes de la respectiva corporación de elección popular carezcan de capacidad jurídica para participar en la adopción de las respectivas decisiones, “por encontrarse impedidos para el ejercicio de las funciones o separados del cargo, como consecuencia de encontrarse incursos en faltas temporales o absolutas que la ley no ha determinado que puedan ser reemplazadas.” Dentro de estas causales la Sala identificó: (i) a quienes se les haya aceptado impedimento para participar en el asunto; y (ii) quienes no se hayan posesionado en el cargo. Sobre este último particular la decisión en comento concluyó: “Dada la grave afectación de las reglas de funcionamiento del órgano de representación democrática, la no posesión es sancionada con la pérdida de la investidura que, en el caso de los Congresistas, se configura cuando no se posesionan dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras sin que medie fuerza mayor[71]. Tal vacancia temporal, por otra parte, se mantendrá mientras el elegido no tome posesión del cargo -a la cual se encuentra obligado siempre que se encuentre en ejercicio de la ciudadanía[72] y su elección no hubiere sido anulada-, o hasta que se configure una nueva causal de falta temporal o absoluta como, entre otras, una medida de aseguramiento o la pérdida de investidura decretada precisamente por no haber tomado posesión dentro del término previsto en la Constitución, sin una razón constitutiva de fuerza mayor, causal que corresponde establecer al Consejo de Estado como lo conceptuó recientemente la Sala de Consulta y Servicio Civil de dicha Corporación[73]. Por consiguiente, los congresistas no posesionados no cuentan con capacidad jurídica para deliberar ni para votar, y sus cargos permanecen vacantes en forma temporal mientras no cumplan con tal requisito, sin que tales vacantes puedan ser reemplazadas”. 39. Aplicadas a estas reglas para el caso analizado, se encuentra que a la conformación del quórum de la Cámara de Representantes, originalmente de 172 integrantes, deben restarse (i) la curul correspondiente al representante por la comunidad raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a que a la fecha de elección del actual Congreso no se había expedido la ley que fijara las condiciones para esa elección y, a su vez, el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución difiere dicha elección a que se defina de conformidad con la ley; y (ii) la curul correspondiente al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, quien no tomó posesión del cargo. Por lo tanto, el quórum para la sesión plenaria objeto de análisis es de 170 representantes a la Cámara, por lo que la mayoría absoluta es de 86 votos. En ese sentido, concurre la controversia acerca de si el artículo 6º del PLE fue válidamente aprobado con 86 votos conforme con lo anunciado por el Secretario General de la Cámara durante la sesión, o en realidad, no contó con las mayorías necesarias para su aprobación, si la Corte se atiene a la “nota aclaratoria” incorporada posteriormente en el acta de plenaria y que da cuenta de que la votación favorable para esa disposición es de 85 votos, lo que haría que incumpliese con el requisito de mayoría absoluta. 40. Para resolver esta cuestión debe partirse de resaltar que la situación relatada genera una duda fundada sobre la mayoría con la que se aprobó el artículo 6º. De un lado, el Secretario General durante la sesión da cuenta de que cumplió con el número de votos requeridos y lo hace de forma expresa. Con todo, mediante un nota aclaratoria que fue incorporada tiempo después, luego de la elaboración del acta respectiva, se expresa una información diferente, según la cual ante la doble contabilización de uno de los votos, en realidad la votación fue de 85 votos, lo que haría que el artículo 6º no contara con las mayorías requeridas. Por lo tanto, el asunto que la Sala debe dilucidar consiste en definir qué contabilización debe preferirse: la realizada durante la sesión o la que se explica en la nota aclaratoria. 41. En el ejercicio del control de constitucionalidad y a partir de la vigencia del principio democrático, el cual se deriva el de conservación del derecho, la Corte debe guardar una especial deferencia con el Legislador, lo que sustenta el denominado principio in dubio pro legislatore. Conforme a este, ante la duda sobre la existencia de un vicio de procedimiento deberá preferirse aquella decisión que preserve la constitucionalidad de la decisión legislativa y en razón de la legitimidad democrática de la que está investida. La aplicación de este postulado está intrínsecamente vinculada con el principio de conservación del derecho, que obliga a que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal sea el último recurso dentro del ejercicio del control judicial y en aras de mantener y reconocer la raigambre democrática que precede al derecho legislado. Por ende, la concurrencia de la debida voluntad democrática de las cámaras es el elemento dirimente para definir el alcance de la significación, en términos de vicios de inconstitucionalidad, de las posibles irregularidades en el trámite legislativo. Al respecto, la sentencia C-633 de 2016[74], al estudiar el alcance de la norma del Reglamento del Congreso sobre el archivo de iniciativas objetadas por el Presidente, señaló lo siguiente: “Para la Corte, según se expuso en el fallo en mención, resulta desproporcionada una interpretación literal del artículo 200 de la Ley 5ª de 1992, pues conduciría al exceso de archivar toda una iniciativa, cuando existe una clara y manifiesta voluntad democrática en su aprobación, la cual se expresa en el cumplimiento de las etapas básicas o estructurales del proceso de formación de la ley, con excepción únicamente de las normas objetadas sobre las cuales se presenta la discrepancia entre las cámaras. Por ello, cabe la exclusión o el retiro únicamente de las normas afectadas por la disconformidad entre las plenarias, como medio para garantizar la realización de los principios in dubio pro legislatore y de conservación del derecho. Precisamente, a través del principio de conservación del derecho, se busca que los tribunales constitucionales interpreten las normas en el sentido de preservar al máximo posible las disposiciones emanadas del legislador, en virtud del respeto al principio democrático. Por esta razón, la fórmula que mejor se ajusta al citado mandato, es la de entender que sólo se estiman excluidas de la integridad de la iniciativa, las normas frente a las cuales se presentó la objeción y que, como consecuencia de su trámite, se produjo el fenómeno de la discrepancia entre las cámaras. A la misma conclusión se llega en aplicación del principio in dubio pro legislatore, cuyo alcance busca resguardar la decisión mayoritaria adoptada por el Congreso, respecto de un conjunto de normas frente a las cuales no existió reparo alguno y lograron cumplir, en su integridad, con los elementos estructurales del proceso legislativo.” 42. Lo anterior opera de manera coincidente con la comprensión que ha tenido la jurisprudencia sobre el principio de instrumentalidad de las formas. Como se ha señalado, la trascendencia de los yerros en el trámite legislativo, en términos de su aptitud para viciar su constitucionalidad, debe siempre analizarse desde la perspectiva de la afectación de la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras. Esto quiere decir que solamente aquellos defectos del trámite que incidan en esa voluntad tienen significación constitucional[75]. A esta regla se vincula el principio mencionado, de acuerdo con el cual la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos del trámite legislativo debe escrutarse a partir de la satisfacción de los fines constitucionalmente relevantes para el cual fueron instituidos. De esta forma, cuando a pesar de que se formalmente se verifique un error en el procedimiento es posible acreditar dicha satisfacción, no se está ante un vicio con una entidad tal que afecte la constitucionalidad del trámite[76]. Este mismo precedente ha planteado las siguientes reglas, las cuales deben reiterarse para resolver el asunto planteado: 42.1. Las formas procesales no tienen un valor en sí mismo, sino que deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo. Por ende, algunos defectos pueden resultar intrascendentes, otros pueden ser suplidos por mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, saneados a lo largo del trámite legislativo o subsanables bajo ciertas condiciones[77]. 42.2. Los vicios con relevancia constitucional deben cumplir una de las siguientes condiciones: (i) vulnerar algún principio o valor constitucional; (ii) afectar el proceso de formación de voluntad democrática de las cámaras; (iii) desconocer las competencias y estructura básica institucional diseñada en la Constitución o en las normas orgánicas que fijan el procedimiento legislativo[78]. 42.3. A partir de estos supuestos, los criterios para determinar si se está ante un defecto que afecte la constitucionalidad del trámite legislativo consisten en determinar si: (i) el defecto tiene una entidad suficiente para afectar la validez de la norma objeto de control de constitucionalidad; (ii) en caso que se acredite ese vicio, la Corte debe verificar si el mismo fue convalidado; (iii) si ello no ocurrió, debe determinarse si existe posibilidad que el vicio sea considerado como subsanable, caso en el cual la Corte deberá analizar la posibilidad de remitir el asunto al Congreso para el efecto; y (iv) cuando esto no sea posible y como último recurso, la Corte deberá determinar si el vicio detectado puede ser subsanado en sede de control de constitucionalidad y bajo el respeto del principio de razonabilidad. 42.4. De manera general, no concurre un vicio de procedimiento cuando su causa es la negligencia de quien, pudiendo actuar de manera compatible con las reglas del trámite, se abstiene voluntariamente de hacerlo. Al respecto, debe insistirse en que, en la medida en que las autoridades involucradas en el trámite legislativo tienen definidos sus deberes en precisas normas constitucionales y orgánicas, su deber de diligencia en su cumplimiento es de carácter cualificado. A este respecto, la Corte ha dicho: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que no es de recibo la actitud deliberadamente pasiva orientada a pre-constituir un vicio, como tampoco es admisible la omisión negligente de quien, por cualquier razón no justificada, se margina del debate y solo cuando éste ha concluido, después de la votación, presenta objeciones que, oportunamente puestas a consideración de la corporación, a través de los mecanismos procedimentales específicamente previstos para el efecto, habrían permitido evitar o subsanar determinadas irregularidades de trámite. Quien debiendo actuar y teniendo la posibilidad de hacerlo se abstiene, no puede pretender luego suplir su omisión trasladando la controversia, que debió surtirse en el curso del debate legislativo, a la instancia del control de constitucionalidad. En esa línea, por ejemplo, la Corte ha señalado que no existe vicio de procedimiento con aptitud para provocar la declaratoria de inexequibilidad de una norma, cuando no se tramita una proposición, si quien la presentó no puso la diligencia necesaria para impulsar su consideración y la decisión en torno a la misma. Por consiguiente, la Corte ha considerado que las actitudes reticentes de los congresistas en el curso de los debates y las constancias posteriores a la conclusión del mismo y a la votación del proyecto, constituyen comportamientos contrarios al citado deber de diligencia, que no pueden invalidar la expresión legítima de la voluntad democrática.”[79] Con el fin de garantizar la eficacia del principio democrático, la instancia por excelencia en donde deben tramitarse las discrepancias y hacerse valer las garantías del procedimiento legislativo es durante el decurso de ese trámite. Así, “solo aquellas irregularidades que trasciendan ese ámbito, o, porque habiendo sido planteadas, no fueron atendidas, o porque fueron inadvertidas, o porque no tuvieron oportunidad de expresarse, tendrían la virtualidad de plantearse como eventuales vicios de procedimiento.”[80] 43. Con base en estas reglas debe resolverse si está o no ante una irregularidad sustantiva respecto de la aprobación del artículo 6º, para lo cual deberá acreditarse si se comprueba una genuina expresión de la voluntad democrática de las cámaras. Para la Corte, concurren en el trámite diferentes elementos de juicio que llevan a concluir la presencia de esa voluntad, como pasa a explicarse: 43.1. En primer lugar, se acredita la expresión unívoca del Secretario General de la Cámara en el transcurso de la sesión acerca de que la norma contaba con 86 votos favorables y cumplía, por ende, con las mayorías constitucionalmente requeridas. Esta manifestación no tiene un carácter incidental, sino que adquiere un significado preciso y definido por la legislación orgánica. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 5ª de 1992 es deber del Secretario General de cada Cámara, entre otros, informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la Corporación. Esta competencia guarda concordancia con los principios de publicidad y el cumplimiento de las reglas que guían el proceso legislativo. En ese sentido, se relaciona con el deber fijado en el artículo 11 ibídem, según el cual “de toda sesión del Congreso pleno se levantará el acta respectiva”, y con el artículo 35 ejusdem que prevé el levantamiento de actas de las sesiones de las cámaras y sus comisiones permanentes. A partir de estas previsiones legales es evidente que el Secretario General cumple una función fedataria durante la sesión, la cual no puede ser simplemente desvirtuada a partir de actos posteriores y adoptados por fuera de la misma. Esta función, además, tiene un vínculo necesario tanto con el principio de buena fe, como con el principio democrático. 43.2. Es evidente que el resultado de la votación que los secretarios expresan durante la sesión es una información crucial para la verificación de la regla de mayoría. En otras palabras, el insumo exclusivo que tienen los congresistas para conocer, en el marco de la actividad legislativa, si una iniciativa contó con el apoyo mayoritario es lo expresado por el secretario, quien a su vez, se insiste, está investido de esa competencia específica en virtud de una norma orgánica. Además, habida cuenta de ese carácter esencial de la función ejercida por los secretarios generales, la Sala insiste en el deber cualificado que tienen en su ejercicio. Esto implica, como es apenas obvio, que los resultados de las votaciones que se expresen en la sesión correspondan estrictamente con la realidad, sin que resulte admisible, bajo ninguna circunstancia, que puedan ser ajustados por fuera del debate. En el caso bajo estudio, tanto oralmente como en el acta de la sesión quedó claro que se había obtenido la mayoría requerida, siendo esta la información a la que tuvieron acceso los representantes a la Cámara durante la sesión, que es precisamente el escenario donde se expresa y consolida la voluntad democrática del Legislativo. Además, esa misma información fue incorporada en el acta, como tuvo oportunidad de explicarse. 43.3. En segundo lugar, comprender que en este caso se consolidó la voluntad mayoritaria es consecuencia de la necesidad de otorgar efecto útil a disposiciones del Reglamento del Congreso que ofrecen instrumentos para oponerse a las votaciones que la mesa directiva considere que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales. Sobre el particular, dentro de las reglas para las votaciones de que trata el artículo 123 de la Ley 5ª de 1992, se establece que “el número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el presidente y se ordena su repetición.” Respecto del caso examinado, la Sala advierte que la presunta duplicidad en uno de los votos era un asunto que debió haberse verificado por el Presidente de la Cámara en ejercicio de la facultad transcrita. Por ende, resulta válido concluir que el efecto útil de esta norma implica que ante la inacción de la mesa directiva era evidente, en el marco de la sesión, que no existía disconformidad alguna sobre la suficiencia de la votación frente al artículo 6º. A esto se suma el hecho de que durante la plenaria ningún congresista haya manifestado desacuerdo sobre el particular lo que, a juicio de la Corte, demuestra la conciencia de la Cámara de que se estaba ante una genuina expresión de la voluntad democrática mediante la conformación de las mayorías exigidas. 43.4. En tercer lugar, también debe tenerse en cuenta el lugar central que tiene el artículo 6º del PLE dentro de la estructura de esa iniciativa, de manera que concluir la inconstitucionalidad del trámite afectaría desproporcionadamente el principio democrático. Esto a partir de dos supuestos definidos: (i) la actuación adelantada durante la sesión; (ii) y la necesidad de impedir que una visión maximalista de la competencia del Secretario General para certificar las votaciones pueda llegar al punto de alterar la voluntad de la Cámara de Representantes. 43.5. Frente a lo primero y conforme con lo explicado en fundamentos jurídicos anteriores, se tiene que durante la sesión fue claro, pues así lo informó el Secretario General de la Cámara de Representantes, que el artículo 6º del PLE había contado con las mayorías constitucionales exigidas para la aprobación de las leyes estatutarias. Incluso, así lo manifestó expresamente ese funcionario, por lo que, en virtud de sus competencias orgánicas, los congresistas actuaron de conformidad con esa información y luego manifestaron su concurrencia en que el PLE fuese ley de la República. Resultaría irrazonable concluir que, a pesar de este convencimiento y luego de una actuación cobijada por la presunción de legalidad que se deriva del principio democrático, el Secretario General pudiese alterar la voluntad de la Cámara, a partir de un acto que no estuvo sometido a ningún previo conocimiento ni mucho menos al escrutinio de los representantes o a constancias de congresistas que se hubiesen opuesto a la iniciativa legislativa. Además, como se explicará en el apartado que analiza el cumplimiento de los requisitos de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad, el artículo 6º del PLE, norma que establece las consecuencias de la inscripción en el REDAM, es uno de los pilares de toda la regulación y la dota de sentido. Esta norma, a su turno, fue objeto de intensos debates a lo largo del trámite legislativo como ninguna otra de las disposiciones del PLE. Esto debe analizarse de cara a lo expresado por la Cámara, quien inequívocamente manifestó su conformidad, mediante 87 votos favorables, de que la iniciativa fuese ley de la República. Es evidente que esta sola circunstancia no subsana las votaciones previas respecto del articulado, puesto que cada una de ellas se realiza de manera separada y en los términos en que se desarrolla el debate de la ponencia, el cual, conforme lo estipula el artículo 158 del Reglamento del Congreso, se adelanta artículo por artículo, y aún inciso por inciso, si así lo solicitare algún congresista. Esto implica que los votos se contabilizan de forma individual frente a cada artículo sometido a debate. Adicionalmente, no existe norma constitucional u orgánica que confiera esa efecto a la aprobación de la proposición final que da cuenta del acuerdo de la cámara legislativa. Sin embargo, para la Sala habría una contradicción si, de un lado, se acepta que existe evidencia acerca de la intención de la Cámara de Representantes de que el PLE fuese aprobado y, a su vez, inexistencia de la misma voluntad frente al artículo más importante de esa iniciativa. Este argumento concurre en la conclusión de la Sala según la cual existe una unívoca intención de la Cámara en la aprobación del articulado y, en particular, del artículo 6º del PLE. 43.6. En cuanto a lo segundo, la Corte considera que resultaría desproporcionado que a partir de una certificación proferida meses después de efectuada la sesión, de la que los congresistas no tuvieron ningún conocimiento oportuno ni materialmente podrían haberlo obtenido, se frustre la intención unívoca de las diferentes instancias dentro del trámite legislativo. En contrario, el deber del Secretario General está definido: dar cuenta de las votaciones efectivamente realizadas en el marco de la respectiva sesión. Por ende, en caso de que se evidenciase algún yerro involuntario, este debe manifestarse en el marco de esa sesión y con el objeto de que los congresistas conozcan del mismo y la mesa directiva proponga los mecanismos admisibles para su subsanación. En la medida en que estas diferentes opciones no fueron utilizadas en la respectiva sesión plenaria, la Corte no tiene alternativa distinta que corroborar lo expresado por la Cámara de Representantes durante el trámite legislativo. 44. La Sala resalta que llegar a una conclusión diferente, esto es, resolver la duda planteada a favor de lo consignado en la nota aclaratoria, quebrantaría el principio de mayoría que guía la actividad del Congreso. En efecto, otorgar a dicha nota los efectos propios de la anulación de una votación significaría dotar al Secretario General de un poder omnímodo para definir, con posterioridad al debate, el alcance del principio de mayoría dentro del trámite legislativo, pues estaría, por sí y ante sí, en capacidad de alterar la contabilización de los votos y de espaldas al control de la Cámara de Representantes. Un poder de esta naturaleza, sobra indicar, es abiertamente incompatible con los postulados básicos de la democracia representativa y no encuentra asidero en norma jurídica alguna, por lo que también contradeciría el principio de legalidad que guía las diferentes actuaciones del Estado, entre ellas el trámite legislativo. Sobre este particular debe insistirse en el carácter central que tiene la preservación del principio de mayoría como objetivo esencial del procedimiento legislativo. El precedente constitucional sobre esta materia[81] sostiene que el acto de votación está gobernado por el principio de mayoría, sin que ello se superponga a la necesidad de que la deliberación política deba garantizar el pluralismo y la participación de las diferentes corrientes. Así, de manera general, no son “admisibles las modificaciones que anulen la capacidad deliberativa del Congreso, puesto que ello desconocería los dos elementos que, desde la perspectiva analizada, configuran el núcleo mínimo de la función legislativa, esto es, la posibilidad de deliberación y la competencia de adopción de decisiones que permitan la configuración política del Estado, en el nivel legal y en el escenario de las normas constitucionales.”[82] Conforme a ese mismo precedente, esta condición genera dos consecuencias principales: de un lado, el principio de mayoría, junto con el pluralismo político y el principio de publicidad, conforman los pilares de la actividad legislativa. De otro, la deliberación pública y pluralista es el procedimiento participativo que debe imperar en dicha actividad, puesto que permite alcanzar en mayor medida el contraste entre las diferentes posturas y, con ello, la conformación de la debida voluntad democrática. Como se ha insistido en este apartado, la rectificación posterior de la votación, por fuera del debate legislativo y sin posibilidad de control por parte de los congresistas que integran la plenaria es una opción que en modo alguno cumple con estos presupuestos. En particular, es incompatible con el carácter público de la deliberación democrática y con el alcance del principio de mayoría, que mediante una nota aclaratoria posterior se modifiquen las votaciones, puesto que esa acción se realiza al margen del procedimiento legislativo y en perjuicio de la voluntad de las cámaras la cual, es necesario insistir, se configura durante la respectiva sesión y con la participación efectiva de los congresistas. 45. Con base en lo expuesto, la Sala concluye que la plenaria de la Cámara de Representantes actuó legítimamente convencida de que se había alcanzado la mayoría absoluta, a partir de la información expresada durante la sesión por el funcionario legalmente habilitado para el efecto. En ese sentido, otorgar predominio a una nota aclaratoria presentada mucho tiempo después del debate, en los términos aquí explicados, sería actuar en contravía de la voluntad democrática de las cámaras y afectar los principios de publicidad y de mayoría, en los términos antes explicados. No obstante, la Sala considera oportuno aclarar que la verificación aquí realizada no se refiere a alguna modalidad de subsanación del trámite legislativo, puesto que en el presente caso no se evidenció la existencia de un vicio en ese procedimiento. En cambio, lo que se advierte es que respecto de la votación del artículo 6º del PLE la plenaria de la Cámara expresó unívocamente su voluntad democrática y la misma fue constatada durante la sesión respectiva por parte del Secretario General, funcionario que está investido de esa precisa facultad por el Reglamento del Congreso. Esta comprobación no resulta afectada por la existencia de la nota aclaratoria posteriormente incluida, pues la misma no tuvo lugar en el marco de la sesión plenaria, de modo que no está llamada a alterar los resultados de la votación objeto de examen. 46. En lo que respecta a las demás etapas del procedimiento legislativo, se advierte que la Comisión Primera del Senado de la República aprobó la proposición favorable con la que terminaba el informe de ponencia con mayoría absoluta de 13 votos. Idéntica votación tuvo el articulado, que fue votado en bloque y de manera nominal, así como el título del PLE y la decisión de la Comisión de que se le diera segundo debate. 47. La proposición favorable con la que finalizaba el informe de ponencia fue aprobada por la plenaria del Senado con mayoría absoluta de 65 votos. Acto seguido, se sometió a una sola votación nominal la omisión de lectura del articulado, el articulado en bloque con las proposiciones avaladas por el ponente, el título y la decisión de la plenaria de aprobar el PLE. Estos asuntos fueron aprobados con 67 votos. 48. Por último, el informe de la comisión accidental de conciliación fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes con 94 votos y por la plenaria del Senado de la República con 59 votos. En ambos casos la votación se hizo de forma nominal. Consecutividad, identidad flexible y unidad de materia 49. El artículo 157 de la Constitución señala que ningún proyecto será ley sin que haya sido aprobado tanto en primer debate en comisiones como en segundo debate en la plenaria de cada cámara. El artículo 158 superior, a su turno, establece que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella, lo que se conoce como el principio de unidad de materia. Estas reglas se complementan por lo previsto por el artículo 160 de la Constitución, conforme al cual durante el segundo debate cada cámara podrá introducir las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. El principio de consecutividad ha sido usualmente caracterizado por la jurisprudencia constitucional como la “regla de los cuatro debates” y obliga a que los proyectos de ley adquieran previamente a su aprobación un grado de deliberación suficiente en las diferentes etapas del trámite[83]. El principio de identidad flexible se satisface, a su turno, cuando las diferentes materias que conforman la iniciativa sean conocidas por esas instancias legislativas. En ese sentido, durante el segundo debate pueden introducirse modificaciones al articulado, siempre y cuando se trate de materias analizadas en el primero o de asuntos que guarden conexidad con aquellas. Lo que se exige, entonces, es que dichas modificaciones o adiciones refieran a temas específicos que hubiesen sido tratados en el primer debate. Sobre estas variaciones en el articulado, el mismo precedente ha contemplado reglas específicas: (i) un artículo nuevo no necesariamente corresponde a un asunto nuevo, puesto que la disposición puede versar sobre asuntos debatidos previamente; (ii) no es un asunto nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de la materia central tratada en el proyecto siempre que la adición esté comprendida dentro de lo previamente debatido; (iii) la novedad del asunto se aprecia a la luz del proyecto de ley en su conjunto, no de un artículo en específico; y (iv) no constituye un asunto nuevo un artículo propuesto por la comisión accidental de conciliación que crea una fórmula normativa original para resolver la disconformidad entre los textos aprobados por las plenarias de ambas cámaras. 50. El principio de unidad de materia evita la incorporación de tópicos extraños a los asuntos que integran un proyecto de ley. Es definido por la jurisprudencia constitucional a partir de los siguientes parámetros[84]: (i) constituye un instrumento de racionalización y tecnificación de la actividad legislativa; (ii) actúa en beneficio del debate deliberativo y de la comprensión de la legislación por parte de la sociedad; (iii) no puede interpretarse de una manera tan estricta que sea incompatible con el principio democrático o con el ejercicio de la cláusula general de configuración normativa del Congreso; (iv) no es sinónimo de simplicidad temática de los proyectos de ley, por lo que su análisis debe involucrar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello con el fin de verificar la conexión entre las disposiciones que integran la iniciativa y sus núcleos temáticos, con base en los criterios material, causal, teleológico y sistemático. La Corte ha definido el significado de cada uno de los criterios mencionados[85]. La conexidad temática es la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que versa una ley y la materia tratado concretamente por una disposición suya en particular. La conexidad causal implica la identidad que debe existir entre una ley y cada una de sus disposiciones y en cuanto los motivos que dieron lugar a su expedición. En otras palabras, la conexidad causal implica que las razones que sustentaron la expedición de la ley sean las mismas que justifican los contenidos que la integran. La conexidad teleológica opera de una manera similar: exige que la ley como unidad y cada una de sus partes estén dirigidas al logro de los mismos objetivos. Por último, la conexidad sistemática refiere a la relación existente entre las diferentes disposiciones de una ley, de manera que se evidencie una racionalidad interna entre sus partes. 51. Como se observa, si bien estos principios guardan su propia identidad y se distinguen conceptualmente, operan de manera coordinada. Así, los diferentes ejes temáticos específicos deben cumplir con los cuatro debates exigidos por la Constitución, sin perjuicio de que en debates posteriores se introduzcan modificaciones o adiciones, a condición de que resulten compatibles con el principio de unidad de materia. A partir de este parámetro de control judicial, la Corte analizará el cumplimiento de los requisitos en comento por parte del PLE. Al respecto, cabe indicar que un cuadro explicativo de las modificaciones al texto durante su trámite legislativo obra como anexo de esta sentencia. 52. En relación con el texto original del PLE, la ponencia para primer debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes propuso dos adiciones: (i) el parágrafo al artículo 2º, sobre ámbito de aplicación, que especifica que la norma será predicable de los deudores morosos de las obligaciones en cabeza de personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil y que incurran en las condiciones consagradas en ese artículo; y (ii) una adición al artículo 6º, sobre consecuencias de inscripción en el REDAM y del siguiente tenor: “6. Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin. 7. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. Parágrafo. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés.” La Comisión Primera de la Cámara negó[86] el primer asunto y aprobó el segundo. Además, modificó el numeral primero del artículo 6º, el cual quedó del siguiente tenor: “1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias” De la misma manera, condicionó el numeral tercero del mismo artículo 6º a que la inhabilidad para ejercer cargos públicos operará hasta tanto el deudor no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. 53. La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes introdujo las siguientes modificaciones respecto del texto aprobado por la Comisión Primera de esa Corporación: a) en cuanto al artículo 3º: aclaró que la inscripción puede ordenarla, entre otros, el juez que conoce el proceso de alimentos y no solo el “ejecutivo de alimentos”; b) extendió esa competencia no solo al juez sino a la autoridad administrativa; c) frente al parágrafo 5º del artículo 3º: determinó que la inscripción en el REDAM de los deudores que incumplen obligaciones que no constan en sentencia judicial opera garantizándose los derechos de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso; d) en cuanto al artículo 4º: determinó que los certificados expedidos por el REDAM deben contener, como mínimo, la información de que trata el artículo 5º del PLE; e) respecto del numeral cuarto del artículo 6º: modificó la consecuencia vinculada a la enajenación de bienes inmuebles. Esto, con el fin de cambiar la prohibición aprobada por la Comisión Primera a la inclusión de las sumas debidas dentro del valor de los derechos notariales, de la manera como finalmente fue aprobado el PLE; f) en cuanto al numeral 5º del mismo artículo: aclaró que el descuento en el crédito aprobado a favor del deudor moroso se dirige a solventar la deuda alimentaria que le dio origen; g) incluyó una nueva causal, consistente en que no se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el REDAM para los fines previstos en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, esto es, para que su hijo menor de edad salga del país; h) adicionó el artículo 6º con un parágrafo que extiende la aplicación de la causal prevista en el numeral tercero (inclusión de los alimentos debidos en los derechos notariales) a los representantes legales de las personas jurídicas que sean parte del negocio jurídico. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó las modificaciones mencionadas[87]. Además, incorporó las siguientes adiciones: (i) retomó el texto que había sido negado en primer debate y que incluía un parágrafo al artículo 2º sobre el ámbito de aplicación del REDAM; (ii) adicionó un parágrafo al artículo 4º para determinar que el certificado que expide el REDAM tendrá validez de tres meses y podrá expedirse de manera física o electrónica; (iii) incluyó una nueva consecuencia de la inscripción en el REDAM, adicionándose el numeral octavo al artículo 6º para prohibir el otorgamiento de subsidios a los deudores reportados en el REDAM y hasta que se pongan al día en el pago de sus obligaciones; (iv) adicionó el parágrafo 3º al artículo 6º a fin de que la carga de verificación sobre si el ciudadano está inscrito en el REDAM corresponde exclusivamente al Estado, las notarías y las entidades bancarias, por lo que la duda al respecto debe resolverse a favor del obligado; (v) eliminó el parágrafo 4º del artículo 3º, que estaba previsto desde en PLE original y que establecía que la inscripción en el REDAM caducaría en cuatro años desde dicha incorporación; (vi) eliminó el numeral 5º del artículo 6º, que establecía como consecuencia de la inscripción en el REDAM la imposibilidad de solicitar licencia de conducción o documento análogo; (vii) incluyó en el artículo 8º sobre remisión a norma generales a la Ley 1581 de 2012; y (viii) adicionó el artículo 10º con el fin de aclarar que esa disposición solo tendría aplicación en el ámbito civil y no modifica el precedente en materia penal, el cual vincula el delito de inasistencia alimentaria a la necesidad de la víctima y la capacidad de pago del acusado. 54. La ponencia para primer debate ante la Comisión Primera del Senado no introdujo ninguna modificación respecto de lo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. La Comisión, una vez discutido el PLE, aprobó los siguientes cambios[88]: (i) en el parágrafo del artículo 4º se confirió al Gobierno la facultad para reglamentar lo relativo a los certificados del REDAM, bajo el cumplimiento de las Leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012; (ii) en relación con el numeral segundo del artículo 6º incluyó como consecuencia de la inscripción en el REDAM de servidores públicos la suspensión en el cargo hasta que paguen la obligación alimentaria, ello con la garantía de los derechos de defensa y debido proceso; y (iii) modificó el artículo 7º con el fin de señalar que la operación del REDAM estará a cargo de la entidad que designe el Gobierno Nacional, sin hacer referencia expresa al Ministerio de Justicia y del Derecho, como lo planteaba el PLE original. 55. La plenaria del Senado de la República aprobó la ponencia e hizo las siguientes modificaciones: (i) adicionó el artículo 7º con un parágrafo que estipula que la entidad responsable del tratamiento adoptará mecanismos para el cumplimiento de la ley y las demás regulaciones estatutarias sobre administración de datos personales. En ejercicio de esa competencia, la entidad deberá definir la finalidad de la recolección del dato, las condiciones de acceso a la información, los usos autorizados de la misma, el tiempo en que estará registrada y los mecanismos técnicos para limitar el alcance de las consultas y los usos no autorizados; e (ii) incluyó otro parágrafo al mismo artículo 4º, el cual incorpora al REDAM un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del servicio público de empleo. Por último, se observa que el informe de conciliación aprobado por ambas cámaras acogió en su integridad el texto votado por la plenaria del Senado de la República. 56. La Corte encuentra que las modificaciones incorporadas dentro del trámite se circunscribieron a los núcleos temáticos que conforman el PLE. Sobre este particular debe tenerse en cuenta que el artículo 1º de la iniciativa determina que su objeto es “establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias” al igual que crear el REDAM como mecanismo de control para el cumplimiento de dichas obligaciones. En ese sentido, de manera general es válido afirmar que las diferentes modificaciones que razonablemente estén vinculadas con estos dos objetivos cumplirán con los principios analizados y a partir de los criterios de conexidad temática y teleológica antes explicados. 57. Respecto de las modificaciones introducidas por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, observa la Sala que estas se restringieron a incluir tres nuevas consecuencias[89] a la inscripción en el REDAM y que operan como incentivos para el pago oportuno de la obligación alimentaria, al imponer consecuencias desfavorables para el deudor incumplido: la prohibición de salir del país y la remisión de la información contenida en el REDAM a las centrales de riesgo crediticio.  Igualmente, la Comisión definió que la inhabilidad de contratar con el Estado se aplica hasta que el moroso se ponga al día, al igual que es extendida al caso en que el deudor incumplido represente legalmente a la persona jurídica que pretenda contratar con el Estado. A su turno, los asuntos introducidos por la plenaria de la Cámara de Representantes, si bien son variados como se explicó en el fundamento jurídico 53, refieren esencialmente a precisiones sobre disposiciones discutidas y aprobadas en primer debate. Asimismo, incluyó dos nuevas consecuencias de la inscripción en el REDAM: la exclusión del permiso del deudor moroso para que sus hijos menores de edad salgan del país y la inelegibilidad para el otorgamiento de subsidios. 58. Sobre estos dos últimos asuntos, el Procurador General de la Nación manifiesta reparos al considerar que no cumplen con los requisitos de identidad flexible y unidad de materia. Considera que se trata de materias nuevas y que, al no haber sido discutidas y aprobadas por parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, desconocen dichos mandatos constitucionales. La Corte se aparta de esta consideración y concluye, en contrario, que las adiciones en comento son constitucionales en cuanto a su trámite legislativo. A juicio de la Sala, el Ministerio Público yerra al sostener que cada una de las consecuencias de la inscripción en el REDAM es un tema autónomo y que, por esta razón, debe ser discutido en cada una de las etapas del trámite legislativo. Esta postura se muestra en exceso rígida, con lo que se desconoce el principio de identidad flexible y, además, deja sin efectos los criterios de conexidad temática y, en particular, de conexidad teleológica que guían el principio de unidad de materia. Son admisibles, con base en dichos criterios, aquellas adiciones al PLE que estén unívocamente dirigidas a lograr el cumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias, pues este es precisamente el objetivo general. Así, en uno y otro caso es evidente que las medidas operan como incentivo para que el deudor moroso se ponga al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, lo que demuestra el vínculo exigido. La conclusión de la Vista Fiscal, a su turno, deja de tener en cuenta que, conforme al criterio de conexidad teleológica, existe unidad de materia entre las disposiciones que desarrollan los objetivos comunes del respectivo proyecto de ley. Esta posición, del mismo modo, omite la regla jurisprudencial que establece que no es un asunto nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de la materia central de la iniciativa, siempre que la adición esté comprendida dentro de lo previamente debatido. En este caso, la materia central es el establecimiento de consecuencias de la inscripción en el REDAM y que operen como incentivos para el pago oportuno de la obligación alimentaria, tópico que estuvo presente y fue debatido en cada una de las instancias del trámite. Innegablemente, las adiciones efectuadas en segundo debate por la Cámara de Representantes comparten esa naturaleza, de allí que resulten compatibles con los principios del procedimiento legislativo materia de estudio en este apartado. 59. Las modificaciones introducidas por la Comisión Primera del Senado también tuvieron naturaleza incidental, al precisar aspectos concretos que habían sido debatidos durante el paso de la iniciativa ante la Cámara de Representantes. En esta instancia también se estableció una nueva consecuencia de inscripción en el REDAM, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo del servidor público moroso hasta que cumpla con la obligación alimentaria. Sobre este asunto resultan, a juicio de la Sala, aplicables los mismos argumentos expresados en el fundamento jurídico anterior. 60. La plenaria del Senado de la República introdujo las modificaciones explicadas en el fundamento jurídico 55. Cada una de ellas, contrario a lo expresado por el Procurador General, guardan conexidad con los núcleos temáticos del PLE. En el primer caso, la fijación de reglas sobre el principio de responsabilidad demostrada, aplicable al encargado del tratamiento de datos personales, está estrechamente vinculada con la protección del derecho al habeas data en el caso particular de la administración de datos propia del REDAM. Así, existe un evidente vínculo entre el objetivo general de conformación del REDAM como instrumento para el logro del pago de las obligaciones alimentarias incumplidas y la determinación de reglas que, como se verá a mayor profundidad a propósito del estudio material, están dirigidas a la protección del derecho fundamental al habeas data del sujeto concernido en el registro. En otras palabras, resultaría irrazonable sostener simultáneamente que el PLE es un cuerpo legal que regula un escenario particular de administración de datos personales pero, a su turno, le es ajeno la estipulación de reglas sobre el adecuado tratamiento de esos datos. En el segundo caso, aunque una estipulación que incorpore al REDAM un mecanismo destinado al apoyo de los deudores desempleados o que ejercen actividades informales se mostraría impropia al tema de protección de datos personales, una previsión de esa naturaleza guarda un vínculo verificable con el otro núcleo temático del PLE, esto es, el establecimiento de medidas para garantizar el pago de la obligación alimentaria. Al margen del estudio de fondo que realizará la Corte en apartado posterior, resulta razonable sostener que la utilización del servicio público de empleo como herramienta para la obtención de ingresos para los deudores morosos es una medida que tendería prima facie a la satisfacción de las obligaciones debidas. De allí que se trate de una adición con conexidad temática y teleológica con asuntos debatidos a lo largo del trámite legislativo. Plazos entre los debates y aprobación en una sola legislatura 61. El artículo 160 de la Constitución establece que entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días. Estos plazos, de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento del Congreso[90], deben contabilizarse en días calendario. Igualmente, el artículo 153 exige que la aprobación de las leyes estatutarias deba realizarse en una sola legislatura. Estos requisitos son cumplidos en el caso examinado. El proyecto de ley fue publicado para su trámite ante el Congreso el 13 de septiembre de 2018, presentándose ponencia favorable para primer debate en la Cámara de Representantes el 20 de septiembre del mismo año. Fue aprobado en ese primer debate el 3 de octubre de 2018 y la discusión y votación de la iniciativa en segundo debate ante la plenaria de la Cámara ocurrió el 20 de noviembre de 2018. El primer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República se realizó el 5 de junio de 2019 y el segundo debate ante la plenaria de esa corporación tuvo lugar el 17 de junio siguiente. Por último, la aprobación del informe de la comisión accidental de conciliación se verificó en sendas sesiones plenarias de ambas cámaras del 19 de junio de 2019. 62. Según lo expuesto, se cumplieron los plazos mencionados y el PLE fue discutido y aprobado durante la legislatura que inició el 20 de julio de 2018 y finalizó el 20 de junio de 2019. Consulta previa 63. Con el fin de proteger los derechos de las comunidades étnicas y en cumplimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, integrantes del bloque de constitucionalidad y que prescriben derechos diferenciados de participación para dichos pueblos, la jurisprudencia constitucional ha concluido que aquellos proyectos de ley que afecten directamente a estas comunidades, en términos de la alteración de aquellos asuntos que conforman su identidad diferenciada, deben consultarse previamente a su trámite ante el Congreso[91]. El proyecto analizado no implica una afectación de esta naturaleza. Se trata de una norma de carácter general para todos los ciudadanos, que gravita alrededor de las medidas para incentivar el cumplimiento de obligaciones establecidas por la legislación civil. Además, tampoco se evidencia en el texto del PLE referencia alguna que lo vincule particularmente a asuntos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En ese sentido, el requisito de consulta previa no resultaba exigible en el presente caso. Compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo 64. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 – Orgánica de Presupuesto, el impacto fiscal de todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto u otorgue beneficios tributarios. La jurisprudencia constitucional considera que este requisito[92] (i) es un parámetro para la racionalidad legislativa y cumple fines relevantes; (ii) su cumplimiento corresponde al Congreso pero prioritariamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (iii) no genera un vicio de inconstitucionalidad cuando dicha cartera ministerial omite intervenir en el trámite legislativo o conceptuar sobre la viabilidad económica de la iniciativa; y (iv) el concepto que formule el Ministerio de Hacienda no es vinculante para el Congreso, pero sí le impone un deber de consideración, bajo criterios de vigencia del principio de colaboración armónica y reconocimiento de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Conforme a ese mismo precedente, el primer paso para determinar si se debe cumplir con la exigencia en comento es verificar si la norma analizada ordena gasto o confiere los mencionados beneficios. La Corte observa que el PLE carece de disposiciones de ese carácter, lo que implica que la comprobación de este requisito de la legislación orgánica no es necesaria en el presente estudio. Conclusión 65. A partir de los argumentos anteriores, la Corte concluye que el PLE cumplió con los requisitos formales para su expedición y en lo relativo a la publicidad del trámite, el cumplimiento de las condiciones que dotan de racionalidad y transparencia al trámite legislativo y los presupuestos de discusión y aprobación que hacen a ese proceso compatible con el principio democrático. Igualmente, se demostró que, debido a la materia analizada, no resultaba exigible el requisito de consulta previa. Por ende, satisfecha esta etapa de análisis, la Sala asume el estudio sustantivo de proyecto de ley estatutaria y de acuerdo con la metodología de decisión expresada anteriormente. SEGUNDA SECCIÓN: CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA Como se expresó en el fundamento jurídico 2, el estudio material del articulado del PLE tiene dos componentes: la explicación sobre aspectos generales y transversales al Proyecto y el estudio concreto de cada una de las disposiciones que lo integran. En ese sentido, se asume por la Sala el primero de estos apartes. Los principios constitucionales sobre el contenido y alcance del derecho al habeas data 66. El artículo 15 de la Constitución consagra el derecho al habeas data, el cual tiene dos contenidos principales: faculta a todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas; a la vez que somete los procesos de recolección, tratamiento y circulación de datos al respeto de la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. El derecho al habeas data, como lo ha definido la jurisprudencia constitucional[93], tiene carácter autónomo y diferenciable de otras garantías como el derecho a la intimidad, el cual se concentra en el reconocimiento y protección de la esfera privada del individuo y su familia frente a intromisiones indebidas o injustificadas por parte de terceros y, en particular, del Estado[94]. Sin embargo, como se verá más adelante a propósito del principio de circulación restringida, existe un vínculo estrecho entre estos dos derechos, específicamente en lo referido a la clasificación de los datos personales en razón de la validez de su circulación, en cuanto no hacen parte de la información del sujeto que conforma el contenido esencial del derecho a la intimidad. 67. La Corte tiene un precedente consolidado sobre el contenido y alcance del derecho al habeas data. Sin embargo, para efectos de este apartado la Sala se concentrará en las reglas generales fijadas en las sentencias C-1011 de 2008[95] y C-748 de 2011[96], mediante las cuales la Corte estudió la constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria que dieron lugar a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, respectivamente. La primera normativa regula la administración de datos personales de contenido financiero comercial y crediticio, y que se destinan al cálculo del riesgo. La segunda tiene una pretensión general de regulación sobre los diferentes escenarios de administración de datos personales, con excepción de los supuestos que la misma norma identifica[97]. La razón de concentrarse en ese precedente es doble: de un lado, se trata de las dos regulaciones estatutarias en materia de habeas data que han sido promulgadas en el orden jurídico colombiano y que, en buena medida, recogen los estándares sobre protección de datos personales fijados por la jurisprudencia constitucional[98]. De otro lado, porque las sucesivas decisiones de la Corte adoptadas en la materia han consolidado las reglas sistematizadas en dichos fallos. 68. En lo que respecta al objeto del derecho al habeas data, este se define en los datos personales que son recopilados, almacenados, tratados y distribuidos, actividades que generalmente son agrupados bajo el concepto administración de datos personales.  De antemano la Corte declara que la operación del REDAM es una modalidad de administración de datos personales, razón por lo cual le son aplicables las categorías y el ámbito de protección propio del habeas data. El dato personal es aquel que contiene información sobre condiciones o cualidades de un individuo o de una persona jurídica. Es definido por el artículo 3º de la Ley 1581 de 2012 como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Como se observa y contrario a la percepción usual, la condición personal del dato no establece ninguna cualificación determinada sobre la validez de su circulación, sino simplemente su adscripción a una persona en particular. 69. La potencialidad de circular de manera compatible con la vigencia del derecho a la intimidad depende de la naturaleza del dato personal. Para ello, tanto la jurisprudencia como las normas mencionadas plantean una clasificación al respecto. El ámbito en el que el derecho a la intimidad encuentra una protección reforzada es en los datos sensibles, esto es, aquellos cuya difusión afecta inequívocamente este derecho o cuyo uso indebido puede generar discriminación al referirse a información que revele el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos[99]. Esta información se identifica también con la categoría “datos privados” que asume la Ley 1266 de 2008 y que define como aquellos que son por su naturaleza íntimos y solo son relevantes para su titular. Los datos sensibles o privados, de manera general, no están llamados a circular, salvo que se cumplan con los requerimientos propios de un juicio estricto de proporcionalidad. Por ende, la validez de su transmisión a terceros debe cumplir con fines constitucionalmente imperiosos y ser una medida indispensable y que resulte menos lesiva en términos de afectación de los derechos a la libertad y a la intimidad. De la misma forma, los datos en comento están sometidos a una regulación estatutaria particular que asegura su circulación excepcional y en supuestos también taxativos[100]. 70. La siguiente categoría son los datos semiprivados. Esta información personal es aquella cuyo conocimiento y divulgación puede interesar no solo al titular del dato sino a cierto sector o grupo de personas o la sociedad en general[101]. El rasgo distintivo de esta información es que su circulación requiere el consentimiento cualificado del titular del dato, salvo en los casos en que por ministerio de la ley y cumplidas condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, se releva de ese requisito. Un ejemplo de esa información es el dato financiero, comercial y crediticio cuya administración es regulada por la Ley 1266 de 2008 y, en general, aquella información que da cuenta del cumplimiento de obligaciones[102]. Por último, están los datos públicos que si bien pueden ser personales son personales no pertenecen a las categorías anteriores y por mandato constitucional o legal son de libre acceso. Entre estos datos se encuentran los contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no están sometidas a reserva y los relativos al estado civil de las personas[103]. 71. En lo que refiere a los sujetos concurren dos tipos de clasificación concurrente en la legislación estatutaria. La Ley 1581 de 2012 distingue[104] entre (i) el titular del dato personal, quien es la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento; (ii) el encargado del tratamiento, que es la persona natural y jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio de otros, realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento; y (iii) el responsable del tratamiento es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma en asocio con otros, decida sobre la base de datos. La Ley 1266 de 2008, en cambio, además del titular identifica: (i) la fuente de información personal, quien es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole; (ii) el operador de la información, quien es la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios; y (iii) los usuarios de información, categoría que corresponde a la persona natural o jurídica que puede acceder a la información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular de la información. Con todo, al margen de la clasificación que se adopte, es claro que los sujetos que intervienen en el proceso de administración de datos personales deben garantizar solidariamente la eficacia de los derechos fundamentales del titular del dato, en particular los que se derivan del habeas data y la intimidad[105]. 72. En lo que respecta al contenido y alcance del derecho al habeas data, tanto las normas estatutarias como la jurisprudencia constitucional han acogido una perspectiva de definición de los diferentes componentes del derecho a partir de principios. Por lo tanto, en esta sección la Corte recapitulará su alcance a partir de la definición de tales principios, los que, a su turno, operarán como parámetro para la validez de las reglas del PLE vinculadas a la administración de datos personales. Sobre este particular es importante advertir que los principios constitucionales del habeas data tienen una función particular: servir de cuerpo común de garantías para todas las diferentes modalidades de administración de datos personales, incluso aquellas exceptuadas por las normas generales de habeas data o que, como sucede con los datos de riesgo crediticio y ahora los referidos a los deudores de alimentos, están sometidos a regulaciones especiales[106]. 73. De acuerdo con el principio de libertad, el tratamiento del dato personal solo puede ejercerse ante el consentimiento cualificado de su titular, esto es, previo, expreso e informado. Esto salvo que concurra mandato legal o judicial que releve de esa autorización. El consentimiento cualificado garantiza que el titular del dato tenga consciencia acerca de que ha autorizado el tratamiento de su información personal, la finalidad de esa administración y los mecanismos concretos que tiene a su disposición para el conocimiento, actualización y rectificación de dichos datos. En ese sentido, el principio de libertad es una expresión concreta de un concepto más amplio: la autodeterminación informática del titular[107]. Esta autodeterminación implica que el individuo pueda ejercer plenamente su autonomía en el marco de los procesos técnicos de administración de sus datos personales, de manera que tales actividades no impliquen la eliminación de la permanente potestad del titular de controlar sus datos. Esta potestad, a su turno, consiste en consentir en la administración y conocer que fueron recopilados, estar advertido de la finalidad del tratamiento, la cual no podrá ser distinta a aquella que ha sido autorizada por el titular y, como se ha indicado, contar con herramientas efectivas para su conocimiento, actualización y rectificación. El principio de libertad también implica el deber correlativo de quienes participan en la administración de datos de garantizar la autodeterminación informática del titular. En particular, (i) el responsable del tratamiento debe garantizar que se cuenta con la autorización del titular y que la misma cumpla con los atributos de cualificación antes explicados; y (ii) el encargado del tratamiento y los usuarios del dato personal deben administrar los datos en el ámbito preciso de la autorización dada por el titular o las finalidades que hayan sido definidas en el marco de la autorización por mandato legal, según el caso. 74. La autorización del titular puede ser válidamente exceptuada por un mandato legal. Con todo, debe partirse de la base de que el artículo 15 de la Constitución estipula a la libertad como uno de los aspectos centrales para la validez de la administración de datos. Esto significa que la regla general y prevalente es que el tratamiento del dato está sujeto a la autorización cualificada de su titular. La opción de que por ministerio de la ley se exceptúe ese requisito es excepcional, debe responder a un principio de razón suficiente, mostrarse proporcionada, así como tener condiciones de claridad y precisión[108]. Así, la excepción de la autorización para el tratamiento debe estar dirigida al cumplimiento de fines constitucionalmente importantes y ser necesaria para su satisfacción. Igualmente, como se explicará a propósito de los principios de proporcionalidad y finalidad, los supuestos exceptivos deberán circunscribirse a aquellos en donde la autorización se muestre como una carga desproporcionada o irrazonable, en términos del objetivo de la recopilación de la información personal. 75. El principio de finalidad impone el deber de que el tratamiento de los datos personales cumpla un objetivo constitucionalmente legítimo y que sea conocido por el titular al momento de la autorización, precisamente con el fin de que consienta sobre la recopilación del dato para tales fines. Ese objetivo, en consecuencia, debe estar necesariamente vinculado con el ámbito delimitado por la autorización del titular o la prescripción legal que la releva. Este principio conlleva, a su turno, que la finalidad esté definida bajo condiciones de transparencia y temporalidad, tanto para el titular del dato como para el encargado del tratamiento, los responsables y los usuarios de esa información. Igualmente, debe existir identidad entre los objetivos materia de autorización o mandato legal para el tratamiento y los fines que efectivamente cumpla la gestión del dato personal. Así, en caso de que la finalidad exceda la autorización o la previsión legal supletoria, se está ante un abuso del poder informático[109] y, con ello, ante la vulneración del derecho al habeas data[110]. 76. El principio de calidad o de veracidad impone la necesidad de que la información personal contenida en bases de datos sea cierta, completa y actualizada. Por ende, se vulnera el derecho al habeas data cuando los registros no responden a la realidad, están fraccionados o no concuerdan con las actuales condiciones del sujeto concernido. La vigencia de este principio, como es sencillo observar, guarda una estrecha relación con la eficacia de las potestades de conocimiento y actualización del dato personal, que integran el núcleo esencial del derecho al habeas data. 77. De acuerdo con el principio de necesidad, la actividad de recopilación y tratamiento de datos personales debe restringirse a aquella información indispensable para el cumplimiento de la finalidad para la cual se ha constituido la base de datos y que está cobijada por la respectiva autorización o mandato legal supletorio. Como se expresa por la jurisprudencia constitucional, de este principio se derivan dos reglas definidas: (i) está constitucionalmente prohibido el tratamiento de información personal que no guarde una relación estrecha con el objetivo de la base de datos; y (ii) cada base de datos debe identificar de manera clara, expresa y suficiente, cuál es el propósito de la recolección y tratamiento de la información personal[111]. Consecuencia de lo anterior es el principio de utilidad, que obliga a que el tratamiento recaiga exclusivamente respecto de aquellos datos personales que cumplan una función discernible para los propósitos de la base de datos. 78. El principio de transparencia o de libertad de acceso al titular exige que el sujeto concernido tenga la posibilidad de conocer en cualquier momento y sin restricción alguna la ubicación y uso de sus datos personales objeto de tratamiento en una base de datos. Sobre el particular es importante resaltar que la autorización que confiere el titular o la habilitación legal supletoria, en los términos antes señalados, se restringe al permiso para el tratamiento de la información, pero en ningún caso involucra un acto de transferencia incondicional del dato personal. Por ende, el titular tiene una potestad jurídica amplia para acceder a su propia información, de modo que las barreras injustificadas a ese acceso y que supongan una suerte de propiedad del responsable o del encargado del tratamiento sobre el dato, conforman evidentes infracciones del derecho al habeas data. 79. El principio de acceso o circulación restringida confiere al titular del dato la garantía de que el tratamiento de su información personal y la transmisión de datos a los usuarios solo se realizará para los propósitos de la base de datos y que han sido objeto de autorización o mandato legal o judicial excepcional. En los términos de la Ley 1581 de 2012, este principio significa que la administración de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones estatutarias y de los principios de la administración de datos personales, especialmente de los principios de temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. Esta restricción implica la prohibición del tratamiento indiscriminado de datos personales. 80. El principio de incorporación impone al responsable del tratamiento la obligación de registrar en la base de datos toda aquella información del sujeto concernido que involucre una consecuencia favorable para él. Como se observa, esta garantía guarda una relación intrínseca con el principio de calidad y veracidad. Para efectos del presente análisis debe resaltarse que en aquellos eventos en que la inclusión de la información personal en la base de datos implica consecuencias desfavorables para su titular, el responsable y el encargado del tratamiento tienen la obligación de actualizar esa información con los datos que den cuenta de comportamientos que incidan en la aplicación de esas consecuencias[112]. Con todo, el principio de incorporación tiene un sentido amplio, que se relaciona con lo que la jurisprudencia constitucional denomina habeas data aditivo. Este consiste en el derecho que tienen las personas a que sus datos personales sean incluidos en bases de datos, cuando esta acción les irrogue beneficios específicos, como sucede por ejemplo con el tratamiento de datos para programas sociales del Estado[113]. 81. El principio de temporalidad obliga a que el tratamiento de los datos personales permanezca únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines de la base de datos. De lo contrario, se configuraría un escenario de administración abusiva de los datos personales que también contradice el contenido de los principios de finalidad y necesidad, al permitirse dicho tratamiento más allá del lapso en que resulta pertinente y necesario para la satisfacción de los derechos o bienes con significación constitucional cuya satisfacción depende del uso de los datos personales respectivos. Una consecuencia del principio de temporalidad es la caducidad del dato desfavorable. La Corte, de manera consonante como lo ha planteado el derecho comparado[114] y la jurisprudencia internacional[115], concluye que la permanencia indefinida de los datos personales que imponen consecuencias desfavorables para su titular es una forma abusiva y desproporcionada de tratamiento de esos datos. Por ello, en relación con el dato negativo, es necesario predicar el derecho al olvido, consistente en la garantía para el sujeto concernido que los datos en mención serán removidos de la base de datos y, en consecuencia, excluidos del tratamiento, dentro un plazo razonable y compatible con la necesidad del recaudo de la información. Este derecho implica, adicionalmente, que la regulación del funcionamiento de las bases de datos determine un plazo definido y razonable de caducidad del dato desfavorable y al margen de que se haya cumplido o no la condición sustantiva para su remoción. Así por ejemplo, tratándose de la administración de datos personales de contenido financiero, comercial y crediticio, la Corte determinó que las normas estatutarias respectivas debían contemplar un plazo máximo de permanencia de la información negativa del deudor, incluso en aquellos en que la obligación insoluta prescribiera, puesto que el paso del tiempo hacía irrelevante ese dato para el cálculo del riesgo crediticio. Por ende, la inclusión intemporal de datos personales desfavorables para su titular vulneraba el derecho al habeas data[116]. Similar consideración fue planteada en la Sentencia C-1066 de 2002[117] que declaró la exequibilidad condicionada de una norma del Código Disciplinario Único en el entendido de que en las certificaciones sobre antecedentes disciplinarios solo podrían incluir las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco años anteriores y, en todo caso, aquellas referidas a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Para llegar a esta conclusión, este Tribunal sostuvo que el carácter intemporal de tales registros resultaba desproporcionado y contrario al derecho al olvido en los términos explicados. 82. El principio de integridad obliga a tratar los datos personales en forma completa, es decir, que se integre toda aquella información relevante para el cumplimiento de los fines la administración del dato personal. Por ende, está proscrita la recopilación y gestión de datos que sea parcial, incompleta o fragmentada. Este principio, junto con las garantías de veracidad, incorporación y finalidad, compromete al responsable y al encargado del tratamiento en la inclusión de la información que dé una debida cuenta del estatus cierto de su titular y de cara a los objetivos de la base de datos. De manera similar, la prohibición del tratamiento fraccionado de los datos personales confiere soporte al principio de individualidad conforme al cual es una conducta vulneratoria del derecho al habeas data la recopilación destinada al cruce de datos, fundada en la acumulación de informaciones provenientes de distintas bases de datos con fines distintos a los que fueron objeto de autorización del titular o dispensa legal o judicial. 83. El principio de seguridad impone al encargado, al responsable y al usuario del dato personal objeto de tratamiento la adopción de medidas técnicas y tecnológicas para evitar su acceso o circulación indiscriminada o diferente a las finalidades para las cuales se recopiló la información, así como su adulteración o pérdida. 84. El principio de confidencialidad, como lo describe la Ley 1581 de 2012, implica el deber de todas las personas involucradas en el tratamiento del dato personal que no sea información pública de garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada la relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. Así, solo podrán realizar el suministro o comunicación de datos personales a partir de una norma legal que así lo autorice, para una actividad objeto de autorización y bajo la garantía del derecho al habeas data. 85. El principio de legalidad impone el natural deber que las tareas propias del tratamiento de datos personales se realicen con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales y, en particular, otorgándose plena eficacia a los derechos fundamentales. De allí que la Corte haya planteado la posibilidad de identificar otros principios que, si bien no tienen consagración legal expresa, se derivan directamente de la Constitución. Así, concurre con: (i) la prohibición de discriminación por las informaciones recaudadas en las bases de datos; (ii) el principio de interpretación integral de los derechos constitucionales y (ii) la obligación de indemnizar los perjuicios causados por las posibles fallas en el proceso de administración de datos. 86. Como se observa, los principios anteriormente sintetizados conforman un cuerpo normativo robusto, del cual se derivan diferentes prerrogativas para el titular del dato personal, así como deberes correlativos para los responsables y encargados del tratamiento al igual que para los usuarios de esa información. Por ende, al momento de estudiar la constitucionalidad de las diferentes disposiciones del PLE la Corte deberá verificar su compatibilidad con dichos principios. Los alimentos en el ordenamiento jurídico colombiano. Reiteración de jurisprudencia 87. El régimen legal de los alimentos está definido, principalmente, en el Código Civil, en el cual se prevén la mayoría de sus elementos. Los alimentos involucran un derecho, desde la perspectiva de su destinatario y titular, que corresponde al alimentario; una obligación para el responsable de asegurarlos, que corresponde al alimentante; y en algunos casos se fijan como una sanción por el incumplimiento de obligaciones[118]. El derecho de alimentos ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como el que “le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios”[119]. En ese sentido, el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, luego de referir el derecho a los alimentos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) precisa que este abarca: “lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.” De manera correlativa, la obligación alimentaria es aquella que la ley impone a una persona “(…) que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia.”[120] El derecho de alimentos entendido como la potestad radicada, en virtud de la ley, en cabeza de una persona para exigir de otra los recursos necesarios para asegurar su subsistencia ante la imposibilidad de proveerse esos medios por sí mismo está fundado, principalmente, en el deber de solidaridad que se predica de los miembros de la familia, y responde a las condiciones de los extremos de la relación. De un lado, están regidos por el principio de necesidad del titular del derecho, en la medida en que este no cuente con las condiciones para garantizar su subsistencia de manera autónoma. De otro lado, también atienden a la capacidad económica del alimentante, pues de acuerdo con el artículo 419 del Código Civil la tasación de la obligación debe considerar las circunstancias del deudor. En ese sentido, la observancia de la obligación alimentaria no puede implicar el sacrificio de la propia existencia o de la dignidad humana[121]. 88. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles, en tanto supone “la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho”[122]. Con todo, la particularidad de esta obligación se deriva de su estrecha relación con los principios constitucionales. Lo anterior, por cuanto: (i) está dirigida a preservar la vida en condiciones dignas del alimentario y, por lo tanto, se relaciona con todos sus derechos fundamentales; (ii) se erige en la solidaridad como sustento de la organización estatal, uno de los principales deberes del ciudadano y principio rector de las relaciones filiales -artículos 1º y 95.2 superiores-; (iii) obedece al principio de equidad; (iv) ampara a la familia como institución básica de la sociedad y responde al deber constitucional de los padres de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores de edad o tengan impedimentos para cubrir sus necesidades básicas –artículos 5º y 42 de la Carta Política-; y (v) materializa el interés superior de los NNA y la especial protección de las personas en situación de debilidad manifiesta –artículos 13 y 44 superiores-. En efecto, la relevancia constitucional de la obligación alimentaria se refuerza cuando el alimentario es menor de edad, al punto que en relación con estos sujetos se trata de un derecho fundamental autónomo. En consecuencia, a pesar de que la regulación de la obligación alimentaria esté definida principalmente por el derecho civil, no se erige en el ordenamiento jurídico como una obligación ordinaria y su diseño no se ajusta a las lógicas de la autonomía de la voluntad privada. Por el contrario, el alcance y la observancia de la obligación alimentaria tiene hondas repercusiones con respecto a los derechos fundamentales de las partes de la relación, especialmente del alimentario, y al generarse principalmente en el marco de las relaciones filiales sus efectos trascienden a los individuos e involucran a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, el régimen de alimentos cuenta con fuertes restricciones normativas, mecanismos de protección y sus elementos han evolucionado de la mano de la concepción constitucional de la familia. 89. El artículo 411 del Código Civil inicialmente definió los titulares del derecho con criterios restrictivos y discriminatorios sobre la naturaleza del vínculo y el concepto de familia. Sin embargo, las restricciones originales se modificaron con los cambios normativos dirigidos a igualar los diferentes tipos de familia[123] y la jurisprudencia ha precisado que de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Carta Política: “(…) están derogadas, para efectos de los alimentos, las distinciones entre legítimo, natural y adoptivo, pues todos los ascendientes o descendientes se encuentran en condiciones de igualdad para efectos del derecho de alimentos.”[124] En consecuencia, actualmente son titulares del derecho de alimentos: el cónyuge o compañero permanente[125], los ascendientes, los descendientes, los hermanos legítimos y el donante de donación cuantiosa si no la hubiere rescindido o revocado. Adicionalmente, el artículo 427 del Código Civil precisa que mediante testamento o donación también pueden efectuarse asignaciones alimentarias. En atención a estas fuentes de la obligación, se ha precisado que los alimentos pueden dividirse en legales y voluntarios. Los primeros, derivados de la ley, que impone directamente la obligación y define su alcance, y los segundos originados en un acuerdo entre las partes o la decisión unilateral del alimentante. 90. La legislación también clasificó los alimentos en necesarios, congruos, y provisionales. Los primeros corresponden a los recursos que cubren las necesidades básicas y, por lo tanto, los que bastan “(…) para sustentar la vida”[126]. Los segundos superan la noción de la simple subsistencia y se cualifican en tanto toman como referente el contexto socioeconómico, por lo tanto, son los requeridos para “subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.”[127] Los terceros, son los causados por orden judicial o administrativa de forma transitoria mientras se define la existencia de la obligación[128] o su alcance[129]. En concordancia con la clasificación descrita, la normativa diferenció el alcance de la obligación alimentaria de cara a los sujetos. En concreto, bajo el marco normativo actual a la mayoría de los titulares del derecho se les deben alimentos congruos y con respecto a los hermanos legítimos y los alimentarios que hayan incurrido en injuria grave contra el alimentante la obligación comprende únicamente los alimentos necesarios[130]. En relación con estas distinciones, la Corte precisó que se trata de un diseño que se inscribe en el margen de configuración del Legislador y que también responde a principios constitucionales, pues los alimentos congruos los otorgó en relación con las personas que son más cercanas al alimentante en términos de parentesco o vínculo civil y, por lo tanto, con respecto a las que se predica un mayor nivel de solidaridad. Por su parte, la previsión de alimentos congruos al donante está fundada en razones de equidad[131]. 91. Finalmente, es necesario destacar que con respecto a la obligación alimentaria el ordenamiento jurídico prevé una serie de instrumentos para lograr su materialización y cumplimiento. En efecto, en la medida en que la obligación asegura la vida en condiciones dignas de sujetos de especial protección constitucional o que se encuentran en circunstancias físicas o materiales que les impiden satisfacer autónomamente sus necesidades, se establecen diferentes mecanismos para lograr el cumplimiento de la obligación. En concreto, se prevén procedimientos para la fijación del alcance de la obligación, el requerimiento del cumplimiento ante el defensor de familia o el comisario de familia, la conciliación, el cobro ejecutivo de la obligación y la configuración de un tipo penal específico que sanciona la inasistencia alimentaria. Los mecanismos dirigidos a definir y lograr la materialización de la obligación alimentaria han sido considerados como instrumentos que materializan y protegen importantes principios constitucionales. Por ejemplo, con respecto al delito por inasistencia alimentaria, la Corte destacó el principio de solidaridad como elemento fundante del Estado y como un deber de los particulares, que se ubica primigeniamente en la familia. Por lo tanto, la tipificación de la conducta omisiva en relación con la obligación de alimentos protege el bien jurídico de la familia, pues “a pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario.”[132] De acuerdo con lo expuesto, se advierte que el derecho de alimentos tiene una importante relación con los principios constitucionales, y por lo tanto, su previsión, diseño y elementos se han examinado y definido desde la perspectiva constitucional. En efecto, como se describió previamente la definición de los titulares del derecho, el alcance de la obligación, las fuentes de la obligación alimentaria[133], la tipología de los alimentos, el momento en el que se causa el derecho[134] y la relevancia de los mecanismos para reclamar la protección de la obligación de alimentos han sido examinados bajo una especial consideración de los importantes bienes jurídicos que ampara la obligación alimentaria y los principios constitucionales que la sustentan. Explicado lo anterior y en razón a que varias de las disposiciones que se analizarán posteriormente aparentemente consagran inhabilidades, la Sala entra a estudiar dicho concepto. El derecho de alimentos y la protección de los niños, niñas y adolescentes 92. Tal y como se explicó previamente, uno de los elementos determinantes del derecho de alimentos corresponde a la necesidad del titular, en la medida en que no está en capacidad de procurar su subsistencia por sus propios medios. En consecuencia, los principales titulares del derecho son los niños, niñas y adolescentes, en relación con quienes el derecho a percibir alimentos es un derecho fundamental autónomo. Esta naturaleza obedece: (i) al carácter prevalente de sus derechos; (ii) su consideración como sujetos de especial protección, dadas las condiciones de vulnerabilidad derivadas de: “el proceso de maduración físico, intelectual y ético en el que se encuentran, aún no concluido”[135]; y (iii) la relevancia del derecho de alimentos para garantizar su desarrollo armónico e integral. 93. En primer lugar, el artículo 44 de la Carta Política señala, a título enunciativo, un catálogo de derechos fundamentales de los menores de edad y establece su prevalencia sobre los derechos de los demás, la cual implica “[…] que la satisfacción de sus derechos e intereses, debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna”[136]. De manera correlativa, resalta la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso irrefutable de la familia, la sociedad y del Estado de asistirlos y protegerlos con el fin de garantizarles su desarrollo armónico e integral y el efectivo ejercicio de sus derechos. En ese mismo sentido, Colombia ha suscrito múltiples instrumentos internacionales que establecen un estándar de protección mayor a los NNA. Entre estos se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989[137] y sus Protocolos facultativos, la Declaración Universal de Derechos Humanos[138], la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[139], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966[140],  la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969[141], el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[142]. 94. En segundo lugar, el derecho a la alimentación adecuada es un componente esencial para lograr un nivel de vida adecuado[143], un derecho inalienable de todas las personas íntimamente relacionado con la dignidad humana[144], y que se cualifica y tiene una protección especial cuando los titulares son los menores de edad por el interés superior de sus derechos[145]. En relación con la alimentación adecuada la Observación General número 7, sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia, resaltó que: “La malnutrición y las enfermedades prevenibles continúan siendo los obstáculos principales para la realización de los derechos en la primera infancia. Garantizar la supervivencia y la salud física son prioridades, pero se recuerda a los Estados Partes que el artículo 6 engloba todos los aspectos del desarrollo, y que la salud y el bienestar psicosocial del niño pequeño son, en muchos aspectos, interdependientes. Ambos pueden correr peligro por condiciones de vida adversas, negligencia, trato insensible o abusivo y escasas oportunidades de realización personal.” 95. En tercer lugar, el derecho de alimentos de los menores de edad es un presupuesto para la materialización de otros derechos fundamentales, en ese sentido también ostenta un carácter prevalente, y por lo tanto genera deberes concretos de asistencia y protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. La interdependencia entre el derecho alimentos y los otros derechos fundamentales se evidencia con nitidez en la definición prevista en el Código de la Infancia y Adolescencia, en la medida en que precisa que hace referencia a todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes[146]. Esta definición supera un concepto de simple subsistencia por cuanto comprende la alimentación, pero no se agota en ella, sino que incluye los elementos para el desarrollo holístico a través de la garantía de la salud, la vivienda, la educación, la cultura, la recreación, entre otros. Con base en los elementos anotados, esta Corporación ha precisado que cuando el derecho de alimentos se refiere a los niños, niñas y adolescentes: “(…) participa del carácter prevalente atribuible a todos los derechos de los menores y que se reafirma en el hecho mismo de que con su ejercicio se logra satisfacer y garantizar otros derechos de rango fundamental, tales como la salud, la educación, la integridad física, entre otros (…)”[147] Asimismo, con fundamento en el rol de los alimentos en el desarrollo integral de los NNA, la Corte ha señalado que la obligación de alimentos: “(…) exige por parte del alimentante o persona obligada a darlos, generalmente los padres, una gran responsabilidad constitucional y legal, en tanto se encuentran en juego principios, valores y derechos fundamentales, puesto que este derecho es indispensable y esencial para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los cuales se hallan inhabilitados para proveer su propio sostenimiento y se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad por ser menores de edad o por otras razones señaladas por el legislador. En efecto, así como los padres tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, consecuentemente les asiste la obligación de cuidarlos, sostenerlos y alimentarlos desde su concepción, durante el embarazo y parto, y mientras sean menores de edad, con el fin de garantizarles una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.”[148] 96. En concordancia con la relevancia de la obligación alimentaria para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, tanto los instrumentos internacionales como el ordenamiento interno hacen énfasis en la observancia de la obligación mediante la definición de los responsables y de los deberes que acarrea, y el desarrollo de los mecanismos dirigidos a asegurar su cumplimiento. En ese sentido, los artículos 3º, 4º y 5º de la Convención sobre los Derechos del Niño[149] destacan la necesidad de: (i) desarrollar medidas especiales de protección y asistencia que garanticen la efectividad de los derechos; (ii) enfatizar en los deberes de los padres, tutores y otras personas responsables en la protección de los niños; (iii) adoptar medidas legislativas y administrativas adecuadas que aseguren la observancia de los deberes de los obligados; y (iv) respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres u obligados con la garantía de los derechos de los menores de edad. Como quiera que la inobservancia de la obligación alimentaria transgrede un amplio catálogo de derechos fundamentales de los menores de edad e impacta en  su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, todos estos necesarios para su desarrollo integral, los mecanismos dirigidos a lograr el cumplimiento de esa obligación tienen un papel trascendental para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, el Estado debe prever las herramientas que aseguren la observancia de los deberes por parte de los obligados y, en todo caso, concurrir en la debida protección cuando los responsables incumplan sus obligaciones. 97. Finalmente, como consecuencia lógica del alcance e impacto de la obligación alimentaria su incumplimiento, en muchos casos, contribuye a fenómenos de graves violaciones de los derechos fundamentales como situaciones de desnutrición[150], desescolarización[151], trabajo infantil[152], explotación  sexual[153], situación de calle[154], entre otros. Por lo tanto, el examen de instrumentos dirigidos a lograr la observancia de la obligación de alimentos es un asunto que requiere una mirada integral en la que se considere no sólo el cumplimiento de un deber de carácter civil, fundado en la relación filial, sino los efectos concretos que la debida observancia de estos deberes acarrean en el desarrollo de la vida en condiciones dignas de los niños, niñas y adolescentes. La tipología de las inhabilidades en el orden constitucional 98. Los artículos 1º, 40, 123 y 209 de la Constitución, entre otros, establecen que la función pública está al servicio de los intereses generales. En ese sentido, el desempeño y acceso a cargos o funciones públicas tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Sin embargo, el derecho de ingreso a la función pública no tiene un carácter absoluto, debido a que está condicionado al cumplimiento de requisitos consagrados por la Constitución y la ley. El establecimiento de condiciones tiene como objetivo garantizar el interés general, la igualdad de oportunidades y los principios de la función pública. Dentro de las mencionadas circunstancias se encuentran las inhabilidades, que son aquellas reglas y exigencias que deben observarse para el acceso y ejercicio de funciones públicas[155]. 99. La inhabilidad es definida como un defecto o un impedimento de una persona para obtener o ejercer un cargo público. En ese sentido, esta Corporación ha determinado que una “inhabilidad es una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo en que concurre acceder a un cargo público.” [156] Respecto a su finalidad, la jurisprudencia ha determinado que es: “preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la Administración.”[157] Por lo tanto, las inhabilidades son circunstancias fácticas que impiden a una persona ejercer un cargo público, cuyos objetivos son (i) garantizar que el comportamiento de las personas que ejercen funciones públicas esté apegado al orden jurídico; y (ii) evitar que los conflictos de intereses privados de las personas que ocupan cargos públicos tengan un impacto en el ejercicio de sus funciones. 100. La jurisprudencia de la Corte Constitucional[158] y del Consejo de Estado[159] ha señalado que las inhabilidades pueden categorizarse por (i) el estatuto que las consagra (constitucionales o legales); (ii) su carácter (sancionatorio o preventivo); (iii) el momento en que se producen (previas o sobrevinientes); (iv) su duración (temporal o permanente); y (v) su campo de aplicación (generales o específicas). Estas características no son excluyentes entre sí sino que, por el contrario, pueden converger entre ellas. No obstante, teniendo en cuenta el análisis realizado en esta providencia, solo se estudiarán las inhabilidades constitucionales, legales, sancionatorias y preventivas. 101. Una inhabilidad es de origen constitucional cuando está establecida directamente en el texto de la Carta Política[160]. Por ejemplo, el artículo 197 de la Constitución establece una serie de circunstancias en las que no pueden incurrir las personas que buscan ocupar la Presidencia de la República. Por lo tanto, cuando las inhabilidades son de rango constitucional estas “no pueden ser modificadas por el legislador[161] para ampliarlas, ni para reducirlas en sus componentes y sus efectos[162]”[163], debido a que el Legislador ordinario no es competente para modificar lo establecido por el Constituyente. 102. Una inhabilidad es de origen legal cuando, al no existir una norma de rango constitucional que regule la materia, es creada por el Legislador en ejercicio de su margen amplio de configuración normativa[164]. Por ejemplo, el numeral cuarto del artículo 38 del Código Disciplinario Único[165] establece que una persona que haya sido declarada responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. De este modo, en ejercicio de su facultad discrecional, el Legislador impone una sanción adicional de origen legal a las personas que han sido condenadas fiscalmente. No obstante, esta Corporación[166] ha establecido que el ejercicio del margen de apreciación del Legislador para crear o modificar inhabilidades (i) no puede cambiar las condiciones establecidas por el Constituyente[167]; y (ii) debe ser ejercido de manera razonable y proporcional, de tal forma que no desconozca los principios, valores y derechos consagrados en la Carta Política.[168] Por lo tanto, si bien el Legislador tiene amplia potestad de configuración normativa para limitar el acceso a la función pública, esta facultad está limitada por aspectos competenciales y por la observancia de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. A su vez, respecto a la aplicación de estos principios la Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades. 103. La Sentencia C-651 de 2006[169] analizó una demanda de constitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Esta norma impone a los representantes legales así como a los nominadores y demás funcionarios competentes, abstenerse de dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado a quienes aparezcan reportados en el boletín de responsables fiscales. En el escrito de la demanda el peticionario afirmó que esta norma violaba el derecho al trabajo y de acceso a cargos públicos. Por lo tanto, la Corte debió determinar la proporcionalidad de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por parte de las personas reportadas en ese boletín. En su análisis la Corte reiteró que el Congreso puede establecer requisitos y condiciones que limiten el derecho a ingresar a la función pública. No obstante, afirmó que el Legislador debe adelantar esa actividad con observancia del derecho a la igualdad de oportunidades que tienen todos los ciudadanos para acceder a las dignidades y empleos que el Estado ofrece. De este modo, señaló que los límites establecidos por las inhabilidades deben perseguir la realización de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad que orientan la actividad de la administración pública. Asimismo, afirmó que la distinción entre las personas que aparecen en el boletín de responsables fiscales y quienes no registran es adecuada, necesaria y proporcional. En ese sentido, resaltó que la medida es adecuada para el fin propuesto porque defiende el interés general representado por la necesidad de vincular con el Estado a personas que actúen en favor del patrimonio público. Asimismo, resaltó que la disposición es necesaria porque provee al Estado un medio idóneo y eficaz para cobrar el pago de las obligaciones a su favor. Finalmente, determinó que la medida es proporcional porque protege principios como los de prevalencia del interés general, imparcialidad, moralidad, entre otros. Por otro lado, la sentencia determinó que la norma tampoco violaba el derecho al trabajo en la medida en que la vinculación con el Estado no es un derecho absoluto sino que “se encuentra relativizado por las condiciones y requisitos que el legislador puede imponer legítimamente para proteger principios constitucionalmente validos”[170]. Por lo tanto, concluyó que si bien los derechos al trabajo y al acceso al ejercicio de funciones públicas pueden entrar en tensión, en este caso la restricción era razonable, proporcional y necesaria para garantizar la vigencia de los principios de moralidad y prevalencia del interés general. Por lo tanto, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de obligaciones fiscales es una razón legítima para limitar el acceso a cargos públicos, puesto que es una medida que defiende el interés general a través de un medio razonable y proporcional. 104. Más recientemente, en la Sentencia C-393 de 2019[171] este Tribunal resolvió una demanda presentada en contra del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Esta norma impide que sea elegido como personero municipal quien, durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración o haya celebrado contratos de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Por lo tanto, la Corte se pronunció sobre la admisibilidad de esta restricción y, particularmente, analizó su razonabilidad y proporcionalidad. La Corte determinó que debía resolver el caso mediante un juicio de razonabilidad de nivel intermedio, por cuanto a pesar de que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración para limitar el acceso a la función pública, “la inhabilidad dispuesta en la disposición demandada genera, por lo menos prima facie, una restricción en el derecho de acceso a cargos públicos que de acuerdo con el demandante y algunos intervinientes, podría carecer de utilidad.”[172] En el análisis de la norma, este Tribunal consideró que la inhabilidad es razonable porque “(i) no está proscrita, ya que no modifica ni altera el alcance y los límites de las inhabilidades fijadas directamente por la Carta Política; y (ii) persigue finalidades específicas que son constitucionalmente legítimas e importantes.”[173] 105. Por otro lado, resaltó que la inhabilidad es proporcional porque es una intervención adecuada en el derecho de acceso al cargo de personero municipal. De este modo, afirmó que esta contribuye efectivamente a salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección de este cargo y restringe la posibilidad de que contratistas, en razón a su cercanía con la administración, puedan obtener ventajas en el proceso de elección al cargo al que se presentan. Asimismo, afirmó que la inhabilidad es un medio efectivamente conducente porque “contribuye efectivamente a evitar una confusión entre los intereses privados y públicos del individuo que aspira a ser personero municipal”[174]. Por lo tanto, la Corte declaró exequible la norma al concluir que la restricción impuesta por la norma es razonable en la medida en que persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes porque evita una confusión entre intereses públicos y privados, a la vez que protege el principio de igualdad de oportunidades en la elección del personero municipal. 106. Las inhabilidades de carácter preventivo son aquellas “relacionadas con la protección de principios, derechos y valores constitucionales, sin establecer vínculos con la comisión de faltas ni con la imposición de sanciones.”[175] De este modo, estas persiguen salvaguardar el interés general limitando el ejercicio de funciones públicas a personas inmersas en diversas circunstancias no derivadas de una sanción. Así, el artículo 240 de la Carta establece que no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. En este tipo de inhabilidades la circunstancia fáctica que constituye un impedimento para ejercer una función no se deriva de un juicio de desvalor, sino de un atributo personal que eventualmente podría poner en riesgo el ejercicio adecuado de la función pública. El Consejo de Estado ha justificado la importancia de este tipo de medidas en varias ocasiones. En una ocasión, analizó la inhabilidad para ser congresista consagrada en el numeral tercero del artículo 179 de la Constitución, según la cual no pueden ser miembros de este cuerpo colectivo quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la elección. En ese sentido, afirmó que esta inhabilidad: “[se] encuentra fundada en la necesidad de prevenir y erradicar factores que puedan alterar o desequilibrar indebidamente los resultados de las elecciones, con ruptura del principio de igualdad (art. 13 C.P.) y violación del derecho fundamental a participar en la conformación del poder político (art. 40 C.P.), toda vez que los candidatos que se encuentran en dichas circunstancias adquieren una ventaja no justificada frente al candidato común y corriente, derivada de su proximidad con el poder y con el tesoro público, esto es, de su cercanía con la capacidad a nombre del Estado para actuar en la comunidad, de manera que se creen a su favor unas condiciones que influyen en forma necesaria en la intención del votante y, por ende, que resultan determinantes para su elección.”[176] Por otro lado, examinó la inhabilidad establecida en el artículo 126 de la Constitución, de conformidad con la cual los servidores públicos no pueden en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.  En su análisis resaltó que: “con el fin de evitar que el ingreso al servicio público pueda originarse en consideraciones distintas a los méritos y calidades personales y profesionales de los aspirantes, algunos preceptos Constitucionales y legales prohíben a los servidores públicos designar bien sea de manera general o para el ámbito territorial de su jurisdicción a personas con las cuales se tienen cierto tipo de vínculos familiares.” Por lo tanto, este tipo de inhabilidades no busca castigar a los ciudadanos que incurren en conductas prohibidas, sino que pretende garantizar la transparencia en el ejercicio del servicio público previniendo que personas inmersas en conflictos de intereses accedan a él. 107. En conclusión y a partir de los argumentos anteriores, se advierte que las inhabilidades tienen diversas características y responden a criterios constitucionales, legales, sancionatorios y preventivos de estas. Las primeras se refieren a aquellas consignadas directamente en el texto de la Constitución, de manera que no pueden ser ni ampliadas ni restringidas por el Legislador ordinario. Las segundas se distinguen por haber sido creadas por el Legislador en ejercicio de su amplio marco de valoración. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada porque no puede modificar las inhabilidades establecidas en la Carta Política y debe ejercerse de forma que respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Las terceras se caracterizan por ser consecuencia de una sanción o juicio de desvalor establecido por la realización de una conducta antijurídica. Las últimas se derivan de circunstancias fácticas que, a pesar de no ser contrarias a derecho, podrían eventualmente poner en duda el buen ejercicio de la función pública. El enfoque de género en el examen de los mecanismos para el cumplimiento de la obligación alimentaria[177] 108. Los artículos 1º y 2º de la Carta establecen que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana e instituido, entre otros fines, para garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. Por su parte, el artículo 13 ibídem señala que “El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”; y los artículos 40, 43 y 53 superiores prevén la protección especial a la mujer en razón a la discriminación histórica que ha sufrido en las diferentes esferas sociales. Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos bajo el reconocimiento de que la discriminación hacia la mujer aún permea a las sociedades, y la distinción entre hombres y mujeres a través de una definición de roles estereotipados y las estimaciones de la valía del ser humano fundadas en el género, para atribuir un mayor valor a los hombres, son concepciones no superadas, prevé una serie de instrumentos y define múltiples obligaciones para los Estados dirigidas a lograr que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva[178]. Los instrumentos han hecho énfasis en la erradicación de la violencia y la discriminación en contra de la mujer, las cuales adoptan diversas formas. En lo que respecta a los roles en la familia y las actividades de cuidado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW) parte de precisar que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación y que este no altera la responsabilidad conjunta del padre y la madre en la familia y en la educación de los hijos. 109. Ahora bien, debe resaltarse que la maternidad ha hecho parte de la construcción de un imaginario social con respecto al rol de la mujer, concentrado en la crianza y la educación de los hijos, que corresponde a las actividades del cuidado de otros, y que la ha excluido de manera injustificada de otros escenarios[179]. Esta construcción social, al circunscribir a la mujer al rol de cuidadora, de manera correlativa ha relevado de esas actividades y de las obligaciones que aparejan a los hombres[180]. En este contexto, las medidas para la erradicación de la violencia contra la mujer no se limitan a eliminar la agresión física, sino que incluyen una serie de obligaciones para los Estados dirigidas a superar esos imaginarios y las realidades que confinan a las mujeres a los espacios de lo privado y de la familia, y las excluyen de los ámbitos de la educación, la política, la economía, la cultura, etc. Sin la pretensión de dar cuenta de todas las obligaciones y medidas que deben adoptar los Estados para superar las diversas formas de violencia y discriminación hacia la mujer[181] y, por ser relevante para el examen de este caso, se destacarán las obligaciones relacionadas con la igualdad de los derechos en el marco de las relaciones familiares. En concreto, el artículo 5º de la CEDAW establece la obligación para los Estados de adoptar medidas para: “Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.” Por su parte, el artículo 16 de ese mismo estatuto prevé la obligación de adoptar todas las medidas para erradicar la discriminación de la mujer en las relaciones familiares, y asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en este escenario. Estas medidas deben orientarse, entre otras finalidades, a que se establezcan los mismos derechos y responsabilidades para los hombres y las mujeres como progenitores en relación con los hijos, lo que incluye los asuntos que involucran la tutela, curatela, custodia y adopción, o instituciones análogas, en el marco de las cuales los intereses de los hijos serán las consideraciones primordiales. A su turno, la Convención de Belém Do Pará[182] consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de discriminación y a ser “valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. Su artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”. Los mandatos en mención no sólo determinan la inconstitucionalidad de situaciones que limitan el pleno goce de los derechos fundamentales de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, sino también establecen la exigibilidad de acciones afirmativas con el objetivo de superar las barreras que impiden el pleno desarrollo de las capacidades de las mujeres y eliminar estereotipos de género negativos[183]. 110. El marco descrito corresponde al fundamento normativo que reconoce la igualdad entre los hombres y mujeres y prevé algunos de los deberes de los Estados para que esa igualdad sea efectiva. En consecuencia, guía las actuaciones estatales en las que resulta fundamental la intervención de todas las autoridades públicas y, de forma particular, la actividad de los jueces para lograr la materialización del principio de igualdad, derrumbar las barreras impuestas a las mujeres para el goce de sus derechos, adoptar medidas de protección y reparación concreta frente a las diferentes formas de violencia y discriminación y avanzar en la construcción de sociedades en las que la igualdad sea apropiada y abanderada por los ciudadanos. En ese sentido, es necesario destacar que las decisiones judiciales en cumplimiento de los mandatos en mención han contribuido en el camino hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, la resignificación del papel de las mujeres y el disfrute pleno de sus derechos, a través de las medidas de protección en el marco del control concreto, y al develar y superar los sesgos y las medidas discriminatorias previstas en leyes con apariencia de neutralidad. La materialización del mandato de igualdad en relación con grupos históricamente discriminados requiere del juez un prisma de evaluación diferente. En particular, esa visión con respecto a las medidas con impacto diferenciado en las mujeres se ha denominado enfoque o perspectiva de género. Esta perspectiva es una herramienta, un método de análisis, un acercamiento al caso que implica una mirada cualificada para identificar los impactos normativos diferenciados y la aplicación de remedios para esa situación desigual. Esa medida exige del juez: (i) el conocimiento de ciertas características relevantes de los sujetos y el contexto de cada caso; (ii) la capacidad de identificar las circunstancias, las regulaciones y los contextos en los que se favorece o se discrimina a la mujer; (iii) la solvencia para comprender las variadas formas de discriminación de las que son víctimas las mujeres, muchas de las cuales son normalizadas o apropiadas socialmente por una construcción normativa desde lo masculino y la monopolización de los espacios de poder; y en ese contexto  (iv) la habilidad para reconocer y aplicar los mejores remedios para solventar esas consecuencias diferenciadas para las mujeres y, de esta forma, hacer realidad el mandato de igualdad[184]. 111. El enfoque descrito se sustenta en tres premisas básicas, aceptadas por la jurisprudencia constitucional en diferentes niveles y materias: “(i) el fin del Derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan negativamente el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas; (ii) la función jurisdiccional puede transformar la desigualdad formal, material y estructural; y (iii) el mandato de igualdad requiere de la verificación de la necesidad de aplicar la perspectiva de género”[185]. De manera que, a partir del reconocimiento del rol transformador del derecho la actividad del juez para lograr la materialización de los mandatos constitucionales y la superación de las desigualdades es trascendental. Por lo tanto, en el marco de la actividad judicial, cuando se adviertan situaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, el género o la orientación sexual debe aplicarse la perspectiva de género, la cual ofrece un método adecuado de interpretación y argumentación jurídica que permite identificar los elementos distintivos en los casos y la adopción de remedios concretos. En ese sentido, este enfoque no está limitado por la naturaleza de las acciones, las solicitudes de las partes o a que, de forma explícita, se prevean consecuencias fundadas en el género, pues en muchos casos la distinción injustificada se deriva de disposiciones con apariencia de neutralidad o que generan situaciones de discriminación indirecta[186]. 112. El valor del enfoque de género en la administración de justicia fue destacado recientemente por la Sentencia C-519 de 2019[187], en la que se describió cómo la jurisprudencia constitucional, en concordancia con la evolución de los instrumentos de protección de los derechos de las mujeres y las variaciones sociales y culturales, ha dado cuenta y ha contribuido a un cambio de significación sobre el mandato de igualdad previsto en la Carta de 1991 para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva. En concreto, hizo referencia al papel de la jurisprudencia para: (i) hacer visibles los sesgos normativos que, bajo apariencia de neutralidad, tienen una naturaleza discriminatoria y ocultan el trato subalterno a las mujeres; (ii) eliminar las medidas discriminatorias fundadas en el género; (iii) reconocer a las mujeres como un grupo históricamente discriminado; y (iv) desarrollar categorías de análisis para identificar las consecuencias diferenciadas que los fenómenos sociales generan para las mujeres. En concordancia con estas contribuciones destacó “que la perspectiva de género en la resolución de los asuntos es indisponible.”[188] 113. Ahora bien identificado el marco normativo constitucional que sustenta el enfoque de género, su alcance, las premisas teóricas que lo sustentan, la utilidad que representa para el examen de los casos y su carácter imperativo la Sala precisa que en el asunto bajo examen aplicará el enfoque de género por las siguientes razones: (i) las disposiciones del proyecto aunque tienen apariencia de neutralidad, pues no prevén consecuencias normativas diferenciadas fundadas en el género, están relacionadas con la obligación de alimentos que, en la mayoría de los casos, responden principalmente a las relaciones de familia aún permeadas por sesgos de género[189]; (ii) cómo se indicó entre las medidas para superar la violencia de género se ha destacado la necesidad de que la maternidad no sea un factor de discriminación y de emprender acciones para lograr la igualdad de los derechos y los deberes del padre y la madre en relación con los hijos; (iii) en Colombia, quienes principalmente incumplen la obligación alimentaria son hombres; (iv) en concordancia con lo anterior el incumplimiento no sólo afecta a los NNA, que en muchos casos son los titulares del derecho de alimentos, sino también a las mujeres que en el rol de cuidadoras deben compensar el incumplimiento del padre; y (v) el proyecto de ley plantea de forma expresa que los mecanismos para lograr un mayor cumplimiento de la obligación alimentaria también son medidas de protección de los derechos de las mujeres. 114. En primer lugar, el proyecto de Ley Estatutaria bajo examen establece medidas para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, entre las cuales creó el REDAM para la inscripción de los deudores de la obligación de alimentos y definió las consecuencias de esa inscripción. Las medidas no establecen efectos diferenciados fundados en el género del deudor de la obligación de alimentos. Sin embargo, como se explicó en precedencia, en la mayoría de los casos la obligación alimentaria se genera en las relaciones familiares y tiene sustento en el principio de solidaridad como un deber de los particulares, que se ubica primigeniamente en la familia. Con respecto a la aparente neutralidad en la obligación de alimentos, pues de acuerdo con su definición actual prevista en el artículo 411 del Código Civil esta no presenta variaciones fundadas en el género del alimentante o del alimentado, la doctrina ha precisado que “la naturaleza y presión que surgen en dichas relaciones sobrepasa la neutralidad de las normas jurídicas al respecto, especialmente en relación con el derecho de los alimentos entre cónyuges “[190] De manera que, a pesar de la neutralidad aparente de las disposiciones, lo cierto es que el contexto y las relaciones en las que surge el derecho de alimentos sí generan consecuencias diferenciadas, principalmente acentuadas en las mujeres. 115. En segundo lugar, en concordancia con lo anterior, los mecanismos dirigidos a lograr el cumplimiento de la obligación de alimentos también guardan relación con los mandatos para lograr la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. En efecto, de acuerdo con las previsiones de la Carta Política y las obligaciones del Estado previstas en los instrumentos internacionales, el contexto de la familia es uno de los principales escenarios en los que se presentan diferenciaciones injustificadas entre hombres y mujeres, en los que se reproducen los estereotipos de género y se presentan situaciones de discriminación. En ese sentido, se ha hecho énfasis en la necesidad de que las medidas de los Estados apunten a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el escenario de la familia, y a que los padres sean titulares de los mismos derechos y obligaciones en relación con los hijos. 116. En tercer lugar, la mayoría de los casos reportados en relación con la inobservancia de la obligación alimentaria evidencia que el incumplimiento proviene principalmente de los hombres. Esta afirmación puede sustentarse en el porcentaje de mujeres reclamantes del pago de la obligación alimentaria. Por ejemplo, en una observación de los casos de reclamación de alimentos atendidos en consultorios jurídicos de diferentes universidades del país[191], en el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se constató que el mayor porcentaje de reclamantes son mujeres. En particular, de 1690 conflictos analizados sobre la reclamación de alimentos, 1426 casos, es decir el 84.3% fueron instaurados por mujeres[192]. Asimismo, se advirtió que la mayoría de los casos iniciados para obtener una reducción de la cuota alimentaria se promovieron por hombres (de 51 casos con este propósito 45 se iniciaron por hombres). Con base en las reclamaciones y su objeto, las cuales variaron en función del género, se concluyó que estos datos comprueban que “(…) el rol social de la mujer y del hombre ha sido determinado, con efectos particulares en la relación marital y filial. La mujer es finalmente la parte débil de la relación social y el hombre asume el papel de proveedor, que en la mayoría de los casos, pretende la reducción de sus cargas económicas.”[193] Asimismo, resultan ilustrativas las diferencias en el número de personas sindicadas y condenadas por el delito de inasistencia alimentaria. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas que reporta el INPEC “Incidencias Delitos Nacional Diciembre de 2020” se refieren los siguientes datos: Delito: Inasistencia Alimentaria. Intramural[194] Hombre condenado Mujer Condenada Total Condenados Hombre Sindicado Mujer Sindicada Total sindicados 88 0 88 3 0 91 Delito: Inasistencia alimentaria. Prisión Domiciliaria[195] Hombre detenido Mujer Detenida Total detenidos Hombre prisión Mujer prisión Total prisión Total domiciliaria 26 2 28 848 12| 860 888 117. En cuarto lugar, el incumplimiento no sólo afecta a los NNA, que en la mayoría de los casos son los titulares del derecho de alimentos, sino también a las mujeres que en el rol de cuidadoras deben compensar el incumplimiento del padre. En efecto, de acuerdo con la información recaudada por el DANE, en 2017 sobre las horas anuales dedicadas a las tareas del cuidado no remuneradas[196] se evidencian grandes diferencias en los tiempos destinados por hombres y mujeres a estas labores y, por lo tanto, la pervivencia de roles que asignan las actividades del cuidado en las mujeres: (i) Con respecto al suministro de alimentos de un total de 12.860.727 horas anuales, los hombres dedicaron 1.675.782 horas a esa actividad mientras que las mujeres dedicaron 11.184.945 horas, es decir que el porcentaje de destinación de horas de las mujeres fue del 87%; (ii) En relación con el mantenimiento del vestuario de un total de 3.940.750. horas anuales, los hombres dedicaron 471.940 horas a esa actividad mientras que las mujeres dedicaron 3.468.810 horas, es decir que el porcentaje de destinación de horas de las mujeres fue de 88%; (iii) En lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento del hogar de un total de 9.039.046 horas anuales, los hombres dedicaron 2.355.115 horas a esa actividad mientras que las mujeres dedicaron 6.683.931 horas, es decir que el porcentaje de destinación de horas de las mujeres fue de 73.9%. (iv) Con respecto a las compras y administración del hogar de un total de 3.730.424 horas anuales los hombres dedicaron 1.724.584 horas a esa actividad mientras que las mujeres dedicaron 2.005.840 horas, es decir que el porcentaje de destinación de horas de las mujeres fue de 53.8%. (v) En relación con el cuidado y apoyo de otras personas de un total de 6.220.220 horas anuales los hombres dedicaron 1.479.043 horas a esa actividad mientras que las mujeres dedicaron 4.741.177 horas, es decir que el porcentaje de destinación de horas de las mujeres fue de 76.2%. En concordancia con las actividades del cuidado, en el estudio referido sobre las reclamaciones de alimentos se advirtió que en el 86.1% de los casos, con la precisión efectuada previamente sobre el porcentaje de mujeres reclamantes, el solicitante lo hizo en representación de un menor de edad y sólo el 10.3% de los casos se presentaron por padres o madres actuando en interés propio, como titulares del derecho[197]. En consecuencia, el porcentaje de mujeres reclamantes de alimentos, y la calidad en que efectúan la reclamación, es decir en representación de menores de edad, evidencian que las mujeres mayoritariamente asumen el rol de cuidado en relación con los hijos y, además, soportan la carga de acudir a mecanismos que generen el pago de la obligación alimentaria del padre. 118. Asimismo, es importante destacar el fenómeno de las familias monoparentales, las cuales revelan una fractura en la igualdad de los derechos y obligaciones en relación con los hijos, y la asignación material de esas obligaciones en cabeza de las mujeres. En ese sentido, la jurisprudencia ha precisado que el fenómeno es predominantemente femenino[198] y obedece a factores propios del contexto social y cultural[199] Sobre el particular, ha dicho esta Corporación: “Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo”[200] Finalmente, la jurisprudencia también ha destacado cómo el rol asignado a la mujer como cuidadora es ocultado y devaluado de manera estructural, y le exige asumir mayores cargas en la sociedad en relación con las asumidas por los hombres. En concreto ha indicado que: “Uno de esos aspectos en los que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado -en los escenarios personal, laboral, familiar y social- en donde por el hecho de nacer mujeres, la sociedad les atribuye la responsabilidad del cuidado de personas dependientes, en su mayoría se ven abocadas a compatibilizar su trabajo remunerado con el cuidado de personas mayores, madre, padre, de nietas o nietos, de hijas e hijos. En este punto la Sala resalta que aquellas mujeres (i) se ocupan del cuidado de personas que necesitan ayuda -que, en ocasiones, implica fuerza física-; (ii) dan afecto y apoyo emocional y (iii) deben resolver las contradicciones que afrontan cada día. Debido a que se ha desconocido que cuidar conlleva una carga y que implica dejar de lado parte de la vida, no se visibiliza la realidad del trabajo de las mujeres que cuidan de dependientes. Lo cual se traduce en una disparidad que conduce a la desvalorización de las mujeres y hasta en la violencia contra ellas. En efecto, si bien el reconocimiento del trabajo de cuidado -realizado por las mujeres- tiene un importante valor simbólico fundamental para establecer criterios de justicia social, dicho reconocimiento no transforma por sí solo la realidad de las mujeres y resulta necesario una serie de medidas que permitan cambiar una situación discriminatoria e injusta para las mujeres.”[201] 119. En quinto lugar, en la exposición de motivos del PLE se precisa que, en la medida en que se busca que las normas estén dirigidas a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, con lo que no solo se protege la institución familiar y los derechos de los titulares de la obligación, sino también buscan la protección de los derechos de las mujeres por cuanto: “el incumplimiento de la obligación alimentaria tiene un predominante componente de desigualdad y discriminación contra las mujeres y sus hijas e hijos, pues evidencia la carga cultural estereotipada alrededor del ejercicio del cuidado.”[202] En ese sentido, se destacó que en algunos casos el incumplimiento de la obligación de alimentos constituye una forma de violencia de género y, por lo tanto, las medidas para lograr el cumplimiento de la obligación referida se enmarcan en las obligaciones del Estado colombiano previstas en los instrumentos de derechos internacionales para erradicar la violencia de género. Asimismo, se refirieron los mecanismos que prevé el ordenamiento para perseguir el cumplimiento de la obligación y los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a esos mecanismos judiciales y administrativos[203]. 120. Así las cosas, en el contexto en el que se inscribe el proyecto de ley y teniendo en cuenta las finalidades de las medidas, la Sala Plena considera necesario que el examen de constitucionalidad en este caso tenga un enfoque de género. Esta perspectiva implica la identificación, consideración y evaluación del impacto concreto y diferenciado de los mecanismos en la realización de la igualdad material entre hombres y mujeres. Contexto del REDAM y breve referencia al derecho comparado 121. La exposición de motivos del PLE destaca que el cumplimiento de obligaciones alimentarias puede exigirse por tres vías judiciales: la civil, la civil administrativa y la penal. En la primera debe llevarse a cabo un proceso ejecutivo de alimentos. Este se adelanta ante un juez de familia y tiene como objetivo el pago de la cuota a partir del embargo de bienes y derechos del deudor. No obstante, es importante resaltar que este supone (i) que la cuota de alimentos haya sido previamente fijada; y (ii) que se haya acudido a la conciliación extrajudicial como prerrequisito para iniciar el proceso ejecutivo de alimentos. La segunda vía es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En este, autoridades como las defensorías o comisarías de familia verifican si los padres o responsables de los menores de edad están garantizando el cumplimiento de sus derechos. Por lo tanto, cuando las autoridades encuentran una vulneración a los derechos de los NNA, estas pueden tomar alguna de las medidas para restablecer sus derechos. Estas últimas se encuentran consagradas en el artículo 53 del Código de Infancia y Adolescencia e incluyen la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico, ubicación inmediata en medio familiar y adopción, entre otras. Finalmente, la última medida para exigir el pago de obligaciones alimentarias es acudir a la jurisdicción penal. Este proceso puede ser iniciado mediante una denuncia penal o de oficio por la Fiscalía General de la Nación. Su objetivo es que el juez penal determine si una persona incurrió en el delito de inasistencia alimentaria consagrado en el artículo 233 del Código Penal y, eventualmente, emita una sentencia que obligue al pago de las acreencias y condene a quien incumplió. Sin embargo, el proyecto legislativo resalta que estos procesos: “tienen limitaciones derivadas no solo de la congestión propia de los despachos, sino también por los patrones que operan en la asignación de dichas cuotas a través de cualquier decisión administrativa o judicial; lo anterior representa que un porcentaje representativo de las demandas de alimentos por parte de las mujeres, en representación de sus hijas e hijos sean resueltas sin dar cumplimiento a la prevalencia a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por tanto le sean asignadas cuotas insuficientes que no se compadecen realmente con los gastos proporcionales del cuidado y manutención en el marco del derecho de alimentos”[204] Por lo tanto, el Proyecto resalta que es necesario ampliar los mecanismos para exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias de manera efectiva. No obstante, eso no debe suponer: “un aumento de penas [en el ámbito penal]; es decir, propiciar “la generación de espacios e incentivos de la obligación alimentaria, más allá de sus propósitos punitivos”[205] implica la adopción de medidas legislativas tales como el mejoramiento de los sistemas de identificación, monitoreo y reporte de los(as) alimentes [SIC] que incumplan su obligación de cuidado y manutención, facilitarían que la sanción legal cumpliera con su objetivo de persuadir a los demandados para que se abstuvieran de cometer o reiterar la conducta delictiva.”[206] 122. De este modo, el PLE señala que un mecanismo eficaz para combatir el incumplimiento de obligaciones alimentarias es la creación del REDAM. En ese sentido, resalta que este tiene como objetivo “proteger el derecho a la alimentación, entendido como ‘una acción que sustenta junto con los demás derechos fundamentales, el desarrollo físico, mental y social durante la infancia y etapas posteriores’[207].”[208]En consecuencia, afirma que la finalidad de la ley es crear un registro que genere incentivos a los deudores para que cumplan con su obligación. De esta manera, afirma que este tipo de registros son comunes en los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo. Dada la relevancia de estas experiencias para la materia examinada en este caso, esta Corporación llevará a cabo un breve análisis del funcionamiento de estas en el derecho comparado y, particularmente, hará énfasis en las experiencias regionales. 123. En los Estados Unidos de América existe el Registro Federal de Casos (Federal Case Registry), el cual está encargado de centralizar la información principal del Registro Estatal de Casos (State Case Registries). Este último es un registro que lleva cada Estado en el que se inscriben a las personas que tienen obligaciones alimentarias sin pagar. Si bien las consecuencias de estar inscrito en este registro varían dependiendo del Estado, algunas de ellas son (i) negar el reconocimiento del pago de retenciones de impuestos; (ii) suspensión de la licencia de conducción y (iii) reporte y anotación en las centrales de riesgo crediticio. Asimismo, en Australia existe la Agencia de Manutención Infantil (Child Support Agency) la cual se encarga de llevar el registro de deudores morosos de alimentos. Los efectos jurídicos de estar inscrito en este registro son varios, entre los que se destacan (i) la imposibilidad de salir del país; (ii) deducciones en cuentas bancarias o en el pago de los salarios; (iii) interceptación de las devoluciones de impuestos. Por su parte, en Ucrania se creó el Registro Unificado de Deudores. Entre las diferentes consecuencias que existen por estar inscrito están (i) la imposibilidad de ocupar cargos públicos; (ii) el congelamiento de cuentas bancarias; (iii) el embargo de los vehículos de los que se pretenda recibir o transferir la propiedad. 124. En América Latina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos mediante la Ley 269 del 11 de noviembre de 1999. Este surgió ante “la imposibilidad de obtener resultados positivos por la vía ejecutiva, se intentan las sanciones conminatorias, para torcer la voluntad del padre/madre obligado y lograr que éste cumpla con el pago de la cuota.”[209] El artículo 2º de esta disposición afirma que las funciones del Registro son dos. La primera es llevar un listado de las personas que adeuden total o parcialmente “tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.”[210] La segunda es expedir certificados requeridos por personas naturales o jurídicas en forma gratuita. Por su parte, el artículo 3º resalta que “la inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte.”[211] Estar señalado en el registro implica, entre otras, que el deudor no puede (i) realizar operaciones bancarias con las instituciones y organismos públicos; (ii) obtener o renovar su licencia de conducción; (iii) participar en licitaciones públicas; y (iv) ser habilitado para abrir establecimientos comerciales. 125. Al igual que la Ciudad de Buenos Aires, en Perú también existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Este fue creado por la Ley 28970 del 26 de enero de 2007. El artículo 1º de esta disposición señala que en él se encuentran inscritas las personas que adeudan tres cuotas de sus obligaciones alimentarias “establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada.”[212] Este artículo también afirma que en él deben ser registradas las personas que “no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de tres meses desde que son exigibles.”[213] De este modo, este registro permite contar con información consolidada de los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de sus deudas. En ese sentido, el artículo 6º de esta disposición establece que la información contenida en este registro es proporcionada a la “Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mensualmente, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la Central de Riesgos de dichas instituciones.”[214] Adicionalmente, esta información también puede ser remitida a las centrales de riesgo privadas. 126. En Uruguay, el Registro de Deudores Alimentarios se creó mediante la Ley 17.957 del 18 de abril del 2006. El artículo 2º de esta disposición establece que aquella persona que incumpla con su obligación de proporcionar alimentos será inscrita en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones. Las consecuencias de estar inscrito en el Registro son dos. Por un lado, el artículo 5º establece que el deudor no podrá acceder a créditos, abrir cuentas bancarias y obtener o renovar tarjetas de crédito. Para garantizar el cumplimiento de esta norma, dicha disposición señala que si una entidad financiera o emisora de tarjeta de crédito permite que un inscrito acceda a estos servicios, ésta se hará solidariamente responsable por el monto de la obligación alimentaria no cumplida. Por otro lado, el artículo 6º señala que las personas inscritas como deudores alimentarios no pueden contratar con el Estado, los Gobiernos Departamentales y los entes autónomos y servicios descentralizados. 127. Por su parte, la Ciudad de México también cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Este se encuentra consagrado en los artículos 323-Octavus, 323-Novenus y 323-Decimus del Código Civil para el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos académicos han señalado que la implementación de este registro obedece: “al preocupante problema en el incumplimiento del pago de los alimentos que los deudores tienen con sus acreedores pues, siendo los alimentos una necesidad fundamental para la vida, desde la óptica jurídica se requiere la creación de figuras legales que tengan como fin principal el aseguramiento de dicha obligación.”[215] Entre los efectos que produce la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se encuentran la imposibilidad de salir del país[216] y de iniciar un proceso de adopción[217]. El artículo 323 de esta norma señala tres formas mediante las cuales se puede cancelar la inscripción en el registro. La primera ocurre cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación alimentaria y que la misma está garantizada. La segunda es cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se establece en un porcentaje del sueldo que percibe el deudor alimentario. La última es cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su obligación alimentaria, por un lapso de noventa días y habiendo también demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro. 128. Recientemente, la República del Paraguay modificó la Ley 5415 de 2015 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos mediante la Ley 6506 de 2020. Particularmente, el artículo 9bis estableció que el certificado de antecedentes de deudores alimentarios morosos será requerido para obtener licencias de conducción, realizar trámites ante notario público relativos a la compraventa de bienes sujetos y no sujetos a registro y, finalmente, obligará al encargado de llevar a cabo el acto de matrimonio civil a poner en conocimiento de los presentes en la ceremonia si uno de los contrayentes se encuentra activo en el registro. Además de la experiencia internacional, diferentes artículos académicos han resaltado que los Registros de Deudores Alimentarios Morosos son una herramienta efectiva para impulsar el pago de obligaciones alimentarias[218]. No obstante, algunos de ellos cuestionan la capacidad de algunas de las consecuencias jurídicas impuestas por estos para lograr el efecto deseado. La primera crítica está dirigida a la efectividad que tiene la medida de informar en la ceremonia de matrimonio que una persona está inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta disposición ha sido adoptada en Ciudad de México y en Paraguay y, particularmente, se le ha objetado su ineficacia al momento de generar una consecuencia jurídica que obligue al deudor a pagar. En ese sentido, se ha resaltado que “estar inscrito en el registro en calidad de deudor alimentario moroso no constituye impedimento alguno para la celebración del matrimonio que se pretende”[219]. Por lo tanto, se ha enfatizado en que la falta de efectos jurídicos de la medida conlleva a que esta no sea eficaz para garantizar el pago de la obligación alimentaria adeudada. La segunda objeción está dirigida a la notificación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las instituciones crediticias privadas. Esta medida se encuentra vigente en Perú de manera adicional al registro en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros de este país. En este caso, la crítica académica recae en que la simple notificación de la inscripción a las instituciones bancarias “no representa una barrera de acceso a algún crédito bancario personal, hipotecario o apertura de cuentas o tarjetas de crédito”[220]. En ese sentido, la objeción resalta que la falta de efectos jurídicos emanados de esa medida no afecta los intereses del deudor alimentario y, por lo tanto, no implica que este pague sus obligaciones. 129. Finalmente, se critica la disposición tomada por la Ciudad de México según la cual la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos es anotada en el certificado de folios reales de los inmuebles del deudor. Al igual que a las dos objeciones anteriores, a esta medida se le repara su falta de efectos jurídicos para garantizar el pago de obligaciones alimentarias. De este modo, se afirma que “la nula eficacia jurídica de la anotación del certificado en los folios reales inscritos en el Registro Público, en virtud de que la inscripción en la realidad jurídica no produce ninguna consecuencia de derecho”[221], no ayuda al cumplimiento de obligaciones alimentarias. Por lo tanto, si bien las consecuencias jurídicas de estar inscrito en el registro varían dependiendo del país, todas comparten el objetivo de impulsar a los deudores de alimentos a pagar sus obligaciones mediante la imposición de sanciones de diversa índole. No obstante, si bien existe un consenso académico sobre la eficacia de los Registros de Deudores Alimentarios Morosos para garantizar el pago de obligaciones alimenticias, no sucede lo mismo con las medidas que se limitan a registrar pero no acompañan estrategias dirigidas a coaccionar al deudor a pagar su obligación, las cuales consideran efectivas. Ahora bien, fijados estos contenidos transversales al estudio del PLE, la Corte analizará la constitucionalidad del proyecto objeto de revisión. Para ello explicará por qué se trata de una materia sometida a reserva de ley estatutaria para después estudiar la validez de cada uno de los artículos que integran la iniciativa. La regulación está sometida a reserva de ley estatutaria 130. El PLE está conformado por once artículos, los cuales regulan: (i) el objeto del REDAM; (ii) el ámbito de aplicación de ese registro; (iii) el procedimiento para la inscripción en el REDAM y las garantías que en ese proceso tiene el titular de la información; (iv) las funciones del REDAM y el contenido que deben tener los registros en esa base de datos; (v) las consecuencias jurídicas de la inscripción en el REDAM; (vi) las reglas sobre administración y puesta en marcha de la REDAM por parte del Gobierno; (vii) la remisión a las normas estatutarias existentes sobre administración de datos personales; (viii) la obligación de advertir en decisiones sobre alimentos acerca de las consecuencias de su incumplimiento en términos de inscripción en el REDAM; (ix) la definición de reglas sobre la subrogación de las obligaciones alimentarias; y (x) vigencia y derogatorias. A partir de este listado, la Corte comprueba que, salvo algunos aspectos puntuales, la regulación tiene por objeto definir las reglas sobre la administración de datos personales incluidos en el REDAM en tanto base de datos que tiene por objeto lograr el pago oportuno de las obligaciones alimentarias. 131. La jurisprudencia constitucional ha concluido que aquellos cuerpos legales que conforman bases de datos y contienen disposiciones sobre el conocimiento y actualización y rectificación de los datos personales contenidos en ellos están sometidos a reserva de ley estatutaria. Concurre en ese sentido un precedente reiterado. Así, en la sentencia C-567 de 1997[222] la Corte consideró que la norma que atribuía al Departamento Administrativo de la Función Pública la competencia para completar los datos que deben consignarse en el formato único de hoja de vida era una materia objeto de la mencionada reserva, puesto que constituía una modalidad de administración de datos personales respecto de la cual el Legislador no había establecido parámetro alguno para su ejecución[223]. Esta regla fue reiterada por la sentencia C-384 de 2000[224] que analizó, entre otros asuntos, la norma legal que permitía a las entidades o personas naturales que suministren regularmente datos financieros a realizar tratamiento de estos y en las condiciones fijadas por la, en ese entonces, Superintendencia Bancaria. La Corte evidenció que si bien no toda regulación sobre datos personales estaba sometida a la reserva de ley estatutaria, ese rigor sí era exigible tratándose de normas sobre el conocimiento, actualización y rectificación de esa información, puesto que esas actividades integran el núcleo esencial del derecho al habeas data[225]. Este requisito, además, resultaba predicable tanto para una regulación general sobre la administración de datos, como aquellas normativas especiales o sectoriales, siempre y cuando versaran sobre las actividades mencionadas. Por lo tanto, declaró la inexequibilidad del precepto acusado. 132. La reserva de ley estatutaria en el caso de regulaciones sectoriales sobre administración de datos personales, a su turno, fue reiterada en la citada Sentencia C-1011 de 2008. En esa oportunidad se dejó claro que la aplicación de dicha reserva en el caso analizado no se derivaba del hecho que la norma fuese una regulación integral sobre la administración de datos personales sino que tenía por objeto establecer previsiones sobre el núcleo esencial del derecho al habeas data, referidas a las competencias de conocimiento, actualización y rectificación del dato por parte de su titular. Sobre este aspecto, la sentencia en comento resaltó: “La restricción que impone la Carta Política para la regulación estatutaria es que su temática verse sobre los aspectos del derecho fundamental que conformen su contenido esencial. En ese sentido, puede válidamente el legislador estatutario establecer un régimen de regulación que, aunque verse sobre dicho contenido esencial, sólo resulte aplicable a un determinado ámbito, puesto que la Constitución no le impone una limitación relacionada con el carácter genérico de la regulación. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el carácter integral de la regulación estatutaria no se predica de los distintos ámbitos en que pueda expresarse un derecho fundamental, sino del escenario concreto que el Congreso, en ejercicio de la cláusula general de competencia legislativa, ha considerado pertinente regular, a través de un conjunto de reglas que den respuesta a las necesidades de regulación propias del ámbito escogido. Es evidente que los derechos fundamentales son cláusulas abiertas que tienen múltiples efectos en los más diversos planos de la vida social, de modo que no solo resulta irrazonable, sino en muchas ocasiones imprescindible, que incluso los aspectos más generales de regulación tengan carácter sectorial. No podría supeditarse la constitucionalidad de una ley estatutaria a que regule la totalidad de las materias susceptibles de relacionarse con el derecho fundamental, pues ello supondría crear un requisito que la Carta Política no contempla. Para el caso concreto, el carácter sectorial de la regulación propuesta no afecta la constitucionalidad de la iniciativa en cuanto a la reserva de ley estatutaria, debido a que establece disposiciones vinculadas al contenido esencial del derecho fundamental y, a su vez, configura un régimen integral de protección del mismo derecho, aplicable al caso de la información personal de carácter comercial, financiero y crediticio.” 133. Con todo, debe recabarse en el asunto analizado en la Sentencia C-877 de 2005[226] resulta a juicio de la Sala particularmente importante para el presente análisis y en razón de que pareciere contradecir, aunque como se verá de manera apenas aparente, la línea jurisprudencial expuesta. En esa oportunidad la Corte estudió la constitucionalidad de una norma que imponía a las entidades estatales crear un boletín sobre sus deudores morosos que contuviese su identificación y los datos sobre la obligación incumplida, con el fin de remitirlo a la Contraloría General de la República para su publicación en lo que tradicionalmente se ha denominado boletín de responsables fiscales. La norma fue demandada con el argumento de que las reglas sobre ese boletín eran una forma de administración de datos personales objeto de reserva de ley estatutaria. La Corte declaró exequible el precepto demandado al considerar que no regulaba aspecto alguno del núcleo esencial del derecho al habeas data, puesto que la información recopilada por las entidades y luego remitida a la Contraloría General surgía de procesos administrativos de carácter público, no correspondía a aspectos propios de la intimidad del individuo y solo refería a obligaciones ciertas que no han sido canceladas al Estado y que, por esa misma naturaleza, transcendían el ámbito de lo privado. 134. A juicio de la Sala, lo fijado en esta sentencia no contradice los fallos precedentes, al menos por dos tipos de motivos: En primer lugar, las decisiones comparten un sustrato común, consistente en reconocer que las actividades de conocimiento, actualización y rectificación hacen parte del núcleo esencial del derecho al habeas data y, por lo mismo, son materias cuya regulación está sometida a la reserva de ley estatutaria. En segundo lugar, es claro que esas actividades se predican de aquel tipo de información personal diferente a aquella de carácter público. Esto debido a que los datos personales públicos, debido a su naturaleza, son de libre consulta, de manera que resultaría desproporcionado, en términos de derecho de acceso a la información[227], que sus usuarios tuviesen que cumplir con los estándares de la administración de datos personales y vinculados a la autorización o dispensa legal o judicial para el tratamiento. Es por esta razón que la Ley 1581 de 2012 establece, a propósito del principio de acceso y circulación restringida, que los datos personales no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados. 135. A partir de estos argumentos la Corte evidencia que la regulación del REDAM estaba sometida a la reserva de ley estatutaria. Sus diferentes disposiciones están dirigidas a regular el acceso, conocimiento, actualización y rectificación de los datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias. Esta información, a pesar de que puede estar basada en documentos públicos, tiene carácter semiprivado y, por esta razón, está sometida a los principios de administración de datos personales. A esa conclusión se llega a partir de los siguientes argumentos: En primer lugar, no debe confundirse la fuente de la obligación y su incumplimiento. En este caso, evidentemente las obligaciones alimentarias se fundan en mandatos legales que son públicos y de decisiones judiciales o administrativas con el mismo carácter. Sin embargo, el objeto del REDAM no es la inscripción de las fuentes del deber jurídico, sino la información sobre su incumplimiento, el cual es un dato que da cuenta del comportamiento del deudor incumplido y que interesa a los terceros que son acreedores de la obligación alimentaria o que, por mandato legal, están vinculados con las consecuencias de ese registro. Es decir, aunque concurre un interés general en la protección de los derechos fundamentales cuya eficacia es interferida por el incumplimiento en el pago de la obligación alimentaria, esa sola circunstancia no confiere a la información personal en comento naturaleza pública. En segundo lugar, los datos sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias están vinculados al derecho a la intimidad de la familia. Aunque no se trata de información privada o sensible y, por esta razón pueden circular bajo determinadas condiciones previstas en la legislación estatutaria, en todo caso incorporan aspectos de la vida familiar que no pueden ser sometidos al acceso público e indiscriminado so pena de vulnerar ese derecho fundamental. Esto, además, tiene consecuencias sobre la naturaleza jurídica del REDAM y la circulación de los datos contenidos en ese registro, lo cual será materia de análisis en los artículos correspondientes del PLE. Finalmente, en tercer lugar, no puede perderse de vista que la administración de datos personales debe efectuarse de manera compatible con los principios de finalidad y proporcionalidad. En ese sentido, si se parte de la base de que el objetivo del REDAM es el logro del pago de las obligaciones alimentarias insolutas, la libre circulación del dato no se muestra necesaria para cumplir con esa finalidad. Esto a menos que se prohíje una suerte de escarnio público sobre la condición de incumplido, lo cual resultaría irrazonable y contrario a los derechos a la intimidad y al habeas data, no solo del deudor incumplido sino también de los acreedores alimentarios. 136. En suma, concurren razones suficientes para concluir que el PLE estaba sometido a la reserva de ley estatutaria. Esto incluso a pesar de que contiene algunas regulaciones, en particular lo previsto en el artículo 10, que no están sometidas a ese requisito. Con todo, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte[228] y siguiendo la línea consolidada, esta circunstancia no acarrea reproche alguno de constitucionalidad, en la medida en que las leyes estatutarias están sometidas a condiciones de trámite legislativo más estrictas que las leyes ordinarias, de modo que se considera que la inclusión de este tipo de disposiciones en nada afecta la vigencia del principio democrático. Resuelto este asunto, la Sala asume el estudio del articulado en el apartado siguiente. Para ello, reiterará el contenido de cada una de las disposiciones del PLE, hará mención de las observaciones que sobre las mismas plantearon los intervinientes y el Ministerio Público, para luego resolver sobre la constitucionalidad de las previsiones estatutarias. Análisis sobre la constitucionalidad del articulado Artículo 1º - Objeto La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Las intervenciones formuladas y el concepto del Procurador General de la Nación afirman que la regulación es constitucional debido a que cumple con propósitos constitucionalmente importantes, ligados a la necesidad de garantizar el pago de alimentos. En ese sentido, aunque la existencia del REDAM incide en el derecho a la intimidad del obligado incumplido, esa afectación es proporcionada y razonable ante la entidad de los bienes constitucionales vulnerados por el incumplimiento. La senadora autora del PLE, a su turno, señala que el REDAM es una institución diferente a la contemplada en la Ley 311 de 1996 y que fue declarada inexequible por la Corte. Esto debido a que, contrario a lo que planteó la Corte en esa oportunidad, la propuesta ahora analizada sí plantea instancias que la hacen compatible con el derecho al debido proceso. Solo uno de los intervinientes propone la declaratoria de inexequibilidad de la disposición, al señalar que el REDAM no guarda ninguna eficacia y se limita a conformar una “ley de contravenciones” que, sin garantizar el derecho al debido proceso, impone sanciones al deudor moroso de alimentos. 137. La Corte considera que el artículo 1º del PLE es constitucional. Como fue explicado ampliamente en apartado anterior, el debido cumplimiento de las obligaciones alimentarias cumple con fines constitucionales no solo importantes sino imperiosos, al estar vinculados con la satisfacción del derecho al mínimo vital de sus acreedores. Estos son por lo general sujetos de especial protección constitucional, por lo que el incumplimiento mencionado afecta aspectos esenciales para el Estado constitucional, lo que valida las acciones dirigidas a promover el pago oportuno. De otro lado, también se ha demostrado que el incumplimiento en las obligaciones alimentarias es una problemática que afecta con mucha mayor intensidad a las mujeres, puesto que salvo casos excepcionales, los deudores morosos son hombres. Ello necesariamente impone cargas desproporcionadas a las mujeres que son madres o cuidadoras, pues les obliga a asumir de forma exclusiva los costos de manutención propia y de los acreedores alimentarios. Ante esas circunstancias, resulta plenamente justificado desde la perspectiva constitucional la instauración del REDAM y la fijación de la finalidad descrita en el artículo analizado. Ello no solo porque apunta a la satisfacción de bienes constitucionales de primer orden, sino también porque opera como un factor favorable para la reducción de la violencia económica contra las mujeres derivada del incumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias. Sin embargo, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones conceptuales sobre la naturaleza de ese registro, su compatibilidad general con el régimen constitucional de administración de datos personales y las diferencias entre la presente normativa y el Registro Nacional de Protección Familiar que fue parcialmente declarado inexequible por la Corte. 138. El REDAM, conforme al artículo 1º, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En ese sentido, debe distinguirse de las bases de datos que generan reportes para la evaluación del riesgo crediticio y que están reguladas, desde una perspectiva sectorial, por la Ley 1266 de 2008. La finalidad de las centrales de riesgo es evaluar, a partir de diferentes fuentes, cuál es el comportamiento del deudor respecto del pago de sus obligaciones y, de esta forma, pronosticar las probabilidades de incumplimiento ante operaciones de crédito en el futuro. En cambio, lo que busca el REDAM es recapitular y centralizar la información acerca del incumplimiento exclusivamente de la obligación alimentaria, con el fin de incentivar su pago a partir de las consecuencias de que trata el artículo 6º en caso de que persista esa mora. En ese sentido, no pueden aplicarse en el presente caso y de manera integral las reglas de administración de datos personales de contenido financiero, comercial y crediticio previstas por la Ley 1266 de 2008, pues estas regulan, se insiste, de manera sectorial, un ámbito de tratamiento de datos personales diferente al ahora analizado. Tampoco resultaría acertado, como lo hacen algunos intervinientes y lo expresaron varios congresistas durante el trámite del PLE, sostener que el REDAM es una central de riesgo específica para las obligaciones alimentarias. Nótese que en este caso no hay evaluación alguna sobre la expectativa de cumplimiento o mora futura, sino la recopilación y tratamiento de datos objetivos actuales que dan cuenta del incumplimiento de obligaciones con raigambre legal. 139. Esta premisa lleva a analizar el segundo aspecto. La jurisprudencia constitucional ha considerado que constituye un ejercicio abusivo de la administración de datos personales la existencia de bases de datos que solo incorporen información desfavorable. Sobre el asunto, la Sentencia C-1011 de 2008 concluyó que la norma de la Ley 1266 de 2008 que proscribía la administración de información exclusivamente desfavorable era constitucional en la medida en que desarrollaba el principio de incorporación propio del habeas data. Así, afirmó: “En segundo término, el parágrafo 4º proscribe la administración de información exclusivamente desfavorable, prohibición que facilita que los datos financieros sean completos e incorporen toda la información pertinente, tanto la que da cuenta de la mora, como la que confiere situaciones ventajas para el titular, en tanto lo califican como un agente económico cumplidor de sus obligaciones crediticias y comerciales.  Esto último, por supuesto, desarrolla el principio de incorporación, identificado por la jurisprudencia constitucional dentro del contenido y alcance del derecho fundamental al hábeas data.  Finalmente, debe resaltarse como esta última disposición se opone a prácticas abusivas en la administración de datos personales, en especial aquellas dirigidas a la confección de “listas negras”, las cuales desvirtúan la finalidad constitucionalmente legítima de los procesos de administración de datos personales de contenido crediticio, al convertirlos en instrumentos dirigidos a la imposición de barreras injustificadas para el acceso al mercado comercial y financiero.[229]” La aplicación concreta de esta regla jurisprudencial fue realizada por la Corte en la Sentencia T-987 de 2012[230]. En esa oportunidad se concluyó que la práctica adelantada por una empresa de transporte aéreo, consistente en conformar una “lista de viajeros no conformes” a partir de aquellos usuarios que habían presentado altercados con personal de la empresa y con el fin de prohibir el acceso al servicio vulneraba el derecho al habeas data. Esto porque se trataba de una lista secreta, dirigida exclusivamente a denegar la prestación de un servicio público y a partir de criterios que no respondían a riesgos actuales para la operación aérea, sino meras conjeturas sobre el comportamiento futuro de determinados pasajeros. En punto a la prohibición de este tipo de tratamiento de datos personales, la sentencia señaló: “Los principios de la autodeterminación informativa obligan a que el tratamiento del dato personal sirva de base para el acceso eficiente a estos ámbitos, más aún cuando se trate de servicios públicos, que por definición están basados en el suministro equitativo a los usuarios. Esta circunstancia proscribe, desde la perspectiva constitucional, que el prestador del servicio configure registros de información dirigidos exclusivamente a negar el acceso correspondiente.  Esta fue, a su vez, la posición adoptada por la Corte en la sentencia C-748/11, cuando consideró que a partir del principio de acceso y circulación restringida de los datos personales incluidos en un registro o base de datos, “… se encuentra prohibida toda conducta tendiente al cruce de datos entre las diferentes bases de información, excepto cuando exista una autorización legal expresa, es decir, lo que la jurisprudencia ha denominado el principio de individualidad del dato. Como consecuencia de lo anterior, queda prohibido generar efectos jurídicos adversos frente a los Titulares, con base, únicamente en la información contenida en una base de datos.” (Negrillas originales). Por supuesto, es admisible que el prestador registre, si ha tenido la autorización previa, expresa e informado para ello, información personal del usuario que le conlleve consecuencias desfavorables y favorables.  En este escenario se estaría ante una recopilación objetiva del dato personal.  Contrario sucede cuando la finalidad del registro es exclusivamente determinar la exclusión del sujeto concernido del acceso a determinado servicio público, puesto que en ese caso se está ante un ejercicio desproporcionado de la habilitación legal para la administración de datos personales.  Además, en el caso particular de los servicios públicos, esa conducta contradice el principio de garantía de acceso objetivo y equitativo que gobierna esas actividades.” 140. Podría válidamente considerarse, a partir de los supuestos mencionados, que el REDAM incurriría en la prohibición mencionada, pues la información consignada en ese registro da cuenta exclusivamente del incumplimiento en el pago de la obligación alimentaria, dato que resultaría desfavorable para su titular. La Corte se opone a este argumento y, en contrario, considera que el REDAM es una forma de tratamiento de datos personales compatible con la Constitución. Este registro no tiene como objetivo esencial discriminar, negar un servicio público o estigmatizar al titular del dato, sino que da cuenta del incumplimiento de una obligación de origen legal y que el ordenamiento jurídico reprocha desde el punto de vista civil e incluso, en algunos casos, con implicación penal. De otro lado, al margen de la evaluación que realizará la Corte sobre la proporcionalidad de las consecuencias del registro previstas en el artículo 6º del PLE, no es en modo alguno acertado sostener que el objetivo esencial de la base de datos es imponer barreras de acceso a bienes constitucionales al titular de la información. Antes bien, el objetivo constitucionalmente válido de la legislación es lograr el pago de obligaciones estrechamente vinculadas con la vigencia de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios y evitar la imposición de tratamientos desproporcionados en contra de las mujeres, quienes generalmente se subrogan fácticamente en el cumplimiento de la obligación ante la mora por parte de su titular jurídico. Finalmente, el PLE contempla la exclusión del dato en razón del pago de la obligación insoluta, circunstancia que refuerza la naturaleza objetiva del reporte y que lo diferencia de las actuaciones arbitrarias que ha identificado la Corte basadas en la existencia de tratamientos basados exclusivamente en información desfavorable. 141. Por último, es importante anotar que el REDAM es un instrumento distinto al analizado por la Corte en la sentencia C-657 de 1997[231]. En esa ocasión la Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley 311 de 1996 “por la cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar y se dictan otras disposiciones”. Ese precepto determinaba que en el evento en que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, encargado de administrar dicho registro, certificara que la persona tenía obligaciones alimentarias pendientes, el nominador o empleador, en su caso, procedería a desvincular del empleo o cargo al funcionario o empleado, según el caso, so pena de sanción prevista en la misma ley. La Corte consideró que esta previsión: (i) establecía una afectación desproporcionada del derecho al trabajo, privándose al servidor público de los ingresos que estarían dirigidos, precisamente, a atender la obligación alimentaria; (ii) vulneraba el derecho al debido proceso pues que no contemplaba ninguna instancia o procedimiento para que el afectado se opusiese a la certificación expedidas por el DAS, por lo que la misma se tornaba en incontrovertible y basada solo en una declaración administrativa, sin que fuese necesario acreditar la existencia de responsabilidad definida judicialmente. Estas circunstancias son diferentes a las contempladas por el PLE.  En el articulado concurren diferentes herramientas que permiten la contradicción del reporte por parte del titular de la información. Asimismo, como se explicará más adelante con mayor detalle, la inclusión del dato en el REDAM está precedida del traslado del asunto al obligado moroso y tiene su origen en decisión judicial o administrativa que dé cuenta de la mora. De igual modo, en el apartado anterior se explicó cómo el objetivo esencial del tratamiento de datos personales en este escenario es el logro del cumplimiento de la obligación alimentaria a partir de diferentes estrategias. Un cuerpo legal estatutario de este tipo difiere sustancialmente de la desvinculación en el empleo del servidor público, que fue el asunto objeto de reproche en la sentencia mencionada. 142. Aclaradas las cuestiones anteriores, la Sala concluye que el artículo 1º es constitucional, por lo que declarará su constitucionalidad. Artículo 2º - Ámbito de aplicación: La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. 143. Dos de los intervinientes solicitan a la Corte que adopte un fallo de exequibilidad condicionada, en el entendido de que la inscripción en el REDAM no será procedente cuando el incumplimiento de la obligación responda a una causal objetiva. Los demás intervinientes y el Ministerio Público no formularon objeciones sobre esta regulación. 144. De manera preliminar, la Corte considera que el asunto puesto de presente por los intervinientes no debe resolverse a propósito del análisis del artículo 2º, sino que es un tópico que corresponde al artículo 3º, el cual regula específicamente qué excepciones resultan válidas, a la luz del PLE, contra la inscripción de la mora en el REDAM. Por ende, es en ese escenario donde habrá que definirse si los motivos objetivos mencionados obligan a otorgar determinada interpretación vinculante a ese precepto. 145. El artículo 2º del PLE determina el ámbito de aplicación del REDAM. El Legislador estatutario señala en el inciso primero que la incorporación del dato personal en ese registro opera para las obligaciones alimentarias que consten en cualquier título ejecutivo y que se hayan incumplido a partir de tres meses continuos o discontinuos.  Esta previsión debe leerse en armonía con lo previsto en el parágrafo de la misma disposición, que identifica la fuente en la legislación civil sobre la clase de alimentos que generan la inscripción del deudor en el REDAM. Una previsión de esta naturaleza no ofrece mayores debates sobre su constitucionalidad. Su carácter omnicomprensivo en cuanto a las obligaciones alimentarias cuyo incumplimiento da lugar a la inscripción del dato personal en el registro es consecuencia necesaria de la vigencia del principio de igualdad y la prohibición de establecer diferenciaciones fundadas en el origen familiar. 146. La regulación establece dos parámetros de tratamiento equitativo: (i) el registro de las diferentes obligaciones alimentarias que se prevén en la legislación civil, tanto en lo que respecta a los beneficiarios como al tipo de alimentos; y (ii) el reconocimiento de la posibilidad del registro a los diferentes títulos ejecutivos que contengan dichas obligaciones. Como se explicó en el apartado introductorio, la obligación alimentaria se predica de diferentes sujetos, varios de ellos que tienen, a su vez, la condición de sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, la disposición no hace nada distinto que reconocer esas diversas fuentes y darle a cada una de ellas un tratamiento paritario que, como se dijo, es constitucionalmente obligatorio. Adicionalmente, no concurriría alguna razón admisible para que en el caso se diese un tratamiento diverso, lo cual confirma la constitucionalidad del precepto. 147. El artículo analizado, a su turno, indica que la inscripción en el REDAM opera luego de que transcurran tres meses de mora continua o discontinua. Para la Corte es razonable que el PLE establezca un requisito de consistencia de la mora, puesto que permite evidenciar un comportamiento sistemático del obligado en incumplir sus obligaciones, que resulta a su vez proporcional con la índole de las consecuencias de la inscripción en el registro, que serán analizadas a propósito del estudio sobre la constitucionalidad del artículo 6º. De la misma forma, un precepto de este carácter impide que la inscripción de la información se suscite como consecuencia de incumplimientos incidentales, que respondan a simples descuidos del obligado o a situación económicas coyunturales. La existencia de mora por más de tres meses, aunque no tiene carácter concluyente, sí conforma un hecho indicativo de la voluntad del obligado de sustraerse del pago del deber alimentario, lo cual justifica la inscripción en el registro. Esto más aún si se tiene en cuenta que, como se explicará a continuación respecto del artículo 3º del PLE, concurren instancias de contradicción para el obligado, previas al registro y que le permiten acreditar el pago de las acreencias como paso previo a la inscripción de sus datos personales en el REDAM. Por lo tanto, la Sala concluye que el artículo 2º del Proyecto es constitucional. Artículo 3º Procedimiento para la inscripción en el REDAM El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. 148. Contra esta regulación los intervinientes y la Procuraduría General formulan varios cuestionamientos. Señalan que la expresión “solo” contenida en el parágrafo 2º es inconstitucional, puesto que impide que el deudor alimentario pueda exponer otras razones objetivas que le impiden solventar la mora, lo que vulnera su derecho al debido proceso. Otros intervinientes consideran que la constitucionalidad del parágrafo debe condicionarse a fin de que se permita el deudor ejercer su derecho de defensa con argumentos diferentes al pago de la obligación alimentaria. Llaman la atención, sobre este particular, acerca de la contradicción existente entre los parágrafos 2º y 3º del artículo analizado: mientras el primero determina un periodo de seis meses de permanencia del registro en el caso de que el deudor sea reincidente, el segundo ordena la exclusión del reporte cuando se acredite el pago. Lo anterior plantea una controversia sobre la caducidad del dato desfavorable. Para resolver este asunto el ICBF considera que debe declararse la inexequibilidad del parágrafo 2º. La Universidad del Rosario, a su turno, propone el condicionamiento de la norma para que proceda el retiro del dato personal luego del pago de la obligación. La Academia Colombiana de Jurisprudencia advierte que la disposición es inconstitucional al no prever un plazo para la caducidad del dato negativo. A esta consideración se suma el Procurador General, quien solicita que se declare parcialmente inexequible el parágrafo 3º, en lo que respecta a la permanencia de la información del obligado que reincide en el incumplimiento. Esto, al considerar que la permanencia de ese dato es contraria al derecho al habeas data. Por último, el Ministerio Público advierte que, con excepción del aspecto planteado, la regulación es constitucional en tanto cumple con un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, relativo a la necesidad de proteger los derechos de NNA. Ello ante la comprobación, explicada en esta sentencia, acerca de que aunque existen otros mecanismos para obtener el pago de la obligación alimentaria, estos se han mostrado ineficaces. Además, sostiene que la afectación de los derechos a la intimidad y el habeas data resulta menor que el beneficio obtenido en términos de protección de los derechos mencionados. Habida cuenta de que el artículo 3º del PLE tiene diferentes contenidos normativos, la Corte los analizará de manera separada y en el orden propuesto por esa disposición. 149. El primer inciso contempla el procedimiento que debe surtirse previamente a la inscripción en el REDAM. Radica en el acreedor alimentario la facultad para solicitar el registro ante el juez o funcionario que conoció del proceso de alimentos. Es claro que el que mejor conoce el estado de la obligación alimentaria es el acreedor y la autoridad que puede evaluar objetivamente la situación es aquella que impuso la medida. Este funcionario correrá traslado al obligado para que se pronuncie sobre el asunto y, en particular, para que demuestre si existe justa causa que enerve la inscripción mencionada. Para garantizar el derecho de defensa, la decisión que adopte el juez podrá ser objeto de recurso de recusación. A su vez, el parágrafo 1º determina que una vez en firme la decisión que considera procedente la inscripción el juez o autoridad oficiará a la entidad encargada de la operación del REDAM para que haga efectiva esa actuación. A juicio de la Sala, la regulación integral de ese trámite es constitucional puesto que desarrolla dos derechos fundamentales. De un lado, otorga eficacia al derecho al debido proceso, en su componente del derecho de defensa, en tanto confiere al deudor la oportunidad de manifestar su oposición en aquellos casos en que haya acreditado el pago de la obligación y, con ello, la improcedencia del registro. De otro lado, la norma protege el derecho al habeas data, particularmente en lo que refiere a los principios de transparencia y finalidad. El primero puesto que la regulación opera como una notificación del titular del dato sobre el inicio del trámite tendiente a inscribir su información personal en el REDAM, lo cual es un presupuesto para el conocimiento, actualización y rectificación del dato. El segundo, puesto que al preverse por el Legislador estatutario un procedimiento para verificar la existencia de la mora como paso previo a la inscripción del dato personal en el REDAM, se asegura que la recopilación del dato personal esté dirigida a cumplir los fines de la base de datos, que son previstos por el artículo 1º del PLE. En ese sentido, al desarrollar postulados constitucionales, este primer inciso y el parágrafo 1º del artículo 3º serán declarados constitucionales por la Corte. 150. La Corte encuentra que respecto del parágrafo 2º, a pesar de su redacción confusa, es posible identificar dos premisas. Una, que restringe al pago de la obligación en mora como única excepción posible para evitar la inscripción en el REDAM. Otra, que determina una fórmula de caducidad del dato desfavorable, término por el que permanecerá la información personal luego del pago de la obligación alimentaria y en el caso de que existe recurrencia en el incumplimiento. 151. La Sala desestima los cuestionamientos formulados contra el primer apartado normativo y, en contrario considera que la regulación es constitucional. Esto con base en las siguientes razones: 151.1 La inscripción opera solo después de acreditarse tres meses de mora. Esto quiere decir que concurre un periodo considerable en el cual el obligado puede utilizar los mecanismos judiciales y administrativos a su alcance para acreditar ante la autoridad competente los motivos objetivos que no harían exigible la obligación alimentaria, entre ellos la cesación de la obligación ante la concurrencia de las causales legales de su extinción[232]. En ese sentido, debe resaltarse que, con base en las reglas fijadas en el PLE, las autoridades judiciales o administrativas están investidas de la competencia para acreditar la existencia de la mora en el pago de los alimentos y, con ello, la procedencia del registro. Esta competencia no puede extenderse al punto de generar un procedimiento litigioso para debatir la obligación o de permitir la discusión de pretensiones dirigidas a que se declare la inexigibilidad de la obligación, puesto que para ello el ordenamiento jurídico ofrece instancias procesales definidas y que disponen de las instancias necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y los demás derechos fundamentales de las partes. En cambio, resultaría contrario a la Constitución que, mediante el mecanismo expedito previsto en el inciso primero del artículo 3º del PLE, pudiese adoptarse decisiones de contenido declarativo sobre la mencionada exigibilidad y que pudiese modificarse una decisión obligatoria. 151.2. De manera similar, debe advertirse que, conforme al mismo artículo 3º, la inscripción del registro está precedida del incumplimiento de una sentencia judicial, acto administrativo o acuerdo conciliatorio en donde se ha definido las condiciones de la obligación alimentaria y en el que el deudor ha tenido la oportunidad de expresar las causales objetivas que harían inexigible la obligación. Esto implica, en la gran mayoría de los casos, que la inscripción en el REDAM ha estado precedida de una previa controversia sobre el cumplimiento de la obligación, la cual dio lugar a una decisión judicial o administrativa que la resolvió y que ahora viene a ser incumplida por el obligado alimentario. En estas sucesivas etapas previas al registro, el deudor cuenta con múltiples oportunidades para poner de presente las causales que, de acuerdo con la ley, le eximen de la obligación alimentaria. Por ende, resulta razonable que la excepción de pago sea la única admisible para enervar la inscripción en el REDAM, puesto que todas las demás válidas fórmulas de oposición bien pudieron discutirse en momentos procesales previas y con la plenitud de las garantías del proceso. 151.3. Además, restringir las excepciones oponibles a la de pago es una medida que responde a la eficiencia que requiere el REDAM como herramienta de incentivo para el pago de la obligación alimentaria incumplida. Como lo expuso la Procuraduría General en su intervención y de acuerdo con los datos presentados en el aparte introductorio de esta sección, no existen en Colombia suficientes herramientas eficaces para el logro del pago de alimentos, circunstancia que precisamente fue la que motivó la decisión del Legislador estatutario de crear el REDAM como instrumento para incentivar el cumplimiento de dichas obligaciones. De la misma manera, no puede perderse de vista que la efectividad de esta clase de regulaciones también tiene efectos concretos en términos de igualdad de género, en la medida en que son las mujeres, y en un especial las madres cabeza de familia, quienes resultan más perjudicadas con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de menores de edad. De allí que imponer requisitos mayores para la inscripción del REDAM, además de desconocer las instancias adecuadas en donde deben resolverse las pretensiones dirigidas a excusar el pago de la obligación alimentaria, también incide en la vigencia de los derechos de las mujeres gravemente interferidos por ese incumplimiento. A partir de las consideraciones expuestas, el primer apartado normativo del parágrafo 3º del artículo 2º será declarado constitucional por la Corte. 152. En relación con el segundo apartado normativo del parágrafo mencionado, la Sala advierte que su análisis debe hacerse de manera conjunta con el parágrafo 3º, el cual establece la obligación del juez de ordenar la exclusión del dato personal desfavorable del REDAM cuando se acredite el pago de la obligación alimentaria incumplida. Esto debido a que regulan el mismo fenómeno, esto es, la caducidad del dato negativo sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria. Sobre este asunto debe partirse de considerar que el principio de caducidad exige que el dato personal desfavorable sea removido dentro de un plazo razonable, sin que la Constitución defina la extensión de ese término. Por ende, este tendrá que ser evaluado a la luz de dos parámetros: la naturaleza de la información desfavorable y los objetivos a los que sirve la base de datos. Esto en el entendido de que, cuando el dato personal en concreto no resulte pertinente para esos propósitos, deberá ser excluido del tratamiento. En este caso, el dato da cuenta del incumplimiento de la obligación, conducta que como se ha explicado reiteradamente en esta sentencia, (i) involucra la afectación de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios, que principalmente corresponden a NNA, sujetos de especial protección constitucional; (ii) tiene un efecto particularmente intenso respecto de las mujeres madres o cuidadoras, quienes, ante la mora del padre incumplido, deben asumir en su integridad los gastos de sostenimiento familiar. El objetivo de la base de datos es, en los términos del artículo 1º del PLE, establecer medidas para garantizar el pago de las obligaciones alimentarias, por lo que resultan prima facie constitucionales aquellas medidas que siendo razonables y proporcionadas sean idóneas para cumplir esa finalidad. Estas medidas son, en esencia, incentivos de diferente índole que promueven el pago cumplido de la obligación alimentaria y la puesta al día en el caso de aquellos deudores que incurren en mora. 153. A pesar de la presunta contradicción entre los parágrafos 2º y 3º del artículo 3º, la Corte encuentra que pueden armonizarse a partir de una lectura detenida que muestra un esquema progresivo de caducidad del dato sobre la mora del deudor alimentario, que es el propuesto por el PLE. Así, ante el primer incumplimiento en la obligación, su pago genera el retiro inmediato del dato inscrito en el REDAM, conforme lo regula el parágrafo 3º. Cuando la mora se presente por una segunda oportunidad, el dato desfavorable estará sometido un término de caducidad de tres meses. Finalmente, si se incurre por tercera o más veces en mora en el pago de la obligación alimentaria, la inscripción del dato personal desfavorable se mantendrá por seis meses. No obstante, tres tipos de controversias interpretativas surgen de este esquema: (i) ¿a partir de cuándo debe contarse la caducidad del dato desfavorable; (ii) ¿prever un plazo de caducidad como el expuesto es compatible con el principio de caducidad del dato personal desfavorable?; y (iiii) ¿cuál es el plazo de caducidad que debe preverse tratándose de obligaciones alimentarias que permanecen insolutas? 154. Frente al primer asunto, la Sala considera que el término de caducidad debe contarse a partir del pago de la obligación, fundándose en dos tipos de argumentos. Uno de carácter lógico interpretativo, derivado de que el esquema progresivo propuesto por el PLE requiere de un momento preciso a partir del cual se inicie a contabilizar la caducidad de la información y este no puede ser otro que el pago de la obligación, debido a que es el parámetro previsto por el parágrafo 4º. Otro de carácter analógico, puesto que al analizar la regulación estatutaria sobre habeas data, particularmente la Ley 1266 de 2008 sobre administración de datos personales de contenido financiero, comercial y crediticio, se encuentra que la caducidad se cuenta desde el momento del pago de la obligación[233]. De esta manera, con base en la regla de remisión normativa prevista en el artículo 8º del PLE y habida cuenta de que se trata de asuntos afines, es aceptable interpretar la norma en ese sentido. 155. Respecto del segundo asunto, la Corte disiente de lo planteado por los intervinientes y el Procurador General y considera, en cambio, que el esquema progresivo de caducidad del dato personal desfavorable es compatible con la Constitución. Esta conclusión se sustenta en advertir que se trata de un asunto que hace parte del margen de configuración normativa del Legislador estatutario, quien ha adoptado un plazo razonable. Nótese que la permanencia del dato negativo es directamente proporcional al plazo en que la obligación alimentaria estuvo en mora y luego de haberse realizado el reporte. No debe perderse de vista que la primera inscripción del dato personal ya estuvo precedida de un periodo mínimo de mora de tres meses, pues antes de la comprobación de ese plazo el registro es improcedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 2º del PLE. Quiere ello decir que un segundo registro estará precedido de cuando menos seis meses de mora (tres meses iniciales y otros tres meses exigidos para el nuevo registro) y a partir del tercer registro el plazo de la mora no será menor de nueve meses. Por lo tanto, los plazos de caducidad del dato son inclusive inferiores al término en que la obligación permaneció en mora antes de su pago por el deudor alimentario. Si se parte de la base que la jurisprudencia constitucional en asuntos análogos ha considerado que el plazo equivalente al doble de la mora[234] es razonable para la caducidad del dato financiero negativo, en el caso de la inscripción de información desfavorable contenida en el REDAM este estándar es cumplido con suficiencia. Adicionalmente, prodigar el mismo tratamiento jurídico a los distintos supuestos de incumplimiento generaría un trato inequitativo y contrario al logro de los fines del REDAM. En efecto, considerar que al margen del periodo en mora debe excluirse el reporte una vez proceda el pago eliminaría los incentivos para el oportuno cumplimiento de la obligación alimentaria. Esto en el entendido de que el deudor tendría las mismas consecuencias, en términos de la aplicación de los efectos jurídicos previstas en el REDAM, si incumple sus obligaciones por primera vez o de forma sistemática. Este escenario, sin duda alguna, atenta contra las finalidades del tratamiento y de información y ofrece menores garantías para la eficacia de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios, así como de las personas, la mayoría de las veces mujeres, que asumen la manutención de aquellos ante el incumplimiento. 156. Para resolver el tercer interrogante la Sala debe partir de que, de acuerdo con el artículo 422 del Código Civil, los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario. Esto con excepción de los alimentos debidos a los hijos que no están en situación de discapacidad, que son exigibles hasta la mayoría de edad. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional[235] y de la Corte Suprema de Justicia[236] ha destacado que tratándose de los descendientes, la obligación alimentaria subsiste hasta que el acreedor llegue a la mayoría de edad o cuando, habiéndose cumplido esa edad, se encuentra inhabilitado para prodigarse su propia subsistencia, por ejemplo debido a que cursa estudios en jornada completa lo cual le impide ejercer una profesión u oficio; esto hasta los 25 años o excepcionalmente en un plazo superior, como ha sido reconocido también jurisprudencialmente[237]. Por lo tanto, el derecho a pedir alimentos se extingue por la muerte del acreedor o, en el caso de los hijos e hijas, por llegar a determinada edad o situación que permite la autonomía económica del sujeto. Este fenómeno es diferente a la posibilidad de alegar la prescripción de la obligación alimentaria en concreto, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, según la cual puede alegarse judicialmente la aplicación de cualquiera de las causales de extinción de las obligaciones, incluso frente al crédito derivado del derecho de alimentos y, en todo caso, salvaguardándose los derechos de los menores de edad a quienes no les es predicable la prescripción de la obligación[238]. 157. En apartado anterior se dejó claro que la función del REDAM se concentra en dar cuenta del incumplimiento de la obligación alimentaria, por lo que no hace parte de la competencia de los jueces o autoridades administrativas decidir, en el marco del trámite regulado en el artículo 3º del PLE, sobre la procedencia de causales de extinción de la obligación alimentaria. Por ende, esa clase de asuntos tendrán que decidirse por la autoridad judicial competente y en el proceso respectivo. En lo que respecta a la inscripción en el REDAM y conforme se deriva del principio de veracidad propio del habeas data, la información deberá mantenerse en el registro mientras sea cierta, esto es, mientras se mantenga la mora. Sin embargo, en caso de que se compruebe judicialmente la extinción de la obligación, la información personal deberá mantenerse en el REDAM por el término de seis meses, el cual es plazo máximo de permanencia previsto por el PLE. Este término se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró dicha extinción. Comprueba la Corte que sobre la materia concurren dos posibles interpretaciones. La identificada por los intervinientes, según la cual ante el silencio del Legislador estatutario sobre la caducidad del dato personal en el caso de obligaciones absolutas, el reporte tendría carácter permanente. Otra interpretación es la planteada en esta sentencia, la cual simultáneamente reconoce la necesidad de que la extinción de la obligación insoluta deba ser decretada judicialmente y que el reporte generada por ella debe eliminarse luego de un plazo razonable que ha previsto el PLE. En la medida en que únicamente la segunda comprensión de la norma la hace compatible con el principio de caducidad propio del derecho al habeas data, entonces la Corte condicionará la constitucionalidad de los parágrafos 2º y 3º en ese sentido. 158. Adicionalmente, la Sala encuentra que el parágrafo 3º del artículo 3º incurre en una omisión legislativa relativa, en realidad derivada de un error de técnica, que motiva la adopción de un fallo de constitucionalidad condicionada. La disposición prescribe el deber del juez de ordenar la cancelación de la inscripción en el REDAM cuando se acredite el pago total de la obligación alimentaria. Sin embargo, esta norma deja de tener en cuenta que idéntico deber jurídico debe predicarse de la autoridad administrativa que ordenó la inscripción. De lo contrario se generaría un tratamiento discriminatorio injustificado en contra de los deudores cuyo registro fue autorizado por dicha autoridad y que han satisfecho la obligación. Por ende, están acreditadas las condiciones para la comprobación de la omisión legislativa relativa, a saber: (i) la existencia de una norma de la que se predica dicha omisión; (ii) un trato diferente entre los deudores cuya información ha sido incorporada en el REDAM y que se han puesto al día; y (iii) la inexistencia de una razón constitucionalmente admisible para prodigar un tratamiento distinto. De allí que resulte necesario condicionar la constitucionalidad del parágrafo en comento, en el entendido de que, en caso de que se cancele totalmente la obligación en mora, tanto el juez como la autoridad administrativa que autorizó la inscripción en el REDAM deberán oficiar a la entidad responsable del tratamiento para que proceda el retiro de la información personal. 159. El parágrafo 4º faculta al acreedor alimentario cuya obligación conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, como podría ser un acuerdo conciliatorio, para que ante el incumplimiento solicite a una comisaría de familia o al ICBF que inicie el procedimiento descrito en el artículo 3º para obtener la inscripción del deudor incumplido en el REDAM. Esta norma no plantea mayores debates sobre su constitucionalidad y, antes bien, se muestra como una herramienta adecuada para la garantía del derecho a la igualdad entre los diferentes acreedores alimentarios y respecto a la distribución de los incentivos para el pago derivado de dicha inscripción. De allí que la Sala declarará su constitucionalidad. 160. En conclusión, la Sala declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 3º en el entendido de que (i) una vez declarada judicialmente la extinción de la obligación alimentaria insoluta, la inscripción en el REDAM permanecerá por el término de seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia respectiva; y (ii) en caso del pago total de la obligación alimentaria en mora, tanto el juez como la autoridad administrativa que autorizó la inscripción en el REDAM deberán oficiar a la entidad responsable del tratamiento para que proceda el retiro de la información personal. Artículo 4º Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. 161. Varios de los intervinientes y el Procurador General cuestionan este artículo al considerar que la circulación indiscriminada de la información personal contenida en el REDAM y su puesta a disposición a todas las personas vulnera el derecho a la intimidad. Para solucionar esta controversia proponen dos fórmulas de constitucionalidad condicionada: la circulación del dato exclusivamente a las autoridades vinculadas con las consecuencias del reporte en el REDAM o la limitación de los datos personales que pueden ser objeto de consulta, de modo que solo den cuenta de la finalidad de la recopilación, por lo que los terceros con interés legítimo deberán usar esos datos únicamente para los fines para los que fueron recopilados. La Unión del Notariado Colombiano considera que, con ese mismo fin, la expresión “ciudadano” del parágrafo del artículo 4º debe ser sustituida por “requirente”. 162. En fundamentos jurídicos anteriores han sido expuestas las razones que justifican la validez del objetivo del REDAM como mecanismo para el logro del pago de las obligaciones alimentarias morosas. Por ende, las funciones contenidas en la regulación analizada, consistentes en llevar el registro, expedir gratuitamente los certificados que se soliciten, fijar las reglas sobre término de vigencia de esos documentos y los medios tecnológicos que pueden utilizarse, y reconocer que el Gobierno puede ejercer la facultad reglamentaria para la materia, teniendo como límite la legislación estatutaria sobre habeas data, son tópicos que no presentan controversias constitucionales. De un lado, se trata de previsiones de carácter eminentemente operativo acerca del tratamiento de la información que son, salvo en lo que respecta a la circulación del dato personal, compatibles con los principios que informan la administración de datos personales. De otro lado, precisamente debido a esa naturaleza técnica, no están sometidos a reserva de ley por lo que no merece reproche su estipulación mediante el reglamento. Esto más aún si se tiene en cuenta que de forma expresa esa habilitación está sometida a las normas estatutarias que prevén, entre otros asuntos, los mencionados principios. 163. La discusión radica, como lo ponen de presente los intervinientes, en la posible afectación del derecho al habeas data por el hecho de la circulación indiscriminada de la información personal. De la lectura del artículo puede acertadamente concluirse que (i) cualquier persona puede obtener un certificado sobre inscripción en el REDAM; y (ii) ese certificado contendrá la información prevista en el artículo 5º del PLE, la cual identifica plenamente al deudor, el documento fuente de la obligación, las condiciones de la mora en su pago y la existencia misma de la inscripción. Por lo tanto, habrá que determinarse por parte de la Corte si viola el derecho a la intimidad y el principio de circulación restringida que el REDAM incorpore información personal del obligado al pago de alimentos, tanto sobre su identificación y la existencia de la obligación insoluta y que estos datos circulen libremente. 164. Para resolver este problema jurídico debe recordarse que el dato personal sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria tiene carácter semiprivado. Esto significa que si bien concurre un interés general sobre el conocimiento sobre el dato personal, en este caso representado en la necesidad imperiosa de proteger los derechos de los NNA, quienes son usualmente los acreedores de la obligación alimentaria, al igual que evitar la imposición de cargas desproporcionadas en contra de las mujeres que usualmente asumen esa obligación, esa sola circunstancia no lo convierte en un dato público. Ello debido a que involucra información vinculada con la intimidad de la familia y que, si bien no pertenece al núcleo esencial de ese derecho, en todo caso está amparada por ese derecho. Desde el punto de vista del contenido y alcance del habeas data esta comprobación conlleva dos consecuencias definidas: (i) que la circulación del dato personal está supeditada al consentimiento previo, claro y expreso del titular o, como sucede en este caso, a una autorización legal fundada en la necesidad imperiosa de proteger derechos constitucionales; y (ii) que el tratamiento de la información personal debe circunscribirse a la finalidad para la cual fue constituida la base de datos y que justificó bien la autorización del titular o aquella de naturaleza legal. En otras palabras, no se trata en modo alguno de datos que pueden circular libremente, como sucede con la información personal pública. 165. Llevadas estas premisas al caso analizado, para la Corte es evidente que la información personal contenida en el REDAM no puede circular libremente, cuando menos por tres tipos de razones. En primer lugar, porque no existe un vínculo verificable entre el incentivo del pago de la obligación alimentaria y la circulación indiscriminada del dato personal. Del hecho de que haya libre acceso a la información personal no se deriva necesariamente una promoción particular del cumplimiento de ese deber legal, sin que en una sociedad democrática resulten aceptables actuaciones que tengan por objeto esencial el escarnio público, puesto que son opuestas a la dignidad humana. En segundo lugar, el PLE determina en su artículo 6º las consecuencias de la inscripción en el REDAM, por lo que el tratamiento de la información debe estar dirigida a permitir la consecución de esos fines jurídicos. Usos diferentes de esa información, que corresponderían a las infinitas variables que se derivan del acceso público e indiscriminado del dato personal, son contrarias a los principios de finalidad y circulación restringida explicados en esa decisión. En tercer lugar, permitir el acceso ilimitado a estos datos afectaría desproporcionadamente el derecho a la intimidad del obligado y de su familia. Como tuvo oportunidad de indicarse anteriormente y a propósito de la evaluación de las razones que llevan a concluir que la información personal inscrita en el REDAM es de índole semiprivada, los datos sobre el incumplimiento del deudor alimentario refieren a situaciones muchas de las veces sensibles y que hacen parte de un entramado más amplio de conflictos al interior de la familia. Por lo mismo, hacen parte del objeto protegido por el derecho a la intimidad. 166. Evidenciada esta situación, la Corte encuentra que la circulación indiscriminada del dato personal analizado viola los derechos al habeas data y a la intimidad. Sin embargo, como lo señalan algunos de los intervinientes y el Procurador General, la norma puede ser interpretada de forma que se eviten los riesgos antes mencionados. Ello a través de la restricción de la circulación del dato exclusivamente a su titular y a las autoridades involucradas en imponer las consecuencias jurídicas descritas en el artículo 6º del PLE. De esta forma, se permite la normal operación del REDAM y se restringe la puesta a disposición de la información únicamente a quienes tienen un interés legítimo, amparado por la Constitución y por la legislación estatutaria, para acceder a esos datos personales. En consecuencia, la Corte declarará constitucional el artículo 4º del PLE en el entendido de que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a las que refiere, serán exclusivamente aquellas que estén vinculadas a la aplicación de las consecuencias de la inscripción en el REDAM descritas en el artículo 6º de la presente ley estatutaria. Artículo 5º - Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro. 167. La Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que el Procurador General de la Nación señalan que, con el fin de garantizar el principio de finalidad en la administración de datos personales, los datos recopilados deben ser únicamente aquellos necesarios para cumplir con el objetivo de la base de datos. Por ende, la interpretación de la expresión “como mínimo” que contiene el inciso primero debe ser de interpretación restrictiva. Estos intervinientes también señalan que la Corte debe condicionar la norma para que se prevea un plazo de caducidad del dato personal sobre la mora en el pago de la obligación alimentaria. Con todo, estos fueron asuntos que la Sala ya tuvo oportunidad de resolver a propósito del control de constitucionalidad del artículo anterior y por esa razón no se referirá nuevamente a ello. 168. En ese sentido, ahora habrá de determinarse si la inclusión de los datos descritos en el artículo analizado es compatible con la Constitución y, en particular, con los derechos a la intimidad y al habeas data. La Corte encuentra que el artículo analizado es constitucional. Los datos que plantean permiten identificar adecuadamente la identificación y ubicación del deudor moroso, así como el título que da cuenta de la obligación alimentaria incumplida. Estos datos son necesarios para cumplir los dos aspectos principales para los cuales ha sido instituida la base de datos: (i) la imposición de las consecuencias de que trata el artículo 6º del PLE, que operan como incentivos para el pago oportuno de la obligación; y (ii) la verificación del pago en caso de que se acredite y, con ello, la remoción de la información personal en el REDAM luego de los plazos descritos en el artículo 4º del PLE. Además, no puede perderse de vista que la constitucionalidad condicionada declarada respecto del artículo 4º del PLE hace que la información en comento carezca de acceso público, lo que justifica su necesidad en vista que solo será consultada por el titular del dato y por las autoridades concernidas en la imposición de las consecuencias del reporte. 169. La Sala, a su turno, no encuentra que ninguno de los datos que enlista el artículo 5º resulten impertinentes o ajenos al tratamiento de información personal propio del REDAM, con lo cual se cumple el principio de necesidad en la administración de datos personales. Tampoco advierte la Corte que resulte necesario el condicionamiento planteado por el Procurador General de la Nación respecto de la expresión “como mínimo”. El sentido del condicionamiento propuesto no haría más que reiterar que en la comprensión de la norma deben cumplirse con los principios del habeas data, en particular el de finalidad. Es evidente que no solo esta sino cada una de las disposiciones del PLE debe interpretarse de manera armónica con estos principios, no solo porque la normativa analizada así expresamente lo plantea, sino porque ese mandato se deriva del principio de supremacía constitucional. Así, en caso de que se aceptase la solicitud del Ministerio Público resultaría necesario condicionar la totalidad del articulado del PLE en el mismo sentido, lo cual es por completo innecesario debido al carácter superior y ordenador de los mencionados principios. Sin embargo, la Sala considera pertinente aclarar que la expresión “como mínimo” tampoco significa que el Legislador estatutario haya conferido una potestad ilimitada al Gobierno para que, en ejercicio de la facultad reglamentaria, pueda incorporar cualquier otro contenido en los reportes del REDAM. En contrario, es evidente que habida cuenta que la inclusión de información en ese registro incide en el ámbito de protección del derecho a la intimidad, su regulación está sometida a reserva material de ley. Ello significa que el Ejecutivo podrá incorporar únicamente aquellos requisitos que hayan sido previstos por otras disposiciones de naturaleza legal y que, a su vez, resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propósitos del registro y en los términos explicados en esta sentencia. 170. Otro aspecto en donde la Corte considera necesario hacer algunas precisiones conceptuales es el alcance del concepto “domicilio” contenido en el numeral segundo del artículo 5º. En razón de que el PLE no ofrece una definición sobre este aspecto, debe hacerse uso de las estipulaciones legales que regulan la materia. De acuerdo con lo regulado por los artículos 76 a 78 del Código Civil (i) el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella; (ii) el domicilio civil refiere a una parte determinada de un lugar del territorio; y (iii) el lugar donde el individuo se asienta o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad. Esta precisión conceptual es importante para el asunto analizado, puesto que debe evitarse que la noción de domicilio subsuma a la de residencia, esta última entendida como la identificación del lugar preciso de habitación o trabajo de las personas. Ello debido a que, al ser el REDAM una modalidad de administración de datos personales, está guiada por el principio de necesidad. Efectivamente, mientras el domicilio es un dato semiprivado que está llamado a circular bajo la autorización del titular o la orden legal que suple esa voluntad, la residencia es un dato que corresponde a la intimidad de las personas, precisamente porque la vivienda o el lugar de trabajo son los entornos en que, por excelencia, se ejerce ese derecho y, por lo mismo, gozan de una particular protección constitucional. Por ende, solo están llamados a incorporarse en los reportes respectivos y, en consecuencia, circular en las condiciones previstas en la legislación estatutaria, aquellos datos personales que permitan la adecuada identificación del deudor. En este caso, la mención del municipio en que reside el obligado alimentario, aunado con la demás información contenida en el registro, se muestra suficiente y adecuada para cumplir con los objetivos propios del REDAM explicados en esta sentencia. 171. La inclusión en el registro del sitio de residencia, en cambio, se muestra problemática por al menos dos tipos de razones: en primer lugar, el dato no es necesario para la identificación plena del deudor alimentario y por parte de las autoridades encargadas de aplicar las consecuencias del registro. En efecto, el único acto de notificación personal que prevé el PLE es previo al registro y dentro del trámite de traslado de que trata el inciso primero del artículo 3º. Por ende, las actuaciones posteriores no suponen esa actuación y, en consecuencia, en ellas bastarán la precisión sobre el domicilio del actor. En segundo lugar, la decisión de incluir en el REDAM el lugar de residencia constituiría una afectación desproporcionada, en tanto innecesaria, del derecho a la intimidad no solo del deudor sino de su familia cuando la dirección corresponda al sitio de vivienda. Por lo tanto, la Corte concluye que la noción “domicilio” del numeral segundo del artículo 5º corresponde a la identificación del municipio o distrito en el que reside el deudor alimentario, sin que se extienda a su dirección de residencia. A partir de los anteriores argumentos, la Corte declarará la constitucionalidad del artículo 5º del PLE. Artículo 6º: Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Como se ha explicado en varios apartes de esta sentencia, el artículo 6º del PLE es la norma respecto de la cual se concentran el mayor número de reparos por parte de los intervinientes y el Procurador General. Habida cuenta este hecho, sumado a la extensión del precepto, la Sala hará un estudio separado de cada uno de sus numerales, agrupándolos temáticamente cuando resulte pertinente. 172. Numerales 1º y 2º: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. Las universidades de la Sabana y del Rosario, el ICBF, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Procurador General de la Nación sostienen que estos numerales son inconstitucionales. Indican que son innecesarios y desproporcionados, puesto que generan el efecto contrario al objetivo buscado con el REDAM, consistente en el pago oportuno de las obligaciones alimentarias; en cuanto privan al deudor de los recursos que requiere para asumir esa obligación. Resaltan que existirían otros mecanismos menos gravosos, en particular que procediese el descuento de las sumas debidas respecto de los ingresos que surjan en virtud del contrato o la vinculación con el Estado. El ICBF indica que en este caso se estaría ante una situación análoga a la que estudió la Corte en la Sentencia C-657 de 1997, por lo que habría que aplicarse el mismo sentido de decisión. Agregan que la extensión de las consecuencias de la inscripción a las personas jurídicas también es desproporcionada y desconoce el carácter personal de la obligación alimentaria. Por la misma razón, se afecta el derecho al debido proceso de la persona jurídica, quien termina siendo declarada responsable del pago de la acreencia sin que se hubiese surtido un procedimiento previo y con su concurrencia. 173. A partir de estos asuntos, los dos numerales citados generan los siguientes problemas jurídicos que la Corte debe resolver: ¿Las inhabilidades para el ejercicio de empleos públicos y para contratar con el Estado resultan desproporcionadas e irrazonables, al presuntamente no ser medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación alimentaria? ¿Extender las inhabilidades mencionadas a las personas jurídicas cuando su representante legal es deudor moroso es desproporcionado al ampliar las consecuencias de una obligación que es personal y, además, vulnera el derecho al debido proceso de la persona jurídica? ¿Es compatible con la Constitución la disposición que estipula una inhabilidad sobreviniente cuando el contratista o representante legal de la persona jurídica es inscrito en el REDAM durante la ejecución del contrato estatal? 174. Para resolver el primer asunto debe partirse de recordar que el precedente de esta Corporación ha sostenido que una de las causales válidas para la previsión de inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos es el debido cumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo plantearlas bien de tipo preventivo o sancionatorio, estas últimas ante la comisión de conductas antijurídicas. El incumplimiento de la obligación alimentaria es una evidente infracción de normas legales, que además tiene una específica significación constitucional, tal y como se ha explicado ampliamente en esta sentencia. Es por esta significación que la jurisprudencia constitucional ha admitido la validez de la imposición de sanciones de la más alta índole contra el obligado moroso, como es la responsabilidad penal por el delito de inasistencia alimentaria. Debe llamarse la atención que contra ese tipo penal se formuló demanda de inconstitucionalidad basada en argumentos similares a los planteados por los intervinientes: la inconstitucionalidad derivada del hecho de que el tratamiento penal de la inasistencia alimentaria impedía el ejercicio de actividades laborales necesarias para la obtención de recursos destinados, precisamente, para el pago de la obligación en mora.  Por ende, es necesario hacer referencia a lo decidido por la Corte en esos casos. En la Sentencia C-237 de 1997[239] la Corte puso de presente que el delito de inasistencia alimentaria no tenía como bien jurídico protegido el patrimonio del acreedor sino la familia. Aunque la obligación alimentaria se traduce en una suma de dinero, “no se castiga a quien la incumple, por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario.”. En esta misma decisión, este Tribunal indicó que el análisis sobre la conveniencia del tipo penal era un asunto propio del Legislador y fundado en razones de política criminal. Por ende, la labor de la Corte era verificar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, que en el caso se encontraban acreditadas en razón de la importancia del bien jurídico tutelado[240] 175. Una consideración similar fue expuesta en la Sentencia C-984 de 2002[241] la cual analizó el mismo problema jurídico ante la expedición del actual Código Penal. Además de reiterar los anteriores argumentos, la Sala Plena explicó cómo la norma no vulneraba el derecho a la igualdad al imponer un tratamiento más gravoso a los deudores de alimentos frente a los deudores de otro tipo de obligaciones. Para ello señaló que se trataba de supuestos diferentes en virtud de los fines constitucionales a los que sirve el pago de los alimentos. Para la decisión en comento, la razón de la sanción penal en este caso es “el incumplimiento [que] genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno. Siendo pues, dos situaciones diferentes las que se regulan en uno y otro caso, no podría argumentarse con suficiencia un cargo por violación del derecho a la igualdad.” 176. Finalmente, también deben reiterarse las consideraciones realizadas por la Corte en la Sentencia C-651 de 2006[242], citada en el fundamento jurídico 103 y en la que determinó que el establecimiento de la inhabilidad derivada del registro en el boletín de responsables fiscales era constitucional, porque (i) estaba fundada en la protección del interés general representado en el pago oportuno de las obligaciones con el Estado; (ii) era una medida idónea y eficaz para recaudar dichas acreencias; y (ii) la medida es proporcional en términos de protección del mencionado interés general, así como de la imparcialidad y la moralidad. Esta regla, a su turno, guarda similitud con lo decidido recientemente por la Corte en la Sentencia C-093 de 2020[243], la cual declaró exequible la norma del Código Nacional de Seguridad y Convivencia que establece como una de las consecuencias de la mora en el pago de multas de policía la imposibilidad de ser nombrado o ascendido en un cargo público[244]. La Sala consideró que el Legislador está habilitado para imponer requisitos para el acceso a los cargos del Estado diferentes al mérito, como son aquellos vinculados a la moralidad pública, a condición de que resulten proporcionales. De esta manera, resultan razonables condiciones que “desarrollan para garantizar fines imperiosos del Estado, tales como la defensa del principio de igualdad, la garantía de derechos fundamentales de personas -p. ej., los niños-, la protección de la vigencia del Estado de Derecho -cumplimiento de los deberes constitucionales y legales-, entre otros.” 177. Las reglas planteadas resultan útiles para resolver sobre las inhabilidades en comento. Es claro que si se reconoce la validez constitucional de medidas altamente invasivas de la autonomía individual, como son las que se derivan del uso de la tipificación penal, resultaría un contrasentido cuestionar instrumentos de menor intensidad, como es la imposición de este requisito para el acceso a los cargos públicos o a contratar con el Estado. Adicionalmente, no puede perderse de vista el hecho de que uno de los motivos que fundamentan la imposición de inhabilidades es la conservación de la transparencia y la moralidad administrativa. El incumplimiento de las obligaciones alimentaria afecta valores constitucionales esenciales y, en modo alguno puede desconocerse a la hora de analizar las calidades de los futuros servidores públicos o contratistas del Estado. 178. Adicionalmente, la Corte considera importante llamar la atención sobre dos argumentos que deben tenerse en cuenta para resolver los problemas jurídicos mencionados. De un lado, debe insistirse en el carácter central que tiene el pago de la obligación alimentaria en términos de la protección de los derechos fundamentales, en particular de los NNA. En ese sentido, el incumplimiento en el pago de los alimentos no es un asunto equiparable a la mora en cualquier otra obligación civil. Se trata de un deber jurídico básico, amparado por la vigencia del principio de solidaridad y la protección que la Carta Política prodiga a la familia como núcleo esencial de la sociedad. Estas diferentes razones concurren en la validez de un margen de maniobra amplio para que el Legislador determine consecuencias de ese cumplimiento, más aún cuando se trata de relaciones entre el individuo y el Estado. Esto bajo el entendido de que interesa a la sociedad en su conjunto que quienes concurren en el ejercicio de las funciones públicas tengan las más altas calidades morales. Esa condición es, sin duda alguna, incompatible con la mora en el pago de las obligaciones alimentarias. De otro lado, también debe tenerse en cuenta que, contrario a como sucede con las demás obligaciones civiles, los alimentos carecen de mecanismos paralelos de pago. Mientras que otras deudas logran usualmente su pago a través de instrumentos que no requieren la intervención judicial o administrativa, como cobros prejurídicos o suspensiones de servicios ante la mora, no sucede lo mismo respecto de la obligación alimentaria, a pesar de su vital importancia. Este déficit justifica prima facie la acción del Legislador estatutario para la fijación de mecanismos eficaces y que operen como incentivo para el pago oportuno de los alimentos insolutos. Sobre este último aspecto, debe resaltarse que la aproximación que tiene el PLE al fenómeno de la mora en el pago de los alimentos se basa, no en la imposición de sanciones penales o de otra índole al obligado moroso, sino a un esquema que privilegia (i) la previa notificación al deudor sobre el registro y con el fin de que proceda al pago inmediato; y (ii) la determinación de consecuencias económicas y laborales ante la persistencia en la falta de pago. Este enfoque tiende a generar una serie de incentivos para el pago que son importantes, en la medida en que se muestran más efectivos que la simple imposición de sanciones que muchas de las veces no son ejecutadas y, en particular, no guardan relación material con el cumplimiento de la acreencia. 179. Con base en estas consideraciones la Corte decidirá el primero de los problemas jurídicos planteados. Para ello hará uso de un juicio de proporcionalidad de carácter intermedio, habida cuenta que la medida involucra una limitación al ejercicio de los derechos políticos a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. La Sala encuentra que la medida cumple con una finalidad no solamente importante, sino imperiosa, consistente en proteger los derechos fundamentales de personas que se ven afectados en su mínimo vital por el hecho del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, quienes usualmente son sujetos de especial protección constitucional. La medida, a su vez, es necesaria porque opera un incentivo para el pago cumplido de esas obligaciones, al supeditar el nombramiento o la suscripción del contrato respectivo al pago de esa obligación. Sobre este aspecto particular la Corte se opone a lo planteado por varios intervinientes y el Procurador General, en el sentido de que sería una medida menos gravosa permitir el acceso al cargo público o la suscripción del contrato y luego, a partir de los ingresos que reciba el obligado por ese concepto, lograr el pago de la obligación alimentaria. En primer lugar, la evaluación sobre la conveniencia de la medida es un asunto que corresponde prioritariamente al Legislador y, como se explicó anteriormente, la Corte ha avalado la constitucionalidad de medidas que, como la sanción penal, imponen consecuencias más intensas para el obligado que las que se derivan de la mencionada inhabilidad. En segundo lugar, el cuestionamiento planteado por los intervinientes es incompleto, en la medida en que solamente analiza el asunto desde el punto de vista del acreedor pero deja de tener en cuenta la necesidad de resolver con prontitud la mora en el pago de la obligación alimentaria. Así, supedita ese pago a las actuaciones posteriores a la suscripción del contrato o a la vinculación laboral o reglamentaria con el Estado. Con esa misma lógica podría válidamente plantearse que el futuro servidor o contratista puede valerse de los diferentes mecanismos de crédito existentes para atender la obligación alimentaria y luego, con base en los salarios o ingresos contractuales recibidos, asumir esa obligación y continuar con el pago cumplido de la acreencia alimentaria. Esta opción encuentra fundamento adicional en el hecho de que las personas que aspiran a los cargos públicos o a contratar con el Estado generalmente no hacen parte de los sectores con mayores necesidades sino, antes bien, están precedidos de determinado nivel de formación profesional o técnica que los habilita para el empleo y que les permite acceder a dichos mecanismos de crédito. En ese sentido, la Corte encuentra que existen diferentes alternativas, todas ellas válidas desde la perspectiva constitucional, por lo que su escogencia es un asunto en el que prima la deferencia al procedimiento democrático y a la decisión del Legislador estatutario. Por último, debe tenerse en cuenta que esta conclusión no se opone a lo planteado por la Sentencia C-657 de 1997 antes citada. En esa oportunidad, la Corte concluyó que la restricción para acceder a los empleos del Estado por encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Protección Familiar era inconstitucional, no porque la obligación alimentaria morosa no fuese materia de reproche, sino porque la norma analizada no preveía ninguna instancia para que el deudor ejerciese su derecho de contradicción y defensa, lo que afectaba desproporcionadamente el derecho al trabajo. En el presente caso, como se explicó a propósito de la constitucionalidad del artículo 4º del PLE, sí se prevén dichos mecanismos de contradicción a favor del obligado, lo que demuestra la diferencia entre ambas situaciones y descarta el carácter de precedente de dicha decisión judicial. Adicionalmente, debe resaltarse que la misma Sentencia C-657 de 1997 concluyó que el juramento sobre la inexistencia de obligaciones alimentarias en mora, exigido por el artículo 6º de la Ley 311 de 1996, no afectaba el derecho al trabajo. Para sustentar esta conclusión la decisión en comento explicó: “Que una persona deba prestar juramento en el sentido de que ignora tener un juicio pendiente por alimentos, o afirmando que cumplirá las obligaciones que al respecto le impone la ley, no implica, como lo estima el actor, una violación de su derecho al trabajo. La disposición legal no le impide que lo ejerza ni implica que se lo despoje de la especial protección que la Carta Política le garantiza. Apenas se establece un requisito previo, ligado a las obligaciones que el trabajador debe cumplir si las tiene a cargo, con el objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de otras personas -quienes de él pueden reclamar alimentos- para realizar los fines propios del Estado Social de Derecho y la vigencia cierta del orden jurídico. No debe olvidarse que el trabajo, además de ser un derecho fundamental que el Estado ampara en todas sus modalidades, es también, en los términos del artículo 25 de la Constitución, una obligación social. La persona no trabaja solamente para su personal sustento, bajo una concepción egoísta e individualista de la remuneración que recibe, sino que debe proyectar su actividad al beneficio colectivo, principiando por el que, en razón de sus compromisos de familia, debe atender con prioridad. (…) La Corte considera que el legislador bien puede exigir que el ejercicio de los derechos tenga lugar sobre la base de asegurar que se están cumpliendo los deberes y las obligaciones que les son correlativos, siempre que no se afecte de manera injustificada el núcleo esencial de aquéllos. El juramento, expresado en el sentido de la norma objeto de demanda, no coarta el derecho de las personas a trabajar ni introduce entre ellas distinciones ni discriminaciones carentes de motivo fundado y, por tanto, no vulnera los artículos 13, 25 ni 53 de la Constitución Política.” Como es sencillo advertir, estos argumentos concurren en la línea jurisprudencial explicada en este apartado y que justifica la validez constitucional de medidas que supediten el ingreso al empleo público al pago cumplido de las obligaciones alimentarias. A partir de estas consideraciones, la Corte concluye que la medida analizada es razonable y proporcionada, solucionándose así el primer problema jurídico. 180. Respecto del segundo problema jurídico, la Corte parte de dos comprobaciones importantes para este análisis. En primer término, aunque es evidente que el representante legal de una persona jurídica es un sujeto jurídico diferente a esta, en todo caso existe entre los dos una relación cualificada de dependencia y confianza. El representante legal ejerce las acciones materiales en nombre de la persona jurídica, está en capacidad de obligarla jurídicamente y es quien, en suma, recae la carga de la interacción de la empresa o entidad con otros sujetos. Asimismo, tratándose de formas societarias integradas por pluralidad de personas naturales y/o jurídicas, el representante legal es depositario de la confianza de los socios, por lo que sus cualidades morales, entre ellas el debido cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, es un asunto de la mayor importancia y respecto del cual el Legislador puede válidamente plantear consecuencias jurídicas específicas. En segundo lugar, habida cuenta estas condiciones e interacciones entre la persona jurídica y su representante legal, es claro que surge un deber de debida diligencia en su selección. Por ende, se espera que quienes ejercen la representación legal de las sociedades que pretenden contratar con el Estado sean personas idóneas desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones, puesto que precisamente tendrán que interactuar con las entidades públicas en la ejecución de contratos que están dirigidos a la satisfacción del interés general. Quiere ello decir que esas cualidades del representante legal interesan al Estado y, por esa misma razón, ingresan al margen de configuración legislativa; más aún cuando se refieren al cumplimiento de deberes jurídicos que, como la satisfacción de las acreencias alimentarias, están estrechamente vinculados con la protección de derechos fundamentales. 181. Entonces, resulta problemática la postura planteada por los intervinientes, en el sentido de desligar la responsabilidad del representante legal de la de la persona jurídica. La segunda tiene efectos prácticos en la interacción propia de los negocios jurídicos en tanto existe la primera, de allí que se predique el mencionado deber de mínima diligencia. Por ende, no se muestra desproporcionado exigir que el representante legal no esté inscrito en el REDAM como condición para contratar con el Estado, precisamente porque ese deber apela tanto al cumplimiento de ese deber como al interés general representado en la obligación de que las personas que participan en los procesos contractuales públicos cumplan con sus deberes jurídicos esenciales, como es la debida atención a las acreencias alimentarias. Asimismo, es importante reiterar que la Corte ha declarado la exequibilidad de normas que establecen inhabilidades de amplio espectro para la contratación con el Estado derivada del incumplimiento de obligaciones vinculadas con la satisfacción del interés general. En la varias veces citada Sentencia C-651 de 2006 la Corte consideró que era compatible con la Carta Política la prohibición de contratar con el Estado con quien fuese deudor moroso de obligaciones fiscales, sin hacer distinción entre las acreencias a cargo de las personas jurídicas o sus representantes legales[245]. Por ende, lo que hace parte del margen de evaluación del Legislador es la revisión de las calidades de quién contrata con el Estado, resultando por ende artificiosa la distinción que plantean los intervinientes. Esto debido a que en modo alguno se trasladan obligaciones de un sujeto jurídico a otro, sino que el interés general se ve representado en que tanto las personas jurídicas como quienes actúan en su nombre sean sujetos que cumplen con las obligaciones vinculadas a la vigencia de derechos fundamentales. 182. De la misma manera, la Sala encuentra dos tipos de argumentos adicionales que también justifican la constitucionalidad de la extensión de las consecuencias del REDAM a los representantes legales de las personas jurídicas. De un lado, las normas legales confieren a dichas personas potestades amplias y flexibles[246] para la remoción y sustitución en cualquier tiempo de sus representantes legales[247], generalmente delegando el nombramiento de ese representante a la junta directiva y conforme lo establezcan los estatutos.[248] De esta manera resulta plenamente factible que ante la contingencia de que el representante sea registrado en el REDAM la persona jurídica pueda alternativamente proceder a su pronta remoción (y con ello permitir el normal desarrollo del objeto social frente a los contratos con el Estado) o exigir a aquel que se ponga de inmediato al día en el pago de sus obligaciones, a fin de que sea excluido de dicho registro. Es claro, en consecuencia, que la controversia en la suscripción del contrato estatal dentro del supuesto estudiado puede ser fácilmente resuelta mediante una decisión corporativa, que se muestra compatible tanto con la oportuna asunción de la obligación alimentaria como con la debida suscripción del contrato estatal. 183. De otro lado, la Corte encuentra que a partir de determinados tipos societarios la exclusión de los representantes legales de los efectos del REDAM puede generar un déficit de protección de los derechos de los acreedores alimentarios. En efecto, para el caso de la sociedad por acciones simplificada y conforme lo estipulan los artículos 1º y 17 de la Ley 1258 de 2008, esta puede ser conformada por una sola persona natural o jurídica y, en el primer supuesto, durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los distintos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la del representante legal. Por ende, bien podría esta sociedad unipersonal servir de vehículo para entorpecer el pago de la obligación alimentaria cuando el único socio también ostente la condición de representante legal. Así, en ese escenario y de acogerse la postura propuesta por algunos intervinientes, podría oponerse al registro en el REDAM y, con ello, debilitarse el incentivo para el pago cumplido de los alimentos debidos. Esta razón concurre con las demás expuestas anteriormente en el sentido de extender los efectos que impiden la contratación con el Estado cuando el representante legal está reportado en el REDAM. Por supuesto, esta extensión también implica la obligación del juez y/o funcionario que ordena la inscripción que comunique de esta, en los términos del inciso primero del artículo 3º del PLE, no únicamente a la persona natural sino también a la persona jurídica cuando aquella es su representante legal. Esto con el fin de que puedan ejercer las posibilidades de remoción o de exigencia del pago de la obligación, anteriormente mencionadas. De esta manera, en caso de que no ejerza esas opciones, la persona jurídica terminará siendo cobijada por los efectos del reporte, no por el simple hecho de un tercero sino ante su propia inacción y negligencia en acudir a los remedios legales para evitar tales consecuencias jurídicas. 184. En consecuencia, la Corte evidencia que concurren importantes razones de índole constitucional que justifican la validez de la disposición que extiende las inhabilidades a la persona jurídica cuando su representante legal está inscrito el REDAM. Por ende, el segundo problema jurídico es resuelto por la Corte de forma negativa. 185. Frente al tercer problema jurídico que ofrecen los dos primeros incisos del artículo 6º del PLE, la Corte encuentra que los mandatos legales que (i) ordenan la suspensión del servidor público que es inscrito en el REDAM; y (ii) obligan a la terminación del contrato cuando el contratista que es persona natural o el representante legal de la persona jurídica incurran en mora en el pago de las acreencias alimentarias, plantean algunas controversias que deben ser resueltas en esta sentencia. 186. En el primer evento es necesario definir si una medida de esa naturaleza se muestra proporcionada y razonable. Para el efecto habrá de adelantarse un juicio de proporcionalidad de carácter intermedio, habida consideración de que la regulación afecta los derechos constitucionales del servidor público a desempeñarse en el cargo. Como se ha expresado en diversos apartes de esta sentencia, la inscripción de los datos personales del deudor alimentario moroso es una medida que busca satisfacer fines constitucionalmente importantes e imperiosos, vinculados a la protección de los derechos fundamentales, en particular de los NNA, que son interferidos por la falta de pago de la obligación alimentaria. Además, la medida se muestra idónea para cumplir esas finalidades en la medida en que opera como un incentivo efectivo para que, advertido de la posibilidad de suspensión en el cargo, no incurra en mora en sus obligaciones alimentarias. Por último, la medida es proporcionada en sentido estricto. La suspensión del servidor público moroso está precedida, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4º de PLE, de una previa notificación en donde el deudor está en capacidad de cancelar la obligación insoluta. Esta instancia es reafirmada por la norma analizada cuando establece que la suspensión se realizará bajo la vigencia del derecho al debido proceso. Asimismo, debido a la comprobación sobre el ingreso salarial que se deriva del vínculo laboral o reglamentario con el Estado, el obligado está en plena capacidad de asumir cumplidamente el pago de sus obligaciones. A esto se suma la necesidad de que el servidor público mantenga un comportamiento compatible con el principio de moralidad, que para el caso se traduce en el debido cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas con la satisfacción de derechos fundamentales.  Por ende, se concluye que lo previsto en el inciso segundo del numeral segundo del artículo 6º del PLE es constitucional. Sobre este preciso particular también debe resaltarse que el Legislador ha dotado de connotación disciplinaria al incumplimiento de la obligación alimentaria. En efecto, el numeral 11 del artículo 35 del Código Disciplinario Único actualmente vigente establece como una de las prohibiciones del servidor público incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. Acerca de la compatibilidad de esta previsión con la Constitución, la Sentencia C-949 de 2002[249] explicó que medidas de esta naturaleza son proporcionales en la medida en que evitan el perjuicio que genera para la instituciones estatales contar con servidores que incumplen sistemáticamente con deberes que se derivan del orden jurídico. En ese sentido, hace parte de la libertad de configuración legislativa establecer medidas sancionatorias ante esas conductas, las cuales no solo protegen a la Administración sino que también están vinculadas con el logro de objetivos que interesan a la sociedad en su conjunto. Por ende, es claro que existe un precedente constitucional identificable que considera compatibles con la Constitución aquellas previsiones que reprochan la conducta de los servidores públicos que incumplen con sus obligaciones jurídicas, entre ellas las de carácter familiar. Esto porque a pesar de que en estricto sentido ese cumplimiento no está vinculado con sus funciones, sí hay un interés estatal válido y verificable en que los servidores públicos cumplan con dichos deberes, más aún cuando se trata de aquellos que, como los alimentos, están estrechamente ligados con la vigencia de los derechos fundamentales. Es claro que la norma objeto de análisis se inserta dentro de esa perspectiva, por lo que la Sala acoge el mismo sentido de decisión. 187. Sin embargo, la Corte arriba a una conclusión diferente tratándose de lo dispuesto en el numeral primero del mismo artículo. La regulación dispone que si el contrato está en ejecución y el contratista o su representante legal incurren en mora de las obligaciones alimentarias se configura causal de terminación de aquel. La medida cumple el propósito constitucionalmente importante e imperioso de satisfacer la obligación alimentaria y se muestra idónea para cumplirlo en tanto conforma un incentivo relevante para que el contratista esté al día con dicha obligación y, de esta manera, enerve la posibilidad de que se termine el contrato. No obstante, la Sala encuentra que la medida impone un tratamiento desproporcionado e irrazonable en términos de satisfacción de los principios constitucionales de la función administrativa, en particular los de eficacia, economía y celeridad. Esto por las siguientes razones: 187.1. La norma no distingue entre las diferentes clases de contratos estatales, por lo que tiene aplicación general. Por ende, se predica tanto del contrato de prestación de servicios por parte de una persona natural como de aquellos que involucran el suministro de bienes y servicios de toda índole y la construcción de infraestructura. Es evidente que la suspensión abrupta de estos contratos afecta gravemente los principios mencionados y, de una manera más amplia, el adecuado funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines esenciales mediante la actividad contractual. En ese sentido, se contradice la regla fijada por la jurisprudencia constitucional que reconoce que la satisfacción de los principios de economía, eficacia y celeridad no es un fin en sí misma, sino que es un vehículo para el cumplimiento de los fines estatales, razón por la cual resultan contrarios a la Constitución mandatos legales que impliquen afectaciones desproporcionadas a estos principios[250]. 187.2. De aceptarse la terminación intempestiva de cualquier contrato estatal por el hecho del incumplimiento de las obligaciones alimentarias se forzaría a la Administración a adelantar nuevamente un proceso contractual, con las demoras y traumatismos que ello acarrea, pues habría que terminarse el contrato de forma inmediata, incluso a pesar de que el contratista esté cumpliendo adecuadamente con el objeto del contrato estatal. Estas dificultades no solo se predican de aquellos contratos que proveen bienes, sino incluso de la prestación de servicios por parte de personas naturales, puesto que también en ese evento la entidad estatal debe surtir un nuevo proceso y, en el entretanto, limitar su capacidad de respuesta institucional ante la repentina finalización del vínculo contractual. Sobre el particular es importante aclarar que esta circunstancia es diferente a la analizada respecto de la suspensión del servidor público registrado en el REDAM. Mientras en ese caso la Administración tiene a su disposición herramientas jurídicas ágiles que permiten continuar con el servicio, en particular el encargo provisional de las funciones que ejercía el moroso en otro servidor público que cumpla con las condiciones legales exigidas[251], esta opción no concurre cuando se trata del contrato estatal. Así, conforme el régimen general de contratación estatal habría que adelantarse el proceso correspondiente y, mientras tanto, suspenderse la ejecución del objeto del contrato, lo que implica las graves consecuencias antes explicadas. 187.3. La causal de terminación del contrato estatal que ofrece la regulación estudiada es indeterminada. Nótese que la lectura literal de la parte final del numeral 1º en revisión no refiere a la inscripción en el REDAM sino al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que es un paso previo al registro y que, por esta razón, no está amparado de los procedimientos explicados en esta sentencia y que aseguran los derechos de contradicción y defensa del deudor moroso. Por ende, la disposición analizada implica que basta con que se acredite cualquier incumplimiento para que se termine el contrato, lo cual refuerza la tesis sobre la desproporción de la medida. Esto más aún si se tiene en cuenta que el Legislador estatutario no contempló ninguna medida intermedia y menos onerosa en términos de continuidad del contrato estatal, como sí lo hizo tratándose de los servidores públicos que son suspendidos y sí se supedita la medida a la inscripción en el REDAM, lo que no sucede en el presente caso. 188. Finalmente, la exclusión de la consecuencia jurídica en comento no impone un tratamiento irrazonable o desproporcionado a los acreedores alimentarios. Ello debido a que subsisten las demás consecuencias de la inscripción en el REDAM, tanto para la persona natural contratista como para el representante legal de la persona jurídica. Entre estas están la imposibilidad de contratar nuevamente con el Estado o de acceder a cargos públicos, las cuales se concluyeron compatibles con la Constitución. En consecuencia, la Corte declarará la inconstitucionalidad de la expresión “Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias”. Por último, la Sala estima necesario hacer algunas precisiones sobre la constitucionalidad de aspectos particulares del numeral 2º del artículo 6º analizado. 189. Respecto del inciso primero, la Corte advierte que existe un lapsus calami en su redacción derivado de la indebida inclusión del adverbio “no”. En efecto, la norma establece que no se podrán nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas registradas en el REDAM, “hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias”. Es evidente que la lectura sistemática de esta disposición con el resto del articulado lleva a la conclusión inequívoca que el nombramiento o posesión está suspendido hasta que se pague la obligación, lo que hace innecesaria la referida expresión. Este yerro, no obstante, no significa la inconstitucionalidad de dicho adverbio, puesto que (i) el ejercicio del control de constitucionalidad no tiene como objeto corregir la redacción del Legislador; y en todo caso (ii) la dificultad explicada puede fácilmente superarse mediante un adecuado ejercicio interpretativo, lo que deja a salvo a la correcta comprensión del precepto. 190. En relación con ese mismo inciso, la Sala advierte que surgiría la duda acerca de cuándo opera la consecuencia jurídica en comento tratándose de los cargos de elección popular. Esto debido a que si se atiene a otras normas legales que regulan la materia[252], habría que determinarse si la inscripción en el REDAM constituye inhabilidad para la inscripción de la candidatura o únicamente para la posesión del candidato electo. La Corte considera que la inhabilidad objeto de análisis opera únicamente al momento de la posesión del elegido, conclusión que se apoya en razones de índole literal, histórica y sistemática. En cuanto a lo primero, el numeral 2º analizado restringe la inhabilidad a los actos de nombramiento y posesión, sin que los extienda a la inscripción de candidatos de elección popular, por lo que no resulta permitido que a través de un ejercicio interpretativo se incluya un ingrediente normativo que no fue contemplado por el Legislador estatutario. Respecto de lo segundo, revisado el trámite legislativo se encuentra que durante la exposición del PLE en el debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ponente de la iniciativa insiste en que la inhabilidad opera para la posesión en los cargos públicos, entre ellos los de elección popular. Sobre el particular, se lee en el acta respectiva lo siguiente: “La inscripción en el registro de que efectivamente no está en mora o se encuentra al día, pues una vez se haga la inscripción por parte de la autoridad que se establece aquí en el articulado y aquí en el proyecto para llevarlo a cabo, pues las inhabilidades para contratar con el Estado no se podría generar pues posición[253] (sic) en cargos públicos ni de elección popular, daría los impedimentos para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro y esto con el fin también, donde muchas veces se genera insolvencia por parte de aquellos acreedores morosos que se insolventan para precisamente no ser sujeto de las acciones ejecutivas que se derivan no solamente de las Sentencias sino de las actas de conciliación o acuerdos conciliatorios que prestan mérito ejecutivo.”[254] En cuanto al tercer aspecto la Sala encuentra que interpretado el numeral en su conjunto es unívoca la intención del Legislador estatutario de aplicar la inhabilidad al momento de la posesión de los distintos cargos, entre ellos los de elección popular. Esto actúa en consonancia con lo explicado en precedencia acerca de la necesidad de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones jurídicas en tanto exigencia vinculada con la imagen del Estado y el interés general vinculado a ese cumplimiento. Asimismo, la satisfacción de las obligaciones familiares es un asunto que se muestra pertinente para el escrutinio ciudadano previo a la elección, lo que también concurre en que la inhabilidad opere una vez el candidato ha sido electo y se posesiona en la dignidad correspondiente. 191. Frente al inciso segundo del numeral 2º, se encuentra que incurre en el mismo lapsus calami antes enunciado, por lo que la Corte se remite a las razones explicadas en fundamento jurídico anterior.  Frente a los demás contenidos normativos de ese apartado, se ha explicado que la suspensión del servidor público inscrito en el REDAM, hasta tanto se ponga al día en el pago de las obligaciones alimentarias, es una medida proporcionada y razonable para la satisfacción de esa acreencia y, a su vez, no impone consecuencias irrazonables para la administración pública. En ese sentido, el Legislador estatutario dispone una inhabilidad sobreviniente que busca garantizar, conforme con los argumentos anteriormente explicados, que el comportamiento del servidor público sea compatible con estándares aceptables de ética pública, representada en este caso en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas esenciales. Asimismo, la medida opera como un incentivo eficaz para el logro del pago de los alimentos, puesto que supedita el reintegro del servidor público a que se ponga al día a ese respecto. Del mismo modo, la previsión que estipula que en todo caso se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y el debido proceso no hace nada distinto que reiterar garantías de raigambre constitucional, por lo que su exequibilidad no ofrece ningún cuestionamiento. 192. Numerales 3º y 4º 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano considera que el numeral tercero es inconstitucional debido a que impone una atribución extraña a la actividad fedante, consistente en el recaudo de obligaciones alimentarias. Además, considera que afecta de forma desproporcionada la autonomía privada al someter a requisitos adicionales los actos contractuales de enajenación de bienes. La Superintendencia Financiera considera que el numeral cuarto se opone al acceso y la democratización del crédito debido a que impone un desincentivo para la adquisición de préstamos y hace más complejo el cálculo del riesgo crediticio. El ICBF plantea una acusación general contra ambos numerales, al considerar que vulneran la Constitución debido a que privan al obligado moroso de recursos requeridos para el pago de la acreencia alimentaria. Finalmente, la Academia Colombiana de Jurisprudencia cuestiona que las normas impongan lo que en la práctica es una pena de confiscación en contra del deudor alimentario moroso, mediante una forma de “impuesto” que desconoce la Constitución. 193. La Corte advierte que los numerales 3º y 4º del artículo 6º del PLE plantean dificultades de índole constitucional, pero por razones diferentes a las planteadas por los intervinientes. A través de estas previsiones el Legislador estatutario dispuso un mecanismo de ejecución de la obligación alimentaria, a cargo de notarios y entidades del sector financiero, instrumento que es concurrente con otros que el ordenamiento jurídico confiere a los jueces ordinarios y que fueron explicados en esta sentencia. Esta decisión legislativa conlleva dos falencias que implican su inconstitucionalidad. De un lado, configuran una atribución de facultades jurisdiccionales sin que se cumplan los requisitos para el efecto. De otro lado, omiten prever una serie de reglas y condiciones constitucionalmente obligatorias para la garantía del derecho al debido proceso. 194. En cuanto al primer aspecto, el artículo 116 de la Constitución establece que excepcionalmente los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. A partir de esta caracterización, la Corte ha considerado[255] que la habilitación a los particulares para el ejercicio de la función de administrar justicia: (i) es de carácter esencialmente ocasional o transitoria, por lo que son incompatibles con la Constitución normas que trasladen dicha función de manera permanente; (ii) es una forma de colaboración en la eficacia del acceso a la administración de justicia, sin que puedan reemplazar al ejercicio estatal de la jurisdicción, este sí de naturaleza general y permanente; y (iii) está supeditada a la convocatoria de las partes y su acuerdo en hacer uso de esa forma excepcional de resolución de conflictos. Por ende, su uso depende del previo compromiso consensuado entre las partes sin que pueda operar de manera coactiva, como sí sucede con la jurisdicción del Estado. Los numerales analizados infringen dos de los requisitos mencionados. Atribuyen una función de carácter permanente a particulares, consistente en un mecanismo de cobro para la obligación alimentaria en mora.  Asimismo, esa función judicial de ejecución opera sin el previo consenso de las partes. Aunque es claro que el uso de los trámites notariales para la tradición de bienes sujetos a registro y la solicitud de créditos son actos voluntarios, en todo caso la decisión en estos casos se restringe a acceder a esos servicios, más no a someter la ejecución de la mora alimentaria a la decisión de un particular. 195. En segundo término, las disposiciones examinadas incurren en falencias que van más allá de simples aspectos operativos en su aplicación y que, en contrario, vulneran el derecho al debido proceso. En efecto, las normas no plantean mecanismo alguno para la liquidación de la acreencia debida ni tampoco algún instrumento que permita al acreedor demostrar si ha cumplido parcial o totalmente con la obligación. Tampoco se prevé ningún procedimiento para la formulación de la excepción de pago ni otros medios de defensa que sí concurren en el proceso de ejecución ante los jueces ordinarios. Incluso, el trámite se adelantaría sin que exista un documento que tenga mérito ejecutivo, puesto que, como se ha explicado en esta sentencia, el REDAM se restringe a recopilar información personal sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria, pero no toma la forma de documento que dé cuenta de la existencia de esas acreencias, ni menos aún que reemplace la sentencia judicial o el acuerdo conciliatorio que sí tiene dicha naturaleza ejecutiva. Esta circunstancia no solo tiene implicaciones legales, sino también constitucionales en la medida en que, al no concurrir los elementos esenciales de todo juicio de ejecución, es inviable cualquier mecanismo de defensa del deudor, así como la exigibilidad plena de los derechos del acreedor. Así por ejemplo, no hay ninguna instancia que permita al acreedor alimentario verificar si su crédito se ha liquidado correctamente. 196. Bajo esas circunstancias, los derechos que contradicción y defensa que integran el debido proceso están ante un evidente déficit de protección. Esto implica la inexequibilidad de los apartados de los numerales analizados y que establecen la acción de cobro de la obligación a cargo de los notarios o las entidades bancarias y de financiamiento. Los apartes iniciales de cada numeral son constitucionales puesto que tienen un propósito eminentemente informativo y su previsión no incide en la eficacia del derecho al debido proceso del deudor alimentario. Nótese que establecer el deber de contar con el reporte para el perfeccionamiento de actos sujetos a registro inmobiliario o para la solicitud de un producto de crédito no es una previsión que se oponga la Constitución. Inclusive, en el último caso contar con esa información resulta pertinente para la evaluación del riesgo crediticio del futuro deudor y a partir de su grado de cumplimiento con la obligación alimentaria. Así, conformaría un nuevo incentivo para el pago de esa acreencia, puesto que el interesado tendría motivos importantes para ponerse al día como paso previo a la solicitud de crédito. Por lo tanto, la Corte declarará la inconstitucionalidad de las expresiones: (i) “En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria.” contenida en el numeral tercero; y (ii) “y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria” prevista en el numeral cuarto. Esto debido a que son contrarios al derecho fundamental mencionado y desconocen las condiciones de que trata el artículo 116 la Constitución para la habilitación excepcional y temporal a los particulares para que ejerzan la función de administrar justicia. 197. De la misma forma, al tratarse de una disposición subordinada a la sección declarada inexequible del numeral tercero y que perdería todo sentido ante esta decisión, la Sala también concluye la inconstitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 6º del PLE. En efecto, la norma mencionada dispone lo siguiente: Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Como se observa, es una cláusula normativa que depende por completo de la vigencia del texto íntegro del numeral 3º del artículo 6º. En efecto, la extensión de las consecuencias a las personas naturales y representantes legales de personas jurídicas que sean parte del negocio jurídico tiene sentido en caso de que se hubiese mantenido la posibilidad de cobro de la obligación alimentaria como condición del registro inmobiliario, más no cuando la remisión del reporte al notario tiene un propósito eminentemente informativo. Por lo tanto, como dicha previsión es parcialmente inconstitucional, según las razones expuestas anteriormente, entonces igual consecuencia jurídica debe aplicarse frente a la norma transcrita. 198. Numeral 5º Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces La Procuraduría General de la Nación considera que la norma es inconstitucional al ser una medida inconducente, que impone una afectación desproporcionada a la libertad de locomoción y que es innecesaria puesto que existirían otros mecanismos para el logro del pago de la obligación alimentaria, como la concesión de garantías previas a la salida del país. Además, la disposición incorpora un trato desproporcionado, debido a que atenta contra derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la educación y la unidad familiar. A esta objeción se suma el ICBF, entidad que considera que la medida no es necesaria para el cumplimiento de la acreencia en comento. 199. El artículo 24 de la Constitución establece que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en el país. A esta disposición se suma lo previsto, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, por el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del bloque de constitucionalidad, que entre otras prescripciones señala que (i) toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio; y (ii) dicha libertad puede ser restringida para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. Cabe advertir que idénticas previsiones están contenidas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que en relación con la libertad de locomoción deben resaltarse dos aspectos[256]. Su eficacia opera de manera interdependiente con otros derechos constitucionales, entre ellos la educación, el trabajo o la salud. De igual manera, es posible imponer limitaciones a este derecho, a condición de que sean razonables, proporcionadas, cumplan con fines constitucionales discernibles y cumplan con el requisito de reserva de ley. En referencia puntual a dichos límites, ese mismo precedente ha señalado que los mismos no pueden llevar a la anulación del derecho fundamental, sin que tampoco tengan una naturaleza tal que lo hagan impracticable o que atenten contra su núcleo esencial[257]. Más recientemente la Corte también ha señalado que es un derecho en el cual la Constitución, al adscribirlo a los colombianos, confiere un grado de protección más intenso para los nacionales, pudiéndose establecer restricciones legales de mayor alcance para los extranjeros, fundadas en razones de orden público, siempre a condición de que sean proporcionadas y no incurran en tratamientos discriminatorios injustificados[258]. 200. La interpretación autorizada de las normas de derecho internacional de derechos humanos ofrece un estándar similar[259]. De acuerdo con este parámetro, las condiciones aplicables a las limitaciones del derecho a salir del país son las siguientes: 200.1. La libertad de salir del territorio del Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plazo que la persona decida permanecer fuera del país. 200.2. Esta libertad involucra el derecho a obtener los documentos para viaje, en particular pasaporte, cuya expedición corresponde normalmente al Estado de la nacionalidad de la persona. 200.3. Las restricciones deben estar previstas por la ley y deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Igualmente, deben ser compatibles con los demás derechos humanos y con los principios de igualdad y no discriminación. 200.4. La ley debe determinar mediante criterios precisos las condiciones para que pueda limitarse el derecho a salir del país, de modo que no confieran una discrecionalidad sin trabas a las autoridades encargadas de su aplicación. Las restricciones no deben comprometer la esencia de la libertad de circulación, ni invertir la relación entre derecho y restricción, ni entre norma y excepción. 200.5. Las restricciones y su aplicación deben cumplir con el principio de proporcionalidad. Deben estar dirigidas a satisfacer fines permisibles y deben ser necesarias para protegerlos. Asimismo deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser el instrumento menos gravoso de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. Esto es, debe ser proporcionada en sentido estricto. 200.6. Los Estados deben garantizar que todo procedimiento relativo al ejercicio o restricción del derecho se lleva a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de las medidas restrictivas. 201. Con base en lo expuesto, la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 6º del PLE depende de la acreditación de los requisitos formales y sustantivos antes explicados. En cuanto a los requisitos formales, se encuentran satisfechos en tanto se trata de (i) una medida que está expresamente prevista en la ley, y en este caso en una regulación de naturaleza estatutaria, lo que le otorga un mayor peso en términos de deliberación democrática; y (ii) se trata de una regulación con el suficiente grado de precisión. Esto porque la prohibición de salida del país depende la inscripción del deudor moroso en el REDAM lo que, como se ha explicado en esta sentencia, responde a un procedimiento reglado y público.  De la misma forma, el PLE ofrece mecanismos céleres para que, una vez acreditado el pago, el dato personal sea removido del registro habilitándose con ello la posibilidad de salir del país. 202. En cuanto a los requisitos sustantivos, la jurisprudencia constitucional y el estándar internacional coinciden en que la validez de la restricción para salir del país depende de la acreditación de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que habrá de adelantarse el juicio correspondiente. La Sala considera que su intensidad debe ser estricta, debido a que se trata de una medida que tiene incidencia en uno de los componentes del contenido esencial de la libertad de locomoción, como es el derecho a salir del país. En diferentes apartados de esta decisión se ha explicado cómo la inscripción en el REDAM sirve a un fin constitucionalmente imperioso consistente en la satisfacción de diversos derechos fundamentales de los acreedores alimentarios, quienes generalmente son NNA y otros sujetos de especial protección constitucional. La medida es indispensable y responde a un riesgo previsible y razonable, consistente en la imposibilidad de hacer efectiva la obligación alimentaria incumplida ante la salida del país del deudor moroso. Además, no se evidencia que exista otro mecanismo que permita satisfacer la finalidad constitucional imperiosa y que, a su turno, faculte el ejercicio del derecho a salir del país de manera plena. La Corte disiente de lo planteado por los intervinientes para quienes existen otros mecanismos menos gravosos para cumplir el fin. Esto debido a cuando menos tres tipos de razones. En primer término, la constitución de garantías para el pago de las obligaciones supone necesariamente la disposición de recursos económicos para su conformación, que bien pueden ser utilizados para asumir el pago de la obligación alimentaria y lograr la cancelación de la inscripción el REDAM. En ese sentido, no puede válidamente considerarse que la conformación de esas garantías sean un mecanismo adecuado para cumplir con la obligación alimentaria, puesto que el obligado alimentario que desee salir del país bien puede utilizar esos recursos para el pago de la acreencia en vez de conformar con ellos una garantía para el pago. En otras palabras, no habría ninguna razón atendible que justifique validar la constitución de la garantía y, simultáneamente, mantener la mora en el pago de la obligación alimentaria, que es precisamente lo que motiva el reporte en el REDAM y la imposición de sus consecuencias, entre ellas la imposibilidad de salir del país. En segundo lugar, la Sala encuentra que la conformación de garantías no es una herramienta idónea para el cumplimiento de la obligación alimentaria incumplida, pues dicha acción encuentra soporte fáctico y jurídico tratándose del aseguramiento de obligaciones que deben pagarse en el futuro, como sucede por ejemplo cuando se constituyen garantías mobiliarias, inmobiliarias o bancarias para amparar la satisfacción de contratos futuros sometidos a plazo. En cambio, la inscripción en el REDAM supone la comprobación de una mora continuada de al menos tres meses en el pago de la obligación alimentaria, que a su vez está antecedida de un proceso judicial o administrativo en donde se discutió el cumplimiento de esa obligación. Luego, la conformación de garantías no es una vía idónea y antes bien, configuraría un escenario de afectación de los derechos fundamentales del acreedor, al supeditarlos a las vicisitudes propias de la conformación de esa garantía y su posterior exigibilidad, incluso a través de la vía judicial y con las inevitables demoras que ello significa. Idéntica consideración puede plantearse respecto de otras medidas alternativas como el delito de inasistencia alimentaria o la inclusión del obligado moroso en el Registro Nacional de Protección Familiar. Precisamente, como tuvo oportunidad de explicarse en el apartado introductorio a esta sección, la exposición de motivos del PLE explica que una de las razones que sustenta la necesidad de la creación del REDAM es la ineficacia que han mostrado estos instrumentos para el logro del adecuado cumplimiento en el pago de la acreencia alimentaria. Por ende, resultaría un contrasentido considerar que una medida menos gravosa es aquella respecto de la cual se cuestiona su naturaleza insatisfactoria para el logro del fin constitucionalmente imperioso. En tercer término, no debe perderse de vista que la restricción fue adoptada por el Legislador estatutario, a partir de mayoría cualificada. Adicionalmente, como fue expuesto en la sección sobre el análisis del procedimiento legislativo, las consecuencias de la inscripción en el REDAM fue el asunto que tuvo mayor debate por parte del Congreso. Ante esas condiciones y dada la entidad de los derechos fundamentales del acreedor alimentario, la Corte advierte que es una decisión legislativa que no es arbitraria y que contó con los presupuestos procedimentales y democráticos para la previsión legal de afectaciones, incluso significativas, como sucede en el presente caso respecto de la libertad de locomoción. En consecuencia, la medida cumple con juicio de proporcionalidad estricto. Está dirigida a la satisfacción de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios, generalmente NNA, lo cual es un fin constitucionalmente imperioso. La medida es indispensable para cumplir con ese objetivo, puesto que permitir la salida del país del obligado moroso genera un riesgo cierto y significativo de que no cumpla con el pago de la obligación y, con ello, afecte gravemente los derechos mencionados. Por último, el grado de afectación del derecho a la libertad de locomoción, si bien es intenso (i) puede conjurarse mediante el pago de la obligación debida; y (ii) impide que se perfeccione una vulneración, está sí irremediable, a los derechos fundamentales del acreedor alimentario. Con base en estas consideraciones, la Sala declarará la constitucionalidad del numeral quinto del artículo 6º del PLE. 203. Numeral 6º No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, el ICBF y la Procuraduría General de la Nación consideran que la norma es inconstitucional, puesto que no está dirigida al cumplimiento de la obligación alimentaria. Agregan que la norma confunde el ejercicio de la patria potestad con el pago de las acreencias derivadas del derecho de alimentos y vulnera el derecho de los niños y niñas a tener una familia y no ser separados de ella. El artículo 110 de la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por el artículo 9º de la Ley 1878 de 2018, establece que cuando un NNA que tiene residencia en Colombia vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos. Esta autorización no se requiere, en los términos de este precepto legal, cuando (i) provenga del padre o madre a quien se le haya suspendido o privado de la patria potestad; o (ii) el menor de edad tiene residencia habitual en el exterior igual o superior a un año, caso en el que podrá salir con uno solo de sus progenitores. Con base en esta norma, el efecto del numeral 6º del artículo 6º del PLE consiste en que respecto del padre o madre deudor alimentario incumplido y cuyos datos personales son incluidos en el REDAM, no es necesario obtener autorización para salida del país del menor de edad acreedor alimentario. Esta norma plantea las dificultades desde el punto de vista constitucional que han sido señaladas, por lo que es necesario determinar por parte de la Corte si la medida es proporcionada y razonable. 204. Para analizar este aspecto debe tenerse en cuenta que el efecto práctico de que uno de los padres, en este caso el deudor alimentario moroso, niegue el permiso para que el menor de edad salga de país es la imposición de una restricción intensa para el ejercicio de la libertad de locomoción de NNA. La razonabilidad de esa limitación debe estudiarse, a juicio de la Corte, a partir de tres criterios: (i) el mandato constitucional de no abusar de los propios derechos; (ii) el carácter prevalente de los derechos de los NNA; y (iii) el deber de evitar afectaciones desproporcionadas a los derechos a la unidad familiar, la educación, la cultura y la recreación de los menores de edad. 204.1. En cuanto a lo primero, la autorización materia de análisis hace parte de las prerrogativas propias de la patria potestad. Su ejercicio, como todas las demás adscripciones jurídicas a los individuos, está gobernado por el deber contenido en el numeral 1º del artículo 95, que estipula la obligación de todas las personas de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Los menores de edad acreedores de la obligación alimentaria son titulares de diversos derechos, entre ellos la libertad de locomoción. A juicio de la Sala, constituiría un comportamiento abusivo por parte del padre deudor que, de un lado, permanezca en su condición de moroso en el pago de los alimentos y, de otro, ejerza de manera plena las prerrogativas de la patria potestad, en especial cuando estas involucran una afectación intensa de los derechos de los NNA, como sucede en el caso analizado. 204.2. Respecto de lo segundo, debe recordarse que, conforme lo estipula el artículo 44 de la Constitución, los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los de los demás. Esta regla superior opera en este caso como un parámetro central de interpretación: ante la tensión entre otorgar alcance pleno a las facultades de la patria potestad que ejerce el deudor moroso y garantizar la libertad de locomoción de los segundos, debe preferirse la segunda opción en cuanto es la más compatible con la vigencia del principio pro infans. 204.3. Frente a lo tercero, debe tenerse en cuenta que mantener la limitación para salir del país de los NNA en la circunstancia analizada impone afectaciones no solo a la libertad de locomoción sino a otros derechos preferentes. En efecto, en la gran mayoría de los casos la salida del país de los menores de edad tiene por objeto servir de vehículo para la satisfacción de los derechos a la recreación mediante el desarrollo de actividades turísticas, la unidad familiar a través de la visita a parientes que residen en otras naciones, o la educación y la cultura por medio de la asistencia a cursos, salidas pedagógicas o actividades similares. Asimismo, la posibilidad de ejercer todas estas actividades indudablemente se inserta en el ámbito propio del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los NNA. 205. Por lo tanto, a fin de determinar la razonabilidad de la medida es necesario adelantar un juicio de proporcionalidad, que para el caso debe ser de intensidad estricta puesto que se está ante una limitación de derechos de los NNA en tanto sujetos de especial protección constitucional. En primer lugar, se encuentra que el fin de la medida es evitar un ejercicio abusivo de las prerrogativas propias de la patria potestad, al igual que incentivar el pago oportuno de la obligación alimentaria al supeditar una de esa facultades al cumplimiento en el pago de esa acreencia. Esta finalidad es imperiosa habida cuenta tanto el vínculo que existe entre los alimentos y los derechos de los NNA, como el reconocimiento constitucional expreso acerca del deber de las personas de no abusar de sus propios derechos, mencionado anteriormente. La medida es imprescindible para lograr el propósito mencionado. Contrario a lo planteado por los intervinientes y el Ministerio Público, la medida analizada no solo tiene por objeto ser un incentivo para el pago de la obligación, condición que efectivamente adquiere al suspender el ejercicio pleno de las facultades propias de la patria potestad, sino que también es un instrumento que impide la limitación desproporcionada de los derechos de los NNA que están vinculados a la posibilidad de salir del país. En efecto, de mantenerse ese ejercicio pleno, entonces el padre moroso podría impedir la libre circulación del menor de edad y el ejercicio de los derechos fundamentales que operan de manera interdependiente con esa libertad. Además, sería un evidente abuso del derecho hacer uso de esa prerrogativa cuando no existe la debida corresponsabilidad frente al cumplimiento de la principal obligación que se deriva de la patria potestad, que es el pago oportuno de la obligación alimentaria. Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, la Corte encuentra que no se afecta el contenido esencial de los derechos de los menores de edad. Debe resaltarse que la salida del país se realizaría, en cualquier caso, en compañía de la madre o padre que no está reportado en el REDAM, lo cual haría que el menor de edad vea salvaguardados sus derechos a la unidad familiar y a la seguridad. Adicionalmente, como se ha indicado, los motivos del viaje fuera del país pueden responder a múltiples propósitos, muchos de ellos vinculados a la vigencia de derechos fundamentales, por lo que sería contrario al principio de buena fe concluir que la salida del país tendrá como único objetivo separar al menor de edad del padre moroso. Además, no debe perderse de vista que la limitación a las facultades de la patria potestad que establece la norma analizada opera sin perjuicio de la aplicación de las normas para la restitución internacional de los NNA indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado[260]. Por ende, la medida analizada no genera, en si misma considerada, un riesgo de desarraigo o vulneración del derecho de los niños y niñas a ser separados de su familia. Antes bien, es un instrumento imprescindible para evitar una afectación, esta sí desproporcionada, a la libertad de locomoción y los derechos interdependientes a esta. En ese orden de ideas, la Sala Plena concluye la constitucionalidad del numeral 6º del artículo 6º del PLE. 206. Numeral 7º No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el ICBF y el Procurador General consideran que la norma es inconstitucional, puesto que no incide en el pago oportuno de la obligación alimentaria y, antes bien, priva a las personas de menores recursos económicos de ingresos que requieren, entre otros objetivos, para asumir dichas acreencias en mora. 207. Como ha sucedido en los casos anteriores, la constitucionalidad del precepto depende que se superen condiciones de razonabilidad y proporcionalidad. Es un hecho que los subsidios del Estado están focalizados en aquellas personas en situación de marginalidad, pobreza y debilidad manifiesta. Bajo ese criterio, la medida tiene la potencialidad de afectar a sujetos de especial protección constitucional, por lo que la intensidad del juicio debe ser de carácter estricto. La medida coincide con las demás consecuencias del REDAM en el logro del pago de las obligaciones alimentaria en mora, lo cual es un fin constitucionalmente imperioso. Sin embargo, la Corte coincide con los intervinientes en el sentido de que no se trata de una medida indispensable para el logro de esa finalidad puesto que, más que operar como incentivo para el pago, en realidad lo impide. Nótese que, contrario a otras consecuencias del REDAM, esta se dirige a personas en condiciones socioeconómicas menos favorables, que es precisamente el presupuesto objetivo para la priorización en el acceso a los subsidios del Estado. Por lo tanto, se trata de individuos que carecen de recursos necesarios para atender sus necesidades, incluso las más básicas, por lo que la imposición de barreras para el acceso mencionado no genera el incentivo de cumplir con la obligación alimentaria sino que, antes bien, aumenta la precariedad económica del deudor moroso. En otras palabras, la eficacia del incentivo para el pago depende de que el deudor alimentario tenga alternativas de ingreso que pueda direccionar al pago de la acreencia y, con ello, evitar las consecuencias de la inscripción en el REDAM. Sin embargo, habida cuenta de la caracterización socioeconómica de los beneficiarios de los subsidios del Estado, dicho uso alternativo de recursos no sería viable, lo que le resta idoneidad al medio escogido por el Legislador estatutario. 208. A su turno, la medida impone consecuencias desproporcionadas en virtud de su vaguedad. La regulación hace una referencia genérica a todos los subsidios, por lo cual válidamente podría concluirse que la inscripción en el REDAM haría inelegible al deudor moroso para recibir beneficios como los que derivan del régimen subsidiado de salud, los subsidios al pago de servicios públicos domiciliarios o el acceso a subsidios a la oferta de vivienda de interés social o prioritario, entre muchos otros. Incluso, también sería válido afirmar que en la medida en que la norma ni siquiera restringe la noción “subsidio” a aquellos entregados directamente por el Estado, la exclusión incluye al subsidio familiar y a sus diferentes prestaciones. Similar consideración puede plantearse respecto al subsidio de desempleo, que precisamente operaría como ingreso para que el obligado pueda hacerse cargo de la obligación alimentaria. Es evidente que la eficacia de distintos derechos fundamentales depende del acceso a dichos subsidios y, por ende, el carácter indiscriminado de la prohibición impone cargas desproporcionadas a los deudores alimentarios morosos. En consecuencia, el numeral analizado no satisface los objetivos a los que sirve el REDAM e impone consecuencias irrazonables a los deudores alimentarios al privarlos de beneficios estatales que son definitivos para la vigencia de diversos derechos constitucionales. Por estas razones la Corte declarará su inconstitucionalidad. 209. Parágrafo 1º La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Sobre este parágrafo no se plantearon comentarios particulares por parte de los intervinientes y el Procurador General de la Nación. 210. La Corte advierte que este precepto no ofrece mayores debates sobre su constitucionalidad. Debe señalarse que la jurisprudencia ha considerado que la inclusión de información personal sobre el cumplimiento en el pago de las diferentes obligaciones en las centrales de riesgo no tiene ninguna connotación desfavorable ni menos sancionatoria, puesto que: (i) se limita a dar cuenta de un hecho objetivo; y (ii) se trata de información cuyo tratamiento tiene relevancia constitucional, en tanto sirve de parámetro para la adecuada distribución de los recursos que administran las entidades financieras y de crédito, que a su vez es obtenido del ahorro público, por lo que se trata de actividades vinculadas al interés general, en los términos del artículo 335 de la Constitución. En efecto, sobre este asunto la Sentencia C-1011 de 2008 expuso cómo la válida, en la función de cálculo del riesgo crediticio la valoración de toda la información que pueda dar cuenta del grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del sujeto concernido. Esto, a su vez, como consecuencia de la vigencia del principio de veracidad en la administración de datos personales. Sobre el particular expuso esa decisión: “la Corte advierte que el cumplimiento de la función constitucionalmente legítima del cálculo del riesgo crediticio, consistente en contar con información para la adecuada distribución de los recursos de crédito y la subsecuente garantía de la estabilidad financiera y la protección del ahorro público, se cumple de manera suficiente y razonable cuando cada una de estas variables sean tenidas en cuenta por las entidades correspondientes como paso previo para la suscripción de contratos de crédito.  En caso contrario, un análisis apenas parcial, no sólo es incompatible con las exigencias técnicas antes enunciadas, sino que desnaturaliza la finalidad misma del reporte crediticio, pues lo convierte en un instrumento destinado a servir de barrera para la democratización de los recursos de crédito, en contraposición de las obligaciones que se derivan del deber de responsabilidad social en la administración de datos personales.” 211. El cumplimiento de las obligaciones alimentarias es un parámetro importante para la determinación del nivel de riesgo crediticio. Por ende, como la labor de cálculo de ese riesgo es válida desde la perspectiva constitucional, al estar vinculada al interés público representado en el adecuado funcionamiento del sistema comercial y de crédito, entonces la inclusión del reporte del REDAM a dichas centrales es compatible con la Constitución. Con todo, es importante recordar que ese traslado implica la obligación de las centrales de riesgo de garantizar la eficacia de los derechos a la intimidad y al habeas data del titular del dato y conforme al plexo de principios identificados en esta sentencia. 212. Finalmente, debe señalarse que esta remisión legal de información opera como excepción a la obligación de las centrales de riesgo de contar con el consentimiento previo, expreso e informado del titular del dato personal. Como se ha explicado en esta sentencia, la autorización para el tratamiento puede también preverse por ministerio de la ley, a condición de que se trate de una excepción razonable. En el caso analizado, habida cuenta de que: (i) la fuente de la incorporación del dato personal en el REDAM es el incumplimiento de una obligación de carácter legal, no derivada de un contrato sino impuesta por el orden jurídico que determina a quiénes se deben alimentos; (ii) existe un vínculo estrecho entre la satisfacción de esas obligaciones y la protección de los derechos fundamentales del acreedor alimentario, al igual que a la necesidad de impedir la imposición de cargas desproporcionadas en contra de las mujeres que asumen el deber alimentario incumplido; (iii) el dato sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria hace parte de aquella información personal relevante para el cálculo del riesgo crediticio; y (iv) la inscripción en las centrales de riesgo opera como un incentivo para el pago de la obligación alimentaria, con el fin de evitar el reporte desfavorable respecto del deudor moroso, concurren argumentos suficientes para sustentar la constitucionalidad de la excepción legal al deber de autorización para el tratamiento del dato personal. 213. Parágrafo 3º La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Únicamente la Procuraduría General expresó argumentos sobre la constitucionalidad de este precepto, al considerar que es expresión del principio de buena fe. La Corte concuerda con el Ministerio Público y agrega que la medida guarda coherencia con argumentos planteados en esta sentencia, en el sentido de que los reportes derivados de la inscripción de datos personales en el REDAM interesan únicamente a aquellas autoridades vinculadas con las consecuencias previstas en el artículo analizado. Asimismo, el objetivo de la norma es evitar que se imponga cargas desproporcionadas o irrazonables a los ciudadanos, lo que de suyo no tiene reproche constitucional. Con todo, la Sala considera necesario armonizar el contenido del parágrafo analizado con lo previsto en el artículo 4º del PLE. Por lo tanto, se insiste en que el envío de los reportes contenidos en el REDAM no es indiscriminado, puesto que ello es incompatible con el principio de circulación restringida que subordina la administración de datos personales. En ese sentido, a partir de la interpretación sistemática de los artículos 4º y 6º del PLE se concluye que son válidas destinatarias de los reportes del REDAM (i) las notarías, entidades bancarias y otras instituciones involucradas con la implementación de las consecuencias jurídicas del registro, como sucede por ejemplo con las cámaras de comercio que administran el registro mercantil y respecto de la extensión de dichas consecuencias a las personas jurídicas cuyo representante legal es un deudor moroso inscrito en el REDAM; (ii) las autoridades administrativas involucradas en las diferentes consecuencias de índole laboral, contractual o migratoria; y (iii) las centrales de riesgo crediticio, en virtud de la regla especial que al respecto ofrece el parágrafo 1º del artículo 6º del PLE. Esta precisión demuestra, a su turno, que hay un error de técnica legislativa derivado de dos previsiones yuxtapuestas. Así, el parágrafo 3º mencionado enlista a las entidades que tienen acceso a los reportes del REDAM y el parágrafo 1º determina que la entidad designada por el Gobierno Nacional, como encargada del REDAM, remitirá la información de ese registro a las centrales de riesgo y para lo de su competencia. A pesar de que esta última previsión operaría como regla especial para la remisión de los reportes del REDAM a las centrales de riesgo, en todo caso también podría válidamente concluirse que al no ser dichas entidades incluidas en lo regulado por el parágrafo 3º, entonces no estarían sujetas a la carga de verificación sobre la inscripción de ciudadano en el REDAM, lo cual generaría un déficit de protección del derecho al habeas data respecto de los acreedores alimentarios cuyos datos personales son remitidos a dichas centrales y dejaría ineficaz la disposición que autoriza a las centrales de riesgo a consultar el registro. Así, con el fin de evitar la configuración de dicho déficit, la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del parágrafo 3º con el fin de que incluya en sus efectos a las centrales de riesgo que reciban reportes derivados del REDAM. Artículo 7º - Operación del REDAM El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3º. La entidad responsable del tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro. En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato. Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales. Parágrafo 4º. El registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo. 214. La senadora Maritza Martínez Aristizábal, autora del PLE, considera que la Corte debe aclarar que el carácter público de la base de datos no otorga acceso público a la misma. La Superintendencia de Industria y Comercio se concentra en el parágrafo 3º para señalar que es constitucional en tanto desarrolla el principio de responsabilidad demostrada, propio de la administración de datos personales, aunque propone que se condicione su constitucionalidad en el entendido de que ese principio refuerza la obligación de los diferentes agentes de implementar las medidas apropiadas, efectivas y verificables para garantizar en la práctica los principios rectores, derechos y deberes incorporados en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. El ICBF advierte que la constitucionalidad de la norma debe condicionarse con el fin de que no proceda la inscripción en el REDAM cuando el incumplimiento en la obligación alimentaria responda a una causal objetiva. El Procurador General concluye que la norma es constitucional pues es compatible con los principios de la función administrativa. No obstante, resalta que la reglamentación a la que refiere deberá cumplir con los principios propios de la administración de datos personales. 215. De manera preliminar, la Sala advierte que la observación planteada por el ICBF fue resuelta a propósito del análisis de los artículos precedentes, por lo que el estudio se concentrará en los demás aspectos expuestos por los demás intervinientes y el Ministerio Público, para lo cual se adoptará el mismo orden propuesto por la disposición objeto de examen. La asignación de competencia al Gobierno Nacional, por parte del Legislador estatutario, para que designe a la entidad del orden nacional que sea responsable del tratamiento de los datos contenidos en el REDAM es corolario de la necesidad de garantizar los principios de la administración de datos personales, a través de la definición precisa de dicho responsable, ante quien los titulares del dato personal podrán ejercer sus garantías constitucionales. Además, el asunto no hace parte de aquellos sometidos a reserva de ley, por lo que bien podía el Legislador estatutario diferirlo al reglamento. De allí que el inciso primero del artículo 7º del PLE se declarará constitucional por la Corte. 216. El artículo 15 de la Constitución expresamente indica que el ámbito de vinculatoriedad de las garantías de conocimiento, actualización y rectificación que integran el habeas data se extiende a la información personal recopilada en “bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.” A partir de esta norma superior es evidente que el Estado se encuentra facultado para constituir bases de datos con información personal de los ciudadanos, siempre y cuando (i) la recopilación de los datos personales responda a una finalidad vinculada con el cumplimiento de los fines esenciales de que trata el artículo 2º superior; (ii) que en esa actividad de recopilación y en los demás procesos que integran la administración de datos personales se protejan los derechos constitucionales, en particular el habeas data y la intimidad de los sujetos concernidos. Por ende, es válida la decisión legislativa de facultar a instituciones del Estado, en este caso a la entidad que se designe para obrar como responsable del tratamiento propio del REDAM, para que conforme una base de datos con esa finalidad. Asimismo, en la medida en que la Corte consideró que el parágrafo 1º del artículo 6º era compatible con la Constitución, la remisión que hace el parágrafo 1º del artículo 7º del PLE no plantea controversia alguna. 217. Ahora bien, la Sala comparte la perspectiva de la senadora autora del PLE, en el sentido de que la designación de una base de datos con carácter público en modo alguno significa el acceso indiscriminado a la información semiprivada contenida en el REDAM, puesto que ello vulneraría los principios de circulación restringida y finalidad. Por ende, a partir de los argumentos planteados por la Corte sobre la constitucionalidad del artículo 4º del PLE, los datos mencionados solo pueden ser tratados y, de una manera más amplia, accedidos y utilizados, exclusivamente para los fines previstos en la ley y con el objetivo de aplicar las consecuencias jurídicas de que trata el artículo 6º del PLE. Con todo, esta precisión no amerita, a juicio de la Sala, la declaratoria de la constitucionalidad condicionada del precepto, puesto que una concepción que confiera acceso público al REDAM es abiertamente contraria a los principios de la administración de datos personales y, por lo mismo, irrazonable. Es claro que la exequibilidad condicionada es una medida excepcional, que solo procede ante la existencia de interpretaciones concurrentes de una misma disposición, pero todas ellas razonables, de modo que es imperativo preferir con fuerza de autoridad aquellas que sean compatibles con la Constitución. En el caso analizado no se está ante esta situación, habida cuenta que la comprensión que otorga acceso irrestricto a los datos del REDAM se fundamenta en la vulneración objetiva y abierta de derechos fundamentales y es, por ello, irrazonable. 218. El parágrafo 2º del artículo 7º del PLE prevé el término para la implementación del REDAM. Normas de esta naturaleza tienen un carácter eminentemente instrumental y reflejan los principios de eficiencia y celeridad en la administración pública. Adicionalmente, el plazo previsto es adecuado para los fines de la implementación, por lo que la medida no se muestra arbitraria. Por ende la Sala concluye su constitucionalidad. 219. El principio de responsabilidad demostrada, conocido en el derecho comparado como accountability en la protección de datos personales, es incorporado por la legislación interna por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2013. El artículo 26 de esa normativa determina que los responsables del tratamiento de datos personales deberán demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que obra como autoridad colombiana de protección de datos, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las citadas normas jurídicas. Esto de manera proporcional a: (i) la naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea el caso, su tamaño empresarial; (ii) la naturaleza de los datos personales objeto de tratamiento; (iii) el tipo de tratamiento; y (iv) los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares del dato personal. Con este fin, los responsables deben informar a la SIC acerca de los procedimientos usados para el tratamiento de datos. A esta medida se suma lo previsto en el artículo 27 ejusdem, que estipula la obligación del responsable de establecer políticas internas que garanticen: (i) la existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable; (ii) la adopción de mecanismos internos para poner en práctica dichas políticas; y (iii) la previsión de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, respecto de cualquier aspecto del tratamiento de datos personales. El principio de responsabilidad demostrada, de acuerdo con lo expuesto, consiste en el deber jurídico del responsable del tratamiento de demostrar ante la autoridad de datos que cuenta con la institucionalidad y los procedimientos para garantizar las distintas garantías del derecho al habeas data, en especial, la vigencia del principio de libertad y las facultades de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal. Este principio, cuyo origen se remonta a estándares internacionales sobre la protección de datos personales[261] y, en particular, su circulación transfronteriza[262], logra reconocimiento jurídico en el derecho interno y, en la medida en que está dirigido a la satisfacción de las garantías que componen el derecho al habeas data y que están consagradas a favor del titular del dato personal, es por entero compatible con la Constitución. 220. El parágrafo 3º del artículo 7º del PLE determina la exigibilidad del principio de responsabilidad demostrada para el caso de la administración de datos personales realizada en el marco de la operación del REDAM. Para ello impone tres tipos de obligaciones: (i) el establecimiento de mecanismos para el cumplimiento de las leyes estatutarias sobre protección de datos personales; (ii) la determinación de los contenidos mínimos de la reglamentación del REDAM y vinculados a satisfacer el principio en comento; y (iii) la previsión de mecanismos técnicos que impidan las descargas o consultas no autorizadas de datos personales. Estas previsiones son constitucionales, puesto que constituyen desarrollos de los principios que conforman el derecho al habeas data. En cuanto a la primera medida, ya se ha señalado que el principio de responsabilidad demostrada no se opone a la Constitución sino que, antes bien, es desarrollo propio de la eficacia del derecho al habeas data. Además, la remisión a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, objeto de previo control de constitucionalidad al ser normas estatutarias, no ofrece controversia alguna. Respecto de la segunda medida, la previsión de reglas concretas para el ejercicio de la potestad reglamentaria de que es titular el Gobierno Nacional es un asunto que claramente recae en la órbita del Legislador, quien ejerce la cláusula general de competencia normativa. Además, la definición específica de dichos asuntos redunda en la eficacia de los principios que integran el habeas data, en especial los de finalidad y circulación restringida. Esto en la medida en que el titular podrá, en virtud de esa circunscrita regulación, conocer detalladamente la finalidad de la recolección en el REDAM, las condiciones de acceso de esa información personal y los usos válidos de la misma. Por supuesto, esta reglamentación está sujeta al marco fijado por la legislación estatutaria, puesto que de otra manera se configuraría un ejercicio abusivo de tal potestad de regulación. Adicionalmente, debe recordarse que, conforme con el análisis efectuado respecto del artículo 6º del PLE, las reglas reglamentarias que se adopten en virtud de la regulación analizada deberán circunscribir la circulación del dato personal contenido en el REDAM exclusivamente a aquellas entidades relacionadas con las consecuencias de la inscripción de esa información. En ese sentido y de manera consonante con lo explicado a propósito del artículo 4º del PLE, la expresión “entre otros” contenida en el inciso segundo del parágrafo 3º debe comprenderse necesariamente como la facultad que tiene el Gobierno para reglamentar la legislación estatutaria en el sentido de incorporar aquellas disposiciones constitucionales y legales que regulan la administración de datos personales. Estas diferentes regulaciones están sometidas a reserva de ley, al estar vinculada al contenido y alcance del derecho fundamental al habeas data. Por ende, la expresión en mención no puede comprenderse como una facultad omnímoda para el Ejecutivo, sino simplemente como una competencia para incorporar en la reglamentación sobre la operación del REDAM aquellas condiciones que previamente ha fijado la Constitución y la ley para la administración de datos personales, así como para definir su incidencia concreta en el caso de ese registro en particular. Al respecto no puede perderse de vista que la facultad reglamentaria en comento, a partir de lo previsto por el mismo parágrafo 3º, está instituida con el objetivo de adoptar mecanismos útiles, eficientes, demostrables para garantizar el cumplimiento de las diferentes legislaciones estatutarias sobre protección de datos personales. Esto quiere decir que la imposición reglas distintas constituiría un evidente exceso en el ejercicio de dicha facultad reglamentaria. Por último, en cuanto a la tercera medida, la obligación de prever mecanismos técnicos es consecuencia inmediata de la vigencia de los principios de seguridad y circulación restringida, de la forma expuesta en esta sentencia. De allí que resulten constitucionales. 221. El parágrafo 4º del artículo 7º ordena que el REDAM cuente con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad, a través del Servicio Público de Empleo. A lo largo de esta decisión se ha señalado que el objetivo del REDAM es lograr el pago oportuno de las obligaciones alimentarias, esto a través de diversos mecanismos que operen como incentivos para ese fin. La previsión citada concurre en ese objetivo al permitir que, a partir de los datos contenidos en el registro, se fomenten políticas para la formalización y la vinculación laboral de los deudores, para que de esta manera obtengan los ingresos necesarios para la asunción de las acreencias alimentarias en mora. Esta decisión del Legislador estatutario, del mismo modo, hace parte del papel estatal de especial protección del derecho al trabajo que prevé el artículo 25 superior. Por ende, no tiene reproche sobre su constitucionalidad. Artículo 8º - Remisión general Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 222. Los intervinientes no plantearon objeciones sobre esta norma. El Procurador General considera que es constitucional en tanto permite subsanar vacíos en la regulación objeto de estudio. La Corte advierte que la remisión a los principios generales de las dos regulaciones estatutarias en materia de protección de datos personales no hace más que reafirmar la sujeción del REDAM a la vigencia de los contenidos que integran el derecho al habeas data y que han sido explicados en distintos apartados de este fallo. Esta disposición, a su turno, soluciona varias de las inquietudes planteadas por los intervinientes y el Ministerio Público respecto de otros artículos y en las que la Corte ha expuesto reiteradamente que cada uno de los procesos que integran el tratamiento de datos personales de los deudores alimentarios morosos debe realizarse de manera compatible con dichos principios. De la misma forma, debe reiterarse que las disposiciones a las que se remite el Legislador estatutario fueron objeto de control de constitucionalidad e, incluso, han hecho parte del análisis para el estudio de la presente regulación sectorial sobre protección de datos personales. De allí que el artículo 8º del PLE sea plenamente compatible con la Constitución. Artículo 9º - Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento 223. La Universidad de la Sabana y la Procuraduría General de la Nación consideran que la norma incurre en una omisión legislativa relativa al no incluir dentro de sus efectos a las conciliaciones que se realicen ante centros privados. 224. La inclusión de una advertencia sobre la potencial inclusión en el REDAM ante el incumplimiento de las obligaciones fijadas en sentencias judiciales o en acuerdos de conciliación que impongan alimentos sirve a diferentes propósitos constitucionales. Desarrolla el derecho al debido proceso, en la medida en que notifica preventivamente al obligado sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones fijadas judicialmente o mediante el mecanismo alternativo de la conciliación. Asimismo, concurre en la eficacia de los principios de transparencia y libertad de acceso al titular del dato personal, puesto que informa al deudor acerca del posible tratamiento ulterior de su información en caso de que incumpla en el pago de la acreencia alimentaria. Aunque esta acción no releva del deber de previa notificación al deudor moroso prevista en el artículo 3º del PLE, puede válidamente advertirse que es una medida concurrente con el logro de los objetivos vinculados a los principios antes mencionados. A pesar de la constitucionalidad general del precepto, la Corte coincide con la universidad interviniente y con el Ministerio Público acerca de la existencia de una omisión legislativa relativa, la cual es derivada esencialmente de un error de técnica legislativa. En efecto, el artículo 66 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 10 de la Ley 640 de 2001, establece que las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas podrán crear centros de conciliación, a los cuales se suman los centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho. En los términos del artículo 14 de la Ley 640 de 2001, cada uno de esos centros tiene la obligación de registrar las actas que profieran con el fin de que surtan los efectos de hacer tránsito a cosa juzgada y prestar mérito ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998. Advertido el hecho de que los acuerdos de conciliación proferido por los diferentes centros tienen las mismas consecuencias jurídicas, se hacen evidente la omisión legislativa alegada. Razones vinculadas al principio de igualdad y al acceso equitativo de la administración de justicia obligan a que las diferentes modalidades de conciliación reciban un tratamiento jurídico similar en cuanto a sus efectos, sin que se encuentre razón constitucionalmente relevante para que se prodigue un trato distinto entre unos acreedores y otros. Esto resulta agravado por lo consagrado en el numeral segundo del artículo 40 de la Ley 640 de 2001, que prevé como requisito de procedibilidad al proceso judicial la conciliación extrajudicial en derecho respecto de asuntos relacionados con obligaciones alimentarias. Por ende, la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 9º del PLE, en el entendido de que la advertencia prevista en esa disposición deberá también incorporarse en los acuerdos de conciliación celebrados ante centros constituidos por personas jurídicas sin ánimo de lucro o adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. Artículo 10 – Término para exigir alimentos Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. 225. El Procurador General formula dos comentarios a esta disposición. Considera que el inciso primero y el parágrafo 1º son constitucionales en tanto permiten que quien se subroga de la obligación alimentaria pueda lograr el pago de esa acreencia, lo cual resulta particularmente relevante para el caso de las mujeres madres cabeza de familia. En contrario, concluye que el parágrafo 2º es parcialmente inconstitucional al afectar la independencia judicial, puesto que el reconocimiento que hace de la actual postura jurisprudencial en materia penal sobre el delito de inasistencia alimentaria petrifica ese precedente y afecta el carácter intrínsecamente dinámico de la jurisprudencia. A su turno, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, aunque considera que la norma no plantea problemas de constitucionalidad, sostiene que es innecesaria debido a que la legislación civil ya ha fijado reglas para la subrogación de las obligaciones, las cuales son plenamente aplicables al caso de la acreencia alimentaria. 226. A fin de resolver sobre la constitucionalidad del artículo 10 del PLE, la Corte considera necesario definir su alcance, en razón de que tiene contenidos diversos y que requieren ser, por ello, debidamente delimitados. El inciso primero de la disposición adiciona el régimen civil sobre la exigibilidad de la obligación alimentaria con una nueva regla conforme a la cual el reconocimiento judicial de la obligación alimentaria procede incluso cuando el acreedor tenga capacidad económica para asumir su subsistencia. Esto a condición de que la obligación alimentaria hubiese sido necesaria para consolidar dicha capacidad. En otras palabras, si el acreedor alimentario solvente puede demostrar que para lograr su actual condición socioeconómica requirió del pago de la obligación incumplida, entonces podrá solicitarla por vía judicial. El parágrafo 1º establece una regla de subrogación de las obligaciones civiles con carácter específico para el caso de la acreencia alimentaria. Así, podrá solicitar el reconocimiento judicial de esa obligación quien demuestre haberla sufragado, por lo que podrá alternativamente subrogar al titular del derecho de alimentos. Finalmente, el parágrafo 2º prevé una regla de interpretación de las anteriores normas para restringir su alcance de modo que: (i) solo son aplicables en pretensiones que se formulen ante la jurisdicción civil; (ii) operan sin perjuicio de las reglas, estas de origen jurisprudencial, que vinculan la responsabilidad penal por el delito de inasistencia alimentaria a que se verifique tanto la necesidad material de la víctima como la capacidad económica del acusado. Sobre este último particular la Corte advierte que la interpretación que realiza el Ministerio Público es equivocada. El parágrafo mencionado en modo alguno tiene como consecuencia la imposibilidad que la jurisdicción penal modifique en el futuro su precedente sobre las condiciones para acreditar la antijuridicidad y la culpabilidad en el delito de inasistencia alimentaria. Su propósito es mucho más reducido: reconoce ese precedente, precisamente para distinguirlo de las reglas explicadas y que permiten la exigibilidad civil de la obligación alimentaria incluso cuando en el caso del acreedor alimentario solvente o cuando el pago de la acreencia fue realizado por una persona distinta al obligado. Para la Sala es evidente que ese reconocimiento no afecta de ninguna manera la competencia constitucional para que en el futuro la jurisdicción penal varíe su postura sobre la materia. 227. Con base en esta aclaración sobre la interpretación del precepto, la Corte concluye que las reglas descritas son constitucionales. Como se explicó en precedencia, el artículo 10 del PLE regula una materia propia del Legislador ordinario, sin que su inclusión en una norma estatutaria afecte su constitucionalidad, restringiéndose el asunto a un tópico de regulación integral. En cuanto al inciso primero, la exigibilidad judicial de las obligaciones alimentarias del acreedor solvente no contraría ninguna regla constitucional. Antes bien, se está ante una disposición que prodiga equidad en la asunción de deberes que, como se ha explicado en esta sentencia, tienen un estrecho vínculo con la vigencia de los derechos fundamentales de NNA y otros sujetos de especial protección constitucional. Además, es pertinente anotar que esta previsión opera sin perjuicio de la formulación de otras razones exceptivas o extintivas del pago de los alimentos, como se explicó a propósito del estudio sobre la caducidad del dato desfavorable derivado de la existencia de obligaciones alimentarias insolutas. 228. La regla que permite la subrogación encuentra justificación, como lo señala el Procurador General de la Nación, en atender los reclamos judiciales usualmente ejercidos por mujeres madres cabeza de familia o cuidadoras, quienes asumen el pago de la obligación alimentaria ante el incumplimiento del progenitor incumplido. Uno de los ejes estructurales de esta sentencia es el reconocimiento de que la mora en el pago de la obligación alimentaria es un asunto que afecta con mayor intensidad a las mujeres madres y/o cuidadoras, porque son ellas quienes asumen exclusivamente la responsabilidad del cuidado de sus hijos y, en especial, la económica de la manutención de los NNA debido a la mora del obligado y, en consecuencia, se ven expuestas a soportar cargas desproporcionadas correlativas. Por ende, una medida que tienda a ampliar el acceso a la justicia civil de las mujeres en esas circunstancias reafirma la perspectiva de género desde la cual debe obligatoriamente analizarse el fenómeno de la asunción de la responsabilidad alimentaria. Una regla de esta naturaleza, por esas mismas razones, no solo es compatible de la Carta Política sino que desarrolla múltiples garantías constitucionales y, en particular, la promoción de la igualdad material entre hombres y mujeres. 229. En cuanto el parágrafo 3º debe partirse de advertir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el delito de inasistencia alimentaria es de carácter doloso, por lo que su comisión depende de la inexistencia de justa causa para el incumplimiento, concepto del que hace parte la incapacidad económica del victimario. Al respecto, señala la alta Corporación: “Frente al examen sobre el carácter justo o injusto de la infracción al deber de asistencia alimentaria, resulta fundamental la determinación de las posibilidades fácticas y jurídicas del obligado para suministrar alimentos. Al respecto, la Sala de antaño ha precisado lo siguiente[263]: Las diversas disposiciones han sido coincidentes y uniformes en otro tema: incluir dentro de la definición típica el elemento “sin justa causa”. Con ello se quiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento en la prestación de alimentos, siempre y cuando se haga sin motivo, sin razón que lo justifique, esto es, el dejar de hacer lo que se debe hacer tiene que ser infundado, inexcusable. 4. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la norma que define la conducta, mediante su sentencia C-237, del 20 de mayo de 1997. En esa decisión, dejó en claro que no puede ser responsable quien incumple sus deberes determinado o empujado por una “justa causa”. Afirmó: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia...” (…) Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar.” Bajo este entendido, cuando el agente se sustrae del cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor como lo es la falta de capacidad económica, la conducta no es punible (CSJ SP 4 dic. 2008, rad. 28.813).”[264] Por ende, el parágrafo 2º analizado guarda armonía con una comprensión del delito de inasistencia alimentaria en donde se requiere que la conducta (i) vulnere el bien jurídico tutelado, en este caso la familia; y (ii) se efectúe en razón de un comportamiento voluntario y consciente del sujeto activo, esto es, que se realice a título de dolo. Estas dos condiciones se fundamentan, esta vez desde la perspectiva constitucional, por el carácter excepcional que tiene la sanción penal debido al alto grado de interferencia que contrae para la autonomía individual. 230. Es evidente que este estándar es diferente al exigido para la inscripción del deudor moroso en el REDAM. Esto debido a que dicha inclusión se guía exclusivamente por el incumplimiento sistemático de obligaciones civiles y, en consecuencia no puede analizarse bajo los requerimientos propios del reproche penal. Por lo tanto, es compatible con la Carta Política que el Legislador estatutario haya reservado las exigencias mencionadas en el fundamento jurídico anterior al ámbito penal, puesto que en lo que respecta a la exigibilidad de pretensiones ante la jurisdicción civil, el reclamo se restringe a la dimensión patrimonial de la acreencia alimentaria. Es a esta dimensión a la que, a su vez, se circunscribe la finalidad del REDAM, lo que demuestra la validez de la regulación examinada. Sobre este aspecto, la Corte en reciente sentencia dejó claro que el derecho a recibir alimentos se predica en razón de la condición de acreedor alimentario y no se sujeta a un plazo particular. En efecto, en la Sentencia C-017 de 2019[265] se consideró que si bien el artículo 421 del Código Civil señala que los alimentos se deben desde la primera demanda, ello debe interpretarse de manera restrictiva, esto es, que a partir de ese momento se exige el pago de la obligación alimentaria por ese medio judicial, pero ello no significa que los demás alimentos debidos no puedan ser exigidos por las otras vías legales existentes. Acerca de este asunto, la decisión en comento señaló: “este mecanismo de reclamación judicial a través de la demanda se debe entender e interpretar sistemática e integralmente de conformidad con el marco legal fijado por el Código de Infancia y Adolescencia que contiene los diferentes mecanismos para la reclamación de los alimentos de los menores de edad. En efecto, si se presenta incumplimiento frente a la obligación de alimentos, los padres, parientes o funcionarios pueden recurrir a las diferentes vías legales, como el requerimiento administrativo ante el Defensor de Familia, policivo ante el Comisario de Familia, o a la Conciliación, incluyendo la vía judicial mediante la demanda de Alimentos, de manera que no resulta admisible constitucionalmente la interpretación planteada por los demandantes en el sentido de que la obligación de los alimentos depende de la presentación de la primera demanda. Así, el artículo 111 del Código de Infancia y Adolescencia establece que una vez se haya agotado sin éxito la vía de la conciliación, el caso se remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso. Ahora bien, en caso de incumplimiento de la obligación reconocida a través de estos mecanismos legales –administrativos o judiciales-, los titulares del derecho pueden recurrir al proceso ejecutivo o la vía penal para hacerlo efectivo o reclamar las consecuencias jurídicas de dicho incumplimiento. De esta manera, la demanda judicial no es un acto constitutivo del derecho o de la obligación de alimentos a favor de los menores de edad, como lo entienden los demandantes, ya que este derecho se encuentra consagrado constitucional y legalmente, sino que la demanda es una de las vías de reclamación o exigibilidad del derecho existente, y la consecuente sentencia judicial que se deriva de su presentación es un acto declarativo o de reconocimiento de dicho derecho u obligación existente constitucional y legalmente, que a su vez constituye la obligación civil y patrimonial de la pensión alimenticia.” A partir de esta comprobación, la Sala concluye que la inscripción en el REDAM, si bien no es un mecanismo de ejecución de la obligación alimentaria, sí opera como consecuencia del ejercicio de las diferentes alternativas que el ordenamiento jurídico confiere para el efecto y ante el sistemático incumplimiento del deudor alimentario. Por ende, la norma que distingue conceptualmente estas herramientas del reproche penal es útil en términos de aseguramiento del pago de los alimentos y desde la perspectiva civil de su exigibilidad. Artículo 11 – Vigencia y derogatorias La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 231. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano y el Procurador General de la Nación llaman la atención acerca de que la norma es problemática en términos del principio de legalidad. Esto debido a que se dispone la vigencia de la legislación a partir de la fecha de expedición y no de su promulgación. Con todo, advierten que yerros de ese mismo carácter han sido evidenciados por la Corte, por lo que solicitan que se adopte el mismo sentido de la decisión. 232. En los términos del artículo 153 de la Constitución, las condiciones del procedimiento legislativo de las leyes estatutarias difieren de los requisitos ordinarios en las mayorías exigidas para su aprobación, su aprobación en una sola legislatura y el control previo y automático de constitucionalidad. En lo demás, el asunto se rige por las reglas comunes. Así, el artículo 165 superior indica que aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasa al Gobierno para su sanción. Si este no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley. La promulgación es un concepto con un significado jurídico definido y se vincula con la “publicidad o divulgación de la ley, y su finalidad es ponerla en conocimiento de todas las personas para poder exigir posteriormente su cumplimiento. De ahí que se hayan establecido como principios generales de derecho que "la ley no obliga sino en virtud de su promulgación" y que "nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad)”[266] Bajo ese entendido, la promulgación de la ley se lleva a cabo con su publicación y es un requisito para que adquiera naturaleza vinculante debido a la relación inescindible entre los principios de legalidad y publicidad de las normas jurídicas. Así, una ley no puede entrar a regir antes de su promulgación, puesto que ello socavaría aspectos esenciales del Estado constitucional. Sobre el particular la Corte señaló en la Sentencia C-932 de 2006[267]: “En el ordenamiento jurídico colombiano la promulgación de la ley equivale a su publicación, y que si bien no es un requisito para la validez de la misma, si lo es para su vigencia y obligatoriedad, es decir, para que ésta vincule a los asociados. En esa medida la jurisprudencia constitucional ha relacionado los conceptos de promulgación de la ley –que se materializa mediante su publicación en el Diario Oficial- y de eficacia jurídica o vigencia de la misma, entendidas estas últimas como fuerza o capacidad para producir efectos jurídicos de una norma, pues como antes se señaló los mandatos legales sólo serán oponibles a los asociados -y por ende éstos sólo resultarán afectados por sus consecuencias jurídicas- a partir de su publicación, por lo tanto una ley mientras no haya sido publicada es inoponible y no produce efectos jurídicos.” 233. Llevadas estas reglas al caso analizado la Corte evidencia que la fórmula de vigencia del PLE desconoce el artículo 165 de la Constitución, al vincularla a la expedición y no a la promulgación. Debe insistirse en que este no es un asunto meramente nominal o semántico, puesto que el concepto “promulgación” tiene un significado específico para la Constitución y, además, efecto performativo o realizativo[268] respecto de los principios de publicidad y legalidad. Es decir, el acto de la promulgación, que se perfecciona con la publicación de la ley en el Diario Oficial es la que permite otorgar obligatoriedad a la regulación respecto de todas las personas, vulnerándose la Carta Política cuando se utiliza una fórmula diferente y, por ende, incompatible con el mecanismo que se ha previsto para la publicidad de las normas jurídicas. Por ende, la expresión “expedición” que utiliza el artículo 11 del PLE será declarada inconstitucional por la Corte. Con todo, esta actuación haría que la norma perdiese su sentido, por lo que se muestra imperativo adoptar una sentencia integradora sustitutiva[269] que, a la par que excluya el mencionado término lo reemplace por “promulgación”. De esta forma la norma recobra una comprensión jurídica discernible y, a su vez, es compatible con las previsiones superiores en materia de publicidad de las leyes. En lo demás, el artículo se ajusta a la Constitución. Síntesis y conclusiones 234. La correspondió a la Corte Constitucional adelantar el control constitucional previo, automático e integral del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” En cuanto al trámite legislativo, la Sala concluyó que el PLE cumplió con las reglas constitucionales y orgánicas aplicables al procedimiento que antecede a las leyes estatutarias. Fueron realizadas las publicaciones del proyecto en cada una de las etapas del debate legislativo, al igual que los anuncios previos a las diferentes votaciones. De la misma forma, las modificaciones al articulado introducidas por las comisiones y plenarias fueron compatibles con los principios de consecutividad e identidad flexible y estuvieron vinculadas a los núcleos temáticos que conforman el PLE, todos ellos relacionados con la previsión de incentivos para el pago de las obligaciones alimentarias en mora, en particular la creación del REDAM y la imposición de consecuencias de la incorporación de datos personales en ese registro. Los plazos entre cada uno de los debates cumplieron con los límites previstos en la Constitución y el proyecto fue tramitado en una sola legislatura como se exige para el caso de la legislación estatutaria. A su vez, en la medida en que el PLE no incluye asuntos que afecten directamente a las comunidades étnicas, el requisito de consulta previa no resulta aplicable. La comprobación del quórum y de la mayoría absoluta también fueron debidamente acreditados. Sobre este asunto, la Corte evidenció una inconsistencia en la contabilización de los votos para la aprobación del artículo 6º del PLE en la plenaria de la Cámara de Representantes, consistente en que, si bien durante el debate la Secretaría General dio cuenta de que la disposición había sido aprobada con la mayoría requerida de 86 de votos, más de un año después de verificada la votación y a través de una constancia incorporada en la Gaceta del Congreso contentiva del acta de plenaria, señaló que en realidad el artículo contó con 85 votos favorables, esto es, con menos del mínimo exigido para su aprobación con mayoría absoluta. La Corte considera que ante esta divergencia, debe preferirse aquella opción interpretativa que otorgue un peso específico mayor a lo acreditado durante la plenaria. Así, no se está en este caso ante un vicio de procedimiento, puesto que la voluntad de la Cámara se conformó debidamente a través de la información que entregó la Secretaría General durante la sesión y una vez realizada la votación del articulado. En ese sentido, resultaría contrario al principio democrático aceptar que varios meses después y mediante una simple constancia de la Secretaría General se frustre esa voluntad y sin que medie ninguna posibilidad de que los congresistas cuestionen o en modo alguno controlen esa afirmación. 235. Frente al análisis de constitucionalidad material, los asuntos regulados corresponden en la mayoría de los casos a materias objeto de reserva de ley estatutaria. La jurisprudencia constitucional ha considerado, de manera reiterada, que las reglas sobre conocimiento, actualización y rectificación de información personal contenida en bases de datos integran el núcleo esencial del derecho al habeas data y, por ende, su alcance en escenarios concretos debe ser regulado mediante normas estatutarias. Como el principal mecanismo de incentivo para el pago de alimentos que regula el PLE es el REDAM, entonces la normativa debió someterse a dicha reserva debido a que contiene disposiciones que determinan el modo de incorporación, acceso y las consecuencias de la inscripción de datos personales en ese registro. Además, aunque el PLE también contiene otras reglas que harían parte de la competencia del legislador ordinario, ello no contrae vicio alguno habida cuenta del mayor rigor en el trámite legislativo que es exigido para la aprobación de normas estatutarias y de la razonabilidad de su inclusión al entenderse el tema a tratar de manera integral. 236. La Corte encontró que, de manera general, las normas objeto de examen son compatibles con la Carta Política. Esto debido a que tienden a la satisfacción de bienes constitucionales imperiosos, específicamente la eficacia de los derechos fundamentales de los acreedores de la obligación de alimentos, que en la gran mayoría de los casos corresponden a sujetos de especial protección constitucional. Además, estas medidas tienden a reducir cargas desproporcionadas asumidas generalmente por las mujeres madres y cuidadoras, quienes ante el incumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias, deben asumir en su integridad los gastos vinculados a las necesidades del acreedor alimentario. Por ende, la Corte insiste en que el control de constitucionalidad del PLE debe analizarse mediante un enfoque de género que reconozca dichas cargas y que evalúe las normas examinadas de cara a la vigencia de los derechos de las mujeres interferidos por la mora del deudor alimentario. De otro lado, las normas que integran el PLE, en particular las que regulan el funcionamiento del REDAM, son armónicas con los principios generales que definen el contenido y alcance del derecho al habeas data y que fijan las reglas para la administración de datos personales. 237. La conformación del REDAM es constitucional, puesto que (i) tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios; y (ii) la información personal recopilada es susceptible de tratamiento, debido a que refiere al incumplimiento de obligaciones legales reguladas en normas civiles y que son de orden público. En el mismo sentido, las previsiones del PLE contienen diferentes herramientas para que el obligado alimentario conozca con anterioridad sobre la inscripción en el registro; asimismo, otorga una oportunidad para demostrar el pago de los alimentos y, con ello, evitar las consecuencias del registro. Estas circunstancias, sumadas a los hechos de que, como regla general, la inscripción en el REDAM ha estado precedida de una discusión judicial o administrativa sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria y que, antes del registro, debe acreditarse un periodo de mora superior a tres meses, llevan a que la inscripción en comento resulte proporcional y razonable. Con base en estos mismos argumentos es constitucional el hecho de que la única excepción predicable sea la del pago de la obligación morosa, pues el REDAM no puede operar como instrumento para debatir la obligación o como una etapa sucedánea de los procedimientos judiciales dirigidos a acreditar causales distintas que enervan el pago de la obligación alimentaria. Lo contrario desconocería tanto el derecho al debido proceso como la eficacia necesaria del registro para que opere como incentivo eficaz para el pago de la obligación alimentaria incumplida. 238. Los plazos de permanencia del dato sobre el incumplimiento en el pago son, a juicio de la Corte, razonables de cara a la duración de la mora. Sin embargo, la Sala evidencia que la regulación dejó de prever el término de caducidad del dato negativo cuando se trata de obligaciones insolutas. Por ende, ante la necesidad de fijar ese plazo so pena de incurrir en una modalidad abusiva de administración de datos personales, se considera que una vez declarada la extinción judicial de la obligación alimentaria el dato negativo se mantendrá en el registro por seis meses, que es el plazo máximo de permanencia contemplado en el PLE. Adicionalmente, se encontró que la regulación prevista en el artículo 4º incurrió en una omisión legislativa relativa, presuntamente por un mero error de técnica en la legislación, al omitir a las autoridades administrativas del deber de oficiar a la entidad responsable del tratamiento sobre el pago de la obligación y con miras a la eliminación del registro. Por ende, en la parte resolutiva se adoptará un fallo de constitucionalidad condicionada en ese sentido. 239. Respecto del artículo 5º del proyecto, la Corte advierte que el dato sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria es semiprivado al estar vinculado con la intimidad de la familia. De allí que la circulación de los reportes deba circunscribirse exclusivamente a aquellos sujetos involucrados con las consecuencias de la inscripción, sin que en modo alguno pueda circular de forma indiscriminada, pues ello no solo desconocería el derecho mencionado, sino que también carecería de vínculo alguno con la finalidad del REDAM. Por lo tanto, debe condicionarse la constitucionalidad de la norma del modo propuesto. 240. Respecto de las consecuencias de la inscripción en el REDAM, la Corte concluye que algunas de ellas son inconstitucionales. Así, aunque es aceptable que el incumplimiento de la obligación legal de pagar alimentos configure una causal de inhabilidad para el empleo público o para contratar con el Estado, esta opción no puede extenderse hasta imponer la terminación de los contratos estatales en ejecución, puesto que esa circunstancia afectaría desproporcionadamente los principios de la función administrativa, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad de ese efecto específico de la inscripción en el REDAM. No sucede lo mismo respecto de la suspensión de los servidores públicos en ejercicio, puesto que la medida está precedida de la oportunidad para que, previa a la imposición de esa consecuencia, el deudor pueda ponerse al día en el pago de la obligación alimentaria. Asimismo, es razonable que las consecuencias se extiendan a las personas jurídicas representadas por el obligado moroso, puesto que aquellas tienen un deber de mínima diligencia en lo que respecta a la acreditación de las calidades de sus representantes legales y, además, la norma conjura el riesgo de que determinadas formas societarias puedan utilizarse para defraudar al acreedor alimentario. Los numerales 3º y 4º y el parágrafo segundo del artículo 6º son parcialmente contrarios a la Constitución, en la medida en que establecen mecanismos de ejecución de la obligación alimentaria a cargo de particulares y sin que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 116 superior para esa habilitación excepcional. Además, la regulación plantea varios vacíos sobre aspectos esenciales de la ejecución de las obligaciones civiles, omisiones que tornan a dichos mecanismos incompatibles con el derecho al debido proceso. La consecuencia contenida en el numeral 5º y que impide que el obligado moroso salga del país será declarada constitucional, puesto que supera un juicio estricto de proporcionalidad al ser una medida imprescindible para satisfacer bienes constitucionales imperiosos y vinculados a la satisfacción de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Igualmente, la restricción cumple con el estándar previsto en el derecho internacional de los derechos humanos para limitaciones de esa naturaleza. 241. Igual conclusión se predica del numeral 6º, que exceptúa la autorización del padre o madre inscrito en el REDAM para que el menor de edad titular del derecho de alimentos salga del país. En este caso, la medida está dirigida a evitar una afectación desproporcionada de la libertad de locomoción de los NNA, al igual que los demás derechos que operan de manera interdependiente con aquella. Del mismo modo, la norma impide un ejercicio abusivo de las prerrogativas de la patria potestad por parte del acreedor moroso. El numeral 7º que excluye a las personas registradas en el REDAM para la obtención de subsidios es igualmente desproporcionado habida cuenta de su vaguedad, que involucra la eliminación de recursos que son necesarios para la protección de los derechos fundamentales del deudor y para el pago mismo de la obligación alimentaria. Esta situación es agravada por el hecho de que los titulares de los subsidios son personas de menores condiciones socioeconómicas, por lo que su eliminación impone cargas irrazonables y que no concurren con el logro del pago de los alimentos debidos. La previsión del parágrafo primero del artículo 6º es constitucional, puesto que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es un dato por completo relevante para la evaluación del riesgo crediticio. Por ende, los principios de integridad e incorporación, propios de la administración de datos personales, justifican la inclusión del dato personal sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias a las centrales de riesgo. De la misma forma, la carga de la prueba hacia el Estado que dispone el parágrafo tercero es consecuencia de la necesidad de evitar la imposición de deberes irrazonables a los ciudadanos, lo cual es plenamente compatible con la Constitución. No obstante, idéntica carga también debe predicarse de las centrales de riesgo crediticio, en tanto son destinatarias de los reportes derivados del REDAM. Por ende, la Corte condicionará la constitucionalidad del parágrafo mencionado en ese sentido. 242. Los artículos 7º y 8º del PLE no plantean asuntos constitucionales problemáticos al tratarse de normas eminentemente procedimentales y que acogen los principios constitucionales de administración de datos personales. Al respecto debe en todo caso precisarse que la connotación que hace el PLE al carácter público del REDAM versa exclusivamente sobre el hecho de que será una autoridad estatal la responsable del tratamiento de los datos personales, pero ello no significa de ninguna manera que sea un base de datos de acceso público. El artículo 9º es constitucional en tanto la advertencia sobre el potencial registro ante la mora opera como incentivo para el pago cumplido de la obligación alimentaria. Sin embargo, como sucede respecto del artículo 4º, se está ante una omisión legislativa derivada de un error de técnica legislativa, al excluir del deber de advertencia a los acuerdos de conciliación celebrados ante centros constituidos por personas jurídicas sin ánimo de lucro o adscritos a consultorios jurídicos. Por lo tanto, se adoptará un fallo de constitucionalidad condicionada en ese sentido. 243. El artículo 10º establece medidas que (i) facilitan el cobro judicial de la obligación alimentaria cuando una persona, generalmente mujer madre o cuidadora, asume la manutención ante el incumplimiento del obligado; y (ii) distinguen los efectos del REDAM de las exigencias que la jurisprudencia penal impone para la comisión del delito de inasistencia alimentaria, sin petrificarla. Estas precisiones son compatibles con la Constitución, concurren en el objetivo general de incentivo al pago cumplido de la obligación alimentaria y están en armonía con el enfoque de género que debe adoptarse para el análisis constitucional sobre las medidas destinadas al cumplimiento de la acreencia alimentaria. 244. Por último, el artículo 11º del PLE sobre la vigencia de la legislación estatutaria es problemático desde el punto de vista de los principios de legalidad y publicidad. Esto, debido a que vincula esa vigencia a la expedición de la ley y no a su promulgación, como lo ordena el artículo 153 de la Constitución. En consecuencia, se adopta una sentencia integradora sustitutiva sobre ese aspecto, a fin de declarar la inconstitucionalidad de la expresión “expedición” para sustituirla por “promulgación” y, en lo demás, se declarará su constitucionalidad. V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, respecto del trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 8º y 10º del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. TERCERO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que (i) una vez declarada judicialmente la extinción de la obligación alimentaria insoluta, la inscripción en el REDAM permanecerá por el término de seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia respectiva; y (ii) en caso del pago total de la obligación alimentaria en mora, tanto el juez como la autoridad administrativa que autorizó la inscripción en el REDAM deberán oficiar a la entidad responsable del tratamiento para que proceda el retiro de la información personal. CUARTO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a las que refiere la norma, serán exclusivamente aquellas que apliquen las consecuencias de la inscripción en el REDAM previstas en el artículo 6º de la presente Ley Estatutaria. QUINTO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”, salvo los siguientes apartados normativos que se declaran INEXEQUIBLES: 5.1. La expresión “Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias”, contenida en el numeral primero. 5.2. La expresión “En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria”, contenida en el numeral tercero. 5.3. La expresión “y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria”, contenida en el numeral cuarto. 5.4. El numeral séptimo y el parágrafo segundo. Asimismo, se declara EXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 6º en el entendido de que también serán responsables de la carga de verificación las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial que reciban reportes derivados del REDAM SEXTO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 9º del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que la advertencia prevista en esa disposición deberá también incorporarse en los acuerdos de conciliación celebrados ante centros constituidos por personas jurídicas sin ánimo de lucro o adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho. SÉPTIMO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 11 del Proyecto de Ley Estatutaria número 213/18 Cámara, 091/18 Senado, “por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”. Esto con excepción de la palabra “expedición” que se declara INEXEQUIBLE. En consecuencia, se ordena sustituir ese término por “promulgación”. OCTAVO: Conforme los numerales anteriores, DISPONER que el texto que se someta a sanción presidencial es el siguiente: LEY ____ Por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones” El Congreso de la República de Colombia DECRETA: Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. [Disposición declarada exequible por la Sentencia C-032 de 2021 en el entendido de que (i) una vez declarada judicialmente la extinción de la obligación alimentaria insoluta, la inscripción en el REDAM permanecerá por el término de seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia respectiva; y (ii) en caso del pago total de la obligación alimentaria en mora, tanto el juez como la autoridad administrativa que autorizó la inscripción en el REDAM deberán oficiar a la entidad responsable del tratamiento para que proceda el retiro de la información personal.] Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. [Disposición declarada exequible por la Sentencia C-032 de 2021 en el entendido de que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a las que refiere la norma, serán exclusivamente aquellas que apliquen las consecuencias de la inscripción en el REDAM previstas en el artículo 6º de la presente Ley Estatutaria.] Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. Declarado inexequible. Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Parágrafo 2°. Declarado inexequible. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. [Disposición declarada exequible por la Sentencia C-032 de 2021 en el entendido de que también serán responsables de la carga de verificación las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial que reciban reportes derivados del REDAM] Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3º. La entidad responsable del tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro. En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; (e) el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato. Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales. Parágrafo 4º. El registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo. Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. [Disposición declarada exequible por la Sentencia C-032 de 2021 en el entendido de que la advertencia prevista en esa disposición deberá también incorporarse en los acuerdos de conciliación celebrados ante centros constituidos por personas jurídicas sin ánimo de lucro o adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho.] Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. NOVENO: REMITIR esta decisión al Presidente del Congreso de la República para lo de su competencia. Notifíquese, comuníquese y cúmplase, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Presidente Con salvamento parcial de voto DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Con aclaración de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada Con salvamento parcial de voto JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado Con salvamento parcial de voto MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General ANEXO Modificaciones dentro del procedimiento legislativo al Proyecto de Ley Estatutaria 213/18 Senado, 091/18 Cámara “por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.” Proyecto de ley Ponencia para primer debate - Cámara Texto aprobado primer debate - Cámara Ponencia para segundo debate - Cámara Texto aprobado segundo debate - Cámara Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil Colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 3°. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez que conoce o conoció del proceso ejecutivo de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por tres (3) días, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma. La decisión del juez podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de tres (3) días para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días al a la Entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos caducará en un término de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha en la cual se realiza la inscripción. Parágrafo 5°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez que conoce o conoció del proceso ejecutivo de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por tres (3) días, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma. La decisión del juez podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de tres (3) días para resolverlo. Parágrafo Primero. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo Segundo. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora. Parágrafo Tercero. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días al a la Entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo Cuarto. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos caducará en un término de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha en la cual se realiza la inscripción. Parágrafo Quinto. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez que conoce o conoció del proceso ejecutivo de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por tres (3) días, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma. La decisión del juez podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de tres (3) días para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días al a la Entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos caducará en un término de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha en la cual se realiza la inscripción. Parágrafo 5°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez que conoce o conoció del proceso de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por tres (3) días, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma. La decisión del juez podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de tres (3) días para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a tres (3) días a la Entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos caducará en un término de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha en la cual se realiza la inscripción. Parágrafo 5°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Eliminado Parágrafo 5°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 4°. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; 2. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; 2. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; 2. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; Expedir gratuitamente y de forma inmediata los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. Artículo 5°. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. Fecha del registro. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 6°. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. Inhabilidad para contratar con el Estado. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro. 4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación. 5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. Inhabilidad para contratar con el Estado. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro. 4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación. 5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro. 6. Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin. 7. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. Parágrafo. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. 3. Impedimento para perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro. 4. Para autorizar una escritura pública, la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Redam de ambas partes del negocio jurídico, cuando se trate de personas naturales y, del representante legal, cuando una de estas sea persona jurídica. En caso de que aparezca registro de incumplimiento de obligaciones alimentarias, el negocio jurídico no podrá perfeccionarse hasta tanto se regularice la situación. 5. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado que ordenó la inscripción en el Registro. 6. Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin. 7. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. Parágrafo. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. Impedimento para solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte habilitadas para tal fin. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. Parágrafo 1°. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3 del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación dela entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Eliminado. 6. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 7. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 8. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida ala Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 7°. Operación del registro de deudores alimentarios morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo Primero. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo Segundo. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7º. Operación del registro de deudores alimentarios morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7º. Operación del registro de deudores alimentarios morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 8°. Remisión General. Los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, o la que la reemplace o modifique, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8º. Remisión General. Los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, o la que la reemplace o modifique, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8º. Remisión General. Los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, o la que la reemplace o modifique, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8º. Remisión General. Los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, o la que la reemplace o modifique, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Moroso Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 9°. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11º Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Ponencia para tercer debate – Senado Texto aprobado en tercer debate - Senado Ponencia para cuarto debate – Senado Texto aprobado en cuarto debate – Senado Texto conciliado Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todas las personas que se encuentren en mora a partir de tres (3) cuotas alimentarias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación, o cualquier título ejecutivo que contenga obligaciones de carácter alimentario. La obligación económica cuya mora genera el registro corresponde a la de alimentos congruos o necesarios, definitivos o provisionales. Parágrafo. Esta norma aplica para los deudores alimentarios morosos de las personas titulares de derechos de alimentos estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones consagradas en el presente artículo. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 3°. Procedimiento para inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 3°. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 3º. Procedimiento para inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El acreedor de alimentos deberá solicitar el registro ante el juez y/o funcionario que conoce o conoció del proceso y/o de alimentos quien, previo a ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, deberá correr traslado de la solicitud al deudor alimentario que se reputa en mora por cinco (5) días hábiles, al término de los cuales resolverá sobre la procedencia o no de la misma, con fundamento en la existencia o no de una justa causa. La decisión del juez y/o funcionario podrá ser objeto del recurso de reposición quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolverlo. Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión que ordena la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de hacer efectiva la misma. Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes. Parágrafo 3°. Cuando se acredite la cancelación total de las cuotas alimentarias en mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la entidad encargada de su operación con el propósito de cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el mismo oficio el juez ordenará el retiro inmediato de la información negativa del deudor de alimentos del Registro. Parágrafo 4°. Cuando la obligación alimentaria conste en título ejecutivo diferente a sentencia judicial, el acreedor alimentario podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio al trámite contemplado en el presente artículo, garantizando en todo caso, el derecho de contradicción y de defensa del presunto deudor alimentario moroso. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos; Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. Artículo 4°. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Artículo 4°. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Artículo 4º. Funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son: 1. Llevar un registro de los deudores alimentarios morosos. 2. Expedir gratuitamente los certificados a través de página web, que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos certificados deberán contener como mínimo la información contemplada en el artículo 5° de la presente ley. Parágrafo. Los certificados contemplados en el numeral 2 del presente artículo, tendrán una validez de tres (3) meses y podrán expedirse por medio de documento en físico o por plataformas tecnológicas o virtuales que permitan que este sea expedido con celeridad y practicidad para el ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la materia, respetando en todo caso lo contemplado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. Identificación del Despacho Judicial que ordena el registro. Fecha del registro. Artículo 5°. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro. Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro Artículo 5°. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro Artículo 5º. Contenido de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso. 2. Domicilio actual o último conocido del Deudor Alimentario Moroso. 3. Número de documento de identidad del Deudor Alimentario Moroso. 4. Identificación del documento donde conste la obligación alimentaria. 5. Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación. 6. Identificación de la autoridad que ordena el registro. 7. Fecha del registro Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1.El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2.No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. 3.Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7.No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 6°. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) será remitida a la Superintendencia Financiera, quien tendrá la facultad de enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3 del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 6°. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3 del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarías. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generará las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado. Estando en ejecución el contrato, será causal de terminación del mismo incurrir en mora de las obligaciones alimentarias. 2. No se podrá nombrar ni posesionar en cargos públicos ni de elección popular a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Si el deudor alimentario es servidor público al momento de su inscripción en el Redam, estará sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y salvo con las obligaciones alimentarias. En todo caso, se garantizará al deudor alimentario los derechos de defensa y debido proceso. 3. Cuando el deudor alimentario pretenda perfeccionar la enajenación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, la notaría exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de estar reportado, el monto de las cuotas alimentarias adeudadas se sumará a la tarifa de los derechos notariales. Será obligación de la notaría depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, con la finalidad de solventar la deuda alimentaria originaria. 4. Cuando el deudor alimentario solicite un crédito o la renovación de un crédito ante una entidad bancaria o de financiamiento, se exigirá el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y, en caso de ser aprobado, será obligación de la entidad otorgante depositar lo adeudado a orden de la autoridad que ordenó la inscripción en el Registro, para que solvente la deuda alimentaria originaria. 5. Impedimento para salir del país y efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces. 6. No se requerirá la autorización del padre o madre inscrito en el Redam contemplada en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006. 7. No se otorgarán subsidios a las personas reportadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hasta tanto no se pongan en paz y salvo con las obligaciones alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad designada por el Gobierno nacional para implementar, administrar y mantener el Redam, remitirá la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia. Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada en el numeral 3° del presente artículo, aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de personas jurídicas, siempre que estas últimas sean parte del negocio jurídico. Parágrafo 3°. La carga de verificación si el ciudadano está inscrito en el Registro recaerá únicamente en el Estado, las notarías y las entidades bancarias. La imposibilidad de verificar el registro deberá interpretarse en favor del ciudadano. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, como operador de la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7°. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, y/o enviar la misma a las bases de datos o centrales de información de las centrales de riesgo crediticio, financiero y comercial, para lo de su competencia e interés. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 7°. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, implementará, administrará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3°. La Entidad Responsable del Tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro. En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; (e) el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato. Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales. Parágrafo 4°. El Registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo. Artículo 7º. Operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno nacional, designará a una entidad del orden nacional para que implemente, administre y mantenga actualizado el Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias. Parágrafo 1°. La entidad a la que hace referencia el presente artículo, podrá constituir una base de datos de carácter público para la administración de la misma, dando aplicación a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto de esta ley. Parágrafo 2°. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarias deberá llevarse a cabo en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3º. La entidad responsable del tratamiento de la información adoptará mecanismos útiles, eficientes, demostrables y verificables para garantizar el cumplimiento de la presente ley y los principios y reglas previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 respecto del tratamiento de los datos personales que harán parte del citado registro. En la reglamentación de este registro se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la finalidad de la recolección y utilización de los datos; (b) las condiciones en las que podrán ser accedidos por parte de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c) el tipo de información que se suministrará a los interesados; (d) los usos que se puede dar a la información contenida en el registro; (e) el tiempo que estará registrada la información, de conformidad con el principio de temporalidad o caducidad del dato. Adicionalmente, se deben prever mecanismos técnicos capaces de limitar el alcance de las consultas y de las búsquedas electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de descarga o de consulta no autorizada de datos personales. Parágrafo 4º. El registro contará con un mecanismo de verificación, formación y apoyo para los deudores en desempleo o informalidad a través del Servicio Público de Empleo. Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8°. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1265 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8°. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 8º. Remisión general. Los principios y reglas generales previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán a la administración de la información y los datos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9°. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9°. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 9º. Advertencia de consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 10. Término para exigir alimentos. Quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad. Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber sufragado las acreencias alimentarias a las que hace referencia el presente artículo, podrán, de manera alternativa, subrogar al titular de las acreencias alimentarias, en el reconocimiento judicial de las mismas. Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción civil y no cambiará el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, según el cual para que se configure responsabilidad penal por este delito, debe verificarse la necesidad de la víctima de la asistencia alimentaria y la capacidad de pago del acusado. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. [1] La Sala Plena de la Corte, en sesión del 17 de julio de 2019, repartió este asunto y fue asignado a la suscrita Magistrada. [2] En escrito presentado el 29 de agosto de 2019, la Senadora Maritza Martínez Aristizábal presentó su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=11299 [3] La interviniente cita la Sentencia T-676 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [4] En escrito presentado el 19 de agosto de 2020, la Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, Olivia Inés Reina Castillo, presentó su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18566 [5] En escrito presentado el 10 de agosto de 2020, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, Rocío Soacha Pedraza, presentó su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18306 [6] M.P. Jaime Córdoba Triviño. [7] Sobre este particular, la Superintendencia citó la Sentencia T-506 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [8] Artículo 26 del Decreto 1377 de 2013. [9] En escrito presentado el 19 de agosto de 2020, el Subdirector de Defensa Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, Juan Pablo Buitrago León, presentó su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18573 [10] En escrito presentado el 18 de agosto de 2020, el Decano José Alberto Gaitán Martínez y la Profesora Karol Martínez Muñoz, en representación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, presentaron su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18542 [11] En escrito presentado el 19 de agosto de 2020, las estudiantes del Semillero de Estudios de Gobierno y Justicia de la Universidad de la Sabana presentaron su intervención en el proceso de constitucionalidad de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18572 [12] A través de escrito del 19 de agosto de 2020, los señores Eduardo Durán Gómez, Juan Hernando Muñoz y Álvaro Rojas Charry, en calidad de representantes legales de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, presentaron su intervención dentro del proceso de la referencia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18574 [13] El Parágrafo 2º del artículo 3º del Proyecto de Ley dispone lo siguiente: “Solo podrá proponerse como excepción a la solicitud de registro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos el pago de las obligaciones alimentarias que se encuentran en mora, siempre y cuando sea la primera inscripción, en el evento de recurrencia en el incumplimiento de las cuotas alimentarias y el pago de las mismas antes del registro, este se llevará a cabo por tres meses en la segunda oportunidad y por 6 meses en las ocasiones siguientes.” [14] La solicitud de inexequibilidad del numeral 3º del artículo 6º recae sobre el apartado [15] Documento remitido mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2020 y suscrito por el doctor Edgar Bojacá Castro, jefe la Oficina Asesora Jurídica del ICBF. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18633 [16] Concepto presentado por el ICBF, p. 8. [17] Concepto elaborado por el doctor Carlos Fradique Méndez y presentado por el doctor Augusto Trujillo Muñoz. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=18900 [18] Documento remitido por correo electrónico a la Corte el 16 de septiembre de 2020 y suscrito por el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=19649 [19] Concepto del Procurador General de la Nación, p. 15 [20] Ibídem p. 28. [21] Ibídem, p. 43. [22] Ibídem, p. 44. [23] Ibídem p. 65. [24] Ibídem p. 74. [25] Páginas 7 a 15. [26] Páginas 22 a 28. [27] Gaceta del Congreso 50 de 2018, pp. 44-45. [28] Ibídem p.45. [29] “Así que, señor Presidente, ya tenemos quórum decisorio, puede usted poner en consideración y votación el orden del día con la modificación presentada con los dos ponentes coordinadores de estos dos proyectos de acto legislativo y de ley.” Gaceta del Congreso 51 de 2019, p. 4. [30] Gaceta del Congreso 51 de 2019, pp. 35-36. [31] Gaceta del Congreso 51 de 2019, pp. 36-38. [32] Gaceta del Congreso 1248 de 2019, p. 53. [33] “Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se cierra el registro la votación final es como sigue: Por el sí: 10 votos electrónicos, y 8 manuales para un total por el sí de, perdón uno manual para un total por el sí de 11 votos. 10 electrónicos y 1 manual por el sí para un total por el sí de 11 votos. Por el no 82 votos electrónicos y 8 manuales para un total por el no de 90 votos. Han sido negados los impedimentos leídos y tramitados por favor señores auxiliares informarles a los doctores Fabián Díaz, León Fredy Muñoz, César Ortiz Zorro y Neyla Ruiz que pueden ingresar nuevamente al recinto para tramitar este proyecto.” Gaceta del Congreso 66 de 2020, p. 16. [34] Gaceta del Congreso 66 de 2020, p. 23. [35] Gaceta del Congreso 66 de 2020, p. 24. [36] Gaceta del Congreso 66 de 2020, pp. 29-30. [37] Gaceta del Congreso 66 de 2020, p. 49 [38] Ibídem, p. 52. [39] Gaceta del Congreso 589 de 2019, p. 10. [40] Ibídem, p. 16. [41] Gaceta del Congreso 581 de 2019, pp. 10-12. [42] Ibídem, p.12. [43] Ibídem, pp. 12-14. [44] Gaceta del Congreso 506 de 2019 pp. 20-22. [45] Ibídem, pp. 12-19. [46] Gaceta del Congreso 1147 de 2019, p. 85. [47] Ibídem p. 100. [48] Gaceta del Congreso 1069 de 2019 pp. 181-182. [49] Ibídem, pp. 182-183. [50] Gaceta del Congreso 564 de 2019, p. 14. [51] Gaceta del Congreso 848 de 2019, p. 34. [52] Gaceta del Congreso 65 de 2020, pp. 124-125. [53] Gaceta del Congreso 144 de 2020, pp. 58-60. [54] Gaceta del Congreso 1128 de 2019, p. 153. [55] Ibídem, p. 155. [56] Gaceta del Congreso 1129 de 2019, pp. 47-49. [57] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Esta sentencia adelantó el control automático de constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019, aprobatoria del Acuerdo entre Colombia y la OCDE sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgadas a la Organización. [58] Sentencia C-540 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. “Un Estado constitucional interesado por el fortalecimiento de la democracia debe contar con procedimientos que garanticen la transparencia de la información dentro del trámite legislativo. El principio de publicidad cumple importantes finalidades dentro del Estado social de derecho, pues el Congreso es el lugar en donde se realiza de manera privilegiada la discusión pública de las distintas opiniones y opciones políticas. De un lado, la publicidad racionaliza la propia discusión parlamentaria y la hace más receptiva a los distintos intereses de la sociedad, con lo cual las deliberaciones producen resultados más justos. De otro lado, la publicidad articula la actividad del Congreso con la ciudadanía, y es una condición necesaria para que el público esté mejor informado sobre los temas de trascendencia nacional, con lo cual se estrechan además las relaciones entre electores y elegidos, valor esencial en una democracia participativa como la colombiana. La publicidad es una condición de legitimidad de la discusión parlamentaria, pues es la única manera de que el Congreso cumpla una de sus funciones esenciales, esto es, la de traducir políticamente la opinión de los distintos grupos y sectores de la sociedad y, a su vez, la de contribuir a la preservación de una sociedad abierta en la cual las distintas opiniones puedan circular libremente. Por todo ello, sin transparencia y publicidad de la actividad de las asambleas representativas no cabe hablar verdaderamente de democracia constitucional.” [59] Sentencia C-011 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [60] La jurisprudencia constitucional admite como criterio de continuidad entre las sesiones del Congreso el consecutivo de las actas respectivas. Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras decisiones: C-492 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, C-337 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán y C-947 de 2014. [61] Para el cálculo de la mayoría absoluta, la jurisprudencia utiliza como parámetro el número entero siguiente a la mitad de los integrantes de la comisión o plenaria respectiva. Sobre el particular, la sentencia C-784 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, expresó: “En la jurisprudencia de la Corte, en el derecho comparado, en la doctrina y en la práctica parlamentaria, cuando se tiene en cuenta el caso de las asambleas impares, se concibe la mayoría absoluta o bien como cualquier número entero superior a la mitad de los integrantes, o bien como más de la mitad de los integrantes, o bien como la mayoría de los integrantes de una célula. Si la Corporación está integrada por un número par –y tiene 102 miembros-, la mayoría absoluta es 52 o más; si la conforma un número impar –y tiene 105 miembros- la mayoría absoluta es 53 o más. En ambos casos, los resultados responden exactamente a cualquiera de las definiciones antes mencionadas. No es necesario variar la definición, según si el cuerpo está constituido por un número par o impar.” [62] Sobre la definición de este número, cfr. Fundamento jurídico 38 infra. [63] Sentencia C-816 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En ese caso se analizó una situación similar, en la que el informe de ponencia no tuvo los votos requeridos, por lo cual se consideró “hundido” o archivado. La sentencia expresó lo siguiente: “Conforme al artículo 176 del Reglamento del Congreso y al análisis adelantado en los fundamentos anteriores de esta sentencia, es indudable que la falta de aprobación del informe de ponencia tiene al menos un efecto jurídico, y es la imposibilidad de continuar con el trámite del proyecto, pues no sólo así lo precisa esa norma reglamentaria sino que, además, sería irrazonable y contrario al principio de consecutividad y a los propósitos del artículo 176 del Reglamento del Congreso, que sin cumplirse ese requisito básico, el trámite del proyecto continúe con el debate y aprobación del articulado. La costumbre parlamentaria ha enfrentado ese vacío del Reglamento del Congreso de la siguiente manera: ha entendido que la falta de aprobación del informe de ponencia conduce al llamado “hundimiento” del proyecto, que algunos congresistas asimilan al “archivo” del mismo. En la práctica, el archivo y el hundimiento tienen un significado muy semejante, pues ambos implican que el proyecto no puede seguir siendo tramitado. Con todo, en el presente caso, no es necesario que la Corte entre a determinar el valor jurídico de la costumbre parlamentaria como fuente de derecho, por cuanto lo cierto es que frente al tema de la falta de aprobación del informe de ponencia en plenaria, dicha costumbre es válida, por cuanto representa una interpretación totalmente razonable de las normas reglamentarias.”. [64] Gaceta del Congreso 66 de 2020, p. 51. [65] Ibídem p. 52. [66] Certificación SG.CERTI-325/2019 del 29 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=11336 [67] Sobre el particular se observa a página 54 de la Gaceta del Congreso 66 de 2020: “Dirección de Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Bueno muy bien señor Secretario cierre el registro y anuncie el resultado. Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se cierra el registro, la votación es como sigue: Por el Sí: 71 votos electrónicos y 16 manuales para un total por el Sí de 87. Por el No: 3 votos electrónicos, ninguno manual para un total por él No de 3, ha sido aprobado con las mayorías requeridas el título y la pregunta de esta Ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara.” [68] Ibídem p. 56. [69] Oficio S.G.2-1296/2020 del 5 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=22101 [70] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [71] Artículo 183-3 de la Constitución. [72] Artículo 99 de la Constitución. [73] Concepto 2399 de 2018, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo Ponente: Germán Bula Escobar. [74] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [75] Sentencias C-872 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-015 de 2016 [76] Sobre este particular se utiliza la recopilación que sobre la materia hace la sentencia C-786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [77] Sentencia C-168 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [78] Sentencia C-277 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [79] Sentencia C-786 de 2012. [80] Ibídem. [81] Al respecto se adopta la síntesis expuesta por la sentencia C-332 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [82] Ibídem. [83] Este apartado se basa en las reglas recopiladas por la sentencia C-150 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. [84] Sobre el principio de unidad de materia se adopta la recopilación que ofrece la sentencia C-007 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera. [85] Sentencia C-400 de 2010, M.P. Jorge Pretelt Chaljub, reiterada por la sentencia C-133 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [86] El texto aprobado en primer debate se encuentra en la Gaceta del Congreso 890 de 2018. [87] El texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes está publicado en la Gaceta del Congreso 1080 de 2018. [88] El texto aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República está publicado en la Gaceta del Congreso 506 de 2019. [89] La consecuencia relativa a la imposibilidad de expedir la licencia de conducción es excluida al no haber sido aprobada dentro del texto del PLE sometido al control de constitucionalidad. [90] Artículo 83. Día, hora y duración: Todos los días de la semana, durante el periodo de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas. (…). [91] Sentencia C-175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la preservación de la identidad diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y, de esta manera, la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica se logra a través de, entre otros mecanismos, la consulta previa.  Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas disposiciones legales que  tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses.  Debe aclararse, por supuesto, que en los casos en que la medida legislativa no afecte directamente a las comunidades indígenas y tribales, la participación de las mismas no se ve restringida, sino que se conduce a través de los mecanismos generales de participación.” [92] Se hace referencia a la síntesis contenida en la sentencia C-520 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [93] La regla es fijada, dentro del ámbito del control de constitucionalidad, en la sentencia C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño y replicada en diferentes fallos posteriores en materia de revisión de tutela. [94] La sentencia C-094 de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo sintetiza los aspectos centrales del derecho a la intimidad del modo siguiente: La Corte Constitucional ha definido el derecho a la intimidad como aquel derecho que “garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas”. Igualmente, ha señalado que la intimidad comprende “el espacio exclusivo de cada uno, (…) aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano”. Adicionalmente, ha destacado que el derecho a la intimidad tiene dos dimensiones: (i) la negativa, como secreto de la vida privada; y (ii) la positiva, como libertad. En su dimensión negativa, prohíbe cualquier injerencia arbitraria en la vida privada e impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados. En su dimensión positiva, protege el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. A la norma que reconoce el derecho a la intimidad se adscriben diferentes posiciones y relaciones. En la sentencia C-602 de 2016 la Corte sostuvo, primero, que confiere a su titular la facultad (permisión) de oponerse -cuando no existe justificación suficiente- (i) a la intromisión en la órbita que se ha reservado para sí o su familia; (ii) a la divulgación de los hechos privados; o (iii) a las restricciones a su libertad de tomar las decisiones acerca de asuntos que solo le conciernen a la persona. Señaló, en segundo lugar, que el referido derecho le impone a las autoridades y particulares el deber de abstenerse (prohibición) de ejecutar actos que impliquen: (iv) la intromisión injustificada en dicha órbita; (v) la divulgación de los hechos privados; o (vi) la restricción injustificada de la libertad de elegir en asuntos que solo le conciernen a la persona o a su familia. Finalmente, advirtió este tribunal, impone a las autoridades el deber: (vii) de adoptar las medidas normativas, judiciales y administrativas a efectos de asegurar el respeto de las diferentes dimensiones del derecho. De esta forma, el ámbito de protección del derecho a la intimidad se delimita en función de su objeto de protección. De acuerdo con la Corte Constitucional, dicho objeto de protección es la vida privada de los individuos. Por ello, la definición de la vida privada y, en particular, “la definición de aquello que es público o privado se encuentra en la base de la discusión acerca del alcance del derecho a la intimidad”. [95] M.P. Jaime Córdoba Triviño. [96] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [97] Ley 1581 de 2012, artículo 2º. [98] También puede evidenciarse un componente de protección del derecho a la protección de datos personales desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Para una síntesis sobre el particular Vid. Hurley, Debora (2015) “Taking the Long Way Home: The Human Right of Privacy”. Rotenberg Marc, Horwitz Julia, Scott Jeramie. Privacy in the Modern Age. The Search of Solutions. The New Press. New York. [99] Ejusdem artículo 5º [100] Ley 1581 de 2012. Artículo 6º. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización; c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. [101] Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal d. [102] Para el caso particular de la naturaleza del dato personal sobre el cumplimiento de obligaciones de los copropietarios de propiedad horizontal, Vid. Sentencia C-328 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [103] Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal f. [104] Ley 1581 de 2012, artículo 3º. [105] Sentencia C-748 de 2011. “En esa línea, lo importante para una verdadera garantía del derecho al habeas data, es que se pueda establecer de manera clara la responsabilidad de cada sujeto o agente en el evento en que el titular del dato decida ejercer sus derechos. Cuando dicha determinación no exista o resulte difícil llegar a ella, las autoridades correspondientes habrán de presumir la responsabilidad solidaria de todos, aspecto éste sobre el que guarda silencio el proyecto de ley y que la Corte debe afirmar como una forma de hacer efectiva la protección a la que se refiere el artículo 15 de la Carta.” [106] Este carácter omnicomprensivo de los principios que definen las garantías básicas del derecho al habeas data es explicado por la sentencia C-748 de 2011 del modo siguiente: “En consecuencia, una interpretación del inciso tercero del artículo 2 consonante con la Constitución y el contenido y finalidad del proyecto de ley es que aquél no prevé regímenes excluidos de la aplicación de la ley sino exceptuados de algunas de sus disposiciones en virtud de los intereses que se hallan en tensión. Esos casos exceptuados deben ser regulados por leyes estatutarias especiales y complementarias, las cuales deberán sujetarse a las exigencias del principio de proporcionalidad. En este orden de ideas, las leyes especiales que se ocupen de los ámbitos exceptuados deberán (i) perseguir una finalidad constitucional, (ii) prever medios idóneos para lograr tal objetivo, y (iii) establecer una regulación que en aras de la finalidad perseguida, no sacrifique de manera irrazonable otros derechos constitucionales, particularmente el derecho al habeas data. Además, de conformidad con los principios que se examinarán más adelante, el cumplimiento de las garantías y la limitación del habeas data dentro de los límites de la proporcionalidad debe ser vigilada y controlada por un órgano independiente, bien sea común o sectorial. Antes de terminar, tal como se hizo en la sentencia C-1011 de 2008 , la Sala se permite recordar que aunque en principio es constitucional la consagración de algunas excepciones a la aplicación de algunas disposiciones de la ley, ello no significa que aquellos ámbitos, así como todos los demás en los que se lleva a cabo tratamiento de datos personales, estén excluidos de las garantías básicas del derecho al habeas data, así como de las garantías de otros derechos fundamentales que en cada caso puedan resultar lesionados con el tratamiento de datos personales.” [107] Sentencia T-058 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada“Tanto para la autodeterminación de la información, como para el principio de libertad, el consentimiento es el punto de identidad y relevancia que determinará la vulneración o no del derecho fundamental al habeas data.  Ahora bien, en materia de autorización, el consentimiento otorgado al encargado del tratamiento o responsable del tratamiento debe ser previo, expreso e informado y, por el contrario, la publicidad indiscriminada de la información sobre datos personales sin el cumplimiento de los requisitos antes descritos configura una finalidad ilegal y/o inconstitucional que facilita la vulneración de derechos fundamentales. En este orden de ideas, cabe destacar que el consentimiento del titular de la información sobre el registro de sus datos se encuentra ligado a la necesidad de que aquel cuente con oportunidades reales para ejercer sus facultades de rectificación y actualización durante las diversas etapas de dicho proceso, que resultan vitales para salvaguardar los derechos a la intimidad y al buen nombre. En conclusión, compete a los jueces, en cada caso, analizar el contenido de la autodeterminación y el principio de libertad así como el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley y la jurisprudencia, a fin de no incurrir en alguna violación de derechos fundamentales. Dichos requisitos se pueden sintetizar en: (i) obtener el consentimiento del titular de la información, (ii) tal consentimiento deber ser calificado, es decir, expreso, informado y previo, (iii) el tratamiento de la información se debe realizar para las finalidades informadas y aceptadas por el titular del dato, (iv) el responsable del tratamiento le corresponde obtener y conservar la autorización del titular.” [108] Sentencia C-640 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo y C-328 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [109] Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño“El vínculo necesario entre la libertad en los procesos de acopio informático del dato personal y la expresión del consentimiento del titular ha sido evidenciado por la Corte a lo largo de su jurisprudencia.  En cada una de estas decisiones se ha planteado que el contenido concreto de la libertad del sujeto concernido y, simultáneamente, el límite que impide el abuso del poder informático descansa en la exigencia de la autorización del titular como presupuesto del ejercicio de las competencias constitucionales de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal.” [110] Sentencia C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub“Por una parte, los datos personales deben ser procesados con un propósito específico y explícito. En ese sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima sino que la referida información se destinará a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular. Por ello, se deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información suministrada y por tanto, no podrá recopilarse datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los mismos. Cualquier utilización diversa, deberá ser autorizada en forma expresa por el Titular. (…) Así mismo, los datos personales deben ser procesados sólo en la forma que la persona afectada puede razonablemente prever. Si, con el tiempo, el uso de los datos personales cambia a formas que la persona razonablemente no espera, debe obtenerse el consentimiento previo del titular. Por otro lado, de acuerdo la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales relacionados previamente, se observa que el principio de finalidad implica también: (i) un ámbito temporal, es decir que el periodo de conservación de los datos personales no exceda del necesario para alcanzar la necesidad con que se han registrado y (ii) un ámbito material, que exige que los datos recaudados sean los estrictamente necesarios para las finalidades perseguidas.” [111] Sentencia C-1011 de 2008, fundamento jurídico 2.4. [112] Así fue puesto de presente en el caso de los datos sobre el cumplimiento de obligaciones financieras, comerciales y crediticias. En ese sentido, la información sobre la purga de la mora del deudor debía constar en las centrales de riesgo. Al respecto, la sentencia C-1011 de 2008 explicó: “La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información.  El dato financiero positivo versa sobre el historial crediticio del sujeto concernido que da cuenta del cumplimiento satisfactorio en la amortización de sus obligaciones comerciales y de crédito. La ausencia de fijación de un término de permanencia de datos personales de esta naturaleza no se muestra, per se, incompatible con la Constitución.  Ello en tanto la inclusión de estos datos en las centrales de información es compatible con los derechos fundamentales interferidos por la administración de datos personales. En contrario, la existencia de información positiva del sujeto concernido, en la medida en que lo distingue como un agente del mercado económico cumplidor de sus obligaciones comerciales y de crédito, no afecta en modo alguno sus intereses y antes bien, lo habilita para acceder a los productos financieros. Adicionalmente, previsiones de esta naturaleza permiten el cumplimiento del principio de incorporación predicable de los procesos de administración de datos personales.  Así, se establece un mandato expreso a los operadores de información, en el sentido de mantener vigente dentro del banco de datos aquellos registros que confieren situaciones ventajosas para el titular, consistentes en este caso en una calificación favorable sobre su comportamiento crediticio.” [113] Sentencia T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, citada por la sentencia C-748 de 2011. [114] Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679. Artículo 17. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 [115] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014. Caso Google Spain, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131. Sobre este preciso particular, el fallo en comento vincula el derecho al olvido con los derechos fundamentales en la Unión Europea del siguiente modo: “En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, cuya aplicación está sometida al requisito de que el tratamiento de datos personales sea incompatible con dicha Directiva, es necesario recordar que, como se ha señalado en el apartado 72 de la presente sentencia, tal incompatibilidad puede resultar no sólo de que los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos. || Se deduce de estos requisitos, establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras c) a e), de la Directiva 95/46, que incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido. || Por consiguiente, en el supuesto en el que se aprecie, tras una solicitud del interesado en virtud del artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, que la inclusión en la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, es, en la situación actual, incompatible con dicho artículo 6, apartado 1, letras c) a e), debido a que esta información, habida cuenta del conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso de autos, es inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los fines del tratamiento en cuestión realizado por el motor de búsqueda, la información y los vínculos de dicha lista de que se trate deben eliminarse.” [116] Sentencia C-1011 de 2008. “Como se infiere de las consideraciones expuestas, el establecimiento de un término único de caducidad del dato financiero negativo impone afectaciones manifiestamente desproporcionadas a los intereses de los sujetos concernidos, específicamente para el caso de quienes son titulares de obligaciones insolutas de las cuales se predica su extinción en virtud del paso del tiempo, como de aquellos deudores que asumen pronta y voluntariamente el pago de las obligaciones en mora, quienes quedan en pie de igualdad, en lo que refiere al juicio de desvalor derivado del reporte financiero sobre incumplimiento, con aquellos agentes económicos que incurren en mora por un periodo considerable y solo acceden al pago previa ejecución judicial del crédito incumplido. En consecuencia, la fijación de un término único de caducidad, carente de gradualidad y que permite la permanencia indefinida del dato financiero negativo para el caso de las obligaciones insolutas, es contraria a la Constitución, puesto que prevé una medida legislativa que impone un tratamiento abiertamente desproporcionado a los titulares de la información personal incorporada en centrales de riesgo crediticio.” [117] M.P. Jaime Araújo Rentería. [118] En ese sentido, el artículo 411.4. del Código Civil define los alimentos en función de la culpabilidad prescrita en las causales de divorcio. [119] Sentencia C-156 de 2003 M.P.  Eduardo Montealegre Lynett. [120] Sentencia C-1033 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño. [121] Consideración que se deriva del principio de proporcionalidad de los alimentos reconocido entre otras en las sentencias C-011 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-875 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y C-727 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldán. [122] Precisión efectuada en la sentencia C-237 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz. [123] En ese sentido, la Sentencia C- 156 de 2003 explicó que la igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, en lo relativo a los derechos y obligaciones, se previó en el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, y esta norma fue a su vez ratificada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. La evolución normativa transitada para el efecto se describió en los siguientes términos: "El proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y extramatrimoniales en Colombia, comenzó con la ley 45 de 1936 y culminó al dictarse la ley 29 de 1982. El artículo 52 del Código Civil clasificaba los hijos ilegítimos en naturales, de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez podían ser adulterinos o incestuosos. La denominación de ilegítimos era genérica, pues, comprendía todos los que no eran legítimos. Pero, además, el artículo 58 llamaba espurios los hijos de dañado y punible ayuntamiento; y el 57 denominaba simplemente ilegítimo al hijo natural o al espurio a quien faltaba el reconocimiento por parte del padre o de la madre. Esta clasificación era tan degradante y contraria a la dignidad humana, que el hijo natural, es decir, el "nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí", reconocido o declarado tal "con arreglo a la ley", era un verdadero privilegiado en relación con las otras categorías de “ilegítimos”. Basta recordar que los hijos nacidos fuera de matrimonio solamente podían ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, cuando no eran de dañado y punible ayuntamiento, según el texto del artículo 54 de la ley 153 de 1887. Aún en el siglo XIX, la discriminación era un mal de la época, que se manifestaba a pesar de las declaraciones de principios. Así, los franceses que habían consagrado en el artículo primero de la "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" el principio según el cual "los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos", mantuvieron vigentes en el Código Napoleón normas injustas cuyo rigor solamente se atemperó en este siglo. Por ejemplo, el artículo 335 que prohibía el reconocimiento "de los hijos nacidos de un comercio incestuoso o adulterino". Pero el trato inequitativo no se quedaba en las palabras. En tratándose de la sucesión por causa de muerte el hijo natural, privilegiado como ya se vió, soportaba un régimen aberrante: según el artículo 1045 del Código Civil, reformado por el 86 de la ley 153 de 1887, cuando en la sucesión intestada concurrían hijos legítimos y naturales, la herencia se dividía en cinco (5) partes, cuatro (4) para los legítimos y una (1) para todos los naturales. A partir de 1930, el ímpetu transformador de la República Liberal se plasma en leyes en favor de quienes han sido tradicionalmente desprotegidos, como la mujer, los hijos no legítimos y los trabajadores campesinos:  leyes como la 28 de 1932, 45 y 200 de 1936, son un salto formidable en el proceso hacia una sociedad igualitaria. La ley 45 de 1936 cambia la situación de los hijos naturales; establece la patria potestad sobre ellos, que el Código no permitía; permite el reconocimiento como naturales de los hijos adulterinos; y mejora la participación sucesoral del hijo natural en la sucesión intestada, al asignarle la mitad de lo que corresponde a uno legítimo. Viene luego la Ley 75 de 1968 que modifica la ley 45 de 1936, al establecer la presunción legal de paternidad natural y dictar normas en defensa de la mujer, los hijos menores y la familia. Después, el decreto ley 2820 de 1974 introduce reformas en la institución de la patria potestad, en beneficio de la mujer y de los hijos naturales. Finalmente, el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, consagra la igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos: "Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones".  Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos". [124] Sentencia C-156 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [125] Sentencia C-1033 de 2002. M.P. [126] Artículo 413 del Código Civil. [127] Ibídem. [128] El artículo 417 del Código Civil precisa que “mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible (…)”. Por su parte, el artículo 386 del CGP faculta a la autoridad judicial para que en los procesos de investigación de la paternidad decrete de manera provisional alimentos, incluso desde la admisión de la demanda. Asimismo, faculta al juez a suspender dicha medida cuando encontrara un fundamento razonable de exclusión de la paternidad. Esta última facultad se declaró exequible en la Sentencia C- 258 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [129] De acuerdo con el artículo 82.13 del Código de la Infancia y la Adolescencia le corresponde al Defensor de Familia fijar la cuota provisional de alimentos cuando no se logre conciliación. [130] La previsión original del artículo 414 del Código Civil restringía los alimentos congruos a los sujetos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4, y 10 del artículo 411, que correspondían al cónyuge, los descendientes legítimos, los ascendientes legítimos, la mujer divorciada sin culpa suya; y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. Sin embargo, con las modificaciones posteriores de la normatividad dirigidas a eliminar las discriminaciones por razones del nacimiento los numerales 5º (sobre descendientes naturales) y 7º ( hijos adoptivos) del artículo 411 del estatuto civil se encuentran ahora incluidos dentro del 2º, que establece alimentos para todos los descendientes. Por su parte, los numerales 6º (sobre ascendientes naturales) y 8º (sobre padres adoptantes) se entienden incluidos dentro del numeral 3º, que otorga alimentos a todos los ascendientes. Esta precisión se ha efectuado, entre otras, en la Sentencia C-919 de 2001 MP Jaime Araujo Rentería. [131] Sentencia C-156 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. [132] Sentencia C-237 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz. [133] La  Sentencia C-727 de 2015 (M.P. Diana Fajardo Rivera) señaló que la obligación alimentaria en relación con los hijos se predica de los padres, quienes concurren en términos de estricta igualdad ante un mismo deber superior de orden público. En consecuencia, como la obligación se deriva del vínculo paterno filial las vicisitudes de la relación entre los cónyuges no puede afectar la obligación igual de los padres de concurrir al amparo y protección de los hijos. [134] La Sentencia C-017 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo) en relación con el artículo 421 del Código Civil que establece que “los alimentos se deben desde la primera demanda” aclaró que la lectura de esta disposición no hace referencia al momento en el que surge la obligación alimentaria en relación con los menores de edad y, en ese mismo sentido, “no es un acto constitutivo del derecho de alimentos”. Por el contrario, en un escenario en el que se prevén diferentes instrumentos para su reclamación de los alimentos en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, la disposición define el momento en el que se deben y la forma de pagarlos cuando se adelanta la reclamación por vía judicial. [135] Sentencia C-113 de 2017 M.P. María Victoria Calle Correa. [136] Sentencias T-572 de 2010 MP Juan Carlos Henao Pérez, T-068 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-302 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez. [137] Aprobada mediante la Ley 12 de 1991. [138] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), diciembre 10 de 1948. Sobre esta Declaración debe tenerse en cuenta que si bien no tiene la naturaleza de tratado, en todo caso es comprendida como una norma de derecho internacional imperativo. [139] Aprobada en la Novena Conferencia Interamericana, Bogotá, abril de 1948. [140] Aprobado mediante la Ley 74 de 1968. [141] Aprobado mediante la Ley 16 de 1972. [142] Aprobado mediante la Ley 74 de 1968. [143] El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa que: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” [144] Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [145] El artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que: “(…) 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” [146] Artículo 24 de la Ley 1098 de 2006. [147] Sentencias C-1064 de 2000M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-727 de 2015 M.P.  Myriam Ávila Roldán. [148] Sentencia C-017 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [149] Ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. [150] En la Sentencia T-302 de 2017 MP Aquiles Arrieta Gómez se precisa cómo este fenómeno además del eventual impacto en el derecho a la vida, en atención a las muertes por desnutrición que se registran en el país, también tiene efectos en el desarrollo y la efectividad de los derechos de los niños. En ese sentido, aclara que: “La desnutrición en menores de cinco años no necesariamente lleva a la muerte, aunque sí aumenta significativamente el riesgo de muerte, y en todo caso tiene consecuencias profundas en el desarrollo de la persona. Quien sufre de desnutrición durante la primera infancia, puede sufrir más adelante limitaciones cognitivas, afectaciones de salud, y en general una reducción de oportunidades para su libre desarrollo de la personalidad.” [151] Los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en la relación de la educación de los niños con la dignidad humana, el desarrollo integral, la construcción de su identidad, la integración con la sociedad, la relación con el medio ambiente, el desarrollo de un proyecto de vida, etc. En ese sentido, resulta ilustrativa la Observación General número 1, sobre los propósitos de la educación. [152] Entendido como el trabajo que se adelanta por niños menores de 15 años, o que realizado por adolescentes afecta el derecho a la educación, la salud y otros derechos fundamentales. En atención Convenio 138 de la OIT “sobre la edad mínima” el artículo 35 de la Ley 109 de 2016 señala que la edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años y excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo, que no excedan las 14 horas semanales. En relación con el trabajo realizado por menores de edad, el DANE indicó que para el trimestre octubre – diciembre 2019, en el total nacional la población de 5 a 17 años que trabajó fue 586 mil personas. La definición de trabajo infantil para esta encuesta consideró cualquiera de estos factores: (i) durante la semana de referencia participaron en el proceso de producción de bienes y servicios, en una de las siguientes situaciones: a) Trabajaron al menos 1 hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración o trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; o (ii) No trabajaron en la semana de referencia por vacaciones, licencias, etc., pero tenían un empleo o negocio, o estaban vinculados a un proceso de producción cualquiera y con seguridad, terminada la ausencia regresarán a su trabajo”. [153] De acuerdo con el sistema de información misional del ICBF entre el 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2020 esta entidad ha acogido a 1.747 niños, niñas y adolescentes que estaban siendo víctimas de la práctica de explotación sexual. [154]En la encuesta realizada por el DANE en el año 2019 en 21 municipios del país, de 13.252 habitantes de calle censados 353 estaban entre las edades de 0 a 19 años. https://sitios.dane.gov.co/censo-habitantes-calle/app/. Asimismo, en la información estadística reportada por el ICBF en el año 2016 informó que para el 31 de mayo de 2016, 3589 menores de edad se encontraban en proceso de restablecimiento de derechos por situación de calle. [155] Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [156] Sentencia C-544 de 2005, M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra. [157] Sentencia C-544 de 2005, M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra [158] Sentencia C-500 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras. [159] Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia 2010-00030 del 22 de septiembre de 2011. M.P. Mauricio Torres Cuervo. [160] Sentencia C-106 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo [161] Sentencia C-311 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. [162] Sentencia C-468 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [163] Sentencia C-106 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. [164] Sentencia C-1412 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. [165] Es necesario señalar que este artículo perderá vigencia a partir del 1 de julio de 2021 de conformidad con el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, dado el carácter ilustrativo de esta referencia esta permanecerá a lo largo del texto. [166] Sentencias SU-566 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, C- 106 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-101 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras. [167] Sentencia C-101 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [168] Sentencia C- 106 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. [169] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [170] Sentencia C-651 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [171] M.P. Carlos Bernal Pulido. [172] Sentencia C-393 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. [173] Sentencia C-393 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. [174] Sentencia C-393 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. [175] Sentencia C-780 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. [176] Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia 00581 de 21 de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. [177] Este capítulo recoge algunas de las principales consideraciones sobre el enfoque de género expuestas en la Sentencia C-117 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Aclaración de voto de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos a la Sentencia SU-677 de 2017, la Sentencia C-297 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado [178] Estas obligaciones parten del reconocimiento general de la igualdad entre hombres y mujeres. La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 1, 2 y 7 reconoce que todos los seres humanos son iguales y se deben proteger sin distinción por el sexo y sin discriminación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas reconoce en su preámbulos la dignidad de todos los seres humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en sus artículos 3 y 26 establece la obligación de garantía y protección de todos los derechos reconocidos en el Pacto sin distinción en razón al sexo así como la prohibición de la discriminación; La Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24 establecen la protección de los derechos reconocidos en la Convención sin discriminación por motivos de sexo y en condiciones de igualdad ante la ley. [179] Desde los primeros pronunciamientos de esta Corporación se destacaron las situaciones de exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de lo sociedad con base en los estereotipos fundados en el género. Así, la Sentencia C-410 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz señaló que “A la exclusión de las mujeres de la vida política durante un amplio periodo, se juntó su exclusión de la vida económica general; el trabajo asalariado no estuvo dentro del conjunto de actividades que pudieran ser realizadas por ellas, y cuando se las admitió al mismo fueron relegadas a labores de segunda categoría; los prejuicios sociales imponían el confinamiento de la mujer a las tareas del hogar, comúnmente consideradas improductivas; se difundió, de ese modo, una imagen de la mujer como ser económicamente dependiente y por tal motivo sometida a la autoridad de los padres o del marido.” [180]Por ejemplo en lo que respecta a la definición de las obligaciones en el marco de las relaciones familiares en el Código Civil, la Sentencia C-203 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger explicó que: “Lograr la igualdad formal de las mujeres en el ordenamiento jurídico ha sido un proceso gradual que inició antes de la Constitución de 1991. El Código Civil tiene un contenido preponderantemente patriarcal en el que la mujer se ubica en una situación de subordinación al marido y a su entorno familiar. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de armonizar aquellos preceptos que datan del siglo antepasado con los que exige el actual ordenamiento jurídico y los principios constitucionales. Pero a la vez, se ha encargado de atacar los estereotipos de género tan arraigados a la cultura tradicional.” En ese sentido también destacó que: “En casos de control abstracto de constitucionalidad sobre normas del Código Civil, la Corte ha establecido que las relaciones de familia se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en esa medida, no es equitativo ni razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su simple pertenencia a un determinado sexo”. [181] El recuento del  marco internacional puede consultarse en la sentencia C-586 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos. [182] La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día 9 de junio de 1994 y aprobada mediante la Ley 248 de 1995. [183] Sentencia C-117 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [184] En el ejercicio de la función de revisión, es decir en el marco del control concreto de constitucional, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el ejercicio de la administración de justicia con perspectiva de género implica asegurar las siguientes condiciones mínimas: “(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres” Sentencias T-351 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, T-027 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez,T-012 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [185] Aclaración de voto a la Sentencia SU-677 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [186] La Sentencia C- 586 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos citando la Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez precisa que la discriminación indirecta surge: “cuando de tratamientos formalmente no discriminatorios, se derivan consecuencias fácticas desiguales para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el goce efectivo de los mismos. En tales casos, medidas neutrales que en principio no implican factores diferenciadores entre personas, pueden producir desigualdades de facto entre unas y otras, por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo indirecto de discriminación”. Esta modalidad, en fin, se compone de dos criterios: Primero, la existencia de una medida o una práctica que se aplica a todos de manera aparentemente neutra. Segundo, la medida o la práctica pone en una situación desaventajada un grupo de personas protegido. Es el segundo criterio de la discriminación indirecta el que difiere de la discriminación directa: el análisis de la discriminación no se focaliza sobre la existencia de un trato diferencial sino sobre los efectos diferenciales” [187] Sentencia C-519 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos. [188] Sentencia C-519 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. [189] Con excepción del derecho de alimentos en cabeza del donante de donaciones cuantiosas que no fueron revocadas, de acuerdo con lo señalado en el FJ xx de esta sentencia. [190]Juan Pablo Sarmiento Erazo, Dagoberto Lavalle Navarro y Carolina Mariño Manrique (2018). “El machismo y el lenguaje performativo en los enunciados normativos: aproximaciones sobre representaciones de género en el derecho de familia y sus posibles efectos.” Jaramillo Sierra, Isabel Cristina y Anzola Rodríguez, Sergio Iván.: La Batalla por los Alimentos. El papel del derecho civil en la construcción del género y la desigualdad. Bogotá Ediciones Uniandes, p. 162. [191] El estudio se adelantó en los consultorios jurídicos de las Universidades del Norte (Barranquilla), EAFIT (Medellín), Pontificia Bolivariana (Medellín), San Buenaventura (Cali), de Antioquia (Medellín), ICESI (Cali), Santo Tomás (Bogotá) y de los Andes (Bogotá) y sus resultados fueron publicados en: Jaramillo Sierra y Anzola Rodríguez, Ob. Cit. [192] Juan Pablo Sarmiento Erazo, Dagoberto Lavalle Navarro y Carolina Mariño Manrique “El machismo …”, cit páginas 163 a 165. [193] Juan Pablo Sarmiento Erazo, Dagoberto Lavalle Navarro y Carolina Mariño Manrique “El Machismo…” cit página 169. [194]Consultado en el mes de diciembre de 2020 en la página web del INPEC: http://200.91.226.18:8080/jasperserverpro/flow.html?_flowId=viewReportFlow&_report=%2Fpublic%2FDelitos%2Freports%2FDelitos_Nacional_Modalidad_Delictiva_Intramural&ANNO=2020&MES=12&reportUnit=%2Fpublic%2FDelitos%2Freports%2FDelitos_Nacional_Modalidad_Delictiva_Intramural [195]Consultado en el mes de diciembre de 2020 en la página web del INPEC: http://200.91.226.18:8080/jasperserverpro/flow.html?_flowId=viewReportFlow&_report=%2Fpublic%2FDelitos%2Freports%2FDelitos_Nacional_Modalidad_Delictiva_Domiciliaria&ANNO=2020&MES=12&reportUnit=%2Fpublic%2FDelitos%2Freports%2FDelitos_Nacional_Modalidad_Delictiva_Domiciliaria [196] Esta medición corresponde a los datos recaudados para efectos de establecer el valor económico del trabajo del cuidado no remunerado, el cual se consultó en diciembre de 2020 en. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/Pre_CS_Econo_cuidado_TDCNR_2017.pdf Esta medición responde al artículo 1º de la Ley 1413 de 2010 que ordenó “(…) incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.” [197] Juan Pablo Sarmiento Erazo, Dagoberto Lavalle Navarro y Carolina Mariño Manrique “El Machismo…” cit página 170. [198] Sentencia C-964 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2015 ha destacado el aumento en los hogares con jefatura femenina que pasó de 30.3% en 2005 a 34% en 2010 y a 36.4% en 2015. [199] Sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [200] Sentencia C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [201] Sentencia T-351 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [202] Gaceta del Congreso 672 de 2018, p. 12. [203] Sobre la insuficiencia de los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico para la obtención del pago de la acreencia alimentaria y la imposición de barreras al respecto, la exposición de motivos citada señala lo siguiente: “Al hacerse exigible ante instancias judiciales y/o administrativas la restitución del derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, su restitución se ve limitada por al menos dos grandes obstáculos dentro del proceso penal, (i) “los problemas relacionados con la certeza probatoria de la evidencia” y (ii) “la capacidad económica o ubicación del alimentante”. Estos dos factores hacen que incluso las conciliaciones por montos menores a los contemplados por la ley, es decir, con base en la presunción del ingreso del salario mínimo por parte del alimentante, no evidencie ser un mecanismo efectivo de coacción frente a su cumplimiento, y por tanto, el incumplimiento de la obligación aún después de la conciliación sea tan reiterado. Por lo anterior, existe la necesidad de ampliar los mecanismos de exigibilidad y sanción de este delito, que redunde en herramientas más efectivas, sin que ello implique el aumento de penas; es decir, propiciar “la generación de espacios e incentivos de la obligación alimentaria, más allá de sus propósitos punitivos” implica la adopción de medidas legislativas tales como el mejoramiento de los sistemas de identificación, monitoreo y reporte de los(as) alimentes que incumplan su obligación de cuidado y manutención, facilitarían que la sanción legal cumpliera con su objetivo de persuadir a los demandados para que se abstuvieran de cometer o reiterar la conducta delictiva. Así mismo, la realidad sociocultural acarrea que especialmente los hombres y algunas mujeres no sean conscientes de la relevancia de las obligaciones que tienen frente a sus familiares, al igual que los preceptos culturales instalados en el sistema de valores de quienes administran justicia, quienes asocian la exigencia del cumplimiento alimentario que elevan las mujeres frente a los padres de hijas e hijos como un factor de manipulación por parte de las primeras, todo lo anterior evidencia los factores externos que influyen sobre la ineficacia del aparato de justicia -tanto en lo penal como en lo civil-, y revelan la necesidad de desplegar programas dirigidos a promover el cambio cultural, siendo esta responsabilidad de resorte común al conjunto del Estado, resaltando la responsabilidad de la administración central y las administraciones territoriales” Gaceta del Congreso 672 de 2018, pp. 12-13. [204] Gaceta del Congreso 672 de 2018, p. 12. [205] “BERNAL, Carolina, LA ROTA, Miguel. “El delito de la inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su conveniencia”. DEJUSTICIA - Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. USAID. Febrero de 2012. Pág. 77” [206] Gaceta del Congreso 672 de 2018, p. 13. [207]"UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA [En línea] http://foros.uexternado.edu.co/red/ wpcontenUuploads/2012/03/JAG.-El-Derecho-a-la- alimentaci%C3%B3n2.pdf p 23. (citado junio 18 de 2012)” [208] Gaceta del Congreso 672 de 2018, p. 10. [209] Registro Deudores Alimentarios. Ciudad de Buenos Aires Justicia y Seguridad. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/registro-deudores-alimentarios [210] República Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 269 del 11 de noviembre de 1999. Disponible en: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley269.html [211] República Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 269 del 11 de noviembre de 1999. Disponible en: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley269.html [212] República del Perú. Ministerio de Justicia. Ley 28970 del 26 de enero de 2007. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/96b335804d42f26d84c7afa5f378198b/LeyN_28970.pdf?MOD=AJPERES [213] República del Perú. Ministerio de Justicia. Ley 28970 del 26 de enero de 2007. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/96b335804d42f26d84c7afa5f378198b/LeyN_28970.pdf?MOD=AJPERES [214] República del Perú. Ministerio de Justicia. Ley 28970 del 26 de enero de 2007. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/96b335804d42f26d84c7afa5f378198b/LeyN_28970.pdf?MOD=AJPERES [215]Oliva Gómez, Eduardo. (2019) El registro de deudores alimentarios morosos: Sus efectos y eficacia en el sistema jurídico mexicano. Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, p. 88. [216] El artículo 48 de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto en los siguientes casos: […] VI. Las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el Instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos y en el reglamento de esta Ley.” [217] El artículo 397 del Código Civil para el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos señala: Artículo 397. Son requisitos para la adopción: “[…] VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.” [218] Bernal, Carolina y La Rota, Miguel Emilio (2012). El delito de inasistencia alimentaria: diagnóstico acerca de su conveniencia. Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad. Bogotá. Montoya Pérez, María del Carmen (2012) El registro de deudores alimentarios morosos, EN: Domínguez Jorge y Sánchez José (Coords.), Conmemoración de los 80 años de vigencia del Código Civil del Distrito Federal. Universidad Autónoma de México, México. Oliva Gómez (2019), Ob. Cit. [219] Oliva Gómez (2019), Ob. Cit. p. 93. [220] Montoya Pérez (2012), Ob. Cit. p. 54. [221] Oliva Gómez (2019), Ob. Cit. p. 94. [222] Eduardo Cifuentes Muñoz. [223] Sentencia C-567 de 1997: “La competencia administrativa que se instituye se refiere a la recolección de datos personales que conforman un banco de datos destinados a la circulación. No obstante, la facultad no es objeto de regulación - general o especial -, en ninguna ley estatutaria. La fuente del poder que se concede a la administración se deriva de una simple ley ordinaria. La recolección y circulación de datos personales, sin duda alguna afecta la libertad de las personas; de ahí que su regulación, así sea genérica, debe estar consagrada en una ley estatutaria. Dentro del marco de una ley estatutaria existente, la creación y regulación de bancos de datos de origen público, en principio no podría ser materia de censura constitucional, como quiera que aquélla sirve al propósito de resguardar la libertad informática que puede verse afectada con ocasión de la recolección, tratamiento y circulación de datos. Si se hiciera caso omiso de la anterior cautela, todas las operaciones constitucionalmente relevantes atinentes al tratamiento informático de los datos personales - recolección, tratamiento, circulación, conocimiento, actualización y rectificación -, serían reguladas por medio de las leyes ordinarias que ordenaren la creación pública de bancos de datos, y acabaría por perder todo sentido la previsión constitucional que establece que las mismas sean objeto de la respectiva ley estatutaria, por lo menos en sus contornos esenciales, justamente a fin de preservar la libertad. || De otro lado, si se observa que los datos de origen legal que se consignan en el formato único de hoja de vida son escasos y de carácter muy general, se descubre que la competencia confiada a la administración no es meramente residual, sino que por el contrario a ella se le impone el dilatado encargo de recaudar la información que juzgue menester. La afectación de la libertad informática, que comprende el universo de la información que el aspirante a ingresar a la función pública debe suministrar al Estado, en una medida apreciable se determina por un acto distinto de la ley, lo que de manera manifiesta vulnera la garantía de la libertad.” [224] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [225] Sentencia C-384 de 2000: “El anterior contenido regulante, tiene implicaciones directas con el núcleo esencial del derecho de habeas data, pues involucra de lleno la facultad de las personas para “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos”. Sobre la manera en la cual pueden conocerse tales informaciones, contiene normas expresas arriba mencionadas (formular una solicitud y pagar una tarifa), y sobre la posibilidad de actualizar y rectificar dichos datos, resulta claro que la norma establece restricciones, pues al indicar que sólo se podrán registrar los datos que, según las normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la solvencia de sus titulares, pone en manos de esa entidad la fijación de límites a ese derecho, además de dejar por fuera del derecho de actualización y rectificación otras informaciones distintas a las relativas a la solvencia de la persona concernida (disponibilidad de recursos económicos), como por ejemplo la referente a su comportamiento crediticio (puntualidad en el pago), etc., que también son importantes para la valoración y calificación de los posibles clientes del sistema financiero. Todo lo anterior afecta sin lugar a dudas el derecho fundamental en referencia en lo más propio de su núcleo fundamental, pues “(l)os datos personales que se recogen, el tipo de tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación, son aspectos de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la autodeterminación informativa.” Por ello, la reserva de ley estatutaria sobre este punto es la garantía más importante en la protección de ese derecho fundamental. Así las cosas, la Corte encuentra que las disposiciones contenidas en la norma reprochada, no podían adoptarse sino mediante el trámite propio de una ley de esa naturaleza [226] M.P. Jaime Córdoba Triviño. [227] La Corte identifica en su jurisprudencia al derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental de carácter amplio y que no puede estar sometido a limitaciones diferentes a aquellas necesarias en una sociedad democrática. Sobre el particular, la sentencia C-276 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, señaló: “El principio referido supone una serie de obligaciones correlativas a cargo del Estado referidas a que: (i) el derecho de acceso a la información solamente puede ser restringido a partir de un régimen limitado de excepciones; (ii) toda decisión negativa, esto es, que niegue el acceso a la información pública, debe ser motivada, bajo el supuesto de que el Estado tiene la carga de la prueba respecto de las razones que justifican la reserva de información; y (iii) ante la duda o el vacío legal sobre el carácter público o reservado de la información, opera la presunción de publicidad.”. A esta consideración se suma lo regulado por la Ley 1712 de 2014, que en cuanto a ese acceso amplio identifica, entre otros, los principios de transparencia y facilitación. Respecto del primero, toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en dicha ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto se establecen en la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma disposición. En relación con el segundo, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. [228] La sentencia C-295 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, expuso que incluir contenidos de leyes ordinarias en aquellas estatutarias no implica necesariamente su inconstitucionalidad. Al respecto señaló que, como lo ha dicho previamente la jurisprudencia (sentencias C-353 de 1994 y C-600 de 1995), “el hecho de haberse regulado una materia propia de una ley ordinaria en una ley estatutaria o en una ley orgánica, no la hace por si inconstitucional, pues, en últimas, es un problema de técnica legislativa que no compromete las mayorías requeridas para aprobar una ley ordinaria”[228]. De ese modo, la Corte efectuó el control previo al proyecto de ley estatutaria que modificaba la regulación sobre el traslado de servidores judiciales prevista en la Ley 270 de 1996. [229] La distinción entre “listas de riesgo” y “listas negras”, ha sido identificada por la jurisprudencia constitucional, con el fin de identificar qué actividades de administración de datos personales son legítimas, a fin de distinguirlas de expresiones abusivas de la administración de información personal.  Al respecto, la Corte sostiene que “son dos cosas distintas la elaboración de las denominadas “listas negras” y la de las “listas de riesgo”. En las primeras, en forma contraria a derecho quien las elabora incluye en ellas nombres de personas jurídicas o naturales cuya consecuencia es la existencia, en la práctica, de un cierre de la oportunidad de crédito en cualquier establecimiento de carácter comercial y financiero. En las segundas, lo que se hace es incluir el comportamiento histórico del deudor para que la entidad crediticia a quien se le envía evalué si frente a ese comportamiento otorga, y en qué condiciones el crédito respectivo o si, se abstiene de ello. Pero es claro que, en este caso no podrá la entidad financiera incurrir en un abuso del derecho dada la función social que en la economía se cumple por quienes tienen a su cargo la actividad crediticia.”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1322/01. [230]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [231] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [232] Código Civil, artículo 422. [233] Ley 1266 de 2008. Artículo 13. Permanencia de la información: La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. [234] Sobre este asunto la sentencia C-1011 de 2008 explica lo siguiente: “con base en la necesidad de otorgar eficacia al “derecho a la caducidad del dato negativo”, la Corte determinó, vía jurisprudencia, los términos de conservación del reporte, para lo cual distinguió tres situaciones:  (i) cuando el pago ha sido voluntario, donde el término de caducidad es de dos años, siempre y cuando la mora haya sido superior a un año, por lo que, en evento contrario, la caducidad será hasta el doble de la mora, (ii) cuando el pago se ha originado como consecuencia de un proceso ejecutivo, donde la caducidad es de cinco años y (iii) cuando se ha iniciado acción de ejecución, pero el pago se ha efectuado con la sola notificación del mandamiento de pago, caso en que la caducidad será la misma del pago voluntario.  En todos los casos, la Corte ligó la posibilidad de la supresión del reporte en los plazos reseñados a que durante su vigencia no se presentaran nuevos incumplimientos, caso en el cual se perderá el beneficio de la caducidad, precisamente porque con ellos se desvirtúa la intención de recobrar el buen nombre ante las entidades de crédito y disminuir el nivel de riesgo financiero.” [235] Sentencia T-174 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. [236] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de noviembre de 1994, M.P. Héctor Marín Naranjo. Sobre el particular expresó ese fallo: “De otro lado, la preceptiva que dimana del artículo 422 del Código Civil, no deja duda en el sentido de que se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, consecuencia que deviene, además, de lo expresado en la parte inicial de ese mismo artículo, cuando dispone que, 'Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda". Y sigue diciendo más adelante la misma providencia que "Es ese, en efecto, el sentido acogido invariablemente por la Jurisprudencia emanada de esta Corporación, tal como así se desprende de la sentencia que data de 7 de mayo de 1991, la que sobre el punto, determinó: "(...) Según el alcance que la Jurisprudencia le ha dado al artículo 422 del Código Civil, se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado mayoría de edad (...) en tanto se encuentren inhabilitados para subsistir de su trabajo, lo que puede obedecer a que estén adelantando estudios”. [237] La sistematización de estas reglas fue planteada por la Corte Constitucional en la sentencia T-854 de 2012, así: “De lo dicho se concluye que tanto la jurisprudencia como la ley han sostenido que la obligación alimentaria que deben los padres a sus hijos es: (i) Por regla general, hasta la mayoría de edad, es decir, 18 años, excepto que por la existencia de impedimento físico o mental la persona se encuentre incapacitada para subsistir de su trabajo; (ii) Asimismo, han reconocido la obligación a favor de los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando, siempre y cuando no exista prueba que demuestre que sobreviven por su propia cuenta; y (iiii) Solamente los hijos que superan los 25 años cuando están estudiando, hasta que terminen su preparación educativa, siempre dependiendo de la especificidad del caso. En este evento, los funcionarios al momento de tomar alguna decisión sobre la obligación de alimentos deben tener en cuenta las especiales circunstancias de cada situación, con el fin de que tal beneficio no se torne indefinido para los progenitores en razón de dejadez o desidia de sus hijos.” Estas mismas fueron reiteradas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia STC14750-2018 del 14 de noviembre de 2018, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Esa decisión expresó: “Una de las obligaciones que asumen los padres jurídica, moral y existencialmente frente a los hijos es la de prestar alimentos, (en sentido amplio: alimentación, educación, vivienda, recreación, etc.), al punto de que la doctrina de la Sala la ha entendido más allá de la mayoría de edad; hasta los 25 años. Se procura dar apoyo razonable para el aprendizaje de una profesión u oficio al hijo para que proyecte su vida autónomamente hacia el futuro. Pero esta condición no puede tornarse irredimible o indefinida frente a los padres; claro, salvo discapacidades imponderables y probadas que repercuten en la inhabilitación de los alimentarios. || Se trata del relevo generacional para que los hijos asuman su propio sustento, la conquista de lo nuevo y distinto, para que sean gestores de su historia y de su existencia e irrumpan en lo público, por medio del trabajo como seres racionales y animales “laborans”; como auténticos “homo faber” que pueden articular la responsabilidad intergeneracional entre el pasado, el presente y el futuro, para dar sentido a la vida, -el bien más preciado y elevado que nos entregan los mayores-, presupuesto necesario de toda individualidad, de la familia y del Estado.” [238] Sobre el asunto, la Sala de Casación Civil, en sentencia STC13255-2018, M.P. Luis Alfonso Rico Puerta, reiteró ese precedente de la siguiente manera: “En cuanto a la prescripción de las cuotas alimentarias, esta Corporación, luego de analizar lo previsto en la normativa sustancial sobre dicho modo de extinción de las obligaciones, esto es, los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, este último precepto con la modificación contenida en el artículo 8º de la Ley 791 de 2002, y entronizarla con el precepto 426 de la referida codificación sustantiva que refiere a “las pensiones alimenticias atrasadas”, ciertamente ha venido sosteniendo que en las ejecuciones de alimentos, no es viable aceptar la restricción de dicho medio exceptivo en tanto vulnera el derecho de defensa del demandado. Es así como ha dicho y reiterado que los jueces de familia no puede desechar los argumentos del ejecutado con miramiento solo en la estrictez gramatical descrita en el artículo 152 de Decreto 2737 de 1989, según el cual en esta clase de asuntos “no se admitirá otra excepción que la de pago”, pues la tesis expuesta por esta Corte, en el sentido de que sin importar el título que origina el cobro de los alimentos, es válido proponer excepciones de mérito diferentes a las de pago, con todo y lo contemplado en el canon 397-5 del Código General del Proceso, mantiene pleno vigor y amerita su observancia y aplicación en tanto constituye doctrina probable (ver entre otros fallos: STC-10699-2015, STC9398-2015, STC-12922-2016, STC8032-2017 y STC18727-2017) No obstante, de los pronunciamientos antes referidos y otros que abordan la temática pero en relación concreta con la prescripción en ese tipo de ejecuciones, se extrae con suficiencia que tal medio exceptivo no aplica cuando se dirige contra menores de edad o cualquier otro alimentario que legal o judicialmente se establezca como incapaz, habida cuenta tanto la prohibición que sobre el particular contempla el artículo 2530 del Código Civil, como la decantada jurisprudencia acerca del otorgamiento de plenas garantías para aquellas personas que por su estado de indefensión y vulnerabilidad, merecen una especial protección constitucional.” [239] M.P. Carlos Gaviria Díaz [240] Sobre este asunto la sentencia C-237 de 1997 señaló: “Ahora bien: el juicio sobre la conveniencia o no de la norma, no puede ser realizado por la Corte; dicha valoración debe hacerla el legislador, atendiendo razones de política criminal. El derecho penal, que en un Estado democrático debe ser la última ratio, puede ser utilizado, sin vulnerar la Constitución, para sancionar las conductas lesivas de bienes jurídicos ajenos que se estiman esenciales y cuya vulneración, en consecuencia, debe asociarse a una pena. La Corte, en función de la competencia que le ha sido atribuida, puede valorar la norma atendiendo sólo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En el caso de inasistencia alimentaria, en consideración al bien jurídico protegido, ésta Corporación juzga los artículos 263 del Código Penal y 270 del Código del Menor, conformes a la Carta Política.” [241] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [242] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [243] M.P. Alberto Rojas Ríos. [244] Acerca de la enumeración de estos requisitos adicionales al mérito, la sentencia C-093 de 2020 estableció lo siguiente: [245] En efecto, la Corte declaró la exequibilidad del inciso tercero del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, cuyo contenido es el siguiente: “Los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, de dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o. de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín.” [246] Sobre el particular resulta ilustrativa la sentencia C-384 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este caso, se estudió la constitucionalidad de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, que establecen la remoción en cualquier tiempo de los representantes legales y ante el cargo por la presunta vulneración del derecho al trabajo. La Corte concluyó que estas normas resultaban compatibles con la Constitución puesto que (i) la vinculación del representante legal no necesariamente correspondía a una de tipo laboral, de la cual fuesen predicables las garantías del artículo 53 de la Constitución; y (ii) la designación del representante legal está basada en una especial relación de confianza, donde imperan las condiciones éticas y, por tanto, resulta razonable una previsión que permita la remoción de dicho representante bajo un criterio más flexible que el previsto en la ley para el caso de los trabajadores. [247] Código de Comercio. Artículo 196. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponible a terceros. [248] Así, para el caso de la sociedad anónima, el artículo 440 del Código de Comercio determinar que el representante legal, con uno o más suplentes, designados para periodos determinados, quienes podrán reelegirse indefinidamente o ser removidos en cualquier tiempo. [249] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Esta sentencia reitera las consideraciones realizadas en la Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la cual analizó una norma jurídica análoga y contenida en el numeral 13 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995. Acerca del asunto analizado, esta última decisión planteó lo siguiente: “El fin de la norma bajo examen es el de garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que no lesionen la imagen pública del Estado. Detrás de este objetivo pueden encontrarse varias razones: por un lado, que los funcionarios son la representación más visible del Estado y se espera que sus actuaciones concuerden con las visiones que se proponen acerca de la colectividad política y del papel de cada uno de los asociados dentro de ella; por otro lado, que los servidores públicos son los encargados de realizar las actividades estatales en beneficio de los ciudadanos y que, en consecuencia, deben brindar con su vida personal garantía de que en el desarrollo de sus labores responderán a los intereses generales de la comunidad; de otra parte, que, en la medida de lo posible, los servidores públicos estén liberados de los inconvenientes y los trastornos que generan las continuas reyertas y desavenencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones privadas, de manera que puedan dedicarse de lleno a sus labores y que no involucren a las entidades estatales en esos conflictos; y, finalmente, que los funcionarios no se amparen en su calidad de servidores del Estado para cometer desafueros, bajo el entendido de que su condición infunde temor en los afectados por sus acciones.” [250] Sentencia C-300 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub. “En consecuencia, los principios de racionalidad de la intervención del Estado en la economía, eficacia y celeridad, de eminente naturaleza instrumental, deben guiar la contratación estatal, de modo que cualquier limitación desproporcionada de los mismos, debe traer como consecuencia la inconstitucionalidad de la respectiva medida. Ciertamente, la mejor relación costo beneficio (no solamente en términos monetarios, sino también sociales, ambientales, culturales, etc.) le permite al Estado contar con más recursos para satisfacer las otras necesidades de la población, y en esa medida, se tornan inconstitucionales aquellas medidas cuyo efecto sea elevar los costos de las actuaciones estatales injustificadamente.” [251] Ley 909 de 2004, artículo 24. Modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019. [252] Así por ejemplo, tratándose de los concejales, el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 determina que las inhabilidades se extienden tanto a la inscripción como a la elección del servidor público. Similar consideración plantea, para el caso de los alcaldes, diputados y gobernadores, la Ley 617 de 2000. [253] Es claro que esta expresión se deriva de una inadecuada transcripción del acta, pues debe leerse como “posesión” para que adquiere sentido en el marco de la exposición del Representante ponente. [254] Gaceta del Congreso 51 de 2019, p. 32. [255] Sobre el particular se sintetizan las reglas derivadas de la recopilación jurisprudencial contenida en la sentencia C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [256] Sentencia C-361 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-468 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa y C-018 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras. [257] Sentencia C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, fundado a su vez en lo explicado en la sentencia SU-257 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [258] Sentencia C-157 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera. [259] Organización de Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General 27. Documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ricardo Canese v. Paraguay. Sentencia del 31 de agosto de 2004. Fondo, Reparaciones y Costas. [260] Ley 1098 de 2006 – Código la Infancia y la Adolescencia. Artículo 112. Restitución internacional de los niños, las niñas o los adolescentes. Los niños, las niñas o los adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el Estado Colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido para regresar al país. Para tales efectos se dará aplicación a la Ley 173 de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, a la Ley 620 de 2000 aprobatoria de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las demás normas que regulen la materia. Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por intermedio del Defensor de familia adelantará las actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. [261] Así, la Organización para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Económicos – OCDE incorpora el cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada como uno de las directrices para la administración de datos personales de y entre sus estados miembros. De acuerdo con esa institución, el principio consiste en el deber que quien controle el dato sea responsable del cumplimiento de las medidas que permitan la eficacia de los demás principios sobre administración de datos. Vid. “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborders Flows of Personal Data.” Disponible en: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm [262] Como lo expresa la doctrina nacional, “El principio de responsabilidad demostrada —accountability— ha sido incorporado en los principales documentos sobre tratamiento de datos personales de las siguientes organizaciones: Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD); la Unión Europea (UE); la Organización de Estados  Americanos (OEA); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP); el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De dichos documentos se observa lo siguiente: los primeros fueron emitidos en la década de los años ochenta y se referían a la responsabilidad pero sin necesidad de tener que demostrarla (era una especie de responsabilidad no demostrada). Algunos de ellos fueron modificados luego para ampliar su contenido e incluir la obligación de estar en capacidad de probar que los mecanismos son útiles, adecuados y eficientes.” Remolina Angarita, Nelson. Álvarez Zuluaga, Luisa Fernanda. (2018). Guía GECTI para la implementación del principio de responsabilidad demostrada –accountability– en las transferencias internacionales de datos personales. Recomendaciones para los países latinoamericanos. Universidad de los Andes, Bogotá, p. 30. [263] CSJ, SP 19 en. 2006, rad. 21023. [264] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP4093-2020 del 21 de octubre de 2020, M.P. Eugenio Fernández Carlier. [265] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [266] Sentencia C-581 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. [267] Sentencia C-932 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [268] En términos simples, el efecto performativo refiere a que el uso determinada expresión lingüística, como es este caso “promulgación” realiza un efecto sustantivo, de allí que también sea denominado como enunciado realizativo. En el presente caso, cuando el Legislador señala que una norma tiene efectos a partir de su promulgación, condiciona estos a su publicación y, de esta manera, realiza un acto lingüístico que satisface los principios de legalidad y publicidad de las normas jurídicas. Al respecto Vid. Austin, John L. (2014) Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Paidós, Barcelona. Searle John R. (2017) Actos del habla: ensayo de filosofía del lenguaje. Cátedra, Madrid. [269] Sentencia C-325 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. “Las sentencias integradoras de tipo sustitutivas se producen en aquellos casos en que la Corte retira del ordenamiento jurídico la disposición acusada o un aparte de la misma, y procede a llenar el vacío de regulación generado por la decisión con un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. Las sentencias sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de inconstitucionalidad simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas se anula el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina especializada, el tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en forma sucesiva y concurrente, una postura ablativa, por medio de la cual se neutraliza la inconstitucionalidad advertida, y una postura reconstructiva, dirigida a llenar la laguna normativa creada por el vicio de inconstitucionalidad detectado.”

SU016-21 Sentencia SU016/21 Referencia: T-7.626.515 Acción de tutela presentada por Dairo Manuel Navas Reyes y otros en contra de la Alcaldía de El Copey y otros. Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Asunto: El derecho al debido proceso en el marco de procedimientos de desalojo y el derecho a la vivienda de personas en situación de debilidad manifiesta. Magistrada ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Diana Fajardo Rivera, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 25 de abril de 2019, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, el 12 de febrero de 2019, que denegó el amparo solicitado por Dairo Manuel Navas Reyes y otros contra la Alcaldía del municipio de El Copey y otras autoridades. El asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. El 30 de octubre de 2019, la Sala Número Diez de Selección de Tutelas de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión. El 26 de febrero de 2020, la Sala Plena de esta Corporación decidió asumir el conocimiento de este asunto, con fundamento en los artículos 59 y 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. En auto de 1º de octubre de 2020, la Magistrada sustanciadora profirió auto en el que precisó la forma de contabilización de términos para decidir el presente asunto. En particular, explicó que: (i) el 20 de febrero de 2020 se profirió auto de suspensión por el término de tres meses contados a partir del momento en el que se recauden las pruebas decretadas, (ii) el 26 de febrero de 2020 empezó la contabilización del término ordinario de tres meses para decidir el asunto en Sala Plena[1], el cual corrió hasta el 16 de marzo cuando inició la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura que se extendió hasta el 30 de julio siguiente[2]; (iii) el 31 de julio de 2020 se reanudó la contabilización del término ordinario hasta el 9 de septiembre[3], momento en el que se recaudó la última prueba y, por lo tanto, se cumplió la condición de suspensión decretada en el auto de 20 de febrero. Con base en las circunstancias descritas y la suspensión de los términos derivada tanto de las medidas relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, como de las órdenes asociadas al recaudo probatorio se precisó que el término para decidir el asunto vencería el 2 de febrero de 2021[4]. I. ANTECEDENTES El 29 de octubre de 2018, Dairo Manuel Navas Reyes y 56 personas más formularon acción de tutela en contra de la Alcaldía de El Copey y otras autoridades del orden municipal, departamental y nacional con el propósito de que se protejan sus derechos al debido proceso, dignidad humana, igualdad y vivienda digna. Los actores adujeron que sus derechos fueron transgredidos como consecuencia de las medidas de desalojo adelantadas en el predio que actualmente ocupan en el municipio El Copey. A. Hechos y pretensiones 1. Los accionantes indicaron que se encuentran en situación de pobreza extrema y son sujetos de especial protección constitucional por diversas condiciones. En particular, señalaron que entre los actores hay víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, migrantes venezolanos y que la mayoría de los núcleos familiares están integrados por menores de edad. 2. En atención a las circunstancias descritas y como quiera que no cuentan con los recursos para acceder a una vivienda digna, los accionantes ocuparon un lote de propiedad del municipio El Copey. Asimismo, aclararon que en este predio se pretende realizar un proyecto de vivienda de interés social, que hasta el momento no se ha ejecutado y que en todo caso, a su juicio, está dirigido a ofrecer una solución de vivienda para “quienes cuenten con suficientes recursos y relaciones (…)”.[5] 3. Los actores adujeron que con sus esfuerzos han construido casas en el predio en mención y aunque no cuentan con servicios públicos ni medidas de saneamiento básico en estas construcciones solventaron parcialmente sus necesidades de vivienda. 4. Los peticionarios señalaron que, a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad, la Alcaldía de El Copey, la Inspección de Policía del municipio, la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, y el Batallón de Artillería número 2 La Popa vulneraron, en reiteradas ocasiones, sus derechos fundamentales. En concreto, señalaron que las autoridades en mención adelantaron diversas diligencias de desalojo en las que: (i) desconocieron el derecho de contradicción y defensa de los ocupantes; (ii) no comunicaron las actuaciones administrativas en las que se sustentan las medidas de desalojo; (iii) no identificaron ni caracterizaron los grupos familiares que habitan el predio; (iv) maltrataron verbal y físicamente a los ocupantes; y (v) no les brindaron alternativas de reubicación. 5. Finalmente, los actores señalaron que días antes de la presentación de la acción de tutela el Alcalde de El Copey anunció, a través de una emisora de radio local, la realización de una nueva diligencia de desalojo. Indicaron que esta actuación vulneró sus derechos fundamentales porque no se les notificó el acto administrativo en el que se tomó la decisión, no se caracterizó a los ocupantes y no se brindaron medidas de acompañamiento, reubicación y superación de su situación de vulnerabilidad. 6. Con base en las circunstancias descritas, los accionantes solicitaron como medida de protección de sus derechos fundamentales que se ordene a las autoridades accionadas abstenerse de adelantar procedimientos de desalojo y que se tomen las medidas necesarias para materializar sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vivienda digna. B. Actuación procesal El 31 de enero de 2019, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar admitió la acción de tutela, vinculó a algunas autoridades del orden nacional y departamental, y les corrió el traslado de la solicitud de amparo a las accionadas para que ejercieran su derecho de defensa. Adicionalmente, como medida provisional, le ordenó al Alcalde de El Copey y a todos los funcionarios de la administración municipal que se abstuvieran de realizar diligencias de desalojo hasta que no se rehiciera la actuación del trámite constitucional y se decidiera la acción de tutela[6]. Respuestas de las autoridades accionadas Precisión preliminar En el trámite inicial de la presente acción de tutela los promotores del amparo no identificaron el inmueble ocupado. En consecuencia, las autoridades accionadas se refirieron a las circunstancias de ocupación y a los procedimientos de desalojo adelantados en tres inmuebles del municipio El Copey. No obstante, en la solicitud de selección presentada por los accionantes ante esta Corporación reiteraron los argumentos de la impugnación y precisaron que el predio que ocupan está ubicado en la parte posterior del nuevo hospital y por lo tanto señalaron que: “(…) es falso que no se haya identificado el predio lo que no conocíamos era el número de matrícula inmobiliaria pero en este momento podemos precisar que se encuentra registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 190-159605.” [7] En consecuencia, la Sala concentrará su análisis y se pronunciará únicamente en relación con las circunstancias de ocupación y desalojo del inmueble identificado por los accionantes. Alcaldía de El Copey El Alcalde de El Copey indicó que promovió un proceso policivo por la invasión del predio identificado con el folio inmobiliario 190-159605, de propiedad del municipio. Manifestó que este proceso busca proteger el derecho de dominio sobre el inmueble, el cual se destinó a la construcción de un proyecto de vivienda de interés social, apoyado por la Gobernación del Cesar, FINDETER y COMFACESAR. Asimismo aclaró que en el trámite policivo se respetaron los derechos fundamentales de los ocupantes y se realizaron las caracterizaciones para determinar sus condiciones de vulnerabilidad, brindar la asistencia humanitaria y evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. En particular, la Alcaldía señaló que en la diligencia de desalojo celebrada el 15 de noviembre de 2018 sólo se encontraron tres familias, de las cuales dos corresponden a los promotores del amparo. La primera familia es víctima de desplazamiento forzado y la segunda es indígena. La tercera familia, que no es accionante y ocupaba el inmueble, no se encuentra en estado de vulnerabilidad y es propietaria de un predio en la vereda Pequín. Luego de identificar las familias ocupantes del inmueble, en el mes de noviembre de 2018, la Alcaldía de El Copey les entregó a las dos familias en situación de vulnerabilidad un auxilio de $600.000. Igualmente precisó que, revisadas las bases de datos Vivanto[8], 16 de los accionantes fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado y destacó que los promotores del amparo pueden postularse para ser beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social que se adelantarán cuando se abran las convocatorias correspondientes. Finalmente, remitió como anexos algunas actuaciones realizadas por la Inspectora de Policía de El Copey, las cuales se describirán en el acápite correspondiente al trámite policivo, y las caracterizaciones de los núcleos familiares que ocupan los predios del municipio -no se identificó en cuál predio se encontraba cada familia-[9]. Departamento del Cesar La Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar solicitó su desvinculación del trámite constitucional. En particular, indicó que no ha intervenido en el desalojo cuestionado por los accionantes y, por el contrario, todas las actuaciones identificadas como violatorias de los derechos fundamentales de los actores se adelantaron por la Alcaldía de El Copey. Adicionalmente, señaló que no tiene competencia en el desarrollo de programas de vivienda dirigidos a población vulnerable. Finalmente, indicó que las normas de policía prevén: (i) la acción de protección a bienes inmuebles, la cual está dirigida a obtener medidas provisionales, dictadas por el Inspector de Policía, en casos de afectación de los derechos de posesión, servidumbre o mera tenencia; y (ii) la acción preventiva por perturbación, en virtud de la cual la Policía Nacional expulsa a los ocupantes de hecho de bienes de uso público o privado durante las 48 horas siguientes a la ocupación. Con base en estas características adujo que la decisión de desalojo recae únicamente en las autoridades municipales y, por ende, el Departamento no tiene competencias ni responsabilidades en este tipo de actuaciones. Inspección Central de Policía de El Copey La autoridad de policía indicó que actualmente en el municipio El Copey se presentan tres invasiones de predios de la entidad territorial, con respecto a las cuales se han adelantado procesos policivos por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas de acuerdo con las previsiones del Código Nacional de Policía y Convivencia. Uno de estos procesos corresponde al identificado con la radicación 2018-009 relacionado con el predio con matrícula 190-159605. Asimismo, aclaró que en el procedimiento de amparo policivo se respetaron las garantías del debido proceso y se realizaron las caracterizaciones de los ocupantes para determinar su situación de vulnerabilidad. En el proceso 2018-009 mediante auto de 30 de octubre de 2018 se ordenó la caracterización de los ocupantes y se encontraron tres familias, de las cuales sólo una es promotora de la acción de tutela, por lo tanto “el número de accionantes no corresponde a las familias encontradas al momento de realizar las caracterizaciones.”[10] Finalmente, la entidad accionada indicó que en el marco del proceso policivo se respetaron los derechos fundamentales de los accionantes, pues se observaron los trámites previstos en la ley y las actuaciones contaron con la compañía de la Comisaría de Familia, su equipo psicosocial y el Personero Municipal[11]. Ejército Nacional, Batallón de Artillería núm. 2 La Popa El Batallón adujo que no participó de forma directa en la diligencia de desalojo que se llevó a cabo en el predio identificado con folio inmobiliario 190-159605, pues las actuaciones se adelantaron por la Policía Nacional. En particular, indicó que los miembros del Ejército Nacional únicamente acompañaron la diligencia para mantener la seguridad perimetral del sector, pues una de sus funciones constitucionales es asegurar la integridad del territorio nacional. En ese sentido, aclaró que la unidad militar no tuvo contacto con los ocupantes del predio, pues los miembros de la Fuerza Pública estaban ubicados en el tercer anillo de seguridad, que corresponde a un lugar alejado del predio en el que se adelantó la diligencia. Igualmente, precisó que en sus dependencias no se han presentado quejas relacionadas con el acompañamiento a la diligencia de desalojo. De otra parte, señaló que el 13 de noviembre de 2018 recibió un oficio en el que la Alcaldía le solicitó el apoyo del personal militar para adelantar diligencia de desalojo y custodiar el sector de forma permanente con el propósito de evitar nuevas invasiones. El Batallón emitió respuesta en la que le indicó a la autoridad municipal que conforme a sus funciones no puede hacer presencia permanente en el predio, y de acuerdo con sus competencias mantendría operaciones militares generales de custodia en el área rural del municipio El Copey. Por último, resaltó que no tiene competencias para proveer vivienda a los accionantes o ejecutar diligencias de desalojo. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio El Ministerio adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que sus competencias en materia de vivienda se circunscriben a formular, dirigir, y coordinar las políticas, la regulación, los planes y los programas en materia habitacional integral, pero no tiene funciones de inspección, vigilancia, control y ejecución en esta materia. En consecuencia, de su actuación no se deriva la violación de los derechos fundamentales alegada por los accionantes. La entidad señaló que en la Ley 3ª de 1991 se creó el Sistema Nacional de Vivienda e Interés Social en el que se estableció el subsidio familiar de vivienda, que corresponde a un aporte estatal en dinero o en especie otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social siempre que cumpla las condiciones establecidas por la ley y se postule por los mecanismos previstos para el efecto. De acuerdo con las previsiones del Decreto 555 de 2003, la entidad encargada de atender la postulación de hogares y asignar subsidios familiares de vivienda bajo las diferentes modalidades y de acuerdo con la normativa vigente es el Fondo Nacional de Vivienda, el cual tiene personería jurídica propia, patrimonio, y autonomía presupuestal y financiera. Adicionalmente, las cajas de compensación familiar y otras entidades públicas y privadas conforman el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, en el marco del cual se adelantan las funciones de financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de vivienda de esta naturaleza. En consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tiene la competencia de asignación de subsidios familiares de vivienda urbana. De otra parte, señaló que revisadas sus bases de datos los siguientes accionantes recibieron subsidios de vivienda por el valor de $130.000: Beneficiario Cédula Fecha Carlos Alberto Andrade 77168013 31 de diciembre de 2007 Mariluz Pérez Hernández 36591661 31 de diciembre de 2007 Benjamin Villalba Caballero 3864256 31 de diciembre de 2007 Yenis Isabel Monsalvo Oñate 26948901 31 de diciembre de 2007 Luz Line Orozco Ospina 26947419 31 de diciembre de 2007 Finalmente, indicó que la señora Maire Sol Salas Carrillo se postuló al programa de vivienda gratuita y fue rechazada porque un miembro de su núcleo familiar está reportado como beneficiario en una entidad diferente a FONVIVIENDA. Defensoría del Pueblo -Regional Cesar- La Defensora del Pueblo -Regional Cesar- indicó que el 4 de febrero de 2019 requirió al Alcalde de El Copey para que verificara mediante un censo la condición actual de los accionantes. Asimismo, le solicitó que en caso de que se cumplan las condiciones para el efecto incluya a los ocupantes, promotores del amparo, en los programas de vivienda del municipio. Finalmente, la entidad solicitó que sea eximida de toda responsabilidad, pues de sus actuaciones no se deriva la violación de los derechos fundamentales denunciada en la acción de tutela. Caja de Compensación Familiar del Cesar En primer lugar, COMFACESAR indicó que las cajas de compensación familiar del país suscribieron un contrato de gestión con FONVIVIENDA para la operatividad del subsidio familiar de vivienda, en el que realizan una labor de mandatarias a través de las actividades de divulgación, comunicación, recepción de solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al Registro Único de Postulantes, y verificación de los documentos para hacer efectivo el pago del subsidio de vivienda. Por su parte, FONVIVIENDA tiene la competencia exclusiva de realizar la calificación, preselección y desembolsos de los subsidios de vivienda. En segundo lugar señaló que, a su juicio, en este caso no se puede discutir la legitimidad de la Alcaldía para promover las actuaciones de desalojo, ni el surgimiento de algún derecho sobre el bien público como consecuencia de la ocupación. Sin embargo, el Estado debe actuar diligentemente para que los accionantes conozcan los mecanismos para satisfacer sus problemas de vivienda y entiendan que la ocupación ilegal no es una vía para cubrir esa necesidad. En tercer lugar, destacó que el Gobierno Nacional impulsa y desarrolla la segunda fase del programa de vivienda gratuita, el cual se creó para personas en situación de extrema pobreza y pretende entregar 30.000 viviendas en el país, crear empleo y reducir la pobreza. En el marco de este programa, el 23 de enero de 2018, el Departamento del Cesar y la Caja de Compensación Familiar del Cesar suscribieron el convenio de asociación 2018-03-0002-01 para la aplicación de 1834 subsidios familiares de vivienda en diversos municipios, incluido El Copey. Uno de los compromisos adquiridos por los municipios en el marco del convenio en mención fue la cesión de los predios en los que se construirían las soluciones de vivienda. Por su parte, las cajas de compensación se comprometieron con la gestión de comercialización. Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado las actuaciones correspondientes en el municipio El Copey, debido a que el predio está ocupado ilegalmente. Con base en los argumentos expuestos, la Caja de Compensación indicó que de su actuación no se deriva la violación de los derechos fundamentales de los accionantes y, por lo tanto, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA señaló que ha realizado todas las gestiones necesarias para garantizar el beneficio habitacional a los hogares en situación de desplazamiento que han cumplido los requisitos establecidos para el efecto. En consecuencia, de sus actuaciones no se deriva violación de los derechos fundamentales de los accionantes. Adicionalmente indicó que, revisadas las bases de datos, 49 de los promotores del amparo no se han postulado a ninguna de las convocatorias de FONVIVIENDA, las cuales se adelantan a través de las cajas de compensación familiar. Asimismo, destacó que en el año 2007 a los hogares de los accionantes Carlos Alberto Rada, Mariluz Pérez Hernández, Benjamín Villalba Caballero, Bladimir Murcia Orozco y Luz Line Orozco Ospino se les asignó un subsidio de $130.000 en la modalidad de habilitación de títulos, y en el año 2011 el hogar de Maire Sol Salas Carillo se postuló a una convocatoria para adquisición de vivienda nueva y fue rechazada porque el sistema arrojó información sobre un subsidio asignado a un miembro de su núcleo familiar. La entidad explicó que en la última convocatoria para población desplazada se postularon 220.831 hogares, de los cuales unos fueron asignados, otros rechazados y aproximadamente 64.994 hogares que acreditaron los requisitos están a la espera de ser asignados. En consecuencia, ante la existencia de mecanismos reglados no pueden admitirse las vías de hecho como medios para obtener subsidios de vivienda, pues se desconocen los derechos de otras personas que están en las mismas condiciones de vulnerabilidad y agotaron los trámites para el reconocimiento del subsidio. Asimismo, FONVIVIENDA indicó que a partir del año 2012 ejecuta un programa de vivienda gratuita 100% en especie, el cual se dirige principalmente a la población que: (i) esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza o estén en el rango de pobreza extrema; (ii) se encuentre en situación de desplazamiento; (iii) haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias; o (iv) habite zonas de alto riesgo no mitigable. También pueden ser beneficiarios los hogares registrados en las bases de datos de los siguientes sistemas: (i) de información de la red para la superación de la pobreza extrema; (ii) de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales; (iii) registro único de población desplazada; y (iv) de información del subsidio familiar administrado por FONVIVIENDA con los hogares que han sido beneficiarios de un subsidio que se encuentre sin aplicar. Las convocatorias que realiza FONVIVIENDA se dirigen a los hogares señalados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS) como posibles beneficiarios, entidad que identifica los hogares de acuerdo con las previsiones del Decreto 1077 de 2015, los órdenes de priorización y los porcentajes de composición poblacional del proyecto. Por lo tanto, cuando el DPS identifica los hogares, FONVIVIENDA expide el acto administrativo en el que asigna los subsidios correspondientes. En atención al procedimiento descrito, la entidad vinculada precisó que no puede incluir a los hogares en los programas de vivienda gratuita y de interés social hasta que el DPS no los habilite como potenciales beneficiarios. Finalmente, aclaró que las postulaciones ante las cajas de compensación familiar no siempre están dirigidas a proyectos ejecutados por FONVIVIENDA, ya que las alcaldías son las encargadas de realizar censos de desastres y mediante otros oferentes pueden ejecutar proyectos de vivienda. El Ministerio del Interior -Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Financiera de Desarrollo Territorial y el Departamento de Policía del Cesar hicieron una referencia general a sus competencias legales y, con base en estas, adujeron que carecen de legitimación en la causa por pasiva. En particular, indicaron que no tuvieron injerencia en las actuaciones que se acusan como transgresoras de los derechos fundamentales de los accionantes. C. Decisiones objeto de revisión Fallo de primera instancia El 12 de febrero de 2019, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar denegó el amparo reclamado por los accionantes. En primer lugar, el juez advirtió el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues los actores no agotaron los mecanismos administrativos para obtener soluciones en materia de vivienda. En particular, destacó que los accionantes no se postularon a las convocatorias en los programas estatales desarrollados para el efecto y que los peticionarios que, a su vez, son víctimas del conflicto armado interno tampoco acudieron ante las entidades competentes para acceder a los auxilios específicos dirigidos a esta población como las ayudas humanitarias. En segundo lugar, el a quo consideró que en las actuaciones de desalojo no se advierte la violación de los derechos fundamentales de los peticionarios, pues las autoridades municipales observaron las normas pertinentes, contaron con el acompañamiento de la Personería Municipal, adelantaron el censo y la caracterización de los ocupantes, identificaron la población víctima de desplazamiento forzado y le brindaron asistencia especial. Para el juez de tutela, la presencia de personas en situación de vulnerabilidad en el predio ocupado no implica una suspensión indefinida de las diligencias de desalojo sino que activa medidas de protección en favor de dichos sujetos, las cuales se adelantaron en el caso bajo examen. En síntesis, para el juez las actuaciones de la Alcaldía y de la Inspección de El Copey en el procedimiento policivo no vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, pues se evaluaron y consideraron las condiciones de vulnerabilidad de los ocupantes, y se tomaron medidas de identificación y protección sin que fuera posible, como lo pretenden los peticionarios, una suspensión indefinida de la actuación de desalojo sobre un predio ilegalmente ocupado. Impugnación Los promotores del amparo presentaron impugnación en contra del fallo de tutela de primera instancia, en la que cuestionaron los elementos que el juez tuvo por acreditados para descartar la vulneración alegada. En primer lugar adujeron que, contrario a lo señalado por el a quo, las autoridades municipales no adelantaron el censo ni la caracterización de los ocupantes, y el único acercamiento con las entidades accionadas se ha presentado en las diligencias de desalojo adelantadas en compañía de la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional. En segundo lugar, señalaron que no han podido ejercer su derecho de defensa porque las autoridades del municipio no les notificaron las actuaciones del procedimiento administrativo de desalojo. Asimismo, resaltaron que los ocupantes, víctimas del conflicto armado, elevaron múltiples peticiones ante diferentes entidades del orden municipal, departamental y nacional para la protección y restablecimiento de sus derechos sin obtener una respuesta efectiva que solucione sus necesidades de vivienda. En tercer lugar, indicaron que la última convocatoria de vivienda para el municipio El Copey se realizó en el año 2007 y este proyecto benefició únicamente a 150 familias víctimas del conflicto armado interno, pero en dicho municipio viven más de 3000 víctimas. En consecuencia, resulta claro que desde hace 12 años no se presentan soluciones de vivienda digna y los proyectos que se han desarrollado no son suficientes. En cuarto lugar, los accionantes precisaron que ocupan un lote en la parte posterior del nuevo hospital del municipio El Copey, el cual está destinado a la construcción de un proyecto de vivienda de interés social en el marco del programa “Mi casa ya”. Sin embargo, este proyecto está dirigido a familias con ingresos de 2 SMLMV y los ocupantes del predio no tienen esos ingresos, razón por la que no pueden postularse. Finalmente, solicitaron que se adelante una inspección judicial en el predio con el propósito de que se tengan elementos más precisos sobre las condiciones de la ocupación. Fallo de Segunda Instancia El 25 de abril de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la decisión de primera instancia. Para evaluar la procedencia de la acción de tutela, el ad quem indicó que el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho está regulado por el artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970, pretende hacer cesar la perturbación por indebida ocupación de un inmueble y el ocupante puede defenderse acreditando una justa causa como las condiciones de tenedor o poseedor, o la orden de autoridad competente. Luego de hacer referencia a las características generales del trámite policivo, la Sala destacó que las autoridades municipales accionadas hicieron referencia a tres procedimientos policivos por la invasión de tres predios. Sin embargo, los accionantes no identificaron el predio que ocupan y esta información resultaba necesaria para determinar si la medida de desalojo fue legítima y si se garantizó el derecho al debido proceso. Adicionalmente, resaltó que la mayoría de los accionantes no se han postulado a las convocatorias para acceder a un subsidio de vivienda. Por lo tanto, existen mecanismos para que los actores procuren obtener de manera activa y diligente la vivienda que reclaman a través de la acción de tutela. Con base en las consideraciones descritas, el juez de segunda instancia consideró que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues, de un lado, los accionantes cuentan con mecanismos de defensa para proteger su ocupación en el marco del proceso policivo y, de otro, se constató la inactividad de los promotores del amparo en la postulación a las convocatorias para la solución de vivienda. II. Actuaciones adelantadas en sede de revisión Auto de pruebas de 2 de diciembre de 2019 En el trámite de revisión ante esta Corporación, el 2 de diciembre de 2019 la Magistrada sustanciadora profirió auto de pruebas en el que requirió a las personas que fueron mencionadas como accionantes, pero no suscribieron el escrito de tutela, para que manifestaran su voluntad en relación con la solicitud de amparo; y a la Alcaldía y la Inspección de Policía de El Copey para que contestaran algunas preguntas sobre los procedimientos de desalojo cuestionados. Asimismo, comisionó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar para la práctica de una inspección judicial en el predio identificado con folio inmobiliario 190-159605. Respuesta de la Alcaldía de El Copey La Alcaldía de El Copey señaló que el inmueble identificado con el folio inmobiliario 190-159605, de su propiedad, está ubicado en la calle 16 núm. 17-80 del municipio, tiene una extensión de 4 hectáreas +3.074,59 m2, cuenta con servicios públicos de energía y acueducto, se destinó para ofrecer soluciones de vivienda en el marco de un proyecto de vivienda de interés social y actualmente está ocupado de manera ilegal por aproximadamente 106 familias que invadieron el inmueble. En relación con las circunstancias de la ocupación, explicó que el 23 de enero de 2018 celebró con la Caja de Compensación del Cesar convenio de asociación para otorgar 154 subsidios de vivienda y se obligó a ceder el predio, identificado con folio inmobiliario 190-159605, en el que se construirá el proyecto. Sin embargo, no ha podido cumplir esa obligación porque desde el 15 de mayo de 2018 se recibieron denuncias sobre la ocupación del inmueble. Como respuesta a la situación descrita adelantó diversas actuaciones administrativas para la recuperación material del inmueble. En particular, el 16 de mayo de 2018 la Inspección de Policía del municipio inició, de oficio, proceso de amparo policivo en el que se efectuaron múltiples diligencias en las que se constató, inicialmente, que no habitaban personas, pero se plantaron piedras, palos y se iniciaron construcciones en el predio. La autoridad de policía buscó, de manera infructuosa, el retiro voluntario de los ocupantes y el desmonte de las estructuras en mención. Asimismo, precisó que la primera vez que se intentó derribar las estructuras -12 de septiembre de 2018- se presentaron personas con la cara cubierta, piedras, palos y machetes que se opusieron a la diligencia, pero cuando intentó caracterizarlas -25 de septiembre de 2018- no encontró habitantes en el predio. El 1º de noviembre de 2018, se intentó una nueva caracterización en la que se encontraron tres familias habitando el predio. Algunos días después se llevó a cabo la diligencia de desalojo en la que participó la Comisaría de Familia, la Personería Municipal, la Policía Nacional, el ESMAD y el Ejército Nacional. En esa oportunidad se encontraron tres personas y se dispuso para ellas la entrega de la ayuda humanitaria. El predio fue invadido nuevamente y, en consecuencia, el 17 de noviembre de 2018 se adelantó una nueva diligencia de desalojo. En esa oportunidad las personas que estaban en el predio huyeron, tres personas fueron capturadas por el delito de invasión de tierras y edificaciones, y se desmontaron las estructuras sin que se presentaran alteraciones del orden público. Luego de la formulación de acciones de tutela, el 2 de julio de 2019 se llevó a cabo una nueva diligencia de caracterización y se encontró un número mayor de ocupantes, aproximadamente 106 familias, que no han sido desalojadas. De otra parte, la Alcaldía indicó que en el municipio se construye un proyecto de vivienda de interés social denominado “Villa Ángela”, totalmente gratuito y destinado a 1452 beneficiarios. Este proyecto está en fase de construcción, su avance aproximado es del 35%, y la inscripción al proyecto se efectuó en los meses de octubre a diciembre de 2019. Finalmente, la entidad señaló que da a conocer los proyectos de vivienda que ofrece el municipio a través de las carteleras oficiales ubicadas en la Alcaldía, pautas en radio y emisoras locales, perifoneo en las calles, y publicaciones en la página web de la alcaldía y redes sociales Respuesta de la Inspección Central de Policía de El Copey La Inspección de Policía indicó que en relación con la ocupación del inmueble identificado con el folio inmobiliario 190-159605 se tramita el amparo policivo por ocupación de hecho número 2018-009 y describió las actuaciones de este proceso. La autoridad destacó que desde el desalojo realizado el 17 de noviembre de 2018 se han presentado nuevas invasiones. Por esta razón, el 2 de julio de 2019 realizó la última diligencia de caracterización, en la que se encontraron aproximadamente 80 familias ocupando el predio. Actualmente, la Oficina de Enlace de Víctimas verifica si los ocupantes fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. Inspección judicial adelantada por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Valledupar El 4 y 5 de febrero de 2020, la Jueza Primera Civil del Circuito de Valledupar adelantó diligencia de inspección judicial en el predio contiguo al Hospital San Roque del municipio El Copey, ubicado en la calle 16 con carrera 17. En relación con el predio, la jueza señaló que se trata de un terreno amplio dividido por los habitantes en manzanas que van del número 1 al 10, algunas de las cuales se acompañan con letras para su identificación. Asimismo, los lotes agrupados en las manzanas están enumerados y la mayoría cuenta con una tablilla que enuncia la dirección en color rojo. La jueza advirtió que se trata de un barrio de invasión, conocido con el nombre “Trece de Mayo”, organizado por sus residentes con calles amplias y limpias, y que algunos de los lotes están desocupados, cerrados y sin construcciones. Luego de realizar entrevistas a los habitantes, la jueza concluyó que la mayoría de las personas hicieron construcciones en el inmueble, de forma irregular, las cuales utilizan como viviendas familiares, y pueden acceder a los servicios de electricidad y agua a través de conexiones irregulares, pero no cuentan con el servicio de alcantarillado. De las entrevistas realizadas en el predio, remitidas a esta Corporación, se extraen los siguientes datos sobre los ocupantes: Núcleos familiares 120 Personas 365 Sujetos de Especial Protección Constitucional[12] Núcleos familiares Individuos Menores de edad 80 149 Tercera edad (76 años en adelante) 2 2 Desplazados[13] 36 121 Indígenas y personas afro 3 16 Madre o padre  cabeza de hogar 23 23 Situación de discapacidad 1 1 Inmigrantes 10 37 Tiempo de ocupación[14] Núcleos familiares 0-6 meses 2 6 meses-1 año 20 1 año a 1 año y medio 5 1año y medio a 2 años 66 No precisan el tiempo 28 Número de veces que han sido desalojados del predio Núcleos familiares 1 12 2 22 3 31 4 1 No indican 55 Auto de pruebas de 20 de febrero de 2020 En atención a los resultados de la inspección judicial referida, mediante auto de 2 de febrero de 2020 la Magistrada sustanciadora le remitió a la UARIV la lista de personas que han sido registradas como ocupantes del predio y en relación con cada una de las personas identificadas le ordenó que precisara si están incluidas en el RUV y si ha adoptado medidas de atención y reparación para solventar la necesidad de vivienda. Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas En primer lugar, la UARIV indicó que el hecho de que los accionantes hayan sido reconocidos como víctimas del conflicto armado no significa que la entidad sea responsable de la vulneración de los derechos fundamentales cuyo restablecimiento se persigue en la acción de tutela. En ese sentido destacó que la violación cuestionada se deriva de los actos de desalojo del predio en los cuales no participó. En segundo lugar, adujo que la población víctima del conflicto armado tiene derecho priorizado a la vivienda digna y que la UARIV, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 1448 de 2011, tiene la función de adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar ese derecho. Esta competencia en materia de vivienda se limita al suministro de información, a través de la Red Nacional de Información, para que las entidades del Estado otorguen la oferta institucional que existe para este grupo poblacional. Por lo tanto, las personas que se encuentren en el RUV deben acudir al Ministerio de Vivienda, quien es el responsable de atenderlos y suministrarles, de forma prioritaria, los subsidios en las modalidades de mejoramiento, construcción o adquisición de vivienda. Con base en lo expuesto, la UARIV precisó que no cuenta con la información de las medidas de asistencia y reparación que cada entidad del Estado le otorga a las personas que están registradas en el RUV, pues no es un sistema que registre la acción de cada entidad para concretar el resultado de reparación integral. En tercer lugar, indicó que si bien la inscripción en el Registro Único de Víctimas no es constitutiva de la condición de víctima es un instrumento práctico que sirve para identificar la población a la que se deben dirigir las medidas de reparación. Luego, destacó que de los 55 promotores del amparo sólo 20 están inscritos en el RUV y, por lo tanto, los otros accionantes no tienen derecho a la oferta institucional de reparación de las víctimas. En cuarto lugar, señaló que la lista de 585 personas remitida por esta Corporación, que corresponde a los ocupantes del predio identificados en las caracterizaciones realizadas por la Alcaldía del Copey y la inspección judicial ordenada en esta sede, fue confrontada con sus bases de datos y concluyó que: (i) 221 personas no están registradas en el aplicativo, lo que significa que no han realizado trámites de inclusión en el RUV. Estos casos incluyen personas con respecto a las que no se suministró documento de identidad y su nombre no está registrado. (ii) Las 364 personas restantes del anexo están inscritas en el RUV. Promotores del amparo Inscritos en el RUV 55 20 Ocupantes del predio Inscritos en el RUV 585 364 Como soporte de los datos descritos, la Unidad remitió los anexos con los listados de las personas incluidas en el RUV. Auto de 3 de agosto de 2020 En atención a la respuesta brindada por la UARIV, se consideró necesario proferir un nuevo auto de pruebas para (i) solventar inconsistencias entre la respuesta global emitida por la entidad y los anexos que soportan esa información: (ii) reiterar la orden en relación con la caracterización de las carencias de las personas incluidas en el RUV y la entrega de asistencia humanitaria; y (iii) requerir a otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para que informen sobre las medidas de atención y reparación del derecho a la vivienda los ocupantes del predio. Alcaldía de El Copey En primer lugar, la autoridad precisó que en los últimos diez años en el municipio se han desarrollado tres proyectos para la satisfacción de la vivienda de la población en situación de vulnerabilidad a saber: (i) el proyecto Ciudadela El Portal del Copey dirigido a población en situación de desplazamiento y que benefició a 187 familias; (ii) la Urbanización Villa Ángela, que está en fase de ejecución y se dirige a 200 beneficiarios; y (iii) el proyecto de vivienda que se buscaba edificar en el predio ocupado que motivó la presente acción de tutela. En segundo lugar, señaló que el proyecto de vivienda de interés prioritario que se pretendía adelantar en el predio ocupado fue viabilizado por la Gobernación del Cesar y aprobado en el órgano colegiado de administración y decisión –OCAD- a través de COMFACESAR, pero no contó con los recursos para el cierre financiero. En consecuencia, no se realizó la convocatoria para la elección de los beneficiarios. En tercer lugar, indicó que las razones por las que se presentan diferentes ocupaciones de hecho irregulares en predios del municipio están relacionadas con: (i) el alto déficit de vivienda; (ii) el alto número de asentamientos indígenas; (iii) el alto índice de personas víctimas del conflicto armado; (iv) y actos ilegales de promoción de las invasiones para la apropiación irregular de los predios y su posterior venta. En cuarto lugar, adujo que no cuenta con la información sobre el número de víctimas del conflicto armado y personas en condición de pobreza extrema que habitan el municipio según la encuesta SISBEN, pues las áreas que manejan esa información están en proceso de reorganización. Por su parte, el Personero de El Copey indicó que el alto índice de ocupaciones de hecho obedece a la ausencia de una política estatal de subsidios de vivienda que beneficie al municipio y al incremento de población inmigrante irregular que se ha asentado en esa entidad territorial. FONVIVIENDA Luego de referir sus competencias legales en materia de la ejecución de las políticas de vivienda para la población en situación de vulnerabilidad la entidad indicó que confrontado el listado de ocupantes del predio con sus bases de datos se advierte que: · 8 hogares fueron identificados como posibles beneficiarios del subsidio de vivienda en especie en el proyecto Villa Ángela. Está pendiente el sorteo correspondiente por empate. · 26 hogares se han postulado a algún programa para el acceso, mejoramiento o, en general, satisfacción del derecho a la vivienda en los programas en los que interviene la entidad. · 5 personas se postularon a las convocatorias para población desplazada, de las cuales 3 recibieron dinero de la bolsa de desplazados. · 11 personas fueron beneficiarios de apoyos en materia de habilitación de títulos, bolsa de desplazados y programa de vivienda gratuita fase I. En cuanto a los programas desarrollados en el municipio El Copey destacó la Urbanización Villa Ángela, la cual está dirigida a 200 familias beneficiarias, de las cuales 100 son víctimas de desplazamiento forzado, 82 pertenecen a la Red Unidos y 18 familias fueron afectadas por desastres naturales. Asimismo, describió las asignaciones para la satisfacción del derecho a la vivienda en el municipio desde el año 2010 así: Año Tipo de bolsa Número de subsidios asignados Valor asignado 2010 Bolsa Concejales 1 $ 11.330.000 2010 Bolsa Concejales 30 $ 450.625.000 2011 Bolsa Desplazados 111 $ 1.783.548.000 2020 Programa de Vivienda Gratuita Fase III 26 $ 1.415.667.572 TOTAL 168 $3.661.170.572 Luego, destacó la necesidad de que los actores se inscriban en los programas de vivienda ofrecidos por el Estado, pues sólo de esta forma se protege el derecho a la igualdad de las familias en condiciones de vulnerabilidad que han postulado a través de los canales institucionales. Igualmente, describió los programas que maneja la entidad: (i) Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya[15]; y (ii) el Semillero de Propietarios Ahorradores[16]. Finalmente, precisó que los canales de comunicación para los programas de vivienda corresponden a (i) la atención presencial en la sede del Ministerio de Vivienda y líneas telefónicas; (ii) la actuación de las cajas de compensación, con las cuales se suscribió un convenio para divulgar, informar, recibir las solicitudes, verificar y revisar la información entregada por los posibles beneficiarios de los programas de vivienda; y (iii) recientemente el Grupo de Vivienda Rural y Urbana del Subcomité de Restitución del SNARIV acompañó espacios de participación de víctimas en materia de vivienda rural y urbana. Para el año 2020, se adoptó como una de las líneas del grupo en mención “Brindar acompañamiento a entidades territoriales y espacios de participación de víctimas en lo relativo a la oferta en materia de vivienda” y se dispuso que a partir de los requerimientos de asistencia a Centros Regionales se priorizarán las entidades territoriales con mayor necesidad de acompañamiento en oferta de vivienda. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social La entidad indicó que el Programa de Vivienda Gratuita es una oferta institucional exclusiva del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, en el marco del cual el DPS se limita a identificar potenciales beneficiarios y seleccionar los hogares aptos para el programa. Por lo tanto, aclaró que no determina la oferta de vivienda ni tiene la potestad de adquirir compromisos con la población, ya que su competencia se encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA. En ese sentido, explicó que el procedimiento administrativo para la asignación del subsidio familiar de vivienda 100% en especie tiene 5 etapas: 1. Determinación del proyecto y composición poblacional. (FONVIVIENDA - Alcaldía). 2. Identificación de Hogares Potencialmente beneficiarios (DPS). 3. Convocatoria, postulación y verificación cumplimiento de requisitos. (FONVIVIENDA). 4. Selección de beneficiarios (DPS). 5. Asignación de SFVE (FONVIVIENDA). En concordancia con lo anterior, explicó que tan pronto recibe la información de los proyectos seleccionados en el marco del programa de vivienda gratuita, en la que se indica el departamento y municipio donde se desarrolla el proyecto, el número de viviendas a transferir y los porcentajes de composición poblacional elabora el listado de potenciales beneficiarios con base en los siguientes criterios: Bases de datos Focalización Entidad que administra Subsidios asignados o calificados FONVIVIENDA Subsidio Bolsa de Desastres FONVIVIENDA RUV o medición subsistencia mínima y superación de la situación de vulnerabilidad UARIV Estrategia Unidos DPS Sisbén DNP Censos damnificados Alcaldías Asimismo, debe considerar: (i) los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la normativa que regula el programa; (ii) cumplir como mínimo el 150% del número de población identificada como potencial beneficiaria con respecto al cupo de vivienda reportado por FONVIVIENDA para cada grupo de población; (iii) incluir a los hogares que reporten dentro de las bases de datos oficiales como residencia un municipio donde se estén ejecutando proyectos de vivienda gratuita; (iv) establecer una fecha de corte para las bases de datos oficiales por cada procedimiento de identificación que se adelante en los proyectos de vivienda gratuita; y (iv) los puntos de corte que se establecieron para la base de datos SISBEN III. Una vez realizada la identificación de hogares potencialmente beneficiarios, el DPS envía el listado de hogares a FONVIVIENDA, entidad encargada del proceso de convocatoria, postulación y verificación de los requisitos de postulación. Luego, FONVIVIENDA remite al DPS el listado de los hogares postulantes que cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios por cada grupo de población y el DPS expide el listado de beneficiarios con base en los siguientes criterios: (i) los órdenes de priorización establecidos en la normativa del programa; (ii) la selección directa cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización sea inferior al número de viviendas del proyecto; y (iii) la selección mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización exceden el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto. Tras describir sus competencias en el Programa de Vivienda Gratuita indicó que luego de contrastar el listado de ocupantes remitido por esta Corporación con sus bases de datos advirtió que: 40 personas Incluidas en el listado de potenciales beneficiarios del programa 392 personas No cumplen con los criterios de participación en el programa 119 personas No pudieron ser consultadas en las bases de datos En relación con las personas incluidas en el listado de potenciales beneficiarios la entidad precisó que esta circunstancia no garantiza la asignación del subsidio, pues se deben surtir las demás etapas del programa. Asimismo aclaró que de las 40 personas en mención 24 personas no se han postulado al programa y 16 sí han presentado postulaciones. De los 16 postulantes, 5 fueron rechazados por no cumplir los requisitos de la postulación y 11 cumplieron los requisitos. De los 11, 1 recibió el subsidio de forma directa, 9 están pendientes de asignación por sorteo y 1 persona no recibió el beneficio porque otros beneficiarios tenían prevalencia por priorización. Con respecto a las 392 personas que no cumplen con las condiciones para ser participantes del beneficio de vivienda gratuita, señaló que no cumplen alguno de los siguientes requisitos que deben concurrir: (i) estar registrado en las bases de datos mediante las cuales se ejecuta el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios; (ii) reportar en dichas bases de datos un municipio o municipios donde se estén ejecutando proyectos de vivienda en modalidad gratuita; (iii) encontrarse en las bases de datos dentro de las mismas fechas de corte establecidas para el momento de aplicar el procedimiento de identificación de potenciales beneficiarios; (iv) cumplir con los criterios de priorización aplicados para el proyecto de vivienda del municipio que reporta como residencia; (v) cumplir con los puntos de corte de SISBEN III. Disponibilidad presupuestal Luego de describir los programas de vivienda para la población en situación de vulnerabilidad en general y para las personas en situación de desplazamiento, el DPS hizo referencia a la disponibilidad presupuestal del Estado para la atención de derecho a la vivienda. En concreto, indicó que el presupuesto general de la nación (en adelante PGN) para 2019 se estimó en 258.9 Billones de pesos, de los cuales el 61% son para funcionamiento, 20% para el pago de deuda y el 19% restante para inversión. El Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie SFVE, corresponde a Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), que es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 70 SMLMV, es decir que actualmente el precio de una vivienda de SFVE no puede exceder de $57.968.120. Por su parte, la UARIV ha reportado 7.134.646 personas en situación de desplazamiento. En consecuencia, entregar vivienda gratuita a la mitad de esta población 3.567.323 personas implicaría invertir $ 206’791.007’742.760, es decir 206 billones de pesos. Con base en las estimaciones expuestas, la entidad adujo que la garantía de vivienda gratuita para toda la población en situación de desplazamiento en cortos periodos implicaría concentrar todo el PGN en ese propósito y, de esta forma, desatender las demás necesidades de la población, en general, y de otros sujetos de especial protección constitucional. En concordancia con lo expuesto adujo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) prevé el compromiso de los Estados Parte de adoptar medidas económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos. En consecuencia, el Estado colombiano prevé unos criterios de priorización y focalización para la satisfacción de estos derechos. Por ejemplo, el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 define la focalización del gasto social conforme a los criterios del CONPES Social, la cual se reglamentó mediante el Decreto 4816 de 2008. En ese sentido, precisó que de acuerdo con el CONPES 3877 de 2016 la herramienta principal de focalización es la encuesta SISBEN, que sirve de instrumento para la focalización de 20 programas sociales del Estado. Finalmente, indicó que como garantía del debido proceso en el presente caso resulta imperioso vincular a los hogares que cumplieron con los criterios para la asignación de subsidios de vivienda en aras de que puedan defender el derecho que les asiste en su priorización. En su defecto, amparar el derecho a obtener un subsidio de vivienda, siempre y cuando los actores cumplan con los criterios de identificación de potenciales beneficiarios y se adelante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio En primer lugar, la entidad indicó que contrastado el listado de ocupantes remitido por esta Corporación con el sistema de información del subsidio familiar de vivienda encontró que: - 6 personas cuentan con subsidios asignados. 5 subsidios de $130.000 por habilitación de títulos y un subsidio de $16.068.000 de la Bolsa de Desplazados. - 3 personas se encuentran en estado calificado y en proceso de asignación, es decir que el hogar cumplió con los requisitos para acceder al subsidio, pero este no se ha asignado. En relación con la asignación aclaró que en el año 2007 se adelantó una convocatoria para las víctimas de desplazamiento forzado y la cantidad de hogares calificados superan la oferta estatal. Por esta razón, FONVIVIENDA no puede brindar una fecha de asignación, ya que esta se determina de acuerdo con la capacidad presupuestal y los puntajes de los solicitantes en aras de preservar el derecho a la igualdad. - 11 personas registran que cumplen los requisitos, es decir que el hogar fue identificado como potencial beneficiario en un orden de priorización, pero cuando el DPS hizo la selección de hogares no fue suficiente la disponibilidad de soluciones habitacionales para el grupo de hogares que cumplieron requisitos en el proyecto al cual aplicó. Por lo anterior, estos hogares no reportan la asignación de los subsidios. - 2 personas no cumplieron los requisitos para acceder al subsidio de vivienda de población desplazada porque tienen una o más propiedades en lugares diferentes al sitio de la expulsión. - 11 personas no cumplieron los requisitos para acceder al subsidio de vivienda gratuita por alguna de las causales previstas en el artículo 14 del Decreto 1921 de 2012, modificado por el Decreto 2164 de 2013. - 396 personas no se han postulado en ninguna de las convocatorias de FONVIVIENDA, para acceder a programas de vivienda, con el objetivo de aplicar la política de vivienda a favor de las personas más vulnerables del territorio nacional. En segundo lugar, precisó que las competencias de coordinar, asignar, rechazar y atender la postulación a los subsidios de vivienda de interés social en las diferentes modalidades están radicadas en FONVIVIENDA. Asimismo, destacó que los accionantes y beneficiarios de subsidios deben acercarse a su caja de compensación para recibir la información sobre los programas de vivienda y los requisitos para el desembolso correspondiente. En tercer lugar, resaltó que desde la creación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social el Legislador estableció que el subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga por una sola vez con el objeto de facilitar una solución de vivienda y que las personas que requieran la asignación de los subsidios deben acudir a los canales institucionales para efectuar la postulación correspondiente ante las cajas de compensación. En ese sentido, describió las etapas del proceso de asignación de los subsidios, las competencias de las entidades que intervienen y la importancia de esos procedimientos para respetar el derecho a la igualdad de las personas en condición de vulnerabilidad que han acudido a los canales institucionales para satisfacer el derecho de vivienda. Finalmente, describió los programas estatales en ejecución par a la satisfacción del derecho a la vivienda: (i) El Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social “Mi Casa Ya”; (ii) Programa Semillero de Propietarios; y (iii) Programa Casa Digna Vida Digna. Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Luego de requerir a la entidad por inconsistencias en la respuesta emitida previamente, la UARIV confirmó que 20 de los 55 promotores de la acción de tutela están incluidos en el RUV. En relación con la base de datos de 585 personas construida a partir de la información suministrada en diferentes diligencias adelantadas durante la ocupación precisó que los datos sólo permiten identificar a 136 personas de las cuales 135 están incluidas en el RUV[17]. En cuanto a la calificación de carencias más reciente presentó la siguiente información consolidada[18]: Carencia Alojamiento Alimentación Hogares Víctimas IC Extrema Extrema 6 12 IC Extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta Extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta 4 7 IC Grave Leve 1 1 IC Grave No carencia 2 5 IC Leve No carencia 1 1 IC No carencia No carencia 44 74 1er año Grave Grave 1 1 Total 59[19] 101 En relación con la entrega de ayuda humanitaria presentó la siguiente información consolidada[20]: Año Hogares Giros Valor 2012 12 15 $ 14.715.000 2013 7 7 $ 7.935.000 2014 15 19 $ 9.840.000 2015 24 28 $ 17.651.000 2016 12 15 $ 13.188.000 2017 13 25 $ 21.829.576 2018 11 15 $ 10.729.000 2019 7 11 $ 7.958.000 2020 6 6 $3.020.000 Total 107 141 $106.865.576 En relación con las 136 personas identificadas por la UARIV se advierte que 135 personas son víctimas de desplazamiento forzado así: Año del desplazamiento forzado Víctimas inscritas en el RUV 1990 2 1995 2 1996 1 1997 9 1998 5 1999 2 2000 2 2001 22 2002 15 2003 22 2004 16 2005 9 2006 10 2007 5 2008 4 2009 1 2011 1 2012 1 2014 4 2015 2 Total 135[21] III. CONSIDERACIONES Competencia 1.- La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9º) de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Asunto objeto de análisis y problemas jurídicos 2.- Dairo Manuel Navas Reyes y 56 personas más formularon acción de tutela en contra de la Alcaldía de El Copey y otras autoridades del orden municipal, departamental y nacional con el propósito de que se protejan sus derechos al debido proceso, dignidad humana, igualdad y vivienda digna. Los actores solicitaron que se suspendan las medidas de desalojo del predio que actualmente ocupan ilegalmente hasta que se adopten medidas que les garanticen el derecho a la vivienda digna. 3.- Los accionantes señalaron que como consecuencia de la falta de recursos para satisfacer sus necesidades básicas ocuparon un predio de propiedad del municipio El Copey, identificado con el folio inmobiliario 190-159605, en el que se pretendía adelantar un proyecto de vivienda de interés social. Indicaron, que durante el tiempo en el que han mantenido la ocupación las autoridades municipales realizaron varias diligencias de desalojo, en las que se vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que: (i) no les notificaron las actuaciones administrativas para el desalojo; (ii) no les permitieron ejercer el derecho de defensa; (iii) no caracterizaron a los ocupantes para establecer sus condiciones de vulnerabilidad; y (iv) no les ofrecieron medidas de reubicación. 4.- En el trámite de tutela, la Alcaldía de El Copey confirmó que es propietaria del predio identificado por los accionantes y que, como consecuencia de la ocupación del inmueble, promovió procesos de desalojo. Asimismo, aclaró que el predio se destinó a la construcción de un proyecto de vivienda de interés social emprendido en alianza con la Gobernación del Cesar, FINDETER y COMFACESAR. Sin embargo, como consecuencia de la ocupación referida no pudo cumplir con la obligación de entregar materialmente el inmueble para que se iniciara la construcción de las soluciones de vivienda y finalmente el proyecto no obtuvo el cierre financiero requerido. 5.- La Alcaldía y la Inspección de Policía del Copey adujeron que en el trámite de desalojo respetaron las garantías del debido proceso a través de la notificación de las actuaciones y la caracterización de los ocupantes del predio. Asimismo, destacaron que en el inmueble se adelantaron varias diligencias de inspección, caracterización y desalojo, en las que inicialmente se identificaron pocos ocupantes, estos fueron desalojados y cada vez que regresaban al predio aumentaba el número de ocupantes de manera gradual y significativa. En particular, mediante las diferentes respuestas emitidas en este trámite constitucional, las autoridades dieron cuenta de los siguientes momentos relevantes, que serán considerados para evaluar la evolución de la ocupación: Fecha Actuación Ocupantes Familias Ocupantes Individuos Enero 2018 Firma de contrato Proyecto de vivienda NR NR Mayo 2018 1ª denuncia ocupación NR NR Junio 2018 Inspección ocular 0 0 Septiembre 2018 Inspección ocular 0 0 Octubre 2018 Acción de tutela NR NR Noviembre 2018 Inspección ocular 3 familias 11 Julio 2019 Inspección ocular 105 familias 377 Febrero 2020 Inspección judicial 120 familias 366 6.- En atención a las circunstancias descritas en la acción de tutela, las pretensiones de los actores, las respuestas emitidas por las autoridades accionadas y las pruebas recaudadas en esta sede, la Sala advierte que la situación de ocupación irregular de un predio del municipio El Copey plantea dos problemas relacionados con los derechos al debido proceso, a la vivienda digna y la especial protección de sujetos en condiciones de vulnerabilidad, estos últimos con respecto a los accionantes y las personas que aspiraban a participar en el proyecto de vivienda que se desarrollaría en el predio. 7.- En primer lugar, los actores denunciaron en el escrito de tutela circunstancias violatorias del debido proceso en el marco del procedimiento de desalojo. En consecuencia, la Sala revisará la actuación adelantada por las autoridades municipales accionadas en el marco del proceso policivo 2018-0009 a la luz de las garantías que se derivan del artículo 29 superior. De acuerdo con lo expuesto le corresponde a la Sala determinar si: ¿La acción de tutela presentada por 57 personas, ocupantes irregulares de un predio de El Copey, que refieren diferentes condiciones de vulnerabilidad incluida su calidad de víctimas de desplazamiento forzado es procedente para la protección de los derechos al derecho al debido proceso y vivienda en el marco de los procedimientos de desalojo que enfrentan? En caso, de que se acredite el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela esta Corporación debe establecer si: ¿La Alcaldía y la Inspección de Policía del municipio El Copey vulneraron el derecho al debido proceso por el desconocimiento de las garantías procesales de los ocupantes del predio identificado con el folio inmobiliario 190-159605 en el marco del proceso policivo de desalojo 2018-0009? 8.- En segundo lugar, los accionantes señalaron que sus condiciones sociales y económicas les impiden proveerse una solución de vivienda, razón por la que ocuparon el inmueble identificado con folio inmobiliario 190-159605 y estos actos de ocupación solucionaron precariamente su necesidad de vivienda. En consecuencia, pretenden que se suspendan las medidas de desalojo hasta que se adelanten actuaciones de reubicación mediante las que se les garantice el derecho a la vivienda digna. Por esas razones, también le corresponde a la Sala determinar si: ¿Las actuaciones de las autoridades accionadas dirigidas a lograr el desalojo del predio con folio inmobiliario 190-159605 para entregar el predio a un proyecto de vivienda de interés social, vulneraron el derecho a la vivienda digna de los accionantes? En concordancia, con este problema debe establecer si ¿el derecho a la vivienda digna de los accionantes genera una obligación de reubicación en cabeza de las entidades accionadas como presupuesto para la materialización de la medida de desalojo? 9.- Previo al examen de los problemas jurídicos descritos, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. En caso de que se encuentren acreditados estos presupuestos se desarrollarán consideraciones sobre los siguientes temas: (i) la línea jurisprudencial en relación con la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco de procesos de desalojo, la cual hará énfasis, de un lado, en las garantías del debido proceso y, de otro, en los derechos relacionados con la vivienda digna de los ocupantes; (ii) el derecho a la vivienda digna, las cargas correlativas para su satisfacción, y las situaciones de abuso del derecho; (iii) el derecho a la vivienda de la población desplazada, el desarrollo, los avances y los retos de la política pública. Una mirada desde el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en la materia; (iv) la atención humanitaria frente a la migración masiva de nacionales venezolanos y la respuesta con respecto a las necesidades habitacionales; (v) la unificación de la jurisprudencia constitucional en relación con la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional en el marco de procesos de desalojo de bienes de carácter público. Examen de los requisitos de procedencia de la acción de tutela Legitimación en la causa por activa 10.- El artículo 86 superior establece que toda persona puede acceder a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, en los casos que determine la ley. Esta disposición constitucional determina la legitimación para la formulación de la solicitud de amparo, circunscrita al titular de los derechos fundamentales cuya protección o restablecimiento se persigue. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 precisa que la acción de tutela puede ser ejercida: (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante un agente oficioso o (v) por el defensor del Pueblo o los personeros municipales. 11.- En el presente caso, el señor Dairo Manuel Navas Reyes y 56 personas más formularon acción de tutela en contra de la Alcaldía de El Copey y otras autoridades con el propósito de que se protejan los derechos fundamentales que consideran vulnerados. En relación con los promotores de la acción es necesario destacar que en el escrito de tutela los señores Brayán Pallares Rodríguez, José Lucas de la Cruz Pérez, Yenis Isabel Monsalvo Oñate, Katty Julieth Zapata Ochoa, Juan Carlos Domínguez Cárdenas, Francia Elena Yepes Lora, Jorge Alberto García Torres, Jesús Alberto López Buelvas, Leile Maireth Martínez Arzuza, Alidis Judith Peña Jiménez y Juan Alberto Estrada Peña fueron enunciados como accionantes, pero no lo suscribieron. Adicionalmente, Gladys Josefina Romero y Gledis Josefina no fueron identificadas en el escrito de tutela como accionantes, pero se aportó su documento de identidad. En consecuencia, mediante auto de 2 de diciembre de 2019 las personas en mención fueron requeridas para que manifestaran su consentimiento en relación con la presentación de la acción de tutela de la referencia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna. En atención a la situación descrita, la Sala tendrá por acreditado el presupuesto de legitimación en la causa por activa únicamente en relación con los accionantes que suscribieron el escrito de tutela de la referencia, que corresponden a 44 personas[22], titulares de los derechos fundamentales que adujeron transgredidos y que presentaron la tutela a nombre propio. En relación con las 13 personas restantes que si bien fueron identificadas en la acción como promotoras del amparo, pero no la suscribieron y requeridas en esta sede tampoco ratificaron esa condición, no concurren elementos para tener por acreditada la legitimación en la causa por activa. En ese sentido, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien la acción de tutela está regida por el principio de informalidad la suscripción del escrito constituye un presupuesto mínimo que busca garantizar que sea el titular de los derechos fundamentales el que promueva su defensa y evitar que su nombre sea usado por otras personas sin su consentimiento para instaurar la acción[23]. Esta exigencia se armoniza con la informalidad de la tutela y la protección de los derechos fundamentales a través de la previsión de figuras como la agencia oficiosa y la representación legal para los casos en los que el titular de los derechos fundamentales no se encuentra en las condiciones que le permitan promover directamente su defensa. Por lo tanto, la suscripción del escrito de amparo no constituye una formalidad insustancial, pues ante la ausencia de un elemento indicativo sobre la voluntad de las personas mencionadas como accionantes en la solicitud, debe declararse la ausencia de legitimación por activa porque con este requisito se pretende proteger la autonomía de las personas. En el presente caso no se puede tener por acreditada la legitimación en la causa por activa con respecto a las personas que no suscribieron la acción de tutela, pues no concurre la firma como elemento mínimo indicativo de la voluntad de presentar la acción y tampoco se advierten elementos que demuestren una relación de representación legal, representación judicial o agencia oficiosa entre los actores y las personas que no suscribieron el escrito. En concreto, en relación con las 13 personas que no firmaron la demanda no se hizo referencia a una situación particular que les impidiera interponer directamente la acción, lo que descarta la agencia oficiosa; no obra poder para la acreditación de la representación judicial; y tampoco se refirieron los vínculos que generan la representación legal, con lo que también se descarta esta figura. 12.- No obstante, como se advirtió en el fundamento jurídico 5 de esta sentencia, en el desarrollo del trámite de tutela el número de ocupantes del predio aumentó significativamente. La caracterización adelantada por la Inspección de Policía de El Copey el 2 de julio de 2019 dio cuenta de la ocupación de por lo menos 80 familias y en la inspección judicial ordenada en esta sede y realizada el 4 y 5 de febrero de 2020 se reportaron 120 núcleos familiares. En consecuencia, el examen de legitimación en los términos descritos no obsta para que el análisis de la vulneración de los derechos fundamentales responda al panorama general que plantea el caso y que ha evolucionado en el trámite de la acción constitucional. Adicionalmente, la legitimación referida no es óbice para que, si la Sala Plena lo considera necesario, con base en sus facultades ultra y extra petita, y la potestad de modular el alcance de las decisiones, extienda sus efectos más allá de los accionantes en mención, siempre y cuando se trate de amparar derechos con protección constitucional. Con todo, de presentarse esta situación, se estudiaría en la determinación de los efectos del fallo, pero no es un asunto propio de la legitimación. Legitimación en la causa por pasiva 13.- La legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada[24]. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991). 14.- En el presente caso, la acción de tutela inicialmente se dirigió en contra de la Alcaldía de El Copey, la Inspección de Policía de El Copey, la Gobernación del Departamento del Cesar, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministerio del Interior -Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado-, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón de Artillería número 2 La Popa. Luego, en el trámite de tutela se vinculó a la Defensoría del Pueblo, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral las Víctimas, FONVIVIENDA, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF, la Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas, FINDETER, COMFACESAR, la Comisaría de Familia de El Copey y la Personería de ese mismo municipio. Tal y como se explicó en la presentación del caso, la acción de tutela cuestionó, de un lado, la violación de las garantías procesales en el trámite de desalojo de los ocupantes irregulares de un inmueble del municipio El Copey en el que se pretendía construir un proyecto de vivienda de interés social. De otro lado, los actores adujeron que sus condiciones de pobreza extrema y las especiales circunstancias de vulnerabilidad como ser víctimas del desplazamiento forzado, madres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad, indígenas, entre otros, les han impedido satisfacer su derecho a la vivienda, motivo por el cual la ocupación en mención ha sido una solución precaria para ese propósito. En consecuencia, solicitaron que se adopten medidas para garantizar el derecho a la vivienda digna a través de medidas de reubicación. 15.- Con base en los hechos y pretensiones de la acción de tutela se advierte que se presenta la legitimación en la causa por pasiva de las autoridades públicas accionadas y vinculadas al presente trámite de constitucional. En primer lugar, se encuentra el grupo de las autoridades que intervinieron en las diligencias de desalojo, a saber: la Alcaldía, la Inspección de Policía, la Personería, la Comisaria de Familia de El Copey, la Policía Nacional y el Batallón de Artillería número 2 La Popa. En concreto, en relación con esas autoridades se cuestionan acciones como el uso indebido de la fuerza y omisiones como la falta de caracterización de los ocupantes, la indebida notificación y la ausencia de medidas de reubicación. 16.- En segundo lugar, fungen como accionadas diversas entidades que tienen competencias en relación con la elaboración de la política pública de vivienda en general, y el diseño y la ejecución de los programas dirigidos a satisfacer el derecho a la vivienda de la población más vulnerable. Los actores adujeron que sus condiciones socioeconómicas les han impedido satisfacer su derecho a la vivienda digna y que los programas estatales como el que se pretendía desarrollar en el inmueble que ocuparon están dirigidos a personas de mayores ingresos. En consecuencia, las medidas adoptadas con respecto a la protección del derecho a la vivienda pueden involucrar la actuación de autoridades con competencias relacionadas con el diseño y la ejecución de la política pública de vivienda. Por lo expuesto, se tiene acreditado el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva con respecto al segundo grupo de autoridades públicas que tienen competencias en la dirección, diseño y ejecución de la política estatal de vivienda para la población más vulnerable. En particular, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, FONVIVIENDA, FINDETER y COMFACESAR. 17.- En tercer lugar, los actores refirieron diferentes circunstancias que, adujeron, los hace merecedores de especial protección constitucional. En concreto, indicaron que los núcleos familiares que ocupan el inmueble están conformados por víctimas de desplazamiento forzado, personas de la tercera edad, menores de edad, madres cabeza de familia, entre otros. Por lo tanto, reclaman atención diferenciada derivada de las circunstancias en mención. De cara a la pretensión descrita también se advierte la legitimación en la causa por pasiva en relación con las autoridades accionadas que tienen competencias para la atención de los grupos poblacionales en mención. En efecto, se comprueba la legitimación del Ministerio del Interior -Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado-, la Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. En consecuencia, este requisito se encuentra acreditado. El presupuesto de subsidiariedad 18.- Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esa previsión corresponde al requisito de subsidiariedad que descarta la utilización de este medio excepcional como vía preferente para el restablecimiento de los derechos. Sobre el carácter subsidiario del mecanismo de amparo, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”[25]. Este reconocimiento obliga a los asociados a incoar los mecanismos judiciales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la tutela como vía preferente o instancia adicional de protección. En consecuencia, en el análisis de la viabilidad del amparo corresponde al juez constitucional determinar el cumplimiento de ese requisito, frente al cual se previeron dos excepciones, en las que la existencia de otros mecanismos no frustra el ejercicio de la tutela. La primera, establecida en el mismo precepto de la Carta, permite acudir a la acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y la segunda, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, cuando se advierta que las vías ordinarias al alcance del afectado resultan ineficaces para la protección del derecho. 19.- En cuanto a la primera hipótesis, relacionada con el perjuicio irremediable, la protección es temporal y exige que el accionante demuestre: (i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las órdenes para la efectiva protección de los derechos en riesgo[26]. En relación con la segunda hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa judicial, se tiene que esta no puede determinarse en abstracto. El análisis particular resulta necesario, pues en la valoración específica podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o tomar las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados. 20.- Para determinar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el presente caso, la Sala reiterará las reglas de procedencia de la acción de tutela contra las actuaciones surtidas en el marco de procedimientos de desalojo por la ocupación irregular de predios. 21.- En primer lugar, se ha señalado que en los procesos policivos que tienen como finalidad amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía, si bien son autoridades administrativas, ejercen funciones jurisdiccionales y, en consecuencia, sus decisiones son actos de este tipo[27]. Por lo tanto, no son objeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, según el cual esta jurisdicción no conocerá de las actuaciones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales[28]. 22.- En segundo lugar, esta Corporación ha advertido que las acciones civiles no son idóneas para confrontar las actuaciones adelantadas en los procesos policivos de amparo de los derechos reales desde la perspectiva de los ocupantes irregulares sujetos de especial protección constitucional.[29]Lo anterior, porque las acciones civiles están dirigidas a proteger derechos reales y en casos como el examinado en esta oportunidad los ocupantes no ostentan tales derechos sobre el predio y tampoco reclaman la protección de garantías derivadas de la ocupación. Por el contrario, reconocen el dominio ajeno y la procedencia del desalojo, razón por la que las pretensiones de la tutela están encaminadas a que se adopten medidas de reubicación y soluciones de vivienda de mediano y largo plazo por sus condiciones de vulnerabilidad y no porque aleguen derechos sobre el inmueble. En ese mismo sentido, los recursos contra la decisión de la autoridad de policía no son idóneos, por cuanto están instituidos para debatir el fundamento de la orden de desalojo y, por lo tanto, hacen referencia a los derechos que el eventual perturbador alegue sobre el bien, que serían los únicos motivos para frustrar el desalojo. Sin embargo, en el presente asunto no se cuestiona la decisión de desalojar sino la ausencia de medidas por parte de las autoridades competentes para brindar soluciones de vivienda inmediata -a través de la reubicación-, y de mediano y largo plazo en atención a las condiciones de vulnerabilidad alegada por los accionantes. 23.- En tercer lugar, en atención a la improcedencia de las acciones de control en la jurisdicción contencioso administrativa y descartada la idoneidad de las acciones civiles, por cuanto se restringen a debatir asuntos sobre los derechos reales, en múltiples oportunidades se ha reconocido la procedencia de la acción de tutela en el marco de los procesos en mención[30]. 24.- En cuarto lugar, con respecto a las solicitudes de amparo formuladas por víctimas de desplazamiento forzado en procesos de desalojo se ha indicado que la acción de tutela constituye el mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales de esta población, pues otros medios de defensa judicial pueden resultar insuficientes para brindar una protección eficaz ante las circunstancias de urgencia que enfrentan[31]. En ese sentido, resulta desproporcionado exigir a las personas desplazadas el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios, pues esta exigencia implicaría la imposición de cargas adicionales a las que han tenido que soportar como víctimas del conflicto armado interno y desconoce la necesidad de proteger sus derechos comprometidos por la condición de víctimas. 25.- En quinto lugar, cuando la acción de tutela se presenta por sujetos de especial protección constitucional el cumplimiento de los requisitos de procedencia se flexibiliza. Este menor rigor en las exigencias de procedibilidad se ha reconocido en relación con solicitudes de amparo formuladas para la protección de los derechos fundamentales de menores de edad[32], miembros de comunidades étnicas[33], personas de la tercera edad[34], entre otros. 26.- En sexto lugar, contrario a lo señalado por los jueces de instancia, la falta de prueba sobre la presentación a convocatorias de vivienda no afecta el carácter subsidiario de la tutela por cuanto dichos programas no son mecanismos judiciales para la protección de los derechos y, de acuerdo con el artículo 86 superior, la acción de tutela procede cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Adicionalmente, como se explicará más adelante, en este caso las autoridades no dieron cuenta de oferta institucional vigente en materia de vivienda para las personas de menores recursos económicos. En ese contexto, resulta desproporcionada la postulación a esos programas como requisito de procedencia de la tutela y por esta razón se hace un llamado a los jueces de instancia para que en la evaluación de los mecanismos al alcance de los accionantes se considere la naturaleza del recurso -judicial- y las posibilidades de ejercerlo. 27.- Las reglas descritas aplicadas al caso bajo examen dan cuenta del cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad por cuanto: (i) las actuaciones del procedimiento de desalojo no están sujetas a control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa; (ii) las acciones civiles procedentes están instituidas principalmente para debatir los derechos reales sobre el inmueble; (iii) la jurisprudencia constitucional ha reconocido la tutela como mecanismo principal para la discusión y protección de los derechos fundamentales de sujetos en situación de vulnerabilidad que enfrentan procesos de desalojo; (iv) entre los accionantes se encuentran víctimas de desplazamiento forzado, en relación con los cuales resulta desproporcionada la exigencia de agotar mecanismos ordinarios en el trámite de desalojo; (v) entre los actores también concurren otras circunstancias de especial protección constitucional que flexibilizan el examen de subsidiariedad; y (vi) las convocatorias para acceder a subsidios de vivienda no son mecanismos jurisdiccionales y, en este caso, las autoridades no dieron cuenta de programas vigentes para ofrecer soluciones de vivienda a la población más vulnerable. Luego, este requisito de procedencia formal de la acción de tutela se encuentra acreditado. El requisito de inmediatez 28.- Esta Corporación ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad[35]. Sin embargo, la solicitud de amparo debe formularse en un plazo razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador o la amenaza. Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo después de la actuación u omisión que se alega como violatoria de derechos se desvirtúa su carácter apremiante. Asimismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar o mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido cuestionados durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presume la legalidad de sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas. 29.- En atención a esas consideraciones la jurisprudencia constitucional ha determinado que, de acuerdo con los hechos del caso, corresponde a la autoridad judicial establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. En efecto, bajo ciertas circunstancias y situaciones de excepcionalidad, el juez puede concluir que la solicitud de amparo invocada después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental resulta procedente. La jurisprudencia ha identificado tres eventos en los que esto sucede, a saber: (i) cuando se advierten razones válidas para la inactividad, tales como la configuración de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor[36]; (ii) en los casos en los que la situación de debilidad manifiesta del peticionario torna desproporcionada la exigencia del plazo razonable[37] y, (iii) excepcionalmente cuando se presenta una situación de permanencia o prolongación en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante que hace imperiosa la intervención del juez constitucional[38]. En síntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad del mecanismo de amparo, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[39]; (ii) persigue el resguardo de la seguridad jurídica y los intereses de terceros; e (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. 30.- En el presente caso, el proceso policivo de desalojo se inició formalmente el 15 de mayo de 2018, el 8 de junio siguiente se adelantó la primera inspección ocular en el inmueble y el 12 de septiembre de 2018 se intentó la audiencia de desalojo. Por su parte, los actores presentaron la acción de tutela el 25 de septiembre de 2018, esto es, transcurridos 4 meses desde que se inició el proceso y menos de 15 días desde la primera actuación de desalojo. En consecuencia, se advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez, pues la acción de tutela se formuló en un tiempo razonable desde el momento en el que se emprendieron las actuaciones que los accionantes denuncian como transgresoras de sus derechos fundamentales, las cuales se han seguido desarrollando durante el presente trámite constitucional. 31.- Así las cosas, tras el análisis de los presupuestos de legitimación en la causa por activa y pasiva, subsidiariedad e inmediatez del asunto se tienen por acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela. En consecuencia, la Sala emprenderá el examen de fondo del asunto y la decisión de los problemas jurídicos que plantea el caso descritos en los fundamentos jurídicos 7 y 8 de esta sentencia. Para este propósito, se expondrá el sustento normativo y jurisprudencial relevante con respecto a los derechos de la población vulnerable y las víctimas de desplazamiento forzado en el marco de procesos de desalojo, con base en los cuales se definirá la unificación de la jurisprudencia en la materia y, finalmente, se resolverá el caso concreto. La jurisprudencia constitucional sobre los procesos de desalojo de ocupantes irregulares de predios, víctimas de desplazamiento forzado y sujetos de especial protección constitucional 32.- Esta Corporación ha decidido diferentes acciones de tutela en las que se reclama la protección de los derechos fundamentales de personas en contra de las que se profieren órdenes de desalojo de los inmuebles que habitan. Los casos examinados presentan particularidades en relación con el número de personas a desalojar, pues algunas veces se trata de una persona, un núcleo familiar o toda una comunidad; las razones del desalojo que pueden estar relacionadas con el riesgo de habitabilidad del predio, la ausencia de licencias urbanísticas para la edificación, la invasión ilegal de predios de particulares o del Estado, entre otras; y las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes, que varían por tratarse de víctimas de desplazamiento forzado, menores de edad, miembros de comunidades étnicas, personas de la tercera edad, etc. Estas particularidades tienen incidencia en el examen de la vulneración del derecho y, por lo tanto, en las medidas de protección. Sin embargo, un elemento común del examen es el reconocimiento de que el desalojo genera un impacto profundo en el derecho a la vivienda digna, principalmente de personas en situación de mayor vulnerabilidad por sus condiciones económicas y sociales, y tiene la potencialidad de generar una afectación en otros aspectos de la vida de las personas como los medios de subsistencia, la construcción de una comunidad y el acceso a servicios sociales, entre otros[40]. 33.- A partir de la premisa descrita y en atención a las particularidades del caso bajo examen la Sala describirá la línea jurisprudencial desarrollada por esta Corporación sobre el examen constitucional de órdenes de desalojo en el marco de invasiones ilegales adelantadas por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional. En el estudio de estos casos la Corte ha destacado que las autoridades tienen la obligación de adelantar procedimientos respetuosos del debido proceso y de los demás derechos fundamentales de los invasores, por cuanto estas actuaciones no sólo tienen la potencialidad de afectar garantías procesales sino también otros derechos como la vivienda y la vida en condiciones dignas. En efecto, a partir de esta premisa en la mayoría de los casos se ha examinado de forma conjunta la vulneración de los derechos al debido proceso, a la vivienda y a la dignidad humana, y se han emitido medidas de protección que involucran todas estas garantías en conjunto. No obstante, para mayor claridad la Sala en esta oportunidad reiterará, de forma independiente, las reglas jurisprudenciales sobre las garantías procesales en trámites de desalojo de víctimas de desplazamiento forzado y sujetos en situación de vulnerabilidad, y luego hará referencia con mayor profundidad al desarrollo jurisprudencial en relación con el derecho a la vivienda digna. Las garantías procesales en el marco de procedimientos de desalojo 34.- El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso como una garantía que proscribe la arbitrariedad en los procedimientos y que debe ser observada no sólo en actuaciones judiciales sino también en las administrativas. Se trata de un derecho de aplicación inmediata conforme lo establece el artículo 85 superior, el cual está íntimamente relacionado con el acceso a la administración de justicia, como presupuesto para su materialización, y con las características que deben ser observadas en el ejercicio de esta función pública, que corresponden a la imparcialidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, celeridad, observancia de los términos procesales, la autonomía, entre otras. Las garantías mínimas objeto de protección de acuerdo con el artículo 29 superior corresponden al: (i) acceso a la administración de justicia ante el juez natural de la causa; (ii) derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho, o la imposición de una obligación o sanción; (iii) derecho de defensa a través de la contradicción o el debate de las pretensiones o excepciones propuestas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra y, (vii) el derecho a controvertir e impugnar las decisiones, entre otras[41]. Ahora bien, las garantías del debido proceso se materializan, en general, a través del diseño legislativo de los procedimientos judiciales y administrativos, y en concreto mediante el respeto de las formas de cada juicio y la observancia de los derechos asociados en cada proceso. En consecuencia, la violación del debido proceso con respecto a los sujetos individualmente considerados se presenta, principalmente, en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas en las que participan y su transgresión da lugar a la activación de los recursos judiciales ordinarios diseñados para superar esas afectaciones y, de forma subsidiaria, a la presentación de la acción de tutela como mecanismo de protección y restablecimiento de los derechos fundamentales. 35.- En relación con las actuaciones de desalojo la jurisprudencia constitucional ha resaltado su legitimidad y legalidad por cuanto se adelantan por las autoridades investidas de la competencia para el efecto y en el marco de las acciones diseñadas por el ordenamiento para la protección de importantes bienes jurídicos como la propiedad, la legalidad y la seguridad jurídica. Asimismo, ha destacado que estos procedimientos exigen una actuación cualificada de las autoridades dirigida a proteger los derechos de los ocupantes en aras de no quedar expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad. La actuación cualificada en mención obedece a: (i) la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse los ocupantes y la protección especial de la que son sujetos, (ii) la Observación General 7 del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[42], en la que se precisa que a pesar de la legalidad de los desalojos las actuaciones deben ser razonables y proporcionadas, garantizar todos los recursos jurídicos apropiados a los afectados y adelantarse con plena observancia de las normas internacionales de derechos humanos[43] y (iii) los principios PINHEIRO en lo referente a la población desplazada. En efecto, con base en estos elementos se ha precisado que las actuaciones deben asegurar un “estricto debido proceso” que incluye las siguientes garantías mínimas:[44] (i) La debida notificación e información con antelación suficiente a la fecha prevista para el desalojo[45]. (ii) La presencia de las autoridades administrativas o judiciales en el trámite de desalojo. (iii) La obtención de la identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo. (iv) La prohibición de efectuar desalojos cuando haga mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento. (v) El otorgamiento de recursos jurídicos adecuados[46]. (vi) El derecho a la asistencia jurídica que permita obtener, llegado el caso, reparación. 36.- El cumplimiento de las garantías procesales en mención también debe estar guiado por los principios de razonabilidad, celeridad y la protección de los derechos fundamentales. Lo anterior, por cuanto fenómenos como la ocupación pueden variar de manera drástica en periodos muy cortos, de manera que las autoridades deben estar prestas a atender estas variaciones bajo criterios de maximización por el respeto de las garantías de los ocupantes sin desconocer los derechos, que también tienen protección constitucional y legal, de los propietarios y personas con interés legítimo en la recuperación de los inmuebles. 37.- Así las cosas, el examen que adelanta el juez de tutela sobre las actuaciones dirigidas a lograr el desalojo de inmuebles ocupados de manera irregular por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos en condiciones de vulnerabilidad debe valorar, de un lado, que las autoridades tienen la obligación constitucional de adelantar los procesos de recuperación de los bienes en el marco de sus competencias y el amparo de intereses legítimos y, de otro, que las condiciones de vulnerabilidad de los ocupantes irregulares generan garantías adicionales que constituyen un debido proceso estricto. Jurisprudencia constitucional respecto de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y de otros sujetos de especial protección constitucional en el marco de procesos de desalojo 38.- El desplazamiento forzado obliga a las personas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario”[47]. Esta circunstancia conlleva a que en muchas ocasiones las víctimas de desplazamiento ocupen de manera irregular predios para la satisfacción precaria de la imperiosa necesidad de vivienda. En efecto, la ocupación irregular de predios corresponde a una realidad que ha sido constatada tanto en el seguimiento a las medidas dirigidas a superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado como en el estudio de casos por parte de las salas de revisión de esta Corporación. En atención a la extensión del fenómeno del desplazamiento en nuestro país la Corte Constitucional ha revisado múltiples casos en los que se invoca la protección de los derechos fundamentales de víctimas que ocuparon de manera irregular predios y enfrentan los procesos de desalojo promovidos por los propietarios. En estas decisiones este Tribunal ha reconocido la tensión que se presenta entre, de un lado, la protección de los derechos de víctimas de desplazamiento forzado que requieren medidas urgentes para la satisfacción del derecho a la vivienda y, de otro, los derechos relacionados con la propiedad, la legalidad y el interés general que subyace a la protección de los bienes del Estado o de particulares. En el desarrollo jurisprudencial sobre la materia se han consolidado reglas sobre algunos aspectos de la protección del derecho a la vivienda digna en estos casos y se han presentado variaciones sobre otros, las cuales no permiten determinar con claridad el alcance de las medidas de protección y de las obligaciones de las entidades que intervienen en este tipo de diligencias. Por lo tanto, la Sala hará una descripción, que no pretende ser exhaustiva, de las sentencias que han examinado la situación descrita para extraer las reglas de decisión y las medidas de amparo en aras de establecer los criterios reiterados y vigentes, la evolución de las situaciones de ocupación, y la existencia de criterios disímiles que requieran unificación. 39.- La primera oportunidad en la que la Corte estudió el problema constitucional descrito fue la Sentencia SU-1150 de 2000[48] , que se ocupó de varios procesos de tutela de víctimas de desplazamiento forzado, entre los que se encontraba el promovido por un grupo de personas desplazadas ubicadas irregularmente en una zona de alto peligro de deslizamiento de la ciudad de Medellín, y a quienes se les ordenó desalojar el terreno. En atención al peligro para la salud y vida que representaba la ocupación de un predio con esas características la Sala Plena denegó la solicitud de suspensión de la medida de desalojo. Sin embargo, destacó la obligación del Estado de brindar atención a las personas desplazadas por la violencia y el deber de prestar albergue provisional. Asimismo, ordenó la inclusión de las familias en los programas para la asistencia a los desplazados por la violencia. La Sentencia T-1346 de 2001[49] analizó el caso de una familia desplazada que, junto con 3500 familias más, invadieron un predio del municipio de Villavicencio y contra las que se emitió una orden de desalojo. En el trámite de tutela la entidad territorial alegó que le ofreció a la familia soluciones de vivienda a largo plazo. En este caso, la Sala indicó que: (i) el juez constitucional no puede tomar medidas en relación con el proceso policivo que concluyó con la orden de desalojo porque se trata de decisión legítima adoptada por autoridad competente y la ocupante no acreditó tener algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio; y (ii) no basta con una posible solución de vivienda a largo plazo, pues esta medida no soluciona de manera efectiva e inmediata la situación de desprotección que se generaría como consecuencia del desalojo, razón por la que  también se requiere una solución de estancia en un albergue provisional. En consecuencia, le ordenó a la entidad territorial adelantar un programa de reubicación y estabilización económica para los desplazados ocupantes del predio y  que se ofreciera una solución real y efectiva de cara a la medida de desalojo. La Sentencia T-078 de 2004[50] estudió del caso de un grupo de familias víctimas de desplazamiento forzado que se asentaron en las márgenes de quebradas del municipio de Florencia, lugares considerados de alto riesgo por inundación y desbordamiento. En atención a estas circunstancias, la Alcaldía inició las actuaciones tendientes al desalojo de los ocupantes. En esta oportunidad se indicó que: (i) el juez constitucional no puede pronunciarse sobre la orden desalojo, ya que fue proferida por una autoridad en ejercicio de sus competencias legales y los ocupantes no demostraron derechos sobre el bien; (ii) no procede la suspensión del desalojo, pues no es constitucionalmente legítimo mantener un asentamiento en condiciones de riesgo para sus habitantes. Asimismo, (iii) se precisó que aunque la institución gubernamental encargada de brindar la atención para la población desplazada acredite la entrega de la ayuda de emergencia por el término establecido en la ley no cesa su posición de garante de los derechos de la población desplazada y el deber de brindarles atención y protección. En consecuencia, ordenó que se brindara albergue temporal a los ocupantes y se adelantaran las gestiones para incluirlos en los programas para la asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado. La Sentencia T-770 de 2004[51] decidió un caso en el que un grupo de familias víctimas de desplazamiento forzado invadieron un lote de terreno en la vía paralela al río Medellín -municipio de Bello- y levantaron en el lugar viviendas precarias. Tras comprobar que el bien ocupado tenía naturaleza fiscal, la Alcaldía ordenó su restitución. En esa oportunidad, se resaltó que los accionantes argumentaban que fueron desplazados de sus lugares de origen como consecuencia del conflicto armado y que esta circunstancia los llevó a ocupar el predio en mención. En consecuencia, para la Sala los hechos no daban cuenta de una invasión de un predio público sino “fundamentalmente de satisfacer la necesidad de alojamiento de personas desplazadas”. Asimismo, confirmó las medidas de protección emitidas por el juez de segunda instancia, en tanto protegió los derechos sobre el bien que se reclamaron en la restitución, pero, a su vez, dispuso medidas de protección de los ocupantes. En particular, estableció la obligación de proveer un albergue provisional a las personas desalojadas víctimas de desplazamiento, y la inscripción en los programas adelantados como consecuencia de la Sentencia T-025 de 2004. Finalmente, indicó que si bien podrían existir otras circunstancias de vulnerabilidad que generó el asentamiento la protección sólo cobijaba a las personas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado[52]. La Sentencia T-967 de 2009[53] decidió la acción de tutela formulada por una mujer desplazada, quién junto con su hija ocupó ilegalmente un inmueble de propiedad del municipio de Fusagasugá. La entidad territorial emprendió un proceso policivo de lanzamiento y la ocupante formuló acción de tutela para lograr la suspensión de la actuación de desalojo hasta que se le brindaran las atenciones necesarias como víctima de desplazamiento forzado. En el examen de las pretensiones, la Sala de Revisión precisó que: (i) el derecho a la vivienda digna de la población desplazada debe ser entendido como fundamental y autónomo dada la especial fragilidad y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas; (ii) no procede la suspensión del lanzamiento en el proceso policivo en curso, pues de esta forma se tendería un manto de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal. En ese sentido, aclaró que a pesar de las condiciones apremiantes de la accionante como víctima de desplazamiento forzado su conducta es contraria a derecho y, por lo tanto, no puede generar derechos, ni expectativas legítimas y; (iii) en consecuencia debe examinarse cómo procede la protección del derecho a la vivienda de la accionante como víctima de desplazamiento forzado y no como ocupante irregular de un predio próxima ser desahuciada. La Sala concluyó que este amparo procede a través de un albergue provisional hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible el traslado de la accionante hacia otro lugar que cuente con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones dignas, y la participación en el proceso de adjudicación de bienes, sin que eso implique desplazar a las personas que están en lista de espera. Finalmente, (iv) en concordancia con los lineamientos de género del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 ordenó la inclusión de la accionante el programa de apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar, de facilitación del acceso a oportunidades laborales y productivas, y de prevención de la explotación doméstica y laboral de la mujer desplazada. La Sentencia T-068 de 2010[54] examinó el caso de la ocupación irregular de dos viviendas de interés social de propiedad del municipio de Fusagasugá por parte de una familia desplazada, indígena e integrada por menores de edad y personas de la tercera edad, quienes enfrentaban el procedimiento de desalojo. En esta oportunidad, la Sala indicó que (i) de conformidad con la Observación General No. 7 del CDESC los desalojos forzosos de población desplazada resultan prima facie contrarios a los principios del PIDESC; (ii) las condiciones de vulnerabilidad extrema de los ocupantes y la incuria estatal en la protección de sus derechos los indujo a la ocupación irregular de los inmuebles del municipio; y (iii) el lanzamiento agrava la situación de vulnerabilidad de los ocupantes. Con base en estos argumentos determinó la suspensión definitiva de la diligencia de lanzamiento, estableció que el inmueble ocupado debía servir como albergue provisional para la familia y, finalmente, le ordenó a las autoridades adoptar todas las medidas a su alcance para solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación del inmueble. La Sentencia T-282 de 2011[55] examinó la acción de tutela formulada por 120 familias indígenas desplazadas por la violencia desde el departamento del Cauca, quienes se asentaron en un bien baldío en la ciudad de Cali al que accedieron nueve meses antes de la interposición de la acción de tutela, en aras de solucionar sus necesidades en materia de alojamiento. En atención a la situación de ocupación la autoridad de policía municipal emprendió proceso de restitución del bien. En el examen del caso descrito la Sala estableció las siguientes reglas: (i) cuando las comunidades indígenas pierden la posesión ancestral de la tierras en las que habitan por motivos ajenos a su voluntad el Estado mantiene la obligación de propender por la recuperación de su territorio, velar porque se haga efectivo el derecho al retorno; y, en caso de que este no sea posible, adoptar las medidas para que la comunidad obtenga tierras aptas para mantener sus tradiciones y desarrollar su proyecto de vida; (ii) el Estado tiene la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva; y (iii) el Estado tiene el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada y asumir las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades con respecto a las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, precisó que para ese momento no existía una jurisprudencia pacífica en relación con la procedencia de medidas de suspensión de la orden de desalojo, y destacó la tensión que presentan entre la protección del patrimonio público y el bienestar mínimo de la población desplazada, de manera que “asumir el carácter absoluto del principio de legalidad en materia de desalojos puede llevar a desconocer el principio de supremacía constitucional y las circunstancias especiales en que un desalojo forzoso, a pesar de estar previsto por la ley y de ser desarrollado con apego a esta, puede afectar desproporcionadamente los derechos humanos fundamentales de los afectados”. En consecuencia, propuso un test de proporcionalidad y razonabilidad para evaluar los intereses en mención. En el marco de esta ponderación deben considerarse: (i) los estándares de protección constitucional e internacional de la población desplazada; (ii) la naturaleza del bien ocupado; (iii) el uso que tenga al momento de la ocupación; (iv) la función social y ecológica de la propiedad; (v) las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo ocupante, (vi) el número de potenciales afectados por el desalojo, (vii) la presencia de “otras vulnerabilidades” como la edad, la situación de discapacidad; y (viii) las posibles consecuencias del desalojo. En el caso concreto, la Sala estableció que si bien el desalojo persigue el fin legítimo de proteger el patrimonio público la suspensión del mismo pretende garantizar la especial protección de la población desplazada y tiene fundamento en estándares del derecho internacional que se han ocupado de resaltar la especial afectación que supone un desalojo para personas víctimas del citado fenómeno y otros grupos vulnerables y, por lo tanto, concluyó que resultaba desproporcionado mantener la medida de desalojo. En consecuencia, ordenó el inicio de un proceso de concertación con las familias para (i) conceder un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana en el que la comunidad, considerada en su conjunto, pueda concretar o ejercer su derecho a preservar su cultura y modo de vida buena ancestralmente determinados; (ii) determinar si los peticionarios formaban una comunidad indígena determinada, con anterioridad a la ocupación del predio, y ocupaban tierras susceptibles de identificación; y (iii) consultar con la comunidad la posibilidad de hacer efectivo su derecho al retorno. En el caso de que no constituyeran una comunidad se ordenó iniciar los trámites para que los ocupantes accedieran a la adjudicación de tierras o a otros programas de reforma agraria o de restitución de tierras. La Sentencia T-946 de 2011[56], analizó el caso de 800 familias desplazadas por la violencia que se asentaron en un predio privado ubicado en el municipio de Valledupar, en el cual construyeron refugios para suplir sus necesidades de vivienda. El propietario del inmueble inició un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho en el que se ordenó el lanzamiento de los ocupantes. La Sala de Revisión indicó que: (i) a pesar de la especial protección que merecen las víctimas de desplazamiento forzado no es posible suspender indefinidamente un proceso policivo por ocupación de hecho en donde el propietario de un bien privado reclama los derechos legítimos que tiene sobre el inmueble, máxime cuando obró de manera diligente; (ii) no puede permitirse que las personas asentadas en el predio continúen ocupándolo porque carece de condiciones de habitabilidad; (iii) en atención al carácter fundamental del derecho a la vivienda de la población desplazada y sus especiales condiciones de vulnerabilidad los desalojos no pueden dar lugar a que estas personas se queden sin vivienda; (iv) el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que se reubique a las víctimas de desplazamiento forzado o se les proporcione otra vivienda mediante la garantía de un albergue provisional hasta que sean incluidos en programas de vivienda para la población desplazada o se desarrollen estos planes si no existen; (vi) las especiales medidas de protección de albergue temporal e inclusión en programas de vivienda se adoptan únicamente en relación con las víctimas de desplazamiento forzado por el hecho de la violenta expulsión de su territorio como resultado del incumplimiento sistemático del Estado de sus obligaciones de seguridad y protección; (vii) en relación con otros ocupantes sujetos de especial protección constitucional que no son desplazados procede como medida de protección la información y el acompañamiento sobre los programas de vivienda. La Sentencia T-119 de 2012[57] estudió la acción de tutela promovida en representación de un grupo de ocupantes de un predio del municipio de Riohacha, quienes solicitaron la suspensión de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho emprendida en su contra. En este caso, la Sala reiteró las reglas de la Sentencia T-282 de 2011 e indicó que si bien la ocupación por vías de hecho de un bien público carece de protección legal y puede dar lugar a un desalojo constitucionalmente legítimo, también es posible que las disposiciones legales se inapliquen cuando se afecte de manera desproporcionada a grupos vulnerables. Igualmente, advirtió la necesidad de un test de proporcionalidad en el que los derechos de la población desplazada cuenten con peso superior frente a la protección de la propiedad. En consecuencia, ordenó la suspensión de la medida de desalojo, que se otorgara un albergue en condiciones dignas a los desplazados ubicados del predio y la activación del sistema de protección de la población desplazada asumiendo las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades públicas. La Sentencia T-349 de 2012[58] examinó la acción de tutela formulada por un grupo de ocupantes irregulares de un predio del municipio de Yopal, incluidas víctimas de desplazamiento forzado. En el inmueble se pretendía desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y los ocupantes enfrentaban un proceso policivo de desalojo. La Sala precisó que cuando las autoridades pretendan recuperar bienes fiscales o de uso público habitados por grupos humanos tienen dos deberes constitucionales: de un lado, recuperar la tenencia del bien y, de otro lado, asegurar el derecho a la vivienda digna de la población vulnerable asentada en el predio. En relación con las medidas de protección de los ocupantes destacó la observancia de las garantías mínimas procesales desarrolladas en la materia; indicó que cuando la comunidad afectada no cuente con recursos propios para proveerse una solución de vivienda digna las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias de acuerdo con sus recursos para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas; y que las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger especialmente a la población más vulnerable. En atención a las obligaciones descritas se ordenó la instalación de una mesa de concertación con los representantes de la población asentada en el lote para buscar una solución temporal de vivienda adecuada que cobije tanto a la población en situación de desplazamiento como a otras poblaciones vulnerables. Asimismo, se ordenó la suspensión del desalojo hasta que se garantice a la población afectada una solución de vivienda temporal adecuada. Finalmente, se ordenó el acompañamiento a las familias objeto del desalojo que deseen postularse a los programas de subsidios de vivienda[59]. La Sentencia T-740 de 2012[60] examinó las acciones de tutela formuladas por personas en condiciones de pobreza extrema, víctimas de desastres naturales y de desplazamiento forzado que se inscribieron y fueron seleccionadas para acceder a uno de los proyectos de vivienda de interés social en el municipio de Ibagué, pero que tras cuatro años de espera no se les pudo hacer la entrega material de las viviendas porque estas fueron objeto de ocupación ilegal por parte de terceros. En consecuencia, las autoridades municipales emprendieron acciones de desalojo para recuperar la tenencia de las viviendas y entregarlas a los adjudicatarios. En el estudio del caso, la Sala advirtió que tanto los adjudicatarios de las viviendas de interés social como los invasores constituían población vulnerable, se encontraban en estado de debilidad manifiesta y eran sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, concluyó que todos requerían la protección del derecho a la vivienda digna sin que ello implicara la aprobación o refrendación de la utilización de vías de hecho o actuaciones ilegales y, por ende, debían emitirse medidas de amparo que respondieran a esa necesidad bajo un rasero de razonabilidad y proporcionalidad. En concreto, indicó que las órdenes de desalojo dadas a los ocupantes de un predio que sean población vulnerable no son procedentes, ya que dichas ocupaciones de hecho se deben a causas sociales y económicas de carácter estructural, las medidas de fuerza no deben proceder en contra de este tipo de población, y las autoridades tienen la obligación jurídica de garantizar a estos ciudadanos sus derechos fundamentales a través de la reubicación transitoria y soluciones duraderas de vivienda digna. Con base en las consideraciones expuestas concluyó que debía realizarse un censo de los ocupantes irregulares, determinar su condición de vulnerabilidad y lograr el desalojo de los bienes. Asimismo, indicó en relación con los ocupantes en situación de vulnerabilidad que las autoridades tenían la obligación de reubicarlos de manera transitoria y en el plazo máximo de seis meses incluirlos en proyectos de vivienda. Finalmente, en concordancia con las medidas anteriores dispuso la entrega de los inmuebles a los adjudicatarios. La Sentencia T-907 de 2013[61]  estudió la situación de un grupo de víctimas de desplazamiento forzado que se asentaron en un predio privado ubicado en el municipio de Puerto Gaitán. El propietario del inmueble promovió un proceso de lanzamiento en contra de los accionantes, el cual se adelantó por las autoridades municipales, quienes realizaron previamente esfuerzos para garantizar transporte y albergues provisionales a las personas afectadas. No obstante, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría solicitaron la suspensión de la diligencia porque no se tomaron medidas suficientes para garantizar el derecho a la vivienda de los ocupantes. La Sala adujo que no se puede materializar una orden de desalojo en perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas desplazadas por la violencia, lo que supone disponer a su favor alternativas habitacionales en el corto plazo, y luego facilitar la inclusión en programas habitacionales definitivos para el largo plazo. En ese sentido, indicó que debe darse prevalencia a los derechos a acceder a una vivienda digna sobre los derechos igualmente legítimos que le asistían al propietario del predio. En consecuencia, suspendió la audiencia de desalojo hasta que se les garantizara a los ocupantes del predio en situación de desplazamiento un albergue provisional, el cual se extenderá hasta que puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar que cuente con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones dignas. En relación con los ocupantes en situación de vulnerabilidad por circunstancias diferentes al desplazamiento forzado le ordenó a la entidad territorial que les informara por escrito, de manera clara y detallada las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda de interés social[62]. La Sentencia T-417 de 2015[63] reiteró la obligación de las autoridades estatales de recuperar los bienes de uso público y el deber de asegurar el contenido del derecho fundamental a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, ordenó que se realizara un censo de los ocupantes, se consultara previamente a la comunidad afectada, se garantizara un albergue temporal y el acceso efectivo a los programas de vivienda que se encontraran en desarrollo, a través de la información y la asistencia jurídica necesaria. La Sentencia T-188 de 2016[64] decidió una tutela presentada por 212 familias víctimas de desplazamiento forzado y en circunstancias de pobreza extrema, quienes ocuparon de manera irregular predios en las márgenes del Rio Guatiquía. En atención al procedimiento de restitución emprendido por la entidad territorial los ocupantes presentaron acción de tutela con el fin de que se suspendiera el desalojo de los asentamientos hasta que se les garantizaran sus derechos fundamentales. En el examen de la acción de la referencia, la Sala reiteró que: (i) el derecho a la vivienda de la población en situación de desplazamiento forzado en el marco de los desalojos ha sido protegido por la jurisprudencia constitucional a través de dos medidas principales: (a) la medida provisional y urgente de albergue; y (b) la solución definitiva de vivienda, previa la realización de un censo integral de los afectados; (ii) los procedimientos de desalojo de ocupaciones e invasiones de hecho por parte de población desplazada se pueden suspender hasta que exista un plan de reubicación en el corto plazo y se garantice acceso a una vivienda digna en el mediano y largo plazo; (iii) no hay lugar a la suspensión descrita cuando el asentamiento se ubique en lugares que generen riesgo para la vida e integridad de los ocupantes; (iv) una respuesta judicial que privilegia el deber de acudir a los programas de vivienda y cuestiona la ocupación desconoce el contexto que lleva a estas personas por miedo, inseguridad, pobreza, despojo y desarraigo a asentarse en cualquier lugar; y (v) por lo tanto aunque las víctimas de desplazamiento forzado tienen la carga de postularse a los programas de vivienda deben contar con acompañamiento y asesoría en los procedimientos de asignación de subsidios o auxilios estatales. En consecuencia, se concedió el amparo del derecho a la vivienda digna de las 212 familias ocupantes, se ordenó la suspensión del desalojo mientras la entidad territorial y la UARIV realizan el censo para identificar las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y pobreza extrema, y otorgan un albergue provisional a las familias en condición de desplazamiento. Asimismo, dispuso la ejecución de programas de estabilización socioeconómica y de ayuda humanitaria, los cuales debían extenderse hasta que las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales desaparezcan. Finalmente, se ordenó al municipio de Villavicencio y al departamento del Meta que, en caso de que no exista un plan de vivienda para la población desplazada, en el término de seis meses le asegurara el acceso a una vivienda digna a los accionantes que se encuentren en condición de desplazamiento. Igualmente, aclaró que la financiación del programa debía asignarse en el presupuesto aprobado para la siguiente vigencia fiscal. La Sentencia T-267 de 2016[65] estudió el caso de 30 familias que ocuparon predios ubicados en la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá y adujeron que la Alcaldía emprendió acciones para desalojarlas sin ofrecerles soluciones de vivienda. En el caso concreto se advirtió la carencia actual de objeto porque a los ocupantes sí se les ofrecieron albergues temporales y subsidios de arriendo que rechazaron, pues exigían la entrega de una vivienda gratuita. En consecuencia, la Sala advirtió que la obligación de cara al desalojo corresponde a un albergue temporal por un tiempo que estimó prudencial -siete meses- y el examen de alternativas para el acceso a una solución de vivienda definitiva según las circunstancias de cada núcleo familiar y de acuerdo con la posibilidad que tienen de procurarse una opción efectiva y permanente de vivienda, por ejemplo a través de la evaluación de la disponibilidad de ingresos que les permita pagar un arriendo. Asimismo, señaló que el derecho a la vivienda no se quebranta cuando no existe una solicitud previa de subsidio y, según la base de datos de FONVIVIENDA los accionantes no participaron en las convocatorias realizadas para el efecto. Por ello, concluyó que no se presentó una acción u omisión institucional que vulnerara los derechos fundamentales de los actores. En ese sentido, destacó que acceder a la pretensión de que se otorgue una solución definitiva de vivienda sin acudir a los mecanismos dispuestos para el efecto va en contravía de los derechos al debido proceso y a la igualdad de otros postulantes dentro de esos programas, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, reclaman asistencia con urgencia y siguieron los canales institucionales para acceder a los subsidios. La Sentencia T-636 de 2017[66] examinó el caso de aproximadamente 34 familias integradas por sujetos de especial protección constitucional, quienes se asentaron en un bien de uso público en el municipio de Yopal. La administración municipal realizó 28 intentos de desalojo en compañía de la Policía Nacional. En esta oportunidad se indicó que en los procedimientos de desalojo de invasiones de hecho de población desplazada por la ocupación irregular de bienes públicos o privados las autoridades deben dar prelación y amparo a dichas familias. Por lo tanto, estas actuaciones administrativas deben suspenderse hasta que exista un plan de reubicación a corto plazo y se garantice el acceso a la vivienda digna a mediano y largo plazo. Asimismo, aclaró que si bien las comunidades desplazadas tienen la obligación de presentarse a las convocatorias esta carga tiene que estar precedida de un acompañamiento y asesoría en los procedimientos de asignación de subsidios o auxilios estatales. En consecuencia, la Sala le ordenó a la entidad territorial que: (i) otorgara un albergue transitorio a las personas desplazadas  y en pobreza extrema hasta que las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales sean superadas, (ii) los inscribiera de forma prioritaria en programas sociales a cargo de las entidades territoriales y nacionales; y (iii) les informara por escrito de manera clara y detallada las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda de interés social. La Sentencia T-247 de 2018[67] examinó la acción de tutela formulada por 19 familias que presentaron acción de tutela contra la Alcaldía de Villavicencio ante la amenaza de desalojo del bien de uso público que ocuparon irregularmente. Los accionantes indicaron que, por sus condiciones sociales y económicas, especialmente por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas invadieron el área de cesión y ronda hídrica de los Caños Rodas y Maizaro, en la que realizaron construcciones precarias para satisfacer su necesidad de vivienda. Para el examen de la solicitud de amparo, la Sala indicó que la población desplazada es titular de garantías para no ser desalojados en procedimientos policivos sin que previamente se adopten medidas que eviten dejarlos expuestos a nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales. En concreto, señaló que existe una presunción de especial vulnerabilidad de la población desplazada porque han sido desarraigados de manera violenta de su lugar de residencia, la cual puede desvirtuarse evaluando caso a caso si cuentan con una respuesta humanitaria que les permita enfrentar sus carencias de alojamiento. La respuesta positiva desvirtúa el estado de necesidad mencionado. Asimismo, precisó que cuando la ocupación se adelanta sobre bienes públicos: (i) el Estado detenta el derecho a la conservación de estos bienes y por lo tanto existen herramientas encaminadas a velar por su protección en aras de garantizar la función social de la propiedad de los bienes fiscales, contribuir a la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda digna y a una mejor planificación del desarrollo urbano; (ii) las autoridades públicas tienen el deber de ejercer las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para obtener la restitución de los bienes de uso público al Estado; y (iii) el ejercicio de esa facultad debe garantizar el principio de igualdad y el derecho a una vivienda digna de los ocupantes irregulares sin que esto signifique un estímulo a la ocupación ilegal o irregular. Con base en las premisas descritas, la Sala concluyó que procedía el amparo al derecho a la vivienda digna de la población asentada en un bien objeto de desalojo por restitución de bien de uso público cuando los hogares cumplan las siguientes condiciones, después de la respectiva caracterización y medición de carencias: (i) Está acreditada la condición de víctima de desplazamiento forzado. (ii) La medición de carencias en alojamiento reporta una escala “extrema”, “grave” o “leve”. (iii) La persona no ha recibido giros de ayuda humanitaria para cubrir el componente de alojamiento temporal o el giro se encuentre pendiente de colocar. En el examen del caso concreto se indicó que el desalojo ordenado por las entidades accionadas tiene fundamento legal, es constitucional, viable y factible, por tratarse de un bien de uso público. Sin embargo, se debe considerar la especial protección de las personas en situación de desplazamiento porque han sido desarraigadas de manera violenta de su lugar de residencia, lo cual genera la presunción de un estado de necesidad por no contar con un alojamiento en condiciones de dignidad. En consecuencia, evaluó con respecto a cada una de las 19 familias si contaron con una respuesta humanitaria que les permitiera enfrentar sus carencias en alojamiento para descartar la necesidad de protección –en la modalidad alojamiento provisional y urgente- con respecto al desalojo. En ese análisis a partir de: (i) la inscripción en el RUV -elemento con el que determinó la protección especial derivada de la condición de desplazamiento forzado-; (ii) la medición de carencias en materia de vivienda -elemento con el que determinó la necesidad actual frente al derecho a la vivienda-; y (iii) las personas que reciben pagos de ayudas humanitarias -elemento con el que evaluó la respuesta institucional para el componente vivienda- concluyó que sólo una de las familias requerían la medida provisional y urgente de albergue y 14 familias la protección en la modalidad de solución definitiva de vivienda, entendida como medida de reparación en el marco de un proceso de retorno o reubicación conducente a su estabilización social y económica. La medida de solución definitiva consistió en ordenar que en un plazo de doce meses se adelantaran las acciones necesarias para que se les garantice a los hogares que no cuenten con condiciones de alojamiento digno el acceso efectivo a los planes y programas de retorno y reubicación, así como de estabilización a los que tienen derecho. Esto incluye el acceso prioritario a programas dirigidos a la garantía de una vivienda digna bajo los criterios de priorización, gradualidad y progresividad. Asimismo, precisó que si bien la comunidad desplazada debe presentarse a las convocatorias que las autoridades ofrezcan esta carga tiene que estar precedida de un acompañamiento y asesoría. En el caso concreto (i) ni la entidad territorial ni las entidades vinculadas diseñaron o ejecutaron planes o programas para solucionar en forma definitiva el problema de vivienda de los accionantes; (ii) la ausencia de una solución estructural y definitiva al problema de vivienda de la población desplazada después de dos años de inicio del asentamiento configura una omisión del deber estatal; y (iii) las autoridades accionadas no brindaron información clara y concreta sobre los trámites que deben surtir para postularse a la adjudicación de subsidios de vivienda. Finalmente, indicó que otras circunstancias de vulnerabilidad no generaban la suspensión de la orden de desalojo como sí ocurre con la situación de desplazamiento. Sin embargo, las entidades accionadas deben brindarles a los sujetos de especial protección constitucional por circunstancias diferentes al desplazamiento el acompañamiento necesario para postularse a los subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Conclusiones 40.- De la línea jurisprudencial descrita se advierte que esta Corporación ha considerado de manera invariable que: (i) el desplazamiento forzado comporta la violación del derecho a la vivienda digna, ya que las víctimas se ven forzadas a abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan; (ii) en atención a la particular afectación del derecho a la vivienda que genera el desplazamiento forzado las víctimas de este flagelo merecen una protección estatal especial del derecho en mención que se materializa a través de medidas provisionales y urgentes de albergue, así como soluciones definitivas de vivienda; (iii) los procedimientos para desalojo de predios ocupados de manera irregular son válidos en tanto protegen derechos con relevancia constitucional. No obstante, se han establecido reglas para hacer compatibles esos derechos con los de la población desplazada; (iv) no procede la suspensión del desalojo cuando la ocupación se adelantó sobre predios que generan riesgos para los habitantes, pues no es constitucionalmente legítimo mantener un asentamiento en condiciones que puedan afectar la vida e integridad de los ocupantes[68]; y (v) la suspensión del desalojo es temporal. Sin embargo, las condiciones a las que se somete el desalojo han variado en la jurisprudencia, como pasa a verse. El alcance de las medidas de protección 41.- Aunque se reconoce la autonomía del juez de tutela para la definición de las medidas de protección y el restablecimiento de los derechos fundamentales, la Sala considera necesario dar cuenta de las diferencias que se han presentado en la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la protección del derecho a la vivienda digna de víctimas de desplazamiento forzado en el marco de procesos de desalojo, pues se trata de una problemática grave, reiterada, actual, que involucra importantes esfuerzos de las autoridades y que, en algunos casos, puede afectar el acceso y la garantía de derechos de otros sujetos de especial protección constitucional. En consecuencia, la identificación de estas diferencias le permitirá a la Sala unificar su jurisprudencia sobre las medidas de protección que deben adoptarse en estos casos y de esta forma aclarar el alcance de las obligaciones de las autoridades con respecto a las medidas de desalojo por ocupaciones irregulares de inmuebles. 42.- En primer lugar, en cuanto a la pretensión reiterada de que se suspendan las órdenes de desalojo la respuesta de la jurisprudencia constitucional ha variado así: Un primer grupo de sentencias ha destacado que las órdenes de desalojo no pueden ser suspendidas de manera indefinida, debido a que: (i) se emiten por autoridades investidas de competencias para el efecto, (ii) buscan resguardar intereses constitucionales, (iii) se dirigen contra ocupantes que no acreditan derechos reales sobre los bienes, y (iv) no se puede tender un manto de legalidad sobre actuaciones ilegales[69]. Un segundo grupo de sentencias ha considerado que procede la suspensión definitiva de la orden de desalojo y que el predio ocupado debe servir de albergue temporal mientras se adoptan medidas definitivas de solución de vivienda. Como fundamento de esta medida se ha indicado que el desalojo profundiza la situación de violación de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y que la incuria estatal llevó a las personas a ocupar irregularmente predios para satisfacer de manera precaria su imperiosa necesidad de vivienda[70]. Un tercer grupo de sentencias consideran que la suspensión del desalojo debe evaluarse caso a caso mediante un examen de proporcionalidad y razonabilidad. En el marco de estos juicios se ha establecido el mayor peso de los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado frente a la legalidad y la propiedad. Por lo tanto, en algunos casos se ha admitido la suspensión de los desalojos[71]. Un cuarto grupo de sentencias ha admitido la suspensión temporal de las órdenes de desalojo únicamente mientras se adoptan medidas de reubicación temporal y urgente. En estas decisiones se ha considerado que son legítimas las órdenes de desalojo y por ende deben ser materializadas, pero estas deben armonizarse con la necesidad de que se adopten medidas de protección de las víctimas de desplazamiento forzado en esta calidad y no por el hecho de la ocupación[72]. 43.- En segundo lugar, en el marco de las medidas de protección del derecho a la vivienda de las víctimas de desplazamiento forzado que ocupan irregularmente un predio se han adoptado dos tipos de medidas para la protección del derecho a la vivienda: (i) la medida provisional y urgente de albergue, y (ii) la solución definitiva de vivienda. 44.- Con respecto a la medida provisional y urgente de albergue, el alcance de esta protección y, por ende, de las obligaciones de las entidades ha variado en el sentido de que el albergue provisional debe ser otorgado: (i) por un tiempo prudencial estimado en siete meses[73]; (ii) hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales desaparezcan[74]; (iii) hasta que se efectúe el traslado de las víctimas a otro lugar que cuente con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones dignas[75]; y (iv) hasta que sean incluidas en programas de vivienda para la población desplazada o se desarrollen estos planes si no existen[76]. 45.- Para el examen de esta medida la Corte ha expuesto dos criterios diferenciados aunque no excluyentes: (i) uno general de acuerdo con el cual la orden de desalojo no puede dejar a los ocupantes desalojados expuestos a nuevas violaciones de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, en atención a la situación de desplazamiento forzado y como quiera que la ocupación irregular de bienes se utilizó como una vía para satisfacer de manera precaria el derecho a la vivienda se genera la obligación de brindar soluciones de reubicación temporal[77]; y (ii) otro que reconoce la protección general en mención, pero precisa que la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado puede desvirtuarse de cara a la necesidad de la medida provisional y urgente de albergue. Por ejemplo, cuando los ocupantes recibieron ayuda humanitaria o cuando se desvirtúa la necesidad de alojamiento a través de la calificación de carencias que realiza la UARIV. Este segundo criterio ha sido valorado directamente por la Corte con respecto a cada ocupante o mediante las órdenes de censos en los que se verifique caso a caso la necesidad de la medida[78]. 46.- En relación con la solución definitiva de vivienda también se ha acudido a fórmulas que generan diferentes obligaciones para las autoridades. En concreto esta medida ha variado así: (i) que se le otorgue a los ocupantes la información detallada y clara sobre las políticas públicas en materia de vivienda y se les brinde acompañamiento para la postulación y el acceso a esos programas; (ii) la inclusión directa en los programas de adjudicación de bienes sin que esto implique modificar el orden de las personas que se postularon a los programas y están en lista de espera[79]; (iii) la inclusión preferencial y prioritaria de los ocupantes desalojados en programas de asignación de vivienda[80]; y (iv) el desarrollo de programas de vivienda específicos para los accionantes que garanticen que en el término de seis meses podrán contar con una solución definitiva a sus problemas de vivienda y con cargo al presupuesto aprobado para la siguiente vigencia fiscal de la entidad territorial[81]. 47.- En cuanto a los criterios sobre las medidas de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo la Corte ha indicado que: (i) las víctimas de desplazamiento forzado deben postularse a los programas estatales desarrollados para el efecto, pero esta obligación debe estar precedida del debido acompañamiento e información adecuada para las víctimas. Por lo tanto, cuando las autoridades no emprendieron actuaciones de orientación e información concretas con respecto a los ocupantes se presenta violación del derecho a la vivienda digna y se ha ordenado la inclusión en los programas[82]; (ii) no existe violación del derecho a la vivienda cuando no se presentó una solicitud previa, razón por la que en los casos en los que las víctimas no se han postulado a los programas la medida de protección es la información y no la inclusión directa en programas[83]; y (iii) debe evaluarse de cara a cada ocupante la necesidad de la solución definitiva de vivienda, la cual se desvirtúa por ejemplo cuando disponen de ingresos que les permiten pagar un arriendo[84]. 48.- Finalmente, es necesario precisar que el elemento participativo y de concertación con la comunidad ha variado. En algunos casos la Corte ha definido directamente el alcance de la medida de protección de la vivienda a mediano y largo plazo, y en otros ha instado a la concertación de esas medidas con los ocupantes[85]. Los sujetos que reciben las medidas de protección 49.- Otro de los aspectos importantes en la línea jurisprudencial descrita corresponde a los sujetos en relación con los que se han emitido las especiales medidas de protección del derecho a la vivienda digna en el marco de procesos de desalojo. El alcance de las medidas de protección desde la perspectiva de los sujetos ha variado en la jurisprudencia constitucional así: El primer grupo de sentencias ha indicado que la atención provisional y urgente a través de la reubicación y el albergue, y las medidas definitivas como el desarrollo, la inscripción y el acceso prioritario a programas de vivienda sólo cobijan a las víctimas de desplazamiento forzado en atención a la dinámica de este flagelo que los obligó a abandonar sus hogares y lugares de residencia, y por el grado de vulnerabilidad al que quedan expuestos. Por lo tanto, en relación con personas que están en otras situaciones de vulnerabilidad, pero no son víctimas de desplazamiento forzado, la Corte ha indicado que aunque no desconoce la especial protección constitucional que merecen no procede el mismo amparo que el otorgado a las víctimas en mención. En consecuencia, ha ordenado que se les brinde la información y el acompañamiento para la postulación a los programas de acceso a la vivienda[86]. El segundo grupo de sentencias ha señalado que las medidas de protección provisionales y urgentes de reubicación y albergue, así como las medidas de largo plazo cobijan a otras personas en condiciones de vulnerabilidad que estén asentadas de manera irregular en predios así no sean víctimas de desplazamiento forzado. Lo anterior, en atención a: (i) las condiciones de vulnerabilidad por sus particularidades socioeconómicas como la pobreza extrema; (ii) la especial protección de la que son sujetos por tratarse de menores de edad, madres cabeza de familia, miembros de comunidades étnicas, etc; y (iii) por verse avocados a la ocupación irregular como una forma precaria de satisfacer su necesidad imperiosa de vivienda[87]. El derecho a la vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia[88] 50.- El artículo 51 de la Constitución Política señala que el derecho a la vivienda digna es una prerrogativa de la que gozan todas las personas y el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Por su parte, el artículo 11 del PIDESC reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. La Corte Constitucional ha analizado la naturaleza jurídica de esta garantía y ha determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo por cuanto: (i) los instrumentos internacionales que consagran las obligaciones del Estado colombiano precisan que todos los Derechos Humanos deben ser garantizados; (ii) el modelo de Estado Social de Derecho conlleva el reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –en adelante DESC- como fundamentales; (iii) todos los derechos comprenden mandatos de abstención y de prestación, y esto no es óbice para negar su naturaleza fundamental; (iv) a pesar de que las prestaciones requeridas para la satisfacción de esta garantía deben ser precisadas por las instancias del poder es común a todos los derechos constitucionales cierto grado de indeterminación; y (v) una cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia, por lo que un derecho fundamental puede tener distintos grados de eficacia[89]. El alcance del derecho a la vivienda digna ha sido fijado por esta Corporación en concordancia con la Observación General No. 4, en la cual el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales -en adelante CDESC- precisó que este derecho implica “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” . Asimismo, identificó siete elementos que delimitan el concepto de “vivienda adecuada” y que corresponden a: (i) la seguridad jurídica de la tenencia[90]; (ii) la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura[91]; (iii) los gastos soportables[92]; (iv) la habitabilidad[93]; (v) la asequibilidad[94]; (vi) el lugar[95] y (vii) la  adecuación cultural[96]. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha resaltado la relación de la vivienda con la dignidad humana, y ha indicado que el derecho a la vivienda no debe ser visto únicamente con la posibilidad de contar con un “techo por encima de la cabeza”, sino que este debe implicar el “derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”[97]. 51.- Ahora bien, en cuanto a la exigibilidad del derecho a la vivienda digna se ha reconocido que si bien se trata de un derecho fundamental su materialización es progresiva. En efecto, el CDESC ha precisado que “la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo”[98]. Por su parte, esta Corporación ha reconocido que la satisfacción plena de los derechos sociales exige una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el Estado no cuenta de manera inmediata. En consecuencia, la materialización de estos derechos está sometida a una cierta “gradualidad progresiva”, la cual no puede ser entendida como una justificación para la inactividad del Estado, que tiene la obligación de garantizar los contenidos mínimos esenciales y avanzar en la satisfacción plena y cabal del derecho fundamental a la vivienda[99]. En relación con los contenidos mínimos para la satisfacción de los DESC la Sentencia C-165 de 2015[100] indicó que las facetas que deben cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo corresponden a: (i) las de respeto, que constituyen deberes de abstención del Estado, quién no debe interferir en el disfrute y goce del derecho; (ii) las de protección, que hacen referencia a los mecanismos de amparo frente a las injerencias ilegítimas de terceros en el disfrute del derecho; y (iii) algunas obligaciones de garantía entre las que se encuentra: "(i) garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del derecho y, como mínimo, disponer un plan trazado de modo admisible, es decir, que garantice los demás derechos, sea razonable, especifique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales va a desarrollarse e incluya en el grupo de beneficiarios a todos los afectados titulares del derecho;(iii) asegurar la participación de los involucrados en las decisiones;(iv) no discriminar injustificadamente; (v) proteger especialmente a personas en situación de debilidad manifiesta; (vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado. En consecuencia, las demás obligaciones dirigidas a lograr la plena satisfacción del derecho a la vivienda son de cumplimiento progresivo. 52.- En concordancia con las facetas descritas la jurisprudencia constitucional también ha determinado que la protección del derecho fundamental a la vivienda digna a través de la acción tutela está condicionada a la posibilidad de que este pueda traducirse en un derecho subjetivo. En consecuencia, el amparo del derecho a la vivienda por vía de tutela es procedente en tres hipótesis: primero, cuando se pretende hacer efectiva la faceta de abstención de la vivienda digna; segundo, siempre que se formulen pretensiones relativas al respeto de derechos subjetivos previstos en el marco de desarrollos legales o reglamentarios; y tercero, en eventos en los que, por una circunstancia de debilidad manifiesta, el accionante merece una especial protección constitucional y se torna imperiosa la intervención del juez constitucional para lograr la igualdad efectiva[101]. Con respecto a la última hipótesis en mención este Tribunal ha destacado la obligación radicada en cabeza del Estado para que el mandato de igualdad sea real y efectivo a través de la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y mediante la especial protección constitucional de personas en condiciones de debilidad manifiesta. Asimismo, se ha referido al principio de solidaridad social que, de conformidad con el artículo 95 superior, es un deber de todos los asociados y, de forma correlativa, genera medidas de protección de las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta como consecuencia de fenómenos sociales económicos o naturales. 53.- Ahora bien, descritas las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la vivienda digna la Sala destacará, a continuación, algunas de las consideraciones expuestas por la jurisprudencia constitucional sobre los deberes asociados al ejercicio de este derecho y la existencia de circunstancias constitutivas de abuso del derecho. Los deberes en materia de vivienda y las situaciones de abuso del derecho 54.- El ejercicio de los derechos comporta la obligación correlativa de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, que corresponde al primer deber de la persona y el ciudadano de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Carta Política[102]. Asimismo, el artículo 83 ibídem establece un mandato de actuación tanto de las autoridades como de los particulares conforme al principio de buena fe. Con base en las disposiciones expuestas y en los demás principios fundantes del Estado Social de Derecho como el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general se ha reconocido que las situaciones de abuso del derecho se configuran cuando: (i) alguien que ha adquirido un derecho de forma legítima lo utiliza para fines no reconocidos por la ley[103]; (ii) una persona se aprovecha de vacíos legales o de interpretaciones encontradas para obtener beneficios incompatibles con el ordenamiento legal[104]; (iii) un ciudadano utiliza un derecho de manera desproporcionada e irrazonable[105]; o (iv) una persona invoca de manera excesiva o confusa una norma para desvirtuar el objeto que persigue o protege[106]. De manera que el pacto social recogido en la Constitución Política de 1991 reconoce como eje transversal la premisa de acuerdo con la cual los derechos llevan consigo cargas y deberes constitucionales, cuyo cumplimiento no es una exigencia insustancial sino que materializa los principios y derechos constitucionales, asegura la convivencia pacífica y la igualdad, y en general contribuye a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. En consecuencia, el derecho a la vivienda también conlleva obligaciones, entre las que se encuentran: (i) un ejercicio conforme al principio de buena fe, lo cual implica actuar con honestidad, lealtad y rectitud; (ii) observar los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento y protección del espacio público, y la protección del medio ambiente[107]; (iii) utilizar los mecanismos y canales legales instituidos para el acceso a la vivienda y la postulación a los programas correspondientes[108]; y, en general, un ejercicio del derecho que considere, no sólo el interés particular, sino a la sociedad en su conjunto. 55.- Ahora bien, en la materialización del derecho a la vivienda para la población más vulnerable concurren una serie de circunstancias que, en algunos casos, pueden generar abusos del derecho. En efecto, como quiera que todas las personas tienen la necesidad imperiosa de proveerse un techo, (i) el derecho a la vivienda digna exige importantes esfuerzos presupuestales e inversión de recursos públicos; (ii) el país presenta altas cifras de pobreza y desigualdad; (iii) el fenómeno de desplazamiento forzado ha dejado víctimas durante décadas en todo el territorio nacional con la consecuente afectación del derecho a la vivienda digna; y (iv) existen prácticas económicas, sociales y culturales permeadas por las dinámicas de la ilegalidad y el conflicto. En relación con este último escenario, se evidencia que algunas personas aprovechan estas circunstancias para, de manera irregular, acudir a los mecanismos de protección y desviar la actuación prioritaria del Estado, la cual debe estar focalizada en la salvaguarda y el restablecimiento de los derechos fundamentales de la población más vulnerable. Estas actuaciones, además de ser cuestionables desde una perspectiva de la legalidad, deben ser objeto de un mayor reproche jurídico y social por cuanto afectan el desarrollo de los esfuerzos en la política de vivienda, instrumentalizan la situación de vulnerabilidad de la población y generan mayores obstáculos para que las personas que requieren con mayor urgencia satisfacer la vivienda digna puedan acceder a los programas previstos para el efecto. En atención a los deberes constitucionales y las circunstancias descritas, la jurisprudencia ha reconocido situaciones de abuso en el ejercicio del derecho a la vivienda. Por lo tanto, ha indicado que cualquier acción de un ciudadano que constituya un obstáculo desproporcionado, desleal y notoriamente arbitrario para perturbar la actuación de las autoridades administrativas, dirigida a garantizar la vivienda digna, debe ser considerado como un acto constitutivo de abuso del derecho y, por lo tanto, reprobado por el juez constitucional e investigado penalmente por las autoridades competentes[109]. Asimismo, ha considerado que la promoción de urbanizaciones ilegales constituye, además de una conducta sancionada penalmente, un grave abuso del derecho porque estas actuaciones parten del aprovechamiento de vacíos legales sobre la titularidad de la propiedad, corresponden a un uso irracional de los principios que hacen parte del derecho fundamental a la vivienda digna, y permiten que personas inescrupulosas estafen sistemáticamente a personas de escasos recursos económicos. 56.- En consecuencia, en el marco de la protección del derecho a la vivienda, si bien el juez constitucional debe enfocar su actuación en el amparo y restablecimiento de los derechos fundamentales, no puede desconocer los deberes correlativos asociados a su ejercicio, pues estas obligaciones no son formalidades insustanciales sino que se trata de verdaderos presupuestos para la materialización de principios como los de igualdad, de legalidad, de solidaridad, entre otros. Igualmente, debe evaluar con especial precaución el contexto fáctico y los elementos de prueba en situaciones en las que pueda resultar instrumentalizada la especial protección de sujetos vulnerables por parte de personas inescrupulosas para la obtención de ventajas ilegítimas; y velar para que, a través de las medidas de protección en los casos concretos, no se afecten los derechos de otras personas en las mismas o más graves condiciones de vulnerabilidad ni se desvíe la debida focalización de los recursos. El derecho a la vivienda digna de las víctimas de desplazamiento forzado. Reiteración de jurisprudencia 57.- En relación con la vivienda digna de víctimas del desplazamiento forzado esta Corporación ha señalado en múltiples oportunidades[110] que este derecho fundamental tiene un carácter autónomo y merece una protección reforzada, debido a que: “el desplazamiento es consecuencia del despojo, usurpación o abandono forzado del lugar de residencia y de la vivienda que las víctimas habitaban, lo cual hace parte de la configuración de este grave delito contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por esta razón, el derecho a la vivienda digna es uno de los derechos fundamentales que por excelencia resulta vulnerado por las situaciones de desplazamiento forzado, lo cual exige el trato especial, preferente y prioritario que merecen estas víctimas, especialmente, respecto del derecho fundamental antes mencionado.”[111] Adicionalmente, con respecto a la obligación reforzada del Estado en la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, la Corte desde sus primeros pronunciamientos también hizo énfasis en el incumplimiento de los deberes del Estado en la protección de la vida e integridad de los asociados y en el aseguramiento de las condiciones de orden y seguridad que evitaran este fenómeno. En ese sentido, la Sentencia SU-1150 de 2000[112] señaló que la atención de las víctimas del desplazamiento forzado compromete la legitimidad del Estado, pues: “(…) si el Estado -que de acuerdo con la teoría es la asociación que debe monopolizar el ejercicio de la fuerza- no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para poder reconstruir sus vidas.” Finalmente, desde la declaración formal del estado de cosas inconstitucional en la Sentencia T-025 de 2004[113] se indicó que, si bien el desplazamiento forzado no es ocasionado por el Estado sino por grupos al margen de la ley, lo cierto es que las políticas públicas de atención a las víctimas no han logrado contrarrestar su situación de vulnerabilidad, no han asegurado el goce efectivo de sus derechos constitucionales ni han favorecido la superación de las condiciones que ocasionan la violación de tales derechos. Por lo tanto, existe un estado de cosas inconstitucional que involucra las omisiones estructurales del Estado en la debida atención de las víctimas de violaciones masivas, prolongadas y sistemáticas a los derechos humanos. En síntesis, la protección reforzada de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, incluido el derecho a la vivienda, tiene sustento en: (i) la dinámica del desplazamiento que genera que las personas se vean forzadas a abandonar intempestivamente sus hogares y lugares de origen, y deban arribar, en condiciones precarias, a otros lugares con los que no tienen arraigo; (ii) el desplazamiento forzado, aunque se cometa por grupos al margen de la ley, comporta el incumplimiento de los deberes del Estado, pues no brindó las medidas de protección y seguridad para que este fenómeno no se produjera; y (iii) la actuación estatal no ha logrado proteger y restablecer los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, lo que configura un estado de cosas inconstitucional que involucra las omisiones estructurales en la debida atención de las víctimas. 58.- Ahora bien, la protección constitucional reforzada de las víctimas de desplazamiento forzado se traduce en especiales deberes y responsabilidades de las autoridades nacionales, regionales y locales para garantizar la vivienda digna a esta población. Estas obligaciones tienen que enmarcarse en una política pública estructural, a partir de la cual se dé una respuesta eficaz y oportuna, tanto a la provisión de vivienda transitoria a las víctimas, como a la garantía de soluciones duraderas. En relación con las obligaciones de las autoridades públicas para la garantía del derecho a la vivienda de la población desplazada, la jurisprudencia ha determinado que estas consisten, como mínimo, en las siguientes: “i) brindarle soluciones de vivienda de carácter temporal en condiciones dignas; ii) facilitarle el acceso a soluciones de carácter permanente; iii) proporcionarle asesoría sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a programas de vivienda; iv) tomar en consideración los subgrupos de la población, como niños, personas de la tercera edad o madres cabeza de familia, en el diseño de planes y programas; y v) eliminar las barreras de acceso a los programas de asistencia social del Estado, entre otras obligaciones.”[114] En conclusión, el derecho a la vivienda digna de las víctimas de desplazamiento forzado es fundamental y merece una actuación reforzada de Estado para su protección y restablecimiento; por lo tanto, la acción de tutela es procedente para reclamar su protección. Además, las autoridades tienen la obligación de prever soluciones de vivienda temporal o permanente de manera digna, crear planes y programas sociales para acceder a estas soluciones y proporcionar el debido acompañamiento para materializar esta prerrogativa. Los instrumentos para la protección del derecho a la vivienda digna de la población desplazada en los momentos cercanos al hecho victimizante 59.- Tal y como se explicó previamente, el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar el derecho a la vivienda digna de las víctimas de desplazamiento forzado. En cumplimiento de esa obligación y para el restablecimiento de ese derecho, es necesario distinguir dos tipos de medidas. De un lado, la atención humanitaria, que corresponde a las acciones inmediatas o cercanas a la configuración del hecho victimizante y constituyen la respuesta estatal urgente y necesaria para la protección de los derechos de las víctimas –incluido el derecho a la vivienda– conculcados por desplazamiento forzado[115]. De otro lado, las medidas de estabilización social y económica, que son las acciones para restablecer de forma permanente los derechos transgredidos por el desplazamiento forzado[116]. Las primeras medidas están reglamentadas de forma particular para las víctimas de desplazamiento forzado, y las segundas, aunque también cuentan con regulación particular, se inscriben dentro de una política más general de acceso a la vivienda para la población vulnerable. A continuación, la Sala hará una breve referencia a las medidas referidas, en aras de establecer el diseño legal de la actuación del Estado de cara al derecho a la vivienda digna de la población desplazada. Esta regulación constituye un insumo importante para evaluar la atención y actuación estatal con respecto a los promotores del amparo constitucional bajo examen y su incidencia en las medidas de amparo en el marco de actuaciones de desalojo. 60.- De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011, la atención humanitaria se desarrolla en tres fases, a saber: 61.- La atención humanitaria inmediata, que corresponde a la ayuda humanitaria entregada a las personas que manifiestan haber sido desplazadas, se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren albergue temporal y asistencia alimentaria. Esta medida se ofrece antes de la inscripción en el RUV y está a cargo de la entidad territorial receptora de las personas desplazadas[117]. En concreto, se trata de la obligación de las entidades territoriales de prestar el alojamiento transitorio en condiciones dignas y de forma inmediata, una vez ocurre el desplazamiento forzado. 62.- La atención humanitaria de emergencia hace referencia a la atención de las necesidades de las víctimas de desplazamiento forzado tras su inclusión en el RUV[118]. Estas medidas deben ser otorgadas por la UARIV y comprenden, entre otros, los componentes de alimentación, artículos de aseo, alojamiento transitorio y vestido. Esta atención se entrega de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia con respecto a la subsistencia mínima[119], y se dirige a los hogares: (i) cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud; (ii) con respecto a los que se identifiquen carencias graves en los componentes de alojamiento temporal o alimentación, cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro de los diez años anteriores a la fecha de la solicitud; y (iii) cuya situación sea de extrema urgencia y vulnerabilidad, independientemente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho victimizante[120]. La situación de cada hogar se examina en relación con las carencias que presenta y con fundamento en la información obrante en los registros, bases de datos oficiales y los datos suministrados por los hogares a la UARIV. De manera que los montos, los componentes y la temporalidad en la entrega de la atención humanitaria dependen de la valoración de la situación de vulnerabilidad de los hogares, determinada por las condiciones y las características particulares y actuales de cada uno de sus miembros. En síntesis, la tasación y frecuencia de esta medida debe ser proporcional a la gravedad y urgencia de las carencias identificadas, y responde al análisis de la composición del hogar y el grado de afectación[121]. 63.- La atención humanitaria de transición incluye las medidas para la atención de las víctimas cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, se evidencie la persistencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento, pero cuya situación no sea de tal gravedad que se mantenga la necesidad de la atención humanitaria de emergencia. Esta medida “tiene como finalidad servir de puente para consolidar soluciones duraderas”[122]. 64.- En síntesis, existe una serie de obligaciones en cabeza del Estado dirigidas a responder de forma inmediata a la situación de desplazamiento forzado y la grave violación de derechos humanos que comporta. Esta respuesta corresponde a la atención humanitaria, y por la dinámica del desplazamiento incluye medidas en materia de alojamiento, las cuales varían de acuerdo con la proximidad del hecho victimizante, la evolución de las necesidades de atención y el seguimiento en los momentos próximos a ese hecho. Con todo, esta respuesta no agota las obligaciones públicas de cara al restablecimiento del derecho a la vivienda de las víctimas de desplazamiento forzado. 65.- Ahora bien, como quiera que la ayuda humanitaria es, por definición, temporal y las personas no pueden depender indefinidamente de estas medidas, la actuación del Estado debe estar encaminada a generar estrategias que contribuyan a que la población desplazada obtenga un restablecimiento de sus derechos y sea autosuficiente en la generación de sus propios medios de subsistencia. En particular, adelantar acciones dirigidas a que cese la situación de desplazamiento forzado, esto es, que se logre: “(…) la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”[123]. En ese sentido, el artículo 16 de la Ley 387 de 1997 estableció la obligación de apoyar el retorno de la población desplazada a sus lugares de origen, y el artículo 17 ibídem la promoción de actuaciones de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social en el marco del retorno voluntario o del reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas, a través de medidas como los programas de atención social en vivienda. En consecuencia, la Sala hará referencia al desarrollo de la política pública dirigida a restablecer el derecho a la vivienda de la población desplazada gravemente afectado, la cual se enmarca en unas medidas más amplias para la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda de la población vulnerable, y que ha sido impulsada y controlada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en Materia de Desplazamiento Forzado. La política pública de vivienda para la población más vulnerable y la focalización en las víctimas de desplazamiento forzado 66.- En el ordenamiento jurídico colombiano, desde la expedición de la Ley 3ª de 1991[124] se desarrolló la política pública de satisfacción de vivienda a través del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las entidades públicas y privadas que cumplen funciones relacionadas con la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. Este sistema ha sido objeto de múltiples modificaciones y reglamentaciones, las cuales hoy se encuentran integradas en el Decreto 1077 de 2015, reglamentario del sector vivienda. En lo que respecta al componente de acceso a la vivienda de la población más vulnerable, inicialmente, la Ley 3ª de 1991 previó el subsidio de vivienda como un método de financiación dirigido a la población que carezca de recursos suficientes para “obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma”[125]. Posteriormente, como respuesta al fenómeno de desplazamiento forzado, las disposiciones legislativas de atención y reparación integral de las víctimas desarrollaron diversas medidas para el restablecimiento y garantía del derecho a la vivienda focalizadas principalmente en la entrega de subsidios, ya sea en el marco del retorno o del reasentamiento. 67. La política de vivienda para la población desplazada se ha desarrollado bajo tres esquemas distintos, los cuales han sido descritos, evaluados e impulsados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En particular, a través de la función de revisión mediante la decisión de acciones de tutela[126], el examen de constitucionalidad de normas dirigidas a la atención de las víctimas[127] y la actuación de la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado. La Sentencia T-025 de 2004[128] resaltó que uno de los derechos que con mayor frecuencia vulnera el desplazamiento forzado es el derecho a la vivienda “(…) puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.” Asimismo, al evaluar la política de atención a las víctimas de desplazamiento forzado advirtió la insuficiencia en la acción estatal en lo que respecta, entre otros, al derecho a la vivienda por cuanto: (i) los programas de estabilización socioeconómica y adjudicación de tierras y vivienda se facilitan a un número mínimo de desplazados; (ii) las entidades responsables se abstienen de prestar la asesoría y acompañamiento necesarios para el acceso a créditos y subsidios; (iii) no se ha desarrollado el componente de retorno; (iv) los requisitos de acceso a programas de subsidio desconocen la realidad económica de las víctimas, pues en muchos casos se les exige ser propietarios, acreditar tiempos de ahorro, aportar referencias comerciales y otras condiciones que ignoran su situación de vulnerabilidad; (v) se presentan retrasos en la atención y en el desarrollo de los programas; (vi) la falta adecuada de información sobre las zonas aptas para la construcción de vivienda ha generado reasentamientos en barrios marginales que no cuentan con servicios públicos domiciliarios básicos, o en zonas de alto riesgo; y (vii) la asignación del presupuesto para la atención de la población desplazada es  insuficiente. Todas estas falencias generaban que, para el año 2004, sólo el 3.7% de la población con demandas potenciales accediera a la ayuda en vivienda ordenada en la ley. En consecuencia, se emitieron órdenes estructurales dirigidas a superar la violación sistemática de los derechos de la población desplazada. 68.-. En el marco del proceso de seguimiento a la superación del ECI en materia de desplazamiento forzado se han proferido diferentes medidas relacionadas con la política de vivienda. Los Autos 160 de 2015[129] y 373 de 2016[130] explicaron los esquemas de la política en mención y su evolución, los cuales se describirán a continuación: El primer esquema surgió con la expedición de la Ley 387 de 1997 y la reglamentación del Decreto 951 de 2001, y se enfocó en subsidiar la demanda a través de aportes en dinero a la población desplazada para la adquisición de vivienda. Este esquema exigía la concurrencia del beneficiario del subsidio para el cierre financiero. Bajo esta modalidad se adelantaron convocatorias en los años 2004 y 2007. En Auto 008 de 2009[131], la Sala de Seguimiento ordenó la reformulación de la política pública de vivienda para la población desplazada por cuanto su implementación no demostró avances significativos y porque el diseño amenazaba con perpetuar el ECI. En particular, se advirtió que los subsidios estaban lejos de cubrir la demanda real, pues menos del 50 % de los subsidios asignados se ejecutaban, y en los casos ejecutados sólo el 13% de los beneficiarios terminaba accediendo a una vivienda digna. Asimismo, se resaltó que el problema principal del diseño consistía en la exigencia de la concurrencia económica de las víctimas por cuanto: “los hogares desplazados no cuentan con suficientes recursos para cubrir la financiación no subsidiada por el Estado.” En atención a la orden descrita, se desarrolló un segundo esquema en los Decretos 3450 y 4911 de 2009, a través de los que se pretendió estructurar un sistema mixto, de promoción de la oferta y la demanda, y la incorporación de la población desplazada a los macroproyectos de interés social nacional. En el marco de este esquema, se realizaron tres convocatorias en el año 2011. En Auto 219 de 2011[132] se indicó que, si bien se verificaron algunos cambios en los planteamientos de la política de vivienda, no se produjo la reformulación ordenada por cuanto se insistió en los mismos instrumentos empleados en el pasado, no se tuvieron en cuenta las características y dinámicas propias del mercado inmobiliario, y la producción de vivienda se concentró en agentes privados especializados que no tenían en cuenta la brecha existente entre las viviendas que se producen, la capacidad de pago y las necesidades de las familias desplazadas. En esa oportunidad, se advirtió que, a pesar de los reparos advertidos en el proceso de seguimiento, el Gobierno Nacional insistió en que el modelo de subsidios es el vehículo más adecuado para entregarle recursos del Estado a la población más vulnerable, y se limitó a hacer algunos ajustes orientados a flexibilizar los requisitos tradicionales y generar nuevos instrumentos sin modificar la orientación del primer esquema, cuya insuficiencia se había comprobado. En consecuencia, la Sala indicó que: “(…) sigue siendo casi imposible para la población desplazada por la violencia acceder a una vivienda digna. Entre otras falencias se destacan (i) la bajísima oferta de vivienda para la población desplazada, (ii) la complejidad del proceso de postulación y la poca difusión de información pertinente para acceder a los subsidios ofrecidos, o para interponer oportunamente recursos en caso de no ser favorecidos con el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), así como (iii) la insuficiente capacitación de los funcionarios de los entes territoriales en el área que cobija la política de vivienda para población desplazada.(subrayas propias) En concordancia con lo expuesto se concluyó que la política de vivienda desarrollada hasta el momento: (i) mantenía la deficiencia de oferta de vivienda de interés social; (ii) no respondía a la baja calidad del espacio habitacional ofrecido; y (iii) se erigía sobre un presupuesto reducido, situación que favorecía el crecimiento de asentamientos precarios. Asimismo, se determinó que la priorización en los macroproyectos de interés social nacional no era efectiva, pues en muchas zonas en los que se desarrollaban no se tenía en cuenta a la población desplazada. En atención a las falencias identificadas, se emitieron nuevas órdenes dirigidas a lograr espacios de concertación sobre la reformulación de la política de vivienda, y la presentación de informes de las entidades involucradas en la materia para superar las insuficiencias ampliamente referenciadas. Finalmente, el tercer esquema evaluado por la Sala de Seguimiento se implementó a través de la Ley 1537 de 2012, en la que se fortaleció el sistema mixto, se aumentó el monto de los subsidios de 7.5 SMMLV a 25 SMMLV, y se creó el “Programa de Vivienda Gratuita”[133], dirigido a facilitar el cierre financiero y superar algunos de los obstáculos operativos y de gestión entre las entidades. 69.- La última vez que la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado evaluó los avances en materia de vivienda fue mediante el Auto 373 de 2016[134]. En esta oportunidad, estudió la reformulación de la política ordenada en el 2009 y las actuaciones concretas en vivienda rural y urbana. En relación con estos asuntos, concluyó que las autoridades demostraron un nivel de cumplimiento medio y bajo. En lo que respecta a la vivienda urbana advirtió que la reformulación integral de la política de vivienda se satisfizo en un nivel medio. En concreto, reconoció que el “Programa de Vivienda Gratuita” superó varios de los obstáculos identificados a lo largo del proceso de seguimiento y, con ello, se alcanzaron “resultados que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población desplazada”. En ese sentido, resaltó que los 48.529 subsidios en especie entregados entre 2012 y 2015 se acercaron a igualar toda la actuación adelantada en los nueve años en los que se implementaron los dos esquemas anteriores Con base en la evolución descrita, la Sala concluyó que se cumplió con la obligación de rediseñar la política y que la entrega de subsidios en especie superó los problemas relacionados con la falta de recursos para el cierre financiero, se estimuló la oferta de vivienda y se asignó mayor presupuesto. Asimismo, reconoció que la estrategia no se limitó a concretar soluciones de vivienda sino que también se propuso brindar un entorno con dotaciones de servicios públicos, salud, educación, recreación, transporte, acompañamiento psicosocial, entre otros bienes y servicios, que correspondía a una apuesta integral del Gobierno Nacional para materializar el goce efectivo del derecho a una vivienda digna de la población desplazada. No obstante, advirtió que aproximadamente 80.000 hogares no habían accedido a una solución efectiva de vivienda a pesar de haber recibido un subsidio -dentro de los esquemas anteriores- que no pudieron aplicar, o se encontraban en estado calificado sin acceso a las soluciones habitacionales. Estas dificultades se presentaron por las siguientes razones: (i) la estrategia de comunicación por medio de las cajas de compensación familiar resultaba insuficiente; (ii) la falta de participación de algunos municipios en las convocatorias del programa por carecer de lotes y terrenos disponibles para ejecutarlo, a pesar de contar con un censo de población beneficiaria de los esquemas pasados; (iii) la situación de los beneficiarios a quienes se les aplicaron los subsidios en proyectos que se declararon en incumplimiento y no pueden acceder a los nuevos programas; (iv) la recomposición de los grupos familiares que fueron beneficiarios de los subsidios en el esquema anterior; (v) la situación del resto de la población desplazada que, a pesar de no haber participado en las convocatorias, necesita una solución de vivienda[135]; (vi) los programas alternativos desconocían la realidad económica de la población desplazada, por cuanto requerían que los hogares postulantes contaran con un mínimo de ingresos equivalente a 2 SMMLV y haber obtenido un crédito de vivienda; y (vii) problemas en la ejecución de los proyectos, que requerían esfuerzos de coordinación 70.- En materia de vivienda rural, la Sala refirió los dos esquemas de política pública desarrollados hasta el momento. El primero, entre el 2001 y el 2011[136] y el segundo desde el 2012[137] y que estaba próximo a ser reforzado mediante el Decreto 1934 de 2015. En relación con la vivienda rural, se advirtió que las medidas implementadas presentaban problemas en: (i) la siniestralidad y el incumplimiento de los proyectos; (ii) la ejecución de los recursos y la consecuente entrega inoportuna de las viviendas, particularmente, debido a las dificultades para adquirir las pólizas; (iii) la falta de información sobre la necesidad y demanda de vivienda rural; y (iv) la brecha entre el desarrollo de vivienda urbana y vivienda rural. 71.- Con base en la actuaciones referidas y a pesar de los reconocidos avances, la Sala de Seguimiento advirtió que persistía una baja cobertura en la satisfacción de vivienda, en la proporción de hogares con seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, el acceso a algunos servicios públicos y pocos avances en el desarrollo y ejecución de la política de vivienda rural. Por ende, concluyó que se mantenía la necesidad de la intervención del juez constitucional y profirió diferentes órdenes para el avance en la superación del ECI en la materia y la protección efectiva del derecho a la vivienda de la población desplazada. 72.- El Gobierno Nacional, en el informe anual de 2018 presentado ante la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado planteó: (i) una propuesta de ajuste a la batería de indicadores formulada en cumplimiento de la orden primera del Auto 373 de 2016https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2019/a331-19.htm - _ftn21; (ii) la medición de la batería propuesta; (iii) el análisis de los resultados en relación con los umbrales establecidos; y (iv) solicitudes relacionadas con levantamientos parciales del ECI. Actualmente, la Sala adelanta el proceso de verificación de la idoneidad de los indicadores como medio de prueba para examinar el avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada[138]. 73.- La descripción sobre el proceso de seguimiento al ECI en relación con el derecho a la vivienda de las víctimas de desplazamiento forzado permite extraer las siguientes conclusiones: (i) se trata de una materia en la que se adelantan esfuerzos institucionales, guiados y monitoreados por la intervención del juez constitucional y conciliados en el marco de la naturaleza dialógica del proceso de seguimiento; (ii) la definición de la política de vivienda para la población desplazada no es discrecional de cada Gobierno, por cuanto involucra la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, y la superación de una comprobada situación de violación masiva, prolongada y sistemática de derechos fundamentales; (iii) en el marco del diálogo entre el juez constitucional y las autoridades con competencias en materia de vivienda se han alcanzado importantes avances, y se han superado problemas en el diseño, la ejecución y la cobertura de la política pública de vivienda; (iv) con todo, los graves problemas de protección y acceso a la vivienda digna se mantienen en relación con un importante grupo de población desplazada; de ahí que el diseño, la ejecución y la evaluación de las medidas de protección sigan siendo aspectos monitoreados por la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado. 74.- Ahora bien, tal y como se explicó, la última vez que se analizó la política de vivienda para población desplazada fue en el Auto 373 de 2016[139]. De manera que han trascurrido cuatro años desde la última evaluación de la materia, tiempo en el que, además, se produjo un cambio de Gobierno. Por lo tanto, la Sala hará referencia a los otros programas en materia de vivienda referidos por las autoridades públicas en el trámite de esta acción constitucional y que dichas entidades identificaron como la oferta institucional vigente para las víctimas de desplazamiento forzado y la población en situación de vulnerabilidad que ocupa el predio ubicado en El Copey. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y la UARIV, con competencias en materia de satisfacción de vivienda y a quienes se les preguntó en esta sede por los mecanismos de acceso y garantía del derecho a la vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado y en condiciones de vulnerabilidad, hicieron referencia a algunos programas que se referirán a continuación, los cuales son concordantes con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y con la oferta institucional publicitada por la cartera de vivienda en su sitio web oficial[140]. En concreto, refirieron los siguientes programas de vivienda: 75.- El Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya, que busca facilitar la compra de vivienda nueva de la clase media en zona urbana[141]. El programa se dirige a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y para la adquisición de viviendas de hasta 135 SMLMV o 150 SMLMV. El subsidio oscila entre 20 y 30 SMLMV, y cuatro a cinco puntos porcentuales de la tasa de interés[142]. 76.- El Semillero de Propietarios Ahorradores, que presenta dos modalidades. La primera, subsidia el arriendo y busca atender a los hogares que habitan en viviendas no dignas o cuya tenencia se ejerce mediante contratos de arrendamiento informales. De acuerdo con el artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015, el subsidio corresponde a un aporte estatal en dinero de hasta 0.6 SMLMV para cada canon de arrendamiento hasta por 24 meses, el cual se otorga por una sola vez al beneficiario de forma periódica o anticipada, sin cargo de restitución, destinado a cubrir un porcentaje del canon mensual de arrendamiento, en aras de acceder como arrendatario a una solución de vivienda[143]. La segunda modalidad, prevé un aporte del beneficiario que constituye un ahorro a través del depósito en una cuenta especial, hasta llegar a la suma de 4,5 SMMLV. El valor del subsidio familiar de vivienda será de hasta 6 SMLMV para el ejercicio de la opción de compra, en el marco de leasing habitacional, o la compra de otra vivienda con la utilización del ahorro promovido en el programa[144]. 77.- El programa Casa Digna Vida Digna busca superar el déficit cualitativo de las viviendas y, por lo tanto, se concentra en el mejoramiento en las condiciones de espacio, servicios públicos, estructura, entre otros. Por esta razón, es un presupuesto para la postulación a dicho programa ser propietario de una vivienda o poseedor regular de un inmueble por el término de cinco años[145]. El subsidio corresponde a un aporte en dinero de hasta 18 SMLMV[146]. 78.- Finalmente, se encuentra el Subsidio Familiar de Vivienda 100% en especie, que se deriva del programa de vivienda gratuita creado en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012[147]. En este programa se entregan las viviendas 100% subsidiadas resultantes de los proyectos destinados a otorgar subsidios familiares, a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización establecidos por el Gobierno Nacional a través del DPS[148]. El artículo 6º ibídem precisa que esta política de vivienda en especie para la población más vulnerable es secuencial y continua, es decir que se desarrolla a través de programas sucesivos en el tiempo. Cada programa consistirá en el suministro de una cantidad de subsidios en especie y se formula de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las apropiaciones del sector de vivienda. El artículo 12 ejusdem estableció los criterios de priorización y precisó que la asignación de viviendas beneficiará de forma preferente a la población que cumpla con las siguientes características: “(…) a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Asimismo, en el marco de la población descrita se prioriza a: “las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.” 79.- Tal y como se explicó en los fundamentos jurídicos 69 a 71 de esta sentencia, la política de vivienda gratuita fue evaluada por la Sala de Seguimiento en el año 2016 y se reconocieron los avances que planteó con respecto a los diseños anteriores. La Sala advirtió que, en la medida en que se trata de una estrategia de asignación de vivienda que no exige el cierre financiero de las víctimas, quienes no cuentan con los recursos para el efecto, contribuyó de manera más efectiva al acceso a la vivienda de la población desplazada y que los resultados alcanzados en tres años de ejecución igualaban la actuación de nueve años de política de vivienda. El programa de vivienda gratuita está registrado en la oferta institucional que refiere la cartera de vivienda actualmente y las normas que lo regulan no han sido derogadas, aunque su continuidad no se previó de forma expresa en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Adicionalmente, en la respuesta remitida por FONVIVIENDA y COMFACESAR, se adujo que están pendientes algunas actuaciones del Programa de Vivienda Gratuita Fase II, como los sorteos de la Urbanización Villa Ángela en el municipio El Copey, pero no identificó este programa como parte de la oferta institucional actual en materia de vivienda. Finalmente, en informe emitido por la Contraloría General de la República para el año 2019 se indicó: (…) no existe continuidad en el programa de viviendas totalmente subsidiadas o “gratuitas” que otorgó cerca de 130.000 alojamientos. Frente a ello, el Gobierno no formuló soluciones alternativas para la población en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad (sin capacidad de ahorro y acceso al crédito, desplazados, afectados de desastres y habitantes en zonas de alto riesgo), que considere una mayor participación de los beneficiarios, acceso a infraestructura institucional y comunitaria, además del desarrollo progresivo y flexible de la vivienda para que sea asequible y adecuada a sus necesidades personales y culturales.”[149] Con base en los elementos en mención, existen dudas sobre la continuidad de la política actual de vivienda en relación con las víctimas de desplazamiento forzado. En particular, no es claro si el enfoque de la política pública actual de atención responde a la evolución de los esquemas descritos en los fundamentos jurídicos 68 a 71 y mantiene o avanza en los estándares que se alcanzaron en ese proceso. Como se vio, las medidas de atención en vivienda a la población desplazada no están sujetas a la discrecionalidad de cada Gobierno, en tanto involucran el restablecimiento de los derechos de población desplazada y la superación de una comprobada situación de violación masiva, prolongada y sistemática de derechos fundamentales. Además, se trata de una política que ha avanzado en el marco de un diálogo entre las víctimas, el juez constitucional y las autoridades con competencias en materia de vivienda. Por lo tanto, en el acápite de la unificación jurisprudencial se adoptarán algunas medidas para que, en concordancia con la actuación y el acompañamiento de la Sala de Seguimiento se determine el estado actual de la política de satisfacción de vivienda de la población desplazada. La atención humanitaria frente a la migración masiva de nacionales venezolanos y la respuesta con respecto a las necesidades habitacionales 80.- A lo largo de la historia, Colombia se ha caracterizado por ser un país de emigrantes. Varios de sus ciudadanos se han dirigido hacia otros países en busca de mejores oportunidades[150]. En particular, las causas principales de la emigración han sido el conflicto armado interno, con más de ocho millones de víctimas, y el consecuente desplazamiento forzado, (que le ha valido al país el segundo lugar entre las naciones con mayores índices de desplazamiento forzado en el mundo[151]). Como respuesta a estos fenómenos, la política pública no se ha centrado en la situación de emigración sino en la atención del fenómeno de desplazamiento forzado interno en mención. No obstante, a partir del año 2015 la situación contrasta con la tendencia histórica de emigración. Desde entonces se registra un fenómeno migratorio masivo de ciudadanos venezolanos hacía Colombia, debido a la difícil situación económica[152], social y política que afronta Venezuela, que con el paso del tiempo, se ha transformado en una situación de crisis humanitaria que se mantiene en la actualidad[153]. De acuerdo con los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia es el principal país de acogida para los migrantes venezolanos[154]. En efecto, a partir del 19 de agosto de 2015, momento en el que Venezuela cerró su frontera con el Estado colombiano, Migración Colombia registró el aumento de las cifras de migración y de acuerdo con el último comunicado oficial de esa entidad se estima que un total de 1’764.883 ciudadanos venezolanos estaban radicados en territorio colombiano para mayo de 2020. En relación con esta cifra, es necesario precisar que más de un millón de nacionales venezolanos no han regularizado su estancia en Colombia. En concreto, más de 293.000 personas están en situación de irregularidad migratoria al haber superado el tiempo de permanencia permitido y cerca de 708.000 ingresaron al país por canales no autorizados para ello, sin sellar su pasaporte[155]. El escenario descrito permite concluir, como esta Corporación lo ha hecho en otras oportunidades, que varios departamentos y municipios del país enfrentan una crisis humanitaria a causa de la migración masiva de ciudadanos venezolanos al territorio nacional[156]. Los patrones actuales de migración han desbordado la capacidad institucional de los principales municipios de acogida y han exigido una actuación tanto de las entidades territoriales receptoras como de las del orden nacional[157]. 81. Las autoridades estatales han realizado diferentes acciones con el fin de atender y superar la crisis humanitaria. Particularmente, se han adelantado esfuerzos institucionales en relación con: (i) los mecanismos de regularización de la permanencia en el país; (ii) la prestación de los servicios de salud; (iii) la atención a la primera infancia; (iv) la educación de los niños, niñas y adolescentes -en adelante NNA-; y (v) el derecho al trabajo[158]. Sin pretensión de exhaustividad, es necesario destacar algunas medidas específicas. Por ejemplo, el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017[159] estableció que: “El Gobierno nacional en atención a la emergencia social que se viene presentando en la frontera con Venezuela, diseñará una política integral de atención humanitaria y asignará los recursos en la vigencia fiscal a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.” De manera que el Estado colombiano reconoce la migración masiva de nacionales venezolanos al país y la necesidad de adoptar una política de atención humanitaria que, como se verá a continuación, se ha desarrollado de manera paulatina y sectorial, para responder a las principales carencias y asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes. 82.- En primer lugar, se han diseñado medidas que buscan que la migración y la permanencia en Colombia sean regulares, ordenadas y seguras, a través de una política pública que ha considerado las consecuencias que tiene el ingreso y la permanencia irregular para los migrantes, quienes se ven expuestos a una mayor situación de vulneración de derechos[160], para las comunidades receptoras y para el orden público nacional. En relación con el marco legal migratorio en Colombia, es necesario resaltar que, además de la reglamentación general de las visas, entendidas como una de las modalidades de autorización de estancia que concede el Ministerio de Relaciones Exteriores -en adelante MINEX- a los extranjeros para su ingreso y permanencia en el territorio nacional[161], se han desarrollado instrumentos específicos para atender la situación migratoria de los nacionales venezolanos. La Resolución 5797 de 2017[162] creó el Permiso Especial de Permanencia -en adelante PEP-, como una autorización otorgada únicamente a los nacionales venezolanos[163] para que, en un periodo de 90 días, prorrogable hasta por dos años, permanezcan de manera regular en el país y ejerzan cualquier actividad u ocupación legal, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral[164]. En relación con la creación del PEP es necesario destacar que, desde su concepción, se focalizó en los migrantes venezolanos que ingresaron de forma regular al país, es decir, a través de los puestos de control migratorio y con pasaporte[165]. Su naturaleza se modificó con las reglamentaciones subsiguientes, en las que se estableció que, además de la autorización referida, constituye el documento de identificación válido para los nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de NNA en los niveles nacional, departamental y municipal[166]. Adicionalmente, en atención al ingreso y permanencia irregular en el país de miles de nacionales venezolanos, el Decreto 542 de 2018 creó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -en adelante RAMV- como una herramienta de recolección de información. Este registro se previó como un insumo para la formulación y el diseño de la política integral de atención humanitaria y se precisó que la inclusión en él no implicaba una autorización de permanencia ni suplía los mecanismos de regularización migratoria. Con base en la información recaudada en el RAMV, que reportó altos índices de irregularidad en el ingreso y la permanencia de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, el Decreto 1288 de 2018 adoptó una serie de medidas para garantizar su acceso a la oferta institucional. Por ejemplo, se ordenó modificar los requisitos y plazos del PEP con el propósito de otorgarlo a quienes se encontraban inscritos en el RAMV[167]. En consecuencia, mediante la Resolución 2033 de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó que el acceso al PEP para los inscritos al RAMV se sujetaba a tres condiciones: (i) estar en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la resolución; (ii) no tener antecedentes judiciales a nivel nacional o requerimientos judiciales internacionales; y (iii) no tener una medida de expulsión o deportación vigente. Recientemente, mediante comunicado de prensa expedido el 9 de octubre de 2020, Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo PEP para los nacionales venezolanos que ingresaron de manera regular al territorio nacional antes del 31 de agosto de 2020[168]. Adicionalmente, se reglamentó el PEP para los nacionales venezolanos que eran miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de la República Bolivariana de Venezuela[169]; para las personas a las que se les rechazó la solicitud o no se les reconoció la condición de refugiado en Colombia; y para nacionales venezolanos que se encuentren en condición migratoria irregular en territorio colombiano, que cuenten con una oferta de contratación laboral o de prestación de servicios[170]. 83.- Como se aprecia de la reglamentación descrita el Estado colombiano, en el marco de la discrecionalidad que ostenta para configurar y modificar la política migratoria, ha adelantado esfuerzos importantes para que la migración y la permanencia de los nacionales venezolanos se desarrolle bajo criterios de orden, legalidad y seguridad. Para este efecto, ha adoptado medidas especiales en la política migratoria en las que ha hecho énfasis en la necesidad de procurar y conservar una situación migratoria regular, esto es, el ingreso por los puestos de control migratorio, con pasaporte y por el tiempo de permanencia autorizado. El Estado no ha sido indiferente a la situación de migración irregular, ni a las dificultades que enfrentan muchos nacionales venezolanos para acceder a documentos como el pasaporte o para ingresar por los pasos autorizados. Por el contrario, ha adoptado medidas paulatinas que responden a la situación de las personas que no han regularizado su estancia en el país. 84.- En segundo lugar, en materia de salud se han adoptado medidas para garantizar una respuesta al fenómeno migratorio actual que sea congruente con la dignidad humana, los compromisos internacionales del Estado, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y los principios de universalidad y solidaridad de la seguridad social en salud. La garantía del derecho en mención se ha efectuado a través del reconocimiento de sus facetas prestacionales y no prestacionales, así como de la distinción entre la exigibilidad inmediata y el carácter progresivo de las prestaciones asociadas a él[171]. En ese sentido, la protección ha involucrado una acción concomitante de las entidades del orden nacional y las del territorial, como también el impulso de las medidas de protección a través de la jurisprudencia constitucional. En efecto, sin la pretensión de identificar todas las actuaciones del Estado, la Sala se referirá brevemente a algunas de las acciones relacionadas con la protección del derecho a la salud de los migrantes. De un lado, la atención de urgencias a los extranjeros (sin considerar su condición migratoria) responde al derecho de todas las personas a recibir una atención mínima del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia médica, en respeto de su dignidad humana[172], y la política pública en salud se ha orientado a hacer efectiva esa garantía universal[173]. Asimismo, se han desarrollado actuaciones para: (i) garantizar la atención en salud a mujeres gestantes y menores de edad[174]; (ii) lograr la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como una actuación progresiva[175], y (iii) fortalecer los procesos de la gestión de la salud pública, entre ellos, las acciones de vigilancia en salud pública, vacunación e intervenciones colectivas[176]. Finalmente, es necesario destacar que las medidas de atención en salud de la población migrante se enmarcan en un sistema de seguridad social en salud que, a su vez, continúa en un proceso de modificación estructural dirigido a superar un comprobado ECI en la protección de este derecho. Bajo ese escenario y a pesar de los esfuerzos por brindar la atención en salud a la población migrante, la jurisprudencia constitucional ha advertido la insuficiencia en esa actuación y ha instado a las autoridades para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud de los migrantes sin importar su estatus migratorio, especialmente respecto de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad[177]. 85.- En tercer lugar, se han adelantado medidas dirigidas a proteger a los NNA migrantes a través de la gestión del sistema educativo (que se referirán en detalle más adelante), de la intervención del ICBF[178] y de otras instituciones del Estado. En concreto, las actuaciones han abarcado medidas legales y administrativas dirigidas a: (i) evitar el riesgo de apatridia[179], (ii) prevenir los riesgos de vulneración de derechos a través de la atención del ICBF a NNA, mujeres gestantes y las familias inscritas en el RAMV en sus políticas, programas y oferta institucional[180]; (iii) garantizar el derecho al mínimo vital mediante la inclusión en los programas de alimentación y transporte escolar[181], y (iv) atención en salud de acuerdo con lo señalado previamente. 86.- En cuarto lugar, se han desarrollado estrategias para garantizar el acceso a la educación pública y gratuita de los NNA migrantes, con independencia de su estatus migratorio[182]. El Ministerio de Educación Nacional instó a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas a nivel nacional a priorizar el servicio educativo de los menores de edad afectados por la situación de movilidad humana derivada de la crisis migratoria[183]. En concreto, dispuso: (i) la apertura de las matrículas; (ii) la implementación de modelos educativos flexibles en los casos de insuficiencia de cupos escolares; y (iii) las actuaciones de identificación y registro de los menores de edad en el sistema educativo. Estas medidas de respuesta inmediata se han complementado con actuaciones dirigidas a atender diferentes asuntos relacionados con el derecho a la educación de los NNA migrantes[184]. En ese sentido, el informe emitido por la UNESCO señala, con respecto a la actuación del Estado colombiano, que: “(…) la eliminación de requisitos de documentación, creación de rutas de atención, estrategias para ampliar la infraestructura escolar y asegurar equipamiento, creación de modalidades de aprendizaje flexibles, adaptación de programas de formación docente, iniciativas de alimentación y transporte, campañas y acciones contra la xenofobia y violencia de género, son algunas de las acciones que importa subrayar en la actual respuesta al flujo migratorio mixto desde Venezuela.”[185] Asimismo, se advierten los desafíos con respecto a la garantía plena del derecho a la educación no solo mediante la integración de los NNA migrantes a la escuela, cuando no han accedido a ella, sino también a través de los ajustes estructurales que permitan la satisfacción plena del derecho a la educación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y responsabilidad[186]. 87.- En quinto lugar, el Estado colombiano ha adelantado acciones relacionadas con el derecho al trabajo, entre las cuales se destacan: (i) el alcance del PEP, que comporta la autorización de trabajo en el país y las medidas de extensión posteriores referidas previamente; (ii) las estrategias de convalidación de títulos; (iii) el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, una plataforma que busca que los empleadores colombianos registren a los trabajadores extranjeros, de manera que el Ministerio del Trabajo disponga de la información suficiente para supervisar su situación laboral, las condiciones de su trabajo y el cumplimiento de las normas laborales[187]; y (iv) el acceso a los servicios de orientación, información y remisión prestados por la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo[188]. 88.- Como se advirtió inicialmente, la alusión a la actuación del Estado para responder a la situación de migración masiva de nacionales venezolanos y a la crisis humanitaria que conlleva, no pretende ser exhaustiva ni tiene como finalidad una calificación sobre su suficiencia. Por el contrario, busca evidenciar que existe un esfuerzo institucional en desarrollo, que ha demandado una serie de actuaciones de diversas entidades del Estado dirigidas a responder a ese fenómeno y a lograr una adecuada integración de la población migrante en la sociedad colombiana, de acuerdo con la regulación de la política migratoria en cabeza del Presidente de la República. 89.- Tal y como se deriva de la descripción recogida en los fundamentos jurídicos 81 a 88 de esta sentencia, la respuesta estatal se ha concentrado en los derechos a la salud, educación, atención a los NNA, trabajo y regularización del estatus migratorio. Ahora bien, en lo que respecta a las necesidades habitacionales de la población migrante la Sala no advierte una reglamentación general o una política clara. Por el contrario, evidencia acciones aisladas de las entidades territoriales[189] y algunos refugios temporales en zonas de frontera[190]. Esta conclusión la confirman los informes de organismos internacionales en los que se ha indicado que: (i) la migración masiva genera una demanda importante en materia habitacional; (ii) los migrantes venezolanos no reciben ayuda económica o albergue temporal de parte de las autoridades estatales; (iii) no existen planes de respuesta nacional para la demanda habitacional; (iv) los problemas de documentación de los migrantes agravan el acceso a soluciones de vivienda, incluido el arrendamiento; y (v) la falta de respuesta a la demanda habitacional ha generado la ocupación de espacios públicos o privados, algunos ubicados en zonas de riesgo, que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad digna y, por lo tanto, exacerban la vulnerabilidad, la inseguridad y las condiciones de riesgo para los migrantes[191]. 90.-. En relación con las necesidades habitacionales de la población migrante, es necesario distinguir dos tipos de actuaciones. De un lado, las que corresponden a la atención humanitaria o atención de urgencia y, de otro, la política relacionada con la garantía del derecho a la vivienda. Esta distinción es necesaria en tanto se desprende de diferentes fundamentos normativos y responde a contextos que, aunque relacionados, son distintos. 91.- En primer lugar, se encuentran las actuaciones adelantadas en el marco de la asistencia humanitaria o atención de urgencia. Esta respuesta corresponde a las medidas dirigidas a satisfacer las necesidades urgentes e imperiosas en el contexto de la violación de derechos humanos, derivada de escenarios de migración masiva. El fundamento de esta actuación es la dignidad humana y, por lo tanto, cobija a todas las personas, en razón de su condición de seres humanos, independientemente de su situación migratoria, origen nacional, pertenencia a un grupo social o cualquier otra particularidad[192]. La atención humanitaria como respuesta de urgencia, al estar relacionada con la dignidad humana, tiene sustento en los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)[193]; como también en los principios y derechos consagrados en la Constitución de 1991. Su principal cimiento es el respeto de la dignidad, la solidaridad entre las personas, la prevalencia del interés general[194] y el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, sin discriminación alguna[195]. Con base en esos supuestos, la jurisprudencia constitucional ha admitido que los compromisos del Estado dirigidos a asegurar condiciones dignas para las personas que forman parte de flujos migratorios, bajo la premisa de la realización universal de los derechos humanos, apuntan a la necesidad de que cualquier persona reciba “(…) atención mínima del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus necesidades primarias y respetar su dignidad humana; un núcleo esencial mínimo que el Legislador no puede restringir”[196]. 92.- Ahora bien, aunque la respuesta o atención humanitaria es un concepto ampliamente referido con respecto a los fenómenos de migración masiva, como también en el marco de los instrumentos o compromisos de los Estados ante estas situaciones, su alcance no ha sido definido en forma precisa y clara en el DIDH. En ese sentido, es importante destacar que la CIDH exhortó a los países de acogida de migrantes venezolanos a proteger y brindar asistencia humanitaria[197], y recordó que los esfuerzos internacionales dirigidos a lograr una actuación común, respecto de los grandes movimientos de migrantes y refugiados en el mundo, incluyen compromisos sobre atención humanitaria. Por su parte, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes[198], y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular[199], suscritos por Colombia, constituyen una respuesta política y un marco de cooperación que, pese a carecer de naturaleza directamente vinculante, reconocen el alcance del fenómeno migratorio en el mundo, la situación de vulnerabilidad y la afectación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados[200], así como el impacto que las migraciones masivas generan en los países de acogida. Estos documentos plantean una serie de compromisos políticos que, si bien no constituyen deberes jurídicos en los términos del derecho internacional público, en todo caso están dirigidos a atender de forma mancomunada, mediante el apoyo de los Estados y organizaciones[201], los fenómenos de migración con el propósito de respetar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en situación de movilidad humana, y asegurar para ellas una vida en condiciones de seguridad y dignidad. El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular se erige sobre los siguientes principios: (i) el centro de los compromisos es la dimensión humana; (ii) se trata de un pacto de cooperación que entiende que ningún Estado puede abordar el fenómeno de la migración en solitario; (iii) el respeto de la soberanía nacional en la definición de la política migratoria y la determinación de las medidas con las que aplicarán los compromisos del pacto “teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”; (iv) el respeto del Estado de derecho, las garantías procesales y el acceso a la justicia; (v) el desarrollo sostenible; (vi) el enfoque de género, infantil y de protección de los derechos humanos; y (vii) el entendimiento del fenómeno migratorio como una realidad pluridimensional que involucra la actuación de todos los sectores y niveles del gobierno, así como de todos los estamentos sociales. 93.- De manera que fenómenos como los que enfrenta el país actualmente, como receptor de una situación de migración masiva, ocupan una parte importante de la agenda política de los Estados, quienes reconocen que se trata de situaciones que desbordan las capacidades institucionales de las naciones de tránsito y acogida y, por ende, destacan la necesidad de una actuación conjunta para la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, su adecuada integración a las comunidades receptoras, así como el desarrollo de estrategias dirigidas a lograr el retorno en condiciones respetuosas y compatibles con el DIDH. En el marco de este fenómeno, tal y como se describió en los fundamentos jurídicos 81 a 88, Colombia ha respondido a la necesidad de protección de los derechos humanos. La actuación se ha centrado en la atención humanitaria como se desprende del reconocimiento de la necesidad de diseñar la política integral de atención humanitaria a la que hace referencia el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 y las actuaciones sugeridas en el Documento CONPES 3950 del 23 de noviembre de 2018 “Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela”, en el que se refiere la necesidad de trazar una ruta de atención básica al fenómeno migratorio, más allá de las acciones humanitarias realizadas hasta el momento. En lo que respecta a la atención humanitaria ante las necesidades habitacionales, el Documento CONPES en mención prevé el desarrollo de Centros de Atención Transitorios al Migrante en sitios de frontera a través del liderazgo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Estos centros son espacios para la prestación de los servicios de alojamiento temporal, alimentación y aseo, atención primaria en salud y acompañamiento institucional por un tiempo definido[202]. No obstante, en la información publicada por la unidad administrativa especial en mención, sólo se destaca la apertura de un centro de atención en el municipio de Villa del Rosario[203], razón por la que no es claro si se acogieron los lineamientos del CONPES para la respuesta humanitaria en materia habitacional y no es posible establecer el alcance de la actuación estatal en esta materia concreta. 94.- Ahora bien, en lo que respecta a la vivienda como un derecho fundamental de realización progresiva y con facetas de cumplimiento inmediato, es necesario considerar que: 95.- En primer lugar, el artículo 100 superior prevé que los nacionales y los extranjeros gozan de los mismos derechos y garantías en territorio colombiano[204]. Adicionalmente, de conformidad con “(…) lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta, prima facie puede predicarse una igualdad entre unos y otros ya que el precepto superior al disponer que todas las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades, prohíbe expresamente establecer discriminaciones, entre otros motivos, por razones de origen nacional”[205]. No obstante, el Legislador puede establecer límites y condiciones para el ejercicio de las garantías constitucionales y legales de los extranjeros, los cuales solo podrán fundarse en razones de orden público[206], esto es, para “(…) salvaguardar las condiciones y presupuestos básicos de un Estado Social de Derecho, que permitan garantizar el goce de los derechos fundamentales”[207]. Igualmente, se ha aclarado que la igualdad no solo opera en función de las garantías constitucionales y legales, sino que también se extiende sobre el ejercicio de los deberes[208], entre los cuales se encuentra el respeto por la Constitución y la ley. En esa medida, nacionales y extranjeros se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico colombiano, las instituciones y las autoridades[209], las cuales deben ser respetadas. Uno de los elementos por acatar corresponde a la política migratoria que, según el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución, es definida por el Presidente de la República como Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales191, en el marco de la soberanía nacional. 96.- En segundo lugar, debe reiterarse que, de acuerdo con lo desarrollado en el fundamento jurídico 50, el derecho a la vivienda, si bien tiene un carácter fundamental su materialización, tiene facetas de inmediato cumplimiento y de realización progresiva. En concreto, su plena efectividad exige importantes esfuerzos económicos y de planeación para los Estados, así como el desarrollo de políticas de largo aliento. En ese sentido, se han reconocido facetas que deben cumplirse en breves períodos, tales como las obligaciones de abstención, protección y algunos deberes de garantía mínima como el diseño de la política pública sin desconocer el carácter progresivo de realización del derecho. Con respecto a la faceta prestacional del derecho a la vivienda es necesario destacar que en el marco de la realización progresiva se establecen medidas para la priorización, la cual, por definición, conlleva el otorgamiento de soluciones habitacionales a unos sujetos, y la postergación y exclusión en relación con otros. Asimismo, la importante inversión de recursos que demanda la materialización del derecho genera que su desarrollo se adelante a través de políticas de largo aliento, tal y como se evidenció al describir la política para la atención de la población desplazada. Por lo tanto, la protección del derecho a la vivienda en lo que respecta a la faceta prestacional no puede generar falsas expectativas, pues se trata de una materia en la que concurren sujetos con diferentes vulnerabilidades, está definida mediante herramientas de priorización, que de suyo generan postergaciones y exclusiones en relación con otros sujetos, e involucra actuaciones del Estado de largo plazo. 97.- En tercer lugar, es necesario destacar que en el derecho internacional se reconoce el derecho a una vivienda adecuada, el cual debe ejercerse sin discriminación alguna por motivos raciales o étnicos, sexuales, religiosos, de idioma, de opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social[210]. Asimismo, se precisa que la materialización de los derechos económicos, entre los que la vivienda se enlista, es progresiva y que: “Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.”[211] Por su parte, el artículo 43 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares[212] obliga a los Estados a garantizarles la igualdad de trato respecto de los nacionales en relación con el acceso a la vivienda, bien estén “documentados o en situación regular”. Ello a través de su inclusión en los planes sociales de vivienda y de la protección contra la explotación en materia de alquileres. 98.- En cuarto lugar, la definición de la política de vivienda para la población migrante está íntimamente relacionada con la dirección y orientación de la política migratoria, en cabeza del Presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución. Lo anterior, porque los programas de acceso progresivo a la vivienda corresponden a medidas de largo plazo relacionados con la vocación de permanencia en el país. 99.- Con base en los elementos descritos, para la garantía del derecho a la vivienda de la población migrante debe considerarse que: (i) la realización del derecho a la vivienda es de carácter progresivo; (ii) está proscrita la discriminación fundada en criterios como el origen nacional, pero se otorga un margen de actuación a los Estados para que definan cómo garantizar los derechos económicos a los nacionales de otros países; (iii) la regularización de la situación migratoria es un criterio relevante en el acceso a políticas de vivienda, no solo desde una perspectiva de los deberes, sino también porque esta condición está relacionada con el interés de permanencia[213]; y (iv) en todo caso la faceta prestacional se desarrolla mediante herramientas de priorización, que implican la postergación y exclusión de soluciones habitacionales para algunos sujetos, y a través de políticas de largo plazo. La unificación de la jurisprudencia sobre la protección de población vulnerable en procesos de desalojo por ocupación irregular de predios y las medidas estructurales que responden a la unificación 100.- El asunto examinado en esta oportunidad por la Sala Plena de la Corte Constitucional no es un caso aislado sobre la ocupación de un predio en El Copey, Cesar, y las consecuentes actuaciones de desalojo. Por el contrario, los 20 años de jurisprudencia descritos en el fundamento jurídico 39 de esta sentencia evidencian que se trata de una situación frecuente en un contexto identificado por un conflicto armado interno de larga duración, una de las mayores cifras de desplazamiento forzado interno en el mundo y la crisis humanitaria que apareja[214], las altas cifras de pobreza e inequidad[215], y un déficit habitacional que, de conformidad con las cifras del DANE, para el año 2018 superaba el 36% de los hogares del país[216]. Además de lo anterior, actualmente concurre una situación de migración masiva de nacionales venezolanos[217] y una pandemia en la que la vivienda cobra un significado adicional[218]. En este escenario, muchas personas en condición de vulnerabilidad ocupan predios de manera irregular como una alternativa para satisfacer, de manera precaria, su imperiosa necesidad de vivienda. Los casos examinados por esta Corporación evidencian que las ocupaciones en mención se adelantan principalmente por víctimas de desplazamiento forzado y personas en condiciones de pobreza extrema, en quienes además concurren otras condiciones de vulnerabilidad, y que acuden a estos mecanismos de hecho, en algunos casos, porque no encuentran otra alternativa, y en otros porque consideran que la ocupación es el mecanismo instituido para el acceso a la vivienda. Tal y como se ha señalado en múltiples oportunidades una de las principales falencias de la política de vivienda es la ausencia de canales de comunicación efectivos a través de los que se le indique con claridad a la población vulnerable cuáles son los programas y medidas desarrollados por el Estado para la garantía y el acceso a la vivienda digna. En ese sentido, como se evidenciará en el estudio del caso concreto y lo demuestran hechos como los estudiados en la Sentencia T-267 de 2016[219], en muchas ocasiones las personas consideran que las actuaciones de hecho son las vías dispuestas para el acceso a los programas de vivienda o para lograr la priorización en los mismos. 101.- En el contexto descrito y en atención al carácter progresivo de la faceta prestacional del derecho a la vivienda, se ha desarrollado la política pública para su satisfacción. En lo que respecta a la población desplazada[220], hasta el año 2016 esta política tuvo una evolución importante en la que confluyeron las actuaciones y esfuerzos de diversas autoridades, orientados a brindar una respuesta seria y estructurada a las graves necesidades de vivienda que el fenómeno del desplazamiento forzado ha generado en el país y bajo el reconocimiento de que este es uno de los asuntos que más dificultades presenta por las importantes exigencias presupuestales que demanda. En concreto, las indagaciones, los requerimientos, el control y el impulso efectuado por la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado[221] han estado dirigidos a que la política de atención efectivamente responda a las necesidades habitacionales de las víctimas y a que se priorice a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a quienes llevan más tiempo a la espera de una solución de vivienda. 102.- Ahora bien, un asunto menos explorado desde la perspectiva constitucional, pero que también es relevante para la protección del derecho a la vivienda, su materialización progresiva y el acceso en condiciones de igualdad en el contexto descrito, está relacionado con los deberes correlativos impuestos a los asociados. En particular, el reconocimiento y la utilización de los programas, canales institucionales y mecanismos dirigidos a hacer efectivo el derecho en mención. La previsión y el desarrollo de la política de vivienda para las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad exigen de esta población y de la sociedad en su conjunto el ejercicio de unos deberes que contribuyan, o por lo menos no retrasen, su materialización. Estos deberes tienen diversas manifestaciones y pueden incluir desde el control social a la gestión pública en materia de vivienda, pasan por la utilización de las vías institucionales y su fortalecimiento, y también conllevan obligaciones de abstención por cuanto actuaciones ilegítimas de abuso del derecho afectan el desarrollo y el éxito de esta política. En efecto, medidas que demandan fuertes inversiones de recursos y que son programáticas, resultan minadas o fracturadas por actuaciones irregulares que incluyen variadas formas, unas más reprochables que otras, pero que, en su conjunto afectan el avance de la política en vivienda y la materialización de los proyectos para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad, que están a la espera de soluciones de vivienda digna, puedan acceder a ellas. En concreto, existen diversas actuaciones que impactan de manera negativa el desarrollo de una política de vivienda que priorice y atienda a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Estos actos se presentan en variadas formas y se realizan por diferentes agentes, desde funcionarios públicos hasta particulares, y pueden incluir actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, incumplimientos contractuales en los proyectos de vivienda, la discontinuidad y falta de articulación en las estrategias de atención, y el uso de la violencia o las actuaciones de hecho para exigir acciones del Estado que, en muchos casos, desvían la focalización de los recursos. Por lo tanto, el análisis de la protección del derecho a la vivienda y de las medidas para su materialización progresiva, exigen valorar un contexto más amplio, marcado no sólo por las condiciones de necesidad en el caso concreto, sino también por el impacto de las medidas en una política más amplia y el cumplimiento de los deberes de las autoridades y los particulares. En este sentido, la Sala reitera los deberes asociados al derecho a la vivienda, especialmente de las autoridades públicas, principales obligadas a adelantar las actuaciones para su protección, pero también de los particulares y de la sociedad en su conjunto. En concreto, el deber de una actuación estatal coordinada, armónica, seria y dirigida a lograr el cumplimiento de las proyecciones y necesidades en satisfacción de vivienda, en un escenario como el de nuestro país, en el que más de 30 años de desplazamiento forzado interno han provocado masivas y sistemáticas violaciones de derechos fundamentales y ha puesto a las víctimas en situaciones de grave precariedad, ampliamente reconocida y documentada en la jurisprudencia de esta Corporación. Con todo, el llamado no sólo se extiende a las autoridades sino a la sociedad en su conjunto, y en ese sentido, a los ciudadanos que, por vías de hecho, frustran el desarrollo de las acciones dirigidas a lograr avances en las políticas de vivienda. La Sala no puede desconocer, como lo ha reconocido en una línea jurisprudencial de 20 años, que las fallas estructurales del Estado en la garantía de la vida e integridad personal, y la satisfacción de los derechos fundamentales de los asociados han provocado que miles de personas se vean forzadas a satisfacer de manera precaria su imperiosa necesidad de vivienda a través de actos de ocupación irregular. Sin embargo, esta Corporación también ha advertido casos de ocupaciones que, lejos de buscar la satisfacción de una necesidad habitacional, están dirigidas a tomar ventajas ilegales por vía de la fuerza y mediante la instrumentalización de sujetos de especial protección constitucional. 103.- La respuesta administrativa y judicial no puede desconocer estas realidades que confluyen en contextos como los de ocupación ilegal de predios bajo las condiciones descritas previamente. En consecuencia, el juez constitucional debe velar por el amparo de los derechos fundamentales y la protección reforzada de los sujetos de especial protección constitucional, pero sin excusar la instrumentalización de estas personas por parte de terceros ni generar incentivos que dejen en situación de mayor desprotección a sujetos vulnerables que acudieron a las vías institucionales y están a la espera de una solución de vivienda. El equilibrio propuesto no es una tarea fácil, pues la realidad y las dimensiones de situaciones de hecho como las ocupaciones masivas de predios dificultan la distinción entre las actuaciones dirigidas a lograr la satisfacción precaria de una necesidad urgente de vivienda y los actos de abuso del derecho que pretenden sacar ventajas ilegales de contextos de necesidad, informalidad y falta de respuestas estatales adecuadas. Con todo, esta dificultad no puede generar la negación de esta realidad ni obviar el impacto que la misma provoca en el avance hacia la satisfacción del derecho a la vivienda de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, en lo que respecta a las medidas de protección de los derechos fundamentales que proceden en el marco de procesos de desalojo por ocupaciones irregulares de predios, la Sala unificará la jurisprudencia en aras de lograr el equilibrio propuesto en un contexto tan complejo como el descrito y, de esta forma, que únicamente se protejan los derechos a la vivienda y a la vida en condiciones dignas de las víctimas de desplazamiento forzado que no cuentan con las herramientas ni la respuesta estatal para la satisfacción de la imperiosa necesidad de vivienda, tanto en el caso concreto, como a futuro, de cara también a la política pública general de vivienda y su adecuado desarrollo y focalización. Tal y como se describió en las consideraciones generales y como se ha explicado en otras sentencias de la línea jurisprudencial descrita, la protección reforzada de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco de procedimientos de desalojo obedece a: (i) la dinámica del desplazamiento que genera que las personas se vean forzadas a abandonar intempestivamente sus hogares y lugares de origen, y deban arribar, en condiciones precarias, a otros lugares con los que no tienen arraigo; (ii) en ese sentido, el desplazamiento forzado tiene una relación directa con las necesidades habitaciones; (iii) el desplazamiento forzado, aunque se cometa por grupos al margen de la ley, comporta el incumplimiento de los deberes del Estado, pues no brindó las medidas de protección y seguridad para que este fenómeno no se produjera; y (iv) la actuación estatal no ha logrado proteger y restablecer los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, lo que configura un estado de cosas inconstitucional que involucra las omisiones estructurales en la debida atención de las víctimas. Por las anteriores razones, aunque concurran otros sujetos de especial protección constitucional las medidas de amparo se concentrarán principalmente en las víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, como se explicará más adelante la mayor protección de las víctimas no implica la ausencia de medidas en relación con otros SEP. 104.- En atención a las diversas manifestaciones de las órdenes de amparo emitidas en la jurisprudencia de esta Corporación, presentadas en los fundamentos jurídicos 32 a 49 de esta sentencia, la Sala unificará las medidas de protección de la población vulnerable en el marco de procedimientos de desalojo de bienes de carácter público. La unificación, además de responder al contexto descrito previamente, partirá de las siguientes premisas: 105.- En primer lugar, es necesario reiterar que de la ilegalidad no se generan derechos y que las ocupaciones irregulares de bienes de carácter público afectan el interés general, no ofrecen soluciones de vivienda digna, frustran el desarrollo de las políticas en la materia e impactan la satisfacción de los derechos de otras personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, de la calidad de ocupante irregular de un predio de naturaleza pública no se deriva la protección constitucional, pues ello surge solamente de la condición de desplazamiento forzado en la que se encuentra. 106. En segundo lugar, la unificación hace referencia a los casos en los que la actuación del Estado no generó expectativas que gocen de protección constitucional en relación con la tolerancia a la ocupación del bien, es decir, no se generó una situación de confianza legítima sobre la viabilidad de la ocupación. En concreto, se trata de procedimientos de desalojo con respecto a ocupaciones que no fueron toleradas por las autoridades públicas, quienes emprendieron actuaciones dirigidas a lograr la recuperación del bien y, por ende, no generaron expectativas legítimas en los ocupantes. 107.- En tercer lugar, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que, como se explicó en los fundamentos jurídicos 50 y siguientes, tiene facetas de cumplimiento inmediato y otras de realización progresiva, las cuales deben ser consideradas, reconocidas y respetadas por las autoridades. En relación, con la “gradualidad progresiva” la Sala reitera que esta no puede ser entendida como una justificación para la inactividad del Estado, que tiene la obligación de garantizar los contenidos mínimos esenciales y avanzar en la satisfacción plena y cabal del derecho fundamental a la vivienda. 108.- En cuarto lugar, en concordancia con la premisa anterior, el derecho a la vivienda digna con el alcance establecido a partir de la Carta Política y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos impiden admitir que las ocupaciones ilegales de bienes, en el marco de las cuales las personas realizan construcciones precarias en espacios que no cuentan con condiciones de habitabilidad, generan situaciones de vivienda digna. De manera que, el Estado no puede considerar que este tipo de ocupaciones y condiciones de vida constituyen una respuesta a la necesidad de vivienda, y menos aún, que estas circunstancias lo relevan de sus deberes en la atención en materia de vivienda respecto de los ocupantes de estos predios, que se hallen en situación de vulnerabilidad. 109- En quinto lugar, las actuaciones de desalojo aunque se adelanten en el marco de procesos civiles o de policía para la protección de la propiedad o la tenencia de inmuebles, no se limitan a la protección de derechos reales, ni están desprovistos de relevancia constitucional. La existencia y el desarrollo de estos procedimientos están íntimamente relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de todas las personas en sus bienes como principal propósito de las autoridades públicas, el interés general, el acceso efectivo a la administración de justicia, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En efecto, la existencia de mecanismos de protección de los bienes de los asociados y de los bienes públicos, y su operatividad tiene una importancia mayúscula en la legitimidad del Estado y la construcción de la paz. 110.- En sexto lugar, las medidas de protección deben valorar la situación de afectación de los derechos fundamentales con respecto a los sujetos del caso concreto y considerar, a su vez, el impacto de las decisiones en otros sujetos de especial protección constitucional o en situaciones de mayor vulnerabilidad que pueden resultar afectados con la decisión. En efecto, como se ha explicado ampliamente la política de vivienda para la atención de la población desplazada ha implicado el desarrollo y ajuste de medidas de largo plazo, en las que sujetos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema acudieron a los canales institucionales para obtener una solución habitacional y han esperado por largo tiempo esa respuesta. Por lo tanto, las medidas deben considerar este escenario general. Adicionalmente, el desarrollo de las medidas de atención en vivienda para víctimas de desplazamiento forzado ha estado impulsado por la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado. En consecuencia, los casos concretos deben considerar esos avances para evitar decisiones que se contrapongan, ralenticen la actuación estatal o minen esfuerzos estructurales dirigidos a atender a la población más vulnerable. 111.- En sexto lugar, como quiera que las ocupaciones irregulares de predios no pueden ser admitidas como respuestas acordes con el derecho a la vivienda digna y en los casos examinados los propietarios de los bienes -el Estado- adelantaron las actuaciones dirigidas a lograr la recuperación material del inmueble, las medidas de protección deben ser determinadas y articuladas de tal forma que no se traduzcan en obligaciones de imposible cumplimiento para las autoridades y, de esta forma, materialmente se frustren las actuaciones de desalojo. En efecto, se pueden generar cargas desproporcionadas que resulten de imposible cumplimiento para las autoridades municipales y materialmente se frustran las órdenes de desalojo cuando se adoptan medidas generales de albergue temporal o construcción de proyectos de vivienda que no consideran la capacidad y las competencias de las entidades territoriales, la concurrencia de las autoridades del orden nacional, el carácter progresivo de algunas de las facetas del derecho a la vivienda, el desarrollo general de la política de vivienda y las particularidades de la ocupación y de los sujetos, como se explicará más adelante. 112.- En séptimo lugar, las diferencias en los sujetos que concurren en estos contextos de ocupación deben ser identificadas, evaluadas y consideradas tanto por las autoridades administrativas como por los jueces para brindar una respuesta acorde con el amparo de los sujetos de especial protección constitucional, la focalización de la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección del interés general, la legalidad y la propiedad que subyace a los procedimientos de desalojo. En efecto, como se verá, no todos los ocupantes irregulares de un predio están en condiciones de vulnerabilidad o son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, en el marco de la población vulnerable también existen diferencias en el grado de afectación de los derechos y en el alcance de las obligaciones de las autoridades. Los casos que ha examinado la jurisprudencia constitucional permiten identificar grupos de ocupantes con diferencias relevantes de cara a la respuesta constitucional así: El primer grupo está integrado por víctimas de desplazamiento forzado. En relación con este grupo la obligación de protección del derecho a la vivienda se refuerza en atención a las circunstancias descritas en el fundamento jurídico 57 de esta sentencia. En concreto, por la dinámica del desplazamiento que los obligó a abandonar sus hogares, la relación entre el hecho victimizante y las necesidades habitacionales, el incumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección de sus bienes e integridad y el ECI por la insuficiencia de la respuesta estatal en relación con la violación masiva, prolongada y sistemática de los derechos humanos. El segundo grupo incluye a los sujetos de especial protección constitucional por circunstancias diferentes a la situación de desplazamiento forzado y que tengan necesidades apremiantes en materia de vivienda. En este grupo, se encuentran personas cabeza de hogar, de la tercera edad, menores de edad, miembros de comunidades étnicas, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, en condiciones de pobreza extrema y otras vulnerabilidades. En relación con los integrantes de este grupo, es necesario precisar que, si bien merecen una especial protección constitucional las medidas de protección en materia de vivienda no tienen el mismo alcance que las del primer grupo, pues no están sujetos a la misma situación de violación masiva de los derechos fundamentales que genera el desplazamiento forzado y, prima facie, las otras condiciones de vulnerabilidad no tienen la misma relación con la vivienda que son predicables del desplazamiento forzado, que comporta la expulsión forzada de las víctimas de los lugares de origen y, por ende, de sus viviendas. El tercer grupo, corresponde a sujetos de especial protección constitucional sin necesidades apremiantes de vivienda y otros ocupantes que no son sujetos de especial protección constitucional. En relación con los integrantes de este grupo no proceden medidas de protección del derecho a la vivienda en el marco de los procesos de desalojo por ocupación irregular, pues justamente la ausencia de circunstancias de especial vulnerabilidad en materia de vivienda evidencia que la ocupación irregular no estuvo fundada en la urgencia de satisfacer una necesidad habitacional imperiosa. Por lo tanto, la ocupación en estos casos corresponde a un acto que busca ventajas ilegítimas y que no puede ser tolerado o promovido por el juez constitucional, ni puede activar medidas de protección. El cuarto grupo, que resulta novedoso para el presente caso, pues no concurría en los anteriores asuntos examinados por la Corte, corresponde a los migrantes venezolanos. Para la determinación de las medidas de protección en relación con este grupo es necesario reiterar que actualmente el país enfrenta un fenómeno de migración masiva que acarrea una crisis humanitaria y que ha motivado una respuesta del Estado colombiano de ayuda humanitaria descrita en los fundamentos jurídicos 81 a 89 de esta sentencia. Adicionalmente, aunque la garantía de la vivienda no admite discriminaciones fundadas en criterios como el origen nacional sí existe un margen de configuración de los Estados para determinar la política de atención en la materia con respecto a nacionales de otros países, máxime si se considera que los programas de vivienda están relacionados con la vocación de permanencia en el país y este es un asunto que guarda íntima relación con la política migratoria del Estado, y que la materialización de la faceta progresiva del derecho a la vivienda implica criterios de priorización, altas erogaciones económicas y políticas públicas de largo plazo. 113.- Bajo el contexto descrito y las premisas referidas previamente la Sala Plena de la Corte Constitucional unifica la jurisprudencia en relación con las medidas de protección de las personas en condición de vulnerabilidad en el marco de actuaciones de desalojo por ocupación irregular de predios de carácter público así: Las medidas de protección en relación con el debido proceso 114.- Todas las actuaciones de desalojo de ocupaciones irregulares a través de las que se satisface de manera precaria necesidades urgentes de vivienda deben respetar las garantías del debido proceso desarrolladas de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional. En particular, tal y como se describió en los fundamentos jurídicos 35 y 36, los procedimientos de desalojo deben asegurar un “estricto debido proceso” que incluye las siguientes garantías mínimas: (i) La debida notificación e información con antelación suficiente a la fecha prevista para el desalojo que permita evitar o, por lo menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. (ii) La presencia de las autoridades administrativas o judiciales en el trámite de desalojo. (iii) La identificación de todas las personas que efectúen el desalojo. (iv) La prohibición de efectuar desalojos cuando haga mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento. (v) El otorgamiento de recursos jurídicos adecuados. (vi) El derecho a la asistencia jurídica que permita obtener, llegado el caso, reparación. El cumplimiento de las garantías procesales en mención debe estar guiado por los principios de razonabilidad, celeridad y la prevalencia de los derechos fundamentales. Lo anterior, por cuanto la magnitud de las ocupaciones de hecho puede variar de manera drástica en períodos muy cortos, de manera que las autoridades deben estar prestas a atender estas variaciones bajo criterios de maximización por el respeto de las garantías de los ocupantes sin desconocer los derechos de los propietarios y personas con interés legítimo en la recuperación de los inmuebles, que también tienen protección constitucional y legal. Las medidas de protección en relación con el derecho a la vivienda Las órdenes y actuaciones de desalojo no pueden ser suspendidas indefinidamente 115.-En primer lugar, la Sala precisa que no proceden suspensiones indefinidas. Lo anterior, porque la interrupción indefinida de estas actuaciones implica aceptar que la precariedad de las ocupaciones irregulares constituye una respuesta idónea en materia de vivienda, situación que contraría el alcance del derecho a la vivienda digna ampliamente referenciado en esta sentencia. Asimismo, estas decisiones cohonestan situaciones de ilegalidad, generan incentivos perversos, e imponen una carga desproporcionada para los propietarios de los bienes que activaron las vías jurídicas institucionales para su recuperación. Finalmente, se desconoce el interés general que subyace a la protección de bienes públicos y las características de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad que les otorgó la Carta Política. En consecuencia, no hay lugar a suspensiones indefinidas de órdenes de desalojo y estas se postergarán únicamente durante el tiempo necesario para que las autoridades ofrezcan las medidas urgentes de reubicación temporal y albergue a las víctimas de desplazamiento que reúnan las condiciones para el efecto. En ese sentido, se aclara que la suspensión no opera durante el tiempo del albergue temporal sino únicamente durante el tiempo que se adelanten de forma diligente las actuaciones para la reubicación en aras de brindar el albergue temporal en los términos precisos que se describirán a continuación. Así, una vez verificadas esas actuaciones será procedente adelantar el desalojo. La medida provisional y urgente de albergue y remedios estructurales de fortalecimiento de la UARIV 116.- Una de las medidas de protección ordenadas por la jurisprudencia constitucional en las actuaciones de desalojo por ocupaciones irregulares ha consistido en el albergue temporal que debe brindar la entidad territorial. Esta medida se ha otorgado: (i) por un tiempo prudencial estimado en siete meses; (ii) hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales desaparezcan; (iii) hasta que se efectúe el traslado de las víctimas a otro lugar que cuente con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones dignas; y (iv) hasta que sean incluidas en programas de vivienda o se desarrollen estos planes si no existen. Adicionalmente, en algunos casos la medida ha cobijado únicamente a las víctimas de desplazamiento forzado y en otros a todos los sujetos en condiciones de vulnerabilidad. 117.- En atención a las diferencias descritas, la Sala unificará el alcance de la medida provisional y urgente de albergue temporal en el sentido de precisar que: (i) operará únicamente para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado que no cuenten con los recursos ni una respuesta institucional para la satisfacción del derecho a la vivienda; (ii) puede consistir en un subsidio o la adecuación de un espacio en condiciones acordes con el derecho a la vivienda digna que debe garantizar la entidad territorial; (iii) se extenderá hasta que se cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones: (a) la UARIV brinde la atención humanitaria necesaria para la satisfacción de la necesidad de alojamiento que calificó, (b) la UARIV determine que por otras vías como una estabilización socioeconómica la víctima superó la carencia de alojamiento, o (c) se materialice una solución de vivienda de mediano o largo plazo. El albergue, por tratarse de una medida temporal, debe extenderse por un tiempo definido en aras de racionalizar las cargas de las entidades territoriales y brindar un período de estabilización suficiente para las personas que lo requieran. Este término se ha estimado por la jurisprudencia en 7 meses. En consecuencia, el albergue se extenderá hasta que se cumpla cualquiera de condiciones señaladas previamente si esto ocurre primero y, en todo caso, deberá brindarse por el término máximo de siete meses. El término de siete meses se aplica en esta oportunidad por la necesidad de contar con un referente temporal que clarifique las obligaciones de las autoridades. Este criterio temporal ha sido utilizado por la jurisprudencia constitucional en oportunidades anteriores; le permite a las entidades territoriales hacer un ajuste presupuestal de cara a la obligación; racionaliza la carga en cabeza de las autoridades y les permite conocer con claridad el término máximo durante el que se extiende la obligación, y es un término razonable para que se adelanten las gestiones de comunicación y coordinación con las entidades del orden nacional para que se adopten las medidas relacionadas con la ayuda humanitaria si la calificación de la UARIV arrojó carencias en materia habitacional, y se adelanten las gestiones en relación con la información e inclusión, de ser el caso, en los programas de vivienda. Finalmente, desde la perspectiva de las víctimas de desplazamiento forzado, que cumplen con las condiciones para obtener el albergue, el término de siete meses les brinda un periodo de estabilización para la búsqueda de soluciones de vivienda y de estabilización económica como la ubicación laboral. La determinación de la procedencia del albergue temporal y su alcance están supeditados a la evaluación de las carencias de alojamiento por parte de la UARIV y la verificación de la actuación del Estado en la protección y el restablecimiento del derecho a la vivienda de cada víctima. De manera que la medida se otorga únicamente a: (a) las víctimas de desplazamiento forzado que, realizada la evaluación de carencias por parte de la UARIV, arrojan carencias extremas o graves en materia de vivienda, y (b) no reciben subsidios o ayudas humanitarias para la satisfacción del derecho. En ese sentido, es importante resaltar que, tal y como se explicó en los fundamentos jurídicos 61 a 64, las diferentes fases de atención humanitaria para las víctimas de desplazamiento forzado implican una actuación en materia de alojamiento. Por lo tanto, aunque no es una respuesta definitiva, si a la víctima de desplazamiento forzado se le está brindando la atención humanitaria con el componente de alojamiento, no hay lugar a otorgar una medida adicional de albergue temporal en el marco del desalojo, pues cuenta con una respuesta del Estado para esa necesidad. Adicionalmente, si la calificación de carencias no arroja falencias extremas o graves significa que el núcleo cuenta con una situación de estabilización en la que operan las medidas de mediano y largo plazo, pero no el albergue temporal que es la respuesta urgente e inmediata con respecto a una necesidad imperiosa de vivienda. 118.- Ahora bien, para materializar y hacer efectiva esta medida de protección es necesario un ajuste estructural en lo que atañe a la actuación de la UARIV. Lo anterior, por cuanto la identificación de las víctimas a las que la entidad territorial deberá brindarles albergue temporal está supeditada a la evaluación que adelante dicha unidad, razón por la que se requiere su acompañamiento oportuno y una actuación célere dirigida a establecer: (i) los ocupantes próximos a ser desalojados que son víctimas de desplazamiento forzado; (ii) las carencias que presentan en materia de alojamiento; y (iii) cuál es la respuesta estatal con respecto a su situación de desplazamiento. Por lo tanto, la Sala adoptará medidas estructurales en relación con la UARIV para que adelante un acompañamiento efectivo a las entidades territoriales en estos procesos. El acompañamiento y la respuesta efectiva de la UARIV como entidad coordinadora del SNARIV[222] y de la implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas 119.- En la medida en que la materialización y adecuada focalización de las medidas de amparo en el marco de los procesos de desalojo, y la disuasión de conductas de hecho exigen una respuesta estatal oportuna y la debida identificación de las carencias de las víctimas, es necesario reforzar la actuación de la UARIV en el acompañamiento a las autoridades de carácter municipal y a las autoridades judiciales para la determinación de las condiciones que dan lugar a las medidas de protección descritas. En ese sentido, la Sala llama la atención sobre los ingentes esfuerzos que debió adelantar la Magistrada sustanciadora para obtener una respuesta concreta de la UARIV en relación con los ocupantes del predio ubicado en El Copey. En efecto, fueron necesarias más de cuatro autos para lograr recaudar parcialmente la información requerida, pues la entidad adoptó una estrategia de defensa jurídica que incluyó: la negación de sus competencias, la remisión de informes incompletos y contradictorios, el desconocimiento de las órdenes emitidas y de los términos otorgados para el efecto, y en general una actuación procesal que, lejos de estar dirigida a cumplir las obligaciones constitucionales y legales de protección a las víctimas y colaboración con la administración de justicia, se circunscribió a negar sus competencias y responsabilidades[223]. La conducta de la UARIV durante el presente trámite constitucional dilató la respuesta judicial que debe brindarse en esta sede y se concentró en cuestionar que las medidas de desalojo de víctimas de desplazamiento forzado guarden relación con sus competencias. Lo anterior, a pesar de que 20 años de jurisprudencia constitucional han evidenciado que la ocupación irregular de predios por víctimas de desplazamiento forzado es una realidad grave, reiterada y general que responde, entre otras causas, a las fallas en las medidas de atención a las víctimas y el debido acompañamiento para su estabilización. Por lo tanto, la actuación de la entidad evidencia el desconocimiento y la negación de una realidad que, de acuerdo con sus competencias legales, debería conocer de primera mano. En concordancia con lo expuesto, la Sala expresa su preocupación sobre el alcance y la oportunidad de la actuación que la UARIV adelantará en el acompañamiento de los procedimientos de desalojo en los términos descritos previamente. Por lo tanto, adoptará una serie de medidas dirigidas a que esa entidad desarrolle mecanismos de coordinación, respuesta y acompañamiento efectivo a las autoridades administrativas y judiciales en los procedimientos que impliquen el desalojo de víctimas de desplazamiento forzado. Estas medidas, serán verificadas por la Sala de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado de acuerdo con los parámetros que se definirán a continuación: 120.- En primer lugar, se ordenará a la UARIV que active un canal de comunicación específico con las autoridades administrativas y judiciales, relacionado con el acompañamiento e información necesaria para la protección de los derechos de las víctimas en el marco de los procesos de desalojo. Este canal de comunicación consistirá en un micrositio en el portal web de la entidad, en el que las autoridades podrán solicitar la información y el acompañamiento de la Unidad para la identificación y verificación de las condiciones de los ocupantes en el marco de procesos de desalojo. 121.- En segundo lugar, la actuación de la UARIV deberá estar dirigida a acompañar de manera efectiva a las autoridades administrativas y judiciales en la identificación de las víctimas ocupantes de los predios y el estado de sus carencias. Para garantizar esta respuesta efectiva, la entidad en mención deberá expedir un protocolo, que presentará a la Sala de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado, en el que se regule el curso de acción de la entidad y prevea lo siguientes elementos mínimos: 1. Tiempos de respuesta sobre las siguientes actuaciones: (i) confirmación del recibo de la solicitud de acompañamiento; (ii) requerimientos para que se completen los datos sobre los ocupantes en relación con los que se brindará la información; y (iii) la remisión de las bases de datos con la información de los ocupantes de acuerdo con lo referido en el numeral siguiente. El tiempo de respuesta no podrá superar los plazos previstos para la respuesta a solicitudes en ejercicio del derecho de petición. 2. La información veraz, oportuna, completa y organizada sobre: (i) los ocupantes inscritos en el RUV, (ii) las ayudas humanitarias que han recibido o reciben; (iii) la calificación vigente sobre las carencias en materia de alojamiento; e (iv) información sobre la superación de la necesidad de vivienda. 3. En caso de inscripción en el RUV y ausencia de información sobre las ayudas humanitarias y la calificación de carencias, la previsión de medidas de traslado de funcionarios de la UARIV al lugar de la ocupación para efectuar la evaluación de las carencias de los ocupantes, víctimas de desplazamiento forzado. 4. La actualización y coordinación entre la UARIV y la entidad territorial sobre las calificaciones de carencias o entregas de ayudas humanitarias posteriores al desalojo, en aras de establecer el alcance del albergue temporal. 5. La adecuada publicidad e información a las entidades sobre la existencia de este canal de comunicación y su uso, así como la posibilidad de exponer directamente ante la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado las omisiones de la UARIV en la atención de las solicitudes de información para los casos de desalojo. 6. Comoquiera que parte de la información que se deberá recaudar para determinar las necesidades de vivienda de las víctimas caso a caso requiere el suministro de información por parte de otras entidades, se instará a todas las autoridades con competencias en la materia como el Ministerio de Vivienda, FONVIVIEDA, el DPS, entre otras, para que remitan de manera oportuna la información a la UARIV en aras de que el acompañamiento a los casos de desalojo sea efectivo. Es necesario que la respuesta de la UARIV a los requerimientos de las entidades territoriales y el acompañamiento a los procesos de desalojo sean céleres, por las condiciones de vulnerabilidad de los ocupantes en los asentamientos irregulares y porque las dinámicas de ocupación varían rápidamente en cortos períodos. En consecuencia, los tiempos de respuesta deben tener como plazo máximo los tiempos fijados en la Ley 1755 de 2015 de acuerdo con la naturaleza de la solicitud. El protocolo en mención será presentado a la Sala de Seguimiento ECI en materia de desplazamiento forzado, quién verificará que incluya las condiciones para una respuesta efectiva y vigilará su cumplimiento. 122.-Establecido el alcance del albergue provisional y las medidas estructurales para que sea efectivo y se focalice en las víctimas de desplazamiento forzado que necesitan una respuesta urgente de vivienda, la Sala precisa que el albergue temporal se circunscribe a las víctimas de desplazamiento forzado en atención a las tres condiciones, reconocidas por la jurisprudencia constitucional, para brindar una protección reforzada a esta población. En particular: (i) la dinámica del desplazamiento que genera que las personas se vean forzadas a abandonar intempestivamente sus hogares y lugares de origen, y resulten obligadas a arribar en condiciones precarias a otros lugares con los que no tienen arraigo; (ii) el hecho de que el desplazamiento forzado, aunque se cometa por grupos al margen de la ley, comporta el incumplimiento de los deberes del Estado en relación con las medidas de protección y seguridad para que este fenómeno no se produjera; y (iii) que el Estado no ha logrado proteger y restablecer los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, lo que ha generado un ECI que involucra las omisiones estructurales de las autoridades en la debida atención de las víctimas. 123.- En lo que respecta al segundo grupo de ocupantes, esto es, sujetos de especial protección constitucional por condiciones diferentes al desplazamiento forzado, la Sala no es indiferente ante su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no proceden las mismas medidas de protección que las otorgadas a las víctimas de desplazamiento forzado con las condiciones expuestas previamente por cuanto: (i) no están sujetos a una situación de vulneración masiva de sus derechos fundamentales, como la que genera el desplazamiento forzado, y (ii) su condición de vulnerabilidad, prima facie, no tiene la misma relación con la vivienda como ocurre con el fenómeno del desplazamiento que, por definición, comporta la expulsión violenta de la víctimas de sus hogares y lugares de origen, lo que en la mayoría de los casos genera una necesidad habitacional directa. Por estas razones, en relación con otros SEP el amparo no incluirá el albergue temporal sino que se concentrará en la garantía del debido proceso estricto referido en el fundamento jurídico 114 para que las actuaciones de desalojo sean respetuosas de la dignidad humana, la inclusión en programas de vivienda y la orientación de la política pública para que responda a las necesidades de la población vulnerable, conforme al carácter progresivo del derecho a la vivienda. En ese sentido se reitera que, las actuaciones ilegales no generan derechos y que la especial protección que se ordena con respecto a la población víctima de desplazamiento forzado en el marco de procedimientos de desalojo está fundada en la grave violación de los derechos humanos que enfrentan por el hecho del despojo, y no por su condición de ocupantes irregulares de predios. De manera que, en circunstancias como las que se examinan en esta oportunidad, en las que no se generaron expectativas sobre la viabilidad de la ocupación, no se generan medidas de protección derivadas de la calidad de ocupante irregular. Finalmente, para la atención de las otras vulnerabilidades que no se derivan de la condición de desplazamiento forzado, es necesario que las actuaciones de desalojo estén acompañadas de las instituciones con competencias para la protección de dichos sujetos. En concreto, que el ICBF, la autoridad administrativa de familia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las entidades con competencias respecto de la protección de derechos fundamentales sean convocadas para que brinden acompañamiento a las actuaciones, informen a los sujetos en condición de vulnerabilidad los programas de atención y la oferta institucional disponible sobre la materia, y adelanten, en el marco de sus competencias, las medidas de protección correspondientes. 124.- En relación con el tercer grupo, que corresponde a sujetos que no tienen carencias en materia de vivienda, no hay lugar a albergue temporal por los fundamentos de la restricción descrita y porque, bajo esta hipótesis, la ocupación no pretendió satisfacer una necesidad imperiosa sino la obtención de una ventaja por una vía ilegal. Esta pretensión no puede ser admitida ni cohonestada por el juez constitucional, no sólo desde una perspectiva de legalidad, sino principalmente porque este tipo de actuaciones transgreden los derechos de terceros, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, afectan el avance en la política de vivienda, y desvían la focalización de recursos. 125.- Con respecto al cuarto grupo de sujetos, que corresponden a los migrantes tampoco concurren las especiales condiciones que generan la protección reforzada de las víctimas de desplazamiento forzado por las mismas razones expuestas en relación con los otros SEP y porque la atención humanitaria, como se explicó en los fundamentos jurídicos 80 a 88, corresponde principalmente a la actuación del Estado cercana a la recepción de los migrantes en el país. Sin embargo, en los casos de desalojo la ocupación de un inmueble con ánimo de vivienda es indicativa de que temporalmente la situación no se encuentra en la fase de atención inicial a la migración masiva. Por lo tanto, no procede la medida de albergue temporal en las condiciones establecidas para las víctimas de desplazamiento forzado. Adicionalmente, se reitera que el derecho a la vivienda, aunque es fundamental, tiene una faceta prestacional cuya materialización, en relación con los migrantes, está sujeta a la política definida por el Presidente de la República, en tanto involucra asuntos de la política migratoria del Estado. Con todo, en las actuaciones de desalojo se deberá convocar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que les informe a los nacionales de otros países, ocupantes irregulares de predios, cuál es la oferta institucional de atención humanitaria dispuesta por el Estado. Asimismo, deberá brindarles la información y el acompañamiento en relación con la política migratoria del país, los mecanismos de regularización de la permanencia y los canales para el reconocimiento de su condición de refugiado, de ser el caso. Las medidas de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo. Estas medidas no suspenden los desalojos ni son condiciones previas para su realización 126.- En relación con las medidas de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo en el marco de actuaciones de desalojo por ocupación irregular de bienes, la Corte ha acudido a fórmulas que generan diferentes obligaciones para las autoridades. En concreto esta medida ha variado así: (i) que se le otorgue a los ocupantes la información detallada y clara sobre las políticas públicas en materia de vivienda y se les brinde acompañamiento para la postulación y el acceso a esos programas; (ii) la inclusión directa en los programas de adjudicación de bienes sin que esto implique modificar el orden de las personas que están en lista de espera; (iii) la inclusión preferencial y prioritaria de los ocupantes desalojados en programas de asignación de vivienda; y (iv) el desarrollo de programas de vivienda específicos para los accionantes. 127.- En atención a los matices referidos, se unificará la medida de protección del derecho de vivienda a mediano y largo plazo, en relación con la víctimas de desplazamiento forzado en el sentido de: (i) reforzar las medidas de suministro de información clara y oportuna sobre los programas y políticas de satisfacción de vivienda; (ii) reforzar el acompañamiento en el acceso y la postulación a esos programas; y (iii) ordenar la inscripción de las víctimas de desplazamiento forzado, que cumplan con los requisitos para el efecto, en los programas de vivienda en desarrollo sin que esto implique modificar el orden de las personas que están en lista de espera, ni la inclusión en proyectos de vivienda específicos. En particular, la medida consiste en el registro en la base de datos a través de la que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios del programa. Las medidas descritas sólo abarcan a las víctimas de desplazamiento forzado por la dinámica de este flagelo y pretenden compatibilidad y coordinación entre: (i) la política global de atención a las víctimas de desplazamiento forzado, (ii) los avances en la política de satisfacción de vivienda, impulsados y controlados por la Sala de Seguimiento al ECI Desplazamiento Forzado. Además, se encamina a respetar el derecho de las otras víctimas que acudieron a los canales institucionales y están a la espera de una solución de vivienda. En ese sentido, se advierte que las medidas que se toman mediante sentencias de tutela en casos concretos, en las cuales se otorga el acceso prioritario a los programas en favor de ocupantes irregulares de predios, desconocen los esfuerzos globales que se adelantan en el proceso dialógico del seguimiento al ECI y pueden resultar violatorias del mandato de igualdad, pues ignoran la espera de otras víctimas con iguales o mayores vulnerabilidades que acudieron a los mecanismos formales de acceso a la vivienda en relación con las que se retrasa la política gradual en la materia. Asimismo, la inconveniencia de ordenar el acceso prioritario caso a caso es clara si se consideran los ajustes ordenados a la política de vivienda, en los que se ha hecho énfasis en la necesidad de priorización de las personas que accedieron a las vías institucionales en las dos primeros esquemas indicados en esta providencia, quienes recibieron subsidios y estos no se tradujeron en una solución de vivienda porque los proyectos fueron siniestrados, incumplidos o se estableció su inviabilidad y continúan en listas de espera[224]. Finalmente, las órdenes generales de inclusión prioritaria en estos programas desconocen los diferentes grados de vulnerabilidad de la población e impactan la acción dirigida a lograr un avance coordinado, sistemático y sostenido en la materia. 128.- El alcance de la medida de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo para las víctimas de desplazamiento forzado consiste principalmente en la inclusión en los programas de vivienda. Esta inclusión hace referencia a los programas en general y no a proyectos de vivienda específicos, y no implica modificar el orden de las personas que se postularon previamente y están en lista de espera. En concreto, las autoridades en materia de vivienda deberán evaluar las circunstancias de cada una de las víctimas identificadas y establecerá, en el marco de la oferta institucional vigente, cuál es el programa de vivienda que responde a sus circunstancias y necesidades. Luego, adelantará la inscripción en la base de datos a través de la que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios del programa, le informará a la víctima esta inscripción, le explicará la forma en la que opera el programa correspondiente y las actuaciones a seguir así como una estimación aproximada de los tiempos de espera. Establecido el alcance de la medida de amparo la Sala considera necesario emitir órdenes con respecto al desarrollo y el estado actual de la política de vivienda para la población desplazada. Lo anterior por cuanto: Tal y como se explicó en los fundamentos jurídicos 69 a 73, la política de atención en vivienda para la población desplazada: (i) ha sido impulsada por esfuerzos institucionales, guiados y monitoreados por la intervención del juez constitucional y conciliados en el marco de la naturaleza dialógica del proceso de seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado; (ii) la definición de esta política no puede ser arbitraria por cuanto involucra la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, y la superación de una comprobada situación de violación masiva, prolongada y sistemática de derechos fundamentales; (iii) es una materia en la que se han alcanzado importantes avances, y se han superado problemas en el diseño, la ejecución y la cobertura de la política pública de vivienda; y (iv) con todo, se mantienen graves problemas de protección y acceso a la vivienda digna en relación con un importante grupo de población desplazada, de ahí que el diseño, la ejecución y la evaluación de las medidas sigan siendo monitoreadas por la Sala de Seguimiento. De otra parte, revisados los programas de vivienda referidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y el DPS no se identifica la política actual de vivienda en relación con la población más vulnerable, en general, y con las víctimas de desplazamiento forzado, en particular. En efecto, no es claro si existe una continuidad en la política pública de atención a la población desplazada compatible con los estándares alcanzados en el marco del seguimiento al ECI. Asimismo, los programas que señaló el Gobierno Nacional para atender las necesidades de los ocupantes del predio en El Copey requieren que los hogares postulantes concurran con aportes para cierres financieros, medidas de ahorro o sean propietarios de inmuebles, exigencias que, prima facie, parecen focalizar la atención en una población con características diferentes a las de las víctimas de desplazamiento forzado en situación de mayor vulnerabilidad. Así las cosas, teniendo en cuenta que la política de vivienda para la población desplazada (i) no es un asunto que depende de la absoluta autonomía del Gobierno correspondiente; (ii) responde a un esfuerzo de diversas autoridades y estamentos de la sociedad en un diálogo y construcción conjunta adelantados desde el año 2004 para superar el ECI en materia de desplazamiento; y (iii) se evaluó por última vez en el año 2016, se adoptarán las siguientes medidas: 129.- En primer lugar, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a FONVIVIENDA que presenten un informe a la Sala de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado sobre: (i) los programas de vivienda vigentes para la población desplazada, (ii) las metas de estos programas, y (iii) la concordancia de esta política con los estándares logrados a través del seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado. Con base en este informe, la Sala Especial de Seguimiento analizará la política actual de vivienda para la atención de la población desplazada. 130.- En segundo lugar, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y a la UARIV que fortalezcan los canales de comunicación e información sobre los programas estatales para la garantía de la vivienda de la población desplazada. En efecto, en el marco del seguimiento se ha indicado que la difusión de los programas a través de las cajas de compensación familiar ha sido insuficiente y las autoridades, cuestionadas sobre esta materia en el trámite de esta acción de tutela, indicaron que ese sigue siendo el principal canal de comunicación. En ese sentido, se destaca que el argumento central de las autoridades con competencias en la satisfacción de vivienda en el presente trámite constitucional estuvo relacionado con la obligación de que las víctimas de desplazamiento forzado acudan a los mecanismos instituidos para la satisfacción del derecho a la vivienda. Sin embargo, no refirieron un esfuerzo institucional, más allá de la actuación de las cajas de compensación, con las insuficiencias anotadas, para que las víctimas de desplazamiento forzado conozcan los programas y cuenten con el acompañamiento para acceder de manera efectiva a estos programas. En consecuencia, la UARIV, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y FONVIVIENDA en el término máximo de seis meses, deberán diseñar una estrategia coordinada de información, publicidad y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado en relación con el acceso a los programas de vivienda. Esta estrategia debe contar como mínimo con los siguientes elementos: (i) información clara sobre los programas vigentes; (ii) los requisitos generales y mecanismos de acceso; (iii) difusión de amplio alcance y focalización en municipios y asentamientos que concentren población desplazada; y (iv) medidas de acompañamiento en las fases de acceso y postulación. Esta estrategia será presentada a la Sala de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado. 131.- En síntesis con respecto al primer grupo de ocupantes, esto es, víctimas de desplazamiento forzado, la medida de protección del derecho a la vivienda en el mediano y largo plazo consiste, principalmente, en la inclusión en los programas de vivienda. Esta inclusión hace referencia a los programas en general y no a proyectos de vivienda específicos, y no implica modificar el orden de las personas que se postularon previamente y están en lista de espera. En particular, se trata de la inscripción en la base de datos a través de la que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios del programa, la cual deberá informársele a la víctima, a quién también se le explicará la forma en la que opera el programa correspondiente y las actuaciones a seguir así como una estimación aproximada de los tiempos de espera. En aras de que los mecanismos institucionales y los programas de vivienda sean vías efectivas de acceso a la vivienda y no sólo una respuesta formal, la Sala ordenará que se presente un informe sobre el alcance de la política actual en la materia a la Sala de Seguimiento ECI de Desplazamiento Forzado. Asimismo, se ordenará una medida de fortalecimiento de la estrategia de difusión, acceso y acompañamiento a los programas de vivienda. 132.- En relación con el segundo grupo de ocupantes, sujetos de especial protección constitucional por condiciones diferentes al desplazamiento forzado con necesidades de vivienda, la medida de protección es la inclusión en los programas de satisfacción de vivienda. Esta inclusión hace referencia a los programas en general y no a proyectos de vivienda específicos, y no implica modificar el orden de las personas que se postularon previamente y están en lista de espera. En concreto, las autoridades en materia de vivienda deberán evaluar las circunstancias de cada uno de los sujetos de especial protección constitucional, desalojados y con comprobadas necesidades en materia de vivienda y establecerá, en el marco de la oferta institucional vigente, cuál es el programa de vivienda que responde a sus circunstancias y necesidades. Luego, adelantará la inscripción en la base de datos a través de la que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios del programa, le informará al beneficiario esta inscripción, le explicará la forma en la que opera el programa correspondiente y las actuaciones a seguir así como una estimación aproximada de los tiempos de espera. Con respecto a los programas de vivienda para la población más vulnerable se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de acuerdo con la orden emitida previamente, fortalezca la estrategia de comunicación en programas de vivienda para población vulnerable en los siguientes puntos: (i) información clara sobre los programas vigentes; (ii) los requisitos generales y mecanismos de acceso; (iii) difusión de amplio alcance y focalización en municipios con altos índices de asentamientos irregulares e informales; y (iv) medidas de acompañamiento al acceso y postulación. Comoquiera que la estrategia está dirigida a la población vulnerable en general deberán fortalecerse las vías de comunicación con las entidades territoriales para lograr que la institucionalidad en materia de vivienda sea conocida por toda la población y no se limite a la actuación de las cajas de compensación. En el cumplimiento de esta orden deberá remitirse un informe a la Sala de Seguimiento ECI de Desplazamiento Forzado. 133- Con respecto al tercer grupo de ocupantes, esto es, sujetos de especial protección constitucional sin necesidades apremiantes de vivienda y otros ocupantes que no ostenten alguna circunstancia que los haga sujetos de especial protección constitucional no se adoptarán medidas de protección del derecho a la vivienda. 134.- Finalmente, en relación con el cuarto grupo de ocupantes es necesario señalar que, si bien no son admisibles los tratamientos diferenciados con base en el origen nacional, lo cierto es que, los instrumentos de derechos humanos reconocen que los Estados pueden definir la forma como garantizan el derecho a vivienda a los extranjeros. Asimismo, se ha reconocido que la política de vivienda puede tomar como fundamento el carácter regular de los migrantes. En efecto, los planes de vivienda y la materialización progresiva del acceso a la vivienda implican medidas de largo plazo y, por lo tanto, estas políticas pueden tomar como factor relevante la vocación de permanencia en el país, la cual está íntimamente relacionada con la política migratoria del Estado, en cabeza del Presidente de la República. En atención a estas particularidades, la Sala precisa que las medidas de protección en el marco de los desalojos para los migrantes corresponden a las garantías del debido proceso anunciadas previamente, y la información y el acompañamiento en relación con las rutas de atención humanitaria vigentes y las medidas de regularización migratoria, las cuales no suspenden la realización de las actuaciones de desalojo. Igualmente, la Corte aclara que no adoptará medidas en relación con la protección del derecho a la vivienda de mediano y largo plazo de los extranjeros, pues la definición de esta política está en cabeza del Gobierno Nacional y de la Rama Legislativa, e implica importantes consideraciones sobre la política migratoria del país, cuya competencia de acuerdo con el artículo 189.2 superior está asignada al Presidente de la República. 135.- Por último, en lo que respecta a los efectos de las medidas de amparo es necesario señalar que, en la mayoría de los casos estudiados por esta Corporación, la acción de tutela se promovió por uno de los ocupantes o por pequeños grupos de personas que reclamaban la protección individual de sus derechos fundamentales. Sin embargo, dado que el contexto de la solicitud de amparo generalmente da cuenta de circunstancias de ocupación por una comunidad mayor, la Corte ha acudido principalmente a los efectos inter comunis, que constituyen “un dispositivo de amplificación de la decisión”[225] para extender los efectos de las medidas de amparo en escenarios en los que, entre otros, existen grupos de personas con intereses: “Paralelos y, en virtud de consideraciones relacionadas con el principio de igualdad, la economía procesal o la especial protección constitucional que gozan ciertos sujetos, se torna imperioso que las consecuencias del fallo se extiendan a todos los miembros de la respectiva colectividad.”[226] En concreto, cuando se reclama la protección de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional en el marco de procedimientos de desalojo, en muchos casos se advierte que la ocupación irregular involucra otras personas que si bien no formularon la acción de tutela están en la misma situación de ocupación irregular, también enfrentan las actuaciones de desalojo y ostentan las mismas o mayores condiciones de vulnerabilidad que los accionantes. En este escenario y ante situaciones de posible violación de derechos fundamentales de otros sujetos de especial protección constitucional, la Corte Constitucional no puede ser indiferente con respecto al alcance de las situaciones reveladas en el trámite de tutela, privilegiar aspectos formales sobre el derecho sustancial y desconocer los eventos en los que la decisión debe hacerse extensiva a todos los sujetos que, junto con los actores, integran una misma comunidad que, en razón de la identidad fáctica, conforman un grupo social que se verá directamente impactado por la decisión de la Corte. No obstante, el alcance de estas medidas debe velar porque la imposición de las cargas a las autoridades sea razonable. En consecuencia, es necesario que en el cumplimiento de la orden de amparo las entidades territoriales y las autoridades administrativas adelanten una actuación diligente dirigida a identificar a los ocupantes, clasificarlos de acuerdo con los grupos referidos en el fundamento jurídico 111 y determinar las medidas de protección procedentes y explicadas en precedencia. En ese sentido, en aras de evitar incentivos que favorezcan posteriores ocupaciones irregulares y para racionalizar las cargas de las autoridades, la aplicación de los efectos sólo se extenderá a las personas que aunque no formularon la acción de tutela durante la actuación administrativa o judicial de desalojo, o el trámite constitucional, fueron identificados como ocupantes del predio y que, por lo tanto, fueron caracterizados. Caso concreto Precisión preliminar 136.- Tal y como se explicó en la presentación del caso la acción de tutela se formuló por 57 personas. No obstante, en el examen de la legitimación en la causa por activa se advirtió que sólo 44 suscribieron el escrito de tutela y presentaron la acción a nombre propio. En relación con las 13 personas restantes, identificadas en la acción como promotoras del amparo, pero que no la suscribieron y que requeridas en esta sede tampoco ratificaron esa condición, se concluyó que no concurren los elementos para tener por acreditada la legitimación en la causa por activa. Ahora bien, a pesar de las consideraciones descritas la Sala advierte que la solicitud de amparo hace referencia a un contexto de ocupación de un predio del municipio El Copey, comprobado en el trámite de esta acción constitucional. En concreto, las actuaciones reportadas por la Inspección de Policía de El Copey y en la inspección judicial ordenada en esta sede revelan un panorama más amplio que el de la ocupación de los promotores del amparo y que incluyó, de acuerdo con el último reporte, que por lo menos 120 núcleos familiares conformados aproximadamente por 365 personas ocupaban irregularmente el inmueble en mención. En consecuencia, el examen de la solicitud de amparo se adelantará conforme a ese contexto. Análisis de la solicitud de amparo bajo las reglas de unificación 137.- En la acción de tutela, los actores adujeron que se encuentran en situación de pobreza extrema y son sujetos de especial protección constitucional por diversas condiciones. En particular, señalaron que entre los accionantes hay víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, migrantes venezolanos y que la mayoría de los núcleos familiares están integrados por menores de edad. Indicaron que como consecuencia de la falta de recursos para satisfacer sus necesidades básicas ocuparon un predio del municipio El Copey, en el que se pretendía adelantar un proyecto de vivienda en el marco del programa “Mi Casa Ya”, y durante el tiempo en el que han mantenido la ocupación las autoridades municipales realizaron varias diligencias de desalojo, en las que se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto: (i) no les notificaron las actuaciones para el desalojo; (ii) no les permitieron ejercer el derecho de defensa; (iii) no caracterizaron a los ocupantes para establecer sus condiciones de vulnerabilidad; y (iv) no les ofrecieron medidas de reubicación. En consecuencia, solicitaron como medida de protección de sus derechos fundamentales que se ordene la suspensión de las medidas de desalojo hasta que se les brinden soluciones de vivienda de carácter temporal y de largo plazo. 138.- Por su parte, la Alcaldía y la Inspección de Policía de El Copey adujeron que en el trámite de desalojo respetaron las garantías del debido proceso a través de la notificación de las actuaciones y la caracterización de los ocupantes del predio. Asimismo, destacaron que en el inmueble se adelantaron varias diligencias de inspección, caracterización y desalojo, en las que inicialmente se identificaron actos de cercamiento de los predios, estos fueron derribados, y cada vez que regresaban al predio se presentaban nuevas actuaciones de perturbación que incrementaron de manera gradual y significativa. En particular, mediante las diferentes respuestas emitidas en este trámite constitucional, la Corte pudo constatar la evolución de la situación de ocupación así: Fecha Actuación Ocupantes Enero 2018 Contrato Proyecto de vivienda NR Mayo 2018 1ª denuncia ocupación NR Junio 2018 Inspección ocular 0 Septiembre 2018 Inspección ocular 0 Octubre 2018 Acción de tutela NR Noviembre 2018 Inspección ocular 11 Julio 2019 Inspección ocular 377 Febrero 2020 Inspección judicial 366 Establecido el contexto general del caso, esto es, que: (i) un grupo de personas que refieren diversas condiciones de vulnerabilidad emprendieron actos de perturbación de la posesión de un predio del municipio El Copey; (ii) los ocupantes reconocen que el municipio es el propietario del predio y que en este se pretendía adelantar un proyecto de vivienda de interés social; (iii) la ocupación varió en cortos periodos desde actos precarios como el encerramiento de lotes hasta la construcción de espacios de vivienda; y (iv) los ocupantes exigen que se suspendan las medidas de desalojo hasta que se ofrezcan soluciones de vivienda a corto, mediano y largo plazo, la Sala examinará la violación de los derechos fundamentales alegada. Para la evaluación de estas circunstancias y la aplicación de las reglas de unificación de la jurisprudencia en el presente asunto se partirá de las premisas anunciadas en los fundamentos jurídicos 105 a 111 de esta sentencia, las cuales se comprueban en el presente asunto: 139.- En primer lugar, en este caso no se generaron expectativas que gocen de protección constitucional, esto es, la actuación del municipio El Copey en relación con la ocupación irregular del bien no generó situaciones de confianza legítima. Por el contrario, en el presente asunto la Alcaldía emprendió diversas actuaciones para lograr la recuperación material del inmueble incluso en momentos tempranos en los que la invasión no comportaba el uso del predio como un lugar de vivienda. En efecto, en las entrevistas recaudadas en la inspección judicial los ocupantes precisaron que el primer acto de ocupación se adelantó el 13 de mayo de 2018, hecho con base en el cual nombraron el asentamiento “Barrio Trece de Mayo”. El 15 de mayo de 2018 vecinos del lugar presentaron las primeras denuncias sobre cercamientos en el inmueble. El 16 de mayo de 2018, la Inspección de Policía de El Copey profirió auto en el que dio inicio al proceso policivo por ocupación de hecho y le solicitó a la Fuerza Pública que adelantara las actuaciones dirigidas a expulsar a los ocupantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016[227]. El 17 de mayo siguiente en el desarrollo de las acciones preventivas no encontraron ocupantes en el predio sino “un gran número de palos y pitas que dividían en predio en pequeños lotes”. Asimismo, la autoridad de policía dio cuenta de otras actuaciones de inspección ocular al predio en el que se presentaban nuevas estructuras sin ocupantes, las cuales fueron retiradas -8 de junio de 2018, 12, 21 y 25 de septiembre de 2018-, y de las diligencias en las que se identificaron habitantes luego de la formulación de la acción de tutela -1, 15 y 17 de noviembre de 2018, 14 y 25 de junio de 2019, 25 de junio de 2019-. En consecuencia, como se evidencia de las actuaciones descritas y se explicará más adelante la Alcaldía de El Copey emprendió de manera oportuna, permanente y diligente las actuaciones necesarias para la protección de sus derechos sobre el predio. Por lo tanto, de su actividad no se desprenden omisiones o conductas negligentes que infundieran confianza en los ocupantes sobre la tolerancia a la ocupación de hecho. 140.- En segundo lugar, el alcance del derecho a la vivienda digna impide admitir que las construcciones precarias en espacios que no cuentan con condiciones de habitabilidad y salubridad como las realizadas en este caso generan situaciones de vivienda digna. En efecto, en el presente asunto se advirtió que en el transcurso de la ocupación los habitantes hicieron construcciones sin acceso a medidas de salubridad, espacios habitacionales suficientes, conexiones a servicios públicos, entre otras condiciones necesarias para la vivienda adecuada. De acuerdo con la información recaudada en la inspección judicial adelantada el 4 y 5 de febrero de 2020 se advirtió la división del predio en aproximadamente 120 lotes, en los que se realizaron construcciones precarias con las siguientes características: Materiales Construcciones Barro, bahareque y tejas de zinc 55 Madera y tabla 27 Sacos de arena, escombros y plástico 20 Bloque, cemento 10 Lotes cercados, cultivos y mejoras sin vivienda 7 Adicionalmente, aunque no se recaudaron los datos de todas las construcciones en la inspección se registró que en muchos casos los espacios habitacionales corresponden principalmente a una única habitación, en la que conviven núcleos familiares completos, integrados en promedio entre 3 y 5 personas. Igualmente, la mayoría de las construcciones carecen de baño o un espacio de saneamiento básico. 141.- En consecuencia, las construcciones precarias en mención, sin acceso formal a servicios de agua y luz (algunas cuentan con conexiones ilegales), sin un sistema de alcantarillado que permita mantener unas condiciones de salubridad y dignidad, y sin el cumplimiento de las condiciones de vivienda adecuada, reconocidas por la jurisprudencia constitucional, no pueden ser admitidas como vivienda digna. La actuación estatal, incluida la respuesta judicial, no puede estar dirigida a admitir estas condiciones de extrema precariedad en materia de vivienda y contrarias a la dignidad humana, como respuestas a la necesidad de vivienda de la población más vulnerable. 142.- En tercer lugar, el procedimiento policivo dirigido a lograr el desalojo de los ocupantes del predio persigue la protección de un inmueble de la entidad territorial y este propósito guarda una íntima relación con la legalidad, la seguridad jurídica, el interés general, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En efecto, la existencia de mecanismos de protección de los bienes públicos y su operatividad tiene una importancia mayúscula en la legitimidad del Estado, la construcción de la paz y la protección del interés general. Adicionalmente, en el presente asunto la relevancia de la protección del predio se refuerza por su destinación. En el trámite de la acción de tutela la Alcaldía explicó que el 23 de enero de 2018 la Gobernación del Cesar y COMFACESAR celebraron un convenio de asociación para la aplicación de subsidios del Programa “Mi Casa Ya”, en el que se incluyó al municipio El Copey para la aplicación de 154 subsidios. En el marco de este programa la entidad territorial se comprometió a entregar el bien identificado con matrícula inmobiliaria 190-159605 para la construcción del proyecto de vivienda. Sin embargo, en atención a la ocupación bajo examen no pudo cumplir con la obligación a su cargo y finalmente el proyecto no obtuvo el cierre financiero requerido. En consecuencia, en el presente asunto la recuperación material del inmueble no sólo protegía los derechos reales de la entidad territorial sino que también involucraba los intereses de los posibles beneficiarios del proyecto de vivienda dirigido a población vulnerable. En ese sentido, la Sala destaca que en la acción de tutela los ocupantes reconocieron esa circunstancia e indicaron que las condiciones de vulnerabilidad los llevaron a “tomar posesión de un predio de propiedad del municipio donde se pretendía realizar un proyecto de vivienda que nunca se ha dado y que de darse sólo quienes cuenten con suficientes recursos y relaciones podrán acceder a él.”[228] De manera que la relevancia constitucional del procedimiento de desalojo está comprobada, en general, por los intereses que subyacen a su previsión en el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, por la destinación del inmueble a la construcción de un proyecto de vivienda para población vulnerable en un municipio con altas necesidades habitacionales[229]. 143.- En cuarto lugar, en la ocupación bajo examen concurren sujetos que presentan diferentes circunstancias y vulnerabilidades, las cuales deben ser identificadas, evaluadas y consideradas para establecer la violación de los derechos fundamentales y las medidas de protección. En el contexto de la ocupación examinada en esta oportunidad y de acuerdo con el panorama reflejado a través de las actuaciones adelantadas en el trámite de tutela, prima facie, se presentan los siguientes grupos de ocupantes: El primer grupo está integrado por víctimas de desplazamiento forzado. Con fundamento en las bases de datos construidas a partir del escrito de tutela, las diligencias de caracterización y la inspección judicial se estableció que de los 57 promotores del amparo 20 estaban inscritos en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Asimismo, la UARIV indicó que del total de las bases de datos pudo identificar a 135 personas inscritas en el RUV cuyo desplazamiento forzado se produjo así: Año del desplazamiento forzado Víctimas inscritas en el RUV 1990 2 1995 2 1996 1 1997 9 1998 5 1999 2 2000 2 2001 22 2002 15 2003 22 2004 16 2005 9 2006 10 2007 5 2008 4 2009 1 2011 1 2012 1 2014 4 2015 2 Total 135 El segundo grupo hace referencia a los sujetos de especial protección constitucional por circunstancias diferentes a la situación de desplazamiento forzado y que tengan necesidades apremiantes en materia de vivienda. En ese sentido, es importante destacar que de acuerdo con la inspección judicial el predio estaba ocupado aproximadamente por 120 núcleos familiares integrados por 365 personas. De acuerdo con la caracterización efectuada se evidencia que, además de los datos sobre desplazamiento forzado referidos previamente, en los ocupantes concurren las siguientes condiciones de especial protección constitucional: Sujetos de Especial Protección Constitucional[230] Núcleos familiares Individuos Menores de edad 80 149 Tercera edad (76 años en adelante) 2 2 Indígenas y personas afro 3 16 Madre o padre cabeza de hogar 23 23 Situación de discapacidad 1 1 El tercer grupo corresponde a sujetos de especial protección constitucional sin necesidades apremiantes de vivienda y otros ocupantes que no son sujetos de especial protección constitucional. En relación con este grupo resultan ilustrativas las situaciones de personas que en el marco de las caracterizaciones y la inspección judicial adujeron que son propietarios de otros predios. Por ejemplo, una de las primeras familias ocupantes explicó que: “Actualmente vive en la vereda, tienen las cosas en la vereda y duerme en la invasión a ver si puede obtener un predio”[231] . Asimismo otro grupo familiar aclaró que vivía en otro predio y que: “vienen por ratos, viven en el barrio las delicias”[232]. Por su parte, otra de las ocupantes señaló que: “(…) Llegó al barrio reinvadiendo el patio de la invasora del lote más grande porque ella ya tiene casa. Los vecinos le ayudaron porque le dijeron que podía meterse aquí.”[233] Igualmente, como se explicó en la identificación de las construcciones algunos lotes sólo cuentan con cercamientos o cultivos, de manera que no están destinados a satisfacer necesidades imperiosas de vivienda; y otros grupos familiares explicaron que viven en casas en arriendo en otros barrios y adelantan construcciones en la invasión para ser propietarios de un inmueble[234]. Finalmente, llama la atención de la Sala que de los 57 promotores de la acción 17 personas, de las cuales cinco están incluidas en el RUV como víctimas de desplazamiento forzado, no se encontraron habitando el predio en las caracterizaciones realizadas el 1º de noviembre de 2018, el 3 de julio de 2019 y en la inspección judicial adelantada el 4 y 5 de febrero de 2020[235]. Esta situación pudo obedecer al carácter volátil de las situaciones de ocupación que, como se verá en este caso, variaron en períodos muy cortos. Sin embargo, como se vio en relación con otros ocupantes, es posible que los 17 actores en mención sólo ejercieran actos de cercamiento, hipótesis que descartaría la necesidad urgente de vivienda. El cuarto grupo corresponde a los migrantes venezolanos. En la inspección judicial se identificaron 10 grupos familiares integrados por 37 individuos, de los cuales 19 son menores de edad. En las entrevistas realizadas algunas personas indicaron que ingresaron al país por pasos irregulares y en atención a la crisis humanitaria que se presenta en Venezuela[236]. 144.- Con respecto a los grupos descritos es necesario precisar que en esta sede se destacan los elementos diferenciales generales en aras de precisar el alcance de las medidas de protección de acuerdo con las reglas de unificación de la jurisprudencia. Sin embargo, considerada la magnitud de la ocupación y la variabilidad de estas situaciones de hecho, como lo demuestra este caso en el que en menos de seis meses la ocupación pasó de 11 a 377 personas, se ordenará la actualización de la caracterización de los ocupantes del predio para establecer la situación actual de las víctimas de desplazamiento forzado y sujetos de especial protección constitucional que ocupan el predio. El derecho al debido proceso en las actuaciones de desalojo de la ocupación en El Copey 145.- Con base en las premisas descritas la Sala examinará si en las actuaciones de desalojo se violaron las garantías del debido proceso de los ocupantes. En efecto, el primer reparo de los accionantes estuvo relacionado con la forma en la que se adelantaron los procedimientos por cuanto, adujeron, no se les comunicaron las decisiones, no se les garantizó el ejercicio del derecho de defensa, las actuaciones implicaron el uso de la fuerza, y no se caracterizaron a las personas ocupantes para brindarles soluciones de vivienda. Para el análisis sobre el respeto de las garantías del debido proceso es necesario reiterar que las actuaciones de desalojo deben responder a un “debido proceso estricto” que incluye unas garantías mínimas que se evaluarán en esta oportunidad. Asimismo, es necesario destacar que el examen de la actuación de desalojo también debe estar guiado por criterios de razonabilidad y proporcionalidad sobre las exigencias a las autoridades en atención a la magnitud de contextos de ocupación y a su variabilidad en periodos muy cortos. 146.- Los elementos de prueba recaudados evidencian que la ocupación del predio en el municipio El Copey ha sufrido variaciones que pueden ser identificadas y clasificadas en tres momentos, en los cuales las actuaciones de las autoridades se han ajustado para responder a las circunstancias cambiantes. En concreto, los tres momentos relevantes corresponden a: Momento Fecha Actuación de las autoridades Actos de ocupación sin una situación de vivienda 13 a 17 de mayo 2018 Acciones preventivas conforme el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016. Trámite policivo por actos de cercamiento hasta las primeras manifestaciones de situaciones de vivienda 18 de mayo de 2018 a 15 de noviembre de 2018 Inspecciones oculares, diligencias de caracterización, desmontes de estructuras, y desalojo de las tres primeras familias ocupantes El período de consolidación de una situación de ocupación en materia de vivienda 17 de noviembre de 2018 en adelante Caracterización de los ocupantes y suspensión material de las medidas en el trámite de tutela Los diversos momentos y escenarios por los que atravesó la ocupación no generan las mismas medidas de protección. En efecto, las primeras actuaciones de la autoridad de policía se efectuaron cuando se presentaban actos de perturbación de la posesión que no correspondían prima facie a una situación de vivienda. En ese sentido, es necesario destacar que el debido proceso estricto referido en los fundamentos jurídicos 34 a 36 para situaciones de desalojo parte de un contexto en el que las personas ocupan el predio para su propia vivienda y son desalojadas en el marco de dicha ocupación irregular. Estas reglas no cobijan cualquier acto de perturbación de la propiedad, sino que se trata de las garantías que deben ser otorgadas cuando los trámites de desalojo recaen en espacios y sobre sujetos que enfrentan una pérdida de su vivienda precaria. Primer momento: actos de ocupación sin una situación de vivienda en el predio 147.- El primer acto de ocupación a través de cercamientos precarios se adelantó el 13 de mayo de 2018. El 15 de mayo siguiente, el Alcalde presentó denuncia sobre los actos de perturbación de la posesión y el 16 de mayo de 2018 la Inspección de Policía profirió auto de apertura en el procedimiento de amparo policivo e indicó que, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, procedía la acción preventiva, la cual está dirigida a que se detengan los actos iniciales de perturbación de bienes inmuebles. En consecuencia, ofició a la Fuerza Pública para que adelantaran las actuaciones preventivas con el acompañamiento de la Personería Municipal, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno. La actuación preventiva se ejecutó el 17 de mayo de 2018, a través del desmonte de estructuras precarias que pretendían dividir el predio en lotes. Sin embargo, para este momento no se presentaban estructuras de vivienda. En concreto, el acta de la diligencia precisa que: “Llegados al sitio de la diligencia encontramos que el predio se encontraba vacío, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, acordonaron el lugar, los trabajadores procedieron al retiro de un gran número de los palos y pitas que dividían el predio en lotes pequeños”[237]. Adicionalmente, en el desarrollo de la diligencia llegaron las personas que hicieron los cercamientos en mención y el Alcalde de El Copey para el momento, José Luis Nieves Pérez, adelantó una reunión en el predio, registrada en video aportado al trámite constitucional, en la que les explicó: (i) la destinación del predio para la construcción de 88 viviendas en el marco del programa de vivienda “Mi Casa Ya” y las condiciones para la participación de ese proyecto; (ii) el desarrollo de dos proyectos adicionales para un total de 300 soluciones de vivienda en el municipio; e (iii) hizo un llamado a detener las acciones de invasión que se presentan en el municipio así: “(…) en la medida en que se presenten este tipo de invasiones esos proyectos se van a caer. Entonces ¿en qué terminamos? en que se van a construir viviendas en pésimas condiciones, las familias que van a entrar ahí van a entrar en pésimas condiciones. Igual van a seguir teniendo una mala calidad de vida sin servicios públicos, sin agua, sin alcantarillado y al final todos vamos a perder, porque ni la administración ni los que van a invadir los lotes van a estar viviendo de la forma que merecen. Yo estoy preocupado si invaden esto vamos a perder otro proyecto como ha sucedido en otros proyectos de El Copey. (…) Si el municipio compra un lote al mes ya lo están invadiendo (…) (…) Los invito a que analicen: El Copey está creciendo a un ritmo rápido, es cierto, pero nosotros tenemos que crecer en forma ordenada. Meterse acá a levantar viviendas sin servicios eso al final los que van a vivir aquí van a vivir mal y el municipio sigue en el mismo desorden. (…)  Como Alcalde lo que tenemos que hacer son las gestiones ante el Ministerio de Vivienda y la Gobernación para que casas de interés social gratuita lleguen a El Copey, pero no solamente van a ser viviendas gratis hay otras personas que no tienen casa que de pronto se ganan uno o dos salarios mínimos que también ellos pueden hacer el aporte, que es el caso de las casas que se van a construir aquí (…) nosotros sí estamos buscando la solución al problema del déficit habitacional que tiene El Copey, pero si no nos dejan y todos los lotes del municipio los van a invadir entonces ¿dónde vamos a hacer esas casas?, es la pregunta que les hago y los invito a que analicen eso (…) No se dejen manipular y engañar de las personas que están acostumbradas a invadir lotes y después vender los terrenos, gente que está en todas las invasiones. Entonces ese es mi llamado a que los que no tienen casa participen de las 200 que se van a entregar, todavía eso no tiene dueño. Usted hace la solicitud, (…) eso es una convocatoria abierta y el que define el DPS no la Alcaldía (…)”[238] Por su parte, las personas expresaron su disconformidad por exigencias como el aporte económico en el programa “Mi Casa Ya” porque no cuentan con los recursos para el efecto, y refirieron su situación de vulnerabilidad y su incredulidad sobre la posibilidad de participar y acceder a proyectos de vivienda. En particular, como lo señalaron en la acción de tutela adujeron que se trata de programas que benefician a pocas personas que tengan “conexiones” y no a quienes más lo necesitan. El Alcalde respondió a estos cuestionamientos explicando que el funcionamiento de los programas se define por las autoridades del orden nacional, la identificación de población vulnerable se adelanta por parte de la Red Unidos y el DPS, y que las autoridades municipales no determinan los beneficiarios y, de esta forma, se asegura mayor transparencia. 148.- En relación con este primer momento es necesario destacar que no son aplicables las garantías referidas en los fundamentos jurídicos 34 a 36, por cuanto estas reglas están dirigidas a proteger el debido proceso y la dignidad de las personas que ocuparon los predios para su necesidad de vivienda urgente y enfrentan situaciones de desalojo. En contraste, en este primer momento la actuación policiva estaba dirigida a disuadir actos de perturbación como cercamientos irregulares, pero no se dirigió a desalojar a ocupantes de espacios de vivienda o habitación precaria. En efecto, la acción preventiva que refirió la autoridad de policía está prevista en el ordenamiento jurídico como una reacción preliminar e inmediata con respecto a los actos iniciales o primigenios de perturbación de la posesión. Por lo tanto, en esta instancia no son exigibles las garantías de consulta o notificación previa, pues desnaturalizarían la celeridad y oportunidad de la acción preventiva en mención. Segundo momento. Trámite policivo por actos de cercamiento reiterados hasta las primeras manifestaciones de situaciones de vivienda 149.- Luego de las acciones preventivas adelantadas el 17 de mayo de 2018, la Inspección de Policía efectuó las siguientes actuaciones: (i) Inspección ocular adelantada el 8 de junio de 2018 a las 7:15 am[239], en la que en compañía del Personero municipal y la Comisaría de Familia se visitó el predio y se advirtió que: “el predio se encuentra dividido en un gran número de lotes pequeños cercados con palos y pitas, además existen varias estructuras levantadas con palos encerradas con malla verde; en este no se encontró personal alguno como tampoco menores de edad”[240]. Las autoridades dejaron registros fotográficos de la situación. (ii) Resolución 02 de 09 de julio de 2018 en la que se concedió el amparo policivo al inmueble y se ordenó el desalojo de las personas indeterminadas. (iii) La decisión de desalojo se notificó mediante edicto fijado en el predio e información a través de medios de comunicación locales. En efecto, la acción de tutela formulada el 29 de octubre de 2018 precisó en el hecho sexto que: “(…) hace algunos días el señor José Luis Nieves Pérez, Alcalde municipal de El Copey – Cesar, a través de un medio radial local anunció que en los próximos días se adelantará una nueva diligencia de desalojo en el predio ocupado por nosotros sin que a nosotros se nos haya notificado de las actuaciones administrativas para tal fin, y sin adelantar las caracterizaciones y estudios socioeconómicos de las familias que aquí nos encontramos.”[241] (iv) El 12 de septiembre de 2018, la Inspección de Policía en compañía del Secretario de Gobierno, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se trasladaron al predio para retirar las estructuras. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar, pues aunque el predio no estaba habitado: “(…) al llegar se evidenció un gran número de personas, con palos, piedras y machetes, además se encontraban con la cara cubierta, gritando palabras ofensivas y amenazantes, por lo que fue imposible realizar la actividad programada ya que no se contaba con el personal suficiente e idóneo para garantizar la seguridad de los funcionarios y trabajadores presentes.”[242] (v) El 21 de septiembre de 2018 se programó audiencia para la caracterización de posibles ocupantes del predio, la cual fue notificada mediante aviso fijado en el inmueble. El 25 de septiembre siguiente en la realización de la audiencia se advirtió que en el predio: “(…) sólo se encontró que este está dividido por un gran número de lotes pequeños los cuales están cercado con palos y pitas; por lo que no es posible realizar ninguna caracterización ya que no se encontró a ninguna persona en este.” (vi) El 1º de noviembre de 2018 se adelantó nueva diligencia de caracterización en la que se encontraron tres familias habitando el predio, en relación con las que se verificó el número de integrantes, si estaban incluidos en el RUV y las circunstancias de la ocupación. (vii) El 13 de noviembre de 2018 mediante edicto fijado en el inmueble se notificó que la audiencia de desalojo se realizaría el 15 de noviembre siguiente. En el marco de la audiencia se identificaron los tres grupos familiares, el primero era víctima de desplazamiento forzado, el segundo pertenecía a un grupo étnico y el tercero no tenía condición de vulnerabilidad, pues era propietario de un inmueble en el municipio y construía en la ocupación para adquirir un nuevo lote. En relación con los dos primeros grupos familiares se otorgó un subsidio de $600.000 y se adelantaron las actuaciones de desalojo. 150.- Con respecto al segundo momento de la situación de ocupación descrito es necesario destacar que en las actuaciones de desalojo se respetaron las garantías del debido proceso, pues durante el tiempo en el que no se advirtieron situaciones de vivienda se adelantaron las inspecciones oculares al predio, se adoptaron las medidas de amparo posesorio y se notificaron las actuaciones por vías como los medios de comunicación local. Únicamente hasta la diligencia de caracterización realizada el 1º de noviembre de 2018 se comprobaron situaciones de vivienda. Tan pronto la autoridad de Policía verificó la presencia de ocupantes en una situación de habitación en el predio dispuso: (i) la notificación de las actuaciones, (ii) el acompañamiento de autoridades como la Personería Municipal y la Comisaría de Familia para la caracterización de las tres familias ocupantes; (iii) indagó por las circunstancias de la ocupación y la razón por la que las familias se encontraban en el predio; y (iv) gestionó las actuaciones dirigidas a brindar la ayuda humanitaria en relación con las víctimas de desplazamiento forzado. La actuación referida, desde una perspectiva del debido proceso, no merece reproches por cuanto los elementos de prueba evidencian que el primer y segundo momento de la ocupación se limitó a actos de perturbación de la posesión que no estaban dirigidos a satisfacer de manera inmediata necesidades de vivienda. En concreto, desde el mes de mayo de 2018 e incluso después de la formulación de la acción de tutela se adelantaron múltiples visitas al inmueble, registrada en medios fotográficos y video, y documentadas a través de las actas, en las que se encontraban cercamientos y construcciones precarias, que no estaban destinadas a la habitación. Asimismo, en el momento en el que se advirtió una situación de vivienda se adoptaron medidas concretas para la identificación de los ocupantes, la notificación de la actuación, la presencia de las autoridades administrativas en el trámite de desalojo, la ejecución de las actuaciones durante el día y la entrega de ayuda humanitaria. En concordancia con lo anterior, la Sala reitera que los sujetos que no habitaban en el predio en la fecha en la cual se materializó la diligencia, identificada como vulneratoria de los derechos fundamentales, no podían ser consideradas al resolver este problema jurídico, pues cómo se explicó ampliamente en el fundamento jurídico 146, las especiales reglas de debido proceso en materia de desalojo están dirigidas a proteger los derechos de  las personas que ocuparon los predios para su necesidad de vivienda urgente y enfrentan situaciones de desalojo. En consecuencia, no se extienden sobre las personas que ejercían actos de mera perturbación a través de cercamientos y no habitaban el predio. Tercer momento. El periodo de consolidación de una situación de ocupación en materia de vivienda 151.- Al día siguiente a la actuación de desalojo de las tres familias ocupantes se emprendieron nuevos actos de perturbación y el 17 de noviembre de 2018 se adelantaron nuevas actuaciones de desalojo. En el marco de este trámite se realizaron tres capturas por el delito de invasión de tierras. El 20 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar concedió el amparo reclamado por los accionantes y le ordenó a las autoridades municipales suspender los actos de desalojo hasta que se realizara un censo de los ocupantes de varios predios del municipio que presentaban situaciones de ocupación irregular y se adoptaran soluciones en materia de vivienda. Esta decisión se anuló el 16 de enero de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que ordenó rehacer el trámite de tutela. En atención al desarrollo del trámite de tutela no se adelantaron nuevas actuaciones en el procedimiento de desalojo[243]. Luego de que se notificó el fallo de segunda instancia, que denegó el amparo, se ordenó una nueva caracterización de los ocupantes, la cual se realizó el 3 de julio de 2019 “con el fin de verificar el número de familias que habitan el predio, garantizando de esta manera el debido proceso.”[244] La segunda caracterización se adelantó luego del periodo de suspensión material del procedimiento policivo entre el 17 de noviembre de 2018 y el 3 de julio de 2019. En este tiempo la situación de ocupación varió de tres familias ocupantes, desalojadas y en relación con las que se tomaron medidas de atención humanitaria, a 105 familias, integradas por 377 individuos. 152.- En el tercer momento, se advierte que la autoridad de Policía en atención al trámite constitucional y al primer fallo de tutela suspendió materialmente el proceso. En efecto, es claro el contraste entre la actuación adelantada en los dos primeros momentos de la ocupación, que incluyó múltiples y reiteradas diligencias para la protección material del predio y así garantizar su destinación al proyecto de vivienda frente a la suspensión de las actuaciones en el tercer momento descrito. Esta actuación, tampoco merece reproches de cara al debido proceso de los ocupantes, pues no se advierten situaciones violatorias de sus garantías procesales. En ese sentido, la Sala reitera que el examen de las acciones de las autoridades en los trámites de desalojo si bien deben estar orientadas a garantizar un estricto debido proceso también deben ser evaluadas desde criterios de proporcionalidad y razonabilidad. El presente caso revela cómo la actuación de la Inspección de Policía estuvo dirigida a responder a la situación con los instrumentos jurídicos a su alcance, maximizar las garantías procesales de los ocupantes, atender el interés del municipio en la protección del predio y ajustar las medidas en un contexto de perturbación de la posesión que presentaba variaciones en espacios de un día. Asimismo, la Sala destaca la actuación del entonces Alcalde de El Copey en los intentos por acercarse a la población para explicar los efectos de la ocupación de cara al desarrollo de la política de vivienda en el municipio, el funcionamiento de los programas, las competencias de las autoridades en el orden nacional, y la importancia de la protección del predio para generar soluciones de vivienda digna. El examen en relación con el derecho a la vivienda 153.- Ahora bien, descartada la afectación de las garantías del debido proceso en el proceso de amparo policivo 2018-009 la Sala examinará si las actuaciones adelantadas por la Inspección de Policía y la Alcaldía de El Copey vulneraron el derecho a la vivienda de los accionantes. En el escrito de tutela presentado el 29 de octubre de 2018 los actores indicaron que en las diligencias de desalojo las autoridades no adoptaron medidas de reubicación temporal, ni les ofrecieron soluciones habitacionales de mediano y largo plazo. 154.- Tal y como se describió en el examen previo, las pruebas recaudadas en esta sede demuestran que la situación de ocupación del predio desde el 13 de mayo de 2018 hasta el 1º de noviembre de 2018, momento en el que se identificaron las tres primeras familias ocupantes, no presentaba una situación de protección del derecho a la vivienda. En particular, para el momento de la formulación de la acción de tutela se adelantaron múltiples actos de perturbación de la posesión mediante cercamientos de lotes a través de estructuras superficiales, las cuales fueron documentadas mediante registros fotográficos. Estas construcciones precarias que no estaban destinadas a la habitación no pueden generar las medidas de reubicación que exigían los actores. Las especiales medidas de protección con respecto a los desalojos hacen referencia a los procedimientos en situaciones en las que las personas ejercen la ocupación irregular para su propia vivienda. En contraste, las actuaciones desarrolladas desde el 13 de mayo de 2018 no estaban dirigidas a buscar un refugio con respecto a una necesidad urgente sino a ejercer actuaciones de “tenencia” sobre el predio. En ese sentido, se destaca que los tres primeros núcleos familiares que empezaron a habitar el inmueble lo hicieron sólo hasta el mes de noviembre de 2018 y distan de los 57 accionantes que formularon la solicitud de amparo el 29 de octubre de 2018. Asimismo, sólo la familia de Jacqueline Alfonso Trujillo, identificada como habitante del predio el 1º de noviembre, fungió como promotora de la acción, y el núcleo familiar encabezado por Elver Díaz reconoció que era propietario de otro inmueble, pero dormía en la invasión para adquirir la propiedad de otro lote. En el trámite policivo se evidenció cómo desde el 13 de mayo de 2018 y después de la formulación de la tutela se presentó una serie de actos que no corresponden a medidas para cubrir la necesidad urgente de vivienda sino que, por el contrario, y como lo refirieron varios de los ocupantes están dirigidos a lograr una solución de vivienda a largo plazo, lo cual se acerca más al derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, para el momento de presentación de esta acción constitucional y durante el tiempo en que la actuación correspondió a situaciones de encerramiento de lotes como mecanismo de acceso a predios las autoridades de El Copey no estaban obligadas a brindar soluciones de reubicación para compensar los actos de cercamiento como lo reclamaron los accionantes. Adicionalmente, cuando se presentó la situación de ocupación del predio como un mecanismo de vivienda inmediata la Alcaldía identificó a las tres familias que habitaban el inmueble, estableció si tenían necesidades de vivienda comprobando que una de las familias dormía en la invasión para acceder a un lote, pero contaban con otra vivienda, y en relación con las dos familias que sí referían una situación de vulnerabilidad en materia habitacional les proporcionó una respuesta a través de subsidio de arriendo. De manera que la actuación de las autoridades municipales denunciada en la acción de tutela tampoco merece reproches desde la perspectiva del derecho a la vivienda. 155.- Con base en las circunstancias descritas, la Sala no puede tener por probada la violación del derecho a la vivienda por la ausencia de medidas de reubicación que denunciaron los actores en la acción de tutela formulada el 29 de octubre de 2018. Por el contrario, los hechos del caso demuestran que las actuaciones desarrolladas hasta ese momento correspondían a cercamientos precarios sin situaciones de habitación construidos bajo la convicción de que la invasión premeditada es la vía para acceder a soluciones de vivienda de largo plazo. Esta situación la confirman los datos remitidos por FONVIVIENDA y el Ministerio de Vivienda sobre la postulación a los programas de vivienda, pues de los 135 núcleos familiares, víctimas de desplazamiento forzado, sólo 26 hogares se han postulado a algún programa para el acceso, mejoramiento o, en general, satisfacción del derecho a la vivienda en los programas en los que interviene la entidad. En relación con esta realidad que revela el asunto examinado, la Sala advierte la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación con la población sobre las formas de acceso y el desarrollo de los programas de vivienda y, por lo tanto, emitirá las órdenes estructurales anunciadas en el capítulo de unificación dirigidas a (i) identificar los programas de vivienda para la población más vulnerable; (ii) fortalecer los canales de publicidad y conocimiento en relación con la oferta institucional en vivienda, los mecanismos de acceso y el acompañamiento; y (iii) mejorar la comunicación y el apoyo de las autoridades con competencias a nivel nacional a las entidades territoriales. Sin embargo, la necesidad de fortalecer la política de vivienda para población vulnerable, su publicidad y efectiva comunicación no implica que en el presente asunto se acepte que los actos de perturbación mediante el cercamiento del predio generaron derechos o debían generar medidas de protección en materia de vivienda. Por el contrario, la Sala reprocha estas actuaciones y reitera el impacto negativo que producen en el desarrollo de una política de vivienda ordenada en la que se priorice a los sujetos en situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, este caso resulta muy ilustrativo pues en un municipio con altas necesidades habitacionales y con una importante población víctima de desplazamiento forzado, grupos étnicos, personas en condición de pobreza y altos índices de población migrante los esfuerzos por desarrollar programas de vivienda para la población más vulnerable resultaron afectados por las actuaciones de sujetos que, por vías de hecho, reclamaron una actuación prioritaria en materia de vivienda, a pesar de que, como se vio, algunos de los ocupantes carecen de necesidades imperiosas de vivienda o, incluso, ejercían los actos de invasión del predio con el único propósito de hacerse a un nuevo inmueble. El panorama generado tras la formulación de la acción de tutela y una primera medida de amparo anulada en el trámite constitucional 156.- Como se vio, antes de la formulación de la acción de tutela las actuaciones se concentraron en cercamientos y la división de lotes a través de estructuras precarias, las cuales eran retiradas del predio por parte de la Inspección de Policía, previa verificación de la ausencia de ocupantes en el inmueble. La admisión de la acción de tutela se notificó a las autoridades el 13 de noviembre de 2018 y la última actuación de desalojo se produjo el 17 de noviembre de 2018. En un primer fallo de tutela, proferido el 20 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar amparó los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó la suspensión de las medidas de desalojo hasta que se adoptaran soluciones para los problemas de vivienda que refirieron los actores[245]. Tras el fallo en mención, así como la nulidad, la vinculación de las demás autoridades con competencias en la materia, la reelaboración del trámite constitucional, la decisión de las instancias que, finalmente, denegaron el amparo y la notificación a las autoridades transcurrieron aproximadamente seis meses, tiempo durante el que la Inspección de Policía y la Alcaldía de El Copey se abstuvieron de adelantar nuevas actuaciones dirigidas a la protección material del inmueble en mención. Superado este tiempo y notificado el fallo de segunda instancia, la Inspección de Policía programó diligencia de caracterización de los ocupantes, realizada el 3 de julio de 2019, en la que el panorama de la ocupación cambió radicalmente. En concreto, en la diligencia del 3 de julio de 2019 se advirtió que el predio estaba ocupado por aproximadamente 105 núcleos familiares integrados por 377 personas, la mayoría de los cuales adelantaron construcciones precarias en diferentes materiales y en las que satisfacen sus necesidades de vivienda. Luego, en el trámite de revisión en esta sede el 2 de diciembre de 2019 se comisionó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar para que adelantara una inspección judicial en el predio, la cual se realizó el 4 y 5 de febrero de 2020. La jueza comisionada explicó que: “(…) en su mayor parte el barrio Trece de Mayo está habitado por personas que han levantado casas que utilizan como vivienda familiar; casi todas tienen electricidad y agua que han conectado de forma irregular. Son personas de muy escasos recursos que viven allí e condiciones pobrísimas y cuyos recursos apenas les alcanzan para su supervivencia “alimentación y vestido”, no cuentan con alcantarillado y los baños que en algunas casas tienen son utilizados para la ducha, pozas artesanales. (…) En el predio están viviendo desplazados que no han podido acceder a una vivienda digna, algunos inmigrantes procedentes de Venezuela que ingresaron sin legalizar su situación en el país, pero también manifiestan desconocer los trámites. El acceso a la información estatal es escasa y se constató la necesidad de acompañamiento de autoridades públicas para que estas familias superen la condición de vulnerabilidad, siendo la falta de recursos económicos para poder pagar un arriendo en un barrio normalizado, la principal razón que han tenido (según dijeron) para reinvadir el predio después de haber sido desalojados.” [246] 157.- Las circunstancias descritas evidencian que si bien antes de la formulación de la acción de tutela los actos ejercidos sobre el predio se limitaron a cercamientos y no a situaciones de vivienda que generaran medidas de reubicación y, por lo tanto, las actuaciones de las autoridades municipales no vulneraron el derecho a la vivienda de los actores, lo cierto es que en el trámite de tutela ese panorama varió. En concreto, el último contexto comprobado en esta sede da cuenta de una ocupación con las siguientes características: Núcleos familiares 120 Personas 365 Sujetos de Especial Protección Constitucional[247] Núcleos familiares Individuos Menores de edad 80 149 Tercera edad (76 años en adelante) 2 2 Desplazados[248] 36 121[249] Indígenas y personas afro 3 16 Madre o padre  cabeza de hogar 23 23 Situación de discapacidad 1 1 Inmigrantes 10 37 Tiempo de ocupación[250] Núcleos familiares 0-6 meses 2 6 meses-1 año 20 1 año a 1 año y medio 5 1año y medio a 2 años 66 No precisan el tiempo 28 Número de veces que han sido desalojados del predio Núcleos familiares 1 12 2 22 3 31 4 1 No indican 55 Adicionalmente, la autoridad judicial comisionada explicó que: “Se trata de un terreno amplio, dividido por sus mismos habitantes en manzanas que van del número 1 al número 10, (…) asimismo los lotes agrupados por manzanas están enumerados y en su mayor parte cuentan con una tablilla que enuncia la dirección con un pintura de color rojo. En forma general, puede decirse que el barrio de invasión conocido con el nombre Trece de Mayo es un barrio que, aunque subnormal, está bien organizado por sus residentes, cuenta con calles amplias y limpias, y las casas están distribuidas en forma organizada y se evidencia que tienen una vida en comunidad. Algunos lotes están desocupados, cerrados y en otros casos están sin construcción. En su mayor parte se trata de personas que tienen su vivienda allí, familias completas con niños menores de edad y algunas personas de la tercera edad.”[251] 158.- El cambio de contexto descrito y generado en el trámite de tutela, en el que la situación pasó de una perturbación de la posesión a través de actos de cercamiento de lotes a la construcción de espacios de vivienda y al desarrollo de una comunidad no puede ser ignorada por esta Corporación, especialmente porque la actuación de desalojo para la recuperación material del predio del municipio el Copey se adelantará en unas circunstancias diferentes. En consecuencia, ante la posible amenaza a los derechos al debido proceso y vivienda de los ocupantes del predio en las circunstancias actuales la Sala ordenará que se adopten las medidas de protección de acuerdo con las reglas de unificación establecidas en los fundamentos jurídicos 113 y siguientes de esta decisión. En relación con el amparo en mención, es necesario precisar que si bien se descartó la violación de los derechos de los accionantes en el trámite de desalojo adelantado hasta el momento en que se interpuso la acción de tutela, en el nuevo contexto se evidencia una amenaza, que corresponde a un escenario diferente al de la vulneración. En efecto, el artículo 86 superior precisa que la acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten “vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. La distinción que prevé la norma superior habilita las medidas de protección no sólo en los casos en los que se comprobó la violación de un derecho sino también cuando las circunstancias evidencian que se cierne un riesgo sobre las garantías fundamentales. La jurisprudencia, en atención a las hipótesis de protección planteadas en la Constitución, ha precisado que la amenaza es un concepto autónomo que se configura cuando el derecho sin ser vulnerado “es puesto en trance de sufrir mengua”[252]. Esta circunstancia se evalúa por el juez constitucional en el caso concreto y requiere la confluencia de “elementos subjetivos - convicción íntima de la existencia de un riesgo o peligro - como objetivos - condiciones fácticas que razonablemente permitan inferir la existencia de un riesgo o peligro.”[253] 159.- En aras de establecer la situación de amenaza bajo los criterios referidos por la jurisprudencia es necesario señalar que el primer elemento indicativo de la amenaza es el contexto que rodea o rodeará la ocupación. En efecto, los 20 años de jurisprudencia sobre casos similares al examinado en esta oportunidad evidencian que la ocupación irregular de predios por SEP, principalmente víctimas de desplazamiento forzado, se ha inscrito en un contexto nacional marcado por un conflicto armado interno extendido en el tiempo, una de las mayores cifras de desplazamiento forzado interno en el mundo y la crisis humanitaria que apareja, las altas cifras de pobreza e inequidad, y un déficit habitacional que de acuerdo con las cifras del DANE para el año 2018 superaba el 36% de los hogares del país. En este escenario, muchas personas en condición de vulnerabilidad ocupan predios de manera irregular como una alternativa para satisfacer, de manera precaria, su imperiosa necesidad de vivienda. Sin duda, pese a que en el momento en que se presentó la tutela no se vulneraron los derechos fundamentales, en la fecha en que se profiere esta sentencia, es claro que hay familias de personas en situación de desplazamiento forzado que se encuentran en el predio de propiedad de la Alcaldía y que no tienen solución a sus necesidades habitacionales, lo cual no puede ser desconocido por esta Corporación. El segundo elemento, indicativo de la amenaza, tiene que ver con el tipo de sujetos que adelantan la ocupación y enfrentan las medidas de desalojo, pues cómo se evidenció en las caracterizaciones la ocupación se ejerce principalmente por víctimas de desplazamiento forzado y personas en condiciones de pobreza extrema, en quienes además concurren otras circunstancias de vulnerabilidad. En efecto, en el desarrollo de la línea jurisprudencial unificada en esta sentencia, la Corte ha considerado, de forma invariable, que las condiciones de vulnerabilidad de los ocupantes, especialmente la grave situación de violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado por el despojo que enfrentaron generan medidas de protección en el marco de las actuaciones de desalojo. En este punto, la protección se sustenta en las graves condiciones de vulnerabilidad y no en la situación de ocupación irregular, pues evidentemente esta última no genera derechos. En tercer lugar, la definición del asunto en esta sede, en el que se ordenará que se materialice el desalojo, implica que algunos de los ocupantes en situaciones de grave vulnerabilidad y con necesidades habitacionales pierdan la solución de vivienda precaria que generaron a través de la ocupación irregular. En ese sentido, la Sala explicó ampliamente que este tipo de ocupaciones no genera derechos y justamente por esa razón los desalojos deben ejecutarse. Sin embargo, el juez constitucional no puede desconocer que, pese a la legitimidad de la actuación de desalojo, las consecuencias materiales que las medidas acarrean para los sujetos con necesidades reales de vivienda. En cuarto lugar, en el presente asunto se advirtió la ausencia de programas de vivienda focalizados en la población más vulnerable y de menores recursos. En concreto, la oferta institucional que refirió el Gobierno Nacional para atender las necesidades de los ocupantes del predio en El Copey requiere que los hogares postulantes concurran con aportes para cierres financieros, medidas de ahorro o sean propietarios de inmuebles, exigencias que, prima facie, parecen focalizar la atención en una población con características diferentes a las de las víctimas de desplazamiento forzado en situación de mayor vulnerabilidad.  Asimismo, se advirtió que se mantienen las fallas en la adecuada comunicación de la oferta institucional y en los mecanismos de postulación a programas de vivienda para la población más vulnerable. En quinto lugar, como quiera que las autoridades de El Copey deben adelantar el desalojo en un contexto diferente al que advirtieron inicialmente y aplicar reglas que, antes de la unificación, tenían diferentes matices, el otorgamiento del amparo permite dirigir la actuación de las autoridades para que, de acuerdo con las reglas definidas en esta oportunidad, se otorguen las garantías de protección en los términos fijados en esta sentencia, sin desconocer que las autoridades competentes pueden adelantar los procesos de desalojo. Con base en estos elementos, la Sala considera que si bien no existe una situación de vulneración las medidas de desalojo próximas a ser ejecutadas en el municipio El Copey dan cuenta de una amenaza para los sujetos de mayor vulnerabilidad y con necesidades reales de vivienda. Por lo tanto, se concederá parcialmente el amparo en aras de que, en relación con los ocupantes en los que concurren las especiales condiciones definidas en esta sede indicativas de una situación apremiante en materia habitacional, se adopten medidas de protección, las cuales operan por sus especiales circunstancias de vulnerabilidad, pero no suspenden indefinidamente los procesos de desalojo. En relación con el amparo que se concede en esta oportunidad es necesario reiterar que estas medidas no protegen ni promocionan la ocupación irregular. Por el contrario, la unificación de las reglas jurisprudenciales adelantada en esta oportunidad restringió las medidas de amparo para que la protección otorgada en estos casos se dirija únicamente a solventar las necesidades urgentes de vivienda de víctimas de desplazamiento forzado por las graves situaciones de vulnerabilidad que enfrentan en materia habitacional por la situación de despojo y evitar que la respuesta constitucional a esta problemática, brindada en la línea precedente, constituyera un incentivo para la promoción a la ocupación irregular. En ese sentido, las medidas estructurales destacan y buscan proteger la política pública de vivienda para que la materialización de la faceta prestacional de este derecho se adelante a través de los mecanismos institucionales previstos para el efecto. 160.- Con base en estas consideraciones, se adoptarán las siguientes órdenes y medidas de protección ante la eventual amenaza que el procedimiento de desalojo puede generar en el contexto de ocupación que hoy revela el caso. En efecto, en el marco de la situación de vivienda que se advirtió en la caracterización realizada el 3 de julio de 2019 y la inspección judicial del 4 y 5 de febrero de 2020 es necesario que en el procedimiento de desalojo se adopten las medidas que protejan el debido proceso, y el derecho a la vivienda y vida en condiciones dignas de las víctimas de desplazamiento forzado que no cuentan con las herramientas ni la respuesta estatal para la satisfacción de la imperiosa necesidad de vivienda. 161.- En primer lugar, se concederá el amparo parcial de los derechos fundamentales de los accionantes, víctimas de desplazamiento forzado y en relación con los que se acreditó la legitimación en la causa por activa. En efecto, de acuerdo con la UARIV sólo 20 de los 57 accionantes están inscritos en el RUV[254], y de los 20 inscritos en mención 5 personas no expresaron su voluntad en la presentación de tutela, razón por la que se descartó la legitimación en la causa por activa[255]. Adicionalmente, se aplicarán efectos inter comunis en atención a la evolución de la situación de ocupación que involucra a otros sujetos diferentes a los actores. Por ejemplo, en la primera caracterización sólo uno de los 57 accionantes habitaba el predio, en la segunda caracterización realizada el 3 de julio de 2019 se comprobó que 31 de los 57 accionantes vivían en el inmueble[256] y que la ocupación se adelantaba por lo menos por 377 personas, y en la inspección judicial celebrada el 4 y 5 de febrero de 2020 se registró que 28 de los accionantes fueron identificados como habitantes del predio[257] y la ocupación se ejercía por 365 personas. Como se ve, las circunstancias han variado y el presente asunto revela un panorama más amplio en el que la ocupación del predio para vivienda se adelanta por otras personas, además de los accionantes No obstante, en aras de evitar incentivos perversos y para racionalizar la actuación de las autoridades, los efectos inter comunis en estos casos sólo cobijarán a las personas que: (i) cumplan con los requisitos definidos para otorgar las medidas de amparo de acuerdo con la clasificación de los grupos poblacionales efectuada en esta sentencia, y (ii) que en el procedimiento de desalojo y el presente trámite constitucional hayan sido identificados como ocupantes del bien y que, por lo tanto, fueron caracterizados. Por lo tanto, las obligaciones de las autoridades se extenderán únicamente sobre las personas referidas en el Anexo I de esta sentencia, el cual contiene la información recaudada tanto en el trámite policivo como en la inspección judicial ordenada en esta sede sobre los ocupantes del predio. En relación con el anexo en mención es necesario precisar que incluye 551 registros, pues en los procesos de caracterización se refirieron nombres incompletos, no se registraron documentos de identidad, y se presentaron incongruencias y múltiples registros de documentos de identidad y nombres[258]. En consecuencia, se trata de un listado que guiará la actualización de las caracterizaciones de los ocupantes, la cual deberá adelantarse por las autoridades con mayor rigor para la adecuada identificación de los sujetos de especial protección constitucional que cumplen con los requisitos definidos en esta providencia para acceder a las medidas de amparo. En ese sentido, es necesario destacar la importancia de que las caracterizaciones y la identificación de los sujetos por parte de las autoridades sea rigurosa, pues sólo con información precisa sobre los ocupantes se pueden identificar las personas que cumplen con los criterios para el otorgamiento de las medidas de amparo y se pueden adelantar las actuaciones de coordinación con las autoridades competentes en el orden nacional. 162.- En segundo lugar, la Sala precisa que la suspensión de la orden de desalojo proferida en el caso bajo examen sólo se extenderá durante el tiempo necesario para que las autoridades del Copey adelanten la actualización de las caracterizaciones y brinden el albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado que cumplan con las condiciones fijadas en esta sentencia. En concreto, como ya se ha indicado en varios acápites de esta providencia, la protección de los bienes públicos resguarda importantes bienes jurídicos como el interés general, la seguridad jurídica, y la legalidad. Adicionalmente, en este caso la situación de ocupación tuvo incidencia en la materialización de un proyecto de vivienda para la población vulnerable, razón por la que no se pueden admitir suspensiones indefinidas de órdenes de desalojo y resulta imperiosa la recuperación material del predio en El Copey. Sin desconocer la situación de vulnerabilidad en que se encuentran varios de los ocupantes actuales del predio, la Sala debe resaltar que las acciones de hecho no pueden convertirse en una vía para la obtención de respuesta institucional en materia de satisfacción del derecho a la vivienda. Esto no solo porque de la ilegalidad no se generan derechos y esas vías operan al margen del orden jurídico, sino porque aceptar su validez impone cargas insoportables a las personas que, en similares condiciones, acudieron a los procedimientos existentes en la ley para la protección de ese derecho. De otra parte, la necesidad de adelantar la actuación de desalojo está relacionada con la precariedad de las condiciones de vivienda constatadas en esta sede y descritas en el fundamento jurídico 138. En efecto, el juez constitucional no puede admitir situaciones de habitación precaria como las acreditadas en esta oportunidad como respuestas a la necesidad de vivienda de población vulnerable. En consecuencia, se ordenará a la Inspección de Policía de El Copey que continúe con el procedimiento de amparo policivo y postergue la orden de desalojo únicamente durante el tiempo necesario para que la entidad territorial adelante las actuaciones de albergue temporal en los términos definidos en esta oportunidad. Sin perjuicio de la evaluación de las medidas sanitarias necesarias relacionadas con la prevención del contagio del COVID-19, razón por la cual las actuaciones que adelanten las autoridades policivas deberán ejecutarse bajo condiciones de bioseguridad y de acuerdo con las instrucciones que al respecto determine la Secretaría de Salud del municipio[259]. 163.- Ahora bien, con respecto a las condiciones a las que se sujeta la realización del desalojo se identificaron tres tipos de medidas: (i) un conjunto de garantías de debido proceso estricto; (ii) las medidas de protección del derecho a la vivienda a corto plazo; y (iii) las medidas de protección del derecho a la vivienda a largo plazo, las cuales se aplicarán al presente asunto. Las garantías del debido proceso en el trámite de desalojo del predio del municipio El Copey 164.- En relación con el primer grupo de medidas es necesario reiterar que el debido proceso estricto debe garantizarse a los ocupantes que enfrenten el procedimiento de desalojo y que habitan las viviendas precarias con independencia de las particularidades que serán resaltadas más adelante, relevantes de cara al derecho a la vivienda. Estas garantías incluyen la debida notificación de las actuaciones; la presencia de las autoridades administrativas o judiciales en la diligencia; la identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; la prohibición de efectuar desalojos cuando haga mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento y el otorgamiento de recursos jurídicos adecuados. En efecto, en la medida en que algunas de las personas ocupan el predio para su propia vivienda las garantías del debido proceso estricto resultan aplicables a la actuación de desalojo que se adelantará en el nuevo contexto acreditado en esta sede. Adicionalmente, la aplicación de estas garantías servirá, a su vez, como insumo en el desarrollo de las medidas de protección del derecho a la vivienda. En ese sentido, se ordenará a la Inspección de Policía de El Copey que actualice la caracterización de los ocupantes del predio para la identificación de las características relevantes de acuerdo con los grupos identificados en el fundamento jurídico 112 y las necesidades en materia de vivienda. Las medidas de protección en materia de vivienda en el trámite de desalojo del predio del municipio El Copey En relación con el albergue temporal 165.- Una de las medidas de protección ordenadas por la jurisprudencia constitucional en las actuaciones de desalojo por ocupaciones irregulares ha consistido en el albergue temporal, el cual debe brindarse por la entidad territorial. Esta medida fue solicitada en la acción de tutela y de acuerdo con la regla de unificación establecida en esta sede opera únicamente para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado que no cuenten con los recursos ni una respuesta institucional para la satisfacción del derecho a la vivienda, y que hayan sido identificadas como ocupantes en el Anexo I. La medida puede consistir en un subsidio o la adecuación de un espacio en condiciones acordes con el derecho a la vivienda digna y se extenderá hasta que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: (a) la UARIV brinde la atención humanitaria necesaria para la satisfacción de la necesidad de alojamiento que calificó y que motivó el albergue, (b) la UARIV determine que por otras vías como una estabilización socioeconómica la victima superó la carencia de alojamiento, o (c) se materialice una solución de vivienda de mediano o largo plazo por parte de las autoridades nacionales. El albergue, por tratarse de una medida temporal, debe extenderse por un tiempo máximo de siete meses. En consecuencia, la entidad territorial deberá otorgarlo hasta que se cumpla cualquiera de condiciones señaladas previamente si esto ocurre primero y, en todo caso, deberá brindarse por el término máximo de siete meses. En consecuencia, para que la Alcaldía de El Copey pueda cumplir con la medida de albergue temporal se ordenará a la UARIV que acompañe el proceso de identificación de los ocupantes actuales del predio y con base en esta información establezca de manera oportuna: (i) los ocupantes inscritos en el RUV, (ii) las ayudas humanitarias que han recibido o reciben; (iii) la calificación vigente sobre las carencias en materia de alojamiento; y (iv) la superación de la necesidad de vivienda. En caso de que los ocupantes estén inscritos en el RUV y la UARIV no cuente con la información sobre las ayudas humanitarias y la calificación de carencias deberá disponer de forma inmediata la evaluación de las carencias de las víctimas de desplazamiento forzado. La información remitida por la UARIV es crucial para determinar el alcance de la obligación de albergue temporal a cargo del municipio. Por ejemplo, a título ilustrativo, en los datos obtenidos en esta sede la unidad en mención indicó que de las 135 víctimas de desplazamiento forzado, incluidas en el RUV, 44 núcleos familiares integrados por 74 personas no arrojaron carencias en materia de vivienda. Asimismo, refirió la entrega de ayudas humanitarias a 11 hogares en el 2018, 7 hogares en el 2019 y a 6 en el 2020. En consecuencia, si hipotéticamente la ocupación mantuviera las mismas condiciones hoy y la medida de albergue temporal sólo cobija a las víctimas de desplazamiento forzado que no cuenten con los recursos ni una respuesta institucional para la satisfacción del derecho a la vivienda, el municipio de El Copey debería brindarle albergue temporal a menos del 10% de las víctimas ocupantes, pues estarían excluidas las familias que: (i) no arrojaron necesidades en materia de vivienda (44 familias integradas por 74 personas), o (ii) cuenten con una respuesta en materia de atención humanitaria (24 hogares con respecto a los que no se precisó número de integrantes). Como se advierte de las consideraciones expuestas el debido acompañamiento de la UARIV a las autoridades de El Copey resulta imprescindible para el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sede. En ese sentido, la Sala hace un llamado enérgico a la entidad para que suministre de manera oportuna la información requerida por las entidades territoriales para establecer si procede el albergue temporal en relación con los ocupantes, víctimas de desplazamiento forzado, que enfrentan los procesos de desalojo. Lo anterior, porque como se explicó en el fundamento jurídico 118 en el trámite de esta tutela la autoridad en mención dilató la respuesta sobre las víctimas de desplazamiento forzado que ocupan el predio, presentó informes contradictorios, negó sus competencias y, finalmente, luego de cuatro requerimientos no remitió información consolidada, clara y completa sobre la debida identificación de los ocupantes víctimas de desplazamiento forzado que presentan carencias graves en materia de alojamiento. En consecuencia, las medidas estructurales y el seguimiento se orientarán a alcanzar una respuesta seria y oportuna por parte de esta entidad en el ejercicio de sus funciones. 166.- De manera que, con base en la información suministrada por la UARIV, la Alcaldía de El Copey deberá brindar un albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado cuya calificación de carencias arroje necesidades extremas o graves en materia de alojamiento, y que fueron identificadas como ocupantes en el proceso –Anexo I-. En consecuencia, están excluidas las víctimas que de acuerdo con esa calificación no presenten necesidades en materia de vivienda o estén recibiendo atención humanitaria en cualquiera de sus fases. 167.- En relación con los demás grupos no proceden las medidas de albergue temporal, pues como se explicó la situación de ilegalidad como la ocupación irregular no genera derechos. La especial protección constitucional otorgada en materia de albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado está fundada en la dinámica de este flagelo que acentúa la vulneración del derecho a la vivienda y el comprobado ECI en materia de atención a las víctimas. No obstante, las actuaciones de desalojo deberán contar con la presencia de las autoridades con competencias para la protección de los sujetos de especial protección constitucional. En concreto, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación serán convocadas para que brinden un acompañamiento a las actuaciones de desalojo e informen a los sujetos en condición de vulnerabilidad los programas de atención y la oferta institucional, y adelanten, en el marco de sus competencias, las medidas de protección que consideren pertinentes. Asimismo, de manera específica la Defensoría del Pueblo les informará y les brindará acompañamiento a los migrantes en relación con la oferta institucional de atención humanitaria dispuesta por el Estado y la política migratoria del país, los mecanismos de regularización de la permanencia y los canales para el reconocimiento de su condición de refugiado de ser el caso. En síntesis, el desalojo podrá ser efectuado con: (i) el pleno respeto de las garantías del debido proceso, (ii) el otorgamiento de la medida de albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado que cumplan con las condiciones para el efecto en los términos descritos; y (iii) el acompañamiento de las autoridades con competencias en la protección de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, incluidos los migrantes venezolanos, para informarles la oferta institucional y programas de atención, y para que adopten las medidas de protección que consideren pertinentes de acuerdo con sus competencias. En relación con las medidas de protección del derecho a la vivienda de mediano y largo plazo 168.- Para la protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo las medidas también varían de acuerdo con los criterios generales de diferenciación de los grupos de ocupantes en los términos de las reglas de unificación. 169.- En relación con el primer grupo, que corresponde a las víctimas de desplazamiento forzado, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y al DPS que incluyan a los ocupantes, identificados por la Inspección de Policía de El Copey en la actualización ordenada en esta sede, víctimas de desplazamiento forzado, incluidos en el Anexo I de esta sentencia, y que cumplan con los requisitos para el efecto, en los programas de vivienda para población desplazada sin que esto implique la inscripción en proyectos específicos ni modificar el orden de las personas que se postularon previamente. En concreto, las autoridades referidas deberán evaluar las circunstancias de cada una de las víctimas identificadas y establecerán en el marco de la oferta institucional vigente cuál es el programa de vivienda que responde a sus circunstancias y necesidades. Luego, adelantarán la inscripción en las bases de datos a través de las que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios, informarán a la víctima la inscripción, las actuaciones a seguir y una estimación aproximada de los tiempos de espera. 170.- En relación con el segundo grupo de ocupantes, sujetos de especial protección constitucional por condiciones diferentes al desplazamiento forzado y con necesidades de vivienda, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al DPS y a FONVIVIENDA que incluyan a los ocupantes, identificados en la actualización ordenada en esta sede, incluidos en el Anexo I de esta sentencia, que sean sujetos de especial protección constitucional por condiciones diferentes al desplazamiento forzado y que cumplan con los requisitos para el efecto, en los programas de vivienda para población vulnerable sin que esto implique la inscripción en proyectos específicos ni modificar el orden de las personas que se postularon previamente y están en lista de espera. En concreto, las autoridades referidas deberán evaluar las circunstancias de cada una de los SEP con necesidades de vivienda y establecerán, en el marco de la oferta institucional vigente, cuál es el programa que responde a sus circunstancias y necesidades. Luego, adelantarán la inscripción en las bases de datos a través de las que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios, informarán a la víctima la inscripción, las actuaciones a seguir y una estimación aproximada de los tiempos de espera. 171.- Con respecto al tercer grupo de ocupantes, esto es, sujetos de especial protección constitucional sin necesidades apremiantes de vivienda y otros ocupantes que no ostenten alguna condición que los haga sujetos de especial protección constitucional no proceden medidas de protección del derecho a la vivienda en el presente asunto. Finalmente, con base en los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 125 de esta sentencia no hay lugar a adoptar medidas de mediano y largo plazo con respecto el derecho a la vivienda de la población migrante. Conclusiones 172.- El presente caso dio cuenta de la evolución de una situación de ocupación irregular de un predio del municipio El Copey, en el marco de la cual se presentó la acción de tutela por un grupo de ocupantes, que incluía víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional. La solicitud de amparo pretendía la suspensión de las actuaciones hasta que se adelantaran medidas de protección del derecho a la vivienda de corto y largo plazo. En el examen del asunto se advirtió que en el desarrollo de 20 años de jurisprudencia constitucional las medidas de amparo en el marco de los desalojos de sujetos de especial protección constitucional por ocupación irregular han presentado matices que generan diferentes obligaciones en cabeza de las autoridades con competencias en la materia, y tienen impactos diferenciales de cara a la política pública de vivienda. Por lo tanto, la Sala Plena decidió unificar las reglas en la materia así: (i) Las actuaciones ilegales no generan derechos y las ocupaciones irregulares de bienes de carácter público afectan el interés general, no ofrecen soluciones de vivienda digna, frustran el desarrollo de las políticas en la materia e impactan en la satisfacción de los derechos de otras personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, de la calidad de ocupante irregular de un predio de naturaleza pública no se deriva protección constitucional. (ii) Todas las actuaciones de desalojo en contextos en los que las personas ocupan el predio para su propia vivienda deben respetar las garantías del debido proceso estricto desarrolladas de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional. (iii) La suspensión de órdenes de desalojo únicamente procede durante el tiempo necesario para que las autoridades ofrezcan las medidas urgentes de albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado que reúnan las condiciones para el efecto. Esta suspensión hace referencia al tiempo de las gestiones para conceder el albergue y no al tiempo durante el que se brinda el albergue –máximo siete meses-. (iv) La medida provisional y urgente de albergue temporal operará únicamente para la protección de las víctimas de desplazamiento forzado que no cuenten con los recursos ni una respuesta institucional para la satisfacción del derecho a la vivienda. Esta medida puede consistir en un subsidio o la adecuación de un espacio de vivienda digna que debe garantizar la entidad territorial y se extenderá hasta que se cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: (a) la UARIV brinde la atención humanitaria necesaria para la satisfacción de la necesidad de alojamiento, (b) la UARIV determine que por otras vías como una estabilización socioeconómica la victima superó la carencia de alojamiento, o (c) se materialice una solución de vivienda de mediano o largo plazo. El albergue por ser una medida temporal se brindará por el término máximo de siete meses. En consecuencia, si se cumple alguna de las condiciones a, b o c antes del término de siete meses el albergue cesará en el momento en el que se cumpla esa condición y si estas condiciones no se cumplen la obligación de la entidad territorial en materia de albergue temporal se extenderá por el término máximo de siete de meses. (v) En relación con otros sujetos de especial protección constitucional – SEP por razones diferentes al desplazamiento forzado la medida de protección de corto plazo se concentra en las garantías del debido proceso, y el acompañamiento de las autoridades para que les informen los programas de atención y la oferta institucional, y adelanten, en el marco de sus competencias, las medidas de protección que consideren pertinentes. (vi) Con respecto a los migrantes venezolanos la medida de protección consistirá en el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para que les informe la oferta institucional de atención humanitaria dispuesta por el Estado, y la política migratoria del país. (vii) La medida de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo para las víctimas de desplazamiento forzado consiste en la inclusión de los programas de vivienda sin que esto implique la inscripción en proyectos concretos ni modificar el orden de la lista de espera. En concreto, la inscripción en las bases de datos a través de las que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios y la notificación correspondiente. (viii) La medida de protección del derecho a la vivienda a mediano y largo plazo para SEP por condiciones diferentes al desplazamiento forzado con necesidades de vivienda es la inclusión en los programas de vivienda, en los que cumplan los requisitos, sin que esto implique modificar el orden de las personas están en lista de espera, ni la inscripción en proyectos de vivienda concretos. En efecto, corresponde a la inscripción en las bases de datos a través de las que se ejecuta el procedimiento de identificación de posibles beneficiarios y la notificación correspondiente. (ix) Para la operatividad de las reglas de unificación descritas se advirtió la necesidad de una serie de medidas estructurales, que incluyen el fortalecimiento de la actuación de la UARIV para el acompañamiento a los procesos de desalojo; el examen de la política actual de vivienda para la población desplazada; y el desarrollo de estrategias de información, publicidad y acompañamiento a los diferentes grupos poblaciones en relación con el acceso a los programas de vivienda. (x) En atención a las comprobadas dificultades para establecer el estado actual de la política de vivienda para la población desplazada y la existencia de programas vigentes focalizados, y como quiera que el desarrollo de estas medidas ha sido impulsado por la Sala Especial de Seguimiento para la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA que rindan un informe a la Sala en mención para que se analicen los avances en esta materia. 173.- En el examen del caso concreto se aplicaron las reglas de unificación descritas y se advirtió que en el período anterior a la formulación de la acción de tutela la situación de ocupación se limitó a cerramientos irregulares del predio mediante estructuras precarias. En ese contexto, evaluadas las actuaciones de la Inspección de Policía y la Alcaldía de El Copey se descartó la violación de los derechos al debido proceso y la vivienda digna de los accionantes. No obstante, en el trámite de tutela la situación de ocupación varió y la inspección judicial ordenada en esta sede y realizada el pasado 4 y 5 de febrero reveló unas circunstancias de ocupación diferentes, en las que el predio estaba habitado por aproximadamente 120 núcleos familiares, integrados por 365 personas. En consecuencia, como quiera que las actuaciones de desalojo se adelantarán en una situación en las que personas en condiciones de vulnerabilidad satisfacen de manera precaria su necesidad de vivienda ante una eventual amenaza de sus derechos al debido proceso y vivienda digna se aplicaron las medidas de unificación en el caso concreto. En particular, se precisó que no procede la suspensión indefinida del desalojo, pues la recuperación del predio de El Copey persigue finalidades constitucionales importantes y no pueden admitirse situaciones precarias de vivienda como las identificadas en esta oportunidad. Asimismo, se estableció que en la materialización de las actuaciones de desalojo deberán adoptarse una serie de medidas conforme a la unificación que protejan únicamente a la población vulnerable con necesidades de vivienda y, en particular, a las víctimas de desplazamiento forzado que no cuenten con los recursos ni una respuesta institucional para la satisfacción del derecho a la vivienda. II. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 25 de abril de 2019, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, el 12 de febrero de 2019, que denegó el amparo solicitado por Dairo Manuel Navas Reyes y otros contra la Alcaldía del municipio de El Copey y otras autoridades. En su lugar, CONCEDER PARCIALMENTE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, en los términos del fundamento jurídico 164 de esta sentencia, y a la vivienda digna en los términos de los fundamentos jurídicos 165 a 170 de esta sentencia, de los ocupantes del predio identificado con el folio inmobiliario 190-159605, inscritos en el Registro Único de Víctimas - RUV como víctimas de desplazamiento forzado, que corresponden a: Bladimir Murcia Orozco, Dairo Manuel Navas Reyes, Maire Sol Salas Carrillo, Matilde Torres Rodríguez, Duy Naringumu Crespo Torrez,  Marcelina Torres Rodríguez, Salvador Carmona Martínez, Yenis Eliana Suárez Hernández, Enith Johanna Cárdenas Barcasnegra, Ninfa Patricia Cadena Crespo, Juan Manuel Estrada Peña, José Luis Borja Pabón, Leonor Elena Torres Crespo, Jacqueline Trujillo Alfonso y Landis María Sanes Díaz siempre que concurran las condiciones para la protección establecidas en la parte motiva de esta sentencia. Las medidas de protección tendrán efectos inter comunis en los términos del fundamento jurídico 161 de esta sentencia y en relación con las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran en la misma situación y que están identificadas en el Anexo I de esta providencia. SEGUNDO.- ORDENAR a la Inspección de Policía de El Copey que, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, actualice la caracterización de los ocupantes del predio y establezca la situación actual de las víctimas de desplazamiento forzado y sujetos de especial protección constitucional que ocupan el predio y que están incluidos en el Anexo I de esta providencia. A la diligencia de actualización deberá concurrir la UARIV, quién contribuirá a la identificación de los hogares que cuentan con personas desplazadas y al reporte de los resultados de caracterización de sus carencias en materia de alojamiento. La Inspección de Policía de El Copey remitirá la actualización con la debida identificación de los ocupantes al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a FONVIVIENDA para que estas entidades cumplan las medidas de protección del derecho a la vivienda de mediano y largo plazo en los términos previstos en los fundamentos jurídicos 169 y 170 de esta sentencia. TERCERO.- ORDENAR a la UARIV que, en el término de treinta (30) días contados a partir del momento en el que se elabore el listado de los ocupantes del predio identificado con el folio inmobiliario 190-159605, en el caso en que no lo hubiere hecho, actualice la caracterización a todos los hogares ubicados en el predio que cuenten con personas desplazadas y la reporte de forma clara y ordenada a la Inspección de Policía y la Alcaldía de El Copey para efecto de determinar las personas a las que se les otorgará albergue temporal. Asimismo, conforme a los resultados de dicha caracterización, la UARIV deberá seguir proveyendo o proveer la atención humanitaria que corresponda, particularmente para suplir las carencias identificadas en alojamiento, sin perjuicio de que también otorgue el componente de alimentación. CUARTO.- ORDENAR a la Alcaldía de El Copey que, con base en la información reportada por la Inspección de Policía y la UARIV, brinde un albergue temporal a las víctimas de desplazamiento forzado cuya calificación de carencias arroje necesidades extremas o graves en materia de alojamiento. El albergue se brindará con el alcance definido en el fundamento jurídico 165 de esta sentencia. QUINTO.- ORDENAR a la Inspección de Policía de El Copey que tan pronto se adopten las medidas de albergue temporal en los términos definidos en el numeral anterior adelante las actuaciones de desalojo de acuerdo con las garantías del debido proceso. Asimismo, deberá convocar a las diligencias a las autoridades con competencias en relación con los sujetos de especial protección constitucional para que acompañen las actuaciones y adopten las medidas que consideren necesarias, y coordinar con la Secretaría de Salud municipal las medidas sanitarias pertinentes relacionadas con la prevención del contagio del COVID-19. SEXTO.- ORDENAR a  la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Personero Municipal de El Copey y al ICBF que, de acuerdo con sus competencias legales y constitucionales, brinden acompañamiento a las actuaciones de desalojo del predio identificado con el folio inmobiliario 190-159605 de propiedad del municipio El Copey. En particular, deberán informar a los sujetos en condición de vulnerabilidad los programas de atención y la oferta institucional, y adelantar las medidas de protección que consideren pertinentes. Asimismo, informarán y brindarán acompañamiento a los migrantes en relación con la oferta institucional de atención humanitaria dispuesta por el Estado, la política migratoria del país, los mecanismos de regularización de la permanencia y los canales para el reconocimiento de su condición de refugiado de ser el caso. SÉPTIMO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y al Departamento Administrativo de Prosperidad Social que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la remisión del listado de ocupantes del predio por parte de la Inspección de Policía de El Copey, incluyan a los ocupantes víctimas de desplazamiento forzado y a los sujetos de especial protección constitucional por circunstancias diferentes al desplazamiento forzado con necesidades de vivienda, que cumplan con los requisitos para el efecto, en las bases de datos de los programas de vivienda vigentes de acuerdo con sus particularidades sin que esto implique modificar el orden de las personas que se postularon previamente ni la inscripción en proyectos concretos. Asimismo, deberán informarles por escrito a cada uno de los beneficiarios de esta orden el programa de vivienda en el que fueron inscritos, la forma en la que este opera, las actuaciones a seguir y una estimación aproximada con respecto a la materialización del subsidio. OCTAVO.- ORDENAR a la UARIV, para el cumplimiento de las medidas estructurales y materializar las medidas de unificación definidas en esta oportunidad, que: (i) En el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta decisión active un micrositio en el portal web de la entidad, que sirva como canal de comunicación específico con las autoridades administrativas y judiciales relacionado con el acompañamiento e información necesaria para la protección de los derechos de las víctimas en procesos de desalojo. Este canal tendrá las finalidades desarrolladas en los fundamentos jurídicos 120 y 121 de esta sentencia. (ii) En el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta decisión expida un protocolo, que presentará a la Sala Especial de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional, en el que se regule el curso de acción de la entidad y prevea los elementos mínimos desarrollados en el fundamento jurídico 121 de esta sentencia. NOVENO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y a FONVIVIENDA que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, presenten un informe a la Sala Especial de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional sobre: (i) los programas de vivienda vigentes para la población desplazada, (ii) las metas de estos programas, y (iii) la concordancia de esta política con los estándares logrados a través del seguimiento a la superación del ECI en materia de desplazamiento forzado. Con base en este informe, la Sala de Seguimiento analizará la política actual de vivienda para la atención de la población desplazada. DÉCIMO.- ORDENAR a la UARIV, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y FONVIVIENDA que en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta decisión diseñen una estrategia coordinada de información, publicidad y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado en relación con el acceso a los programas de vivienda. Esta estrategia debe contar como mínimo con los elementos referidos en el fundamento jurídico 130 de esta sentencia y deberá ser presentada ante la Sala Especial de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional para que analice esta información. UNDÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta decisión, formule un programa de comunicación y acercamiento a la población vulnerable dirigida a: (i) dar a conocer los programas en materia de vivienda y las estrategias que adelanta el Estado para la satisfacción de este derecho; e (ii) identificar los canales de atención a la población en relación con el derecho a la vivienda. Esta estrategia debe contar como mínimo con los elementos referidos en el fundamento jurídico 132 de esta sentencia y deberá ser presentada ante la Sala Especial de Seguimiento al ECI en materia de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional, para que analice esta información. DUODÉCIMO.- REMITIR copia de la decisión a la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, acompañe el proceso de distribución de recursos para subsidios de vivienda y otras modalidades de atención del derecho a la vivienda que fije la alcaldía de El Copey. DEcimotercero. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. ALBERTO ROJAS RÍOS Presidente Con salvamento parcial de voto DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada Con aclaración de voto JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado Con aclaración de voto ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado Con salvamento parcial de voto PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada Con salvamento de voto GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General ANEXO I Lista global de ocupantes del predio El Copey Este listado fue construido a partir de las caracterizaciones remitidas a esta sede y que se realizaron en el marco del proceso de desalojo y de la inspección judicial ordenada en esta sede. Los nombres y documentos de identidad corresponden a la transcripción literal de la información remitida y por tratarse de nombres no se efectúan adiciones o correcciones. Adicionalmente, con respecto al listado inicial remitido a la UARIV que contenía 585 registros se suprimieron aquellos en los que era evidente la duplicidad de la información, lo que redujo el listado a 551 registros. Sin embargo, en los casos en los que se presentan dos nombres similares, el mismo nombre con diferentes documentos de identidad o diferentes nombres para el mismo documento se incluyeron todos los registros para que en el procedimiento de actualización se verifiquen con precisión los datos de los ocupantes. Nombres Cédula Cédula 2* 1 Adalberto Daniel Martínez Mercado 1128107014 1118107014 2 Adingela María Astorga No reporta 3 Adolfo Cañate Martínez 12011500V 4 Adriana Aroca Rada 1003197739 1006197739 5 Adriana Pacheco Quintero 1065137407 6 Alba Rosa Ospino Rodríguez 36592962 7 Albeiro José Vides Polo 77168295 8 Alberto Rafael Martínez 12683527 9 Alejandra Isabella Sánchez Carrillo 1082850508 1082850506 10 Alejandro Cervantes Carmona 1044647376 11 Alejandro de Jesús Sánchez Carrillo 1065138947 12 Alex David Sánchez Carrillo 1082890808 13 Alexander Alberto Arenas 12636112 14 Alexander Antonio Sánchez Polo 7633536 15 Ali Bravo 1131071649 16 Alidis Judith Peña Jiménez 36624137 17 Álvaro Javier Vitola Polo 1083003148 18 Álvaro Javier Vitola Vargas 1148705498 19 Alver Castellar 5135854 20 Amalia Vargas Negras 1065125068 21 Amelia Suárez No reporta 22 Ana Carmen Semprun Murrillo 21511683V 23 Ana Isabel Simancas Fontalvo 57186224 24 Ana Legarda M. No reporta 25 Ana Rocío Ledezma Rivera 1002274902 26 Anabel Murcia Manjarrez 1065128038 27 Anderson Godoy de la Hoz 1001872550 28 Anderson José Montiel Semprun 27257108V 29 Anderson Mendoza Pacheco 1081816115 30 Anderson Ramírez Guette 1065136795 31 Andrea Camila Vargas Negras No reporta 32 Andrea Carolina Vásquez No reporta 33 Andrea Catalina Ariza No reporta 34 Andrea Ortiz No reporta 35 Andres Camilo Vargas Negras No reporta 36 Andrés Campo Acosta 1065134642 37 Andrés José Reales 1003196915 38 Andrés Torres Cervantes 1065130272 39 Ángel Murcia Manjarrez 1065129428 40 Angela de la Cruz 57116673 41 Angela Rada Barrios 1003195921 42 Angely Montiel Semprum 30058471 43 Angely Yarid López Cadena 1065139085 44 Angie González 26423802V 45 Angie Suárez Brochero 1065137831 46 Anibal Pérez Silgado 3136008 47 Annie Manotas Ruíz 1065134149 48 Antonio Fernando Rivera Vásquez No reporta 49 Antonio Restrepo No reporta 50 Anyi Patricia Figueroa Guzmán 1063970769 51 Arleth Johana Fontalvo Escobar 1082848795 52 Armando Coronado 1065136532 53 Aron Astorga Suárez No reporta 54 Ashley Sofía Godoy Castillón 1065140477 55 Asiel Nikole Borrego Figueroa No reporta 56 Asly Isabel Polo Rodríguez 1065141275 57 Asly Isabel Vitola Polo 1065141271 58 Audi Manjarrez Prada 1081794716 59 Aura María Vergel Blanco 1065133238 60 Avid Enrique Ariza Morales 1065172719 61 Benjamín Villalba 3894256 62 Betty Villalba 40937411 63 Bladimir Murcia Manjarrez 1065134271 64 Bladimir Murcia Orozco 77166970 65 Bleidy Judith Carmona 26947886 66 Breishel Arenas 1065139086 67 Calixto Chaparro No reporta 68 Camilo Andrés Aguilar Álvarez 1134330997 69 Camilo Andrés Lizcano 1003196471 70 Carlos A. Palmera No reporta 71 Carlos Alberto Escobar Peña 1065131650 72 Carlos Alberto Movilla Restrepo 19708071 73 Carlos Alfredo Arroyo Fontalvo 1065132821 74 Carlos Andrés Yepez Cadena 1069645482 75 Carlos Arenas 1152941566 76 Carlos David Pacheco 1137878250 77 Carlos Enrique Ortiz Vega 77166011 78 Carlos Julio López Sánchez 19615167 79 Carlos Julio Pineda Villalobos 12641996 80 Carlos Manuel Ortiz 1063953387 81 Carlos Movilla García 1065132912 82 Carlota Montenegro Pacheco 26947951 83 Carmen Alicia Álvarez Pertuz 26761558 84 Carmen Guzmán Balseiro 1065134134 85 Carolay de la Cruz No reporta 86 Celina Sharith Montero Martínez No reporta 87 César Anaya Olivera 1003197175 88 César Contreras Quesada 9112500 89 César Quintana Pérez 1120747570 90 Cinthya Suárez Hernández 1065133745 91 Clarineth Acosta Polo 49715481 92 Clemernina Izquierdo 1065133896 93 Daiberis López Caipana 30847927 94 Dainis Dayana García Acosta 1003230106 95 Dairo Carillo 1131070381 96 Damian Rodríguez Pérez No reporta 97 Daniel Felipe Martínez Monsalvo 1065140481 98 Daniel José López Simancas 100772881 99 Daniel José Ochoa Ruiz 1065136780 100 Daniel Rodríguez 1068389933 101 Daniela Amaya Escobar 1065644672 102 Daniela Astorga Suárez No reporta 103 Daniela Bornacelly de la Cruz 1004271596 104 Daniela Guerra Romero 1193517766 105 Daniela Piño 10003197095 106 Danilo Rodríguez Cardenas 1065128841 107 Danna Sofía Carrillo Salas 1137875568 108 Darli Suárez Hernández 1065127729 109 Darwin Vives Caipana 1214470473 110 David Bastos Muleth 1065140887 111 David Bornacelli 1004271597 112 David Campo Charris 1079654487 113 David de la Hoz Morales 1041870223 114 David Pacheco Maldonado 1065140520 115 David Rodolfo Guerrero 1045309454 116 Dawiris Mejía Barceló 1003195799 117 Dayana Aguilar 1082946080 118 Dayana Arroyo Amaya 1066292966 119 Deiber David Suárez No reporta 120 Deiner Jesús López Carpana 27723788 121 Deivis David Venera 1065139212 122 Deivis Fontalvo Escobar 1082942512 123 Deivis Valle Martínez 77168182 124 Delcis Esther Macías Suárez No reporta 125 Dennis Altahona Wolf 1118820390 126 Diana Ariza 1065126079 127 Diana Esther Oviedo No reporta 128 Dianeth Caipana 22254387 129 Dianeth Josefita Carpana 22169295 130 Didier Alvaréz P. 1135638732 131 Diego Armando Velásquez No reporta 132 Diego Rada 1065139511 133 Dilan Cortez Guerra No reporta 134 Dilan Dair Cortés Sierra 1065140933 135 Dina Mercado Martínez 1065130210 136 Dina Vanessa Vásquez No reporta 137 Disleinys Paola Caro Arriesta 1004306325 138 Dona Paola Vargas Negras No reporta 139 Donaldo Pertuz García No reporta 140 Douglas Correa Velásquez 29738780 141 Duban Enrique Hernández Mavarez 279.303.376 V 142 Duglainy Anyely Correa Velásquez 30769469 143 Dulia Soler Izquierdo 1193587489 144 Eberlides de Jesús Jiménez García 49595553 145 Edinson Javier López Rada 86075815 146 Edith Álvarez Pertuz 26761763 147 Edwin Ariza No reporta 148 Edwin José Sierra Martínez No reporta 149 Eglimar Álvarez Viera 8764275V 150 Eider Enrique Vitola Polo 1124042834 151 Eidis Oviedo No reporta 152 Eldemar José Álvarez Rodríguez 28409277V 153 Eliana Trillo No reporta 154 Elizabeth Balseiro 1128188794 155 Elizabeth Bornacelli 1081794776 156 Elizabeth Polo Palma 32849437 157 Elodina Esther Carmona 1065131492 1035131492 158 Elver Antonio Barcasnegra 771680025 77168002 159 Enedith de la Cruz Pérez 52418706 160 Engorleca Cañate Castillo 32107050V 161 Enith Cárdenas Barcasnegra 36688251 162 Erick Eduardo Acevedo Flores 30058031V 163 Erik Alejandro Páez Bonilla No reporta 164 Esmeider Mendoza Martínez 1065810633 165 Esneider José Mendoza 1081810633 166 Estefanny Martínez 1128197983 167 Ever Bornaceli 19590308 168 Ever Torres Cervantes 1063126863 169 Fabián Parra Cujia No reporta 170 Fabianny Rodríguez Pérez No reporta 171 Fabio José Basto Ospino 1065137817 172 Felipe Velásquez No reporta 173 Fernando Fontalvo Polo 77166636 174 Fernando Vanegas 1064786144 175 Fevinn Javier Monterrosa No reporta 176 Francia Sánchez No reporta 177 Francisco Javier Herrera Moreno 77165742 178 Francisco Sierra Lizano No reporta 179 Frank Carlos Pertuz Álvarez 1004486303 180 Franklin Ariza 1065134509 181 Franklin Moreno Montenegro 5079490 182 Freddy Alexander Pérez 77168102 183 Fredy José Ruiz Persia 1065133944 184 Fredys Alexander Pérez 72168102 185 Frein Alonso Reiz Persia 1065138392 186 Gleusy Isabel Rodríguez Bello 1063947477 187 Gregoria Yance de Ángel No reporta 188 Greys Lucía Villalba Sierra 36688207 189 Guillermo Arenas 1065140234 1128185413 190 Guillermo Mariolli 1065135503 191 Haritza Serrano Márquez No reporta 192 Harold Fierro 77166917 193 Heberlega Castillo de Cañate 19617420V 194 Héctor Fabio Pacheco Ortiz 1044916664 195 Héctor García Merlano No reporta 196 Hermes Fabián Remolina León 1090987367 197 Hilary Vanessa Rodelo Fernández No reporta 198 Ingrys Milena Vargas Polo 1124047870 199 Inocencio Montiel Semprun 30058422V 200 Irene de Jesús Guette Reyes 26947471 201 Iris Llega 26947505 202 Isaac Fierro Ruiz 1065141055 203 Isabel Carrillo de la Hoz 26947680 204 Isabela Jacome Suárez 1045489397 205 Isabela Valle Martínez 1065141267 206 Isad Barreto Rende No reporta 207 Isaí José Palmera Solano 1065141328 208 Isis Valeria Daza Caro 1128153106 209 Jacqueline Trujillo Alfonso 40443665 210 Jaide Henrique Aroca No reporta 211 Jaider Alfon Aguilar 85477472 212 Jaime Arenas 1176966033 213 Jaime Luis Sosa Lora 1063949799 214 Jair Barrios Pineda 1065127946 215 Jaired Carolina Astorga Suárez 30139991 216 Jairo de Arco Almenar 77163699 217 Jairo Enrique Fernández Ceballos 85447549 218 Jairo Rafael Hernández No reporta 219 James Arenas No reporta 220 Javier Fernández Lobo 1065132494 221 Javier Pérez Mercado 1065130383 222 Jean del Valle Velázquez 15883300 223 Jeimi Montiel B. 1065139711 224 Jeimi Rodríguez 1152933521 225 Jeire Andrade No reporta 226 Jessica Rodríguez No reporta 227 Jesu Lara No reporta 228 Jesu Ortiz Llega 1065134270 229 Jesús Alberto Lopez Buelvas 1065133097 230 Jesús Daniel Cortés Guerrero 1063138279 231 Jesús Daniel Marriollí Lugo 1065141406 232 Jesús David Ortiz 1063956604 233 Jesús David Vides 1065125707 234 Jesús Ibarres Pertuz 19707027 235 Jesús Manuel Canedo López No reporta 236 Jesús Manuel Leyva 1067600494 237 Jesús Manuel Vides Bravo 1065124710 238 Jesús Medina 1065165370 239 Jhon Anderson Díaz No reporta 240 Jhon Díaz Vergara 79955780 241 Jhon Gaona 28121770 242 Jhon José Gaola Borges 28125760V 243 Joel Castillo Carmona 1002035622 244 Joel David Rincón Rodríguez 1065138427 245 Johana Paola Rende Pama 1065134259 246 Jonathan Escobar O. 1003195585 247 Jonathan Polo Vargas 1148701485 248 Jorge Andrés Aguilar 1082847715 249 Jorge Andrés Muñoz 1042852455 250 Jorge Aurelio Lara García 77165932 251 Jorge Eliecer Orozco 77168211 252 Jorge Luis Borrego Rodelo 1003198339 253 Jorge Luis Morales Crespo 1063960488 254 Jorge Luis Morales Sarmiento 77173970 255 Jorge Luis Silva Flórez 77167944 256 Jorge Luis Torres Aldana 2768126 257 Jorge Mario Rivero No reporta 258 Jorge Torres Aldana 17681125 259 José Alejandro Páez Santiago 1090984205 260 José Anny Roxymar Salas Rojas No reporta 261 José Austin Maldonado Páez 1085105059 262 José Daniel Polanco Astorga 35.7777 V 263 José David Martínez Ospino 1065126155 264 José Eduardo Velásquez No reporta 265 José Fernando Vizcaino Yepes No reporta 266 José Guerrero Salas Doboin 29941699V 267 José Luis Vásquez No reporta 268 José Miguel de la Cruz 1065122320 269 José Ospino 1065860286 270 José Palmera 19617748 271 José Rodríguez 1068346378 272 Joseannu Salas Rojas 15680189 273 Josefa Gregoria Guette Reyes 36594336 274 Josefa Silva Fonseca 24707438 275 Josheris María Salas Daboin 26196354V 276 Josimar Joleida Salas Rojas 1065141741 277 Josser Camilo Díaz No reporta 278 Juan Alberto Estrada Peña 1065137673 279 Juan Andrés Reales Soler 1065138771 280 Juan Antonio Andrade Castillo 1065123192 281 Juan Barrios Roca 1066292710 282 Juan José Pirela Navas 25778832 283 Juan Manuel Estrada Peña 1065136604 284 Juan Pablo Pertuz Álvarez 1081819288 285 Julio César García Acosta 1065123725 1065128725 286 Karen Aguilar No reporta 287 Karen Álvarez Rada 1003196272 288 Karieth Campo Acosta 1065139332 289 Karina Contreras Guzmán No reporta 290 Karolay Michell de la Cruz 1065138911 291 Kasandra Milena Morales Crespo 1063960489 292 Katherin Dayan Acuña Oviedo 1065130226 293 Katleen Luz Dari Cañate Castillo No reporta 294 Katty Yulieth Canedo Ospina 1065646302 295 Keiler Barreto Rende No reporta 296 Keiler Orozco Suárez 1065141237 297 Keisy Ojeda Echet 30909090V 298 Kelis Yulieth Canaval Durán 1065134401 299 Kelly Johana Mejía 1003125800 300 Kevin José Palmera 1003198507 301 Kiara Rada Ortiz No reporta 302 Landis María Sanes Díaz 36591824 303 Laura Daniel Leyva 1065567812 304 Laura Daniela Fernández Sosa No reporta 305 Laura Valentina Montero Martínez No reporta 306 Laura Vanessa Bonilla 1003197292 307 Lauris Duque Tirado 49686433 308 Lediys Aguilar 1082847711 309 Leidis Patricia Diaz Ospino 1064707879 310 Leidys Monsalvo Oñate 1193212042 311 Leomar Álvarez Viera 1065141640 312 Leonela Mengual No reporta 313 Leonor Torres Crespo 39460334 314 Lessly Canedo Díaz 1067611432 315 Leyie Maireth Martínez 1065137760 316 Liliana Andrea Roca Ureña 1065137305 317 Lisbeth Carolina Morales Crespo 1063960487 318 Lisbeth Viviana Aviles 57463716 319 Liseth Persia 26947238 320 Liz Kartiney Pacheco 1065139138 321 Lizeth Maria Arrieta Cantillo 1080011986 322 Lourdes Llerena No reporta 323 Luciano Rincón No reporta 324 Ludys Peña Jiménez 1065133107 325 Luis Alberto Polo Palma 72164816 326 Luis Alberto Posada 1093771833 327 Luis Alberto Vitola Jamara 12639403 328 Luis Alfonso Oviedo Navas 5135744 329 Luis Camilo Herrera 79930524 330 Luis Carlos López Simancas 1065131623 331 Luis Carlos Rada Ortiz 1065139511 332 Luis Eduardo Muleth de la Hoz 1047222268 333 Luis Eduardo Oviedo Medina 7858446 334 Luis Jesús Canedo Díaz 1067619861 335 Luis Maldonado Meléndez 7435700 336 Luis Ortiz 1003196076 337 Luis Polo Palma 77164816 338 Luis Rafael Montiel Semprun No reporta 339 Luisa Fernanda Medina No reporta 340 Luisa Rada Ortiz 1003198515 341 Luz Cenith Oviedo Navas 1065124177 342 Luz Elena Maldonado 1007559403 343 Luz Elena Rivero No reporta 344 Luz García Torres No reporta 345 Luz Karina Vuelvas D. 1003197669 346 Luz Marina Erazo Guette 1065133560 347 Luz Mendoza Pacheco No reporta 348 Maiden Castellar No reporta 349 Maira Isabel Ramírez Guette 1065130896 350 Maira Ortiz Gutiérrez 1065122822 351 Maira Roca Uruña 1065134630 352 Maire Sol Salas Carillo 1065125067 353 Manola Sánchez No reporta 354 Manuel Alonso Martínez 77006326 355 Manuel de Jesús Alonso Sánchez 1065130833 356 Manuel Guzmán Collante 77166333 357 Manuel Rodríguez 1002354508 358 Manuel Ruíz Rada 12640888 359 Manuel Suárez 1065127221 360 Maolis Viera Colina 27260423V 361 Marcela Suárez No reporta 362 Marcelina Torres Rodríguez 1123404781 363 Marco Tulio Coneo 19560475 364 Marelby Esther Escobar Bravo 26947983 365 Margoth del Carmen Rodríguez 12.712.504 V 366 Mari Medina 10655138718 367 María Alejandra Campo 1065137646 368 María Angélica Muleth de la Hoz 1047222268 369 María Cervantes Niebles 26747119 370 María del Carmen Ruíz Ruíz 1065130031 371 María González 1065141558 372 María Jesús Brochero Álvarez 1081784843 373 María José Carrillo Salas 1065131476 374 María José González 1065130443 375 María Karina Canedo López 1062805803 376 María Ledezma Rivera No reporta 377 María Margarita Suárez Brochero 1065139875 1065130819 378 María Marisol López 11750120 379 María Martínez Usuga 39302998 380 María Pertuz Oson 26830751 381 María Trinidad Flores 18428025V 382 María Walditrudis Oviedo Palmera 60254024 383 Mariana Blanco Aroca No reporta 384 Mariana Campo Acosta 1065136628 385 Marilyn Andrea Tronpeta Maldonado 1123410417 386 Marlon J. Palmera No reporta 387 Maroli Medina 1065140701 388 Marolis Viera Colina 27260423 389 Mary Luz Perez Hernández 36591661 390 Mateo Mercado Brochero No reporta 391 Matías Aruña Oviedo 1065137453 392 Matilde Torres Rodríguez 1123401208 393 Mauricio Manuel Barcanegra Rodríguez 77167473 394 Mauro Medina 1065136941 395 Mayerlis Beatriz Rodelo No reporta 396 Mayerly Mercardo Gandara 36594882 397 Melanie Muñoz Montenegro 1139429995 398 Meriño Zambrano 5009916 399 Miguel Ángel Morales Crespo No reporta 400 Miguel Ángel Rodríguez Orozco No reporta 401 Miguel Sánchez No reporta 402 Mileidys Suárez Hernández 49595458 403 Mirley María Martínez Ospino 1065129699 404 Mishel Rodríguez Cárdenas 1003197501 405 Moisés Arroyo Villafañe 1063591926 406 Moisés de Jesús López Medina 28551465 407 Nairobis Páez Nieto No reporta 408 Naivis Natalie Acuña Manota 1065132399 409 Natalia Rivera No reporta 410 Natalis Paola Morales Crespo 1067604341 411 Natalith Tatiana Tronpeta Maldonado 1123406970 412 Nayery Aguilar 1004361789 413 Neider de Jesús Morales Crespo 1067601342 414 Neidre Daniela Guerra No reporta 415 Neidys Johana Palmera Torres 1065134457 416 Neirelin Rodríguez González 13.839.958 V 417 Nelcy Isabel Morales Crespo No reporta 418 Nellys Mercedes Crespo Montero 1003240383 419 Nellys Yalena Morales Crespo 1081829894 420 Nelsy Isabel Morales Crespo No reporta 421 Nereida Solano Valencia 1003196156 422 Netiz Mariana Silgado Laguna 36594848 423 Nidis Judith Rivera 49758311 424 Ninfa Patricia Cadena Crespo 36688197 425 Nixon Rodríguez González No reporta 426 Noray del Carmen Hernández No reporta 427 Norbelis Montiel Semprum No reporta 428 Nuris Camila Martínez Polo 1085042196 429 Nuris Dayana Vergara Aviles 10043663773 430 Oleidis Valencia 1065125923 431 Olga Lucia Barrios Euse 57464154 432 Omar David Suárez No reporta 433 Oquia Isabel Torres Vega 36594486 434 Orlando José Jímenez Montoya 1065122714 435 Oscar Manuel Peñaloza No reporta 436 Osman Javier Sierra Guzmán 73144251 437 Osvaldo Oviedo Medina 12592986 438 Oviedo Manuel Suárez 771673711 439 Pablo Enrique Vásquez Mercado 1045308077 440 Pablo Vásquez Rada 1051360413 441 Paul Gabriel Vizcaino Pierro No reporta 442 Pedro Miguel Mozo Cardona 12642626 443 Rafael Alonso Polo Palma 77164892 444 Rafael Barreto Muñoz No reporta 445 Rafael Barreto Rende 1067625775 446 Rafael García Torres 1065137613 447 Rafael Rodríguez 1038385465 448 Rafael Segundo Barros Jiménez 4993324 449 Rafael Valdés Jaime 7884272 450 Remberto Barcanegra Ramos 12642482 451 Renaldo de Jesus Canedo Ospino 1065584652 452 Ricardo Barbosa 31135766 453 Richard Mendéz Parra No reporta 454 Rodrigo Cortés Salcedo 74376038 455 Roibeles Barbosa No reporta 456 Rolan Ayola Balseiro 1128189031 457 Rosa Acosta Cassiani 1003196982 458 Rosa Angélica Barcasnegra 1065624633 459 Rosa Isabel Reyes Almeira 36590675 460 Rosa Marcela Navarro Mozo 1065130824 461 Rosa Martínez Marriota 1065810633 462 Rosa Michell Martínez No reporta 463 Rosario Isabel Carvajal 33334607 464 Rosario Miriam Rojas Gómez 27994813V 465 Rosaura Elena Ochoa 1065140425 466 Salvador Carmona Martínez 77165759 467 Salvador Sánchez 1065996808 468 Samuel Andrés Herrera Carvajal No reporta 469 Samuel David Pérez Mercado 1065138650 470 Samuel Legarda M. No reporta 471 Sandra Patricia Martínez Jiménez 1003197100 472 Sandra Rodríguez 36623286 473 Sandra Suárez Hernández 1082940348 474 Sandrith Rodríguez Cárdenas 1065123610 475 Santander José Vásquez Medina 19596398 476 Santiago Andrés Carranza Barros 1065135191 477 Santiago Díaz No reporta 478 Sara Ariza Medina 1065122185 479 Saray García Acosta 1065128724 480 Sebastián Pérez Mercado 1065131774 481 Sebastián Vargas Negras No reporta 482 Shaira Guzmán Balseiro 1065130880 483 Shaira Michell Vásquez Rada 1065137317 484 Sharit Moscote Salas 1043535538 485 Sharol Herrera Carvajal No reporta 486 Shirly Dayana Trujillo 1021679868 487 Silvia Esther Martínez Polo No reporta 488 Silvia Palma Martínez 36688035 489 Sindry Movilla Villalba 1065137165 490 Sofía Pérez Nieto No reporta 491 Soleinys Ortiz Ortiz 1063964446 492 Tairo Rafael Carrillo Ariza No reporta 493 Talia Suárez No reporta 494 Tania Milena Cantillo 36688367 495 Thaliana Elena Ochoa 1065141726 496 Thiago de Jesús Mejía No reporta 497 Tomás Elías Herrera No reporta 498 Valentina Vargas 1065125026 499 Valeria Posada No reporta 500 Valeria Sofía Sánchez García 1137878424 501 Valerie Luna Suárez 1065126062 1065126002 502 Valery Mestre Amaya 1066879651 503 Valery Michell Leyva 1067600499 504 Valery Vanessa Cantillo Ruíz 1065137391 505 Vanesa Alexandra Erazo 1065235163 506 Vicelis Yaneth Álvarez P. 1081793953 507 Víctor Danilo Jacome Sánchez 1085102128 508 Víctor Manuel Martínez Polo No reporta 509 Wesley Daniel Oviedo Aviles 1083000370 510 Wilmar José Lara Pérez 1065130849 511 Wilson Rafael Vergara Mercado 12642575 512 Xavier Andrés Carmona Teherán 1065128722 513 Yaire Astorga Suárez 30139991 V 514 Yalila Marcela Barros Martínez 1065130154 515 Yandris Paola Muleth de la Hoz 1065222269 1047222269 516 Yandry Vanesa Barros Martínez 1065125593 517 Yanesa Herazo 1065135063 518 Yaneth Morales Viloria 36593833 519 Yarima de la Hoz 49717859 520 Yasmin Adriana Ojeda Marbello 1131006859 521 Yeferson Polo Vargas 1148701486 522 Yeider Sánchez Palmera No reporta 523 Yeimi Yulieth Andrade Ledezma 1003198128 524 Yeimis Esther Maldonado Páez 1007559370 525 Yeimis Judith Vásquez Atencio No reporta 526 Yeira Castillo No reporta 527 Yeleany Fernández No reporta 528 Yenis Isabel Monsalvo Oñate 26948901 529 Yerson Polo Vargas 1148701487 530 Yesica Patricia Sánchez Palmera 1065138059 531 Yesica Sánchez 16780202 532 Yesmina Angélica Pana Cujia 49789283 533 Yessica Paola Rodríguez 1003196084 534 Yhaneth Lara Suárez 1065140705 535 Yiseth Patricia Polo 1065645495 536 Yoiseth Polo Vargas 1084464099 537 Yolmadis Montes 1070913367 538 Yorjanis Rodríguez No reporta 539 Yorlin Castellar No reporta 540 Yorma de la Rosa No reporta 541 Yoshelis Salas 26196354 542 Yosxeilys Lugos 3116166837 543 Yuleidi Castellar No reporta 544 Yuleidys Paola de la Hoz Morales 1042217511 545 Yulian Castellar No reporta 546 Yulieth Ortega 1003196564 547 Yulisa Narváez 1067876619 548 Yuranis Oviedo Navas 26948386 549 Yureimis del Pilar Ariza Morales 95060305275 550 Yuris Tatiana Collante Flores 1065135029 551 Zoraida Josefina Navas 7770234 ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA DIANA FAJARDO RIVERA A LA SENTENCIA SU.016/21 Referencia: Expediente T-7.626.515 Acción de tutela presentada por Dairo Manuel Navas Reyes y otros en contra de la Alcaldía de El Copey y otros. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado 1.       Mediante Sentencia SU-016 de 2021, la Corte estudió una situación de ocupación irregular de un predio del municipio El Copey (Cesar), en el marco de la cual se presentó la acción de tutela por un grupo de ocupantes, que incluía víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional. La solicitud de amparo pretendía la suspensión de las actuaciones de desalojo hasta que se adelantaran medidas de protección del derecho a la vivienda de corto y largo plazo. El predio en cuestión, además, había sido dispuesto por las autoridades municipales y departamentales para adelantar un programa de vivienda que resolviera las necesidades de hogar de otras tantas familias de la zona. 2.       Si bien algunos ocupantes no tenían una situación de vulnerabilidad que justificara la ocupación del terreno, también resulta innegable que a este predio de El Copey arribaron varias familias, obligadas por la violencia o la marginalidad extrema, a buscar una solución al menos parcial a su necesidad de vivienda. Esta situación genera un panorama muy complejo de derechos y deberes enfrentados, en los que ninguna solución resultará completamente satisfactoria. Es por esto que la sentencia advierte lo difícil que es llegar a un equilibrio; más aún, cuando “la realidad y las dimensiones de situaciones de hecho como las ocupaciones masivas de predios dificultan la distinción entre las actuaciones dirigidas a lograr la satisfacción precaria de una necesidad urgente de vivienda y los actos de abuso del derecho que pretenden sacar ventajas ilegales de contextos de necesidad, informalidad y falta de respuestas estatales adecuadas.” 3.       Sin desconocer las dudas que razonablemente persisten en este tipo de casos difíciles, comparto el balance al que llegó la Sala Plena y por ende acompañé la decisión. No obstante, mi intención con esta aclaración de voto es profundizar en dos asuntos que estimo relevantes para tener una lectura adecuada del alcance y las limitaciones de esta decisión, pero también de las oportunidades que ofrece para lograr una solución más integral, y ojalá definitiva a la grave problemática de vivienda, más allá del proceso puntual de desalojo. 4.       En primer lugar, me parece necesario precisar el alcance de esta sentencia. Como señala el texto adoptado, las consideraciones de la Corte surgen para un contexto específico determinado por: (i) la naturaleza pública del predio ocupado, y (ii) la actitud diligente de las autoridades municipales que evitaron que en los ocupantes se generara la percepción de que la incursión en el predio contaba con su aprobación, dando lugar a un escenario de confianza legítima. Hay un tercer elemento determinante para la comprensión de este caso y es (iii) la destinación del inmueble, pues en este caso es claro que el terreno ocupado ya había sido dispuesto por las autoridades regionales para adelantar un programa de subsidios de vivienda denominado “Mi casa ya”. 5.       Es importante recordar las particularidades del caso para entender el contexto en que se produce la decisión de la Corte. De lo contrario, podrían ampliarse las reglas jurisprudenciales aquí dispuestas para otros escenarios que realmente no fueron considerados por la Sala. En efecto, no es lo mismo la ocupación de un bien público destinado para un programa de vivienda social, que lo que podría ser la ocupación de un terreno privado abandonado por su propietario, o un terreno público frente al cual las autoridades convalidaron, de forma tácita, la ocupación por varias semanas o incluso meses. 6.       La idea en la que insiste esta sentencia -la cual comparto-, es la necesidad de consultar las particularidades de cada caso. Pese a la existencia de líneas jurisprudenciales y marcos normativos con vocación de generalidad, es labor del juez constitucional resolver caso a caso, con especial atención por las circunstancias en que se encuentra los sujetos que acuden al amparo. La aplicación mecánica del derecho puede, en ocasiones, conducir a resultados injustos. Con mayor razón, dada la complejidad del contexto colombiano y los múltiples desafíos que persisten para la consolidación del Estado social de derecho, los cuales no pueden preverse siempre con anterioridad. Por eso, me parece importante que la Sala Plena haya reiterado en esta decisión, la Sentencia T-282 de 2011 que en materia del derecho fundamental a la vivienda y las diligencias de desalojo, propuso una serie de criterios a considerar en estos procesos, tales como: (i) la naturaleza del bien ocupado; (ii) el uso que tenga al momento de la ocupación; (iii) la función social y ecológica de la propiedad; (iv) las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo ocupante, (vi) el número de potenciales afectados por el desalojo, (vii) la presencia de “otras vulnerabilidades” como la edad, la situación de discapacidad; y (viii) las posibles consecuencias del desalojo.[260] 7.       Lo anterior es fundamental porque nos recuerda la función encomendada al juez constitucional y nos enfrenta a las limitaciones inherentes al precedente jurisprudencial, incluso cuando este proviene de la Corte Constitucional. De ahí la importancia de abordar integralmente todos los hechos y circunstancias relevantes en cada caso. En esta ocasión, la Sala Plena resolvió que no podía convalidar la ocupación irregular del inmueble, en detrimento de la política pública de vivienda que la administración municipal había iniciado, pero que se había interrumpido, precisamente, por la ocupación irregular del lote. Las vías de hecho no podían convertirse en un mecanismo para “saltarse la fila” en el listado de beneficiarios del programa de vivienda en curso. 8.       Este caso también podría ser indicativo de una problemática mayor relacionada con la instrumentalización de sujetos vulnerables (madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, menores de edad, migrantes, entre otros) para evitar que la Fuerza Pública realice operativos de desalojo. Resulta extraño que, el 13 de noviembre de 2018, cuando se comunicó mediante edicto la audiencia de desalojo, solo había en el predio tres familias, pero a los pocos días la situación evolucionó rápidamente hasta que, según el último reporte, se encontraron por lo menos 120 núcleos familiares conformados aproximadamente por 365 personas que ocupaban irregularmente el inmueble en mención. ¿Quién parceló el terreno antes de que llegaran las familias ocupantes? ¿Quién determinó la extensión de los terrenos que ocuparía cada familia? ¿Se lucró alguien de la asignación de estas áreas? ¿Por qué se produce una llegada masiva de familias luego de la presentación de la acción de tutela? Son interrogantes que no encuentran una respuesta clara en el expediente y que, por el contrario, sugieren el aprovechamiento por parte de unos pocos de la necesidad y marginalización extrema en que se encuentran millones de personas en nuestro país. 9.       Ante este panorama, la Corte concluyó que las actuaciones dirigidas a tomar ventajas ilegales por vía de la fuerza y mediante la instrumentalización de sujetos de especial protección no podían ser amparadas por el juez de tutela. Precisamente, cuando el terreno ocupado ya había sido destinado para avanzar en una solución de vivienda digna a otras tantas personas con carencia habitacional. La sentencia también dispuso que otros sujetos de especial protección constitucional, por razonas ajenas al conflicto armado interno, no tenían, en principio, una protección equivalente a la que recibe la población víctima del desplazamiento, en tanto que el delito de desplazamiento forzado, por definición, es consustancial a la afectación del derecho a la vivienda. 10.  A esta última afirmación apunta mi segunda aclaración, de manera que este fallo no se interprete como un retroceso injustificado en el derecho fundamental a la vivienda que la Corte había brindado con anterioridad. Este caso requería encontrar un equilibrio entre dos posturas legítimas en tensión. De un lado, se encuentran las carencias de vivienda y las fallas en las políticas públicas del Estado que llevan a muchas personas vulnerables a ocupar irregularmente predios, ante la falta de respuesta oficial a sus necesidades; y del otro, la función del Estado de salvaguardar la propiedad, restablecer el orden público, desincentivar las actuaciones contrarias a la ley y garantizar los derechos de las personas que han acudido a los caminos legales para exigir sus derechos. El equilibrio que propone esta sentencia no supone la victoria absoluta de alguna de estas posturas. De hecho, si esta providencia se lee únicamente en función del segundo enunciado, se cometería un grave error puesto que el equilibrio se perdería, privilegiando la función policiva del Estado. 11.  Ignorar que nuestro país presenta altas cifras de pobreza y desigualdad, que el fenómeno de desplazamiento forzado ha dejado millones de víctimas en todo el territorio nacional con la consecuente afectación del derecho a la vivienda digna; y que en los últimos años Colombia ha recibido de manera solidaria un flujo considerable de migrantes venezolanos, corre el riesgo de volvernos insensibles ante la dura realidad que nos habla de “fallas estructurales del Estado en la garantía de la vida e integridad personal, y la satisfacción de los derechos fundamentales de los asociados [que] han provocado que miles de personas se vean forzadas a satisfacer de manera precaria su imperiosa necesidad de vivienda a través de actos de ocupación irregular.”[261] Reducir la problemática social de ocupación irregular de terrenos a un asunto de orden público y pensar que todo se resolverá a través de operativos policiales de desalojo, no solo ignora el compromiso de las instituciones con la vigencia de un orden justo,[262] sino que es irrealista en la práctica. 12.  Acompañé a la mayoría en esta difícil decisión, en el entendido de que el pronunciamiento de la Corte no se limita a reprochar la ocupación irregular de bienes inmuebles, sino que también reconoce la dura realidad en que subsisten millones de personas en nuestro país, quienes ni siquiera cuentan con un techo donde resguardarse de las inclemencias naturales y mucho menos un entorno digno donde desarrollar sus proyectos de vida. Es por esto que la sentencia es propositiva e incluye en su parte motiva y resolutiva, órdenes estructurales para avanzar en la garantía del derecho a la vivienda digna, tanto para la población desplazada, como para otros sujetos de especial protección constitucional, e incluso para la población venezolana que ha buscado refugio en nuestro país en los últimos años. 13.  En últimas, es imperioso garantizar que nadie se vea condenado a la calle, ante la falta de soluciones idóneas, accesibles y oportunas en vivienda. Sobre este punto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -del cual Colombia hace parte- ha señalado que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.”[263] Por ello, si las personas desalojadas “no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. Los Estados partes deben prestar especial atención a los casos en que los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, así como a otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad.”[264] Entonces, la carga argumentativa recae sobre el Estado quien debe demostrar que ha empleado todos los recursos a su alcance, y pese a esto no puede brindar una solución temporal de albergue. 14.  El alto déficit habitacional que, de conformidad con las cifras del DANE, para el año 2018 superaba el 36% de los hogares del país, es el reflejo de fallas estructurales en las políticas públicas del Estado. Esta situación golpea con especial intensidad a las víctimas del desplazamiento forzado. Pero no son los únicos afectados. De hecho, en un reciente informe la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda explicó cómo la falta de una vivienda adecuada repercute severamente en varios grupos poblaciones: “Las causas de la falta de hogar varían entre los grupos particulares. Los niños conectados con la calle provienen de familias con experiencias muy diversas, incluida la muerte, la desvertebración, la enfermedad, el aislamiento, la pobreza, la enfermedad mental, la violencia doméstica, los malos tratos a los niños y el consumo de drogas. Las mujeres se ven abocadas a la falta de hogar debido a la violencia, el acceso desigual a la tierra y la propiedad, los salarios desiguales y otras formas de discriminación. Las personas con discapacidad se convierten en personas sin hogar debido a la falta de trabajo, medios de vida y vivienda accesible. Se niega a menudo el acceso a la vivienda y los servicios a los jóvenes en las ciudades si no tienen la documentación adecuada expedida por el gobierno o documentos de identidad. Los conflictos dan lugar al desplazamiento y la migración en masa, como ha quedado claramente demostrado por las oleadas de refugiados procedentes de países como el Afganistán, Eritrea, el Iraq, la República Árabe Siria y Somalia que escapan de los conflictos, la violencia generalizada y la inseguridad. // La falta de hogar rural ha sido el resultado de la disminución de la seguridad alimentaria de la producción de subsistencia, el cambio climático, la mercantilización de la agricultura, la pérdida de tierras por la subdivisión de las herencias, la disminución de la seguridad civil en las zonas rurales, la pobreza extrema, la explotación no regulada de los recursos y los desastres naturales. La falta de hogar rural por lo general lleva a la población a migrar a las zonas urbanas en busca de trabajo y vivienda.”[265] 15.  El déficit de vivienda es una problemática generalizada que supera el desplazamiento forzado -pese a la magnitud de este fenómeno en nuestro país-. Los cinturones de miseria que se forman en los perímetros de las ciudades también son un reflejo de fallas trasversales del Estado en varios campos. Nuevamente, cito las palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas que me parecen pertinentes para el contexto colombiano: “La falta de hogar se debe a la interacción entre las circunstancias individuales y factores sistémicos más amplios. Una respuesta de derechos humanos a la falta de hogar se ocupa de ambas cuestiones. Se entiende que la falta de hogar puede estar relacionada con dinámicas individuales como la discapacidad psicosocial, la pérdida inesperada de empleo, adicciones o elecciones complejas de conexión con la calle, y que una de las principales causas de la falta de hogar es el fracaso de los gobiernos en dar respuesta a circunstancias individuales únicas con compasión y respeto a la dignidad individual. Sin embargo, un enfoque de derechos humanos también debe abordar las causas estructurales e institucionales generales de la falta de hogar —el efecto acumulativo de las políticas, los programas y la legislación nacionales, así como los acuerdos financieros y de desarrollo internacionales que contribuyan y den lugar a la falta de hogar. En sus consultas, la Relatora Especial constató que la desigualdad y las condiciones que la propician son las causas más comúnmente señaladas de la falta de hogar. // A nivel mundial, hay indicios de un patrón constante: los gobiernos han abandonado su función fundamental en la protección social, incluida la vivienda asequible, han recortado o privatizado las prestaciones sociales y han delegado en el mercado privado, permitiendo a los actores privados y las élites con acceso al poder y el dinero controlar esferas clave de la adopción de decisiones.”[266] 16.  Entender y buscar soluciones a las causas estructurales del déficit de vivienda debe ser el objetivo final de las autoridades públicas. Por esta razón, comparto esta sentencia, en su búsqueda por encontrar un equilibrio que no ampare con el manto protector de la tutela las ocupaciones irregulares de bienes públicos destinados a programas de vivienda, pero que tampoco ignore la grave problemática social que subyace y obliga a muchas familias a recurrir a vías de hecho para exigir del Estado una respuesta. Si esta sentencia no es interpretada y acogida en su integridad, y si el Estado olvida su responsabilidad en la garantía del derecho fundamental a la vivienda, no será posible encontrar una solución definitiva a esta grave problemática. 17.  Queda entonces en manos de las autoridades responsables avanzar en las órdenes estructurales fijadas por esta providencia y en las demás que resulten pertinentes para lograr una política pública de vivienda accesible, integral y consecuente con el Estado social de derecho. La presencia del Estado en los asentamientos irregulares a lo largo y ancho de Colombia no debe manifestarse únicamente a través del brazo policivo. De lo contrario, los operativos de desalojo continuarán siendo una respuesta apenas superficial, insuficiente y en ocasiones contraproducente para la garantía de los derechos fundamentales. Fecha ut supra DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA A LA SENTENCIA SU.016/21 Referencia: Expediente. 7.626.515 Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado De manera respetuosa presento Salvamento de Voto en relación con la sentencia de la referencia. En mi criterio, la Sala ha debido negar la acción de tutela, toda vez que no se acreditó una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los sujetos a quienes se les otorgó el amparo. Como consecuencia, no era posible emitir órdenes particulares a las autoridades accionadas, como tampoco órdenes estructurales a las demás autoridades vinculadas al trámite de tutela. La decisión de la cual me aparto amparó los derechos fundamentales de quince accionantes que están inscritos en el Registro Único de Victimas[267], “siempre que concurran las condiciones establecidas en la parte motiva de esta sentencia”[268]. Así mismo, extendió los efectos del amparo a las demás víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren en la misma situación que los accionantes beneficiarios del amparo y que estén identificadas en el Anexo I de la providencia[269]. Lo anterior, tras considerar que la diligencia de desalojo debe llevarse a cabo, pero en un contexto de ocupación distinto al que existía para el momento en que se presentó la acción de tutela[270]. Para la suscrita magistrada, las razones por las cuales se otorgó el amparo en los términos descritos corresponden a situaciones hipotéticas y eventuales, que no son susceptibles de protección a través de la acción de tutela[271]. A juicio de la mayoría de la Sala, la futura actuación de desalojo implica una “posible amenaza a los derechos al debido proceso y vivienda de los ocupantes del predio en las circunstancias actuales”[272]. La  amenaza se infirió, primero, del contexto que “rodea o rodeará la ocupación”[273], esto es, una ocupación actual de “familias de personas en situación de desplazamiento forzado […] y que no tienen solución a sus necesidades habitacionales”[274] y una eventual ocupación por parte de sujetos de especial protección, especialmente, víctimas de desplazamiento forzado, como ha ocurrido en otros casos[275]. Segundo, porque las personas que enfrentarán el desalojo son “principalmente víctimas de desplazamiento forzado y personas en condiciones de pobreza extrema, en quienes además concurren otras circunstancias de vulnerabilidad”[276]. Tercero, debido a que la realización de la diligencia de desalojo “implica que algunos de los ocupantes en situaciones de grave vulnerabilidad y con necesidades habitacionales pierdan la solución de vivienda precaria que generaron a través de la ocupación irregular”[277]. Y, cuarto, porque “se advirtió la ausencia de programas de vivienda focalizados en la población más vulnerable y de menores recursos”[278]. Para la mayoría de la Sala, la oferta para los ocupantes del predio en materia de vivienda “requiere que los hogares postulantes concurran con aportes para cierres financieros, medidas de ahorro o sean propietarios de inmuebles, exigencias que, prima facie, parecen focalizar la atención en una población con características diferentes a las de las víctimas de desplazamiento forzado en situación de mayor vulnerabilidad”[279]. Adicionalmente, en criterio de la mayoría, el amparo “permite dirigir la actuación de las autoridades para que, de acuerdo con las reglas definidas en esta oportunidad, se otorguen las garantías de protección en los términos fijados en esta sentencia, sin desconocer que las autoridades competentes pueden adelantar los procesos de desalojo”[280]. A partir de las circunstancias descritas, considero que no es posible colegir un peligro cierto a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los sujetos que ocupan el predio, como paso a explicarlo. No está acreditada una amenaza al derecho al debido proceso. La suscrita magistrada considera que ninguna de las circunstancias descritas permite inferir, que en el presente caso existe una amenaza de que se vulnerará el derecho al debido proceso de los ocupantes del predio en el desarrollo de la diligencia de desalojo. La única razón que apunta a fundamentar el amparo de este derecho es la orientación que se quiere impartir para la realización de la diligencia, lo cual no puede servir como fundamento para la tutela de un derecho fundamental. En el expediente se encuentra acreditado que las autoridades administrativas encargadas de realizar el desalojo fueron respetuosas del debido proceso en anterior oportunidad, como fue reconocido por la mayoría de la Sala[281]. Por lo tanto, no existen elementos probatorios de los que se pueda deducir razonablemente que estas puedan desconocer, en el futuro, sus actuaciones precedentes y, por tanto, amenazar los derechos fundamentales de los accionantes y demás ocupantes del predio. No está acreditada la amenaza al derecho a la vivienda digna. Respecto a este derecho, la suscrita considera que, a diferencia del criterio mayoritario, en el expediente no está acreditado que a las víctimas de desplazamiento forzado que ocupan el bien se les vulnerará el derecho fundamental en comento ante la realización de la diligencia de desalojo. Es más, el amparo está supeditado a que en ellas concurran unas condiciones de las cuales, al momento de proferirse la sentencia, no se tenía certeza[282]. De allí que, en mi criterio, se ampara una circunstancia eventual y no una amenaza actual a un derecho fundamental. En el expediente no existen elementos probatorios que permitan afirmar con contundencia que los sujetos que enfrentarán la diligencia de desalojo y que son víctimas de desplazamiento forzado no encontrarán garantizado su derecho a la vivienda digna. En primer lugar, las autoridades administrativas de El Copey ya llevaron a cabo un desalojo en el predio en cuestión cuando este estaba siendo ocupado, entre otros, por un grupo familiar víctima de desplazamiento forzado y por una familia perteneciente a un grupo étnico. En esa oportunidad, las familias en situación de vulnerabilidad recibieron un subsidio para suplir su necesidad de vivienda[283]. Por lo tanto, a partir de este precedente, la suscrita encuentra que no es razonable inferir que en un futuro, ante la realización de otra diligencia de desalojo, habrá una vulneración del derecho a la vivienda digna. En segundo lugar, según el razonamiento mayoritario, este derecho también se encuentra en riesgo porque supuestamente no existen programas de vivienda focalizados en la población más vulnerable y de menores recursos. Para la mayoría de la Sala, los programas existentes tienen unas exigencias que, prima facie, no atienden las necesidades de las víctimas de desplazamiento forzado en situación de mayor vulnerabilidad. Como consecuencia, dispuso como remedio, entre otros, que estas y los sujetos de especial protección fueran incluidos “en las bases de datos de los programas de vivienda vigentes de acuerdo con sus particularidades sin que esto implique modificar el orden de las personas que se postularon previamente ni la inscripción en proyectos concretos”[284]. Al respecto, por una parte, considero que estos argumentos no son suficientes para la sustentación  de la amenaza del derecho fundamental de los accionantes y demás sujetos a quienes se les extienden los efectos del fallo. Y, de otro lado, en el expediente no hay evidencia de que no existen programas de vivienda de los que los sujetos interesados en la presente acción de tutela puedan verse beneficiados. Por el contrario, FONVIVIENDA informó que algunos hogares que al parecer ocupan actualmente el predio “fueron identificados como posibles beneficiarios del subsidio de vivienda en especie en el proyecto Villa Ángela”[285] y otros se han postulado a algún programa o a las convocatorias para recibir apoyos en materia habitacional[286]. Así mismo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social señaló que la mayoría de ocupantes del predio no cumplen con los criterios de participación en el Programa de Vivienda Gratuita[287]. Igualmente, indicó que algunos de ellos están incluidos en el listado de potenciales beneficiarios del programa[288]. Por último, las entidades requeridas informaron que actualmente existen varios programas de vivienda, entre los cuales hay uno de subsidio familiar de vivienda 100% en especie[289]. Teniendo en cuenta lo anterior, no se vislumbran elementos objetivos que permitan considerar que el derecho a la vivienda digna de los sujetos en favor de quienes se dispuso el amparo esté en peligro inminente de ser lesionado ante la realización de una diligencia de desalojo. Por último, para la mayoría de la Sala, si bien el programa de vivienda gratuita está registrado en la oferta institucional, “su continuidad no se previó de forma expresa en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”. Esto, también fue puesto de presente por la Contraloría General de la República en el Seguimiento al sector Vivienda, Ciudad y Territorio PND 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en concreto, en el análisis que esta entidad realizó “sobre la formulación e implementación de la política de Vivienda, agua y saneamiento básico en el actual Plan Nacional de Desarrollo-PND, la ejecución de recursos en 2019, el avance de metas, y finalmente la armonización del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020 con los propósitos de mediano y largo plazo propuestos”[290]. A mi juicio, de las anteriores consideraciones no es posible concluir con certeza que en el caso concreto hay una amenaza actual e inminente de que a los destinatarios del desalojo se les vulnerará su derecho a la vivienda digna. El hecho de que un programa de vivienda concreto no esté señalado expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo no lleva a la conclusión indiscutible de que las personas que serán desalojadas no tendrán una respuesta institucional adecuada a sus necesidades. De esta manera, considero que en el presente caso no estaban dados los presupuestos para concluir que existe una amenaza al derecho a la vivienda digna de los accionante a quienes se les otorgó el amparo de este derecho y a los demás sujetos a quienes se les extendieron los efectos de la decisión. En suma, la acción de tutela es un mecanismo excepcional para salvaguardar los derechos fundamentales que están siendo vulnerandos o están en peligro inmediato de ser vulnerados. Frente a este último supuesto, la Corte ha indicado que se trata de unas circunstancias debidamente acreditadas que se sitúan antes de que la violación al derecho inicie su consumación[291]. En el caso examinado, como se indicó, no se acreditó una amenaza inminente y cierta a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los ocupantes del predio. Por lo tanto, considero que no era posible el amparo de esos derechos en los términos establecidos por la mayoría de la Sala. Fecha ut supra, PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO A LA SENTENCIA SU.016/21 Referencia: Expediente T-7.626.515 Acción de tutela presentada por Dairo Manuel Navas Reyes y otros en contra de la Alcaldía de El Copey y otros. Magistrado sustanciador: Gloria Stella Ortiz Delgado Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, presento las razones por las que me aparté, parcialmente, de la decisión de la mayoría. Aunque en el presente caso quedó en evidencia que las autoridades implicadas no incurrieron en actuaciones u omisiones que vulneraran o amenazaran los derechos fundamentales de los accionantes, lo cierto es que durante el trámite de la tutela se presentaron nuevos hechos que obligaban a la Corte a pronunciarse para proteger los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado que actualmente se encuentran en el predio invadido, razón por la cual acompañé la decisión de revocar parcialmente el fallo en cuanto denegaron el amparo de tales personas. No obstante, en mi criterio no resultan procedentes las ordenes estructurales que adoptó la Sala por mayoría, en particular las órdenes contenidas en los resolutivos octavo a undécimo dirigidas a la UARIV, al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y a FONVIVIENDA, por cuanto se refieren a aspectos operativos y técnicos para la ejecución de políticas públicas a cargo de dichas entidades que sólo a ellas, en el marco de su facultad reglamentaria, corresponde adoptar, entre muchas otras opciones a su alcance para la búsqueda de los mismos fines de publicidad, información y comunicación. En efecto, activar o no un micrositio en el portal web de la UARIV para las comunicaciones con las autoridades y expedir o no un protocolo que regule la acción de la entidad; evaluar la política pública de vivienda para verificar el cumplimiento de los estándares alcanzados tanto en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, como en FONVIVIENDA; diseñar o no estrategias de información, publicidad y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado en relación con el acceso a los programas de vivienda; y formular o no un programa de comunicación y acercamiento a la población vulnerable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; son asuntos que, no obstante su importancia, no dejan de ser operativos y técnicos y del resorte exclusivo de las entidades a las que dichas órdenes se dirigen. Es probable, incluso, que las mismas entidades tengan mejores estrategias o mecanismos acerca de cómo cumplir sus funciones. En este sentido, en mi opinión, se trata asuntos eminentemente administrativos para cuya determinación carece de competencia la Corte, limitando de esa manera la competencia de las mencionadas entidades para adoptar los mecanismos y procedimientos que estimen más adecuados para el cumplimiento de sus funciones. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado [1] De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. [2] Los Acuerdos PCSJUDA20-11517, PCSJUDA20-11518, PCSJUDA20-11519, PCSJUDA20-11521, PCSJUDA20-11526, PCSJUDA-11532, PCSJUDA-11546, PCSJUDA-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 (todos del presente año) proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura suspendieron los términos judiciales en el territorio nacional desde el 16 de marzo y hasta el 30 de julio de 2020. [3] El 3 de agosto de 2020 y el 4 de septiembre de 2020 se profirieron nuevos autos de pruebas. El 24 de marzo, el 1º de abril, el 18 de agosto, el 19 de agosto, 21 de agosto, 31 de agosto, 1º de septiembre y 9 de septiembre de  2020 se recaudaron nuevos elementos de convicción. En consecuencia, el 9 de septiembre de 2020 se recaudó el último elemento de prueba y a partir de esta fecha y por el término de tres meses se suspenden los términos para decidir, la cual se extiende hasta el 9 de diciembre de 2020. [4] Para el momento en el que se cumplió la condición impuesta en los autos de suspensión en total habían transcurrido 58 días (17 días entre el 27 de febrero y el 16 de marzo de 2020, y 41 días entre el 31 de julio y el 9 de septiembre de 2020) del término para decidir. A partir del 9 de diciembre de 2020, se contabiliza el término ordinario restante para el cumplimiento de los tres meses, esto es, 32 días, los cuales vencen el 2 de febrero de 2021. [5] Folio 2, cuaderno 1. [6] El auto de 31 de enero de 2019 corresponde a la segunda admisión de la tutela, luego de que en auto de 14 de diciembre de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decretara la nulidad de toda la actuación por la falta de vinculación de: (i) la Personería Municipal de El Copey; (ii) la Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas; (iii) la Defensoría del Pueblo; (iv) la Unidad Administrativa para la Reparación de las Víctimas; (v) el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar; (vi) la Comisaría de Familia de El Copey; (vii) FINDETER; (viii) COMFACESAR y (ix) FONVIVIENDA. Previo a la declaración de nulidad en mención, el 20 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar profirió fallo de primera instancia en el que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes. En consecuencia, ordenó la suspensión de las medidas de desalojo mientras se adelantan las actuaciones para asegurar el derecho a la vivienda digna de los actores. [7] Folio 4, cuaderno 4. [8] Vivanto consolida toda la información de los diferentes sistemas de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. [9] Estas caracterizaciones se resumirán en los anexos de la providencia. [10] Folio 249, cuaderno 1. [11] La Inspección de Policía de El Copey remitió copia de las actuaciones adelantadas, las cuales corresponden con los anexos aportados por la Alcaldía. [12] En muchas personas concurren varias circunstancias que los hacen sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo una persona desplazada y madre cabeza de familia. [13] Se contabilizó a todo el núcleo familiar de la persona que adujo ser víctima de desplazamiento forzado. [14] O-6 meses: ocupaciones iniciadas entre agosto de 2019 y enero de 2020. 6 meses a 1 año: ocupaciones iniciadas entre  febrero de 2019 y  julio de 2019. 1 año a 1 año y 6 meses: ocupaciones iniciadas entre agosto de 2018 y enero de 2019; y 1 año y 6 meses a 2 años: ocupaciones iniciadas entre enero de 2018 a julio de 2018-. [15] El cual busca facilitar la compra de vivienda nueva de la clase media en zona urbana. El programa se dirige a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y para la adquisición de viviendas de hasta 135 SMLMV o 150 SMLMV. El subsidio oscila entre 20 y 30 SMLMV, y 4 a 5 puntos porcentuales de la tasa de interés. [16] Este programa busca promover la adquisición de vivienda a través del ahorro y el crédito hipotecario o el leasing habitacional entre la población con ingresos inferiores a 2 SMLMV, es complementario al subsidio otorgado en el marco del Programa de adquisición de vivienda “Mi Casa Ya”. El valor del subsidio familiar de vivienda será de hasta 6 SMLMV al momento de la expedición del acto administrativo [17] En relación con esta cifra es necesario precisar que algunas personas cuentan con registros múltiples por diferentes hechos victimizantes. [18] En relación con estos datos la UARIV no precisó cuándo efectuó la identificación de carencias que señala ni quiénes fueron las víctimas cuyas carencias fueron calificadas. [19] En relación con los 59 hogares, la UARIV precisa que 53 están notificados de la resolución en la que se determinó la calificación de carencias y 6 están en proceso de notificación, la cual priorizarán. [20] En relación con estos datos, la UARIV remitió base de datos en la que  precisó cuáles fueron los hogares que recibieron los giros que refiere, el  monto, la periodicidad y el tipo de ayuda humanitaria asignada. [21] Este total es el resultado de filtrar la base de datos remitida por la UARIV con los criterios: incluido en el RUV y hecho victimizante: desplazamiento forzado, y restar las personas que tienen doble registro. [22] 1. Alexander De Jesús Barcanegra Rodríguez; 2. Ángel Crespo Montero; 3. Benjamín Villalba Caballero; 4. Bladimir Murcia Orozco; 5. Calixto Chaparro Torres; 6. Carlos Alberto Rada Andrade; 7. Carlos Enrique Ortiz Vega; 8. Carlota María Montenegro Pacheco; 9. César Augusto Contreras Quesada; 10. Dairo Manuel Navas Reyes; 11. Daniela Guerra Romero; 12. Darly Danith Suárez Hernández; 13. Deivis Enrique Valle Martínez; 14. Duy Naringumu Crespo Torres; 15. Edilberto Rafael Castro Movilla; 16. Enith Johanna Cárdenas Barcasnegra; 17. Estelinda Montero Villafaña; 18. Fabio José Basto Ospino; 19. Jacqueline Trujillo Alfonso; 20. Jairo Enrique Fernández Ceballos; 21. Jorge Eliecer Orozco Palmera; 22. José Luis Borja Pabón; 23. Juan Manuel Estrada Peña; 24. Landis María Sanes Díaz; 25. Leonor Elena Torres Crespo; 26. Lisbeth Viviana Aviles Mejía; 27. Luis Alberto Vásquez Muñoz; 28. Luz Cenitth Oviedo Navas; 29. Luz Line Orozco Ospino; 30. Maire Sol Salas Carrillo; 31. Marcelina Torres Rodríguez; 32. Marco Tulio Coneo Teran; 32. Mariluz Pérez Hernández; 34. Matilde Torres Rodríguez; 35. Mauricio Manuel Barcanegra Rodríguez; 36. Moisés Arroyo Villafañe; 37. Ninfa Patricia Cadena Crespo; 38. Rafael Valdés Jaime; 39. Rodrigo Cortez Salcedo; 40. Rosa Isabel Reyes Almeira; 41. Salvador Carmona Martínez; 42. Sandra Milena Suárez Hernández; 43.Yenis Eliana Suarez Hernández; 44.Yesmina Angélica Pana Cujia. [23] Sentencias T-115 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-647 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-860 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos. [24] Sentencia T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [25] Corte Constitucional. Sentencia T 580 de 26 de julio de 2006. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. [26] Sentencias: T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-789 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras. [27] Sentencias T-601 y 645 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-689 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-302 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-267 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo. [28] En la Sentencia C-241 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez si bien la Corte se declaró inhibida para decidir la demanda dirigida contra una norma subrogada en materia de las actuaciones de policía y en la que se precisaba que no procedían recursos en las diligencias dirigidas a lograr el desalojo por ocupación irregular la Sala Plena  precisó que las decisiones de los procesos policivos de amparo de la posesión se excluyen del control de la jurisdicción contencioso administrativa en aras de que tengan un efecto inmediato para evitar la perturbación del orden público y mantener así el statu quo mientras el juez ordinario competente decide sobre la titularidad de los derechos reales en controversia. [29] Sentencias T-850 de 2012 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-601 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado [30] Sentencias T-770 de 2004 M.P. M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-967 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia T-068 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-282 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-946 de 2011M.P. María Victoria Calle Correa, T-119 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-267 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger T-247de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, entre otras. [31] Sentencia T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-247de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, entre otras. [32] Sentencia T-058 de 2012 M.P. Humberto Sierra Porto, [33] Ver sentencias T-601 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado en relación con las comunidades e individuos afro descendientes, T-172 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado en relación con las comunidades indígenas. [34] Sentencia T-199 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [35] Sentencia SU-961 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [36] Sentencias T-1009 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009 M.P, Mauricio González Cuervo. . [37] Ver sentencias T-151 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo y T-457 del 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [38] Ver sentencias T-1028 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-087 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [39] Sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. [40] Ver sentencias T-547 de 2019  M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-109 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; [41] Sentencia C-154 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis. [42] En la observación general 7 El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos. El comité DESC define el desalojo forzoso como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirle su acceso a ellos.” [43] A partir de la Sentencia C-936 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, esta Corporación complementó la interpretación del artículo 51 superior con las Observaciones Generales núm. 4 y núm. 7 proferidas por el CDESC, precisando que se trata de elementos que asisten a la interpretación de la disposición constitucional. [44] Sentencias T.264 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-946 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa, T-547 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, [45] En relación con la suficiente antelación la Sentencia T-956 de 2011 indicó que la notificación debe surtirse con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para el desalojo. Por su parte, la Sentencia T-547 de 2019 indicó que en ni en la legislación nacional ni en el DIDH se ha fijado un plazo específico que se considere adecuado para notificar con suficiente antelación el desalojo. En ese sentido, indicó que podrían tomarse como ejemplo términos previstos en otras legislaciones como en Sudáfrica en donde se adoptó el término de 2 meses, Filipinas 30 días o en la legislación interna la Ley 820 de 2003, que contempla algunas causales especiales de restitución del inmueble, dentro de las cuales se encuentra la futura demolición del mismo, en cuyo caso el arrendador debe avisar al arrendatario con una antelación no menor de tres (3) meses. [46] En relación con los recursos jurídicos, la Sentencia T-547 de 2019 señaló que de acuerdo que el Relator Especial para el derecho a la vivienda es necesario que los desalojos forzosos que se planean realizar para ejecutar proyectos de desarrollo, deberían incluir oportunidades y esfuerzos para facilitar apoyo legal a las personas afectadas, acerca de sus derechos y opciones, así como sostener audiencias públicas que provean a las personas afectadas y a sus abogados, oportunidades para cuestionar la decisión de desalojo y/o presentar alternativas. Asimismo, ONU Hábitat indicó que “Todas las personas amenazadas u objeto de desalojo forzoso tienen derecho a acceder a un recurso oportuno, que incluya una audiencia imparcial, el acceso a la asistencia letrada y asistencia jurídica (gratuita, en caso necesario)” (Naciones Unidas. Folleto informativo No. 25. Desalojos Forzosos. Pag. 35.) [47] Sentencia T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [48] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [49] M.P. Rodrigo Escobar Gil. [50] M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [51] M.P. Jaime Córdoba Triviño. [52] La Sentencia T-585 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) aunque no analizó circunstancias de desalojo realizó una síntesis de las reglas jurisprudenciales desarrolladas hasta el momento en relación con el derecho a la vivienda digna de la población en situación de desplazamiento, las cuales fueron retomadas en las decisiones posteriores para el examen de los casos de desalojo. En concreto, indicó que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el Estado tiene las siguientes obligaciones en relación con el derecho a la vivienda de la población en situación de desplazamiento forzado: (i) reubicar a las personas en situación de desplazamiento que, por esta circunstancia, se han visto obligadas a asentarse en zonas de alto riesgo (ii) proveer una solución de vivienda de carácter temporal y, luego, facilitar el acceso a una solución de carácter permanente; (iii) brindar asesoría a sobre los programas de vivienda a los cuales pueden acceder; y (iv) tener en cuenta dentro del diseño de los planes y programas de vivienda a subgrupos que podrían encontrarse en un mayor grado de vulnerabilidad. Asimismo, hizo referencia a las obligaciones previstas por la normativa vigente para la satisfacción del derecho a una vivienda digna de la población desplazada. [53] M.P. María Victoria Calle Correa. [54] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [55] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [56] M.P. María Victoria Calle Correa. [57] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [58] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [59] La Sentencia T-454 de 2012 estudió la solicitud de tutela elevada por el Fondo Ganadero del Meta S.A. para que se hiciera efectiva la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho sobre los ocupantes ilegales de una hacienda de su propiedad, que eran en su mayoría personas desplazadas. Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto, pues la diligencia de desalojo se había llevado a cabo, comunicó la providencia a las autoridades encargadas de atender a la población desplazada para que las familias que fueron desalojadas del predio en cuestión, tuvieran acceso a (i) un albergue en condiciones acordes para la dignidad humana; (ii) planes de vivienda que les permitieran garantizar este derecho a largo plazo; y (iii) los demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización socioeconómica previstos en la ley y en la jurisprudencia para esta población. [60] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [61] M.P. María Victoria Calle Correa. [62] La Sentencia T-781 de 2014 estudió la acción de tutela formulada por un ocupante de un predio privado que reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, presuntamente vulnerados por la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, Meta y la Inspección de Policía de este mismo. En relación con las reglas que rigen el examen del caso, la Sala reiteró las reglas fijadas en la Sentencia T-349 de 2012 y reiteró las medidas de protección ordenadas en la sentencia T-907 de 2013 que dispuso efectos inter comunis sobre la ocupación del predio Cuernavaca. [63] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [64] M.P. María Victoria Calle Correa. [65] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [66] M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [67] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [68] Sentencia SU-1150 de 2000 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra., T-078 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-188 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa. [69] Sentencias T-1346 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-078 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-770 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-967 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa, T-946 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa., T-349 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [70] Sentencia T-068 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [71] Sentencia T-282 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-119 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [72] Sentencia T-907 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, T-188 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa, T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. [73] Sentencia T-267 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [74] Sentencia T.188 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa, T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger [75] Sentencia T-946 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa. [76] Sentencia T-967 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa. [77] Sentencia T-078 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [78] Sentencia T-247 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [79] Sentencias SU-1150 de 2000 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra., T-770 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-967 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa. [80] Sentencia T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, T-247 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [81] Sentencia T-188 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa. [82]Sentencias T-188 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa., T-636 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger y T-247 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [83] Sentencia T-267 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [84] Sentencia T-267 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [85] Sentencias T-282 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-349 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-417 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [86] Sentencia T-770 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-946 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa, T-907 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-247 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [87] Sentencias T-349 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-417 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [88] Estas consideraciones están fundamentadas parcialmente en la sentencia T-223 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [89] Estas consideraciones se retoman parcialmente la Sentencia T-139 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el particular se pueden consultar las sentencias C-936 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-444 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-530 de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto; T-709 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras. [90] La Observación General Nº4: CDESC precisa en relación con la seguridad jurídica que: “(…) Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.” [91] Con respecto a la disponibilidad la Observación en mención precisa: “Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.” [92] En relación con los gastos soportables la Observación señala que: “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.” [93] La Observación General Nº4: CDESC precisa en relación con la habitabilidad que: “Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.” [94] Con respecto a la asequibilidad la Observación precisa que: “Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.  Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.” [95] En relación con el lugar la Observación señala que: “La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.” [96] La Observación General Nº4: CDESC precisa en relación con la adecuación cultural que: “ La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.” [97] Sentencias T-420 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo y T-024 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [98] Observación General número 3 del CDESC. [99] Ver sentencias C-165 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa, T-247 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [100] M.P. María Victoria Calle Correa. [101] Sentencias T-206 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo, T-139 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, y T-585 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. [102] Sentencia T-713 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández. [103] Sentencia C-258 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. [104] Sentencia T-511 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [105] Sentencia SU-624 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. [106] Sentencia T-465 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [107]Este mandato se deriva del artículo 83 superior. En ese sentido, la jurisprudencia ha avalado la constitucionalidad de las actuaciones relacionadas con la protección del espacio público, la exigencia de licencias urbanísticas y las sanciones por su pretermisión siempre que sean proporcionales y respetuosas de los derechos fundamentales. Sentencias T-706 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-376 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa, y T-327 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [108] Por ejemplo, la Corte ha examinado casos en los que víctimas de desplazamiento forzado solicitan como medida de protección de sus derechos fundamentales la asignación de subsidios de vivienda. En el estudio de estos casos, se ha destacado la especial protección constitucional de la que son titulares las víctimas y la importancia de observar el principio de igualdad en su trato. Por lo tanto, se han descrito los programas y mecanismos de la política de vivienda, se ha establecido la obligación de agotar las actuaciones de postulación a los programas de subsidios, que corresponden a los mecanismos previstos en el ordenamiento para el acceso a la vivienda y además materializan el derecho a la igualdad en tanto las autoridades respeten el orden de asignación de los subsidios de acuerdo con la postulación y priorización de los programas. Ver sentencias T-919 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1028 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo [109] La Sentencia T-825 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz D7elgado, examinó el caso de una persona que de manera temeraria emprendió la construcción de una vivienda en el momento en que autoridades municipales iniciaron los operativos de control en el terreno para la construcción de un espacio público y un área de amortiguamiento entre las laderas de los cerros de la ciudad y la población. En el caso, se comprobó que la construcción no constituía la vivienda del actor y estaba dirigida únicamente a torpedear las actuaciones administrativas para el manejo del predio y logra un provecho económico, razón por la que se estableció el abuso del derecho por parte del accionante, se denegaron las pretensiones de amparo y se compulsaron copias para la investigación sobre la posible comisión de delitos. [110] Sentencias T-585 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto; T-440 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-628 de 2015 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras. [111] Sentencia T-440 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [112] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [113] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [114] Estas reglas jurisprudenciales fueron establecidas en la Sentencia T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y han sido reiteradas en las sentencias T-440 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-188 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras. [115] Artículo 15 de la Ley 387 de 1997. [116] En relación con los subsidios de vivienda, este Tribunal indicó que de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013, las medidas de reparación y las de asistencia social no se pueden equiparar, pues si bien se complementan y existe un impacto de los servicios sociales en la reparación a las víctimas, no es posible considerar que estos servicios sustituyen las medidas de reparación, dado que estos responden a un título jurídico y razón de ser diferentes. [117] El artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 define la atención inmediata como: “Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.” El Artículo 2.2.6.5.2.1. del Decreto 1084 de 2015 señala en relación con la atención humanitaria inmediata que: “La entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único de Víctimas. Adicionalmente, en las ciudades y municipios que presenten altos índices de recepción de población víctima del desplazamiento forzado, las entidades territoriales deben implementar una estrategia masiva de alimentación y alojamiento que garantice el acceso de la población a estos componentes, según la vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. Esta estrategia debe contemplar, como mínimo, los siguientes mecanismos: 1. Asistencia Alimentaria: alimentación en especie, auxilios monetarios, medios canjeables restringidos o estrategias de comida servida garantizando los mínimos nutricionales de la totalidad de los miembros del hogar. 2. Alojamiento Digno: auxilios monetarios, convenios de alojamiento con particulares o construcción de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad y seguridad integral requeridos.” [118]  En relación con la temporalidad de las medidas es necesario resaltar que la Sentencia C-278 de 2007  indicó que la atención humanitaria de emergencia  no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable, pues aunque es importante una referencia temporal, la ayuda debe ser flexible y estar condicionada a que se supere la situación de vulnerabilidad. Asimismo, en sentencias de revisión, esta Corporación ha destacado la necesidad de que la ayuda humanitaria se extienda hasta el momento en que la víctima esté en condiciones materiales para asumir su propia manutención. [119] Artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 y artículo 2.2.6.5.2.2. [120] Artículo 2.2.6.5.2.4. del Decreto 1084 de 2015. [121] Artículo 2.2.6.5.3.1. y siguientes del Decreto 1084 de 2015. [122] Artículo 2.2.6.5.2.5. del Decreto 1084 de 2011. [123] Artículo 18 de la Ley 387 de 1997. [124] “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.” [125] Artículo 4. [126] Por ejemplo, mediante las Sentencias T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-754 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-966 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1044 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, SU-254 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [127] Por ejemplo ver sentencias C-715 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-462 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo; C-280 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras. [128] M.P. Manuel José Cépeda Espinosa. [129] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [130] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [131] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [132] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [133] Ley 1537 de 2012. [134] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [135] Esta población asciende, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Vivienda, a 400.000 familias aproximadamente. [136] Decretos 951 del 2001, 2675 del 2005 y 1160 del 2010. [137] Decreto 900 de 2012. [138] Ver Auto 331 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [139] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [140] Disponible en http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/. Consultado por última vez en octubre de 2020. [141] Para el año 2020 se otorgarán en total 30.540 subsidios a través del programa Mi Casa Ya y la meta para el cuatrienio es la entrega de 255.000 subsidios de acuerdo con las metas anunciadas en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  se establece como una de las estrategias para profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna y facilitar el financiamiento formal a los hogares de menores ingresos dar continuidad y fortalecer el programa Mi Casa Ya. [142] Ver artículos 2.1.1.4.1.2.1. y siguientes del Decreto 1077 de 2015. [143] En relación con este programa, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se establece como una de las estrategias para mitigar el déficit habitacional que el Ministerio de Vivienda impulse el arrendamiento como parte de la estrategia para mitigar el déficit habitacional. Para ello, deberá: • Implementar el programa Semillero de Propietarios, a través de la asignación de subsidios para arrendamiento de vivienda nueva o usada, como vehículo de transición hacia la propiedad. [144] De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Vivienda, en el cuatrienio 2018-2022 se estima la entrega de 200.000 subsidios. [145] Artículo 2.1.1.7.5. del Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 867 de 2009. [146] Este programa se inscribe dentro del objetivo de “Mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios” planteado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se realizarán un total de 600 mil mejoramientos de vivienda a través de las tres entidades participantes, esto es, el Ministerio en mención, el DPS y el Ministerio de Agricultura. [147] “Artículo 12. Subsidio En Especie Para Población Vulnerable. Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia el presente artículo beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Las entidades territoriales que aporten o transfieran recursos o predios, según lo previsto en este artículo podrán participar en la fiducia o patrimonio autónomo que se constituya.” [148] En relación con las competencias para facilitar el acceso a la vivienda de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, la Ley 1537 de 2012 señaló las responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial. En particular, estableció que las entidades públicas del orden nacional y territorial tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: (i) promover mecanismos para estimular proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, y la expedición de los permisos, licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y procedimientos; (ii) otorgar estímulos para la ejecución de los proyectos en mención; (iii) aportar bienes y recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el desarrollo de los proyectos; e (iv) identificar y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario. En cuanto a la construcción de los proyectos dirigidos a materializar este tipo de subsidios la norma establece el aporte de las entidades territoriales y de particulares de bienes para la construcción de los proyectos. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece mediante resolución los criterios de distribución de los recursos asignados a FONVIVIENDA en el Presupuesto General de la Nación. Estos recursos se trasladan a  patrimonios autónomos que constituyan las entidades, quienes administran los recursos y adelantan los procesos de convocatoria y selección de los constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda o el proveedor de las viviendas de interés prioritario. Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se asignarán a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización. El Decreto 1921 de 2012 reglamentó la ley y determinó las competencias de identificación, selección, postulación, priorización y asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. FONVIVIENDA- tiene las siguientes competencias: (i) remitir al DPS la información sobre los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita -lugar, el número de viviendas a transferir y los porcentajes de composición poblacional-; (ii) emitir el acto administrativo de apertura a la convocatoria de los hogares con base en la lista de potenciales beneficiarios remitida por el DPS; (iii) revisar la consistencia y veracidad de la información suministrada por los postulantes; (iv) remitir al DPS el listado de los hogares que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios; (v) emitir el acto administrativo de asignación del subsidio. Por su parte, el DPS tiene las siguientes competencias: (i) elaborar un listado de “potenciales beneficiarios” teniendo cuenta los criterios de priorización que atienden de manera prevalente a la situación de vulnerabilidad de los hogares y a quienes se encontraban en proceso de asignación de un subsidio familiar con anterioridad al nuevo proyecto ; y (ii) seleccionar los hogares que son los beneficiarios definitivos del subsidio con base en el listado remitido por FONVIVIENDA en el que se indican los hogares y de acuerdo con los criterios de priorización previstos en el artículo 8º del Decreto 1921 de 2012. Finalmente, el operador designado, que suele ser una caja de compensación familiar, recibirá la información y los documentos de los postulantes, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 11 del decreto en mención. [149] Informe emitido por la Contraloría General de la República “Seguimiento al sector Vivienda, Ciudad y Territorio PND 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” [150] Por ejemplo, en lo que respecta a los flujos migratorios con Venezuela, el documento CONPES 3950 del 23 de noviembre de 2018 precisó que “Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2007), el análisis de los datos censales históricos muestra que los saldos migratorios netos fueron negativos para todo el periodo comprendido entre 1973 y 2005. Esto señala que, para todo el periodo, Colombia fue un expulsor neto de migrantes. En particular, los flujos migratorios en dicho periodo entre Colombia y el vecino país eran negativos. Es decir, el número de salidas de personas hacia Venezuela era mayor que el ingreso a Colombia. La causa principal de esto fue, como señala Robayo León (2013), el alto nivel de vida generado por la bonanza petrolera de las décadas de los años 70 y 80 que impulsó a muchos colombianos a buscar establecerse en el vecino país.” Por su parte, el Perfil Migratorio de Colombia 2012, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones en septiembre de 2013, aseguró que Colombia ha sido un país de emigración (Organización Internacional para las Migraciones -OIM. Misión Colombia. Perfil Migratorio de Colombia 2012. Bogotá, 2013. En: https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Perfil-Migratorio-de-Colombia-2012.pdf -20.10.2020). En concreto indica que “desde la primera oleada migratoria en los años sesenta, los colombianos han emigrado a diferentes destinos por diversas razones, en gran medida por buscar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades laborales. Los países de destino de los connacionales han sido, en primer lugar, la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos, pero esto se ha venido modificando a lo largo de los años, como lo muestran algunos datos y estudios. De acuerdo con el Panorama migratorio de América del Sur (OIM, 2012), Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica. El DANE, a partir del censo de 2005, calculó que el número de colombianos en el exterior es de 3.378.345. El Ministerio de Relaciones Exteriores (2012) estima que hay 4.700.000(…)”. En el mismo sentido ver: Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR. Tendencias globales. Desplazamiento Forzado en 2019. En: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf (20.10.2020). [151] De acuerdo con el referido informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2019 publicado por ACNUR “A finales de 2019, Colombia siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno. El gran número de desplazados internos registrados, sin embargo, proviene de la cifra total acumulada del Registro de Víctimas, que comenzó en 1985”. [152] MALDONADO VALERA, Carlos et al. Protección social y migración: Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018. “(…) la migración motivada por una situación de crisis económica ha sido también conceptualizada en términos de necesidades de refugio económico, en lugar de una migración de carácter laboral donde las personas migrantes y sus familias podrían necesitar de una acogida humanitaria (OCDE y OEA, 2015)”. [153] Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR. Tendencias globales. Desplazamiento Forzado en 2019. En: https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf (20.10.2020). [154] El informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2019 publicado por ACNUR refiere la existencia de 1.8 millones de venezolanos desplazados en el extranjero cuyo país de acogida es Colombia. [155] Migración Colombia. Comunicado oficial del 6 de agosto de 2020. En: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/para-finales-del-mes-de-mayo-el-3-del-total-de- venezolanos-que-se-encontraban-en-colombia-al-comienzo-de-la-pandemia-habia-regresado-a-su-pais-y-un-2-mas-estaria-a-la-espera-de-poder-hacerlo. (20.10.2020). [156] Ver Sentencia SU-677 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [157] El informe del Banco Mundial titulado “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo” precisa que “La demanda de servicios sociales en los municipios fronterizos excede las capacidades de atención existente. Muchas de estas necesidades no son exclusivas de los migrantes y por tanto compiten con las necesidades actuales de la población receptora. La elevada tasa de pobreza en las áreas fronterizas donde se concentra la población migrante y retornada aumenta la demanda de servicios sociales, mientras que los recursos del nivel municipal son limitados.” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo”. Washington, 2018. En: https://r4v.info/es/documents/download/66643 -20.10.2020) [158] La Sala hará referencia a las medidas adelantadas en relación con los migrantes nacionales venezolanos y no incluirá las actuaciones con respecto a los nacionales colombianos que retornaron al país en el marco de la ola migratoria derivada de la crisis política en Venezuela. Esta precisión es importante, pues las medidas en relación con los nacionales colombianos que regresan al país tienen un carácter y una naturaleza distinta. [159] “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018”. [160] Sentencia T-452 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas, T-143 de 2019 M.P. Alejandro Linares Cantillo. y T-295 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [161] Medidas compiladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores Decreto 1743 de 2015 y sus modificaciones [162] Expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. [163] De acuerdo con el artículo 1º de la Resolución 5797 de 2017 de MINEX, el PEP se otorgará a los nacionales venezolanos que cumplan los siguientes requisitos: “1. Encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la presente resolución. // 2. Haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte. // 3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional. // 4. No tener una medida de expulsión o deportación vigente.” [164] Este permiso ha tenido varias prórrogas desde la Resolución 5797 de 2017. Se han efectuado a través de las resoluciones (i) 740 de 2018 del MINEX, que amplió el plazo para los nacionales venezolanos que se encontraran en el territorio colombiano al 2 de febrero de 2018, (ii) 3317 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –en adelante UAEMC- y (iii) 10677 de 2018 de MINEX que amplió el plazo para los nacionales venezolanos que se encontraran en el territorio colombiano al 17 de diciembre de 2018, y (iv) 240 de 2020 de MINEX que amplió el plazo para los nacionales venezolanos que se encontraran en el territorio colombiano a fecha 29 de noviembre de 2019. [165] La Resolución 1567 de 2019 de la UAEMC implementó un procedimiento dirigido a renovar el PEP otorgado entre el 3 de agosto de 2017 y el 31 de octubre de 2017, por el término de dos años a partir de su fecha de vencimiento. La Resolución 3870 de 2019 de la misma unidad administrativa implementó el procedimiento de renovación del PEP otorgado entre el 7 de febrero y el 7 de junio de 2018. La Resolución 6667 de 2019 creó el procedimiento de renovación del PEP. En ese mismo sentido, ver la Resolución 2018 de 2020 sobre renovación del PEP. [166] Ver Resolución 2502 de 2020 de MINEX. [167] Asimismo, en virtud del Decreto número 1288 de 2018 y la Resolución número 6370 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue elevado a la categoría de documento de identificación para los nacionales venezolanos en todo el territorio colombiano. [168] De acuerdo con el comunicado oficial del 9 de octubre de 2020 publicado en la página web de Migración Colombia disponible en: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-lanza-nuevo-permiso-especial-de-permanencia-para-venezolanos#:~:text=MIGRACI%C3%93N%20COLOMBIA%20LANZA%20NUEVO%20PERMISO%20ESPECIAL%20DE%20PERMANENCIA%20PARA%20VENEZOLANOS,-tama%C3%B1o%20de%20la&text=Entre%20el%2015%20de%20octubre,2020%2C%20podr%C3%A1n%20expedir%20su%20PEP [169] Ver Resoluciones 1465 de 2019 de UAEMC. [170] Decreto 117 de 2020 “Por el cual se adiciona la Sección 3 al Capítulo 8 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con la creación de un Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).” [171] Sentencias T-595 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, [172] La jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en este derecho, fundado en la condición de persona, y la política pública en salud se ha orientado a hacer efectiva esa garantía universal. Ver Sentencias SU-677 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-210 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-025 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-197 de 2019 M.P. Diana Fajardo Rivera, T-436 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [173] El literal b) del artículo 10º de la Ley 1751 de 2015 establece que toda persona tiene derecho a recibir atención de urgencias sin que sea exigible pago previo alguno. Por su parte, diferentes actos administrativos expedidos por el Ministerio de Salud han adoptado medidas que garantizan la atención de urgencia a los migrantes con independencia de su estatus migratorio, las cuales están relacionadas con: (i) la financiación de esa atención; (ii) la determinación del alcance de la atención en urgencias; y (iii) la coordinación intersectorial para hacer efectiva esta garantía. [174] Ver sentencias T-705 de 2017 M.P. José Fernando Reyes Cuartas, SU-677 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-436 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [175] Respecto a estas medidas ver la Resolución 3015 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social que estableció el PEP como documento válido de identificación ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, es necesario destacar que los portadores del PEP, se consideran residentes y pueden afiliarse al SGSSS, ya sea como dependientes o independientes. Si sus condiciones socioeconómicas no les permiten realizar aportes al SGSSS, pueden solicitar la aplicación de la encuesta SISBEN y si llenan los criterios, afiliarse al régimen subsidiado. [176] Por ejemplo, ver la Circular 025 de 2017 en la que se adoptan varias estrategias para fortalecer la atención en salud para responder a la situación de migración de población venezolana, 006 de 2018 del Ministerio de Salud relacionada con la prevención, atención, vigilancia y control para evitar la introducción o aparición de casos de Sarampión y Rubeola. Asimismo, ver los Lineamiento proferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención, detección y manejo de casos de covid-19 para población migrante en Colombia. [177] Ver Sentencia T-210 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [178] De acuerdo con las cifras reportadas por el ICBF en su página web, a corte 31 de mayo 2020, se atendieron 83.717 menores de edad nacidos en Venezuela a través de la estrategia Primera Infancia, Nutrición Familias y Comunidades. ICBF. “Niños, Niñas y Adolescentes Nacidos en Venezuela Atendidos en Servicios del ICBF distribución por Departamento de atención y misional durante el 2020”. En: https://www.icbf.gov.co/system/files/atencion_icbf_a_venezolanos_mayo2020.pdf (20.10.2020) [179] Ver la Ley 1997 de 2019 “por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia.” [180] Decreto 1288 de 2018.Artículo 11. [181] En ese sentido, en la Circular 16 del 10 de abril de 2018, el Ministerio de Educación Nacional precisó que el acceso a los programas de alimentación y transporte escolares dependen de la condición de los estudiantes independientemente de su procedencia. [182] En relación con estas actuaciones es necesario destacar que en el informe de la UNESCO “Derecho a la educación bajo presión: principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia” se reconoce que la respuesta del Estado se orientó a la inclusión de personas migrantes y refugiadas en las escuelas públicas del país, asegurar personal docente, el uso del currículo nacional y dispositivos de apoyo y bienestar. En el marco de esa política de 460 mil menores de 18 años con necesidades escolares 198 mil están inscritos en el sistema educativo, la mayoría en primaria y secundaria (79 %). A pesar de estos esfuerzos, alrededor de 250 mil menores de edad venezolanos en Colombia están fuera de la escuela. UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. “Derecho a la educación bajo presión: principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia”. Santiago, 2020. En https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373455 (20.10.2020). [183] Inicialmente a través de la Circular 45 del 16 de septiembre de 2015 [184] Por ejemplo, las Circulares 07 del 2 de febrero de 2016, 01 del 27 de abril de 2017, 16 del 10 de abril de 2018 , y las Resoluciones 624 de 2019  y 10687 de 2019  establecieron medidas sobre los mecanismos de atención a los estudiantes migrantes procedentes de Venezuela, los procesos de matrícula, convalidación de títulos o grados, y estrategias de permanencia en el sistema educativo . [185] UNESCO. “Derecho a la educación bajo presión: principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia”. Op. cit. p. 25. [186] En ese sentido, el informe revela que la magnitud del fenómeno de migración y las falencias que el sistema educativo presentaba antes del fenómeno migratorio genera retos: “fragiliza la disponibilidad del derecho a la educación; elevadas privaciones, riesgos, violencias, barreras administrativas y dificultades en el reconocimiento de grados, títulos y saberes obstaculizan la accesibilidad; la debilidad para abordar la diversidad cultural en el aula y la escuela, atender la dimensión socio-emocional y responder a las necesidades de aprendizaje diversas de la población dificulta la aceptabilidad; el desfinanciamiento crónico, dificultades de coordinación, desafíos en la operatividad de nuevos marcos normativos y un desborde de las capacidades institucionales frena la adaptabilidad; y la falta de institucionalización de los espacios de participación social para la población migrante y refugiada y, un sistema de monitoreo aún en rodaje reduce la responsabilidad.” [187] Creado en el artículo 10 del Decreto 1288 de 2018. [188] Decreto 1288 de 2018. Artículo 8. [189] Por ejemplo, en ciudades receptoras de migrantes como Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social, se han desarrollado algunas actuaciones tendientes a brindar alojamiento temporal. [190] De acuerdo con algunos comunicados de prensa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- se advierte la creación de Centros de Atención al Migrante. Ver, por ejemplo; UNGRD. “Centro de Atención Transitorio al Migrante – CATM” Bogotá, Abril de 2019. En http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Centro-de-Atencion-Transitorio-al-Migrante-CATM.aspx (20.10.2020) [191] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. “Migración desde Venezuela a Colombia. Impactos y Estrategias de Respuesta en el Corto y Mediano Plazo” Op. Cit.; y Consejo Noruego Para Refugiados. “Identificación de necesidades de protección de la población venezolana en el territorio colombiano y otros países de acogida”, 30 de abril de 2019. En https://nrc.org.co/wp-content/uploads/2019/11/Final-Identificacio%cc%81n-de-Necesidades-de-la-Poblacio%cc%81n-Venezolana-2018-2019.pdf Consultado por última vez en octubre de 2020. [192] Artículo 1º de la CADH “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. //  2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” [193] Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 2º y 7º; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2.1 y 26; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 2.2; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la  Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2º; Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. [194] Artículo 1º de la Carta Política. [195] Artículo 5º de la Carta Política. [196] Ver sentencias T-210 de 2018 y T-436 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. [197] Con respecto a este tipo de asistencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución de 2018 exhortó a los Estados miembros de la OEA a “[p]roteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. A su vez, se debe garantizar que organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNICEF, ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), así como otras organizaciones internacionales y regionales relevantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas”. [198] Aprobada el 13 de septiembre de 2016. [199] Aprobado el 13 julio de 2018. [200] La declaración reconoce las diferencias en el estatus jurídico entre migrantes y refugiados, y precisa que: “[a]unque el trato que se les dispensa se rige por marcos jurídicos separados, los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales. Afrontan también muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares, incluso en el contexto de los grandes desplazamientos [201] “Reconocemos que compartimos la responsabilidad de gestionar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes de manera humana, respetuosa, compasiva y centrada en las personas. Acometeremos esa tarea mediante la cooperación internacional, reconociendo al mismo tiempo que hay capacidades y recursos diversos para responder a esos movimientos.” [202] “(…) se plantea la adecuación de cuatro CATM, a través de los cuales se atendería 62.400 personas en el año 2019, y presentaría un costo aproximado de 15.819 millones de pesos99. En caso de ser necesario habilitar los CATM en ciudades diferentes a los municipios fronterizos de Cúcuta y Maicao, el costo de la adecuación o construcción y sostenibilidad será calculado con base en el análisis técnico y presupuestal que realice la UNGRD en las ciudades donde sea definida esta necesidad.” [203] De acuerdo con algunos comunicados de prensa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- se advierte la creación de Centro de Atención al Migrante. Ver, UNGRD. “Centro de Atención Transitorio al Migrante – CATM” Bogotá, Abril de 2019. En http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Centro-de-Atencion-Transitorio-al-Migrante-CATM.aspx (20.10.2020) [204] Sentencia C-622 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo. [205] Sentencia C-070 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. [206] Sentencias C-049 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía, C-385 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C- 1259 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-725 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldán, C-469 de 2017 M.P. Cristina Pardo Schlesinger y T-051 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [207] Sentencia C-311 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 187 Sentencia C-1058 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño- [208] Sentencia T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. [209] Artículo 4º de la Carta Política. [210] Artículos 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se establece el derecho de toda persona a la igualdad en el goce del derecho a la vivienda, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico. [211]Artículo 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [212] Aprobada mediante Ley 146 de 1994. [213] En ese sentido, por ejemplo, en el informe del Banco Mundial sobre las necesidades de la población migrante de Venezuela se precisa que estas son disimiles de acuerdo con el tipo de migración, pues el apoyo a ingresos, vivienda o servicios es relevante solo para migrantes con vocación de permanencia [214]De acuerdo con el informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2019 publicado por ACNUR “A finales de 2019, Colombia siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno. El gran número de desplazados internos registrados, sin embargo, proviene de la cifra total acumulada del Registro de Víctimas, que comenzó en 1985” [215] De acuerdo con el comunicado oficial del DANE en el año 2019 la pobreza monetaria fue 35,7% y la pobreza monetaria extrema fue 9,6% en el total nacional. Por su parte, de acuerdo con los reportes del Banco Mundial el índice de Gini para Colombia en el año 2018 es de 50.4. [216] El total del déficit habitacional incluye el déficit cuantitativo y cualitativo Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/deficit-habitacional. Consultado por última vez en octubre de 2020. [217] El Informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2019 publicado por ACNUR refiere 1.8. millones de venezolanos desplazados en el extranjero cuyo país de acogida es Colombia. Por su parte, de acuerdo con el último comunicado oficial de Migración Colombia se estima que para el mes de mayo de 2020 1’764.883 nacionales venezolanos estaban radicados en el país. [218] En ese sentido es necesario resaltar la Resolución 1 de 2020 de la CIDH en la que se formulan recomendaciones a los Estados miembros con respecto a políticas públicas orientadas a combatir la pandemia en las Américas con enfoque de derechos humanos. En esta resolución se destaca la importancia de los DESCA como la vivienda, en el marco de la situación de pandemia y por lo tanto se recomienda: “Garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros derechos humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA, tales como acceso a agua potable, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, e integración de servicios públicos de salud; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico.” [219] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. [220]Como se explicó en los fundamentos jurídicos 57 y 58 sufre una afectación diferencial y acentuada del derecho a la vivienda. [221] Descrito en los fundamentos jurídicos 68 a 74 de esta sentencia. [222] Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. [223] En ese sentido, se destacan que: (i) mediante auto de 20 de febrero de 2020 se remitió a la UARIV el listado de ocupantes para que informara quienes estaban inscritos en el RUV y precisara en relación con los inscritos las medidas de asistencia y reparación; (ii) en respuesta emitida el 1º de abril de 2020 adujo que 364 de los ocupantes del predio están inscritos en el RUV y que esa era la única información con la que contaba; (iii) el 3 agosto, en atención a la negación de sus competencias y advertidas inconsistencias en relación con el número de inscritos en el RUV la Magistrada profirió nuevo auto en el que requirió que se solventaran las inconsistencias en mención; (iv) en auto de 4 de septiembre, vencido el término para responder, se profirió un auto de requerimiento. Finalmente, el 9 de septiembre se remitió la información requerida de forma parcial. [224] Auto 373 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [225] Sentencia SU-037 de 2019 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. [226] Ibídem. [227] “ARTÍCULO 81. ACCIÓN PREVENTIVA POR PERTURBACIÓN. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación. El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de conformidad con las órdenes que impartan las autoridades de Policía.” [228] Folio 14, cuaderno 1. [229] De acuerdo con las pruebas recaudadas en la acción de tutela, la Alcaldía y la Personería de El Copey indicaron que el municipio presenta diversas situaciones de asentamientos irregulares en atención a : (i) el alto déficit de vivienda; (ii) el alto número de asentamientos indígenas; (iii) el alto índice de personas víctimas del conflicto armado; (iv) y actos ilegales de promoción de las invasiones para la apropiación irregular de los predios y su posterior venta; (v) la ausencia de una política estatal de subsidios de vivienda que beneficie al municipio y (vi) al incremento de población inmigrante irregular que se ha asentado en esa entidad territorial. [230] En muchas personas concurren varias circunstancias que los hacen sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo una persona desplazada y madre cabeza de familia. [231] La caracterización del núcleo familiar de Ana Ríos, que corresponden a una de las tres primeras familias que habitaron el predio. [232] Folio 315, cuaderno inspección judicial [233] Folio 289 cuaderno Inspección Judicial. [234] Por ejemplo núcleos familiares encabezados por Manuel de Jesús Alonso, José Eduardo Velásquez, José Fernando Vizcaino Yepes, Mayerli Beatriz Rodelo entre otros,  folios 213, 328 y 329 cuaderno Inspección Judicial. [235]  De los 57accionantes, las siguientes personas no se encontraron habitando el predio en las diligencias realizadas el 1º de noviembre de 2018, el 3 de julio de 2019 y el 4 y 5 de febrero de 2020: 1. Dairo Manuel Navas Reyes, 2. Duy Naringumu Crespo Torres, 3. Francia Elena Yepes Lora, 4.Yenis Eliana Suarez Hernández, 5. José Luis Borja Pabón, 6. Carlos Alberto Rada Andrade, 7. Brayan Pallares Rodríguez, 8. José Lucas De La Cruz Pérez, 9. Alexander de Jesús Barcanegra Rodríguez, 10. Luis Alberto Vásquez Muñoz, 11. Katty Julieth Zapata Ocho, 12. Edilberto Rafael Castro Movilla, 13.Juan Carlos Domínguez Cárdenas, 14. Jorge Alberto García Torres, 15. Ángel Crespo Montero, 16. Estelinda Montero Villafaña y 17. Luz Line Orozco Ospino. [236] Declaraciones de José Gregorio Salas, Margoth del Carmen Rodríguez folios 293 y 294 cuaderno Inspección Judicial. [237] Folio 22 expediente policivo 2018-009. [238] Video del 17 de noviembre de 2018, CD expediente policivo 2018-009. [239] La realización de la inspección ocular se decretó en autos de 22 de mayo y 5 de junio de 2020. [240] Folio 29, expediente policivo 2018-019. [241] Folio 14, cuaderno 1. [242] Folio 33, expediente policivo 2018-019. [243] Luego de que se rehízo el trámite de tutela, se profirieron los fallos de primera y segunda instancia el  12 de febrero y 25 de abril de 2019 se declaró improcedente la acción de tutela. [244] Folio 269, expediente policivo 2018-019. [245] Esta decisión se anuló el 16 de enero de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que ordenó rehacer a actuación. [246] Folio 158, cuaderno inspección judicial. [247] En muchas personas concurren varias circunstancias que los hacen sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo una persona desplazada y madre cabeza de familia. [248] Se contabilizó a todo el núcleo familiar de la persona que adujo ser víctima de desplazamiento forzado. [249] Este dato corresponde a la información recaudada en la inspección judicial en relación con las personas que manifestaron ser víctimas de desplazamiento forzado. [250] En relación con los tiempos de ocupación, los entrevistados incluyen el  tiempo en el que efectuaron los cercamientos de lotes. Los tiempos de ocupación se clasifican así: O-6 meses: ocupaciones iniciadas entre agosto de 2019 y enero de 2020. 6 meses a 1 año: ocupaciones iniciadas entre  febrero de 2019 y  julio de 2019. 1 año a 1 año y 6 meses: ocupaciones iniciadas entre agosto de 2018 y enero de 2019; y 1 año y 6 meses a 2 años: ocupaciones iniciadas entre enero de 2018 a julio de 2018. [251] Folio 258, cuaderno inspección judicial. [252] Sentencias T-096 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-111 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. [253] Sentencias T-308 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-952 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-447 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; y T-111 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. [254] Bladimir Murcia Orozco, Dairo Manuel Navas Reyes, Maire Sol Salas Carrillo, Matilde Torres Rodríguez, Duy Naringumu Crespo Torrez, Yenis Isabel Monsalvo Oñate, Marcelina Torres Rodríguez, Salvador Carmona Martínez, Francia Elena Yepes Lora, Yenis Eliana Suárez Hernández, Enith Johanna Cárdenas Barcasnegra, Ninfa Patricia Cadena Crespo, Jesús Alberto López Buelvas, Leile Maireth Martínez Arzuza, Juan Manuel Estrada Peña, Juan Alberto Estrada Peña, José Luis Borja Pabón, Leonor Elena Torres Crespo, Jacqueline Trujillo Alfonso y Landis María Sanes Díaz. [255] En el análisis de legitimación en la causa por activa se descartó la legitimación en la causa por ctiva de Yenis Isabel Monsalvo Oñate, Francia Elena Yepes Lora, Jesús Alberto López Buelvas, Leile Maireth Martínez Arzuza, Juan Alberto Estrada Peña. [256] En las actas de la caracterización adelantada el 3 de julio de 2019 por la Inspección de Policía El Copey sólo se registra que de los 57 accionantes iniciales las siguientes 31 personas se encontraron habitando el predio: 1.Maire Sol Salas Carrillo, 2. Matilde Torres Rodríguez, 3. Marcelina Torres Rodríguez, 4. Salvador Carmona Martínez, 5. Enith Johanna Cárdenas Barcasnegra, 6. Ninfa Patricia Cadena Crespo, 7. Jesús Alberto López Buelvas, 8. Leile Maireth Martínez Arzuza, 9. Leonor Elena Torres Crespo, 10. Jacqueline Trujillo Alfonso, 11. Bladimir Murcia Orozco, 12. Landis María Sanes Díaz, 13. Fabio José Basto Ospino, 14. Sandra Milena Suarez Hernández, 15. Darly Danith Suarez Hernández, 16. Jorge Eliecer Orozco Palmera, 17. César Augusto Contreras Quesada, 18. Moisés Arroyo Villafañe, 19. Lisbeth Viviana Aviles Mejía, 20. Mauricio Manuel Barcanegra Rodríguez, 21. Mariluz Pérez Hernández, 22. Benjamin Villalba Caballero, 23. Calixto Chaparro Torres, 24. Rafael Valdés Jaime, 25. Yesmina Angélica Pana Cujia, 26. Luz Cenith Oviedo Navas, 27. Rosa Isabel Reyes Almeira, 28. Deivis Enrique Valle Martínez, 29. Carlota María Montenegro Pacheco, 30. Rodrigo Cortez Salcedo, 31. Daniela Guerra Romero. [257] En las actas de la inspección judicial adelantada por el Juzgado Primer Civil del Circuito de Valledupar el 4 y 5 de febrero de 2020 se registró que de los 57 accionantes iniciales las siguientes 28 personas se encontraban habitando el predio: 1 Maire Sol Salas Carrillo, 2. Matilde Torres Rodríguez. 3. Yenis Isabel Monsalvo Oñate, 4. Marcelina Torres Rodríguez, 5. Salvador Carmona Martínez, 6. Ninfa Patricia Cadena Crespo, 7. Juan Manuel Estrada Peña, 8.Juan Alberto Estrada Peña, 9. Jacqueline Trujillo Alfonso, 10. Landis María Sanes Díaz, 11. Fabio José Basto Ospino, 12. Sandra Milena Suárez Hernández, 13. Darly Danith Suárez Hernández, 14. Jorge Eliecer Orozco Palmera, 15. Marco Tulio Coneo Teran, 16. César Augusto Contreras Quesada, 17. Lisbeth Viviana Aviles Mejía, 18. Mauricio Manuel Barcanegra Rodríguez, 19. Jairo Enrique Fernández Ceballos, 20. Rafael Valdés Jaime, 21. Yesmina Angélica Pana Cujia, 22. Luz Cenitth Oviedo Navas, 23. Rosa Isabel Reyes Almeira, 24. Carlos Enrique Ortiz Vega, 25. Alidis Judith Peña Jiménez, 26. Carlota María Montenegro Pacheco, 27. Rodrigo Cortez Salcedo, y 28. Daniela Guerra Romero. [258] Este listado fue construido a partir de las caracterizaciones remitidas a esta sede y que se realizaron en el marco del proceso de desalojo y de la inspección judicial ordenada en esta sede. Los nombres y documentos de identidad corresponden a la transcripción literal de la información remitida y por tratarse de nombres no se efectúan adiciones o correcciones. Adicionalmente, con respecto al listado inicial remitido a la UARIV que contenía 585 registros se suprimieron aquellos en los que era evidente la duplicidad de la información, lo que redujo el listado a 551 registros. Sin embargo, en los casos en los que se presentan nombres similares, el mismo nombre con diferentes documentos de identidad o diferentes nombres para el mismo documento se incluyeron todos los registros para que en el procedimiento de actualización se verifiquen con precisión los datos de los ocupantes. [259] Estas consideraciones no contradicen las consideraciones expuestas por la Sala de Casación Civil en relación con procedimiento de desalojo en los fallos de 10 de junio de 2020 STC3701-2020 en relación con la suspensión de medidas de desalojo, por cuanto estaban fundadas principalmente en la medida de suspensión de términos judiciales dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, que ya fue levantada, y las restricciones a la movilidad en el marco de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional ordenado inicialmente en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y que se extendió hasta el 1º de septiembre de 2020. A partir de este momento empezó la estrategia de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable regulado en el Decreto 1168 de 2020 con mayores posibilidades de movilidad a través de protocolos de bioseguridad y que se extendió hasta el 1º de diciembre mediante el Decreto 1408 de 2020. [260] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. [261] Supra. Fundamento jurídico 102. [262] Constitución Política, artículo 2. [263] Comité DESC (1997). Observación general Nº 7. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos. [264] Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la comunicación núm. 5/2015. Caso Mohammed Ben Djazia. E/C.12/61/D/5/2015. 21 de julio de 2017. [265] Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. 30 de diciembre de 20150. A/HRC/31/54. [266] Ibidem. [267] Fundamento jurídico 161. [268] Resolutivo primero, inciso primero. [269] Cfr. Ib., inciso segundo. [270] Entre otras diligencias, la sentencia refiere la inspección judicial realizada al predio en sede de revisión, en la que se encontró que éste estaba siendo ocupado por 365 personas. Entre éstas, había sujetos de protección constitucional como menores de edad, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros (cfr. Fundamento jurídico 157). [271] La Corte Constitucional ha explicado que “la amenaza es una vulneración inminente y cierta del derecho […]. Como ya se expresó, la amenaza implica de por sí inicio de vulneración del derecho y se sitúa antes de que la violación inicie su consumación definitiva pero no antes de su existencia; es decir que la amenaza presenta datos reales y objetivos que permiten prever el agravamiento inminente que conlleva la vulneración del derecho. La amenaza menoscaba el goce pacífico del derecho y, por lo tanto, es un inicio de vulneración en el sentido de que el ejercicio del derecho ya se ha empezado a perturbar. […]. La diferencia entre riesgo y amenaza dependerá del material probatorio que se sustente en cada caso en  particular. Hay que advertir que la acción de tutela solo es procedente en los casos de amenaza o peligro cierto de vulneración, pero no en los casos de riesgo” (Sentencia T-1002 de 2010). [272] Fundamento jurídico 158. [273] Fundamento jurídico 159. [274] Ib. [275] Cfr. Ib. [276] Ib. [277] Ib. [278] Ib. [279] Ib. [280] Ib. [281] En la decisión se indica lo siguiente: “[c]on respecto al segundo momento de la situación de ocupación descrito es necesario destacar que en las actuaciones de desalojo se respetaron las garantías del debido proceso, pues durante el tiempo en el que no se advirtieron situaciones de vivienda se adelantaron las inspecciones oculares al predio, se adoptaron las medidas de amparo posesorio y se notificaron las actuaciones por vías como los medios de comunicación local. Únicamente hasta la diligencia de caracterización realizada el 1o de noviembre de 2018 se comprobaron situaciones de vivienda. Tan pronto la autoridad de Policía verificó la presencia de ocupantes en una situación de habitación en el predio dispuso: (i) la notificación de las actuaciones, (ii) el acompañamiento de autoridades como la Personería Municipal y la Comisaría de Familia para la caracterización de las tres familias ocupantes; (iii) indagó por las circunstancias de la ocupación y la razón por la que las familias se encontraban en el predio; y (iv) gestionó las actuaciones dirigidas a brindar la ayuda humanitaria en relación con las víctimas de desplazamiento forzado” (Fundamento jurídico 150). [282] El amparo al derecho a la vivienda digna se otorgó “siempre que concurran las condiciones para la protección establecidas en la parte motiva de esta sentencia” (cfr. Resolutivo primero, inciso primero). [283] Cfr. Fundamento jurídico 147. [284] Resolutivo séptimo. [285] P. 17. [286] Ib. [287] En concreto, el DPS indicó que 392 personas no cumplen con los criterios para participar en el Programa de Vivienda Gratuita (cfr. P. 19). [288] En concreto, el DPS informó que 40 personas están incluidas en el listado de potenciales beneficiarios del programa (cfr. Ib.) [289] Fundamentos jurídicos 75 a 78. Las entidades requeridas dieron cuenta de que existen los siguientes programas: (i) Programa de Promoción y Acceso a la Vivienda de Interés Social Mi Casa Ya, (ii) Semillero de Propietarios Arrendadores, (iii) Casa Digna Vida Digna y (iv)Subsidio Familiar de Vivienda 100% en especie. [290] Contraloría General de la República,  “Seguimiento al sector Vivienda, Ciudad y Territorio PND 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’” (Disponible en: https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Publicaciones/Seguimiento%20al%20sector%20Vivienda,%20Ciudad%20y%20Territorio%20PND%202018-2022%20%E2%80%9CPacto%20por%20Colombia,%20Pacto%20por%20la%20Equidad%E2%80%9D.pdf) [291] Cfr. Sentencia T-1002 de 2010.

T-001-92 Sentencia No Sentencia No. T-001/92 ACCION DE TUTELA-Objeto La acción de tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrán oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. ACCION DE TUTELA-Naturaleza La tutela tiene como dos de sus caracteres distintivos esenciales los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; el segundo puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza. COMPETENCIA DE TUTELA/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Los jueces no están facultados para invadir la órbita propia de la jurisdicción contencioso administrativa, y en el asunto en examen lo hicieron, al dejar sin efectos, así fuera en forma transitoria, los actos administrativos emanados de las asambleas departamentales, materia de examen. Aunque por vía distinta, esas determinaciones judiciales equivalieron, en sus consecuencias jurídicas y prácticas, a la suspensión provisional de los enunciados actos administrativos, la cual únicamente podía provenir de dicha jurisdicción. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE/CONTRALOR DEPARTAMENTAL Los ciudadanos que venían ejerciendo como Contralores, si creían vulnerados sus derechos, disponían del medio judicial de defensa consistente en ejercer la pertinente acción prevista en el C.C.A.  A su situación no era aplicable la excepción que contempla la norma Constitucional cuando introduce el concepto de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que atendida su definición legal, no revestía tal carácter el perjuicio alegado, toda vez que ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa habían podido impetrar que, si sus pretensiones prosperaban, además de la indemnización correspondiente, fuera ordenado -sobre la base de que en cada caso se cumplieran las condiciones legales- su reintegro a los cargos que venían desempeñando. PRINCIPIO DE INTERPRETACION DEL EFECTO UTIL El conocido principio de interpretación de las normas jurídicas, a partir del "efecto útil" de éstas, enseña que, entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero. CONTRALOR DEPARTAMENTAL-Periodo/TRANSITO CONSTITUCIONAL A los Contralores Departamentales elegidos en 1990 y cuyo periodo debía vencerse el 31 de Diciembre de 1992, éste se les terminó anticipadamente, al entrar en vigencia una nueva Constitución Política que introdujo la modalidad de periodos iguales en su duración y coincidentes en su iniciación, para Gobernadores y Contralores Departamentales. DERECHOS ADQUIRIDOS-Inexistencia/FUNCION PUBLICA/INTERES PUBLICO La fijación de periodos para el desempeño de ciertos cargos no ha sido concebida en beneficio exclusivo de la persona a quien se ha investido de la función pública, sino en razón de los requerimientos de ésta última. Dada la prevalencia del interés general sobre el privado o particular no puede hablarse de derecho adquirido a un periodo determinado si el ordenamiento jurídico, por motivos de interés público ha resuelto modificar la duración del mismo haciendo concordar su iniciación con la de otros cargos que guardan relación con él. DERECHO AL TRABAJO/CONTRALOR DEPARTAMENTAL De ninguna manera encuentra la Corte que se haya golpeado o amenazado por las Asambleas el derecho al trabajo de los demandantes de tutela, porque debe expresarse que los cuerpos a los cuales concernía elegir no hicieron sino acatar una obligación Constitucional. -Sala de Revisión No. 3- Ref.: Revisión sentencias de Tutela -Expediente T-117 EUCLIDES LOZANO LEMUS contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCO -Expediente T-120 GERMAN ORDOÑEZ PLATA contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER -Expediente T-245 GONZALO FIERRO CASTILLO contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA -Expediente T-261 NESTOR ALAIN VILLEGAS CANDELO contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA -Expediente T-498 VICTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META -Expediente T-783 ALVARO BALLESTEROS MEDERO contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA -Expediente T-837 ARMANDO ANTONIO BACA MENA contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ (Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No. 3 en Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de abril de mil novecientos noventa y dos (1992). Entra la Corte Constitucional a revisar los fallos proferidos, en los asuntos de la referencia, por los siguientes jueces: Expediente T-117 Juzgado 12 de Instrucción Criminal Radicado, Quibdó (Chocó). Expediente T-120 Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga (Santander). Expediente T-245 Juzgado Tercero Penal Municipal de Florencia (Caquetá) Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia Expediente T-261 Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán (Cauca). Expediente T-498 Juzgado Cuarto Penal Municipal de Villavicencio (Meta). Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio. Expediente T-783 Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Radicado, Riohacha (Guajira) Tribunal Superior de Riohacha -Sala Plena- Expediente T-837 Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Marta (Magdalena) Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta. I. INFORMACION PRELIMINAR Observa la Corte que, en los asuntos mencionados en la referencia, existe unidad de materia desde el punto de vista del análisis constitucional y que, por otra parte, las decisiones judiciales sometidas a revisión recayeron sobre actos de asambleas departamentales por cuyo medio se procedió a elegir contralores para los respectivos departamentos estando en vigencia la Constitución de 1991. Todo ello hace que las consideraciones de esta Corte valgan por igual para todos los casos examinados y, en consecuencia, efectuado el indispensable estudio, se ha resuelto proferir un solo fallo. Los peticionarios, en los expedientes de la referencia, fueron elegidos por sus respectivas asambleas departamentales durante las sesiones del mes de octubre de mil novecientos noventa (1990), para desempeñarse como contralores departamentales durante un periodo de dos (2) años que finalizaba el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Dichos ciudadanos tomaron posesión de sus empleos y venían ejerciendo sus funciones desde el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991). Transcurridos varios meses del periodo mencionado, principió a regir la Constitución Política de 1991, en cuyo artículo 272, por lo que concierne a funciones de asambleas departamentales y concejos municipales, se estableció: Artículo 272. ----- Igualmente les corresponde elegir Contralor para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo ----. En cada uno de los departamentos enunciados, las asambleas, durante sesiones llevadas a cabo en octubre y noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), procedieron a elegir nuevos contralores departamentales para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992) y el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Ante esas circunstancias, los anteriores contralores ejercieron la acción de tutela, invocando el artículo 86 de la Constitución, por considerar que las corporaciones administrativas en cada una de las nombradas entidades territoriales, al elegir nuevos fiscales sin esperar a que los periodos en curso hubieran concluído, vulneraron su derecho al trabajo (artículo 25 Constitución Política), ya que fueron removidos de sus empleos, recortándoles el periodo que les correspondía ejercer, sin que para ello, en su sentir, hubiera existido causal alguna y sin haber llenado la asamblea ningún requisito legal. Algunos de los quejosos alegaron también como quebrantado su derecho al debido proceso y otros más señalaron que la Asamblea respectiva desconoció el artículo 250 del Decreto 1222 de 1986, a cuyo tenor "los contralores que ejerzan el cargo en propiedad sólo podrán ser removidos antes del vencimiento de su periodo, por sentencia judicial o decisión de la Procuraduría General de la Nación". La mayoría de los accionantes, con el propósito de reforzar sus argumentos, trajeron a colación el proyecto de artículo 4 transitorio, que fue considerado en la Asamblea Nacional Constituyente el tres (3) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991) y que establecía la facultad de las asambleas para designar contralores en sus correspondientes departamentos en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), los cuales tomarían posesión el dos (2) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992). Este artículo, que en concepto de los peticionarios, en el caso de haberse aprobado, si habría dado fundamento a los posteriores actos de las asambleas, obtuvo 31 votos afirmativos, 6 negativos y 22 abstenciones, es decir, que fue negado. De allí que las diferentes acciones incoadas se fundaron en una interpretación de la voluntad del Constituyente como contraria a la interrupción o revocatoria de los contralores que venían en ejercicio. II. LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION Las sentencias que fueron objeto de la revisión de esta Corte presentan entre sí diferencias, tanto desde la perspectiva del número de instancias agotadas como desde el punto de vista de los razonamientos expuestos por los jueces al resolver. Se procede, por eso, a una sintética referencia en los anotados aspectos: 1) En los casos de los departamentos del Chocó, Santander y Cauca, los jueces se negaron a acceder a las pretensiones de los accionantes, interpretando el artículo 272, inciso 4o., de la Constitución Política en el mismo sentido en que lo hiciera en su momento la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al conceptuar sobre el tema por solicitud del Gobierno Nacional[1], es decir, estimaron que, por expresa disposición constitucional, el periodo de los contralores departamentales, de dos años, tal como lo preveía la Constitución anterior (art. 190, numeral 8o.), así como el lapso durante el cual se contaba (art. 246, Decreto 1222 de 1986), fueron modificados y que, por ende, debía darse aplicación a la nueva normatividad, lo que hacía infundado cualquier reclamo relativo a las elecciones efectuadas por las asambleas. Estos jueces concluyeron, en consecuencia, afirmando que fue propósito del Constituyente hacer concomitantes y simultáneos los periodos del ejecutivo departamental y de su respectivo fiscal y que la elección resultaba de imperativo cumplimiento para las corporaciones nominadoras en desarrollo del artículo 4o. de la Constitución Política. En los expresados casos no hubo segunda instancia, ya que los fallos no fueron impugnados. 2) En cuanto a los departamentos de la Guajira y Magdalena la tutela fue negada, con argumentos análogos a los ya expuestos e impugnada la decisión, fue confirmada. 3) En los departamentos de Meta y Caquetá, la decisión de primera instancia consistió en conceder la tutela, por considerar los respectivos jueces que se hacía necesario aplicar la figura como mecanismo inmediato, para evitar un perjuicio irremediable. Además, dichas sentencias se fundaron en el argumento subjetivo, acudiendo al proyecto de artículo transitorio propuesto en la Asamblea Nacional Constituyente -ya citado en la presente providencia- por medio del cual se disponía que las asambleas departamentales debían elegir en el mes de noviembre de 1991 a los contralores, para que tomaran posesión el dos (2) de enero de 1992, proposición ésta que fue negada, con la votación que antes se reseña, atribuyendo los jueces a tal negativa una indudable "voluntad del Constituyente", inclinada en favor de la permanencia en sus cargos de los contralores elegidos en 1990. Igualmente, las decisiones en comento coinciden en apartarse del prenombrado concepto originario de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. La sentencia del Juez Tercero Penal Municipal de Florencia añade a los argumentos que anteceden el de la violación, por parte de la Asamblea del Caquetá, del artículo 250 del Decreto 1222 de 1986. Como resultado de dichas razones, en el caso del Meta se resolvió ordenar a la Asamblea que no ejerciera actividades que atentaran contra el derecho tutelado y al Gobernador que se abstuviera de dar posesión al nuevo Contralor, concediendo al peticionario el término de cuatro meses para ejercer la acción contencioso administrativa ante la autoridad competente.  Parecidas decisiones fueron adoptadas en la primera instancia al resolver la petición del Contralor del Caquetá, con la característica de que, además, el juez llegó hasta manifestar en la providencia que, a partir de ella y para todos los efectos legales, se tendría como Contralor al anteriormente elegido, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo decidía lo pertinente. Ahora bien, en cuanto toca con los dos departamentos de que se viene hablando, los fallos de segunda instancia fueron diferentes: en el Meta se confirmó la sentencia de primera instancia, mientras que en el Caquetá se revocó, por compartir el Juez de Circuito la integridad del criterio que esbozara el Consejo de Estado en su concepto. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia Esta Corporación es competente para revisar las sentencias antes relacionadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2. Marco jurídico de la acción de tutela Tanto la institución de la tutela como el procedimiento de revisión eventual de los fallos judiciales que se profieran en aplicación de ella, por parte de la Corte Constitucional, provienen de la nueva Constitución. Asimismo, los actos de las asambleas departamentales que motivaron el ejercicio de la acción, en los siete casos a cuyo examen se contrae ahora la Corte, se produjeron dentro de la vigencia del nuevo orden jurídico, al igual que los pronunciamientos judiciales en cuestión. Así las cosas, el análisis de las sentencias sobre las cuales recaerá el presente fallo de revisión habrá de efectuarse íntegramente a la luz de la Constitución de 1991. Estima la Corte que resulta necesario, antes de entrar en el estudio específico del asunto debatido, definir el sentido, el alcance y los límites constitucionales de la acción de tutela, por lo menos en aquellos puntos que merecen atención a efectos de dirimir la controversia de que se trata. Es la tutela un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales cuando, en el caso concreto de una persona, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en esta última hipótesis en los casos que determine la ley, tales derechos resulten vulnerados o amenazados sin que exista otro medio de defensa judicial o, aún existiendo, si la tutela es usada como medio transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable. Se trata, entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2o. Const. Pol.). Tiene, pues, esta institución, como dos de sus caracteres distintivos esenciales (los de mayor relevancia para efectos de considerar el tema que ahora se dilucida) los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3, Constitución Política); el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza. En otros términos, la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce. Unicamente ese carácter de medio judicial subsidiario e inmediato puede explicar el cortísimo tiempo -no más de diez (10) días contados a partir de la solicitud de tutela- que ha conferido la propia Constitución al juez, de manera perentoria e inexcusable, para que resuelva sobre aquélla. Ahora bien, en un Estado de Derecho y particularmente en nuestro sistema constitucional, no existen poderes omnímodos ni atribuciones de infinito alcance, como con toda claridad se desprende de lo estatuído en los artículos 3, 6, 122 y 123 de la Carta. En cuanto a los jueces se refiere, sus competencias están delimitadas por diferentes factores que a la Constitución y a la ley corresponde establecer y entre ellos cabe señalar los que tocan con la naturaleza del proceso respectivo, o, en casos como los que nos ocupan, con la índole propia de la institución dentro de cuyo marco actúan. 3. Aplicación de los principios enunciados a los casos en estudio De lo dicho se desprende que, en los asuntos al examen de la Corte, los jueces no estaban facultados para invadir la órbita propia de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y es evidente que lo hicieron los jueces Tercero Penal Municipal de Florencia (Caquetá), Cuarto Penal Municipal de Villavicencio (Meta) y Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad, éste último en cuanto confirmó la providencia de su inferior jerárquico, al dejar sin efectos, así fuera en forma transitoria, los actos administrativos emanados de las asambleas departamentales del Caquetá y el Meta respectivamente, por medio de los cuales fueron elegidos nuevos contralores en cada uno de estos departamentos. Aunque por vía distinta, esas determinaciones judiciales equivalieron, en sus consecuencias jurídicas y prácticas, a la suspensión provisional de los enunciados actos administrativos, la cual únicamente podía provenir de dicha jurisdicción según lo preceptuado por el artículo 238 de la Constitución, que establece: "La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial". La propia norma constitucional anuncia que la suspensión provisional que decreta la mencionada jurisdicción exigirá motivos y requisitos, lo cual implica que no siempre cabe aplicarla aun por el tribunal competente, lo cual resulta luego desarrollado por el Código Contencioso Administrativo cuando requiere violación, "prima facie", de precepto superior para que sea posible suspender el acto administrativo. Este punto no corresponde estudiarlo a cualquier juez sino, de acuerdo con la Constitución, exclusivamente al que tiene la competencia para decretar la suspensión provisional. En realidad, los jueces que se acaban de mencionar desconocieron la naturaleza subsidiaria que arriba ha subrayado la Corte y que tiene fundamento en el inciso 3o. del artículo 86 de la Constitución, a cuyo tenor "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". (Subraya la Corte). No puede perderse de vista el carácter a todas luces exceptivo del inciso transcrito: sólo procede la tutela si no existe otro medio de defensa judicial y, en situación excepcional, únicamente cabe la tutela como mecanismo transitorio cuando mediante ella se busque evitar un perjuicio irremediable. Es principio de universal aplicación el de que las disposiciones exceptivas son de interpretación estricta, pues, si fuera posible ampliar ilimitadamente su campo de acción, se convertirían en normas generales y no surgiría nada distinto de la contradicción interna entre dos proposiciones de una misma norma jurídica. Por eso, en punto de la procedibilidad de la acción de tutela, su posible uso cuando existen vías judiciales de defensa alternativas -como ocurre en los casos materia de este análisis- está limitado, sin que sea factible extensión ni analogía, a los eventos en que se presente dicha irremediabilidad del daño. Repárese, además, en que el perjuicio irremediable únicamente puede ser invocado para solicitar al juez que conceda la tutela "como mecanismo transitorio", esto es, no como fallo definitivo sobre el punto cuestionado, el cual se reserva a la decisión del juez o tribunal competente.  En otros términos, el remedio que se aplica es apenas temporal, precario, momentáneo, pasajero, mientras resuelve de fondo quien goza de jurisdicción y competencia para hacerlo, y únicamente se justifica la intervención de un juez extraño a una u otra, o a ambas, por la amenaza inminente de un daño que, de no evitarse oportunamente, resultará irreversible y apenas susceptible de resarcimiento por la vía de la indemnización. Una aproximación a los casos concretos puestos a consideración de esta Corte en virtud de la presente revisión, permite concluír sin gran dificultad que los ciudadanos que venían ejerciendo como contralores, si creían vulnerados sus derechos, disponían del medio judicial de defensa consistente en ejercer la pertinente acción prevista en el Código Contencioso Administrativo, modificado parcialmente por el Decreto ley 2304 de 1989. A su situación no era aplicable la excepción que contempla la norma constitucional cuando introduce el concepto de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que, atendida la definición legal de perjuicio irremediable (art. 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991), esto es, aquel que "solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización", no revestía tal carácter el perjuicio alegado por ellos, toda vez que ante la jurisdicción Contencioso Administrativa habían podido impetrar que, si sus pretensiones prosperaban, además de la indemnización correspondiente, fuera ordenado -sobre la base de que en cada caso se cumplieran las condiciones legales- su reintegro a los cargos que venían desempeñando. No ignora la Corte que los jueces que concedieron la tutela en las providencias estudiadas, lo hicieron en el expresado sentido, es decir, que se abstuvieron de fallar de modo definitivo sobre la validez del acto administrativo proferido por la correspondiente Asamblea Departamental, señalando inclusive al peticionario el plazo legal para intentar la acción correspondiente, pero ha de subrayarse que resulta equivocado haber concedido la tutela cuando existían otros medios de defensa judicial sin que se configurara la situación del inminente perjuicio irremediable. Tendrán, pues, que ser revocadas por el aspecto que se considera, las sentencias materia de revisión mediante las cuales se accedió a las pretensiones de los peticionarios suspendiendo, erróneamente, los efectos de los actos administrativos dictados por las asambleas departamentales. 4. El artículo 272, inciso 4o. de la Constitución Política Aunque, en gracia de discusión, se aceptara que la competencia de los jueces que conocieron de las acciones de tutela les permitía entrar a resolver si privaban o no de efectos a los actos administrativos de elección de nuevos contralores departamentales, estima la Corte que la decisión no podía consistir, como en realidad consistió en los casos ya reseñados, en tutelar el supuesto derecho adquirido del anterior Contralor a permanecer en el cargo, por cuanto la interpretación que esos jueces hicieron del artículo 272 de la Carta Política, riñe con el sentido de la norma. En efecto, la Constitución de 1886 establecía en su artículo 187, numeral 8, que correspondía a las asambleas, por medio de ordenanzas, organizar las contralorías departamentales y elegir contralores de los departamentos para periodos de dos (2) años. El artículo 246 del Decreto ley 1222 de 1986, por el cual se expidió el denominado Código de Régimen Departamental, estableció que el periodo de dos (2) años señalado para los contralores departamentales en la Constitución comenzaría a contarse el primero (1o.) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987). De tal modo que, en virtud del aludido mandato constitucional y de conformidad con la norma que se acaba de citar, los contralores departamentales que venían actuando para la época en que principió su vigencia la nueva Constitución, tenían un periodo que vencía el 31 de diciembre de 1992. Norma equivalente se consagró, como desarrollo del artículo 190, inciso 2o. de la Constitución, en el artículo 306 del Decreto ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), para contabilizar los periodos de los contralores de los municipios respecto de los cuales el artículo 305 ibidem preveía tal cargo: los dos (2) años principiaban a contarse el primero (1o.) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987) y, en consecuencia, los contralores municipales que estaban ejerciendo ese empleo cuando inició su vigencia la Carta de 1991, gozaban de un periodo que vencía el 31 de diciembre de 1992. Con la Constitución Política de 1991 se inició una nueva era en el Derecho Público Colombiano y se dejó atrás de modo expreso el conjunto normativo de la Carta de 1886 y sus reformas. En efecto -lo declara el Preámbulo de manera solemne- el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, decretó, sancionó y promulgó una nueva Constitución, en cuyo artículo 380 se dijo: "Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación". El artículo 272, inciso 4o., de la Constitución Política preceptúa que a las asambleas "les corresponde elegir Contralor para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso". (subraya la Corte). El primer punto que surge con claridad de la norma transcrita, es el de que los Contralores serán elegidos para periodo igual al del Gobernador o Alcalde. En el caso materia de revisión -Contralor Departamental- debemos referirnos al periodo de los gobernadores. Tenemos entonces que remitirnos al artículo 303, inciso 1o., de la Constitución en cuya parte final se lee: "... los gobernadores serán elegidos para periodos de tres años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente". No cabe duda acerca de que el periodo de los contralores departamentales, que debe ser igual al de los gobernadores, es, por lo tanto, de tres (3) años (artículo 272, inciso 4o., y 303, inciso 1o., de la Constitución Política). Cabría preguntar ahora desde cuándo se inicia el periodo de los contralores departamentales según la nueva Constitución. De la lectura del citado artículo 272, inciso 4o., cuando dispone que los contralores serán elegidos "... para periodo igual al del gobernador o alcalde, según el caso..."(subraya la Corte), surge la indudable consecuencia de que los periodos de gobernadores y contralores departamentales deben principiar y culminar al mismo tiempo. Veamos: El conocido principio de interpretación de las normas jurídicas, a partir del "efecto útil" de éstas, enseña que, entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero. Si se procede usando este criterio, las palabras "según el caso", pertenecientes al artículo 272 de la Constitución, habrán de tener algún significado en relación con el tema objeto de controversia y, por ende, se precisa establecerlo en relación sistemática con otras normas constitucionales, rechazando las hipótesis que carezcan de sentido. Con ese propósito y si se tiene claridad en lo tocante al periodo de los gobernadores, que es de tres (3) años, debe consultarse el artículo 314 de la Constitución, relativo al periodo de los alcaldes municipales, para verificar si se trata de dos periodos de duración distinta, pero allí se encuentra que los alcaldes municipales serán elegidos popularmente "... para periodos de tres años...", esto es, el mismo de los gobernadores. Pues bien, de conformidad con el artículo 16 transitorio de la Constitución, la primera elección popular de gobernadores se debía celebrar, como en efecto ocurrió, el 27 de octubre de 1991 y los gobernadores elegidos tomarían posesión, como en realidad lo hicieron, el 2 de enero de 1992. Es decir que su periodo de tres (3) años se inició -y lo tenía previsto así el Constituyente- el 2 de enero de 1992. Respecto de los alcaldes municipales, sabido es que su periodo, según lo dispuesto en el artículo 1o. de la ley 78 de 1986, se inicia el 1 de junio de 1992 para los elegidos el 8 de marzo pasado y que, tal como se deduce del artículo 19 transitorio, en armonía con el 314 de la Constitución Política, a partir de 1995 el periodo de los alcaldes se iniciará el 1 de enero cada tres (3) años. Quiere decir lo anterior que, al promulgarse la Constitución de 1991, la fecha de iniciación del primer periodo de los gobernadores y los alcaldes no estaba unificada; tales periodos empezaban en fechas distintas: 2 de enero de 1992 y 1 de junio de 1992, respectivamente. Al ser idéntico ese periodo de Gobernadores y Alcaldes -3 años- pero ser diferente la fecha de iniciación para cada uno de ellos, la expresión "según el caso" utilizada en el artículo 272, inciso 4o., no puede referirse sino a éste último aspecto, es decir, a la fecha de iniciación del periodo de gobernadores y alcaldes, pues si hiciera alusión a aquél no habría distinción alguna, dada la igual duración de los periodos y sobraría la expresión aclaratoria del precepto en estudio.  Ello significa que la finalidad de la norma es hacer coincidir en el tiempo los periodos de los gobernadores y los de sus correspondientes contralores departamentales, así como los de los alcaldes y sus respectivos contralores. Coincide, pues, el criterio de la Corte con el de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que, en el ya mencionado concepto del 10 de septiembre de 1991, con ponencia del Doctor Jaime Betancur Cuartas, había expresado que "del examen de estas normas se infiere que el periodo de los contralores departamentales, se igualó al de los gobernadores, no sólo en su duración sino en la coincidencia de la iniciación del mismo, y por ello los tres años deben contarse a partir del 2 de enero de 1992. Lo cual permite concluír que, por expresa disposición de la Constitución, el periodo de los contralores departamentales de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 190 de la anterior Carta Constitucional y el lapso durante el cual se contaba, que termina el 31 de diciembre de 1992 (art. 246, Decreto 1222 de 1986), fueron modificados y, por lo mismo, debe darse aplicación a las nuevas disposiciones constitucionales". Obsérvese cómo, en algunos casos en los cuales, dada la nueva normatividad, podía llegar a crearse duda en torno a la continuidad en el cargo por parte de un funcionario cuyo periodo ya se había iniciado al entrar en vigencia la Constitución, ésta previó en sus artículos transitorios la disposición aplicable en relación con el periodo. Así sucedió, por ejemplo, con los cargos del Registrador Nacional del Estado Civil, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación (artículos 33 y 36 transitorios de la Constitución). Ciertamente no parecía necesaria una previsión semejante en el asunto que nos ocupa, dada la claridad meridiana del artículo 272, inciso 4o., de la Constitución. De todo lo expuesto se colige que a los contralores departamentales elegidos en 1990 y cuyo periodo debía vencerse el 31 de diciembre de 1992, éste se les terminó anticipadamente, al entrar en vigencia una nueva Constitución Política que introdujo la modalidad de periodos iguales en su duración y coincidentes en su iniciación, para gobernadores y contralores departamentales. - Se ha alegado, por parte de algunos de los peticionarios, la posible violación de sus derechos adquiridos en cuanto la elección efectuada por la correspondiente Asamblea Departamental impidió que culminara el periodo para el cual fueron inicialmente elegidos. A este respecto, considera la Corte que la fijación de periodos para el desempeño de ciertos cargos no ha sido concebida en beneficio exclusivo de la persona a quien se ha investido de la función pública, sino en razón de los requerimientos de ésta última, uno de los cuales consiste en la necesidad de armonizar la relativa estabilidad de una gestión, para que alcance a culminar o, cuando menos, a planificar objetivos de beneficio común, con la indispensable renovación en la titularidad de esos cargos, para ampliar las posibilidades de participación. Así se desprende del artículo 123 de la Carta, a cuyo tenor "los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento". Si ello es así, dada la prevalencia del interés general sobre el privado o particular (art. 1o. de la Carta Política), no puede hablarse de derecho adquirido a un periodo determinado si el ordenamiento jurídico, por motivos de interés público, ha resuelto modificar la duración del mismo haciendo concordar su iniciación con las de otros cargos que guardan relación con él. Alrededor del punto hizo una importante distinción la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado cuando, al resolver sobre asunto similar al que se considera, expresó: "Surge de allí una diferencia específica entre las situaciones jurídicas individuales o derechos subjetivos que emanan del derecho privado y las que se derivan de normas de derecho público. Mientras las primeras deben serle respetadas íntegramente a su titular por todos los demás particulares, por la autoridad y por la ley, que no puede vulnerarlos ni desconocerlos sino apenas regular su ejercicio, aquellas que nacen del derecho público son susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la colectividad y de sus necesidades inmanentes de progreso y equilibrio social"[2]. Si lo anterior puede afirmarse de supuestos derechos adquiridos frente a normas de la ley expedidas por motivos de interés general y con base en principios de derecho público, con mayor razón debe entenderse cuando se trata de alegarlos frente a la Constitución, cuyo interés colectivo y eminente naturaleza política no admiten duda, máxime si, como ocurre en la cuestión que se decide, las nuevas normas representan no simplemente una reforma constitucional sino un cambio íntegro en la estructura fundamental del Estado, producido en desarrollo de la voluntad inalienable del Constituyente primario. No debe perderse de vista que la Constitución Política contiene la expresión del poder soberano del pueblo de Colombia, y que ese poder, dado su carácter inalienable, intransferible, inenajenable y autónomo, no puede supeditarse al beneficio o a los intereses de una persona individualmente considerada. - No se extiende la Corte en consideraciones sobre el argumento, que tan definitivo parece a algunos de los actores y jueces, relativo al hecho de haber sido negada en la Asamblea Constituyente una propuesta de artículo transitorio en la que se expresaba que las asambleas deberían elegir nuevos contralores en noviembre de 1991 para iniciar sus periodos en enero de 1992, por cuanto el argumento subjetivo, habida cuenta de la coincidencia de principios de interpretación jurídica en el sentido que se deja expuesto, parece inócuo en el punto que se debate. En efecto, por una parte, las normas jurídicas y con mayor razón la Constitución, se independizan del querer de sus autores y adquieren vida propia y sentido autónomo desde el momento en que comienzan a regir, siendo el subjetivo apenas uno de los criterios existentes para buscar ese sentido, complementario mas no único ni decisivo, sin que resulte pertinente su utilización cuando la claridad del texto que se examina, los criterios sistemático, teleológico y contextual de interpretación arrojan suficiente luz sobre el significado de aquél. Pero, además, aun recurriendo al expresado método interpretativo en el asunto materia de este fallo, nada hay en el conjunto de antecedentes del artículo 272 de la Constitución que permita atribuír a los constituyentes, por la sola negativa del proyecto de marras, el deliberado propósito de postergar la elección de nuevos contralores departamentales hasta la culminación del periodo de quienes se venían desempeñando en tales cargos. Así, por ejemplo, tomando en consideración lo que ya habían plasmado en el precepto constitucional y la igualdad de duración de los periodos de contralores y gobernadores, bien podría pensarse, con no menor validez, que los constituyentes juzgaron innecesaria la inclusión del artículo propuesto, por entenderlo implícito en el 272 aprobado. - De ninguna manera halla la Corte que se haya golpeado o amenazado por las asambleas el derecho al trabajo de los demandantes de tutela, porque, si no fuera suficiente lo que se acaba de puntualizar, debe expresarse que los cuerpos a los cuales concernía elegir no hicieron sino acatar una obligación constitucional. Por tanto, tampoco infringieron, por el solo hecho de la elección, las reglas del debido proceso. - Llama la atención de esta Corte el argumento esgrimido por el Juez Cuarto Penal Municipal de Villavicencio, quien al decidir en primera instancia sobre la acción de tutela instaurada, expresa: "Por estas someras concideraciones (sic) concluye el Despacho que el acto administrativo emanado de las asambleas departamentales donde se nombró a los Contralores Departamentales para el periodo, comprendido entre el Primero de Enero de 1991 y 31 de Diciembre de 1992 se encuentra vigente, porque se emitió con fundamento en normas positivas vigentes y que no han tenido ninguna variación; Esto es que se mantienen incólumes en toda su extensión, ya que no existe ley que reglamente el nombramiento de Contralores para el periodo de tres años, creado en la nueva Constitución Nacional". Son varias las imprecisiones conceptuales y las referencias erróneas que se advierten en el párrafo transcrito. Sin embargo, esta Corte se referirá únicamente a dos de ellas: 1) La que afirma que se encuentran vigentes las normas con fundamento en las cuales las asambleas departamentales eligieron contralores para el periodo comprendido entre el 1o. de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1992. A este respecto, basta recordar que la Constitución Política es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica -como pueden ser los decretos, las ordenanzas y los acuerdos-, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Esa Carta Política, desde su entrada en vigencia, derogó de modo expreso (art. 380) la Constitución anterior, uno de cuyos preceptos, el artículo 187, numeral 8o., contemplaba como función de las asambleas la de elegir contralores departamentales para periodos de dos años, al paso que el artículo 272 y sus normas concordantes establecieron las nuevas reglas del juego en la materia. Ello muestra que es mayúsculo el desacierto en que incurre el fallador al sostener que se trata de "norma positiva vigente y que no ha tenido ninguna variación". 2) La que insiste en que las normas sobre las cuales se fundó la corporación administrativa para elegir Contralor en 1990, "se mantienen incólumes en toda su extensión, ya que no existe ley que reglamente el nombramiento de contralores para el periodo de tres años, creado en la nueva Constitución". Esta aseveración resulta aún más grave que la anterior, en cuanto abiertamente desconoce la vigencia de la Constitución. El pretexto usado para ese desconocimiento, cual es la supuesta falta de desarrollo legal, es completamente infundado, toda vez que en esta materia la Carta Política no condicionó de manera alguna su aplicación y menos aún prolongó la vigencia de las disposiciones derogadas. IV. DECISION Por las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 12 de Instrucción Criminal radicado, de Quibdó (Chocó), fechada el 27 de diciembre de 1991, mediante la cual se resolvió acerca de la acción de tutela instaurada por el ciudadano EUCLIDES LOZANO LEMUS. Segundo. CONFIRMAR la sentencia emanada del Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga (Santander), fechada el 30 de diciembre de 1991, por la cual se resolvió sobre la acción de tutela instaurada por el ciudadano GERMAN ORDOÑEZ PLATA. Tercero.  CONFIRMAR el fallo proferido por el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), por medio del cual se revocó en todas sus partes la sentencia dictada por el Juez Tercero Penal Municipal de esa ciudad, en relación con la demanda de tutela instaurada por GONZALO FIERRO CASTILLO. Cuarto.  CONFIRMAR el fallo originario del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán (Cauca) con fecha 18 de diciembre de 1991, mediante el cual se decidió sobre la acción interpuesta por NESTOR ALAIN VILLEGAS CANDELA. Quinto. REVOCAR los fallos que, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por VICTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO, pronunciaron los jueces Cuarto Penal Municipal y Segundo del Circuito de Villavicencio (Meta), con fechas 30 de diciembre de 1991 y 27 de enero de 1992. Sexto. CONFIRMAR el fallo del Tribunal Superior de Riohacha (Guajira) de fecha 27 de enero de 1992, mediante el cual, a su vez, se confirmó el de primera instancia dictado por el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal radicado, de esa misma ciudad, en diciembre 24 de 1991, relativo a la acción de tutela instaurada por el ciudadano ALVARO BALLESTEROS MEDERO. Séptimo. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta (Magdalena), el 7 de febrero de 1992, que a su vez confirmó la proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de la misma ciudad con fecha 23 de diciembre de 1991, relativa a la acción de tutela instaurada por el ciudadano ARMANDO ANTONIO BACA MENA. Octavo. Por la Secretaría líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Presidente de la Sala- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado [1] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación No. 399. Concepto del 10 de septiembre de 1991. Consejero Ponente: Dr. Jaime Betancur Cuartas [2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4a., sentencia de marzo 20 de 1970. Consejero Ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.

T-002-92 SENTENCIA No SENTENCIA No. T-002/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación/JUEZ DE TUTELA/DERECHO A LA EDUCACION/AUTONOMIA      UNIVERSITARIA El hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título de los derechos fundamentales y excluír cualquier  otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el constituyente de 1991. El juez de tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalística o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una "especial labor de búsqueda" científica y razonada por parte del juez. DERECHO A LA EDUCACION/AUTONOMIA UNIVERSITARIA Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona. El principio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leído en el marco del artículo 2, por ser la primera una norma orgánica mientras que este último es un principio material que irradia toda la Constitución. La educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero no negada en su núcleo esencial. REF.: Expediente No. T-644 Peticionaria: Pastora         Emilia Upegui Noreña Procedencia: Tribunal        Superior del Distrito                                                             Judicial de Pereira    (Risaralda) Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ        CABALLERO Santafé de Bogotá,D.C. mayo ocho (8) de mil novecientos noventa y dos (1992) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela, identificado con el número de radicación T-644, adelantada por Pastora Emilia Upegui Noreña. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la selección de la Acción de Tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Solicitud PASTORA EMILIA UPEGUI NOREÑA confirió poder al abogado LUIS ANGEL VELASQUEZ GARCIA para presentar ante el Juez de Instrucción Criminal (reparto) de Pereira una petición de tutela para la protección de un derecho. Se fundamenta la solicitud en el hecho de que la peticionaria inició estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira en el año de 1977 y, a causa de inconvenientes personales, suspendió estudios para reingresar luego en 1985. En el segundo semestre de 1989, la peticionaria reprobó por tercera vez la materia Matemáticas IV, razón por la cual fue excluída de la Universidad y no fue aceptada la solicitud de reintegro al mismo programa. Considera la accionante que la negativa por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, de no acceder a su petición, aunque sustentada en el Reglamento Universitario, le ocasionó graves perjuicios materiales y morales. A la solicitud de Tutela la accionante presentó como anexos: 1. Oficios de la Universidad Tecnológica de Pereira No. 068302 y 036569. 2. Certificado de conducta expedido por la Universidad Tecnológica de Pereira. 3. Historial académico expedido por la Universidad Tecnológica de Pereira. La solicitud de tutela se fundamentó en los siguientes artículos de la Constitución: 4o. (supremacía de la Constitución y obligación política de obedecerla), 67 (servicio público educativo) y 365 (finalidad social del Estado y de los servicios públicos). 2. Fallos 2.1 Del Juzgado 1o. de Instrucción Criminal de Pereira (Providencia de enero 14 de 1992). En primera instancia, el Juzgado de Instrucción Criminal no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por PASTORA EMILIA UPEGUI NOREÑA, consistente en ordenar a la Universidad Tecnológica de Pereira (U.T.P.) el reintegro para la culminación de sus estudios en la facultad de Ingeniería Industrial. El Juzgado en mención, previamente al fallo, practicó pruebas, tales como la declaración de Pastora Emilia Upegui Noreña, y allegó al expediente el Reglamento de la Universidad. Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado de Instrucción Criminal para denegar la solicitud: 1. Según el Juzgado, el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991 establece que la protección de la acción de tutela es con relación a los derechos constitucionales fundamentales. Estos están regulados en el Título II, Capítulo I, artículos 11 al 41 de la Constitución. En ellos no está consagrada la educación como derecho fundamental. 2. El artículo 67, según el a quo, que se refiere a la responsabilidad que tienen el Estado, la sociedad y la familia frente a la educación obligatoria de los niños y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad, está comprendido en el Capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales. 3. También citó el Despacho anotado que el Reglamento Universitario fue expedido mediante el acuerdo 0029 de 1987 por el Consejo Superior; mediante su artículo 36 establece las causales académicas de retiro del programa de formación que se cursa; específicamente en el literal a) se contempla la situación de haber perdido una misma asignatura en tres (3) periodos lectivos. 4. Para el a quo, el reglamento no es violatorio de la Constitución Política y no impidió la prestación del servicio público de la educación; el Reglamento está concebido para garantizar los derechos y deberes de estudiantes y directivas que conforman la Universidad. 5. Por lo tanto, concluyó el Despacho en su oportunidad, el incumplimiento es sólo atribuible a la estudiante, quien así lo admitió en la declaración que rindió ante el Juzgado de Instrucción Criminal. 2.2 Del Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal (Providencia de Febrero 3 de 1992). En segunda instancia se pronunció el Tribunal Superior sobre la solicitud de impugnación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Consideró el Tribunal que en relación con la ubicación que la educación tiene en el texto constitucional, no queda duda alguna de que ella es un derecho fundamental, no sólo porque aparece como tal en el Título II, Capítulo 1, De los Derechos Fundamentales -al referirse a ella en los artículos 26 y 27 con la libertad de escoger profesión y la libertad de enseñanza-, sino por cuanto está incluída en el Capítulo 2o. del mismo Título de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículos 67, 68, 69 y 70, donde específicamente la contempla como parte de los derechos, las garantías y los deberes. Así, sentada esta premisa, el Tribunal entró a analizar la prueba aportada para decidir sobre la viabilidad o no de la pretensión. En relación con el Reglamento Universitario, el ad quem consideró que aún siendo la educación un derecho fundamental para el ser humano, su ejercicio no puede estar sujeto al juego de las actitudes y voluntades del hombre -del estudiante-, por lo que es elemental que se impongan unas reglas de juego en las que se defina cuáles son las prerrogativas y cuáles las obligaciones de quien imparte instrucción y de quien la recibe. Concluye el Tribunal que en el caso particular se ha desnaturalizado la acción de tutela y utilizado equívocamente para intentar enderezar un "entuerto personal", de común ocurrencia, al cual es ajena la institución de la tutela. Con los anteriores argumentos el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la providencia que por apelación fue revisada, con la aclaración en relación a que el Derecho a la Educación es un Derecho Fundamental. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Consideraciones Generales Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de Revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991. En el caso en estudio se trata de una acción de tutela contra autoridad pública, por cuanto la Universidad Tecnológica de Pereira fue creada mediante la Ley 41 de 1985 (Diario Oficial número 29.847), y en el decreto 1731 de 1983 se adoptó el Estatuto General de la Universidad. Esta Sala de Revisión considera que los temas en controversia, y que serán resueltos, son: a- Si la educación es o no un derecho fundamental. b- Si la decisión de la Universidad Tecnológica de Pereira constituye o no una violación de derechos constitucionales fundamentales. 2. De los criterios para determinar los derechos constitucionales fundamentales Es necesario definir el alcance del artículo 86 de la Constitución, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Con el fin entonces de establecer los derechos tutelables de que trata el artículo 86 de la Constitución, esta Sala de Revisión utilizará dos tipos de criterios que no son concurrentes: los criterios principales y los subsidiarios. 2.1 Criterios principales Los criterios principales para determinar los derechos constitucionales fundamentales son dos: la persona humana y el reconocimiento expreso. El primero contiene una base material y el segundo una formal. 2.1.1 Los derechos esenciales de la persona El primer y más importante criterio para determinar los derechos constitucionales fundamentales por parte del Juez de Tutela consiste en establecer si se trata, o no, de un derecho esencial de la persona humana. El sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona. Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos. Los valores y principios materiales de la persona, reconocidos por la Constitución, están inspirados en el primer inciso del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que dice: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;". Y en otro considerando afirma que: "Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;"1. Los valores y principios materiales de la dignidad, la personalidad jurídica y su libre desarrollo, así como los criterios de la esencialidad, la inherencia y la inalienabilidad, son atributos propios de la persona, reconocidos en la Constitución, así: El Preámbulo de la Carta contiene los valores de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz; y en el cuerpo de la Constitución figuran además la moral social, la riqueza natural y el pluralismo expresado en la diversidad política, étnica y cultural. En los artículos 1o. y 2o. de la Constitución se establece así mismo que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana; y dentro de sus fines esenciales está el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En este sentido, con el fin de verificar si un derecho constitucional fundamental se deriva del concepto de derecho esencial de la persona humana, el Juez de Tutela debe investigar racionalmente a partir de los artículos 5o. y 94 de la Constitución, como se procede a continuación. El artículo 5o. de la Carta establece: "El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad". El artículo 94 de la Constitución determina que: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos". Esta disposición tiene como antecedente la enmienda novena de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Ambos artículos se interpretan a la luz de la Convención Americana de los Derechos del Hombre (norma interpretativa constitucional según el artículo 93 de la Carta). En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", fue aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, ratificado el 31 de julio de 1973 y entró en vigencia el 18 de julio de 1975. Ella es por tanto una norma jurídica vinculante en el derecho interno. Allí se encuentra la idea de que son los atributos de la persona humana lo determinante para establecer la esencialidad de un derecho, cuando en el Preámbulo se dice: "Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos"2 (subrayas fuera del texto). Entonces, se pregunta, Qué es inalienable, inherente y esencial? Podría responderse que inalienable es: "que no se puede enajenar, ceder ni transferir"[1]; inherente: "que constituye un modo de ser intrínseco a este sujeto"; y esencial: "aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente e invariable de un ser"[2]. Estos términos "inalienables" e "inherentes" deben ser entendidos así: algo es inalienable por ser inherente y algo es inherente por ser esencial. Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a si mismo y frente a los demás. Concluyendo se advierte que, como definía Emmanuel Kant, en su libro Fundamento de la Metafísica de las Costumbres[3], ser persona es ser fin de sí mismo. 2.1.2 El reconocimiento expreso del Constituyente La Constitución en un único caso, concretamente en el artículo 44, determinó en forma expresa unos derechos fundamentales,  al referirse a los niños, así: "Son derechos fundamentos de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social...". En ningún otro artículo se encuentra tal referencia tan precisa y por lo mismo no ofrece dificultad en su interpretación, como se observará en el punto 2.2 ordinal d), denominado "los derechos fundamentales por su ubicación y denominación. Este derecho ha sido desarrollado por distintos Pactos Internacionales entre los cuales se destacan: la Declaración de los Niños de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991; y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de Derechos Civiles y Políticos; los Convenios de la O.I.T. número 52, 29, 62; los Convenios de Ginebra números 1 y 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. 2.2  Criterios auxiliares Si bien los criterios principales son suficientes y vinculantes para efectos de definir los derechos constitucionales fundamentales, se reseñan a continuación algunos criterios auxiliares cuyo fin primordial es servir de apoyo a la labor de interpretación del Juez de Tutela, pero que por sí solos no bastan. a) Los Tratados internacionales sobre derechos humanos El artículo 93 de la Carta es el único criterio interpretativo con rango constitucional expreso. Dicho artículo dice: "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia".  Así se reitera en el artículo 4o. del Decreto 2591 de 1991. En este sentido, considera Bobbio que "el fundamento de los derechos humanos, a pesar de la crisis de los fundamentos, está, en cierto modo resuelto, con la proclamación de común acuerdo de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se trata de un fundamento histórico y, como tal, no absoluto: pero el histórico del consenso es el único fundamento que puede ser probado factualmente"[4]. b) Los derechos de aplicación inmediata Nos ocupan ahora el estudio de los derechos establecidos en el artículo 85 de la Constitución. Este artículo enumera los derechos que no requieren de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigibles en forma directa e inmediata. En realidad la especificidad de estos derechos es un fenómeno de tiempo: el hombre llega a ellos de manera directa, sin necesidad de la mediación de un desarrollo legislativo. Es pues, un criterio residual para los efectos que nos ocupan. Para que el artículo 85 de la Constitución no sea inocuo debe leerse como una norma que no condiciona a la mediatización de una ley, la aplicación de los derechos allí enumerados. c) Derechos que poseen un plus para su modificación El artículo 377 de la Constitución es una guía para el Juez de Tutela; en él se establece que unos derechos poseen más fuerza que otros, otorgándoles un plus, cuando dice: "Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1, Título II y sus garantías..., si así lo solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo un cinco por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral...". Este capítulo de derechos tiene una "supergarantía" que le permite condicionar eventualmente su reforma, lo que hace pensar en la naturaleza especial de tales derechos, siguiendo en esto la orientación de la Constitución Española de 1978 en su artículo 168 (a su vez inspirado en el artículo 79-3 de la Ley Fundamental  de Bonn de 1949). d) Los derechos fundamentales por su ubicación y denominación Otro criterio auxiliar de interpretación es la ubicación y denominación del texto para determinar su significado. Es lo que se denomina por la doctrina, para efectos de la interpretación sistemática, los argumentos "sede materiae" y "a rúbrica". El significado de la norma se puede determinar por su ubicación (sede materiae) y/o por su título (a rúbrica). La Constitución está organizada en títulos y capítulos que agrupan temas afines y permiten su estudio. Ahora bien, qué efectos jurídicos tienen los títulos y capítulos en que se divide y denomina la Constitución Política de Colombia? Ante esta pregunta hay dos posibles respuestas. Primera, la que considera que se trata de un criterio principal para la determinación de los derechos constitucionales fundamentales; y la segunda, que acoge los criterios de ubicación y denominación pero sólo les otorga un valor indicativo para el intérprete. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, para resolver este punto, procede a consultar la voluntad del Constituyente a través del método subjetivo. Para ello se acude al Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente que preveía un procedimiento para adoptar normas jurídicas (artículos 40 y 63) y otro trámite distinto para la codificación de dichas normas (39, 43 y 44). Los artículos del Reglamento que consagran el procedimiento para aprobar normas jurídicas, tienen el siguiente contenido: Artículo 40: "Temas nuevos o negados. Durante el segundo debate, la Asamblea podrá ocuparse de asuntos que no fueron considerados en el primer debate o que fueron negados. En tal caso, la aprobación del texto o textos nuevos requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación". Artículo 63: "Número de votos requeridos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 sobre temas nuevos o negados en primer debate, las decisiones de la Asamblea sobre reformas constitucionales se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros que la componen. Las decisiones sobre otros asuntos solamente requerirán la mayoría de los presentes"[5]. Y el trámite para la codificación tiene el siguiente contenido: Artículo 39: Ponencia para segundo debate. La Presidencia nombrará, no más tarde del 3 de mayo de 1991, una comisión especial que codificará los textos aprobados por la Asamblea en primer debate, los integrará por asuntos y materias y elaborará ponencia para segundo debate. En la ponencia que deberá ser entregada antes del 5 de junio de 1991, la comisión explicará con detalle las modificaciones que sugiera". "Artículo 43: Texto único de la Constitución Nacional: La Asamblea ordenará la compilación de sus decisiones en un solo texto de Constitución Nacional que expedirá al terminar el periodo de sesiones". "Artículo 44: "Proclamación del texto final: Aprobado el texto final: Aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará, pero esta sesión no será indispensable para que entre en vigencia la Reforma en la fecha que así se hubiera dispuesto al aprobarla. La sesión de proclamación y la de clausura podrán ser una sola"[6]. Este criterio recoge la tradición colombiana en la materia ya que fue el utilizado en las reformas a la Constitución de 1886 en los años de 1936 (artículo 35 transitorio) y en la de 1945 (artículo E transitorio), donde el Constituyente facultó expresamente al Gobierno Nacional para hacer la codificación de las disposiciones, previo dictamen del Consejo de Estado. Del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye, en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias -títulos y capítulos-, pero que tal tarea no fue aprobada en conjunto, en los términos consagrados en el artículo 44, cuando dice: "Aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará...". Es decir la propia Constituyente tenía claro que una cosa era hacer normas (con fuerza vinculante) y otra la organización y titulación de dichas normas (fuerza indicativa). Fue pues voluntad del Constituyente de 1991 conferir un efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales y en consecuencia, ello es una información subsidiaria dirigida al intérprete. Como se podrá observar, el Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, a diferencia de algunos textos constitucionales de otros países, como es el caso de la Constitución española de 1978 -artículos 14 a 29 y 30.2- y de la Constitución alemana -artículos 2o. al 17 de conformidad con el apartado 3 del artículo 1o.-. En otros países, como por ejemplo en la Constitución de Guatemala de 1985, en el artículo 20, relativo a las disposiciones transitorias, se establece que los epígrafes que preceden a los artículos de la Constitución no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcance de las normas constitucionales. Fuerza concluír que el hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título "de los derechos fundamentales" y excluír cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el Constituyente de 1991. Ahora bien, al no existir una definición constitucional clara en materia de derechos fundamentales, el Legislador en el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991 dispuso: "La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión de esta decisión". (subraya y negrillas fuera del texto). El Legislador, en relación con el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, se fundamentó en lo establecido por el artículo 241 numeral 9o. de la Constitución, que obliga, como una de las funciones de la Corte Constitucional, revisar en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, sin definir los derechos objeto de la Acción de Tutela. Es inocua o gratuita esta omisión del Constituyente? Se responde, siguiendo a Bobbio, que "el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos fundamentales no es el de su justificación sino el de su protección"[7]  "No se trata de saber cuántos y cuáles son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean contínuamente violados".[8] Labor del Juez de Tutela en la búsqueda de los derechos constitucionales fundamentales. El Juez de Tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalista o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una "especial labor de búsqueda", científica y razonada por parte del Juez. El Juez está frente a lo que la doctrina denomina un "concepto jurídico indeterminado": los derechos constitucionales fundamentales, que pueden ser o no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera o de otra, pero siempre su sentido se define bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Para el profesor García de Enterría, introductor de la noción "concepto jurídico indeterminado", la "valorización política de la realidad podrá acaso ser objeto de una facultad discrecional, pero la realidad como tal, si se ha producido el hecho o no se ha producido y cómo se ha producido, esto ya no puede ser objeto de una realidad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido o determinar que algo ha ocurrido si realmente no ha sido así".[9] Esta indeterminación sin embargo, no le permite al juez actuar total y absolutamente libre. La interpretación del caso particular se mueve dentro de parámetros establecidos por la propia Constitución. El Juez debe buscar, como lo dice el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza del derecho fundamental que permita su tutela. Es entonces en la naturaleza, en el estudio de su esencia, en donde el Juez descubre si está frente a un derecho fundamental. La labor que realiza el Juez de Tutela es de verificación; él no crea el derecho fundamental, lo desentraña y verifica. Esta "teoría de la verificación" también es desarrollada por Dworkin sobre la figura del Juez modelo, capaz de encontrar racionalmente la solución justa. "El Juez no tiene una función creadora, sino garantizadora de los derechos".[10] De conformidad con los criterios expuestos se concluye que cobra gran importancia la labor de interpretación del Juez, al asumir un serio compromiso impuesto por la filosofía que orienta la nueva Constitución, pues solamente mediante el análisis crítico y razonable se pueden encontrar los parámetros justos en la comparación entre los hechos expuestos y la norma constitucional. Ahora bien, la Jurisdicción de Tutela en Colombia comprende a todos los jueces, pues a diferencia de ordenamientos de otros países en donde sólo la Corte o el Tribunal Constitucional se pronuncian sobre el Derecho de Amparo, institución que guarda semejanzas pero también diferencias con la tutela. En nuestro sistema todos los jueces sin distinción de jerarquía tienen competencia en materia de tutela. Esta Jurisdicción es llamada por el constitucionalismo contemporáneo la "Jurisdicción de la libertad". 3. La educación como derecho fundamental Determinados ya los criterios para la búsqueda y verificación de los derechos constitucionales fundamentales en general, y ante la presencia de una sentencia de tutela sobre el derecho a la educación, cabe entonces preguntarse, es la educación un derecho fundamental? Para ello bastará con hacer una lectura de este derecho a la luz de los criterios expuestos en acápites anteriores, a saber: a) Los derechos esenciales de la persona "El fin de la Constitución es asegurar a la persona el logro de unos valores, entre los cuales se encuentra, en el Preámbulo, el conocimiento. El artículo 67 reconoce que la educación es un derecho de la persona y que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (subrayas fuera del texto). El conocimiento, de conformidad con la definición de Santo Tomás de Aquino, es cualquier acto vital en que un ser intelectual o sensitivo como sujeto cognocente se dá cuenta de algún modo de un objeto[11]. El conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia; él hace parte de su dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es decir para llegar a ser fin de sí mismo. Como dice Umberto Eco, la lectura (como un medio para acceder al conocimiento) es una necesidad biológica de la especie. El hombre nace y muere, y entre lo uno y lo otro la educación ocupa un lugar primordial en su vida y logra que permanezca en un constante deseo de realización. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha sido un hacedor de cosas y un constante transformador de la naturaleza, llegando a dominarla, sometiéndola y poniéndola a su servicio. Para lograrlo posee el conocimiento como su mayor riqueza. Así se refería Platón en los Diálogos acerca de la verdadera riqueza del hombre: "En tal Estado sólo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad".[12] La educación por su parte es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Constitución. Ello puesto que en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona. Ahora bien, la cultura fue tan valiosa al Constituyente que ella permite deducir en la Carta Fundamental la noción de Constitución cultural, de que habla Pizzorusso en sus Lecciones de Derecho Constitucional.[13]. En efecto, una lectura sistemática a lo largo de la Carta permite deducir el concepto de Constitución Cultural, a partir de las siguientes disposiciones: se funda principalmente en el Preámbulo, en los artículos 1o., 5o. y 7o. de la Constitución y se desarrolla en los artículos: 8o. (protección de la riqueza cultural y natural de la Nación), 10 (idioma, lenguas y dialectos), 13 (igualdad), 14 (personalidad jurídica), 18 (libertad de conciencia), 20 (libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones), 26 (libertad de profesión u oficio), 27 (libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 40 (derechos políticos), 41 (pedagogía constitucional), 42 (educación de los menores e impedidos), 44 (derechos fundamentales del niño), 45 (educación del adolescente), 47 (rehabilitación para los disminuídos físicos, sensoriales y síquicos), 52 (educación física), 53 (capacitación y adiestramiento de los trabajadores), 54 (la formación y habilitación profesional y técnica de los trabajadores), 61 (propiedad intelectual), 63 (protección del patrimonio arqueológico de la Nación), 67 (función social de la educación), 68 (establecimientos educativos), 69 (autonomía universitaria), 70 (promoción y fomento a la cultura), 71 (búsqueda del conocimiento y la expresión artística), 72 (patrimonio cultural de la Nación), 150.8 (leyes sobre la inspección y vigilancia), 189.21 (inspección y vigilancia de la enseñanza por el Ejecutivo), 189.27 (patente temporal a los autores), 300.10 (regulación de la educación por las Asambleas Departamentales), 311 (el municipio y la cultura), 336 (rentas destinadas a la educación), 356 (situado fiscal con destino a la educación), 365 (servicios públicos) y 366 (la educación como objeto fundamental del Estado). b) Por reconocimiento expreso. También se llega a la conclusión de que la educación es un derecho fundamental por la vía del argumento de los derechos constitucionales fundamentales por reconocimiento expreso. En efecto como ya se mencionó, el artículo 44 de la Constitución contiene la educación como uno de los derechos constitucionales de los niños y agrega que "la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos". De la simple lectura se comprende su sentido según el cual la educación es un derecho fundamental de los niños. La fundamentalidad del derecho a la educación, sin perjuicio de lo anterior, también puede constatarse en los criterios auxiliares, así: a- Los tratados internacionales sobre derechos humanos El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: "(1). Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación". Este Pacto -aprobado por Colombia mediante la ley 74 de 1968- entró en vigencia el 29 de octubre de 1969. Esta norma tiene como fuente la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 26, que consagra: "(1). Toda persona tiene derecho a la educación"[14]. Allí se establece que la educación -tema que nos ocupa- debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. b- Los derechos de aplicación inmediata El artículo 85 cobija los artículos 13, 26 y 27 de la Constitución como derechos de aplicación inmediata. Todos ellos están relacionados con la educación. El artículo 13, porque la igualdad de oportunidades se logra mediante la igualdad de posibilidades que ofrece la educación. El artículo 26, porque en la libertad de escoger profesión u oficio está implícito el derecho a la formación. Y en el artículo 27, por cuanto los términos libertad de enseñanza, de aprendizaje, investigación y cátedra son consecuencia del derecho a la educación, la cual los antecede. c) Derechos que poseen un plus Los artículos 13, 26 y 27 de la Constitución se encuentran dentro del Capítulo 1, Título II de que trata el artículo 377. d) por la ubicación y titulación Los argumentos expuestos en el caso del artículo 377 de la Constitución son también válidos en esta materia. 4. La educación como derecho-deber El artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación primordialmente es una función social. Este concepto de función social tiene su origen en los Estudios sobre la Transformación del Estado de León Duguit, que sostenía que: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento."[15]. De la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como "derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural. Respecto de los derechos fundamentales, "ellos -escribe Maciá Manso-, tienen además la particularidad de que no sólo son derecho en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma. Pues la persona no sólo debe respetar el ser personal de otro, sino que también ella debe respetar su propio ser".[16] Peces-Barba, en su libro Escritos sobre Derechos Fundamentales, considera al respecto lo siguiente: "Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto a esas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos. El caso más claro de esta tercera forma de protección de los derechos económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación correlativo de la enseñanza básica obligatoria".[17]. Ahora bien, siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona. Este concepto se deduce claramente del artículo 34 de la Constitución, al prohibir las penas perpetuas. Dicho carácter limitativo de las sanciones se extiende a todo el ordenamiento jurídico en general (excepto la sanción establecida en el artículo 122 de la Carta) y en especial a la esfera educativa. Es de advertir que contra esta tesis no se podría alegar la autonomía universitaria con el pretexto de desconocer un derecho constitucional fundamental, como lo es la educación. La organización y funcionamiento del Estado persigue los fines esenciales que traza el artículo 2o., cuando dice: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Por lo tanto el principio de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leído en el marco del artículo 2o., por ser la primera una norma orgánica, mientras que este último es un principio material que irradia toda la Constitución. En otras palabras, la educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero no negada en su núcleo esencial. Siguiendo a Peter Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas.[18]. 5. Consideraciones en relación con el caso particular. Hechos los análisis anteriores sobre derechos constitucionales fundamentales y específicamente sobre el derecho a la educación, entra esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional a revisar el fallo de tutela de segunda instancia. El artículo 86 de la Constitución contempla como uno de los principales requisitos para la protección a través de la acción de tutela, el hecho de que el derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado. Razón por la cual, en el caso que ocupa a esta Sala de Revisión, se debe analizar la posible amenaza o vulneración del derecho fundamental a la educación. De las pruebas aportadas al expediente se concluye que la actora no cumplió con el reglamento de la Universidad Tecnológica de Pereira que establece en el artículo 55: "son deberes de los estudiantes: ...c) cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución". Así lo admitió la petente en declaración rendida ante el Juzgado de Instrucción Criminal de Pereira. Así, con fundamento en el incumplimiento del reglamento, la Universidad Tecnológica de Pereira decidió no aceptar la solicitud de reintegro de la peticionaria. Obra en el proceso la comunicación de mayo 10 de 1990, mediante la cual se avisó a la alumna que, de acuerdo con el artículo 36 del reglamento, había perdido el derecho a la matrícula en el programa de la facultad de Ingeniería Industrial; en la misma comunicación se invita a la estudiante a realizar sus aspiraciones académicas en otros programas de la propia universidad. Observa esta Sala de Revisión que, teniendo en cuenta la fundamentalidad del derecho, éste se puede condicionar en su ejercicio, mas no ser extinguido. Este concepto lo desarrolla el reglamento de la Universidad Tecnológica de Pereira en su artículo 39, que dice: "el estudiante que por causas académicas quede por fuera de un programa de formación, podrá ingresar a otro, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para los aspirantes". No existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho fundamental a la educación porque con la reprobación de una asignatura en varias oportunidades, la peticionaria perdió el derecho a continuar sus estudios en ese programa concreto, sin perjuicio de iniciar, en igualdad de condiciones a los demás estudiantes, un programa de estudios distinto del cual fue excluída. Por lo tanto, la Universidad Tecnológica de Pereira, al reglamentar el programa de formación académica que cursaba Pastora Emilia Upegui Noreña, encauzaba la educación en tanto que deber mas no la desconocía en su núcleo esencial. Se confirmará de esta forma el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda), con las aclaraciones formuladas en los considerandos. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE CONFIRMAR la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda), en Sala de Decisión Penal, de fecha febrero 3 de 1992, por las razones expuestos en esta Sentencia. Cópiese, pubíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y envíese al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala Penal-. Dada en Santafé de Bogotá, a los ocho (8) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado 1 Los Derechos Constitucionales.. Fuentes Internacionales para su interpretación. Consejería para el desarrollo de la Constitución. Presidencia de la República 1992 Pág. 714 2PACHECO GOMEZ, Máximo. Los Derechos Humanos. Documentos Básicos. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1967. Pág. 189 [1]Definición del Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Tomo II. Buenos Aires. 1986, pág. 286. [2]Definiciones del Diccionario General Ilustrado de la lengua española "Vox". Editorial Bibliograf. Barcelona. 1967 [3]KANT, Emmanuel. Fundamento de la Metafísica de las Costumbres. Editorial Artes Gráficas. Barcelona. 1951. págs. 514 y 515. [4]BOSSIO, Norberto. Presente y Porvenir de los Derechos Humanos, en "Anuario de Derechos Humanos"(1991). pág. 11 [5]Gacetas Constitucionales números 13 y 66, correspondientes a los días marzo 1 y mayo 3 de 1991. [6]Ibídem. [7]BOBBIO. Norberto. L'ilusión du fondement absolu, en A.A. V.V., Les fondements des droit de L,homme.Actes des entretiens de L"Aquila (14-19 septiembre 1964) (Firenze 1966). Institut International de philosophie. La Nueva Italia. Pág. 5 y ss. Hay traducción española sobre el fundamento de los derechos del hombre, en Sánchez de La Torre Angel. Textos y documentos sobre derecho natural. 2 Ed. Madrir 1974. Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, pág. 337 y ss. Presente y porvenir de los derechos humanos (1961) pág. 7 y ss. Estos dos textos se encuentran recopliados en el Libro del mismo autor: el problema de la guerra y las vías de la paz (Barcelona 1982), Gedisa. Pág. 117 y 129 y ss. [8]BOBBIO, Norberto. Presente y porvenir ...Ob. cit. pág. 9 [9]GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La Lucha contra las inmunidades del Poder. Cuadernos de Civitas. Tercera edición. Editorial Civitas S.A. Madrid 1983 págs. 31 y 32 [10]Estudios sobre la Constitución Española.Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Tomo I. El ordenamiento jurídico. Editorial Civitas S.A. Madrid 1991. Pág. 94 [11]BRUGGER, Walter. Diccionario de Filosofía, Editorial Herder. 1967 [12]PLATON. Diálogos. Tomo I. La República. Ediciones Universales.Bogotá. Libro Séptimo Pág. 242. [13]Crf. el concepto de "Constitución Cultural"en Lecciones de Derecho Constitucional. Alessandro Pizzorusso. Tomo I. Capítulo XIII, págs. 193-194. [14]Los Derechos y Libertades Fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo. Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, pág. 83. [15]DUGUIT, León. Las Transformaciones Generales del Derecho Pivado desde el Código de Napoleón. Ed. Librería Española y extranjera. Madrid 1920 págs. 36 y 37 [16]MACIA-MANSO. Citado por HOYOS CASTAÑEDA, Ilva Myriam. El Concepto de Persona y los Derechos Humanos. Editorial Universidad de la Sabana. Facultad de Derecho. Colección Jurídica No. 2. Santa Fé de Bogotá 1991. Pág. 156. [17]PECES-BARBA. Gregorio. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudema Universidad. Madrid. 1988. pág. 209. [18]HäBERLEN,Peter. El Contenido Esencial como Garantía de los Derechos Fundamentales.

T-003-92 Sentencia No Sentencia No. T-003/92 DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA/DERECHO AL EJERCICIO DE CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS/ELECCION Y POSESION DEL CARGO/NOMBRAMIENTO/POSESION DEL CARGO Para que el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas pueda ejercerse de manera efectiva es indispensable que concurran dos elementos exigidos por la Carta: la elección o nombramiento, acto condición que implica designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o Corporación competente, en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo, y la posesión, es decir, el hecho en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones, deberes y responsabilidades, bajo promesa de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la Ley. CONTRALOR DEPARTAMENTAL-Periodo Como la Constitución Política instauró un nuevo periodo para los Contralores Departamentales el cual se quiso hacer equivalente al de los Gobernadores tanto en su duración como en su iniciación, la Asamblea Departamental estaba en el deber de elegir nuevo Contralor para que principiara a desempeñar su cargo en forma simultánea con el Gobernador y, si en realidad así lo hizo en esta ocasión, radicó en cabeza de la elegida el derecho fundamental protegido por el artículo 40 numeral 7, de la Constitución, generándose dos deberes correlativos; el del Gobernador del Departamento, consistente en dar posesión a la elegida si cumplía los requisitos legales y el de ésta en el sentido de tomar esa posesión para entrar a desempeñar sus funciones. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Objeto El objeto de los procesos contencioso administrativos en curso no es el de la posesión que a la peticionaria se ha negado, sino el de la legalidad del acto electoral, y además por cuanto no puede llamarse medio de defensa judicial, en los términos del artículo 86 de la Constitución, a la posibilidad de comparecer, como parte demandada o en calidad de tercero, dentro de un proceso cuyas resultas, como en el presente caso, en nada garantizarían -aún si fuesen favorables a quien solicita la tutela- el propósito inmediato de ésta, el cual reside en evitar que el derecho sea ficticio. ACCION DE TUTELA-Naturaleza Se está frente a un caso típico de aquellos que el constituyente pretendió regular, toda vez que las circunstancias fácticas analizadas encajan perfectamente dentro de los caracteres esenciales de la tutela, la subsidiariedad y la inmediatez, la primera por cuanto no existe mecanismo alternativo para la defensa del derecho y la segunda porque la resolución pronta de la acción de tutela resulta indispensable para que no siga transcurriendo el periodo sin una certidumbre de la peticionaria sobre el ejercicio que dentro de él le corresponde mientras su elección goce de la presunción general de validez. -Sala de Revisón No. 3- Ref.: Acción de Tutela T-309 LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE contra    Gobernador del Huila Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No. 3 en Santafé de Bogotá, D.E.,  a los once (11) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar la sentencia de tutela proferida, en el asunto de la referencia, por el Juez Cuarto Penal Municipal de Neiva (Huila). I. INFORMACION PRELIMINAR El treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), por acto de la Asamblea Departamental del Huila, fue elegida la doctora LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE para desempeñar el cargo de Contralora Departamental durante el periodo 1992-1994.  En la comunicación sobre elección, la Asamblea le informó que "su posesión e iniciación será la fecha que determine la ley reglamentaria" (Sic). El Gobernador del Huila se negó a dar posesión a la ciudadana electa, quien resolvió hacerlo entonces ante dos testigos, protocolizando esta posesión en la Notaría Primera del Círculo de Neiva, según escritura pública No. 10 del 8 de enero de mil novecientos noventa y dos (1992). Mediante comunicación del nueve (9) de enero, el Gobernador del Departamento manifestó que, de conformidad con el artículo 248 del Decreto 1222 de 1986, únicamente el Gobernador puede dar posesión al Contralor Departamental y que, ante la situación de un Contralor en ejercicio y la pretensión de la señora MOTTA DE MANRIQUE de ejercer el mismo cargo, el gobierno se atendría a cuanto decidiera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La señora MOTTA DE MANRIQUE ejerció acción de tutela ante el juez Municipal de Neiva (Reparto), invocando su derecho-deber fundamental y específico de desempeñar las funciones del cargo de Contralor General del Departamento (artículos 268 y 272 de la Constitución Política), en armonía con su derecho fundamental al trabajo (artículo 25 ibidem), por considerar que la conducta del Gobernador vulneraba sus derechos y que, además, le causaba perjuicio irremediable, dada la certeza y concreción del periodo para el cual fue elegida. La peticionaria adujo en su favor el concepto del Consejo de Estado -Sala de Consulta y Servicio Civil- de fecha diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), así como lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena del doce (12) de septiembre del mismo año, que muestran criterios coincidentes de los dos tribunales en el sentido de que las normas constitucionales en esta materia son de aplicación inmediata y en torno a que el periodo de tres (3) años para los contralores departamentales debería iniciarse el dos (2) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992). La accionante solicitó al Juez que ordenara al Gobernador del Huila garantizarle su derecho y tomar las medidas necesarias para que ella pudiera ejercer la integridad de sus atribuciones como Contralora del Departamento. II. LA DECISION JUDICIAL EN REVISION Correspondió la decisión de la presente acción de tutela, al Juez Cuarto Penal Municipal de Neiva, cuyo fallo, de fecha veintisiete (27) de enero del presente año, se funda en las siguientes razones: 1. Invoca los artículos 86 de la Constitución Nacional, 6o. y 8o. del Decreto 2591 de 1991 en los cuales, entre otras disposiciones, se establece que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. En el presente caso, según la sentencia, resulta improcedente dicha acción toda vez que se está a la espera del fallo de fondo de una autoridad judicial. En efecto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila informó mediante oficio que ante ese organismo se estaban ventilando varios procesos de nulidad relacionados con la elección de LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE como Contralora del Departamento. 2. Considera que, si su Despacho entrare a resolver estando pendiente la decisión del Tribunal, estaría usurpando funciones de ese órgano jurisdiccional, violando así el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución y causando un caos, al despojar de seguridad jurídica a las determinaciones judiciales. 3. Expresa que la actora hizo uso de la acción de tutela para que se le protegiera un derecho de índole laboral. Sobre el particular, el juez se apoya en sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, del 24 de enero de 1992, en la cual se dijo que el trabajo, si bien es cierto forma parte de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, también lo es que, por disposición del artículo 85 de la Carta, no se encuentra dentro de los de aplicación inmediata y, por tanto, su efectividad debe lograrse en los términos que señala la ley. 4. Estima que la actora cuenta con los medios de defensa judicial, sin que pueda entenderse que el perjuicio alegado sea irremediable por cuanto la accionante puede pedir el reintegro al servicio y el pago de lo dejado de percibir. Puesto que el fallo no fue objeto de impugnación dentro del término legal, el juez de conocimiento lo envió a esta Corte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia Esta Corporación es competente para revisar la sentencia antes relacionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2. Observaciones previas Efectuará la Corte esta revisión, partiendo de premisas ya consignadas por ella en sentencia del 3 de abril último, las cuales se estiman aplicables al asunto materia de examen, con el propósito de definir respecto de él cuáles son los alcances y los límites de la acción de tutela: "Es la tutela un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales cuando, en el caso concreto de una persona, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en esta última hipótesis en los casos que determine la ley, tales derechos resulten vulnerados o amenazados sin que exista otro medio de defensa judicial o, aún existiendo, si la tutela es usada como medio transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable. Se trata, entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos de índole formal y en la certeza de que obtendrá oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que, en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2o. Const. Pol.). Tiene, pues, esta institución, como dos de sus caracteres distintivos esenciales (los de mayor relevancia para efectos de considerar el tema que ahora se dilucida) los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3, Constitución Política); el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza"1 Ahora bien, cuando no existe medio judicial distinto para buscar la eficacia del derecho atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha conferido la Constitución. Allí reside su importancia en el contexto de las instituciones vigentes: en que otorga una salida a la que no conducen los mecanismos ordinarios (por eso es subsidiaria) para obtener certeza en la satisfacción de las aspiraciones fundamentales de la persona. En estos casos, si el juez encuentra que se tiene el derecho, que en efecto está siendo violado o amenazado y que se dan todas las condiciones indispensables para que la acción prospere en el asunto de cuyo juzgamiento se ocupa, apreciando en concreto las circunstancias del solicitante, según las prescripciones del artículo 86 de la Constitución y las normas legales que lo desarrollan, habrá de concederla, impartiendo las instrucciones orientadas hacia la cabal y completa protección del derecho afectado. 3. Aplicación de los principios enunciados al caso en estudio. a) Violación de un derecho fundamental El artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política dice: "Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: ... 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse". Está de por medio, sin lugar a dudas, la efectividad de un derecho que, si bien, dada su naturaleza política, no ha sido reconocido por la Constitución a favor de todas las personas sino únicamente a los ciudadanos colombianos que no sean titulares de doble nacionalidad, tiene, respecto de ellos, el carácter de fundamental en cuanto únicamente la seguridad de su ejercicio concreto permite hacer realidad el principio de la participación, que se constituye en uno de los esenciales dentro de la filosofía política que inspira nuestra Carta, lo cual encuentra sustento no solo en la misma preceptiva constitucional, en su Preámbulo y en sus artículos 1, 2, 3, 40, 41, 103 a 112, entre otros, sino en el texto de la papeleta por medio de la cual el pueblo colombiano votó abrumadoramente el 27 de mayo de 1990 por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, cuyo único propósito expreso consistió en "fortalecer la democracia participativa". No puede ser ajeno a la garantía constitucional de los derechos esenciales del hombre el ejercicio cierto de los que se enmarcan dentro del ámbito de la participación política, ya que éstos también son inherentes a la naturaleza humana, la cual exige, como algo derivado de su racionalidad, la opción de tomar parte en el manejo de los asuntos públicos. Ello, desde luego, sobre la base de que exista con el Estado el vínculo de la nacionalidad y de que se cumplan los requerimientos constitucionales y legales para su ejercicio. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, se plasmó, como derecho del ciudadano, el de ser admitido a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otro criterio de distinción que el derivado de sus virtudes y de sus talentos2, principio ratificado por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando declaró en 1969 que todo ciudadano debe gozar del derecho y la oportunidad de "tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país"3. El mismo principio había quedado plasmado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que entró en vigencia el 23 de marzo de 19764. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron aprobados por el Congreso de Colombia mediante la ley 74 de 1968. El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho -genérico- cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa. Si ello es así, tal protección puede ser reclamada, en casos concretos, mediante el uso del mecanismo de la acción de tutela, concebida precisamente como medio idóneo para asegurar que los derechos trascienden del plano de la ilusión al de la realidad. Ahora bien, para que el derecho enunciado pueda ejercerse de manera efectiva es indispensable, ante todo, que concurran dos elementos exigidos por la misma Carta: la elección o nombramiento, acto condición que implica designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo, y la posesión, es decir, el hecho en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones, deberes y responsabilidades, bajo promesa solemne de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la ley5. Mientras la persona no se ha posesionado, le está vedada cualquier actuación en desarrollo de las atribuciones y actividades que corresponden al cargo, de tal modo que, pese a su designación, carece del carácter de servidor público. Es la posesión, en tal sentido, un requisito sine qua non para iniciar el desempeño de la función pública, pues, según el artículo 122 de la Carta Política, "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben". Si la participación en la función pública es, como lo hemos visto, un derecho cuyo ejercicio está pendiente de la posesión, negarla a un ciudadano ya nombrado o elegido -a no ser que falte alguno de los requisitos legales- implica la violación del derecho en cuanto imposibilita su ejercicio. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que, como ya lo dijo la Corte Constitucional en sentencia del 3 de abril de 1992, la Constitución Política instauró un nuevo periodo para los contralores departamentales el cual se quiso hacer equivalente al de los gobernadores tanto en su duración como en su iniciación, la Asamblea Departamental estaba en el deber de elegir nuevo Contralor para que principiara a desempeñar su cargo en forma simultánea con el Gobernador y, si en realidad así lo hizo en esta ocasión, radicó en cabeza de la elegida, señora MOTTA DE MANRIQUE, el derecho fundamental protegido por el artículo 40, numeral 7, de la Constitución, generándose así dos deberes correlativos: el del Gobernador del Departamento, consistente en dar posesión a la elegida, si cumplía los requisitos legales, según competencia definida por el artículo 248 del Decreto 1222 de 1986, y el de la propia señora MOTTA DE MANRIQUE, en el sentido de tomar esa posesión, por expreso mandato del artículo 122 de la Carta, para entrar a desempeñar sus funciones. Es claro que la validez de la elección deberá ser resuelta en su oportunidad procesal por el Tribunal Administrativo ante el cual ha sido demandada. Mientras ese pronunciamiento judicial se produce, dicha elección está cobijada por la presunción de legalidad de los actos administrativos, aunque se observa que la aplicación de éstos depende de su conformidad con la Constitución Política, la cual prevalece sobre ellos. De tal manera que dicha presunción tiene validez en la medida en que el acto administrativo de que se trata no contraríe "prima facie" los preceptos constitucionales (art. 4o. Const. Pol.). Según lo que a primera vista resulta del expediente, el Gobernador desconoció dicho principio, ya que supeditó la posesión de la Contralora al pronunciamiento del Tribunal Administrativo, conducta de la cual se ha desprendido la nugatoriedad del derecho de la señora MOTTA DE MANRIQUE. Pero, además, ya la situación de la actora venía siendo afectada en cuanto al verdadero ejercicio de su derecho, por un factor que para esta Corte no pasa desapercibido: según obra en el expediente, mediante carta del 5 de diciembre de 1991, la Secretaría General de la Asamblea del Huila le comunicó su elección como Contralora General del Departamento para el periodo 1992 a 1994, advirtiéndole que "su posesión e iniciación será la fecha que determina la ley reglamentaria"(Sic). La Corte Constitucional no entrará a resolver dentro del presente proceso en torno a la validez de ese acto, lo cual, según lo dicho, compete a la jurisdicción Contencioso Administrativa, pero sí debe ocuparse en determinar, para los efectos de la acción de tutela cuya revisión se tramita, cuál era el sustento constitucional y la aplicabilidad del expresado condicionamiento. Al efectuar este análisis, encuentra la Corte que ya la Constitución había señalado con exactitud la fecha de iniciación de los periodos para los nuevos contralores departamentales, como se deduce de lo dispuesto en sus artículos 272, inciso 4o., 303 y 16 Transitorio, y que, por ende, las normas enunciadas no precisaban de un desarrollo legal que repitiera tal fecha, pues aceptar semejante requerimiento, llevaría a la conclusión absurda de que ningún precepto constitucional rige por sí mismo sino que necesita de la ley para que principie su observancia. Al respecto, debe distinguirse entre aquellas disposiciones constitucionales que en su mismo texto o por sus propias características exigen que el legislador precise elementos imprescindibles para su aplicación y las que, por el contrario, son de inmediata ejecución, dado su contenido completo, claro e inequívoco, tal como sucede con las normas en referencia. En este último supuesto no hace falta una definición legislativa; ella sobraría si repitiera lo ordenado por la Constitución y sería inconstitucional si lo modificara. En lo que toca en los enunciados preceptos de la Carta se tiene: El artículo 272; inciso 4o., iguala los periodos de gobernadores y contralores departamentales; el 303 señala que la duración de tales periodos es de tres años; el 16 Transitorio -aplicable directamente a los gobernadores, pero extensivo a los contralores habida cuenta de la equiparación que fue ampliamente analizada por esta Corte en reciente fallo6-, determinó la fecha del 2 de enero de 1992 como aquella en la cual habrían de tomar posesión. A ello nada tenía que añadir la ley. Lo dicho es suficiente para llegar a la conclusión ineluctable de que el supuesto del cual partían tanto la Asamblea como el Gobernador del Huila, esto es, la necesidad de una norma legal que fijase fecha de posesión para los contralores departamentales, carecía de fundamento constitucional y, en consecuencia, era improcedente tanto condicionar la posesión como negarla. De lo cual, a su vez, se desprende que resultaba viable la petición de la señora MOTTA DE MANRIQUE. Por otra parte, la posesión de la accionante no admitía condicionamiento de ninguna clase, por parte de autoridad alguna distinta de la judicial competente para resolver sobre las impugnaciones contra la elección, si se atiende a los perentorios mandatos de los artículos 4o. y 85 de la Carta Política. El uno declara con imperatividad manifiesta que la Constitución es norma de normas y que, por tanto, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, "se aplicarán las disposiciones constitucionales"; el otro incluye el artículo 40, que a su vez consagra el derecho del que aquí se trata, entre los de aplicación inmediata, con lo cual queda definitivamente desvirtuada toda tesis que pretenda excusar su desconocimiento en la falta de disposición legal o de otra naturaleza. Por si fuera poco lo anterior, en la materia específica que se estudia (la procedibilidad de la tutela), ha expresado de manera categórica el artículo 41 del Decreto 2591 de 1991: "No se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela". b. Inexistencia de otros medios de defensa judicial Queda claramente definido que, en el caso sub examine, se ha hecho imposible, por las razones expuestas, que la señora LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE ejerza realmente el derecho fundamental consagrado en el artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política. Cabe ahora preguntarse si la accionante disponía de otros medios de defensa judicial a los que hubiera podido recurrir, en vez de la tutela, para lograr la seguridad de su derecho. A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medio de defensa judicial, para los fines de excluír la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado. Con arreglo a lo anterior, es suficiente analizar las eventuales vías judiciales de las que hubiera podido valerse la peticionaria en el asunto que nos ocupa: - La acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 14 del Decreto 2304 de 1989, no era vía judicial aplicable, por cuanto, aunque se aceptase que hubiera podido ser demandado con base en ella el condicionamiento contenido en el acto de elección (lo cual a esta Corte parece improcedente por tratarse de un acto primordialmente electoral), nada habría conseguido la demandante en relación con el ejercicio cierto de su derecho a ejercer el cargo, ya que aún declarada la nulidad, ella no comportaba, por la misma naturaleza de esta acción, la efectiva posesión de la elegida, que es de lo que se trata. Tampoco era útil al genuino ejercicio del quehacer público para el cual había sido escogida la peticionaria, intentar la acción de nulidad contra el acto administrativo en que consistía la carta suscrita por el Gobernador y a ella dirigida, mediante la cual supeditaba la posesión a lo que dispusiera la jurisdicción Contencioso Administrativa en punto a la validez de la elección, porque, como puede verse, ese camino no conducía sino a un "círculo vicioso" en el que quedaba en manos del Contencioso resolver si era adecuado que el Gobernador se remitiera al mismo Contencioso para los efectos de la posesión. Entiende la Corte que uno de los principios básicos de la Constitución de 1991, plasmado de manera perentoria en su artículo 228, es el de la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia. De admitir como vía alternativa a la acción de tutela -cuyo objeto último, en armonía con uno de los fines esenciales del Estado (art. 2o. Const. Pol.), es el de garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales- un mecanismo que significara "girar en redondo", sin que se llegara a una definición oportuna de la materia cuestionada, se estaría quebrantando de manera flagrante el imperativo constitucional. - Tampoco era pertinente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del citado Código, subrogado por el 15 del Decreto 2304 de 1989, toda vez que la actora no pretendía que se la restableciera en el ejercicio del cargo sino que se le diera acceso al mismo en virtud de la posesión. - En cuanto a la acción de reparación directa, que contempla el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 16 del Decreto 2304 de 1989, su objeto radica en la reparación del daño ya causado, mas no en la efectividad del derecho a cuya garantía aspira la ciudadana MOTTA DE MANRIQUE. En suma, no hay en la legislación vigente mecanismo alguno cuyo uso conduzca de modo cierto y pertinente, no ya a la definición judicial sobre validez de la elección y ni siquiera a la posesión formal del empleo, sino a lo específicamente reclamado por la actora en el caso sub judice, que no es nada diferente al ejercicio material de las atribuciones, funciones, deberes y responsabilidades del cargo, con todas sus consecuencias jurídicas y prácticas. Estima la Corte que es indispensable resaltar la diferencia últimamente enunciada, por cuanto el objeto de la acción de tutela consiste precisamente en eso, es decir, en otorgar a quien la ejercita un mecanismo idóneo e inmediato para alcanzar la efectividad de su derecho; en consecuencia, para el caso en estudio,  si se hubiese tratado solamente de resolver sobre si fueron atendidos los requerimientos formales y de fondo exigidos para la elección o en relación con otros aspectos de la validez de ella, los contradictores de la actora contaban, en efecto, con las ya mencionadas vías judiciales ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, de las cuales hicieron uso; y si se hubiese buscado tan solo la posesión formal, sobraba la tutela, ya que la peticionaria se posesionó, como obra en el expediente, ante dos testigos, pero con ello no logró, en efecto, ejercer el cargo pues, de hecho, el condicionamiento contenido en el acto administrativo a que se ha hecho referencia, unido a la negativa del Gobernador a posesionarla, crearon un obstáculo insalvable para su eficaz acceso al ejercicio de las funciones propias del Contralor Departamental. Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía. - De allí que tampoco resultara conducente al fin perseguido por la accionante la vía contemplada por el artículo 249 del Decreto 1222 de 1986 ya que, fuera de no existir su supuesto básico (la disputa entre dos contralores por la designación para un mismo periodo), porque la Carta Política puso término al periodo de los contralores que venían ejerciendo (arts. 272, inciso 4o., 303 y 16 Transitorio de la Constitución), la definición judicial allí prevista no recae sobre la certidumbre que en este caso perseguía la actora sino sobre si la elección cumplió o no con las formalidades prescritas en la ley. - No podría plantearse que fuese viable para alcanzar el fin propuesto el uso de la acción establecida en el artículo 87 de la Constitución Nacional, por cuanto este precepto consagra la posibilidad de otra hipótesis jurídica que es distinta a la defensa y protección de la eficacia de un derecho constitucional fundamental. No juzga la Corte que se haga necesario examinar si el posible perjuicio sufrido por la demandante era o no irremediable, ya que, según las voces del artículo 86 de la Constitución, ese análisis se hace menester únicamente cuando existen vías alternativas de defensa judicial, lo que no acontece en el presente caso. El fallo judicial que se revisa, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela, parte del supuesto equivocado de que la peticionaria contaba con otros medios de defensa judicial, ya que el juez le otorga carácter de tal a la comparecencia de aquella a los procesos en curso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No lo cree así la Corte, en primer lugar porque el objeto de dichos procesos no es el de la posesión que a la peticionaria se ha negado, sino el de la legalidad del acto electoral, y en segundo lugar por cuanto no puede llamarse medio de defensa judicial, en los términos del artículo 86 de la Constitución, a la posibilidad de comparecer, como parte demandada o en calidad de tercero, dentro de un proceso cuyas resultas, como en el presente caso, en nada garantizaráin -aún si fuesen favorables a quien solicita tutela- el propósito inmediato de ésta, el cual reside en evitar que el derecho sea ficticio. La participación de la peticionaria en los aludidos procesos es en verdad un medio de defensa pero, claro está, circunscrito a la materia que en esos procesos es debatida, la cual definitivamente no coincide con el objeto, varias veces mencionado, que es propio de la acción de tutela. A lo cual debe agregarse que, en obedecimiento al claro mandato contenido en el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, el juez estaba obligado a apreciar "en concreto, en cuanto a su eficacia", la posible existencia de otros medios de defensa, "atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante" (subraya la Corte). Estamos, pues, frente a un caso típico de aquellos que el constituyente de manera abstracta pretendió regular, toda vez que las circunstancias fácticas analizadas encajan perfectamente dentro de los caracteres esenciales de la tutela, que ya han sido objeto de pronunciamiento de esta Corte, vale decir, la subsidiariedad y la inmediatez, la primera por cuanto no existe mecanismo alternativo para la defensa del derecho y la segunda porque la resolución pronta de la acción de tutela resulta indispensable para que no siga transcurriendo el periodo sin una certidumbre de la peticionaria sobre el ejercicio que dentro de él le corresponde mientras su elección goce de la presunción general de validez. Así las cosas, considera esta Corporación que es necesario tutelar el derecho fundamental que, bien por la Asamblea Departamental, ya por el Gobernador del Departamento, se ha desconocido de hecho a la señora LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE y que, en consecuencia, debe ser posesionada en el cargo para el cual se la eligió. Habrá de revocarse, entonces, consideración hecha de los motivos aludidos, la sentencia judicial en cuya virtud se le denegó la tutela. Debe advertir la Corte que la presente providencia, por las razones que anteceden, tiene como únicos efectos los que contemplan los artículos 86 de la Constitución Política y 36 del Decreto 2591 de 1991, sin que pueda entenderse que represente resolución judicial favorable a la validez del acto administrativo de la Asamblea del Huila por medio del cual fue elegida la peticionaria, puesto que, según queda consignado, ello pertenece a la órbita de competencia de la jurisdicción Contencioso Administrativa. IV. DECISION Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el juez Cuarto Penal Municipal de Neiva (Huila) al resolver sobre la acción de tutela instaurada por LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE contra el Gobernador del mismo Departamento. SEGUNDO.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados, en el sentido de que se ordene al Gobernador del Huila la posesión de LUZ MARINA MOTTA DE MANRIQUE como Contralor Departamental durante el periodo 1992-1994, para el cual fue elegida. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Presidente de la Sala- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO -Magistrado- FABIO MORON DIAZ -Magistrado- 1 Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia de abril 3 de 1992. Ponente: Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. 2 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 6o. 3 Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Pacto de San José de Costa Rica". San José. 22 de noviembre de 1969 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre 10 de 1948. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Resolución 2200 de 16 de diciembre de 1966. Asamblea General de las Naciones Unidas. 5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de agosto 12 de 1977, Consejero Ponente: Doctor Humberto Mora Osejo. 6 Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia citada.

T-006-92 Sentencia No Sentencia No. T-006/92 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS Excluir la acción de tutela respecto de sentencias de una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia significa que, en este campo de la actuación pública, de tan estrecha relación con la protección de los derechos fundamentales,  no existe ningún medio de control de su comportamiento constitucional. La tesis de la Corte Suprema de Justicia, según la cual ciertos actos jurisdiccionales escapan al control de constitucionalidad pese a ser violatorios del sistema constitucional de derechos, garantías y deberes, no se compadece con la idea de estado social de derecho. La sentencia que se produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de orden sustantivo como procesal, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter. CONSTITUCION POLITICA/PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Las normas de la Constitución son fundamentales en cuanto ellas expresan un mínimo de principios incuestionables e incontrovertibles que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la comunidad. Esos principios son unos de naturaleza orgánica y procedimental y otros de contenido material. Los primeros señalan las tareas que el Estado debe cumplir, configuran las competencias e instituyen los órganos que las realiza; gracias a ellos se regulan los procesos de creación y aplicación de normas y solución de conflictos, estableciendo entre los órganos, mecanismos de coordinación y control a los abusos del poder. Los segundos consagran las metas del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertad y derechos de los individuos y grupos. SOBERANIA DEL PUEBLO-Autodeterminación El principio de autodeterminación del pueblo refiere a éste el origen del poder público y de las principales decisiones políticas que configuran y unifican la comunidad. La tesis de la inimpugnabilidad judicial de las sentencias contrarias a los derechos fundamentales representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a los jueces por ella instituidos,  que así quedan  libres de toda atadura constitucional para coartar la democracia y los procesos sociales a través de los cuales germina y se expresa la voluntad popular. No hay democracia sin autodeterminación del pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacia el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales; ni respecto a los derechos fundamentales si su violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse. JURISDICCION CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA ESPECIAL La jurisdicción constitucional se ha establecido por la  Constitución como función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales especiales cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y primacía de la Carta. Es la garantía básica del Estado constitucional de derecho.  Asegura que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional. Esta jurisdicción asume como competencia especialísima la guarda de los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad frente a todos los órganos del poder público. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/FALLO DE TUTELA-Alcance La acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier derecho constitucional fundamental. En este evento, la actuación del juez de conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales, instancia ni recurso alguno. COMPETENCIA DE TUTELA/CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE SALAS La asignación de competencias en materia de tutela a las Salas de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus Salas en órganos a través de los cuales se ejerce en Colombia la Jurisdicción Constitucional. La tesis de la diversidad y especialización de las Salas, que se esgrime contra la posibilidad de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia proferida por otra, desconoce que es la materia constitucional exclusivamente la que suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata de entrar a conocer del proceso fallado por otra Sala, sino que el Juez Constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/PRINCIPIO DE JERARQUIA/CONSTITUCION POLITICA-Primacía Si se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras tal acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se imponen sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico. REVISION FALLO DE TUTELA-Objeto/ REVISION FALLO DE TUTELA-Efectos/JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL/CORTE CONSTITUCIONAL La competencia de la Corte Constitucional para revisar sentencias de tutela es una manifestación de su posición como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales. La actuación de ésta permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones. La jurisprudencia Constitucional de la Corte Constitucional aparte de los efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución frente a otras normas. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA/DERECHO DE DEFENSA El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para que una parte pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho fundamental a ser notificado de conformidad con la ley de manera efectiva y real. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/COSA JUZGADA La cosa juzgada, como límite de lo inimpugnable e inmutable, puede ser objeto de mudanza por la ley al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan un fin y "se pronuncie la última palabra". Si la ley puede producir el anotado desplazamiento de la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el constituyente al incluír una acción -en este caso la acción de tutela como mecanismo idóneo- contra las sentencias que violen los derechos fundamentales. En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza hacia adelante y sólo luego de la decisión que desate el procedimiento que se instaura con ocasión de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor de cosa juzgada. SENTENCIA DE MAYO 12 DE 1992 REF.: Expediente T-221 Actores:     JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por los señores  JULIAN PELAEZ CANO y LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO contra las sentencias  condenatorias proferidas en su contra por el Juez Trece (13) Superior de Medellín en primera instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad en segunda instancia y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema  de Justicia en casación. A N T E C E D E N T E S 1. El día 13 de noviembre de 1991, los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO interpusieron  acción de tutela contra la sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN de agosto de 1991 que, en lo fundamental, confirmó la sentencia dictada por el Juez Trece (13) Superior de la misma ciudad, por la cual se los condenó a penas principales de cuarenta y ocho (48) meses y diez (10) días y sesenta (60) meses de prisión respectivamente, como responsables de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN DOCUMENTO PUBLICO. La acción de tutela cobija igualmente a la sentencia de casación  de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha septiembre 13 de 1991 que se abstuvo de CASAR la sentencia del Tribunal Superior de Medellín. 2. Los accionantes aducen el desconocimiento de "los derechos fundamentales consagrados en la Carta en sus artículos   14, 21, 28 inciso 2 y 29, durante la tramitación del proceso penal que conoció en primera instancia el señor Juez Trece (13) Superior de Medellín, en segunda el Tribunal de ese Distrito y posteriormente esa honorable Corporación (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia) en  recurso de casación  rechazado sin fundamentación de mérito alguno". 3. Como fundamento de la petición de no dar cumplimiento al "fallo inconstitucional contenido en la sentencia  condenatoria", los petentes sostienen que "tratándose de obligaciones civiles se ha procedido penalmente  con violación expresa de lo dispuesto en el artículo 28 inciso 2". Igualmente, advierten que durante el trámite del proceso se les desconoció todo derecho a pedir  pruebas, revisar dictámenes periciales practicados secretamente, provocar incidentes de cualquier naturaleza y conocer los autos del proceso para determinar en que pruebas se fundamentaban  las acusaciones. En fin, aseveran que los memoriales de petición de pruebas eran resueltos por el juez mediante autos de "cúmplase", luego de calificarlas como dilatorias o improcedentes. 4. Según lo expresado por el señor LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO se violó flagrantemente su derecho a la honra, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, por desconocer que su padre legítimo era el señor LUIS FELIPE ARIAS CARVAJAL y no LUIS FELIPE ARIAS GOMEZ, ignorándose así su filiación legítima y estado civil. 5. Finalmente, los señores CANO y ARIAS atacan la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber fundado su decisión en un argumento abiertamente inconstitucional como sería el siguiente: "las formas del proceso de cuya  plenitud trata el artículo 29 de la Constitución  no son las formalidades legales del procedimiento", con  lo cual se estaría ignorando el artículo mencionado. 6. La anterior acción de tutela fue presentada ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia la cual, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3o. del artículo 40  del Decreto 2591 de 1991, dispuso su traslado al Presidente de la Sala Civil de la misma Corporación. 7. La Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil, en sentencia del 9 de Diciembre de 1991, materia de revisión por esta Corte Constitucional, resolvió denegar las solicitudes de tutela formuladas en relación con la sentencia de la Sala Penal de la misma Corporación y el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. El primer argumento que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, tiene por objeto verificar su competencia para conocer de las acciones de tutela que se formulen contra sentencias de otras Salas de la misma Corporación. Parte la Sala de la premisa de la división del poder público en ramas cuyos órganos tienen funciones separadas y bien definidas sus atribuciones los servidores públicos que las realizan (CP arts. 113 y 6). Esas mismas notas de separación y de precisión propias de la estructura del Estado, se predican, a juicio de la Sala, de la conformación y funcionamiento de la rama judicial. Basta observar, agrega,  en lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de la Jurisdicción ordinaria, que su actividad se desarrolla a través de salas separadas - Sala Plena y salas especializadas - que conocen privativamente de los asuntos que la Constitución y la ley les asignen (CP arts. 234 y 235). Las salas de la Corte Suprema de Justicia, se advierte, están sujetas al principio de la "diversidad igualitaria". Cada sala es separada. Esto es, independiente de las restantes. Los asuntos encomendados a cada una de las salas son diferentes de los asignados a las demás y consultan su propia especialidad. La calidad de máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria que corresponde a la Corte Suprema de Justicia se comunica a cada una de sus salas, pues es a través de ellas que se ejerce tal jurisdicción. Ninguna sala, ni siquiera la Sala Plena, en consecuencia, detenta respecto de otra, jerarquía o precedencia alguna, ni puede interferir en su autonomía. El principio mencionado de la "diversidad igualitaria" sería desatendido si, afirma la sala, una de ellas pudiese conocer lo que precedentemente ha sido conocido por otra y, peormente conculcado, caso de que revocase su decisión. Una Sala especializada no puede por ello conocer de acciones de tutela contra decisiones judiciales de otra de las salas. La Corte Suprema de Justicia sólo como superior jerárquico de los Tribunales puede ser competente para conocer de acciones de tutela. Internamente, en razón del principio de diversidad igualitaria, ni siquiera en su Sala Plena, podría conocer de una acción de esta naturaleza contra una sentencia de una de las salas especializadas. De otro lado, la Corte Suprema de Justicia como organismo autónomo y máximo en su jurisdicción, carece de organismo externo superior, en el sentido orgánico y funcional mencionado, sin perjuicio de las separadas y eventuales revisiones de la Corte Constitucional que establezca la ley. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que las normas constitucionales citadas que plasman el principio de "diversidad igualitaria" y otorgan autonomía y superioridad a la Corte Suprema de Justicia, son incompatibles con la disposición del artículo 40 del Decreto 2591 de 1990 que concede competencia a la sala que le sigue en orden para conocer de la acción de tutela contra sentencias de las otras salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia. 8. A continuación la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se ocupa de la acción de tutela interpuesta contra el fallo del Tribunal Superior. Su principal argumento para denegar la solicitud se basa en la supuesta improcedencia de la acción de tutela, dadas sus características, respecto de sentencias ejecutoriadas. Sostiene la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que la acción de tutela estatuida en el artículo 86 de la Constitución se caracteriza por su naturaleza judicial, su objeto protector inmediato o cautelar, su función policiva y su carácter subsidiario y eventualmente accesorio. En concepto de la Sala Civil, el objeto de la acción de tutela es proteger de manera inmediata los derechos fundamentales. De allí su característica cautelar y su función puramente policiva, sin implicar juzgamiento del derecho en sí mismo controvertido. Sólo de esta forma, se evitaría que la acción de tutela se convirtiera en una tercera instancia o revisión adicional, quedando a salvo la competencia de los jueces ordinarios para resolver sobre el derecho controvertido. El carácter  de la acción de tutela es, por tanto,  subsidiario y sólo eventualmente accesorio. Argumenta la Corte que al condicionar el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución, la procedencia de la acción de tutela a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial", se otorga un carácter supletorio y excepcional a dicha acción. De modo que únicamente cuando no existan medios de defensa judicial ordinaria contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública habrá lugar a interponer este excepcional mecanismo de protección constitucional. Según lo anterior, la acción de tutela tampoco sería procedente cuando se hubiesen agotado los medios de defensa judicial existentes o cuando habiéndose ejercido todavía se encuentren pendientes de definición. En caso contrario, según la Sala Civil, perdería su carácter subsidiario y residual para convertirse en un instrumento sustituto o adicional de la jurisdicción ordinaria, con los graves efectos  que ello traería para la paz, la correcta administración de justicia,  el sometimiento de los jueces "sólo" al imperio de la ley, y el principio universal, no escrito, de la cosa juzgada, respaldado en el artículo 94 de Constitución Nacional. De otra parte, añade la Sala, las sentencias ejecutoriadas no pueden  ser objeto de acción de tutela y el Procurador debe velar por su cumplimiento. Para sustentar su aserto, se cita el informe-ponencia presentado para primer debate por la Comisión I a la Asamblea Nacional Constituyente que afirma: "con el criterio de simplificar el artículo se suprimieron ciertos aspectos ...; tal es el caso de la no procedencia de la acción frente a situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada". La Corte Suprema de Justicia reconoce el carácter  eventualmente accesorio de la acción de tutela en las circunstancias previstas por el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución, esto es,  cuando a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial dicha acción "se utilice  como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". En este único caso la acción de tutela es adicional y concurrente, pero dado su carácter transitorio y cautelar, solamente es posible ejercerla en forma accesoria al medio judicial ordinario o extraordinario que se tenga y ante el mismo órgano con el fin de que éste decida preventivamente sobre la tutela solicitada mientras se adopta la decisión  final sobre la defensa principal alegada. En consecuencia, tales características impiden  el ejercicio autónomo de la acción de tutela como lo establece para la jurisdicción ordinaria el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 o la procedencia de la misma  una vez termine el proceso con sentencia definitiva. Por último, a juicio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 infringen el mandato constitucional de la no tutelabilidad de las sentencias y demás providencias judiciales que pongan fin al proceso ya ejecutoriadas, las cuales están excluidas en el artículo 86 de la C.N., por lo que decide inaplicar los mencionados artículos. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. No puede calificarse el acierto de una solución jurídica sin precisar el problema que pretenda resolver. La Corte Suprema de Justicia, luego de un extenso raciocinio, concluye que su Sala Civil no puede conocer de las acciones de tutela interpuestas contra sentencias de su Sala Penal. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia es de índole procesal. A eso equivale declararse incompetente en el caso examinado. 2. El primer indicio, que puede deducirse a partir de la respuesta dada por la Corte Suprema de Justicia, lleva a concluir que el problema enfrentado por ella era de derecho sustantivo. El cuestionamiento procesal planteado - incompetencia- se formula respecto de la acción a través de la cual se buscaba el reconocimiento de pretensiones que los demandantes vinculan a derechos reconocidos por el ordenamiento. 3. La Corte Suprema de Justicia no desconoce que las acciones de tutela contra sentencias de los jueces, incluidas las pronunciadas por otras salas de la misma Corporación, siempre se originan en una pretendida o eventual violación de un derecho fundamental. ¿La supuesta violación de un derecho constitucional fundamental por una Sala de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional, puede ser objeto de acción de tutela ante otra Sala de la misma, según el procedimiento previsto en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1990? A este y no a otro interrogante responde la Corte Suprema de Justicia. Sin duda es a una cuestión de fondo, de derecho sustancial -violación de un derecho constitucional fundamental- a la que debe responder la solución dada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, la justicia y consistencia de la solución, deberá confrontarse  vis a vis con el problema planteado para poder apreciar su bondad o desacierto. 4. El examen de cualquier acto jurisdiccional no debe ignorar que privilegiar el derecho sustancial constituye  el fin principal de la administración de justicia (art. 228 CN). La validez de una decisión judicial de carácter procesal debe necesariamente juzgarse a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a cuya resolución ella se enderece. En el presente caso, la Corte Constitucional determinará si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararse incompetente -acto jurisdiccional de carácter procesal- resolvía adecuadamente el problema de fondo: la presunta violación de un derecho fundamental en que pudo incurrir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al decidir el recurso de casación interpuesto por los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO. 5. Si una sentencia de la Corte Suprema de Justicia proferida por una de sus salas no puede ser impugnada ante la sala siguiente ni ante la Sala Plena, ni ante un órgano jurisdiccional externo a la Corte, en razón del principio de "diversidad igualitaria" y "autonomía", ella carecerá por completo de contención y devendrá inimpugnable. A lo sumo, con independencia de la ejecutoria de la sentencia, cabría la posibilidad teórica que el debate sobre la constitucionalidad de la actuación de la sala se ventilará en su interior y por ella misma. 6. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela, la pretensión de defensa relativa al derecho fundamental violado o amenazado debe plantearse ante una instancia  distinta de la presuntamente infractora y el fallo que se produzca podrá impugnarse ante el juez competente. La Constitución edifica  una múltiple  garantía de protección en favor de la víctima  de la violación  de un derecho fundamental: la acción de tutela ante el juez  competente, la impugnación  del fallo de tutela y su eventual revisión  por la Corte Constitucional. Se  consagra así, por voluntad del propio constituyente, para las controversias sobre violación de derechos fundamentales por autoridades públicas, el principio de la doble instancia judicial, a lo cual,  se agrega la eventual revisión del fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional. Este conjunto de garantías, que configuran un verdadero derecho constitucional para reclamar de las autoridades una conducta de obediencia estricta a los derechos fundamentales de los ciudadanos,  sería nugatorio si sólo pudiere ejecutarse ante las mismas autoridades públicas que las vulneren. 7. La respuesta dada por la Corte Suprema de Justicia al problema planteado  de la violación de derechos fundamentales por una de sus salas, conduce directamente a la inimpugnabilidad de sus decisiones, pese a la eventual inconstitucionalidad del proceder  de la correspondiente sala. Esto quiere decir que la tesis de la incompetencia, prohijada por la Corte Suprema de Justicia,  es una solución procesal que de ninguna manera satisface el problema de derecho sustancial y de carácter constitucional  sometido a su consideración. 8. La única posibilidad de que la tesis de la Corte Suprema de Justicia pudiera todavía tener sustento sería aceptar que las decisiones de una de sus salas, no obstante su eventual inconstitucionalidad, no pueden, en verdad, ser impugnadas. Pero, el artículo 86 de la Constitución Política no exceptúa a ninguna autoridad pública, de la posibilidad de que en su contra se ejerza por parte de un interesado  una acción  de tutela con el fin de proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales. En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que aparece en el texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de articulado presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el contrario, adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha acción a cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo debate en Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a las acciones u omisiones de las autoridades administrativas la interposición de la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, la cual fue nuevamente  derrotada al aprobarse  definitivamente  el actual artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18). 9. La Corte Suprema de Justicia y cada una de sus salas, constituyen autoridad pública para los efectos del artículo 86 de la C.P., en cuanto ejercen  jurisdicción y para el efecto están  investidas de poder público. Sus actuaciones como emanación  del poder  público se imputan a una peculiar actuación  del estado y están revestidas de autoridad. 10. La configuración  de la acción de tutela contra acciones u omisiones  de las autoridades que violen o pongan en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos,  indica que no existe en Colombia una presunción  de derecho que ampare la constitucionalidad de la actuación  de los poderes públicos.  Todas las autoridades  deben respetar en sus actuaciones las normas de la Constitución y, en especial, las que consagran los derechos fundamentales de las personas. La Constitución contempla  sanciones  y prevé acciones -la tutela es una de ellas- para el caso de que las autoridades se aparten  del cumplimiento de sus obligaciones y deberes constitucionales. No cabe, pues, aceptar,  que la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, o a través de una de sus salas especializadas, no pueda en ningún caso violar con sus acciones u omisiones la carta fundamental. Si contra tales acciones u omisiones violatorias de derechos fundamentales, imputables a la Corte Suprema de Justicia o a una de sus salas,  no existiera acción o recurso alguno, ello sería la comprobación  que aquéllas son entes supremos no vinculados por la Constitución Política. La observancia  de la Constitución Política por la Corte sólo  tendría una explicación moral y no sería la consecuencia  de un deber positivo impuesto a su cargo. 11. La tesis sostenida por la Corte, que por fuerza de las cosas desemboca en la no cuestionabilidad  constitucional de la sentencia  de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, parte de la premisa equivocada de que cada compartimento del poder público, quizá en razón de un entendimiento rígido del principio de separación de poderes, tiene la competencia y el derecho para decidir por sí y ante sí,  de manera definitiva, el significado de la Constitución. El sistema de control constitucional más difuso, no autorizaría un ejercicio tan laxo de la jurisdicción. Menos todavía puede dicha tesis prosperar a la luz de las garantías  constitucionales que para la protección  y aplicación de los derechos fundamentales consagró el Constituyente y en cuya virtud la persona que estime que un derecho fundamental ha sido vulnerado  o puede resultar lesionado por la acción  u omisión  de cualquier autoridad  pública - incluídas  las judiciales - tiene acción judicial para reclamar la protección debida que, en este caso, será necesariamente ante una autoridad judicial diferente  de la presunta causante  de la infracción. 12. Si bien la Corte Suprema de Justicia sustenta la tesis de la no cuestionabilidad constitucional de la sentencia de la Sala Penal, en el sistema de división de poderes y precisas limitaciones que para el ejercicio del poder público  se contempla en la Constitución Política, la consecuencia de su proveído no es otra que la de otorgarle  a la Sala Penal y consiguientemente  a las restantes salas y a la Corte en pleno, un poder impreciso e ilimitado que no se concilia con el pregonado estado de derecho. Ese poder es el  poder jurídico  de violar en sus sentencias  la Constitución Política. Tanto vale que una de las salas de la Corte Suprema de Justicia  viole en sus sentencias la Constitución Política como que la observe,  de todas maneras, de acuerdo con la tesis sostenida, éllas una vez pronunciadas no pueden ser cuestionadas judicialmente. No será fácil convencer a las víctimas  de un desafuero constitucional que sus derechos fundamentales no han sido violados porque en el mundo jurídico  el acto o la omisión que pudo vulnerarlos goza de una presunción de constitucionalidad que bajo ninguna circunstancia podrá ser atacada. No. La Constitución ha construído un sistema absolutamente contrario al descrito. Un estado social de derecho, democrático, cuya finalidad es asegurar la convivencia  pacífica y la vigencia de un orden justo, no tolera un poder público  como el que podría tener acomodo en la Corte Suprema de Justicia si sus sentencias  estuvieran  revestidas de inmunidad constitucional. El artículo 86 no exonera  de la acción de tutela a los actos u omisiones de la Corte Suprema de Justicia. El precepto autoriza que la acción se dirija "contra cualquier autoridad  pública". 13. No es indiferente para un estado de derecho que las autoridades públicas - incluidas las judiciales - tengan poderes limitados  o ilimitados. No existe estado de derecho si las autoridades disponen de poderes ilimitados. Tampoco existe si los límites  impuestos a las autoridades carecen de virtualidad para acotar el campo de su actuación válida. Ese límite es la Constitución. Allí donde una autoridad pública pueda traspasar el límite fijado por la Constitución y sus actos u omisiones sigan no obstante teniendo valor jurídico, no sirve tener Constitución  o ésta es apenas un pedazo de papel que dará a lo sumo ocasión para el ejercicio de un fetichismo vacío. Si en verdad la Constitución se tiene como norma fundamental, sobre ella no pueden prevalecer ninguno de los actos ni de las abstenciones de los órganos  que integran  las ramas del poder público. Actos del Congreso o del ejecutivo que violen esa norma superior están llamados a ser excluídos del ordenamiento jurídico mediante las correspondientes acciones de inconstitucionalidad y nulidad. Lo contrario equivaldría a permitir que mediante actos y medios ordinarios se alterara el texto constitucional, convertido  así en pieza secundaria, moldeable a voluntad de los poderes constituídos y expuesto a ceder ante las vicisitudes de cada momento histórico. En este estado de cosas, es indudable que se perdería el sentido de una Constitución escrita y rígida como la nuestra y que los poderes públicos, en lugar de tener atribuciones  y cometidos limitados, se tornarían en fuerzas incontrolables. Lo dicho de la rama legislativa y ejecutiva  y de sus actos con mayor énfasis debe predicarse de los órganos y autoridades públicas que, como la Corte Suprema de Justicia, conforman la rama judicial. La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la Constitución, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, sobra en todo caso reiterarse. Ello es así y así debe ser. Esa, por lo demás, ha sido su norma de conducta y  gracias a  ella el país ha contado, aún en momentos de adversidad institucional, con un sólido baluarte de justicia y orden. Los actos del juez - y la Corte Suprema de Justicia lo es y en grado sumo - en la aplicación  del derecho al caso concreto no pueden  desconocer los dictados de la Constitución, norma superior del ordenamiento.  Excluir la acción de tutela respecto de sentencias de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia significa que, en este campo de la actuación pública, de tan estrecha relación  con la protección de los derechos fundamentales, no existe ningún medio de control de su comportamiento constitucional. La tesis de la no cuestionabilidad  constitucional de las sentencias de cualquiera de las salas de la Corte Suprema de Justicia, permite que tales sentencias puedan convertirse en vehículos de reforma material de la Constitución. Si una sentencia puede violar los límites de la Constitución - el respeto a los derechos fundamentales es uno de los más importantes límites que la carta impone a los poderes públicos - sin perder ni arriesgar por ello su validez y eficacia, allí tendremos un medio ordinario con capacidad para alterar el contenido y alcance de la Constitución,  en el momento más decisivo para ésta que es el de su consagración  en la vida real. El control constitucional de las leyes, actos administrativos y sentencias, persigue que ninguna de las tres ramas del poder público, mediante actos ordinarios puedan modificar la Constitución Política, marco básico de la convivencia pacífica y límite infranqueable a la acción de las autoridades públicas instituídas para llevar adelante los fines del estado. Si la Constitución hubiera confiado únicamente al celo de cada autoridad el mantenimiento y fiel acatamiento de sus normas, lo que se da por descontado y corresponde no a una actitud graciosa sino a su deber mínimo y primero, no se habría tomado la molestia de instaurar un sistema integral de control de constitucionalidad, general y específico, de los actos de los diferentes órganos que integran cada una de las ramas  del poder público. Igualmente, en esta hipótesis habría sido tarea ociosa  el establecimiento de un procedimiento especial para la reforma de la Constitución. No es ese el sistema acogido en Colombia. Nuestra Constitución  establece límites a las autoridades y pretende que estos se cumplan y la reforma de su texto escrito se surte a través de un procedimiento especial. La consagración  de deberes a cargo de las autoridades reposa en la confianza de que éstas, conscientes de su misión, devotamente los cumplirán. Si no lo hacen, los ciudadanos y las víctimas de sus actuaciones  u omisiones  no pueden quedar inermes, pues la concesión  de autoridad  a los servidores del Estado no supone que se abjure de su control. A través de las acciones contempladas en la Constitución puede determinarse el grado de cumplimiento que las autoridades han dado a su deber de sujetar su conducta a la norma fundamental. Si no se abre la posibilidad de control, no es posible determinar si la autoridad ha cumplido o no con este sagrado deber y, si ello es así, esa autoridad carece de límites constitucionales, la Constitución pierde todo su sentido y debe abdicar de su función como ordenadora suprema de la sociedad. No puede dársele a la traición del deber de obedecer la Constitución más fuerza que a ésta, lo cual se logra si se arrebata a la sociedad que ha depositado su confianza en las autoridades públicas la garantía inteligente de que mediante las acciones correspondientes - la acción de tutela es una de ellas - pueda controlar la fidelidad con que aquéllas han cumplido el juramento empeñado de sujetarse a  la Constitución. De la misma manera como una ley del Congreso puede, en la realidad, violar la Constitución, por ser incompatible con una disposición de ésta última, de idéntica  manera, una sentencia de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, puede, en la realidad, violar un derecho fundamental consagrado en una disposición de la carta. En el primer caso, la existencia de la acción de inconstitucionalidad en caso de que se  acredite la violación debería conducir a la exclusión de la ley acusada del ordenamiento. De no haberse consagrado  la acción pública o de impedirse su ejercicio, la ley en la práctica, pese a violar la Constitución, se impondría sobre ésta. Ello no ocurre y, por eso, la Constitución frente a la ley mantiene su prevalencia y es norma de normas. En el segundo caso, de negarse  la acción de tutela, el comportamiento inconstitucional, no obstante que pudiere existir   y comprobarse, no podría ser objeto de acción judicial alguna y, en la realidad, la sentencia prevalecería sobre la Constitución  no obstante su incompatibilidad. En este evento, la Constitución no sería, como lo señala el artículo 4o. de la carta, norma de normas. A esta consecuencia conduce la tesis de la Corte Suprema de Justicia de la no cuestionabilidad constitucional de las sentencias de la Sala Penal, y de nada vale que se invoque expresamente como título de inspiración el principio constitucional  de la separación y límites de los poderes públicos. La Constitución, límite supremo, frente a las sentencias, dejaría  de ser norma de normas. Las sentencias y sus autores, los jueces, no tendrían límites. 14. La tesis de la no cuestionabilidad constitucional de las sentencias de las salas  de la Corte Suprema de Justicia, aparte de transformar a la Corte de órgano con "poderes limitados" en órgano con "poderes ilimitados", desconoce la estricta sujeción que ella debe a la Constitución como norma de normas. La inmunidad judicial que la aplicación práctica de esta tesis otorga a eventuales violaciones de preceptos  constitucionales  por parte de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como se examinó en el punto anterior, coloca a las sentencias en un plano superior respecto de las normas constitucionales vulneradas. La tesis analizada, por entrañar semejante secuela práctica, desconoce el valor normativo de la Constitución expresado en su artículo 4o. con las palabras siguientes: "La Constitución es norma de normas". Conviene, pues, precisar, para los presentes efectos, el alcance de este principio. La posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten  en la sociedad, y al efectuar todo esto funda el orden jurídico mismo del estado. La Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto  de los actos de los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y jueces - se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello "fuente de fuentes", norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente  en el texto del artículo 4o. citado: "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución  y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones  constitucionales". 15. El valor normativo de la Constitución  no se limita a que el Congreso, el ejecutivo y los jueces al ejercer sus funciones y expedir leyes y decretos y proferir sentencias, observen la Constitución. El valor normativo de la Constitución explica que a ella igualmente queden sometidos los nacionales y extranjeros y que sea un deber y una obligación suyas acatar la Constitución (CP arts. 4o. y 95) so pena de responder por su infracción (CP art 6). A diferencia de antiguas constituciones o cartas, la Colombiana no consagra privilegios y su papel plenamente normativo se ratifica en el hecho de que vincula por igual a los ciudadanos y a las autoridades. En los dos casos, el desacato de las normas  constitucionales compromete la responsabilidad  de los infractores  (CP arts. 6 y 90). La responsabilidad que puede deducirse contra los autores de las infracciones constitucionales refuerza su carácter normativo. Tratándose  de autoridades públicas, dado que no existe conducta más antijurídica que la violación  de la Constitución, aparte  de la responsabilidad patrimonial del estado por los daños que se sigan a la infracción, deberá éste repetir contra los primeros (CP art. 90). El cumplimiento que impone la Constitución, derivado de su carácter normativo y general, no es compatible con la existencia de zonas de inmunidad o  impunidad constitucional, menos  todavía cuando la excepción a la observancia  estricta a la Constitución  pretenda cobijar a un órgano de la rama judicial. 16. Para que un ordenamiento jurídico exista  basta que su población  amolde generalmente su conducta a las normas válidas que lo conforman. Pero, es decisivo,  en todo caso, que las autoridades, como conducta pública y uniforme, acepten las normas que la Constitución establece como criterios de validez para determinar la regularidad de la producción de las restantes normas del ordenamiento y de los mecanismos de solución de las controversias relativas a su aplicación. En caso contrario, si no existe un criterio oficial común y público, compartido por las diferentes instancias de producción y aplicación del derecho y si la aceptación de los supremos criterios de validez jurídica a los cuales deben adecuarse dichos procesos y los correspondientes órganos establecidos por la Constitución, se deja a su libre opción, se pone en serio peligro la unidad y continuidad del mismo orden jurídico y se allana el camino a su disolución. La patología de un orden jurídico puede obedecer a causas externas a él y así acaece  cuando  sus normas comienzan a perder eficacia por razones que tienen que ver con su entorno social, político o económico, y de este modo se resiente paulatinamente  el respeto generalizado a las normas por parte de la población. No es infrecuente, sin embargo, el caso de que la quiebra del orden jurídico obedezca a una causa interna y que ésta se atribuya al desconocimiento de la Constitución por uno de los poderes públicos. De ahí la imperiosa necesidad institucional de impedir en este caso que las altas autoridades del estado se aparten, en el ejercicio de su funciones, de las normas constitucionales. 17. El valor normativo de la Constitución  adquiere  mayor relieve cuando en ella se introducen contenidos materiales nuevos destinados a informar en profundidad todo el ordenamiento, a caracterizar la misión misma del estado y sus autoridades y a servir de marco de la convivencia ciudadana. La Constitución Política Colombiana  no se ha limitado a regular  la estructura y conformación del poder público. Adicionalmente a las normas de "tipo orgánico", se encuentran otras  que utilizando una licencia verbal se podrían denominar de "tipo material" y que definen y desarrollan las características del estado colombiano (social de derecho, unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades descentralizadas, democrático, participativo, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad  de las personas y en la prevalencia del interés general), consagran los fines esenciales del estado y los valores y principios que inspiran el ordenamiento constitucional (servicio a la comunidad, promoción de la prosperidad  general, garantía y efectividad de los derechos y deberes fundamentales, participación en la vida política, defensa de la independencia nacional y de la integridad territorial, convivencia pacífica, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz) y establecen los derechos, las garantías y los deberes. Tanto el contenido "orgánico" como el nuevo contenido "material" de la Constitución,  tienen valor normativo. La Constitución en esta parte no pretende tener sentido puramente exhortatorio o de proclama. Su pretensión es eminentemente preceptiva. Y esto es lo que se afirma de manera rotunda y sin esguinces en el artículo 4o.: "la Constitución -toda, sin distinguir entre su parte "orgánica" y su parte "material", agrega la Corte Constitucional- es norma de normas" y a la misma, en su integridad, deben acomodar sus conductas los servidores públicos -sin excepción- y los particulares. Tratándose de los derechos y de las garantías  de los ciudadanos, la Constitución no sólo ha querido concederles a las disposiciones que los consagran pleno valor normativo, sino que ha buscado a través de distintos mecanismos y garantías, otorgarles  efectividad. En este orden de ideas, la Constitución define directamente  los diferentes derechos, de suerte que su contenido esencial sea en todo caso respetado y quede sustraído al juego de las mayorías políticas, gozando así de la inmutabilidad  y perdurabilidad propias de la norma constitucional; ciertos derechos son de aplicación inmediata (los consagrados en los arts. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 31, 33, 34, 37 y 40); a través de un procedimiento preferente y sumario, toda persona dispone de una acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales (CP art. 86); la Constitución ordena a la ley regular las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos y para el resarcimiento de los daños que se ocasionen a un número plural  de personas (CP art 88); la violación de los derechos y garantías  por las autoridades públicas compromete la responsabilidad patrimonial del estado y de sus agentes (CP art.90); en fin, además de los recursos que para la defensa de los derechos contempla la Constitución, se ordena a la ley reforzar las acciones y los procedimientos para que se pueda propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades  públicas. La gran mayoría de las propuestas presentadas por todos los sectores políticos  a la Asamblea Nacional Constituyente refleja el consenso general de los constituyentes de 1991 en torno a la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos y libertades fundamentales. "En el articulado se intento hacer una sinopsis de los derechos fundamentales de la persona humana... Como consecuencia, no podía dejar de consagrarse  también un procedimiento de garantía efectiva de estos derechos, permitiéndole a quien ha sido privado de su libertad recurrir a cualquier autoridad para su liberación inmediata y respecto de los demás derechos, otras garantías similares". (Aida Abella, Raimundo Emiliani Román, Germán Toro, Diego Uribe Vargas, María Mercedes Carranza. Informe - Ponencia para primer debate en Plenaria sobre Nueva Carta de Derechos, Deberes, Garantías y libertades G.C. No. 51 p.19). " (...) Creo que además de esos derechos fundamentales existe lo que nosotros hemos denominado la necesidad  de no  quedarnos en el enunciado, porque nosotros podemos ser muy elocuentes en el esfuerzo de síntesis y en la presentación de todo lo que resultará nuestro catálogo, nuestro decálogo o nuestros 14 puntos; pero la sustancia de todo el esfuerzo tiene que estar concentrada en cómo es que eso se va a cumplir y de qué manera el Estado colombiano puede realmente apersonarse de una manera tal y el  ciudadano estar cubierto para efectos de que no sea letra muerta nuestra Constitución. De ahí que nosotros hemos dicho que los derechos humanos necesitan dientes, ahora se diría muelas en la Constituyente, pero necesitan dientes y muelas que coman para efectos de garantizar que pueda realmente aplicarse lo que establecemos". (Augusto Ramírez Ocampo. Intervención en la Comisión I de la Asamblea Nacional Constituyente. G.C. 104 p.11). No cabe duda del valor normativo acentuado que la Constitución le asigna a las normas sobre derechos, garantías y deberes. Valor  normativo que se acompaña con el principio de efectividad que se eleva a fin esencial del estado  y a compromiso ineludible de todas las autoridades públicas: "son fines esenciales del estado:...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados  en la Constitución" (CP art. 2). La misión  de las autoridades de la República - los jueces no pueden escapar a este mandato cuando ella es, por el contrario, su misión por excelencia - es la de "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares" (CP art. 2o.). El principio de efectividad  de los derechos y garantías es consustancial  al concepto mismo de estado social de derecho que se propone como misión de estado y justificación de la autoridad pública convertir los derechos formales en derechos reales. Entre las varias proyecciones de este principio, especialmente aplicables a la función de la Corte Suprema de Justicia y de todos los jueces en su función de amparar los derechos de los ciudadanos, cabe destacar lo señalado en el art. 13 de la Constitución Política: "El estado - la Corte Suprema de Justicia y los jueces son órganos de una rama del estado - promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados". De esta forma han quedado plasmados en la Constitución los anhelos de amplios sectores de la población y que en su momento tuvieron expresión en la Comisión V de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se afirmó: "Un principio fundamental orienta esta exposición: la concepción de los ciudadanos  como iguales ante la vida y no únicamente ante la ley. Hemos dicho que la Asamblea  ha sido  convocada  en la búsqueda  de una salida democrática a la crisis política, social y moral del país y que la comisión  quinta se creó con la firme intención de ir  más allá del necesario rediseño  de nuestra estructura institucional y consagrar en la Carta unas normas que de alguna forma impacten la cotidianidad angustiosa  de muchos compatriotas. Con este propósito estaremos vigilantes  para que en la Constitución no queden solamente enunciados múltiples derechos que, de suyo, no garantizan unas condiciones de vida dignas y decorosas y abogaremos por unas fórmulas  constitucionales con capacidad suficiente  para normar y transformar la realidad social". (Jaime Benitez Tobón, Tulio Cuevas Romero, Angelino Garzón, Guillermo Guerrero Figueroa, Iván Marulanda Gómez, Guillermo Perry Rubio, Oscar Hoyos Naranjo, Carlos Lemos Simmonds, Rodrigo Lloreda Caicedo, Ignacio Molina Giraldo, Carlos Ossa Escobar, Miguel Antonio Yepes Parra. Informe - Ponencia para primer debate en Plenaria sobre Finalidad Social del Estado y la Seguridad Social, G.C. No. 78 p.2) Una jurisprudencia evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas  del país  y consciente  de la necesidad  de estimular la progresiva y firme  instauración de un orden justo,  asentado  en el respeto y efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia con el estado social de derecho. Como corolario del principio de efectividad, elemento esencial del estado social de derecho, el artículo 228 de la Constitución Política, ordena que en las decisiones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. No existe derecho más sustancial  que el consagrado en la propia Constitución cuando se ocupa de definir los diferentes derechos.  Esa disposición debe por ello interpretarse como una de las más preciosas garantías de la protección de los derechos y brinda la prueba inconcusa  de su pleno valor normativo. Ninguna autoridad pública puede desconocer el valor normativo  y la efectividad  de los derechos y garantías que la Constitución  consagra en favor de las personas. Todas  las autoridades, sin excepción,  deben proteger y promover su cumplimiento y respeto. Si la Corte Suprema de Justicia o cualquier juez viola o pone en peligro un derecho reconocido en la Constitución a una persona, desconoce  el valor normativo  y el principio de efectividad  que ella reconoce a las disposiciones que lo consagran y su actuación no goza de inmunidad  o privilegio alguno que la haga incuestionable. Ante ninguna autoridad, por alta que sea, la Constitución  abdica su valor  normativo  ni el estado social de derecho presta legitimidad a actuaciones suyas que no sean las de servir a la comunidad y respetar y promover los derechos de sus miembros. 18. La consagración en el texto constitucional de principios generales, valores y derechos en favor de las personas, ha enriquecido indudablemente  su contenido material. Esto tiene repercusiones de la mayor trascendencia respecto de los actos que realizan los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y jueces - y sus agentes. La Constitución, en efecto, ya no agota  su regulación  en el sólo diseño de los órganos del estado y en la determinación del método y procedimiento para la creación y aplicación del derecho por parte de éstos. A los criterios de validez y de reconocimiento del derecho como derecho estatal, cometido específico de la norma constitucional, se agrega el respeto a los principios, valores y derechos consagrados expresamente por la Constitución. El contenido material  de la Constitución se erige en criterio de validez del entero  ordenamiento jurídico y del universo de las actuaciones de los poderes constituídos, cuya regularidad y pertenencia al derecho  estatal no se cumple solamente satisfaciendo criterios orgánicos y formales. Así las leyes del Congreso, los Decretos del Presidente, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de los demás  jueces, entre otros actos del estado, sólo se reconocen como derecho válido del estado si además de reunir los requisitos para su producción y emanación, según criterios formales y orgánicos, respetan y se inspiran en el contenido material de la Constitución que suministra criterios de fondo para calificar  desde este punto de vista la validez de los actos y abstenciones  del estado llevadas a cabo por sus órganos y agentes en todos los órdenes y en sus diversas manifestaciones. Consiguientemente, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución  a las personas, por no conciliarse con su contenido material deberán excluirse a través  del procedimiento correspondiente del derecho estatal. 19. La violación de la Constitución por uno de los órganos que integran cualquiera de las ramas del poder público o sus agentes, siempre supone un grave desajuste institucional que precisa  ser corregido de manera inmediata a través de los procedimientos de depuración constitucional que ella misma contempla. No se compadece con la Constitución que los órganos por ésta creados, por definición sujetos a su control, se conviertan  en factores de desestabilización  institucional. Es comprensible que el ordenamiento reaccione con mayor energía ante este tipo de incumplimientos dado su mismo origen y que ponga en acción una serie de mecanismos correctores. Ninguna esfera del estado - así pertenezca a la rama judicial - puede considerarse inmune a esta reacción de defensa del ordenamiento estatal. Las altas jerarquías  del estado de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, no son titulares de fracciones de poder sino instrumentos para la realización de las tareas estatales. La comunidad reclama de los órganos superiores del estado un claro, inequívoco y militante compromiso de ceñir su conducta a lo preceptuado por la Constitución. De otra manera, la Constitución se expone a ver erosionada  su eficacia, su fuerza y su prestigio. No se puede exigir a la población el cumplimiento  de una Constitución cuando sus altas jerarquías hacen caso omiso de sus mandatos  e imponen sobre ella su nuda voluntad de poder. 20. Si bien la Constitución es norma normarum,  fundamento de todo el ordenamiento estatal, ello paradójicamente la hace más frágil. La norma constitucional no tiene existencia propia fuera de la realidad. Dado que su validez no puede ser auto-referencial, su único sentido se concreta en llevar a la realidad lo estatuído  por ella. El valor normativo de la Constitución no significa por sí mismo la actualización del querer constituyente. Esa pretensión de vigencia a la que se contrae  esencialmente su valor normativo precisa tanto su aceptación  como su efectiva realización mediante actos humanos de voluntad y hechos concretos de ordenación de la realidad política y social según sus dictados. Es cierto que la pretensión de ordenar la realidad social y política - mundo de lo fáctico - propia de la Constitución, puede malograrse si sus autores han desatendido condicionantes insalvables de orden cultural, económico, técnico, geográfico o de cualquier naturaleza que impidan e interfieran de manera irresistible el proyecto constitucional. Obrando estas circunstancias, la pretensión de vigencia de la Constitución y su valor normativo no pueden sino sucumbir ante la tozudez  de la realidad. Así no operen estas causas objetivas de ineficacia de la Constitución, ella tampoco podrá realizar su cometido si las altas jerarquías  del estado como poderes establecidos por la Constitución no toman plena conciencia de su improrrogable compromiso de adecuar  su conducta a la Constitución y promover activamente su cumplimiento. Las personas que ocasionalmente fungen como agentes  del poder público deben adquirir conciencia de los fines del estado como que en su realización se cifra  la existencia misma de la Constitución. No es posible que una rama del poder público - legislativa, ejecutiva o judicial - cumpla idónea y responsablemente  su función si no tiene conciencia de los fines del estado. Ese desconocimiento convierte  las competencias en  feudos de poder; el agenciamiento, puramente instrumental de una tarea estatal, en fin del estado mismo; las técnicas organizativas  de la separación de funciones, de simple mecanismo  de racionalización del manejo de la cosa pública,  en pretexto para fundar dentro del estado "pequeñas repúblicas independientes", soberanas e imbuidas  de sus propios fines. En Colombia todas las autoridades públicas están obligadas - la  Corte Suprema de Justicia y los demás jueces no están exceptuados de este deber - a ejercer  responsablemente las atribuciones que les han sido conferidas para realizar las diferentes tareas estatales. Ese ejercicio responsable del poder público supone tener  conciencia de los fines del estado, pues el propósito único de cada competencia asignada a la autoridad pública es justamente la de realizar dichos fines. Se comprende que si se carece de conciencia de los fines del estado no se podrá cumplir el encargo que la sociedad hace a cada funcionario del estado. La actuación de los poderes públicos debe imperativamente  estar caracterizada  por una clara conciencia de los fines del estado. Así lo ordena el artículo 113 de la Constitución: "Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". Esta conciencia es inseparable de la voluntad  de la cual debe ser portador todo servidor público consistente en acomodar su conducta al precepto constitucional y contribuir eficazmente  a que su valor normativo y su pretensión de vigencia se cumplan de modo que el proyecto de vida del constituyente se proyecte en la realidad y la  regule conforme a sus previsiones. No se puede tener conciencia de los fines del estado si se parte de una consideración abstracta  y estática del estado como sujeto preexistente colocado fuera de la historia. El estado más que un sujeto es un proceso histórico  continuo  mediante el cual se pretende, en la realidad, reducir a unidad la diversidad y heterogeneidad de las conductas e intereses que se manifiestan en la vida humana muchas veces de manera caótica y desordenada. Se tratará siempre de la obtención de mínimos de consenso que garanticen la unidad política del estado sin la cual no podrá dentro del territorio disponerse de un orden jurídico que regule la convivencia social. Los órganos del estado se asientan  sobre esa unidad política que en ningún caso puede darse por dada y de cuya conservación y afianzamiento depende la existencia misma del estado. Tener presente y colaborar en la construcción histórica de esa unidad global es lo que ordena el artículo 113 citado al imponer a los servidores públicos el deber de colaborar  para la realización de los fines del estado. Los órganos superiores  del estado están obligados constitucionalmente a tener esta visión unificada y global alrededor de los fines que lo caracterizan  y que la Constitución pretende cimentar en la realidad de la vida social apelando primariamente a su concurso y actividad. Plantear la separación de funciones, orgánica o intraorgánica, de manera absoluta, supone convertir una herramienta del aparato estatal en fin del estado mismo. Anteponer un pretendido principio de jerarquía como muralla al control constitucional del respeto de los derechos fundamentales por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, equivale  a excluir de una esfera importante de la vida del estado la realización de uno de sus fines más preciados. Asumir como verdaderas estas tesis  no se concilia con la conciencia de los fines del estado  que debe distinguir  la actuación de sus órganos superiores. La conciencia de los fines del estado debe forzar a mantener  un comportamiento oficial coherente. No se puede predicar frente  a otros  respeto a los derechos fundamentales  y sancionar sus violaciones y, simultáneamente,  negar ese escrutinio respecto de sus propios actos. La comunidad perdería toda fe en la Constitución. 21. La conciencia de los fines del estado se alimenta de la convicción acerca de la necesidad de que la Constitución sea inviolable, dentro y fuera del aparato estatal, como garantía de que la comunidad pueda tener en la unidad del ordenamiento jurídico un sólido cimiento que le permita desenvolverse de  manera ordenada y no de modo caótico o informe. La Constitución abriga la pretensión  de ser la piedra angular  de la vida comunitaria. Sus normas son fundamentales en cuanto ellas  expresan un mínimo de principios incuestionables e incontrovertibles que por su estabilidad  y permanencia sirven de sustento a la comunidad. Esos principios son unos de naturaleza orgánica y procedimental y otros de contenido material. Los primeros señalan las tareas que el estado debe cumplir, configuran las competencias e instituyen  los órganos que las realiza; gracias a ellos se regulan los procesos de creación y aplicación de normas y solución de conflictos, estableciendo entre los órganos mecanismos de coordinación y control a los abusos del poder. Los segundos consagran las metas del estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertad y derechos de los individuos  y grupos. Ambos conjuntos de normas, materiales y orgánicas, persiguen conferirle unidad  a la acción del estado y concretar en la comunidad un determinado proyecto de vida. La inviolabilidad de la Constitución, comprendiendo  cabalmente su cometido, es condición esencial para ordenar la lucha política dentro de la sociedad, establecer y racionalizar el poder público y evitar su abuso y preservar los derechos y garantías de sus miembros. La tesis que impide el control constitucional de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia cuando éstas se acusan de violar los derechos  fundamentales, desconoce tanto los principios orgánicos de la Constitución  que favorecen el control de los órganos estatales a fin de evitar el abuso del poder, como los principios y valores materiales que pretenden asegurar el respeto a los derechos y libertad de los ciudadanos. 22. La conciencia  de los fines del estado no ignora que la Constitución es un orden histórico que puede quedar inactuado si los órganos del poder público no se empeñan deliberadamente en cumplirla. La legitimación de la Constitución debe ser tarea constante de las autoridades públicas. Compromiso que es mayor tratándose de una Constitución nueva cuyo arraigo en la conciencia popular debe todavía esperar a que el tiempo y el ejemplo y uniformidad de la conducta oficial produzcan su fruto. Someter las sentencias de la Corte Suprema de Justicia al escrutinio y examen de constitucionalidad refuerza el respeto a la Constitución y estimula su obediencia. No hacerlo es un precedente que la deslegitimiza. 23. La conciencia de los fines del estado lleva a  comprender que la Constitución es en cierto sentido un orden  a alcanzar. Pretende esculpir en la realidad un proyecto de vida comunitaria. Parte del presupuesto y de la fe que el derecho, si cuenta con el auxilio de la voluntad de los hombres, puede tener algún poder de conformación de la  realidad y que éstos  no siempre estarán expuestos a circunstancias ingobernables. La Constitución puede ser frágil como se ha dicho. Pero si a ella  la sustenta una firme e indeclinable voluntad, puede transformar la realidad. 24. Como se ha anotado, la Constitución no circunscribe su  pretensión normativa al establecimiento de órganos del poder público y a la asignación  de sus atribuciones, de modo que su  actuación configure - a partir de la norma fundamental - el ordenamiento jurídico  en sus diferentes niveles y facetas. Esta misión de la Constitución se puede denominar orgánica. Adicionalmente, la Constitución determina las reglas o pautas mínimas de convivencia social y de ejercicio de la autoridad pública. La vida de relación, en sus múltiples manifestaciones privadas y públicas y en la necesaria interacción de los ciudadanos y las autoridades, debe discurrir de conformidad con los principios y valores expresamente consagrados en la Constitución  y con estricto respeto a los derechos allí plasmados, los cuales a su turno por representar los más altos valores humanos se erigen en el núcleo esencial de la Constitución. La Constitución cumple aquí una tarea que se puede denominar su misión material. 25. El título II de la Constitución que se ocupa de los Derechos, las garantías y  los Deberes, constituye la proyección en el articulado de la misma de la primera y más radical afirmación con la cual se inicia su texto: "Colombia es un estado social de derecho...". El estado de derecho se define materialmente como aquél que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantías y deberes. La protección de los derechos se integra como elemento definitorio del estado social de derecho. No hay estado de derecho sin garantía efectiva de los derechos de las personas ni éstos pueden realizarse por fuera del estado de derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo, y a la solidaridad de las personas que integran la nación le dan,  en su conjunto, un contenido material y no simplemente formal al estado de derecho, el cual ya no puede definirse a secas como el "mero imperio de las leyes". En este sentido, el constituyente encargado de redactar los artículos sobre Preámbulo y Principios, en ponencia para primer debate ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmaba: "Al respetar la dignidad humana estamos respetando todos los derechos de la persona y otorgamos preeminencia a la libertad y la justicia... Hemos tenido muy en cuenta, además, el abrumador plebiscito con que todos los proyectos y propuestas (más de quinientas) proclaman la primacía de los derechos de la persona, así como la protección de la familia, institución básica de la sociedad". (Alberto Zalamea Costa - Ponencia para primer debate en Plenaria sobre Preámbulo y Principios G.C. No. 36 p. 28). La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado de derecho, razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías - máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana - contribuye a darle contenido, sentido y fin a esta modalidad histórica de estado. La persona humana en su manifestación  individual y colectiva es contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya  protección se crea el estado y se otorgan competencias a sus agentes. En efecto: la soberanía reside  exclusivamente en el pueblo y de él emana el poder público (CP art 3); el pueblo lo constituyen  las personas en ejercicio de sus derechos políticos. El Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona humana (CP art. 5). Las autoridades de la República están instituídas - tal es la razón del estado - - para  proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares (CP art 2). Los derechos y garantías de las personas consagradas en la Constitución, inspirados en el respeto  y promoción de la persona humana, satisfacen necesidades subjetivas de los individuos y grupos  sociales frente al estado y entre sí (función subjetiva), y, de otra parte, integran de manera  objetiva el estado de derecho (función objetiva). En un plano subjetivo, los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, tienen la virtualidad de reconocer al individuo y a los grupos sociales el poder efectivo de establecer, en unos casos, un límite a la acción del estado y por tanto reivindicar con éxito frente a sus invasiones una esfera de actuación libre de interferencias e intromisiones (libertad negativa); en otros, el de ejercer libremente una determinada actividad, que implica acotar un campo específico y propio para el libre desarrollo de la personalidad, en sus  proyecciones individuales y sociales (libertad positiva); y, finalmente, el de obtener del estado la realización de ciertas  prestaciones que correlativamente se tornan deberes sociales del  estado y que, en línea de principio, corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. En el plano subjetivo, de otra parte, repercuten en últimas aquellos derechos que tutelan bienes  e intereses públicos y cuya titularidad se ubica, por estas circunstancias, en la misma colectividad (derechos colectivos y del ambiente). El catálogo de derechos nos expone una variedad de situaciones. En primer término, poderes de libre determinación e iniciativa del individuo que le otorgan un verdadero status frente al estado y las demás personas y grupos, ante quienes los puede reivindicar como derechos subjetivos públicos. Es el campo de la libertad  y de la autodeterminación de la persona con referencia a sí misma en pos de la actualización de todas las potencialidades de su ser, para lo cual es indispensable la ausencia de interferencias. En segundo término, la Constitución reconoce que los derechos y libertades individuales corresponden a las oportunidades realmente existentes en la sociedad para satisfacer las necesidades esenciales de cada individuo y cuya realización  es indispensable para su dignidad y desarrollo. La realidad empírica muestra que el  hombre está supeditado a las condiciones históricas de orden  económico, social y cultural propias de su entorno. Con el objeto de crear oportunidades reales para el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la comunidad, la Constitución impone al estado objetivos, metas y programas de acción que pueden eventualmente traducirse en derechos a diferentes prestaciones de orden económico, social y cultural. Con la consagración de este tipo de derechos y de intereses legítimos que representan para el estado obligaciones  positivas, se pretende conseguir la igualdad social de suerte que la libertad y el pleno desarrollo vital no sólo esté al alcance de una fracción  pequeña de la población. El sistema de derechos y garantías tiene además una importante dimensión objetiva, como elemento integrante del estado de derecho. Los derechos y garantías representan el repertorio de valores básicos prohijado por la Constitución como base del consenso social cuyo acatamiento legitima la actuación estatal y cuyo incumplimiento franquea el ejercicio del derecho de resistencia contra el mismo  estado y sus agentes. Los derechos y garantías, de otro lado, contribuyen a asignar los cometidos estatales primarios que se sintetizan en la protección de la libertad - actuando en unos  casos y debiendo abstenerse en otros -  y en la promoción  activa de las  condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP art 13). Para medir la incidencia objetiva del sistema de derechos y garantías y el significado dominante que tiene en la Constitución, basta detenerse en las siguientes consideraciones. El Estado-aparato, correspondiente al momento orgánico de la Constitución,  se califica y define en función  de su capacidad constitutiva para proteger la libertad y promover la igualdad y efectiva realización y ejercicio de los derechos por parte de todos los  miembros de la comunidad. Dado que el Estado sólo se crea y justifica con esa  pretensión, él se califica como estado social de derecho. El sistema de derechos y garantías no se limita a funcionalizar el estado en la dirección de su efectiva realización, sino que se constituye además en el máximo criterio para calificar el desempeño del mismo ordenamiento jurídico, el cual sólo puede  representar la vigencia de un orden justo cuando la proclamación  constitucional de los derechos, garantías y deberes se proyecte en la realidad concreta. Ese es el fin esencial del estado (CP art. 2). Cabe finalmente destacar la posibilidad de que la reforma constitucional que recaiga sobre los derechos reconocidos en el capítulo I del título II y sus garantías, se torne más rígida que el procedimiento normal de reforma, si  así lo solicita el 5% de los ciudadanos que  integran el censo electoral (CP art. 377). En este último caso, la necesidad de someter a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, pone de presente el peso significativo que la Constitución le asigna al sistema de derechos y garantías. El estado social de derecho es la fórmula constitucional que articula de manera armoniosa la Constitución orgánica y la Constitución material y que demuestra la primacía del elemento material. El Estado-aparato es el medio para garantizar y hacer efectivos los derechos y garantías y deberes sociales. La relación de Estado y sistema de derechos y garantías es una relación de medio a fin. El Estado se configura genéticamente para servir como instrumento a la garantía y realización de los derechos. Esta es la esencia del estado social de derecho. Como lo dijera un ilustre ex-presidente ante la Comisión I de la Asamblea Nacional Constituyente, "El tema de los derechos humanos, no es un tema cualquiera, yo estoy absolutamente  seguro de que sí somos capaces de acordar  aquí, y luego pasarlo a la Asamblea y allí defenderlo, un repertorio ordenado y al mismo tiempo garantizado que serían los derechos humanos en la nueva Carta Política, le hemos ofrecido a Colombia la paz, porque la verdad es que la paz reposa en eso, en que los gobiernos garanticen los derechos de los seres humanos, que cada ciudadano garantice los derechos de otro ciudadano y que los gobiernos sean capaces de consagrar y exigir que los derechos humanos  sean eso que pudiéramos  llamar la columna vertebral de nuestra democracia". (Misael Pastrana Borrero. Intervención en la Comisión I de la Asamblea Nacional Constituyente. G.C. 108 p.4). A la luz de las anteriores consideraciones, la tesis de la Corte Suprema de Justicia según la cual ciertos actos jurisdiccionales escapan al control de constitucionalidad, pese a ser violatorios del sistema constitucional de derecho, garantías y deberes, no se compadece con la idea de estado social de derecho. El estado social de derecho se construye  bajo el designio de proteger y respetar a la persona humana. La violación de sus derechos y garantías, representa una afrenta a la persona y a su dignidad. El estado social de derecho se expondría a ver desvirtuada su naturaleza si prestara su "razón social" para mantener la vigencia y eficacia de actos jurisdiccionales lesivos de los derechos y garantías de las personas constitucionalmente establecidos. El estado social de derecho sólo puede reclamar obediencia si su actuación es legítima y para serlo no puede, mediante sus actos o sus abstenciones, violar el sistema constitucional de derechos y garantías de las personas. Los actos jurisdiccionales violatorios de los derechos constitucionales de las personas, carecen de legitimidad y no pueden merecer acatamiento. Los actos jurisdiccionales violatorios de los derechos desconocen el concepto mismo que los anima, y que apuntan a mantener  frente al Estado, sea este el estado-legislador, el estado-administrador o el estado-juez, - una esfera de interés privado libre de interferencias . En estas situaciones, la tesis de la inimpugnabilidad de los actos jurisdiccionales violatorios de derechos fundamentales, recorta el concepto mismo de derecho fundamental. No es posible aceptar que el ámbito de la vida personal o social que el constituyente privilegia contra las intromisiones estatales se reivindique y se imponga contra el legislador y la administración  y no lo pueda hacer frente al estado-juez. Cuando el sistema constitucional de derechos y garantías impone al estado obligaciones positivas de actuación, como desarrollo del programa perenne que asume el estado social de derecho con miras a afianzar la igualdad, la función del juez no puede ser ajena a la consolidación  y promoción  de los nuevos horizontes emancipatorios que se abren a las personas y a los grupos sociales. El estado-juez en la tarea de aplicación del derecho al caso concreto debe otorgar prioridad al derecho sustancial y mediante la interpretación privilegiar la solución que promueva en un mayor grado la igualdad real y efectiva. Estos mandatos específicos contenidos en los artículos  13 y 228 de la Constitución enmarcan el decisivo papel que el juez debe cumplir en el estado social de derecho. El estado-aparato debe estar al servicio activo del sistema  constitucional de derechos y garantías de las personas. El juez como defensor y promotor de los derechos reniega de su función en el estado social de derecho cuando a través de sus actos o  abstenciones, lejos de ser el artífice y constructor de un orden justo, lesiona los derechos que debería tutelar. El estado social de derecho busca la máxima aplicación y ejercicio de los derechos constitucionalmente protegidos. Su vigencia, por lo tanto, no se circunscribe  a las relaciones entre los particulares y el estado. La primacía de la Constitución - autopostulada en su artículo 4o. -, unido al deber de nacionales y extranjeros de acatar la Constitución (orgánica y material) y al deber específico de toda persona y ciudadano de respetar los derechos  ajenos, de no abusar de los propios y de defender y difundir  los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica (CP art 95), le otorga títulos más que suficientes al sistema de derechos y garantías constitucionales para gobernar  las relaciones de los particulares entre sí. El juez está llamado a ser garante y promotor de la convivencia pacífica, la cual se quebranta cuando en la vida  de relación las personas desconocen y vulneran sus derechos y garantías constitucionales, que en Colombia constituyen parte esencial del ordenamiento jurídico, con fuerza vinculante  inmediata respecto de las relaciones privadas. Es claro que si las violaciones privadas a los derechos constitucionales no son sancionadas por el juez a quien se acude para su tutela, éste incumple en el Estado Social de Derecho su misión constitucional como garante y promotor de la convivencia pacífica. En este caso, la sentencia contribuye a consumar la violación o desconocimiento de un derecho o garantía constitucional y se suma por lo tanto a la infracción constitucional materia del proceso, máxime si se considera que la indefensión estaría patrocinada por el mismo agente público que debería rechazarla. Pretender que estas sentencias no se sujeten al control constitucional no es solamente librar la vida comunitaria al arbitrio de los sujetos privados más poderosos, sino renunciar a la misión  que el estado social de derecho reserva a los jueces: ser los principales  defensores y promotores de los derechos de las personas, lo que equivale a convertirse en los más activos garantes de la convivencia pacífica. El sistema constitucional de derechos y garantías constitucionales se incorpora como elemento objetivo y material del estado de derecho e integra con sus reglas, principios y valores el ordenamiento jurídico que deben aplicar los jueces. La función jurisdiccional del estado está, pues, consustancialmente ligada al efectivo cumplimiento  de esta parte fundamental del ordenamiento. La primacía de la Constitución  además de concebirse  como poder vinculante respecto de los sujetos públicos y privados, debe entenderse como pretensión moldeadora e informativa de todo el andamiaje jurídico. No en vano la Constitución reivindica  su naturaleza normativa. Los jueces deben apreciar, interpretar y aplicar las leyes y demás normas, conforme a los dictados de las reglas y principios consagrados  en la Constitución. En este sentido se dejarán de aplicar normas incompatibles con la Constitución y entre las modalidades de su aplicación e interpretación  se escogerá la que más se ajuste al espíritu y texto de la carta. La nueva hermenéutica que impone la Constitución  se inspira en el propósito de incorporar a todas las zonas de la normatividad  los postulados del estado social de derecho y el instrumento  para alcanzar este objetivo no puede ser sino el juez. La tesis de la inimpugnabilidad constitucional de las sentencias, acogida por la Corte Suprema de Justicia, impide  rectificar el curso desviado de la función jurisdiccional cuando ésta, en lugar de afianzar el estado social de derecho, directamente lo vulnere.  Sin control constitucional sobre las sentencias, se sustituye el necesario proceso institucional y ordenado de afianzamiento de la primacía de la Constitución respecto de las restantes normas del ordenamiento, por una actitud puramente discrecional y volitiva de los jueces como si la efectividad del estado social de derecho fuese algo  de tan poca monta que un órgano del poder público pudiese, sin consecuencias, dejar de cumplirla. 26. El Estado Colombiano se define como democrático y participativo (CP art 1). El proceso político y la articulación  del estado-aparato, se llevan a cabo a partir de la idea de "autodeterminación del pueblo", diáfanamente expresada en el artículo 3o. de la carta: "La soberanía reside exclusivamente  en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los  términos que la Constitución establece". 27. La autodeterminación del pueblo puede ser estimulada por grupos  y entes especialmente diseñados para canalizar la participación ciudadana, pero ella en últimas se ejerce a través de cada individuo. Los mecanismos de participación del pueblo - el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato - se orientan a la participación libre e igualitaria de cada miembro de la comunidad política. 28. El principio de autodeterminación  del pueblo refiere a éste el origen del poder público y de las principales decisiones políticas que configuran y unifican la comunidad. Para que las supremas decisiones y orientaciones políticas y la articulación del poder público, no se imputen al pueblo estableciendo con este  un nexo puramente formal y teórico, incapaz de ganar legitimación para la autoridad establecida y el proceso de toma de decisiones, se hace necesario que las personas y ciudadanos que integran el pueblo cumplan en verdad con su deber constitucional de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (CP art 95-5). 29. Para que se cumpla la aspiración  propia del estado social de derecho y el poder y su aparato se construya a partir de la sociedad misma, cuya participación  por esta razón resulta decisiva, debe brindarse a los miembros de la comunidad posibilidades reales e iguales de participación en un proceso político abierto, libre, transparente y pluralista. 30. Los derechos de participación política junto a los restantes  derechos y garantías previstos en la Constitución, entre los que cabe mencionar la libertad de conciencia, expresión, reunión, entre otros, tienen una clara incidencia en el proceso político que, si se pretende democrático y legitimador, debe asegurar a los miembros de la comunidad el mayor nivel de participación, el cual no se logra sino en condiciones de libertad e igualdad reales. 31.  La consagración del sistema de derechos y garantías y su efectivo cumplimiento, resulta esencial para el régimen democrático y en su ausencia no es posible apelar al principio de autodeterminación del pueblo como origen del poder público y sustento de la voluntad política. 32. Dado que el poder judicial se origina  - como todo el estado - en el pueblo y que el derecho se vincula a su voluntad política expresada en forma directa  o por medio de sus representantes, las sentencias que violen derechos fundamentales de las personas  ligados a la garantía de un proceso político libre y abierto a través del cual se forma - de manera rica y variada - esa voluntad popular, vulneran el principio democrático, causa última  de su autoridad y del derecho que aplica. 33. La tesis de la inimpugnabilidad judicial de las sentencias  contrarias a los derechos fundamentales, representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a los jueces por ella instituidos, que así quedan libres  de toda atadura constitucional para coartar la democracia y los procesos sociales a través  de los cuales germina y se expresa la voluntad popular. Y es que no hay democracia sin autodeterminación del pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacía el ejercicio  efectivo de los derechos fundamentales; ni respecto a los derechos fundamentales si su violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse. 34. La Constitución realiza su objetivo cuando el discurrir comunitario y estatal se conforma a sus dictados y acredita su primacía en cuanto sea capaz de imponerse sobre las conductas que contradigan o ataquen el orden que pretende establecer. La idea de Constitución es inseparable del atributo de prevalencia con el que enfrenta las manifestaciones de la vida estatal o comunitaria que la nieguen. La existencia de la Constitución, como sistema o conjunto de normas, no es independiente de su efectiva aplicación a la realidad concreta que pretende modelar. La deliberada configuración normativa de la Constitución - norma de normas - exige la institucionalización  de una eficiente y organizada reacción contra su incumplimiento. Como lo expresaran los constituyentes ponentes del tema sobre Control de Constitucionalidad "el corolario lógico de la jerarquía  de normas en cuya cima se encuentra la Constitución, es la necesidad de un control de constitucionalidad que vuelva eficaz el principio de la superioridad  de las normas  constitucionales. Así en caso de contradicción entre la ley inferior y la ley superior, es esta última la que deben aplicar los tribunales, los cuales rehusarán aplicar la ley inferior o bien declararán su inconformidad con la Constitución". (Ponencia sobre Control de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero. Gaceta Constitucional No. 36 p.2). La Jurisdicción Constitucional se ha establecido por la misma Constitución como función pública asignada a ciertos órganos  dotados de competencias judiciales especiales cuyo cometido  consiste en asegurar la integridad y primacía de la Constitución. El ejercicio de la función de defensa del orden constitucional  confiada a la Jurisdicción Constitucional contribuye de manera eficaz a configurar la realidad constitucional, como quiera que su misión es la de que la Constitución trascienda su expresión formal y se convierta en Constitución  en sentido material. Sin ella la Constitución no sería norma de normas y carecería de carácter coercitivo. Este carácter  que puede en ciertos eventos evidenciarse a través del uso de la fuerza, en materia constitucional generalmente se hace visible con ocasión del ejercicio de la Jurisdicción Constitucional que excluye del mundo jurídico o impone la inaplicación de las normas contrarias a la Constitución y sujeta a sus dictados las conductas transgresoras. La Jurisdicción Constitucional se pone en movimiento en los eventos previstos en la Constitución. En algunos de ellos sólo se requiere de una iniciativa ciudadana - acción de inexequibilidad - o de la petición de la persona agraviada - acción de tutela. Con lo anterior quiere destacarse que la integridad y primacía de la Constitución, consagrada por virtud del querer soberano del pueblo, es un derecho fundamental de las personas que bajo distintas formas -acción de inexequibilidad, acción de nulidad,  excepción de constitucionalidad, acción de tutela etc.- se concede a ellas por la Constitución con miras a vigilar su cumplimiento y obtener, cuando no sea así, que los poderes  públicos ejerzan sus competencias dentro de los límites de la Constitución, se inspiren en sus valores y principios y respeten, en todas las circunstancias, los derechos y garantías  de las personas. Con independencia de la necesidad institucional de la Jurisdicción Constitucional, inherente a la condición normativa de la Constitución, ésta se instituye con el objeto de hacer posible  el ejercicio del derecho fundamental de todas las personas a la integridad y primacía de la Constitución. No sobra relievar la naturaleza  fundamental de este derecho. En la Constitución se consagran las reglas básicas de la convivencia pacífica y de la organización y ejercicio de los poderes públicos. A través de la Jurisdicción Constitucional se asegura su respeto. 35. La Jurisdicción Constitucional, bien comprendido su objeto, debe entenderse en sentido material, máxime si se tiene en cuenta  que las competencias específicas sobre el particular no se radican en un único órgano judicial. De otra parte, sólo el conjunto de las competencias en punto de control  constitucional, permite extraer las características  y finalidades propias de la Jurisdicción Constitucional, las cuales brevemente esbozamos a continuación. 36. Las principales competencias en materia constitucional son  conferidas a los diferentes órganos judiciales de manera directa por la Constitución. El artículo 241 de la Constitución Política confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y enumera los asuntos  de constitucionalidad sobre los cuales debe pronunciarse. El artículo 237 de la Constitución Política atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. De otra parte, según la misma norma, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley, le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de la actuación administrativa. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Con base en lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, los jueces deberán aplicar las disposiciones  constitucionales. La configuración de la Jurisdicción Constitucional es una tarea que acomete  directamente la Constitución y lo hace con base  en criterios materiales. Todas las competencias de la Corte Constitucional integran la Jurisdicción Constitucional, pero no todos los asuntos que pertenecen a ésta última se han adscrito a su conocimiento. En todo caso, el ejercicio de las competencias en materia de control constitucional, independientemente del órgano judicial que las ejerza, se proponen de manera inmediata asegurar la primacía e integridad de la Constitución y conforman por ello la Jurisdicción Constitucional. Correlativamente, la Jurisdicción Constitucional sólo  establecida del modo indicado, o sea en términos materiales, corresponde a la extensión  del derecho fundamental de toda persona a la integridad y primacía de la Constitución,  que exige que en los distintos ámbitos de la vida pública y privada la Constitución pueda desplegar en concreto su máxima eficacia ordenadora como suprema condición de la paz social y pueda convertirse así en Constitución material, con lo cual satisface su objetivo esta jurisdicción. 37. El derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución y las normas que articulan la Jurisdicción Constitucional, deben interpretarse de manera que potencien  al máximo la defensa y cumplimiento de la Constitución. Basta observar que la Jurisdicción Constitucional  tiene una significación esencial para el perfeccionamiento y vigencia del estado constitucional de derecho, la división y equilibrio de las ramas del poder público, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, la división vertical del poder del estado y el respeto de los derechos fundamentales. 38. La Jurisdicción Constitucional es la garantía básica del Estado constitucional de derecho. El poder público en todas sus manifestaciones - estado-legislador, estado-administrador y estado-juez - se origina en el pueblo y se ejerce en los términos que la Constitución establece (CP art. 3o.). La Jurisdicción Constitucional asegura que efectivamente todos los poderes  públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto  y legítimo ejercicio de una función constitucional. El ejercicio de la Jurisdicción Constitucional, indispensable en el estado de derecho, es hoy además crucial a fin de mantener un adecuado equilibrio de poderes y salvaguardar la esfera de la libertad y los derechos de grupos y minorías carentes de influencia real en el proceso de toma de decisiones. La intervención creciente del estado en sectores de la vida económica y social, antes alejados de su interferencia, ha multiplicado el tamaño  y poder de la administración y modificado el papel de la ley y la función  del Congreso. A lo anterior se suma el grado variable de incidencia de los grupos privados organizados sobre las dos ramas que concentran los más importantes recursos de poder en la sociedad. La rama judicial, a través de la Jurisdicción Constitucional, está llamada a contrapesar  inteligente y responsablemente  el crecimiento del legislativo y del ejecutivo modernos. El estado de derecho requiere del igual fortalecimiento de las tres ramas del poder público. 39. La  Jurisdicción Constitucional,  y el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución, se orientan a preservar la división, que nunca debe soslayarse, entre poder constituyente y poderes constituidos. Esta función esencial se cumple por la Jurisdicción Constitucional, al impedir que los poderes  constituidos (ramas legislativa, ejecutiva y judicial) se aparten de los mandatos y cauces de actuación establecidos en la Constitución. La ausencia de control, tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las sentencias, lleva a que se esfumen los contornos de esta división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución. 40. La Jurisdicción Constitucional garantiza el respeto y adecuada distribución de competencias entre la administración central del estado y las entidades territoriales de modo que no se lesione su autonomía. Leyes y actos administrativos que desconozcan el grado de autonomía constitucionalmente reconocido a las entidades  territoriales, que expresan una forma de división vertical del poder del estado, se exponen a ser proscritos del ordenamiento al ponerse en marcha variados mecanismos de control constitucional. 41. La Jurisdicción Constitucional está llamada a asegurar la primacía del núcleo esencial de la Constitución que corresponde a la consagración  de los derechos constitucionales fundamentales de las personas. La enunciación de derechos fundamentales sería proclama vacía si no se hubieren contemplado vigorosos mecanismos  de defensa  constitucional de tales derechos. La Jurisdicción Constitucional asume como competencia  especialísima  la guarda  de los derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad frente a todos los órganos del poder público. La defensa constitucional de los derechos puede plantearse por vía general a través de las acciones de inexequibilidad o nulidad, dependiendo de si la ofensa a los derechos se origina en una ley o en un acto de la administración, respectivamente. Ante violaciones  concretas  de derechos fundamentales producidas por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, la persona agraviada tiene la acción de tutela, a la cual se refiere  el artículo 86 de la Carta Política. 42. En los considerandos anteriores se ha demostrado extensamente  que la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, desconoce el texto de la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento constitucional que tienen  que ver con la separación de los poderes, la preferencia por el derecho sustancial, el valor normativo de la Constitución, la efectividad de los derechos, la intangibilidad del contenido material de la Constitución, la conciencia  de los fines del estado y la pretensión de vigencia de la Constitución. Sólo resta hacer referencia a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia que se esgrimen contra la sujeción de las sentencias a la acción de tutela: el alcance de esta acción dadas sus características y el valor de la cosa juzgada. 43. La acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias  que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo  de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier  derecho constitucional fundamental. 44. La asignación de competencias al pleno de la Corte Suprema de Justicia y a sus salas, en materia de tutela, no viola el artículo 234 de la Constitución Política. La norma que lleva a cabo la distribución de competencias tiene fuerza de ley. De otra parte, el criterio de separación se mantiene. En efecto, el conocimiento de la acción de tutela  dirigida contra la sentencia de una sala, compete a la sala que le sigue en orden; la impugnación contra la sentencia de tutela de ésta última, se atribuye a la Sala Plena. El conocimiento de la acción de tutela y la impugnación se adscriben como competencias separadas a la Corte en pleno y a las salas respectivas. 45. La ley puede, en el marco de la Constitución, adicionar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia (CP art. 235-7) y determinar su distribución  entre la Corte en pleno y sus salas (CP art. 234). Dado que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia pueden ser objeto de la acción de tutela, se hacía necesario que la norma reglamentaria  de esta acción asignara nuevas competencias a la Corte Suprema de Justicia y articulara un sistema separado de conocimiento de la acción e impugnación del fallo de tutela. La Corte Suprema de Justicia en su carácter  de Juez Colegiado  no podía sustraerse del conocimiento de las acciones de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política compromete a todos los Jueces en la defensa de los derechos fundamentales. La nueva atribución  que adiciona las competencias de la Corte Suprema de Justicia, no es sino la refrendación de un mandato organizativo de la Constitución. Corresponde al legislador, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución, perfeccionar  el mecanismo procesal más adecuado para que las personas  agraviadas puedan obtener la protección de sus derechos fundamentales. Entre las distintas alternativas posibles de regulación, el Legislador histórico optó por una que a juicio de esta Corte consulta la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y de los otros altos  cuerpos colegiados de la Justicia y que conjuga a su vez, dentro de los límites de la Constitución y el prioritario respeto que merecen los derechos fundamentales, la debida consideración a su rango e independencia. En efecto, otras fórmulas en materia de tutela cuyo objeto fuesen sentencias de la Corte Suprema de Justicia acusadas de violar derechos fundamentales, habrían podido concluir en la institucionalización de controles judiciales  externos a dicha Corte para asumir la doble función - ordenada en la Constitución - de conocimiento de la acción de tutela e impugnación del respectivo fallo. 46. La asignación de competencias  en materia de acción de tutela a las salas de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus salas en órganos a través de los cuales se ejerce en Colombia  la Jurisdicción Constitucional. La tesis de la diversidad y especialización de las salas, que se esgrime contra la posibilidad de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia proferida por otra, desconoce que es la materia constitucional exclusivamente  la que suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata por tanto de entrar a conocer del proceso tallado por otra Sala, sino que el juez constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La violación actual o potencial  de un derecho constitucional fundamental es primariamente un asunto constitucional y el ejercicio de la acción de tutela se convierte en el presupuesto para que su resolución corresponda a la Jurisdicción Constitucional. Los momentos de ejercicio de la acción, impugnación del fallo de tutela y eventual revisión de éste último, son tramos de la indicada jurisdicción y los órganos judiciales encargados de cada momento pertenecen materialmente a la Jurisdicción Constitucional y aplican Justicia Constitucional. Los distintos planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre diversidad, especialización, igualdad, autonomía e independencia de las salas, desconocen su importante ubicación en la Jurisdicción Constitucional  y la forma particular de estructuración de esta Jurisdicción en el país, que se sirve, como se ha visto, del aparato judicial ordinario para el cumplimiento de su alta misión, lo cual debe llevar a distinguir  respecto de cada órgano judicial los asuntos que se incluyen en la esfera de su respectiva jurisdicción y los que pertenecen a la esfera de la Jurisdicción Constitucional. Nada más alejado del querer constituyente, que un órgano judicial ordinario reniegue de su función como Organo de la Jurisdicción Constitucional anteponiendo criterios de especialidad, diversidad, igualdad y autonomía, propios y exclusivos de su esfera ordinaria de actuación. En fin, teniendo entidad propia y diferenciada la materia constitucional, la Jurisdicción Constitucional y la Justicia Constitucional, el argumento de la diversidad igualitaria de las salas no puede prosperar. Queda claro que en el orden constitucional, un órgano puede cumplir distintas funciones y una misma función puede ser ejercida por distintos órganos, en cuyo caso una interdependencia organizativa y sistemática de los órganos entre sí no es incompatible con la normal independencia jurídica con la que uno de tales órganos en particular realiza sus funciones ordinarias. 47. Tampoco están destinados a prosperar los múltiples argumentos  de la Corte Suprema de Justicia que tienen su raíz en un supuesto principio jerárquico que se desvirtuaría de permitirse la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como por librarse su decisión a la sala que le siga en orden, asignarse la definición  de su impugnación  a la Sala Plena y mantenerse la revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional. La acción de tutela, la impugnación y revisión consiguientes, se inspiran  en la configuración de un eficaz sistema de defensa de los derechos fundamentales que trasciende la mera satisfacción de los intereses concretos en juego y se constituye en un control objetivo de constitucionalidad. En consecuencia, los diferentes jueces que intervienen en las sucesivas fases judiciales de la tutela no ejercen entre sí una suerte de control jerárquico. El fallo de tutela no expresa la voluntad del juez que lo emite ni su propósito de dirigir y coordinar la actuación del juez (o sala) que profirió la sentencia objeto de la tutela, del mismo modo como se desata un recurso jerárquico. Por el contrario, este fallo - y lo mismo puede predicarse del que define su impugnación  y el de revisión - se pronuncia en condiciones de independencia para la realización  y garantía del derecho constitucional objetivo y por conducto de un órgano judicial que en cada caso representa la soberanía  del estado aplicada a la función de administrar Justicia Constitucional. La independencia  en este caso está completamente desligada de la jerarquía y quiere decir que el juez, en materia de tutela, sólo depende de la norma constitucional y circunscribe su función, no a la realización de un control jerárquico, sino a la protección de los derechos fundamentales. La revocatoria  de una sentencia de una sala de la Corte Suprema de Justicia producida por otra en ejercicio de la acción de tutela, no es la señal de un control jerárquico, a todas luces inexistente, sino la prueba y consecuencia de su patente  inconstitucionalidad. Pero, si en gracia de discusión, se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se imponen  sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico. Si se lleva el conflicto hasta sus últimas consecuencias  y se plantea la no coexistencia  en dado caso de estos dos extremos, el criterio  jerárquico sucumbe ante la necesidad  de salvaguardar la primacía de la Constitución. Este conflicto, primacía de la Constitución - jerarquía, ya ha sido resuelto en favor de la primera por la misma Constitución en su artículo 91: "En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta". Por lo demás, el texto del artículo 4o.  de la Constitución Política, tantas veces citado, impone la supremacía  de la Constitución por encima de cualquier acto de las autoridades públicas. 48. La revisión de las sentencias de tutela originadas en la Corte Suprema de Justicia por parte de la Corte Constitucional no va en detrimento de la condición de la Corte Suprema de Justicia como máximo Tribunal de la Jurisdicción  Ordinaria y, en su caso, del Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Se trata, en primer término, de una competencia  expresamente  asignada a la Corte Constitucional por la misma Constitución (CP arts 86 y 241-9). De otra parte, la paridad jurídica de los máximos tribunales es compatible con el predominio de uno de ellos en el ejercicio de las funciones que tengan relación más directa e inmediata con sus competencias ordinarias. A diferencia de los otros altos tribunales, la Jurisdicción Constitucional es para la Corte Constitucional su competencia única. De idéntica manera, como acontece con las otras jurisdicciones, la Constitución señala para la Jurisdicción Constitucional a la Corte Constitucional como máximo  tribunal en esa materia, al confiarle de manera expresa "la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución" (CP art 241). La competencia  de la Corte para revisar  sentencias de tutela es una manifestación  de su posición  como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales. La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción a que pertenezcan, son para estos efectos jueces constitucionales - con lo que se ha querido ampliar la Jurisdicción Constitucional  a fin de otorgar la máxima protección a los derechos fundamentales - torna más necesaria aún la unificación de la Jurisdicción Constitucional. Por lo demás, la actuación de la Corte Constitucional como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones. La Jurisprudencia  Constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución frente a otras normas. Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la constitucionalidad de las leyes y de las normas con fuerza de ley, provee a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la ordinaria la base legal depurada conforme a la cual se juzgará la actuación administrativa y la aplicación de la ley a los casos concretos, respectivamente. 49. El derecho fundamental a la integridad y supremacía de la Constitución se traduce en materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. De conformidad con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca el derecho sustancial. La acción de tutela - al igual que los restantes mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales - deben interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la mayor  efectividad  del derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales.  La Corte Suprema de Justicia, por el contrario, interpreta la acción de tutela, con una visión tan restrictiva que frusta su naturaleza, finalidad y sentido y desconoce la materialidad del derecho sustancial que dicha acción pretende amparar. 50. El derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales entraña un mandato perentorio al legislador para que adopte los procedimientos necesarios y ágiles para la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos (CP arts. 86, 98 y 152-a). La acción de tutela es uno de los medios a través de los cuales se pretende satisfacer el mencionado derecho fundamental, pero su utilización se subordina, en primer término, a la condición de que el afectado "no disponga de otro medio de defensa judicial". Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no se debe verificar únicamente, como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" (CP art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados. Esta interpretación consulta, de otra parte, la Convención  Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia, que en su artículo 25 ordena: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención,  aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Y no de otra manera podría ser ya que como lo expresara el legislador  especial - Comisión Especial Legislativa -  en su momento "la real existencia de medios judiciales de defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que lo hace ineficaz, determina la procedencia de la acción" (Informe Ponencia para Debate en Plenaria. Informe de Mayoría. Ponentes Germán Sarmiento Palacio, Hidela Avila de Zuluaga, Armando Novoa García. Comisión Especial Legislativa, Gaceta Legislativa No. 18 p. 5). Es imperioso, a voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los derechos y deberes constitucionales de conformidad  con los tratados internacionales  sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En este orden de ideas, es importante destacar que las notas de "sencillez", "rapidez" y "efectividad", son  determinantes para establecer si un procedimiento legal,  diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para brindar a los afectados la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados. No es lógico ni jurídico que Colombia sólo cumpla la Convención  Americana de los Derechos Humanos, cuando no exista en la ley medio judicial alguno de protección de los derechos, en cuyo caso sería procedente la acción de tutela - que sí reune las mencionadas notas de aptitud para brindar la protección inmediata - y deje de cumplirla en los demás casos en los cuales no sería procedente la acción de tutela por existir un medio judicial ordinario, pese a que este no reuna las indicadas características. La "sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del procedimiento y las limitaciones  de orden práctico que ello suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13). La "rapidez" del medio judicial está relacionada con la mayor o menor duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener  sobre la actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual  deberán examinarse las circunstancias del caso. La "efectividad" del medio judicial es una combinación de las dos notas anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos alternativos, cuál puede satisfacer  en mayor grado el interés concreto del afectado,  lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o de amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la eficaz protección de los derechos lesionados. 51. Es evidente que si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá "de otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través de la acción de tutela. En este caso,  es necesario que la protección de los derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes  instancias judiciales. La acción de tutela se concibe  como medio último y extraordinario de protección al cual se puede recurrir  sólo en ausencia efectiva de un medio judicial ordinario capaz de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la tutela a los afectados que han agotado en vano los medios judiciales ordinarios sin encontrar protección efectiva a sus derechos constitucionales conculcados. Consideraciones de equidad (CP art. 230), que se encuentran en la base de la acción de tutela, militan igualmente en favor de su concesión  en esta situación extrema, de modo que al término de la vía judicial ordinaria se abra la vía de la Jurisdicción Constitucional. No puede ser de otra manera cuando la Constitución ve en el respeto a la dignidad  humana y la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales  el valor fundante y el fin esencial del estado. 52. La lesión de los derechos constitucionales  fundamentales puede producirse en el curso de cualquier  proceso judicial o a su término, sin que necesariamente el mismo se haya instaurado con miras a la protección de un derecho de esta naturaleza. En estos casos, el autor de la vulneración de un derecho o de su amenaza es el juez. Las providencias judiciales respectivas pueden en estas condiciones ser objeto de acción de tutela si no existe otro medio judicial idóneo para proteger el derecho conculcado. De persistir la violación, pese a la interposición de los recursos correspondientes, el agotamiento de la vía judicial ordinaria,  permitirá al afectado acceder a la Jurisdicción Constitucional. 53. Cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se circunscribe  al examen  y decisión de la materia constitucional con prescindencia  de todo aquello que no  tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración  del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos  procesos judiciales instancia ni recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con ocasión del trámite  de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente  la conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto  ésta haya violado un derecho fundamental o amenace con hacerlo. Este es el único asunto que tiene relevancia constitucional. Ir más allá quebranta el principio de independencia (CP art 228) indispensable para la administración de justicia y subvierte los límites entre las diferentes jurisdicciones. 54. La acción de tutela da lugar a un verdadero proceso judicial,  es decir, formulada la petición de protección, se requiere de una serie de actos coordinados  y regulados por el derecho cuyo  cumplimiento es necesario  para la declaración o ejecución del  derecho. La Constitución señala que ese medio a través del cual se persigue la efectividad de la pretensión  - en este caso la declaración  y protección de un derecho fundamental - tenga las características de un procedimiento preferente y sumario. La intervención de los jueces para la definición de la acción de tutela y de su impugnación, aunada a la revisión eventual de la Corte Constitucional y a que todas las actuaciones anteriores  rematan  en sentencias, le resta toda verosimilitud a la tesis de la Corte Suprema de Justicia que pretende asimilar la acción de tutela y su resultado a un simple trámite policivo que arroja medidas a lo sumo precautelativas. Desconoce, de otra parte, la Corte Suprema de Justicia que la Constitución en el mismo artículo 86 está sujetando a la competencia judicial y no administrativa la definición de controversias sobre la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales. Después de que el constituyente consagrara una reserva judicial en esta materia, precisamente para asegurar y fortalecer la defensa de los derechos, núcleo esencial de la carta, no es posible reducir la actuación judicial y su resultado -  que se expresa en sentencias y en un procedimiento  de doble instancia - a un asunto puramente policivo. La acción de tutela busca la efectividad de la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado y como medio de protección debe interpretarse atendiendo el cumplimiento de su finalidad. Corresponde a la regulación y a los jueces, considerando las circunstancias del caso, graduar los efectos de las sentencias que pueden ser definitivos (generalmente en los casos en los cuales no haya otro medio judicial), temporales, suspensivos o transitorios (cuando se utilice como mecanismo transitorio). La variabilidad de los efectos de las sentencias de tutela y la naturaleza preferente y sumaria de su procedimiento,  no desvirtúa su carácter judicial - que es la razón  de ser de su garantía - sino que responde a la exigencia de asegurar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de manera que se haga justicia al caso concreto y ésta sea cumplida y pronta. 55. Resta una mención expresa al valor del principio de la cosa juzgada esgrimido por la Corte Suprema de Justicia para negar que la acción de tutela pueda dirigirse contra sentencias. El primer argumento, apenas esbozado por la Corte, se relaciona con la intangibilidad de la cosa juzgada que sufriría  quebranto de aceptarse su procedencia. 56. Según la Corte Suprema de Justicia la cosa juzgada responde a un  principio no escrito de valor universal, cuyo apoyo constitucional lo ofrecería el artículo 94 de la Carta Política. Este precepto constitucional afirma la vigencia en el  ordenamiento de los derechos y garantías  que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en el texto de la Constitución  y en los convenios internacionales suscritos por Colombia. 57. Como derecho o garantía inherente a la persona humana la cosa juzgada, de acuerdo con esta postura,  adquiriría una fuerza supraconstitucional. En efecto, cerrar la vía a la acción de  tutela contra sentencias cuando éstas violen derechos fundamentales expresos,  equivale a eludir  toda confrontación entre aquél derecho o garantía inherente a la persona humana y  los mencionados derechos fundamentales expresos,  para de esta manera mantener la intangibilidad de la cosa juzgada que asumiría una posición de primacía constitucional, hasta el punto  de clausurar ab initio  el debate sobre la eventual vulneración de  tales derechos por parte de la sentencia. 58. Si el principio de la cosa juzgada tiene el alcance que sostiene la Corte Suprema de Justicia, debe averiguarse su naturaleza y determinarse si él corresponde a una emanación de la personalidad humana y si como tal se impone a  los derechos constitucionales expresos  pese a que frente a éstos sólo exhiba el carácter de un derecho o garantía constitucional implícita. 59. Se dice que una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada cuando ella se torna  inmutable y definitiva  y no puede ser modificada o revocada por ningún  medio jurídico, ordinario o extraordinario, dentro o fuera del proceso  en que se produjo. Las diversas teorías que se han expuesto sobre la naturaleza y fundamento de la cosa juzgada no la hacen depender de un supuesto  derecho o garantía a la persona humana,  como afirma la Corte Suprema de Justicia. Un rápido repaso y comentario a las principales  teorías sobre la materia,  desde las clásicas hasta las modernas, sirve  para confirmar el aserto. En el Derecho Romano primitivo, dada su influencia religiosa se imputaba a la divinidad el poder de hacer las leyes y decidir  los litigios. "Una disputa surgia entre dos ciudadanos:  solamente la divinidad, por intermedio de sus ministros , los Pontífices, podía ponerle fin. Pero para obtener el juicio divino era aún necesario utilizar ciertas formas, hacer ciertos gestos. Si las formas exigidas  habían  sido regularmente  cumplidas, los Pontífices no tardaban  en expresar la voluntad divina. Si, por el contrario, las formas se habían cumplido imperfectamente, la voluntad de los dioses no se revelaba. Pero en todos los casos  estaba prohibido renovar  el procedimiento. Quién hubiera osado  ofender  a los Dioses, formulando dos veces la misma cuestión?" (Jean Dumitresco, L'autorité de la chose jugée et ses applications en matiére des personnes physiques, citado por Esteban Ymaz, en "La esencia  de la cosa juzgada y otros  ensayos",  ed Arayú, Buenos Aires, p. 7). La cosa juzgada tiene aquí una  explicación mágico-religiosa  y en ella está ausente toda consideración a su origen humano. El mismo Derecho Romano, en su evolución  posterior, superó esta primera visión y redujo la pretensión de la cosa juzgada  a la de una presunción  de verdad condensada  en la conocida fórmula "res iudicata pro veritate accipitur" (la cosa juzgada es admitida como verdad). El fundamento mítico fue sustituido por otro de orden mundano y de carácter acendradamente  práctico,  desde entonces  alegado como cimiento de la cosa juzgada: la necesidad de darle certeza al  derecho y mantener la paz social de suyo inconciliable con las múltiples  sentencias contradictorias y la indefinida prolongación  de los procesos. Tampoco esta justificación  tiene filiación  con un pretendido derecho inherente a la persona humana sino que obedece  sencillamente  a un criterio práctico de conveniencia  general. El código de Napoleón, como es suficientemente sabido, consagró  legalmente la concepción de la cosa juzgada proveniente del  Derecho Romano (CC arts 1350-1352) confiriéndole  el carácter de una presunción  iuris et de iure, o sea sin dar lugar a admitir  prueba alguna contra lo decidido en ella. En este orden de ideas, la sentencia mantiene  su status de verdad legal pese a que en muchos casos contraríe la realidad o el juez haya incurrido en  error de derecho. No se descubre en esta concepción legal una  explicación diferente a la ya mencionada del Derecho Romano. Cabe resaltar que ahora el principio de la cosa juzgada se convierte en derecho positivo y que es el estado, a través de su  instrumento natural, la ley, el que otorga a ciertas sentencias  el valor de presunción de derecho y el que niega a otras esta  autoridad y, finalmente, será también el Estado el llamado a consagrar excepciones  a dicha presunción. No subyace a esta  manifestación del derecho estatal, ningún  ligamen con un supuesto derecho inherente a la persona humana. Por el contrario,  antes que reafirmar un derecho de la personalidad,  la cosa juzgada  consagrada en la ley reivindica el poder de jurisdicción  del estado que se ejerce a través de los jueces. La cosa juzgada se  trata no como derecho de los individuos sino como algo que por  antonomasia pertenece al derecho público y donde campea una voluntad  supraindividual que como acto de imperio otorga  y despoja, a su arbitrio, contenido  de verdad  a sus  manifestaciones, de suerte que cuando decide que ciertas decisiones de los jueces son definitivas e inmutables, ellas  valen como verdad, lo que representa simplemente  un llamado a su  acatamiento y una técnica persuasiva o un excesivo recurso de legitimación que puede tal vez ser eficaz. Detrás de la presunción puede que sólo haya metáfora  y metalenguaje, pero en últimas siempre  será posible exigir el cumplimiento  de las sentencias no porque  éstas sean la verdad  sino porque provienen de uno de los poderes  públicos, o sea están dotadas de autoridad. En el Código Civil Francés, y en los Códigos inspirados en él, el aspecto de autoridad propio de una decisión judicial definitiva e inmutable, quiso ser asociado con la noción de verdad, pretensión  que refleja el deseo del estado no de consagrar un derecho inherente a la persona humana sino de reclamar  para una de sus  manifestaciones existenciales- las decisiones de sus jueces - el  mayor y máximo respeto y observancia, toda vez que ellas  - aquí  estriba su pretensión - no pueden ser miradas solamente como  meras manifestaciones de su autoridad sino como muestras absolutas de verdad.  Si ante  un fallo con autoridad de cosa juzgada, no vale implorar derechos de la persona por el cercenados, pues sobre ellos el Estado  reclama   para las decisiones  de los jueces  incondicional  obedecimiento como mandatos  que reúnen auctoritas y veritas, ¿cómo puede sostenerse que estas cualidades  de las sentencias se deriven de un supuesto  derecho  inherente a la persona humana?. Adoptando una perspectiva diversa, algunos doctrinantes  han preferido explicar el fenómeno de la cosa juzgada recurriendo a la figura de la ficción como más apropiada que la de la presunción de derecho. El estado simplemente supone (de ahí la idea de la ficción) que el contenido de la sentencia corresponde  a la verdad, independientemente que ello sea o no cierto. La teoría de la ficción,  que no entra esta Corte a criticar o avalar,  no sugiere que la cosa juzgada sea la proyección de un derecho inherente a la persona humana. Al igual que las restantes teorías su función es explicar y justificar el carácter definitivo e inmutable que la ley otorga a ciertas decisiones judiciales.  En todo caso, nada estará más alejado de un derecho inherente a la persona humana que "una ficción de verdad". Los derechos fundamentales no pueden construirse a partir de este tipo de ficciones. Menos todavía cuando ellas pretenden dar una base de legitimidad social a dictados provenientes del  imperio del estado. Solamente a partir de un completo sojuzgamiento del individuo por el estado - alienación total -, es dable construir la categoría  de los derechos fundamentales de la persona humana sobre la apropiación e internalización  en la órbita de esta última de todas aquellas necesidades  funcionales y existenciales  del aparato estatal, como lo es la necesidad que llegue un momento en que los jueces del estado deban pronunciar, en los  asuntos que se les sometan, la última palabra. Una concepción diferente vincula la cosa juzgada a los efectos de la sentencia  de modo que aquella se la hace residir en la fuerza  vinculante de la declaración de certeza que ésta contiene, la cual es especialmente  obligatoria para los jueces que deben  sujetarse a ella en cualquier debate posterior sobre el mismo asunto decidido. Otra teoría postula que las sentencias irrevisables  no se limitan  a declarar el derecho objetivo sino que tienen  virtualidad configuradora y transformadora de las relaciones jurídicas debatidas. Ambas teorías vinculan la cosa juzgada a la declaración  de certeza realizada por el juez, la primera de ellas circunscribiendo su eficacia en términos puramente procesales y la segunda otorgándole efectos sustantivos en lo que hace al reconocimiento y extinción  de relaciones jurídicas. En últimas, la cosa juzgada se conecta  con el efecto de la sentencia que genera una indiscutible  declaración de certeza ya sea que ésta tenga  una vigencia reducida  al plano procesal o se predique del ámbito de los derechos que reconoce  o extingue.  En ninguno de los casos la cosa juzgada se entiende como emanación  de un derecho inherente a la persona humana. Por el contrario,  el fundamento de la cosa juzgada se reivindica como campo  particular del derecho  procesal del estado, según  la primera de las teorías estudiadas. Y, de acuerdo con la última, la cosa juzgada se manifiesta en la configuración  directa por la sentencia de relaciones jurídicas  sin ser ella misma, aparte de forjadora de relaciones  jurídicas, derivada de un supuesto derecho inherente a la persona humana. Finalmente, a partir de una concepción puramente normativa, la sentencia se contempla como norma individual y el problema de la cosa juzgada se plantea en términos de su vigencia en el tiempo,  concretándose  en la prohibición  existente para ciertos casos de la derogación de esta especie de norma individual judicial por otras normas posteriores, con el objetivo de garantizar la  estabilidad jurídica del sistema. La prohibición aquí tampoco obedece a un pretendido derecho inherente a la persona  sino a  una norma positiva que establece la prohibición derogatoria y de esta manera fundamenta la cosa juzgada. 60. El recuento de algunas de la principales teorías  acerca del fundamento de la cosa juzgada demuestra que no deriva este principio de un pretendido derecho inherente a la persona humana. Las teorías  modernas se ocupan de justificar la figura a partir de su expresa consagración  legal y de criterios prácticos de conveniencia general inspirados en la necesidad de mantener los valores de certeza jurídica y paz social. Los diferentes códigos de procedimiento han consagrado  expresamente la figura de la cosa juzgada. En los indicados  códigos se regula el ejercicio de la jurisdicción por parte del estado y de manera especial el efecto de las sentencias, principal acto a través del cual el órgano jurisdiccional cumple  la obligación correlativa al derecho de acción y ésta a su vez  realiza su objeto y simultáneamente se da cabida y responde  al derecho de contradicción. En Colombia no se hace necesario recurrir a principios universales o a tratados internacionales para descubrir la figura  de la cosa juzgada. El Congreso, en ejercicio de su atribución  constitucional de dictar las leyes y, particularmente, de su función de "expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones" (CP art. 150, numerales 1 y 2),  ha consagrado y precisado  los contornos de esta figura. Entre otras normas legales que regulan la cosa juzgada basta citar las siguientes : artículos 9 y 16 del Código Penal; artículo 17 del Código de Procedimiento Penal;  artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil; artículo 175 del Código Contencioso Administrativo. La definición de la cosa juzgada  en los diferentes procesos  y sus efectos, la determinación  de sus requisitos, el señalamiento de las sentencias que constituyen  y no constituyen  cosa juzgada, y sus excepciones, son aspectos que integran una materia que, en nuestro ordenamiento, es de orden legal y carece de jerarquía constitucional. Entre otras razones, la rigidez propia del texto constitucional no aconseja someter una  materia tan dinámica a la normativa constitucional. Por eso el Constituyente abandonó su tratamiento concreto a la ley y no es difícil verificar que su regulación se aloja en los códigos de  procedimiento. 61. Las leyes que consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la Constitución. La regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía o status superior a la Constitución  y su interpretación  debe hacerse según  el sentido que mejor armonice con sus principios y preceptos. Parecería  la aclaración anterior una ociosa reiteración del  principio de supremacía de la Constitución sobre las leyes. Se impone hacerla sin embargo por la persistencia del arraigo mítico que la cosa juzgada todavía  suscita en la jurisprudencia nacional y que recuerda esa fase del Derecho Romano primitivo brevemente reseñada en esta sentencia.  De hecho el intento que se ha  demostrado fallido de sustentar la cosa juzgada en el artículo 94 de la Constitución Política como derecho inherente a la persona humana expresa una  creencia en un equivocado y distante valor supranormativo y supraconstitucional de dicha figura. De otra parte, la aclaración pretende dejar  bien establecido que  los linderos entre Constitución y ley no se suprimen ni se extinguen por confusión cuando esta última refleja y desarrolla valores y principios constitucionales. Los valores y principios constitucionales - como los de paz, prevalencia del interés  general y vigencia de un orden justo - están llamados a inspirar y permear todo el ordenamiento jurídico, sin que por ello las leyes que sirvan de vehículo para su realización práctica adquieran rango constitucional. Aún más, en caso de conflicto entre dichos valores y la eficacia de los derechos fundamentales  el constituyente ha optado por la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5). La regulación de la cosa juzgada por la ley puede justificarse en criterios de interés general y de conservación  de la paz social. De allí no se sigue que esa ley y la materia regulada, la cosa juzgada, adquieran status constitucional. Hacer caso omiso de la posible violación  de los derechos constitucionales fundamentales a fin de mantener la intangibilidad de las cosa juzgada es  supeditar la Constitución a la ley e invertir la pirámide normativa. El raciocinio de la Corte Suprema de Justicia obra en la ley una extraña metamorfosis pues la convierte en principio supranormativo y como  tal condicionante y subordinante  de la Constitución, para lo cual apela a la idea de la cosa juzgada como derecho inherente a la persona humana, extremo que ha resultado carecer de todo fundamento. El camino lógico que debe transitarse es el de entender cabalmente el contenido y alcance legal de la cosa juzgada y dar una interpretación de la misma conforme a la Constitución. De este modo se podrá determinar si la institución de la cosa juzgada  puede conciliarse - y de qué manera - con el respeto a  los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y cuyo  cumplimiento coactivo puede surtirse a través de la acción de tutela. 62. En este orden de ideas, la exacta delimitación del problema  constitucional que suscita la regulación legal de la cosa juzgada, exige detenerse a examinar la tensión que subyace a esta figura así como a la dinámica de sus elementos. Los litigios y controversias cuya resolución pacífica se somete  a la decisión de los jueces, deben tener un fin y reclaman una  pronta composición por parte del estado. Así se satisfacen  los deberes del estado frente a las demandas de estabilidad jurídica y paz social. Llega un momento en que las sentencias deben  adquirir irrevocabilidad e inmutabilidad, para no poner en peligro la estabilidad jurídica. De otra parte, para asegurar la agilidad que debe caracterizar  al estado en la definición de los procesos, la Constitución Política ordena a los jueces cumplir diligentemente los términos procesales (CP art. 228), pues de lo contrario no solamente se pierde la utilidad y la oportunidad de la justicia sino se incuba un germen de desorganización social que puede quebrantar la paz. Pero la paz también  exige que la decisión  de los jueces sea justa como quiera que la injusticia es la mayor  causa de congoja e insatisfacción  que puede soportar un pueblo. Definir el problema planteado supone tener en cuenta los elementos mencionados sobre los cuales la Constitución se pronuncia de manera expresa. Se garantiza  el derecho de toda persona para solicitar la tutela de la justicia (CP art. 229). La Administración de Justicia debe tomar decisiones sobre los asuntos que se someten a su consideración y hacerlo de manera imparcial (CP art. 228). Los jueces deben actuar con prontitud y diligencia (CP art. 228). Las sentencias de los jueces deben ser justas  dado que ellos son uno de los principales instrumentos del estado para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (CP art. 2). De ahí que el verdadero problema constitucional que plantea la cosa juzgada no sea el vislumbrado por la Corte Suprema de Justicia  pues es evidente  que la regulación legal de la misma debe someterse a la Constitución y por ende respetar los derechos fundamentales y ser objeto de escrutinio especial para tal efecto, sino el de la compatibilidad de dicha regulación legal de la cosa juzgada  con la exigencia que impone la Constitución a los jueces: que sus sentencias aseguren la convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo. 63. El fin del proceso debe ser la sentencia justa (CP art. 2): No la cosa juzgada a secas. Se admite sin embargo que entre ese fin y su resultado concreto siempre existirá un margen de diferencia atribuible a la falibilidad  del juicio humano y a las limitaciones de orden  técnico y probatorio inherentes al instrumental del cual se sirve  el juez  y que en cierto modo se tornan muchas veces insuperables. Repárese solamente en las variadas limitaciones intrínsecas y circunstanciales que exhiben los diferentes medios de prueba (testimoniales, documentales etc.) para apreciar la dificultad que enfrenta el juez que sólo por su conducto puede acceder al conocimiento de los hechos que sustentan las pretensiones de las  partes o conforman la base real e histórica de las causas sobre las cuales debe decidir. Añádase a lo anterior, el deber  imperioso de fallar que pesa  sobre el juez, so pena  de incurrir en caso contrario en denegación de justicia (Ley 153 de 1887, art. 48; artículo 150 del Código Penal),  independientemente de la deficiencia del material probatorio y del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley a aplicar. La búsqueda de la justicia y la verdad podría no tener término. Razones prácticas ya mencionadas llevan a la necesidad de clausurar en un momento dado las controversias y a que sobre  ellas se pronuncie la última palabra por parte del juez, no obstante las deficiencias e inseguridades anotadas. La cosa juzgada  precisamente se edifica sobre la precariedad objetiva y subjetiva de la tarea secular de administrar justicia y se hace  cargo de tal precariedad, inmunizando las decisiones  judiciales que la ley determina, contra los ataques e impugnaciones  posteriores que contra ellas se dirijan.  Esas decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, pese a su no-verdad o no completa verdad, valen como verdad y deben cumplirse. Lo que se expresa en la conocida expresión res iudicata pro veritate habetur. La cosa juzgada es en últimas una fórmula de compromiso, quizá imperfecta pero en todo caso práctica,  entre las exigencias  de justicia y paz, y la certeza jurídica y agilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La cuestión que tiene directa relevancia  constitucional es la de determinar cuánta justicia y cuánta paz deben sacrificarse  en aras de la certeza  jurídica y de la agilidad de la función jurisdiccional. Esta pregunta es forzosa  en el nuevo marco constitucional que asigna a los jueces la  misión de administrar justicia y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2o). 64. El sentido de la entera obra del Constituyente  se orienta al  establecimiento de un orden social justo. Por consiguiente entre las alternativas de solución de un caso, el Juez debe  inclinarse  por la que produzca el resultado más justo y resuelva de fondo la controversia dando prevalencia al derecho sustancial (CP Preámbulo, arts. 2 y 228). No cabe duda que a la luz de la Constitución  debe afirmarse como valor orientador de la actividad judicial el favorecimiento de la justicia material que se condensa en la consigna pro iustitia. En razón del principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El juez como instrumento de la justicia y de la paz y no solamente de la ley positiva tiene, en la nueva Constitución, la delicada y excelsa misión de ser con ocasión de cada caso concreto sometido a su decisión, el artífice de ese orden social justo. Lo que cubre la cosa juzgada con su firmeza debe en su mayor extensión  responder a un contenido de justicia material. El mero "decisionismo", no corresponde  a la filosofía que anima la Constitución. Frente al problema planteado conviene avanzar en un doble sentido. Primero, determinando unos criterios generales que apunten a la progresiva construcción  de la justicia material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión justa que la mera inmunidad que protege una decisión de estado. Y es que la cosa juzgada,  en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no  como  razón de estado sino como expresión de justicia. Segundo, señalando  específicamente lo que en ningún caso puede  ser sacrificado en función de la certeza o seguridad jurídica y que corresponde al "mínimo de justicia material" que debe contener una sentencia. Sólo de esta manera se puede delimitar el ámbito de seguridad jurídica que permite sustraer a una decisión  judicial cubierta por la cosa juzgada de los ataques  e impugnaciones  de que puede ser objeto por su ilegalidad o injusticia. 65. La progresiva construcción de justicia  por los jueces enriquece la cosa juzgada pues sus fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Los criterios generales de justicia material, cuya elaboración debe hacerse a partir de la Constitución, están llamados a consagrarse  en el curso de una  evolución histórica que tenga siempre presente la realidad del país. Sin embargo, desde ahora pueden esbozarse algunas pautas de justicia que surgen  directamente del texto constitucional y cuya incorporación  a la faena judicial no hará sino, como acaba  de decirse, enriquecer la cosa juzgada. Los artículos 228 y 229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el  derecho fundamental de acceso efectivo a la administración justicia. Por esta vía los particulares solicitan a los jueces la protección de sus derechos tanto de los consagrados en la Constitución como en otras normas. Este derecho se asienta sobre  la concepción de un Estado material de derecho que por definición no agota su pretensión  ordenadora en la proclamación formal de los derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva realización. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia  comprende en su ámbito las sucesivas  fases de tramitación  de las peticiones  de actuación  que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en cada caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre los dos "tramos" que corresponden respectivamente a los momentos de tramitación y resolución de peticiones. En lo que respecta al primer momento, debe comenzarse por afirmar que en virtud de lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, se ha constitucionalizado el principio de interpretación según el  cual la ley procesal debe interpretarse teniendo en cuenta  que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Con esta idea en mente pueden destacarse  otros principios con efectos inmediatos en el desenvolvimiento  del proceso. Las dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el artículo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas  dentro de unos plazos razonables. Sopesando   factores inherentes a la Administración de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento  de las peticiones  y que están vinculados con un sano criterio de seguridad jurídica, conjuntamente  con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo Despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para que una parte  pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho fundamental a ser notificado de conformidad  con la ley de manera efectiva y real. La igualdad sustancial  de las partes y el respeto a sus derechos fundamentales obliga al juez a abstenerse de decretar y prácticar ciertas pruebas que resulten incompatibles con el ordenamiento constitucional. Pero, sin perjuicio de lo anterior, el juez en términos  generales tiene la obligación positiva de decretar y prácticar las pruebas que sean necesarias para determinar la verdad material, pues esta es la única manera para llegar a una  decisión de fondo que resuelva la controversia planteada y en la que prime el derecho sustancial y el valor justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política. En este sentido, debe  reinterpretarse a la luz de la Constitución, el alcance de la carga de la prueba regulada por algunos códigos de procedimiento. Independientemente de la aplicación general del indicado principio probatorio, en algunos casos el Juez en atención a la necesidad  de promover la efectividad de los derechos fundamentales y en razón del principio pro iustitia podrá disponer que la prueba de un hecho, dadas las circunstancias  concretas y excepcionales de la causa, no recaiga sobre quien lo alega sino sobre la parte que esté en mejores condiciones  o posibilidades de probarlo. En lo que respecta al segundo momento, o sea el de la resolución de las controversias, debe tenerse en cuenta que la aplicación  e interpretación del derecho debe hacerse conforme a la Constitución. La norma que primero y en grado mayor obliga al juez es la Constitución. Si bien los jueces en sus providencias  sólo están sometidos al imperio de la ley (CP art. 230), en todo caso de incompatibilidad  entre la Constitución y la ley  u otra norma jurídica, se aplicarán sus disposiciones (CP art. 4). Las normas constitucionales están llamadas a ser aplicadas directamente a las controversias  y para ello, por regla general, no requieren de la mediación  de la ley por cuanto tienen un contenido normativo propio y autosuficiente. Las leyes y demás normas del ordenamiento no deben aplicarse si resultan  incompatibles con el sentido de la Constitución y, en todo caso,  deberán interpretarse del modo que más armonicen con el texto constitucional. La Constitución aspira a tener una plenitud de sentido y a permear con sus principios y valores el entero  ordenamiento. Cualquier pieza normativa del ordenamiento, por ende, para subsistir en él y reclamar obediencia debe  conciliarse con la letra y el espíritu de la Constitución. Esa decisiva  verificación  es una de las tareas más delicadas que el Estado confía al poder judicial, en el momento en que éste procede a decidir los asuntos que se someten a su consideración. No se trata de una mecánica y formal aplicación del derecho a los hechos. La Constitución pretende que el juez - obligado portador de los principios y valores incorporados positivamente al texto constitucional - al decidir la controversia busque materializar en el mayor grado posible tales principios y valores de modo que su sentencia asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En la sociedad democrática que establece la Constitución la misión del juez se concreta en la de ser un instrumento eficaz de justicia material. 66. De lo dicho puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso sacrifique cada vez menos justicia en aras de la consecución de la necesaria estabilidad jurídica. En otras palabras, en cada momento histórico habrá un "precio" límite en términos de justicia sacrificada a partir del cual no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica. Los criterios de justicia material extraídos de la Constitución, llamados a gobernar el proceso y su resolución - o sea, los momentos de tramitación de los pedidos de justicia y de decisión de las controversias - están destinados a ganar para la justicia material un mayor espacio. El acatamiento de las indicadas pautas de justicia hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada tengan un mayor contenido intrínseco de justicia. Aparte de los criterios constitucionales aplicables a la tramitación y decisión de los procesos, cuya finalidad es incorporar a la sentencia el máximo contenido de justicia, la Constitución determina un ámbito que representa el mínimo de justicia material que ella debe contener y que en ningún caso puede sacrificarse en aras de la seguridad jurídica. Ese ámbito merecedor de tan especial protección corresponde a los derechos fundamentales cuya efectividad se eleva a fin esencial del estado y a razón de ser de sus autoridades (CP arts. 1 y 2). Los derechos fundamentales previstos en la Constitución abarcan igualmente los momentos de trámite de los procesos - garantía del debido proceso - así como de decisión de la controversia que deben enderezarse hacia la efectividad de los mismos. La sentencia que se produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales - tanto de orden sustantivo como procesal -, por no incorporar el mínimo  de justicia material exigido por  el ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter. La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la convivencia, quebranta la paz social. La  violación o desconocimiento de los derechos fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera será siempre frágil. El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en arbitrariedad. La jurisdicción del estado como todo poder público se origina en la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo  y no puede ejercerse para desconocer o violar sus derechos fundamentales. Todo lo anterior explica suficientemente porqué se desintegra la cosa juzgada cuando ella afecta el mínimo de justicia material dado por los derechos fundamentales. Ninguno de los elementos cuyo equilibrio conforma y regula la cosa juzgada -paz social, justicia, seguridad jurídica,  autoridad judicial- se mantiene en pie cuando la sentencia vulnera o desconoce los derechos fundamentales. 67. La Constitución y la ley promueven a través de la consagración de diversos recursos la consecución de un resultado justo como desarrollo de la actividad judicial. El ordenamiento, a través de la organización de recursos, pretende "maximizar" las posibilidades de arribar a una decisión justa. Se quiere que la cosa juzgada, pese a las dificultades objetivas y subjetivas de todo orden, exprese el mayor contenido posible de justicia. La nueva Constitución asigna a los recursos ordinarios y extraordinarios que puedan proponerse contra las providencias judiciales una importancia decisiva como mecanismos que permiten al aparato judicial depurar los contenidos de injusticia de sus proveídos. De ahí que el artículo 31 de la Constitución Política establezca que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. La impugnación y la consulta son la regla general con el fin de asegurar - con las limitaciones propias de lo humano - la justicia y ponderación de las decisiones finales de los jueces. Apuntando los recursos a la  obtención  de justicia  material y teniendo prioridad la  efectividad de los derechos y la aplicación del derecho sustancial, la concesión de los recursos no debe supeditarse a un excesivo ritualismo y sobrecarga de requisitos formales, como  ocurre con el recurso de casación. Por el contrario, existe una clara correlación entre la concesión  de derechos por la  Constitución  y la ley y la entrega a las personas de recursos y  medios procesales para hacerlos valer. En este contexto la acción de tutela prevista en el artículo  86  de la Constitución Política es un medio procesal especial que complementa  el derecho sustantivo constitucional, mediante la concesión de un arma  poderosa a las personas que vean sus derechos fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se torne inimpugnable e  irrevocable  no obstante el flagrante desconocimiento del mínimo de justicia material  que debe expresar toda sentencia y que sólo se da cuando se respetan y se hacen efectivos  los derechos fundamentales. 68. El análisis anterior permite acotar un terreno en el cual no son inconciliables  las instituciones de los derechos fundamentales - la acción de tutela que es el instrumento especial de su defensa es a su turno  y por esta razón  un derecho fundamental - y la cosa juzgada. Hemos visto que encontrarlo es indispensable para la sobrevivencia constitucional de la cosa juzgada que debe interpretarse siempre de conformidad con la Constitución. La cosa juzgada marca el límite que la ley establece a las impugnaciones y mutaciones de que puede ser objeto una sentencia  judicial. Hay sentencias que están expuestas  a cambios  y modificaciones y no hacen tránsito  a cosa juzgada. Existen otras que  no pueden luego de ejecutoriadas ser objeto de recurso alguno, pero que admiten su revisión extraordinaria como es el caso de los recursos extraordinarios de revisión y anulación. Cuando  ya no cabe recurso alguno, dentro ni fuera del proceso, se habla en estricto rigor de cosa juzgada. La cosa juzgada, como límite de lo  inimpugnable e inmutable, puede  ser objeto de mudanza  por la ley  al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo  caso la cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios  y causas tengan un fin  y "se pronuncie la última palabra". Si la ley puede producir el anotado desplazamiento  - en  cualquiera de los sentidos - de la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el constituyente al incluir una acción - en este caso la acción de tutela como mecanismo idóneo - contra las sentencias que violen los derechos fundamentales. En este caso el límite  de la cosa juzgada se desplaza hacia adelante y sólo luego  de la decisión que desate el procedimiento  que se instaura con ocasión  de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor de cosa juzgada. De la manera señalada, la cosa juzgada no se elimina y por el contrario se enriquece  pues si prospera la acción de tutela y por ende se modifica la sentencia judicial, ésta incorporará ese mínimo de justicia material sin el cual la cosa juzgada por sí sola no se sostiene frente  a la nueva Constitución. Finalmente, es importante destacar que la acción de tutela no se superpone  a la cosa juzgada, en cuanto el objeto de la primera es la acción o abstención del juez que en el sentir del actor viola sus derechos fundamentales y así mismo el sujeto frente  al cual  ella se dirige es el mismo juez a quien se imputa tal acción o abstención. Lo que ocurre es que el contencioso constitucional  a que da lugar  la acción de tutela - la conducta  inconstitucional  del juez - necesariamente se refleja en la sentencia y por esta  razón, de prosperar, acarrea su revocatoria y el consiguiente  desplazamiento de la cosa juzgada. 69. Finalmente, no comparte esta Corte Constitucional los criterios generales de interpretación constitucional utilizados por la Corte Suprema de Justicia. Las normas constitucionales,  sus partes (orgánica y material), sus valores y principios, mantienen  entre sí una estrecha  relación e interdependencia, que le dan al conjunto unidad y coherencia, la cual se sacrifica cuando se toma aisladamente  una norma y se le pretende dar efectos que no armonizan con el conjunto. En contradicción con este criterio interpretativo, la Corte Suprema de Justicia se apoya en el artículo 234 de Constitución Política, norma que faculta a la ley para dividir a la Corte Suprema de Justicia en salas y asignarles los asuntos que deban conocer separadamente, con el objeto de negar la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de cualquiera de las salas. Si ya el sólo texto no sustenta esta interpretación, considerado en el conjunto como se tuvo oportunidad de demostrar, pierde ella todo asidero pues la norma así entendida y tomada aisladamente, resulta incompatible con los principios esenciales de la misma Constitución. Los bienes tutelados  por la Constitución no deben ser  sacrificados en la interpretación. Debe imponerse una interpretación que gracias al establecimiento de límites justos  y proporcionales, entre los diferentes bienes protegidos, se oriente por su coexistencia, en un nivel que, atendidos los respectivos bienes jurídicos y sus limitaciones, resulte óptimo. La Corte Suprema de Justicia eleva la cosa juzgada al plano de lo absoluto e intemporal, con la consecuencia que la seguridad jurídica - concediendo sólo en gracia de discusión que aquélla goce  de protección constitucional -, sacrifica  el valor de la justicia, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución. La interpretación no debe modificar la estructura y distribución  de las funciones estatales establecida por la Constitución. La interpretación que la Corte Suprema de Justicia hace de la tutela sobre sentencias, conduce a la transformación de la función judicial que ejerce en función constituyente, como quiera que órganos públicos exonerados de control constitucional pueden modificar a su antojo el contenido y alcance de la Constitución. De otra parte, la misma interpretación sustrae de hecho a la Corte Suprema de Justicia su función  como órgano de la Jurisdicción Constitucional para los efectos  de la protección de los derechos fundamentales. La interpretación constitucional debe enderezarse a la conservación y promoción de la unidad política, cometido  esencial de la Constitución. La solución que la Corte Suprema de Justicia le da en su sentencia al problema planteado, la aparta del cumplimiento efectivo de la Constitución y la convierte en patrocinadora de una tesis que desconoce  el estado social de derecho y el principio democrático, bases insustituibles  de la unidad política a cuya consagración  apunta decididamente la carta. El valor normativo de la Constitución y su pretensión normativa, reclaman una interpretación que propenda  por la eficacia y actualización de sus disposiciones, de modo que la Constitución formal se convierta en Constitución  real  y vaya adaptándose a las cambiantes condiciones de la vida social. La tesis de la inimpugnabilidad constitucional de las sentencias, deja sin aplicación en un importante ámbito de la realidad nacional, las normas constitucionales sobre protección de derechos fundamentales. Así mismo, la interpretación radicalmente restrictiva y reduccionista  de la tutela, la despoja de eficacia real. La interpretación constitucional debe buscar la prevalencia del derecho sustancial. Exigencia que se plantea aún con más énfasis en el campo de la protección de los derechos fundamentales. La Corte Suprema de Justicia equivocadamente antepone a la prevalencia  del derecho sustancial criterios formales y principios organizativos secundarios. Por último, la interpretación de la Constitución  debe inspirarse en su preámbulo en el cual aparece expresado de manera vinculante el designio del Constituyente  y en los principios fundamentales consagrados en su título I.  Valores y principios  como el de justicia, igualdad y  efectividad de los derechos fundamentales, entre otros, se han incorporado con plena fuerza positiva en el ordenamiento  constitucional que exige una hermeneútica que promueva  su acatamiento y los integre a la conciencia nacional. 70. La acción de tutela interpuesta por los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO exige un pronunciamiento de mérito sobre la pretendida violación de sus derechos fundamentales, según lo expuesto en los antecedentes 2 a 5 de este proveído. En consecuencia, la Corte Constitucional procederá a revocar la sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo establecido por el artículo 86 de la Constitución, proceda a fallar de fondo. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la decisión de tutela proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha diciembre nueve (9) de mil novecientos noventa y uno (1991). SEGUNDO.- LIBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Salvamento de voto- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de mayo de 1992). Salvamento de voto del Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ a la Sentencia No. T-06, Exp. T-221: ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/COSA JUZGADA/PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA/PRINCIPIO DE CERTEZA JURIDICA/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Salvamento de voto) Para verificar si en cada caso se alcanzó ese mínimo de justicia material exigido por esta Sala para reconocer a la cosa juzgada su verdadera fuerza, sería preciso revisar la sentencia correspondiente y ello implica, desde luego, que la materia presuntamente definida vuelva a quedar sub judice. Y, como no estamos seguros de que en todos los casos ese mínimo de justicia material haya sido alcanzado, la aceptación de este argumento representa, por necesaria consecuencia, la pérdida del status de cosa juzgada para todas las sentencias que suponíamos lo habían alcanzado. "Desplazamiento" hacia una nueva instancia que en el fondo representa vocación de reapertura de todo proceso judicial y, por ende, ruptura de la certeza jurídica. Si de lo que se trata, como predica la sentencia, es de asegurar la prevalencia efectiva de los principios constitucionales, ello no se logra sembrando el germen de la inestabilidad ni creando un clima propicio a la ruptura de la seguridad jurídica. El acceso a la administración de justicia requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los derechos. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/PERJUICIO IRREMEDIABLE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA (Salvamento de voto) Del artículo 86 de la Carta Política surge sin lugar a dudas la consecuencia de que también los jueces como autoridades públicas, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales por su acción u omisión. Ante tal posibilidad el mismo ordenamiento jurídico ha consagrado medios procesales idóneos para contrarrestar los efectos de tales actos u omisiones inconstitucionales. Pero, en el caso concreto, habida consideración de las circunstancias en que se halla la persona y, mirada la efectividad del derecho que se le conculca, puede también realizarse la hipótesis de que no cuente para su defensa con un medio judicial adecuado a la certidumbre del derecho o la circunstancia de que, aún existiendo alguno, sea inminente un perjuicio irremediable que exige inmediata protección siquiera a modo preventivo. En tales condiciones no puede negarse que procede la acción de tutela en guarda del eficaz imperio de las garantías constitucionales. Pero habiéndose llegado a la decisión final, la sola duda sobre si en el último fallo pudo haberse desconocido un derecho fundamental no puede dar lugar a nuevas opciones de revisión del proceso, porque allí surge el conflicto con el interés general representado en la necesaria certidumbre de las definiciones judiciales. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/CORTE          CONSTITUCIONAL/REVISION DE TUTELA-    Efectos/PRINCIPIO DE CELERIDAD (Salvamento de voto) Si se aceptara en gracia de discusión que cabe ejercer acciones de tutela contra fallos que participan de la inapelabilidad de la cosa juzgada, ha debido entrar esta Corte -para cumplir con su función- en el estudio de si en realidad fue vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se alega, para que, comunicada la correspondiente decisión al juez o Tribunal competente de primera instancia, se adoptaran allí las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo dispuesto por la Corte Constitucional. En esta ocasión el examen de la Corte Constitucional ha sido apenas preliminar, lo que a mi juicio riñe con el propósito que busca el artículo 86 de la Constitución sobre especialísima celeridad en la protección concreta del derecho supuestamente conculcado. El suscrito Magistrado, en el proceso de la referencia, se permite consignar las razones fundamentales de su discrepancia con la tesis acogida por la Sala de Revisión No. 2, en fallo de esta misma fecha, por medio del cual se resolvió revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el 9 de diciembre de 1991, providencia ésta que, a su vez, denegó las solicitudes de una acción de tutela instaurada contra sentencia de la Sala de Casación Penal de la misma Corporación: 1. El punto crucial de la controversia adelantada en el seno de la Sala para decidir sobre el caso planteado radica en resolver, en lo inmediato, si las sentencias definitivas que han hecho tránsito a cosa juzgada según lo que disponen las leyes colombianas para que una providencia judicial alcance esa categoría -inclusive las que profieran las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y, en el ámbito de su competencia, el Consejo de Estado- están sujetas por mandato del artículo 86 de la Constitución a la posibilidad de nuevos pronunciamientos, también judiciales, como consecuencia del ejercicio de acciones de tutela. Pero mucho más en el fondo, se trata de definir si, a juicio de la Corte Constitucional, los valores de la seguridad jurídica y la certeza del Derecho -los cuales interesan a toda la sociedad y se hacen indispensables para la pacífica convivencia dentro de ella- deben sacrificarse íntegramente en búsqueda de una nueva opción procesal para casos individuales ya suficientemente debatidos en distintas instancias de la Rama Judicial, o si, por el contrario, la Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos fundamentales y los mecanismos de su efectiva protección, dotó al sistema de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, más bien que a debilitar el Estado de Derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran. 2. No encuentro que por haberse plasmado la acción de tutela como mecanismo de inmediata aplicación para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales ha sido fundada y desarrollada nuestra civilización jurídica, pues esa acción no es en sí misma ni puede interpretarse como su negación o como la derogatoria de los presupuestos con apoyo en los cuales la administración de justicia cumple la primordial tarea que le atañe en el contexto de nuestra democracia. 3. Es cierto que, como lo expresa la sentencia de la cual discrepo, tanto el Constituyente como el legislador promueve, mediante el establecimiento de acciones y recursos, la obtención de un resultado justo que la preceptiva constitucional ha vinculado estrechamente a los fines del Estado y de manera muy particular a la realización concreta de los derechos inalienables de la persona, a cuyo servicio ha sido concebida -al igual que otras figuras dentro del ordenamiento superior- la acción prevista en el artículo 86. También es innegable que la Constitución, en su artículo 228, señala la prevalencia del derecho sustancial como principio de ineludible acatamiento por los jueces al adoptar sus decisiones. Pero de lo dicho no se sigue, ni en lógica, ni en derecho, que la Constitución haya venido a desvirtuar por esta vía uno de los principios esenciales al orden jurídico que en la misma Constitución se funda, cual es el de la cosa juzgada. Así, la obtención del resultado justo constituye el ideal que, por definición, persigue el Derecho y el objetivo al cual apunta, según su misma esencia, toda institución judicial. Diríase que la historia de la administración de justicia es, en el mundo entero, la historia de un portentoso esfuerzo colectivo por alcanzar ese ideal, claro está que dentro de las limitaciones implícitas en la naturaleza humana, falible, de los jueces. Es precisamente la falibilidad del juez la que hace posible su apreciación errónea de los hechos tanto como su interpretación equivocada de las leyes o la parcialidad de sus juicios. El reconocimiento de estas posibilidades es lo que simultáneamente explica que se hayan concebido los recursos judiciales, los impedimentos, las recusaciones, la vigilancia fiscal, las nulidades, el régimen jurídico de la prueba y su contradicción, entre otras fórmulas que pretenden eliminar o, cuando menos hacer inferiores los márgenes de error o de injusticia en los procesos, garantizar los derechos de las partes y, digámoslo de una vez, conseguir -sin detrimento de lo anterior- la certeza y la firmeza de las definiciones judiciales. Sería torpe desconocer el error judicial como fuente de injusticias y, por supuesto, también lo sería negar que, de hecho, se puedan conculcar los derechos inalienables del individuo involucrado en el proceso, ya en su calidad de actor, ora como demandado, ya como tercero. Tanto una como otra posibilidad vienen a ser consustanciales a la idea misma de la administración de justicia. Pero no es lícito convertir el error del juez, la injusticia o la violación judicial de los derechos en la regla general, ni tampoco deducir de esa hipótesis un principio de inestabilidad de cuanto fallo definitivo se haya pronunciado. 4. No puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad el principio de certeza de las decisiones judiciales, es decir, la convicción general en torno a que los juicios llegan a su fin mediante resoluciones firmes que definan el Derecho. La acción de la justicia no puede moverse eternamente en el terreno de lo provisional. El punto final, la última palabra, después de agotadas todas las instancias, se erigen en factores insustituíbles para que, haciéndose efectiva, se consolide la idea de lo justo. Una sentencia que en su contenido desarrolle el ideal de la justicia pero que nunca llegue al nivel de lo definitivo, deviene en injusta en cuanto torna ilusoria su realización. Unicamente la seguridad jurídica permite la vigencia del orden justo al que aspira nuestra Carta Política, tanto en su Preámbulo como en su artículo 2o., cuyo logro exige momentos de definición judicial que otorguen a todas las personas la confianza en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones que provoquen la indefinida reanudación de los procesos. La certeza, según lo recuerdan LOPEZ DE OÑATE y LORCA NAVARRETE1, ha sido tradicionalmente reconocida como función que ha de cumplir el Derecho para que el ente social ascienda hacia una concepción plena de la juridicidad. 5. El fallo en referencia pone en tela de juicio la validez del principio de la cosa juzgada cuando en la sentencia cobijada por él no se incorpore un mínimo de justicial material, caso en el cual dicho principio "se desintegra", ya que "sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter".2 Esta aseveración implica en realidad la eliminación de la cosa juzgada, aún a pesar de las advertencias que se hacen en el mismo fallo en el sentido de que su propósito no es la destrucción sino el desplazamiento de aquélla. En efecto, para verificar si en cada caso se alcanzó ese mínimo de justicia material exigido por esta Sala para reconocer a la cosa juzgada su verdadera fuerza, sería preciso revisar la sentencia correspondiente y ello implica, desde luego, que la materia presuntamente definida vuelva a quedar sub judice. Y, como no estamos seguros de que en todos los casos ese mínimo de justicia material haya sido alcanzado, la aceptación de este argumento representa, por necesaria consecuencia, la pérdida del estatus de cosa juzgada para todas las sentencias que suponíamos lo habían alcanzado. "Desplazamiento" hacia una nueva instancia que en el fondo representa vocación de reapertura de todo proceso judicial y, por ende, ruptura de la certeza jurídica. Habría que preguntar en dónde reside, en esta hipótesis, el daño de mayor gravedad: si en el posible desconocimiento de un derecho fundamental en un caso concreto, como el que constituye materia del presente proceso, que ha pasado por el tamiz de dos instancias judiciales y un recurso extraordinario de casación, o en la desestabilización de todo el aparato judicial colombiano como consecuencia del indiscriminado ejercicio de acciones de tutela que, muy probablemente, habrán de instaurarse con ese pretexto para añadir una instancia a las ya tramitadas. ANTONIO FERNANDEZ GALIANO, en su Introducción a la Filosofía del Derecho, expresa a este respecto: "Específicamente, la seguridad jurídica se refiere a las situaciones concretas de los particulares dentro del orden del Derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento sepa con claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica y dónde empieza la de los demás; que conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad y, en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del Derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma; en fin, que en todo instante pueda contemplar, deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. Por supuesto que el descrito es un ideal utópico para cuya efectividad se requeriría un ordenamiento de una perfección técnica incompatible con la falibilidad de toda obra humana: es evidente que en todo Derecho existen imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y contradicciones.  Pero también hay normas que no realizan con plenitud los debidos ideales de justicia y no por eso debe condenarse el ordenamiento en su conjunto como incapaz de realizar aquel valor. Lo que interesa es que el Derecho, aparte sus inevitables fallos, tienda a la creación de una seguridad para el particular que se acoja a sus normas, de manera que nunca pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al propio ordenamiento.  Finalidad del Derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. A procurarlas en casos concretos irán dirigidas normas determinadas, pero la finalidad de creación de seguridad jurídica para el particular está representada por una porción de principios de carácter general existentes en todos los ordenamientos: tales son, entre otros, el de la inexcusabilidad del cumplimiento de la ley independientemente de su conocimiento, el de la fuerza de la cosa juzgada, el de la protección posesoria y el que inspira la institución de la usucapión (...)"3 JORGE HÜBNER GALLO, en la misma perspectiva, señala: "Se puede concebir que, en un Estado de Derecho, la aplicación indiscriminada de la ley, como exigencia del Bien Común - el "dura lex, sed lex" de los viejos romanos provoque situaciones individuales de injusticia, que no sería fácil evitar, sin cambiar a la vez todo el sistema de la legislación.  No es necesario evocar a este respecto la muerte heróica de Sócrates, que se inmoló sacrificando la Justicia, que debía absolverlo, en aras del Bien Común, que exigía el respeto a la ley y a la sentencia. Piénsese solamente en el caso, tan común en la vida profesional, del individuo que pierde un litigio, a pesar de haber adquirido el juez la convicción de que está en la razón, por no poder dar testimonio objetivo de su derecho de acuerdo con las normas reguladoras de la prueba"4 LUIS LEGAZ Y LACAMBRA expone con brillante lucidez: "El problema de la fuerza jurídica de la cosa juzgada ha surgido principalmente en el ámbito del Derecho procesal. De antiguo se distingue entre la cosa juzgada en sentido material y en sentido formal. Los romanos establecían la distinción en los siguientes términos: res judicata jus facit inter omnes; res judicata jus facit inter partes. Esto quiere decir lo siguiente: fuerza de cosa juzgada en sentido formal significa la imposibilidad de anular la sentencia por medio de los recursos, ya porque la última instancia ha dicho la última palabra, ya porque ha transcurrido el tiempo para interponerlos o porque se ha desistido o renunciado a ellos. La fuerza de cosa juzgada en sentido material significa que "el fallo contenido en la sentencia es de tal suerte decisivo, que excluye totalmente cualquier nuevo examen del negocio y cualquier resolución nueva distinta sobre la misma relación jurídica, frente a los que han sido partes, sea por el mismo tribunal que dictó la primera, o sea por otra diferente". De suerte que el fallo recaído no puede ser examinado en su exactitud de fondo por otro tribunal; y si alguien, cuya demanda no ha sido estimada por infundada, vuelve a presentarla de nuevo, es absuelto en ella apenas el tribunal tenga conocimiento de la sentencia anterior, sin que se pueda entrar en el fondo de la misma. Además, lo decidido con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme, es un título que la parte a quien favorece puede hacer valer en cualquier proceso posterior; la cosa juzgada funda una situación jurídica que puede alegarse como título de la acción judicial emprendida contra quien se obstina en desconocerla (He subrayado). Sólo motivos de seguridad sirven de base a esta institución; motivos de seguridad y no directamente de justicia, aunque nada tienen de opuestos a la justicia (subrayo). Naturalmente, puede darse el caso de que la sentencia sea materialmente injusta, que la sentencia firme declare que yo soy el legítimo propietario de tal trozo de terreno y no de mi vecino que me lo disputa, aunque la razón esté de parte de mi vecino. Pero el juez tiene que proceder conforme a lo alegado y probado y por eso puede decirse que es siempre más justo que el legislador, porque aprecia mejor la individualidad del caso. Como obra humana, su sentencia está sujeta a error; pero las posibilidades de injusticia material están reducidas al extremo límite por la segunda instancia y la casación, y por otra parte, sería mucho mayor la dosis de injusticia que significaría atentar contra la seguridad, permitiendo la posibilidad de procesos continuos y de fallos contradictorios sobre un mismo negocio mil veces resuelto. Aquí, la injusticia material de unos cuantos casos representa -frente a la seguridad- lo que el interés particular, que debe ceder ante el interés general precisamente por exigencia de la justicia"5 (He subrayado). 6. Si de lo que se trata, como predica la Sentencia, es de asegurar la prevalencia efectiva de los principios constitucionales, ello no se logra sembrando el germen de la inestabilidad ni creando un clima propicio a la ruptura de la seguridad jurídica. - El Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta el pueblo de Colombia, el de "asegurar a sus integrantes (...) la justicia, (...) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden (...) justo ...". En mi concepto, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo dentro de un marco jurídico que fundamente el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre. - El artículo 1o. de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. No considero que el "Mito de Sísifo" en que se pretende convertir por vía interpretativa la acción de tutela, resulte acorde con la dignidad humana de quienes obtuvieron fallo favorable a sus pretensiones, habiéndose sujetado a los trámites de suyo difíciles y engorrosos de un proceso judicial que ha culminado en sentencia definitiva avalada por el sello de la cosa juzgada y que ahora, por virtud de tal acción, están a punto de comenzar de nuevo. Tampoco hallo realizado el principio de prevalencia del interés general en la tesis de la cual me aparto, por cuanto estimo que sirve mucho más al beneficio colectivo la conciencia cierta sobre la realidad de la justicia en firme que la inestabilidad general provocada por el desconocimiento de la seguridad jurídica. - La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (artículos 2o., 86, 88, 89, 91, 93, 94, entre otros) tiene su mejor prenda en la definición de las controversias sobre la base de una verdad deducida en juicio. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre. - El acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución) requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los derechos. 7. No es cierto, como lo afirma la sentencia, que la cosa juzgada carezca de sustento en la Constitución y se soporte simplemente en mandatos de jerarquía legislativa, pues si bien no hay en la Carta Política de 1991 (como tampoco había en la de 1886) un texto expreso que la plasme para todas las ramas del Derecho como letra constitucional, aunque sí lo hace el artículo 241, Parágrafo, para los fallos de esta Corte, ella se deduce inequívocamente de los principios enunciados y surge como realización concreta de la seguridad jurídica que, más allá de la Constitución, está anclada en el concepto mismo de Derecho. Es la seguridad jurídica un principio de naturaleza supraconstitucional ligado tan íntimamente a la justicia que no es concebible la una sin la otra. 8. El artículo 86 de la Constitución dispone que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y agrega que "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"(Subrayo). Del precepto constitucional surge sin lugar a dudas la consecuencia de que también los jueces, como autoridades públicas, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales por su acción o su omisión. En tal sentido, hallo coincidencia entre mi criterio y el contenido en el fallo, pues debe reconocerse que un juez, individual o colegiado, está en capacidad efectiva de ejecutar actos o de incurrir en abstenciones que impliquen la transgresión de los preceptos constitucionales que garantizan derechos inherentes a la persona. Así, por ejemplo, puede impartir a sus subalternos órdenes en cuyo desarrollo se impida, de hecho, el acceso a la justicia, al derecho de defensa o a las prerrogativas propias del debido proceso; o le es factible proferir, por fuera de sus competencias, providencias de sustanciación o interlocutorias cuyo contenido infrinja los derechos; inclusive en las sentencias pueden encontrarse interpretaciones o resoluciones contrarias a la Constitución o lesivas de los derechos en ella consagrados. Ante esas posibilidades, el mismo ordenamiento jurídico ha consagrado medios procesales idóneos para contrarrestar los efectos de tales actos u omisiones inconstitucionales, según ya se expresó. Pero, en el caso concreto, habida consideración de las circunstancias en que se halla la persona y mirada la efectividad del derecho que se le conculca, puede también realizarse la hipótesis de que no cuente para su defensa con un medio judicial adecuado a la certidumbre del derecho o la circunstancia de que, aún existiendo alguno, sea inminente un perjuicio irremediable que exige inmediata protección siquiera a modo preventivo. En tales condiciones, no puede negarse que procede la acción de tutela en guarda del eficaz imperio de las garantías constitucionales, como ya lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte al revisar fallos de tutela6 . Pero habiéndose llegado a la decisión final -que supone agotados todos los momentos de verificación jurídica sobre lo actuado, por regla general a cargo de varios jueces o tribunales, y terminadas todas las instancias concebidas por el ordenamiento jurídico precisamente para garantizar que prevalezca el Derecho- la sola duda sobre si en el último fallo pudo haberse desconocido un derecho fundamental no puede dar lugar a nuevas opciones de revisión del proceso, porque allí surge el conflicto con el interés general representado en la necesaria certidumbre de las definiciones judiciales. Dice al respecto el ya citado profesor FERNANDEZ-GALIANO: "La posibilidad de error -y aún de prevaricación- en los jueces ha sido prevista en los ordenamientos procesales mediante el establecimiento de sucesivas instancias ante las que pueda acudir quien no haya tenido éxito en las inferiores; pero con el límite de una última instancia más allá de la cual no cabe nueva apelación y cuyo fallo es, por tanto, firme. Claro está que también en esa instancia suprema ha podido haber error y producirse una sentencia injusta, pero una reiteración indefinida de recursos procesales conduciría a una situación de absoluta inseguridad, pues mientras estuviera el asunto sub judice -y sin posibilidad de prever el fin del estado litigioso- ninguno de los litigantes podría estar seguro de sus derechos. No hay más remedio, por tanto, que dar por terminada la cuestión mediante un fallo definitivo e inapelable. Y si con ello -repetimos- puede sancionarse alguna injusticia en casos concretos (que, por lo demás, serán escasos dadas las garantías que se han puesto en juego hasta llegar a la sentencia firme), es preferible eso a la permanente inseguridad que existiría de no regir el principio de la santidad de la res iudicata"7 9. Por otra parte, aún en el supuesto de aceptar la tutela para sentencias del nivel aquí tratado, nadie garantiza que un estudio preferente y sumario, que debe efectuarse en el perentorio término de diez (10) días, permita hacer realidad la plena certeza de la total justicia en todo un proceso de doble instancia y casación, menos aún si la Sala encargada de verificar la sujeción del fallo a derecho es de una especialidad distinta, como ocurre en el presente caso. 10. No entro en el estudio de los argumentos expuestos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre inaplicabilidad de la competencia especial prevista en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, ni particularmente sobre la relativa al establecimiento de posibles jerarquías entre las salas de esa Corporación para la tramitación de acciones de tutela contra sentencias definitivas por ellas proferidas, por cuanto estimo que las razones atrás consignadas en torno a la improcedencia de esta acción respecto de fallos que han hecho tránsito a la autoridad de la cosa juzgada hacen del todo inoficioso cualquier análisis sobre los mecanismos tendientes a realizar un fin que contraría ese postulado. Pero, además, en torno a la constitucionalidad del mencionado artículo, la cual ha sido cuestionada ante esta Corte en ejercicio de acción pública, prefiero esperar el momento procesal adecuado para exteriorizar mis opiniones al respecto. 11. En cambio, sí me parece indispensable manifestar que disiento de la interpretación acogida en la sentencia de esta Sala en cuanto a los efectos de la revisión a cargo de la Corte Constitucional. Sobre el particular, si se aceptara en gracia de la discusión que cabe ejercer acciones de tutela contra fallos que participan de la inapelabilidad de la cosa juzgada, ha debido entrar esta Corte -para cumplir con su función- en el estudio de si en realidad fue vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se alega, para que, comunicada la correspondiente decisión al juez o tribunal competente de primera instancia (en este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia), se adoptaran allí las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo dispuesto por la Corte Constitucional (artículo 36 del Decreto 2591 de 1991). En esta ocasión, pese al interesante estudio efectuado en la Sentencia, el examen de la Corte Constitucional ha sido apenas preliminar, lo que a mi juicio riñe con el propósito que busca el artículo 86 de la Constitución sobre especialísima celeridad en la protección concreta del derecho supuestamente conculcado. Si la Sala se hubiese introducido en ese análisis de fondo, sobre el derecho invocado por el actor, quizá hubiera podido responder a la pregunta que tuve ocasión de formular en el curso de las deliberaciones: dado que la protección en que consiste la tutela se concreta en una orden para que aquél respecto de quien se solicita actúe o se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Constitución)... Cuál sería la orden, de inmediato cumplimiento, que debería impartir el juez de tutela en relación con sentencias que han surtido la integridad del trámite procesal y han alcanzado la cúspide de la cosa juzgada? ... Acaso la reiniciación del proceso? Desde cuál de sus etapas? O la modificación de la sentencia? O la nulidad de lo actuado? Lo anterior suscita, a su vez, un nuevo interrogante: Cómo se procedería en caso de impugnación del fallo de tutela si ya la orden -cualquiera de las indicadas u otra- está en ejecución? Y uno adicional: Cuál sería el papel de la seguridad jurídica como valor del Derecho que el Estado debe realizar, en un contexto tan inestable e inseguro como el planteado? JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia No. T-06 ADICION Ref.: Proceso de Tutela T-221 Actores: JULIAN PELAEZ CANO Y LUIS ARIAS CASTAÑO SALA SEGUNDA DE REVISION Santafé de Bogotá,D.C. junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). Antecedentes 1. La Corte Constitucional, Sala de Revisión, mediante sentencia del 12 de mayo del presente año, resolvió revocar la decisión de tutela proferida por la Sala civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de diciembre de 1991. En esta providencia para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se señaló: "La acción de tutela interpuesta por los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO exige un pronunciamiento de mérito sobre la pretendida violación de sus derechos fundamentales, según lo expuesto en los antecedentes 2 a 5 de este proveído. En consecuencia, la Corte Constitucional procederá a revocar la sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo establecido por el artículo 86 de la Constitución, proceda a fallar de fondo". 2. La Corte Suprema de Justicia en providencia del 2 de junio de 1992 se abstuvo de dictar el fallo de fondo a que hacía referencia en su sentencia la Corte Constitucional y, en su lugar, resolvió "Ordenar la remisión del expediente a dicho organismo (Corte Constitucional) para lo de su competencia". 3. Es esencial e inapreciable la participación de la Corte Suprema de Justicia en el trámite y decisión de fondo de las acciones de tutela. En la sentencia de la Corte Constitucional citada se dan pautas que requieren ser aplicadas a la concreta situación materia de la tutela y para ello es decisivo el aporte de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil que para el efecto es juez de tutela. 4. Entiende la Corte Constitucional que la Constitución brinda un espacio de colaboración en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucional, referida a la protección de los derechos fundamentales, según lo cual, a la Corte Suprema de Justicia compete dictar fallos de tutela y a la Corte Constitucional asumir su eventual revisión. 5. Con el objeto de poder cabalmente cumplir con la función de revisión y dado que, en el expediente remitido no se incluye un pronunciamiento del juez de tutela sobre el derecho fundamental cuya violación se alega, la Corte Constitucional, conforme lo establecido en sentencia del 12 de mayo de 1992, requiere dicho pronunciamiento. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE REMITIR el expediente respectivo a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, a fin de que dicho organismo proceda a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión del 12 de mayo de 1992. Comuníquese y cúmplase. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Aclaración de voto- ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Ref.: Proceso de Tutela T-221 Actores: JULIAN PELAEZ CANO y LUIS                                ARIAS CASTAÑO Sala Segunda de Revisión Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz Santafé de Bogotá,D.C. junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). Pese a la discrepancia que mantengo con la mayoría de esta Sala en torno al sentido del fallo de revisión de fecha 12 de mayo de 1992, por cuanto estimo que a la luz de la Constitución no cabe acción de tutela contra sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, he votado afirmativamente la providencia que hoy profiere la misma Sala ordenando remitir el expediente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, para que proceda a dar cumplimiento a lo que se dispone en aquella, por las siguientes razones: 1. Resulta esencial a la realización de los fines propios del Estado de Derecho que los distintos organismos y funcionarios encargados de ejercer el poder público reconozcamos y acatemos la distribución de competencias establecidas por el ordenamiento jurídico, así como las reglas de juego dentro de las cuales se producen las actuaciones que a unos y a otros toca cumplir. 2. En este orden de ideas, por cuanto se refiere a los jueces, la Constitución de 1991 ha contemplado, para las distintas jurisdicciones, órbitas bien definidas dentro de las cuales obra cada una sin detrimento ni invasión del campo reservado a las demás. Así, uno es el ámbito de la Jurisdicción Ordinaria, en cuyo nivel superior se encuentra la H. Corte Suprema de Justicia; otro el de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo máximo organismo es el H. Consejo de Estado; y otro el de la Jurisdicción Constitucional, a cuya cabeza está la Corte Constitucional. En lo concerniente a la Jurisdicción Constitucional, además de la tradicional función de control prevista en el artículo 241 de la Carta Política, se ha introducido la Tutela como mecanismo enderezado a la defensa de los derechos fundamentales, atribuyéndose a todos los jueces (incluídos la Cortes Suprema de Justicia y el Consejo de Estado) la decisión concreta sobre las acciones que se instauren a su amparo. La propia Constitución ha ordenado que la totalidad de las sentencias proferidas en esta materia pasen a la eventual revisión de la Corte Constitucional en los términos que señale la ley. De tal manera que, cuando la Corporación, en ejercicio de esa competencia constitucional y según las reglas del Decreto 2591 de 1991, asume la revisión de un determinado fallo y, en desarrollo de su función, lo confirma o revoca, la sentencia de revisión se constituye en la resolución final del caso controvertido, siendo vinculantes para los jueces de tutela correspondientes las determinaciones en ella contenidas. 3. En concordancia con las razones que me permití exponer en su momento sobre la necesidad de hacer prevalecer los valores de la seguridad jurídica y la certeza del Derecho, con apoyo en las cuales me aparté de la sentencia de revisión que admitió la acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas, debo ahora sostener, en aras de los mismos principios, mi apoyo a la tesis de que ese fallo de revisión, con absoluta independencia de su contenido -del cual he discrepado- debe ser acatado en cuanto se trata de un sentencia que, dentro del campo de la jurisdicción constitucional, no admite apelaciones. Otra cosa es que el desenvolvimiento futuro de la misma actividad de revisión constitucional lleve a la Corte en Sala Plena, si se presenta el caso en el cual se susciten propuestas de cambio jurisprudencial, a adoptar decisiones contrarias. Entre tanto, aún para quienes no compartimos el sentido de la doctrina vigente, el fallo de la Corte Constitucional es obligatorio. 4. Comparto, pues, la apreciación de la mayoría de la Sala en el sentido de que resulta inapreciable y esencial la participación de la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de los preceptos constitucionales que rigen esta materia. Como lo expresé en mi salvamento de voto en relación con la sentencia de mayo 12, sigo creyendo que la Corte Constitucional ha debido entrar en el fondo del asunto planteado por los accionantes si creía que era procedente la tutela contra sentencias amparadas por el principio de la cosa juzgada, pero ya que no lo hizo, su fallo debe cumplirse. En este sentido, coincido plenamente con las razones expuestas por los H. Magistrados Alberto Ospina Botero y Eduardo García Sarmiento, miembros de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su salvamento de voto referente a la providencia de dicha Corporación de fecha 2 de junio. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 LOPEZ DE OÑATE, F.: La certeza del Derecho. Buenos Aires. Ed. Jurídicas Europa-América. 1953. LORCA NAVARRETE, J.F. : El Derecho natural, hoy. Madrid. Ediciones Pirámide, S.A. 1978, pág. 67 2 Ponencia. Versión estudiada en Sala. pág. 89 3 FERNANDEZ GALIANO, Antonio: Introducción a la Filosofía del Derecho. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1964. Pág. 139 y siguientes 4 HÜBNER GALLO, Jorge. Manuel de Filosofía del Derecho. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1963. pág. 209 5 LEGAZ y LACAMBRA, Luis: Filosofía del Derecho. Barcelona. Bosch, Casa Editorial. Quinta edición. 1979. Pág. 620 6 Ver, por ejemplo, Sentencia No. 1. Sala de Revisión No. 3. Abril 3 de 1992; sentencia No. 3 de la misma Sala, mayo 11 de 1992. 7 FERNANDEZ-GALIANO, Antonio: Op. Cit.

T-007-92 Sentencia No. T-007/92 ACCION DE TUTELA-Trámite Preferencial Del cabal cumplimiento del término  legal consagrado depende la efectividad de la acción de tutela. La protección que demanda el accionante es inmediata y por ello la Carta exige que el procedimiento aplicable al trámite de las solicitudes de tutela sea preferente y sumario, pues lo que interesa es la decisión material sobre si se concede o se niega la protección impetrada. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE/INSUBSISTENCIA Cuando el quejoso tiene o ha tenido a su alcance la posibilidad de entablar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral pudiendo pedir, en ejercicio de ella, además de lo que dejó de percibir por razón del acto administrativo, su reintegro al cargo que venía desempeñando, no hay perjuicio irremediable porque el resarcimiento integral no está compuesto únicamente por indemnización de lo cual se deriva que la tutela, en situaciones como la que se estudia, no procede a título de mecanismo transitorio. -Sala de Revisión No. 3- Ref.:    Expediente No. T-283 Acción de Tutela JOSE JOAQUIN GUERRERO VILLAMIL contra acto de la Contraloría Departamental de Boyacá Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No. 3 en Santafé de Bogotá,D.C., a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política, las sentencias proferidas en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo de Boyacá -Sala Plena- y por el Consejo de Estado -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- los días doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991) y veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), respectivamente. I. INFORMACION PRELIMINAR El actor, JOSE JOAQUIN GUERRERO VILLAMIL, por conducto de apoderado, acudió a la acción de tutela mediante escrito presentado el veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991) ante el mencionado Tribunal Administrativo. Según la demanda mediante la cual se interpuso la acción, GUERRERO VILLAMIL fue nombrado el ocho (8) de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) en el cargo de Auditor del Complejo Ricaurte, de la Contraloría Departamental de Boyacá, puesto que ocupó hasta el dieciseis (16) de octubre de mil novecientos noventa (1990), fecha en la cual fue ascendido al cargo de Auditor Círculo 21. El veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991), mediante resolución 354, su nombramiento fue declarado insubsistente. El peticionario alegó en su demanda de tutela que la decisión de separarlo del empleo había obedecido a motivos políticos y que con ella habían sido quebrantados sus derechos, sin indicar específicamente cuáles. El escrito en cuestión terminaba solicitando al Tribunal que amparara en su derecho a GUERRERO VILLAMIL, "restableciéndolo en su cargo, e indemnizándolo en todos los salarios caídos hasta la fecha del reintegro". II. LA PRIMERA INSTANCIA Al resolver sobre la acción instaurada, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que indudablemente el actor pretendía la tutela de su derecho al trabajo, pero que este derecho, consagrado en la Carta, tiene su desarrollo a través de la ley, siendo ésta la que dispone los mecanismos legales para la defensa judicial del derecho conculcado. Estimó que el accionante habría podido acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 C.C.A.) y que, por tanto, tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial, con lo cual resultaba improcedente la acción de tutela. En el criterio del Tribunal, el hecho de la preclusión del término de caducidad para ejercitar la acción que correspondía, en modo alguno habilitaba al actor para instaurar la de tutela, "realmente consagrada para la protección de derechos constitucionales fundamentales, carentes de desarrollo legal en cuanto a defensa de índole judicial se refiere, y no para enmendar omisiones de los interesados para obtener tal defensa". III. LA SEGUNDA INSTANCIA Correspondió al Consejo de Estado -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-, con ponencia del H. Consejero, doctor Joaquín Barrero Ruíz, conocer sobre la impugnación interpuesta por el accionante contra la decisión judicial en referencia, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela. Las consideraciones del Consejo de Estado pueden resumirse así: - La acción fue impetrada antes de la reglamentación legal, lo cual justifica en gran medida los desenfoques de la solicitud. - El trabajo es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pero no es de aplicación inmediata (art. 85 Const. Pol.), razón por la cual su efectividad debe lograrse en los términos que señala la ley. - Cuando la administración incurre en ilegalidad al desvincular a un empleado público, éste puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. En el proceso correspondiente, el restablecimiento del derecho implica el reintegro al servicio y el pago de los haberes dejados de percibir, razón por la cual el presunto perjuicio no es irremediable y, en consecuencia, estamos ante la primera causal de improcedencia de la tutela (artículo 6, numeral 1, Decreto 2591 de 1991). - Menos aún se puede acudir a la tutela cuando se ha dejado vencer el término que la ley concede para utilizar el medio de defensa judicial, como ocurrió en el caso del solicitante. - La expresión en todo momento, que trae el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991 significa que la solicitud de tutela puede formularse cuando quiera que el derecho fundamental esté siendo vulnerado o amenazado, pero no que hayan desaparecido los términos de caducidad previstos para el ejercicio de las acciones legales. - Cuando el artículo 8o. del Decreto 2591 establece el término de cuatro (4) meses como máximo para iniciar la acción judicial, no es que esté creando un plazo nuevo de caducidad si ésta ya hubiera ocurrido, sino restringiendo a ese lapso el que fuere superior en la hipótesis allí prevista. Con base en esos motivos, el Consejo de Estado decidió confirmar la providencia de primera instancia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Corte es competente para revisar los fallos mencionados. 2. Estudio sobre oportunidad de las decisiones judiciales El artículo 86, inciso 4o., de la Constitución Política establece un término de ineludible observancia por parte de los jueces a quienes corresponde resolver sobre la acción:  "En ningún caso podrán transcurrir más de diez (10) días entre la solicitud de tutela y su resolución". Se trata, como ya lo dijo esta Corte, de una obligación perentoria e inexcusable1, que según las voces del precepto mencionado, no admite excepciones, y cuyo cumplimiento se inscribe dentro del marco general de responsabilidad previsto por el artículo 228 de la Constitución, según el cual "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". Debe subrayarse la importancia de este tema, que a primera vista pudiera parecer de índole apenas procedimental, cuando en realidad toca con el fondo de la institución, pues del cabal cumplimiento del término depende nada menos que la efectividad del mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta Política. Para insistir en la razón que inspira el indicado mandato constitucional, basta recordar que la protección que demanda el accionante es inmediata y que por ello la Carta exige que el procedimiento aplicable al trámite de las solicitudes de tutela sea preferente y sumario, pues lo que interesa es la decisión material sobre si se concede o se niega la protección impetrada. En el caso presente, la regla constitucional en comento no fue atendida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, ya que, según puede leerse en el expediente, la solicitud fue presentada el veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991) y, en consecuencia, ha debido ser resuelta a más tardar el ocho (8) de noviembre. La providencia del Tribunal fue proferida el doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991). Se observa, además, que el Tribunal tampoco dió cumplimiento al término indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor, "presentada debidamente la impugnación el juez (en este caso el Tribunal) remitirá el expediente dentro de los dos (2) días siguientes al superior jerárquico correspondiente" (subraya la Corte). No ocurrió así en el caso materia del examen, toda vez que, según obra en el expediente, la impugnación fue presentada ante el Tribunal el día diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991) y apenas el día veintiseis (26) se ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, en donde se recibió el cinco (5) de diciembre. En consecuencia, de conformidad con la competencia prevista en el artículo 256, numerales 3 y 4, de la Constitución, se remitirá copia del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo. El Consejo de Estado, por su parte, resolvió sobre la impugnación dentro del término que contempla el citado artículo 32 del decreto 2591 de 1991. 3. Improcedencia de la acción de tutela Como bien lo señalan el Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la acción de tutela no procede, según el artículo 86 de la Carta, cuando el presunto afectado disponga de otros medios de defensa judicial. Allí radica precisamente la naturaleza subsidiaria de esa acción, la cual no es mecanismo alternativo o sustitutivo de los procesos que, de conformidad con las reglas constitucionales y legales, están a cargo de las distintas jurisdicciones. Insiste la Corte en que la única posibilidad de intentar la acción de tutela, cuando se dispone de otros medios judiciales para la protección del derecho que se invoca, es la que resulta de un inminente perjuicio irremediable, esto es, solo susceptible de ser resarcido en su integridad mediante una indemnización (art. 6o., numeral 1, Decreto 2591 de 1991), pues en tales circunstancias, pese a la existencia del medio judicial ordinario, puede ser concedida la tutela como mecanismo transitorio encaminado a evitar el perjuicio. Un acto administrativo por medio del cual se declara la insubsistencia del nombramiento de un empleado -como el que ha sido objeto de acción en el caso que se revisa puede ser demandado ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, es decir, que respecto de él existe una vía judicial consagrada para la defensa de los derechos que el afectado estime que le han sido desconocidos o violados. Las definiciones acerca de si en realidad se produjeron las violaciones alegadas y sobre si procede la declaratoria de nulidad del acto por cualquiera de los motivos previstos en la ley, así como en torno a si hay lugar al restablecimiento del demandante en su derecho, quedan todas ellas en cabeza del Tribunal competente. Con independencia del sentido final que tenga el fallo, en eso consiste la protección que el sistema jurídico colombiano brinda a la persona, de acuerdo con la garantía consagrada en el artículo 229 de la Constitución: en la oportunidad de acceder a la administración de justicia. Ahora bien, si el titular de la acción correspondiente, es decir, la persona así protegida por el ordenamiento jurídico, hace uso de ella y, en efecto, tiene acceso a la administración de justicia, su demanda de defensa judicial ha sido satisfecha, quedando, eso sí, sujeto a la decisión del tribunal competente, y no tiene razón alguna para acudir a un mecanismo como la tutela, ideado precisamente para cuando esos otros medios específicos, previstos y regulados, que le dan acceso a la administración de justicia, no existen. Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante. Considera la Corte, por otra lado, que cuando el quejoso tiene o ha tenido a su alcance la posibilidad de entablar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral pudiendo pedir, en ejercicio de ella, además de lo que dejó de percibir por razón del acto administrativo, su reintegro al cargo que venía desempeñando, no hay perjuicio irremediable porque el resarcimiento integral no está compuesto únicamente por indemnización, como lo exige el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, de lo cual se deriva que la tutela, en situaciones como la que se estudia, no procede a título de mecanismo transitorio. Por otra parte, es preciso anotar que el derecho al trabajo es ciertamente un derecho constitucional fundamental, según se desprende del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Carta Política. Sin embargo, además de las razones que se dejan expuestas, su tutela no cabe en este caso por cuanto los medios judiciales de defensa ya aludidos fueron dispuestos previamente por el legislador para proteger en forma específica ese derecho constitucional. Aplicando lo dicho al caso de JOSE JOAQUIN GUERRERO VILLAMIL, es ostensible la improcedencia de la tutela y, por ende, serán confirmadas las providencias sometidas a revisión. Para adoptar la decisión son suficientes las razones que se dejan consignadas. V. DECISION Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero. CONFIRMAR los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo de Boyacá y por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con fechas doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991) y veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), respectivamente. Segundo. Ordenar que se remita copia del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. Tercero. Por la Secretaría líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados, y envíese copia de esta providencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. 1 Corte Constitucional. Sentencia No. 1. Sala de Revisión No. 3. Abril 3 de 1992

T-008-92 Sentencia No Sentencia No. T-008/92 DERECHOS COLECTIVOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Clasificación /JUEZ DE TUTELA-Facultades El problema de la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales queda a cargo de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta el valor indicativo que tiene el Capítulo I del Título II de la Constitución en donde están contenidos la mayoría de esos derechos, sino también el punto de vista material del concepto que lleva a identificarlos en otros preceptos de la Carta, así como en "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción" y que "prevalecen en el orden interno", según lo consagra el artículo 93 del Estatuto Fundamental. Así, pues, el Juez de la Tutela debe analizar el asunto en cada caso con los diversos criterios que se han señalado anteriormente, y en todo caso al hacer la revisión de las sentencias de tutela corresponde a la Corte Constitucional un papel decisivo, para cumplir su misión de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política. DERECHO A LA PAZ/DERECHO COLECTIVO/ACCION POPULAR/ACCION DE TUTELA-Improcedencia El artículo 22 de la C.N., contiene el derecho a la paz y el deber de su obligatorio cumplimiento, derecho éste que por su propia naturaleza pertenece a los derechos de la tercera generación, y requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente se le pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria.  Esta interpretación encuentra fundamento adicional en lo preceptuado en el Art. 88 de la C.N. que consagra las Acciones Populares como mecanismo especializado para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública..." y otros de similar naturaleza que definen en ella".  Así lo entendió el legislador al expedir el Decreto 2591 cuando señaló la improcedencia de la Acción de Tutela para proteger derechos colectivos como la paz y los demás contemplados en el artículo 88 de la Constitución Política. Se ha sostenido que este tipo de derechos tiene un carácter proclamatorio en razón de las dificultades para que de ellos se predique la eficacia jurídica. De todos modos y es lo que interesa ahora, no se trata de un "Derecho Natural" cuyo cumplimiento inmediato pueda demandarse de las autoridades públicas o de los particulares a través de la acción de tutela. DERECHO AL TRABAJO-Naturaleza/DERECHO AL EMPLEO El derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Este conlleva el derecho a obtener un empleo, pero ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público. Este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades y garantías consagradas en el Estatuto Fundamental. DERECHO A LA ASISTENCIA PUBLICA-Naturaleza El propio constituyente previó la naturaleza asistencial de derechos como el derecho a la Asistencia Pública que regula el inciso final del artículo 13 de la Carta. Derechos que recogen el querer del constituyente de darle un tratamiento prioritario, preferente en el conjunto de los Derechos de la Segunda generación, de manera que el Estado debe orientar las destinaciones del gasto público social hacia ellos, con una discrecionalidad o arbitrio del mismo, que sólo es dable saber al gobernante. Señala igualmente la Sala que los denominados derechos asistenciales encuentran su eficacia en el grado que corresponde a los niveles de Desarrollo Económico y Social. En un país avanzado, derechos como la salud o la educación son de manera concreta exigibles, por existir condiciones reales para ello. ACCION DE TUTELA-Procedencia/DERECHOS FUNDAMENTALES/ACCION DE TUTELA-Naturaleza La acción de tutela procede contra las decisiones u omisiones de cualquier autoridad pública o de particulares, cuando éstos violen o amenacen violar derechos fundamentales, a fin de evitar un atentado contra la dignidad de la persona humana, cuando no pueda mediar otro correctivo judicial. Así, tiene la mencionada acción el carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas, en el presente caso para impartir justicia. No hay lugar a que prospere la acción de tutela, cuando la persona que la invoca cuestione la acción de las autoridades por errónea interpretación de la ley, ni el caso de que la decisión de la autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus competencias constitucionales y legales. DERECHO A LA FAMILIA La familia es titular de los derechos fundamentales a la honra, a la dignidad, a la intimidad y a la igualdad de sus miembros; lo que pone de presente el interés del constituyente en garantizar especialmente esos derechos en la familia, en orden a que consultan ingredientes propios de su naturaleza, sin perjuicio del derecho que tiene la familia, a ser según el nuevo Orden Superior acreedora del "amparo" del Estado y de la Sociedad. DERECHOS DEL NIÑO/ACCION DE          TUTELA-  Procedencia Especial mención merece la expresión "Derechos Fundamentales de los Niños" que trae la norma; el predicado: "de los niños", le da una connotación especial a la primera parte de la frase. En primer término, ésta debe interpretarse en concordancia con la última del artículo: "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". La expresión derechos fundamentales de los niños tiene una doble connotación: Implica el reconocimiento de la titularidad de que disponen, de los derechos fundamentales, para los enunciados en el artículo 44 y la primacía señalada; y simultáneamente muestra el particular interés del Constituyente de habilitar, en el Estado Social de Derecho, los procedimientos legales y las acciones de la familia, la Sociedad y el estado con el propósito claro de hacerlos una pronta realidad, en la parte de los derechos asistenciales que se relacionan en el primer inciso, tal como lo estatuye con la lógica proteccionista que le es propia al inciso 2o. de la norma comentada. Lo anterior lleva a la Sala a precisar que sobre "los derechos fundamentales", en sentido material, de entre los relacionados en el artículo 44 de la C.N., procede la acción de tutela. REF.:  Expediente No. T-399 Derechos Fundamentales, Derechos de la Familia, Derechos del niño. Actor: MATILDE BOHORQUEZ Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobado según Acta No. 1 La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional procede a resolver en el Grado Jurisdiccional de Revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES La señora MATILDE BOHORQUEZ, en ejercicio de la acción de tutela autorizada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, solicita amparo del Estado Colombiano de sus derechos consagrados en los artículos 5, 13 y 42 de ese Estatuto Superior y "de los Derechos Humanos Universales" art. 16 y 25, y los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos de Ginebra y de San José de Costa Rica. "De igual manera el artículo 46 de la Constitución Nacional que taxativamente expresa: "El Estado, la Sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia", concordante lo anterior con el artículo 44 de la misma Carta que expresaba: "son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella...". Las anteriores peticiones provienen de las razones de hecho y de derecho que la accionante expone de la siguiente manera: "PRIMERO. Considero vulnerados y amenazados los derechos fundamentales que se consagran en la C.N., por mi condición de compañera, en unión libre, madre y abuela, hoy injustamente respondiendo sola; por mi hija menor Sandra Liliana de 15 años, estudiante, y mis nietas niñas: Yeny Marcela 4 años, Yenit Paola 6 años, Anyi Milena 7 años y Diana Beatriz de 5 años. Lo anterior por culpa de una detención y condena injusta, que pesa contra mi compañero marital MARIO MANZANAREZ en el Juzgado 24 Superior de esta ciudad; y que siendo una persona de estrato campesino, trabajadora y responsable, atendía puntualmente las necesidades de nuestra subsistencia"... "SEGUNDO. Como consecuencia de su detención injusta quedé totalmente desamparada, sin trabajo por ser mujer de hogar, sin quien atienda las necesidades del hogar, mis hijos y nietos. Pues estos últimos, la madre mi hija lo poco (sic) que gana no nos alcanza para el estudio y subsistencia ..." Solicita al mismo tiempo se revise el proceso penal en el cual fue condenado su compañero permanente, por haber actuado en defensa propia al haber causado la muerte a otra persona. El fallo de primera instancia El Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. resuelve sobre los derechos que solicita la accionante, rechazando la ACCION DE TUTELA promovida por Matilde Bohórquez, en lo referente a la sentencia del 13 de agosto de 1991, dictada por el Juzgado 24 Superior de ese Distrito, contra MARIO MANZANAREZ por el delito de homicidio; y denegando por improcedente las peticiones de la demanda, en lo atinente a la violación de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 44 y 46 de la Carta Política; con base en las consideraciones siguientes: - Que el Honorable Tribunal es competente para pronunciarse sobre la viabilidad o no de la acción, en relación con la sentencia de condena proferida por el Juzgado 24o. Superior de Santafé de Bogotá D.C., conforme a lo estatuído por el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. - Que, "para el caso concreto, deviene inatendible la acción de tutela" (art. 86 C.N.), promovida a motu proprio por la señora MATILDE BOHORQUEZ, en virtud de haber operado la figura de la "caducidad", por vencimiento del término establecido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario No. 2591 de 1991". - Que los derechos consagrados en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política, "de momento y para el caso específico, no son materia de tutela por parte de la jurisdicción, por la sencilla pero potísima razón de que en relación con los mismos no ha existido ninguna acción u omisión de parte de las autoridades públicas, que los vulneren o amenacen violarlos, que es en definitiva la filosofía de la acción de tutela, según las previsiones del artículo 5o. del Decreto 2591 de 1991. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Corte Constitucional -Sala de tutela- procede a decidir previas las siguientes, CONSIDERACIONES COMPETENCIA Es competente la Sala para conocer de la Revisión de la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Santafé de Bogotá D.C., en la presente causa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2o.  y 241 numeral 9o. de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 33 y 34 del decreto No. 2591 de 1991. LA MATERIA El fallo objeto de la presente revisión comprende de manera general un doble aspecto: El relacionado con la sentencia judicial del Juzgado 24 Superior, de Santafé de Bogotá D.C., de 13 de agosto de 1991, que dispuso la condena de 80 meses de prisión contra el acusado, MARIO MANZANAREZ; en segundo lugar, los derechos a la protección de la familia y del niño. La decisión comprende el estudio de los derechos consagrados en los artículos 42 y 44 y las normas concordantes de la Constitución Política. Lo anterior se hará teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 86 del Estatuto Fundamental en cuanto a la naturaleza y características del procedimiento de la Acción de Tutela y lo atinente al fin u objeto que persigue la señalada garantía. Teniendo en cuenta que el objeto de la acción de tutela lo constituye la garantía de los "derechos fundamentales", se impone el análisis de este importante tema en el nuevo orden Constitucional. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Los derechos humanos resultan históricamente la razón última del constitucionalismo moderno, cuyo origen no puede entenderse sin la proclamación de los mismos por el mundo de occidente, desde 1789. Este vínculo esencial entre el Estado y la Libertad, en los denominados Sistemas Demoliberales, ha permitido una evolución coetánea entre las Instituciones de éstos y las exigencias de aquélla, siempre con el impulso acordado por la sociabilidad, de reconocer al hombre en sociedad unos grados más altos de aseguramiento de su dignidad. De ese modo es reconocido el aserto anterior en la Constitución Política Colombiana desde su artículo 1o., al preceptuar que el Estado social de derecho, unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista, se funda "en el respeto de la dignidad humana". La praxis de la libertad ha impuesto una lógica de categorizaciones que se traduce, por virtud de la especialización, en clasificaciones doctrinales y legales, cuya primera consecuencia se encuentra en el abandono del tratamiento de la libertad, como valor singular, propio del pensamiento liberal clásico, para adoptar el reconocimiento de libertades de distinta categoría según el fin perseguido por la autodeterminación, el principio garantizador del Estado y la protección Internacional de derechos humanitarios. La doctrina, ha clasificado, con un método historiográfico, los derechos humanos en tres categorías: 1a. Los derechos de la Primera Generación. Integrada por "las libertades públicas" que durante el periodo clásico del liberalismo imponían al Estado la obligación de "dejar hacer y dejar pasar", a fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad individual. Se trata de garantías que consultan lo más íntimo de la dignidad humana, sin las cuales se desvirtúa la naturaleza de ésta y se niegan posibilidades propias del ser. La lista de los derechos de esta generación se encuentra en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789. Estas garantías vienen a inspirar todo el Constitucionalismo Europeo, y por transferencia cultural el Latinoamericano del siglo XIX. 2a. Derechos de la segunda generación. Conformada por el conjunto de garantías que reciben el nombre de "Derechos Asistenciales", cuya principal característica es la de que no son simples posibilidades de acción individual, sino que imponen además una carga u obligación al Estado, frente al cual el individuo es situado en el marco social en la condición de acreedor de ciertos bienes que debe dispensarle el aparato político, principalmente a través de la función administrativa, que con la adopción garantizadora comentada, viene a ocupar un amplio espacio en el poder público. Igualmente imponen estos nuevos derechos, cargas a ciertas libertades públicas, tal el caso de la función social que es señalada a la propiedad privada. Esta generación nace, adicionada a la anterior, en el siglo XX. Sin perjuicio de algunos textos constitucionales precursores, entre los cuales se encuentran la Constitución Alemana de 1919, los cambios llevados a cabo por la interpretación de la Constitución en los países neocapitalistas a fin de señalar los alcances sociales del Estado, llegó a convertirlo en un Estado Social de Derecho, es decir, un Estado de Derecho que actualizase los postulados liberales del Estado de Derecho y los armonizase con las exigencias de la Justicia Social. Por eso en la década de los años 30 y en la Reforma Constitucional Colombiana de 1936, aparece esta generación de derechos humanos definitivamente como un logro de la cultura Universal después de la Segunda Guerra Mundial, no solo en el Derecho Público Interno de los Estados, sino también en documentos internacionales con vocación universalista. Entre estos, tiene carácter fundacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 3a. Derechos de la Tercera Generación. La componen los derechos a la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y social. Se diferencian estos derechos de los de la primera y segunda generación en cuanto persiguen garantías para la humanidad considerada globalmente. No se trata en ellos del individuo como tal ni en cuanto ser social, sino de la promoción de la dignidad de la especie humana en su conjunto, por lo  cual reciben igualmente el nombre de derechos "Solidarios". Su carácter solidario presupone para el logro de su eficacia la acción concertada de todos los "actores del juego social": El Estado, los individuos y otros entes públicos y privados. Estos derechos han sido consagrados por el Derecho Internacional Público de manera sistemática en varios Tratados, Convenios y Conferencias a partir de la década de los setenta del presente siglo y por las constituciones políticas más recientes. Según una doctrina muy prestigiosa, en primer término, tienen el carácter de fundamentales los derechos de la primera generación. La legislación Internacional igualmente utiliza la expresión Derechos Fundamentales para identificarlos con esos mismos derechos, según se lee por ejemplo en el PREAMBULO, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, del siguiente tenor: "Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,... considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto Universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre".  El contexto transcrito lleva a la conclusión, según esta autorizada fuente, que el concepto de derechos fundamentales se refiere a los de la primera generación. Pero no sólo se producen jerarquizaciones en las Constituciones Contemporáneas, con el fin de precisar la naturaleza de los Derechos Humanos, sino que también con el propósito de establecer grados de eficacia se consagran distinciones entre los derechos que buscan determinar aquellos que pueden aplicarse sin que medie ley que los desarrolle; así, es preciso señalar el artículo 85 de la C.N. que introduce lo que denomina una serie de derechos de aplicación inmediata. De otra parte, el derecho interno de los Estados se ha visto, ante las necesidades de la reglamentación de las distintas categorías de Derechos Humanos, en la obligación de establecer una jerarquía entre ellos, situando en el plano más privilegiado a los denominados "Fundamentales". Así ocurre por ejemplo en la Constitución Política de Colombia que, en su artículo 5o. consagra "la primacía de los derechos inalienables de la persona", y en su artículo 86 estatuye la procedencia de la "acción de tutela" a fin de garantizar "la protección inmediata de sus Derechos Constitucionales Fundamentales", al tiempo que en el artículo 214 numeral 2 de la Carta Política, limita el ejercicio de las facultades propias de los Estados de Excepción, en el sentido de que "No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales", con lo cual queda claro que se les sitúa en un nivel de protección mucho más alto que el de las demás garantías constitucionales, excepción hecha, de acuerdo con lo previsto en el mismo numeral, de "las reglas del derecho Internacional Humanitario". La Carta Política de Colombia contiene una clasificación en su Título II De los Derechos, Las Garantías y los Deberes, en "Derechos Fundamentales" (Capítulo 1, de los artículos 11 al 41), "Derechos Sociales, Económicos y Culturales" (Capítulo 2, de los artículos 42 a 77) y "Derechos Colectivos y del Medio Ambiente" (Capítulo 3, de los artículos 78 al 82). De suerte que esta clasificación, por la titulación de los capítulos del Título II, permitiría adelantar, desde un punto de vista formal, una interpretación de acuerdo con la cual son derechos fundamentales en Colombia, con todos sus efectos en el ordenamiento jurídico, en la Sociedad y en el Estado, los consagrados en el Capítulo 1 del citado Título de la Constitución. Sin embargo, desde un punto de vista material, por el contenido o la naturaleza de esos derechos, así titulados por la Carta Política, en criterio de la Sala, aquella interpretación impone ser ponderada, a más de que se ha concluído, por investigación llevada a cabo en los documentos de la Asamblea Nacional Constituyente, que los títulos de tal Capítulo sólo tienen un carácter indicativo, y no un efecto vinculante porque fueron incorporados por la Comisión Codificadora, sin que hubieran sido aprobados por el pleno de la Corporación en el segundo debate. En efecto, del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias (Títulos y Capítulos), pero que tal tarea no fue aprobada en segundo debate, en los términos consagrados en el artículo 44 cuando dice "Proclamación del texto final: aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial...". En efecto, el artículo 22 de la C.N., contiene el derecho a la paz y el deber de su obligatorio cumplimiento, derecho éste que por su propia naturaleza pertenece a los derechos de la tercera generación, y requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente se le pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria.  Esta interpretación encuentra fundamento adicional en lo preceptuado en el Art. 88 de la C.N. que consagra las Acciones Populares como mecanismo especializado para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad (véase la paz) y la salubridad pública..." y otros de similar naturaleza que se definen en ella". Así lo entendió el legislador al expedir el Decreto 2591 cuando señaló la improcedencia de la Acción de Tutela para proteger derechos colectivos como la paz y los demás contemplados en el artículo 88 de la Constitución Política. Se ha sostenido que este tipo de derechos tiene un carácter proclamatorio en razón de las dificultades para que de ellos se predique la eficacia jurídica. De todos modos y es lo que interesa ahora, no se trata de un "Derecho Natural" cuyo cumplimiento inmediato pueda demandarse de las autoridades públicas o de los particulares a través de la acción de tutela. El artículo 25 de la C.N. consagra el derecho al trabajo y su obligación, gozando de la protección especial del Estado y estatuyendo que "Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".  Esta libertad de trabajo no fue expresamente consagrada en la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, pero sí lo fue en el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano que contiene la Constitución Política Francesa del 24 de junio de 1793, en los siguientes términos: "Ningún género de Trabajo, cultural o Comercial, puede ser prohibido a la Industria de los ciudadanos". Ahora bien, no cabe duda que el derecho del trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en  último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. De ahí que su constitucionalización haya sido el resultado de un largo y difícil proceso histórico, en cuyo fondo aparecen las grandes luchas políticas y sociales por la libertad del hombre. Por eso se ha señalado que, en el marco de la libertad económica consagrada por el Estado Liberal, la libertad de trabajo es el instrumento para que se realicen los fines individuales y el Estado sólo debe establecer reglas que permitan a cada hombre un salario suficiente para satisfacer sus necesidades. En una evolución posterior, históricamente se considera el trabajo como una función social en que se conjugan el derecho y el deber de trabajar, con la especial protección de un Estado que interviene en la vida económica y social. Ciertamente el derecho al trabajo está hoy encuadrado entre los derechos sociales y libertades económicas, pero es claro que, como lo ha señalado la doctrina en estas materias, los derechos sociales no constituyen más que una parte de las libertades de contenido económico, que a su vez constituyen un conjunto más desarrollado de las libertades públicas. Analizado desde este punto de vista, el derecho del trabajo implica el derecho a obtener un empleo. Pero ello no quiere decir, como también se encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público. En el sector privado, inclusive bajo las formas relativas de libertad de empresa que coexisten con la dirección económica a cargo del Estado, el derecho del trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que le permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al trabajo, aún en el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre quienes se hallen en determinadas circunstancias. Por tanto este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades y garantías consagradas en el Estatuto Fundamental. Por otra parte, el propio constituyente previó la naturaleza asistencial de derechos como el derecho a la Asistencia Pública que regula el inciso final del artículo 13 de la Carta. Derechos que recogen el querer del constituyente de darle un tratamiento prioritario, preferente en el conjunto de los Derechos de la Segunda generación, de manera que el Estado debe orientar las destinaciones del gasto público social hacia ellos, con una discrecionalidad o arbitrio del mismo, que sólo es dable saber al gobernante. Señala igualmente la Sala que los denominados derechos asistenciales encuentran su eficacia en el grado que corresponde a los niveles de Desarrollo Económico y Social. En un país avanzado, derechos como la salud o la educación son de manera concreta exigibles, por existir condiciones reales para ello. En este orden de ideas la interpretación formal según la cual los derechos fundamentales en la Constitución Política Colombiana son los contenidos en su Título II, Capítulo 1o., salvo la anotación que ya se hizo anteriormente en cuanto al valor indicativo del nombre de los títulos y capítulos, debe ser complementada y ponderada, en razón de que la misma amplía el número de los derechos de esa naturaleza, es decir, los inherentes a la persona humana, a otros artículos que no aparecen en el mencionado Capítulo 1o., como es el caso de los consagrados en el artículo 44 (derechos fundamentales del Niño) y en el artículo 229 (el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia), y que además en el artículo 94 se postula la regla de que la enunciación de los derechos contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, principio que tiene su claro origen en la IX Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Pero además, el artículo 2o. del Decreto 2591 dispone que "La acción de tutela garantiza los derechos fundamentales cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión de esta decisión".  Es decir que, en último término, el problema de la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales queda a cargo de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta el valor indicativo que tiene el Capítulo I del Título II de la Constitución en donde están contenidos la mayoría de esos derechos, sino también el punto de vista material del concepto que lleva a identificarlos en otros preceptos de la Carta, así como en "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción" y que "prevalecen en el orden interno", según lo consagra el artículo 93 del Estatuto Fundamental. Así, pues, el Juez de la Tutela debe analizar el asunto en cada caso con los diversos criterios que se han señalado anteriormente, y en todo caso al hacer la revisión de las sentencias de tutela corresponde a la Corte Constitucional un papel decisivo, para cumplir su misión de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política. Todo lo cual quiere decir que sobre esta materia de suyo difícil y trascendente quizá sea lo más conveniente adoptar una posición flexible y abierta, sin comprometerse en una definición cerrada y excluyente de los derechos fundamentales, para dejar al dominio de la interpretación constitucional, frente a cada situación o caso, determinar si se incorporan los valores inherentes a la persona humana en un derecho cuya defensa o salvaguardia se discute, con motivo de su ejercicio, lo que permitiría atribuirle, fuera de los casos ya clasificados y conocidos, el carácter fundamental. Es una solución que tiene en cuenta el carácter evolutivo y dinámico que tiene de suyo la interpretación constitucional. LA REVISION DE LA SENTENCIA La solicitud que hace la actora de que sea revisada la sentencia condenatoria que pesa sobre su compañero marital, MARIO MANZANAREZ, expedida por el Juzgado 24 Superior de Santafé de Bogotá D.C., no está llamada a prosperar en razón de que la tutela no procede por errónea interpretación judicial de la Ley y en este caso se trataría de determinar si en el curso del proceso respectivo el Juez aplicó correctamente la ley. De otra parte, el escrito de la actora, no permite determinar con claridad el derecho fundamental que considera violado. Dice que la decisión judicial fue "INJUSTA, por haber obrado el condenado en defensa propia de su vida"; si esta circunstancia fue como ella expone, debió su apoderado alegar tal eximente de responsabilidad en el curso del proceso y si en la instancia condenatoria no hubiese prosperado dicha acción, aún quedaba la posibilidad de acudir a la segunda instancia e incluso al expediente de los recursos extraordinarios para hacer valer la aseveración que ahora se presenta a la justicia; nada de lo cual se hizo, según consta en la inspección judicial que obra al expediente (Folios 12 y 13). No es la tutela un procedimiento que sirva para suplir las deficiencias en que las partes, al defender sus derechos en los procesos, puedan incurrir, porque se convertiría en una instancia de definición de derechos ordinarios, como lo pretende la solicitante, y no como lo prevé la Carta Política para definir la violación de Derechos Constitucionales Fundamentales. La acción de tutela procede contra las decisiones u omisiones de cualquier autoridad pública o de particulares, cuando éstos violen o amenacen violar derechos fundamentales, a fin de evitar un atentado contra la dignidad de la persona humana. Las manifiestas violaciones a dicha condición inherente del ser humano encontrarán un valioso recurso en la denominada Acción de Tutela, cuando no pueda mediar otro correctivo judicial. Así, tiene la mencionada acción el carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas, en el presente caso para impartir justicia. No hay lugar a que prospere la acción de tutela, cuando la persona que la invoca cuestione la acción de las autoridades por errónea interpretación de la ley, ni el caso de que la decisión de la autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus competencias constitucionales y legales. Se dirige, pues, la acción de tutela no a la discusión jurídica sino al hecho (acción u omisión), concreto, irrefragable de desconocimiento del Derecho Fundamental. A la manera de la procedencia o improcedencia del conocido accionar en Habeas Corpus, se ordena la libertad, o se formula el cargo; se viola la libertad física si se prolonga la detención o se ha privado de ella en igual forma. El punto lo sabe el Juez, es bien nítido. De manera que el juez de la tutela no puede reemplazar al juez competente para fallar en lo que le autoriza la ley, sino que su accionar es un medio de protección de derechos propios de la persona humana en su primacía. Y la razón alegada por la accionante, vale decir, la legítima defensa, con que pudo actuar el condenado es asunto, por su naturaleza, de conocimiento del juez que tuvo a su cargo la causa y de sus superiores jerárquicos en ese orden jurisdiccional. En señalamiento cierto, el H. Tribunal Superior de Distrito cuya decisión de tutela es objeto de la presente revisión, pone de presente la caducidad de la acción de tutela contra las decisiones judiciales que pongan fin a un proceso conforme a lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 11, toda vez que la sentencia acusada quedó en firme el 28 de agosto de 1991 y la acción de tutela se interpuso el 22 de enero de 1992, es decir, esta última actuación se produjo vencido el término de caducidad de dos meses que señala la Ley. DERECHO DE LA FAMILIA La Constitución Política sitúa a la familia en lugar preeminente de la sociedad al tener a esa célula social como base de la articulación colectiva desde su artículo 5o., en el cual impone al Estado la obligación de ampararla "como Institución Básica de la Sociedad". De manera que representa un verdadero logro constitucional, el de considerar a esa Institución, en su real alcance, para lo cual impone a la Administración el desarrollo de acciones para su protección y al legislador la definición de los derechos que le corresponden, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 42 de la C.N.  Este artículo retoma el criterio inicial al dar a la familia el carácter de "núcleo fundamental de la sociedad", distinguiendo dos categorías de la misma, la natural y la jurídica, esta última que se constituye mediante el vínculo institucional del matrimonio, al paso que la primera forma familiar es un simple efecto de la voluntad "responsable", de conformarla. Con una orientación garantizadora impone el artículo no sólo al Estado sino también a la "Sociedad", la protección "integral de la familia", para luego traer la especificación de la facultad legislativa para determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. El artículo 42 de la C.N. trae en su inciso 3o., una prolongación de los artículos 15 y 21 de la C.N., para hacer titular a la familia de derechos fundamentales, en los siguientes términos: "la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables". De suerte que los derechos consagrados en favor de ese núcleo básico de la sociedad, en lo relacionado con la honra, la dignidad y la intimidad de la familia, pueden ser objeto del control de tutela, en cuanto a prolongaciones naturales de los derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 15 y 21 del Estatuto Superior. Se observa aquí una evolución de aquellos Derechos Humanos en su titularidad, toda vez que inicialmente sólo eran detentados por el individuo, mientras que según el nuevo texto constitucional sus titulares son igualmente entes colectivos como la familia. Interpreta la Constitución Política, las tendencias a socializar los derechos fundamentales, haciendo titulares de ellos a organizaciones sociales. Otro tanto hace el artículo 42 en sus incisos 4o. y 6o. al explicitar el fundamental derecho a la igualdad (artículo 13 C.N.) en las relaciones  familiares, las cuales según se lee allí, "se basan en la igualdad de derechos" de la pareja y de los hijos. Luego establece el artículo reglas básicas a las cuales debe sujetarse el legislador en relación con expresiones de violencia en la familia (Art. 12 C.N.), la progenitura responsable, el número de hijos y la responsabilidad de los padres en su educación y sostenimiento, las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo y los efectos civiles del matrimonio. De lo anterior colige la Sala, que la familia es titular de los derechos fundamentales a la honra, a la dignidad, a la intimidad y a la igualdad de sus miembros; lo que en sentido estricto es una especificidad, que pone de presente el interés del constituyente en garantizar especialmente esos derechos en la familia, en orden a que consultan ingredientes propios de su naturaleza, sin perjuicio del derecho que tiene la familia, a ser según el nuevo Orden Superior acreedora del "amparo" del Estado y de la Sociedad. Sobre este particular se observa que el proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia elaborado por el Gobierno y sometido a consideración de la Asamblea Constitucional, en su artículo 30., le daba este último carácter asistencial al derecho de la familia, según el siguiente tenor literal: "... PROTECCION A LA FAMILIA- 1. Todas las personas tienen derecho a conformar y desarrollar libremente una familia con los efectos que determine la Ley-. Los poderes públicos protegerán la familia. 2. Los padres tienen iguales derechos y deberes en la educación y cuidado de sus hijos. Deberán prestar asistencia a todos sus hijos mientras sean menores y en los demás casos que establezca la Ley. 3. Sólo la Ley Colombiana regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, la separación y disolución de sus efectos. 4. La Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes-. Así mismo, podrá establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable".  De suerte que la referencia a derechos fundamentales en el actual artículo 42 de la Carta, fue agregado por el poder constituyente, se repite, para ejemplificar y especificar su existencia en favor de la familia. LOS DERECHOS DEL NIÑO En este siglo se aborda la necesidad de proteger la niñez, en varias oportunidades y de manera especial en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, en la Declaración de los derechos del Niño adoptada por Naciones Unidas en 1959 y reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (en particular, en los artículos 23 y 44), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos (artículo 10), para finalmente surgir una legislación internacional que protege a la niñez de la humanidad, con expresiones bastante más elaboradas desde el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948), en el cual se reconoce a la infancia el derecho a "cuidados y asistencia especiales", hasta la aprobación por el mismo sujeto internacional de la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989, en consideración a que los niños de manera especial deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; a que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad y amor y comprensión y ser preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de valores fundamentales, y en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; a que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, y, a que en todos los países hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles que requieren especial atención, con medios como la defensa y protección de la tradición y valores culturales de cada pueblo. En esa corriente del pensamiento se enmarca el Constituyente Colombiano de 1991, quien se hizo entre otras las siguientes consideraciones en torno a los Derechos del Niño: "El niño no puede ser considerado como un ser aislado. Es producto de la maternidad, la familia y la sociedad. Estas condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellos, lo cual hace evidente que el niño es un ser en alto grado indefenso y frágil... "En el siglo veinte, una vez superados los problemas de libertad y saciadas las necesidades primarias del hombre, un despertar de la conciencia social llevó a las naciones industrializadas a pensar en el niño y su protección, pues se entendió que éste representa y garantiza el futuro de un pueblo, sin embargo, en los paises menos desarrollados el niño continúa siendo el más débil y vulnerable miembro de la comunidad, objeto de malos tratos y desatenciones, a pesar de ser él, quien encarne la conservación de la especie". "... En este articulado se distinguen los derechos esenciales del niño que garantizan a éste un desarrollo armónico e integral como ser humano. Estos derechos no sólo están relacionados con la vida, la integridad, el nombre y la nacionalidad, sino que también hacen del niño sujeto de derecho, en la medida en que -por medio de la familia, la Sociedad y el Estado- le asegura la salud, la educación y la cultura. "..." (Ponencia - Informe - COMISION QUINTA, Gaceta Constitucional No. 52, pág. 4). Consecuente con lo expuesto, el Constituyente expidió los artículos 44 y 50 de la Constitución Nacional, en el primero se consagran "los derechos fundamentales de los niños" y en el segundo se establece un desarrollo a uno de esos derechos, el de la salud. El artículo 44, enumera como derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral o económica y/o trabajos riesgosos, además de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y Tratados Internacionales ratificados por Colombia. Por las calidades propias del ser infantil, de manera general, sus derechos deben hacerse valer, tradicionalmente por sus mentores, tutores y curadores y ahora, según el inciso 2o., se amplía esa obligación en el texto Constitucional a la familia, la Sociedad y al Estado. Esos derechos, con las limitaciones propias de su condición humana, mientras adquieren suficiente desarrollo físico y mental, ya que son considerados como incapaces por la Ley civil, quiere el legislador protegerlos de manera plena a fin de alcanzar niveles de mejoramiento de las sociedades del futuro. Esos derechos a pesar de ser tratados globalmente por la norma, admiten una distinción: Aquellos que provienen de su condición humana, como la vida, la integridad física, el nombre, la salud, la alimentación equilibrada y todos los que se pueden incluír dentro del concepto de asistencia, y de lo que el Código Civil denomina "una congrua subsistencia", que al tiempo con los demás derechos fundamentales de los adultos, deben ser protegidos en los niños con este último carácter de fundamentales, por su propia naturaleza, mientras que los demás que enuncia la norma, tienen el carácter de asistenciales, por lo cual su protección se encuentra deferida a la Ley y al desarrollo institucional que los haga realidades concretas. Entre tanto, estos derechos asistenciales pertenecen a la especie de los proclamatorios y finalísticos en la medida en que fijan objetivos prioritarios a la Ley y al Estado para su concreción. Especial mención merece la expresión "Derechos Fundamentales de los Niños" que trae la norma; el predicado: "de los niños", le da una connotación especial a la primera parte de la frase. En primer término, ésta debe interpretarse en concordancia con la última del artículo: "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". Así pues, los derechos de los niños tienen en ese sentido, una primacía reconocida por el Constituyente frente a los derechos de las demás personas. De otra parte, la expresión derechos fundamentales de los niños una doble connotación: Implica el reconocimiento de la titularidad de que disponen, de los derechos fundamentales, para los enunciados en el artículo 44 y la primacía señalada; y simultáneamente muestra el particular interés del Constituyente de habilitar, en el Estado Social de Derecho, los procedimientos legales y las acciones de la familia, la Sociedad y el estado con el propósito claro de hacerlos una pronta realidad, en la parte de los derechos asistenciales que se relacionan en el primer inciso, tal como lo estatuye con la lógica proteccionista que le es propia al inciso 2o. de la norma comentada. Lo anterior lleva a la Sala a precisar que sobre "los derechos fundamentales", en sentido material, de entre los relacionados en el artículo 44 de la C.N., procede la acción de tutela. La interpretación de la naturaleza de los Derechos Humanos, no puede hacerse al margen de la historia. De modo que cualquiera sea el contenido de aquélla, ésta, siempre condicionante y circunstancial, le impone una realidad insoslayable. Bien puede ocurrir que, un determinado derecho, en un momento histórico preciso no lo sea, para luego, en el futuro, en un presente deseable, venga a convertirse en fundamental. Los Derechos Humanos, hacen en cada país su camino en la historia. En el caso sub examine, la accionante ha solicitado la protección de derechos de sus niños (hijos y nietos) y la suya propia por ser persona de la tercera edad y no disponer de los medios de subsistencia que les suministraba a todos ellos su compañero permanente, condenado a reclusión carcelaria por sentencia judicial ejecutoriada. La demandante no señala contra qué acto u omisión de autoridad pública se dirige la acción. Aparece en autos que la demandante no se ha dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni a ninguna otra autoridad pública que, por ley, tenga la obligación de subvenir a esas necesidades. Queda en claro entonces que en este caso no ha habido ninguna omisión por parte del Instituto de Bienestar Familiar ni de ningún otro agente público. No aparece, pues, la negativa del Estado a cumplir su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales del Niño y de las personas de la tercera edad, a que lo obligan en forma clara e indubitable los artículos 44 y 46 de la C.N. Considerando lo anterior, la presente revisión tiene lugar para aclarar el alcance de los derechos de la familia y de los niños conforme a una de las finalidades que le señala el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero. Confirmar la sentencia del Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Penal- del 31 de enero de 1992, mediante la cual se rechaza la acción de tutela promovida por MATILDE BOHORQUEZ, por las razones precedentes. Segundo.  Comuníquese al Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. CUMPLASE.- FABIO MORON DIAZ                                    SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-009-92 Sentencia No Sentencia No. T-009/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES La acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Solo procede contra los particulares o contra las organizaciones particulares, en aquellos casos en que lo autorice la ley. No es un principio extensible a otros casos. DERECHO A LA EDUCACION/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La educación es un servicio público. Siendo la educación un derecho constitucional fundamental y una función social, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES En el caso de autos, no existió violación del derecho fundamental a la educación por parte de las directivas del Colegio y los hechos ocurridos no constituyen fundamento para conceder la acción de tutela. Por el contrario, en la medida en que el Colegio se abstuvo de graduar a las  peticionarias, se ciñó al ordenamiento jurídico y protegió la educación, en tanto que es derecho-deber. Es de advertir que con esta conducta la institución educativa le dió aplicación al principio constitucional de la igualdad de oportunidades en la educación, consignado en los artículos 13 y 70 de la Constitución. de conformidad con  éste, los asuntos semejantes no deben tratarse en forma diferente y los casos distintos no deben regularse de manera similar. Así, sería violatorio del principio de igualdad, graduar por igual a los estudiantes que aprueben las materias fijadas en un reglamento y a los estudiantes que las imprueben. REF.: Expedientes Nos. T-030 T-092 y T-                  121 (Acumulados) Peticionarias: Laura Lylanda Jordán          Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez         y Cristina Ruth Barrera Duván. Procedencia: Tribunal Superior de             Santafé de Bogotá, Sala Especial, de                 Familia y Civil. Magistrado Sustanciador: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C. mayo veintidos (22) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado lo siguiente: SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con los números T-030, T-092 y T-121, adelantados por Laura Lylanda Jordán Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez y Cristina Ruth Barrera Duván I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió las tutelas de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. Con fundamento en el Reglamento de la Corte Constitucional y con base en la decisión adoptada en Sala Plena de la Corporación, se procede a la acumulación de las tutelas reseñadas. 1. Solicitud Las señoritas Laura Lylanda Jordán Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez y Cristina Ruth Barrera Duván, presentaron ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, petición de tutela para la protección de un derecho. Las petentes fundamentan la solicitud en el hecho que habían realizado sus estudios en el Colegio El Carmelo, cumpliendo con todos los requisitos académicos para cada grado. Las accionantes, durante el año de 1991, cursaron en el citado colegio el grado once y en el mes de agosto presentaron los exámenes de Estado, exigidos por el ICFES, obteniendo un alto puntaje para efectos del ingreso a la educación superior. Asímismo, presentaron exámenes de admisión en las Universidades Nacional, Santo Tomás y Javeriana y fueron admitidas en estos centros universitarios, de conformidad con los requisitos que cada uno exigió. Al culminar el grado once, sin embargo, las peticionarias reprobaron dos materias cada una. Y al presentar nuevamente los exámenes de habilitación no obtuvieron la calificación mínima para su aprobación, por lo tanto reprobaron el año escolar. Con las solicitudes de tutela presentaron los anexos siguientes: 1. Certificado de estudios de los diferentes grados expedidos por el Colegio El Carmelo. 2. Copia auténtica de los resultados obtenidos en el examen del ICFES. 3. Copia auténtica de las credenciales de inscripción en distintas universidades. 4. Copia auténtica de los boletines de notas o calificaciones del grado undécimo. Las solicitudes de tutela se fundamentaron en los artículos 2o., 4o., 16, 23, 26, 27, 41, 45, 67, 68, 70, 71, 84, 86, 87, en el literal f) del numeral 19 del artículo 150 y en el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991. 2. Fallos En esta sentencia se revisarán los fallos de los tres procesos acumulados, ninguno de los cuales tuvo segunda instancia. 2.1. Del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala Especial (Providencia de diciembre 10 de 1991). En el proceso radicado con el número T-030 se declaró improcedente la acción de tutela presentada por Laura Lylanda Jordán Miranda, fundamentando la decisión en que, en el Título II, Capítulo 1, artículos 11 a 41 de la Constitución Política, se enumeran los derechos fundamentales que le han sido reconocidos a todo colombiano y a los extranjeros residentes o de paso por el país. Y las normas que se citan en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 pertenecen a ese grupo de disposiciones sobre derechos fundamentales. Consideró el Tribunal Superior que las normas invocadas por la accionante no constituyen derecho fundamental. Por consiguiente, la acción de tutela no tiene una aplicación más extensa que la expresamente señalada en la Constitución y la ley, o sea la protección de los derechos fundamentales del individuo, y no cabe buscar en otras normas constitucionales, distintas a las contenidas en los artículos 11 a 41, respaldo para la pretensión de la actora. 2.2. Del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala de Familia (Providencia de enero 13 de 1992). En el proceso número T-092 el Tribunal, previamente a la decisión, ofició al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- y al Colegio El Carmelo de Santafé de Bogotá, para determinar si la señorita Luisa Fernanda Ramírez para el año de 1991, había adquirido el derecho para que el mencionado plantel educativo le otorgara el título de bachiller académico. Con base en las pruebas allegadas, la Sala de Familia del Tribunal Superior determinó que el Colegio El Carmelo, mediante sus directivas, no hizo otra cosa que dar estricto cumplimiento a la ley y por ello no era posible hablar de arbitrariedad en su actuación. Así las cosas, no admitió la tesis contraria, con el argumento de que ésto sería abrir la senda a la transgresión de la ley, so pretexto de amparar un derecho que no se ha adquirido. Finalmente, considera que el derecho a la educación, que en ese momento era titular la alumna Ramírez, no fue vulnerado ni amenazado por las directivas del Colegio y por lo tanto, no puede ser objeto de tutela. 2.3. Del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Civil (Providencia de diciembre 19 de 1991). Y en el tercer proceso acumulado, número T-121, la Sala del Tribunal considera que la acción de tutela contra particulares sólo procede para proteger los derechos fundamentales específicamente consagrados en la Constitución y en la ley. Como el asunto respecto del cual la señorita Ruth Cristina Barrera Duván interpuso la acción de tutela, no se encuentra contenido en el capítulo 1 del Título II de la Constitución Política ni en ninguna de las eventualidades consagradas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, concluyó esa Corporación que los hechos no son materia de tutela y por lo tanto, denegó la solicitud formulada. Pero aclara la Sala que aún atendiendo a que el derecho consagrado en el artículo 67 pueda ser amparado, su conclusión sería igual, ya que las disposiciones vigentes en relación con la aprobación de las materias y la finalidad de los exámenes de Estado para ingresar a la educación superior, demuestran que no existió violación alguna por parte de las directivas del Colegio El Carmelo al no otorgar el título de bachiller académico. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Consideraciones Generales Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión de los fallos pronunciados por las Salas Especial, Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991. El artículo 86 de la Constitución Política establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales ... La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela proceda contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". El anterior texto fue el resultado del análisis de los distintos proyectos estudiados en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la viabilidad de la acción de tutela frente a particulares, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a terceros, ya que existieron varias posiciones y se impuso finalmente la decisión de garantizarlos. La acción de tutela frente a particulares recoge lo que la doctrina alemana denomina "Drittwirkung der Grundrechte" (literalmente, efecto frente a terceros de los derechos fundamentales), que suele denotar la incidencia de los derechos fundamentales en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas, cuya fuente es de carácter jurisprudencial desde 1958, a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán en la sentencia dictada en el caso "Lücth".1 La Constitución de 1991 se inspiró en el aporte jurisprudencial alemán que se centró en el hecho de que los derechos constitucionales despliegan un efecto en el tráfico jurídico entre particulares. El Legislador por mandato Constitucional entró a definir los derechos constitucionales fundamentales protegidos en las relaciones entre particulares, mediante el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: "1- Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de un servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución". Los derechos consagrados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 son: igualdad ante la ley (13), intimidad personal y familiar, derecho al buen nombre (15), libre desarrollo de la personalidad (16), libertad de conciencia (18), libertad de cultos (19), libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones (20), libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (27), debido proceso (29), derecho de reunión y manifestación pacífica (37) y libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades (38). Considera entonces esta Sala que son tres las condiciones para que proceda la tutela en este caso concreto: a) Que la educación sea un derecho constitucional fundamental protegido frente a particulares. b) Que este derecho esté a cargo de un particular. c) Que el derecho sea un servicio público (una de las tres modalidades permitidas por el artículo 86). 1.1. La educación como derecho fundamental protegido frente a particulares. El artículo 27 de la Constitución utiliza los términos libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra que son consecuencia del derecho a la educación, el cual los antecede. Por lo tanto, la educación es un derecho fundamental que tiene protección no sólo en las relaciones entre el estado y los particulares, sino en las relaciones entre los particulares, logrando así la eficacia social u horizontal inmediata del derecho fundamental garantizado. A la anterior conclusión llegó esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional2, cuando dijo que la educación es ciertamente un derecho constitucional fundamental. Los derechos tienen un "núcleo esencial" que se expresa en varias manifestaciones de la Carta. Por ejemplo, en el caso concreto, la educación, como núcleo esencial, está consagrada en los artículos 26 y 27 precitados, debido a que lógicamente no es posible "enseñar" ni "aprender", sin pensar al mismo tiempo en "educar". Como lo tiene establecido esta Sala, "en otras palabras, la educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero no negada en su núcleo esencial. Siguiendo a Peter Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas3". 1.2. La educación a cargo de un particular En cuanto al segundo requisito, se está en este negocio en presencia de una acción de tutela contra particulares, ya que el Colegio El Carmelo es una institución privada, sin ánimo de lucro, perteneciente a una comunidad Religiosa-católica, pero que presta un servicio educativo por autorización de las Resoluciones No. 13825/85 para Bachillerato y 09249/87 para primaria, expedidas por el Ministerio de Educación y actualmente en vigencia. De la lectura del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 se puede concluír que la acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Sólo procede contra los particulares o contra las organizaciones particulares, en aquellos casos en que lo autorice la ley. No es pues un principio extensible a otros casos. Aún en los casos en que proceda contra persona u organizaciones particulares, no opera la tutela para garantizar todos los derechos fundamentales que la Constitución consagra, sino que aquellos que se han señalado en la ley. 1.3. La educación como servicio público Respecto del tercer requisito, tendiente a demostrar que la educación es un servicio público, esta Sala se fundamenta en la interpretación sistemática de los artículos 67, 2o. y 365 de la Carta. Del artículo 67 de la Constitución Política se comprende que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, como ya lo ha establecido esta Sala de Revisión4. En el artículo 2o. de la Carta se dice que es fin del Estado asegurar el cumplimiento de los deberes esenciales de los particulares. Por su parte, en el artículo 365 superior se establece que: "Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". En otro aparte del mismo artículo se determina la regulación, control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, así: "Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas y por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios". En conclusión, la educación es un servicio público porque así lo disponen en forma concordante los artículos 67, 2o. y 365 de la Carta. Se cumple de esta manera este supuesto del artículo 86 de la Constitución. Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala desea enfatizar en las consecuencias derivadas del carácter de función social de la educación, de que trata el artículo 67 precitado. La educación, en este sentido, irradia a toda la sociedad en especial al educando. Por eso la educación, al tiempo que es un derecho, es también un deber, una carga. De allí surge la noción de la educación como "derecho-deber".  En efecto, en el caso objeto de esta sentencia de revisión, es primordial la referencia a la educación como derecho-deber, pues las peticionarias no cumplieron con los requisitos establecidos por las disposiciones del Colegio y las determinadas por el ordenamiento jurídico, relativas a la aprobación del año lectivo. No se trata de que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber o sea una carga a cumplir. Ahora bien, siendo la educación un derecho constitucional fundamental y una función social, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona, como lo ha establecido en sentencia anterior esta Sala de Revisión.5 2. Consideraciones en relación con el caso particular Entra en la Sala de Revisión de la Corte Constitucional a revisar los tres fallos de tutela de la referencia. De acuerdo con las anteriores conclusiones, el Tribunal Superior en sus Salas Especial y Civil no tuvo razón al considerar que la educación no figuraba en la enumeración del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y que por lo tanto no era procedente el análisis de la solicitud. Confundió el Tribunal los derechos fundamentales protegidos frente a particulares y por lo tanto se limitó a hacer una interpretación exegética del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, limitando la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a particulares a las acciones de enseñar, aprender, investigar y la cátedra, sin encontrar en ellos como núcleo esencial la educación. A la luz de los anteriores presupuestos y luego de haber establecido en consecuencia la equivocidad del Tribunal Superior, se trata ahora de determinar si las señoritas Cristina Ruth Barrera, Laura Lylanda Jordán y Luisa Fernanda Ramírez, adquirieron el derecho para que el Colegio EL CARMELO les otorgara el título de bachiller académico. Es necesario analizar previamente las disposiciones vigentes sobre el régimen educativo. La Resolución 17.864 de 1984, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, reguló lo atinente a la aprobación escolar de la educación básica primaria, secundaria y media vocacional. En la mencionada disposición se establece que el estudiante se promueve al grado superior o a título de bachiller cuando apruebe todas las áreas o si, promediadas las calificaciones de las áreas de formación, éstas arrojan una nota mínima de siete (7.0) sobre diez, siempre y cuando que el alumno no haya perdido más de un área con una nota inferior a cuatro (4.0). Significa lo anterior que si el educando pierde un área académica con una nota inferior a 4.0, el alumno debe habilitarla a pesar de que el promedio de todas las áreas sea igual o superior a 7.0.  Debe igualmente habilitar las áreas perdidas cuando éstas no sean superiores a 2.0. Para otorgar el título de bachiller académico, de conformidad con las disposiciones vigentes y tal como se mencionó anteriormente, se requiere la aprobación de todas las áreas académicas.  En caso de pérdida de una o dos materias, deberá el alumno habilitarlas y aprobarlas para ser promovido al grado superior o para obtener el diploma de bachiller. Si éstas no se aprueban, como sucedió en los tres casos que nos ocupan, se pierde el año cursado y como se trata del último año de bachillerato no adquiere en consecuencia, el derecho para que se le otorgue el diploma de bachiller. Ahora bien, las alumnas accionantes han basado sus solicitudes en el hecho de haber obtenido un alto puntaje en los exámenes del ICFES que realiza el Estado para el ingreso a la educación superior. Consideran que, al haber obtenido el buen resultado y el consiguiente ingreso a las Universidades, esto las habilita para obtener el título de bachiller. Para esta Sala lo anterior no es de recibo, por cuanto los exámenes de Estado realizados por el ICFES tienen por objeto comprobar los niveles mínimos de aptitud y de conocimiento de quienes aspiran a ingresar a instituciones de educación superior, mas no tienen la finalidad de otorgar a los examinados el título de bachiller clásico o académico. Luego este argumento de las tres petentes carece de fundamento. Luego es un sofisma querer atribuirle efectos que no tienen un supuesto determinado. Por lo tanto, esta Sala estima que las alumnas no cumplieron con los requisitos exigidos para obtener el grado de bachiller y que el Colegio El Carmelo no actuó arbitrariamente al no otorgarles el diploma. En consecuencia, no existió violación del derecho fundamental a la educación por parte de las directivas del Colegio El Carmelo de Santafé de Bogotá y los hechos ocurridos no constituyen fundamento para conceder la acción de tutela. Por el contrario, en la medida en que el Colegio El Carmelo se abstuvo de graduar a las tres peticionarias, se ciñó al ordenamiento jurídico y protegió la educación, en tanto que es derecho-deber. Es de advertir que con esta conducta la institución educativa le dió aplicación al principio constitucional de la igualdad de oportunidades en la educación, consignado en los artículos 13 y 70 de la Constitución. Según este principio, los asuntos semejantes no deben tratarse en forma diferente y los casos distintos no deben regularse de manera similar. Así, sería violatorio del principio de igualdad, graduar por igual a los estudiantes que aprueben las materias fijadas en un reglamento y a los estudiantes que las imprueban. En consecuencia, los tres fallos revisados serán confirmados en sus partes resolutivas, mas no en sus motivaciones por cuanto la Corte Constitucional no las comparte y ha expuesto las suyas. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, RESUELVE Primero. CONFIRMAR la providencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en Sala Especial, de fecha diciembre 10 de 1991, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, presentada por la Srta. LAURA LYLANDA JORDAN MIRANDA contra el Colegio El Carmelo de Santafé de Bogotá, por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo: CONFIRMAR la providencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en Sala de Familia, de fecha enero 13 de 1992, mediante la cual denegó la solicitud de tutela formulada por la Srta. LUISA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ contra el Colegio El Carmelo de Santafé de Bogotá, por las razones expuestas en esta sentencia. Tercero: CONFIRMAR la providencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en Sala Civil de decisión de fecha diciembre 19 de 1991, mediante la cual denegó la solicitud de tutela formulada por la Srta. RUTH CRISTINA BARRERA DUVAN contra el Colegio El Carmelo de Santafé de Bogotá, por las razones expuestas en esta sentencia. Cuarto. Cópiese, publíquese, notifíquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y envíese al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, a las Salas correspondientes. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sustanciador FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Cuarta de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 GARCIA TORRES, Jesús y JIMENEZ BLANCO, Antonio. Derechos Fundamentales y relaciones entre particulares. Cuadernos Civitas. Editorial Civitas S.A. Madrid 1986, pág. 11 2 Cfr. Sentencia No. 2 de la Corte Constitucional. Santafé de Bogotá, -Sala 4a. de Revisión, mayo 8 de 1992 3 Idem 4 Idem 5 Idem

T-010-92 Sentencia No Sentencia No. T-010/92 ACCION DE TUTELA TEMERARIA/PRINCIPIO DE ECONOMIA/PRINCIPIO DE EFICACIA/PRINCIPIO DE LA BUENA FE/INTERES GENERAL-Prevalencia El abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos, necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil. La coexistencia de tutelas lesiona el interés general. REF.: EXPEDIENTE No. T-531 Peticionario: Coronel (r) Víctor Hugo Ferreira Abella Procedencia: Juzgado 52 de Instrucción     Penal Militar, Tribunal Superior de                 Santafé de Bogotá (conoce en primera y    segunda instancias de las impugnaciones            de las providencias de los Juzgados 65 y   76 de Instrucción Criminal) y Corte                           Suprema de Justicia Sala de Revisión No. 4, conformada por   los Magistrados: Alejandro Martínez                     Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón      Rodríguez Rodríguez Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá,D.C. mayo veintidos (22) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En los cinco procesos de tutela acumulados, radicados bajo el No. T-531. I. ANTECEDENTES Con base en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la Sala de selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió las acciones de tutela de la referencia para efectos de su revisión. Con fundamento en el reglamento de la Corte Constitucional y con base en la decisión adoptada en Sala Plena de la Corporación, se procede a la acumulación de las tutelas reseñadas. Para efectos de la identificación de los negocios, la demanda No. T-531, por haber sido presentada de primera, servirá de número de referencia en el presente asunto. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala entra a dictar sentencia de Revisión con base en los siguientes argumentos. 1. HECHOS El día 30 de septiembre de 1987, el Ministerio de Defensa Nacional expidió el Decreto 1867 por el cual retira en forma temporal del servicio activo de la Policía Nacional, al Coronel Ferreira Abella, por disminución de su capacidad sico-física para la actividad policial. El día 2 de octubre de 1987, el Gobierno Nacional retiró en forma definitiva al Coronel, por considerarlo no apto para trabajar, aduciendo incapacidad sico-física y ezquizofrenia. Esta decisión es ratificada por el Tribunal Médico-laboral de la Policía. Ambas decisiones fueron consideradas por el accionante como injustas y violatorias del debido proceso que debe regir toda actuación judicial, en la medida que no se tuvo en cuenta las valoraciones sicológicas de los Doctores Cristina Páez Cediel (8 de junio de 1987) y José Gutiérrez (1 septiembre de 1987), y además no se le dió oportunidad de controvertir las pruebas en su contra. A partir del 2 de octubre de 1987 se solicitó la realización de nuevas valoraciones sico-físicas, las cuales fueron practicadas por el jefe de sicología y el equipo de sicólogos de la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y el Hospital Militar, cuyos resultados no pudieron ser conocidos por el Coronel Ferreira Abella, por ser estimados de carácter confidencial y reservado. El Coronel consideró entonces que como consecuencia de su actividad policial y su retiro forzoso, a partir de noviembre de 1988, se le inició lo que él denominó una "guerra sicológica", promovida por altos militares entre ellos el Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, quien fijó en cartelera avisos que el actor calificó de panfletos acusándolo de "comunista y loco", papelería que también se distribuyó en el edificio donde habita el accionante y en los C.A.I. de Bogotá. Debido a estas conductas, el ciudadano oficial retirado solicitó la protección de la vida e integridad suya y de su familia ante distintas entidades, hasta que el día 6 de agosto de 1990 el Ministro de Gobierno de entonces le solicitó al Director de la Policía Nacional dicha protección, la cual fue procurada pero, a consideración del Coronel, en forma parcial e insuficiente. Fue por ello que, ante las reiteradas solicitudes del Coronel, y mediante oficio 3318 del 28 de noviembre de 1991, el entonces Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, envió al Jefe del DAS solicitud de protección a la vida e integridad del Coronel retirado, dada la incapacidad que manifestó la DIJIN y el Ejército Nacional para la debida salvaguarda de su derecho a la vida e integridad personal. El 20 de enero de 1992 el Procurador General de la Nación, solicita nuevamente al Director General de la Policía Nacional la protección de los derechos amenazados. Defensa ésta que no ha podido prestarse por la falta de colaboración por parte del accionante, según afirmaron los organismos competentes. 2. ACCIONES DE TUTELA De la lectura del voluminoso expediente T-531, que acumula cinco (5) tutelas en más de tres mil folios, se ha podido establecer que el Coronel Victor Hugo Ferreira Abella, actuando en nombre propio, presentó ante diferentes autoridades de la República un total de (35) investigaciones entre denuncias penales (17), quejas disciplinarias (5), acciones ante lo contencioso administrativo (1) y acción de tutela diferente (1). El peticionario presentó nueve acciones de tutela ante diferentes juzgados radicados en Santafé de Bogotá. A continuación se enumeran todas las tutelas por orden cronológico de presentación. De ellas, sólo se impugnaron para segunda instancia las tutelas correspondientes a los numerales 5 y 8 de la relación siguiente: 1. Agosto 8 de 1991, ante el Juzgado 61 de Instrucción Criminal Ambulante. 2. Agosto 30 de 1991, ante el Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar. 3. Septiembre 6 de 1991, ante el Juzgado 105 de Instrucción Criminal. 4. Octubre 7 de 1991, ante el Juzgado 55 Penal Municipal. 5. Octubre 7 de 1991, ante el Juzgado 76 de Instrucción Criminal. La decisión se impugnó ante el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal-. 6. Octubre 10 de 1991, ante el Juzgado 101 de Instrucción Criminal. 7. Diciembre 4 de 1991, ante el Tribunal Superior de Bogotá. 8. Enero 3 de 1992, ante el Juzgado 65 de Instrucción Criminal ambulante. La decisión se impugnó ante el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Plena-. 9. Febrero 10 de 1992, ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-. Con relación a las tutelas reseñadas en los numerales 1o., 3o., 4o. y 6o., esta Sala de Revisión no se pronuncia por cuanto no están a examen de la Corporación. En consecuencia, esta sentencia de Revisión sólo recaerá sobre los fallos acumulados relacionados en los numerales 2o., 5o., 7o., 8o. y 9o. 3. PETICIONES DE LAS ACCIONES DE TUTELA En todas las tutelas, el accionante ha solicitado en forma simultánea la protección de los siguientes derechos: - a conocer su hoja de vida policial, su historia médico-laboral, su historia clínica y el derecho a actualizarlas y a rectificarlas. - el derecho a rectificar su buen nombre. - la protección adecuada de la vida e integridad del accionante y su familia. 4. DETERMINACION DEL DERECHO PRESUNTAMENTE VIOLADO En todos los casos se han invocado las siguientes normas: - Artículo 15 de la Constitución Nacional: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas". - Artículo 11 de la Constitución Nacional: "El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte". - Y el artículo 29 de la Carta: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas..." 5. FALLOS REVISADOS 5.1. EN UNICA INSTANCIA 5.1.1. Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar (12 septiembre de 1991) El Juzgado consideró que no es posible acceder a las pretensiones del Coronel (r) Ferreira Abella, en la medida que no se encuentran vulnerados ninguno de los derechos fundamentales que regula la Constitución Nacional. Agrega que el hecho de conocer información contenida en los archivos de la Policía y los juzgados no es procedente, porque de acuerdo con la ley procesal penal militar, específicamente el artículo 549 de dicho estatuto, es prohibido permitir el acceso a esas investigaciones por tener ellas el carácter de reserva sumarial. 5.1.2. Tribunal Superior de Bogotá (10 diciembre de 1991) El Tribunal, enterándose de que en el Juzgado 76 de Instrucción Criminal cursaba una tutela idéntica, le remitió a éste la solicitud de tutela que le correspondía tramitar. Luego se abstuvo este Despacho de decidir, hasta tanto el Juez 76 de Instrucción Criminal no expidiese su fallo. Para ello se basó en el hecho de que el peticionario promovió la misma acción de tutela ante otros juzgados de la República. Por este hecho, y en cumplimiento de la filosofía de la acción de tutela, que es la protección eficaz, oportuna y justa de los derechos previstos en el ordenamiento supralegal, el Tribunal se abstuvo de tramitar este proceso, hasta tanto el Juez 76 de Instrucción Criminal no hubiese dictado su fallo. 5.1.3. Corte Suprema de Justicia (Providencia de marzo 5 de 1992). La Corte Suprema de Justicia denegó la acción de tutela porque ésta "versa sobre un acto administrativo, cuya competencia se atribuye a prevención (artículo 370 del Decreto 2591 de 1991) a jueces y tribunales del lugar donde han ocurrido los hechos, es decir de Santafé de Bogotá. En consecuencia, no corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer de esta acción". El alto Tribunal de Casación consideró que "El capítulo II del Decreto se ocupa de la competencia para conocer de la acción de tutela, consagrando dos especies absolutamente diferenciables, una de carácter general y otra de linaje especial. Respecto de la primera, establece el artículo 37 que 'son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud'. Y con relación a la segunda, que se contrae a actos jurisdiccionales, específicamente a sentencias y providencias que le pongan fin al proceso, dispone el artículo 40, del mencionado estatuto, lo siguiente: 'Cuando las sentencias y demás providencias judiciales le pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente". Por lo expuesto anteriormente, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de tutela, con fundamento en el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991. 5.2. EN SEGUNDA INSTANCIA 5.2.1. Tribunal Superior de Bogotá (Providencia de Febrero 3 de 1992). Este Tribunal conoció ante la solicitud de impugnación presentada sobre la decisión del Juez 76 de Instrucción Criminal, de conformidad con el Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El a quo había rechazado las pretensiones, excepto el derecho que el accionante tenía a rectificar su buen nombre. En consecuencia, había ordenado se fijara nuevamente en la cartelera de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional un escrito que reinvindicara el nombre del quejoso. El Tribunal por su parte confirmó la decisión del Juzgado 76 de Instrucción Criminal, en la parte que rechazaba las pretensiones del accionante y revocó lo concerniente al derecho a  rectificar el buen nombre ya que, aunque este derecho se vulneró, la acción interpuesta no sería procedente porque la amenaza o vulneración del derecho por la acción u omisión de cualquier autoridad pública debía ser actual. 5.2.2. Tribunal Superior de Bogotá (Providencia de febrero 19 de 1992) Este Tribunal conoció ante la solicitud de impugnación formulada sobre la decisión del Juez 65 de Instrucción Criminal, de conformidad con el Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. En primera instancia fueron rechazadas las solicitudes del accionante porque no se le estaba violando o amenazando ningún derecho fundamental. Además, argumentó el Tribunal que el quejoso accionó en otros despachos judiciales sobre los mismos hechos y derechos. El Tribunal confirmó la decisión del Juzgado por considerar que "los derechos del impugnante permanecen incólumes. No han sido violados; le asisten mecanismos legales pertinentes para que obtenga información sobre los exámenes referidos y por consiguiente, habrá de concluírse que la determinación objeto de revisión está ajustada a derecho...". 6. MEMORIALES El accionante presentó ante la Sala correspondiente de la Corte Constitucional, escritos que fueron anexados al expediente. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Entra la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional a considerar los argumentos jurídicos que sirven de base para adoptar su decisión en el caso que nos ocupa. 1. De la obligación del Juez de Tutela de tomar juramento Dice el inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991: El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. Estudiando con cuidado el voluminoso expediente, esta Sala advierte que en ninguna de las cinco tutelas el peticionario prestó juramento. Los jueces tramitaron entonces las acciones sin que mediara esta fórmula al respecto. Las veces que se le tomó juramento al actor fue para preguntarle si se ratificaba en su petición, mas no para establecer la coexistencia de acciones de tutela. Es más, en declaraciones juramentadas posteriores el peticionario no negó en ningún momento el hecho que hubiese presentado varias acciones de tutela similares. 2. De la actuación temeraria: Esta Sala empieza por analizar los términos del inciso primero del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Dice así la norma invocada: "Artículo 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes". Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y séptimo así: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de la Sala) y "Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia". Por último, el artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe actuar regido por los principios de economía y eficacia. Luego la explicación de ello consiste en el hecho que el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad civil. Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política corrobora lo anterior al consagrar la "prevalencia del interés general" como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia, se concluye sin esfuerzo que la coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés general. Para poder concluír acerca de si el peticionario ha incurrido o no en la acción temeraria de que trata el artículo 38 precitado, es necesario analizar si se reunen en el caso concreto los presupuestos exigidos por la disposición, así: Primero, que una misma acción de tutela sea presentada en varias oportunidades: este requisito se satisface ampliamente en el negocio presente, pues en cinco (5) ocasiones se ha intentado la misma acción de tutela. En algunos casos este mecanismo ha revestido leves matices, pero se han invocado los mismos hechos y derechos, ya reseñados en la primera parte de esta sentencia. Este justamente es el caso del Coronel, quien ha puesto imprudente y temerariamente en movimiento una plétora de acciones de tutela cuya repetida presentación es objeto de sanción por la Ley. Segundo, que las varias tutelas sean presentadas por la misma persona o su representante: en todos los casos ha sido el mismo actor quien ha presentado personalmente las tutelas. Tercero, que la reiterada invocación de la tutela se realice sin motivo expresamente justificado: también se cumple a cabalidad este requisito, toda vez que las acciones de tutela se intentaron a partir del segundo semestre de 1991, sobre hechos acaecidos entre 1989 y 1990. Luego no ha habido acontecimientos sobrevinientes, súbitos nuevos o excepcionales, que justifiquen la presentación de nuevas tutelas. Y cuarto, un requisito no expresado en el artículo citado pero que se desprende en forma elemental de la ciencia del derecho: este artículo 38 hace parte del Decreto 2591, el cual entró en vigencia el día 19 de diciembre de 1991, fecha de su publicación. Para esta época el accionante ya había presentado varias de sus tutelas, las cuales se encontraban lógicamente exentas de este condicionante. Sin embargo, con posterioridad a la fecha señalada -19 de diciembre de 1991-, el actor presentó nuevas solicitudes de tutela, como obra en el resumen realizado en este fallo, y por lo tanto la norma le es aplicable. Las tutelas presentadas contienen una conducta única por lo tanto el tratamiento para todas será el mismo ya que hay una violación al principio constitucional de la buena fe, consignado en el artículo 83 que está desarrollado en los numerales 1o. y 2o. del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y 6o. del Código de Procedimiento Penal, que consagran los deberes, la responsabilidad y la lealtad de las partes en el proceso. Antes de la promulgación del Decreto 2591 de 1991 -19 de diciembre de 1991- el actor ya había presentado tres de las cinco tutelas que se acumulan en este negocio, así: - El 30 de agosto ante el Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar; - el 7 de octubre ante el Juzgado 76 de Instrucción Criminal, - el 4 de diciembre de 1991 ante el Juzgado 101 de Instrucción Criminal. Las otras dos solicitudes son posteriores a la fecha de inicio de la vigencia del Decreto 2591 y por tanto son destinatarias directivas de sus preceptivas. En efecto, el actor, haciendo caso omiso del decreto, presentó las siguientes tutelas que subsumen a las presentadas inicialmente, por tratarse de los mismos hechos: - el 3 de enero de 1992, ante el Juzgado 65 de Instrucción Criminal Ambulante. - y el 10 de febrero de 1992 ante la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia de todo lo anterior, todas las acciones de tutela del peticionario, aquí revisadas, deben ser rechazadas. En razón de las circunstancias anotadas, la Corte no entra a analizar el contenido de las providencias, y se limita aplicando el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de rechazar la revisión de las mencionadas sentencias. En conclusión, esta Sala se ve compelida por la Ley a compulsar copias a un juez penal, para que, entre otros presuntos hechos punibles de todos los diversos agentes que han intervenido en este asunto, determine si el actor ha incurrido en los tipos penales previstos. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Selección de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO: Rechazar la revisión de las siguientes sentencias, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia: a. Juzgado 52 de Instrucción Penal Militar (12 septiembre de 1991). b. Tribunal Superior de Bogotá (10 de diciembre de 1991) c. Corte Suprema de Justicia (Providencia de marzo 5 de 1992). d. Tribunal Superior de Bogotá (Providencia de febrero 3 de 1992). e. Tribunal Superior de Bogotá (Providencia de febrero 19 de 1992). SEGUNDO: Compulsar copia al juez penal competente a fin de que investigue si eventualmente se han cometido uno o varios hechos punibles en el marco del proceso de la referencia. TERCERO: Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y devuélvanse los expedientes a los juzgados y tribunales de origen. Dado en Santafé de Bogotá,D.C. a los veintidos (22) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sustanciador FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado

T-011-92 Sentencia No Sentencia No. T-011/92 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR El artículo que consagra el derecho a la intimidad es una de las expresiones del libre desarrollo de la personalidad y una forma para garantizar la dignidad de la persona. El Estado debe conocer lo mínimo necesario para que la persona-hombre viva en el contexto social gozando del máximo espacio vital a que tiene derecho para lograr el desarrollo de la personalidad. No se violó el derecho a la intimidad porque en la inspección judicial practicada se estableció que mediante el mecanismo "M.R.T." se logra localizar el número del abonado que realiza la llamada pero no se puede escuchar su contenido, por cuanto éste es un sistema automático de registro y control. Si no se le escuchaban sus conversaciones al peticionario, no se violó su zona de reserva ni se afectó su ámbito de libertad en que se debe desarrollar espontáneamente su personalidad. DEBIDO PROCESO/ACTUACION ADMINISTRATIVA/ACTUACION JURISDICCIONAL Toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene una misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que provengan de una autoridad administrativa o jurisdiccional o que tengan origen en las diferencias formales de los trámites rituales. De consiguiente, los principios que rigen todo procedimiento deben necesariamente hacerse extensivos a todas las disciplinas sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo doctrinal adecuado sobre esta materia. En el caso de autos se violó el debido proceso, ya que dentro de un Estado de derecho la actuación administrativa es reglada, máxime cuando de aplicar sanciones se trata. Al peticionario primero le suspendieron la prestación del servicio telefónico, luego le notificaron la decisión y no le advirtieron de los recursos que le asistían. RESPONSABILIDAD CIVIL INDIRECTA Del artículo 2349 del Código Civil, la Jurisprudencia ha elaborado la noción de "responsabilidad indirecta", según la cual una persona es responsable por el hecho de sus súbditos, a partir de la culpa "in eligendo" o "in vigilando". En efecto, el accionante suponiendo que no hizo las llamadas en forma personal, es responsable de la conducta de agentes sobre los que tiene el poder de orientación, como hijos, invitados a la casa o sirvientes. ACCION DE TUTELA-Cesación/PRINCIPIO DE EFICACIA/PRINCIPIO DE ECONOMIA/FALLO DE TUTELA-Contenido Las solicitudes del petente que apuntaban a la cesación de las acciones de Telecom no pueden ser cumplidas por cuanto éstas ya habían desaparecido al momento del fallo. Por eso tiene razón el Tribunal al no conceder la tutela. Con la norma se quiso evitar fallos inocuos, esto es, que al momento de su expedición fuere imposible su aplicación. Ello bebe en las fuentes de la economía procesal, que tiene como base constitucional el principio de la eficacia y economía. El Tribunal Superior no acertó al revocar el punto segundo del fallo de primera instancia, que prevenía a la autoridad a no incurrir nuevamente en la medida que desconocía el debido proceso. REF.: Exp. No. T-716 Peticionarios: JOAQUIN MARTINEZ VANEGAS Procedencia: Tribunal Superior del   Distrito Judicial de Manizales (Caldas). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá,D.C. mayo veintidos (22) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente, SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-716, adelantado por Joaquín Martínez Vanegas. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 10 de marzo del presenta año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Solicitud Joaquín Martínez Vanegas confirió poder al abogado Roberto Quiceno Jaramillo para presentar ante el Juez Penal del Circuito (reparto) de la Dorada una acción de tutela. Se fundamenta dicha acción en el hecho de que el ciudadano Carlos Alberto Jiménez Mejía solicita la "intervención" de su línea telefónica por estar recibiendo llamadas maliciosas que alteran su paz y tranquilidad. Atendiendo a dicha petición, el gerente local de TELECOM (La Dorada) ordenó el "rastreo" de las llamadas y encontró que éstas provenían del número telefónico del que es suscriptor el peticionario, por lo cual la empresa decidió suspenderle el servicio por el término de un mes. Esta decisión fue notificada mediante comunicación en la que se expresan la causa de la medida adoptada "ser usado (el teléfono) para ejecutar llamadas maliciosas a otros suscriptores". El solicitante considera que "la decisión se tomó sin ceñirse a un procedimiento que determine etapas de defensa para la suspensión, o sea, sin acogerse a un trámite previo que garantice el sagrado derecho de defensa...",  motivo por el cual interpuso recurso de reposición y apelación del acto administrativo que dispuso la suspensión. Dichos recursos se trasladaron a la sección jurídica de la oficina regional de TELECOM en Manizales para su decisión, sin que hasta la fecha de inicio de la acción se haya ésta pronunciado. Considera el accionante que la suspensión del servicio telefónico por parte de TELECOM le ocasionó graves perjuicios materiales. La solicitud de tutela se fundamentó en los siguientes artículos de la Constitución: 15 (Derecho a la intimidad personal) y 29 (Debido proceso). 2. Fallos 2.1. Del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Dorada (providencia de diciembre 19 de 1991) En primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito accedió parcialmente a la petición de acción de tutela propuesta por Joaquín Martínez Vanegas, consistente en ordenar al gerente local de TELECOM (La Dorada) la reanudación inmediata del servicio y la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar. Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado Penal del Circuito para aceptar la solicitud: 1. El derecho a la intimidad no ha sido vulnerado, como tampoco amenazado por persona o entidad alguna. Ello porque al rastrear una llamada telefónica catalogada como maliciosa, no es posible escuchar el contenido de la misma. Esto fue constatado con base en la inspección judicial que practicó el Juzgado, en la que se comprobó la existencia de mecanismos que permiten descubrir en un teléfono la procedencia de sus llamadas, mas no percibir su contenido. 2. El Artículo 29, según el a quo, sí fue violado con el acto acusado. La norma citada consagra el debido proceso, que lo define como "el conjunto de pasos a seguir para llegar a una decisión que tiene que ver con las partes trabadas en la relación que da el movimiento del aparato jurisdiccional o administrativo.." El Juez estimó que en este caso se violó ciertamente el debido proceso. El Juzgado ordenó la reanudación inmediata del servicio telefónico del accionante, pero no la indemnización de perjuicios, porque consideró que la actuación del gerente local de TELECOM, no alcanzó a producir daños económicamente cuantificables. 2.2. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Penal (Providencia de febrero 10 de 1992) En segunda instancia se pronunció el Tribunal Superior sobre la solicitud de impugnación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El Tribunal revocó la decisión del a quo, básicamente por los siguientes aspectos: El gerente de TELECOM no violó el debido proceso, en la medida que comunicó verbalmente al accionante que de su línea telefónica se venían haciendo llamadas maliciosas y, a pesar del requerimiento éstas siguieron presentándose, razón por la cual no tuvo más remedio que suspender el servicio. Agrega el Tribunal que los artículos 24 y 26 del Decreto 2591 de 1991 deben aplicarse porque durante el curso de la acción de tutela se restableció el servicio telefónico, luego el Juzgado no debió concederla. En relación con la indemnización de perjuicios que solicitó el señor Martínez Vanegas, consideró el Tribunal que éstos no se demostraron plenamente, por lo tanto no concede el resarcimiento. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Considera la Sala que los temas de estudio en este caso concreto son el derecho a la intimidad y el debido proceso en actuaciones administrativas. Esta Sala de Revisión analizará en primer término el derecho a la intimidad. 1. Del derecho a la intimidad 1.1. La Constitución de 1991 El derecho genérico a la intimidad quedó consagrado en cuatro artículos de la Carta: 15, 21, 33 y 74. El artículo 15 establece propiamente la noción de vida privada y sus implicaciones. El artículo 21 regula el derecho a la honra. El artículo 33 la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí o contra sus seres queridos. Y el artículo 74 el acceso de los particulares a los documentos públicos y el secreto profesional. Todo lo anterior debe ser complementado además con el artículo 28, sobre inviolabilidad del domicilio. En Colombia la Carta de 1886 no consagraba de manera expresa e independiente el derecho a la intimidad. Los artículos 16, 23, 25 y 38 permitían, por vía de inferencia, establecer cierto principio tácito del derecho a la intimidad. Aquí en este fallo, el estudio se limitará al derecho de la intimidad establecida en el artículo básico, esto es, el artículo 15 de la nueva Carta. Dice el artículo 15 de la Constitución Nacional: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley". El artículo es una de las expresiones del libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y una forma para garantizar la dignidad de la persona (art. 1o.). En otras palabras, el fundamento último de la Constitución de 1991 es la dignidad de la persona, una de cuyas principales premisas es el desarrollo de la personalidad, el cual a su vez tiene como supuesto la intimidad. Además el artículo 93 de la Carta establece que hacen parte del derecho constitucional colombiano y sirven de criterio de interpretación de los derechos humanos los tratados válidamente ratificados, que consagren y protejan los derechos humanos más allá de la legislación interna, así: a) La Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5o. -ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968-. "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley, contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar". b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas , artículo 17 ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. "1. Nadie será objeto de injerencias ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques". Las anteriores Convenciones y Pactos tienen como fundamento la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 12 establece: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra, o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques". 1.2. Razón jurídica del derecho a la intimidad Conceptualmente el derecho a la intimidad adquiere identidad definitiva en 1890, en los Estados Unidos, donde Warren y Brandeis elaboran el "right of privacity".  Posteriormente el fallo de 1965 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caos Griswald vs. Connecticut le confiere los alcances definitivos que actualmente posee este derecho. La vida privada, al sentir de Novoa Monreal, "está constituída por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o su recato a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento"1 Para Recaséns Siches, "intimidad es sinónimo de conciencia, de vida interior, por lo tanto este campo queda completamente fuera del ámbito jurídico, puesto que es de todo punto de vista imposible penetrar auténticamente en la intimidad ajena"2 Ahora bien, los nexos vida privada-información oficial tienen como telón de fondo las relaciones entre el Estado y la persona. El sujeto razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva carta Política. Qué tanto debe saber el poder público de la persona? Este interrogante se lo ha planteado siempre la humanidad desde que el hombre tiene conciencia del Estado. Por ejemplo Hobbes (Leviathán), Orwell ("1984") y Foucault (Vigilar y castigar), han reflexionado sobre ello. Esta pregunta plantea las dos dimensiones fundamentales del hombre: la individual y la social. El Estado debe conocer lo mínimo necesario para que la personahombre viva en el contexto social gozando del máximo espacio vital a que  tiene derecho para lograr el desarrollo de la personalidad. Para Schneider, el Estado debe "asegurar" a la persona un ámbito de libertad en el que desarrolle espontáneamente su personalidad y en el que podrán refugiarse discreta e incontroladamente y donde gozarán el derecho a la "intimidad", expresión de su dignidad humana"3 Así lo ha reconocido en forma expresa el derecho comparado al establecer una zona de reserva o derecho a la intimidad del hombre, frente al Estado y frente a los demás. Entre otras consagran ese derecho las constituciones de Venezuela (art. 59), Turquia (art. 15), Ecuador (art. 28.4), Egipto (art. 45), España (art. 18.1), Portugal (art. 33), Puerto Rico (art. 2o.), Bulgaria (art. 50), Perú (art. 2o.), Alemania (arts. 10o. y 13), Bulgaria (art. 5o.), Guatemala (art. 23 y 24), Italia (art. 14 y 15) y México (art. 16). 2. Del Debido proceso en actuaciones administrativas Una vez analizado el tema del derecho a la intimidad, esta Sala avoca el estudio del Debido Proceso en actuaciones administrativas. Colombia, como Estado de Derecho, se caracteriza porque todas sus competencias son regladas (arts. 3o., 6o. y 123 de la Constitución). Por Estado de Derecho se debe entender el sistema de principios y reglas procesales según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se protegen y realizan los derechos del individuo.  Surge entonces el derecho de defensa del individuo frente al Estado. Todo proceso consiste en el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que en él intervienen. La situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige una regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así como un respeto de los derechos y obligaciones de los intervinientes o partes procesales. Es decir que cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico. El Debido Proceso es el mayor celo en el respeto de la forma de los procesos sancionatorios. La verdad no se ha de investigar a cualquier precio, sino protegiendo la persona con su dignidad, su personalidad y su desarrollo; es por ello que existe una estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional. Toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene una misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que provengan de una autoridad administrativa o jurisdiccional o que tengan origen en las diferencias formales de los trámites rituales. De consiguiente, los principios que rigen todo procedimiento deben necesariamente hacerse extensivos a todas las disciplinas sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo doctrinal adecuado sobre esta materia. El proceso moderno se caracteriza por una progresiva y paulatina ampliación de los derechos de defensa. Por esta razón las constituciones contemporáneas consagran en sus textos disposiciones específicas para la protección de esta garantía jurídico-procesal. Los tratadistas contemporáneos de derecho administrativo, entre ellos García de Enterría y Ramón Parada, sostienen que "los principios inspiradores del ordenamiento penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como lo refleja la propia Constitución"4 Así lo entendió el Constituyente de 1991, y en el artículo 29 de la Constitución se hace una clara determinación de la aplicación del debido proceso a toda clase de actuaciones administrativas. 3. De las consideraciones en relación con el caso concreto 3.1. Del derecho a la intimidad En primer lugar, de las pruebas allegadas al expediente, a Carlos Alberto Jiménez Mejía se le estaba violando su derecho a la intimidad porque con las llamadas maliciosas se le afectaba su zona de reserva privada y con ello su paz y tranquilidad. Estas llamadas se venían haciendo desde el teléfono ubicado en el domicilio del peticionario, Joaquín Martínez Vanegas, según lo estableció TELECOM mediante los mecanismos técnicos para rastrear llamadas. En este sentido Martínez Vanegas es responsable del mal uso de su línea telefónica, según se desprende de los artículos 2349 del Código Civil y 78 del "Reglamento General de Suscriptores del Servicio Telefónico y Servicios Suplementarios", de que se da cuenta en la Resolución No. 3962 de octubre 4 de 1989, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Del artículo 2349 del Código Civil, la Jurisprudencia ha elaborado la noción de "responsabilidad indirecta", según la cual una persona es responsable por el hecho de sus súbditos, a partir de la culpa "in eligendo" o "in vigilando". En efecto, el accionante suponiendo que no hizo las llamadas en forma personal, es responsable de la conducta de agentes sobre los que tiene el poder de orientación, como hijos, invitados a la casa o sirvientes. Y el artículo 78 del Reglamento citado indica: "El suscriptor o usuario del servicio telefónico está en obligación de velar por el buen uso de sus instalaciones telefónicas..." En segundo lugar, se pregunta esta Sala si la Empresa de Teléfonos violó el derecho a la intimidad de Joaquín Martínez Vanegas al rastrear las llamadas. Considera esta Sala que no se violó este derecho porque en la inspección judicial practicada por el Juzgado de Instrucción Criminal de La Dorada se estableció que mediante el mecanismo "M.R.T." se logra localizar el número del abonado que realiza la llamada pero no se puede escuchar su contenido, por cuanto éste es un sistema automático de registro y control. En conclusión, si no se le escuchaban sus conversaciones al peticionario, no se violó su zona de reserva ni se afectó su ámbito de libertad en que se debe desarrollar espontáneamente su personalidad. 3.2. Del debido proceso en actuaciones administrativas Según se desprende de los antecedentes del caso, el gerente de TELECOM en el Municipio de la Dorada (Caldas) notificó verbalmente al peticionario que desde su línea telefónica se estaban haciendo llamadas maliciosas y que de continuar esas situación se le interrumpiría la prestación del servicio. Fue exactamente lo que ocurrió. Observa esta Sala que ello viola el debido proceso, ya que la actuación administrativa es reglada, dentro de un Estado de Derecho, máxime cuando de aplicar sanciones se trata. En efecto, se ha desconocido el debido proceso en este caso, por los motivos siguientes, consagrados en tres tipos de ordenamientos jurídicos diferentes -y descendentes-, así: Dice el artículo 29 de la Constitución: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino ... con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..." Luego este artículo remite a los procesos sancionatorios de cada ordenamiento legal, para establecer con base en ellos la observancia o inobservancia de las formas. El ordenamiento que debe estudiarse entonces es el relativo al derecho administrativo. En este sentido dice así el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares... Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título." Dice el artículo 44 -capítulo X- de este Código: "Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado... Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita..." Y el artículo 47 dispone: "En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo". Pues bien, estos textos generales, válidos para toda actuación administrativa, no fueron respetados en este negocio, ya que, al accionante, primero le suspendieron la prestación del servicio telefónico y luego le notificaron la decisión. Mucho menos entonces le advirtieron de los recursos que le asistían. En cuanto al ordenamiento jurídico específico de TELECOM, éste se encuentra regulado en la resolución No. 3962 del 4 de octubre de 1989 del Ministerio de Comunicaciones, por la cual se aprueba el "Reglamento General de Suscriptores del Servicio Telefónico", que en su artículo 86 dispone que contra los actos administrativos, procede el recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. Pero además, el propio Código dispone en el artículo 32 lo siguiente: "Los organismos de una rama ejecutiva del poder público, las entidades descentralizadas del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales, deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo..." Así, tratándose de TELECOM, es necesario entonces pasar a estudiar la reglamentación interna de esta entidad. En su artículo 87, la Resolución 3962 de 1989 consagra las causales de suspensión del servicio, ninguna de las cuales cabe en este negocio. El artículo 92 idem, sin embargo, establece las causales de retiro del servicio, en cuyo numeral 10o. se dispone: "10o. Cuando el teléfono se utilice para perturbar el orden público o las buenas costumbres y la tranquilidad de los hogares..."(subrayas de la Sala) Se infiere entonces sin dificultad que en el negocio que nos ocupa este trámite para imponer sanciones no fue el seguido por TELECOM -la Dorada- y por lo tanto, se violó el debido proceso. 3.2. De la cesación de la actuación impugnada El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 establece: "Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión". El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, por su parte dispone:" "Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes..." Estos artículos, considera esta Sala, son aplicables al caso concreto y por consiguiente, de un lado, las solicitudes del petente que apuntaban a la cesación de las acciones de Telecom no pueden ser cumplidas por cuanto éstas ya habían desaparecido al momento del fallo. Por esto tiene razón el Tribunal al no conceder la tutela y revocar en consecuencia el punto primero del fallo del Juzgado de Instrucción Criminal de La Dorada. La razón jurídica de ello es fácil de apreciar: se quiso con esta norma evitar fallos inocuos, esto es, que al momento de su expedición fuere imposible su aplicación. Ello bebe en las fuentes de la economía procesal, que tiene como base constitucional el principio de la eficacia y economía consagrado en el artículo 209 Superior. De otro lado, el Tribunal Superior no acertó al revocar el punto segundo del fallo de primera instancia, que prevenía a la autoridad a no incurrir nuevamente en esa medida que desconocía el debido proceso, situación contemplada en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, ha debido confirmar el numeral segundo del fallo del a quo, que se refería a esta prevención. Queda sin embargo, por resolver el punto relativo a las consecuencias patrimoniales. En este sentido dice así el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 "Artículo 25. Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta..., en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado... así como el pago de las costas del proceso". Considera esta Sala que el Tribunal acertó al negar el pago de indemnizaciones y costas en este negocio, porque los daños no fueron probados en el marco del proceso. En vista de las consideraciones anteriores, esta Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero: Confirmar la decisión del Tribunal Superior Judicial de Manizales, de 10 de febrero de 1992, Sala de Decisión Penal, en cuanto se refiere a los numerales 1o., 3o. y 4o. del fallo del a quo, con base en los argumentos aquí consignados. Segundo: Revocar la decisión del Tribunal Superior Judicial de Manizales, de 10 de febrero de 1992, Sala de Decisión Penal, en lo referente al numeral 2o. del fallo del a quo, con base en los argumentos aquí consignados y en su lugar ordénese al Tribunal que haga la prevención a Telecom La Dorada, con el fin de que dicha entidad aplique el debido proceso en todas las actuaciones administrativas. Tercero: Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. Dado en Santafé de Bogotá, a los veintidos (22) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado 1 NOVOA MONREAL, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos. Ed. Siglo XXI. México 1989 pág. 87 y ss. 2 RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de filosfoía del Derecho. Sexta edición, Porrua, México, 1978, p. 181. 3 SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1991 pág. 21. 4 Cfr, GARCIA DE ENTRRIA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo II. Editorial Civitas S.A. Madrid 1991 págs. 161 y ss. FERNANDEZ, Tomás Ramón. Derecho Administrativo I Parte General. Tercera edición. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas S.A. Madrid 1991 Págs. 467 y ss. En estos dos Libros se encuentran el concepto, clases y naturaleza de las sanciones administrativas.

T-012-92 Sentencia No Sentencia No. T-012/92 ACCION DE TUTELA-Trámite preferencial /PRINCIPIO DE INMEDIATEZ/TRAMITOMANIA El término de diez días no admite excepciones, pues de lo que se trata es de asegurar la inmediata protección del derecho violado o amenazado, razón por la cual el mismo precepto superior habla de un procedimiento preferente y sumario, a la vez que el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 ordena que su trámite se surta con prelación, para lo cual se pospondrá cualquier otro asunto, salvo el de Habeas Corpus, añadiendo que los plazos son perentorios e improrrogables. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHO DE PETICION/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/COMPETENCIA No se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. Cuando al absolver la petición se resuelve negar lo pedido, no se está desconociendo el derecho de petición y, en consecuencia, ningún objeto tiene la tutela para reclamar la protección de éste. Cuestión muy diferente es la relativa a la validez del acto administrativo en que consiste la respuesta, frente al cual el peticionario dispone de los recursos por la vía gubernativa, en guarda de sus intereses. En esta hipótesis no cabe la acción de tutela, dada la existencia de otros medios de defensa judicial, a menos que se intente como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. PRINCIPIO DE CELERIDAD/PRINCIPIO DE LA BUENA FE/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Se hace necesario que las ramas del poder público y los servidores del Estado ajusten sus decisiones y actos a los nuevos criterios constitucionales y procedan a eliminar los papeleos, trámites y obstáculos tan arraigados en el habitual comportamiento de nuestras oficinas públicas, que van en contravía del ordenamiento superior y que generan con frecuencia la nugatoriedad de los derechos fundamentales y aún el cumplimiento de los deberes que corresponden a los gobernados. Sala de Revisión No. 3 Ref.: Expediente T-1297 Acción de Tutela HERNAN ALBERTO CORDOBA ARTURO contra División de Asistencia a la                      Rama Jurisdiccional. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No. 3 en Santafé de Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisa la Corte el fallo de fecha veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé Bogotá, respecto de la acción de tutela en referencia. I. ANTECEDENTES HERNAN ALBERTO CORDOBA ARTURO solicitó a la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia el reconocimiento de su judicatura, para optar el título de abogado, para lo cual dice haber presentado treinta y ocho (38) constancias de diferentes juzgados y haber dado cumplimiento a todos los requisitos indispensables para la expedición del certificado correspondiente. El Jefe de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional profirió la Resolución número 00258 del 13 de marzo de 1991, por medio de la cual decidió "negar la judicatura solicitada", argumentando que el señor CORDOBA ARTURO no había aportado la certificación expedida por el Consejo Directivo de la Facultad en donde culminó sus estudios (Derecho Universidad Autónoma) en la cual constara que un profesional había sido autorizado previamente para asistir y supervigilar la práctica del egresado; que en sustitución de aquélla, el interesado había presentado un certificado expedido por el Presidente y Secretario del Consejo Consultivo de la referida facultad en donde se expresaba que éste, en su sesión del 5 de mayo de 1989 (Acta 09) había designado al abogado Alvaro Rojas Buitrago para asistir y supervigilar el ejercicio profesional del señor CORDOBA ARTURO. Como tal autorización se concedió a los cinco (5) meses y veintiún (21) días de haber terminado los estudios, entendió la División que no se cumplía el requisito exigido por la Resolución 2001 de 1984 a cuyo tenor la referida autorización ha debido otorgarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de estudios (noviembre 17 de 1988). Agregó la División que el peticionario no aportó constancia sobre inexistencia de faltas contra la Etica Profesional expedida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, ni tampoco certificación del profesional que asistió y supervigiló su práctica. CORDOBA ARTURO ejerció la acción de tutela, mediante escrito radicado el 29 de enero de 1992 ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. El Tribunal, mediante el fallo que se revisa, de fecha veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), decidió denegar la tutela impetrada por estimar que, si bien el derecho invocado -el de petición, garantizado en el artículo 23 de la Carta- es susceptible de protección por la vía del artículo 86 Ibidem, la solicitud le fue atendida mediante la Resolución mencionada y, además, porque los motivos que tuvo en cuenta la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional eran suficientes para haber negado al peticionario la judicatura por no ajustarse a lo previsto en el numeral 4o. del artículo séptimo de la Resolución 2001 de 1984. El fallo no fue impugnado. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión, según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2. Oportunidad de la providencia que se revisa Dispone el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o.: "En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución". Como ya lo ha expresado la Corte1, este término no admite excepciones, pues de lo que se trata es de asegurar la inmediata protección del derecho violado o amenazado, razón por la cual el mismo precepto superior habla de un procedimiento preferente y sumario, a la vez que el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 ordena que su trámite se surta con prelación, para lo cual se pospondrá cualquier otro asunto, salvo el de Habeas Corpus, añadiendo que los plazos son perentorios e improrrogables. Como en el presente caso es ostensible que el Tribunal no profirió oportunamente la providencia mediante la cual se resolvió sobre la acción instaurada, se remitirá copia del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su cargo (artículo 256, numerales 3 y 4, de la Constitución Política). 3. La acción de tutela y el derecho de petición Dice el artículo 23 de la Constitución: "Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)" Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituídas (artículo 2o. Constitución Política). Por tanto, como lo expresa el Tribunal, es un derecho cuya protección puede ser demandada, en casos de violación o amenaza, por medio de la acción de tutela. Desde luego, es presupuesto indispensable para que la acción prospere, la existencia de actos u omisiones de la autoridad en cuya virtud se impida o se obstruya el ejercicio del derecho o no se resuelva oportunamente sobre lo solicitado. Pero no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. Cuando al absolver la petición se resuelve negar lo pedido, no se está desconociendo el derecho de petición y, en consecuencia, ningún objeto tiene la tutela para reclamar la protección de éste. Cuestión muy diferente es la relativa a la validez del acto administrativo en que consiste la respuesta, frente al cual el peticionario dispone de los recursos por la vía gubernativa, en guarda de sus intereses. En esta hipótesis no cabe la acción de tutela, dada la existencia de otros medios de defensa judicial, a menos que se intente como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable (artículo 86 Constitución Política). Puesto que en el asunto materia de revisión el actor recibió respuesta oportuna, según consta en el expediente y teniendo en cuenta que no se aprecia violación del derecho de petición, la Corte confirmará el fallo proferido por el Tribunal, observando que nada justificaba la demora de éste en resolver sobre la acción. Ahora bien, la autoridad que profirió la resolución por medio de la cual se negó al peticionario el reconocimiento de su judicatura, invocó para ello el incumplimiento de requisitos exigidos por un acto administrativo de carácter general, la Resolución 2001 del 6 de septiembre de 1984, del Ministerio de Justicia. Observa la Corte que, si bien no cabe la tutela cuando se trata de actos de carácter general, impersonal y abstracto, como es el caso de la Resolución 2001 mencionada (artículo 6o., numeral 5o. del Decreto 2591 de 1991) -lo cual explica el sentido de este fallo-, no es menos cierto que el artículo 209 de la Constitución declara que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros, a la vez que el 84 Ibidem prohibe a las autoridades públicas establecer y exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos o actividades que han sido reglamentados de manera general. Lo anterior, unido a los principios de la buena fe y la prevalencia del derecho sustancial, que informan la totalidad de los preceptos consagrados en la Constitución de 1991, hace aconsejable y aún necesario, que las ramas del poder público y los servidores del Estado ajusten sus decisiones y actos a los nuevos criterios constitucionales y procedan a eliminar los papeleos, trámites y obstáculos tan arraigados en el habitual comportamiento de nuestras oficinas públicas, que hoy, si transgreden los enunciados preceptos, van en contravía del ordenamiento superior y que generan con frecuencia la nugatoriedad de los derechos fundamentales y aún el cumplimiento de los deberes que corresponden a los gobernados. Así, en el caso sometido al examen de esta Corte, una disposición administrativa de orden puramente interno, adicionó requisitos y trámites a los ya establecidos por un decreto que tiene fuerza legislativa, como es el 196 de 1971, haciendo rigurosa en exceso la demostración de aquellos para el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales. No era la acción de tutela el mecanismo jurídico adecuado para proteger el derecho del peticionario, por mandato expreso de los artículos 86 de la Constitución y 6o. del Decreto 2591 de 1991, por lo cual se confirmará la providencia revisada, pero otros medios consagrados en el ordenamiento jurídico servirán al actor para remover los obstáculos que le impiden su acceso al ejercicio profesional. Hace la Corte las precedentes observaciones, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 41 de la Carta Política, a cuyo tenor corresponde al Estado la tarea de divulgar la Constitución y los valores y principios que la inspiran. III. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero. Confirmar la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil de Decisión, el veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992). Segundo. Ordenar que se remita copia del expediente al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. Tercero. Comuníquese al Tribunal de origen, según lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí previstos. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Presidente de la Sala- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado 1 Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencias de abril 3 y mayo 6 de 1992.

T-013-92 Sentencia No Sentencia No. T-013/92 ACCION DE TUTELA-Objeto La Acción de Tutela está prevista como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. ACCION DE TUTELA-Procedencia Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico  y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ACCION DE TUTELA-Finalidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES La consagración constitucional de la acción de tutela se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en principio en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable especificamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. ALCALDE/COMPETENCIA/FUNCION DE POLICIA/POSESION/QUERELLA DE AMPARO Según se desprende del artículo 315 numeral 2o. de la Carta Fundamental, aquella competencia para ordenar la demolición de obra ruinosa o la construcción de obra nueva, comprende la facultad de ordenar el desalojo de moradores o habitantes del inmueble; en efecto, para la Corte Constitucional no existe duda al respecto, puesto que las finalidades de las normas transcritas no dan lugar a pensar que si se puede  afectar el derecho de propiedad  para imponer la carga pública de la demolición o construcción de obra, no pueda extenderse la misma competencia para proteger los bienes jurídicos de la vida y la integridad personal de moradores, ocupantes, habitantes, tenedores o poseedores del bien inmueble. Si la peticionaria pretende alegar su condición de poseedora para resolver su conflicto de derechos con el titular inscrito de la propiedad del inmueble, necesariamente debe acudir a la vía judicial que le asegura el artículo 977 del C.C. conocida como querella de amparo. JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/COMPETENCIA/ACTO POLICIVO/PODER DE POLICIA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia Para la Corte Constitucional los actos administrativos impugnados específicamente  no son de  aquellos excluídos de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en el último inciso del artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989. Las resoluciones del Alcalde municipal son el resultado de una competencia de dicho funcionario, ejercida en desarrollo de la función ejecutiva de policía y su contenido no es judicial sino administrativo; por lo tanto, son plenamente impugnables y controvertibles, y su legalidad demandable ante aquella jurisdicción. A juicio de la Corte los actos impugnados por la vía de la tutela se enderezan a aplicar las normas que desarrollan  los aspectos de la salubridad, la tranquilidad y la seguridad públicas, propias de la función de policía local  y que están contenidas en una hipótesis jurídica reglada con precisión.Por este aspecto la petición presentada queda  por fuera de los presupuestos constitucionales de la Acción de Tutela que exige para su procedencia, entre otros elementos, que no exista otra vía judicial para garantizar el derecho que se dice violado. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE El perjuicio irremediable que se puede amparar por la vía  de la Acción de Tutela como mecanismo transitorio, en concurrencia con otras vías judiciales de protección, es aquel que se estime causado o infligido contra un Derecho Constitucional Fundamental y no a otros derechos distintos de aquellos. No se ha configurado un perjuicio irremediable, ya que también existen vías judiciales para proteger y amparar el derecho de posesión y para obtener de los jueces la reparación de cualquier lesión. DEBIDO PROCESO/ACTUACION ADMINISTRATIVA El Debido Proceso que emana de la Constitución para las actuaciones administrativas de esta especie,  dentro de los presupuestos de la organización jurisdiccional del control contencioso administrativo de aquellos actos,  es el que tiene relación con la existencia y atribución de la competencia en cabeza de la autoridad pública, con la determinación de si su actuación obedece a intereses generales o a fines constitucionales y públicos, o  si aquella manifestación de voluntad es arbitraria, irracional u ofensiva de los derechos constitucionales, o si no es una grosera emanación del querer abusivo de la autoridad, en contra de los derechos constitucionales fundamentales de la persona. ACCION DE TUTELA-Regulación legal/NULIDAD PROCESAL-Improcedencia La ausencia de regulación legal para el caso de la Acción de Tutela no genera vicio de nulidad si se respetan los presupuestos constitucionales propios de ella como son su carácter preferencial y sumario, y si además se aplican los principios de publicidad y contradicción, economía procesal y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que son de rango superior. REF: Expediente No. T-210. Acción de tutela contra las Resoluciones 398 y 591 de 1991 de la Alcaldía de Chiquinquirá (Boyacá). Peticionarios: VICTOR MANUEL MENDOZA y MARIA LUCRECIA CASTILLO Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Sala de Revisión No. 5 Aprobado según Acta No. 2 Santafé de Bogotá D.C., Mayo veintiocho (28) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de Tutela, integrada por los señores Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Diaz, previo estudio del Magistrado ponente, resuelve sobre la sentencia relacionada con la acción de la referencia proferida por el  Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá el 8 de noviembre de 1992. I.   ANTECEDENTES A.   La Petición 1.    En escrito presentado el día 24 de octubre de 1991, ante el Juzgado Civil del Circuito de Reparto de Chiquinquirá (Boyacá), el señor Víctor Manuel Mendoza Castellanos apoderado de la señora María Lucrecia Castillo Rodríguez, interpuso la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional contra las resoluciones de la Alcaldía de aquél municipio Nos. 398 del 12 de agosto y 594 del 21 de octubre de 1991, con el fin de impedir que se cumpla el desalojo de su poderdante de un "predio aledaño" a  un edificio declarado en ruina por las citadas resoluciones. 2. Los hechos que señala el representante de la peticionaria, como causa de la citada acción se resumen como sigue: a. En relación con el "viejo edificio" ubicado en la carrera 10 números 25-61, 25-73 y 25-75 de la ciudad de Chiquinquirá en donde durante algún tiempo funcionó un Colegio, la Alcaldía municipal dictó la resolución  No. 398 en la cual se dispuso la remodelación de aquél y el desalojo de la señora Castillo Rodríguez "poseedora del lote de terreno adyacente". b. La Alcaldía Municipal no accedió a la petición contenida en el recurso de reposición interpuesto por la señora María Lucrecia Castillo Rodríguez; por el contrario, expidió la resolución No. 594 de 1991, con la cual se confirma la resolución impugnada y se agotó la vía gubernativa. c. La peticionaria ha ejercido durante más de 20 años la posesión ininterrumpida del predio del cual se le quiere desalojar y le ha introducido mejoras de diversa naturaleza. d. La peticionaria no es ocupante de la edificación declarada en ruina, sino del "lote aledaño"; e. De cumplirse la orden de desalojo se le causaría a la accionante un perjuicio irreparable,  mucho más  si se tiene en cuenta el tiempo que debe transcurrir mientras se tramita la acción Contencioso-Administrativa de nulidad y de restablecimiento del derecho. f. Como la accionante sólo es poseedora de un "lote aledaño", no puede quedar comprendida dentro de la orden de desalojo, ya que ella no habita la edificación que debe refaccionarse. Además, como  la orden de la Alcaldía es apremiante e indefinida, causa grandes perjuicios a la peticionaria. g. La suya es una solicitud de tutela presentada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras se adelanta la acción Contencioso-administrativa correspondiente y ante la cual se pedirá la suspensión provisional  del artículo tercero de la Resolución 398 de 1991. 3. En su opinión, la acción propuesta es procedente para evitar el abuso de autoridad del Alcalde, que viola el derecho constitucional al Debido Proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Solicita al señor Juez que ordene la práctica de la diligencia de inspección judicial al inmueble objeto de desalojo, para establecer su ubicación cabida y linderos, los nombres de los ocupantes  del edificio y del lote adyacente; los actos de posesión y mejoras y la necesidad del desalojo ante la orden de arreglar el edificio y el valor de la posesión material del "lote de terreno con espectativas de usucapir". (sic) B.   La Sentencia que se Revisa. a.  Diligencias Previas: Dentro de la sustanciación de la acción propuesta, el citado Despacho practicó varias diligencias previas a la decisión, teniendo en cuenta la falta  de la regulación legal del procedimiento para el trámite de la misma, así: Admitida la petición, ordenó correr traslado del escrito correspondiente al representante legal del municipio, reconocer personería jurídica al apoderado de la peticionaria  y la práctica de la inspección judicial al inmueble objeto de desalojo y al edificio ubicado en la Carrera 10 Nos. 25-61, 25-73 y 25-75, del perímetro urbano de Chiquinquirá. b.  La Decisión: El ocho (8) de Noviembre de 1991, el citado Despacho resolvió sobre la solicitud presentada y ordenó al funcionario competente que "... se abstenga de desalojar a María Lucrecia Castillo Rodríguez y su familia, por no ser ocupante del edificio declarado en ruina". Ese mismo día la providencia fue notificada a los apoderados de la peticionaria y de la Alcaldía, lo mismo que al Procurador Provincial. c.  Las Consideraciones de Mérito: Para el Juzgado no hay duda sobre el estado de ruina de la edificación, según la apreciación que se hizo en la Inspección Ocular y en el examen pericial surtido; empero, los artículos 216 y 217 del Código Nacional de Policía sólo permiten a los Alcaldes, o a quienes hagan sus veces, imponer la demolición o construcción de obra "al diseño de edificación o construcción que amenace ruina o al que mantenga los muros de su antejardín o los frentes de su casa o edificio en mal estado de conservación o presentación".  Advierte que "dichas normas no son aplicables a María Lucrecia Castillo Rodríguez por no ser dueña u ocupante del inmueble declarado en ruinas".  Además, dicha providencia señala que "la peticionaria bien pudiera reubicarse dentro del lote mientras se arregla la cubierta del edificio, ya que según el perito, es arriesgado proceder a su ejecución sin desocupar las habitaciones". d.    Otros Trámites judiciales: El día 15 de noviembre de 1991, el abogado Pedro Enrique Acosta Guzmán obrando en nombre del representante legal del Convento Dominicano de Nuestra Señora del Rosario, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la providencia que se resume más arriba y solicita que se revoque aquella providencia. En su opinión, la entidad religiosa poderdante no puede adelantar las reparaciones necesarias y urgentes a la parte construída del edificio, sin correr el  riesgo de dañar la integridad física de la ocupante de la parte no construída del inmueble. Además, sostiene que el derecho invocado como violado no  es de carácter constitucional fundamental, pues la posesión no  fue considerada como tal en la lista que hizo la Carta Política 1991, y en consecuencia la interpretación de dichas normas debe ser restrictiva sin extenderlo al derecho de posesión. Sostiene que la peticionaria no es titular del derecho de posesión y el debate de la acción de tutela sobre dicho derecho se surtió sin la presencia del verdadero poseedor en el litis-consorcio necesario. Como el edificio sí amenaza ruina y se hace necesaria su reparación, debe desalojarse a la persona que habita la pieza construída a continuación del claustro. En su concepto, con la sentencia de tutela que pretende impugnar, se está desconociendo el derecho de propiedad de que es titular la comunidad religiosa a la que  apodera el abogado Acosta Guzmán. En otro sentido advierte que dados los vacíos y las dudas que deja la regulación constitucional sobre la materia, y en ausencia de la regulación legal sobre la acción de tutela, toda actuación que se adelante con tal fin debe ser declarada nula;  mientras dicha regulación no se expida,  no puede darse aplicación a la acción de tutela. El 20 de noviembre de 1991 el Juzgado Primero  Civil del Circuito de Chiquinquirá, de conformidad  con las normas del Código de Procedimiento Civil sobre notificaciones y ejecutoria  de los autos y sentencias, inadmitió el anterior recurso por extemporáneo, reconoció personería al peticionario y expidió las copias pedidas; posteriormente, el 4 de  diciembre del mismo año, ante la insistencia del  apoderado, aquel Despacho resolvió no revocar su providencia de noviembre 20 de 1991 y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. Con las copias expedidas por el Juzgado de Chinquinquirá, el apoderado del Convento Dominicano de Nuestra Señora de Rosario interpuso ante el Tribunal Superior de Tunja recurso de queja contra el último de los autos reseñados, con el fin de que se le concediera la apelación interpuesta.  Sostuvo que en su caso se dio aplicación a un procedimiento inexistente, pues sólo después del 18 de noviembre de 1991 se expidió el Decreto 2591 que estableció el procedimiento aplicable; con base en este argumento pide al Tribunal que decrete la nulidad de todo lo actuado. Señala que la actuación no fue notificada a los interesados, y que,  en su opinión, la tutela no puede desconocer el derecho de terceros, pues se estaría en presencia de una violación al principio de contradicción, que también es un Derecho Constitucional Fundamental. Manifiesta que la accionante María Lucrecia Castillo, no tiene derecho alguno sobre el bien objeto de su acción,  y que la Acción de Tutela no puede desconocer los derechos de los terceros. El Tribunal Superior de Tunja resolvió el recurso interpuesto y confirmó la decisión del Juez Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá.  Considera dicho Tribunal que la acción de tutela fue bien tramitada por el citado Despacho ya que se notificó a las personas interesadas y cualquier tercero que hubiese querido intervenir debía hacerlo dentro de los términos de ejecutoria de la providencia respectiva. II.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.-   La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo  dispuesto por los artículos 86, inciso tercero  y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del  Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.-   La Acción de Tutela y la Actuación Policiva Municipal A.   El Artículo 86 de la Constitución Nacional. Como cuestión preliminar y para definir los fundamentos de esta providencia, esta Sala estima  que la Acción de Tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo, como sí ocurre con el asunto que se examina, según se verá en forma detallada más adelante. Dicha acción  es un medio, porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico  y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. No se trata de una vía de defensa, de la Constitución en abstracto, con fines generales, que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una Rama del Poder Público en su conjunto , o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni versa sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo, salvo que según lo visto se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. Su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en principio en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. B. Las Materias objeto de la Sentencia de Tutela. Encuentra la Corte Constitucional que en el asunto en cuestión se trata de determinar si procede o no la Acción de Tutela para controvertir e impugnar, por razón de los derechos del poseedor sobre una parte de un bien inmueble urbano, el ejercicio de las competencias que los artículos 216 y 217 del Código Nacional de Policía, radican en la persona de los alcaldes, o en la de quienes hagan sus veces, para imponer construcción de obra sobre un inmueble declarado en ruina. Es evidente que la sentencia que se revisa se ocupa inicialmente de examinar los alcances de algunas expresiones contenidas en los artículos 216 y 217 del citado Código; además, estima que las normas en las que se fundamenta la resolución de desalojo comprende a los dueños de la edificación y a sus poseedores. Empero, el Despacho Judicial de origen, encontró que la peticionaria no era ni dueña ni ocupante  o poseedora de la edificación declarada en ruina, sino sólo ocupante o poseedora de un predio aledaño y, por tal razón, materialmente no podía ser desalojada de aquel lote de terreno. Una vez definida  aquella situación jurídica, el Despacho Judicial de Chiquinquirá ordenó impedir el cumplimiento y la ejecución de los efectos de la actuación policiva del Alcalde del municipio, concediendo la protección pedida. C.   La Función de Policía Local. Para resolver en este caso, tiénese en primer término que los artículos 216 y 217 del Código Nacional de Policía establecen la competencia  de los Alcaldes municipales, para efectos del ejercicio de las funciones de policía local en caso de las contravenciones que dan lugar a la demolición y construcción de obra, así: "Artículo 216.-  Los Alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra: "1.  Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la tranquilidad y la seguridad pública. "2.   Para contener incendio o cualquiera calamidad pública o para evitar mayores daños en estos casos." "Artículo 217.-  Los Alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán construcción de obra: "1.  Al que mantenga los muros de su antejardín o los frentes de su casa o edificio en mal estado de conservación o de presentación. "2.  A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas, o los tengan en mal estado." De una primera lectura de las normas transcritas podría concluirse que aquéllas sólo comprenden, en sus  enunciados normativos, a los titulares del derecho de dominio de la construcción, casa o edificio en mal estado de conservación o presentación o que amenace ruina; empero, por la naturaleza de las cosas que se regulan en dichas expresiones normativas se puede concluir que también comprenden a los poseedores del inmueble en cuestión, ya que lo que señala la ley es la facultad policiva de asegurar el estado de conservación y presentación de los edificios o casas levantados en el municipio (art. 217 C.N.P.),  y/o la seguridad y tranquilidad pública (art. 216 C.N.P.), y nada más coherente con dicho enunciado, que interpretarlo en el sentido que comprenda como destinatarios de la orden del Alcalde que ejerce la función de Policía local, a los titulares del derecho de dominio y a los poseedores de los inmuebles. En este sentido asiste razón al Despacho de origen y no cabe reparo sobre su providencia por este aspecto preliminar. Esto es así,  si se observa que en el inciso segundo del artículo 762 del Código Civil colombiano se establece que "El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo". Según se desprende del artículo 315 numeral 2o. de la Carta Fundamental, aquella competencia para ordenar la demolición de obra ruinosa o la construcción de obra nueva, comprende la facultad de ordenar el desalojo de moradores o habitantes del inmueble; en efecto, para la Corte Constitucional no existe duda al respecto, puesto que las finalidades de las normas transcritas no dan lugar a pensar que si se puede  afectar el derecho de propiedad  para imponer la carga pública de la demolición o construcción de obra, no pueda extenderse la misma competencia para proteger los bienes jurídicos de la vida y la integridad personal de moradores, ocupantes, habitantes, tenedores o poseedores del bien inmueble. Por este otro aspecto la providencia que se revisa no es objeto de reparos, ya que parcialmente se fundamenta en dicha interpretación. Son intereses públicos los que emanan  de aquellos enunciados normativos, y a ellos debe atenerse el Alcalde municipal para garantizar, por la vía del ejercicio de las funciones regladas de policía, la seguridad, la salubridad y la tranquilidad públicas.  Ellos se extienden hasta admitir y fundamentar la orden de desalojo de aquellas personas cuando los fines y las funciones a que se ha hecho mención  deban ejecutarse.  Dicha norma constitucional (art.315 núm. 2o. C.N.), señala en la parte pertinente que "El Alcalde es la primera autoridad de Policía del Municipio" y da fundamento a estas consideraciones, según las nociones que la doctrina y la jurisprudencia constitucional han elaborado con precisión. D.   La Procedencia de la Acción. Ahora bien, lo cierto es que, en el asunto en cuestión, la orden de desalojo proferida por el Alcalde se dirigió contra María Lucrecia Castillo Rodríguez y Familia como ocupantes del costado occidental del mismo inmueble objeto de la declaratoria del estado de ruina, y que además, la orden de remodelación de la cubierta del inmueble se dirigió contra la Comunidad Dominicana de Nuestra Señora del Rosario, propietaria de aquel bien. En este orden de ideas cabe ahora determinar si procedía  o no la Acción de Tutela por parte de la peticionaria María Lucrecia Castillo Rodríguez, para lograr la protección transitoria a su Derecho Constitucional al Debido Proceso como lo advierte en su escrito, ante la existencia de otras vías judiciales para garantizarlo, o si, más bien de lo que se trata es de amparar por aquella vía, el derecho de posesión que se dice desconocido. En este sentido se encuentra con claridad y sin mayores esfuerzos interpretativos, que con los reparos argüidos por la peticionaria no se pretende desconocer los fundamentos jurídicos de la competencia ejercida por el Alcalde Municipal, ni se alega violación alguna a las reglas sobre la publicidad del acto mismo, ni sobre la posibilidad de su controversia en vía gubernativa o de su control jurisdiccional; tampoco se alega ni se pretende probar violación alguna a las normas que dicen motivar  la expresión de la función administrativa, ni especialmente las que le entregan a dicho funcionario la función policiva en estas materias, casos éstos en los cuales podría estimarse como alegado por la peticionaria el Derecho Constitucional al Debido Proceso, y procedería la eventual protección judicial en sede de tutela. Es claro que la peticionaria controvierte las resoluciones administrativas señaladas más arriba, bajo los supuestos de que no pueden aplicársele por no ser ella y su familia los dueños del edificio sobre el que recae la orden de construcción de obra, sino sólo la poseedora de un lote de terreno aledaño; además, alega que su derecho de posesión no puede ser desconocido con aquellas actuaciones administrativas, configurándose así una petición distinta de la inicial y expresa, contraída evidentemente a un debate ante la autoridad judicial de la tutela, sobre la extensión de su derecho subjetivo de posesión. Con la petición  incoada se pretende que el Alcalde divida los efectos materiales de su acto administrativo, entre lo edificado y lo que no lo está del mismo bien inmueble sobre el que se alegan pretendidos derechos de posesión de una de sus partes. Estima esta Sala que si la peticionaria pretende alegar su condición de poseedora para resolver su conflicto de derechos con el titular inscrito de la propiedad del inmueble, necesariamente debe acudir a la vía judicial que le asegura el artículo 977 del Código Civil Colombiano, conocida como querella de amparo, y que se expresa en los siguientes términos: "Artículo 977. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme." Cabe reiterar que las competencias señaladas en cabeza de los alcaldes también comprenden la facultad de ordenar el desalojo de ocupantes, dueños, moradores, habitantes o poseedores del inmueble, pues aquélla es una función de policía administrativa, relacionada igualmente con la Salubridad Pública, como concepto sustancial que  expresa el fin de la normatividad reseñada, al estar prevista para "evitar mayores daños en estos casos"  y "contener cualquiera calamidad pública" (art. 216 C.N.P.). Obviamente dicha competencia administrativa de la policía local radicada en cabeza del Alcalde o de quien haga sus veces, no puede ejercerse dentro del Estado Social y Democrático de Derecho para desconocer derechos subjetivos, los que de ser afectados por el ejercicio de aquellas competencias pueden reclamarse, inclusive en el caso de la posesión, por vía de las acciones ordinarias y especiales como se ha advertido. D.   El Control Judicial de Los Actos Administrativos Impugnados. Las citadas resoluciones de la Alcaldía son  actos administrativos reglados y regulados por el Código Nacional de Policía que bien podían ser controvertidos judicialmente si existían reparos contra su legalidad  ante la jurisdicción contenciosa o especializada, de conformidad con las normas procedimentales establecidas en el Decreto 01 de 1984, una vez agotada la Vía Gubernativa con el ejercicio de los recursos que proceden ante las autoridades administrativas, como en efecto sucedió al presentarse y resolverse en tiempo el recurso de reposición presentado por el apoderado de la peticionaria. Para la Corte Constitucional los actos administrativos impugnados específicamente  no son de  aquellos excluídos de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en el último inciso del artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989, pues con ellos  no se trata de poner fin  a un juicio civil especial, de naturaleza policiva, conocido y fallado con la fuerza de la cosa juzgada por la autoridad ejecutiva municipal en el que se haya debatido un derecho subjetivo,  en cuyo caso su conocimiento escaparía por expresa disposición normativa a los tribunales contencioso-administrativos y su debate se tramitaría y decidiría de conformidad con las reglas propias por la autoridad municipal o departamental. Aquellas resoluciones del Alcalde municipal de Chiquinquirá son el resultado de una competencia de dicho funcionario, ejercida en desarrollo de la función ejecutiva de policía y su contenido no es judicial sino administrativo; por lo tanto, son plenamente impugnables y controvertibles, y su legalidad demandable ante aquella jurisdicción.  En dichos actos no se decidió sobre derecho subjetivo alguno, mucho menos sobre la propiedad o la posesión del bien, sólo se establece una orden específica y su consecuencial aplicación;  no se desconoce la posesión ni se pretende dividir material o jurídicamente el bien inmueble objeto de la orden, cuestiones éstas ajenas a la función administrativa del Alcalde municipal.  A juicio de la Corte los actos impugnados por la vía de la tutela se enderezan a aplicar las normas que desarrollan  los aspectos de la salubridad, la tranquilidad y la seguridad públicas, propias de la función de policía local  y que están contenidas en una hipótesis jurídica reglada con precisión. Por este aspecto la petición presentada queda  por fuera de los presupuestos constitucionales de la Acción de Tutela prevista en el artículo 86 de la Carta que exige para su procedencia, entre otros elementos, que no exista otra vía judicial para garantizar el derecho que se dice violado. Como en aquel asunto se impugnó la legalidad de los actos administrativos por su alcance subjetivo y por desconocer indebidamente el derecho de posesión, la petición por este aspecto debió presentarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, haciendo uso de las vías que garantizan la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, en caso de perjuicio; así las cosas, la providencia que se revisa debe ser revocada, como en efecto se ordenará en la parte resolutiva de este pronunciamiento de la Corte Constitucional. E.  El Perjuicio Irremediable. Además, si aquella acción se presentó como un mecanismo transitorio  para evitar un perjuicio irremediable tampoco podía prosperar puesto que el supuesto perjuicio no era de tal índole que quedara comprendido dentro de aquel concepto constitucional, emanado  de la regulación sobre la acción de tutela prevista por el artículo 86 de la Carta; en efecto, la interpretación de aquella norma, indica palmariamente que el perjuicio irremediable que se puede amparar por la vía  de la Acción de Tutela como mecanismo transitorio, en concurrencia con otras vías judiciales de protección, es aquel que se estime causado o infligido contra un Derecho Constitucional Fundamental y no a otros derechos distintos de aquellos. En otros términos, si lo que en verdad propuso la peticionaria fue un reclamo para obtener de la jurisdicción en vía de tutela  la protección de su derecho de posesión, equivocó su formulación, ya que los títulos XIII y XIV del Código Civil (art. 972 y 1007), establecen las reglas propias de las Acciones Posesorias que tienen por objeto, dentro del año siguiente contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella, recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituídos sobre éstos y obtener las reparaciones indemnizatorias procedentes. Igualmente,  bajo el título "De Algunas Acciones Posesorias Especiales",  el artículo 986 del mismo estatuto extiende  de modo especial el ámbito garantizador de estas acciones radicadas en cabeza del poseedor, a la prohibición de obra nueva  a construir sobre el suelo de que está en posesión; también el poseedor tiene derecho a denunciar ante el Juez competente ordinario toda obra nueva para lograr que aquélla se reduzca a lo estrictamente necesario, en el caso de molestias que pueda causarse a su posesión y a que, terminada la construcción, se restituyan las cosas a su estado anterior,  a costa del dueño de las obras. Dichas reglas también se extienden, entre otras varias hipótesis, en favor de los herederos del poseedor (art. 975 C. C.); se pueden intentar si la nueva posesión ha sido violenta y clandestina y dan derecho al que injustamente ha sido privado de ella a pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. Por otra parte, se advierte que dicha acción está comprendida dentro de las reglas del Código de Procedimiento Civil, contenidas en el Capítulo II, del Titulo XXIII, Libro 3o. Sección 1a. arts. 435 numeral 6o. y siguientes llamadas del Proceso Verbal Sumario. Como queda visto, no se ha configurado un perjuicio de tal índole que tenga el carácter de irremediable, ya que también existen vías judiciales para proteger y amparar el derecho de posesión y para obtener de los jueces la reparación de cualquier lesión; por ello, debe descartarse la procedencia de la acción intentada y revocarse el fallo que se examina. F. El Debido Proceso. En conclusión, no cabe duda a la Corte de que la peticionaria dirigió su acción con el fin de asegurar la posesión material sobre la parte no construida del mismo inmueble respecto del cual, en la parte construida se ordenó una obra para evitar su ruina y los daños a los transeuntes de las vías públicas circundantes; en efecto no se encuentra en ninguna de las actuaciones producidas con ocasión de la petición de la referencia, reparos u observaciones contra los actos administrativos del Alcalde enderezados a fundamentar la supuesta violación al Derecho Constitucional al Debido Proceso que, ciertamente, se extiende a toda clase de actuaciones, inclusive a las administrativas, según las voces del artículo 29 de la Carta Fundamental. Se observa que los únicos reparos propuestos contra la legalidad de aquellos actos son los que se refieren a la interpretación de la expresión legal "dueño" contenida  en los artículos 216 y 217 del Código Nacional de Policía y a su extensión sobre todo el bien inmueble urbano y no sólo a  la parte construída del mismo; todo lo anterior no tiene relación alguna con el Derecho Constitucional al Debido Proceso Administrativo (art. 29 C.N.) Adviértase nuevamente que no es la tutela la sede judicial para adelantar el examen específico, concreto, singular y subjetivo encaminado a determinar la legalidad de la resolución señalada, cuestión que corresponde por mandato constitucional a la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo; así las cosas, la competencia de los jueces en funciones de tutela de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.N.), se extiende hasta determinar si en una acción u omisión de las autoridades públicas se violan o nó aquellos derechos de superior jerarquía formal y material, siempre que no exista otra vía judicial que asegure su garantía. En este sentido, entiende la Corte que el Debido Proceso que emana de la Constitución para las actuaciones administrativas de esta especie,  dentro de los presupuestos de la organización jurisdiccional del control contencioso administrativo de aquellos actos,  es el que tiene relación con la existencia y atribución de la competencia en cabeza de la autoridad pública, con la determinación de si su actuación obedece a intereses generales o a fines constitucionales y públicos, o  si aquella manifestación de voluntad es arbitraria, irracional u ofensiva de los derechos constitucionales, o si no es una grosera emanación del querer abusivo de la autoridad, en contra de los derechos constitucionales fundamentales de la persona. Otras razones de contraste jurídico, eventualmente relacionadas con los efectos del acto administrativo sobre la existencia, alcance, monto, reconocimiento o desconocimiento de derechos subjetivos reales o personales, o de intereses legítimos sobre otros derechos constitucionales distintos de los fundamentales, se deben debatir ante los jueces ordinarios o especializados si  existe vía judicial para ello; precisamente este es el caso comprendido por la sentencia de tutela en examen, que también se ocupa de amparar por una vía distinta de la procedente, el alegado Derecho de Posesión de la peticionaria, y nó del examen  de las actuaciones impugnadas en el preciso ámbito del Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso. Para resolver sobre una eventual controversia  jurídica en torno de  derechos reales, existe en el ordenamiento jurídico colombiano una plétora de vías,  de acciones generales y especiales y de procedimientos jurisdiccionales y policivos,  que comprenden, además del mantenimiento del statu quo entre los interesados, la reversión de las cosas a su estado inicial y el pago de las indemnizaciones que procedan, a los que debe acudir el interesado si se propone usucapir o mantener la posesión frente al propietario inscrito, e incluso obtener que se le restituya la posesión y se le indemnicen los perjuicios causados. G.  La Ausencia de Regulación Legal de la Acción. Por último, en lo que se relaciona con la providencia del Tribunal Superior de Tunja, se observa que ella se produjo por virtud del reseñado recurso de queja presentado por el apoderado de los propietarios  del inmueble, con fundamento en la supuesta nulidad de la actuación por falta de procedimiento legal aplicable para la Acción de Tutela, y por no haberse notificado a su poderdante las actuaciones adelantadas; dicho Tribunal se contrajo a señalar que las actuaciones surtidas fueron legalmente tramitadas y que la sentencia se  hallaba ejecutoriada cuando fue impugnada. Esta Sala considera que desde el punto de vista estrictamente procedimental, la actuación se surtió en cumplimiento de los presupuestos generales aplicables al trámite preferencial y sumario  que exige para la Acción de Tutela el artículo 86 de la Carta de 1991; además, no obstante la ausencia temporal del desarrollo legal necesario, la naturaleza especial y garantística de aquella acción imponía su trámite preferencial y sumario dentro del término de diez días que se establece y la aplicación analógica de las normas procedimentales especiales, previstas para acciones similares, o para situaciones jurídicas que guardan con las reguladas por la Acción de Tutela una relación de semejanza, como fue el caso del procedimiento aplicado por el Juez en el asunto en examen. En otros términos, la ausencia de regulación legal para el caso de la Acción de Tutela no genera vicio de nulidad si se respetan los presupuestos constitucionales propios de ella como son su carácter preferencial y sumario, y si además se aplican los principios de publicidad y contradicción, economía procesal y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que son de rango superior.  Esto es, los argumentos del apoderado de la Comunidad Dominicana, propietaria inscrita de todo el  globo de terreno objeto de la decisión administrativa, carecen de fundamento y no debieron prosperar como efectivamente ocurrió, ya que no se presentó nulidad procedimental alguna que hubiese afectado la validez formal de lo actuado. En mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.   REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá el 8 de noviembre de 1991, en el caso de la Acción de Tutela presentada por VICTOR MANUEL MENDOZA y MARIA LUCRECIA CASTILLO. Segundo.   Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea  notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.   Comuníquese la presente decisión a la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-014-92 Sentencia No Sentencia No. T-014/92 LIBERTAD DE TRABAJO/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Este derecho fundamental comprende dos aspectos: 1) El  que otorga al hombre la libertad o derecho para escoger profesión,  oficio u ocupación, según su parecer, actitudes, gustos o aspiraciones; sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad. 2) El que se refiere a que la libertad de trabajo no puede traer consigo el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre.   Los artículos 16 y 17 de la C.N., prevén el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática, se deduce la libertad de trabajo, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 del mismo Estatuto Superior, según el cual toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Se entiende por libertad de trabajo, de acuerdo con la Carta, una expresión de la personalidad, voluntaria y no sometida a dominio o imposición ni del Estado ni de los particulares, para escoger profesión y oficio. DERECHO AL TRABAJO-Naturaleza/DERECHO AL EMPLEO El derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Este conlleva el derecho a obtener un empleo, pero ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público. Este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades y garantías consagradas en el Estatuto Fundamental. El derecho del trabajo considerado como libertad de trabajo tiene el carácter de derecho fundamental, objeto por lo mismo de la acción de tutela. DEBER DE TRABAJAR/ACCION DE TUTELA-Improcedencia Lo que interesa dilucidar ahora es si este deber de trabajar puede ser objeto de la acción de tutela, y resulta evidente que mal podría entenderse que hubiese posibilidad de demandar del Estado o del particular una acción u omisión por un deber propio, menos aún cuando se consagra de manera expresa el Derecho al Trabajo, lo que no permite que mediante el aseguramiento del cumplimiento del deber propio  se pretenda obtener el derecho a trabajar, tal como se hacía al deducir el derecho al trabajo de la obligación social contemplada en el artículo 17 de la C.P. anterior. RELACION LABORAL/CONTRATO DE TRABAJO La doctrina jurídica ha diseñado el concepto de la "relación laboral" para caracterizar el fenómeno real de la simple prestación del trabajo  como generadora de derechos para el trabajador, al margen del concepto estricto del contrato de trabajo, y que el artículo 53 consagra entre los principios constitucionales que debe desarrollar la ley estatutaria del trabajo el de la "primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales". Ref: Expediente No. T-771 Derecho al Trabajo en la Constitución Política. Actor: YANETH ROCIO PACHECO CHIQUILLO Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobado según Acta No. 02 Santafé de Bogotá D.C., Mayo Veintiocho (28) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el Grado Jurisdiccional de Revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES La señora Yaneth Rocio Pacheco Chiquillo, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, demanda actuación de LEONOR AROCHA PRADA, en su condición de jefe de la seccional del Instituto  de Bienestar Familiar Zona 2 y de GERMAN ARIAS JURADO, en su condición de Presidente de la Junta de Hogares de Bienestar Familiar de la Urbanización San Martín II, de la ciudad de Cúcuta, con el fin de que se acceda a las siguientes peticiones  : "Que mediante los procesos legales se ordene el reintegro de mi persona en el cargo de madre comunitaria del Hogar Infantil LLUVIAS DE ALEGRIA, ubicado en la calle 2 # 11-04 de la Urbanización San Martín II de la ciudad de Cúcuta". "Que se investigue la conducta asumida por LEONOR AROCHA PRADA y GERMAN ARIAS JURADO quienes abusando de su investidura han puesto al servicio de intereses oscuros un programa de esta naturaleza, pretermitiendo normas legales que regulan la materia". Encuentra fundamento para sus peticiones en las siguientes circunstancias: -  Que desde el 15 de enero de 1990 fue nombrada madre comunitaria por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante el procedimiento requerido para estos casos que consiste en una elección que se lleva a cabo en Asamblea General de Padres Usuarios. -  Que durante su servicio como madre comunitaria ha cumplido "a cabalidad con las funciones para las cuales fuí elegida y ahora me encuentro con la sorpresa en (sic) que LEONOR AROCHA PRADA y GERMAN ARIAS JURADO sin que exista razón valedera me suspenden en mis actividades como MADRE COMUNITARIA pretermitiendo normas muy claras, pues es de simple lógica que como se nombra se destituye y yo fuí elegida por la comunidad para desempeñar  el cargo, que viene NO SIENDO FACULTAD  clara de quienes ahora me retiran del servicio". -   Que "La Junta Administradora, quien posee atribuciones no ha tomado ninguna decisión, pues fue determinación exclusiva de LEONOR AROCHA y GERMAN ARIAS JURADO". -   Que no existe en su contra queja alguna de los padres usuarios, lo cual pretendió demostrar con "la xeroscopia debidamente recibida con fecha enero 21 de 1992 y suscritas (sic) por los padres usuarios y no se tuvo en cuenta". -  Que el señor German Arias Jurado, en su calidad de Presidente de la Junta de Hogares de Bienestar Familiar, "ha desvirtuado los fines para lo cual (sic) fueron creados los Hogares de Bienestar convirtiéndolos en centros "políticos" y al servicio de sus pretensiones (sic)". La  Decision Judicial que se Revisa El Juzgado Tercero Penal Municipal de San José de Cúcuta en sentencia de Febrero cinco (5) de mil novecientos noventa y dos (1992), decide, dentro del término previsto en el inciso 4o. del artículo 86 de la C.N.,  "RESOLVER DESFAVORABLEMENTE la presente ACCION DE TUTELA presentada por YANETH ROCIO PACHECO CHIQUILLO, contra la doctora LEONOR AROCHA PRADA, jefe Zona Dos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el señor German Arias Jurado, Presidente de la Junta Administradora de los Hogares de Bienestar Familiar",  previas las siguientes consideraciones: -   Que el escrito presentado por la accionante, actuando en su propio nombre, es claro "en determinar el derecho constitucional fundamental que considera se le ha violado, como lo es, el derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Nacional)". -   Que "...la  solicitud de tutela expresaba claramente la acción que la motivó, la determinación del derecho considerado como violado con su ubicación dentro de la Constitución Nacional, el nombre de la autoridad pública autora del agravio y demás circunstancias antecedentes al hecho, es decir reunía los requisitos mínimos exigidos en el artículo 14 del Decreto reglamentario y siendo además este Juzgado, de conformidad con el artículo 37 del aludido decreto, competente para conocer de la acción de tutela por tener jurisdicción en el lugar donde se afirma tiene ocurrencia la violación del derecho, se avocó su conocimiento ordenándose su trámite". -   Que no "hay discusión alguna que el derecho en que se estima agraviada la aquí solicitante, es derecho fundamental, que encuentra su sustento y consagración en el artículo 25 de la Constitución Nacional,..." -  Que el "Decreto 2019 de 1989 en su artículo tercero reglamenta la organización de los Hogares Comunitarios de Bienestar, organización que está a cargo del I.C.B.F. y de la asociación de padres, quienes se encargan de seleccionar las madres que estén dispuestas a aportar trabajo solidario". Y que el "artículo 4o. del mismo decreto establece que "la vinculación de las madres comunitarias, así como la de las demás personas y organismos de la comunidad que participen en el programa de "Hogares Comunitarios de Bienestar" mediante su trabajo solidario, constituye la contribución voluntaria de los miembros de la comunidad al desarrollo de este programa y por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones, que para el efecto se organicen, ni con las entidades públicas que participen en el mismo". -  Que no existe relación directa entre el I.C.B.F. y la madre comunitaria, puesto que todas las comunicaciones sobre el manejo técnico y administrativo del programa de Hogares de Bienestar se hace a través de la Junta Administradora. -  Que el I.C.B.F. tiene la facultad de reconocer personería jurídica a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como es el caso de los "Hogares de Bienestar". - Que el I.C.B.F. en cumplimiento de las funciones de evaluación, asesoramiento y supervisiones del buen manejo y funcionamiento de los Hogares de Bienestar, "en el caso concreto de la madre comunitaria YANETH ROCIO PACHECO CHIQUILLO, por las contínuas quejas formuladas ante ese organismo, como se demuestra con las copias aportadas de los  escritos que varios miembros de la comunidad del Barrio San Martín hicieron llegar al I.C.B.F. (vistos folios 12, 13 y 16) tomó la determinación de comunicarlo a la respectiva Junta Administradora de los Hogares de Bienestar". -  Que el "material probatorio evidencia que no se pretermitieron y no se violaron normas que regulan la organización y funcionamiento de los Hogares de Bienestar, así  como tampoco se omitió el procedimiento a seguir para retirar del programa de madre comunitaria a la señora PACHECO CHIQUILLO". -  Que no se ajusta "el caso que nos ocupa a una relación laboral que diere lugar a recurrir a otros mecanismos distintos a la acción de tutela, así como tampoco se trata de un acto administrativo en el que pudiera acudirse ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, es la acción de tutela el mecanismo procedente". -  Que la señora YANETH ROCIO PACHECHO CHIQUILLO no ha sido vulnerada en su derecho al trabajo, ya que el servicio prestado como madre comunitaria en nada se ajusta a una relación laboral, contrayéndose sólo a un servicio voluntario y que el procedimiento para suspender la labor de la madre comunitaria estuvo ajustado a las normas legales establecidas para tal fin.  Por lo anterior considera  que la acción de tutela impetrada por la señora  PACHECHO CHIQUILLO no prospera, y en consecuencia no es dable además el restablecimiento del derecho, porque si bien es cierto que la Constitución Nacional garantiza ese derecho, éste no ha sido vulnerado. La decisión antes relatada no fue objeto de la impugnación a que se refieren los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Procede a decidir la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, sobre el presente caso, previas las siguientes, C O N S I D E R A C I O N E S: 1. La Competencia Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora YANETH ROCIO PACHECO CHIQUILLO, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y  241 numeral 9 de la Constitución Política, desarrollados en  los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2. La materia. La presente decisión comprende además de la revisión de la sentencia que resolvió la acción de tutela instaurada por la señora YANETH ROCIO PACHECO CHIQUILLO, el análisis del alcance de las disposiciones constitucionales sobre el Trabajo, a que ha dado lugar la consideración de este caso. 1o.    EL TRABAJO EN LA CONSTITUCION La Constitución Política de 1991, declara desde su artículo 1o. que Colombia "es un Estado social de derecho...". Este precepto no solamente impone la conformación de una estructura orgánico-institucional que se encargue de administrar servicios y de adelantar intervenciones en el campo económico y social, para venir así a abandonar el esquema del Estado  Liberal del siglo XIX, según el cual el Estado debía dejar libre, en sus relaciones con la Sociedad, a ésta de manera que su función se limitara a mantener el orden público interno y a garantizar la integridad nacional frente a la agresión externa, esquema que ya en nuestro país había comenzado a ser desmontado desde la Reforma Constitucional de 1936. Esta transformación política y jurídica ha llevado a consagrar el Estado Social de Derecho, para  asegurar la inviolabilidad de las libertades y derechos humanos y  adelantar todas las acciones que tiendan a lograr su efectividad total, para buscar que se realicen al mismo tiempo las exigencias de la justicia social. Esto último confiere al Estado Social de Derecho un papel de promotor del desarrollo y la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos políticos y económicos. En esta órbita de aspiraciones políticas y sociales se encuentra en un plano prevalente al Trabajo, que es en las sociedades  un elemento esencial en el orden de la convivencia humana. El Trabajo resulta primordial en razón de que posibilita los medios de subsistencia, y la calidad de ésta, para el mayor número de la población; en razón de que es un factor económico del cual dependen de manera general el crecimiento y desarrollo económicos; y en razón de que de él se desprenden variadas y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes en punto a los intereses que en ellas se traban. Esta naturaleza básica  del Trabajo, reconocida por el Constituyente desde el preámbulo de la Carta, en su contenido finalístico manifiesta su propósito de asegurarlo, de manera prioritaria, en la enumeración entre otros objetivos del Estado,  antecedido sólo del derecho a la existencia individual ("vida") y colectiva ("convivencia"). De  esta  manera  fue  entendida  la dimensión  social  del trabajo,  por el constituyente, según se lee en el "Informe-ponencia para primer debate en plenaria", del siguiente tenor: "La trascendencia de las relaciones laborales en una sociedad moderna, con (sic) los fenómenos empresariales, tecnológicos, culturales, económicos y de seguridad social que no le son ajenos, demandó de las comisiones I y V  de la Asamblea un detenido análisis de las instituciones que a nivel de cánon supremo debían tutelar el derecho laboral en Colombia y de sus repercusiones en el ámbito internacional". "El articulado propuesto para consideración de la Asamblea parte del principio de que el trabajo es la base del Bienestar Nacional, la fuente principal del Desarrollo y el medio de la realización material y espiritual de la persona". "El trabajo no es cuestión que pertenezca exclusivamente a sindicatos y gremios de empleadores, sino que involucra a todos los individuos y sectores sociales. Además de los trabajadores, los estudiantes, los desempleados, las personas vinculadas a la economía informal y los jubilados expresaron a través de las mesas de trabajo sus intereses y aspiraciones. Sobre tal premisa abordamos los aspectos esenciales del ordenamiento laboral, procurando armonizar los criterios de la justicia conmutativa y redistributiva, sin perder el sentido de la realidad social colombiana". (Gaceta Constitucional, No. 85, página 2). Son pertinentes las precedentes consideraciones por cuanto, deben estar presentes en la inteligencia que el intérprete haga de las normas constitucionales en torno al trabajo humano. El texto constitucional regula el trabajo, en varias disposiciones que permiten, como primera precisión, distinguir entre la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y el deber de trabajar. La libertad de trabajo fue consagrada como uno de los derechos del hombre desde la Declaración de Derechos de la Constitución Francesa de 1793 que expresó: artículo 17: "Ninguna clase de ocupación, empleo y oficio puede ser prohibida a los ciudadanos.", artículo 18: "Cada uno puede disponer a su arbitrio de su tiempo y servicio; pero no puede venderse a sí mismo ni ser vendido. Su persona es propiedad inenajenable.  La ley no reconoce el estado de servidumbre; entre el que trabaja y el que emplea solamente puede existir un comercio por servicios que hayan de prestarse y la compensación que por ello haya de darse". Posteriormente fue reconocida por la Constitución Mexicana de Queretaro (1917), la que en su artículo 4o.  la consagró diciendo que "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode".  Este derecho fundamental comprende dos aspectos:  El primero, que otorga al hombre la libertad o derecho para escoger profesión, oficio u ocupación, según su parecer, actitudes, gustos o aspiraciones; sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad (art. 26 C.N.).  El segundo aspecto, se refiere a que la libertad de trabajo no puede traer consigo el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre.  De suerte que es fundamental, que en la ejecución de su relación laboral,  el trabajador conserve su persona y su libertad, sin perjuicio de que deba desempeñar su labor bajo la autoridad del empleador, quien no puede atentar contra la libertad personal de aquél.  Los artículos 16 y 17 de la C.N., prevén el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática, se deduce la libertad de trabajo, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 del mismo Estatuto Superior, según el cual toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Se entiende por libertad de trabajo, de acuerdo con la Carta, una expresión de la personalidad, voluntaria y no sometida a dominio o imposición ni del Estado ni de los particulares, para escoger profesión y oficio. El derecho al trabajo tiene una historia accidentada. Se han presentado dificultades para incluirlo en los textos constitucionales, como fue el caso de la República Federal de Alemania, donde se consideró inconstitucional, con base en el criterio de que resultaba extraño a la estructura económica prevista en la misma constitución. El siglo XIX , muestra el esfuerzo realizado para que este derecho, tenido por revolucionario y desestabilizador, pudiera alcanzar rango constitucional sólo a partir de la presente centuria y como resultado de la función social impuesta a la economía, al rediseñarse el Estado Liberal, convirtiéndolo en un Estado garantizador, también denominado Estado Social de Derecho. En adelante, en ese marco, adquiere el derecho al trabajo la dimensión  de un logro del reformismo acordado, o, en las voces de la Constitución colombiana, concertado, (art. 55 C.N.), para resultar compatible con la libertad de empresa y las economías  de mercado. El artículo 25 de la C.N. consagra el derecho y deber del trabajo, indicando que  gozarán de la especial protección del Estado.  El Derecho al Trabajo, se reconoce a toda persona "en condiciones dignas y justas", y en un desarrollo posterior más detallado, trae la Carta Política, disposiciones, tales como el artículo 52, que consagra el derecho al aprovechamiento del tiempo libre, es decir, del no trabajo, reconociendo en favor de los trabajadores y de las personas en general, el derecho a la recreación y a la práctica  del deporte; el artículo 54 que impone la obligación al Estado y a los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran y al Estado  en especial la obligación de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud; el artículo 55, que garantiza el derecho a la negociación colectiva y el deber del Estado de concertar  los conflictos colectivos del trabajo;  el artículo 56, que garantiza el Derecho de Huelga; el artículo 57 que autoriza al legislador para propiciar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; el artículo 58 que obliga al Estado a proteger y promover las formas  asociativas y solidarias de la propiedad; que constituyen previsiones del Constituyente, orientadas todas a fijar las  condiciones generales del Derecho al Trabajo en la Sociedad Colombiana. Especial mención requiere el artículo 53 de la Constitución Nacional, frente a las acciones que se analizan. Esta norma ordena al Congreso  expedir un estatuto del trabajo que tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios constitucionales: igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de derechos laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; interpretación favorable al trabajador; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones  laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la  mujer, a la maternidad y al trabajo del menor.  Todos estos principios consolidantes del Derecho al Trabajo tienen por mandato expreso de la Carta, rango constitucional.  De otra parte, entendido en el sentido de que no se sacrifican tampoco las demás libertades del hombre, el Derecho al Trabajo depende de elementos objetivos como las posibilidades fiscales del Estado y las variables económicas y sociales generadoras de empleo. Por eso, este derecho en sus desarrollos concretos, previstos en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 64 de la C.N., fue regulado por el mismo poder soberano en la categoría que denominó de los "Derechos Sociales Económicos y Culturales", lo que le dá categoría de derecho asistencial, y por lo tanto  desde este específico punto de vista no es objeto de la acción de tutela prevista en el estatuto fundamental. Ahora bien, no cabe duda que el derecho del trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. De ahí que su constitucionalización haya sido el resultado de un largo y difícil proceso histórico, en cuyo fondo aparecen las grandes luchas políticas y sociales por la libertad del hombre.  Por eso se ha señalado que, en el marco de la libertad económica consagrada por el Estado Liberal, la libertad de trabajo es el instrumento para que se realicen los fines individuales y el Estado sólo debe establecer reglas que permitan a cada hombre un salario suficiente para satisfacer sus necesidades.  En una  evolución posterior, históricamente se considera el trabajo como una función social en que se conjugan el derecho y el deber de trabajar, con la especial protección de un Estado que interviene en la vida económica y social. Ciertamente el derecho al trabajo está hoy encuadrado entre los derechos sociales y libertades económicas, pero es claro que, como lo ha señalado la doctrina en estas materias, los derechos sociales no constituyen más que una parte de las libertades de contenido económico, que a su vez constituyen un conjunto más desarrollado de las libertades públicas. Analizado desde este punto de vista, el derecho del trabajo implica el derecho a obtener un empleo.  Pero ello no quiere decir, como también se encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo  ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo.  Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito  y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público.  En el sector privado, inclusive bajo las formas relativas de libertad de empresa que coexisten con la dirección económica a cargo del Estado, el derecho del trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que le permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al trabajo, aún en el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre quienes se hallen en determinadas circunstancias. Por tanto, este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás  libertades y garantías consagradas en el Estatuto Fundamental. El Deber del Trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Carta, de algún modo resulta una fórmula de equilibrio frente al reconocimiento del Derecho al Trabajo.  Si éste se admite, aquél se exige. Pero  qué es propiamente la obligación del trabajo?.  No puede ser la posibilidad de imposición de trabajos forzosos y debe distinguirse también de la posibilidad de obligar al cumplimiento de determinadas actividades laborales con el fin de obtener ciertos beneficios, tal es el caso de las tareas de prestación de servicios cívicos, que no pugna con la Constitución. Lo que interesa dilucidar ahora es si este deber de trabajar puede ser objeto de la acción de tutela, y resulta evidente que mal podría entenderse que hubiese posibilidad de demandar del Estado o del particular una acción u omisión por un deber propio, menos aún cuando se consagra de manera expresa el Derecho al Trabajo, lo que no permite que mediante el aseguramiento del cumplimiento del deber propio  se pretenda obtener el derecho a trabajar, tal como se hacía al deducir el derecho al trabajo de la obligación social contemplada en el artículo 17 de la Carta Política anterior. Las consideraciones expuestas acerca del trabajo y de su regulación constitucional, a las cuales habría que agregar los efectos que la Carta Superior proyecta sobre el trabajo como consecuencia de la organización económica y social que ella dispone, muestran, en criterio de la Sala, que el derecho del trabajo considerado como libertad de trabajo tiene el carácter de derecho fundamental, objeto por lo mismo de la acción de tutela. Siendo ello así, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demandante. 2o.  LA REVISION DE LA SENTENCIA Se detiene la Sala en cada uno de los argumentos que toma en consideración el Juez Tercero Penal Municipal de San José de Cúcuta, para resolver desfavorablemente la presente acción de tutela, presentada por Yaneth Rocio Pacheco Chiquillo, contra la doctora Leonor Arocha Prada, Jefe de la Zona 2 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el  señor German Arias Jurado, Presidente de la Junta Administradora de los Hogares de Bienestar Familiar. Estima el Juez que el Derecho al Trabajo es fundamental y por lo tanto susceptible de amparo mediante acción de tutela en razón de los enunciados del artículo 25 de la Carta, por encontrarse situado en el Capítulo Primero, Título Segundo de ese Estatuto Superior. Considera el Juez, que la vinculación de las madres comunitarias, así como la de las demás personas y organismos de la comunidad que participen  en el programa de "Hogares Comunitarios de Bienestar", mediante su trabajo solidario, constituye la contribución voluntaria de los miembros de la Comunidad al desarrollo de este programa y por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones, que para el efecto se organicen, ni con las entidades públicas que participen en el mismo, conforme a lo establecido en el artículo 4o. del Decreto  2019 de 1989. Sin perjuicio de la muy probable veracidad de la definición conclusiva a que llega el Juez, sobre la inexistencia de relación o contrato laboral entre la madre comunitaria y la Junta de Padres de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en sede de tutela, no resulta técnicamente aceptable dicha definición como fundamento para el fallo, si se tiene en cuenta que no corresponde al Juez de tutela, decidir sobre el derecho que es objeto de la controversia, tarea reservada a la jurisdicción ordinaria en esta especialidad del Derecho o a la jurisdicción contencioso administrativa, según fuere el caso. Cabe advertir sin embargo que en esta materia del trabajo,  la doctrina jurídica ha diseñado el concepto de la "relación laboral" para caracterizar el fenómeno real de la simple prestación del trabajo  como generadora de derechos para el trabajador, al margen del concepto estricto del contrato de trabajo, y que el artículo 53 consagra entre los principios constitucionales que debe desarrollar la ley estatutaria del trabajo el de la "primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales".  Esta primacía se manifiesta en todos los aspectos de la relación laboral.  Es más, algunos doctrinantes llegan a afirmar que el contrato  de trabajo es un contrato realidad, puesto que existe nó en el acuerdo abstracto de voluntades sino en la realidad de la prestación del servicio y que ésta y nó el acuerdo es lo que determina su existencia. Expresadas las anteriores consideraciones, esta Corporación confirmará la decisión judicial revisada no  sin precisar las siguientes conclusiones: -   Que el derecho a la  existencia de un contrato laboral y el derecho a un reintegro como consecuencia del cumplimiento del mismo, tienen rango legal, cuya protección debe pedirse ante las autoridades judiciales competentes, y, por otra parte, se puede  recurrir al mecanismo transitorio cuando exista un perjuicio irremediable, conforme a lo previsto en el  artículo 86 de la C.N.. -  Que existen otros medios judiciales para hacer valer los derechos que se demandan. En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, en esta Sala de Revisión de tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.-   Confirmar la sentencia del Juzgado Tercero Penal Municipal de San José de Cúcuta, de febrero 5 de mil novecientos noventa y dos, mediante la cual rechaza las pretensiones demandadas en acción de tutela por la señora Yaneth Rocio Pacheco Chiquillo, por las razones precedentes. Segundo.-  Comuníquese al Juzgado Tercero Penal Municipal, de San José de Cúcuta la presente decisión para que sea  notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. COMUNIQUESE Y CUMPLASE, FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-015-92 Sentencia No Sentencia No. T-015/92 ACCION DE TUTELA-Objeto/DERECHOS FUNDAMENTALES La acción de tutela está prevista como un mecanismo procesal específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando estos sean violados o se presente  amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. Es un medio específico, porque se contrae a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, de modo actual e inminente, y no a otros, y conduce, previa la  solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado pueda acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES No se puede ubicar la  controversia planteada en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado en el art. 67 de la CP como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el art. 42 del Decreto 2591 de 1991, puesto que la naturaleza social de éste, y su dependencia de la suprema inspección y vigilancia del Estado, no admiten su discusión en sede de tutela si no aparece violación o amenaza de violación contra alguno de aquellos derechos fundamentales. En caso de conflictos de intereses y de obligaciones  sobre  el derecho constitucional a la educación, éstos se resuelven por las vías Administrativa, Disciplinaria o Gubernativa, o llegado el caso, por las vías judiciales ordinarias o contencioso-administrativas. DERECHO DE PROPIEDAD/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas  y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social. Por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el CC y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos  como el que se resuelve, existen múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos  que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o amenazado, y que pueden ser utilizadas por sus titulares. SALA DE REVISION No. 5 REF : Expediente No. T-265 Acción de Tutela interpuesta contra la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga. Peticionaria: BLANCA MARITZA  SUAREZ ROJAS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ. -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobado por Acta No. 2 Santafé de Bogotá D.C., mayo veintiocho (28) de mil novecientos noventa  y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, compuesta por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Diaz, previo estudio del Magistrado Ponente resuelve sobre la sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Tercero Civil  Municipal de Bucaramanga el veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992). I. ANTECEDENTES A. La Petición: 1. Con fecha de enero trece (13) de mil novecientos noventa y dos (1992), Blanca Maritza Suárez Rojas mayor de edad y ciudadana en ejercicio, presentó ante el Juez Civil Municipal de reparto en la ciudad de Bucaramanga (Santander), un escrito en el que ejerce la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política contra la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. 2. Los hechos que señala la peticionaria como causa del ejercicio de la citada acción, se resumen como sigue: a. La peticionaria, en su condición de estudiante de la mencionada Universidad debe cancelar para cursar el primer periodo lectivo correspondiente al año de 1992, la suma equivalente al 50% del valor de la matrícula fijada. Esta obligación económica se fundamenta en la resolución número 399 de 1991 proferida por la misma Universidad que ordena dar por terminado anticipadamente el desarrollo del segundo periodo lectivo del año 1991 y reconocer, de los valores pagados en aquél sólo el cincuenta por ciento (50%), e imputarlos para el del siguiente. b. La situación descrita es resultado del conflicto entre los trabajadores y los estudiantes de una parte, y las directivas de la Universidad por la otra, lo que por diversas razones condujo a la parálisis de las actividades laborales y académicas de la Universidad, desde el cinco (5) de Agosto hasta el cinco (5) de Diciembre de 1991. c. La peticionaria sostiene que la Universidad eludió sus responsabilidades académicas y administrativas y es por ello responsable de la "crisis" que paralizó las actividades de la Universidad. 3. La accionante pide que se le garantice el Derecho Constitucional a la Educación; que se ordene que la resolución mencionada no produzca efectos y que se le reconozca el cien por ciento (100%) del valor de la matrícula pagada para el segundo periodo lectivo de 1991,  como imputado al pago del valor de la matrícula correspondiente al primer periodo de 1992. 4. La peticionaria no formula concepto jurídico especial, ni fundamenta las peticiones en algún juicio de constitucionalidad; sólo señala de modo breve y sucinto los hechos que se resumen y se contrae a reclamar la defensa del derecho Constitucional a la educación. B. La Sentencia que se revisa. 1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, al que le correspondió por reparto el conocimiento y la resolución de la petición formulada, produjo la decisión correspondiente dentro de los términos constitucionales y legales y resolvió "NEGAR la tutela solicitada por BLANCA MARITZA SUAREZ ROJAS..." 2. La Sentencia que se revisa fundamenta su resolución en las consideraciones jurídicas que se resumen, así: - La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, procede igualmente contra particulares que se encuentran encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión; además, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece los casos en que la acción de tutela procede contra particulares y entre ellos señala el de los encargados de la prestación del servicio público de educación, cuando se trate de la protección judicial de los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. - En el caso planteado por la peticionaria se debe dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 42 y siguientes del citado Decreto, toda vez que la acción se dirige contra un "Centro de Educación Superior de Carácter Privado". - La peticionaria pide que le sea tutelado el Derecho a la Educación; que se deje sin fundamento la Resolución No. 399 del 5 de Diciembre de 1991 del Director Seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia y que se le reconozca el "100% de la matrícula ya cancelada desde el mes de julio de 1991 por un semestre que no comenzó". El juzgado interpretó la acción en el sentido de que ella se dirige a obtener el amparo y protección al derecho constitucional de la propiedad privada de la peticionaria, ante la supuesta  violación generada por la nueva obligación económica establecida por la citada resolución del Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia -Seccional Bucaramanga-; en este orden de ideas, se detiene brevemente en el examen del ámbito de la nueva noción de Derechos Constitucionales Fundamentales, para determinar si el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 58 de la Carta Política, queda comprendido dentro de aquella noción, y si es de aquellos derechos que son objeto de la protección que implica la Acción de Tutela. Concluye este punto señalando que el citado derecho a la propiedad privada, al no quedar comprendido en el Capítulo I del Título II de la Constitución Política que trata específicamente de los Derechos Fundamentales, no es objeto de la Acción de Tutela cuando resulte amenazado o vulnerado, y que, por tanto, debe denegarse la petición que allí examina. Añade que el punto relativo a si la alumna debe o no pagar  el cincuenta por ciento (50%) del valor de la nueva matrícula, y si la entidad docente debe reintegrar dicha suma a la alumna matriculada y cumplir la obligación de impartir la educación correspondiente al semestre no cursado pero pagado debidamente, debe debatirse ante el Juez competente y por el procedimiento ordinario contemplado en la Ley. En su concepto, la actuación de la Universidad desconoció el derecho constitucional a la propiedad privada al generar el incumplimiento del contrato de educación; empero, lo anterior no se puede debatir en sede de tutela, pues como advierte, no obstante ser aquél un derecho constitucional, no tiene la categoría de fundamental ni queda comprendido por la acción de tutela. Por otra parte, el juez advierte en la situación examinada que se podría generar la eventual violación al Derecho a la Educación, que en su juicio si es fundamental, por quedar comprendido en el artículo 27 de la Carta (Capítulo I del Título II), pero solo antes de que se produjera la cancelación del semestre, y así,  cualquier alumno podía pedir que se abriera la Universidad y se dictaran las clases respectivas después de la matrícula. II CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera :   La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo  dispuesto por los artículos 86, inciso tercero  y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del  Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda :   La Materia Objeto de la Revisión En primer término encuentra la Sala que ante los distintos despachos judiciales de Bucaramanga, varios grupos de peticionarios, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, presentaron otras tantas solicitudes de tutela relacionadas todas con el mismo objeto y con la misma situación jurídica que motivó la acción resuelta por la providencia que se revisa en esta oportunidad;  ahora bien, como dichas solicitudes y los respectivos fallos se ocupan del examen de la misma situación jurídica planteada en el caso de la referencia, procede la Corte a pronunciar su juicio,  y a fijar su interpretación al respecto de la materia en cuestión, sistematizando los argumentos en los que unas y otros se fundamentan. En este apartado cabe hacer un breve resumen de las distintas solicitudes, así: Como se desprende del resumen de los hechos planteados por la solicitante, se encuentra que se trata de un conflicto de intereses primordialmente económicos, suscitado por la orden  interna de cancelación de un periodo lectivo en una Universidad de carácter privado,  al considerar aquella institución que resultaba imposible adelantar  las labores propias de la actividad académica y administrativa ante el conflicto laboral planteado con los trabajadores y los profesores de dicho Centro Privado, que presta el servicio público de educación. Se demanda principalmente la actuación de las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga -INDESCO-, quienes ordenaron la cancelación del segundo semestre académico del año 1991 y  la imputación  para el pago de la matrícula del primer semestre académico del año 1992,  sólo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula pagada en el semestre cancelado. En líneas generales, se tiene que los peticionarios solicitan la especial protección por la vía de la Acción de Tutela para obtener la defensa de los siguientes derechos que estiman en las solicitudes como constitucionales fundamentales: 1. El Derecho Constitucional a la Educación, que se estima violado porque, en juicio de los peticionarios, la Universidad contra la que se dirigen impidió su natural ejercicio, al condicionar  el acceso de los estudiantes a un periodo lectivo, al nuevo y adicional pago, así sea parcial, de un derecho que fue cubierto plenamente con anterioridad. Sostienen en este sentido que el nuevo cobro de los derechos de matrícula es un medio para restringir dicho Derecho Constitucional fundamental, pues, una vez pagados los costos correspondientes a un periodo de estudios, el Centro Universitario se encuentra en la obligación constitucional de impartir la educación, y no puede cobrar un incremento como condición  para recibir a los estudiantes, sin eludir el cumplimiento del citado Derecho Constitucional a la Educación. Además, los peticionarios señalan que dicho derecho resultó desconocido porque la Universidad no puso a disposición de los estudiantes, durante el periodo académico cancelado, al personal docente necesario para impartir la educación a que se comprometió. 2. El Derecho Constitucional a la Propiedad privada, resulta violado en opinión de algunos de los solicitantes porque la Universidad se apropio de parte de los derechos de matrícula correspondientes al semestre académico que no se adelantó ni cumplió por su culpa y causa. Además, indican que la Universidad no dispuso adecuadamente los medios docentes necesarios y el personal de profesores requerido para adelantar las actividades para las que se había comprometido, apropiándose de esta manera de los valores pagados como derechos de matricula. Tercera: La Acción de Tutela contra Particulares y y el Servicio Público de la Educación Encuentra esta Sala de Revisión que la cuestión que se debate en las actuaciones judiciales correspondientes a las acciones de tutela presentadas con ocasión de la fijación y cobro del valor de la matrícula para el primer semestre de estudios de 1992, en la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga, no es de tal naturaleza que afecte en la forma exigida por la Carta el Derecho a la Educación como derecho constitucional de la persona o como servicio público (arts. 67 y 68 C.N.), ni a la libertad  de enseñanza como derecho constitucional fundamental (art. 27 C.N.), ni tampoco al derecho constitucional a la propiedad (art. 58 C.N.), y por tanto las peticiones que se intentaron con dicho fin  en el caso del conflicto de la Universidad Cooperativa de Colombia, no debieron prosperar. Además es claro que la acción planteada se ubica dentro del ámbito jurídico-constitucional de la Acción de Tutela contra particulares, regulada de manera especial por el inciso final  del artículo 86 de la Carta y por los artículos 42 a 45 del Decreto 2591 de 1991; por tal razón la Corte Constitucional aborda su examen teniendo como base las características propias de la institución de la Acción de Tutela en su especial modalidad de procedencia contra acciones u omisiones de particulares.  También  se circunscribe el examen de esta modalidad de la tutela de origen constitucional o legal al objeto de la relación jurídica que regula, es decir a la protección de los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar afectados por particulares en la prestación del Servicio Público de Educación (art. 67 C.N.). En efecto, para la Sala, la Acción de Tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. Es un medio específico, porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados, de modo actual e inminente, y nó a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. En este sentido es necesario destacar, que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de aquellos derechos, cuya autoría debe ser siempre atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No se trata pues, de una vía de defensa de la Constitución en abstracto con fines generales que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una rama del poder público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente, por las vías ordinarias o especializadas. Su consagración constitucional se endereza a señalar un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades establecidos en el Capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular, en los términos señalados por la ley. De otra parte, la Constitución señala que "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión." (Art. 86 in fine). En este sentido y en obedecimiento de la cláusula constitucional que reserva a la ley la regulación del ámbito de procedencia de la Acción de Tutela  contra particulares, dentro del principio de la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales,  el Decreto 2591 de 1991 establece de modo especial en el Capítulo III (arts. 42 a 45), los casos en los que dicha acción puede ejercerse con aquel fin. Además, en el numeral 1o. del artículo 42 del citado decreto se advierte que procede la acción de tutela "cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución." Pero además, en dicho sentido el artículo 45 del citado Decreto 2591 de 1991, establece como límite al ejercicio de la Acción de Tutela, su no procedencia contra conductas legítimas de un particular, así: "Artículo 45.  Conductas Legítimas.  No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular." Esto significa que, a la luz del inciso final del artículo 86 de la Carta,  la Acción de Tutela procede siempre que la acción o la omisión de un particular encargado de la prestación del Servicio Público de Educación sean de tal alcance que con ellas se viole o amenace violar los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a la libertad (art. 13);  a la intimidad y al secreto de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (art. 15); al libre desarrollo de la personalidad (art. 16); a la libertad de conciencia o creencias (art. 18), a la libertad de expresión (art. 20); de petición (art. 23), a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27); al debido proceso (art. 29); a la reunión y manifestación (art.37) y a la libre asociación (art. 38). Así las cosas, también  debe concluirse que en los demás casos en los que la acción o la omisión de un particular que esté encargado de la prestación del Servicio Público de la Educación, afecten otros derechos constitucionales, legales o contractuales, o intereses legítimos de las personas ajenos a los citados derechos constitucionales fundamentales, o sean producto de su actividad legítima, no puede intentarse la citada acción, sino por el contrario, se debe acudir forzosamente a otras vías judiciales ordinarias.  Pero además, del examen sistemático del inciso 3o. del artículo 86 de la Carta se concluye que si existe otra vía judicial para la protección, en dicha relación especial del Servicio Público de Educación prestado por particulares, en cuanto a aquellos derechos fundamentales que forman parte de la lista ordenada por el legislador en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991,  tampoco puede intentarse la Acción de Tutela, salvo la situación excepcional y transitoria  que se menciona para evitar un perjuicio irremediable.  Sin embargo, advierte esta Sala que en este ámbito la virtud garantizadora de la Acción de Tutela adquiere mayor vigor y eficacia por la circunstancia de que históricamente no se ha reglamentado suficientemente, desde el punto de vista legal, la protección  judicial a los mencionados derechos constitucionales a que se refiere esta especial situación, y por tanto tal remedio específico lo incorporó el constituyente con  miras a asegurar la eficacia de estos derechos, con un procedimiento judicial que, como se ha dicho, es preferente, inmediato y sumario. A juicio de esta Sala no puede estar en la razón del Constituyente la confusión de vías y mecanismos judiciales de protección a los derechos constitucionales fundamentales, ni la redundancia ni la falta de coherencia sistemática en los instrumentos de protección judicial a dichos derechos; en efecto, en el orden jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, dentro de las normas que forman el texto de la Carta, prevalece el postulado de que el conjunto de las normas constitucionales forman una totalidad sistemática y coherente que excluye las contradicciones y antinomias entre sus distintas disposiciones normativas. En este sentido, es claro que en presencia de la vía judicial ordinaria con la salvedad anotada, o ante la amenaza de lesión o del agravio a otro derecho constitucional distinto de los fundamentales que forman parte de la lista de casos señalados por la ley, o ante intereses legítimos distintos de los que se relacionen con aquellos derechos, no procede la Acción de Tutela contra particulares encargados de la prestación del Servicio Público de la Educación. No queda duda a la Corte sobre la índole y la categoría de los derechos que se cuestionan en el asunto resuelto por la providencia que se revisa;  esto es, se trata principalmente de una controversia contractual de carácter económico en la que lo debatido  es el cumplimiento de muy determinadas obligaciones económicas que surgen de la relación existente entre un centro universitario y algunos de sus estudiantes, que no están conformes con el monto de uno de los extremos del objeto  económico de la relación. También, para fundamentar su petición en dicha controversia, se formulan por los peticionarios, en el estrado de tutela, argumentos fácticos que se enderezan a replantear la controversia laboral interna,  y las relaciones ordinarias entre la institución y los estudiantes frente a la ley y a los reglamentos que regulan dicho Servicio Público.  Ante todo lo anterior, advierte la Corte que la parte del Ordenamiento Jurídico colombiano prevista para regular el ejercicio de la especial competencia del Estado de "inspección y vigilancia del servicio público de Educación", es bien precisa y detallada en lo que hace a acciones, mecanismos, procedimientos y sanciones,  así como a organismos y autoridades administrativas competentes, los que en aquel caso ya se pronunciaron oportunamente sobre la legalidad de la resolución impugnada. Dichas actuaciones administrativas bien pueden ser  controvertidas judicialmente ante los tribunales contencioso-administrativos competentes. En dicha controversia no se encuentra ningún vínculo con el Derecho Constitucional Fundamental consagrado en el artículo 27 de la Carta en términos de Libertad de Enseñanza, Aprendizaje, Investigación y Cátedra, y por tanto, la Acción de Tutela planteada no procede por este aspecto.  En efecto, este derecho puede definirse, en líneas muy generales, como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y hace relación a las garantías de que debe rodear el Estado Moderno al individuo con el fin de evitar el oscurantismo, el dogmatismo, las doctrinas oficiales impuestas por regímenes autoritarios, monocráticos, totalitarios o de terror;  igualmente, en el mundo contemporáneo se erige como un freno sustancial al imperio de la tecnocracia y al dominio de la ciencia sobre la libertad. En este sentido, también comprende la actividad de todos los centros públicos y privados organizados con fines científicos, culturales o académicos y de formación profesional, para evitar iguales vicios y deformaciones; aquella  es la libertad que asegura el derecho de educar y de educarse para la libertad y sobre la cual se erigen buena parte de los postulados del Estado de Derecho   y de la Democracia, en sus antiguas y contemporáneas expresiones. Tampoco podría ubicarse la controversia planteada, en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado en el artículo 67 de la Carta como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el citado artículo 42 numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991, puesto que la naturaleza social de éste, y su dependencia de la suprema inspección y vigilancia del Estado, no admiten su discusión en sede de tutela si no aparece violación o amenaza de violación contra alguno de aquellos derechos constitucionales fundamentales.  En caso de conflictos de intereses y de obligaciones sobre aquel derecho, éstos se resuelven y deben resolver por las vías Administrativa, Disciplinaria o Gubernativa,  o, llegado el caso, por las vías judiciales ordinarias o contencioso-administrativas. La petición también se contrae en el fondo a obtener la anulación de un acto de la Universidad que reguló el calendario académico del segundo semestre de 1991 y del primer semestre de 1992, para resolver una situación de conflicto con sus empleados y trabajadores,  que paralizó todas las actividades ordinarias de dicho centro (Resolución 399/91); además, se dirige a obtener, se repite, la anulación de los efectos económicos de la misma actuación administrativa interna, para  que las visicitudes de las obligaciones económicas relatadas (valor, reconocimiento y pago del importe de la matrícula) se resuelvan en favor de los peticionarios. En el primero de los elementos de la petición, como se advirtió,  no se hace presente ninguno  de los derechos constitucionales fundamentales que pueden relacionarse con el Servicio Público de la Educación prestado por particulares para efectos de que proceda la Acción de Tutela;  en el segundo, se trata de una reclamación que por razones económicas busca la anulación de la citada resolución, y no se relaciona tampoco con ningún Derecho Constitucional Fundamental, sino con la pretendida protección de una manifestación contractual del derecho de propiedad. En ninguno de los eventos relatados procede la Acción de Tutela, pues para lograr estos cometidos de protección, el Estado tiene previstos los mecanismos administrativos correspondientes en desarrollo de la "suprema inspección y vigilancia de la Educación" que le corresponde por mandato constitucional desde 1886, reiterado ahora por la Carta de 1991 con el "fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus  fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos";  en estas condiciones, el mismo Estado y los interesados,  que no son sólo los estudiantes, deben actuar conforme a la ley y a los reglamentos y procurar la resolución de aquella clase de controversias por las vías adecuadas, y no por el mecanismo de la Acción de Tutela. De otra parte, encuentra la Sala que en general en el ejercicio de esta Acción de Tutela no existe fundamento en la Carta para invocar como violado el Derecho Constitucional a la Propiedad Privada consagrado  en el Capítulo II del Título Segundo de la Carta (art. 58) como un derecho y una libertad económica.  En efecto, la Carta de 1991 consagra el Derecho de Propiedad Privada como una de las bases fundamentales del sistema jurídico, económico y social, aunque como es lógico recoge también la profunda e importante evolución que se ha cumplido en esta materia por razón de las transformaciones de toda índole que se han llevado a cabo en las instituciones políticas y civiles.  Así el artículo 58 prescribe: "Artículo 58.  Se garantizan  la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. "La propiedad es una función social  que implica obligaciones.  Como tal, le es inherente una función ecológica. "El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. "Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.  En los casos que determine el legislador,  dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. "Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante  el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.  Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente." Vale la pena recordar a este propósito cómo fue reconocido el Derecho de Propiedad como inviolable y sagrado en las Declaraciones del Derecho  de la Revolución Francesa, así: "- La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano  de 26 de agosto de 1789; artículo 17: <Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella  sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija claramente, y con la condición de una indemnización justa y previa>. "- La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 24 de junio de 1793, hablaba en su artículo 1o. de:  que el <Gobierno está instituído para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles> y a continuación señalaba en el artículo 2o.: <Estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad>." Ahora bien:  ya se ha señalado anteriormente como el concepto de derechos fundamentales es de suyo difícil, y cómo, según prescribe el artículo 94 de la Constitución Nacional: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos." Asímismo el artículo 2o.  del Decreto 2591 de 1991 señala, en relación con los derechos protegidos por la tutela que "La acción de tutela  garantiza los derechos constitucionales fundamentales.  Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión." Entonces, si se tiene en cuenta  que el derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social a que se ha aludido más arriba. Que ello es así lo ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Ley 16 de 1972), la que en su artículo 21 prescribe, en primer término, que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes", y, además que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley". El análisis global con la salvedad anotada, coincide con la línea doctrinaria que se puede señalar en la Constitución de España de 1978, que siguiendo los antecedentes de la Constitución de 1931, incluye el derecho de propiedad entre los derechos económicos y sociales, que se reglamentan por la ley ordinaria y son garantizados por las acciones ante los Tribunales Ordinarios o ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo y que por tanto no le atribuye el carácter de fundamental a este derecho. Este mismo tratamiento es consagrado por la Constitución Italiana (artículos 42, 43 y 44) y por los artículos 14 y 15 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania que, según interpretación de su Tribunal Constitucional  (Sentencia de 18 de noviembre de 1962), no consideran la propiedad un derecho fundamental por sí mismo, sino "en cuanto se encuentra en relación íntima con la libertad  personal" (Parada Vásquez José Ramón, en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría.  Tomo II, p. 1271). Otra cosa es que, por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el Código Civil y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos como el que se resuelve en esta revisión de tutela existan múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o  amenazado y que por tanto bien pueden ser utilizados por sus titulares, con los señalados fines. En mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil  Municipal de Bucaramanga el veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992) en el caso de la petición de tutela presentada por BLANCA MARITZA SUAREZ ROJAS. Segundo: Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General NOTA DE RELATORIA: Las sentencias Nos. T-15 a T-220, corresponden a las acciones de tutela interpuestas contra la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Se publica únicamente la sentencia T-15, ya que los mencionados fallos se profirieron en el mismo sentido.

T-222-92 Sentencia No Sentencia No. T-222/92 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR_ La intimidad es un derecho que se proyecta en dos dimensiones a saber: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida como secreto, atentan contra ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las investigaciones también ilegítimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, en cambio, trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. Es claro que los atentados contra la intimidad pueden entonces provenir tanto de los particulares como del Estado. Se ha creído necesario proteger la intimidad como una forma de asegurar la paz y tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Se quiere garantizar con el Derecho al libre desarrollo de la personalidad la libertad general de actuar, de hacer o no hacer lo que se considere conveniente. Por tanto, se inscribe en el amplio ámbito de la libertad y en todas aquellas manifestaciones en que el ser humano se proponga autónomamente realizar las más diversas metas. Su compleja naturaleza hace que la protección que le depara el ordenamiento cobije las relaciones del hombre en el campo social, político, económico y afectivo, entre otras. En virtud de este derecho el Estado no puede interferir el desarrollo autónomo del individuo sino que, por el contrario, debe procurar las condiciones más aptas para su realización como persona. DERECHO AL TRABAJO En la Carta del 91 se observa  un bien significativo cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo. En efecto, es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. (Artículo 1). Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad. ACCION DE TUTELA-Eficacia En la hipótesis de existir un medio de defensa judicial distinto de la acción de tutela para proteger uno de tales derechos, como pudiera ser aquí el caso del derecho al trabajo, ello no implica  necesariamente que la eficacia protectora de tal instrumento se extienda a los demás derechos en virtud de un singular fenómeno de absorción que conduciría a la exclusión de la acción de tutela. Cuando lo cierto es, precisamente, lo contrario. Que una correcta aplicación del principio de la efectividad de los derechos determina que la protección otorgada a ellos sea tan inmediata y efectiva, al menos como la que les ofrece la tutela. Es claro entonces, que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 de la Carta debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que hoy le reconoce la Carta a la acción de tutela. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela. REF: EXPEDIENTE T-026 PROCEDENCIA: Juzgado 47 de                                                         Instrucción Criminal de Bogotá. PETICIONARIO: OSCAR JOSE DUEÑAS MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA      BARON La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela instaurado por Oscar José Dueñas Ruíz contra las directivas de la Universidad INCCA de Colombia, resuelto en primera y única instancia por Juzgado 47 de Instrucción Criminal. I.ANTECEDENTES De conformidad con lo establecido en el artículo 86 en concordancia con el numeral 9o. del artículo 241 de la Constitución y los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991,  corresponde   a   la   Corte   Constitucional  en  Sala de selección del caso por la Sala correspondiente, revisar los fallos judiciales dictados  sobre las acciones de  tutela. El presente proceso entró a esta Sala de Revisión el 10 de Marzo de 1992. A. La acción Mediante escrito dirigido al Juez de Instrucción Criminal el Doctor Oscar Dueñas, en su condición de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Estado de la Universidad INCCA de Colombia reclama la protección de sus derechos a la intimidad, a que no se menoscabe su dignidad, su imagen y su buen nombre, a desarrollar libre y creadoramente su personalidad, a que no se amenace su libertad y a que no se le discrimine en su trabajo. Estima que esos derechos le fueron quebrantados por acciones y omisiones de las directivas de la mencionada Universidad, particularmente por la Rectora y  representante legal, Señora Leonor García de Andrade. Como acciones y omisiones violatorias de sus derechos, puntualiza las siguientes: 1. Haberle impedido conocer la planta de profesores de la facultad, desestimar sus apreciaciones al respecto y obstaculizar sus funciones como Decano. 2. Haberlo recriminado la Rectora, por el hecho de hablar dentro de la Universidad con el señor Jorge Delgado, quien al parecer es enemigo de ella y ejercer vigilancia y control muy marcado sobre sus movimientos para indagar quien lo visita y con quien conversa. 3.Presume que su correspondencia es controlada, porque en alguna ocasión  recibió  un paquete con la revista del Tribunal de Cundinamarca y a los pocos minutos la secretaria de la Rectora llegó  a su oficina a preguntar por dicho sobre y por ello se vió  obligado a abrirlo en su presencia y demostrar que no iba dirigido a la Rectora. 4 Manifiesta que otros aspectos de su vida  íntima están amenazados, pero que esos atentados son difíciles de probar sin que ocurra efectivamente la violación. Sobre el particular cita el hecho  de que se han tomado represalias contra personas a quienes tiene gran estima y de haber considerado mal intencionada su actitud de defender los intereses de los estudiantes. 5 Dice que en toda la Universidad se comenta el hecho de que se le quiere minimizar, desatendiendo las importantes propuestas que ha formulado para la Facultad, para que no pueda mostrar hechos concretos ante la comunidad universitaria, afectando su buena imagen, por ser persona de relevancia nacional e internacional. 6. Dice que el Vicerrector Germán Pachón demerita la investigación que hizo para Trieste calificándola de "investigacioncita" y  no le reconoce lo que puede aportar a nivel jurídico y de conceptualización del Estado. Señala que si no cesan los obstáculos al libre desarrollo de su personalidad y las violaciones a su privacidad y a su dignidad, la alternativa que se presenta en la práctica es la cancelación de la relación laboral y por esa razón, ha planteado una conciliación en el Juzgado Laboral, pero no ha sido posible porque las Directivas lo que pretenden es que los empleados permanezcan subordinados a sus criterios. Por último, manifiesta que todos los problemas narrados le han ocasionado una lesión al corazón y el dictamen médico le aconseja buscar otro trabajo pero no ha podido conseguirlo, ni tampoco ha logrado conciliar su salida de la Universidad,  pese a que solo pide una liquidación dentro de los términos legales. B. La primera instancia El Juzgado 47 de Instrucción Criminal luego de decretar y practicar las pruebas pertinentes, resolvió  así la petición: Al evaluar el acervo probatorio estimó  que las pruebas recaudadas no eran suficientes para concluir que el derecho a la intimidad en relación con la inviolabilidad del domicilio, de su correspondencia o de sus papeles privados, había sido violado, pues el incidente en que apoyó el supuesto quebranto no configuraba violación de la correspondencia. Sobre el mismo punto indicó  el juzgado que de estimarse por el accionante que su correspondencia fue interceptada (abierta o sustraída) por empleados de la Universidad lo procedente era instaurar la querella correspondiente para establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad que de ellos se derivara. Consideró también improcedente la tutela como mecanismo transitorio para proteger por ese aspecto su derecho a la intimidad, pues no se lograron determinar los perjuicios irremediables alegados. En torno a las restricciones de comunicación con otras personas, el Juez del conocimiento considera que la Rectora con su conducta violó  en ese aspecto los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad  de los que debe gozar todo ser humano, puesto que ella misma reconoció  haber reclamado al doctor Dueñas, por el hecho de haber estado hablando con el señor Jorge Delgado en su  oficina de la Universidad , dado que las Directivas lo habían declarado persona no grata. El Juez desestimó  los argumentos por considerar que no eran válidos  para que en su  condición de superior jerárquico del peticionario le limitara su trato con otras personas. Por consiguiente, ordenó  a la señora de Andrade cesar todo comportamiento dirigido a menoscabar el derecho reclamado. En relación con la protección del derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política consideró procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, por cuanto el contrato de trabajo tenía previsto que las controversias que se presentaran en la relación laboral durante su ejecución, deberían ser resueltas por arbitradores y de otra parte, se había terminado el contrato de trabajo aduciendo justa causa, sin cumplir con los mecanismos estatutarios que exigían convocar el Tribunal de Honor para juzgar la conducta del  doctor Dueñas, asegurándole oportunidades de defensa, pues para justificar la referida omisión no eran atendibles las explicaciones que rindió  la señora de Andrade, según las cuales, no tuvo en cuenta ese procedimiento por respeto a la personalidad  y a la connotación de lider político que tiene el doctor Dueñas. El juez ordenó  a las partes acudir al arbitramento en un  plazo máximo de 4 meses, con el fin de evitar un perjuicio  irremediable y consideró improcedente ordenar la inaplicación del acto particular que afecta la  situación del actor, por cuanto carecía de elementos de juicio para tomar esa decisión y dejó  la determinación correspondiente al criterio del tribunal de arbitramento. La decisión de primera instancia no fue impugnada. Cuando corría el término para la revisión de la Sentencia de tutela dictada en este proceso, el Doctor Oscar Dueñas Ruíz presentó  ante la secretaría de la Corte un memorial en el cual solicita que la Corporación confirme la protección de sus derechos y acepte jurisprudencialmente que "la acción de tutela se ha instituído entre otros motivos para desactivar conflictos y derrotar la intolerancia". Informa que concilió el aspecto laboral involucrado en la acción de tutela y que fue objeto de protección transitoria por el Juez de primera instancia y considera despejado el camino para que la Corte se pronuncie sobre las violaciones de los derechos fundamentales relacionados con la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, que le causaron graves perjuicios materiales y morales. II CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala estima necesario hacer algunas consideraciones a manera de premisas de su decisión, en el orden que a continuación se indica: A. La acción de tutela Fue propósito esencial de la Asamblea Nacional Constituyente defender  la eficacia de las garantías individuales que tuvo a bien consagrar en la Carta Política. Con esa orientación buscó   acrecer  la capacidad de ejercicio de los derechos fundamentales y creó condiciones de acceso real a la administración de justicia  para su reclamo. Entre los mecanismos de protección diseñó la acción de tutela a través de la cual se promueve el control judicial sobre las acciones y omisiones de los funcionarios públicos y de los particulares que violen o atenten contra los derechos constitucionales fundamentales, a fin de solicitar que el juez ordene su reconocimiento o tome las medidas indispensables para evitar su quebranto. La defensa  de los derechos que ofrece la acción de tutela es integral, en el sentido de que  dada la oponibilidad erga omnes de los derechos fundamentales, no solo procura su vigencia frente al eventual menoscabo que pueda inferirles el ejercicio arbitrario del  poder por parte de las autoridades públicas, sino que extiende la necesidad  de su eficacia al ámbito de las relaciones privadas y por ello permite,  en circunstancias especiales, reclamar su protección cuando la lesión o amenaza del derecho provenga de los particulares. El artículo 86 de Constitución traza lineamientos generales al legislador para que éste señale los casos en que la acción de tutela procede por acciones u omisiones de los particulares. Entre las pautas que deben ser  objeto de desarrollo legal, está indicada la circunstancia de que la persona afectada en sus derechos fundamentales por la conducta de un particular, se halle respecto de éste, "en condiciones de subordinación o indefensión ". El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades atribuídas por el artículo transitorio No. 5 de  la Constitución, reglamentó mediante  el Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela y al desarrollar la autorización mencionada puntualizó  dos casos en que es procedente solicitarla  contra el particular, en  el supuesto de que entre el interesado y éste exista relación de subordinación o indefensión, ellos son: para reclamar la tutela del derecho contra una organización  privada, contra quien la controle efectivamente o fuere beneficiario de la acción y para defender la vida y la integridad. Bajo estas premisas se procede a revisar la decisión judicial adoptada por el Juez 47 de Instrucción Criminal, a fin de verificar en primer término si la acción, dados los contornos en que la ubica el demandante, era procedente de acuerdo con las normas constitucionales y legales que delimitan su ámbito y regulan su ejercicio. El análisis de los argumentos expuestos por el actor permiten concluir que vincula las presiones y molestias de distinto orden que alega le han sido inferidas,  a la relación laboral que tiene con la Universidad, en cuanto señala que todas ellas tienden a obstaculizar sus funciones de Decano, afectan su dignidad  y menoscaban su prestigio, por cuanto expresa: "Todos estos obstáculos al libre desarrollo de mi personalidad plantean en la práctica esta alternativa: o cesan las violaciones a la dignidad y a la privacidad o se cancela la relación laboral". (Las anteriores consideraciones están contenidas en la ponencia original presentada por el Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, que la Sala acoge) En este orden de ideas es claro que se consideran afectados cinco derechos constitucionales fundamentales, cuya protección se demanda, a saber: la intimidad, la dignidad humana, la imagen, el nombre, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas ajenas a toda discriminación. Comoquiera que cada uno de estos derechos posee una autonomía determinada por su propia naturaleza y contenido, lo que no excluye que en ocasiones puedan darse también situaciones de hecho que involucren la simultánea vulneración de dos o más de ellos, es preciso referirnos seguidamente y en forma por demás somera a las peculiaridades propias de los mencionados derechos. B. La intimidad Esta Corte acoge plenamente la doctrina que considera  la intimidad como un derecho que se proyecta en dos dimensiones a saber: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida como secreto, atentan contra ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las investigaciones también ilegítimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, en cambio, trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. Es claro que los atentados contra la intimidad pueden entonces provenir tanto de los particulares como del Estado. Se ha creído necesario proteger la intimidad como una forma de asegurar la paz y tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como frente a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el solo hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada; su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta [1] Visto así, es claro que el derecho a la intimidad se ha vulnerado no sólo por el control indebido de la correspondencia al que se ha visto sometido el peticionario, sino también por las recriminaciones de que ha sido objeto por hablar con cierta persona que no es del agrado de las directivas del colegio. Todas esas conductas son intromisiones indebidas en el ámbito de la vida privada del Dr. Dueñas. Esto lo corrobora, por ejemplo, la declaración que a folio 62 del expediente hace el señor Rafael Fernando Calderón Pulido, empleado de la Universidad, cuando dice: "...Existe un gran temor de los trabajadores, miedo a perder el puesto, miedo a hablar, incluso es muy mal visto por las directivas de la Universidad que se hable con cualquiera de los hijos del rector, se controla o se vigila violando la intimidad de las personas con quien se habla, concretamente una situación que le sucedió al doctor OSCAR DUEÑAS a quien le llamaron la atención telefónicamente y luego fue inspeccionada su oficina, para determinar el porqué estaba hablando con JORGE DELGADO trabajador que había sido despedido, la realidad era que él había entrado a la Universidad en compañía de FABIO ABEL DELGADO, persona totalmente distinta, pero, el ambiente de recelo y de control es tal que por la simple similitud de los apellidos se toman acciones como las señaladas..." C. El respeto a la dignidad humana Este derecho ha sido consagrado expresamente en la Carta de 1991 y estructurado, al igual que el trabajo, como un claro fundamento del orden estatal vigente. Además, constituye un elemento dinamizador de la efectividad de los demás derechos. Su reconocimiento implica, ni mas ni menos,  la categoría suprema del ordenamiento y como tal debe ser respetado por el Estado en todas las circunstancias y con manifiesta prevalencia sobre otras categorías. La desestimación de que han sido objeto las apreciaciones académicas y administrativas del Dr. Dueñas, la obstaculización de sus funciones como decano, el control sobre sus movimientos para indagar quien lo visita y quien conversa, la violación de su correspondencia, la campaña de desprestigio ante la comunidad universitaria, y el menosprecio hacia sus actividades por parte de colegas y superiores, son todas conductas que revelan un irrespeto por la dignidad del ser humano, y en consecuencia, también un atropello contra uno de los fundamentos esenciales de la nación colombiana. Esto se confirma con diversas pruebas  que obran en el expediente, entre otras, el  testimonio de Pedro Quijano Samper, quien, a folio 42, afirma: "... Personalmente me consta el trato que se le ha dado al cuerpo de decanos del cual hace parte el doctor OSCAR DUEÑAS RUÍZ. En mi concepto no ha sido un trato respetable y humano hacia personas que llevan laborando con la Universidad muchos años. Se les ha creado a un gran numero de trabajadores de la Universidad una situación insostenible de temor puesto que constantemente se les recuerda a quien deben serle fieles y que puede ocurrirles en caso de disentir o de opinar diferente dentro del ámbito de las posiciones. " Igualmente, las declaraciones de Carlos Arturo Romero Jiménez (Folio 164), "Sí a pesar de que el doctor Dueñas, según mi opinión se caracteriza por ser un hombre discreto y prudente en sus relaciones personales y políticas, hubo momentos en que comunicó en la dirección Nacional de la Unión Patriótica las dificultades que tenía para ejercer libremente y sin traba su actividad política...A la situación de dificultades que tenía por problemas de seguridad por motivo de la guerra sucia, se agregaba ciertos gestos de intimidación y de amenazas que se proferían contra él y su dignidad como hombre de estudio desde la misma dirección de la Universidad. No tengo la menor duda de que este trato afectó anímicamente a OSCAR DUEÑAS..." permiten concluír a esta Sala que los atropellos a la dignidad humana del Dr. Dueñas eran graves y constantes, lo cual, además vulnera también otros derechos fundamentales, que se estudian a continuación. D. La imagen Es el derecho que tiene el sujeto sobre todo cuanto concierna a su apariencia física y moral lo cual conlleva el reconocimiento de una consiguiente facultad de autodeterminación sobre dicha apariencia. Posee, por tanto, una clara independencia funcional con referencia a derechos tales como la intimidad. El hecho que, en virtud de los desplantes contra la dignidad y la intimidad de que ha sido objeto el peticionario, hayan desembocado en comentarios generalizados al interior de la comunidad universitaria, según los cuales se le minimiza y se le impide mostrar sus realizaciones concretas, afecta, en los términos que lo hemos definido, su derecho a la imagen. E. El buen nombre Este derecho ha sido consagrado expresamente en el artículo 15 de la Carta fundamental de 1991, junto a la intimidad. Lo que ya de por sí es indicativo de que el Constituyente quiso también reconocerle un espacio autónomo. En el derecho colombiano es dominante la tendencia a identificarlo con la honra o integridad moral, vale decir, "con el acervo de cualidades que conforman éticamente a cada uno y que, al ser reconocidas, le comunican la admiración, el respeto y la consideración de las gentes"[2] Paralelo con la lesión a la propia imagen, se vulnera el buen nombre del peticionario, cuando todo lo que el peticionario realiza en su actividad académica y laboral, es minimizado, desestimado y se limita la posibilidad de que la comunidad universitaria conozca sus logros y resultados concretos. F. El libre desarrollo de la personalidad También este derecho ha sido consagrado de manera expresa por el Constituyente de 1991 siguiendo en buena medida la pauta del art. 2 de la constitución vigente de Alemania Federal. Se quiere garantizar con él la libertad general de actuar, de hacer o no hacer lo que se considere conveniente. Por tanto, se inscribe en el amplio ámbito de la libertad y en todas aquellas manifestaciones en que el ser humano se proponga autónomamente realizar las más diversas metas. Su compleja naturaleza hace que la protección que le depara el ordenamiento cobije las relaciones del hombre en el campo social, político, económico y afectivo, entre otras. En virtud de este derecho el Estado no puede interferir el desarrollo autónomo del individuo sino que, por el contrario, debe procurar las condiciones más aptas para su realización como persona. Las actitudes de las directivas de la Universidad INCCA hacia el peticionario, indican un afán de impedirle desarrollar su personalidad, de acuerdo a lo que  estime más conveniente. Con ese tipo de actitudes se limita de manera ostensible la posibilidad de que establezca  las relaciones y los vínculos que desee y desarrolle así su personalidad libre y autónomamente. G. El derecho al trabajo El artículo 6 del "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" lo concibe como el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la Carta del 91 se observa  un bien significativo cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo. En efecto, es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. (Artículo 1). Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad. Así se desprende claramente del texto de la propuesta formulada en la Asamblea Constituyente y acogida finalmente por ella, en el sentido de reconocerle en forma expresa al trabajo la categoría del fundamento esencial de la República unitaria. En dicha propuesta se pone de presente que: "...se trata de superar, con todas sus consecuencias, la concepción que ve en el trabajo únicamente un derecho humano y una obligación individual y social... "No se trata, como pudiera pensarse con ligereza, de un simple retoque cosmético o terminológico. Se pretende señalar un rumbo inequívoco y fundamental para la construcción de una nueva legitimidad para la convivencia democrática, que debe nutrir el espíritu de la estructura toda de la nueva carta. En estas condiciones, el trabajo humano se eleva a rango de postulado ético-político necesario para la interpretación de la acción estatal y de los demás derechos y deberes incluídos en la carta así como factor indispensable de integración social." [3] Las barreras impuestas por parte de las directivas de la INCCA al Dr. Dueñas para el normal desempeño de sus funciones y el ambiente injustificadamente hostil que rodea su labor, significan vulneraciones a su derecho al trabajo, que es, como vimos, valor fundante de la nueva legalidad. Estas conductas del patrono configuran también inejecución de sus obligaciones contractuales. La presentación esquemática que hemos hecho de los diversos derechos constitucionales fundamentales que el peticionario estima vulnerados en su caso, nos permite afirmar que ellos tienen claramente un ámbito, una naturaleza, un contenido que les confiere una especificidad y autonomía que obviamente se traduce también en los instrumentos de protección de cada uno de ellos que el derecho vigente consagra. En consecuencia, en la hipótesis de existir un medio de defensa judicial distinto de la acción de tutela para proteger uno de tales derechos, como pudiera ser aquí el caso del derecho al trabajo, ello no implica  necesariamente que la eficacia protectora de tal instrumento se extienda a los demás derechos en virtud de un singular fenómeno de absorción que conduciría a la exclusión de la acción de tutela. Cuando lo cierto es, precisamente, lo contrario. Que una correcta aplicación del principio de la efectividad de los derechos determina que la protección otorgada a ellos sea tan inmediata y efectiva, al menos como la que les ofrece la tutela. Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 de la Carta debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que hoy le reconoce la Carta a la acción de tutela. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela. En el caso sub-examine el peticionario podría tal vez utilizar los instrumentos protectores de los derechos que se derivan de su contrato de trabajo. Pero es claro que ellos serían manifiestamente insuficientes para proteger los demás derechos vulnerados por las razones que se derivan de su naturaleza, contenido y formas de desconocimiento. De otra parte, en el caso que esta Sala analiza no se concreta simplemente la inejecución de un contrato de trabajo por parte del patrono. Esto es apenas una faceta del problema global. Existen desconocimientos de otros derechos atrás mencionados que hacen que en este caso la acción de tutela reuna los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley. Por tanto, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado 47 de Instrucción Criminal porque los hechos aducidos por el peticionario constituyen no sólo indebida ejecución del contrato de trabajo por parte del patrono, pues son actos que desconocen no sólo sus derechos de trabajador y su dignidad sino también su buen nombre y su derecho al desarrollo autónomo de la personalidad. En cuanto a los perjuicios morales y materiales que el peticionario alega que le fueron inferidos, se ordenará en el presente fallo la indemnización en abstracto del daño emergente causado, así como el pago de las costas del  proceso. SENTENCIA En mérito de las consideraciones precedentes, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral primero  del fallo proferido por el Juzgado 47 de Instrucción Criminal mediante el cual se resolvió en el fondo la acción de tutela instaurada por el doctor Oscar José Dueñas Ruíz, en el sentido de acceder a la tutela, como quiera que se han vulnerado no solo los derechos de intimidad y libre desarrollo de la personalidad, sino también los de respeto a la dignidad humana, imagen, buen nombre y derecho al trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ACEPTAR el desistimiento presentado por el peticionario, en cuanto a lo ordenado en el numeral segundo de dicho fallo. TERCERO-. CONDENAR a la Universidad INCCA de Colombia a la indemnización del daño emergente causado al peticionario en el monto que se compruebe ante las autoridades competentes, siempre que no haya sido indemnizado en la conciliación del conflicto laboral de que da cuenta la parte motiva de la presente providencia. CUARTO.- CONDENAR a la Universidad INCCA de Colombia al pago de las costas de este proceso. QUINTO.- ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juez 47 de Instrucción Criminal, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional , cúmplase, JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente -Salvamento de Voto- CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Sentencia aprobada por acta No 3 de la Sala Séptima de Revisión, en Santafé de Bogotá a los diecisiete ( 17 ) días de Junio de mil novecientos noventa y dos (1992) SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA No. T-222/92 ACCION DE TUTELA-Objeto (Salvamento de voto) La sentencia aprobada por mayoría desconoce sin recato que la acción de tutela tiene un marcado fin restitutorio o de restablecimiento y, solo en casos muy extremos, lo tiene resarcitorio o de indemnización y que su función no es tampoco definir derechos controvertidos sino restablecer la situación al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental para asegurar su goce. Aquí, por el contrario, se asumió la competencia para determinar violaciones y para sancionarlas a la manera de los jueces ordinarios y especiales de plena jurisdicción. Se olvidó por completo, en efecto, que la situación fáctica había cambiado en un todo y que ya eran inútiles, extemporáneos e ilógicos los pronunciamientos admonitorios que para el comportamiento futuro de las partes había hecho el juez, dado que las relaciones conflictivas de las mismas habían cesado por alteración sustancial de las circunstancias que ya habían terminado. A mi manera de ver, la sentencia debió haberse limitado a reconocerlo así. ACCION DE TUTELA-Pruebas (Salvamento de voto) La valoración probatoria que hace la sentencia es caprichosa y desafortunada, pues no hay en el expediente comprobación suficiente de los hechos que alega el accionante y que la mayoría sin más ni más acepta. La sentencia pierde de vista que todos los episodios -probados o simplemente alegados- se desarrollaron en el marco de un contrato de trabajo y dentro de una institución que como tal tiene su estructura organizativa; no que la relación laboral sea excluyente y absorba todo lo demás,  pero sí que el entendimiento y evaluación de todos los hechos deben hacerse teniendo en cuenta esta circunstancia englobante. ACCION DE TUTELA/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL      (Salvamento de voto) La parte más increíble del fallo consiste en la condenación a la Universidad y en favor del ex-decano del pago del daño emergente no cubierto por la conciliación laboral y al pago de las costas. Ya se ha dicho que solamente en casos extremos y muy particulares, la acción de tutela tiene carácter indemnizatorio e inclusive es dudoso que desde un punto de vista estrictamente constitucional pueda tenerlo. Me permito comedidamente salvar el voto con relación a la sentencia No. 222 de la Sala Séptima de Revisión que resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor OSCAR JOSE DUEÑAS RUIZ contra las directivas de la Universidad INCCA de Colombia. 1. La sentencia aprobada por mayoría desconoce sin recato que la acción de tutela tiene un marcado fin restitutorio o de restablecimiento y, solo en casos muy extremos, lo tiene resarcitorio o de indemnización y que su función no es tampoco definir derechos controvertidos sino restablecer la situación al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental para asegurar su goce. Aquí, por el contrario, se asumió la competencia para determinar violaciones y para sancionarlas a la manera de los jueces ordinarios y especiales de plena jurisdicción. Se olvidó por completo, en efecto, que la situación fáctica había cambiado en un todo y que ya eran inútiles, extemporáneos e ilógicos los pronunciamientos admonitorios que para el comportamiento futuro de las partes había hecho el juez, dado que las relaciones conflictivas de las mismas habían cesado por alteración sustancial de las circunstancias que ya habían terminado. A mi manera de ver, la sentencia debió haberse limitado a reconocerlo así. No sucedió de esta manera, sin embargo, y después de acceder a una tutela ya superada, la providencia entra sin competencia a declarar la violación de unos derechos ya decretar una responsabilidad, de la cual se hablará un poco más adelante. En este sentido, la ponencia original que no fue aprobada por mayoría decía:  "Finalmente, de todas maneras, a la presente altura del proceso y en el estado actual de los hechos, como la situación jurídica sobre la que versaba la acción de tutela ha cesado y no se trata de imponer sanciones por pasadas violaciones sino, en su caso, de restablecer el derecho conculcado e impedir su transgresión futura, lo cual ahora en estos autos no es posible, no es pertinente -tampoco por ello- hacer ningún pronunciamiento de fondo". 2. Cabe anotar también que la valoración probatoria que hace la sentencia es caprichosa y desafortunada, pues no hay en el expediente comprobación suficiente de los hechos que alega el accionante y que la mayoría sin más ni más acepta.  La prueba puede llegar a establecer que el ambiente que se vive en el claustro mencionado es tenso y particularmente difícil y de hostilidad entre distintos grupos, pero no demuestra que en concreto y en singular se hubiesen cometido actos inconstitucionales contra el actor, quien aparece, también él, más que todo como parte muy activa del conflicto. Además, la sentencia pierde de vista que todos los episodios -probados o simplemente alegados- se desarrollaron en el marco de un contrato de trabajo y dentro de una institución que como tal tiene su estructura organizativa; no que la relación laboral sea excluyente y absorba todo lo demás,  pero sí que el entendimiento y evaluación de todos los hechos deben hacerse teniendo en cuenta esta circunstancia englobante. Es así como el petente no era una rueda suelta y loca en el desempeño de su labor y tuviese todas las prerrogativas de quien sólo es responsable ante sí mismo; como empleado, por el contrario, así fuese de tanta altura como la de decano, hacía parte de una organización a la que debía respeto y subordinación y hacia la cual tenía deberes que cumplir. El libre desarrollo de su personalidad, por ejemplo, estaba sujeto al cumplimiento de tales deberes y esto, que en la Constitución no es absoluto, es cabal resultado del respeto al orden jurídico y a los derechos de los demás, tal como la misma Carta lo indica. De otro lado, no se ve de donde salga el increíble privilegio que se le concede al señor Dueñas de que su trabajo no sea criticado, ni sus iniciativas analizadas, ni sus programas estudiados, ni su comportamiento evaluado, como si se tratara de una persona que no debe nada a nadie, ni responde ante nadie ni por nada, algo así como un espíritu puro y absoluto. 3. Pero la parte más increíble del fallo consiste en la condenación a la Universidad y en favor del ex-decano del pago del daño emergente no cubierto por la conciliación laboral y al pago de las costas. Ya se ha dicho que solamente en casos extremos y muy particulares, la acción de tutela tiene carácter indemnizatorio e inclusive es dudoso que desde un punto de vista estrictamente constitucional pueda tenerlo; de todas maneras, el artículo 25 del Decreto 2591,91 exige los siguientes presupuestos: a. Que "el afectado no disponga de otro medio judicial" para obtener la indemnización, se entiende, pues el problema similar que se plantea al estudiar la acción de tutela ya ha sido resuelto; se trataría en este caso de una acción civil por perjuicios, pues los laborales ya fueron conciliados. Este primer requisito, entonces, no se cumple. b. Que "la violación del derecho sea manifiesta", lo cual está muy lejos de ocurrir aquí, aún dando como probado lo apenas alegado. c. Que sea "consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria", lo cual niego rotundamente en este caso. d. Que la condenación sea necesaria "para asegurar el goce efectivo del derecho", cosas, estas dos, la condenación en el daño emergente y el goce efectivo de los derechos a la intimidad, imagen, etc., que aquí no aparecen como ligados, pues lo uno es compensación patrimonial, dineraria, de un daño y lo otro es el restablecimiento en especie de un derecho que fue violado para que vuelva a gozarse, esto es, son antípodas y excluyentes. Es de advertir que esta condenación no mereció ninguna fundamentación en la sentencia y menos se hizo alusión siquiera a que la Universidad hubiese observado temeridad durante el trámite de la acción de tutela. Fecha ut supra. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado [1](Cfr. Roux André La protection de la vie privée dans les rapports entre L'etat et les particuliers. Económica, París 1983, p.13) [2]Pérez ,Luis Carlos.Derecho Penal. Editorial Temis, Bogotá, 1984, pag.439 [3] Perry Gullermo. Serpa Horacio y Verano  Eduardo. El trabajo como valor fundamental . Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia . Gaceta Constitucional No 63  pag.2.

T-223-92 Sentencia No Sentencia No. T-223/92 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/SOBERANIA DEL PUEBLO- Autodeterminación La tesis de la inimpugnabilidad judicial de las sentencias contrarias a los derechos fundamentales representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a los jueces por ella instituídos,  que así quedan  libres de toda atadura constitucional para coartar la democracia y los procesos sociales a través de los cuales germina y se expresa la voluntad popular. No hay democracia sin autodeterminación del pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacia el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales; ni respecto a los derechos fundamentales si su violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse. JURISDICCION CONSTITUCIONAL/PREVALENCIA DE LA CONSTITUCION POLITICA La jurisdicción constitucional y el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución, se orientan a preservar la división que nunca debe soslayarse, entre poder constituyente y poderes constituídos. Esta función esencial se cumple por la jurisdicción constitucional, al impedir que los poderes constituídos (ramas legislativa, ejecutiva y judicial) se aparten de los mandatos y cauces de actuación establecidos en la Constitución. La ausencia de control, tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las sentencias, lleva a que se esfumen los contornos de esta división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/FALLO DE TUTELA-Contenido La acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier derecho constitucional fundamental. En este evento, la actuación del juez de conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales, instancia ni recurso alguno. SENTENCIA DE JUNIO 2 DE 1992 REF. : Expediente T-350 Actor: JORGE CARO COPETE Magistrado Ponente: Dr. CIRO ANGARITA BARON La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados JAIME SANIN GREIFFENSTEIN, CIRO ANGARITA BARON y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-350 adelantado por el señor JORGE CARO COPETE contra las providencias 007 de julio 25 de 1991 del Juzgado Dieciocho (18) Penal del Circuito de Cali y 059 de agosto 14 de 1991 del Juzgado Veintidós (22) Penal Municipal de Cali. ANTECEDENTES 1. El señor JORGE CARO COPETE formuló acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales que, en su sentir, le fueron conculcados por los señores MIGUEL CAMACHO PEREA, RAFAEL H. SALAZAR, LUIS ANGEL TOFIÑO y la señora CLEMENTINA BRAVO DE GOMEZ, miembros de la Academia de Historia del Valle del Cauca, y que no le fueron reconocidos efectivamente en las decisiones judiciales que acusa. Manifestó que contra los citados señores había presentado querella penal por los hechos punibles de injuria y calumnia, por cuanto en declaraciones a la prensa informaron que había sido expulsado de la Academia por malos manejos y deslealtad por el hecho de haber trasladado, por orden de la Alcaldía, los archivos de la institución. 2. La desprotección de los derechos invocados se concretó, según el peticionario, porque dentro del proceso penal se dictó auto de cesación de todo procedimiento en favor de los acusados, haciendo una evaluación de los hechos y de las circunstancias que estima contrarios a la realidad procesal. 3. El afectado solicitó la nulidad de las providencias acusadas y en su lugar que se dictara resolución acusatoria contra los sindicados de los hechos que fueron objeto de querella, en defensa de sus derechos al buen nombre, a la libertad de expresión, a la honra y a la dignidad. 4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en decisión de enero 29 de 1992 negó la tutela por considerar que la acción es de carácter subsidiario y residual y sólo es procedente cuando el acusado no dispone de otros medios judiciales para la protección de sus derechos y tampoco constituye una instancia adicional para controvertir asuntos definidos por la jurisdicción, respecto de los cuales se tuvieron todas las oportunidades de defensa. 5. El Tribunal afirmó que el accionante intervino activamente en el proceso penal, pero dejó agotar el término que tenía para impugnar la decisión final, lo cual hace también improcedente la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues lo que pretende es anular la decisión y continuar un proceso que ya concluyó. 6. La decisión no se impugnó y el expediente fue remitido a esta Corporación para la eventual revisión de la decisión judicial. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. La acción de tutela fue consagrada por el constituyente, como un instrumento para asegurar la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales frente a los agravios que eventualmente pudiesen inferirles las autoridades públicas o los particulares, en los casos que señale la ley. Se buscó, de esta manera, afianzar la prevalencia de las disposiciones constitucionales que los consagran como una seguridad adicional al principio de la supremacía de la Constitución nivel de garantías individuales y en desarrollo del postulado fundamental, conforme al cual, las autoridades del Estado y los particulares están obligados a vivir sometidos al imperio de la Constitución. La acción de tutela fue diseñada como un instrumento ágil y eficaz para amparar los derechos constitucionales fundamentales, restableciéndolos cuando fueren violados, impidiendo su transgresión o interrumpiendo la que ya se hubiere iniciado, mediante una orden que imparte el juez para que el particular o la autoridad actúe o se abstenga de hacerlo, según que la lesión del derecho se produzca por la acción o la omisión de quienes están obligados a respetarlo. 4. El artículo 86 de la Constitución condiciona la procedencia de la acción de tutela a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, ratifica su improcedencia cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial; pero el mencionado precepto aclara que " la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante". El requisito de la disposición de otro medio judicial no se satisface con su mera consagración legal. No basta para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, que es uno de los fines del Estado (CP art 2.), limitarse a verificar si existe o no un medio judicial consagrado en la ley. La existencia objetiva de otras acciones, recursos o instrumentos procesales debe además evaluarse a la luz de su efectividad e idoneidad para proteger los derechos fundamentales, según las circunstancias concretas del caso y la situación del solicitante. Si el medio de defensa judicial existe, pero está fuera del alcance de la persona afectada, por circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin que ello sea el resultado de su conducta negligente, es procedente la utilización de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales. Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no debe verificarse únicamente si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" (CP art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual consulta la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia, que en su artículo 25 ordena la existencia de un recurso sencillo y rápido ante los jueces para amparar a toda persona contra los actos que violen sus derechos fundamentales. Es evidente que si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa ordinarios hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá "de otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través de la acción de tutela. En este caso, es necesario que la protección de los derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes  instancias judiciales. 5. El examen de cualquier acto jurisdiccional no debe ignorar que privilegiar el derecho sustancial constituye el fin principal de la administración de justicia (art. 228 CN). 6. El artículo 86 de la Constitución Política no exceptúa a ninguna autoridad pública de la posibilidad de que en su contra se ejerza por parte de un interesado acción de tutela con el fin de proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales. 7. La  configuración  de la acción de tutela contra acciones u omisiones  de las autoridades que violen o pongan en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos,  indica que no existe en Colombia una presunción  de derecho que ampare la constitucionalidad de la actuación  de los poderes públicos. 8. Afirmar que las sentencias ejecutoriadas son inimpugnables, así ellas puedan violar los derechos fundamentales, sería la aceptación de que los jueces no están vinculados a la Constitución Política, y gozan de poderes ilimitados, con capacidad de reformar materialmente la Constitución. 9. El control integral, general y específico, de constitucionalidad de las leyes, actos administrativos y sentencias persigue que ninguna de las tres ramas del poder público pueda modificar la Constitución. 10. Una sentencia contraria a los derechos fundamentales que pudiera prevalecer sobre la Constitución no obstante su incompatibilidad haría que la Constitución dejara de ser norma de normas (CP art.4) y pauta suprema ordenadora, vinculante tanto para los particulares como para las autoridades. 11. Si no existe un criterio oficial común y público sobre la supremacía de la Constitución en relación con cualquier acto de los poderes constituidos, compartido por las diferentes instancias de producción y aplicación del derecho, se pone en serio peligro la unidad y continuidad del mismo orden jurídico y se allana el camino a su disolución. 12. Tratándose de los derechos y de las garantías  de los ciudadanos, la Constitución no sólo ha querido concederles a las disposiciones que los consagran pleno valor normativo, sino que ha buscado a través de distintos mecanismos y garantías, otorgarles  efectividad. 13. El principio de efectividad de los derechos y garantías (CP art.2) es consustancial al concepto mismo de estado social de derecho que se propone como misión de estado y justificación de la autoridad pública convertir los derechos formales en derechos reales. 14. Una jurisprudencia evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas  del país y consciente de la necesidad de estimular la progresiva y firme instauración de un orden justo,  fundado  en el respeto y efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia con el estado social de derecho. 15. No es posible que una rama del poder público - legislativa, ejecutiva o judicial - cumpla idónea y responsablemente su función si no tiene conciencia de los fines del estado. Ese desconocimiento convierte  las competencias en feudos de poder; el agenciamiento, puramente instrumental de una tarea estatal, en fin del estado mismo; las técnicas organizativas  de la separación de funciones, de simple mecanismo  de racionalización del manejo de la cosa pública,  en pretexto para fundar dentro del estado "pequeñas repúblicas independientes", soberanas e imbuidas  de sus propios fines. 16. Anteponer un pretendido principio de jerarquía como muralla al control constitucional del respeto de los derechos fundamentales por parte de los jueces, equivale  a excluir de una esfera importante de la vida del estado la realización de uno de sus fines más preciados. 17. La conciencia de los fines del estado debe forzar a mantener  un comportamiento oficial coherente. No se puede predicar frente a otros  respeto a los derechos fundamentales y sancionar sus violaciones y, simultáneamente, negar ese escrutinio respecto de sus propios actos. La comunidad perdería toda fe en la Constitución. 18. La inviolabilidad de la Constitución, comprendiendo  cabalmente su cometido, es condición esencial para ordenar la lucha política dentro de la sociedad, establecer y racionalizar el poder público y evitar su abuso y preservar los derechos y garantías de sus miembros. 19. La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado de derecho, razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías - máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana - contribuye a darle contenido, sentido y fin a esta modalidad histórica de estado. Los derechos y garantías representan el repertorio de valores básicos prohijado por la Constitución como base del  consenso social cuyo acatamiento legitima la actuación estatal y cuyo incumplimiento franquea el ejercicio del derecho de resistencia contra el mismo estado y sus agentes. 20. Pretender que las sentencias judiciales no se sujeten al control constitucional no es solamente librar la vida comunitaria al arbitrio de los sujetos privados más poderosos, sino renunciar a la misión  que el estado social de derecho reserva a los jueces: ser los principales  defensores y promotores de los derechos de las personas, lo que equivale a convertirse en los más activos garantes de la convivencia pacífica. 21. La tesis de la inimpugnabilidad judicial de las sentencias contrarias a los derechos fundamentales, representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a los jueces por ella instituidos, que así quedan libres  de toda atadura constitucional para coartar la democracia y los procesos sociales a través  de los cuales germina y se expresa la voluntad popular. 22. La Jurisdicción Constitucional se ha establecido por la misma Constitución como función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales especiales cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y primacía de la Constitución. 23. La  Jurisdicción Constitucional, y el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución, se orientan a preservar la división, que nunca debe soslayarse, entre poder constituyente y los poderes constituidos. Esta función esencial se cumple por la Jurisdicción Constitucional, al impedir que los poderes  constituidos (ramas legislativa, ejecutiva y judicial) se aparten de los mandatos y cauces de actuación establecidos en la Constitución. La ausencia de control en relación con las sentencias lleva a que se esfumen los contornos de esta división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución. 24. La acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo  de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier  derecho constitucional fundamental. 25. La violación actual o potencial de un derecho fundamental es primariamente un asunto constitucional cuya resolución corresponde a la Jurisdicción Constitucional. 26. Los argumentos de diversidad, especialización,  autonomía e independencia de los jueces, desconocen su importante ubicación en la Jurisdicción Constitucional  y la forma particular de estructuración de esta Jurisdicción en el país, que se sirve, como se ha visto, del aparato judicial ordinario para el cumplimiento de su alta misión, lo cual debe llevar a distinguir respecto de cada órgano judicial los asuntos que se incluyen en la esfera de su respectiva jurisdicción y los que pertenecen a la esfera de la Jurisdicción Constitucional. 27. El fallo de tutela no expresa la voluntad del juez que lo emite ni su propósito de dirigir y coordinar la actuación del juez que profirió la sentencia objeto de la tutela, del mismo modo como se desata un recurso jerárquico. Por el contrario, este fallo - y lo mismo puede predicarse del que define su impugnación y el de revisión - se pronuncia en condiciones de independencia para la realización y garantía del control objetivo de constitucionalidad. 28. La revisión por parte de la Corte Constitucional de las sentencias de tutela proferidas por los jueces no va en detrimento de los principios de independencia y autonomía  que guían el funcionamiento de la administración de justicia. La Constitución señala para la Jurisdicción Constitucional a la Corte Constitucional como máximo tribunal en esa materia, al confiarle de manera expresa "la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución" (CP art 241). La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción a que pertenezcan, son para efectos de la acción de tutela jueces constitucionales, torna más necesaria aún la unificación de la Jurisprudencia Constitucional. 29. Cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia  de todo aquello que no  tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales instancia ni recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con ocasión del trámite  de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente  la conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto  ésta haya violado un derecho fundamental o amenace con hacerlo. 30. En razón del principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El juez como instrumento de la justicia y de la paz y no solamente de la ley positiva tiene, en la nueva Constitución, la delicada y excelsa misión de ser con ocasión de cada caso concreto sometido a su decisión, el artífice de ese orden social justo. 31. Tratándose de sentencias que vulneren estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se torne inimpugnable e irrevocable  no obstante el flagrante desconocimiento del mínimo de justicia material  que debe expresar toda sentencia y que sólo se da cuando se respetan y se hacen efectivos  los derechos fundamentales. 32. La celeridad de la acción de tutela - diez días para el fallo y veinte para la definición judicial de su impugnación - no puede suponer dilación en los procesos previamente decididos mediante sentencia. De todas maneras la presentación de la solicitud de tutela no suspende la ejecución de la sentencia o providencia que puso fin al proceso. 33. La acción de tutela contra sentencias no implica reiniciar y asumir el estudio de la litis, sino examinar la actuación del juez frente al respeto de los derechos constitucionales fundamentales. Es sólo la conducta del juez la que es objeto de esta acción y su examen se limita a verificar el obedecimiento o desacato de las normas constitucionales que consagran los derechos. 34. Los jueces en la nueva Constitución son los instrumentos de la defensa de los derechos fundamentales y, por tanto, su conducta de estricto cumplimiento de los mismos debe servir de ejemplo a la comunidad. Cuando esta conducta se examina no se produce congestión o dilación en los procesos, sino cumplimiento de la Constitución que exige que la sentencias en firme y con valor de cosa juzgada sólo sean aquellas proferidas sin haber violado los derechos fundamentales. 35. El solicitante de tutela, señor JORGE CARO COPETE ante la probable violación de sus derechos a la honra y al buen nombre optó por ejercer la acción penal, la cual finalmente acabó siendo desestimada mediante la declaratoria de cesación de procedimiento proferida por el Juzgado Veintidós (22) Penal Municipal de Cali. Posteriormente el mismo peticionario interpuso acción de tutela contra las providencias judiciales adversas a sus pretensiones, sin interponer los recursos respectivos dentro del procedimiento penal ordinario, razón por la cual hay lugar a denegar la tutela solicitada y se procederá por esta Sala de Revisión a confirmar la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en lo que hace a su parte resolutiva. 36. No sobra enfatizar, finalmente, que el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, exige que cuando ésta se instaura contra providencias judiciales que ponen término a un proceso, la lesión del derecho debe ser consecuencia directa de éstas y deducirse de manera manifiesta y directa de la parte resolutiva, además de haberse agotado todos los recursos de la vía judicial, lo cual no se cumple cuando el interesado deja pasar la oportunidad para controvertir las decisiones que le son adversas. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 1992 proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI en el proceso de tutela de la referencia. SEGUNDO.- LIBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente -Aclaración de Voto- CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Séptima de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA No. T-223 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/COSA JUZGADA (Aclaración de       voto) La Cosa Juzgada expresa la autoridad y la eficacia de una sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación y es atributo propio del fallo que indica que ha adquirido carácter definitivo y que el derecho que en él se reconoce se ha tornado indiscutible. La certeza de los derechos y la seguridad jurídica que se adquiere en virtud de la decisión judicial satisfacen el interés general cuya prevalencia garantiza el artículo 1o. de la Carta Política como un principio esencial de nuestro Estado Social de Derecho. Ni las razones históricas expuestas, ni los principios supraconstitucionales que informan los efectos de la decisión judicial, ni los constitucionales que gobiernan el ejercicio de la función, hacen posible admitir la acción de tutela contra decisiones de los jueces amparadas por la firmeza de la Cosa Juzgada. JURISDICCION CONSTITUCIONAL (Aclaración de voto) Afirmar que para efectos y como consecuencia de la consagración de la acción de tutela se ha creado una jurisdicción constitucional con preeminencia sobre la ordinaria es un despropósito, pues tal jurisdicción vendría a estar conformada exactamente por los mismos jueces y tribunales en que consiste la ordinaria con la mera adición de esta Corte y sin que puedan distinguirse sus deberes cuando actúan en una sede o en otra. Nada garantiza que como jueces de tutela van a acertar y no lo van a ser como jueces ordinarios, que sería la única consideración que daría fundamento a una preferencia por la primera máscara de los mismos jueces para que con ella revisen lo que hicieron cuando usaban la otra. No, la jurisdicción que está establecida en nuestro sistema es única y en ella tienen plena vigencia y merecen absoluto respeto los derechos constitucionales. Ref.: Expediente No. T-350 Actor: JORGE CARO COPETE Sentencia No. T-223 de junio 2 de                     1992 Por no estar de acuerdo con los raciocinios expuestos por la mayoría, aunque lo estoy con la resolución que fue la misma que inicialmente propuse, me permito aclarar la motivación que sostengo y decir, entonces, que entiendo que no cabe la acción de tutela contra ninguna providencia judicial -ni siquiera contra aquellas señaladas como pasibles por el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991.  Las razones las tomo de la ponencia que en este mismo asunto sometí a examen de la Sala y que está, por mayoría, no aceptó, dice así: 2o. Improcedencia de la tutela contra las providencias judiciales. 2.1.  La cosa juzgada. El artículo 40 del decreto 2591 de 1991 admite la procedencia de la tutela contra las providencias judiciales que pongan fin al proceso. Entre ellas, desde luego, estaría incluida la impugnada en esta ocasión en cuanto ordena la cesación de todo procedimiento contra los sindicados de calumnia e injuria, dado que la ley le otorga la fuerza vinculante de una sentencia por ser providencia que impide la continuidad del proceso. Corresponde dilucidar si dentro del marco trazado por el Constituyente a la acción de tutela y los principios esenciales que rigen la función jurisdiccional, es posible la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales que han hecho tránsito a Cosa Juzgada. Ahora bien, un análisis retrospectivo para indagar sobre los antecedentes de la institucionalización de la acción de tutela en la Carta Política de 1991 permite verificar que en el informe para primer debate en la plenaria de la Asamblea Constituyente respecto de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y particularmente al definir el perfil de esta nueva institución se expresa: "Con el criterio de simplificar el artículo en la Comisión se suprimieron ciertos aspectos.  Unos, como la referencia a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares.  Otros, porque se consideran que hacen parte de la naturaleza y no requieren enunciarse expresamente; tal es el caso de la acción frente a situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada. "En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos, bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una decisión definitiva de autoridad sobre la materia objeto de controversia, y la acción de tutela no tiene -como en ocasiones si ocurre con el llamado recurso de amparo- el carácter de una instancia adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmente.  Por ésta razón, consideramos conveniente insistir en que éste inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó la Comisión." El proyecto de texto propuesto fue votado con algunas modificaciones, pero en el entendimiento de que era un mecanismo de protección que se pedía ante los jueces, más no contra las decisiones que éstos han dictado para decidir definitivamente sobre el asunto litigioso.  La exclusión de las sentencias como actos susceptibles de ser atacados mediante la acción de tutela en razón a su propia naturaleza, no significa que se haya presumido de derecho que los fallos judiciales se ajustan a la Constitución y a la ley o que el juez es infalible para resolver los conflictos sometidos a su consideración, las cuales serían a estas alturas de la historia pobres teorías sin apoyo científico ni dogmático que han sido desplazadas por una consideración objetiva de su caracterización como principio propio y perteneciente al derecho organizativo del Estado como uno de sus rasgos naturales, como lo es la cosa juzgada, que entraña que contra ellas existen específicos y variados medios de control, a fin de que el particular que se considere afectado en sus derechos pueda obtenerlos, impugnar el fallo que le es adverso y se corrijan eventuales errores judiciales que infrinjan derechos fundamentales y en general para verificar su conformidad con la Constitución y la ley, todo como parte de un prolijo andamiaje de garantías y controles, que la misma constitución hace imperativos por expreso mandato de su artículo 29. Para este efecto, por ejemplo, la legislación prevé medios que permiten solicitar la nulidad del proceso o de una parte y aún de la decisión cuando quiera que ella atente contra las garantías del debido proceso, bien sea porque el juez ha actuado sin competencia o excedido la que le fue otorgada por la ley, no ha observado las formas propias del juicio, ha vulnerado el derecho de defensa, o en fin, ha lesionado los derechos fundamentales de las personas que intervienen en el proceso, así como establece distintos modos y maneras de impugnar las providencias que dictó el juez, los que deben rituarse dentro del proceso y son parte de él. De la misma forma se consagra el recurso de casación contra este tipo de providencias con propósitos que han variado con el tiempo pero que siempre entrañan un control de legalidad del acto judicial. Con el mismo propósito, igualmente, ha consagrado la ley recursos extraordinarios para impugnar decisiones que han hecho tránsito a Cosa Juzgada formal, para obtener la revisión del proceso dentro de un lapso que va más allá de lo estrictamente razonable, a fin de garantizar el mayor grado de justicia y acierto en las decisiones judiciales, casi siempre por circunstancias sobrevinientes, desconocidas al momento de fallar o cuyos efectos no pudieron impedirse. La función jurisdiccional o función de administrar justicia que corresponde al Estado se manifiesta a través de la sentencia o de las providencias que ponen fin al proceso, a las cuales la ley les confiere la misma fuerza vinculante, por ser el instrumento mediante el cual se concreta la aplicación del derecho y se decide definitivamente con fuerza de verdad legal sobre el caso controvertido, con el efecto de que el asunto no puede debatirse dentro de ningún otro proceso. A la decisión judicial que define el conflicto se le reconoce por la doctrina fuerza de Cosa Juzgada o fuerza de verdad legal, por considerarse que sus efectos determinantes son paralelos a los de la ley, dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto. Las características de inmutabilidad e indiscutibilidad que se les reconoce universalmente a las decisiones jurisdiccionales desde el Derecho Romano, origen de nuestras instituciones, es cualidad consustancial de las sentencias que trasciende el campo de lo estrictamente doctrinario o procesal, en la medida en que ellas imprimen certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas y generan certidumbre respecto a los derechos individuales permitiendo la convivencia pacífica.  Esta autoridad de las decisiones judiciales es un concepto metapositivo que debe entenderse incluido en el texto de la Carta como carácter intrínseco, connatural y esencial de las decisiones que son expresión de la potestad de administrar justicia y por tener tan honda significación en la vida de las sociedades políticamente organizadas, es que se obliga a respetar lo decidido por el juez que discierne justicia a nombre del Estado. La Cosa Juzgada expresa la autoridad y la eficacia de una sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación y es atributo propio del fallo que indica que ha adquirido carácter definitivo y que el derecho que en él se reconoce se ha tornado indiscutible. La certeza de los derechos y la seguridad jurídica que se adquiere en virtud de la decisión judicial satisfacen el interés general cuya prevalencia garantiza el artículo 1o. de la Carta Política como un principio esencial de nuestro Estado Social de Derecho. Couture dice:  "Donde hay Cosa Juzgada hay jurisdicción y donde no hay Cosa Juzgada no existe función jurisdiccional" del tal manera que negar el principio equivale a negar la función misma, cuya finalidad primordial radica en la seguridad y efectividad que imprime a los derechos, garantizando la continuidad del orden jurídico y, por tanto, su vigencia no puede quedar subordinada a la protección del interés individual que se discute en la acción de tutela. La interpretación histórica del artículo 86 de la Constitución es auxiliar importante para definir el alcance de la acción de tutela, en la medida en que refleja el carácter esencial de la función judicial y armoniza con lo dispuesto en los artículos superiores 228 y 230 que consagran  principios fundamentales ineludibles, conforme a los cuales debe realizarse la función de administrar justicia. Los postulados contenidos en los artículos citados señalan: "La administración de justicia es función pública.  Sus decisiones son independientes." "Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley." Frente a estos principios de observancia inexcusable no puede entenderse cómo podría conciliarse la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales con las garantías de independencia y autonomía conferidas a los jueces en las normas citadas, para proferir sus decisiones.  Si lo que se persigue con la acción de tutela es que un juez imparta orden para que el funcionario que viole o amenace violar el derecho fundamental actúe o se abstenga de hacerlo, el destinatario de esa orden no puede ser un juez de la República porque la Constitución garantiza que el funcionario judicial para dictar sus providencias sólo está sometido al imperio de la ley. Conviene indicar que la autonomía e independencia del juez para adoptar sus decisiones es un principio secular democrático, que si bien no estaba reconocido expresamente en la Constitución de 1886, era ya acatado por el legislador como garantía esencial del juzgamiento, al punto que las normas sobre competencia funcional, en perfecta armonía con ese postulado, no prescriben que el superior jerárquico pueda, como sucedía en regímenes antiguos ya superados, dar órdenes a su inferior sobre cómo debe resolver el asunto sub-judice, cuando no comparta los fundamentos del fallo y la decisión.  Ante esa hipótesis lo que le corresponde es revocarla y dictar la sentencia que habrá de reemplazar la providencia proferida por el a-quo, mas no imponerle su criterio personal sobre el caso controvertido. Ni las razones históricas expuestas, ni los principios supraconstitucionales que informan los efectos de la decisión judicial, ni los constitucionales que gobiernan el ejercicio de la función, hacen posible admitir la acción de tutela contra decisiones de los jueces amparadas por la firmeza de la Cosa Juzgada. Un control constitucional adicional de las sentencias en el supuesto de considerarse necesario, requeriría de una acción especial diseñada dentro del marco racional de la Ley Suprema del Estado y nó haciendo extensiva una acción que por su naturaleza no fue ideada contra decisiones judiciales y por ello contrasta con los principios señalados, poniendo en peligro la estabilidad de las relaciones jurídicas, al permitir que conflictos definidos en otra instancia procesal, donde ha existido la posibilidad de controversia probatoria y de impugnar las decisiones de fondo, dictadas en el curso del proceso puedan someterse a un trámite preferente y sumario, donde no existe debate probatorio alguno y la controversia debe decidirse en un término improrrogable de 10 días; sin que ello garantice que en esas condiciones la decisión que pueda adoptarse, quede librada de todo margen de error o de injusticia, que pudiese al menos justificar el desconocimiento de los principios fundamentales en aras del interés individual. 2.2.  La jurisdicción constitucional. Afirmar que para efectos y como consecuencia de la consagración de la acción de tutela se ha creado una jurisdicción constitucional con preeminencia sobre la ordinaria es un despropósito, pues tal jurisdicción vendría a estar conformada exactamente por los mismos jueces y tribunales en que consiste la ordinaria con la mera adición de esta Corte y sin que puedan distinguirse sus deberes cuando actúan en una sede o en otra. En efecto, cuando los jueces y tribunales ordinarios despachan los asuntos que la ley les confía con base en la Constitución, lo hacen con sujeción solamente a la ley, que es un concepto claramente extensivo en este caso y entonces comprende también, y en primer lugar, a la Carta Política: igual harían en sede de tutela en la que se busca la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales tanto como en aquella, por donde viene a verse que la distinción no tiene origen ni contornos respetables. En ambos casos y por los mismos funcionarios el derecho aplicable es el mismo y los deberes y fidelidades son iguales, de manera que se trataría de imponer distinciones basadas solamente en rótulos y según se produzca el cambio de careta en forma ilógica y antitécnica. Finalmente, nada garantiza que como jueces de tutela van a acertar y no lo van a ser como jueces ordinarios, que sería la única consideración que daría fundamento a una preferencia por la primera máscara de los mismos jueces para que con ella revisen lo que hicieron cuando usaban la otra. No, la jurisdicción que está establecida en nuestro sistema es única y en ella tienen plena vigencia y merecen absoluto respeto los derechos constitucionales. 2.3.  La subsidiariedad. Como es bien sabido, la acción de tutela no procede cuando exista otro medio de defensa judicial del derecho transgredido o amenazado, "salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Obsérvese, entonces, que no puede haber concurrencia o concierto de medios judiciales, pues siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria; de ahí que pueda afirmarse que la acción de tutela no es un medio tampoco alternativo ni menos adicional o complementario y que no pueda pensarse que ella sea el último remedio, pues su carácter es el de único medio de protección que al ofendido brinde el ordenamiento positivo. Ahora bien, es fácil comprender que si prevalece la acción ordinaria y no procede la de tutela, la preferencia de la Constitución por este remedio es clara y que no se entendería que después de manifestar esa preeminencia y remitir el asunto a esa vía, venga luego a someter el resultado de su ejercicio, trámite y decisión al sistema que desde el principio desechó. Inclusive cuando por la circunstancia especial anotada procede la acción de tutela, así acontece para que tenga efectos efímeros, esto es, hasta cuando la ordinaria defina, por preferencia del mismo constituyente, el punto. Además, al hecho de que el mecanismo transitorio procede solamente y como excepción en el caso que se dejó transcrito, hay que darle todo su significado y cabal sentido en cuanto a que la Constitución no tolera la acción de tutela ni siquiera ante la mera expectativa o pertinencia de un fallo ordinario. 2.4 La supremacía constitucional. Aunque en lo que antecede ya se ha tocado el punto por distintos motivos y varios propósitos, vale la pena insistir en que la Constitución no pierde su primer lugar y que en ningún caso pueden los jueces desconocerla o violarla y menos en puntos tan vitales para la comunidad y cada uno de sus componentes como son los derechos fundamentales que ella reconoce; lo que no parece ni dogmáticamente posible ni políticamente aconsejable es que se sacrifique la administración de justicia, se le entrabe y enrede, se le desacelere y complique en aras del interés individual del tutelante en lugar de asegurársele una acción dinámica, célere, sin intromisiones indebidas como lo requiere y exige el interés general y lo desea la propia Carta Política. Salta a la vista que la jurisdicción es uno de los medios más importantes que ha creado la civilización y que tiene el Estado precisamente para "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y para proteger sus habitantes "en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades" (art. 2o., C.N.) de manera que se conjugan y equilibran los valores bajo la guía del interés general en la debida, pronta y eficaz prestación del servicio público. 3o. Razones específicas de improcedencia de la tutela contra providencias de la naturaleza de la impugnada. En atención a que la providencia que cuestiona el actor tiene el carácter de una decisión absolutoria para los procesados y a las implicaciones que tendría su revisión respecto de las garantías de juzgamiento consagradas en el artículo 29 de la Constitución, se advierte una razón adicional para reafirmar la improcedencia de la acción de tutela en este caso. Como ya se dijo, el auto interlocutorio acusado declara que la acción penal iniciada no puede proseguirse "por cuanto los hechos punibles denunciados, no han existido".  En estos términos se puso fin al proceso iniciado por querella de parte y se ordenó el archivo definitivo del expediente. En la forma indicada se resolvió la situación procesal de las personas involucradas por el doctor Caro, mediante providencia que tiene la fuerza vinculante de una sentencia y por tanto autoridad de Cosa Juzgada, la cual no puede anularse, porque tal decisión desconocería la garantía procesal fundamental de que goza la persona que ha sido juzgada penalmente, a no serlo de nuevo por los mismos hechos y que pone de presente el arraigo constitucional de los efectos de Cosa Juzgada. La existencia de la garantía mencionada genera un obstáculo insalvable de rango constitucional, para que en virtud de la acción de tutela pueda la Sala revisar el juzgamiento de la conducta de los Miembros de la Academia de Historia del Valle, acusados dentro del proceso penal, por cuanto para dar curso a la petición sería indispensable examinar previamente la decisión judicial absolutoria impartida en su favor, a fin de verificar si la conducta en que incurrieron es lesiva de los derechos fundamentales del doctor Caro y ello necesariamente implicaría un doble juzgamiento de la misma conducta, el cual se realizaría en una instancia judicial distinta al proceso penal, pues la acción de tutela no es una tercera instancia de los procesos ordinarios, sino un acción independiente con trámite especial y sumario. Es cierto que mediante esta acción de tutela se pretende que el juez ordene anular la providencia que puso fin al proceso y como consecuencia de la dinámica de los procedimientos éste debería reanudar su trámite.  No obstante, ese mandato no podría darse, sin antes estudiar en sede de tutela su procedencia conforme a los hechos y probanzas, para lo cual resulta indispensable desconocer el juzgamiento que ya realizó, sobre los mismos hechos, el juez por la vía ordinaria, con lo que, además, se violaría también la prohibición de controvertir las pruebas de que resultan tales hechos. El derecho a no ser juzgado dos veces por la misma conducta es como se dijo un derecho fundamental de aplicación inmediata, al tenor de lo dispuesto en los artículos 29 y 85 de la Carta Política y a esa garantía no han renunciado quienes fueron acusados por el doctor Caro dentro de la querella penal instaurada.  Por consiguiente, corresponde a la Corte asegurar la eficacia del fallo absolutorio en guarda del principio non bis in idem y no propiciar el desconocimiento del juzgamiento que ampara a las personas absueltas. Fecha ut supra. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado

T-224-92 Sentencia No Sentencia No. T-224/92 LIBERTAD DE CIRCULACION/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho a la circulación es un derecho fundamental del individuo que atañe directamente a su propio desarrollo material e intelectual, consiste en la posibilidad de desplazarse libremente de un lugar a otro. Es por ello que el juez en un proceso de alimentos, no puede, por su propia voluntad, imponer limitación a este derecho de circulación, más aún cuando, la medida no era la única posible, y existían alternativas viables para no tener que llegar hasta el extremo de hacer nugatorio este derecho. DERECHO AL TRABAJO/LIBERTAD DE TRABAJO La libertad de trabajo, entendida esta como la facultad que tiene toda persona de escoger profesión u oficio y de asegurarse la subsistencia para sí mismo y para su familia, mediante el ejercicio de cualquier actividad productiva que no sea contraria a la ley, a la moralidad, a la salubridad o al orden público. Por lo tanto, esa libertad implica también la facultad de escoger el lugar donde se quiere trabajar. ACCION DE TUTELA CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTOS El contenido y alcance de un auto interlocutorio pueden ser tales que vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales de las partes. A través de los recursos procesales previstos en el ordenamiento, la parte agraviada debe ventilar la correspondiente violación del derecho constitucional; de persistir la lesión, no obstante la interposición de los recursos, la decisión judicial correspondiente puede ser materia de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Es evidente que la  omisión  del recurso a través del cual cabía solicitar el acatamiento de la Constitución, impide que la presunta víctima de la vulneración de un derecho fundamental pueda plantearlo mediante la acción de tutela. SENTENCIA DE JUNIO 17 DE 1992 REF: EXPEDIENTE T-744 PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR                                        DE BOGOTA- SALA DE FAMILIA- PETICIONARIO: JESUS MARIA                                                       JIMENEZ RODRIGUEZ MAGISTRADO PONENTE: CIRO                                                     ANGARITA BARON La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por Jesús María Jiménez Rodríguez contra providencias del Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, y resuelto en  primera instancia por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela del año en curso. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el 10 de Marzo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta  Sala de Revisión de la Corte entrará a dictar sentencia de revisión A . Acción El señor Jiménez Rodríguez actúa como demandado en un proceso de alimentos instaurado por su ex-cónyuge, en representación de sus comunes hijos menores. El Juzgado Noveno de la Jurisdicción de Familia ordenó, entre otras medidas precautelativas, que el demandado no pudiera salir del país, para lo cual ofició al DAS. También embargó unos bienes de su propiedad. El demandado interpone la tutela porque considera que se vulneran varios de sus derechos fundamentales. B. Hechos En primer lugar, desde hace 25 años vive y trabaja en Estados Unidos, lo cual le permite garantizar, como lo ha hecho durante todos estos años, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias; no tiene ninguna expectativa laboral en Colombia, razón por la cual considera que la decisión es contraproducente para sus mismos hijos. En segundo lugar, tiene la calidad de residente en Estados Unidos, la cual se pierde después de salir de ese país por más de un año, plazo que está a punto de cumplirse. En tercer lugar, ha ofrecido un automóvil y un inmueble como bienes susceptibles de ser embargados, pero la juez de familia no los quiso aceptar, por cuanto no garantizan la disponibilidad de dinero en caso de incumplimiento de las mesadas alimentarias. Todo ello lo lleva a concluír que se ha vulnerado su derecho al trabajo y su derecho a la circulación. C. Decisión a revisar La Sala de Familia que conoció de la tutela, denegó la solicitud con base en consideraciones que se pueden resumir así: - La acción de tutela, que busca garantizar ágilmente los derechos fundamentales de la constitución, tiene como requisito de procedibilidad que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es un recurso excepcional y no paralelo. - El solicitante ha dispuesto de los recursos ordinarios dentro del proceso de alimentos para obtener la modificación de la decisión que le impide salir del país. Los bienes ofrecidos en garantía no permiten tener una disponibilidad mensual de dinero mientras termina el juicio. - En esas condiciones, dejarlo salir del país vulneraría los derechos fundamentales de los niños, consagrados en el artículo 44, último inciso de la Constitución Nacional. - "El hecho que el solicitante sólo tenga sus expectativas laborales en otro país, no significa que no pueda trabajar en Colombia" - No se trata tampoco de un perjuicio irremediable que haga prosperar la tutela como mecanismo transitorio, pues si cumple con los deberes legales y alimentarios las cosas pueden volver a su estado anterior, al igual que si es absuelto en el proceso. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. Los derechos vulnerados Con el auto interlocutorio proferido por la Juez Noveno de Familia en el cual se prohibe la salida del país del peticionario se vulneran de manera flagrante derechos fundamentales del peticionario. Por eso, no obstante algunos vacíos procesales imputables al peticionario, ésta Sala tomará medidas modificatorias tendientes a garantizar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Se reconoce que la juez procedió en defensa de los derechos del niño consagrados en el artículo 44 de la constitución, y de la loable intención de garantizar su prevalencia. Con todo, es claro que al proceder así, escogió instrumentos que vulneran otros derechos. Se impone un excesivo sacrificio para una de las partes, cuando ha debido buscarse una coexistencia de los derechos fundamentales de todas las partes en conflicto. Las vulneraciones a derechos fundamentales que emanan del referido auto son de tal naturaleza que llevan a la sala a ocuparse de ellas, pese a que el peticionario omitió interponer los recursos de ley.  En el  entendido de que es la vía justa para aplicar el principio supremo de la justicia firmemente construída en la prevalencia del derecho sustancial, como expresamente lo consagra el artículo  228 de la Carta. B. La circulación, un derecho fundamental Es el primer derecho que se vulnera con el contenido del auto interlocutorio que aquí ocupa a la sala. Está establecido en el artículo 23 de la Carta en los siguientes términos: "todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia" En últimas, consiste en la posibilidad de desplazarse libremente de un lugar a otro, de " ir y venir", como dice Colliard. Es un derecho fundamental del individuo que atañe directamente a su propio desarrollo material e intelectual, el cual está expresamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado" (Art. 13) Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio" Si bien la misma Constitución admite limitaciones de la ley, también es cierto que el juez, en un proceso de alimentos, no puede, por su propia voluntad, imponer esa limitación, mas aún cuando, como en este caso, es claro que la medida no era la única posible y que existían alternativas viables para no tener que llegar hasta el extremo de hacer nugatorio este derecho. C. El derecho al trabajo El trabajo, no sólo como derecho sino como valor fundamental del Estado colombiano (Art. 1 C.N), se vulnera de forma flagrante con el contenido del auto interlocutorio. Para ser más precisos, no se está vulnerando el DERECHO AL TRABAJO, propiamente dicho, sino más bien LA LIBERTAD DE TRABAJO, entendida esta como la facultad que tiene toda persona de escoger profesión u oficio y de asegurarse la subsistencia para sí mismo y para su familia, mediante el ejercicio de cualquier actividad productiva que no sea contraria a la ley, a la moralidad, a la salubridad o al orden público. En conexión con lo dicho en el considerando anterior, ha de entenderse que esa libertad implica también la facultad de escoger el lugar donde se quiere trabajar. Por ello, esta Sala rechaza la afirmación de la Sala de Familia que conoció de la tutela, según la cual: "en torno al derecho fundamental del trabajo, no se encuentra como el Juzgado está impidiéndoselo; el hecho que el solicitante solo tenga sus expectativas laborales en otro país, no significa que no pueda trabajar en Colombia" Muy por el contrario, si el solicitante ha vivido casi un cuarto de siglo fuera del país y es en el extranjero donde puede ejercer mejor la libertad y el derecho al trabajo, se vulnera su derecho fundamental constitucional, obligándolo a permanece en un país en el que no tiene esas posibilidades. La Sala del Tribunal Superior ignora la realidad social del país, al mantener la decisión de impedir la salida al extranjero del peticionario arguyendo que él "puede trabajar en Colombia". Las tasas de desempleo y la difícil situación económica hacen que esa afirmación carezca de sustento en la realidad. Más aún, si el peticionario tiene todos sus vínculos laborales en los Estados Unidos, quizá su permanencia allá sea la mejor garantía del cumplimiento de la obligación alimentaria y de la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales de sus hijos menores. D. Conclusión Como se ha visto claramente en este caso, el contenido y alcance de un auto interlocutorio pueden ser tales que vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales de las partes. A través de los recursos procesales previstos en el ordenamiento, la parte agraviada debe ventilar la correspondiente violación del derecho constitucional; de persistir la lesión, no obstante la interposición de los recursos, la decisión judicial correspondiente puede ser materia de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Es evidente que la  omisión  del recurso a través del cual cabía solicitar el acatamiento de la Constitución, impide que la presunta víctima de la vulneración de un derecho fundamental pueda plantearlo mediante la acción de tutela. No obstante lo anterior, dado que los hechos ponen de presente una manifiesta y palmaria violación de los derechos fundamentales del petente, corresponde a esta Corte, en su función de velar por la preservación de la primacía e integridad de la Constitución, advertir a la Juez Novena de Familia de Santafé de Bogotá sobre dicha violación con el objeto de que en la primera oportunidad procesal respectiva proceda a corregir la actuación cuestionada. De acuerdo con lo expuesto se procederá a modificar el fallo de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Familia- en el sentido de ordenarle a la Juez Novena de Familia de Santafé de Bogotá celebrar una audiencia especial con el objeto de examinar la situación planteada y tomar por su parte la decisión que de conformidad con la Constitución y la ley, asegure el respeto a los derechos fundamentales de las partes. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional. RESUELVE PRIMERO : MODIFICAR la decisión de tutela proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, con fecha doce (12) de Febrero de 1992, en el sentido de ORDENAR al Juzgado Noveno de Familia que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de ésta providencia, CELEBRE una audiencia con participación de las partes involucradas, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, en la forma y para los efectos previstos en  el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente -Salvamento de Voto- CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Sentencia aprobada por acta No 3 de la Sala de Revisión  Séptima, en Santafé de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) SALVAMENTO DE VOTO Sentencia No. T-224 ACCION DE TUTELA CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO/ACCION DE TUTELA CONTRA  AUTOS ( Salvamento de voto) No podrá esta Corte entrar en consideraciones como las hechas en la sentencia que se revisa porque no tiene competencia para conocer del asunto, dado que, sin analizar si las decisiones judiciales pueden o no atacarse en tutela, lo cierto es que, para este concreto caso, basta decir que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no permite la procedencia de la acción sino contra sentencias y otras providencias que pongan fin al proceso, que es precisamente lo que no ocurre aquí. pues los proveídos atacados son interlocutorios dentro de etapas del juicio que ha de seguir y que aquí no termina. Ref. Exp. T-744 Actor: Jesús María Jiménez                                                         Rodríguez Con todo comedimiento me permito salvar el voto de la sentencia No. 224 de 2 de junio del año que corre, que decidió la acción de tutela No. T-744, intentada por el señor Jesús María Jiménez Rodríguez, por la razón que aparece en seguida en la forma como me permití presentar la ponencia inicial que fue improbada por mayoría; decía así: "Ahora bien, no podrá esta Corte entrar en consideraciones como las hechas en la sentencia que se revisa porque no tiene competencia para conocer del asunto, dado que, sin analizar si las decisiones judiciales pueden o no atacarse en tutela, lo cierto es que, para este concreto caso, basta decir que el artículo 40 del Decreto 2691 de 1991 no permite la procedencia de la acción sino contra sentencias y otras providencias que pongan fin al proceso, que es precisamente lo que no ocurre aquí, pues los proveídos atacados son interlocutorios dentro de etapas del juicio que ha de seguir y que aquí no termina. La acción no puede prosperar y así se resolvió en instancia". De otra parte, vale señalar que el punto que en el anterior párrafo se deja en suspenso, esto es, si procede o no la acción de tutela contra sentencias y otras providencias que le pongan fin al proceso, conforme a voces del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en mi opinión en sentido negativo, según he tenido oportunidad de explicarlo in extenso en otro salvamento de voto dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Jorge Caro Copete, T-350, que se falló en sentencia adoptada por mayoría y que está fecha el 2 del presente mes. Fecha ut supra. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado

T-225-92 Sentencia No Sentencia No. T-225 a 400/92 _ ACCION DE TUTELA-Improcedencia/ACTO GENERAL El acto regla o general no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y, por lo mismo, tampoco puede lesionar por sí solo derechos de esta índole, que es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable, por cuya virtud, en consecuencia, ésta no procede. ACCION DE TUTELA-Procedencia/ACTO PARTICULAR/DERECHO SUBJETIVO En el acto administrativo, aunque en forma amplia pero no abstracta, se regulan situaciones jurídicas particulares y concretas de sujetos que, si bien no son mencionados por sus nombres, tienen una identidad específica y definida, no impersonal; la determinación en concreto de los sujetos comprendidos en el acto no se hace a partir de caracterizaciones genéricas sino por aplicación directa de su entidad particular; es igual jurídicamente a que en el acto mismo se les hubiese identificado uno por uno como personas a quienes se les cancela el permiso, para efectos de esta acción de tutela, ya que hay una regulación de situaciones concretas y particulares. Por este aspecto procede la acción de tutela. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE En el caso de autos es patente que el perjuicio que surgiría de la inactividad de los accionantes, si se concluye que es contraria a sus derechos fundamentales, no se ha consumado y es todavía parcial, pero en lo transcurrido es ya irremediable, pues sólo admitiría, en tal supuesto, la indemnización y no su restitución hacia el pasado.  La acción de tutela debe, pues, acogerse como mecanismo transitorio. ACCION DE TUTELA-Trámite preferencial/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/CARGA DE LA PRUEBA Debe darse prelación al derecho sustancial por encima de las formas y esto es especialmente cierto en este tipo de casos en que el procedimiento es preferente y sumario; además, no se trata de un juicio ordinario en el que la presencia por prueba específica de los presupuestos procesales sea exigible ni de un proceso empastado en los viejos moldes; ante la afirmación del actor, la administración municipal debió demostrar que el petente no era de aquellos que perdían su permiso, lo que ciertamente estaba dentro de sus claras posibilidades y es lo que aconseja la técnica procesal en este tipo de acciones. ACCION DE TUTELA-Naturaleza La acción de tutela no es una acción de legalidad integral, ésta mira exclusivamente si el acto amenaza o viola un derecho constitucional fundamental y a eso se reduce su alcance, de manera que confronta el acto de la autoridad pública tal como se le presenta con la Constitución en su texto dogmático. DERECHO AL ESPACIO PUBLICO/DERECHO AL TRABAJO-Coexistencia/VENDEDOR AMBULANTE Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes.  Sin embargo, su ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. SALA DE DECISION Santafé de Bogotá, D.C., diez y siete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional decide mediante esta sentencia las demandas de tutela siguientes, que fueron debidamente acumuladas, a saber: T-670(1)         Gabriela Hernández T-670(2)         Henry Tavera Ruíz T-670(3)         Rosa Evelia Ruíz T-670(4)         José Inocencio Carretero S. T-670(5)         Luz Stella Peñuela T-670(6)         Leonardo Vega T-670(7)         Carlos Alberto Daza T-670(8)         Uberley Bocanegra López T-670(9)         Abelardo Duarte T-670(10)       Blanca Orfilia Prieto Leyton T-670(11)       José Gómez T-670(12)       Alvaro Angel Cuartas T-670(13)       Guillermo Peñaloza Marín T-670(14)       Edgar Ospina Hurtado T-670(15)       Orlando Peña T-670(16)       Rubiela Rodríguez T-670(17)       Lus Stella Gutiérrez T-670(18)       Elcira Reyes T-670(19)       Jaime Meneses T-670(20)       Eberto Castro T-670(21)       Jorge Barbosa Rojas T-670(22)       Luis Humberto Rodríguez T-670(23)       José Antonio Cortés T-670(24)       Alvaro Bernal Perdomo T-670(25)       Alfonso Sunce Vargas T-670(26)       Jorge Luis Arcila González T-670(27)       Alba Luz Ospina T-670(28)       Blanca Lilia Pelaez Ramírez T-670(29)       Fabiola Suárez T-670(30)       Luz Stella Rodríguez T-670(31)       Eulalia Monroy T-670(32)       Ramiro García H. T-670(33)       Evaristo Alba T-670(34)       Cecilia Largo Chiquito T-670(35)       Miltón Hernández Acosta T-670(36)       Jorge Arbey Murillo T-670(37)       Israel Gómez Lugo T-670(38)       Hernando Barbosa Rojas T-670(39)       José Reinel Hernández T-670(40)       Segundo Rafael Amaya T-670(41)       Blanca Irma Casas T-670(42)       Norberto Avila Aranguren T-670(43)       Felix Antonio González T-670(44)       Carmen Rosa González T-670(45)       José Ricardo Rocora T-670(46)       Carlos Eduardo Mosquera T-670(47)       Carlos Uribe Vargas T-670(48)       Humberto García Tangarife T-670(49)       Anibal Ascencio Sogamoso T-670(50)       Luis Leonery Grisalez T-670(51)       Pedro Varón T-670(52)       Giomar Jiménez Segura T-670(53)       Roberto Antonio Capera T-670(54)       Jairo E. Ortíz T-670(55)       Blanca Lilia Villanueva T-670(56)       Edgar Alfonso Triana Ferreira T-670(57)       Luis Alfonso Torres T-670(58)       Alvaro Aguirre Moreno T-670(59)       Rosa Elina Bonilla T-670(60)       Jaime González González T-670(61)       Amparo Grisales T-670(62)       José Javier Hernández T-670(63)       Bertulfo Calderon T-670(64)       Heriberto García T-670(65)       Luz Myriam Rodríguez Arenas T-670(66)       Miguel Angel Rada Osorio T-670(67)       José Hermes Ortíz Guerrero T-670(68)       Carlos Eduardo Cubillos T-670(69)       Jazmín Tovar T-670(70)       Ever Fernando Cárdenas Jiménez T-670(71)       José Abundio Fierro Hernández T-670(72)       José Julian Quimbayo T-670(73)       Iván Logreira Rodríguez T-670(74)       Mery de Silva T-670(75)       Gustavo Bravo T-670(76)       Luis Enrique Sierra T-670(77)       Hernando Zoza T-670(78)       José Alvaro Callejas T-670(79)       Rubiela Rodríguez T-670(80)       Juán Evangelista Gómez T-670(81)       Luz Marina Monroy T-670(82)       Luisa Fernanda González T-670(83)       Arley Agudelo Patiño T-670(84)       Rosalba Montoya Bermudez T-670(85)       José Milciades Bermudez T-670(86)       José Anibal Cifuentes T-670(87)       Edgar Quiceno Hernández T-670(88)       Jairo Murillo Camacho T-670(89)       René Franco Mora T-670(90)       María de Jesús Lozano T-670(91)       Humberto Peñuela Gúzman T-670(92)       Alvaro Castro Valero T-670(93)       Margoth Gúzman T-670(94)       Pedro Luis Viro Cortés T-670(95)       Carlos Eduardo Bustos T-670(96)       Alirio Zúñiga T-670(97)       José Antonio Bohorquez T-670(98)       María Cielo Lozano Cabezas T-670(99)       Rodrígo Alejandro Díaz T-670(100)     María del Carmen Vargas T-670(101)     Florentino Chávez López T-670(102)     Nelson Escárraga Rondón T-670(103)     Edilberto Urueña T-670(104)     Wilson Molano Herrera T-670(105)     Susana Cortés Aroca T-670(106)     Martha Cecilia Benavidez T-670(107)     Aura Rubiela Samúdio T-670(108)     Roque Godoy Parra T-670(109)     Pedro Nel Ospina T-670(110)     Hilda Lozano Esquivel T-670(111)     Noel Alfonso Gúzman T-670(112)     Luis Alberto Conde T-670(113)     Francisco Javier Silva T-670(114)     Germán Hernández Varón T-670(115)     Estefanía Bermudez T-670(116)     Julio Cesar Machado T-670(117)     Leonel Valencia Giraldo T-670(118)     Luis Argenis Gualaco T-670(119)     Lucero Cedano Jiménez T-670(120)     Luz Myriam González T-670(121)     María Leyla Rubiano Cutiva T-670(122)     Carlos José Silva Morales T-670(123)     José Hernando Ureña T-670(124)     Fernando Villanueva Tarquino T-670(125)     Juán Evencio Heredia C. T-670(126)     William Rodríguez T-670(127)     Israel Medina T-670(128)     José Francisco Rodríguez T-670(129)     Nancy Rincón T-670(130)     Carlos Julio Peñaloza T-670(131)     Carlos Alberto Ríos T-670(132)     Esther Judith Echeverry T-670(133)     Efigenia Ramírez T-670(134)     Carlos Arturo García T-670(135)     Luis Alberto Mellao T-670(136)     María Bertilda Joya T-670(137)     Flor María Villamizar T-670(138)     Nelson Meneses Benjumea T-670(139)     Alba Luz Cuartas Orózco T-670(140)     María Jakeline Díaz T-670(141)     Albeiro Varón Zabala T-670(142)     Alirio Ramírez Pasto T-670(143)     Melida Celemin Cortés T-670(144)     Carlos Julio Cardona T-670(145)     Alfonso Chávez T-670(146)     Olga C. Becerra T-670(147)     Nubia Reina T-670(148)     José Simón Bolivar Rojas T-670(149)     Anibal Suárez Parra T-670(150)     Lucero Parra Peña T-670(151)     Elizabeth Copera T-670(152)     Henry Gil Cardozo T-670(153)     Edgar Orlando Tovar T-670(154)     María Ofelia Moreno Ferro T-670(155)     Yesid Castaño T-670(156)     Carmen Pérez T-670(157)     Miguel Angel Silva T-670(158)     Blanca Cortés T-670(159)     Dolly Henao de Vega T-670(160)     Fabiola Méndez Alarcón T-670(161)     Alvaro Gómez Bohorquez T-670(162)     Carlos Julio Liberato T-670(163)     Gloria Amparo Garzón Giraldo T-670(164)     Luz Marina Téllez T-670(165)     Leonel Antonio Grisales T-670(166)     Luis Eduardo Idarraga T-670(167)     Hernando de Jesús López Hernández T-670(168)     José Guillermo Reinoso T-670(169)     Jairo Antonio Valbuena Triviño T-670(170)     Guillermo González T-938             Aurelio Ramírez T-940             Norberto Arevalo T-941             Fabio Raul Buenaventura T-943             Miguel Angel Usechi Castañeda I.  ANTECEDENTES. Las personas que se acaba de indicar presentaron  demanda de tutela ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para obtener protección de su derecho al trabajo que ellos estimaron lesionado por el Decreto número 742 del 4 de diciembre de 1991, expedido por el Alcalde Municipal de dicha ciudad, dado que en este acto administrativo se prohibió la instalación de ventas callejeras en un amplio sector del centro de ese municipio, lo que les privó de su actividad laboral de la cual derivaban la subsistencia propia y la familiar. Después de practicar varias pruebas que consideró pertinentes, el Tribunal Superior mencionado dictó su sentencia y en ella accedió a la demanda aunque sólo en forma temporal, esto es, mientras la autoridad judicial competente resolvía la acción que oportunamente debían intentar los demandantes para que se determinase la validez del acto en cuestión. No contento con esta decisión, el señor Alcalde Municipal de Ibagué la impugnó dentro del término legal por lo cual el asunto subió a la consideración de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que, en fallo que ahora revisa esta Corte, revocó la sentencia recurrida y negó consecuencialmente el amparo. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Las sentencias que se revisan se fundamentan en dos pensamientos, a saber, que se trata de un acto administrativo general, impersonal y abstracto que no es pasible de examen en sede de tutela (art. 6-5, Decreto 2591, 1991) y que los interesados disponen de otros medios de defensa judicial para obtener la defensa de su derecho (art. 6-1, ibidem), por lo cual no procede la acción que se ejercitó. Estas dos cuestiones se examinaran por separado. a. El acto de carácter general. Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos a ella sometidos por un precepto de mandato o de prohibición, que son determinables mediante la aplicación de predicados que la misma formula en términos de características abstractas, se dice que se trata de un acto regla (Jeze) o general. Por su propia naturaleza, entonces, el acto de este linaje no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y, por lo mismo, tampoco puede lesionar por sí sola derechos de esta índole, que es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable, por cuya virtud, en consecuencia, esta no procede. Por esto es incuestionable que el primer numeral del decreto en mención, que prohibe in genere la instalación de ventas callejeras en determinado sector y cobija a todas las personas con las excepciones enunciadas en su artículo 3o., es un acto general, impersonal y abstracto en el sentido de la nomenclatura del decreto especial y en ello tiene razón la Corte Suprema de Justicia. Pero, para efectos de la acción de tutela, no puede decirse lo mismo del artículo 2o., conforme al cual "como consecuencia de lo anterior, revócanse todos los permisos expedidos con anterioridad para la ocupación del Espacio Público" por cuanto en él, aunque en forma amplia pero no abstracta, se regulan situaciones jurídicas particulares y concretas de sujetos que, si bien no son mencionados por sus nombres, tienen una identidad específica y definida, no impersonal; la determinación en concreto de los sujetos comprendidos en el acto no se hace a partir de caracterizaciones genéricas sino por aplicación directa de su entidad particular; es igual jurídicamente a que en el acto mismo se les hubiese identificado uno por uno como personas a quienes se les cancela el permiso, para efectos de esta acción de tutela, ya que hay una regulación de situaciones concretas y particulares. Cree la Corte, en consecuencia, que por este aspecto procede la acción de tutela. En este punto conviene rectificar un planteamiento del Tribunal Superior de Ibagué que parece percibir un conflicto entre el artículo 6-5 del Decreto 2591 de 1991 -que señala la improcedibilidad de esta acción contra actos generales, impersonales y abstractos- y el artículo 29-6 ibidem -que "autoriza, dice el Tribunal, la protección cuando la violación o la amenaza se deriva de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales aunque ella, desde luego, dada su naturaleza, sea general e hipotética"- y que resuelve tal conflicto en favor de esta última norma o la tiene como caso de excepción a aquella. No hay en realidad antinomia ni contradicción entre las dos normas, pues la última mantiene el principio consagrado en la primera y continúa exigiendo que exista la transgresión concreta por un acto individual de un derecho subjetivo, solo que aclara que como tal acto puede y aún debe derivar de una regla general superior y antecedente, también ésta, aunque no pasible de este juicio, pues la improcedibilidad contra ella considerada in se mantiene, merece un pronunciamiento en el fallo, en el sentido cabalmente de que conserva su vigencia pero es inaplicable en el caso concreto.  Por este motivo sí acertó el Tribunal cuando dijo que "la protección que se otorga no implica la suspensión, y menos la anulación del decreto, sino la inaplicabilidad al caso concreto....". b.    La subsidiariedad. Es bien sabido que la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial que acudan a proteger el derecho conculcado, tal como lo sostiene acertadamente la Corte Suprema de Justicia; pero, agrega la Constitución, "salvo que aquella (la acción de tutela) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", que aquella no encontró que pudiese darse en este caso, por lo que, en consecuencia, denegó la solicitud; el Tribunal, en cambio, pensó que "aquí se trata de evitar un perjuicio inmediato e irremediable, pues la imposibilidad de trabajar priva de los medios de subsistencia no sólo al actor sino a su grupo familiar y este daño no podría ser reparado de modo alguno, salvo mediante indemnización". La Corte cree que el perjuicio que la acción de tutela debe evitar en forma transitoria y, por lo tanto, el perjuicio irremediable de que hablan la Constitución y la ley, puede ser parcial, que no es necesario que la potencialidad de la causa dañina se haya agotado o pueda agotarse, y que no es lo mismo daño consolidado o consumado que daño irremediable; por esto, cree la Corte que cuando se hace evidente la posibilidad de un perjuicio que solo sea susceptible de compensación mediante un pago dinerario o cuando tal perjuicio está en curso, aunque no se haya agotado, es precisamente cuando cabe la tutela transitoria, pues se trata cabalmente de impedir que se cause el daño en otra forma irreparable o de que continúe produciéndose. En el caso de autos es patente que el perjuicio que surgiría de la inactividad de los accionantes, si se concluye que es contraria a sus derechos fundamentales, no se ha consumado y es todavía parcial, pero en lo transcurrido es ya irremediable, pues sólo admitiría, en tal supuesto, la indemnización y no su restitución hacia el pasado.  La acción de tutela debe, pues, acogerse como mecanismo transitorio. c. Otros puntos. 1.   La ilegitimidad de la personería del demandante. El señor Alcalde Municipal de Ibagué resalta el argumento de que los accionantes no han demostrado su calidad de vendedores callejeros en el sector prohibido que lo legitime para pedir la protección de su derecho.  Las sentencias de instancia no se refieren a este punto. La ausencia de la prueba dicha es notoria, así como la circunstancia de que en principio sólo aquellos que han sufrido el daño o amenaza de sus derechos fundamentales pueden interponer la demanda.  Pero también es claro que debe darse prelación al derecho sustancial por encima de las formas y que esto es especialmente cierto en este tipo de casos en que el procedimiento es preferente y sumario; además, no se trata de un juicio ordinario en el que la presencia por prueba específica de los presupuestos procesales sea exigible ni de un proceso empastado en los viejos moldes; ante la afirmación del actor, la administración municipal debió demostrar que el petente no era de aquellos que perdían su permiso, lo que ciertamente estaba dentro de sus claras posibilidades y es lo que aconseja la técnica procesal en este tipo de acciones. 2.   La competencia. El actor, a su turno, argumenta que el ordenamiento del espacio público corresponde al Concejo Municipal y no al Alcalde.  La administración municipal no se refirió a este aspecto ni lo hicieron tampoco las sentencias. Basta decir que la acción de tutela no es una acción de legalidad integral en la que sí se estudia el aspecto de la competencia para producir el acto enjuiciado al lado de otros aspectos que no son aquí relevantes, pues la tutela mira exclusivamente si el acto amenaza o viola un derecho constitucional fundamental y a eso se reduce su alcance, de manera que confronta el acto de la autoridad pública tal como se le presenta con la Constitución en su texto dogmático, nada más. 3.   El trabajo y el espacio público. Como bien lo anota el Tribunal, hay aquí un serio conflicto de intereses que corresponde componer en últimas a la jurisdicción, dado que ella, por mandato de la Constitución, debe pasar juicio sobre el acto administrativo que lo resuelva, desde el punto de vista de los derechos constitucionales envueltos. El trabajo es un derecho fundamental que goza de la especial protección del Estado (art. 25) y, además, es uno de los bienes que para todos pretende conseguir la organización política, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al artículo 1o. ibidem, del cual se preocupa en otras normas, como el artículo 53 que enuncia los principios mínimos fundamentales a los que habrá de conformarse el Congreso al expedir el estatuto del trabajo y el mismo artículo en cuanto insiste en el carácter obligatorio en el orden interno de los convenios internacionales sobre el tema y prohibe a la ley, los contratos y los acuerdos y convenios de trabajo "menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". En este momento de la cultura mundial y del sentimiento nacional, parece innecesario destacar la importancia del trabajo y bastará decir que hace mucho dejó de ser una mercancía sujeta a los mecanismos del quehacer económico para convertirse en un atributo de la personalidad jurídica, un valor de la existencia individual y comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad toda que no podrían existir sin él. De otro lado está el interés general en el espacio público que está igualmente en la mente de la Constitución, pues los bienes de uso público figuran, entre otros, en una categoría de tratamiento especial, ya que son inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 63, C.N.) y tienen destacada connotación de acuerdo con el artículo 82 ibidem que la Corte quiere resaltar, así: "Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular" y que termina ordenando que "las entidades públicas... regularán la utilización del suelo.... en defensa del interés común". Existe también el derecho a la seguridad personal de los peatones y vehículos que se sirven de esos bienes públicos que son las vías, parques, aceras, etc. y el muy importante interés de los comerciantes aledaños que no solamente pagan sus impuestos, utilizan probamente los servicios públicos domiciliarios y cumplen la ley, sino que también representan una actividad económica garantizada igualmente por la Constitución (art. 333 y ss. C.N.) y, como si fuera poco, dan trabajo y son el resultado de esfuerzos personales a veces muy prolongados. Y todo ello hay que solucionarlo teniendo en cuenta la presencia de un fenómeno nuevo que acompaña al trabajo en estas circunstancias, como es el de la economía informal que es fruto de nuestras tradicionales penurias y que requiere de un delicado tratamiento humano y económico como solución, entre otros, al problema del desempleo y la descapitalización en forma que la someta a la ley y la incorpore al mundo de la institucionalidad. Ahora bien, en este difícil equilibrio de intereses no queda duda a la Corte de que una medida como la del Alcalde Municipal de Ibagué cumple los objetivos propuestos, pues regula adecuadamente el uso del espacio público, que debe ser común y libre y en el que debe primar el interés general y deja a salvo el ejercicio reglamentado del trabajo mediante la economía informal en aquellos sitios que lo permitan, de donde se sigue con igual lógica que puede someterla a las normas sobre ordenamiento urbano que aseguren el desarrollo comunitario y el progreso de sus ciudades. Es de esperar que ese desarrollo y ese progreso conlleven la creación de nuevos puntos de interés para compradores y vendedores que por su propia dinámica lleven solución al problema al tiempo que alivian el espacio urbano donde antes lo perturbaban. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes.  Sin embargo, su ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución.  Se impone por lo tanto establecer una pauta de coexistencia entre los derechos e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común" (CP art. 82), así como de "propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" (CP art. 54). Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. De tiempo atrás las autoridades han expedido licencias o permisos a vendedores ambulantes para el ejercicio de su oficio en determinadas zonas.  Tal situación jurídica puede cambiar, siempre que se tengan en cuenta los intereses de las personas afectadas por ello.  Como acertadamente lo expone García de Enterría: "A ese problema ha dado una respuesta adecuada el principio de protección de la confianza legítima, que, formulado inicialmente por la jurisprudencia alemana, ha hecho suyo el Tribunal Europeo de Justicia a raíz de la Sentencia de 13 de julio de 1965.  Dicho principio, del que ha hecho eco entre nosotros la doctrina (GARCIA MACHO) y, posteriormente, el propio Consejo de Estado (vid. la Memoria del Alto Cuerpo consultivo del año 1988), no impide, desde luego, al legislador modificar las regulaciones generales con el fin de adaptarlas a las exigencias del interés público, pero sí le obliga a dispensar su protección, en caso de alteración sensible de situaciones en cuya durabilidad podía legítimamente confiarse, a los afectados por la modificación legal, a quienes ha de proporcionar en todo caso tiempo y medios para reequilibrar su posición o adaptarse a la nueva situación, lo que, dicho de otro modo, implica una condena de los cambios legislativos bruscos adoptados por sorpresa y sin las cautelas aludidas".1 No ve, pues, la Corte que se haya faltado a los deberes de prudencia y buen gobierno que deben alentar estas decisiones administrativas y, por lo tanto, aunque por razones diferentes, confirmará la sentencia que se revisa, agregando, como se indica en la parte resolutiva, que la actuación administrativa deberá asegurar la coexistencia de los derechos al espacio público y al trabajo. III. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMAR la decisión de tutela del 12 de febrero de 1992 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO.-       ADICIONAR la mencionada providencia en el sentido de ordenar a la autoridad local correspondiente que en el cumplimiento de la obligación de recuperar el espacio público, en desarrollo del Decreto 742 del 4 de diciembre de 1991, expedido por el Alcalde Municipal de Ibagué, tome las medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicar a los vendedores ambulantes que se vean afectados por la medida, de modo que con ocasión del ejercicio de la actuación administrativa se arbitre una fórmula que permita la coexistencia de los derechos al espacio público y al trabajo. TERCERO.-       LIBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente CIRO ANGARITA BARON             EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado 1 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón.  Curso de Derecho Administrativo II Ed. Civitas. Madrid 1991. p.375-376

T-401-92 Sentencia No Sentencia No. T-401/92 DERECHO A LA LIBERTAD/IGUALDAD ANTE LA LEY/INIMPUTABLES/MEDIDAS DE SEGURIDAD/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA La prolongación indefinida de las medidas de seguridad  vulneró el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Si bien los jueces al negarse a ordenar la cesación de las medidas de seguridad, lo hacían en desarrollo de precisas competencias a ellos atribuidas por el Código Penal, no advirtieron, en las diferentes situaciones, cómo los efectos de la ley contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales, justo a partir del momento en que perdía sustento la razonabilidad de las medidas de seguridad y su reiterada negativa a levantarlas producía una prolongación indefinida e injusta de las mismas. La dignidad humana fue aquí desconocida, olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia. Tratándose de enfermos incurables, la autodeterminación y la posibilidad de gozar de la existencia no les puede ser negada y ellas son las que resulten más adecuadas y ajustadas a su disminuida condición física y mental. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD La constitucionalidad de la ley no es óbice para considerar que su aplicación en una situación particular puede resultar, atendidas las especiales circunstancias presentes, inconstitucional, y deba prescindirse de darle aplicación. Ello ocurre cuando los efectos de la ley referidos a una situación singular, producen consecuencias contrarias a la propia Constitución, en un momento inicial o posteriormente. ESTADO SOCIAL DE DERECHO/INIMPUTABLES-Atención integral El Estado debe proteger y atender de manera especial a las personas con debilidad manifiesta  por su condición económica, física y mental. Los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada privación de su libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de seguridad, deben ser objeto de la protección integral por parte del Estado si se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La situación descrita transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. El Estado social de derecho (CP art. 1) impone la solución señalada ante los casos de manifiesta injusticia material y vulneración de la dignidad humana, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus compromisos. ACCION DE TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración La acción de tutela era en las circunstancias anotadas el medio idóneo para impetrar la protección de los derechos fundamentales cercenados y para restablecer el respeto a la dignidad humana, tanto en lo que concierne a su eficacia como a su efectividad, máxime si se tiene en cuenta que los medios judiciales ordinarios constantemente utilizados por los accionantes se revelaron en la práctica como insuficientes para proteger sus derechos. SENTENCIA DE JUNIO 3 DE 1992 Ref: Expedientes T-103; T-377; T-426 Actores: LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS                                                       JESUS CORTES   GONZALEZ   Y                                                      BERNARDO GOMEZ SANDOVAL. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero     ha pronunciado EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En los procesos de acción de tutela de LUIS FRANCISCO BARAJAS contra el JUZGADO PRIMERO (1o.) SUPERIOR DE BUCARAMANGA, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ contra el JUZGADO ONCE (11) SUPERIOR DE Santafé de Bogotá, y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL contra el JUZGADO SEGUNDO (2o.) SUPERIOR  DE BUCARAMANGA. ANTECEDENTES 1. Los fallos de tutela radicados bajo los números T-103, T-377 y T-426 fueron seleccionados para revisión por la Corte Constitucional y serán examinados mediante este único acto en razón de la homogeneidad de los hechos y de las pretensiones de los accionantes, todos ellos inimputables condenados  por los delitos de homicidio. 2. Los señores LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL han permanecido por el término de veintiséis (26) años y cuatro (4) meses, veintidós (22) años y treinta (30) años, respectivamente, privados de su libertad con medidas de seguridad de internación siquiátrica en manicomio criminal. 3. En el mes de noviembre de 1991 los suscritos señores BARAJAS, CORTES y GOMEZ interpusieron, por separado, acciones de tutela contra los juzgados que inicialmente los condenaran a medidas de seguridad de mínimo dos (2) años y de máximo indeterminado. Citan como violados sus derechos a la libertad (CP art. 28), a la igualdad (CP art. 13), a la dignidad de la persona (CP art. 1), a la prescriptibilidad de las medidas de seguridad (CP arts. 28 y 29) y a la seguridad jurídica. 4. De la acción de tutela ejercida por el señor LUIS FRANCISCO BARAJAS contra el JUZGADO PRIMERO (1o.) SUPERIOR DE BUCARAMANGA, conoció la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, la cual concedió la tutela pedida y ordenó al Juzgado Primero Superior disponer la CESACION de la medida de seguridad que cobijaba al señor BARAJAS. La Sala Penal del Tribunal Superior basó su decisión en las valoraciones psiquiátricas practicadas al señor BARAJAS en 1990, según las cuales "se trata de un paciente anciano con el deterioro normal de su avanzada edad y que no presenta sintomatología  en la actualidad, no recibiendo por lo tanto ningún tipo de medicación ni presentando problemas de manejo". A juicio de la Sala, "el condenado, por virtud del tratamiento a que fue sometido, que prácticamente culminó en el año de mil novecientos sesenta y ocho, en el que le fue suspendida toda medicación, ha adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que ha de desenvolverse", por lo que resulta evidente la cesación de la medida de seguridad, en contra del anterior concepto del Juzgado Primero Superior de Bucaramanga para el cual "la duración de la medida de seguridad impuesta al enfermo mental permanente depende de su curación (fl. 44) por lo que no amerita ningún pronunciamiento". La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga afirmó que condicionar la suspensión o cesación de la medida de seguridad a la recuperación de la salud mental del convicto incurable "equivale a hacerla perpetua e irredimible", con lo que se configuraría el desconocimiento del derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la prescriptibilidad de las medidas de seguridad, a la seguridad jurídica y a la dignidad humana. 5. El señor LUIS JESUS CORTES GONZALEZ presentó directamente en el JUZGADO QUINTO (5o.) PENAL DEL CIRCUITO de Santafé de Bogotá acción de tutela con fundamento en la violación  ya mencionada. En providencia del cinco (5) de diciembre de 1991, el Juez Quinto (5o.) Penal del Circuito decidió que la solicitud del señor CORTES GONZALEZ "no puede ser materia de acción de tutela", por disponer el afectado de otro medio de defensa judicial y ser el Juzgado Once (11) Superior de Santafé de Bogotá, como autoridad judicial de quien depende la causa, la llamada a determinar si existe la supuesta violación de los derechos fundamentales del solicitante. Impugnada la anterior providencia por el interesado, tanto el Juzgado Quinto (5o.) Penal del Circuito como el Juzgado Once (11) Superior de Santafé de Bogotá se negaron a darle trámite. El primero por considerar que su providencia era un auto de simple trámite en el cual no se resolvía sobre la acción de tutela sino que la petición del señor CORTES GONZALEZ  "debe interpretarse en sano criterio como una nueva solicitud para la suspensión de la medida de seguridad". En criterio del segundo, el Juzgado Quinto (5o.) Penal del Circuito si era competente para resolver la impugnación porque en la decisión del cinco (5) de diciembre de 1991 "está resolviendo adversamente pretensiones del interno CORTES GONZALEZ". Luego de repetidos envíos y devoluciones de las diligencias de un juzgado a otro, éstas fueron finalmente remitidas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. El Tribunal, como juzgador de segunda instancia, confirmó la providencia del cinco (5) de diciembre de 1991, al estimar "que las expresiones utilizadas por el Juzgado Quinto (5o) Penal del Circuito en su auto del cinco (5) de diciembre no dejan duda alguna de que consideró improcedente la acción de tutela en la situación jurídica que atraviesa Cortés González y que por lo tanto resolvió negativamente ese petitum de tutela aunque la misma funcionaria se haya negado luego a reconocerlo". El argumento central de la decisión el Tribunal Superior se basa en la improcedencia de la acción de tutela por existir otros recursos o medios judiciales, siendo evidente que "el procesado LUIS JESUS CORTES GONZALEZ dispone aún, dentro del proceso que ha motivado su privación de libertad, de la posibilidad de seguir solicitando la suspensión de la medida de seguridad que lo afecta y, en el evento de negativa por parte del Juzgado Once (11) Superior, de interponer los recursos legalmente previstos contra una determinación en ese sentido". 6. Por su parte, de  la acción de tutela interpuesta por el señor BERNARDO GOMEZ SANDOVAL contra sentencia del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR DE BUCARAMANGA del cinco (5) de febrero de 1963, conoció la Sala Penal del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de Bucaramanga. Mediante sentencia del veintidós (22) de enero de 1992, dicha Sala resolvió DENEGAR la solicitud de tutela formulada con el argumento de la existencia de una "amarga paradoja - atribuíble  a la imprevisión estatal - la de que siendo innecesaria la reclusión por haber desaparecido jurídicamente el motivo que la generara, no se la pueda ordenar judicialmente, por no darse la condición  de hecho, suspensiva,  impuesta por los facultativos y que los falladores no podrían obviar sino aduciendo argumentos invalidativos". En efecto, según el Tribunal, "al repasar el informativo procesal del peticionario se observa que desde el año 72 ha estado suplicando se suspenda el internamiento y que desde el 79 los peritos conceptúan que el tratamiento de su dolencia podría hacerse ambulatoriamente, pero condicionando esta alternativa a que un pariente o alguna institución de beneficiencia quiera recibirlo, ya que por sí solo no está en condiciones de poderse valer. En el 82 se advierte que aunque es remota la posibilidad de que pueda causar daño, las convulsiones que padece han deteriorado notoriamente su mente, por lo que amerita de cuidados y atención médica permanente (C 4, 26). Otros informes con pronósticos semejantes se condujeron con ocasión de la reiteración del pedimento y solo en el 88 se discrepa de los anteriores. En el 89 sin embargo se torna a la tendencia precedente, repitiendo que se le puede dar de alta a condición de que su familia o alguna entidad se responsabilice de su cuidado, "porque no puede valerse por sí mismo" ". FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. La dignidad humana, cuya vulneración ponen de presente los reclusos que en esta ocasión han ejercido la acción de tutela, es en verdad principio fundante del Estado (CP art.1). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y admiten variadas restricciones. La naturaleza de principio que ostenta la dignidad humana, impide que su desconocimiento pueda ser alegado de manera principal y única como causa de la acción de tutela. Sin embargo, ella se resiente cada vez que una acción u omisión de una autoridad pública viola o pone en peligro un derecho fundamental. Además del quebrantamiento de un derecho fundamental, el accionante de la tutela puede invocar - como ocurre en el presente caso - el agravio infligido a su dignidad humana, y así el Juez podrá apreciar en su fallo tanto la conculcación del derecho como la profanación a la dignidad. 2. En los libelos de tutela se denuncia la situación de desigualdad ante la ley a la que el Código Penal (arts. 94-96) sujeta a los inimputables. Para éstos, las denominadas medidas de seguridad contemplan un mínimo, pero el máximo queda indeterminado. Tratándose de los imputables, expresión quizá inexacta y que aquí se utiliza sólo para contraponerla a la de inimputables, la ley al disponer la sanción señala un mínimo y un máximo de la pena. El artículo 13 de la CP establece: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán  la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que  contra ellas se cometa". De la norma transcrita puede inferirse que una hipótesis de desigualdad sería la de deducir consecuencias jurídicas diferentes de situaciones de hecho semejantes, apelando para el efecto a elementos de diferenciación irracionales o arbitrarios. 3. La naturaleza jurídica de las medidas de seguridad, no es tema pacífico en la ciencia penal. Algunos sostienen su carácter de pena que debe tener por lo tanto una duración definida, si no se desea desvirtuar el principio de legalidad. Otros reconocen en ella una función no sancionatoria sino de protección del enfermo y de la sociedad, pudiendo levantarse o suspenderse cuando aquél no represente peligro para ésta. En materia constitucional, independientemente de su naturaleza, la medida de seguridad que afecta a los inimputables limita sus derechos fundamentales en cuanto supone privación de su libertad, la cual se encuentra justificada en la ley en cuanto hace a la comisión de un delito pero debe de todas manera apreciarse desde el punto de vista de la equidad de trato frente al régimen punitivo ordinario, lo que conduce a analizar si la misma viola el principio de igualdad ante la ley. 4. La nota diferencial de la medida de seguridad, frente a la pena ordinaria, consiste en el "máximo indeterminado", que apareja la primera. Podría desconocerse la equidad de trato y por ende el principio de igualdad si, en la limitación de los derechos fundamentales de los inimputables, como consecuencia de la aplicación de la ley penal, no obra un elemento diferenciador relevante que racionalmente justifique la disparidad de la pena ordinaria y de la medida de seguridad en lo que concierne a su duración. La intención subjetiva presente en el momento de cometer el delito es el elemento que distingue las situaciones en que se ven comprometidos los imputables y que está ausente cuando la acción es realizada por los inimputables, incapaces de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo con dicha comprensión. La conducta y el agente conforman para la Ley Penal un conjunto unitario que, con base en el indicado elemento, es claramente distinguible según se trate del imputable o del inimputable, de modo que las consecuencias jurídicas - pena y medida de seguridad - son diferentes y ello es así pues se originan en presupuestos diversos. La distinción que opera la Ley Penal, a juicio de la Corte, no es arbitraria, máxime si el legislador al otorgarle mayor peso a la intencionalidad del acto ha buscado conferirle más severidad a la pena. De otra parte, la medida de seguridad - mirada no a partir de su presupuesto sino de su consecuencia - tiene entidad y singularidad propias, explicables por su finalidad rehabilitadora del enfermo. 5. La constitucionalidad de la ley no es óbice para considerar que su aplicación en una situación particular puede resultar, atendidas las especiales circunstancias presentes, inconstitucional, y deba prescindirse de darle aplicación. Ello ocurre cuando los efectos de la ley referidos a una situación singular, producen consecuencias contrarias a la propia Constitución, en un momento inicial o posteriormente. 6. En los tres casos examinados, los reclusos han permanecido privados de su libertad por el término de veintiséis (26) años y cuatro (4) meses LUIS FRANCISCO BARAJAS, veintidós (22) años LUIS JESUS CORTES GONZALEZ, y treinta (30) años BERNARDO GOMEZ SANDOVAL. En el primer caso, el doctor ALVARO SANIN, médico psiquiatra del hospital Julio Manrique de Sibaté dónde se encontraba recluido el señor LUIS FRANCISCO BARAJAS, conceptuó en valoración psiquiátrica realizada el 9 de agosto de 1990 que "se trata de un paciente anciano con el deterioro normal de su avanzada edad y que no presenta sintomatología en la actualidad, no recibiendo por tanto ningún tipo de medicación ni presentando problemas de manejo", habiendo sido suspendida la medicación desde 1968. En el segundo caso, desde enero de 1982 el médico EDUARDO DE LA ROCHE, director del anexo psiquiátrico de la Penitenciaria Central de Colombia había conceptuado que el comportamiento del señor LUIS JESUS CORTES GONZALEZ "es tranquilo sin rasgos de peligrosidad, pero totalmente ajeno a lo que acontece a su alrededor" (...) "su permanencia en el anexo no es necesaria, consideramos de mayor beneficio su traslado a una institución psiquiátrica de beneficencia, o si las condiciones lo permiten un control médico ambulatorio, bajo la responsabilidad de sus familiares". Y, en el tercer caso, desde 1982 se advirtió por parte de los especialistas DANILO MURCIA ARANA y ALVARO RODRIGUEZ GAMA, médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, que "examinado el señor BERNARDO GOMEZ SANDOVAL, dictaminamos que por su estado normal y físico, en la actualidad y en el momento, la peligrosidad de que vuelva a causar daño en sociedad, es de remota posibilidad". No obstante lo anterior, los diferente jueces, pese a las  solicitudes de levantamiento de las medidas de seguridad, fundadas en los dictámenes médicos atrás referidos, se abstuvieron de darles curso favorable. Indistintamente se alegó por los jueces ora la sólo parcial recuperación del enfermo ya la ausencia de apoyo familiar que hacía temer por su integridad personal luego de adquirir la libertad. Los motivos alegados de suyo carecen de justificación para mantener privados de libertad a las indicadas personas sujetas a las medidas de seguridad. Tratándose de convictos incurables, exigir su completa rehabilitación carece de razonabilidad, debiéndose en justicia supeditar la libertad a la comprobación de la no peligrosidad aunada a la adquisición de un adecuado grado de adaptabilidad social. La ausencia de apoyo familiar, por sí misma, no es criterio suficiente para mantener indefinidamente privado de la libertad al convicto, enfermo incurable, que reune las dos condiciones anteriores, y de ser cierta esa circunstancia el campo de soluciones en un Estado social no puede limitarse de manera tan inhumana. Menos atendible es todavía el planteamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Especial - que no ve vulneración de derecho alguno y fundamenta la denegación de la tutela en la posibilidad que el ordenamiento le brinda al recluso, enfermo incurable, para solicitar periódicamente ante el juez que decretó la medida su levantamiento concurriendo la causal para ello, que es precisamente lo que aquél durante los últimos diez años infructuosamente trató de hacer. 7. En los tres casos examinados, los motivos invocados por los jueces para mantener las medidas de seguridad respectivas, carecen manifiestamente de razonabilidad. En estas condiciones los efectos de la ley, frente a dichas situaciones, deben cesar por contrariar expresas disposiciones constitucionales y erigirse en afrenta a la dignidad humana en una sociedad democrática y justa. 8. Según el artículo 28 de la Constitución, en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Medidas de seguridad que se prolonguen indefinidamente, no obstante que su finalidad se encuentre cumplida, adquieren de hecho la característica de imprescriptibilidad que repudia el ordenamiento constitucional. 9. El artículo 34 de la Constitución prohibe la pena de prisión perpetúa. Supeditar la cesación de una medida de seguridad impuesta a un inimputable incurable a su completa rehabilitación, sabiendo de antemano que ella es imposible, equivale a que ésta haga tránsito a pena perpetua, máxime si se acredita que el convicto no reviste peligrosidad y está en grado de adaptarse adecuadamente a la sociedad. El principio pro libertate obliga al juez a escoger la alternativa menos gravosa para el recluso. 10. La prolongación indefinida de las medidas de seguridad - en los presentes casos - vulneró el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Si bien los jueces al negarse a ordenar la cesación de las medidas de seguridad, lo hacían en desarrollo de precisas competencias a ellos atribuidas por el Código Penal, no advirtieron, en las diferentes situaciones, cómo los efectos de la ley contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales, justo a partir del momento en que perdía sustento la razonabilidad de las medidas de seguridad y su reiterada negativa a levantarlas producía una prolongación indefinida e injusta de las mismas. 11. Las violaciones a los derechos fundamentales que en los tres casos amparaban a los reclusos, inimputables incurables, abandonados sin justificación jurídica y durante varios lustros de su existencia en un anexo penitenciario cuya precariedad es públicamente conocida, evidencian la transformación de una pena o medida de seguridad, en un comienzo lícitamente impuesta, en pena o medida degradante y cruel y, por tanto, inconstitucional (CP art. 12). La dignidad humana fue aquí desconocida, olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia. Tratándose de enfermos incurables, la autodeterminación y la posibilidad de gozar de la existencia no les puede ser negada y ellas son las que resulten más adecuadas y ajustadas a su disminuida condición física y mental. Los inimputables, enfermos incurables, pertenecen al grupo de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y el trato que la sociedad y el Estado debe dispensarles no es el de "igual consideración y respeto" sino el de "especial consideración, respeto y atención" (CP art. 47), precisamente por su misma condición y en obedecimiento a los principios de respeto a la dignidad humana y de solidaridad, sobre los cuales se edifica el Estado social de derecho (CP art. 1). 12. De acuerdo con lo señalado por el artículo 13 de la Constitución Política y reiterado por el artículo 47 del mismo estatuto, el Estado debe proteger y atender de manera especial a las personas con debilidad manifiesta  por su condición económica, física y mental. Los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada privación de su libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de seguridad, deben ser objeto de la protección integral por parte del Estado si se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tal y como ocurre en los tres casos examinados en esta providencia. La situación descrita transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. El Estado social de derecho (CP art. 1) impone la solución señalada ante los casos de manifiesta injusticia material y vulneración de la dignidad humana, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus compromisos. 13. El Gobierno, a través de los Ministros de Justicia y Salud, deberá presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia los programas de atención y protección integral de las personas que serán beneficiadas con la cesación de las medidas de seguridad y que, en consecuencia, se reintegrarán a la sociedad en circunstancias de debilidad manifiesta. 14. La acción de tutela era en las circunstancias anotadas el medio idóneo para impetrar la protección de los derechos fundamentales cercenados y para restablecer el respeto a la dignidad humana, tanto en lo que concierne a su eficacia como a su efectividad, máxime si se tiene en cuenta que los medios judiciales ordinarios constantemente utilizados por los accionantes se revelaron en la práctica como insuficientes para proteger sus derechos. 15. De acuerdo con lo expuesto se procederá a confirmar la sentencia de tutela proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del doce (12) de diciembre de 1991 y a revocar la sentencia dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTA -SALA ESPECIAL- del treinta (30) de enero de 1992, así como la sentencia de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del veintidós (22) de enero de 1992. Como consecuencia de la revocatoria se deberá producir en cada caso la cesación de la correspondiente medida de seguridad, a fin de restablecer a los accionantes en el ejercicio de su derecho a la libertad. En razón de la condición de debilidad manifiesta de las personas mencionadas en esta providencia, y solamente por esta circunstancia, ellas deberán permanecer en el anexo penitenciario hasta el momento en que el Estado -a través  de los Ministros indicados y del concurso e intervención de los organismos y personas que ellos consideran del caso vincular- asuma la protección integral, lo cual deberá producirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación de la sentencia. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del doce (12) de diciembre de 1991. SEGUNDO.- REVOCAR la  sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de Santafé de Bogotá - SALA ESPECIAL - del treinta (30) de enero de 1992. TERCERO.- REVOCAR la sentencia de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del veintidós (22) de enero de 1992. CUARTO.- RECONOCER el derecho a cargo del Estado a la atención integral, para la debida protección suya y de la sociedad, en favor de los señores LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL, de conformidad con los programas que para el efecto deberán presentarse y los cuales se diseñarán teniendo en cuenta las condiciones económicas, físicas, síquicas, familiares y de todo orden de las personas nombradas. QUINTO.- ORDENAR que la protección integral que se reconoce se canalice a través de los Ministerios de Justicia y Salud. En consecuencia, los titulares de los dos indicados ministerios deberán presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia tanto al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de Santafé de Bogotá y a la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, así como a la CORTE CONSTITUCIONAL - SALA SEGUNDA DE REVISION - sendos programas de atención integral que se ajusten a lo señalado en el punto quince (15) de los fundamentos jurídicos. En todo caso, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el Estado, a través de dichos Ministerios, deberá haber asumido la protección integral de los señores LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL, para los efectos claramente indicados en el epígrafe cuarto de la parte resolutiva de esta providencia y en los fundamentos jurídicos doce (12), trece (13) y quince (15). SEXTO.- NOTIFICAR a los MINISTROS DE JUSTICIA y SALUD el contenido de esta providencia a fin de que en el término indicado en la misma se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en ella. SEPTIMO.- ORDENAR que las decisiones que deben adoptarse en desarrollo de lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se conformen a lo dispuesto en esta providencia y en particular a lo señalado en el numeral quince (15) de los fundamentos jurídicos. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992)).

T-402-92 Sentencia No Sentencia No. T-402/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación/DERECHOS DEL NIÑO/DERECHO A EDUCAR Algunos derechos, por ser inherentes a la persona humana son fundamentales (v. gr. derecho a la vida, libertad de locomoción etc). Otros, no son fundamentales para algunas personas, pero sí para otras que se encuentran en circunstancias específicas u ostentan determinada condición: es el caso del derecho a la salud que, no siendo inherente a la persona, tampoco es derecho fundamental ni tiene aplicación inmediata, pero que, tratándose de los niños, sí adquiere carácter fundamental. En razón de su condición de debilidad manifiesta, e incapacidad física y mental para llevar una vida totalmente independiente, los niños requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la sociedad. Lo anterior unido a la decisión del Constituyente de consagrar el principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, justifica el reconocimiento en su favor de derechos fundamentales distintos y adicionales a los consagrados para las personas en general. La consagración expresa, en el artículo 44 de la Constitución, de la educación como un derecho fundamental de los niños, no deja duda alguna sobre su naturaleza ni sobre la posibilidad de exigir su respeto y protección mediante el ejercicio de la acción de tutela. DERECHO A LA EDUCACION/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES El principio de igualdad de oportunidades juega un papel neurálgico en la tarea de mantener y promover un orden justo, en una sociedad que además de la pobreza se caracteriza por una inequitativa distribución de recursos. La obligación del Estado de promover las condiciones para alcanzar una igualdad real y efectiva sólo podrá verse cumplida mediante el respeto e igual consideración de todas las personas en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Tratándose de un menor de edad se espera que su permanencia en una entidad educativa sea garantizada por encima de las decisiones arbitrarias de la autoridad de turno con poder decisorio para otorgar o denegar cupos de estudio. DERECHO A LA EDUCACION En caso de conflicto entre la autonomía del centro    docente -expresada en la libertad de enseñanza y en la facultad de fundar establecimientos educativos- y los derechos de los padres a educar a sus hijos y a participar en la dirección de las instituciones de educación, el constituyente se ha manifestado en favor de los niños al consagrar la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás. Sería violatorio de la Constitución no respetar el derecho de permanencia del menor en el centro educativo a raíz de las disputas surgidas entre padres de familia y directivos o profesores. Tal circunstancia, además de ser un elemento ajeno a las causales de exclusión del sistema educativo,  viola el mandato constitucional de no discriminación por razón del origen familiar. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION Las Juntas de las Asociaciones de Padres de Familia en el ejercicio de sus potestades, deben evitar involucrarse en disputas en torno a la dirección y competencias de las autoridades educativas, deben buscar siempre la armonía y el acuerdo en favor del interés prioritario de los menores. La prestación idónea del servicio público de la educación requiere modificar radicalmente el "modelo de docilidad", ligado a la idea de sumisión y condición de inferioridad del niño, y remplazarlo por una nueva pedagogía para el desarrollo integral y libre de la personalidad. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/DERECHOS        FUNDAMENTALES DEL NIÑO/LIBERTAD DE EXPRESION/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA El constituyente ha querido consagrar, aunque de forma negativa, el derecho de toda persona a su integridad física y moral. El artículo 12 de la Carta prohibe la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No pocas veces las actitudes y conductas violentas de padres de familia y educadores pueden dar lugar a la vulneración de este derecho, por lo que le corresponde al juez constitucional establecer cuándo las actuaciones de los mayores constituyen un caso de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes respecto de los menores. El grado en que se castigue a un menor no sólo puede dar lugar a la vulneración de su integridad física o moral, sino que como consecuencia de tal acción  podría también verse afectado su derecho al libre desarrollo de su personalidad. La conducta de castigar a un niño impidiéndole ejercer su libertad de expresión y someterlo a la burla de sus compañeros es contraria a la dignidad humana y constituye un trato degradante en los términos del artículo 12 de la Constitución, y una vulneración del artículo 44 de la Constitución que garantiza a los niños protección contra toda forma de violencia moral. SENTENCIA DE JUNIO 3 DE 1992 Ref. : Expediente T-503 Actor: LEONTE CORREA TOVAR Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela T-503 adelantado por LEONTE CORREA TOVAR, en representación de sus hijos menores FRANCISCO JAVIER Y HENRY CORREA CUBILLOS contra directivos de la escuela oficial "Diego de Ospina No.2" de la ciudad de Neiva. ANTECEDENTES 1. El señor LEONTE CORREA TOVAR presentó el veinticuatro (24) de enero de 1992 acción de tutela contra las directivas del establecimiento educativo C.D.U. DIEGO DE OSPINA No. 2 - NEIVA, solicitando que sus hijos menores de edad, FRANCISCO JAVIER CORREA CUBILLOS (8 años) y HENRY CORREA CUBILLOS (6 años), fueran matriculados. 2. Los hechos que suscitaron la acción de tutela consistieron resumidamente en la determinación adoptada por las señoras MERY MENDEZ RAMIREZ, directora encargada del mencionado Centro Educativo, GRACIELA AÑAZCO DE PEÑA, directora del Núcleo Educativo 07, y ROSAURA CANO CABRERA, profesora, en el sentido de negarse a matricular a los menores, a pesar de que éstos habían cursado satisfactoriamente el año académico de 1991 en dicha escuela. 3. Según lo afirmado por el solicitante, la negativa de las directivas fue el desenlace de una serie de diferencias originadas entre el mismo señor CORREA TOVAR y la profesora ROSAURA CANO, en razón de un incidente ocurrido con su hijo menor Francisco Javier Correa Cubillos durante el año lectivo de 1991 y, además, por desaveniencias tenidas con la señora GRACIELA AÑAZCO DE PEÑA, directora del Núcleo Educativo 07, a causa de su intromisión en las decisiones de la Asociación de Padres de Familia del Centro Docente Diego de Ospina No.2, y de la cual él era su representante. 4. El día 22 de marzo de 1991 se eligió nueva Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia en dicho establecimiento, designándose al padre de los menores como su presidente, elección ésta que fue ratificada por la Gobernación del Huila mediante Resolución No. 626 de 1991, de abril 23 de 1991. 5. En carta de fecha 14 de junio de 1991 dirigida por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia a la señora GRACIELA AÑAZCO DE PEÑA, se le solicitó no intervenir en sus decisiones, en particular respecto de los aportes o cuotas de los padres para el servicio de aseo del colegio. Igualmente, en dicha comunicación se requería a la directora del Núcleo Educativo 07 para que interviniera ante la anterior Junta Directiva con el objeto de que ésta hiciera entrega de los elementos -libros, archivos, sellos, dineros- necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación de Padres de Familia. 6. El 4 de octubre de 1991, el padre de los menores presentó  queja por escrito ante la directora de la escuela, MERY MENDEZ RAMIREZ contra la educadora ROSAURA CANO en relación con el trato dado por ésta a su hijo menor Francisco Javier Correa Cubillos. Según lo reconoció posteriormente la educadora, sus actos  consistieron en  ordenarle pasar al frente de sus compañeros  de clase y proceder, acto seguido, a taparle la boca con un esparadrapo para evitar que contestara cuando no era preguntado. El padre del menor señala que la conducta de la docente convirtió a su hijo en objeto de burla y sorna para sus demás compañeros. 7. En su escrito, el petente afirma que la decisión de excluir a sus hijos del colegio no tiene motivo diverso de "hacerle perder su calidad de socio, y por ende la Presidencia", de la Asociación de Padres de Familia. 8. Aduce el padre de familia que las discrepancias entre la Asociación de Padres de Familia y las Directivas del establecimiento docente no deben "repercutir en los derechos del niño" consagrados en el artículo 44 de la Constitución. 9. El Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de la ciudad de Neiva avocó el mismo día veinticuatro (24) de enero de 1992 el conocimiento del negocio y, previa la práctica de diversas pruebas documentales y testimoniales, concedió, dentro del término constitucional, la tutela solicitada, ordenando a las directivas de la escuela el otorgamiento de los cupos y matrículas a los menores FRANCISCO JAVIER y HENRY CORREA CUBILLOS. 10. El Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia fundamentó su decisión de conceder la tutela en la violación del derecho a la educación de los menores FRANCISCO JAVIER Y HENRY CORREA CUBILLOS. Para el fallador, el hecho de estar consagrado el derecho a la educación en la Constitución, en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia y en el Código del Menor, amerita que sea objeto de la acción de tutela, al tenor de los artículos 2 y 40 del Decreto 2591 de 1991. 11. Según el fallador, la educación es un derecho de la persona y un servicio público (CP art. 67) que tiene una función social, correspondiéndole al Estado, en virtud de sus facultades de inspección y vigilancia, asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. En consecuencia, luego de indagar sobre la causa que impidió el acceso de los menores CORREA CUBILLOS al establecimiento educativo C.D.U. Diego de Ospina No.2, llegó a la conclusión que la negativa obedeció a las desaveniencias surgidas entre las directivas y el demandante, no aceptando las razones expuestas por las demandadas en el sentido de haber tomado la resolución en la seguridad de que los menores serían desvinculados del Centro Educativo como consecuencia del traslado de su progenitora, anteriormente profesora del mismo establecimiento, a otro colegio. 12. A juicio del juez, dado que los menores eran antiguos alumnos que habían aprobado satisfactoriamente el año anterior, "deberían tener prioridad para su continuidad en el plantel respecto de los nuevos aspirantes". Aún más, examinados los criterios fijados por las directivas para  el otorgamiento de las matrículas, se podían deducir irregularidades en ese proceso, como la ausencia de comunicación previa a los padres informándoles sobre los mencionados criterios. 13. Igualmente, el Juez Cuarto (4o.) Promiscuo de Familia encontró que el acto de la profesora ROSAURA CANO CABRERA contra el menor FRANCISCO JAVIER CORREA CUBILLOS -consistente en taparle la boca con un esparadrapo- podía ser constitutivo de maltrato, según los artículo 16 y 272 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), y por ello procedió a compulsar copias a la Comisaría de Familia de la ciudad de Neiva, para que se investigara la conducta de la mencionada profesora. 14. No habiendo sido impugnada la anterior providencia, el Juez  a quo remitió el expediente a esta Corte el día siete (7) de febrero de 1992. Seleccionado para revisión, correspondió por reparto a la Sala Segunda de Revisión su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. El señor LEONTE CORREA TOVAR en ejercicio de la acción de tutela solicitó la protección del derecho a la educación de sus hijos menores FRANCISCO JAVIER Y HENRY CORREA CUBILLOS. El Juzgado Cuarto (4o.) Promiscuo de Familia de Neiva en primera instancia concedió la acción de tutela solicitada y ordenó al centro educativo C.D.U. Diego de Ospina No.2 de Neiva proceder a matricular a los menores. En desarrollo de la presente revisión esta Sala procede a establecer si la mencionada acción fue correctamente  concedida, según lo dispuesto en la Constitución y en la ley. 2. Ante todo es necesario determinar si el derecho a la educación es un derecho fundamental y, como tal, goza del mecanismo de protección inmediata que representa la acción de tutela (CP art. 86). Algunos derechos, por ser inherentes a la persona humana son fundamentales (v. gr. derecho a la vida, libertad de locomoción etc). Otros, no son fundamentales para algunas personas, pero sí para otras que se encuentran en circunstancias específicas u ostentan determinada condición: es el caso del derecho a la salud que, no siendo inherente a la persona, tampoco es derecho fundamental ni tiene aplicación inmediata, pero que, tratándose de los niños, sí adquiere carácter fundamental (CP arts. 44 y 50). En razón de su condición de debilidad manifiesta, e incapacidad física y mental para llevar una vida totalmente independiente, los niños requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la sociedad. Lo anterior unido a la decisión del Constituyente de consagrar el principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás (CP art. 44 inc. 2), justifica el reconocimiento en su favor de derechos fundamentales distintos y adicionales a los consagrados para las personas en general. La consagración expresa, en el artículo 44 de la Constitución, de la educación como un derecho fundamental de los niños, no deja duda alguna sobre su naturaleza ni sobre la posibilidad de exigir su respeto y protección mediante el ejercicio de la acción de tutela. 3. Cuando el derecho fundamental de los niños a la educación se ejerce respecto de una entidad educativa, o contra sus directivas, surgen interrogantes en cuanto a la forma de su concretización. ¿Incluye el derecho a la educación un derecho al acceso a la educación formal en establecimientos públicos o privados destinados para tal fin? ¿Puede reconocerse la existencia de un derecho a permanecer en una entidad educativa, después de haber cursado en ella satisfactoriamente las materias exigidas en el pensum escolar y cumplido con su régimen disciplinario ? 4. En principio, no siendo el derecho fundamental a la educación un derecho de aplicación inmediata (CP art.85), su efectividad está condicionada al desarrollo legal y a su realización progresiva mediante las políticas sociales del Estado. La garantía real de un derecho económico, social o cultural - conocidos por la doctrina como derechos de la segunda generación - depende del desarrollo económico y social del país. El Estado social de derecho exige del legislador y del gobierno atención preferencial para la satisfacción de las demandas de la población enderezadas a hacer efectivos este tipo de derechos. Los planes de desarrollo y el presupuesto deben contemplar la permanente ampliación de las oportunidades reales para que un mayor número de personas puedan gozar y ejercer los derechos que la  Constitución proclama. 5. Podría pensarse, en caso de aceptar la existencia de un derecho a acceder a la educación, que éste no sería exigible mediante la acción de tutela por estar consagrado en el artículo 67, es decir, fuera del Título II, Capítulo 1o. de la Constitución Política1 . Sin embargo, en el caso de los niños el reconocimiento expreso del carácter fundamental del derecho a la educación (CP Art.44) establece un parámetro de juzgamiento constitucional distinto al anteriormente esbozado. Si el constituyente elevó la educación entre los 5 y los 15 años de edad a la categoría de obligación (CP art.67), ello significa que correlativamente debe afirmarse la existencia de un derecho público subjetivo para exigir del Estado el acceso a la misma. Mal podría el Estado hacer obligatoria la educación formal si, a su vez, no garantiza las condiciones materiales mínimas y necesarias para el  cumplimiento de dicha obligación. 6. La obligación de educarse supone como condición previa el acceso a los centros educativos. Existe entonces un derecho constitucional para acceder a la educación formal, ya que de dicho acceso depende la posibilidad de cumplimiento de una obligación exigida a la persona. Un problema adicional para la exigibilidad tanto del derecho como de la obligación de educarse se presenta cuando no existe la infraestructura física y los recursos humanos necesarios para poner a operar un establecimiento educativo. Tal circunstancia explica porque el derecho a acceder a la educación no fue concebido como un derecho de aplicación inmediata. Pero, confrontada esta situación con el carácter fundamental del derecho respecto de los niños, así como con su obligatoriedad, al juez constitucional le corresponde resolver las aparentes contradicciones del texto constitucional, en virtud de la aplicación del principio de unidad y armonización de los preceptos del ordenamiento. Existe un derecho público subjetivo a exigir del Estado el acceso a la educación si las condiciones necesarias - centros educativos, planta de personal, recursos económicos -, para prestar este servicio público (CP art.67) se encuentran materializadas. En caso de ausencia de cupos, como consecuencia de la alta demanda del servicio o de la limitación de la infraestructura educativa, el reconocimiento del derecho fundamental de los niños a la educación se hará teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución. Frente a un exceso de solicitudes para acceder a un número limitado de cupos, deberá tenerse en cuenta además de los méritos o capacidades individuales, el compromiso del Estado para promover a grupos tradicionalmente marginados o discriminados y proteger a las personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentren bajo circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13 inc. 2 y 3). 7. Con mucha mayor razón debe afirmarse la existencia de un derecho público subjetivo frente al Estado de permanecer en el sistema educativo. La voluntad expresa del constituyente ha sido la de proteger la educación en su integridad. La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan elementos razonables - incumplimiento académico o  graves faltas disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada. El deber del Estado de asegurar a los menores las condiciones necesarias para permanecer en el sistema educativo (CP art. 67) debe interpretarse a la luz de los artículos 44 y 13 de la Carta: el primero porque comunica o irradia el carácter de fundamental al derecho de permanencia educativa, y, el segundo, porque dicha permanencia debe ser garantizada en igualdad de condiciones, esto es, sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El principio de igualdad de oportunidades juega un papel neurálgico en la tarea de mantener y promover un orden justo (CP Preámbulo, art. 2), en una sociedad que además de la pobreza se caracteriza por una inequitativa distribución de recursos. La obligación del Estado de promover las condiciones para alcanzar una igualdad real y efectiva sólo podrá verse cumplida mediante el respeto e igual consideración de todas las personas en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Tratándose de un menor de edad se espera que su permanencia en una entidad educativa sea garantizada por encima de las decisiones arbitrarias de la autoridad de turno con poder decisorio para otorgar o denegar cupos de estudio. Dentro de los factores jurídicos relevantes para no reconocer el derecho de permanencia en una entidad educativa estarían el grave incumplimiento de las exigencias académicas y disciplinarias. Para evitar un trato desigual o arbitrario en su apreciación y aplicación, el Estado ha diseñado diversos mecanismos de control. En desarrollo de la facultad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación  moral, intelectual y física de los educandos, el Estado, a través del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), ha reglamentado los requisitos académicos para aprobar los estudios de preescolar, primaria, secundaria, técnico vocacional y universitarios. En materia de régimen disciplinario se reconoce una mayor autonomía a los centros educativos para regirse por sus propios estatutos, siempre que en ellos se respeten los preceptos constitucionales, en especial las garantías del debido proceso y del derecho de defensa (CP art. 29), el principio de proporcionalidad y el principio de participación de los padres en la educación (CP arts. 42 inc. 8, 67 inc. 3 y 68 inc. 2). En cuanto al derecho de los padres a educar a sus hijos (CP art. 42 inc. 8) podrían presentarse divergencias con las directivas del centro educativo al cual asisten los menores de edad. En caso de conflicto entre la autonomía del centro    docente - expresada en la libertad de enseñanza (CP art 27) y en la facultad de fundar establecimientos educativos (CP art. 67 inc.1)- y los derechos de los padres a educar a sus hijos y a participar en la dirección de las instituciones de educación (CP art.68 inc. 2), el constituyente se ha manifestado en favor de los niños al consagrar la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás (CP art. 44 inc. 2), lo que significa que la mejor alternativa que responda objetivamente a su interés y al desarrollo de su personalidad es la que en cada caso concreto deberá promoverse. Sería violatorio de la Constitución no respetar el derecho de permanencia del menor en el centro educativo a raíz de las disputas surgidas entre padres de familia y directivos o profesores. Tal circunstancia, además de ser un elemento ajeno a las causales de exclusión del sistema educativo,  viola el mandato constitucional de no discriminación por razón del origen familiar contenida en el artículo 13 de la Carta, así como la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. 8. El Juzgado Cuarto (4o.) Promiscuo de Familia de la ciudad de Neiva - aunque asumió irregularmente el proceso dado que la acción de tutela no se sometió previamente a reparto - concedió dicha acción al deducir del material probatorio recaudado que la negativa a matricular a los menores se debió a desaveniencias de las directivas con el demandante, además de haberse incurrido por parte del centro educativo en diversas irregularidades en el proceso de otorgamiento de las matrículas consistentes en no dar prioridad a los menores CORREA CUBILLOS para su continuidad en el plantel respecto de los nuevos aspirantes y en la ausencia de comunicación previa a los padres sobre los criterios a aplicar para la conservación y el otorgamiento de cupos de estudio. Esta Sala de Revisión comparte las razones expuestas por el juzgador de primera instancia para conceder la tutela, razones fundadas en la existencia de un derecho a permanecer en el sistema educativo y en la prohibición de discriminación por razones de origen familiar como garantía del principio de igualdad de oportunidades. Aunque en materia probatoria no se pueda aseverar tan contundentemente como lo hace el Juzgado Cuarto (4o.) Promiscuo de Familia de Neiva que la negativa de las directivas obedeció a las desaveniencias con el demandante, no es menos cierto que las explicaciones dadas por la directora encargada señora MERY MENDEZ RAMIREZ en el sentido de haber presumido que los menores FRANCISCO JAVIER y HENRY CORREA CUBILLOS serían desvinculados del centro educativo C.D.U. Diego de Ospina # 2, por el traslado de su madre a otro centro docente, es un factor arbitrario que no puede tener la virtualidad de desconocer el derecho a un trato igualitario en la adjudicación de puestos de estudio, así como la existencia del derecho a permanecer en dicho centro docente máxime si se tiene en cuenta que los menores habían cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por la institución. 9. De otra parte, las características del caso muestran que las acciones de la autoridad encargada del servicio público de la educación pueden haber constituído una vulneración o amenaza de otros derechos fundamentales: la libertad de asociación (CP art. 38), íntimamente vinculada a la conformación y el funcionamiento de la asociación de padres de familia del colegio C.D.U. Diego de Ospina No.2 y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos (CP art. 41, 42 inc. 8, 44, 67 inc. 3, 68 inc. 2 y 4). El artículo 5 de la Constitución ampara a la familia como institución básica de la sociedad. En el seno de la familia el niño descubre y aprende por primera vez a conocer el mundo. De ahí la función primordial asignada a los padres en la educación de sus hijos, con los derechos y las obligaciones que su cumplimiento impone para el desarrollo armónico e integral del menor y el ejercicio pleno de sus derechos. Los derechos y obligaciones de los padres no cesan por el hecho de ingresar el menor a una entidad educativa. Las personas encargadas de este esencial servicio público y los progenitores deben unir esfuerzos para el logro de los fines de la educación; además, deben ejercer y cumplir responsablemente sus derechos y obligaciones, sin olvidar que los derechos de los niños, en todo caso, deben prevalecer sobre los derechos de los demás (CP art. 44 inc. 2). El respeto recíproco y el trabajo armonioso en pro de la niñez puede verse alterado por pugnas de poder, abusos de autoridad y conflictos económicos o políticos, entre directivas escolares y padres de familia. El lugar privilegiado que ocupan los derechos humanos en la nueva Constitución da cuenta del tránsito decisivo de una sociedad autoritaria a una democrática, tolerante, pluralista y participativa (CP art. 1). Es por ello que, tanto las directivas de las entidades educativas como los padres de familia, deben colaborar en la búsqueda de un consenso que permita la convivencia pacífica y promueva el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia (CP art. 67 inc. 2). Acciones como la negativa de matricular a niños que han cursado satisfactoriamente el año escolar anterior con miras a excluir a un padre de familia de la Asociación de Padres de Familia, constituyen un claro atentado contra el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos, además de una amenaza a la libertad de asociación. Aunque en el presente caso haya cesado la inminente amenaza a los derechos fundamentales, es deber del juez constitucional advertir a la autoridad sobre su obligación de abstenerse en el futuro de incurrir en tales acciones (art. 24 Decreto 2591 de 1991). Cabe también advertir a las Juntas de las Asociaciones de Padres de Familia que, en el ejercicio de sus potestades, deben evitar involucrarse en disputas en torno a la dirección y competencias de las autoridades educativas, sino buscar siempre la armonía y el acuerdo en favor del interés prioritario de los menores. Los padres gozan, a través de los medios democráticos y de coparticipación a su alcance, de la posibilidad de tener injerencia tanto externa (lugar de estudio, salubridad, condiciones locativas), como interna (contenido de las materias, métodos de enseñanza, valoración del rendimiento académico, régimen disciplinario), en el desarrollo del proceso educativo y formativo de sus hijos. Sin embargo, estas facultades llevan asociadas delicadas responsabilidades. El ejercicio simultáneo de los derechos de los padres y de las autoridades educativas precisa delimitar la órbita de injerencia de cada uno de ellos: los padres de familia tienen un derecho prioritario a escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como su formación moral o espiritual (CP art. 68 inc. 4). Por su parte, el Estado y los particulares, en ejercicio del servicio público de la educación, tienen una mayor influencia en la toma de decisiones administrativas y de gestión, así como de contenido y método de la educación respetando, claro está, el derecho de los padres a participar en la adopción de esta clase  de decisiones. 10. El solicitante de la tutela denuncia, de otra parte, el acto de la profesora ROSAURA CANO CABRERA, contra el menor FRANCISCO JAVIER CORREA CUBILLOS, de ocho (8) años de edad, consistente en taparle la boca con un esparadrapo frente a sus compañeros. Aunque no se aduce por parte del representante del menor afectado, una violación específica de un derecho fundamental,  es evidente para la Corte Constitucional que tal conducta de la educadora vulneró derechos fundamentales del menor, lo cual debe señalarse así para evitar que en el futuro vuelvan a presentarse actitudes violentas y por lo tanto contrarias al orden justo perseguido por la Constitución. El constituyente ha querido consagrar, aunque de forma negativa, el derecho de toda persona a su integridad física y moral. El artículo 12 de la Carta prohibe la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No pocas veces las actitudes y conductas violentas de padres de familia y educadores pueden dar lugar a la vulneración de este derecho, por lo que le corresponde al juez constitucional establecer cuándo las actuaciones de los mayores constituyen un caso de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes respecto de los menores. El grado en que se castigue a un menor no sólo puede dar lugar a la vulneración de su integridad física o moral, sino que como consecuencia de tal acción  podría también verse afectado su derecho al libre desarrollo de su personalidad (CP art. 16). La secuelas a nivel sicológico y emocional producto de un trato cruel, inhumano o degradante pueden impedir, desviar y, en ocasiones extremas, coartar definitivamente el libre desarrollo de la personalidad del menor. Se ha observado que las personas que sufren violencia en su infancia posteriormente la reproducen en su vida adulta. La Constitución rechaza en forma expresa dichas acciones al señalar que "cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad" (CP art.42 inc.5 ). En otra disposición ordena que los niños serán protegidos contra "toda forma de abandono o violencia física o moral" (CP art. 44). En la Asamblea Nacional Constituyente se advirtió lo siguiente: " si vamos a consagrar un Estado social de derecho, es necesario contemplar específicamente los derechos del grupo humano más vulnerable - la población infantil -, ya que por carecer dichos derechos de significado dentro de la vida política, económica, social y cultural se han establecido desigualdades y, en gran medida, se han forjado los cimientos de la actual violencia." (Iván Marulanda, Jaime Benítez, Tulio Cuevas, Guillermo Perry, Angelino Garzón, Guillermo Guerrero. Ponencia-Informe Derechos de la Familia, y el Niño. G.C. No. 85 p. 6) La violencia debe ser definitivamente proscrita de la familia y de las instituciones educativas. La accidentada historia nacional enseña que la violencia engendra más violencia. El niño, el eslabón más frágil pero necesario de la especie humana, requiere de una especial protección, más cuando anualmente en Colombia "son abandonados por sus padres 20.000 niños; 100.000 menores sufren las consecuencias del maltrato y el abuso sexual y aproximadamente 5.000 entre ellos niños y adolescentes expósitos, deambulan por las calles". (Informe-Ponencia. Iván Marulanda y otros. Asamblea Nacional Constituyente, Comisión V. Gaceta Constitucional No. 85, p. 6). Una modalidad aún hoy arraigada en la educación es el empleo de castigos físicos y morales que no se compadecen con el respeto de los derechos humanos y con los principios democráticos consagrados en la Constitución. Algunos docentes todavía veneran la antigua máxima autoritaria, "la letra con sangre entra". Sin embargo, por extendidas y reiteradas que sean estas prácticas en nuestras tradiciones culturales, ellas conllevan una grave violación de los derechos fundamentales de los niños, en especial del derecho al cuidado y al amor (C.P. art. 44), guía insustituible del proceso educativo. El autoritarismo en la educación no se compadece con los valores democráticos y pluralistas de la sociedad. Una nueva pedagogía ha surgido de la Constitución de 1991. En el sentir del Constituyente, son fines de la educación despertar la creatividad y la percepción, entender y respetar la diversidad y universalidad del mundo, recibir el amor de la familia y prodigarlo en la vida adulta, desarrollar las aptitudes de acuerdo con las capacidades, expresar las opiniones libremente con miras a propiciar el diálogo, compartir las vivencias, alimentar la curiosidad y aprender a no temer a los retos de la vida (Gaceta Constitucional No. 85 p. 6). Como garantía del desarrollo integral del niño, la Constitución consagra derechos de protección (CP art. 44) con los cuales lo ampara de la discriminación, de las prácticas lesivas a la dignidad humana y de cualquier tipo de indefensión que coloque en peligro su desarrollo físico y mental. Una práctica lesiva de la dignidad humana, con potencialidad de poner en peligro el desarrollo mental del menor, es aquel castigo que por su gravedad degrada o humilla a la persona y hace que ella pierda autoestima a los ojos de los demás o a los suyos propios. En tal evento, nos encontramos ante una múltiple violación de derechos fundamentales (CP art. 12, 16 y 44), que genera una falla en el servicio público de la educación y puede dar lugar a sanciones y condenas contra el Estado y el funcionario o particular encargado de la educación  (CP arts. 67 y 68). En declaración juramentada ante el juzgado del conocimiento, la profesora ROSAURA CANO CABRERA admitió haberle tapado la boca con un esparadrapo al menor FRANCISCO JAVIER CORREA CUBILLOS frente a sus compañeros, como "corrección" por el hecho de que el mencionado niño en una evaluación respondió preguntas cuando no se le preguntaba. La educadora adujo como justificación de su proceder la ira que le ocasionó la conducta del menor; sin embargo, afirma haber recapacitado luego y no haber "vuelto a reincidir en eso". La conducta de castigar a un niño impidiéndole ejercer su libertad de expresión y someterlo a la burla de sus compañeros es contraria a la dignidad humana y constituye un trato degradante en los términos del artículo 12 de la Constitución. Prueba de la humillación sufrida por el menor CORREA CUBILLOS es que cuando llegó a su casa se puso a llorar como lo atestigua su padre en Carta del 4 de octubre de 1991, dirigida a la directora encargada del centro docente MERY MENDEZ, al afirmar que el castigo "sirvió de burla a sus demás compañeros lo cual ha originado llanto (no delante de ellos, por ser berraco) pero sí aquí en la casa al comentarme lo sucedido". La modalidad del castigo escogida por la profesora CANO CABRERA también constituye una vulneración del artículo 44 de la Constitución que garantiza a los niños protección contra toda forma de violencia moral. La ira del docente, lejos de ser una causal exculpatoria de su conducta, es por sí misma contraria a las ideas y valores que inspiran el derecho y el servicio público de la educación. Los patrones culturales y los métodos educativos tienen un papel decisivo en el proyecto de cambio hacia una sociedad pacífica, democrática y participativa. La Constitución espera que los educadores, de manera permanente, hagan propicio el proceso educativo para inculcar en los educandos, un genuino sentimiento de respeto hacia los derechos humanos y que los mismos se incorporen en dicho proceso y sean cumplidos por todos los participantes, directivos, profesores y alumnos. Educar para la libertad y la democracia es la consigna que debe guiar a los profesores en el ejercicio de sus funciones. El Estado tiene la obligación de divulgar la Constitución (CP art. 41), así como la carga de mejorar el nivel remunerativo e intelectual de los profesores. La prestación idónea del servicio público de la educación requiere modificar radicalmente el "modelo de docilidad", ligado a la idea de sumisión y condición de inferioridad del niño, y remplazarlo por una nueva pedagogía para el desarrollo integral y libre de la personalidad. La responsabilidad del Estado en materia de educación se deriva, igualmente, de los compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano para la protección de la niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1.989 y ratificada por la Ley 12 de 1.991, establece que "el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad". Igualmente, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la ley 74 de 1.968, ordena: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz". En consecuencia, es no sólo una obligación constitucional para el Estado garantizar las condiciones materiales y humanas para el logro de los fines de la educación, sino además un compromiso con la comunidad internacional, de necesario cumplimiento. El Código del Menor y el Estatuto Docente Nacional sancionan el maltrato (Decreto 2737 de 1.989, art.272) y la aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos (Decreto 2277 de 1.979, art. 46). Por lo tanto, la Sala de Revisión de la Corte  Constitucional encuentra suficientes elementos de juicio para considerar que la educadora ROSAURA CANO CABRERA comprometió su responsabilidad en este caso, por lo que procederá a confirmar la decisión del Juzgado Cuarto (4o.) Promiscuo de la ciudad de Neiva y ordenará enviar copia del proceso a la autoridad competente para sancionar la referida conducta. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de tutela del dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el JUZGADO CUARTO PROMISCUO DE FAMILIA de la ciudad de NEIVA. SEGUNDO.- COMPULSAR copias a la Junta de Escalafón Docente, Seccional Neiva, para lo de su competencia en relación con la violación de derechos fundamentales en que incurrió la  profesora ROSAURA CANO CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía 36.162.335 de Neiva y actualmente vinculada al colegio C.D.U. Diego de Ospina # 2 - Neiva, como educadora. TERCERO.- LIBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 En todo caso la doctrina constitucional de la Corte ha entendido que el derecho a la educación tiene el carácter de un derecho fundamental. Sentencia No. 02 Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

T-403-92 Sentencia No Sentencia No. T-403/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Primacía/DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA La opción por la primacía de los derechos fundamentales  sobre las llamadas "razones de estado", históricamente  esgrimidas por la autoridad para limitar el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, en aras de la defensa in abstracto de valores y nociones como "la moral", el "orden público", las "buenas costumbres" o el "interés general", llevó al constituyente de 1991 a postular derechos de aplicación inmediata que no requieren  de desarrollo legal para ser exigibles. El libre ejercicio de derechos no condicionados a lo establecido por la ley, así como la prohibición de que sean suspendidos los derechos humanos y las libertades fundamentales en estados de excepción, se explican en el mismo principio de primacía de los derechos fundamentales. El constituyente optó por excluir de las disposiciones sobre derechos fundamentales su condicionamiento a nociones como la moral, el orden público, o la ley, prefiriendo elevar estos valores a derechos constitucionales: derecho a la honra, derecho a la paz, derecho a la intimidad, derecho al debido proceso. LIBERTAD DE CULTOS/LIBERTAD DE EXPRESION/LIBERTAD DE RELIGION-Alcance Las libertades de culto y de expresión no consagran una competencia legislativa que pueda restringir su práctica. Ello significa que al legislador no le es dado limitar por vía legal ciertos derechos colocados por el constituyente fuera de la órbita de acción de las autoridades. Desde luego, si las libertades de culto y de expresión dan lugar a la conformación de una reunión pública, esta última en cuanto tal en los términos del artículo 37 de la Constitución Política, queda sujeta a las limitaciones que de manera expresa establezca la ley. Por otra parte, las libertades de religión y de cultos comprenden no sólo la posibilidad de ejercer de forma activa una fe o creencia sin intervención del Estado, sino también el ejercicio pasivo de las mismas, esto es, el derecho a no ser obligado a profesar o divulgar una religión. La libertad de religión comprende expresamente el derecho de difundirla en forma individual o colectiva. DERECHOS FUNDAMENTALES-Confrontación En caso de confrontación entre derechos fundamentales de igual jerarquía constitucional el juzgador debe proceder a sopesar su valor relativo, según las circunstancias del caso y los efectos concretos que la restricción de los derechos podría tener respecto de las personas involucradas en la situación concreta. Un criterio cualitativo que estime en su dimensión  existencial la importancia del ejercicio de un derecho o libertad y las consecuencias prácticas de su restricción, debe imponerse sobre un criterio cuantitativo basado en el número de personas posiblemente afectadas por la limitación. SENTENCIA DE JUNIO 3 DE 1992 REF. : Expediente  T-628 Actor:Euclides Sierra Hernández Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-628 adelantado por el señor  EUCLIDES ALVARO SIERRA HERNANDEZ contra la Alcaldía Municipal y la Inspección Departamental Permanente de Policía  de Barbosa,  Santander. A N T E C E D E N T E S 1. El día 17 de febrero de 1992 fue remitido a esta Corte el proceso  de acción de tutela de EUCLIDES ALVARO SIERRA HERNANDEZ contra la Alcaldía Municipal  y la Inspección  Departamental  Permanente de Policía  de Barbosa,  Santander, para su eventual REVISION, no habiendo sido impugnada la decisión de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal  de la misma ciudad. El mencionado proceso fue seleccionado para revisión  correspondiendo  por reparto a la Sala Segunda de Revisión  su conocimiento. 2. Varios residentes del Barrio Gaitán del municipio de Barbosa, Santander, presentaron por escrito el día 16 de septiembre de 1991 ante la Inspección Departamental Permanente de Policía  una queja contra el señor  EUCLIDES ALVARO SIERRA  HERNANDEZ, dado que éste utilizaba un equipo de amplificación "a todas horas pero más a las horas del medio día, para proclamar la religión evangélica  sin hallarse en esa casa Iglesia o culto alguno  y sin tener respeto por la religión de cada cual". Señalan los peticionarios  que, además, la conducta del   señor Sierra "dificulta la atención  para observar televisión  o conciliar el descanso  o siesta  tanto de mayores como de lactantes". 3. Luego de intentar resolver en vano el problema  por intermedio de la señorita SOFIA SIERRA, hija del señor SIERRA HERNANDEZ, y, después de recibir varias llamadas telefónicas de los vecinos  del sector  quiénes se quejaban por el alto volumen del altoparlante, el día 20 de septiembre de 1991 la Inspección Departamental Permanente de Policía ordenó a un sargento de policía conducir al mencionado señor SIERRA a la Inspección y  apagar  el equipo amplificador. La inspección puso de presente al señor EUCLIDES SIERRA que su acción alteraba el orden público y que para reanudar el uso del equipo amplificador requería de un permiso especial de la Alcaldía. 4. El señor SIERRA HERNANDEZ procedió a solicitar a la Alcaldía Municipal de Barbosa el permiso para utilizar un altoparlante ubicado en su casa de habitación a fin de divulgar "la palabra de Dios". En su solicitud reconocía el respeto debido a las autoridades y a los vecinos, por lo cual sugería un horario diario de 11:30 a.m. a 12:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. para ejercer su derecho. 5. La anterior solicitud se despachó negativamente mediante oficio número 000090 de la Alcaldía Municipal de Barbosa del 7 de octubre de 1991, en razón de la perturbación a la paz pública que se producía con el altoparlante, según quejas presentadas por varias personas ante la Inspección de Policía. Posteriormente, ante el juez 1o. Civil Municipal, el Alcalde Municipal fundamentó su decisión de negar el permiso en lo que sobre el particular establecía el Código Nacional de Policía. 6. Mediante oficio 209 del 9 de octubre de 1991, la Inspección explicó al señor SIERRA, ante solicitud suya, las razones para haber exigido su comparecencia y le reiteró la prohibición de utilizar el equipo de amplificación hasta que la Alcaldía Municipal le concediera permiso para ello. 7. El señor SIERRA HERNANDEZ interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Municipal y la Inspección Departamental Permanente de Policía de Barbosa, Santander, por considerar que con sus decisiones se conculcaban sus derechos fundamentales consagrados en los artículos  19 y 20 de la Constitución Nacional. En su memorial alega que tales derechos son de aplicación inmediata y por tanto no puede supeditarse su ejercicio a la obtención de un permiso previo. A su juicio, las autoridades frente a las quejas de los vecinos por el uso del altoparlante les corresponde regular la intensidad del sonido y señalar un horario sin limitar en su totalidad este derecho. 8. En  providencia fechada  el seis (6) de febrero de 1992 el Juzgado Primero Civil Municipal de Barbosa denegó  la acción de tutela y declaró que  en el caso "no hubo  ni hay violación de los derechos consagrados  en los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional." Como fundamentos de su decisión,  el fallador afirmó que el ejercicio de las libertades de religión y de culto tienen como límites el deber de respetar los derechos  ajenos -  entre ellos la libertad religiosa de otros -, de no abusar de los propios, de no oponerse al orden jurídico y político vigente y de cumplir las leyes que protegen la honra de las personas, el orden social y la tranquilidad pública. En consecuencia, resuelve desfavorablemente la acción de tutela por haber desconocido el peticionario con el ejercicio de su libertad de religión y de cultos igual derecho de los demás. Finalmente, el juzgado considera ajustada a derecho la actuación de la policía local tendiente a garantizar la tranquilidad pública en todas sus dimensiones, así como su concreto ejercicio al otorgar o cancelar licencias para el uso de altoparlantes, como acaece con el ejercicio de la libertad de prensa y de radiodifusión. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. En ejercicio  de la facultad de revisión de los fallos  de tutela conferida a la Corte Constitucional por el artículo 241-9 de la Constitución Política, le corresponde a esta Sala de Revisión establecer si con los actos de la Alcaldía Municipal y la Inspección Departamental Permanente de Policía de Barbosa, Santander, se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales  del señor EUCLIDES ALVARO SIERRA HERNANDEZ consagrados en los artículos 19 y 20  de la C. N. Los derechos fundamentales que el señor SIERRA invoca como  vulnerados consisten en el derecho que toda persona tiene a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual  o colectiva (CP art. 19) y el derecho a la libertad de expresión,  pensamiento y opinión (CP art. 20). Para determinar si las decisiones de la primera autoridad  pública del Municipio de Barbosa y de la Inspección de Policía vulneran los derechos fundamentales del señor SIERRA a difundir libremente su religión y expresar su pensamiento y opiniones, es necesario, en primer término, fijar el alcance de los referidos derechos. 2. La libertad de cultos,  esto es, el derecho a profesar y difundir libremente la religión, y la libertad de expresión, constituyen derechos fundamentales indispensables en una sociedad democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana (CP art. 1). Las libertades de culto y de expresión ostentan el carácter de derechos fundamentales, no solamente por su consagración positiva y su naturaleza de derechos de aplicación inmediata (CP art. 85), sino sobre todo, por su importancia para la autorealización del individuo en su vida en comunidad. En una sociedad cuyo orden jurídico garantiza las concepciones  religiosas o ideológicas de sus miembros, así como su manifestación por medio de la práctica ritual asociada a una creencia particular, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus intervenciones, pues ellas pueden interferir la independencia y libertad de las personas que profesan una confesión  o credo. De otra parte, la libertad de expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones es esencial para el "libre mercado de las ideas", imprescindible en una sociedad  democrática, participativa y pluralista. No existe democracia donde se acallen violentamente las ideas; no hay república pluralista donde se niegue la diversidad o se imponga la intolerancia; tampoco será posible la participación democrática y pluralista, cuando una concepción o credo oficial desde el poder restringe los derechos y libertades cuya protección corresponde precisamente a la autoridad (CP art. 2). Las libertades de conciencia, de pensamiento, de expresión, de religión y de cultos son valores de naturaleza esencial, debido a su estrecha relación  con la dignidad humana sobre la que se funda el Estado colombiano. 3. El valor esencial de las libertades de culto y expresión en el nuevo orden constitucional se revela claramente al contrastar su consagración actual con la que se plasmaba en la Constitución  de 1886. En efecto, la libertad de expresión carecía de consagración positiva en la antigua Constitución. El artículo 53 establecía: "El Estado  garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado  por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas  contrarias  a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten  con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos  a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca  deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica" (artículo 13 del Acto Legislativo número 1 de 1936). La libertad de la persona para expresar y difundir sus pensamientos y opiniones se vinculaba básicamente con las libertades de conciencia, religión y cultos. Por vía jurisprudencial se amplió la garantía del artículo 53 C.N. al ejercicio de la libertad de pensamiento y opinión con fines no confesionales. De conformidad con el reconocimiento que en el preámbulo se hacia de la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial de la nación, la Constitución de 1886 garantizaba la libertad de cultos subordinándola a la conformidad del culto respectivo con la moral cristiana y, en todo caso, sometiendo su ejercicio a las leyes. En estas condiciones, la libertad de cultos quedaba sujeta a precisos límites constitucionales: la moral cristiana, las leyes y el orden público. El constituyente de 1991 tomó la determinación de garantizar la igualdad entre las diferentes religiones e iglesias y de liberalizar la libertad de cultos, sin consagrar límites constitucionales expresos a su ejercicio. El artículo 19 de la Constitución  establece: "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión  y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley ". Los antecedentes de esta decisión del constituyente en torno a la religión acreditan el tránsito de un estado  confesional a un estado láico y pluralista en materia de confesiones religiosas. En el informe-ponencia para primer debate en Plenaria, el  Constituyente Diego Uribe Vargas expresó: "Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia  fundamental  con el texto de la Constitución  vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana  y a la restricción que de ella se deriven. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter  oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos". (Gaceta Constitucional No. 82 p.10). Por su parte, el Constituyente  Augusto Ramírez Ocampo, en el informe-ponencia para segundo debate en plenaria, afirmó: "Tema que produjo intensos debates fue el de las libertades de conciencia, religión y cultos, fruto de los cuales fue la separación deliberada que la Asamblea hizo de estas libertades en dos artículos diferentes. La Constitución vigente la consagraba en una  sola norma que limita su campo al religioso. En el nuevo ordenamiento, la libertad de conciencia se predica también de toda creencia, o ideología. En cuanto a la libertad religiosa sobresalen dos aspectos esenciales: su consagración absoluta sin limitaciones y el tratamiento igualitario que se otorga a todas las confesiones religiosas. A lo anterior se agrega la supresión de la incompatibilidad del ministerio sacerdotal con el ejercicio de funciones públicas, la cual obedecía a las circunstancias  históricas  en que se expidió la Constitución de 1886. Es este un corolario lógico de la igualdad que se predica para todos los ciudadanos y de haber eliminado la protección especial que otorgaba la Constitución original y después el Acto plebiscitario de 1957, a la Iglesia Católica. Simultáneamente con la ratificación de derechos tales como, los de asociación, reunión, petición, la Carta incluirá nuevos fueros como son los del derecho a la intimidad, a la autonomía, a la honra y a la libertad de movimiento, todos ellos inherentes a un régimen verdaderamente democrático". (Gaceta Constitucional No. 112 p. 6). La opción por la primacía de los derechos fundamentales  sobre las llamadas "razones de estado", históricamente  esgrimidas por la autoridad para limitar el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, en aras de la defensa in abstracto de valores y nociones como "la moral", el "orden público", las "buenas costumbres" o el "interés general", llevó al constituyente de 1991 a postular derechos de aplicación inmediata que no requieren  de desarrollo legal para ser exigibles (CP art. 85). El libre ejercicio de derechos no condicionados a lo establecido por la ley (CP art. 18, 19, 20), así como la prohibición de que sean suspendidos los derechos humanos y las libertades fundamentales en estados de excepción (CP art. 214), se explican en el mismo principio de primacía de los derechos fundamentales. 4. En el caso sub iudice, el ejercicio de la libertad de cultos debe evaluarse de conformidad con la garantía del  artículo 19 de la Constitución y no a la luz de las limitaciones impuestas por el artículo 53 de la Constitución anterior. Al respaldar su decisión en la doctrina y la jurisprudencia anteriores a la Constitución vigente, el fallador de primera instancia acabó desconociendo el alcance de la nueva Constitución. Es así cómo para determinar si le asistía razón al solicitante  al afirmar que la acción de las autoridades públicas violaba sus derechos de libertad de cultos y de expresión, condicionó la garantía constitucional de dichas libertades a que éstas no se opusieran al "orden jurídico y político", ni constituyeran un acto prohibido por la ley, o contrario a la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública. La vigencia de un orden jurídico justo mediante la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución impone a las autoridades el deber de respetar el mínimo de justicia material necesario para que los preceptos constitucionales no sean letra muerta. En este caso, el mínimo de justicia material se concreta en el derecho a una decisión suficientemente fundamentada que justifique el sacrificio o la restricción a un derecho fundamental. Acudir a la defensa genérica de preceptos abstractos tales como "el orden público", "el orden político", "el orden social", "el orden jurídico" o "la tranquilidad pública", para limitar el ejercicio de los derechos y libertades individuales, sin precisar cómo y en qué grado dicho ejercicio estaría  desconociendo tales valores, es disolver la existencia de los poderes en cabeza del ciudadano en un universo de valores abstractos, cuya materialización correspondería al arbitrio de la autoridad de turno. El constituyente optó por excluir de las disposiciones sobre derechos fundamentales su condicionamiento a nociones  como la moral, el orden público, o la ley, prefiriendo elevar estos valores a derechos constitucionales: derecho a la honra, derecho a la paz, derecho a la intimidad, derecho al debido proceso. Se torna imperioso, cuando se trata de sopesar valores constitucionales en confrontación, entrar a realizar un examen cuidadoso de cuál debe ser el derecho fundamental que prime en un caso concreto y cuáles las justificaciones constitucionales adecuadas y razonables, para sacrificar  o restringir el goce o ejercicio de otros derechos. 5. Las libertades de culto y de expresión no consagran una competencia legislativa que pueda restringir su práctica, lo que sí sucede con otros derechos fundamentales como el derecho de petición (CP art.23), la libertad de escoger profesión u oficio (CP art.26) y el derecho de asilo (CP art.36), entre otros. Ello significa que al legislador no le es dado limitar por vía legal ciertos derechos colocados por el constituyente fuera de la órbita de acción de las autoridades. Desde luego, si las libertades de culto y de expresión dan lugar a la conformación de una reunión pública, esta última en cuanto tal en los términos del artículo 37 de la Constitución Política, queda sujeta a las limitaciones que de manera expresa establezca la ley. Es improcedente para limitar las garantías incondicionales establecidas por la Constitución en favor de ciertos derechos acudir al argumento de la inexistencia de derechos "absolutos" y, acto seguido, pasar a restringir su ejercicio con fundamento en su carácter  "relativo". Igualmente, no es admisible la interpretación constitucional que deduce limitaciones a los derechos fundamentales mediante la sóla remisión a los deberes ciudadanos en general (CP art. 95), debiéndose demostrar la supuesta violación de los derechos ajenos y su relación de causalidad con el abuso del propio derecho. 6. El ejercicio de las libertades de culto y de expresión puede entrar en conflicto con otros derechos constitucionales, como en este caso, el derecho de otras personas a su intimidad y libertad religiosa. Los residentes del Barrio Gaitán en el municipio de Barbosa, Santander, elevaron sus quejas contra el señor SIERRA HERNANDEZ ante la Inspección de Policía. Entre los varios motivos expuestos, figuraban los siguientes: el uso durante varias horas del día del equipo amplificador; su utilización  para proclamar  la religión  evangélica  sin hallarse en esa casa iglesia o culto alguno; el irrespeto de la religión de los demás; y, la dificultad para mirar televisión, conciliar el descanso o siesta de mayores y lactantes. Dentro de los derechos constitucionales afectados por la conducta del señor SIERRA HERNANDEZ, se encuentra, el derecho a la intimidad personal y familiar (CP art. 15) de los residentes del Barrio Gaitán. Este derecho abarca  la privacidad que busca encontrar una persona o su familia dentro de su casa, sin tener que soportar molestias  indeseadas o indeseables. Por otra parte, las libertades de religión y de cultos comprenden no sólo la posibilidad de ejercer de forma activa una fe o creencia sin intervención del Estado, sino también el ejercicio pasivo de las mismas, esto es, el derecho a no ser obligado a profesar o divulgar una religión. En ese   sentido, les podría asistir razón a los vecinos del señor SIERRA HERNANDEZ de oponerse a que les sea irrespetada su propia órbita de derechos como consecuencia de verse obligados a escuchar permanentemente sus palabras. De otra parte, la libertad de cultos no exige, como parece sugerirlo el grupo de vecinos, que su ejercicio se realice dentro de una Iglesia o como desarrollo directo de un rito religioso. La simple manifestación o difusión, individual o colectiva, de las convicciones religiosas propias cae dentro del ámbito de la libertad  de cultos y merece por ello ser protegida por las autoridades y respetada por los particulares. 7. En caso de confrontación entre derechos fundamentales de igual jerarquía constitucional el juzgador debe proceder a sopesar su valor relativo, según las circunstancias del caso y los efectos concretos que la restricción de los derechos podría tener respecto de las personas involucradas en la situación concreta. Un criterio cualitativo que estime en su dimensión  existencial la importancia del ejercicio de un derecho o libertad y las consecuencias prácticas de su restricción, debe imponerse sobre un criterio cuantitativo basado en el número de personas posiblemente afectadas por la limitación. Aplicar indiscriminadamente  el principio general de que el "interés general prima sobre el particular" puede constituirse en un camino fácil para el desconocimiento de los derechos individuales, en desmedro de las minorías  y la posición especial que ocupan en un sistema democrático participativo y pluralista. El derecho a profesar y difundir libremente la religión permite al individuo ordenar su vida y decidir cómo desea participar  en su comunidad. La religión ocupa un lugar tan destacado en la autorrealización de la personalidad que las fricciones entre diferentes grupos por tal causa debe ser un factor previsible y por ello no necesariamente  indeseable. La libertad de difundir una fe o creencia supone la posibilidad de hacer conocer a otros su doctrina. El valor de la propia dignidad y autonomía legítima al individuo para exponer sus posiciones morales y ejercitar su derecho a formar, expresar y revisar las propias convicciones religiosas con miras a compartirlas con la comunidad. Una determinación objetiva que subordine el ejercicio de la libertad de cultos al respeto del orden jurídico en abstracto daría lugar a negar la particularidad de las demandas de individuos originales, quienes tendrían que soportar una mayor intromisión de las autoridades por el hecho de no compartir prácticas coincidentes con las de la mayoría. De otra parte, una interpretación de los derechos de conformidad  con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso llevaría a la conclusión de  que la manifestación  de la propia religión  y las propias creencias está sujeta únicamente a "las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de las demás"  (artículo 12 numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica", ratificada por la Ley  16 de 1972 y artículo 18 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos, ratificado por la Ley 74 de 1968). En igual sentido, la libertad de expresión está sujeta a ciertas restricciones  en los Tratados Internacionales, las cuales  deben estar expresamente  fijadas por la ley  y ser necesarias para:  a) asegurar el respeto a los derechos o la reputación  de los demás;  b)  la protección  de la seguridad  nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (artículo 19 numeral 13, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Ley 74 de 1968). Mientras que la Constitución colombiana sustrae las libertades de religión, de cultos y de expresión a la órbita del legislador, los tratados y convenios internacionales subordinan su ejercicio a lo dispuesto por la ley con miras a garantizar la "seguridad, el orden, la salud o la moral pública". Tal divergencia debe resolverse en favor del mayor alcance de los derechos fundamentales acogido en la Constitución, sin que con ello se lleguen a desconocer derechos fundamentales de otras personas o el principio de prevalencia del interés general (CP art. 2) Dos cuestiones adicionales deben absolverse cuando se trata de balancear el ejercicio de la libertad de cultos o de expresión frente a los derechos constitucionales de otros o los intereses generales del Estado con fundamento constitucional: primero, si el núcleo esencial de la libertad ejercida es respetado y, segundo, los efectos que tendría para el individuo o la sociedad quedar subordinados en sus intereses a la prevalencia del interés contrario. 8. La libertad de cultos, o derecho a profesar libremente la religión y a difundirla tiene como presupuesto esencial la posición del individuo en la Constitución, como persona responsable, con capacidad para desarrollar libremente su personalidad. La libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de valores establecido en la Constitución, junto al mandato de tolerancia íntimamente ligado a la convivencia pacífica y al respecto de la dignidad humana, valores fundantes del Estado. Por estas razones, el Estado no puede someter las actividades y formas de conducta que fluyen de una visión  o creencia religiosa particular a las mismas sanciones o restricciones previstas para comportamientos desplegados con independencia de motivaciones religiosas. En el presente caso, la restricción sufrida por el señor SIERRA HERNANDEZ al no permitírsele utilizar un equipo  de amplificación desde su casa de habitación para divulgar "la palabra de Dios", debería ser una limitación menos gravosa que la exigible para el uso de altoparlantes  con otros fines. 9. Aunque la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento y opiniones es un derecho de toda persona, no es sólo un derecho individual, sino también garantía de una institución política fundamental: "la opinión  pública libre". Una opinión pública libre está indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito de funcionamiento del estado democrático. Sin una comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidos a formas hueras las institucionales representativas y participativas y absolutamente falseado el principio de la legitimidad democrática. Ante la colisión de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, respecto de los cuales la Constitución no establece ningún orden jerárquico que sirva de directriz para resolver tales conflictos, al juez le corresponde hacer una cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta las circunstancias concretas. Una argumentación sistemático-formal tendería a proteger los derechos fundamentales según el orden de su reconocimiento, empezando por el artículo 15 con el derecho a la intimidad, antes que por las libertades  de cultos y de expresión,  consagradas en los artículos 19 y 20 de la Constitución. Sin embargo, la resolución  formal del conflicto  no responde al objetivo de trazar un límite al ejercicio pacífico de las libertades de expresión y de cultos, sin vulnerar con ello el núcleo esencial del derecho a la intimidad. Tampoco es posible proclamar apriorísticamente la superioridad de un derecho fundamental sobre el otro, lo que llevaría a afirmar que en un caso se trata de un derecho individual, que refleja un interés particular, y en el otro de un derecho social, debiendo el segundo primar sobre el primero. Enfrentados los derechos o libertades en conflicto cabe establecer la función que cumplen dentro del ordenamiento jurídico democrático, participativo y pluralista. Bajo esta óptica, la libertad de expresión ocupa una posición preferente como medio de formación de la opinión  pública, sobre otros derechos fundamentales cuya finalidad  es resguardar la esfera privada del individuo. Esta posición preferente  de la libertad de expresión  como garantía de la opinión pública sirve para resolver las dudas a favor de tal libertad (in dubio pro libertate); sin embargo, el valor preferente de esta libertad declina cuando su ejercicio no se realiza por los cauces normales de formación de la opinión pública, sino  a través de medios, tan anormales e irregulares que atentan o vulneran otros derechos fundamentales también reconocidos y protegidos por la Constitución. 10. El anterior orden de ideas permite situar con precisión el cuestionamiento central elevado mediante la interposición de la presente tutela: ¿es constitucional el uso de un equipo de amplificación como medio para ejercer las libertades de cultos y de expresión cuando dicho  uso se hace en una zona residencial? No existe una prohibición genérica en la legislación  respecto de la utilización de equipos que sirvan para proclamar o divulgar ideas o creencias, así como propaganda política o comercial. Aún más, si tal prohibición existiera, adolecería muy probablemente de un vicio de constitucionalidad, dada la posición preferente dada a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico. Socialmente el uso de altoparlantes es común y su efecto tolerado por la comunidad, a pesar de que su abuso podría generar una eventual violación del derecho a un medio ambiente sano como productor de "polución por ruido". Ciertos sectores de la población acuden a  dicho medio para difundir sus convicciones o pensamientos, y con mayor medida aquellas personas o grupos que por su condición económica no tienen acceso a los medios masivos de comunicación social y, por lo tanto, su capacidad de influir en la formación de la opinión pública es mínima. Piénsese, por ejemplo, en los pequeños  comerciantes que acuden a este sistema para hacer propaganda de sus productos. De igual manera, actividades como las campañas políticas y, específicamente, ciertas celebraciones religiosas hacen uso de mecanismos de amplificación  de la voz para comunicar sus mensajes. Es así como, en principio, el uso de altoparlantes no estaría restringido cuando se emplee con la finalidad de divulgar "la palabra de Dios", como tampoco está restringido su uso para otro tipo de finalidades. Sin embargo, podría pensarse en una restricción especial  atendiendo al lugar en donde se utilice.En efecto, el uso de equipos de amplificación en casas situadas en zonas residenciales podría estar limitado por la conservación de la tranquilidad pública. La división de la ciudad en diferentes zonas, de conformidad con criterios urbanísticos y de planeación, obedece  al cumplimiento de ciertos parámetros según el tipo de actividades desarrolladas en dichos espacios: comercial, industrial, residencial. La denominación de zona residencial busca garantizar el descanso y la privacidad, valores cobijados bajo el derecho a la intimidad. Por tal motivo, se justificaría limitar  el uso de dichos medios con miras a preservar la tranquilidad propia de ciertas zonas de la ciudad. Si la prohibición al uso de altoparlantes estuviera justificada con miras a preservar la tranquilidad pública, tal prohibición debería ser extendida a todo tipo de actividades que optaran por acudir a tal procedimiento. En la práctica, sin embargo, se observa que ello no es así. Los alcaldes autorizan el uso de equipos de amplificación para el desarrollo de campañas políticas, propaganda comercial y otras actividades propias de la sociedad civil. En definitiva, el uso de altoparlantes desde una casa de habitación para difundir "la palabra de Dios" no debe ser la única excepción de un comportamiento generalizado, so pena de incurrir en un trato discriminatorio por razones religiosas. La libre formación de la opinión pública y religiosa en una sociedad democrática, participativa y pluralista, exige tolerancia frente al ejercicio de las libertades públicas. Ante el uso legítimo de medios y mecanismos de amplificación de la voz en zonas residenciales deberá estarse a la particularidad del caso y al grado de la utilización  del medio para que pueda ser compatible frente a otros derechos y valores constitucionales fundamentales. Queda claro, según lo anterior, que la utilización en general de altoparlantes en zonas residenciales no está sujeta a ninguna prohibición constitucional o legal. Por tal motivo, resta establecer si el uso de tal mecanismo para los fines y en las condiciones del caso sub iudice contrarían o no derechos constitucionales de otras personas y, en dicho caso, establecer cuál tiene primacía, atendido el contenido y alcance de cada uno de ellos. 11. La libertad de religión comprende expresamente el derecho de difundirla en forma individual o colectiva. De otra parte, el derecho de toda persona a su intimidad personal y familiar, aunado a las libertades de conciencia, de expresión, de informar y recibir información, de cultos y de religión, permiten afirmar con ocasión de los diferentes procesos de comunicación social el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no se desea escuchar o ver. La utilización de un altoparlante como medio para difundir la religión, puede en algunos casos ser intrusivo frente a las demás personas, si las circunstancias en las que se produce la emisión del mensaje les impide como destinatarios del mismo ser receptores voluntarios, y dicha emisión se realiza por fuera de un foro público, esto es, el sitio, lugar o medio a través de los cuales la sociedad y sus integrantes circulan, debaten, intercambian y comunican sus ideas. 12. La instalación y utilización de un altoparlante en una zona residencial de una ciudad, puede colocar a los vecinos en la posición de audiencia cautiva y forzada de quien se vale de él para transmitir mensajes de tipo religioso. 13. Cuando se utiliza un medio para potenciar la difusión de una idea, creencia o pensamiento - altoparlante, micrófono etc. - en lugares que por su naturaleza se destinan al foro público, como las calles, parques y plazas públicas, los receptores eventuales de los mensajes y datos difundidos, así se encuentren involuntariamente en el espacio de propagación o influencia del sonido o de la imagen por cuyo conducto se tornan tangibles y por la fuerza de las circunstancias son constreñidos a escuchar o a ver, no pueden constitucionalmente oponerse al ejercicio en dicho foro público de la libertad de expresión, reunión o religión, que allí se despliega. El ejercicio constitucional de estas libertades en lugares que por su naturaleza y destinación corriente, sirven de asiento al foro público de las ideas, no se subordina a la aprobación  de las personas que eventualmente sean los receptores voluntarios o involuntarios de aquéllas. En el foro público está excluido por definición el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que allí se dice o muestra. 14. La utilización de un altoparlante para divulgar creencias religiosas, colocado y operado desde una casa perteneciente a un conjunto o zona residencial, lo convierte en foro público para la difusión de ideas, creencias o pensamientos de contenido religioso. Si las costumbres y demás circunstancias del respectivo ambiente social no son compatibles con la conversión, así sea temporal, del lugar privado en foro público para los indicados propósitos, el ejercicio de la libertad de religión en esas condiciones se subordina a que sus habitantes lo acepten. Lo contrario significaría la invasión impune de los reductos de la intimidad personal y familiar (CP art. 15) y de las esferas de la propia libertad de conciencia, de religión, de expresión y de informar y recibir información (CP art. 20) de las personas que sin su consentimiento queden expuestas a la influencia del medio empleado. Aquí sí cabe el ejercicio por éstas del derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver. De todas maneras es claro que los residentes no interfieren con el contenido y alcance de la libertad de religión de quien pretende utilizar el altoparlante, como quiera que dentro de ésta no se incluye la potestad para convertir un lugar privado, perteneciente a varios, en foro público en contra de su voluntad expresa o tácita. Los dueños, poseedores o tenedores de un lugar, medio o facilidad privados, tienen el derecho a que su finalidad esencial no se desvirtúe de manera permanente o adventicia y pueden, por tanto, válidamente oponerse a que se utilicen como foro público. En ocasiones este derecho adquiere connotaciones colectivas, como ocurre cuando los residentes de un conjunto residencial caracterizado por su tranquilidad y silencio y su preponderante destinación al reposo y tranquilidad de sus moradores, rechazan la utilización de altoparlantes para comunicar ideas y pensamientos. Es evidente que sólo con este fundamento puede mantenerse el lugar privado sustraido a su conversión en foro público, como quiera que de no ostentar estas características o ser otros los motivos, la oposición perdería sustento y se tornaría en medida odiosa de censura social, discriminatoria de los derechos y las libertades de algunos de sus miembros. 15. Un lugar privado de las características anteriores puede convertirse en foro público, sin necesidad de autorización, permiso o aviso previo, si los emitentes y receptores, como participantes de un proceso de comunicación social, están de acuerdo en ello. La importancia de los procesos de comunicación social y su estrecha relación con la libertades públicas - en especial para la circulación y propagación de ideas políticas, religiosas etc -, debe permitir a cualquier miembro de la comunidad iniciar dicho proceso, formulando a través de los medios a su alcance, las invitaciones y mensajes necesarios para que éstos tengan lugar. Si los restantes miembros del grupo social, atendidas las características del mismo y el carácter de privacidad del recinto o ámbito donde se pretende proseguir un determinado proceso de comunicación social - en este caso de orden religioso -, se oponen al mismo se suscita un conflicto cuya solución supedita su ulterior continuación. 16. El juez de tutela llamado a resolver el conflicto debe, además de sopesar los derechos en juego, como se ha indicado en los considerandos anteriores, dar cabida al derecho a iniciar un proceso de comunicación en un lugar privado - con miras a su eventual transformación, para los efectos del discurso, en un foro público - y así mismo al derecho que corresponde a los destinatarios del mismo para decidir sobre éste último extremo y sobre la continuación del indicado proceso, cuando la naturaleza potencialmente intrusiva del medio empleado y las características del lugar escogido por el emitente puedan colocar a sus receptores en una posición de audiencia cautiva y forzada. 17. En situaciones como la descrita, el juez de tutela debe tener en cuenta los siguientes elementos de juicio y factores que intervienen en ellas: - El derecho para iniciar un proceso de comunicación social en un lugar que carece de la connotación de foro público, tiene sólo la función de exhortar e invitar a su realización, no pudiendo el emitente pasar a las fases sucesivas de desarrollo del respectivo discurso o prédica que suponen la previa configuración de una audiencia libre y voluntaria. - El conflicto no se presenta en lugares que tienen la connotación de foro público, en cuyo caso la libertad de difundir la religión, no puede en principio ser interferida por razones de contenido o forma esgrimidas por los receptores voluntarios o forzados. - Para que un conjunto a zona residencial de una población, no pueda jurídicamente servir como base de un foro público para canalizar ideas religiosas, debe en verdad corresponder a las características de quietud, tranquilidad y reposo alegadas por sus moradores de modo que la utilización del medio de transmisión de las ideas o mensajes - en este caso, el altoparlante - efectivamente tenga la aptitud de disturbarlas e invadir sensiblemente ámbitos de la intimidad personal y familiar. - Si el lugar no reune las características de foro público y el medio empleado por el emitente para divulgar sus ideas religiosas puede ser intrusivo, la decisión del juez se basará en el respeto al derecho que tiene el emitente - en razón de la libertad que le reconoce la Constitución de divulgar públicamente sus creencias - de invitar y exhortar a su eventual audiencia. En esta fase inicial de convocatoria, el derecho del emitente para efectuarla no puede ser interferido por los restantes miembros de la comunidad, pero la utilización del medio escogido debe en todo caso ser razonable y respetuosa para con los demás. Producida la convocatoria, el juez debe considerar que la prosecución del pretendido proceso comunicativo, sólo puede tener lugar si los eventuales receptores que idealmente integran la audiencia buscada imparten su aceptación a ella. La intervención de los restantes miembros de la comunidad es necesaria si su anuencia es indispensable para despojar al medio empleado de su carácter intrusivo; y, además, si se considera que sin dicha aquiescencia, la cual puede ser expresa o tácita, tomando en consideración el lugar y las demás circunstancias de la situación, ellos se expondrían a conformar una audiencia cautiva y forzada. Esta intervención es procedente para evitar que el proceso comunicativo prosiga pese a la existencia de una audiencia cautiva y forzada cuyos miembros verían conculcado su derecho a la intimidad y demás libertades propias. 18. En el presente caso, las autoridades decidieron por sí y ante sí el concreto ejercicio de los derechos de las partes involucradas en el frustrado proceso comunicativo de carácter religioso, sin tener en cuenta además las fases del mismo y sin adelantar las averiguaciones que para el efecto eran indispensables. Por lo expuesto se procederá a revocar la sentencia del Juez Primero Civil Municipal de Barbosa, a fin de que éste, conforme a lo señalado en los anteriores considerandos, proceda a determinar como instrumento de la convivencia pacífica, si frente a las circunstancias presentes en el barrio Gaitán del municipio de  Barbosa, Santander, hay lugar a considerar la existencia de un foro público para el fin divulgativo religioso materia de esta sentencia o, en caso contrario, conceder la oportunidad al petente para que proceda a efectuar la convocatoria correspondiente conforme a su derecho para iniciar un proceso de comunicación religiosa, cuya prosecución, en un segundo término, sólo será viable si lo aceptan los posibles miembros de su audiencia, en desarrollo de su derecho a no escuchar o ver - por fuera de un foro público - lo que no se desea escuchar o ver. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la decisión  de tutela proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Barbosa (Santander) de fecha seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992) en el proceso de la referencia. SEGUNDO.- ORDENAR al Juez Primero Civil Municipal de Barbosa (Santander) que proceda a determinar si en el barrio Gaitán del municipio de  Barbosa, Santander, hay lugar a considerar la existencia de un foro público para el fin divulgativo religioso materia de esta sentencia o, en caso contrario, conceder la oportunidad al señor EUCLIDES ALVARO SIERRA HERNANDEZ para que proceda a efectuar la convocatoria correspondiente conforme a lo establecido en la parte motiva de la sentencia. TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal y a la Inspección Departamental Permanente de Policía de Barbosa, Santander, el acatamiento estricto a lo decidido por el Juez Primero Civil Municipal de la misma ciudad en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte CUARTO.- LIBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992).

T-404-92 Sentencia No Sentencia No. T-404/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CONTRALOR AUXILIAR-Periodo/PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Al haberse producido el hecho de una nueva elección para el cargo de Contralor Auxiliar por acto de la Asamblea Departamental, con antelación al vencimiento del periodo, pudo, en efecto, haberse vulnerado el derecho del accionante a su trabajo, pues su periodo no necesariamente estaba atado al del Contralor del Departamento, pero la definición acerca de si la Asamblea se atuvo en esta materia a las pertinentes disposiciones del Código de Régimen Municipal y del Código Fiscal del Departamento, no era algo que pudiera discernirse dentro del sumario trámite propio de la acción de tutela, no concebida para dilucidar controversias sobre la legalidad de los actos administrativos, sino para brindar amparo eficaz y oportuno ante violaciones o amenazas de los derechos fundamentales.  En el caso sometido a estudio, es claro que el accionante contaba con un medio de defensa judicial distinto a la acción de tutela, encaminado a obtener la nulidad del acto emanado de la Asamblea Departamental y el consiguiente restablecimiento de su derecho, en caso de prosperar la acción. Siendo subsidiaria la acción de tutela, no podía intentarse a cambio de la vía enunciada, la cual ha debido tramitarse ante el respectivo Tribunal Contencioso Administrativo. PERJUICIO IRREMEDIABLE Atendida la definición legal de perjuicio irremediable, es decir, el que "solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización", no reviste tal carácter el perjuicio alegado cuando sea factible impetrar ante el Contencioso Administrativo, además de la indemnización correspondiente, el reintegro al cargo, tal como sucede en el caso materia de examen. -Sala Tercera de Revisión- Ref.: Expedientes T-585 Y T-514 Acciones de tutela PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR contra ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA. JOSE ELIADES TABARES OSPINA contra GOBERNADOR DEL CAQUETA. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada por acta de la Sala de Revisión Nº 3, dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisa la Corte Constitucional las sentencias proferidas por el Juez Primero de Instrucción Criminal y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), el dos (2) de enero y el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), respectivamente, para resolver sobre la acción de tutela intentada por PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR contra la Asamblea Departamental del Caquetá, y por el Juez Segundo de Instrucción Criminal de la misma ciudad, el veinticuatro (24) de enero del presente año, para decidir en torno a la acción de tutela incoada por JOSE ELIADES TABARES OSPINA contra el Gobernador del Caquetá. La Corte fallará estos dos procesos mediante la misma providencia, por cuanto ambos aluden al mismo caso, según pasa a relatarse. I.  INFORMACION PRELIMINAR A.  Caso de Pablo Germán Cabrera Salazar La acción de tutela fue interpuesta por el interesado el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991). CABRERA SALAZAR fue elegido por la Asamblea Departamental del Caquetá como Contralor Auxiliar para el periodo comprendido entre el 1o. de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1992.  Tomó posesión de su cargo el 27 de diciembre de 1990 y empezó a ejercer sus funciones el 2 de enero de 1991. -  El día 29 de octubre de 1991, la Asamblea Departamental del Caquetá eligió como Contralor Auxiliar al señor JOSE ELIADES TABARES OSPINA. -  Con dicha elección, según el accionante, se violó el Código Fiscal del Caquetá, pues el cargo de Contralor Auxiliar es de periodo y no de libre nombramiento y remoción.  La Asamblea Departamental únicamente tendría facultad para remover a esta clase de empleados por violación de los deberes y prohibiciones o por no ejercer dignamente el cargo, sobre la base de una previa investigación administrativa en la que el inculpado pueda defenderse. En el sentir del demandante, la Asamblea asimiló equivocadamente la situación del Contralor Auxiliar de la Contraloría Departamental a la situación jurídica aplicable a la elección de Contralor Departamental para el periodo 92-95. Dice el peticionario que, si bien la Carta otorga a las asambleas la facultad de nombrar contralores departamentales para periodos de tres (3) años, ella está restringida solamente a ese tipo de nombramientos y, por tanto, ni la Constitución, ni la ley, ni reglamento alguno autorizan para designar contralores auxiliares y demás funcionarios cada vez que haya elección de Contralor Departamental.  Añade que dichos funcionarios solo pueden ser removidos por sentencia judicial o por decisión de la Procuraduría, casos que respecto de él no se han dado. Solicita el accionante que se ordene al Gobernador del Caquetá y al Presidente de la Asamblea Departamental del Caquetá abstenerse de dar posesión al señor JOSE ELIADES TABARES como Contralor Auxiliar de la Contraloría Departamental del Caquetá, es decir que se suspenda la aplicación del acto administrativo que amenaza su derecho. Al efecto invoca los artículos 25 y 86 de la Constitución Política. La decisión de la controversia planteada correspondió, en primera instancia, al Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Florencia (Caquetá), el cual en forma oportuna, mediante providencia del 2 de enero de 1992, resolvió sobre la acción incoada. Después de un breve recuento de los hechos narrados por el accionante, el Juez considera procedente admitir la acción de tutela y ordena la medida provisional de suspender la aplicación del acto administrativo de elección, mientras el Despacho decide de fondo.  En consecuencia, ordena al Gobernador del Caquetá y al Presidente de la Asamblea Departamental se abstengan de darle posesión al Contralor Auxiliar elegido en la Contraloría Departamental del Caquetá, hasta nueva orden. La providencia por medio de la cual se resuelve está fundada en las siguientes consideraciones: 1.  El derecho al trabajo como derecho constitucional y fundamental que es, debe ser objeto de protección por todas las autoridades y en especial, por los jueces de la República. 2.  El artículo 385 del Código Fiscal del Departamento del Caquetá, Acuerdo Especial No.05 del 14 de mayo de 1982, expedido por el Honorable Consejo Intendencial con funciones de Asamblea, determinó que el Subcontralor, ahora Contralor Auxiliar, será elegido por la Asamblea Departamental para un periodo de dos (2) años. 3.  El Consejo de Estado, en sentencia del 26 de octubre de 1989, dijo: "Cuando una elección se hace para un periodo determinado, el empleado adquiere el derecho de permanecer en su cargo hasta el final de dicho periodo mientras lo ejerza con eficiencia, lealtad y honestidad.  De manera que, para retirarlo del servicio antes del vencimiento se requiere adelantar un proceso disciplinario...". 4.  Agrega el Juez que "la Asamblea Departamental no podía legalmente, violando el artículo 385 del Acuerdo Especial No.05 del 14 de mayo de 1982, es decir desconociendo sus propios actos, negar ni desconocer la elección que hizo de PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR como Contralor Auxiliar, el día 4 del mes de octubre de 1990, para un periodo comprendido entre el 1o. de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1992, y está obligada a respetar el derecho que CABRERA SALAZAR tiene de permanecer en el cargo durante el respectivo periodo, a menos que la Procuraduría General de la Nación lo encuentre incurso en faltas disciplinarias, o que un Juez de la República por sentencia judicial lo separe del cargo". 5.  Observa que la Constitución otorga a las asambleas departamentales la facultad de nombrar Contralor Departamental para periodos de tres (3) años, de ternas presentadas por los tribunales de justicia del respectivo departamento, pero nada dice en relación con los cargos de subcontralores o contralores auxiliares, cuya regulación se dejó a la ley. 6.  Por las razones expuestas el Juez de primera instancia concluye que el nombramiento de Contralor Auxiliar efectuado por la Asamblea Departamental del Caquetá constituye una amenaza al goce del derecho al trabajo del Contralor Auxiliar que venía ejerciendo y que instauró la acción de tutela.  Ordena por tanto, la suspensión del Acta No.10 del 29 de octubre de 1991 de la Asamblea Departamental del Caquetá en virtud de la cual se nombró como Contralor Auxiliar a JOSE ELIADES TABARES OSPINA, hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelva lo pertinente en relación con la acción pública de nulidad instaurada ante dicha Corporación por PABLO GERMAN CABRERA. El fallo de primera instancia fue impugnado por el representante legal de la Asamblea del Caquetá, doctor Jesús Angel González Arias.  Correspondió la decisión en segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), el cual revocó la decisión de su inferior con apoyo en las siguientes razones: 1.  En concepto del Tribunal, se trata inequívocamente de un derecho fundamental, cual es el derecho al trabajo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, pero, al existir otros medios o recursos de defensa judicial, la tutela es inabordable, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que no sucede en este caso. 2.  Afirma el Tribunal que el daño en el derecho al trabajo "cuando es vulnerado por un acto de la administración como el enunciado, es remediable puesto que dentro de la actividad correspondiente a la jurisdicción Contencioso Administrativa se pueden obtener, al comienzo, la posible suspensión del acto supuestamente lesivo, y al finalizar, la orden de reintegro sumada a la indemnización". Existiendo otros mecanismos de defensa judicial como lo es la acción de nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la remediabilidad del derecho lesionado, "salta con claridad meridiana la improcedencia de la solicitud de tutela...". B.  Caso de José Eliades Tabares Ospina El señor JOSE ELIADES TABARES OSPINA, solicitante de la tutela, fue elegido Contralor Auxiliar de la Contraloría General del Departamento de Caquetá, por la Asamblea de esa entidad territorial para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993.  El nombramiento le fue comunicado oficialmente por el Presidente de la Asamblea Departamental siendo aceptado mediante comunicación escrita del elegido. -  El señor Gobernador del Departamento de Caquetá se niega a dar posesión al nuevo Contralor Auxiliar con base en una orden impartida por el Juez Primero de Instrucción Criminal de Florencia dentro de la acción de tutela propuesta por PABLO GERMAN CABRERA y hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo por parte del Juez competente, lo cual implica, según él, un atropello a su derecho al trabajo. -  Afirma el accionante que recurre a la tutela para evitar un perjuicio irremediable que se está ocasionando al no haber podido empezar a desempeñarse en forma digna y decorosa desde el pasado 2 de enero de 1992. -  Invoca el artículo 385 del Código fiscal Departamental y se remite a los artículos 272 y 303 de la Constitución Nacional, de los cuales concluye que equiparó el periodo del Gobernador y el de Contralor Departamental, tanto en su duración como en su iniciación. -  Solicita se ordene al Gobernador de Caquetá le dé posesión como nuevo Contralor Auxiliar de la Contraloría del Departamento de Caquetá para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993.  Igualmente pide que se ordene al anterior Contralor Auxiliar, PABLO GERMAN CABRERA, le haga entrega inmediata del Despacho a su cargo y de los bienes de la Contraloría. En escrito aparte, PABLO GERMAN CABRERA, quien venía actuando como contralor Auxiliar del Departamento, por medio de apoderado interviene en este proceso alegando que la acción de tutela es improcedente por cuanto ya hay una decisión de primera instancia en la acción de tutela instaurada por él, la cual sólo puede ser revisada por el superior jerárquico del Juez que la profirió -Juez Primero de Instrucción Criminal de Florencia-. El Juez Segundo de Instrucción Criminal de Florencia, en providencia del 24 de enero de 1992, decidió sobre la acción de tutela interpuesta por el señor TABARES, negándose a conceder el amparo con base en las siguientes argumentaciones: 1.  Está demostrado que el señor JOSE ELIADES TABARES fue nombrado como Contralor Auxiliar Departamental sin que hubiese podido tomar posesión de su cargo en razón de la orden impartida por el Juez Primero de Instrucción Criminal. 2.  Se está controvertiendo el derecho de dos personas a un mismo cargo, una por no haberse posesionado y la otra por continuar en el ejercicio de sus funciones. 3.  Ante la decisión adoptada por un Juez de similar categoría, estima el fallador que no es procedente su pronunciamiento, pues la facultad le corresponde al Tribunal Superior por razón de la escala jerárquica, más si hay de por medio, como en este caso, una impugnación en trámite. 4.  El parágrafo 4o. del artículo 40 del decreto 2591 de 1991 es claro al establecer la improcedencia de la tutela contra fallos de tutela. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos en referencia, de conformidad con lo estatuído en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. III.  REVISION DE LOS FALLOS PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR ejercía su cargo como Contralor Auxiliar del Caquetá al amparo del artículo 385 del Código Fiscal de ese Departamento, Acuerdo Especial número 05 del 14 de mayo de 1992, expedido por el entonces Consejo Intendencial, que dice: "Elección.  El Contralor General del Departamento tendrá como colaborador inmediato en el desempeño de sus funciones fiscalizadoras, un subcontralor elegido por la Asamblea Departamental para un periodo de dos (2) años. PERIODO:  El periodo del subcontralor empezará a contarse el primero de julio siguiente a la elección". Al haberse producido el hecho de una nueva elección para ese mismo cargo por acto de la Asamblea Departamental, con antelación al vencimiento del periodo, pudo, en efecto, haberse vulnerado el derecho del accionante a su trabajo, pues su periodo no necesariamente estaba atado al del Contralor del Departamento, pero la definición acerca de si la Asamblea se atuvo en esta materia a las pertinentes disposiciones del Código de Régimen Municipal y del Código Fiscal del Departamento, no era algo que pudiera discernirse dentro del sumario trámite propio de la acción de tutela, no concebida para dilucidar controversias sobre la legalidad de los actos administrativos, sino para brindar amparo eficaz y oportuno ante violaciones o amenazas de los derechos fundamentales.  En el caso sometido a estudio, es claro que el accionante contaba con un medio de defensa judicial distinto a la acción de tutela, encaminado a obtener la nulidad del acto emanado de la Asamblea Departamental y el consiguiente restablecimiento de su derecho, en caso de prosperar la acción. Siendo subsidiaria la acción de tutela, no podía intentarse a cambio de la vía enunciada, la cual ha debido tramitarse ante el respectivo Tribunal Contencioso Administrativo. Cabría preguntarse si era pertinente invocarla como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a lo cual ya ha respondido esta Corte indicando que, atendida la definición legal de perjuicio irremediable (artículo 6o., numeral 1o., del Decreto 2591 de 1991), es decir, el que "solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización", no reviste tal carácter el perjuicio alegado cuando sea factible impetrar ante el Contencioso Administrativo, además de la indemnización correspondiente, el reintegro al cargo, tal como sucede en el caso materia de examen1. Se concluye de lo dicho que acertó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia al revocar, por los enunciados motivos, el fallo de primera instancia que erróneamente había concedido la protección solicitada. Caso distinto es el de JOSE ELIADES TABARES OSPINA, precisamente la persona elegida por la Asamblea Departamental para ocupar el cargo que venía desempeñando CABRERA SALAZAR. Obra en el expediente copia del acta número 10 del 29 de octubre de 1991, que da fe de la elección efectuada por la Asamblea Departamental del Caquetá para el empleo mencionado durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1994, la cual recayó en la persona del ciudadano TABARES OSPINA. Se trata de un acto administrativo en cuyo favor existe la presunción de legalidad, que únicamente puede ser desvirtuada por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo si encuentra motivos para declarar su nulidad. Como, por otro lado no hay en ese acto una violación "prima facie" de la Constitución Política, pues entonces sería pertinente su inaplicación en virtud de los dispuesto por el artículo 4o. Superior, el llamado a dar posesión al empleado electo, es decir el Gobernador del Departamento, debe proceder a ello para hacer realidad el derecho fundamental consagrado en el artículo 40, numeral 7, de la Constitución, que en efecto resulta vulnerado en esta ocasión. A diferencia de CABRERA SALAZAR, el señor TABARES no contaba, para la defensa cierta de su derecho, con ningún medio judicial de defensa y, por tanto, el único mecanismo apto para alcanzar la efectividad de aquel era el previsto por el artículo 86 de la Constitución2 . Advierte la Corte que el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Florencia, a cuyo cargo estuvo la decisión en el caso del señor TABARES OSPINA, tuvo que negarse a conceder la tutela por cuanto a la fecha de la sentencia (24 de enero de 1992) aún no había sido resuelta la impugnación instaurada por PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR contra el fallo de primera instancia mediante el cual se había ordenado por otro juez la suspensión del acto electoral, providencia que apenas se produjo el día 3 de febrero y que revocó la decisión últimamente mencionada.  Mal podía entonces resolverse en ese momento sobre la acción que intentaba TABARES OSPINA, dado el perentorio mandato, correctamente invocado por el juzgador, contenido en el artículo 40, parágrafo 4o., del Decreto 2591 de 1991, que prohibe la tutela contra fallos de tutela.  No es por esos motivos que se revocará el fallo, sino por los que dejan expuestos. Por último, debe indicarse que al disponerse la posesión del funcionario elegido por la vía de la tutela como única apta para hacer eficaz el derecho fundamental enunciado, no está la Corte Constitucional profiriendo decisión que sustente la validez del acto electoral, pues apenas parte de la presunción de su legalidad en cuanto no contraviene "prima facie" la Constitución Política, quedando en manos de la Jurisdicción competente la resolución relativa sobre dicha validez. IV.  DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) el 3 de febrero de 1992, por medio de la cual se revocó la del Juez Primero de Instrucción Criminal de la misma ciudad, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por PABLO GERMAN CABRERA SALAZAR. Segundo.-  Revócase la sentencia del 24 de enero de 1992, pronunciada por el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Florencia (Caquetá), al decidir sobre acción de tutela incoada por JOSE ELIADES TABARES OSPINA. Tercero.-  Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados, en el sentido de que se ordene al Gobernador del Caquetá la posesión de JOSE ELIADES TABARES OSPINA como Contralor Auxiliar del Departamento durante el periodo para el cual fue elegido. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Magistrado Magistrado 1  Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia No. 1 abril 3 de 1992 2  Ver Sentencia No. 3 Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Mayo 11 de 1992

T-405-92 Sentencia No Sentencia No. T-405/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CONTRALOR MUNICIPAL/REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO/PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD La acción de tutela no puede concebirse ni utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constitución y en las leyes de la República, ni como proceso alternativo que el interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, también establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Política. El actor habría podido intentar la nulidad del acto por medio del cual se revocó su elección y el restablecimiento del derecho que en virtud de él le estaba siendo conculcado; o la acción pertinente contra la elección de quien lo sucedió en el cargo, todo dentro de los términos previstos por el legislador. Más aún, habría podido solicitar la suspensión provisional del acto revocatorio de su elección. JUEZ DE TUTELA-Límites La decisión sobre validez de los actos emanados del Concejo Municipal no podía corresponder al juez la tutela, ya que rebasaba la órbita propia de su competencia.  Estaba de por medio la elección de un nuevo Contralor y la presunción de legalidad del acto electoral correspondiente, con la necesaria conexidad entre ésta y el derecho que también podía alegar el elegido y pedir que le fuera eficazmente amparado.   Había, pues, que resolver de fondo sobre materias que el ordenamiento jurídico ho ha confiado a los jueces por la vía de la tutela sino a la jurisdicción especializada de lo Contencioso Administrativo. -Sala Tercera de Revisión- Ref.:  Acción de Tutela T-1018 ORLANDO GARCIA CARVAJAL contra Concejo Municipal de Riosucio (Caldas) Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Sentencia aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No.3, dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR ORLANDO GARCIA CARVAJAL, quien venía desempeñándose como Contralor Municipal de Riosucio (Caldas), se dirigió al Juez Primero Penal Municipal de esa ciudad para interponer acción de tutela en contra de los actos por medio de los cuales se revocó su elección y se eligió, en su reemplazo, al señor ANIBAL TREJOS. GARCIA CARVAJAL había sido elegido por la misma Corporación para el periodo comprendido entre el primero (1o.) de enero y el treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992). Tomó posesión del cargo el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991). El diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), el Concejo Municipal eligió a ANIBAL TREJOS. El ocho (8) de febrero la Secretaria del Concejo había enviado una comunicación escrita a GARCIA CARVAJAL, en la cual se le informaba que en sesión del día siete (7), se había resuelto revocar su nombramiento como Contralor Municipal, "en razón de que dicho nombramiento es inconstitucional". GARCIA CARVAJAL acudió a la acción de tutela por estimar que con los expresados actos se le desconoció su derecho al trabajo (artículo 25 de la Carta) y que el Concejo Municipal actuó sin atribución constitucional ni legal alguna, violando además los artículos 272 de la Constitución y 103 del Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986). II.  LA DECISION JUDICIAL Mediante fallo del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), el Juez Primero Penal Municipal de Riosucio decidió declarar improcedente la acción instaurada, por estimar que el peticionario ha debido acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa mediante la acción prevista en el artículo 85 del Código adoptado mediante Decreto 01 de 1984. Así, pues, existiendo otros medios de defensa judicial y no siendo el caso de evitar un perjuicio irremediable (aquel que solamente puede repararse mediante una indemnización), el juzgador no estimó aplicable el artículo 86 de la Constitución Política. La sentencia no fue objeto de impugnación. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia Esta Corporación es competente para revisar la sentencia mencionada, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31, 32, y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2. Confirmación de la providencia que se revisa Reitera la Corte que la acción de tutela no puede concebirse ni utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constitución y en las leyes de la República, ni como proceso alternativo que el interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, también establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Política. Existiendo otra vía judicial para la defensa del derecho que se estima quebrantado o sujeto a amenaza, el único motivo que hace viable la acción de tutela es la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, que el legislador ha definido como aquel exclusivamente resarcible mediante el pago de una indemnización (artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991). En el caso sometido a examen, es evidente que no procedía la acción de tutela por cuanto el actor disponía de otros medios judiciales idóneos, previstos en el Código Contencioso Administrativo, para obtener la protección de sus derechos.  Habría podido intentar la nulidad del acto por medio del cual se revocó su elección y el restablecimiento del derecho que en virtud de él le estaba siendo conculcado; o la acción pertinente contra la elección de quien lo sucedió en el cargo, todo -claro está- dentro de los términos previstos por el legislador. Más aún, el demandante habría podido solicitar la suspensión provisional del acto revocatorio de su elección si consideraba, como lo expresó en la demanda, que con él se violaban de manera ostensible normas superiores. Si esta solicitud prosperaba, podía continuar en el ejercicio del cargo durante el corto término para el cual fue elegido,  en cuanto se suspendían los efectos del acto cuestionado mientras la jurisdicción competente resolvía sobre su validez. La tutela, en cambio, no podía ser concedida, por expreso mandato constitucional (artículo 86, inciso 4o.) pues la vía judicial indicada hacía remediable el perjuicio y protegía suficientemente la efectividad de su derecho. Deben resaltarse las enunciadas características del caso en estudio, para distinguirlas de aquellas en las cuales ha encontrado esta Corporación que, ante la inexistencia de otras opciones judiciales para conseguir la eficacia del derecho conculcado, era la acción de tutela el único camino que podía emprender el peticionario.  Así por ejemplo, en Sentencia No.3 del 11 de mayo de 1992 proferida por esta misma Sala, se estimó procedente la acción de tutela para hacer efectivo el derecho de una ciudadana a quien se negaba la posesión en el cargo público para el cual había sido electa, no estando esa negativa contenida en actos susceptibles de ser atacados por la vía de lo Contencioso Administrativo con la indispensable idoneidad para alcanzar la cierta y concreta protección del derecho fundamental consagrado en el artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política. A diferencia de lo allí acontecido, en el caso sub-judice el actor podía haber prescindido de la acción de tutela, la sola suspensión provisional del acto por cuyo medio se lo separaba del cargo, se prosperaba, privaba de efectos jurídicos esa determinación del Concejo Municipal, mientras se resolvía de fondo acerca de si dicha Corporación había acatado o desconocido la ley. Como puede observarse mediante la lectura del expediente, la decisión sobre validez de los actos emanados del Concejo Municipal no podía corresponder al juez la tutela, ya que rebasaba la órbita propia de su competencia.  Estaba de por medio la elección de un nuevo Contralor y la presunción de legalidad del acto electoral correspondiente, con la necesaria conexidad entre ésta y el derecho que también podía alegar el elegido y pedir que le fuera eficazmente amparado.   Había, pues, que resolver de fondo sobre materias que el ordenamiento jurídico ho ha confiado a los jueces por la vía de la tutela sino a la jurisdicción especializada de lo Contencioso Administrativo. Hallándose fundada la decisión del Juez que resolvió sobre la acción de tutela habrá de confirmarse. IV.  DECISION Por las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero. CONFIRMAR el fallo de fecha dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), proferido por el Juez Primero Penal Municipal de Riosucio (Caldas), que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por ORLANDO GARCIA CARVAJAL. Segundo. Líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Presidente de la Sala- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ -Magistrado- -Magistrado-

T-406-92 Sentencia No Sentencia No. T-406/92 ESTADO SOCIAL DE DERECHO/JUEZ DE TUTELA El juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas-  con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho. CONSTITUCION POLITICA/VALORES CONSTITUCIONALES/PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES La Constitución esta concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. JUEZ DE TUTELA-Facultades/DERECHOS FUNDAMENTALES-Efectividad Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela. DERECHOS FUNDAMENTALES-Concepto/ESTADO SOCIAL DE            DERECHO/ACCION DE TUTELA Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación. Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. Para la identificación de un derecho  de tal naturaleza existen unos criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fundamental mismo: 1) Conexión directa con los principios constitucionales; 2) Eficacia directa y 3) Contenido esencial. DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación/ DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA El carácter de fundamental no coincide con el de aplicación inmediata. Siendo así, es necesario distinguir entre derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Ante esta dificultad, corresponde a la jurisprudencia, y en especial a la Corte Constitucional, la definición de la naturaleza y alcance de los derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. PRINCIPIO DE SEPARACION DE FUNCIONES ENTRE ORGANOS DEL ESTADO La doctrina de la separación de poderes ha variado sustancialmente en relación con la formulación inicial. Aquello que en un principio tenía como punto esencial la separación de los órganos, cada uno de ellos depositario de funciones bien delimitadas, ha pasado a ser, en la democracia constitucional actual, una separación de ámbitos funcionales dotados de un control activo entre ellos. Lo dicho está en acuerdo, además, con una interpretación contemporánea de la separación de los poderes, a partir de la cual el juez pueda convertirse en un instrumento de presión frente al legislador, de tal manera que este, si no desea ver su espacio de decisión invadido por otros órganos, adopte las responsabilidades de desarrollo legal que le corresponden y expida las normas del caso. Este contrapeso de poderes, que emergen de la dinámica institucional , es la mejor garantía de la protección efectiva de los derechos de los asociados. DERECHOS ECONOMICOS/DERECHOS SOCIALES/DERECHOS CULTURALES/ACCION   DE TUTELA/JUEZ DE TUTELA-        Facultades La aceptación de la tutela para los derechos económicos, sociales y culturales, sólo cabe en aquellos casos en los cuales exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con los requisitos y criterios de distinción anotados; sólo en estos casos, el juez puede, en ausencia de pronunciamiento del legislador, y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho fundamental, pronunciarse sobe el sentido y alcance de la norma en el caso concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que ponga fin a la violación del derecho. En tales eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la gravedad de la violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino también las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de recursos y por el otro los propósitos de igualdad y justicia social que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez establecida la violación de un derecho fundamental, el juez se enfrenta a un problema de justicia distributiva. REVISION FALLO DE TUTELA-Objeto/JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL La revisión tiene, entre otras, la finalidad de servir de instrumento de fijación del sentido de los textos. Su alcance, por lo menos en términos prácticos, no se limita a la solución definitiva del caso que se presenta para su conocimiento, sino que va mucho más allá: sirve de pauta a todas las autoridades para la interpretación y aplicación de los derechos. Es innegable el valor pedagógico e incluso "normativo- general" de la jurisprudencia de tutela que crea la Corte Constitucional. DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA/DERECHO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho al servicio de alcantarillado, en aquellas circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela. El hecho de haberse iniciado la construcción del alcantarillado desvirtúa la principal objeción para la efectiva aplicación del derecho a los servicios públicos fundamentales, cual es  la falta de recursos económicos. SENTENCIA DE JUNIO 5 DE 1992 REF. Expediente T-778 PETICIONARIO: José Manuel Rodríguez R. PROCEDENCIA:Tribunal Administrativo                                         de Bolívar MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por el señor José Manuel Rodríguez Rangel contra el señor Enrique Chartuny González, gerente de las Empresas Públicas de Cartagena y resuelto en primera instancia y única instancia  por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar. I. ANTECEDENTES A. Hechos Las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado para el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido  un año   y sin haber terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de aguas negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes  de la atmósfera de los residentes tanto del barrio en mención como del Campestre, ubicado a pocos metros de aquél. El peticionario, residente del barrio Campestre, se ha visto afectado, puesto que  su manzana se halla exactamente en frente de las obras inconclusas. A pesar de los varios requerimientos hechos a las Empresas para que terminen la obra, esta no se ha concluído. La petición se encamina a que el Tribunal ordene a las entidades demandadas la continuidad de la obra hasta su terminación, o la adopción de alguna medida que tienda a proteger a los residentes del sector. B. Fundamentos de la acción Solicita  el accionante que se tutele el derecho a la salubridad pública consagrado en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Agrega, además, que  el derecho al medio ambiente sano y a la salud de la población  puede estar protegido por la tutela cuando  se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo establece el artículo 6 del decreto 2591. El peticionario solicita la tutela y no una acción popular tal  como lo establece el artículo 88 de la Carta por razones que no aparecen de manera explícita en la demanda. Ante todo debe tenerse en cuenta el hecho de que las acciones populares no han sido reglamentadas por la ley y, en consecuencia, aún no se puede hablar de ellas como de un mecanismo efectivo de protección de derechos colectivos; además, y en acuerdo con lo anterior,  la violación del derecho colectivo señalado por el demandante, requería una protección inmediata, para lo cual la tutela constituye el mecanismo de protección más idóneo. Agrega que, si bien es cierto que el Decreto Reglamentario 2591 de 1991 establece entre las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6o. No 3, su inaplicabilidad  cuando se  quieran proteger derechos colectivos, este mismo hace una salvedad para aquellos casos en que el titular pretenda la protección de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Enfatiza el accionante que lo que pretende con la acción es precisamente evitar un perjuicio irremediable.  Si se reputara que éste ya está consumado,  la acción sigue siendo  procedente pues continúan los actos violatorios del derecho Por otra parte, aclara que, si bien existen otros medios de defensa judicial como la acción de reparación directa ante lo contencioso administrativo, interpone la acción de tutela  como mecanismo transitorio. C. Decisión a revisar Presentada la demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, correspondió conocer de la demanda a la Dra. Olga Salvador de Vergel, como Magistrada ponente. Una vez admitida, solicitó al Gerente General de las Empresas Públicas Municipales de Cartagena un informe detallado sobre la construcción del alcantarillado, requerimiento éste que no fue atendido por dicho funcionario. Así mismo ordenó la práctica de una inspección judicial que se llevó a cabo el día seis de  febrero de 1992 y en la cual se constató  la existencia de un "registro de alcantarillado del cual brota una corriente de  aguas negras de olores nauseabundos que inunda parte de la calle...". Terminada la diligencia de inspección, procedió el Tribunal en sala plena a  proferir su fallo, fundándose  en las siguientes razones: 1."La acción de tutela sólo es procedente para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que son los señalados expresamente en la Constitución Título II, Capítulo I." Apoya este razonamiento en el concepto emitido por el Consejo de Estado de fecha 5 Febrero de 1992, donde además se agrega la incompetencia de la Corte Constitucional para definir otros derechos como fundamentales, aparte de los contenidos en dicho título. 2. El accionante cita como violado el  derecho contenido en el artículo 88 de la Constitución Nacional, que no se encuentra expresamente señalado como fundamental en la Constitución Nacional, lo cual   lleva a la Sala a inaplicar  por vía de la excepción de inconstitucionalidad    lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991, que establece: "... la posibilidad de utilizar por razón de su naturaleza en casos concretos el mecanismo de la tutela para derechos  no contemplados como fundamentales por la Constitución, toda vez que dicha disposición desborda lo establecido en el artículo 86 de la Carta." Razones estas suficientes a juicio de la sala para negar la protección invocada por el accionante. Este fallo no fue objeto de impugnación. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal Administrativo lo envió a la Corte para su eventual revisión. II.CONSIDERACIONES DE LA CORTE La decisión del Tribunal de Bolívar plantea cuestiones de fondo en relación con la interpretación de los derechos fundamentales y la acción de tutela. Según el Tribunal, "la acción de tutela procede sólo para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales". Los  derechos  que el peticionario considera  violado -dice el Tribunal- son los establecidos en el artículo 88, que  tienen como mecanismo de protección  las acciones populares, así mismo se relacionan  con dicha petición los artículos 49 sobre atención a la salud , saneamiento ambiental y el artículo 79 sobre derechos colectivos y del medio ambiente. Ninguno de estos artículos, concluye el Tribunal, pueden ser considerados como fundamentales por no estar  en el capítulo primero del título segundo, en que están consagrados los derechos de este tipo. En vista de la trascendencia del tema, no sólo por estar vinculado con lo esencial de la parte dogmática de la Constitución, sino también por la circunstancia de que en los actuales momentos, una definición sobre este tema es indispensable para la adecuada aplicación de los textos constitucionales, esta Sala de Revisión considera que es necesario un pronunciamiento de fondo sobre el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales y su relación con los derechos fundamentales. Pero antes, es indispensable una referencia a dos temas básicos, cuya definición será determinante para la delimitación de tales  derechos . El primero de ellos se refiere al alcance del estado social de derecho, y el segundo a la delimitación de los derechos fundamentales. I. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO La fórmula del artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define como un Estado  social de derecho, es de una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano. Esta importancia amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance de este concepto y sobre su sentido e interpretación, no sólo en el contexto internacional -del cual sin duda alguna se nutrió la Asamblea Nacional Constituyente- sino en la  Constitución misma, vista como una norma autónoma. Para ello ninguna ocasión tan oportuna como la que se refiere a la definición de los derechos económicos sociales y culturales y a su relación con el derecho de tutela. A.  Origen y delimitación conceptual 1. Lo primero que debe ser advertido es que el término "social", ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, esta presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto. 2. La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente. a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975). b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico  en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política1 3. Estos cambios han producido en el derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente manera: pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular  y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del derecho constitucional, debido a la generalidad de sus textos y a la consagración que allí se hace de los principios básicos de la organización política. De aquí la enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social de derecho. 4. La complejidad del sistema, tanto en lo que se refiere a los hechos objeto de la regulación, como a la regulación misma, hace infructuosa la pretensión racionalista que consiste en prever todos los conflictos sociales posibles para luego asignar a cada uno de ellos la solución normativa correspondiente. En el sistema jurídico del Estado social de derecho se acentúa de manera dramática el problema -planteado ya por Aristóteles- de la necesidad de adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la norma por medio de la intervención del juez. Pero esta intervención no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica. 5. Es justamente aquí, en esta relación entre justicia y seguridad jurídica, en donde se encuentra el salto cualitativo ya mencionado: El sistema jurídico creado por el Estado liberal tenía su centro de gravedad en el concepto de ley, de código. La norma legal, en consecuencia, tenía una enorme importancia formal y material, como principal referente de la validez y como depositaria de la justicia y de la legitimidad del sistema. En el Estado intervencionista se desvanece buena parte de  la importancia formal (validez) y de la importancia material (justicia) de la ley. 6. La Constitución colombiana recoge ampliamente los postulados normativos del Estado social de derecho. Ello se comprueba no solo al repasar lo consagrado en la lista de los principios y de la Carta de derechos, sino también en la organización del aparato estatal. El artículo primero de la Constitución es la clave normativa que irradia todo el texto fundamental: Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Por lo menos tres postulados se desprenden del artículo primero: a) El Estado es definido a través de sus caracteres esenciales. Entre estos caracteres y el Estado la relación es ontológica: El Estado Colombiano es tal, en tanto sus elementos esenciales están presentes; no se trata de cualidades, capacidades o dotes del Estado, sino de su propia naturaleza, de su propio ser. b) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales2 . El sentido y alcance del artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica, la cual a través de la historia del constitucionalismo occidental,  se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable. Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en el cual han tenido formación los conceptos del artículo primero, puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias. En síntesis, la Constitución esta concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. B. Principios y valores constitucionales 7. Una de las características más relevantes del Estado social de derecho consiste en la importancia  que adquiere el juez en sus relaciones con el legislador y con la administración. Buena parte de ella se deriva del nuevo papel que juegan los  principios constitucionales en las decisiones judiciales y su relación con los valores y normas de la Carta. a-. Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico3 pueden tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya el fundamento y la finalidad de la organización política. De este tipo son los valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. También son valores los consagrados en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución en referencia a los fines del Estado: el servicio a la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y deberes, la participación, etc. Todos ellos establecen fines a los cuales se quiere llegar. La relación entre dichos fines y los medios adecuados para conseguirlos, depende, por lo general, de una elección política que le corresponde preferencialmente al legislador. No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional. Su condición de valores fundantes les otorga una enorme generalidad y, en consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben varias  fijaciones del sentido. Corresponde al legislador, de manera prioritaria, la tarea de establecer la delimitación de dichos valores a través de leyes. En vista de su naturaleza abierta, los valores constitucionales sólo tienen una eficacia interpretativa; la Corte Constitucional debe ser respetuosa de la prerrogativa legislativa que consiste en establecer el alcance general de los mismos. Esto no impide que la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos, valerse de ellos para resolver una situación específica o para valorar otras normas o instituciones; sin embargo, ello sólo sería posible dentro de una interpretación global de los hechos y del derecho y no como normas de aplicación inmediata suficientes por sí solas para fundamentar la decisión judicial. Los valores son definitorios a la hora de resolver un problema de interpretación en el cual está en juego el sentido del derecho, no son normas de aplicación directa que puedan resolver, aisladamente, un asunto. b-. Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional.  Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad,  la prevalencia del interés general (artículo  1); la soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del mañana. Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de poseer  valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión  judicial. Los valores son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al  legislador; los principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. Los principios, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta 4 , es decir, sólo son aplicables  a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales. De manera similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad aumentan su espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad para iluminar el caso concreto. C. Principios y Estado Social 8. El aumento de la complejidad fáctica y jurídica en el Estado contemporáneo ha traído como consecuencia un agotamiento de la capacidad reguladora de los postulados generales y abstractos. En estas circunstancias la ley pierde su tradicional posición predominante y los principios y las decisiones judiciales, antes considerados como secundarios dentro del sistema normativo, adquieren importancia excepcional. Esta redistribución se explica ante todo por razones funcionales: no pudiendo  el derecho, prever todas las soluciones posibles a través de los textos  legales, necesita de criterios finalistas (principios) y de instrumentos de solución concreta (juez) para obtener una mejor comunicación con la sociedad. Pero también se explica por razones sustanciales: el nuevo papel del juez en el Estado social de derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y efectividad de los contenidos materiales de la Constitución, claramente señalada en su artículo 228 ("Las actuaciones [de la administración de justicia] serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial"). 9. Pero esta no es la única razón que explica el cambio anotado: el desarrollo de la democracia constitucional puso de presente que el órgano legislativo, depositario tradicional de legitimidad popular, debe estar acompañado del control jurisdiccional, que ha demostrado, a través de la historia del derecho constitucional moderno, ser el órgano más eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos. Las dificultades derivadas del crecimiento desbordante del poder ejecutivo en el estado intervencionista y de la pérdida de liderazgo político del órgano legislativo, deben ser compensadas, en la democracia constitucional, con el fortalecimiento del poder judicial, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional. Sólo de esta manera puede lograrse un verdadero equilibrio y colaboración entre los poderes; de lo contrario, predominará el poder ejecutivo. La dispersión de intereses en la sociedad capitalista actual, ha diezmado la importancia del concepto de interés general, repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma. Esta deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar soluciones producto no solo del imperio de la ley sino también de la negociación y de la adecuación a las circunstancias específicas del conflicto. En estas condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho a la realidad social. Depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración "la realidad viviente de los litigios", el juez está en plena capacidad, como ningún otro órgano de régimen político, de desempeñar ese papel 5. En síntesis, el control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídica-justicia. 10. De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas-  con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho 6 . D.     El Estado social de derecho y los derechos      fundamentales 11. La fórmula clásica del Estado liberal, en relación con la delimitación de los derechos fundamentales, consistía en establecer una lista de derechos pertenecientes a esta categoría. Una de las manifestaciones de la crisis del Estado constitucional en la segunda mitad del siglo veinte, consiste en afirmar que de nada sirve una buena lista de derechos si no se tiene en cuenta el proceso de aplicación. Según esta crítica, el problema fundamental de tales derechos se encuentra en la definición de las relaciones entre ellos y no en la enunciación de los que son. Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en los derechos que son fundamentales - de hecho en los convenios internacionales existe tal acuerdo - pero es difícil saber, a priori, como se aplican. El asunto es: en caso de conflicto - y esto es lo mas corriente- entre dos o tres derechos, cuál debe tener prioridad ?. El problema fundamental de los valores no es el de su enunciación sino el de su aplicación. Para la realidad del derecho es más importante establecer cuales son los criterios de interpretación y aplicación de las normas que establecer cuales es la lista de aquellas normas que pertenecen a una determinada categoría. Si lo esencial de la definición de los derechos fundamentales, se juega en el ámbito de la relación entre los mismos, esto trae como consecuencia: 1) que la definición a priori de todos los que son no tiene mayor importancia; 2) que esta tarea debe ser llevada a cabo por el juez, puesto que la relación entre los derechos es un dato que viene de los hechos ( a través de la tutela); 3) de esta manera, en la relación texto constitucional-hecho social, se irá construyendo una nueva interpretación de la carta de derechos adecuada a una realidad propia del subdesarrollo (nuevo constitucionalismo para América Latina). 12. Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela 7 . II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 13. Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación. A. Debates en la Asamblea Nacional Constituyente 14. Sobre el concepto de derecho fundamental debatido en la Asamblea Nacional Constituyente hay pocas referencias. Casi todo el tema fue tratado bajo la rúbrica de los derechos humanos. Así se desprende de la ponencia de la subcomisión segunda de la comisión primera, cuando afirma: "para determinar los derechos que deben figurar en nuestra Carta constitucional se tuvo en cuenta la evolución del concepto de derechos fundamentales propiciada por las circunstancias históricas y políticas y por el desarrollo de los principios humanitarios"; Todo ello para tratar el tema bajo la clásica división de las tres generaciones de derechos humanos. Otra forma de determinar el carácter de fundamental de un derecho debatida en la Asamblea fue la del concepto de aplicación inmediata. Esta vía fue defendida en la intervención hecha por el Ministro de Gobierno Humberto de  la Calle Lombana en la sesión del 6 de Marzo ante la comisión primera al presentar el proyecto de gobierno: "... en nuestra opinión no se trata de establecer una escala de valores que discrimine unos derechos frente a otros, ... lo que el gobierno quiere señalar es que hay unos derechos que son de aplicación inmediata, que no requieren la intermediación de la norma legal para que ellos tengan vigencia y por lo tanto permiten la utilización inmediata de los elementos de protección de los derechos...". Según esto el derecho de tutela sólo podía ser aplicado frente a la violación de alguno de estos derechos considerados como de aplicación inmediata. Pero fue en las sesiones plenarias donde se aclaró el punto: La aplicación inmediata no agotaba la lista de los derechos fundamentales. Para llegar a esta conclusión es necesario conocer el debate en plenaria sobre el artículo 85 de la Constitución . En sesión plenaria de junio 29 la comisión codificadora sometió a discusión un texto que hacia referencia a la acción de tutela, únicamente para aquellos derechos que se habían determinado como de aplicación inmediata, entre ellos la vida, la integridad personal, la honra, la igualdad, etc. Una vez finalizada la lectura se presentaron las interpelaciones en contra, por parte de algunos constituyentes; así expresó su inconformidad el Dr, Alvaro Echeverry Uruburu: "La comisión codificadora incurrió en una gravísima confusión; de suerte que confundió aplicación inmediata de los derechos que quiere decir  que hay derechos que simplemente basta su consagración en la Constitución para que tengan operancia y efectividad; que no necesitan ley que los reglamente,...y eso es una cosa distinta con el amparo o con el derecho de tutela como aquí se ha llamado, que obviamente está prescrito para unos derechos fundamentales, pero obviamente el error partió de allí, porque dice la comisión que se amparan con tutela, esos derechos de aplicación inmediata , es decir que no hay tal ley reglamentaria y otra cosa es que se diga cuales derechos van a ser amparados por la tutela que esos si pueden ser reglamentados en la ley estatutaria respectiva...". Es precisamente en este punto donde es necesario entrar a establecer si realmente se quiso, por parte de los constituyentes, establecer un catálogo taxativo de derechos fundamentales, o, por el contrario, fue apenas una enunciación susceptible de ser ampliada a otros derechos que, a pesar de no ser tenidos bajo el título de fundamentales, pueden serlo por una interpretación que de ella se haga. Un gran número de constituyentes pensaban que la carta de derechos fundamentales no podía ser taxativa, tema este que se debatió cuando se estaba votando el artículo referente a la acción de tutela. Se transcribe a continuación la intervención del Dr. Juan Carlos Esguerra en la sesión plenaria del 29 de junio:"... en el artículo de tutela que viene a continuación se estableció que a través de ese mecanismo se protegerían los derechos fundamentales, entonces, deliberadamente no incluimos allí una relación de los derechos fundamentales, porque la verdad es que quizá lo conveniente es dejarle esa labor al legislador más bien que al constituyente; hoy se reputan fundamentales algunos derechos que quizá mañana no lo sean, como mañana pueden llegar a tener ese carácter algunos que hoy no hemos imaginado, entonces yo sería partidario y así se lo sugerí al doctor Pérez Rubio, de que en esta norma corremos el riesgo de equivocarnos como ocurre con toda enumeración taxativa a nivel constitucional, se dejara que lo haga la ley... de manera...que la reglamentación debería comenzar  por la determinación de cuales son los derechos que van a ampararse a través de ese mecanismo y no correr el riesgo de petrificar una serie de derechos, cerrando la posibilidad de que el día de mañana aparezcan otros; donde la ley podría determinar cuales tienen el carácter de fundamentales para efectos de la tutela..." Posición está respaldada por el constituyente Fernando Carrillo quien expresó:" Respaldo la posición del Dr. Esguerra, porque si hay algún artículo que debe caracterizarse por la flexibilidad es precisamente este, dentro de las recomendaciones que hace la Comisión codificadora se encuentra además este criterio, que dice textualmente "no se excluye que la ley amplíe la tutela a otros derechos", pero el texto sugerido por ellos no se encuentra la expresión que permitiera la extensión de esa garantía a este tipo de derecho". El constituyente Otty Patiño también respaldo la propuesta, agregando que sin embargo era una obligación consagrar constitucionalmente alguno de esos derechos. Por otra parte el Dr. Jesús Pérez señaló: " aclaro lo siguiente, que en ninguna parte la comisión codificadora pretendió enviar a la ley a que reglamente nada, simplemente se permite que la ley extienda a otros derechos la protección del recurso de tutela..." Así mismo otra forma para determinar la no taxatividad de los derechos fundamentales es aquella de dejarle al juez de tutela que determine, en últimas, si un derecho es fundamental o no. Frente a este tema encontramos alguna referencia hecha por el Constituyente Juan Carlos Esguerra al hacer su presentación sobre el mecanismo de la tutela para los derechos fundamentales cuando expresó: " La calificación de los derechos debe ser una prerrogativa del juez, y no de la Constitución Nacional..." (Gaceta Constitucional No 24 pag. 7) 15. Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. De otro lado para la identificación de un derecho  de tal naturaleza existen unos criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fundamental mismo. A estos dos aspectos nos referimos en seguida. B. Requisitos esenciales 1). Conexión directa con los principios Como se señaló anteriormente, los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma o institución del sistema puede estar en contradicción con los postulados expuestos en los principios. De aquí se deriva el hecho de que toda la discrecionalidad otorgada a los órganos y creadores del derecho debe estar fundada a partir del hilo conductor de los principios. La movilidad del sentido de una norma se encuentra limitada por una interpretación acorde con los principios constitucionales. Los derechos fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es más directa, más inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho fundamental debe ser emanación directa de un principio. 2). Eficacia directa Para que un derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe además ser el resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una intermediación normativa; debe haber una delimitación precisa de los deberes positivos o negativos a partir del sólo texto constitucional. Por lo tanto, en normas que poseen una "textura abierta", como por ejemplo las que establecen meros valores constitucionales, a partir de la cual el legislador entra a fijar el sentido del texto, no podrían presentarse la garantía de la tutela. Está claro que no puede ser fundamental un derecho cuya eficacia depende de decisiones políticas eventuales. Ahora bien, la eficacia directa no se reduce a los derechos de aplicación inmediata o a los derechos humanos de la llamada primera generación.  En algunos casos los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser objeto de protección especial por medio de la tutela; tal es el caso del artículo 50 sobre los derechos de los niños; los derechos consagrados en el inciso segundo del artículo 53 sobre principios mínimos fundamentales de los trabajadores; el derecho establecido en el artículo 73 sobre obtención  de información contenida en documentos públicos. Igualmente pueden ser objeto de tutela casos en los cuales el juez considere que una prestación del Estado consagrada como derecho económico, social o cultural, o la falta de ella, ponga en entredicho de manera directa y evidente un principio constitucional o uno o varios derechos fundamentales , de tal manera que, a partir de una interpretación global, el caso sub judice resulte directamente protegido por la Constitución. Es importante tener en cuenta que la eficacia de las normas constitucionales no se puede determinar en abstracto; ella varía según las circunstancias propias de los hechos: una norma de aplicación inmediata (art. 85) puede tener  mayor o menor eficacia dependiendo del caso en cuestión; lo mismo un valor o un principio. El juez debe encontrar, en la relación hecho-norma la decisión más razonable, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista fáctico. De acuerdo con esto, la enumeración del artículo 85 no debe ser entendida como un criterio taxativo y excluyente. En este sentido es acertado el enfoque del artículo segundo del decreto 2591 de 1991 cuando une el carácter de tutelable de un derecho a su naturaleza de derecho fundamental y no a su ubicación. 3). El contenido esencial Existe un ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en las que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas. El concepto de "contenido esencial" es una manifestación del iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII, según el cual, existe un catálogo de derechos anteriores al derecho positivo, que puede ser establecido racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto a su delimitación conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de el se derivan. Según esto, quedan excluidos aquellos derechos que requieren de una delimitación en el mundo de las mayorías políticas. Los derechos sociales, económicos y culturales de contenido difuso, cuya aplicación está encomendada al legislador para que fije el sentido del texto constitucional, no pueden ser considerados como fundamentales, salvo aquellas situaciones en las cuales en un caso específico, sea evidente su conexidad  con un principio o con un derecho fundamental. C. Criterios de distinción 1). Analíticos a) La consagración expresa En relación con algunos derechos, el constituyente señaló en forma expresa su voluntad de consagrarlos como fundamentales. Es el caso de los derechos establecidos en el capítulo primero del título segundo de la Constitución e igualmente del artículo 44 sobre los derechos de los niños. El carácter de fundamental no coincide con el de aplicación inmediata. Siendo así, es necesario distinguir entre derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Ante esta dificultad, corresponde a la jurisprudencia, y en especial a la Corte Constitucional, la definición de la naturaleza y alcance de los derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Algunos exconstituyentes sostienen que los títulos y subtítulos de la Constitución  no tienen el carácter de norma jurídica y como tal no delimitan el ámbito de los derechos fundamentales. Tales títulos fueron obra de la Comisión Codificadora y no voluntad jurídicamente significativa de la Asamblea. De ahí que estimen también  que el artículo 85 de la Constitución no tiene alcance práctico y resulta inocuo a causa de su conflicto con el artículo 86. b). La remisión expresa. En otros casos, tal como sucede con los derechos humanos y con la prohibición de limitarlos en los estados de excepción, el constituyente ha estimado conveniente remitirse a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, para reconocer su prevalencia en el orden interno, no sólo en cuanto a su texto mismo  sino como pauta concreta para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de 1991 (art. 93). En este caso la Constitución colombiana parece adoptar el sistema español (const. art.10), según el cual el derecho internacional ratificado prevalece en aquellos casos en los cuales contenga normas que ofrezcan mayores garantías que las normas nacionales. La remisión parece ser ante todo interpretativa, a diferencia del sistema italiano en el cual existe una remisión  de alcance más profundo: las normas, en los casos señalados, hacen parte del texto constitucional. c). La conexión directa con derechos expresamente consagrados. Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de una interpretación global entre principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza a priori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos. d). El carácter de derecho inherente a la persona En ocasiones, la existencia de un derecho fundamental no depende tanto de un reconocimiento expreso por parte de los creadores de la norma constitucional, como de una interpretación sistemática y teleológica a partir de las cuales se mire el ordenamiento en su conjunto, o la norma de acuerdo con su consagración implícita De aquí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la enumeración de la carta de derechos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes al hombre no figuren expresamente en la Constitución o en los convenios internacionales vigentes. Esta disposición concuerda con el sentido amplio y dinámico que debe tener el concepto de derecho fundamental en el Estado social. En otros términos: los criterios que  determinan el carácter de fundamental de un derecho, sobrepasan la consagración expresa y dependen de la existencia de un consenso, histórico y de una voluntad colectiva en torno a la naturaleza específica  de un derecho, con todas sus implicaciones relativas al contenido esencial, a la conexión con los principios y a la eficacia directa. Por eso el criterio de la consagración expresa es insuficiente. 2). Fácticos a) Importancia del hecho La relación jurídica mencionada entre valor fundamental o vinculado con un valor fundamental (salud, propiedad, posesión, competencia económica, etc.) y aplicación problemática, determina un camino específico para la construcción conceptual de estos derechos. Este camino es principalmente inductivo; será a través de la interpretación que los jueces hagan de la relación entre los textos y los hechos que se vayan presentando, como se irá construyendo la delimitación de los derechos mencionados. Por lo pronto, los jueces y la Corte cuentan, para su interpretación, por un lado, con el texto constitucional, con el catálogo de valores que se desprende de los principios constitucionales y que alimenta toda el saber del constitucionalismo occidental y de la doctrina sobre el Estado social de derecho, y por el otro con una realidad social colmada de dificultades económicas, atropellos y violaciones a los derechos humanos y con unas instituciones venidas a menos en su capacidad reguladora. A partir de estos dos elementos, normas y hechos, el juez constitucional debe ir construyendo una interpretación razonable de la carta de derechos; esto quiere decir que el resultado final de la interpretación debe tener en cuenta las dificultades estructurales de la realidad económica colombiana sin que dichas dificultades hagan inocua la voluntad constituyente de construir, desde el presente, una sociedad más justa, más libre y más democrática, tal como lo establece el preámbulo de la Carta. De conformidad con lo anterior, en aquellas situaciones en las cuales la norma constitucional se encuentra en franca contradicción con hechos generalizados e irremediables en un futuro próximo por la falta de recursos económicos  ‑como por ejemplo la mortalidad infantil por carencia de agua potable- el juez, sin desconocer los mandatos constitucionales -en este caso el artículo 366 sobre prioridad del gasto público social- debe apreciar los límites impuestos por las posibilidades económicas, de tal manera que su decisión no se convierta en un bendición al "statu quo", pero tampoco en una orden que imponga un cambio imposible de llevar a la práctica sin cambiar las reglas estructurales de la economía. En este punto adquiere especial significación  todos los desarrollos contemporáneos alrededor de la idea del juez como instrumento de paz social y como pieza central de un orden democrático basado en el consenso. 2) Carácter histórico Por otra parte, la categoría de derecho fundamental posee también un carácter histórico. Dos implicaciones se derivan de este postulado: a). No todos los derechos fundamentales lo han sido en todos los tiempos y algunos de ellos bien han podido tener este carácter en forma transitoria y luego perderla, todo ello de acuerdo con la evolución de la sociedad civil, y b). La entidad de fundamental de un derecho se encuentra ligada al estado de la representación colectiva sobre el tema. Vale decir,  la visión que la sociedad tiene de dichos derechos. III. LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES A. Su naturaleza jurídica 16. La carta  de derechos de la Constitución colombiana es especialmente generosa en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales, consagrados en el capítulo segundo del título segundo. Mucho se ha discutido sobre el carácter normativo de los mismos. Las opiniones se dividen entre quienes otorgan naturaleza normativa a tales derechos, haciendo de ellos plenos derechos constitucionales y quienes consideran que se trata de enunciados programáticos que sólo adquieren la condición de normas jurídicas cuando el legislador los desarrolle a través de la ley. En lo que sigue de este fallo se defenderá una posición intermedia, en concordancia con lo anotado anteriormente sobre estado social y principios constitucionales. La mayoría de los derechos en referencia implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Con base en esto, se sostiene que los enunciados constitucionales que recogen tales derechos no pueden ser objeto de decisiones judiciales hasta tanto el Congreso no haya expedido la legislación necesaria para aplicarlos; de lo contrario, se dice, el juez estaría ocupando terrenos que no le corresponden de acuerdo con la doctrina de la separación de los poderes. Esta fue la solución que la doctrina  colombiana e internacional dio al asunto mencionado, a la luz de los postulados del estado de derecho liberal clásico. Sin embargo, los nuevos postulados del Estado social y las nuevas relaciones jurídicas derivadas del Estado bienestar imponen un cuestionamiento de esta solución. 17. En primer lugar, es necesario advertir que los derechos económicos sociales y culturales, promovidos a nivel constitucional durante las primeras décadas del siglo y conocidos como la segunda generación de derechos humanos, no han sido incorporados al ordenamiento jurídico de las democracias constitucionales simplemente por ser considerados como un elemento adicional de protección. La razón de ser de tales derechos está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. Dicho de otra forma: sin la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o en términos del artículo primero de la Constitución, sin el respeto "de la dignidad humana" en cuanto a sus condiciones materiales de existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal consagrados en el capítulo primero del título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo, irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que todos los franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes. Sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos son una mascarada. Y a la inversa, sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales son insignificantes 8 . 18. Por otra parte, la doctrina de la separación de poderes ha variado sustancialmente en relación con la formulación inicial. Aquello que en un principio tenía como punto esencial la separación de los órganos, cada uno de ellos depositario de funciones bien delimitadas, ha pasado a ser, en la democracia constitucional actual, una separación de ámbitos funcionales dotados de un control activo entre ellos. Lo dicho está en acuerdo, además, con una interpretación contemporánea de la separación de los poderes, a partir de la cual el juez pueda convertirse en un instrumento de presión frente al legislador, de tal manera que este, si no desea ver su espacio de decisión invadido por otros órganos, adopte las responsabilidades de desarrollo legal que le corresponden y expida las normas del caso. Este contrapeso de poderes, que emergen de la dinámica institucional , es la mejor garantía de la protección efectiva de los derechos de los asociados. B. La falta de intervención del legislador 19. Dicho esto, el dilema que se impone es el siguiente: ante la falta de intervención legislativa que desarrolle los derechos-prestación del capítulo segundo título segundo de la Constitución, debe el juez permanecer a la espera de que se produzca dicho desarrollo, y en tal caso, considerar los textos que consagran tales derechos como desprovisto de fuerza normativa, o por el contrario, debe el juez definir el contenido de tales derechos, anticipándose al legislador y aplicándolos de manera directa a partir del propio texto constitucional ?. Ante este dilema el juez debe actuar con prudencia y firmeza a la vez. En primer lugar, la intervención judicial en el caso de un derecho económico social o cultural es necesaria cuando ella sea indispensable para hacer respetar un principio constitucional o un derecho fundamental. En estas circunstancias, el juez actúa bajo condiciones similares a aquellas que se presentan cuando debe resolver un problema relacionado con un vacío o una incoherencia de la ley. Es claro que en todos estos casos el juez decide algo que en principio le corresponde al legislador. Sin embargo, en estas precisas condiciones, la falta de solución proveniente del órgano que tiene la facultad de decidir, implica la posibilidad de que otro órgano, en este caso el judicial, decida, para un caso específico, con la única pretensión de garantizar la validez y efectividad de la norma constitucional. La solución opuesta - es decir la que supone la no intervención judicial-  desconoce los valores y principios constitucionales que consagran la efectividad de los derechos (art.2: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados..."; Art. 5 "El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables..."; Art 13 inc. 2:" El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva..." ) y desconoce la prevalencia del derecho sustancial sobre los procedimientos, consagrada en el artículo 228. 20. Pero quizás lo  más grave de la solución que se comenta consiste en el desconocimiento del artículo cuarto de la Constitución, en el cual se afirma que "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales". Este artículo no solo plantea un asunto relacionado con la validez de las normas constitucionales, también prescribe una clara definición en cuanto a su efectividad. Con independencia de la función programática-finalista y de la función simbólica que sin duda ocupan un lugar importante en los preceptos sobre fines y valores, la Constitución es una norma jurídica del presente y debe ser aplicada y respetada de inmediato. Por esta razón , sostener que los derechos sociales, económicos y culturales se reducen a un vínculo de responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, es no sólo una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la Constitución. Si la responsabilidad de la eficacia de los derechos mencionados estuviese sólo en manos del legislador, la norma constitucional no tendría ningún valor y la validez de la voluntad constituyente quedaría supeditada a la voluntad legislativa. Es más razonable pensar que el constituyente quiso otorgarle verdadero carácter normativo a los textos del capítulo segundo título segundo, entregándole al legislador la prerrogativa de discrecionalidad política en la materia pero facultando al juez para ejercer dicha discrecionalidad, limitada a casos concretos, en ausencia de ley. De esa manera se logra el respeto de las prioridades en materia de delimitación política de los textos fundamentales y el respeto de la superioridad jurídica de la Constitución sobre la ley. De esta  manera se logra -parafraseando a Herbert Kruger- que las leyes valgan en el ámbito de los derechos fundamentales en lugar de que los derechos fundamentales sólo valgan en el ámbito de la ley 9 . C. La justicia distributiva 21. Ahora bien, la aceptación de la tutela para los derechos en cuestión, sólo cabe en aquellos casos en los cuales exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con los requisitos y criterios de distinción antes anotados; sólo en estos casos, el juez puede, en ausencia de pronunciamiento del legislador, y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho fundamental, pronunciarse sobe el sentido y alcance de la norma en el caso concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que ponga fin a la violación del derecho. 22. Está claro que, en tales eventos el juez debe tomar decisiones que consulten no sólo la gravedad de la violación del derecho fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino también las posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de recursos y por el otro los propósitos de igualdad y justicia social que señala la Constitución. En la mayoría de estos casos, una vez establecida la violación de un derecho fundamental, el juez se enfrenta a un problema de justicia distributiva. Como se sabe, los elementos de juicio para definir este tipo de justicia no surgen de la relación misma entre los sujetos involucrados -el Estado y el ciudadano- sino que requieren de un criterio valorativo exterior a dicha relación (Aristóteles....). La aplicación de los derechos económicos sociales y culturales plantea un problema no de generación de recursos sino de asignación de recursos y por lo tanto se trata de un problema político10 . En ocasiones la norma constitucional proporciona este criterio. Así, por ejemplo, el artículo 366 es muy claro cuando afirma que  en "los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación". Sin embargo, es posible que ella no sea lo suficientemente iluminadora para resolver el caso sin llegar a consecuencias inaceptables o imposibles de llevar a cabo. En consecuencia, es necesario que el juez haga uso de la "lógica de lo razonable" 11 de tal manera que la solución final que adopte sirva, ante todo, para proteger el derecho violado, y además tenga en cuenta las condiciones financieras de los entes públicos. Si fuese necesario dar elementos de juicio en abstracto sobre la justicia distributiva -cuestión de por si temeraria- se podría recurrir al principio de igualdad, ampliamente debatido en la teoría de la justicia de las últimas décadas, a partir del cual toda distribución de recursos, para ser justa, deba mejorar al menos la condición de los más desfavorecidos 12 . Dicho en otra perspectiva, la justicia distributiva debe ser planteada como un problema de repartición -de asignación por parte del Estado- de recursos nuevos disponibles, cuyo resultado final, cualquiera que sean los beneficiarios o los afectados por tal repartición, no desmejore la situación de aquellos que poseen menos recursos. Esta interpretación, por lo demás se encuentra en plena armonía con lo prescrito en el artículo 13 inciso segundo: "El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 23. Los reparos que pueda suscitar esta posición, en el sentido de que se llegaría a una enorme dispersión jurisprudencial en vista del carácter abiertamente político del contenido de las decisiones, pueden ser despejados si se tiene en cuenta la importante fuente de seguridad jurídica que se desprende del mecanismo de revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional y consagrado en el numeral 9 del artículo 241 de la Carta. Como se sabe, la revisión tiene, entre otras, la finalidad de servir de instrumento de fijación del sentido de los textos. Su alcance, por lo menos en términos prácticos, no se limita a la solución definitiva del caso que se presenta para su conocimiento, sino que va mucho más allá: sirve de pauta a todas las autoridades para la interpretación y aplicación de los derechos. Es innegable el valor pedagógico e incluso "normativo- general" de la jurisprudencia de tutela que crea la Corte Constitucional y su importancia y alcance apenas empiezan a vislumbrarse en el panorama jurídico nacional. IV. EL DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA A. La salubridad publica y la Constitución 24. La Comisión Quinta de la Asamblea estuvo encargada de estudiar los derechos económicos, sociales y ecológicos. Desde el inicio de los debates la preocupación básica de la Comisión se centró en la necesidad de establecer una "concepción de los ciudadanos como iguales ante la vida y no únicamente como iguales ante la ley" 13 . Este propósito quedó consignado en la Constitución en el artículo 366: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable". La Comisión Quinta consideró además que "en Colombia el sector social no ha sido entendido como un pilar fundamental del desarrollo y, en consecuencia ha sido sistemáticamente discriminado desde los puntos de vista político y presupuestal". Para remediar esta situación era necesario que la finalidad social tuviese un cumplimiento permanente, anticipatorio y prioritario 14 . 25. Como consecuencia de estos planteamientos la Constitución estableció en su artículo 365 inciso 1, una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos: "Articulo 361: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio" En concordancia con esto, el artículo 366 consagra la prioridad del gasto público social: "Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación" Al respecto el exconstituyente Antonio Yepes Parra, en la opinión sobre el tema solicitado por el magistrado sustanciador, sostiene que la prioridad del gasto público social no está consagrada en "un par de disposiciones aisladas de la Carta; sino que hacen parte de una clarísima intención del constituyente de reorientar el gasto público: el situado fiscal (art. 356, inciso 2) se destina a la salud y a la educación; la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación (art. 357, inciso 1) debe financiar áreas prioritarias de inversión social ; y las rentas provenientes de los monopolios departamentales, de juegos de suerte y azar y de licores (art. 336), incisos 4 y 5) la salud y la educación." En términos globales -dice el doctor Yepes Parra- " En la Constitución de 1991 la salud superó el estrecho concepto de asistencia publica que traía la Carta de 1886". Esto se manifiesta a través de diferentes artículos de la Constitución, entre los cuales sobresalen los siguientes: Art. 13, sobre protección especial a los débiles; Art. 44 sobre el derecho fundamental a la salud de los niños; el artículo 49 que establece la atención a la salud y al saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; el artículo 64 sobre acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de salud y el artículo 78 relativo a protección de la salud de los consumidores. B. La importancia del servicio de alcantarillado 26. En respuesta a varios interrogantes sobre la importancia de la salud publica y su vinculación con el derecho a la vida, el doctor  John A. Flórez Trujillo, Vicedecano de la Facultad Nacional de Salud Publica Héctor Abad Gómez, sostiene que entre las causas principales de enfermedades diarreico-agudas se encuentran, "en primer lugar la carencia de agua potable, y en segundo lugar la falta de una adecuada disposición de escretas (alcantarillado, pozos  sépticos, tazas sanitarias). En 1984, agrega el doctor Flórez, la primera causa inmediata de mortalidad en niños entre 1 y 4 anos fueron las enfermedades infecciosas intestinales (en su mayoría enfermedades diarreicas) En la lista de las diez primeras causas también figura otra enfermedad  asociada con el deficiente estado sanitario, la helmintiasis. La segunda enfermedad más importante que afecta a la población infantil son las infecciones intestinales". "El hecho de que la comunidad -concluye el doctor Florez- no tenga servicio de alcantarillado, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a dicha situación". Como se deduce claramente de las estadísticas anotadas, la expresión "factor de riesgo grande" utilizada por el doctor Flórez, no se refiere a otra cosa que al riesgo de muerte. 27. Por otro lado, el Tribunal de Bolívar, en una interpretación apresurada  concluye que los derechos fundamentales son sólo los enumerados en el capítulo primero del Titulo segundo. Quizás la idea del Tribunal era la de sostener que tales derechos son aquellos definidos por el artículo 85 como derechos de aplicación inmediata. Pero aún si esta fue la idea que quiso expresarse y que no esta explícita en el razonamiento del Tribunal, su validez es cuestionable de acuerdo con todo lo dicho anteriormente sobre el carácter abierto de dicho concepto, claramente establecido en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, el derecho al servicio de alcantarillado, en aquellas circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela. Siendo ello así  y  teniendo en cuenta, de un lado, las consideraciones de los expertos doctores Yepes Parra y John Flórez, y del otro, el hecho de que se trate de una situación de carencia claramente comprobada en el barrio de Vista Hermosa en Cartagena, con previsibles consecuencias nefastas para los habitantes del barrio.  Esta Sala de Revisión considera que se trata de una clara violación a un derecho fundamental. El alcantarillado inconcluso ha ocasionado el desbordamiento de las aguas negras sobre las calles del barrio. Es importante, además, que se trata de un barrio de clase baja, (estrato 2 según información obtenida en planeación municipal de Cartagena) y que por lo tanto los recursos económicos para afrontar el problema son presumiblemente insuficientes lo que lleva a pensar que las condiciones de higiene y salubridad deben ser precarias. 28. La violación del derecho de los habitantes del barrio Vista Hermosa a la salubridad publica adquiere una connotación especial por el hecho de haber sido iniciada la construcción del alcantarillado para luego ser suspendida. La decisión de construir el alcantarillado y el inicio de los trabajos correspondientes constituye una respuesta positiva a las demandas populares cuyo incumplimiento crea una frustración adicional en la población. Por otro lado, el hecho de haberse iniciado la construcción del alcantarillado desvirtúa la principal objeción para la efectiva aplicación del derecho a los servicios públicos fundamentales, cual es  la falta de recursos económicos. En efecto, cuando se tomó la decisión de construir, ella debía estar respaldada en una disponibilidad presupuestal. Las Empresas Públicas de Cartagena nunca se manifestaron durante el proceso de la acción de tutela - a pesar de haber sido citados por el juez- para explicar causas excepcionales que hubiesen impedido la terminación de los trabajos, lo cual da la impresión de una clara negligencia en el tratamiento de este asunto. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. -REVOCAR la providencia del  Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar del doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y dos ( 1992), por las razones expuestas en la sentencia, y en su lugar SEGUNDO. -ORDENAR a las Empresas Públicas de Cartagena la terminación de la construcción del alcantarillado del barrio Vista Hermosa. Dicha terminación deberá llevarse a cabo dentro de un plazo razonable que no exceda de tres meses. Mientras ello ocurre debe adoptar, inmediatamente, medidas provisionales idóneas, encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se están ocasionando a los habitantes del barrio. TERCERO. -En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que se dejen obras inconclusas que afecten la salubridad publica, la doctrina constitucional señalada en esta sentencia tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades, en los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 CUARTO. - ORDENAR  que por Secretaría se comunique esta providencia  al Tribunal  Administrativo de Bolívar , en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del  Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Aclaración de voto- Sentencia aprobada por acta No 1 de la Sala  Primera de Revisión, en  Santafé de Bogotá, a los cinco ( 5 )  días del mes de junio de mil novecientos noventa  y dos   (1992) ACLARACION DE VOTO A LA Sentencia No. T-406 ACCION POPULAR/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE      (Aclaración de voto) Este caso encaja mejor dentro de la previsión consagrada en el artículo 88 de la Constitución, relativo a las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. He votado favorablemente la ponencia por cuanto se trata de acción de tutela usada únicamente como mecanismo preventivo para evitar un perjuicio irremediable y  tomando en consideración el peligro que afrontan derechos fundamentales como la vida y la salud de quienes habitan la zona afectada. Ref.:  Expediente T-778 Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón Santafé de Bogotá, D.C.,  junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). Debo aclarar mi voto en el asunto de la referencia en los siguientes sentidos: El presente caso encaja mejor dentro de la previsión consagrada en el artículo 88 de la Constitución, relativo a las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. Tales asuntos no deberían ser objeto de acciones de tutela, pues esta última institución ha sido concebida con otros fines, específicamente relacionados con la protección de los derechos fundamentales. Pese a lo anterior, he votado favorablemente la ponencia por cuanto se trata de acción de tutela usada únicamente como mecanismo preventivo para evitar un perjuicio irremediable, lo cual está autorizado de modo expreso por el artículo 6o., numeral 3o., del Decreto 2591 de 1991 y  tomando en consideración  el peligro que afrontan derechos fundamentales como la vida y la salud de quienes habitan la zona afectada. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Magistrado- 1 Manuel Aragón Reyes, Constitución y Democracia, Tecnos, Madrid, 1989 2 Luciano PAREJO ALONSO, "Constitución y valores del ordenamiento, en Estudios sobre la Constitución Española, Cívitas, Madrid, 1991. 3 R. Dworkin, Questioni di principio; Il Saggiatore, Milano 1985, p. 5 y ss 4 Hans Peter Schneider, Democracia y Constitución, C.E.C, Madrid, 1991, p. 48 5 Alexander Bickel The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962 6 Capelletti, Le pouvoir des juges, Press Universitaire d'aix-Marseille, 1990, p. 35 7 H.L. Hart, El concepto del derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, 125 y ss 8  Cfr .Gross Espiell, Los derechos económicos, sociales y culturales, 1986 9 Grundegesetz und Kartellgesetzgebung, 1950, p. 12 10 Luis F Jimenez, Los derechos económicos en América latina. Otros enfoques; en Derechos económicos y desarrollo en América Latina; IIDH, 1990 11 Por ejemplo en Chaim Perelman, Logique juridique, Dalloz, Paris, 1979 12 John Rawls, Teoría de la Justicia, F.C.E., 1968. 13 Gaceta Constitucional N. 83, p. 4, columna 3 14 Gaceta Constitucional N. 78, p. 2

T-407-92 Sentencia No. T-407/92 DERECHO AL TRABAJO/DERECHOS FUNDAMENTALES/LIBERTAD DE TRABAJO El derecho al trabajo, es decir, el desempeño libre de actividad personal legítima que entraña la obtención de estipendios económicos que sufragan necesidades de la persona y su núcleo familiar y que debe prestarse en condiciones dignas y justas,  pertenece a la categoría de los derechos fundamentales y a él se refieren los artículos 25  y 26 de la CP.  Se reconoce la libertad de trabajo. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHO AL   TRABAJO/ IUS VARIANDI Consiste el jus variandi en la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores.  Su uso estará determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras, según lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia, habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador y dentro de las limitaciones que le imponen la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento de trabajo.Se está frente a una típica controversia laboral sobre el alcance del jus variandi ejercido por el empleador y que tiene como elementos de juicio el contrato de trabajo suscrito con las operarias y la convención colectiva de trabajo que rige las relaciones entre las partes.  Queda  esta divergencia bajo la jurisdicción laboral a términos del artículo 2o. del C P del T. SALA DE REVISION No. 6. Ref.: Acciones de tutela contra el Liceo                                         Francés Louis Pasteur. Tema:        Derecho al  trabajo  como derecho                                            fundamental constitucional. Procesos acumulados: Proceso:     T-080 Demandante:      María Elena Casas de Ramírez. Proceso:     T-114 Demandante:      María Hermelinda Guillén de                                                         Ochica. Proceso:     T-151 Demandante:      María Ofelia Medina Padilla. Proceso:     T-184 Demandante:      Patrocinia Yara de Tique. Proceso:     T-205 Demandante:  Helda Rojas de Pérez. Proceso:     T-213 Demandante:  Oliva Pico. Magistrados : SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de la Corte Constitucional conformada  por   los   Magistrados   Simón   Rodríguez  Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón,   revisa   las acciones   de tutela decididas en sentencias proferidas por los Juzgados 11 (T:080), 3 (T:114),  29 (T:151),  10o. (T:184),  15 (T:205) y  48 (T:213) de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, los días 13, 9, 7, 3, 10 y 13  de enero de 1992 respectivamente. I. ANTECEDENTES. En atención a que en los procesos mencionados existe conformidad de materia tanto en lo que se refiere al supuesto derecho violado, como en lo que atañe a los hechos y peticiones, la Corte considera que sin perjuicio del obligado estudio  y juicio de todos los asuntos y correspondientes fallos, ellos se relacionarán  separadamente sólo en cuanto al aspecto de la actuación procesal y los fallos que se revisan. A. HECHOS DE LA DEMANDA Las señoras María Elena Casas de Ramírez, María Hermelinda Guillen, Ofelia Medina Padilla,  Patrocinia Yara de Tique, Helda  Rojas de Pérez y Oliva Pico,  en  la actualidad trabajadoras al servicio de la Asociación   Colombo    Francesa   para   la Enseñanza,   en   el Liceo Francés Louis Pasteur de Santafé de Bogotá, desempeñaban la labor de servicio en el horario de 7:00 a.m.  a  5:30 p.m.  con  1  hora de almuerzo de lunes a viernes y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. cada cinco semanas con 1 hora de gracia para pagarla el sábado.  El 18 de diciembre de 1991 les fue entregado a cada  una,  un  memorando  por  medio  del  cual  se les modificó su horario de trabajo así:  lunes, martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., el miércoles de 12:00 m. a 9:00 p.m. y el sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. B.  PETICION. Las actoras solicitan se les proteja su derecho al trabajo en las condiciones dignas y justas de que habla el artículo 25 de la Constitución Nacional, que consideran vulnerado cuando de manera unilateral fueron alterados sus horarios, todo lo cual las obliga a salir más tarde con los consiguientes aumentos en el costo del transporte, en los peligros de vida y demás perjuicios aledaños que conlleva la salida tarde en la noche. C. ACTUACION PROCESAL. Las solicitudes de tutela fueron presentadas individual y  separadamente  por  las señoras María Elena Casas de Ramírez, María Hermelinda Guillén de Ochica, María Ofelia Medina Padilla, Patrocinia Yara de Tique, Helda Rojas  de Pérez y Oliva Pico, el día 26 de diciembre de 1991, ante el Juzgado 100 de Instrucción Criminal, sometió a reparto la demanda cuyo conocimiento correspondió a los Juzgados 11, 29, 10o., 15 y 48 de Instrucción Criminal de esta ciudad, respectivamente. Con el propósito de dar trámite a las acciones de tutelas instauradas, los Juzgados dispusieron:  Citar a las accionantes a efectos de ampliar la demanda. Solicitar al demandado (Liceo) y accionantes, los documentos que acreditaran la relación de trabajo e informes respecto de la vinculación laboral, tales como cargo desempeñado, horario de trabajo y asignación mensual. Requerir al demandado (Liceo) fotocopia de la licencia de funcionamiento de la empresa y del acto administrativo por medio del cual fue modificado el horario de trabajo. Oír al administrador del Liceo, sobre el motivo y fundamentos jurídicos que dieron lugar al cambio de horario. En los procesos de tutela Nos. 080, 114, 184 y 205, Diego Humberto Caicedo Ortíz apoderado general de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza y en ausencia del representante legal de ésta, manifiesta por escrito lo siguiente: La accionante es actualmente trabajadora del Liceo y desempeña labores de aseo.  El horario de trabajo de la accionante y de otras, fue modificado por el Liceo. El contrato de trabajo establece en la cláusula 5a. que "el trabajador se obliga a laborar la jornada en los turnos y dentro de las horas indicadas por el Liceo, quien puede hacer ajustes o cambios, de acuerdo  con las necesidades del servicio". La legislación  laboral no establece limitación a la implantación de la jornada de trabajo, salvo cuando se trate de aquellos casos especiales que señala el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. La accionante recibirá como compensación económica en razón del cambio de horario, la resultante de aplicar el porcentaje de recargo por el trabajo en las horas nocturnas, tal como lo establece la legislación laboral.  Para demostrar lo anterior, allegó copias de la convención colectiva vigente, del contrato individual de trabajo y de la certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que consta que la Asociación aludida es una entidad sin ánimo de lucro y con personería jurídica. En los procesos de tutela Nos. 080, 114, 151, 184, 205 y 213, obran los respectivos contratos individuales de trabajo suscritos entre el Liceo Francés Louis Pasteur y las demandantes, en los cuales se consigna entre otras cláusulas, que el Liceo se obliga a pagarle a la trabajadora un salario según el horario efectivamente trabajado correspondiente a la categoría 1.1, que se cancelará por quincena vencida en los días, horas y lugares señalados al efecto, y que el horario de trabajo para las trabajadoras de tiempo completo es el que fija la ley, el reglamento interno del trabajo y la convención colectiva. Se  estipula  además  que  el trabajador se obliga a laborar la jornada en los turnos y dentro de las horas indicadas por el Liceo, quien puede hacer ajustes o cambios de acuerdo con las necesidades del servicio. Igualmente se señala que las diferencias que ocurrieren entre las partes con ocasión de este contrato o con motivo de su terminación serían sometidas a un Tribunal de Arbitramento que se integrará y funcionará de acuerdo con los preceptos del Código de Procedimiento Laboral.  Y finalmente en cada uno de ellos se acordó las asignaciones mensuales correspondientes, las cuales son diferentes para cada trabajadora. En los procesos de tutela Nos. 080, 114 y 151, se hallan copias de la convención colectiva de trabajo suscrita el 24 de octubre de 1991 (para regir por 2 años a partir del 1o. de septiembre de 1991) entre el Liceo Francés Louis Pasteur y su Sindicato de Trabajadores, en la cual se consagra, entre otras cosas, que no obstante que la semana de trabajo para el personal de administración será de 33 horas y 20 minutos de lunes a viernes, el Liceo podrá ampliarla, por necesidad del servicio, hasta un límite de 40 horas semanales. Se nota que para los efectos de dicha norma se considera "personal administrativo" a los trabajadores del Liceo que laboren permanentemente en sus oficinas.  En el proceso de tutela No. 080 también se encuentra copia de la convención colectiva de trabajo suscrita el 18 de diciembre de 1987 para regir por 2 años a partir del 1 de septiembre de 1987. En los procesos de tutela Nos. 080, 114, 184 y 205, se allega la escritura pública No. 1149 de 12 de julio de 1991 de la notaría 44 del Círculo de Bogotá de 12 de julio de 1991, a través de la cual Jean Gabriel Cazaubón, representante de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza, confiere poder general a Diego Humberto Caicedo Ortíz, abogado en ejercicio, para representar a la Asociación, entre otros, ante cualquier corporación, entidad, funcionario o empleado de los órdenes legislativos, ejecutivos, judiciales y contenciosos. En los procesos de tutela Nos. 114, 151, 184 y 205, se observa que según certificación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.E., la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza, con domicilio en esta ciudad, tiene personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 28 de 19 de febrero de 1948 del Ministerio de Educación y como representante legal inscrito a Jean Gabriel Cazaubón. En el proceso de tutela No. 151, aparece memorando contentivo del nuevo horario y en donde se señala el siguiente: lunes, martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., miércoles de 12:00 m. a 9:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. La Corte Constitucional en providencia de 7 de mayo del año en curso, dispuso solicitar a la entidad empleadora enviar el   reglamento  interno de  trabajo  de  la institución,  el cual  no fue allegado según informe de la Secretaría General. En el proceso de tutela No. 080, María Elena Casas de Ramírez accionante de la tutela en examen, declara bajo la gravedad del juramento que presta el servicio de aseo en el Liceo desde hace 9 años, y que su horario de trabajo antes de que el Liceo lo cambiara era de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., con una hora para el almuerzo y de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. un sábado y de 12:00 m. a  6:00 p.m. otro  sábado.  Y agrega recibir $ 82.662.oo mensuales además de lo percibido por los turnos dominicales y nocturnos, sin saber si le seguirán pagando las labores nocturnas pues todavía no ha comenzado el nuevo horario. En el proceso de tutela No. 114,  María Ermelinda Guillén de Ochica, manifestó bajo la gravedad del juramento lo siguiente: Desconocer las circunstancias del cambio de su horario de trabajo. Desempeñar el cargo de aseadora desde hace 17 años y 4 meses. Haber suscrito contrato de trabajo a término indefinido, del cual hizo allegar copia de carbón que tenía en sus manos y que en su encabezamiento aparece "a término fijo de un año" suscrito el día 27 de septiembre de 1974.  Presentar por primera vez acción de tutela en relación con el asunto que la motiva, encontrándose bajo las mismas circunstancias de nueve personas más. Existir un Sindicato que se encuentra funcionando desde hace 15 años, el cual celebró en el año de 1991 la última convención colectiva en donde al parecer no se trató el tema de cambios al horario de trabajo. Tener conocimiento que sus compañeros presentaron igualmente acciones de tutela. Poner en conocimiento el original de la comunicación que modifica el horario de trabajo. Contener el Reglamento Interno de Trabajo del Liceo como horario de trabajo el de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a jueves con 1 hora de almuerzo y el viernes hasta las 6:00 p.m., y cada 5 semanas 4 horas el día sábado de 8:00a.m. a 12:00 m.. Poner en conocimiento del Sindicato el asunto de que se ocupa esta Sala, empero le manifestaron que tendría que iniciar acción de tutela. Y no recurrir ante el Ministerio de Trabajo por cuanto primero intentaría la acción de tutela. En el proceso de tutela No. 151, María Ofelia Medina Padilla, accionante del proceso en estudio declara bajo juramento que labora en el servicio de aseo en el Liceo desde hace 20 años, y que su horario de trabajo antes de que el Liceo lo modificara era  de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. con una hora de almuerzo durante la semana y de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. un sábado y de 12:00 m. a 6:00 p.m. otro sábado. Y agregó que no sabe cómo le retribuirán el nuevo horario. En el proceso de tutela No. 205,  la accionante Helda María Rojas de Pérez, rindió declaración ante el Juez 15 de Instrucción Criminal el día 2 de enero de 1992, en donde señaló que tiene el cargo de aseadora desde hace 21 años en el Liceo y que el salario devengado es de $ 109.000.oo mensuales.  Anotó igualmente que se le informó de un cambio de horario sin que se le haya manifestado cuestión alguna sobre la compensación económica. En el proceso de tutela No. 213, la accionante Oliva Pico en diligencia de ratificación y ampliación de la denuncia manifestó que trabaja desde 1970 en el Liceo y que para el día 18 de diciembre de 1991, el administrador de dicha entidad a través de la señora Mercedes Martínez de Corez, jefe inmediato del personal de aseo, las reunió para informarles que el horario debía ser cambiado  de 2:00p.m. a 9:00 p.m. durante la semana y de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados sin haber razón alguna para estos cambios, sobre todo para el sábado cuando no hay muchas labores para realizar.  Agrega tener un contrato de trabajo  en donde se estipuló oficios varios pero ninguna clase de horarios y que muchas de las trabajadoras se encuentran igualmente inconformes con el nuevo horario, dada la lejanía en que viven. D.  FALLOS QUE SE REVISAN. 1.      Proceso de tutela No. 080. Sentencia del Juzgado 11 de Instrucción Criminal de 13 de enero de 1992. Decisión: "Abstenerse de dar paso al derecho de tutela". Consideraciones : Al consultar el Código Sustantivo del Trabajo, el Juzgado deduce que el demandado (Liceo) actuó legítimamente ya que según esa norma, el empleador  en  cualquier   momento  puede  modificar la calidad o cantidad de trabajo e imponer reglamentos internos, "obviamente sin perjuicio de lo sustantivo de la ley laboral". 2.      Proceso de tutela No. 114. Sentencia del Juzgado 3o. de Instrucción Criminal de 9 de enero de 1992. Decisión: Negar la tutela solicitada. Consideraciones : Se argumentó por parte del Juzgado, que no se puede plantear vulneración alguna de derechos constitucionales fundamentales, por cuanto el cambio de horario, contrario a lo alegado, está encaminado a la buena   marcha  y funcionamiento de la empresa, sin que conlleve interrupción en la prestación  del   servicio   por  parte del trabajador, incremento de las horas de trabajo, ni desconocimiento de los ingresos extras en razón de las horas nocturnas. Igualmente se consideró que el contrato de trabajo contempla cambios de horario, contrato que como tal y por no contravenir el orden público, es ley para las partes. 3.      Proceso de tutela No. 151. Sentencia del Juzgado 29 de Instrucción Criminal de 7 de enero de 1992. Decisión: Rechazar por improcedente la acción de tutela. Consideraciones: Al fallarse se consideró que la tutela no es un medio sustitutivo del que ordinariamente poseen los ciudadanos para hacer valer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales, esto es, la tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial,  salvo  que  se quiera   evitar un perjuicio irremediable.  En consecuencia y como la accionante puede acudir a la jurisdicción laboral, no procede la tutela. 4.      Proceso de tutela No. 184. Sentencia del Juzgado 10o. de Instrucción Criminal de 3 de enero de 1992. Decisión: Negar la tutela instaurada. Consideraciones : Se adujo en el fallo que en ningún momento se ha amenazado o quebrantado derecho constitucional fundamental, como sería el del trabajo, ya que el contrato de trabajo suscrito entre las partes permite en su cláusula quinta, que el empleador de acuerdo a sus necesidades imponga ciertas condiciones respecto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. 5.      Proceso de tutela No. 205. Sentencia del Juzgado 15 de Instrucción Criminal de 10 de enero de 1992. Decisión: No tutelar el derecho invocado. Consideraciones: Se argumenta por el Juzgado que la accionante tiene otros medios y recursos de defensa como son la cláusula compromisoria de arbitramento voluntario, la cual es clara y expresa en su contrato individual de trabajo.  Y aún cuando ella  no tuviere esa vía, existe otra instancia y es la consagrada en la ley 23 de 1991 sobre conciliación laboral. 6.      Proceso de tutela No. 213. Sentencia del Juzgado 48 de Instrucción Criminal de 13 de enero de 1992. Decisión: Negar la tutela e indicar a la accionante que el procedimiento idóneo es el juicio ordinario ante un juzgado laboral. Consideraciones: El Juzgado  aduce lo siguiente: No se viola el derecho al trabajo ya que la empresa en ningún momento impide a la accionante continuar trabajando. Las horas de trabajo no se han aumentado. La jornada del sábado está autorizada por la ley. El patrono goza de un poder subordinante (ius variandi). Y el hecho de trabajar hasta las 9:00 p.m. no es indigno. II.      COMPETENCIA. Es competente la Corte para revisar los fallos de tutela sometidos  ahora a su conocimiento y ello en virtud de lo previsto en el artículo 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Nacional, en armonía con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. III.  CONSIDERACIONES. 1.      En los procesos acumulados se plantea por las trabajadoras la violación del artículo 25 de la Constitución Política en el aspecto de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas", por habérseles cambiado el horario de trabajo por el Liceo Francés Louis Pasteur. El mencionado texto es del siguiente tenor: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.  Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". 2.      El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Cuestión cardinal que debe dilucidarse es la relativa a determinar  si  el  derecho  del  trabajo es un derecho fundamental, ya que según la concepción del constituyente colombiano, sólo esa clase de derechos amerita la acción de tutela (artículo 86). 2.1.   Con la expedición de la Carta de 1991 entró nuestro país en la era del constitucionalismo del derecho del trabajo, es decir, de su especial tratamiento en la Constitución, a diferencia de la parquedad con que de éste se ocupó la Carta anterior. En esta última el artículo 17 establecía que el trabajo era una obligación social y gozaba de la especial protección del Estado, el 18 garantizaba el derecho de huelga con la excepción de los servicios públicos, el 44 autorizaba la formación de compañías, asociaciones y fundaciones, dentro de las cuales se entendió que estaban incluídos los sindicatos y el artículo 32 que garantizaba la libertad de empresa y la iniciativa privada, baluartes del sistema económico capitalista, mas precedido ello de intervencionismo estatal con el fin de procurar el desarrollo económico y social dentro de una política de ingresos y salarios, para beneficio integrado y armónico de la comunidad y "de las clases proletarias en particular".  Significó entonces este intervencionismo estatal la superación del Estado gendarme, en que la suerte de la economía se dejaba a la libre oferta y demanda del mercado. La Constitución de 1991 da un vuelco a la normación constitucional existente sobre la cuestión laboral y es así como se adentra en sus más representativas instituciones  y principios informadores del derecho de trabajo y de esta manera al elevar de rango unas y otros, les otorga la debida importancia y firmeza.  En efecto, en el mismo preámbulo de la nueva Carta se expresa que el pueblo de Colombia la sanciona y promulga para asegurar a sus integrantes, entre otros derechos, el derecho al trabajo.  El artículo 25, antes transcrito, concibe al trabajo como un derecho y una obligación social, amparado por el Estado y dispone que el trabajo que se preste se exija en condiciones dignas y justas.   El  artículo  17  prohibe la  esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. El 26 instituye la  libertad  de  escogencia  de profesión u oficio.  Consagra el artículo 38 la garantía del derecho de libre asociación y así sustituye al artículo 44 anterior constitucional, el artículo 39 concede a los trabajadores y empleadores  el derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado y defiere, a la autoridad judicial la facultad de cancelar o suprimir la personería jurídica reconociéndosele a los representantes sindicales  fuero y demás garantías para el cumplimiento de su gestión.    El artículo 48 consagra el derecho a la seguridad social. El artículo 54  hace recaer en los empleadores y el Estado la obligación de ofrecer a los asalariados formación y habilitación profesional y técnica, debiendo igualmente el Estado garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. El artículo 56 repite la norma de la Constitución anterior que garantiza el derecho de huelga,  con la salvedad de los servicios públicos esenciales  definidos  por  el legislador y previene la creación de una comisión permanente conformada por el Gobierno con representación obrero-patronal que se encargará de  estimular las buenas relaciones laborales, cooperará en la solución de los conflictos colectivos laborales y concertará las políticas salariales y laborales.  Por el artículo 55 se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales.  El derecho a la carrera de los servidores públicos se contempla en el artículo 125.  Se preserva en los artículos  334 y 335 la libertad de empresa, mas dejando en manos del Estado la dirección general de la economía con intervención del mismo dirigida a racionalizar esta última a efecto de mejorar la calidad de los habitantes, debiendo el Estado de manera especial ejercer la intervención con el objeto de dar pleno empleo a los recursos humanos "y asegurar que todas las personas, en particular las de menos ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos".  Merece especial mención el artículo 53 que entrega al Congreso la facultad de expedir el estatuto del trabajo que habrá de guiarse por estos principios mínimos fundamentales: principio de indubio pro operario, o sea la aplicación de la interpretación  más favorable al trabajador, en caso de tener varios sentidos la norma laboral aplicable; principio de la condición más provechosa frente a la coexistencia de preceptos laborales; principio de la irrenunciabilidad de derechos, principio de la continuidad de la relación laboral, principio de la supremacía de la realidad del contrato de trabajo sobre las formalidades. Del mismo modo se pregona la igualdad de oportunidades para los trabajadores,  una remuneración   mínima  y   móvil  para  ellos y también proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. A los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados se les imprime la categoría de legislación interna. 2.2 Los derechos humanos fundamentales que consagra la Carta Política de 1991 y que son susceptibles de la acción de tutela, son los que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana, pues por ser ésta una sustancia individual de naturaleza racional  posee  la aptitud de entender y querer y con  ello se diferencia  del  animal. El hombre tiene como valor supremo la libertad, pues, él mismo opta por llevar a cabo los actos que a bien tiene en su afán de perfeccionar su ser, sujetándolos a los valores éticos  que autónomamente acepta. Esta característica intrínseca del hombre  le comunica tal respetabilidad  que lo hace único en el universo y por ello se le reconocen determinados derechos  que son los fundamentales y sin los cuales no podría existir como tal, es decir, su naturaleza se vería distorsionada o modificada. De ahí que se considere que tales derechos son inherentes al ser humano, que han existido desde todos los tiempos antes de su consagración en cualquier texto legal positivo y aún por encima de éste si llegare a desconocerlos. "Los derechos humanos -sostiene Angel Sánchez de la Torre- parten de un nivel por debajo del cual carecen de sentido: la condición de persona jurídica, o sea, desde el reconocimiento  de que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, cualquiera que sea el ordenamiento jurídico, político, económico y social y cualesquiera que sean los valores prevalentes en la colectividad histórica". Y Legaz y La Cambra afirma que "hay un derecho absolutamente fundamental para el hombre, base y condición de todos los demás; el derecho a ser reconocido siempre como persona humana".1 La facultad de elección antes mencionada coloca al hombre frente a distintas clases de libertades y obviamente  frente a  los  condignos derechos, así: a) Derechos que amparan la libre disposición del cuerpo: derecho a la vida, a la integridad personal, esto es,  a no ser torturado ni esclavizado, derecho a la libertad personal, a la libre circulación de un lugar a otro, derecho al respeto, a la honra y reconocimiento de la dignidad , derecho al trabajo. b) Derecho al  goce libre de sus manifestaciones espirituales, que se traducen en las libertades de pensamiento y expresión, conciencia, religión, asociación y educación.  c) Hay otros derechos que le permiten al ser humano realizar los derechos antes mencionados, así, entre otros, la igualdad de las personas ante la ley, el principio del debido proceso que incluye el principio de la irretroactividad de la ley, el derecho a participar en la vida política de la comunidad, etc. 3.  El derecho al trabajo se presenta bajo distintas manifestaciones: 1)  La facultad que le asiste al ser humano  de utilizar   su  fuerza  de  trabajo  en una actividad lícita y que le permite obtener los recursos necesarios para subvenir a las necesidades mínimas de él y de su familia. 2) El derecho a ejercer libremente ocupación u oficio que no se le puede entorpecer y  3)  El derecho que tiene a conseguir un empleo. El derecho al trabajo, concebido en los términos anteriores, es decir, el desempeño libre de actividad personal legítima que entraña la obtención de estipendios económicos que sufragan necesidades de la persona y su núcleo familiar y que debe prestarse en condiciones dignas y justas,  pertenece a la categoría de los derechos fundamentales y a él se refieren los artículos 25 -con la excepción que se comentará en el párrafo siguiente-  y 26 de la Carta Política.  La libertad de trabajo está consagrada en el artículo 26 de la Carta.  Se le reconoce ella al trabajo, como factor de producción de la economía, al igual que se le otorga a la empresa (art. 333).  El hombre, entonces, como secuela de su libertad individual puede disponer a su arbitrio de sus actividades físicas e intelectuales en la escogencia de cualquier ocupación, arte u oficio, con excepción de las que entrañen riesgo social. También la ley podrá exigir  título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y éstas a su vez serán vigiladas y controladas por las autoridades. Desde otro punto de vista, el artículo 25 de la Carta de 1991, a imagen del artículo 17 de la Constitución anterior, concibe el trabajo como "una obligación social" y con ello se reconoce y exalta el protagonismo insustituible  que  desempeña  el   trabajo en la vida social como factor de producción, porque el asalariado aporta a ella su actividad útil y remunerativa y contribuye así a su propia prosperidad y al crecimiento  del desarrollo económico de la comunidad.  De otro lado el Estado adquiere el deber general de propiciar, facilitar y estimular políticas, estrategias y planes de desarrollo de empleos y el mercado de trabajo, que le permitan a la persona  ingresar a la fuerza laboral.  Por Decreto 1421 de 1989 se asigna al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- la función de promocionar y ejercitar  la  gestión  e  intermediación   pública   y gratuita de empleo que estaba a cargo del Ministerio de Trabajo.  Así mismo Colombia ratificó el Convenio No. 88 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la organización del servicio de empleo, adoptado el 17 de junio de 1948 por su Conferencia General, ratificado por el Gobierno colombiano y aprobado por el Congreso mediante la Ley 37 de 9 de octubre de 1967. ( Diario oficial No. 32356). Mas este deber del Estado hacia el miembro de la comunidad carece de la connotación de derecho fundamental exigible de aquél, ya que sólo pondrá los medios, dentro de los planes de desarrollo, para crear y propulsar empleos y así coadyuvar a la disminución de la tasa de desempleo; mas una vez creados los empleos, la colectividad los irá absorbiendo de manera general, según las oportunidades y diligencias de cada cual, sin que le sea dable a todo gobernado reclamarle particularmente y con carácter compulsivo al Estado una colocación laboral porque ello en sí sería de imposible realización. Al definir los derechos fundamentales en párrafos anteriores, se destacó la nota esencial de ser ellos inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables y sin los cuales éste no podría subsistir como tal. Ello sucede con el derecho del trabajo, el cual además de realizar al hombre como tal, dignificándolo, constituye para él a la vez  un medio insustituíble para conseguir recursos económicos para su cóngrua subsistencia y la de su progenie.  Obsérvese que la tipificación  del  derecho al  trabajo  como   derecho fundamental, cual  se  lo  concibe hoy, tuvo que atravesar por vicisitudes sin cuento, que históricamente van desde la esclavitud, que consideraba al hombre como un esclavo y por tanto lo igualaba a las cosas y venía a ser la antítesis de dicho derecho; la servidumbre de la Edad Media, en que se vinculaba el siervo a la tierra, sin que le fuera posible abandonarla; las Corporaciones, también instituciones medievales, que tenían como miras determinar y preservar los precios de los productos por ellas elaborados propiciándose así el monopolio económico; excluían además a quienes no pertenecieran a ellas, con lo cual se obstruía el trabajo de las personas.  Recuérdese que existían en ella los siguientes rangos:  el aprendiz, el compañero y el maestro, a los cuales se iba escalando según las habilidades  y experiencias que se fueran demostrando en la ejecución de las labores.  Adviene más tarde lo que se  ha denominado la revolución liberal, que teniendo como precedente  la independencia de los E.E.U.U., se centra en la Revolución Francesa que da al traste con el régimen monárquico imperante (ancien régime) y pregona a todos los vientos los postulados de la igualdad y la libertad de todos los hombres (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano) y obviamente la libertad de trabajo, todo lo cual habría de traer como lógica conclusión la supresión de las servidumbres y las corporaciones.  La aparición de la revolución industrial dió paso al sistema económico capitalista, que por su forma implacable de aplicarse, colocó al trabajador en condiciones infrahumanas de subsistencia, hasta el punto de decirse que con tal sistema se instauró  la  explotación  del  hombre  por  el hombre. Dentro de este transcurso histórico se llega, finalmente a la situación  presente  de los países, de intervencionismo estatal en las relaciones obrero-patronales.  Se reconoce como tipología socio-política-económica lo que se conoce con el nombre de la cuestión social, es decir, que la inequitativa distribución de la riqueza en las Naciones, es factor de sobresalto e intranquilidad de la sociedad, ya que los trabajadores ni siquiera con la remuneración que perciben a cambio del aporte de su energía laboral, alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia. "La cuestión social es problema integral.  No constituye simplemente un hecho económico, aunque sus manifestaciones más chocantes se hayan mostrado en la vida económica.  Es fenómeno que abarca lo religioso, lo filosófico, lo científico, lo moral y político.  Es la forma económica del gran problema de la humanidad;    es   la descomposición    social saturada del sabor amargo de la angustia económica. De la misería que destruye los cuerpos y abona el terreno a la disolución de las almas". 2 Por ello el contrato de trabajo ha de ser intervenido y con ello protegido.  Siendo la parte débil el asalariado,  no se  concibe  que  pueda  contratar  en igualdad de condiciones  con su empleador, así que deben dictarse normas que amparen al primero y que estén por encima de la voluntad de ambos. De ahí surge toda esa normatividad tuitiva que considera de orden público las normas laborales, la irrenunciabilidad de éstas y su aplicación favorable en caso de dudas, el establecimiento del salario mínimo, etc. En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en la ponencia sobre trabajo y el trabajador presentada por el Dr. Guillermo Guerrero Figueroa y otros, ante la Comisión Quinta se lee: "...Si el problema político del nuevo constitucionalismo consiste en realizar un régimen de garantías jurídicas de las libertades públicas y privadas, el problema de ahora,  para  un constitucionalismo ajustado al ritmo acelerado de los tiempos, consiste en hacer posible y realizable, un régimen jurídico y social adecuado en el cual el trabajo sea una exigencia moral no sólo económica, sino condición primordial para la dignidad de la persona". ( Gaceta No. 45). En el ámbito internacional cabe destacar los siguientes documentos que reafirman la concepción humanista del derecho al trabajo:  la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 23 previene  que  toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas  y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y el artículo 24 pregona que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (Bogotá, 1948), proclama que el trabajo es un derecho  y un deber social, no se considerará como artículo de comercio y reclama respeto a "la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso".  El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74  de  1968 dice  en  su artículo 6o. que los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho.  Y en el artículo 7o. los Estados  reconocen también  que se asegure a los trabajadores "condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias".  La Convención de Roma de 1950 sobre salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales proscriben la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados (artículo 4o.) lo cual reitera el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por Colombia por la Ley 16 de 1972 (artículo 6o.). Como colofón de lo anteriormente expresado, ha de decirse que siendo el derecho al trabajo parte integrante de la personalidad humana, es  inconcuso su carácter de derecho fundamental, dentro de las precisiones que respecto de aquél se han hecho. 4.      Otro medio judicial de defensa. Según el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es instrumento  jurídico subsidiario pues sólo se puede hacer uso de ella cuando "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial", salvo que "se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". La cuestión objeto de la presente revisión se centra alrededor de la inconformidad de las trabajadoras de aseo al servicio del Liceo Francés Louis Pasteur a quienes por razones de necesidades del servicio se les mudó su horario de labores hacia las horas de la noche. Se está entonces frente a una típica controversia laboral sobre el alcance del jus variandi ejercido por el empleador y que tiene como elementos de juicio el contrato de trabajo suscrito con las operarias y la convención colectiva de trabajo que rige las relaciones entre las partes.  Queda pues esta divergencia bajo la jurisdicción laboral a términos del artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo, de conformidad con el cual ella "está instituída para decidir    conflictos   jurídicos que   se   originen directamente o indirectamente del contrato de trabajo". Y en el presente caso se convino que  las controversias laborales las dirimiría un Tribunal de Arbitramento Voluntario (arts. 130 y siguientes del C.S.T.). Por todo ello  la presente litis queda sustraída del ámbito de la acción de tutela. Tampoco puede afirmarse que la acción pueda utilizarse por las trabajadoras como mecanismo  transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por las siguientes razones:  Este perjuicio consiste en que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización (art. 6o.-1 del Decreto 2591 de 1991), no se presenta en el evento sub lite, porque las asalariadas en la hipótesis de una decisión favorable de la justicia laboral pueden obtener que se restablezca el horario de trabajo anterior. 5.      El trabajo en condiciones dignas y justas y el "ius variandi". Consiste el jus variandi en la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores.  Su uso estará determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras, según lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia, habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador y dentro de las limitaciones que le imponen la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento de trabajo. El texto constitucional, atrás transcrito, en verdad que consagra un derecho fundamental objeto de la acción de tutela, pues, el empresario ha de guiar sus actuaciones frente al asalariado dentro de las mínimas condiciones del debido respeto a la dignidad de sus operarias, porque, según se ha explicado precedentemente, es consubstancial tal dignidad  con la   naturaleza  del   hombre-persona y cabalmente, de la relación que se establece entre obrero y patrono y en razón del poder subordinante del último sobre el primero, pueden aparecer situaciones conflictivas de abuso que el ordenamiento constitucional no tolera, porque   se   repite   ha   de entenderse    que    al   empleador   se   le   prohibe categóricamente atentar contra la dignidad de sus empleados.  En este sentido el Código Sustantivo del Trabajo advierte que la subordinación jurídica no puede afectar "el honor, la dignidad   y los derechos mínimos del trabajador..."(art. 23-b); obliga al empleador a "guardar absoluto respeto a la dignidad del trabajador"(art. 57-5) y correlativamente le prohibe ejecutar  o autorizar cualquier acto "que ofenda su dignidad (art. 59-9) y erige en justa causa de despido para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador la violación grave de esas obligaciones y prohibiciones (art. 62 - f). - 8). Es insistente la Constitución de 1991 en la salvaguarda de la dignidad humana.  Desde su primer artículo y en el Titulo I que trata de "los principios fundamentales" al definir que Colombia en un Estado Social de Derecho, advierte que éste se funda "en el respeto a la dignidad humana". En virtud del artículo 5o. "El Estado reconoce  sin discriminación alguna, los derechos inalienables de la persona humana". El artículo 16 afirma que "todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". El artículo 42 previene que "la honra, la dignidad y la intimidad  de la familia" son inviolables.  Proclama el artículo  53 que "la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". El artículo 70 que confía al Estado el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos  los  colombianos, señala que  "la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.  El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todos los que conviven en el país". En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. 6o., administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución: FALLA : Primero:    Confirmar las siguientes sentencias:  Del Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá de 13 de enero de 1992.  Del Juzgado 3o. de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá de 9 de enero de 1992. Del Juzgado 29 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá de 7 de enero de 1992. Del Juzgado 10o. de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá de 3 de enero de 1992. Del Juzgado 15 de Instrucción Criminal Santafé de Bogotá de 10 de enero de 1992. Del Juzgado 48 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá de 13 de enero de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo:   Comuníquese a los Juzgados 11, 3o., 29, 10o., 15 y 48 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN           CIRO ANGARITA BARON Magistrado                   Magistrado -Salvamento de voto- MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia T-407 de junio 5 de 1992 ACCION DE TUTELA/DERECHO AL TRABAJO/ DERECHOS FUNDAMENTALES (Salvamento de voto) Si, como parecen creerlo mis colegas de Sala, se trata simple y llanamente de un conflicto surgido en el estrecho ámbito de un contrato laboral y de la aplicación del iusvariandi por parte del patrono, ello conduce necesariamente, dentro de esta óptica estrecha, a considerar que existe un medio de defensa judicial de carácter laboral y que, en consecuencia, no es procedente la acción de tutela. Cuando es lo cierto que, aceptando en gracia de discusión la presunta eficacia de tal medio, ella no se extiende necesariamente, y por virtud de un singular y cuestionable fenómeno de absorción, a otros derechos constitucionales fundamentales, real o potencialmente amenazados. En estas circunstancias no podía excluírse a la ligera la acción de tutela. PALABRAS, PALABRAS, FLATUS VOCIS? El suscrito Magistrado quiere dejar constancia de las razones que lo han llevado a separarse de la decisión de la Sala de Revisión No. 6 en relación con los casos contenidos en los expedientes acumulados números T-080, T-114, T-155, T-184, T-205. PRIMERA. Me complace singularmente señalar la forma como en la decisión mayoritaria se reitera el carácter de derecho fundamental constitucional que hoy tiene el trabajo en la Carta vigente, lo mismo que su ubicación en el amplio y prometedor universo de la dignidad humana que le es consustancial a tal derecho. Es de esperar que este reconocimiento explícito conduzca a la constitucionalización de nuestro derecho laboral, en consonancia con la filosofía y los valores profesados por el Constituyente cuando elevó el trabajo a la bien significativa altura de principio y elemento esencial del Estado social de derecho en que se transformó la República de Colombia, a partir del 5 de julio de 1991. (C.N. Artículo primero). SEGUNDA. Ante la profesión de tan valiosos presupuestos jurídicos y exiológicos, era de esperar que en el presente caso se hiciera una aplicación paradigmática de ellos, en desarrollo de esa congruencia que debe existir siempre en el contenido de las providencias judiciales. Infortunadamente, no ocurrió así. Tal como se desprende del fallo la Sala resolvió el caso aplicando exclusivamente los principios e instrumentos del derecho laboral anteriores a la vigencia de la Carta del 91 sin cuestionar en momento alguno su compatibilidad material con las nuevas e imperativas exigencias del respeto a la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad del trabajador. TERCERA.  Apartándose abiertamente del exigente papel que debe cumplir el Juez en el análisis del caso concreto como presupuesto indispensable de la administración de justicia que demanda el Estado Social de derecho, mis colegas no consideraron necesario decretar y practicar algunas pruebas. Esta omisión impidió determinar, por ejemplo, la edad de las peticionarias, si son madres y tienen a su cargo niños en edad de lactancia, si están haciendo algunos estudios fuera del lugar habitual de su trabajo, si algunas de ellas habitan en lugares peligrosos que hagan aconsejable un retorno más temprano al hogar. Todo esto y más era pertinente indagar por cuanto existen elementos en el expediente que demuestran que las peticionarias no reclaman simplemente el pago oportuno de su recargo nocturno sino el eventual desconocimiento de otros derechos de distinta naturaleza que bien ameritaba, cuando menos, esclarecer y decidir a la luz de los principios consagrados en la Carta vigente. Por eso propuse a mis colegas que ordenaran a los jueces competentes realizar audiencias para escuchar tanto a las peticionarias como al patrono y establecer así la justicia o no de sus reclamos. Mi sugerencia fue desatendida por cuanto terminó por prevalecer la preocupación de que con ella pudiera prolongarse innecesariamente la decisión de la Sala. CUARTA. Por tanto, es evidente que la decisión con la cual no comulgo es producto de una visión unidimensional del caso que pugna con los intereses de la justicia y la protección de los derechos fundamentales. En efecto si, como parecen creerlo mis colegas de Sala, se trata simple y llanamente de un conflicto surgido en el estrecho ámbito de un contrato laboral y de la aplicación del iusvariandi por parte del patrono, ello conduce necesariamente, dentro de esta óptica estrecha, a considerar que existe un medio de defensa judicial de carácter laboral y que, en consecuencia, no es procedente la acción de tutela. Cuando es lo cierto que, aceptando en gracia de discusión la presunta eficacia de tal medio, ella no se extiende necesariamente, y por virtud de un singular y cuestionable fenómeno de absorción, a otros derechos constitucionales fundamentales, real o potencialmente amenazados. En estas circunstancias no podía excluírse a la ligera la acción de tutela, menos aún cuando esta misma Corte ha creído necesario poner de presente que: "El otro medio de defensa judicial a que alude el art. 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela, de no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. "En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela"1 QUINTA.- Se proclama en la providencia que el derecho del trabajo tiene en todo caso el carácter de fundamental y así se rotula significativamente el fallo y se elogian los principios mínimos fundamentales que habrán de guiar en el futuro la expedición de un estatuto del trabajo, entre los cuales figura la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador. Pero llegado el caso de aplicar la justicia en concreto, se hace uso de una hermenéutica estrecha y unidimensional que impide considerar siquiera, como era el deber en guarda del principio de supremacía de la Carta vigente, si algunos otros derechos constitucionales fundamentales conexos a la ejecución del contrato de trabajo, tales como el respeto a la dignidad humana, el desarrollo autónomo de la personalidad y los derechos de los niños había sido eventualmente vulnerados o no. Nada de esto preocupó a mis colegas de Sala como hubiera sido de esperar en aplicación del principio según el cual en la administración de justicia debe prevalecer el derecho. Mis colegas reconocen igualmente que el asalariado es la parte débil y que no puede contratar en igualdad de condiciones con su empleador, por lo cual "deben dictarse normas que amparen al primero y que estén por encima de la voluntad de ambos".  Pero cuando podían haber colaborado, en la medida de sus posibilidades a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y proteger especialmente a los débiles como lo establece el artículo 13 de la Carta vigente, solo estimaron oportuno, paradójicamente, negar la tutela y con ella la protección inmediata de sus derechos a unas humildes trabajadoras con el cuestionable argumento de que existía otro medio judicial de defensa. Por todo lo anterior, las numerosas alusiones al trabajo como derecho constitucional fundamental y al respeto a la dignidad humana como elemento esencial del Estado social de derecho no han bastado para ocultar la cruda realidad nacida de este fallo poco afortunado donde la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales constitucionales no resultaron bien librados, por todas las razones someramente expuestas. Ha sido pues, lamentablemente, un caso más de flatus vocis. CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1 Citados por Germán J. Bidart Campos. "Teoría General de los Derechos Humanos", pág. 73. Editorial Astrea, Buenos Aires 1988. 2 Rafael Caldera. Derecho del trabajo. Tomo I, pág. 30. Librería   El Ateneo. Editorial 1969, Buenos Aires. 1 Sentencia Corte Constitucional No. T-414, Sala de revisión No. 1, pág. 15

T-408-92 Sentencia No Sentencia No. T-408/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDICINA HOMEOPATICA/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/COMPETENCIA El accionante habría podido acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para impetrar la nulidad del acto que le impedía continuar en el ejercicio de la medicina homeopática y solicitar que, como consecuencia de ello, se le restableciera en su derecho. Asimismo, podía haber solicitado a la misma jurisdicción que suspendiera provisionalmente los efectos de dicho acto administrativo, pretensión ésta que en el evento de prosperar le habría permitido proseguir en el ejercicio de su actividad profesional, desde luego sobre la base de que se reunieran los presupuestos consagrados en las correspondientes disposiciones legales. Mal podría caber la acción de tutela cuando la actuación administrativa se produce en desarrollo de la responsabilidad confiada a las autoridades en cuanto a la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones, si de lo que se trata es de garantizar en el caso concreto que quien pretende ejercitar en determinado ramo lo haga con el respectivo título de idoneidad cuando lo exige la ley, o de preservar el interés colectivo representado en aspectos tales como la salud, la seguridad, la moralidad o el orden público. LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO/DERECHO AL TRABAJO Ese principio de libertad de escoger profesión, que se conjuga con el derecho al trabajo, no se concibe como absoluto, al igual que sucede con todas libertades y derechos reconocidos en la Carta Política. De su naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio se desprenden las limitaciones que la sujetan a prescripciones de carácter general establecidas por el legislador y a restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas. EJERCICIO DE PROFESION-Título de idoneidad Los títulos de idoneidad, son indispensables para acreditar la preparación académica y científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma, como en lo relativo a sus especialidades. Si bien la ley puede establecer títulos de idoneidad y las autoridades están obligadas a exigirlos, no les está permitido imponer a los particulares requisitos adicionales para el ejercicio de su actividad.  A la inversa, la carencia de título o la falta de los documentos que acrediten legalmente la idoneidad para ejercer una profesión, facultan y aún obligan a la autoridad a impedir ese ejercicio para hacer  cierta la prevalencia del interés general. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Proceso T-606 Acción de Tutela instaurada por: PEDRO JOSE MONSALVE LEON Magistrado Ponente: Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Aprobada mediante Acta de la Sala de Revisión No. 3, en Santafé de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte a revisar las sentencias que en el asunto de la referencia fueron proferidas por los Juzgados Cuarenta y Uno (41) Penal Municipal y Veinte (20) Penal del Circuito de Medellín, con fechas doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991) y veintidos (22) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), respectivamente. I.  INFORMACION PRELIMINAR PEDRO JOSE MONSALVE LEON, invocando el derecho previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, ejerció acción de tutela contra el Instituto Metropolitano de Salud METROSALUD División de Atención al Medio Ambiente, Sección Control de Medicamentos, de la ciudad de Medellín. En su escrito expresó el demandante que el veintidos (22) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), mediante acto expedido por la dependencia mencionada, cuya copia obra en el expediente, se le prohibió "practicar" cualquier acto reservado al ejercicio de las profesiones de la salud (medicina, farmacia y otras), así como "la práctica de cualquier otro acto que por medio de cualquier terapéutica se dedique a tratar enfermedades", conminándolo con una sanción de multa equivalente a cien mil pesos ($100.000=). Alegó en su favor que, según las disposiciones vigentes, el ejercicio de la medicina homeopática ya ha sido reconocido, siempre que se acrediten las pruebas de idoneidad señaladas en la misma ley y que, por tanto, mediante el acto en referencia se hizo una interpretación restrictiva de dichas normas. El demandante señaló como vulnerados, en forma genérica, sus "derechos y garantías sociales" y particularmente su derecho de defensa, en cuanto el acto de METROSALUD, según el mismo texto, no era susceptible de recurso alguno por la vía gubernativa. Invocó, además, como aplicables al caso las Leyes 35 de 1929, 14 de 1963 y 9 de 1979, y los decretos 986 de 1932, 605 de 1963 y 1950 de 1964. En escrito separado, dirigido al Juez de Reparto, el peticionario solicitó: "Que se suspenda la sanción establecida en la diligencia conminatoria 4-090 expedida por el Instituto Metropolitano de Salud -METROSALUD-, mientras no se dé curso al derecho de tutela de conformidad, con la Constitución Nacional de conformidad (sic) con el artículo 86 de la misma y la ley que la reglamente". II.  DECISION DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y SUS FUNDAMENTOS Mediante providencia calendada el doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), el Juez Cuarenta y uno Penal Municipal de Medellín resolvió negar la tutela con base en los siguientes argumentos: -  A juicio de ese Despacho, la disposición primordial para resolver el interrogante acerca de si el accionante podía o no ejercer la medicina era la Ley 14 de 1962, en especial sus artículos 2, 3, 6, y 8. En aplicación de esos preceptos y teniendo en cuenta los documentos aportados por el solicitante, el Juez concluyó que MONSALVE LEON  obtuvo su título de Médico Homeópata de una entidad no reconocida por el Estado; que el aludido título carece de validez en cuanto no ha sido refrendado por el Ministerio de Educación Nacional; que el nombre del accionante no aparece inscrito ante las autoridades sanitarias. Expresa, por tanto, no comprender lo que reclama el accionante, pues las normas que él mismo alega en su favor, le exigen el cumplimiento de unos requisitos mínimos para el ejercicio de la medicina, y que éste no cumple. Concluye que existe mérito para negar la tutela reclamada, pues el acto emanado de la Sección de Control de Medicamentos, División de Atención al Medio Ambiente, del Instituto Metropolitano de Salud -METROSALUD- se ajusta a la ley y no pone en peligro derecho alguno. III.  DECISION DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y SUS FUNDAMENTOS Impugnada la sentencia en mención, el Juzgado Veinte (20) Penal del Circuito de Medellín resolvió confirmarla, con apoyo en las siguientes consideraciones: -  Desde el momento de entrar en vigencia la Ley 14 de 1962, para ejercer la profesión de la medicina se requiere título de universidad reconocida en Colombia, cualquiera sea la especialidad escogida. -  La ley mencionada reguló íntegramente lo concerniente al ejercicio de la medicina, la cirugía y las demás ramas afines, sin que exista motivo alguno para estimar que la homeopatía pueda tener una reglamentación diferente. -  La misma ley, si bien respetó los derechos adquiridos de los médicos licenciados o permitidos, así como también de los homeópatas en esas mismas circunstancias, exigió, para reconocer tales derechos, que en el momento de su entrada en vigencia, ya tuvieran su título, licencia o permiso concedido con base en las leyes 35 de 1929 o 67 de 1953, o, cuando menos, que hubiesen presentado ya sus solicitudes de reconocimiento. -  Según lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 153 de 1887:  "Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene. -  En el presente caso el actor no ha demostrado que al principiar la vigencia de la Ley 14 de 1962 hubiese poseído el título, licencia o permiso que se requería, según las leyes anteriores (Ley 35 de 1929 y Ley 67 de 1953) o hubiese presentado la solicitud correspondiente. -  El hecho invocado por el solicitante en su escrito de impugnación, en el sentido de haber firmado un acuerdo de amnistía en julio de 1983, afirmando allí que se dedicaría la medicina homeopática, no significa que ello allane o derribe toda la normatividad jurídica vigente, pues si el actor ingresaba a la civilidad, lo hacía con todas sus cargas y beneficios pues, de lo contrario, "los demás ciudadanos de bien se verían discriminados, vulnerándose, este sí, un derecho fundamental cual es la igualdad ante la ley, lo que en otras palabras equivaldría a decir que ser guerrillero crea beneficio y privilegio frente a las demás personas del conglomerado social". -  El fallo de primera instancia fue proferido dentro del tiempo oportuno. Asunto diferente es el de la notificación, pues el actor compareció a conocer su contenido varios días después de dictado el mismo, tal vez impedido por la parálisis de la administración de justicia en ese lapso, situación de la cual se dejó constancia secretarial y que no puede cargarse como falta o mora del funcionario competente. -  El procedimiento policivo aplicado preventivamente al caso por -METROSALUD-, mediante el cual se conminó a PEDRO JOSE MONSALVE LEON para que se abstuviera de ejercer la medicina fue justo, por  cuanto él no demostró, ante la funcionaria de Salud que lo visitó, los requisitos legales para desempeñarse como médico homeópata. IV.  NORMAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS El solicitante invocó en su favor los artículos 13, 16, 25, 26 y 27 de la Carta, pues, en su sentir, con el acto del Instituto Metropolitano de Salud -METROSALUD- de Medellín, le han sido conculcados sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre escogencia de profesión, a la investigación, a la igualdad real y efectiva. V.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia Esta Corporación es competente para revisar las sentencias antes relacionadas de conformidad con lo previsto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2.  Improcedencia de la acción de tutela Para la Corte es evidente que la privación arbitraria del normal ejercicio de su profesión implica para la persona afectada un flagrante desconocimiento del derecho fundamental del trabajo, uno de los primordiales dentro de la estructura constitucional vigente, tal como la Corporación ha venido destacándolo en recientes fallos  1 En principio, allí aparece la acción de tutela como valioso instrumento jurídico enderezado a la certidumbre de los principios y preceptos constitucionales en materia de derechos. Pese a ello, se hace menester una revisión acerca de la viabilidad de su aplicación según las características del caso y en relación con el entendimiento de la preceptiva constitucional en punto del ejercicio de las profesiones. Reitera la Corte que esta acción tiene como una de sus características básicas la de ser mecanismo subsidiario de defensa por cuanto, desde una perspectiva general, es improcedente instaurarla cuando el afectado disponga de otros medios judiciales para la aplicación del derecho en cuestión. Un primer examen muestra que, en el caso del que ahora se ocupa la Corte, el accionante habría podido acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para impetrar la nulidad del acto que le impedía continuar en el ejercicio de la medicina homeopática y solicitar que, como consecuencia de ello, se le restableciera en su derecho. Asimismo, el demandante podía haber solicitado a la misma jurisdicción que suspendiera provisionalmente los efectos de dicho acto administrativo, pretensión ésta que en el evento de prosperar le habría permitido proseguir en el ejercicio de su actividad profesional, desde luego sobre la base de que se reunieran los presupuestos consagrados en las correspondientes disposiciones legales. Ahora bien, tanto el artículo 86 de la Constitución Política  como el 8º del decreto 2591 de 1991 han previsto la posibilidad de que, aún existiendo vías judiciales para la defensa del derecho atacado o sometido a amenaza, se intente la acción de tutela como mecanismo transitorio, a fin de evitar un perjuicio irremediable. Este ha sido definido por el artículo 6º del mencionado decreto como "el que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante indemnización". La prohibición arbitraria del normal ejercicio de una profesión puede revestir el carácter de perjuicio irremediable si, consideradas las circunstancias concretas, únicamente fuera factible resarcir el daño causado mediante una indemnización. Lo irreparable del perjuicio podría  llegar a poner en peligro la subsistencia misma del individuo y de su familia, desbordando el límite del derecho inicialmente quebrantado, esto es, el derecho a trabajar. Negar la tutela en situaciones como las descritas representaría desconocer flagrantemente los fines constitucionales del Estado y hacer inútil la institución plasmada en el artículo 86 de la Carta. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,, que no toda orden administrativa encaminada a impedir que una persona desempeñe actividades propias de una profesión representa privación arbitraria del derecho al trabajo y, por tanto, no siempre que alguien alegue perjuicio irremediable por tal motivo existe fundamento jurídico para que el juez conceda la tutela y decrete la reanudación de las actividades laborales o profesionales en suspenso. En efecto, mal podría caber la acción de tutela cuando la actuación administrativa se produce en desarrollo de la responsabilidad confiada a las autoridades en cuanto a la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones (artículo 26 de la Constitución Política), si de lo que se trata es de garantizar en el caso concreto que quien pretende ejercitar en determinado ramo lo haga con el respectivo título de idoneidad cuando lo exige la ley, o de preservar el interés colectivo representado en aspectos tales como la salud, la seguridad, la moralidad o el orden público. En Colombia, tal como lo establece la disposición constitucional citada, toda persona es libre de escoger profesión u oficio e inclusive, si la ley no ha exigido formación académica para la ocupación seleccionada en virtud de esa libertad, la norma hoy vigente las favorece a todas, como regla general, con el libre ejercicio, a menos que su índole propia implique en sí mismo un riesgo para la sociedad. Ese principio de libertad, que se conjuga con el derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución), no se concibe como absoluto, al igual que sucede con todas libertades y derechos reconocidos en la Carta Política. De su naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio se desprenden las limitaciones que la sujetan a prescripciones de carácter general establecidas por el legislador y a restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas. Por lo que concierne al ámbito de regulación propio de la ley, la importancia y necesidad de ésta se derivan no solamente del artículo 26 sino de los artículos 1o. y 2o. de la Constitución y de su mismo Preámbulo, en cuanto resulta ser el instrumento jurídico adecuado al establecimiento de condiciones mínimas indispensables para que el derecho de cada individuo a escoger y ejercer una profesión no afecte a la comunidad, la cual podría verse gravemente lesionada si a todos fuera factible la práctica de actividades en materia tan delicada como la atención de la salud humana sin la previa preparación académica y científica. Consecuencia de esa elemental precaución es la facultad conferida por el Constituyente al legislador en el sentido de reconocer las profesiones, exigir títulos de idoneidad, contemplar para ellas una previa formación académica y calificar como de riesgo social  las ocupaciones y los oficios que, aún sin requerir esa formación, demanden especiales controles o cuidados habida cuenta de sus peculiares características o del peligro que su desempeño representa. En ese orden de ideas, la tarea de las autoridades competentes en cuanto a la inspección y vigilancia sobre el ejercicio de las profesiones (la medicina en el caso que nos ocupa), complemento imprescindible de las previsiones legales, viene a representar el práctico desarrollo de los fines contemplados en los artículos 1o., 2o., 6o, 13, 16, 49, 78, 79, 80, 81, 82 y 95 de la Constitución, para mencionar apenas algunos. El artículo 49 se destaca entre los citados por su especial pertinencia en relación con el tema controvertido en este proceso, ya que la libertad reconocida en el artículo 26 de la Carta y el derecho al trabajo previsto en el 25 Ibídem deben armonizarse, en beneficio de la sociedad, con la obligación estatal de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, siendo del resorte oficial la fijación de políticas en relación con los servicios que en esta materia prestan entidades privadas, así como su vigilancia y control. En lo concerniente a esta tarea, la norma del artículo 26 alude genéricamente a las autoridades competentes, pues el señalamiento de los criterios con arreglo a los cuales se definan esas autoridades y sus atribuciones en casos concretos depende de la ley y los reglamentos en el orden nacional y de las ordenanzas, acuerdos y decretos en los niveles departamental, distrital y municipal, según los respectivos ámbitos de competencia normativa. Así, la función de velar por el interés general en el campo de la salud, al cual se refiere este proceso -dentro de las reglas y exigencias señaladas por la ley- pueden ser del Ministerio de Salud, las seccionales de salud o los alcaldes municipales en ejercicio de sus atribuciones de policía administrativa, en forma directa o por conducto de las dependencias correspondientes. En cuanto se refiere específicamente a los títulos de idoneidad, ellos son indispensables para acreditar la preparación académica y científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma, como en lo relativo a sus especialidades. Como lo expresó la Corte Suprema de Justicia desde 19692 "obtenido un título académico, conforme a la ley, salvo las limitaciones que ella fije, el beneficiario adquiere un derecho perfecto y una vocación definida al ejercicio profesional respectivo, sin que las autoridades administrativas gocen de competencia alguna para establecer restricciones por su cuenta, señalando campos o ramas que no son de libre aplicación para todos sino sólo para aquellos a quienes ellas aprueben y califiquen". Hoy estos conceptos tienen expresión en los artículos 26 y 84 de la Constitución, en el sentido de que, si bien la ley puede establecer títulos de idoneidad y las autoridades están obligadas a exigirlos, no les está permitido imponer a los particulares requisitos adicionales para el ejercicio de su actividad. A la inversa, la carencia de título o la falta de los documentos que acrediten legalmente la idoneidad para ejercer una profesión, facultan y aún obligan a la autoridad a impedir ese ejercicio para hacer  cierta la prevalencia del interés general. Así las cosas, retornando a la definición sobre si procedía la acción de tutela en el caso de MONSALVE LEON, se infiere del análisis efectuado que el peticionario, según ya se explicó, contaba con otros medios judiciales para su defensa y, por otra parte, no podía alegar perjuicio irremediable, ya que si se tiene en cuenta la definición legal -artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991- el interesado podía solicitar y eventualmente obtener no solo una indemnización por los perjuicios ocasionados si el acto administrativo de METROSALUD fuere anulado, sino, además, el restablecimiento del derecho, que aquí consistiría en la posibilidad de continuar ejerciendo la profesión. Pero, además de eso, no era viable para el juez de conocimiento otorgar el amparo solicitado, toda vez que la autoridad competente, en este caso METROSALUD, no impedía a MONSALVE el ejercicio de la medicina homeopática por arbitraria decisión suya, sino por haber constatado, en el curso de visita administrativa sobre la cual obra prueba en el expediente, que el accionante aspiraba a proseguir practicando esa profesión sin acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley vigente. Así pues, desde el punto de vista constitucional, el acto en mención no conculcaba el derecho del actor al trabajo ni su libertad de escoger profesión u oficio (artículos 25 y 26 de la Constitución), razón por la cual no tenía cabida la tutela como lo expresaron con razón, tanto el Juez Cuarenta y Uno Penal Municipal, como el Veinte Penal del Circuito de Medellín. La Corte confirmará esas providencias, por las razones que se dejan consignadas, lo cual no significa que al hacerlo afirme la validez del acto administrativo correspondiente cuya legalidad presume, quedando al tribunal respectivo la decisión sobre ella, en la esfera de su competencia. V.  DECISION La Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  Confirmar la sentencia proferida por el Juez Veinte (20) Penal del Circuito de Medellín el veintidos (22) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), por medio de la cual,  a su vez, se confirmó la del Juzgado Cuarenta y Uno (41) Penal Municipal de Medellín del 12 de diciembre de 1991, relativa a la acción de tutela instaurada por el señor PEDRO JOSE MONSALVE LEON. Segundo. Por la Secretaría líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Magistrado                                        Magistrado 1 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia Nº T-08, mayo 18 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. 2 C.S.J. Sentencia de Noviembre 18 de 1969, Gaceta Judicial CXXXVII, No.2338.

T-409-92 Sentencia No Sentencia No. T-409/92 SERVICIO MILITAR/IGUALDAD ANTE LA LEY/LIBERTAD DE CONCIENCIA/OBJECION DE CONCIENCIA La obligación de prestar el servicio militar es desarrollo del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales y si,  además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. El servicio militar en sí mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las Fuerzas Militares. DERECHO A ESCOGER EDUCACION La facultad que se otorga a los padres de familia está referida a la selección de las mejores opciones educativas para sus hijos menores, en el sentido de excluír toda coacción externa que haga forzoso un determinado perfil, un cierto establecimiento, una ideología específica, o que niegue a los progenitores la posibilidad de diseñar, según sus propias concepciones, la orientación pedagógica y formativa que estiman deseable para su mejor porvenir, pero sin que eso represente discreción para aceptar o rechazar la convocatoria a cumplir con la obligación que éstos tienen de prestar el servicio militar. -Sala Tercera de Revisión- Ref.:  Acción de tutela T-125 OSCAR FLAVIO OCHOA QUIÑONES y ANDRES OSPINA CRUZ contra Fuerzas Militares de Colombia. -Ejército Nacional- Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ. Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No. 3, dada  en Santafé de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar la sentencia de tutela proferida, el seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), en el asunto de la referencia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. I- INFORMACION PRELIMINAR A-  Acto objeto de la acción Las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, mediante oficios expedidos por la Dirección de Reclutamiento, comunicaron a los jóvenes OSCAR FLAVIO OCHOA QUIÑONES y ANDRES OSPINA CRUZ que habían sido seleccionados para prestar el servicio militar. Al mismo tiempo se les hizo saber que debían presentarse  en las instalaciones de un Distrito Militar, portando la constancia auténtica de haber aprobado el undécimo grado de educación media. De igual manera, se les advirtió que, en caso de no presentarse, serían declarados "REMISOS", con todas las consecuencias que ello implica, de conformidad con la Ley 1a. de 1945. B.  Fundamentos de la Acción El abogado Ricardo Esquivia Ballestas, quien actúa en nombre y representación de OSCAR OCHOA y ANDRES OSPINA, como también de sus padres, estima que con el mencionado acto las Fuerzas Militares han atentando contra la libertad de conciencia de dichos jóvenes, violándose al mismo tiempo a los padres de estos el derecho de escoger la educación para sus hijos.  El apoderado sustenta la petición de tutela en las siguientes razones: 1)  Sus representados, tanto los padres como los menores, son miembros de la IGLESIA DE "DIOS ES AMOR" DE LOS HERMANOS MENONITAS.  La creencia religiosa y base teológica de sus poderdantes se fundamenta en un profundo respeto al prójimo, en el amor a los enemigos, en el cumplimiento al mandato divino de no matar, por lo que expone el accionante, rechazan pertenecer a organismos creados para imponer la fuerza, monopolizar la violencia, eliminar o intimidar al enemigo, o para ejercer la "acción legal" de matar a un ser humano. 2)  Según el actor, los ejércitos han sido creados para eliminar al enemigo que no se dejó intimidar por la fuerza e imponer por la violencia una determinada razón, dirigiendo su acción a entrenar para la guerra y el uso y porte de armas. 3)  Sus poderdantes se rehusan a participar y pertenecer en forma alguna a las Fuerzas Militares, por cuanto los procedimientos y criterios de éstas son contrarios a sus creencias, es decir a su conciencia. Además, los jóvenes convocados para prestar el servicio militar, son totalmente no violentos y rechazan por convicción cualquier ejercicio de la violencia. II- TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión General, asumió el conocimiento del caso, el cual fue fallado el seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), negando las pretensiones del actor quien fue notificado mediante telegrama enviado en la misma fecha. Contra la mencionada providencia no se interpuso recurso alguno, razón por la cual fue remitido el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo recibido en la Secretaría el dieciocho (18) de febrero del presente año.  La Sala de Selección, en sesión de marzo 6, determinó que la sentencia debería ser revisada. Los motivos que llevaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., a negar la tutela solicitada por el abogado Ricardo Esquivia Ballestas, son esencialmente: 1)  Los derechos de los particulares no pueden ser considerados de manera aislada para concluír que han sido vulnerados o puestos en peligro por la acción del Estado, ya que la condición de ciudadano colombiano no confiere únicamente beneficios; así se infiere de la denominación del Título II de la Constitución Política: "DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES".  Se concluye, entonces, que toda persona tiene responsabilidades para con su nación. 2)  La Fuerza Pública hace parte de la Rama Ejecutiva, según lo establece la Constitución Política.  Ella está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, siendo la razón de ser de estos cuerpos la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.  La integración de estos cuerpos requiere la participación de los colombianos, obligación de la cual sólo pueden ser eximidos aquellos a quienes la ley designe en forma expresa. 3)  El servicio al Ejército Nacional no puede entenderse como un atentado a los principios de conciencia, ya que gracias a la rígida disciplina y a la educación allí recibidas, lo que se obtiene es la reafirmación de las mejores calidades de la persona.  Además, explica la Sala, sería grave que ante los deberes para con la patria, como es prestar el servicio militar, "los ciudadanos pudieran plantear el dilema bíblico de si es justo o nó atender a tales obligaciones". 4)  En cuanto al derecho de los padres para ofrecer a sus hijos la educación que les parezca más conveniente, aparece que la convocatoria para prestar el servicio militar tiene origen en el hecho de que los jóvenes han concluído sus estudios primarios y secundarios, es decir que sus padres tuvieron oportunidad de educarlos.  Además, luego de concluído el servicio militar, los padres pueden seguir ofreciendo a sus hijos los estudios superiores, sin perder de vista que para ingresar a ellos los ciudadanos varones deben haber definido su situación militar. III-  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A.  Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política; 31, 32, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia que el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C. ha proferido en el presente caso. B.  Observaciones previas En apariencia, nos encontramos ante un conflicto entre la libertad individual y el poder público, representado en esta ocasión por las Fuerzas Militares de Colombia. Estima la Corte que, previamente a la adopción de decisiones, se hace necesario examinar si en realidad existe esa confrontación y determinar cuál debe ser el criterio constitucional para conciliarla, en caso de llegar a una conclusión afirmativa. La Carta Política, al establecer y asignar funciones a los órganos del Estado, respeta -por corresponder a uno de los fines que señala su Preámbulo- el ámbito de los derechos y prerrogativas de los gobernados, pero sin menoscabo de los que interesan a la colectividad. Como fundamento del Estado de Derecho en una organización social democrática, la Constitución tiene entre sus características la de servir como medio para conciliar la libertad y el poder del Estado, el cual tiene en su base a los individuos que lo integran, pues ha sido creado con el objeto de garantizar la convivencia pacífica entre los mismos.  Para cumplir con tal fin y para garantizar la integridad de la soberanía, la organización política dispone del monopolio de la fuerza y goza de plena aptitud para ejercerla legítimamente cuando ello sea indispensable, claro está, dentro de los límites que el ordenamiento jurídico establece. Esta facultad, ligada a los fines esenciales que la Constitución Política fija al Estado colombiano (artículo 2o.), impone la existencia de cuerpos especializados, dotados de material técnico y de un grupo humano capaz e idóneo para el cumplimiento de su misión. Cuando la norma en mención establece entre tales fines el de "defender la independencia nacional (se subraya), mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", está dando las bases para la existencia y el funcionamiento de los órganos necesarios a estos propósitos. En concordancia con lo anterior, el Estatuto Fundamental dedica el Capítulo 7, de su Título VII, a la Fuerza Pública, estableciendo en el artículo 216, que la misma estará integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Añade el inciso 2o. de la misma norma que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional (subraya la Corte) y las instituciones públicas". En el mismo sentido, el artículo 217 de la Constitución, señala como finalidad primordial de las Fuerzas Militares "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional". Ahora bien, las Fuerzas Militares, para su integración y para el obligado relevo que cada cierto tiempo debe irse produciendo en el interior de sus filas, requieren de modo permanente del cierto y eficaz concurso de los colombianos que, en virtud de la ley y por los sistemas de conscripción o de ingreso voluntario, sean incorporados a ellas. El servicio militar obliga en principio a todos por dos razones básicas: en el plano de los deberes constitucionales de los gobernados, por la imperiosa y constante necesidad que de él se tiene para la efectiva defensa de la Patria y, en el terreno de los derechos, por elemental aplicación del principio de igualdad ante la ley (artículo 13 de la Constitución).  Es la ley, al tenor del artículo 216, inciso 2o, de la Carta, la que "determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar". Tales condiciones se hallan actualmente previstas en el artículo 21 de la Ley 1a. de 1945, que establece:  "Están exentos del servicio personal bajo banderas en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar la cuota de compensación militar: a)  Los que hubieren sido condenados a pena que tenga como accesoria la pérdida de los derechos políticos mientras no tengan su rehabilitación; b)  El hijo de viuda, que observe buena conducta y que atienda a sus necesidades si ésta carece de medios de subsistencia; c)  El huérfano de padre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; d)  El hijo de padres incapacitados para trabajar o que pasen de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, y siempre que dicho hijo vele por ellos; e)  El hermano o hijo de quien haya muerto prestando sus servicios en las filas, si su trabajo es indispensable para la subsistencia de la familia; f)  Los casados que hagan vida conyugal; g) Los viudos que sostengan hijos habidos en el matrimonio; h)  El hijo único huérfano de padre con hermanas solteras que observen buena conducta o hermanos menores a quienes sostenga, por no tener ellas o ellos peculio propio; i)  Los inhábiles relativos permanentes". Como lo establece la Carta, la regla general es la obligación de prestar el servicio militar y las excepciones a la misma se encuentran en la ley,  lo que significa que si el colombiano llamado al servicio, no se encuentra en una de tales circunstancias, debe acudir a las filas. En el presente caso, el actor no ha demostrado que sus representados se encuentren en alguna de las situaciones de excepción que la ley ha previsto; por ende, ellos están en la misma posición que la de sus conciudadanos obligados a cumplir el servicio militar y los deberes que él comporta. Una excepción específica y personal en su favor representaría flagrante desconocimiento del subrayado principio constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto significaría privilegio. Ahora bien, si es la ley que obliga a prestar el servicio militar, la que se considera violatoria de la Constitución Política, ella es susceptible de ser demandada ante la Corte Constitucional mediante el procedimiento propio de tal acción. Al menos por lo que atañe a la taxativa enunciación de excepciones que consagra la citada ley, no observa la Corte que "prima facie" sea incompatible con principios ni preceptos superiores, razón por la cual no es del caso hacer valer aquí la inaplicabilidad de sus disposiciones (artículo 4º Constitución Política). Pero entiende la Corporación que este proceso no tiene por origen una cuestión de inconstitucionalidad de la ley que regula el tema del servicio militar, sino que el apoderado de los aquí llamados a prestarlo pide que se los exceptúe de la convocatoria alegando que ésta, dada la religión a la cual dicen pertenecer, vulnera su libertad de conciencia, asunto del cual se ocupa a continuación esta providencia. C.  El servicio militar como deber del ciudadano El Estado, como organización política de la sociedad, garantiza, mediante su Constitución, a los individuos que lo integran una amplia gama de derechos y libertades, al lado de los cuales existen obligaciones correlativas. Los beneficios conferidos por la Carta Política a los colombianos se hallan establecidos, de manera genérica,  en el Título II, capítulos 1o. al 4o., pero como ella misma lo dice en su artículo 95, inciso primero, "el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades". De igual manera el artículo 2 de la Constitución, en su inciso segundo, declara que las autoridades han sido instituídas para "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades  y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (subraya la Corte).  Es apenas lógico que, si el Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos, una mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al ejercicio de sus libertades. En el presente caso, el aporte requerido de los citados jóvenes está plenamente justificado en la Carta Política, cuando en su artículo 95, al establecer los deberes  de la persona y del ciudadano, en el numeral 3º incluye el de "respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales", al paso que en el 216, con las excepciones que la ley señale, se exige -a título de obligación en cabeza de todos los colombianos- "tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas". No se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible. Una concepción equilibrada de los derechos subjetivos implica el reconocimiento de que ninguno de ellos es absoluto, pues los que emanan de unas cláusulas constitucionales encuentran límite en las obligaciones que imponen otras, por lo que es necesario conciliarlas impidiendo que la aplicación indiscriminada de una deje a las demás sin contenido . D.  La Libertad de Conciencia La facultad que tiene una persona para actuar en determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada en grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera de concebir el mundo.  Tales convicciones e ideología son el producto de su formación académica, social, moral y religiosa, la cual condiciona al individuo imponiéndole modelos de comportamiento a seguir en medio de la sociedad a la cual pertenece y encauzando el ejercicio de su libertad, la cual, por eso mismo, pierde desde el comienzo su carácter absoluto. La formación que la persona recibe y asimila va integrando su sistema de valores, para llevarla a considerar, frente a las distintas opciones que la vida en comunidad le ofrece, lo que desde su particular perspectiva es bueno, justo, equitativo, oportuno..., arrojando unos resultados exteriores que son el producto de un análisis interno cuyo ámbito es del dominio inalienable de la persona.  Ese sistema de valores constituye,  en lo más íntimo de cada ser humano, su propia conciencia, en cuyas profundidades no puede penetrar la acción del Estado ni forma alguna de coacción. En principio, la conciencia misma del individuo, dada su propia naturaleza, no está expuesta a violaciones por actos de la autoridad.  Son las manifestaciones exteriores, derivadas del proceso interno, las que pueden verse coartadas, impedidas, dificultadas o condicionadas mediante acción del Estado o sus agentes, o de particulares. Por tanto, el ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 18 de la Carta es susceptible de violación y, por ello, de protección jurídica, en la medida en que aflora por las distintas vías que el hombre ha concebido para explicitarla, dando lugar a formas específicas de previsión normativa tendientes a preservarla en su integridad: allí se sustentan las libertades constitucionales de expresión y de cultos (artículos 19 y 20), entre otras. Obsérvese cómo la misma libertad de conciencia tiene una referencia jurídica que hace recaer la protección sobre los momentos exteriores de su desarrollo, como cuando el artículo 18 de la Carta indica que "nadie será molestado por razón de sus convicciones y creencias",  hipótesis en la cual se suponen conocidas, o cuando prohibe que el individuo sea "compelido a revelarlas u obligado a actuar contra su conciencia" (subraya la Corte). En virtud de lo anterior, la doctrina jurídica ha clasificado a la libertad de conciencia como individual, por cuanto antes de ser un ciudadano libre frente a la sociedad, el hombre tiene derecho a ser un individuo libre, esto es, exento de coacciones y atentados arbitrarios que afecten, impidan o sancionen la exteriorización de sus convicciones íntimas, mientras ellas en si mismas no causen daño a la colectividad . Las constituciones políticas de la mayoría de los estados democráticos  garantizan la libertad de conciencia, lo cual implica dos efectos: que cada individuo tiene derecho a regular su vida de acuerdo con sus creencias y que el Estado no tiene facultad para imponérselas; él debe tener en cuenta tales creencias para permitirle ejercer su libertad. Como ya se dijo, la Constitución Política, en su artículo 18, garantiza la libertad de conciencia, de lo cual se desprende que, a partir del inalienable fuero interno de cada individuo, este goza de facultad para actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón práctica, de su pensamiento y de su íntima convicción, claro está, sobre la base, implícita en todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones están limitadas por los derechos de los demás y por las necesidades propias del orden público, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas. La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar.  Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación. La objeción de conciencia, es definida por Venditti como "la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito"1 El objetor de conciencia, en los estados que consagran esa posibilidad, no incurre en violación de las prescripciones constitucionales y legales sobre servicio militar por el hecho de adoptar una posición negativa frente a la obligación que se le impone, sino que, dadas las condiciones que el respectivo régimen jurídico establezca, hace uso de un verdadero derecho, que debe ser reconocido por las autoridades. Estas, en un buen número de casos, canjean con el objetor las prestaciones que normalmente le corresponderían por otras de similares condiciones que no impliquen transgresión a los principios que alega derivados de su conciencia.  Allí no puede hablarse de desobediencia civil o de remisión a prestar el servicio. Si, como ya se ha dicho, la obligación de prestar el servicio militar es desarrollo del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales y si,  además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las condiciones dentro de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese fundamento en casos específicos representaría desbordamiento de sus atribuciones y franca violación del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre que se generaría en el interior de la comunidad. De allí que deba afirmarse la impracticabilidad de tal figura en cualquiera de sus modalidades en aquellos sistemas constitucionales que no la han consagrado, como acontece en el caso colombiano. Una propuesta en el sentido de introducirla expresamente en el texto de la Carta de 1991, presentada por el constituyente Fernando Carrillo fue negada por la Asamblea Nacional Constituyente, sin que pueda afirmarse que de los textos aprobados se deduzca siquiera un principio de objeción. De allí que no sea procedente, a la luz del ordenamiento en vigor, acceder a las pretensiones del demandante relacionadas con la sustitución o exclusión de los deberes propios del servicio militar, a favor de sus representados. Juzga la Corte, por otra parte, que el servicio militar en sí mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las Fuerzas Militares. Así, un colombiano llamado a las filas del ejército nacional, puede desempeñarse en cualquiera de los distintos frentes que implican la existencia de los cuerpos armados, por ejemplo en calidad de conductor de vehículo, o como operador de radio,  mediante una razonable distribución de tareas y responsabilidades, en el marco de las facultades legales de quienes tienen a cargo su funcionamiento. Ahora bien, por regla general el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Militares, está íntimamente ligado a la naturaleza de sus actividades, pues no es fácil concebir un ejército en el cual sus integrantes dejaran de valerse de ellas absolutamente. Pese a lo anterior, algunos sistemas jurídicos han consagrado, dentro del servicio, una forma específica de objeción, circunscrita a la obligación de tomar las armas si con ello se violentan los dictados de la conciencia individual. En esta modalidad, como se observa, la objeción no se refiere al servicio militar en su integridad, pues se parte del supuesto de que está siendo prestado, sino que concierne a una manifestación del mismo, obviamente dentro de la reglamentación que la respectiva ley establezca. En Colombia tampoco es admisible esta posibilidad, igualmente propuesta y rechazada en la Asamblea Nacional Constituyente, de tal modo que no existe en nuestro Derecho Público norma alguna que haga lícita al individuo la conducta de negarse a tomar o a emplear las armas que le suministran las Fuerzas Militares para los fines que la Constitución Política indica. No obstante, el perentorio mandato consagrado en el artículo 16 de la Constitución vigente permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia militar, entre aquella que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior. Se insiste en esta diferencia, por cuanto, independientemente de la pura consecuencia jurídica derivada del artículo 91 de la Carta en torno a establecer sobre quién recae la responsabilidad en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona --asunto claramente definido por la norma cuando, respecto de los militares en servicio, libera de ella al inferior y la proyecta hacia el superior que dá la orden- la disposición del artículo 18, que no admite excepciones, favorece la libertad de conciencia del subordinado y se constituye en límite a la discrecionalidad de quien manda, la cual no es absoluta, conciliando así el sano criterio de la disciplina inherente a los cuerpos armados con la real aplicación  de los derechos. Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sóla enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución. No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por la Carta Política, según su preámbulo, ni entenderse de modo diverso el artículo 93 constitucional, a cuyo tenor "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno". Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5a. de 1960 (Diario Oficial No. 30318), que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar "en todas las circunstancias", existen infracciones graves, contra las cuales los estados han de tomar oportunas medidas. Entre ellas  se enuncian, a título de ejemplo, "el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud,  la destrucción y la   apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente" (artículo 50). Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad constitucional de que toda orden militar pueda ser discutida por quienes la reciben, ya que eso representaría una ruptura del concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en la normatividad en que se apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del servicio y la indispensable disciplina que exigen los altos fines señalados por la Constitución a las Fuerzas Armadas. E.  Derecho de escoger la Educación para los hijos En cuanto al argumento del peticionario, según el cual con la convocatoria a prestar el servicio militar se estaría violando, a los padres de los jóvenes Ochoa y Ospina, el derecho a escoger la educación para sus hijos, se destacan las consideraciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., cuando dice que la mencionada convocatoria se origina en el hecho de que los conscriptos concluyeron sus estudios primarios y secundarios, y que por ende sus padres tuvieron la oportunidad de educarlos,  "sin que haya la menor constancia de que personas particulares o el Estado por sí o a través de sus representantes les hayan siquiera limitado en grado mínimo tal facultad". La Constitución Política, en su artículo 68, inciso cuarto, establece: "Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores".  Debe entenderse que se trata de la facultad de los padres para determinar la clase de formación que deben recibir sus hijos desde la más temprana edad, pero sin que eso represente discreción para aceptar o rechazar la convocatoria a cumplir con la obligación que estos tienen de prestar el servicio militar. La facultad que el artículo 68 de la Constitución otorga a los padres de familia está referida a la selección de las mejores opciones educativas para sus hijos menores, en el sentido de excluír toda coacción externa que haga forzoso un determinado perfil, un cierto establecimiento, una ideología específica, o que niegue a los progenitores la posibilidad de diseñar, según sus propias concepciones, la orientación pedagógica y formativa que estiman deseable para su mejor porvenir. El ámbito de esa prerrogativa es, entonces, muy distinto del campo considerado en esta providencia, cual es el de la general obligación del ciudadano hacia el Estado, la cual no puede interpretarse como obstáculo a la libertad sino como corolario de ella. Además, como en forma acertada lo dijo el Tribunal, los padres, una vez terminado el servicio militar, pueden ofrecer a sus hijos los estudios superiores, dentro de las condiciones propias del sistema constitucional y legal colombiano. Ahora bien, el derecho que tienen los niños y los adolescentes a la educación y a la cultura, a la formación integral y al desarrollo armónico (artículos 44 y 45 de la Constitución) señala al Estado, a la sociedad y a la familia como destinatarios de la norma en cuanto atañe a su cumplimiento. Este debe llevarse a cabo durante varias etapas pedagógicas sucesivas, una de las cuales puede ser, para alguien llamado a prestar el servicio militar después de cumplido el ciclo de la secundaria, la formación que imparten los cuerpos armados. Entonces, en nada riñe el llamamiento a filas con el derecho a la educación del individuo sino que, por el contrario, contribuye a su complemento. Por todo lo expuesto, habrán de ser confirmadas las providencias en revisión. IV.  DECISION Por lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : 1)  Confirmar en todas sus partes la providencia de fecha    6  de diciembre de 1991, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., mediante la cual se negó la tutela solicitada por el abogado Ricardo Esquivia Ballestas. 2)  Comuníquese al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 del Decreto No. 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Presidente de la Sala- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ -Magistrado- -Magistrado- 1 Citada por SUAREZ PERTIERRO, Gustavo:  La objeción de conciencia al servicio militar en España,  en "Anuario de Derechos Humanos", Instituto de Derechos Humanos,  Madrid, 1990.  Pág. 251.

T-410-92 Sentencia No Sentencia No. T-410/92 DERECHO AL TRABAJO/ACCION DE TUTELA/IGUALDAD ANTE LA LEY/CARRERA ADMINISTRATIVA La reubicación e incorporación a cargos de igual o superior categoría al que venían ejerciendo los peticionarios, es un fin al que sólo podrían aspirar a través de una acción como la de tutela, diseñada precisamente para proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando fueren amenazados o vulnerados por la acción u omisión -como en este caso- de una autoridad pública, sin que exista otro medio de defensa judicial Se trata, según el expediente, de personas vinculadas a la Carrera Administrativa, titulares por ello de unos derechos adquiridos que merecen el respeto y la prioritaria atención de las autoridades nacionales que tienen a su cargo la ejecución de los mandatos legales en referencia. DERECHO AL TRABAJO/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES El artículo 53, en concordancia con el 13, establece como principio  mínimo fundamental, obligatorio para el legislador y por  tanto, para la administración pública, el de la igualdad de oportunidades a todos los trabajadores, precepto que resulta desconocido cuando la autoridad discrimina a los actores, dándoles tratamiento distinto a aquel recibido por otros trabajadores de su mismo nivel y condición. Con las actuaciones de la autoridad pública, que constituyen materia de análisis, encuentra la Sala que la administración ha omitido el deber impuesto mediante el artículo 54 de la norma superior que establece: "El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar ...". Sala Tercera de Revisión Ref.: Expediente T-043 Acción de Tutela Liberto Rodríguez Rodríguez Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus Romero Contra la Nación -Ministerio de Educación Nacional- Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO - Ponente - ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión Número Tres (3), en Santafé de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar el fallo de fecha veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, respecto de la acción de tutela en referencia. I.  INFORMACION PRELIMINAR En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley 12 de 1986, el Presidente de la República expidió el Decreto número 77 de 1987, por medio del cual se establecieron normas sobre descentralización en beneficio de los municipios. El citado decreto en el artículo 24 ordenó la supresión del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE-, establecimiento público del orden nacional, creado mediante decreto extraordinario número 2394 de 1968 y que se encontraba adscrito al Ministerio de Educación. La misma norma dispuso que el Instituto entrara en proceso de liquidación, el cual debía concluir antes del 1o. de enero de 1990.  En el mismo sentido, el artículo 26 dijo que durante el periodo de liquidación las actividades, estructura y planta de personal del Instituto se irían reduciendo progresivamente hasta la conclusión del proceso. Mediante el artículo 29 se creó en el Ministerio de Educación Nacional la Dirección General de Construcciones Escolares y en el artículo 32 se ordenó al Ministerio de Educación Nacional vincular al servicio de esa Dirección, preferencialmente, a los funcionarios que venían laborando en el ICCE. Asimismo, en la Directiva Presidencial No. 16 del 11 de noviembre de 1987, se requirió a otros organismos de la administración para que incorporaran a los empleados públicos y trabajadores oficiales que laboraban en entidades objeto de supresión. El decreto No.1024 de 1987 reglamentó la incorporación de los empleados que laboraban en las entidades suprimidas, expresando, entre otras cosas que los funcionarios escalafonados en la carrera administrativa podrían solicitar su actualización en el escalafón y que para la incorporación no era menester que se adelantara un concurso. Por su parte, el decreto No. 503 de marzo 22 de 1988, mediante el cual se complementan las disposiciones reglamentarias del proceso de incorporación de empleados oficiales, previsto en el decreto 77 de 1987, estableció: "ARTICULO 8o.-  Los empleados inscritos en la Carrera Administrativa incorporados, conservarán los derechos derivados de ella y podrán solicitar la actualización de su escalafón conforme a las normas vigentes, si a ello hubiere lugar. "ARTICULO 9o.-  La incorporación de los empleados deberá efectuarse a cargos con sueldos básicos iguales o superiores a los que venían percibiendo. "ARTICULO 10o.-  Dentro de los tres (3) días siguientes a la vinculación del empleado a la nueva entidad, ésta enviará al Departamento Administrativo del Servicio Civil y al organismo del cual proviene el empleado copia auténtica del acto administrativo de vinculación y del acta de posesión, o del contrato de trabajo según el caso." La acción incoada por los señores Liberto Rodríguez,  Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus Romero, mediante escrito del ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), contra la Nación  -Ministerio de Educación Nacional-, por su omisión en el cumplimiento de las obligaciones consagradas en los decretos reglamentarios No. 1024 de 1987 y 503 de 1988, tiene por objeto: 1. La reubicación en cargos de igual o superior categoría; 2. El pago de salarios dejados de percibir desde el mes de septiembre de mil novecientos noventa (1990); 3. El pago de las vacaciones correspondientes. II.  LA DECISION JUDICIAL Correspondió resolver acerca de la petición de tutela en referencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga,el cual, mediante providencia del veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), negó el amparo solicitado con fundamento en las siguientes consideraciones: Reconoce el Despacho que los actores son titulares del derecho y la Nación -Ministerio de Educación Nacional-, ha contraído deberes y obligaciones con los mismos.  Sin embargo, del análisis concienzudo de las disposiciones citadas no es posible derivar una fecha precisa que sirva de límite para hacer efectivos y exigibles esos deberes y obligaciones. Agrega el Juzgado que "ordenar a entidades estatales el cumplimiento perentorio de obligaciones condicionadas y cuya exigibilidad en el tiempo no ha sido precisada de manera concreta y en los términos improrrogables que corresponden a los fallos de tutela, sería enormemente traumático para la administración pública...". Además, según el Juez de tutela, la Nación -Ministerio de Educación Nacional-, ha obrado dentro de la normatividad jurídica según sus posibilidades y las reubicaciones se han hecho en forma gradual y paulatina.  Concluye afirmando que no ha sido vulnerado ningún derecho fundamental en el presente caso por lo cual deniega la protección tutelar solicitada. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Como punto inicial debe examinarse si procedía en este caso la acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución.  Al hacerlo, la Corte encuentra que, de modo ostensible,  los demandantes han sufrido la violación de derechos constitucionales fundamentales, en especial el del trabajo (artículo 25), pues, a pesar de perentorias disposiciones de la ley tendientes a preservar su continuidad al servicio del Estado,  han sido retirados de un organismo suprimido sin que se los haya reubicado en forma preferencial en cargos de igual o superior categoría, según había previsto el legislador . Surge entonces la pregunta de si, siendo la acción de tutela un mecanismo supletorio, disponían los interesados de otro medio para la defensa judicial de sus derechos.  Es claro que nos hallamos en el caso de un incumplimiento por parte de la Nación de obligaciones suyas expresamente reconocidas, tanto en un decreto con fuerza de ley _Decreto 77 de 1987 - como en otros de carácter reglamentario   -Decretos  1024  de 1987 y 503 de 1988- , cuya ejecución no podría haberse conseguido, al menos por lo que respecta a la certeza y eficacia de los derechos que asistían a los afectados, mediante ninguna de las acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo. En efecto, ni la acción de nulidad, ni la de nulidad y restablecimiento del derecho, ni la de reparación directa, y menos aún  la contractual, eran vías idóneas para la efectividad del derecho invocado por los solicitantes, pues lo máximo que se hubiera conseguido mediante una de ellas  -la de reparación directa-  habría sido, en caso de prosperar y transcurrido mucho tiempo, el resarcimiento del daño mediante una indemnización, propósito muy diferente al perseguido por los afectados, cual era sencillamente su derecho a trabajar (artículo 25 Constitución Política). Ya lo expresó esta Corte en sentencia del once (11) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992): "...únicamente son aceptables como medios de defensa judicial, para los fines de excluir la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho..". La reubicación e incorporación a cargos de igual o superior categoría al que venían ejerciendo los peticionarios, es un fin al que sólo podrían aspirar a través de una acción como la de tutela, diseñada precisamente para proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando fueren amenazados o vulnerados por la acción u omisión -como en este caso- de una autoridad pública, sin que exista otro medio de defensa judicial, situación que viene a configurarse en el caso sub-examine. Tampoco podría plantearse que fuese viable para alcanzar el fin propuesto por los accionantes, el uso de la acción establecida en el artículo 87 de la Carta Política, por cuanto este precepto se refiere a otra hipótesis jurídica distinta en su alcance a la defensa y protección de la eficacia de un derecho constitucional fundamental, elemento este que en el presente caso resulta ser decisivo. No sobra destacar y, por el contrario, debe resaltarse el hecho de que, en el proceso de revisión, se trata, según el expediente, de personas vinculadas a la Carrera Administrativa, titulares por ello de unos derechos adquiridos que merecen el respeto y la prioritaria atención de las autoridades nacionales que tienen a su cargo la ejecución de los mandatos legales en referencia. Afirman los accionantes que, invocando precisamente las disposiciones del Decreto 77 de 1987 y sus decretos reglamentarios, otras personas de condiciones laborales similares a las suyas han sido reubicadas en   diferentes agencias del Estado, mientras que con los peticionarios no se ha procedido de la misma manera.  Si ello es así, se ha vulnerado, además, y de manera flagrante el artículo 13 de la Constitución Política que garantiza la igualdad ante la ley, ordenando que todas las personas reciban la misma protección y trato de las autoridades. El artículo 53, en concordancia con el 13, establece como principio  mínimo fundamental, obligatorio para el legislador y por  tanto, para la administración pública, el de la igualdad de oportunidades a todos los trabajadores, precepto que resulta desconocido cuando la autoridad discrimina a los ciudadanos Liberto Rodríguez, Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus, dándoles tratamiento distinto a aquel recibido por otros trabajadores de su mismo nivel y condición. Con las actuaciones de la autoridad pública, que constituyen materia de análisis, encuentra la Sala que la administración ha omitido el deber impuesto mediante el artículo 54 de la norma superior que establece: "El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar ...".  En el presente caso, al haber transcurrido el tiempo sin solución a la vista y, por ende, tornándose ilusorio el derecho de los accionantes, aparece con meridiana claridad la inobservancia del citado precepto constitucional. Encuentra la Corte que se dan entonces los presupuestos constitucional y legalmente consagrados, para que la autoridad judicial proteja, por la vía de la acción de tutela, el derecho vulnerado.  En consecuencia, será revocado el fallo del Juez 1o. Laboral del Circuito  de Bucaramanga, ordenando en cambio al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento Administrativo del Servicio Civil tomar las medidas necesarias para que en el término de treinta (30) días calendario, se proceda a la reubicación  de los señores Liberto Rodríguez, Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus, en cargos de igual o superior categoría a los que venían desempeñando en el desaparecido Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE-, tal como lo ordenó el decreto Ley 77 de 1987, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda decretar la jurisdicción Contencioso Administrativa si ante ella se ejerce y prospera la acción correspondiente. IV.  DECISION Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia en Sala de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO:  REVOCAR la sentencia proferida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga al fallar sobre la acción de tutela instaurada por los señores Liberto Rodríguez Rodríguez, Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus Romero contra la Nación -Ministerio de Educación Nacional- SEGUNDO:  Ordenar al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento Administrativo del Servicio Civil, que en un término razonable, que en todo caso no podrá exceder de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, reubiquen a los indicados ciudadanos en cargos de igual o superior categoría a los que venían ejerciendo en el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE-. TERCERO:  Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. CUARTO:   Los jueces de tutela deberán resolver aquellos casos cuyas características fundamentales coincidan con las aquí estudiadas, atendiendo al mandato consagrado en el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. Cópiese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional, notifíquese al Ministro de Educación Nacional y al Director del Departamento Administrativo de Servicio Civil y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Magistrado Magistrado

T-411-92 Sentencia No Sentencia No. T-411/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/DERECHOS FUNDAMENTALES Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas y b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. REF: Expediente Nº T-785 Peticionario: José Felipe Tello Varón. Procedencia: Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-785, adelantada por José Felipe Tello Varón. I. ANTECEDENTES Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1.991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para su revisión la acción de tutela de la referencia. Realizado el reparto, correspondió a esta Sala la revisión de la sentencia identificada como T-785, la cual entró a Despacho el día 18 de marzo de 1992. Siguiendo los lineamientos del artículo 34 del Decreto 2591 de 1.991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Solicitud. José Felipe Tello Varón, en su doble condición de representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda. y de persona natural, presentó ante el Juez de Instrucción Criminal de Granada (Meta) una acción de tutela, fundamentándose para ello en los siguientes hechos: La actividad del Molino que originó la tutela fue la relacionada con el manejo de los desechos de materias primas, específicamente la cascarilla de arroz que era abandonada y luego quemada. Ello producía grandes cantidades de ceniza, dando origen a problemas pulmonares y respiratorios  en los habitantes de los lugares aledaños al Molino. Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde del Municipio de Granada ordenó el sellamiento del Molino, por dos motivos: primero por  considerar que su actividad atentaba contra la salud y el bienestar de la comunidad y segundo por no poseer licencia de funcionamiento. El Alcalde apoyó su decisión en la contaminación del medio ambiente que producía la quema de la cascarilla. Así mismo se basó el Alcalde en una supuesta comunicación de protesta que los habitantes del barrio suscribieron y le enviaron, pero cuyas firmas fueron cuestionadas. El Molino GRANARROZ se encuentra ubicado en una zona calificada como "agroindustrial"; así lo dispuso en el Acuerdo Nº 005 de diciembre 4 de 1.990, artículo 7º, el Concejo Municipal. Sin embargo, a pesar de la calificación de dicha zona, a su alrededor se encuentran dos barrios residenciales. Durante el trámite de la tutela el Alcalde ordenó la reapertura y levantamiento de los sellos del Molino, pero con amenazas de volverlo a cerrar. Es por ello que el actor insiste en su petición tutelar, consistente en solicitar al Juez de Tutela que ordene al Alcalde Municipal de Granada que se abstenga de disponer el sellamiento del Molino Granarroz, debido a la cantidad de perjuicios y daños que esta medida genera a la empresa. A la solicitud de tutela el accionante presentó como anexos: 1. Constancia de fecha 23 de diciembre de 1.991 de la Inspección Segunda Penal Municipal de Granada. 2. Resolución Administrativa Nº 122 de diciembre 23 de 1991. 3. Certificado sin número de la Cámara de Comercio de Villavicencio. La solicitud de tutela cita como fundamento  normativo el artículo 25 de la Constitución Política, relativo al derecho al trabajo. 2. Fallo del Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (providencia de febrero 12 de 1.992). En primera y única instancia, el Juzgado de Instrucción no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por José Felipe Tello Varón. El Juzgado en mención practicó las siguientes pruebas:  ratificación y ampliación de la queja presentada por José Felipe Tello Varón; declaraciones del Alcalde Municipal de Granada Alfonso Parada Pardo; de Carlos Alberto Barrera González, habitante del barrio San Juan Bosco; allegó al expediente copia de la Resolución Nº 01032 de septiembre 5 de 1.990, emanada del Inderena; oficio del 12 de febrero de 1.992 del Cuerpo de Bomberos de Granada; y el Acuerdo Nº 005 del 4 de diciembre de 1992 del Concejo Municipal de Granada. Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado de Instrucción Criminal para denegar la solicitud: 1. El accionante con el proceso buscaba únicamente el levantamiento de los sellos impuestos por orden del Alcalde y, consecuencialmente,  el reinicio de labores. Ahora, como ello se produjo con anterioridad al fallo, la decisión versaría exclusivamente entonces en la indemnización de perjuicios en caso de que fueran procedentes, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 2591/91. 2. No existía en este caso violación del derecho al trabajo, en la medida que el interés social debe primar sobre el interés particular, y por ende, concluye el Juzgado, no sería procedente la indemnización de perjuicios. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Legitimidad del accionante. En este aparte, se estudiarán la competencia y la tutela ejercida por persona jurídica. 1.1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para dictar Sentencia de Revisión del fallo proferido por el Juzgado 1º de Instrucción Criminal de Granada (Meta), con fundamento en los artículos 86, 241-9 de la Constitución y el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991. 2. Tutela ejercida por persona jurídica. El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá acción de tutela, así: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales" (subrayas y negrillas fuera del texto). El artículo 10º del Decreto 2591 de 1.991 establece: "La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante..." (subrayas y negrillas fuera del texto). En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas, a saber: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del código civil). a) Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (artículo 74 del código civil). b) La persona jurídica: el artículo 633 del código civil las define de la siguiente manera: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extra judicialmente". Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en  caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la libertad de asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29), entre otros. Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. La interrelación entre el Estado y las personas jurídicas se traduce tanto en la participación de los ciudadanos en la organización del Estado, como en una ordenación de entidades de carácter social en cuanto a que su actividad presente un interés público relevante. Su libre creación y actuación esta garantizada tanto en la Constitución (artículos 38, 103 y 355) como en la ley. Esta tesis ha sido adoptada por el derecho comparado, así: el artículo 162.1.b. de la Constitución española reconoce expresamente la acción de amparo para personas naturales y jurídicas; y la Ley Fundamental alemana, en su artículo 19.III., dispone lo mismo. Observa la Sala, que en este orden de ideas, al solicitante, Señor José Felipe Tello Varón, los dos  factores por los cuales presentó la solicitud de tutela lo legitiman para ser considerado titular de dicha acción, ya que actuó tanto como persona natural como en calidad de representante legal de la Sociedad Molino Granarroz Ltda, tal como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio  que adjuntó al escrito de solicitud. 2. El medio ambiente y la Constitución. 2.1. La persona y su entorno ecológico en la Constitución. Como lo estableció la Corte Constitucional, "el sujeto, razón y fin de la Constitución de l991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos"1 así como la defensa del ambiente, en tanto que éste es el entorno vital del hombre. En los artículos 1º y 2º de la Constitución se establece así mismo  que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana; y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 2.2. CONSTITUCION ECOLOGICA La Constitución no es sólo el fundamento de validez del ordenamiento -en la medida que regula la creación jurídica-, sino que contiene el orden jurídico básico de los diversos sectores de la vida social y política. Ella prefigura un modelo de sociedad. Por lo tanto en ella surge una Constitución económica, con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa; una Constitución social, con la legislación de sus relaciones; una Constitución ecológica y una Constitución cultural, como ya lo ha establecido la Corte Constitucional en su fallo Nº 02 de tutela2 donde se desarrolló el concepto de Constitución cultural elaborado por Pizzorusso, así: "Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas deben situarse una serie de disposiciones de no menos transcendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen del uso que se haga de los recursos humanos en atención a fines políticos y económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversa manera  a la misma y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio  de las libertades individuales. En tanto que estas reglas generales , así como el principio de garantía de la persona y sus diversas especificaciones, encuentran su fundamento  en una serie de opciones en las que se acepta  un determinado modelo de cultura -y un consiguiente rechazo de otros modelos contrapuestos-, parece oportuno  integrar toda esta temática bajo la noción común de "constitución cultural"3 De lo anterior se deduce que la Constitución de 1.991, a diferencia de la de 1886,  no sólo señala al poder público el límite de lo permitido, sino que le impone el deber positivo de garantizar la creación de un orden político, económico y social justo, como explícitamente se determina en el preámbulo y en el artículo 2º. La Constitución se transforma pues en un programa.  El legislador no es un instrumento de una acción política libre dentro de unos límites negativos que la Constitución impone, sino que él desarrolla el programa que la Constitución contiene.  La Constitución es el programa de lo que el Estado debe hacer, aquí y ahora, para crear condiciones sociales más justas y libres, o sea, lo que llama Schneider, el "Mito Concreto"[1]. En este orden de ideas, de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado por las siguientes 34 disposiciones: Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado). Resultan, de este listado, y para los efectos de este negocio, los siguientes artículos: Artículo 8º: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Artículo 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores.... La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica. Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Artículo 95-8: Son deberes de la persona y del ciudadano: 8- Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. De la concordancia de estas normas, e inscritas en el marco del derecho a la vida, de que trata el artículo 11 de la Carta, se deduce que el ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, pues sin él, la vida misma correría letal peligro. 2.3. Pactos Internacionales sobre ambiente. El artículo 93 de la Constitución le confiere a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. El artículo 93 de la Constitución establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". Colombia, sobre la conservación del ambiente, ha ratificado los siguientes pactos: a. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que establece, en el artículo 12, lo siguiente: "1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) el mejoramiento en todos sus aspectos... del medio ambiente"[2]. En el Título III del Convenio de Ginebra IV, del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra -aprobado mediante la Ley 5ª de agosto de 1960-, se dispone, en su artículo 35, numeral 3º, lo siguiente: "3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños externos, duraderos y graves al medio ambiente natural".[3] Y en el artículo 55 consagra dicho Convenio: "Protección al medio ambiente natural. 1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de lo que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población. 2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias".[4] Dentro del marco de la Organización Marítima Internacional -Entidad de las Naciones Unidas- se han celebrado los siguientes instrumentos internacionales: a. Convenio Marpol, Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973. Con Protocolo de 1978. Ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1981. b. Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos de 1969. Con Protocolo de 1976. Ratificado por Colombia mediante la Ley 55 de 1989. c. Convenio Solas, Seguridad de la vida humana en el mar. Con Protocolo de 1978. Ratificado por Colombia mediante la Ley 8 de 1980. Como se advierte, los Pactos Internacionales vigentes en Colombia complementan la protección constitucional al ambiente, aunque la fuerza expansiva de su núcleo esencial sea menor que la de las normas constitucionales, lo cual se explica por su antigüedad. Hoy en día el tema ambiental es ciertamente más importante que antes y en el futuro lo será aún más. Prueba de ello, los países preocupados por el problema del deterioro ambiental de la tierra se encuentran reunidos actualmente en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. Como antecedente de la Conferencia de Río de Janeiro está la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1.972 en la que se adoptó el siguiente principio: El hombre tiene el derecho fundamental... al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 2.4. El desarrollo normativo de la función ecológica. La legislación ambiental en Colombia está integrada por una serie de leyes y decretos, dentro de los cuales se destacan: -El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido mediante Decreto 2811 de 1974. -La Ley Sanitaria Nacional, Ley 9ª de 1979. -La Ley Penal, Decreto 100 de 1980, artículos 242 a 247 del Código de 1.980, que consagran los delitos contra los recursos naturales. -La Ley del Mar, Ley 10 de 1978. -El Código Minero, Decreto Ley 2855 de 1988. -Ley 9a. de 1899, artículo 8º. -Decreto 2400 de 1989, entre otros. 2.5. La Ratio Juris de la Constitución Ecológica. La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre el medio ambiente. El desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron ampliando considerablemente el impacto industrial en el entorno. El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día  un clamor universal, es un problema de supervivencia. Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica  cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una  decisión firme  y unánime de la población mundial.  Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes[5]. Este inmenso desafío tiene una dimensión moral y espiritual. La era pasada nos ha enseñado una muy buena lección: el hombre no puede mandar sobre el viento y la lluvia. El hombre no es el amo omnipotente del universo, con carta blanca para hacer impúnemente lo que desee o lo que le convenga en un determinado momento. Y, como sostiene el humanista Vaclav Havel, el mundo en que vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos muy poco y al cual debemos tratar con humildad. Entre los habitantes de la tierra, son las tribus indígenas las que aún conservan el respeto por ella; así lo manifestó el Jefe Seattle de las tribus Dwasmich y Suquamech: "Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. [6] Por estas razones el medio ambiente y los recursos naturales han sido reconocidos por constituciones de varios países, que  han consagrado su tutela, así: artículo 24 de la Constitución griega de 1975, artículo 66 de la Constitución portuguesa de 1976  y artículo 45 de la Constitución española de 1978. 3. La función ecológica del tríptico económico. 3.1. El  derecho-deber del tríptico económico Una de las características de casi todos los derechos constitucionales fundamentales es que no son derechos absolutos que puedan ejecutarse sin carga alguna, por parte de su titular, pues están sujetos a límites más allá de los cuales resulta ilegítimo su ejercicio. En este sentido la doctrina ha elaborado la noción de derecho-deber, que implica límites al ejercicio del derecho. Peces-Barba, en su libro Escritos sobre Derechos Fundamentales, considera al respecto lo siguiente: "Este tercer nivel, que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto de ésas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos".[7] Uno de los límites implícitos de los derechos es el concepto de función social de León Duguit, que sostenía: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y este es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tiene el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible  y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento"[8]. En la Constitución Política surge un tríptico económico, constituído por el trabajo (artículo 25), la propiedad privada (artículo 58) y la libertad de empresa (artículo 333). Este tríptico económico tiene una función social. En tanto que social, él debe velar por la protección de los valores y derechos sociales. Entre éstos a su vez se destaca la vida y la ecología. Luego el trabajo, la propiedad y la empresa tienen una función ecológica que es inherente a la función social. Es de advertir que el fin último de la función ecológica del tríptico económico es la prevalencia del interés general sobre el interés particular, que es un principio fundante del Estado colombiano. 3.2. El núcleo esencial del derecho al ambiente y sus incidencias en el tríptico económico. La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Observa la Corte que se trata en este negocio de hacer compatibles y armónicos los derechos del tríptico económico (trabajo, propiedad privada y libertad de empresa) y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La compatibilidad está en la conjunción copulativa -"y"-, que radica en la combinación del crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente. Esta ha sido la esencia del concepto de desarrollo sostenible que fue presentado hace cinco años por la Comisión Brundtland (en honor de la primera ministra noruega, Gro Harlem BrundTland) y que se encuentra a la orden del día en la agenda de la Conferencia de Río de Janeiro. En otras palabras, la clave radica en mantener el desarrollo económico, pero haciéndolo sostenible, esto es, de forma tal que responda a las necesidades tanto del hombre como de la naturaleza. V. Consideraciones en relación al caso concreto. Concretamente en el caso a estudio de la Sala de Revisión, están en juego dos grupos de derechos. El primero de ellos conformado por el trabajo, la propiedad privada y la libertad de empresa de José Felipe Tello Varón como persona natural y en calidad de representante legal de la Sociedad Molino Granarroz Ltda., y el segundo por el derecho de la comunidad de los barrios San Juan Bosco, Luis Carlos Riveros y Patio Bonito, ubicados en la zona agroindustrial de la Ciudad de Granada (Meta), a gozar de una calidad de vida expresada en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Considera la Corte Constitucional que en el caso concreto,  y por las razones expuestas, los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. En el caso particular de la Sociedad Molino Granarroz Ltda, ésta no dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución del Inderena Nro. 032 de Septiembre de 1.990, que se relacionaban con las medidas para evitar la contaminación y los perjuicios a la salud de los habitantes de los barrios San Juan Bosco, Carlos Riveros y Patio Bonito. La Resolución citada establece una carga al funcionamiento de la empresa, en los siguientes términos: "ARTICULO 1º.- El Molino "GRANARROZ", por intermedio de su Gerente debe: a) Evitar la quema de la cascarilla dentro de las instalaciones. b) Construir una tolva u otro sistema de almacenamiento temporal de la cascarilla y disponer finalmente de la cascarilla fuera del área urbana. c) El lugar donde se dé disposición final a la cascarilla deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Localizarse a más de 100 mts. de corrientes naturales de aguas, bajos, esteros o nacimientos. - Localizarse a más de 1.000 mts. de asentamientos humanos. - Estar cercado e impedir el acceso de personas al sitio. - No permitir ni realizar quema de la cascarilla. - El lugar debe ser aprobado por este Instituto. Artículo 2º.- Dadas las implicaciones sobre la salud   humana, estas medidas, deben ser observadas inmediatamente, para la solución definitiva del problema. (subrayas fuera del texto). Artículo 3º.- Envíese copia de la presente Providencia al Alcalde Municipal de Granada (Meta), al jefe de Microcuencas del Inderena en Granada (Meta), a la oficina de Unidad Ambiental de esta Regional y al Servicio de Salud del Meta, para lo de su competencia". Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, es preciso darle cumplimiento a esta Resolución, la cual fue expedida en ejercicio de las facultades que emergen de los artículos 38, 305 y 306 del Código de Recursos Naturales, que establecen: "Artículo 38. Por razón del volumen o la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso". "Artículo 305. Corresponde a los funcionarios competentes velar por el cumplimiento de las disposiciones de éste código y las demás legales sobre la materia, e impartir las órdenes necesarias para la vigilancia y defensa de los recursos naturales renovables y del ambiente". "Artículo 306. En incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se adoptarán medidas indispensables para evitar, contener o reprimir el daño, que durarán lo que dure el peligro". En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Resolución del Inderena fijó un plazo prudencial para la adecuación del Molino a las obligaciones para la preservación del medio ambiente y la salud de los habitantes de los barrios circunvecinos, es necesario recordar que la Constitución en su artículo 315 numeral primero establece como funciones del alcalde: "Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. En consecuencia, la Sentencia proferida por el Juzgado Primero de Instrucción de Granada (Meta), será confirmada tanto en su parte motiva como en su parte resolutiva por adecuarse a las consideraciones aquí trazadas, en el sentido de  no conceder la tutela solicitada por el Sr. José Felipe Tello Varón en la que pretendía la cesación de la actuación del Alcalde y la indemnización de perjuicios ocasionados con el sellamiento del Molino Granarroz Ltda. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta), de fecha 12 de febrero de 1992, por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo.- COMUNICAR el contenido de esta Sentencia al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, al Departamento Nacional de Planeación, al Director del Inderena, a la Seccional de los Llanos Orientales, a la Secretaría de Salud del Meta, al H. Tribunal Superior de Villavicencio, al Concejo Municipal y al Alcalde de Granada (Meta), para lo de su competencia. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y envíese al Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta). ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Magistrado Sustanciador. FABIO MORON DIAZ. Magistrado. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado. Sentencia aprobada por la Sala Cuarta de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1Sentencia Nro. T-02 de la Corte Constitucional. Mayo 8 de 1.992. Págs. 8 y 9. 2 Ibidem, Págs. 24 y 25. 3 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo I. Capítulo XIII. Págs. 1.983-1.984. [1]SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1.991. Pág. 21. [2]Los Derechos Constitucionales. Fuentes Internacionales para su interpretación. Consejería para el desarrollo de la Constitución. Presidencia de la República. 1.992. Página 31. [3]Ibidem, página 269. [4]Ibidem, página 279. [5] Se han tenido como fundamento los siguientes documentos: Terradillos Bosoco, Juan. El Delito Ecológico. Editorial Trotta. Madrid 1992. Martín Mateo, Ramón. La Calidad de vida como valor Jurídico. Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Volumen II De los Derechos y Deberes Fundamentales. Editorial Civitas S.A. Madrid 1991. Página 1437. Alzaga Villamil, Oscar. Comentario Sistemático ala Constitución Española de 1978. Ediciones el Foro. Madrid, 1978. Página 323. Revistas: Desarrollo Mundial (Revista de la Organización de Naciones Unidas) Octubre de 1991. [6] Derechos Humanos y Modernidad. Personeria Municipal de Cali. 1989. Pág. 171. [7] PECES-BARBA, Gregorio. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudema Universidad. Madrid 1.968. Pág. 209. [8]DUGUIT, León. Las Transformaciones Generales del derecho Privado desde el Código de Napoleón. Ed. Librería Española y extranjera. Madrid. 1.920. Págs 36 y 37.

T-412-92 Sentencia No Sentencia No. T-412/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/CONSTREÑIMIENTO ILEGAL En el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591/91 se protegen los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados o amenazados por una organización privada con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización, es decir no se condiciona al ejercicio de determinado derecho, sino que se hace referencia a una situación concreta. Cuando la persona es constreñida, mediante una conducta ilícita, a realizar el pago de una obligación, se encuentra en una clara situación de indefensión, pues ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico,  como sí ocurre ante un juez, quien velará por el respeto del debido proceso como derecho constitucional fundamental. DERECHO AL BUEN NOMBRE/PERSONA NATURAL/PERSONA JURIDICA El caso a estudio de la Sala de Revisión guarda relación directa con el derecho al buen nombre, entendiendo por ello el derecho a la reputación, o sea el concepto que las demás personas tienen de uno. Ese derecho cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En el caso de la protección de la reputación de las personas naturales, el Constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del derecho al buen nombre en el artículo 21 de la Constitución. Pero el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good Will" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniarimente. DERECHO A LA HONRA/DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA/DERECHOS FUNDAMENTALES El concepto de honra se debe construír desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la  pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata, por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica. ACCION DE TUTELA-Objeto/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración/DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza La acción de tutela está encaminada a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala el Decreto. La vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio. Se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado. Se amenaza el derecho cuando ése mismo bien jurídico, sin ser destruído, es puesto en trance de sufrir mengua. En el primer caso la persona afectada ya ha sido víctima de la realización ilícita. En el segundo, por el contrario, la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de un daño. COBRO JUDICIAL-Procedencia/DERECHO DE DEFENSA El derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales  para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En desarrollo del artículo 229 de la Constitución, existen claramente otros medios determinados en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, que establecen los derechos y trámites  a seguir para lograr el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados con el incumplimiento. Por esta razón,así como por las expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la  actitud de ejercer justicia por la vía privada. REF.: EXPEDIENTE No.  T-875 Peticionaria: LUZ MARINA AVILA CASTRO. Procedencia: Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-875, adelantada por Luz Marina Avila Castro. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para su revisión la acción de tutela de la referencia. Correspondió por reparto el negocio T-875 a esta Sala de Revisión, la cual lo recibió formalmente el día 18 de marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia en el presente negocio. 1. Solicitud Luz Marina Avila Castro, actuando en nombre propio, presentó ante el Juez Penal Municipal (reparto) de Santafé de Bogotá una petición de tutela basada en los siguientes hechos: La peticionaria es codeudora de un préstamo que otorgó la empresa CRESISTEMAS S.A. a su esposo, deuda que se encuentra garantizada con cheques y letras de cambio que suscribieron los deudores. Debido a dificultades patrimoniales, la peticionaria afirma no haber podido cumplir con su obligación de codeudora, por lo cual la empresa acreedora decidió enviar al lugar de su trabajo a un cobrador. Este cobrador profirió una amenaza a la deudora, consistente en el hecho de que si ésta última no cumplía con sus obligaciones, aquél se colocaría su "ropa de trabajo" y la intimidaría en presencia de sus compañeros de labores. La ropa de trabajo era un disfraz denominado popularmente de "chepito", que consiste en un llamativo atuendo compuesto de sacoleva, sombrero y maletín color negro que lleva la inscripción "deudor moroso",  cuyo fin es colocar a la persona -que tiene una obligación pendiente-  en ridículo frente a los demás para de esta forma obligarla a cumplir con sus créditos. Como la peticionaria misma lo afirmó, por el inmenso "nerviosismo, pena y vergüenza con los visitantes y compañeros de oficio", solicitó y obtuvo una licencia laboral, para lograr conseguir el dinero y pagar la deuda. De acuerdo con el  testimonio de una compañera de trabajo de la señora Avila Castro, el intimidador volvió a realizar la cobranza "dos veces de civil y otra vestido  de chepito, despertando la curiosidad de las personas que ingresaban al lugar de trabajo", según consta en el proceso. La acción de tutela impetrada por Luz Marina Avila Castro se fundamentó en los siguientes artículos de la Constitución: 13 (protección especial del Estado para personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta) y 15 (derecho al buen nombre). 2. Fallo del Juzgado Once Penal Municipal de Santafé de Bogotá (Providencia de enero 30 de 1992). En primera y única instancia el Juzgado Penal Municipal no accedió a la petición de tutela propuesta por Luz Marina Avila Castro, que apuntaba a evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado Penal Municipal de Santafé de Bogotá para denegar la solicitud: 1. La labor del cobrador no alcanzó a vulnerar el derecho que invocó la accionante. 2. La amenaza que realizó por una sola vez, una persona con traje de calle y que se presentó  ante la accionante, no era suficiente motivo para solicitar la acción de tutela. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. De la acción de tutela frente a particulares. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para dictar Sentencia de Revisión del fallo proferido por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y  establece en su inciso primero: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales". El caso que ocupa a esta sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del  artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1.991, por tratarse de una acción de tutela contra una organización privada. El artículo 86  en su inciso segundo consagra que: "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". El inciso citado del artículo 86 dispone los casos en que el particular puede ser objeto pasivo de la acción: - Cuando el particular esté encargado de un servicio público. - Cuando el particular afecte grave y directamente el interés colectivo. - Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1.991, que desarrolla  la acción de tutela, establece en el numeral 4º  que ésta procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: "4- Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada , contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización". Tanto el artículo 86 de la Constitución como el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1.991 utilizan los términos "subordinación" e "indefensión" que  en su sentido  jurídico significan: "Subordinación": Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye el elemento característico y el más importante del contrato de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza hacia  esa relación contractual  la tutela del Estado". "Indefensión": La violación del derecho de defensa y su garantía constitucional colocan a la persona en estado de indefensión. La indefensión se produce cuando una persona, sin culpa de su parte, no ha podido defenderse o defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio"1 . En el numeral 4º se protegen los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados o amenazados por una organización privada con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización, es decir no se condiciona al ejercicio de determinado derecho, sino que se hace referencia a una situación concreta. Cuando la persona es constreñida, mediante una conducta ilícita, a realizar el pago de una obligación, se encuentra en una clara situación de indefensión, pues ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico,  como sí ocurre ante un juez, quien velará por el respeto del debido proceso como derecho constitucional fundamental. 2. De la justicia ejercida por particulares. Una de las características de un Estado de Derecho es que ofrece su jurisdicción a los particulares, como última instancia, para la solución de los conflictos que surgen de las relaciones sociales. Es así como la Constitución de 1991 estableció en el artículo 229 el derecho de toda persona para acceder libremente  a la administración de justicia. La administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y cuyas actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que fije la ley. Con el fin de evitar que los procedimientos sean utilizados para obstaculizar la administración de justicia, se dispone que en las actuaciones prevalecerá el derecho sustancial. Así mismo, se establece en el artículo 228 de la Carta los parámetros necesarios para que la justicia sea eficaz, al determinar que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionable. En consecuencia, la solución coactiva, pero imparcial y pacífica, de las controversias o conflictos, constituye el objeto propio de la función jurisdiccional. El hombre ha realizado con el correr de los tiempos un proceso de racionalización en la forma y en los medios para solucionar sus conflictos, cristalizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades. Es así como pasó de la barbarie inicial a un civilizado monopolio de la fuerza y de la administración de justicia en manos del Estado. Todo lo anterior con el fin de cumplir con lo determinado en el artículo 2º de la Carta, que   establece como fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y de facilitar la realización del principio consignado en el artículo 95 numeral 4º, que consagra los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Es así como la inobservancia del principio de llevar a la jurisdicción competente los conflictos surgidos de las relaciones sociales, que no pudieron ser solucionados  por medio de la autonomía de la voluntad, equivale a regresar al estado de naturaleza, a la Ley del Talión, a la venganza incontrolada. Esto fue precisamente lo que quiso prohibir el legislador al consagrar desde el Código Penal de 1.837 el tipo penal denominado "Ejercicio arbitrario de las propias razones", que hoy dejó de ser delito y se convirtió en contravención especial. El delito estaba consagrado en estos términos: "El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos.." 3. Derecho de la esfera interna de la persona. En el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución se consagra que las autoridades están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias y en los demás derechos y libertades. Como quiera que existen artículos expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la religión y creencias, y a las libertades de la persona humana, se creyó conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares de proteger la esfera interna de las personas2 El artículo 15 de la Constitución relativo al derecho a la intimidad, contiene una zona de reserva para la propia persona, de la que quedan excluídos los demás, a menos que la persona protegida decida voluntariamente compartir dicho ámbito. Contiene dicho artículo, entre otros, los derechos a la intimidad personal y  familiar, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada. Todos estos derechos están unidos por su finalidad, cual es la de aislar a la persona de las injerencias de terceros, así como proteger su imagen. El caso a estudio de la Sala de Revisión guarda relación directa con el derecho al buen nombre, entendiendo por ello el derecho a la reputación, o sea el concepto que las demás personas tienen de uno. Ese derecho cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En el caso de la protección de la reputación de las personas naturales, el Constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del derecho al buen nombre en el artículo 21 de la Constitución. Pero el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good Will" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente. Esta ha sido la interpretación que la doctrina constitucional contemporánea le ha dado al término "buen nombre" y que fue recogida por el Tribunal Constitucional Español en Sentencia 137 de 1.985, en el  caso Derivados de Hojalata S.A.3 Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho a la honra, así: "Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección". El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1.976, -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-, estableció en su artículo 17: "1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no originales). Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1968-,  consagra: "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no originales). El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el orden interno si se ajusta al orden constitucional y le otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, pero en ésta última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para interpretar ésto, se debe recurrir a los artículos 46 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al artículo 29 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que ninguna disposición del Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el sentido de excluír o limitar el efecto que consagre la norma más generosa. Con los fundamentos anteriores se concluye que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene una cláusula más amplia titulada "Protección de la Honra y de la Dignidad" y cuyo primer apartado se refiere en forma exclusiva a ese derecho. La Constitución reconoce y garantiza la honra de "todas" las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad. La ratio juris de la honra es la dignidad humana, la cual es cualidad de la persona, razón y fin de la Constitución de 1.991. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona. Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos4 Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre "aristocrática", experimenta un proceso de generalización, democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia de todas las personas. El concepto de honra se debe construír desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la  pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata (artículo 85 de la Constitución), por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica. 4. Núcleo esencial del derecho a la honra. El contenido esencial de un derecho es aquella parte que le  es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real  y efectivamente tutelados. En el derecho a la honra, el núcleo esencial es el derecho que tiene toda persona a ser respetada ante sí mismo y ante los demás, independientemente de toda limitación normativa. El núcleo esencial de este derecho lo regulan los artículos 21 de la Constitución, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevén todos el   mismo núcleo esencial. Los artículos mencionados anteriormente  determinan  que  la ley señalará la forma de protección del derecho a la honra. Esa protección se manifiesta tanto en la acción de tutela como en los artículos 313 a 322 del Código Penal relativos a los Delitos contra la Integridad Moral, concretizados en los hechos punibles de injuria y calumnia. Comete injuria el que hace a otros imputaciones deshonrosas, que menoscaban su reputación o su buen nombre dentro de la comunidad, mediante hechos que pueden ser ciertos o falsos pero no punibles. Incurre en calumnia el que imputa falsamente a otro un delito o una contravención. Respecto del derecho a la honra frente a los particulares, es necesario resaltar que si en algún ámbito tiene sentido hablar de la eficacia entre particulares de los derechos constitucionales fundamentales, éste es sin duda en el campo de la honra. 5.  Sobre la vulneración o la amenaza. Tanto en el artículo 86 de la Constitución como en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1.991  se  establece que la acción de tutela está encaminada a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala el Decreto. Como se podrá observar, el artículo 86 de la Constitución, como el artículo 1º del Decreto 2591 de 1.991,  disponen que la protección de los derechos constitucionales fundamentales va dirigida en dos sentidos: a- Cuando resulten vulnerados. b- Cuando sean amenazados. La vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio. Se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado. Se amenaza el derecho cuando ése mismo bien jurídico, sin ser destruído, es puesto en trance de sufrir mengua. En el primer caso la persona afectada ya ha sido víctima de la realización ilícita. En el segundo, por el contrario, la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de un daño. El artículo 5º del Decreto 2591 contribuye a precisar aún más esta materia  cuando establece que la vulneración o amenaza pueden presentarse: a- Cuando la violación ya ha ocurrido. b- Cuando  está ocurriendo en el acto. c- Cuando exista amenaza de violación. La amenaza se asemeja a la figura que en materia penal se denomina "tentativa", que es la no consumación del delito o que el tipo del delito no ha sido realizado en su totalidad, pero el fracasado intento pone en peligro al bien jurídico tutelado, la vida en común y la paz jurídica, de modo tal que se ha de reaccionar frente a ello con una pena por razones de prevención general y especial. Pero por otra parte, se llegaría demasiado lejos si se castigara como tentativa, cualquier conducta que manifieste al exterior que se pretende realizar un delito; tal modo de operar sacrificaría por completo la seguridad jurídica. Acto ejecutivo no es entonces solamente el que supone la violación de una norma penal que protege el bien jurídico atacado, sino aquél que lo coloca en un inmediato peligro por invadir su órbita de protección. Así pues, en materia de protección de los derechos constitucionales fundamentales, se trata de determinar si los actos realizados denotan la decisión firme de continuar hacia la vulneración, por las manifestaciones externas realizadas y que son inequívocas del desarrollo futuro del comportamiento. 6. Consideraciones en relación con el caso particular. 6.1. De la tutela frente a particulares. En el caso concreto la entidad contra la que se promovió la acción de tutela es de orden particular; se trata de una Sociedad Anónima, de derecho privado, regulada por el derecho privado, como tal la conducta se subsume en el numeral 4º del Decreto 2591 de 1.991, porque se presentan los requisitos allí establecidos,  así: 1) Tutela dirigida contra organización privada: ésta se presentó efectivamente  contra la firma CRESISTEMAS S.A., que es una persona jurídica de orden privado. 2) Que se dirija la tutela contra el beneficiario o controlador:  la Sociedad CRESISTEMAS S.A.  se beneficiaba directamente con el cobro, porque en el evento de ser cancelada la obligación se evitaba de esta forma  el inicio de un proceso ejecutivo. 6.2.  Del derecho a la reputación de la accionante. En el caso particular se trata de establecer si ha habido  una violación al derecho a la reputación de la accionante, consagrado en los artículos 15 y 21 de la Constitución, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De conformidad con las pruebas aportadas al expediente (declaración del Sr. Luis Fabio Serrano Avila y de la Señorita Doris Stella Romero Santos), se demostró que el cobrador   acudió al sitio de trabajo de la Sra. Luz Marina Avila Castro, a conminarla a cumplir con una obligación civil que se encontraba pendiente de pago, con la amenaza de que si no se obtenía el resultado inmediato,  procedería a utilizar el disfraz de "chepito", para que de esta forma y ante la intimidación que la sóla imagen  produce, se viera obligada a cancelar la deuda. En consecuencia, para esta Corte es claro que la reputación de la peticionaria ha sido vulnerada. Se trata entonces, como lo solicita la actora, de la vulneración a su buen nombre (artículo 15), considerado como concepto genérico, pero además del derecho fundamental a la honra, como norma específica consagrada en el artículo 21 de la Constitución. No es sólo por la vía del artículo 15 de la Carta (buen nombre), sino además por la vía del artículo 21 (honra) que se protege la reputación de la Sra. Luz Marina Avila Castro. Por otra parte observa la Corte Constitucional que el derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales  para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En desarrollo del artículo 229 de la Constitución ya mencionado (vid supra), existen claramente otros medios determinados en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, que establecen los derechos y trámites  a seguir para lograr el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados con el incumplimiento. Por esta razón,así como por las expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la  actitud de ejercer justicia por la vía privada. 6.3. De la vulneración o amenaza. En el caso concreto, el ataque al derecho fundamental a la honra se inició con la amenaza, cuando el cobrador de la firma CRESISTEMAS S.A. le manifestó a la peticionaria que si no cancelaba la obligación se vestiría de "chepito". Y el ataque al derecho continuó con la vulneración cuando el cobrador apareció con el disfraz puesto en las dependencias de la división administrativa y financiera de la Universidad Católica de Colombia, en donde trabajaba la Sra. Avila Castro como da cuenta la Srta. Doris Stella Romero Santos. Por lo tanto, para esta Sala de Revisión, la actitud tanto de amenaza como de vulneración constituye un verdadero atentado al derecho a la honra de la Sra. Luz Marina Avila Castro. 6.4. De las consideraciones finales. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no comparte los planteamientos expuestos en la Sentencia de tutela proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, ya que existen en el proceso razones suficientes para proteger el derecho fundamental de la peticionaria, sin que la Corte Constitucional desconozca el derecho al pago que tiene el acreedor y la obligación de cumplimiento por parte del deudor. En consecuencia esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional revoca la Sentencia de única instancia y entra a tutelar el derecho a la honra de la peticionaria. Además es conducente prevenir a la organización privada CRESISTEMAS S.A., para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito a la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en los artículos 24, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Es la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con el literal a), del numeral 6º, del artículo 267 del Código de Comercio, la entidad llamada a ejercer estricta vigilancia sobre las sociedades, para determinar si éstas realizan actividades intimidatorias con el propósito de lograr sus objetos sociales. Igualmente, respecto de las personas naturales en particular, se compulsarán copias a la autoridad competente de conformidad con el artículo 1º de la Ley 23 de 1.991, para la investigación de la contravención especial denominada  "Ejercicio arbitrario de las propias razones", y para que se determine si la misma conducta de los cobradores también encuadra en otro u otros tipos penales. En consecuencia, el fallo revisado será revocado tanto en su parte resolutiva como en su parte motiva. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, RESUELVE Primero: REVOCAR la Providencia proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, de fecha enero 30 de 1.992, mediante la cual denegó la solicitud de tutela que presentó la Sra. Luz Marina Avila Castro, por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo: CONCEDER la Acción de Tutela a la Sra. Luz Marina Avila Castro, por las razones expuestas en esta Sentencia. Tercero: ORDENAR al Juez 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá que prevenga a la Sociedad CRESISTEMAS S.A., en cabeza de su Representante Legal, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en el tipo de comportamiento que desató esta acción de tutela, so pena de hacerse merecedora de una sanción establecida en el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: COMPULSAR copias de esta Sentencia de Revisión al Juez de Juez de Instrucción Criminal (reparto) de Santafé de Bogotá para la de su competencia, por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Quinto: COMPULSAR copias de esta Sentencia de Revisión a la Superintendencia de Sociedades para lo de su competencia, por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Sexto: Cópiese, publíquese, notifíquese  a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y envíese al Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sustanciador FABIO MORON DIAZ. Magistrado. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado. Sentencia aprobada por la Sala Cuarta de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Las dos definiciones se encuentran en el Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Argentina 1.987. Tomos II y III. 2 Gaceta Constitucional número 82. Pág. 13. 3 LOPEZ GUERRA, Luis.ESPIN ,Eduardo. GARCIA MORILLO,Joaquín. PEREZ TREMPS, Pablo. SATUSTREGUI, Miguel. derecho Constitucional. Volumen I. El Ordenamiento Constitucional. Derechos y Dereberes de los Ciudadanos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1.991. Pág. 182. 4 Cfr, Sentencia de Constitucionalidad del 29 de mayo de 1.992. Sala Plena.

T-413-92 Sentencia No Sentencia No. T-413/92 JURISDICCION CONSTITUCIONAL/ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/TRIBUNAL DISCIPLINARIO/COMPETENCIA DE TUTELA La jurisdicción constitucional es, pues, paralela y bien puede ser ejercida por los mismos jueces que actúan en el ámbito de otras jurisdicciones sin que respecto de ellas se prediquen las mismas jerarquías y niveles de dichas jurisdicciones. Es precisamente esto lo que permite, por ejemplo, que una Sala de la Corte Suprema pueda conocer de las tutelas contra sentencias de otra Sala de la misma corporación. Por tratarse de la acción de tutela el Tribunal es órgano de la jurisdicción constitucional difusa y en ella operan normas de jerarquía y de asignación funcional de competencias distintas a las de las jurisdicciones ordinarias. En una circunstancia excepcional, como la que vivió el extinto Tribunal Disciplinario al conocer de las tutelas que aquí nos ocupan, la Sala de Conjueces hubiera podido revisar los fallos del Tribunal, pues precisamente existe para eso: para evitar la producción de fallos viciados. Que lo hagan preventivamente de ordinario, no impide que puedan hacerlo también reactivamente en una circunstancia excepcional, ante un vacío legal, todo dentro del marco de la Jurisdicción Constitucional. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM No se viola el principio Non Bis in Idem, por cuanto el juicio realizado en dos jurisdicciones distintas implica una confrontación con normas de categoría, contenido y alcance distinto. El juez disciplinario evalúa el comportamiento del acusado, con relación a normas de carácter ético, contenidas principalmente en el Estatuto de la Abogacía. Por su parte, el juez penal hace la confrontación de la misma conducta, contra tipos penales específicos que tienen un contenido de protección de bienes jurídicamente tutelados en guarda del interés social. Así que tanto la norma aplicable, como el interés que se protege son de naturaleza distinta en cada una de las dos jurisdicciones. Por ello , es posible, como sucedió en este caso, que el juez penal haya absuelto y, por su parte, el juez disciplinario haya condenado. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS/CONSULTA En el primer caso estudiado el Tribunal Disciplinario violó este derecho constitucional fundamental, estrachamente vinculado con el debido proceso. En el segundo caso no tiene  cabida la "reformatio in pejus" pues se trata de una revisión hecha por el superior en grado de consulta,  el cual la excluye. Así, si la sentencia es consultable de oficio y no ha habido apelación, como la consulta da competencia para reformar en cualquier sentido la decisión, el superior puede agravar la condena que en primera instancia haya habido contra la parte en razón de la cual se establece tal consulta, pues para ésta no rige la "reformatio in pejus". Ello, en virtud de que el artículo 31 de la Carta, sólo prohibe la agravación de la pena en los casos en que haya un apelante único", característica que, por su naturaleza misma,  no se presenta en la consulta. SENTENCIA DE JUNIO 5 DE 1992 REF: EXPEDIENTES T-480 Y T-814 PROCEDENCIA: TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE                 BOGOTA PETICIONARIOS: HUGO ERNESTO FERNANDEZ                 ARIAS Y ARTURO SANCHEZ                   ZAMBRANO MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente SENTENCIA En los procesos de acción de tutela de Hugo Ernesto Fernández Sánchez contra la sentencia del Tribunal Disciplinario de Bogotá, proferida el 9 de Diciembre de 1991 y de Arturo Sánchez Zambrano contra la decisión del mismo Tribunal  de fecha 3 de Octubre de 1991, acciones que la sala de selección respectiva decidió acumular. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el 17 de Marzo del  año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Hechos del expediente T-480 Hugo Ernesto Fernández Arias, interpuso acción de tutela ante el Tribunal Disciplinario el 9 de diciembre de 1991. Con ella, pretendió que se tutelerán sus derechos fundamentales, que  consideraba violados por la sentencia del 3 de Octubre de 1991, por la cual dicho Tribunal le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 2 años, por haber infringido una norma del Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971). La norma presuntamente violada por el peticionario es aquella que prohibe,en salvaguardia  de la lealtad con el cliente: "adquirir de él, parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales" Los derechos fundamentales que Fernández Arias considera violados son los contemplados en los artículos 31, 58, y 29 de la Constitución Nacional. Porque el Tribunal le agravó la pena de 6 meses que en primera instancia le había impuesto la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca; atentó contra su derecho a la propiedad privada; algunas notificaciones se hicieron en forma irregular y se le juzgó dos veces por el mismo hecho, en la jurisdicción penal y la disciplinaria. Por último, considera que el Tribunal Disciplinario desapareció desde el momento en que entró a regir la constitución de 1991 y sus funciones fueron trasladadas al Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, fue sancionado por una entidad que había perdido jurisdicción y competencia para ello. 2. Decisión a revisar El Tribunal Disciplinario consideró que todos sus magistrados estaban incursos en un impedimento, por haber dictado la providencia de cuya revisión se trataba y decidió convocar una Sala de Conjueces, que finalmente quedó integrada por los Doctores Jaime Aponte Vanegas, Hernán Fabio López Blanco, Carlos Enrique Marín Vélez (ponente) y Alvaro Tafur Galvis. Después de transcribir el art. 40 del D. 2591, que regula la "competencia especial"para las acciones de tutela contra providencias judiciales, la Sala de Conjueces hizo unas breves consideraciones que se sintetizan así: - El Tribunal Disciplinario, que actúa en Sala única y plena, no tiene un superior jerárquico. Luego contra sus decisiones no procede la acción de tutela. - La Sala de Conjueces sustituye a los magistrados, para ocupar su lugar, pero no para controlar sus actos. - La acción de tutela no puede reemplazar las jurisdicciones existentes en lo civil, penal, laboral y contencioso administrativo. - Por ello y en virtud de que no hay lugar a fallos inhibitorios, se niega la solicitud de tutela. 3.  Hechos del expediente T-814 El ciudadano Arturo Sánchez Zambrano interpuso  tutela contra otra sentencia del 3 de Octubre de 1991, emanada del mismo Tribunal Disciplinario, ante el Juez Noveno Superior de Bogotá y éste la remitió al Tribunal Disciplinario, por considerar que este era el llamado a conocer de la solicitud. Argüye el actor que el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió de todas las presuntas faltas que se le imputaron y que dieron lugar a la iniciación de un proceso disciplinario. Se le acusaba de haber cometido varias faltas contra el estatuto del abogado, entre otras, la de "asesorar, patrocinar, o representar, simultánea y sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos..." En grado de consulta, el Tribunal Disciplinario revocó la decisión absolutoria y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía por el término de 6 meses. Sánchez Zambrano consideró que la sentencia vulnera su posibilidad de ejercer libremente su derecho al trabajo y su derecho al buen nombre y a la honra, pues la apreciación de las pruebas es deficiente y solicitó que en el fallo de tutela se ordenará cesar de inmediato los efectos de la sanción. 4. Decisión a revisar El Tribunal Disciplinario volvió a convocar Sala de Conjueces, que quedó integrada por los doctores Alvaro Tafur Galvis, Hernán Fabio López Blanco (ponente), Susana Montes de Echeverry  y  Jesús Octavio Acosta Sánchez. Los argumentos por los cuales esta Sala de Conjueces negó la tutela, se pueden sintetizar así: - El decreto 2591 consagra una competencia especial para los casos de acciones de tutela contra ciertas providencias judiciales (art. 40). -  El Tribunal Disciplinario ejerce en Sala única y plena y no tiene superior jerárquico. Luego contra sus decisiones no cabe la acción de tutela. - La Sala de Conjueces no es ni puede ser superior jerárquico del Tribunal, pues está diseñada para reemplazarlos no para controlar sus actos. No podría en este caso darse una analogía que permitiera a los conjueces conocer de las tutelas contra fallos de la misma corporación. - Termina la Sala de Conjueces observando que: ""habiéndose consagrado la acción de tutela por el constituyente específicamente como un mecanismo especial de protección, la cual hace consistir específicamente la Carta en la posibilidad de que el juez que conoce pueda impartir "...una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, ACTUE O SE ABSTENGA DE HACERLO", no se ve como respecto de los pronunciamientos judiciales pueda aplicarse, pues al juez le corresponde solamente producir decisiones, fundadas en razones de hecho y de derecho y una vez las haya proferido, resulta imposible impartirle la orden para que actúe o se abstenga de hacerlo" "De otra parte, se debe considerar que según el inciso séptimo del artículo 40 del decreto 2591 de 1991, "la tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas" y todas las providencias judiciales que le pongan fin a un proceso por expreso mandato legal (art. 304 C. de P.C.) deben estar debidamente motivadas y tal motivación consiste "...en el examen crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones" lo que corrobora la apreciación concerniente a que no se ve como respecto de los pronunciamientos judiciales pueda aplicarse." En consecuencia, se negó la solicitud de tutela. En virtud de la similitud de los problemas jurídicos planteados, la sala de Selección respectiva de esta Corte Constitucional, decidió acumular los dos expedientes, con el propósito de pronunciarse en una sola sentencia de revisión sobre ambos casos. Ello se hace a continuación con base en las siguientes II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Parecería ya un tanto inocuo pronunciarse sobre el problema del "superior jerárquico" en lo que hace al Tribunal Disciplinario, habida consideración de que este ha cesado en sus funciones, las cuales, por mandato constitucional, han sido transferidas a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, la perspectiva desde la cual el Tribunal en Sala de conjueces estudió y falló ambos casos amerita algún comentario. En ninguno de los dos fallos que aquí se revisan se alude al problema central, vale decir, la vulneración eventual de algunos derechos fundamentales, para dar así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Nacional en materia de prevalencia del derecho sustancial. Es manifiesta la primacía de un enfoque que conduce casi irremediablemente a la "procesalización del derecho constitucional". Los peticionarios acudieron ante el Tribunal movidos por el justo deseo de saber si hubo o no vulneración de sus derechos fundamentales y se encontraron con sendos fallos que ignoraron sus expectativas. Es por eso que el representante de uno de los peticionarios afirma: "Finalmente, es sorprendente que luego del esfuerzo hecho por el Estado con el ánimo de impartir justicia, procediendo a nombrar conjueces, atendiendo con la mayor solicitud posible la acción, no sean estudiados ni considerados por la Sala de Conjueces los derechos constitucionales que se solicitaron tutelar." El Tribunal pareció olvidar que la supremacía de la Constitución y su carácter de norma de normas lo obligaba a "constitucionalizar el procedimiento", vía la protección del derecho fundamental o, al menos, a hacer una declaración de fondo  que  estableciera que no hubo la alegada violación. En vez de esto, hizo gala de la racionalidad propia de la jurisdicción ordinaria a la que pertenece el organismo (en este caso la disciplinaria), cuando era lo cierto que actuaba como órgano de la JURISDICCION CONSTITUCIONAL DIFUSA, por virtud de lo dispuesto en la Carta vigente. En efecto, la acción de tutela, es una manifestación de esa jurisdicción constitucional que todos los jueces y Tribunales de la República pueden y deben asumir, de manera excepcional y paralela con la jurisdicción ordinaria a la que pertenezcan. Así, si un juez laboral conoce de una tutela, en ese momento no está actuando como juez de lo laboral, sino como juez constitucional, comoquiera que su actuación está encaminada a hacer valer la integridad y supremacía de la Constitución, vía la protección de los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional es, pues, paralela y bien puede ser ejercida por los mismos jueces que actúan en el ámbito de otras jurisdicciones sin que respecto de ellas se prediquen las mismas jerarquías y niveles de dichas jurisdicciones. Es precisamente esto lo que permite, por ejemplo, que una Sala de la Corte Suprema pueda conocer de las tutelas contra sentencias de otra Sala de la misma corporación. Es claro que una Sala de la Corte Suprema, ordinariamente, no es superior jerárquico de la otra. Pero tratándose de tutelas, opera de inmediato la jurisdicción constitucional, respecto de la cual la ley puede alterar, modificar y crear nuevas competencias funcionales, como en efecto lo hizo. La jurisdicción constitucional difusa es transversal, atraviesa de un lado a otro toda la rama judicial y se expresa, de manera general, mediante los fallos de tutela. Posee una diacronía y una sincronía especial que no tiene los mismos tiempos y espacios que la actividad ordinaria de las jurisdicciones, llamadas como están a resolver, con fundamento en el imperio de la ley, los conflictos originados en las diversas ramas del derecho. La jurisdicción constitucional difusa está instituída para realizar la Constitución a través de la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales. Por su especialidad, de ella no se pueden predicar las jerarquías ordinarias. El decreto 2591 guardó silencio con respecto al Tribunal Disciplinario, tal vez por efecto de su prevista desaparición. Era el único organismo que sin tener superior jerárquico actuaba siempre en Sala única y plena, lo cual no permitía que le fueran aplicables las normas relativas a la competencia funcional de Salas y Secciones, tal como hoy ocurre con otras altas corporaciones judiciales. Puesto que como lo ha destacado otra Sala de esta Corte "...cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez de conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental..."1 Es claro que el aspecto de la jerarquía ordinaria pierde importancia, ante la vulneración (real o no) del derecho fundamental. No entenderlo así, es vulnerar el derecho fundamental a LA PROTECCION INMEDIATA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Para mayor abundamiento y claridad valga la siguiente consideración, que hace parte de la referida sentencia: "Pero, si en gracia de discusión, se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se imponen sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico. Si se lleva el conflicto hasta sus últimas consecuencias y se plantea la no coexistencia en dado caso de estos dos extremos, el criterio jerárquico sucumbe ante la necesidad de salvaguardar la primacía de la Constitución. Este conflicto, primacía de la Constitución-jerarquía, ya ha sido resuelto en favor de la primera por la misma constitución en su artículo 91: "En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta". Por lo demás, el texto del artículo 4 de la Constitución Política, tantas veces citado, impone la supremacía de la Constitución por encima de cualquier acto de las autoridades públicas..."2 Esta Corte no comulga con la tesis expuesta por el Tribunal  según la cual: "el trámite establecido en el decreto 2591 señala de manera precisa los pasos que deben ser seguidos que dada su precisión y especialidad no permiten ni necesitan aplicación analógica, motivo adicional por el cual no es posible admitir que la Sala de Decisión del Tribunal tiene como su superior jerárquico a la de Conjueces y proceder a decidir sobre la acción de tutela respecto de las sentencias proferidas por la misma corporación" En efecto, se reitera una vez más que por tratarse de la acción de tutela el Tribunal es órgano de la jurisdicción constitucional difusa y en ella operan normas de jerarquía y de asignación funcional de competencias distintas a las de las jurisdicciones ordinarias. Por lo demás, el argumento según el cual la Sala de Conjueces sustituye pero no revisa las decisiones de los jueces a quienes se sustituye, posee un valor muy relativo, incluso en el ámbito de las jurisdicciones distintas a la constitucional. Sabido es que los conjueces sirven para reemplazar a los magistrados del Consejo de Estado, las Cortes y los Tribunales que sean recusados o que estén impedidos en alguna causa o negocio; o para dirimir, en caso de empate, los desacuerdos en la aprobación de los proyectos de resoluciones. Si ello es así, ha de entenderse que los conjueces existen para evitar que una determinada decisión judicial sea posteriormente revisada. Evitan, preventivamente, los vicios del fallo. Son un "segundo ojo", desprovisto de los vicios que han obligado al primer fallador a sustraerse del conocimiento del asunto. Por ello, en una circunstancia excepcional, como la que vivió el extinto Tribunal Disciplinario al conocer de las tutelas que aquí nos ocupan, la Sala de Conjueces hubiera podido revisar los fallos del Tribunal, pues precisamente existe para eso: para evitar la producción de fallos viciados. Que lo hagan preventivamente de ordinario, no impide que puedan hacerlo también reactivamente en una circunstancia excepcional, ante un vacío legal, todo dentro del marco de la JURISDICCION CONSTITUCIONAL. En estas condiciones, la Sala Primera de Revisión lamenta que el Tribunal hubiera negado las tutelas impetradas, clausurando así toda posibilidad de que los peticionarios tuvieran acceso a la jurisdicción constitucional para proteger eventualmente sus derechos fundamentales. Al proceder así, la Sala de Conjueces confundió lo importante con lo accesorio, forma eficaz como pocas de hacer inocuo el derecho. Precisamente, para hacer frente a esta clase de situaciones existe la revisión eventual de los fallos de tutela por parte de esta Corte Constitucional. Es eventual, porque no en todos los fallos de tutela (de hecho, en muy pocos) se presenta esta doble vulneración al derecho de protección inmediata de los derechos fundamentales. Pero existe, para subsanarlas, en alguna medida, en los casos obstensibles en que esta ocurra. La Sala de Selección decidió acumular estas dos tutelas, porque ambas planteaban el mismo tipo de problema en relación con el procedimiento de la tutela. Una vez considerado, como se ha hecho, este aspecto común, la Sala de Revisión entra a estudiar separadamente los dos casos, puesto que sus problemas sustanciales no presentan entre sí total similitud, como se verá seguidamente. TUTELA 480. ACTOR: HUGO ERNESTO FERNANDEZ ARIAS En este caso el peticionario alega que, entre otros derechos constitucionales fundamentales vulnerados, la sentencia del Tribunal Disciplinario viola el artículo 31 de la Constitución Nacional, pues siendo apelante único, se le agravó la pena impuesta en primera instancia: pasó de estar suspendido 6 meses en el ejercicio de la abogacía, a una sanción de dos años. Dentro de los recursos contra las providencias del juez, quizá el más importante es el de apelación por cuanto un superior revisa la providencia del inferior en procura de que corrija sus errores. En él, adquiere todo su vigor el principio procesal de la DOBLE INSTANCIA. Su interposición tiene varios efectos , entre otros, el  que el superior no puede agravar la situación del apelante único, porque se entiende que lo interpuso sólo en lo desfavorable de la providencia. Nuestros códigos procesales civiles, laborales, penales y contencioso-administrativos han acogido tradicionalmente esta norma. La Constitución colombiana la consagra también en el artículo 31, cuando afirma: "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único" Debe entenderse, por supuesto, que la norma constitucional hace referencia también a sanciones distintas a las penales. El término pena ha de entenderse aquí en su sentido extenso, como toda sanción que le sea desfavorable a la parte que la está apelando. De tal manera que la prohibición de agravar la pena, consagrada en la Constitución, exige dos requisitos: - que se trate de un recurso de apelación ( o uno análogo o similar) - que se trate de un apelante único Si hay adhesión en la apelación, o ambas partes apelan puntos distintos de la sentencia, el superior queda entonces en libertad para tomar la decisión que crea más ajustada a la ley. Pues bien, el Tribunal violó este derecho constitucional fundamental (estrechamente vinculado con el debido proceso), al agravar la pena impuesta al apelante único por la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca y ampliar la suspensión en el ejercicio de la abogacía de seis meses a dos años. Por otro lado, obra en el expediente copia de sendas sentencias absolutorias de carácter penal que por los mismos hechos se profirieron en favor del Dr. Fernandez Arias, lo cual lleva al peticionario a considerar que se ha violado la prohibición constitucional de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos (non bis in idem). Esta Sala considera que en el presente caso no se da una violación al precepto citado, por cuanto el juicio realizado en dos jurisdicciones distintas implica una confrontación con normas de categoría, contenido y alcance distinto. El juez disciplinario evalúa el comportamiento del acusado, con relación a normas de carácter ético, contenidas principalmente en el Estatuto de la Abogacía. Por su parte, el juez penal hace la confrontación de la misma conducta, contra tipos penales específicos que tienen un contenido de protección de bienes jurídicamente tutelados en guarda del interés social. Así que tanto la norma aplicable, como el interés que se protege son de naturaleza distinta en cada una de las dos jurisdicciones. Por ello , es posible, como sucedió en este caso, que el juez penal haya absuelto y, por su parte, el juez disciplinario haya condenado. No hay, por tanto, violación de la norma superior invocada en este punto por el peticionario,como tampoco de otros derechos fundamentales . TUTELA 814. ACTOR: ARTURO SANCHEZ  ZAMBRANO En este caso, los derechos supuestamente vulnerados son distintos. En primer lugar, no tiene aquí cabida la "reformatio in pejus" pues se trata de una revisión hecha por el superior en grado de consulta,  el cual la excluye. De hecho, ni siquiera es invocada por el peticionario. En efecto, la consulta tiene lugar cuando el legislador dispone que la sentencia sea necesaria y oficiosamente revisada por el superior, sin lo cual no se ejecutoria. No se trata de ningún recurso, puesto que nadie lo interpone y no rige el principio  de la "reformatio in pejus" para la competencia del superior y el alcance de su  decisión. Así, si la sentencia es consultable de oficio y no ha habido apelación, como la consulta da competencia para reformar en cualquier sentido la decisión, el superior puede agravar la condena que en primera instancia haya habido contra la parte en razón de la cual se establece tal consulta, pues para ésta no rige la "reformatio in pejus". Ello, en virtud de que el artículo 31 de la Carta, sólo prohibe la agravación de la pena en los casos en que haya un apelante único", característica que, por su naturaleza misma, no se presenta en la consulta. Por lo demás, no se percibe en este proceso violación alguna de otro derecho fundamental. Existe, por el contrario, un cuidadoso estudio de los hechos, de las pruebas aportadas y de la interpretación de las normas aplicables. Si tras una ponderación cuidadosa, el juzgador llega a la conclusión de que debe imponer una sanción establecida en la ley, el juez de tutela no puede entrar a estudiar la posible vulneración de un derecho fundamental, pues entraría en controversias de interpretación o de apreciación de la norma, las cuales desbordan su órbita. Así, si se ha lesionado su buen nombre, ello es una consecuencia del tipo de sanción que la ley establece  en casos como el presente. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- CONCEDER la tutela impetrada por Hugo Ernesto Fernández Arias,  contra de la sentencia del Tribunal Disciplinario de Bogotá proferida el 3 de Octubre de 1991 por la cual se le impuso una sanción de 2 años en el ejercicio de la abogacía. SEGUNDO.- REVOCAR dicha sentencia y, en su lugar, ORDENAR que se de cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, emanada de  la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca. TERCERO.- CONFIRMAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia por la cual se denegó la tutela interpuesta por Arturo Sánchez Zambrano contra la sentencia del 3 de Octubre, proferida por el mismo Tribunal Disciplinario. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Salvamento de Voto- Sentencia aprobada  por acta No 1  la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá  D.C a los cinco ( 5) días del mes de Junio de mil  novecientos noventa y dos (1992). SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO A LA SENTENCIA T-413 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (Salvamento de voto) A la luz del  sistema constitucional vigente y en guarda del principio de la seguridad jurídica, no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales que han alcanzado ese nivel. Son excepcionales y, por ende, deben estar expresamente previstos los casos en que pueda revisarse una sentencia de esa categoría. Así sucede, por ejemplo, con el recurso extraordinario de revisión, previsto en nuestro Derecho Procesal. Pero la acción de tutela no tiene tal alcance, según la normativa constitucional que la consagra, ni es un recurso extraordinario. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS/COSA JUZGADA (Salvamento de voto) Coincido con mis compañeros de Sala en la evaluación de los hechos que se consideraron en los dos casos materia de análisis y en la condena que merece la flagrante violación del mandato expreso contenido en el artículo 31 de la Constitución Política por parte del Tribunal Disciplinario en uno de tales asuntos, al haber aumentado la pena impuesta a un apelante único. A mi juicio, ello debe dar lugar a investigación por parte de las autoridades competentes para definir la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los magistrados por desconocimiento del precepto constitucional, pero tal situación, a todas luces excepcional, no puede convertirse en argumento válido para desconocer el principio general de la cosa juzgada que confiere certidumbre a la comunidad sobre el momento en que los asuntos tramitados ante la Administración de Justicia quedan definidos de modo incontrovertible. Ref.:  Expediente T-480 y T-814 Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón El suscrito Magistrado se permite expresar su parcial discrepancia con el contenido del fallo adoptado por esta Sala en el proceso de la referencia. Puesto que las decisiones del desaparecido Tribunal Disciplinario al resolver sobre procesos por él tramitados respecto a la imposición de sanciones por faltas disciplinarias eran decisiones de naturaleza jurisdiccional y, además, según el ordenamiento jurídico que les era aplicable, hacían tránsito a cosa juzgada una vez quedaban ejecutoriadas, estimo que también en los casos aquí considerados son válidas las razones que me permití exponer en salvamento de voto fechado el 12 de mayo último en relación con sentencia de la Sala Segunda de Revisión (Proceso T-221), en el sentido de que a la luz del  sistema constitucional vigente y en guarda del principio de la seguridad jurídica, no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales que han alcanzado ese nivel. Son excepcionales y, por ende, deben estar expresamente previstos los casos en que pueda revisarse una sentencia de esa categoría. Así sucede, por ejemplo, con el recurso extraordinario de revisión, previsto en nuestro Derecho Procesal. Pero la acción de tutela no tiene tal alcance, según la normativa constitucional que la consagra, ni es un recurso extraordinario.  Por lo demás, me remito a los argumentos que consigné en el mencionado documento. Debo manifestar, sin embargo,, que coincido con mis compañeros de Sala en la evaluación de los hechos que se consideraron en los dos casos materia de análisis y en la condena que merece la flagrante violación del mandato expreso contenido en el artículo 31 de la Constitución Política por parte del Tribunal Disciplinario en uno de tales asuntos, al haber aumentado la pena impuesta a un apelante único. A mi juicio, ello debe dar lugar a investigación por parte de las autoridades competentes para definir la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los magistrados por desconocimiento del precepto constitucional, pero tal situación, a todas luces excepcional, no puede convertirse en argumento válido para desconocer el principio general de la cosa juzgada que confiere certidumbre a la comunidad sobre el momento en que los asuntos tramitados ante la Administración de Justicia quedan definidos de modo incontrovertible. Obsérvese que se trata de una razón íntimamente ligada a la prevalencia del interés general y a la operatividad del sistema jurídico, que no pueden verse entorpecidas por la sola ocurrencia de casos aislados en que los jueces, apartándose de sus competencias, pueden caer en errores o en transgresiones del ordenamiento constitucional y legal que están llamados a aplicar. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Fecha ut supra. 1 Sentencia No 6. Corte Constitucional . Sala de Revisión No 2.Mayo 12 de 1992, pag 62. 2 Ibidem , pp 62, 63

T-414-92 Sentencia No Sentencia No. T-414/92 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/DERECHO A LA INFORMACION Se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho  a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de  la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha transformado  hoy Colombia,  por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de 1991. ASOCIACION BANCARIA/BANCO DE DATOS/DATO INFORMATICO/HABEAS DATA La Asociación Bancaria de Colombia administra un servicio privado de información del sistema financiero conformado por bases de datos de carácter personal económico y que, como tal, es responsable del manejo de los respectivos archivos. Las personas cuyos datos personales son reportados a dicha Central tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, de acuerdo con la Constitución o la ley. LIBERTAD INFORMATICA El dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que dicho dato adquiera sentido. El dato que constituye un elemento de la identidad de la persona, que en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella, y por lo tanto sería susceptible de usarse para coartarla, es de su propiedad, en el sentido de que tendría ciertos derechos sobre su uso. Consiste la libertad informática en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás. SENTENCIA DE 16 DE JUNIO DE 1992 REF: Expediente T - 534 Peticionario: FRANCISCO GABRIEL ARGÜELLES NORAMBUENA Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. Magistrado Ponente: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ  y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. EN NOMBRE DEL PUEBLO y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela promovido por el señor FRANCISCO GABRIEL ARGüELLES NORAMBUENA contra la sentencia del Juzgado 110 de Instrucción Criminal de Bogotá proferida el 31 de diciembre de 1991 mediante la cual negó la acción. Esta providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 4 de febrero de 1992. El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. I.  ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día  10 de Marzo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. A.  La acción. El día 19 de diciembre de 1991, el arquitecto Francisco Gabriel Argüelles Norambuena impetró acción de tutela ante el Juzgado 110 de Instrucción Criminal de Bogotá, por medio de apoderado. 1.  Hechos. a)  El peticionario figura como deudor moroso del Banco de Bogotá en la Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia por razón de un crédito respaldado con un pagaré, el cual se vencía inicialmente el 14 de Julio de 1981 y fue prorrogado hasta el 14 de Noviembre de 1981. b) Por sentencia debidamente ejecutoriada, el Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de Bogotá declaró prescrita la obligación del peticionario, el 27 de Abril de 1987. c)   Tanto el 8 de Noviembre de 1988 como el 18 de Junio de 1991 el señor  Argüelles, personalmente y por intermedio de apoderado, solicitó a la Asociación Bancaria que lo retirara de la lista de deudores morosos. d)  Mediante oficio 004407 del 26 de Junio de 1991 la Asociación Bancaria se negó rotundamente a acceder a su solicitud. e)  El 24 de Junio de 1991 el peticionario elevó igual solicitud al Banco de Bogotá, el cual la rechazó verbalmente. f)  En virtud de todo lo anterior, el señor Argüelles aparece como deudor moroso en el banco de datos de la Asociación Bancaria cuatro años después de ejecutoriada la sentencia que declaró extinguida su obligación. 2.-  Solicitud. a)  Que se le retire de la lista de deudores morosos y que se actualice y rectifique la información que sobre él existe en el banco de datos de la Asociación Bancaria. b)  Que se ordene a la Asociación y/o Banco de Bogotá a indemnizar el daño emergente ocasionado al peticionario. c)  Que se condene a los responsables en costas. 3.-  Pruebas. a)  Copia de la sentencia del 27 de abril de 1987 por la cual el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá declara probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria. b)  Oficio remitido el 8 de noviembre de 1988  por el arquitecto Argüelles a la Asociación Bancaria pidiendo el retiro de su nombre de la pantalla de deudores morosos. c)  Certificación 9598 de junio 8 de 1991 expedida por la Asociación Bancaria en la cual consta que el peticionario continúa figurando como deudor moroso. d)  Oficio de junio 18 de 1991 enviado por el apoderado del peticionario a la Asociación Bancaria en el cual solicita: - Retirar de manera inmediata al Doctor Gabriel Argüelles como deudor moroso del Banco de Bogotá, en consideración a que desde el 9 de Noviembre de 1988 se les entregó copia auténtica de la sentencia del Juzgado 16 Civil del Circuito proferida el día 27 de Abril de 1987, por el cual se declaró libre de toda obligación a su representado frente al Banco en mención. - Explicar  el motivo por el cual ha sido desatendida la sentencia de un Juez de la República, que hizo tránsito a cosa juzgada. - Considerar los perjuicios que se le han causado a su representado derivados de la conducta asumida por la Asociación consistente en hacer caso omiso de la sentencia mencionada e insistir en presentarlo como deudor moroso, a pesar de haber sido declarado absuelto de las obligaciones que reclamaba el Banco de Bogotá. e)  Oficio de junio 24 de 1991, enviado por el apoderado del peticionario al Banco de Bogotá, en el cual le solicita comunicar a la Asociación Bancaria que su cliente ya no es deudor moroso del banco y que le levante la sanción moral y comercial que el banco le ha impuesto. f)  Oficio 22-004407 de 26 de julio de 1991, enviado por la Asociación Bancaria al peticionario en el cual afirma que el fundamento de su Central de Información es el derecho a la información y "dotar a las entidades afiliadas de una fuente de información que permita evaluar la solvencia económica y moral de sus clientes". - "No obstante lo anterior, la base de datos que contiene dicha central es suministrada en su totalidad por las mismas entidades afiliadas, son ellas las propietarias de la información; es por lo tanto a ellos a quienes les compete decidir sobre la modificación o eliminación de registros. Mal podría la Asociación Bancaria por su cuenta y riesgo y sin instrucciones de quienes le ha reportado, modificar dicha información. No sobra advertir, que con base en la información contenida en la Central, la entidad afiliada está en libertad de adoptar la conducta que estime conveniente según su criterio, pues de ninguna manera dicha información obliga a las entidades a tomar posición alguna. Por los motivos anotados le solicitamos cordialmente se dirija directamente a la entidad reportante a fin de que ella sea quien tome las decisiones del caso y expida un paz y salvo a su cliente. Con este paz y salvo, el cliente deberá acercarse a nuestras instalaciones en el piso 6o. donde se le levantarán, previo el pago de unos costos administrativos, los registros a su cargo. (Fls. 6 y 7). 4.- Sentencia del Juzgado. En decisión del 31 de diciembre de 1991 el Juzgado negó la acción de tutela por las siguientes consideraciones: a.-  El derecho fundamental presuntamente vulnerado es el de habeas data consagrado en nuestra Constitución Nacional, Artículo 15, inciso 1. b.-   No procede la acción de tutela contra la Asociación Bancaria comoquiera que quien impuso la sanción al peticionario fue el Banco de Bogotá.  Además dicha Asociación "no tiene responsabilidad alguna del acto que se imputa, ya que esta simplemente da trámite a la información que suministran los bancos".(Fl. 17). c.-   Ciertamente en virtud de la sentencia proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, el Banco de Bogotá debió borrar de la lista de deudores morosos al señor Argüelles Norambuena y "no debe seguir con este bloqueo por cuanto no existe obligación alguna del señor Argüelles Norambuena con el referido banco.(Fl. 18). d.-   No obstante lo anterior, no procede en este caso la acción de tutela porque existen otros recursos o medios de defensa judiciales (Decreto 2591 de 1991 art. 6 numeral                  tales como intentar "una acción ordinaria de Reparación ante la Superintendencia Bancaria la cual es la encargada de proteger y velar por el buen funcionamiento de las entidades a su cargo; o intentar uno de los procedimientos consagrados en el C. de P. C." (Fl. 18). 5.- Impugnación de la sentencia. En escrito de fecha 7 de enero de 1992 (Fls. 21-24) el apoderado del peticionario impugnó el fallo referido por las siguientes razones: a.- La acción interpuesta no buscaba establecer responsabilidades sino actualizar las informaciones de un banco de datos. b.- De aceptarse la tesis del fallador no tendría razón alguna de ser la tutela, puesto que todos los derechos fundamentales constitucionales tienen algún medio de defensa judicial. c.-   En este caso se ha utilizado la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable. 6.- Sentencia del Tribunal. En sentencia del 4 de Febrero de 1992 (Fls. 30-35) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia del Juzgado por las siguientes razones: a.-  Ciertamente el derecho fundamental consagrado en el Art. 15 de la Constitución puede ser protegido con la tutela. b.-   Pero, en virtud del "principio de definitividad" al"al quejoso le queda alguna acción o recurso como es la de acudir a la Superintendencia Bancaria -Sección Bancos- para que revise la actuación del Banco e imponga la correspondiente sanción o interponer los respectivos recursos administrativos, si a ello hubiere lugar. c.-   Por tanto, no procede la tutela. 7.- Solicitud de información a la Superintendencia Bancaria. Puesto que tanto el Juzgado 110 de Instrucción Criminal como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá aluden en sus respectivos fallos a la Superintendencia Bancaria como la entidad a cuyo cargo se halla el proveer el otro medio de defensa judicial de que eventualmente podría disponer el peticionario para defender su derecho constitucional fundamental vulnerado, el Magistrado ponente dispuso que a través de la Secretaría de la Corte se enviara un oficio enderezado a precisar el eventual control que dicha entidad pudiera ejercer sobre los bancos de datos  que operan al servicio, de las entidades financieras. Tanto el oficio (Fls.49-50) como la respuesta de la Superintendencia (Fls. 51-54) serán comentados oportunamente al formular las consideraciones que habrán de preceder la sentencia de esta Sala. 8.- Concepto de expertos. En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado ponente invitó al Ingeniero doctor Ernesto Lleras, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes a presentar por escrito un concepto sobre algunos puntos relevantes para la elaboración del presente de fallo. En su concepto el profesor Lleras se pronunció sobre aspectos tales como la propiedad o titularidad del dato desde la teoría de la información; la responsabilidad en el manejo de los bancos de datos; el "poder informático" o capacidad de control sobre la acción de las personas que pueden llegar a tener quienes manejan bancos de datos; el derecho a la información y el derecho a la intimidad; la vigencia del dato y el derecho al olvido (Fls. 44-48). II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión, según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32, 33 del Decreto 2591 de 1991. Además es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte Constitucional1 . Comoquiera que algunos de los planteamientos formulados en los fallos del Juzgado 110 de Instrucción y del Tribunal de Bogotá involucran aspectos fundamentales de carácter filosófico y jurídico concernientes a la dogmática constitucional vigente, esta Sala no puede menos que entrar a considerarlos antes de pronunciar  su decisión. Tales aspectos  serán tratados en el siguiente orden: A.El otro medio de defensa judicial Como es bien sabido, el inciso tercero del artículo 86 de la Carta dispone expresamente que la tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. En desarrollo de esta norma el artículo 40  del Decreto 2591 de 1991 dispone como principio general que la existencia del medio de defensa ha de considerarse en cada caso concreto. En el caso presente, tanto la Juez de primera instancia como la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial consideraron que al quejoso le quedaba todavía la posibilidad de acudir ante la Superintendencia Bancaria para los fines específicos que atrás reprodujimos textualmente o interponer los respectivos recursos administrativos, si a ello hubiere lugar. En virtud de lo anterior, el Magistrado ponente estimó necesario solicitar a la Superintendencia que enviara un informe detallado y acerca de los siguientes aspectos: 1.  Información correspondiente al periodo de 1987 a 1992, acerca de la forma de control que dicha Superintendencia ha venido ejerciendo sobre los bancos de datos de las entidades sometidas a su vigilancia. 2.  Información correspondiente al mismo periodo acerca de los resultados concretos de dicho control. 3.  Información acerca del conocimiento que la Superintendencia haya tenido en dicho periodo de decisiones de autoridades públicas, concernientes a los bancos de datos organizados por entidades vigiladas y la conducta asumida por éstas frente a tales decisiones. 4.  Información acerca de eventuales anomalías en materia de organización y manejo de banco de datos financieros de las entidades sometidas a su control y de las medidas que esa Superintendencia haya tomado para remediarlas, particularmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 15, inciso 1, de la Constitución Nacional de 1991 y de algunos pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación. 5.  Información acerca del conocimiento que la Superintendencia haya tenido de la renuencia del Banco de Bogotá a cumplir la sentencia proferida el 27 de abril de 1987 por el Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de Bogotá mediante la cual declaró prescrita una obligación y no obstante insiste en hacer aparecer a su antiguo cliente como deudor moroso en estos últimos cinco años. 6.  Información acerca de la eventual intervención de la Superintendencia en la creación, funcionamiento y control de la Central de Informaciones de la Asociación Bancaria. Y copia del reglamento de dicha central aprobado por la Superintendencia. 7.  Constancia acerca de la existencia o inexistencia en el ordenamiento jurídico vigente de una acción ordinaria de reparación ante la Superintendencia Bancaria por fallas en la organización y manejo de bancos de datos financieros por parte de entidades sometidas a su vigilancia (Fls. 49-50). Por su especial relevancia para ilustrar la desprotección en que hoy se encuentra el ciudadano colombiano frente a las entidades que organizan y administran bancos de datos, estimamos pertinente transcribir aquí la casi totalidad del informe solicitado a la autoridad, que según la juez y el Tribunal, debiera ocuparse de proteger adecuadamente al peticionario. En primer término, es procedente advertir que la Superintendencia Bancaria no ejerce control sobre los bancos de datos que operan al servicio de las entidades financieras y aseguradoras, por no estar facultada para ello como explicará más adelante. No obstante lo anterior, procederemos a dar respuesta a la solicitud en el orden planteado y en la medida en que contamos con la información para ello. 1.  Incompetencia de la Superintendencia Bancaria para ejercer control sobre los bancos de datos del sector bajo su vigilancia. En el entendido de que las entidades públicas sólo están facultadas para realizar aquellas actividades a que la ley expresamente las autoriza, de conformidad con el principio de legalidad de las actuaciones administrativas, consagrado tanto en la Carta anterior como en la Constitución Nacional vigente y revisadas las normas que han regido la estructura y funciones de la Superintendencia Bancaria en el periodo de 1987 a 1992, encontramos que ninguna disposición la ha autorizado para adelantar funciones de control y vigilancia sobre los bancos de datos mencionados. En efecto, el decreto 1339 de 1986, en su artículo 2o. enumera las instituciones sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia Bancaria, dentro de las cuales no incluyó los bancos de datos.  El decreto 1033 de 1991 derogatorio del anterior, hizo otro tanto en su artículo 2o. El decreto 1730 de 1991, actual estatuto orgánico del sistema financiero, al relacionar en su artículo 4.1.1.0.2. las entidades vigiladas, tampoco los incluyó. Valga mencionar que el literal c) del mencionado artículo dispone que corresponde a la Superintendencia Bancaria el control de "las demás personas naturales y jurídicas respectivamente" pero hasta la fecha ninguna ley le ha impuesto tal función, con respecto a los bancos de datos. En conclusión, no es dable la vigilancia por parte de la Superintendencia Bancaria de los bancos de datos, ni de las personas que los administran, pues se trata de personas jurídicas diferentes a las vigiladas, a las cuales prestan un servicio para la evaluación del riesgo de su clientela, análisis que es tanto más importante como que la jurisprudencia consideró a la actividad concerniente al manejo del ahorro como servicio público y hoy el artículo 335 de la Constitución la define como "de interés público". 2.  Resultados del control De lo anterior se colige la carencia de una evaluación de las formas y resultados del control, por la inexistencia de competencia para desarrollar tales funciones. 3.  Decisiones de autoridades públicas relacionadas con los bancos de datos Esta Superintendencia no ha recibido noticia oficial sobre el particular. 4. Irregularidades en el manejo de información de los bancos de datos Los clientes del sector financiero, no con poca frecuencia, elevan quejas ante esta entidad relacionadas con el manejo de la información de los bancos de datos que por parte de las entidades financieras se lleva a cabo. La Superintendencia da el trámite que toda queja requiere, cuando interviene una entidad vigilada por nosotros, que consiste en lo siguiente:  una  solicitud de explicaciones a la entidad vigilada. Posteriormente se evalúa la respuesta de ésta y si en ella ha demostrado que la información que trasmitió al banco de datos es fidedigna, el trámite se da por concluído. En caso contrario se requiere a la entidad financiera a efectos de que la información que reporte el banco de datos sea fidedigna. En uno y otro evento el resultado de la actuación se comunica al interesado. Ahora bien, la Superintendencia no puede adelantar actuación alguna frente a la manera como el banco de datos administre la información que contiene, por las razones que se expusieron en el punto 1o. de este escrito, que se resumen básicamente en la carencia de facultades legales para vigilar a las personas jurídicas que los manejan. Si bien es cierto que la Superintendencia Bancaria no tiene facultades para vigilar los bancos de datos, el tema de su manejo no le ha sido ajeno. Es así que por medio de su Oficina Jurídica ha emitido diferentes conceptos, de los cuales anexo fotocopia, eso si dictados con el alcance que dispone el artículo 25 del código contencioso administrativo. Los pronunciamientos a que hago mención, han tenido como orientación diferentes fuentes de la doctrina, entre los cuales se cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría Delegada en lo Civil, proferido el 19 de julio de 1991, expediente 359, cuyo espíritu compartimos pero que en algunos aspectos nos merece observaciones, como se advierte en los comentarios que formulamos en seguida. Recientemente se ha examinado el tema y es oportuno mencionar los criterios a que se ha llegado: El artículo 15 de la Carta constitucionaliza la existencia de los bancos de datos y señala las garantías de las personas en la recolección, tratamiento y circulación de los datos. Así,  pues, el propio constituyente estima que la existencia de tales instituciones no es contraria al derecho de la intimidad. Amén del derecho a la intimidad es de advertir la garantía del derecho a la información en el artículo 20 de la Carta, cuyo rango constitucional es equivalente. Lo anterior hace necesario establecer un equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, que permita la libertad y la dignidad de las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial. Este equilibrio es tanto más importante cuando se trata de una actividad como la financiera, la cual por concernir al manejo del ahorro de la comunidad, cuyo cuidado depende de la ortodoxia y prudencia con que procedan las entidades del sector, requiere un acervo adecuado de información en materia de evaluación de riesgo. Aquí no huelga recordar que el constituyente calificó a la actividad financiera como de interés público en el artículo 335 de la Carta. 5.  Renuencia del Banco de Bogotá a cumplir sentencia judicial Las actuaciones judiciales que se adelantan frente a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, no se ponen en nuestro conocimiento por las autoridades pertinentes, por tratarse de un trámite independiente a las actuaciones administrativas adelantadas por nosotros. 6.  Creación, funcionamiento y control de la central de información de la Asociación Bancaria. La Asociación Bancaria una organización civil de carácter gremial sin ánimo de lucro, diferente a las entidades financieras afiliadas a ella; no compete a la Superintendencia Bancaria su control y por ende no tiene facultades relativas a su creación o funcionamiento. No obstante, anexo al presente escrito, me permito remitirle fotocopia del reglamento de la central de riesgos de la Asociación Bancaria. En todo caso, debe señalarse que para la Superintendencia Bancaria es de gran importancia y conveniencia la existencia de mecanismos de información que permitan una mejor evaluación del riesgo crediticio. Tanto es así que para otorgar así y evaluar el crédito esta Superintendencia exige la consulta a centrales de riesgos. 7.  Acciones contra la Superintendencia Bancaria por fallas en el manejo y organización de los Bancos de Datos. El ordenamiento jurídico colombiano no prevé acción alguna contra la Superintendencia Bancaria por perjuicios que se causen por la organización y manejo de los bancos de datos financieros, ya que no corresponde a ésta la vigilancia de los mismos como se ha explicado (Fls. 51-54). Como se desprende de lo anterior, no existe en el ordenamiento nacional el otro medio de defensa judicial señalado  tanto por la  Juez 110 como por  la Sala del Tribunal. Es claro también que la ignorancia o negligencia de ambos falladores constituye un grave desconocimiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de la eficacia, que según el artículo 3o. del Decreto 2591 de 1991, deben regir el trámite de la acción de tutela. Representa igualmente un grave irrespeto a la dignidad y tranquilidad del peticionario. Todo lo anterior amerita la intervención de las autoridades competentes, particularmente por cuanto que a partir de la vigencia de la Carta de 1991 no hay duda alguna que el Estado debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio ciego del Estado. Lo ocurrido en el presente caso dá pié para formular algunas consideraciones adicionales acerca del alcance que tiene la expresión "Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial"  (inciso 3o. del artículo 86 de la Carta vigente). Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública;  que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibidem art. 2o.) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos. Siendo esto así, es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela. De otra parte, es así mismo claro que cuando el Estado colombiano está obligado a hacer la mayor divulgación de la Constitución (Constitución Nacional art. 41) ello no implica sólamente una labor formal a través de los diversos medios de comunicación sino también el estímulo concreto a la práctica cotidiana de sus principios y valores por parte de sus funcionarios.  Lo cual supone, entre otras cosas, que el Juez del Estado social de derecho en que se ha transformado Colombia por virtud de lo dispuesto en el artículo 1o. de su nueva Carta, está en la obligación de indicarle al peticionario, con la claridad y precisión que son de presumir en un profesional egresado de una facultad de Derecho aprobada por el Estado, el otro medio de defensa judicial de que puede disponer el afectado para proteger su derecho. De no ser así, podría estimularse una práctica  dilatoria y claramente kafkiana en abierta burla de la dignidad humana.  Tal como ha ocurrido en el presente caso y que bien amerita una investigación por parte de las autoridades competentes. Por todas las consideraciones anteriores, esta Sala reconocerá que en el presente caso el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial y que por tanto es procedente la acción de tutela incoada. B.  La dignidad humana, supremo principio de la Constitución de 1991. Con toda razón sus comentaristas ponen de presente que esta Carta consagra una nueva orientación filosófica que ubica al hombre en lugar privilegiado y es el más eficaz instrumento al servicio de la dignificación de la persona humana. Ello se desprende de buena parte de su texto, pero en especial del preámbulo y los artículos 1 al 95, los cuales permean todo el ordenamiento nacional. En virtud de lo anterior, se ha producido pues un cambio cualitativo de amplio espectro que supone necesariamente la revisión de aquellas categorías jurídicas que siempre tuvieron como núcleo la propiedad y no el debido miramiento a la persona humana. Tal revisión se traduce en una neta prevalencia de la categoría del ser sobre la del tener o del haber, dentro del marco de un hondo y genuino humanismo que debe presidir los actos de los encargados de administrar justicia en todos los niveles del sistema jurídico. Por tanto, en Colombia la actividad económica no puede desarrollarse hoy en abierto contraste con los valores fundamentales y las exigencias propias de la libertad humana.  Ella prevalece sobre toda pretensión desmesurada de servir los intereses de la productividad y la eficiencia. C.  Las nuevas tecnologías y la libertad personal. Dentro de la perspectiva de crear y definir permanentemente nuevos derechos humanos que respondan a las exigencias de las diversas coyunturas históricas, se habla hoy de una cuarta generación de tales derechos que tendría como finalidad específica la de dar respuesta tanto a los desafíos científicos y del progreso tecnológico como al cuestionamiento producido  por la manipulación genética o por el riesgo de la desinformación universal de los procedimientos ultramodernos de los medios de comunicación. De estas inquietudes muy fundadas se han hecho también eco algunos instrumentos elaborados por organismos internacionales. Así, por ejemplo, en la denominada "Proclama de Teherán", aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos el 13 de Mayo de 1968 se declaró solemnemente que: "Si bien los recientes descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos han abierto amplias perspectivas para el progreso económico, social y cultural, esta evaluación puede, sin embargo, comprometer los derechos y las libertades de los individuos y por ello requerirá una atención permanente". También en su "Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz  y en beneficio de la humanidad", proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1975 se expresa que: "Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por órganos estatales, para  limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes". Entre tales medidas apropiadas la ONU, a través de sus organismos especializados, ha venido estimulando la adopción de normas para el manejo de bancos de datos y de protección a la intimidad. D.  Intimidad y habeas data: aproximación al artículo 15 de la Carta. La Sala estima conveniente señalar en forma muy somera algunos alcances de esta nueva disposición con la cual el Constituyente ha querido, en buena medida, proteger la intimidad la honra y la libertad contra los abusos del poder informático vinculado estrechamente, según se verá, con los adelantos tecnológicos. 1.- La intimidad. Como es bien sabido,  cuando la doctrina2 se refiere a la intimidad bajo la forma de protección de la vida privada, lo hace tanto en un sentido amplio como en un sentido estricto. En el primero, la expresión designa todas las reglas jurídicas que tienen por objeto proteger la vida personal y familiar.  Este es el alcance que le reconoce la Corte Europea de Derechos del Hombre al artículo 8o. de la Convención sobre la materia. En un sentido más estricto, la expresión se emplea también para designar exclusivamente un conjunto de normas que tiene por fin la protección de las personas contra atentados que afectan particularmente el secreto o la libertad de la vida privada. En algunos pronunciamientos de la jurisprudencia francesa, el profesor Stromholm considera que la intimidad no es otra cosa que el derecho de una persona de manejar su propia existencia como a bien lo tenga con el mínimo de injerencias exteriores 3. Por su naturaleza manifiestamente individualista y negativa, concepciones como ésta son hoy insuficientes para demandar la protección del ordenamiento ante las embestidas del "poder informático". La misma doctrina destaca también que la intimidad se proyecta en dos dimensiones a saber: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida como secreto, atentan contra ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las investigaciones también ilegítimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que concierne a la esfera de su vida privada. Planteamientos como éstos han estimulado intentos enderezados a distinguir diversas esferas de la vida privada, a ubicar la intimidad en la porción más interna de la misma, y a precisar que la protección jurídica debe tener por objeto exclusivamente la parte íntima de la vida privada y no simplemente la "privacidad".  Pero también parecen dar la razón a quienes estiman inútil y hasta imposible construir una noción clara de intimidad como presupuesto indispensable para su eficaz protección jurídica. El derecho no ha sido ajeno a la protección de la vida privada.  Pero esta meta resulta cada vez más difícil por cuanto en nuestro tiempo los secretos no son simplemente captados por los sentidos sino que el uso de técnicas hace prácticamente ilimitada su revelación a los nuevos medios de comunicación social. Los atentados contra la intimidad pueden provenir tanto de los particulares como del Estado. Entre las prácticas más perturbadoras de los particulares la doctrina señala la exposición pública de fotografías sin el consentimiento del retratado, las vociferaciones para anunciar la venta de mercancía, el asedio inoportuno de periodistas en momentos de extrema pesadumbre, las llamadas telefónicas de anónimos injuriadores, el empleo ilícito de aparatos destinados a espiar detalles de la vida íntima, el empleo abusivo de la informática en el acopio de datos sobre los antecedentes comerciales y la circulación de libros, filmes y videos cuyos argumentos reproduzcan, sin tacto alguno, episodios desgraciados de la vida real de las personas4 La creciente utilización de la informática en las actividades propias de la administración pública, particularmente notoria durante la presente década, ha creado grandes esperanzas de encontrar por fin el remedio más eficaz para muchos de sus problemas, algunos de los cuales se remontan al siglo pasado. Este optimismo, tal vez ingenuo, parece haber relegado a un plano secundario  la consideración de un aspecto específico de la informatización del Estado que concierne en grado sumo al ciudadano común, a saber: el uso indebido de una ingente masa de información en manos del Ejecutivo bien puede acarrear consecuencias nocivas para sus derechos en países donde todavía  no existe una regulación adecuada sobre nuevas tecnologías de información como es, precisamente, el caso de Colombia. Dentro de este complejo contexto, se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta5 . Es de señalar también que la doctrina moderna ha venido reiterando una nueva y creciente dimensión de la intimidad que la reivindica de su inicial caríz individualista y negativo. Se trata, ni más ni menos, de reconocerle un espacio propio entre las denominadas libertades públicas, vale decir, entre aquellos derechos fundamentales de una sociedad que permiten el desarrollo y mantenimiento de la personalidad y la dignidad humana6 De otra parte, en las nuevas condiciones creadas por la emergencia de sofisticadas tecnologías, la intimidad adquiere más y más objetiva naturaleza política como que apunta a lograr un justo equilibrio en la distribución del poder de la información y no exclusivamente, como en el pasado, a garantizar los apetitos de soledad de una persona. 2.-  Intimidad y derecho a la información En casos de conflicto insoluble entre ambos, esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho  a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de  la consagración de la dignidad  humana como principio fundamental y valor esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha transformado  hoy Colombia,  por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de 1991. En efecto, la intimidad es, como lo hemos señalado, elemento esencial de la personalidad y como tal tiene una conexión inescindible con la dignidad humana.  En consecuencia, ontológicamente es parte esencial del ser humano. Sólo puede ser objeto de limitaciones en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos, por el artículo 1o. de la Constitución.  No basta, pues, con la simple y genérica proclamación de su necesidad: es necesario que ella  responda a los principios y valores fundamentales de la nueva Constitución entre los cuales, como es sabido, aparece en primer término el respeto a la dignidad humana. 3.- La Central de Información de la Asociación Bancaria De la documentación suministrada por el señor Superintendente se desprende que la Central es un mecanismo de defensa gremial que concentra la información de clientes del sistema financiero en lo relacionado con aspectos que permiten establecer el grado de riesgo que implica un determinado crédito. La información que pueden recibir estos entes está sometida al principio de la reserva bancaria y su manejo se sujeta al deber general de no causar daño a otro. Pero la reserva bancaria no opera respecto de los datos relativos a obligaciones incumplidas comoquiera que es esta una excepción al deber de sigilo de los establecimientos bancarios7 . En Agosto de 1991, la Asociación Bancaria de Colombia expidió un reglamento de su Central de  Información, del cual merecen destacarse los siguientes aspectos: Artículo 1o. Naturaleza.  La Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia es un servicio privado de información del sistema financiero, conformado por las bases de datos de carácter personal económico mencionados en los Acuerdos Interbancarios y los que la Junta Directiva estime necesarios para el logro del propósito que se establece en el artículo siguiente: Artículo 2o. Propósito.  Las bases de datos que conforman la Central de Información tienen el propósito de servir a las instituciones financieras como elementos de juicio para la evaluación de riesgos en los negocios financieros y operaciones activas de crédito que celebren con sus clientes, así como para la aplicación de los acuerdos interbancarios adoptados por la Asamblea de Afiliados a la Asociación. Artículo 4o. Titulares de los datos. Las personas cuyos datos personales hayan sido reportados a la Central son los titulares de los mismos, y en consecuencia tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, conforme al procedimiento señalado en este reglamento. Artículo 5o. Responsables. La Asociación Bancaria de Colombia es la administradora de las bases de datos que conforman la Central de Información y en consecuencia es responsable de los archivos. Los usuarios serán responsables de la exactitud de los datos y de la actualización o rectificación, así como del buen uso de la información obtenida de la Central. (Fls. 94-95). Es claro, pues, que la Asociación Bancaria de Colombia administra un servicio privado de información del sistema financiero conformado por bases de datos de carácter personal económico y que, como tal, es responsable del manejo de los respectivos archivos. De otra parte, las personas cuyos datos personales son reportados a dicha Central tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, de acuerdo con la Constitución o la ley8 . Por todo lo anterior, esta Sala encuentra reprochable en grado sumo la conducta de la Asociación Bancaria al negarse rotundamente a acceder a la solicitud que le hiciera el peticionario en dos ocasiones en el sentido de que lo retirara de la lista de deudores morosos. En efecto, en el expediente obra prueba de que por  sentencia debidamente ejecutoriada el Juzgado 16 Civil del  Circuito de Bogotá había declarado prescrita la obligación del Arquitecto Argüelles desde el 27 de Abril de 1987. Sorprende igualmente que dicho quejoso haya tenido que impetrar, por medio de apoderado, la presente acción de tutela ante el Juzgado 110 de Instrucción Criminal de Bogotá para que se le retirara de la lista de deudores morosos y se actualizara y rectificara la información que sobre él existe en el banco de datos de la Asociación Bancaria. Porque es lo cierto que por virtud de lo dispuesto en el reglamento de la Central, él tenía perfecto derecho a la actualización de las informaciones que le concernían,  en particular,  que su obligación con el Banco de Bogotá había sido declarada prescrita por sentencia judicial desde abril de 1987 y no tenía por qué seguir figurando en la condición de deudor moroso de dicha entidad financiera. Como consecuencia de todo lo anterior, esta Sala reitera que es voluntad expresa del Constituyente plasmada en el texto del artículo 1o. la primacía del ser humano con sus atributos fundamentales sobre otras  categorías simplemente accesorias,  como las de haber o tener. Ello quiere decir, en otros términos, que el ejercicio del derecho a la información en que, según la Asociación Bancaria de Colombia, se fundamenta la Central de Información que dicha entidad administra, no puede conducir en manera alguna a la vulneración de la dignidad humana.  Tal como ha ocurrido en el caso del señor Argüelles.  La misma limitación pesa sobre el ejercicio del derecho a la protección del crédito como proyección del derecho de propiedad. 3.- El Dato y su "propiedad" Por cuanto respecta a su especial y compleja naturaleza el profesor Ernesto Lleras observa justamente que en la teoría de la información. El dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que el dicho dato adquiera sentido (Cfr. Lleras et. al). En forma muy somera, se puede decir que el sentido en última instancia, lo producen una o varias mentes humanas y este sentido es un determinante de la acción social. Los modelos se plasman en forma de textos y mensajes que consisten en una serie de signos algunos de los cuales les llamaremos datos, organizados de acuerdo a sistemas de reglas o gramática. "A través de los signos y mensajes los eventos adquieren realidad social.  La realidad expresada a través de mensajes ... es la determinante de la acción social (Lleras et. al p. 6). El dato se constituye entonces en el elemento básico de información sobre eventos o cosas. (Fl. 45). Pero aquí nos importa señalar especialmente la incidencia del dato en la eventual vulneración de la intimidad.  En efecto, el mencionado experto señala también en su concepto que: El dato que constituye un elemento de la identidad de la persona, que en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella, y por lo tanto sería susceptible de usarse para coartarla, es de su propiedad, en el sentido de que tendría ciertos derechos sobre su uso. Datos de este tipo serían sus señales particulares, relaciones de propiedad y de familia, aspectos de su personalidad, y señales de identidad de diversa  índole que van emergiendo en las actividades de la vida. Todos estos datos combinados en un modelo, son equivalentes a una "huella digital" porque el individuo es identificable a través de ellos. Por las características propias de los datos, una vez producidos (codificado un evento u objeto por alguien o eventualmente una máquina) pueden diseminarse con relativa facilidad. Esto hace que puedan ser usados, en combinación con otros de procedencias distintas pero adscribibles a la misma persona. Así se va configurando lo que ha dado en llamar un "perfil de datos de una persona"(Lleras). Estos perfiles pueden construirlos quienes tengan bancos de datos bien sea manuales o sistematizados, y el poder de información y control social que estos tengan depende del uso de la tecnología disponible. El problema del "poder informático"existe siempre que se poseen datos sobre las personas bien sea en forma manual o por medios electrónicos. Con el desarrollo de estos últimos, las posibilidades de acción de ese poder en contra de la libertad de las personas se magnifican y harían necesaria una legislación especial. El "perfil de datos" de la persona se constituye entonces en una especie de "persona virtual" sobre la cual pueden ejercerse muchas acciones que tendrán repercusión sobre la persona real. Desde el envío de propaganda no solicitada, hasta coerción u "ostracismo" social como en el caso que se presenta. Un "buen" manejo de Bancos de Datos permitiría identificar hasta perfiles poblacionales desde distintos puntos de vista, lo cual constituye un evidente peligro de control social de aquellos que ostentan "poder informático", no solamente contra la libertad de las personas individuales sino contra la de sectores sociales más amplios. (Fl. 46). Por su compleja naturaleza es claro que frente al dato no puede aplicarse en todo su rigor el derecho clásico de propiedad. En verdad, bien miradas las cosas, salta a la vista la existencia de varios sujetos con distintas relaciones. Uno es el sujeto del cual se dice algo o al cual algo le concierne en el universo informativo construído a partir del dato. Otro es el sujeto que, aplicando unos códigos o gramáticas como instrumentos auxiliares, hace que el dato se convierta en información. Pueden existir otros cuya labor específica es la circulación y difusión de la información con destino a los clientes habituales de los medios de comunicación. La labor primordial de estos últimos sujetos es, como se ve, hacer que el dato se convierta en  esa mercancía denominada a veces noticia, apta para el consumo de su clientela que las nuevas tecnologías de información permiten ampliar más y más cada día. En estas condiciones, los diversos sujetos son apenas titulares de algunas facultades que no les confieren necesariamente la calidad de propietarios. Muchas veces no son más que simples depositarios forzosos. De otra parte, la facultad de difusión que es, como se sabe, propia del derecho a la información, adquiere un contenido económico que muy a menudo dificulta establecer un límite claro entre el ejercicio del derecho a la información como dimensión de la libertad política y presupuesto de una democracia participativa y pluralista, y la simple actividad empresarial de producir más y más noticias para una creciente clientela teniendo como materia prima los datos. Algunos se apropian codiciosamente de ellos, como si se tratara de colegiales indisciplinados a la caza de frutos silvestres en predios que consideran baldíos y que son en verdad los huertos de sus iracundos vecinos o colegas. Lo cierto es que por las muy estrechas relaciones entre el dato personal y la intimidad que atrás hemos destacado, la sóla búsqueda y hallazgo de un dato no autoriza a pensar que se ha producido simultáneamente su apropiación exclusiva y, por tanto, la exclusión de toda pretensión por parte del sujeto concernido en el dato. De ahí que no pueda hablarse de que existe un propietario del dato con las mismas implicaciones como si se tratara de una casa, un automóvil o un bien intangible. Tampoco cabe pensar que la entidad que recibe un dato de su cliente en ejercicio de una actividad económica, se convierte por ello mismo en su propietario exclusivo  hasta el punto de que es ella quien pueda decidir omnímodamente su inclusión y posterior exclusión de un banco de datos. Esto sería tanto como autorizarlo de lleno a desposeer al sujeto, con todas sus consecuencias previsibles, de los "perfiles virtuales" que, como ya hemos visto, pueden construírse a partir de los datos de una persona. Con las posibilidades que ofrecen hoy las modernas tecnologías de información y, en particular, los bancos de datos computarizados, ello equivaldría también a autorizar a la persona o entidad que recibe el dato a encarcelar "virtualmente" en el banco de datos al sujeto concernido en los mismos. Lo cual, en países que carecen de una legislación específica protectora de la intimidad frente al fenómeno informático, favorecería abiertamente su cotidiana vulneración. Que estos abusos no son simplemente potenciales e imaginarios, lo señala en buena  medida el informe del señor Superintendente. Por eso, a partir de la vigencia del art. 15 de la Carta del 91 y en desarrollo del mismo es indispensable la regulación integral del poder informático para poner coto a sus crecientes abusos. Así lo exige la adecuada protección de la libertad personal frente a los poderosos embates de las nuevas tecnologías. Y así lo ordenará esta Sala. 4-  Los bancos de datos y el derecho constitucional informático Tal como lo señala el profesor Mario G. Losano9 precursor muy fecundo tanto de la informática jurídica como del derecho informático en Italia, y cuyas obras son ampliamente conocidas en nuestro continente, un banco de datos no es otra cosa que un conjunto de informaciones que se refieren a un sector particular del conocimiento, las cuales pueden articularse en varias bases de datos y ser distribuídas a los usuarios de una entidad que se ocupa de su constante actualización y ampliación. O lo que es fundamentalmente lo mismo, un conjunto de informaciones exhaustivas y no redundantes sobre un determinado tema, manejado por un específico conjunto de programas10 . Como se ve, pues, los bancos de datos son objetos  propios de la ciencia de la información que adquieren una particular relevancia en el moderno derecho constitucional por la gran potencialidad que tienen de vulnerar algunos derechos fundamentales, como la intimidad. La incidencia de los bancos de datos en el derecho público informático se aprecia con mayor claridad en el surgimiento de conceptos tan específicos como los de poder informático  y libertad informática. Nos referiremos a ellos más adelante, por cuanto son hoy de ineludible referencia para entender a cabalidad los verdaderos alcances del artículo 15 de la Carta de 1991. Es preciso, de otra parte, recordar que a partir de la década del cincuenta máquinas tales como los computadores han hecho posible no sólo crear e interconectar enormes "bancos de datos" que pueden suministrar inmediatamente una vasta cantidad de información personal a grandes distancias y en forma más comprensiva, sino también establecer correlaciones entre datos que aisladamente son las más de las veces inofensivos pero que reunidos pueden descubrir aspectos cuya relevación atenta contra la libertad e intimidad del ciudadano. En efecto, como lo observa agudamente el profesor Losano11 mediante el denominado software aplicativo el computador se ha convertido para el ciudadano en un delator perfecto de informaciones sin que en la mayoría de los casos el titular de ellas llegue siquiera a enterarse, lo cual representa un peligro evidente para sus derechos, sobre todo en países como Colombia, que carecen de una legislación especial en materia de circulación de datos. Es comprensible, entonces, que la literatura especializada se haya venido ocupando más y más de la dramática e injusta situación del ciudadano que es objeto de una permanente observación por parte del aparato estatal que lo coloca dentro de un virtual acuario de cristal, sin posible escapatoria o salvación.  Aparece así el denominado síndrome del pez rojo[1]. Pero es innegable también que cuantos más servicios pretenda recibir el ciudadano del Estado tanto mayor será la cantidad de datos que deba suministrarse (composición del núcleo familiar, vivienda, salud, educación, lugar de trabajo, necesidades de transporte, seguridad social, etc.), con la obvia consecuencia de que una mayor transparencia de sus beneficiarios, todo lo cual contribuye a reproducir, prolongar y fortalecer la vigencia del síndrome y del poder informático. Como bien lo destaca el profesor Vittorio Frosini, la posibilidad de acumular informaciones en cantidad ilimitada, de confrontarlas y agregarlas entre sí, de hacerle un seguimiento en una memoria indefectible, de objetivizarlas y transmitirlas como mercancía en forma de cintas, rollos o discos magnéticos, por ejemplo, permite un nuevo poder de dominio social sobe el individuo, el denominado poder informático. Como necesario contrapeso, este nuevo poder ha engendrado la libertad informática. Consiste ella en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás.  Es, como se ve, una nueva dimensión social de la libertad individual diversa, y por razón de las circunstancias que explican su aparición, de otras clásicas manifestaciones de la libertad. Por su peculiar naturaleza, esta libertad ha sido reconocida en las legislaciones de Estados de democracia liberal mediante estatutos jurídicos especiales, los cuales, establecen nuevos derechos e instituciones de control. En España, Portugal, y Brasil, por ejemplo,tanto la libertad informática como el habeas data han recibido el honor de una clara y explícita consagración constitucional[2]. 5.- La cárcel del alma y el derecho al olvido 1. Con el triunfo definitivo del Estado moderno en el siglo XVIII, depositario de las ideas de la Ilustración y del humanismo racionalista, se impuso una nueva manera de ver las relaciones entre los gobernantes y los gobernados y con ella una nueva manera de ver el castigo. El punto clave de esta última novedad puede ser explicado como un abandono de la preocupación medioeval por punir el cuerpo de los delincuentes -a través de los suplicios- en beneficio de un interés permanente por castigar su alma. Este cambio de objeto, que Foucault ha descrito en detalle como un cambio estratégico en el ejercicio del poder, se ha ido imponiendo a través de los últimos siglos hasta adquirir hoy plena manifestación en disciplinas sociales basadas en la imposición de reglas comerciales, de métodos de observación, de técnicas de registro, de procedimientos de indagación y de pesquisa, de aparatos de verificación y, en general, de tratamiento de informaciones que condicionan y manipulan el comportamiento ciudadano sin necesidad de ejercer una coacción o una amenaza de coacción física sobre los individuos. El encarcelamiento del alma en la sociedad contemporánea, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, ha demostrado ser un mecanismo más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del cuerpo. Por eso vale la pena preguntarse si estos dos tipos de encarcelamiento se ejercen de manera discriminada y estratégica en Colombia como mecanismo de control frente a dos sectores de población diferente a saber: la cárcel tradicional para la clase marginada del circuito económico y comercial y la cárcel del espíritu contra los demás violadores de las reglas disciplinarias  impuestas por dicho circuito. Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. De otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido. Este derecho le fue abiertamente negado al peticionario tanto por la Asociación Bancaria de Colombia como por el Banco de Bogotá, con lo cual lo condenaron, sin fórmula de juicio, a una exclusión del sistema crediticio por término indefinido. Ello pese a que ambas entidades sabían que desde el 27 de abril de 1987 un Juez de la República, con la autoridad que le confiere la ley declaró prescrita la obligación contraida por el  peticionario con el Banco de Bogotá. Por eso es a todas luces censurable la rebeldía del banco a reconocerle efectos a esta sentencia.  Como lo es también, en mayor grado, la complicidad manifiesta con dicha conducta por parte de una entidad llamada a velar por los mejores intereses del gremio, como es el caso de la Asociación Bancaria de Colombia. 6.- Creciente informatización social e insuficiente protección jurídica Un censo realizado por el DANE en diciembre de 1987 sobre el desarrollo informático en Colombia, reveló la existencia de 640 empresas oficiales que procesan datos, cifra ésta que contrasta abiertamente con las 2.535 empresas que lo hacen también en el sector privado. Teniendo en cuenta las diversas actividades económicas, es de destacar que en el sector de la agricultura,  la silvicultura, la caza y la pesca existían 70 entidades que procesan datos mientras que en la industria manufacturera lo hacen 753, en el comercio 559 y en el sector financiero 628. Por cuanto respecta a la ubicación regional, vale la pena señalar que en tanto que en Bogotá y la región central se concentra  el 68% de los recursos informáticos, en la zona pacífica el porcentaje tan solo llega al 12, y el 20% restante en las regiones atlántica oriental y los territorios nacionales. De otra parte, estudios realizados por la Embajada de los Estados Unidos para estimar el potencial del mercado de los computadores en nuestro país prospectado hacia el año de 1993, indican claramente que en cinco años la adquisición de equipos  pasó de 482 a 3.827 con una marcada tendencia al crecimiento en la demanda de microcomputadores la cual constituirá más de la mitad del mercado general de computadores, tanto en valor como en número de unidades. Por cuanto respecta a los diversos equipos importados al país y su utilización en los distintos sectores de la economía nacional, el mencionado estudio estableció también que los "main frames"  serán adquiridos principalmente por el gobierno y por los sectores financiero y manufacturero, los minis por el sector del comercio y el manufacturero y los micros por el sector financiero, el comercio, el manufacturero y el educativo.  Es de destacar también que los gastos hechos en el país por concepto de hardware  de computadores, software y servicios ascienden, respectivamente, a cerca de 270 millones de dólares, 80 y 40.[3]. De otra parte, la presencia de la informática en la sociedad colombiana se percibe también tanto a través de normas de carácter fundamentalmente técnico sobre la utilización  de sistemas de información, equipos y servicios de procesamiento de datos como sobre la formulación y aplicación de políticas en materia de sistemas de información[4]  y del servicio de transmisión o recepción de información codificada (datos) entre equipos informáticos[5]. Hace algún tiempo se reguló también la coordinación del programa de informática en el sector público INSEP.  En uno de los considerandos de la norma se deja expresa constancia de la necesidad de mejorar los procesos de gestión de la administración pública a todos los niveles, mediante la producción y uso de la información y su vinculación a la planeación  y a la toma de decisiones tanto por entidades públicas como por la comunidad en general[6]. En una investigación reciente realizada por el Centro Nacional de Consultoría con financiación de ACIS la cual abarcó específicamente los sectores del gobierno, la industria, la educación, los servicios, el comercio y la consultoría, se destaca la gran discrepancia que existe entre los resultados obtenidos en dicho estudio y los de otros con respecto a la cantidad de computadores que existen actualmente en Colombia. Se afirma que existe una enorme subestimación del número de microcomputadores[7]. Ante esta creciente informatización de la sociedad colombiana en distintas ocasiones y foros se ha puesto de presente la carencia de instrumentos adecuados en el ordenamiento nacional para proteger la libertad de los ciudadanos contra el uso abusivo de las nuevas tecnologías de información. Recientemente la voz muy autorizada de la Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al respecto en un amplio e iluminante  concepto conque creyó oportuno pronunciarse en defensa de los intereses de la comunidad ante el avance tecnológico de los sistemas y la información computarizada y cuyas siguientes conclusiones esta Sala acoge integralmente: En los países tercermundistas, como el nuestro, se ha de resaltar que al no ser productores de tecnología, siempre habrá una distancia entre la regulación jurídica, el avance científico y la afectación de la sociedad por la técnica, ello se traduce en una legislación deficiente en materia de protección de derechos personalísimos y sucesivamente desadaptada ante los progresos rápidos, permanentes y severos de la ciencia. Es posible señalar algunas conclusiones sobre la situación del país frente al manejo de la información con respecto de las personas: a) La tecnología y la informática son aún temas desconocidos por la mayoría de nuestra población. b) El acceso a esa tecnología es en verdad mínima para un grupo muy selecto de la comunidad, y los últimos adelantos son accedidos solo por las grandes empresas comerciales y financieras para su explotación económica. c) Existe una falta total de difusión y educación acerca de los progresos técnicos para la mayoría de los ciudadanos, además su alejamiento de las Instituciones Estatales, se traduce en el desconocimiento de sus más mínimos derechos, por consiguiente no se exigen. d) En el manejo de la información existe un poder concentrado que no permite la competencia en la práctica y en donde se mueven grandes intereses económicos. e) Las empresas productoras y almacenadoras de datos han venido hasta hoy operando en un ambiente de "absoluta" libertad, precisamente frente a derechos que conceptualmente no aparecían claros en la legislación vigente pudiendo ser desconocidos por la vía de la interpretación. Nuestra legislación no tiene la virtud de poder regular el tema de la intimidad y los derechos personales de los ciudadanos ante el avance informático, pues sólo se preocupó por avenirse a esa realidad normativizando el manejo de datos especialmente en el sector público para racionalizar la inversión en equipos y optimizar su utilización, dejando que los particulares manejen a su acomodo la situación específica y dejando por fuera inexcusablemente, la protección a las personas por el mal manejo o uso que se hiciera de dicha información. De otra parte el informe del señor Superintendente que se transcribió atrás refleja en buena medida la desprotección en que se halla el ciudadano colombiano. Ante esta situación se han adelantado investigaciones de carácter académico tendientes a colmar integralmente la laguna mencionada, intentos que hoy adquieren particular actualidad y relevancia en virtud de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución de 1991. En el informe final de un proyecto de investigación interdisciplinaria para la reglamentación de la reserva de los ciudadanos y la responsabilidad en el uso y almacenamiento de información que el gobierno nacional confió a la Universidad de los Andes en 1986, se deja expresa constancia de que el ordenamiento nacional vigente protege la intimidad mediante normas de distinta naturaleza y en áreas tales como la imagen, el domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, la interceptación telefónica, el secreto profesional, la salud, la reserva documental, la reserva tributaria, la reserva bancaria, la reserva sumarial, la reserva en ejercicio de funciones públicas, la reserva comercial, el secreto industrial, la seguridad del Estado y la reserva de la información estadística.  Pero también se deja constancia de que estos instrumentos de protección general son hoy manifiestamente insuficientes para proteger debidamente a nuestros compatriotas contra el uso abusivo de las modernas tecnologías de información. Por eso, como resultado final de dicha investigación, se elaboró un esquema preliminar de anteproyecto de regulación de los bancos de datos personales. El objetivo fundamental del anteproyecto de ley fue la protección de los datos personales contra toda recolección, uso, acceso, difusión y transmisión en detrimento de la intimidad de sus titulares. Y la democratización del denominado poder informático. 7.-  Uso responsable de la Informática La irrupción de nuevas tecnologías exige la creación de instrumentos jurídicos adecuados que protejan los intereses comunitarios y del ciudadano medio frente a los eventuales abusos de los titulares, directos beneficiarios de tales tecnologías y establezcan principios adecuados de responsabilidad en el manejo de los datos, vale decir, de la mayor fuente de poder y eventual manipulación de nuestra cultura contemporánea. En el siglo pasado el poder de un Estado se media en términos demográficos y territoriales; posteriormente se hizo necesario completar estos elementos con la dimensión de la riqueza de los recursos naturales y en especial de los recursos minerales. Hoy, el poder de un Estado se mide, ante todo, en términos de conocimiento. El saber necesario para hacer algo, venderlo, utilizarlo etc. ha resultado ser más importante que los insumos indispensables para producirlo. En consecuencia, el ejercicio del poder se ha desplazado del ámbito tradicional al control físico de tierras, armas, hombres, etc, al ámbito de control de la información y a través de ella, del comportamiento de los individuos. Las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías no pueden por eso ser ignoradas por la Academia comoquiera que afectan positiva y negativamente la comunidad y el entorno, determinando fenómenos y conductas concernientes a la cultura, a la convivencia social y a la suerte misma de la persona humana. Ante la emergencia de la civilización tecnológica con todas sus vastas implicaciones para la convivencia social, el Abogado no puede menos que actualizar sus conocimientos a fin de ofrecer a sus clientes los servicios profesionales especializados que demanda dicha civilización so pena de marginarse voluntaria o involuntariamente de la posibilidad de servir eficazmente a sus clientes y de comprometer seriamente su responsabilidad profesional. La comunidad, por su parte, debe desarrollar una conciencia que le permita defender eficazmente sus derechos fundamentales frente a los sutiles o descarados embates de las nuevas tecnologías y su incidencia en la vulneración de la dignidad humana. Igualmente y con mayor razón, a los titulares o empresarios de servicios tecnológicos y en particular de tecnologías de información, la naturaleza de su materia prima, vale decir, el dato, impone una diligencia especial en guarda del respeto a la dignidad humana sin que sea óbice el que existan o no relaciones patrimoniales que configuren propiedad.  Es natural que esta diligencia sea mayor cuando se trata de actividades empresariales lucrativas que crean, ingentes riesgos de vulnerar la libertad o la honra de las personas. 8.- El derecho a la información En su informe el señor Superintendente observa, frente al pronunciamiento de la Procuraduría Delegada en lo Civil proferido el 19 de Julio de 1991 (expediente 359), que la Carta garantiza tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información "cuyo rango constitucional es equivalente". Por lo cual es preciso "establecer un equilibrio entre ambos derechos" que permita respetar la libertad y la dignidad de las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial. "Este equilibrio es tanto más importante cuando se trata de una actividad como la financiera, la cual por concernir al manejo del ahorro de la comunidad cuyo cuidado depende de la ortodoxia y prudencia con que procedan las entidades del sector requiere un acervo adecuado la información en materia de evaluación de riesgo. Aquí no huelga recordar que el constituyente calificó la actividad financiera como de interés público en el artículo 335 de la Carta". Ciertamente, ya desde las labores de las Comisiones preparatorias de la Asamblea Nacional Constituyente fue visible el propósito de que el derecho a la información fuera plenamente compatible con el respeto a la intimidad de las personas pues se quiso evitar en todo momento la intromisión indebida en su vida privada[8]. Posteriormente, con la consagración expresa que se ha hecho de la dignidad humana como el valor supremo del Estado Social de Derecho, (Artículo 1o. de la Carta de 1991), la intimidad, que es una de las manifestaciones más concretas y directas de dicha dignidad, ha adquirido una posición privilegiada en el conjunto de los derechos constitucionales fundamentales. Esto implica,se reitera una vez más, que ante un eventual conflicto insuperable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad en donde no pueda ser posible un equilibrio o coexistencia, la intimidad deberá prevalecer. A manera de conclusión general, esta Sala reitera que en el presente caso no sólo no existe otro medio de defensa judicial, por las razones expuestas en su oportunidad, sino que además se ha vulnerado la intimidad, la libertad personal y la dignidad del petente mediante el abuso de la tecnología informática y del derecho de y a la información. La vulneración de tales derechos constitucionales fundamentales se materializa en la renuencia de la Asociación Bancaria de Colombia a cancelar su nombre de la lista de deudores morosos y actualizar inmediatamente la información de su banco de datos computarizado, a sabiendas de que mediante sentencia del 27 de abril de 1987 debidamente ejecutoriada, un Juez de la República declaró prescrita la obligación del señor Argüelles con el Banco de Bogotá. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. - REVOCAR  la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el día 4 de Febrero de 1992 y en su lugar, ORDENAR la inmediata cancelación del nombre del peticionario FRANCISCO ARGÜELLES NORAMBUENA de la lista de deudores morosos de la Central de Información, organizada y administrada bajo la responsabilidad de la Asociación Bancaria de Colombia. SEGUNDO.- CONDENAR a la Asociación Bancaria de Colombia a la indemnización del daño emergente causado al peticionario, en el monto que éste compruebe ante las autoridades competentes. TERCERO.- CONDENAR a la Asociación Bancaria de Colombia a pagar las costas del presente proceso, de conformidad con la tasación que para tal efecto realice el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. CUARTO.- Para los efectos de lo expuesto en la parte motiva de este fallo, DAR traslado para lo de su competencia a las honorables Salas Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, así como a la Procuraduría General de la Nación. QUINTO.- Solicitar al Procurador General de la Nación que en uso de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo del artículo 15 de la Carta y demás normas concordantes, considere la conveniencia de presentar a la brevedad posible ante el Congreso de la República un proyecto de ley que proteja eficazmente la intimidad y la libertad informática de los colombianos. SEXTO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que hayan ocurrido abusos o intromisiones arbitrarias o ilegales en la recolección, almacenamiento, tratamiento, uso y divulgación no autorizada expresamente de datos personales, por cualquier medio o tecnología, que amenacen vulnerar la intimidad y libertad informática de la persona, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991. SEPTIMO.- ENVIENSE sendas copias del presente fallo a los señores Superintendente Bancario y Director del Departamento Nacional de Estadística (DANE). OCTAVO.-  ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por la sala primera de revisión a los dieciseis   (16) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Cfr. Corte Constitucional Sala de Revisión No. 3 Sent. de Abril 3 y Mayo 6 de 1992. 2 Cfr. Kayser Pierre. La protection de la vie privée. Protection du secret de la vie privée. Económica París, 1984. pp. 9, 10. 3 Citado por Kayser. Op. Cit., p. 200 4 Cfr. Molinero César. Libertad de Expresión Privada. Editorial A.T.E., Barcelona, 1981, pp. 63, 69. Citado por Madrid Malo Garizabal Mario, Los Derechos Humanos en Colombia, Documentos ESAP, Bogotá, Abril de 1989, p. 156 5  Cfr. Roux Andre, La protectión de la vie privée dans les rapports entre l"etat et les particuliers. Económica, Paris 1983, p. 13. 6 Cfr. Roux, op. cit., p. 18. 7 Cfr. Superintendencia Bancaria, Concepto No. 91015226-0 de mayo 9 de 1991 8 Cfr. arts. 4 y 9 del reglamento. 9 Losano Mario G., Informatica per le scienze sociali Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 1985, pág. 315. 10 Ibidem, pág. 316. 11 Cfr. Losano Mario G., Il diritto publico dell'informatica, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 1986, pp. 7, 8. [1] Ibidem Op. cit.. p. 13 [2] Cfr. Losano Mario G., Il diritto dell'informatica, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 1986, pp. 7, 8. [3] Embajada de los Estados Unidos, Empresa de Investigación de Mercados Optimos Ltda., El mercado de los Computadores en Colombia. [4] Cfr. Decretos 131 de 1976 y 1160 de 1976. [5] Cfr. Decreto  2328 de 1982. [6] Cfr. Decreto 473 de 1989 [7] Cfr. ACIS, "Estudio sobre la evolución de la informática en Colombia. En : Sistemas, No. 46 pp. 4, 5. [8] Cfr. Presidencia de la República, Propuestas de las Comisiones Preparatorias. Bogotá, Colombia. Enero de 1991, pp. 226, 227, 321.

T-415-92 Sentencia No Sentencia No. T-415/92 DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana. Nuestra Constitución consagra no sólo la protección de los derechos fundamentales cuandoquiera que estén afectados por daños ambientales, sino también unos derechos del ambiente específicos -a participar en las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también un derecho fundamental al medio ambiente. DERECHOS COLECTIVOS/DERECHOS   FUNDAMENTALES/DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA/JUEZ DE TUTELA-Facultades La conexión que los derechos colectivos pueden presentar, en el caso concreto, con otros derechos fundamentales,  puede ser  de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o se haría imposible una protección eficaz. En estos casos se requiere una interpretación global de los  principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos colectivos, para fundamentar debidamente, una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión, puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural, y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza apriori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos. DERECHO AL AMBIENTE SANO/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE El cumplimiento de la ley es un derecho de estirpe constitucional  fundamental reconocido en  el artículo 40 de la Constitución. Cuando la norma incumplida consagra un derecho constitucional fundamental,  entonces el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la constitución o de la ley  "se puede  hacer efectivo mediante instrumentos tales como la tutela". Los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la población puede ser protegidos mediante  la tutela cuando  se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. SENTENCIA DE JUNIO 17 DE 1992 Ref: Expediente T-101 Peticionario: FUNDEPUBLICO. Procedencia: Juzgado Primero                                                      Superior de Tuluá-Valle. MAGISTRADO PONENTE: Ciro Angarita Barón. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por el Dr. Jesús María Sanguino en representación de Fundepúblico, por poder que a esta institución confirieran las juntas de acción comunal de los Barrios La Planta y Cocicoinpa,  localizados en el municipio de Bugalagrande en el Departamento del Valle del Cauca, contra omisiones del Alcalde del Municipio, Marino Mayor Romero, del Personero,  del Director de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle, Dr. Raúl Sardi Dorronsoro, y resuelto en primera y única instancia por el Juzgado Primero Superior de Tuluá. I. ANTECEDENTES A. HECHOS La Compañía SOCOPAV LTDA, Sociedad Colombiana de Pavimentos, suscribió contrato con la empresa PAVING S.A. con el objeto  de pavimentar las Carreteras Roldanillo-Bolivar y Roldanillo-la Unión del Departamento del Valle del Cauca. En cumplimiento de dicho contrato instaló una planta de mezcla asfáltica en terrenos pertenecientes al Departamento, situados en jurisdicción del  municipio de Bugalagrande, entre el rio de su mismo nombre y la carretera central, colindante por el nororiente y por el noroccidente con los barrios cuyas juntas de acción comunal han interpuesto la presente acción de tutela. La  planta, además,  se encuentra cerca de una fábrica de productos lácteos. Desde Agosto 2 de 1991, la planta comenzó la extracción de materiales del rio, tales como piedra y agua necesarios para producir la mezcla asfáltica, con permiso provisional otorgado por la Corporación Autónoma del Valle CVC. De acuerdo con los demandantes, se hace necesario que la Empresa SOCOPAV LTDA se retire del casco urbano  donde se encuentra ubicada, debido a que su instalación en ese sitio podría producir graves problemas ambientales, perjudicando tanto a los residentes del sector como a la empresa que se encuentra a pocos metros de ella. Así mismo, se enfatiza en la demanda que los funcionarios involucrados han actuado omisivamente al permitir el funcionamiento de la planta sin los requisitos básicos que exigen las leyes sobre sanidad ambiental, (especialmente el Decreto 02 de 1982), tales como licencia de funcionamiento expedida por la unidad de salud departamental, estudios de impacto ambiental y  utilización de mecanismos que permitan disminuir los niveles de contaminación por las emisiones atmosféricas. Agrega la demanda  que la extracción de materiales del río  puede provocar sedimentaciones en los estribos de la variante del puente de Bugalagrande. B. Decisión a revisar Correspondió conocer de la acción de tutela instaurada por FUNDEPUBLICO, a la Juez Primera Superior de Tuluá, quien después de evacuar algunas pruebas necesarias para contar con elementos de juicio y fundamentar su decisión concluyó: - Los derechos protegidos con la acción de tutela se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados. - El derecho de todos a gozar y a vivir en un ambiente sano, debe ser considerado como un derecho humano básico, prerrequisito y fundamento para el ejercicio de los restantes derechos, bajo las siguientes  consideraciones: a. Un ambiente sano es condición sine qua non de la propia vida; ningún derecho podría ser realizado en un ambiente imposible. b. El nivel de calidad ambiental es  valor esencial para asegurar la supervivencia no solamente humana sino de toda la biósfera. c. La protección de este derecho humano debe comprender la protección de otros derechos que siempre han sido objeto de tutela, tales como la vida, la integridad física, etc. - Establece que existen cuatro razones básicas que llevan a conceder la protección jurídica del derecho al medio ambiente, como derecho susceptible de ser tutelado. Estas son: a. El derecho básico a que la vida y la salud no sean lesionados o puestos en peligro a consecuencia de la contaminación  o deterioro ambiental, entendiendo la protección al medio ambiente como una extensión de la protección brindada a la integridad física y la seguridad personal. b. El derecho a un  nivel de calidad ambiental razonable  debe protegerse, así no este determinado el agente polutante o fuente  contaminadora, porque puede amenazar tanto la vida como la salud en un momento determinado. c. Existe el derecho a disfrutar del patrimonio ambiental. Aquí la protección no se dirige específicamente sobre la garantía del derecho a la vida o a la salud, sino al uso de dicho patrimonio. Como consecuencia directa de este derecho, resultan ílicitas acciones que exentas de efectos peligrosos para la vida y la salud, priven del uso y goce del patrimonio ambiental. d. El derecho a proteger la propiedad privada de eventuales daños causados por contaminación o perturbaciones ambientales. Del acervo probatorio se evidencia que se está atentando contra un derecho fundamental consagrado en el artículo 79 de la Constitución Nacional, el cual a pesar de ser colectivo, resulta vulnerado causando un perjuicio irremediable. Por lo tanto se hace necesario conceder la tutela como mecanismo transitorio contra las omisiones de los funcionarios demandados, y, en consecuencia, la juez ordenó   a la empresa SOCOPAV suspender sus actividades de mezcla asfáltica y  a los funcionarios que  impusieran los correctivos legales pertinentes. II. Consideraciones de la Corte A. La violación del derecho 1. El problema que aquí se plantea  tiene que ver con la   posible amenaza de  violación de un derecho constitucional fundamental, como consecuencia del incumplimiento  por parte de los funcionarios encargados de la aplicación  de normas  legales que aseguran la efectividad del derecho constitucional  fundamental. Entonces, con independencia del problema que consiste en saber si efectivamente se produjo una contaminación indebida, es necesario plantear la posible configuración de una violación al derecho a gozar de un medio ambiente sano, como resultado del incumplimiento de  normas que establecen procedimientos para fijar unos límites objetivos de contaminación, dentro de los cuales se considera que no existe peligro mayor para la salud. Por consiguiente, puesto que se trata de establecer la existencia de una amenaza real del derecho, no es necesaria la demostración de una violación efectiva, pues si bien su existencia ratificaría la amenaza, su inexistencia no la desvirtuaría. La demanda está fundada en la alarma social que ocasiona el hecho de no cumplirse una norma de seguridad que determina unos controles del riesgo derivados de la contaminación ambiental. Por lo tanto el interrogante acerca de si en realidad la  planta de asfalto contaminaba en exceso o no, esto es  si superaba  o no  los límites permitidos, deja de ser pertinente en este caso y en su lugar cobra interés, por un lado,  la demostración acerca de si hubo violación o no de las normas legales anotadas, y por el otro, el estudio  de la posible vinculación de dicha violación con un derecho fundamental, para saber  si procede o no la tutela. 2. Está probado en el expediente que, al momento de interponerse la tutela, la planta de mezcla asfáltica se encontraba en funcionamiento,  sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. En particular, está establecido que carecía de la AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO, expedida por la división de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca. Este requisito está contemplado en el Decreto 02 de 1982 (art. 125). 3. Por lo tanto, existen omisiones de los tres funcionarios mencionados en la demanda que contribuyeron, en mayor o menor medida, a poner en peligro eventual el derecho constitucional de los ciudadanos a un ambiente sano. En primer lugar, el Alcalde de Bugalagrande dejó de aplicar los artículos 42, 48, 50 y 132 No 1  del Código de Régimen Municipal (decreto 1333 de 1986), e ignoró también el 315 No 1 de la Constitución Nacional . Estas normas lo obligan a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, y los decretos que estén en vigor, y dentro de ese marco normativo, lo facultan para ordenar la suspensión de las obras o explotaciones que afecten la seguridad pública o perjudiquen el área urbana y tomar las medidas necesarias para que las industrias existentes, que por su naturaleza  puedan causar deterioro ambiental, sean trasladadas a otras zonas en que se llenen los requisitos legales, y, entre tanto, disponer lo necesario para que se causen las menores molestias a los vecinos. Por su parte, el personero municipal también incurrió en omisión de sus funciones, pues no hizo uso de las atribuciones que le confiere el art. 139 del Código de Régimen Municipal, como defensor del pueblo o veedor ciudadano. En particular, fueron inaplicados los numerales 1, 3, 8 y 9, que lo obligan a velar por el cumplimiento de la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y ordenes superiores en el Municipio; recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referentes al funcionamiento de la administración, al cumplimiento de los cometidos que le señalen las leyes y los relativos a la efectividad de los derechos y deberes de los administrados; promover ante cualquier autoridad o empleado todo lo que estime conveniente a la mejora y prosperidad del Municipio; y motivar a las autoridades locales a que tomen las medidas convenientes para impedir la propagación de los males que amenazan a la población. 4. Pero quizá la omisión determinante, es la de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle, en particular la de su División de Saneamiento Ambiental, que es la entidad directamente vinculada con el asunto que aquí se trata. Esta entidad, a sabiendas de que la planta carecía de la AUTORIZACION SANITARIA DE INSTALACION Y DE FUNCIONAMIENTO exigida por el art. 125 del decreto 02 de 1982 , (regulador de las emisiones atmosféricas) no ejerció la función de control e inspección que el mismo decreto le asigna (art. 179) y no tomó ninguna de las medidas para las cuales está facultada (art. 180 idem), tales  como suspender parcial o totalmente los trabajos o servicios o clausurar temporalmente el establecimiento. 5. Una vez establecida la violación de las normas por parte de estos funcionarios, la Sala entra a estudiar si ellas por si solas dan lugar a la procedencia de la acción de tutela, para lo cual es indispensable analizar la naturaleza del derecho a un ambiente sano y determinar si es o no fundamental a la luz de la Constitución Nacional. Para ello se hace a continuación una breve referencia a lo dicho sobre el tema en la Asamblea Nacional Constituyente para luego hacer algunas  consideraciones. B. El medio ambiente en la Asamblea Nacional Constituyente 6. Uno de los temas que tuvo mayor relevancia en las discusiones de la  Asamblea Nacional Constituyente fue la consagración y la protección del  medio ambiente y  los recursos naturales, puesto  que su protección estaba íntimamente ligada con el derecho  a la vida. En la Asamblea el tema ecológico  y del medio ambiente mereció la atención  de expertos de diversos sectores, como se desprende de la reseña de algunas de sus intervenciones. Partiendo del hecho de  que el medio ambiente se encuentra recogido en una normatividad con validez universal, los constituyentes se dieron a la tarea de consagrarlo y de dotarlo de mecanismos adecuados de protección. Esta preocupación fue expuesta, por ejemplo,  por el constituyente Diego Uribe Vargas quien expresó en su momento: "... de la adecuada tutela a este derecho (medio ambiente) , depende que el derecho a la vida alcance la plenitud en todo su ámbito" "... de él no son sólo titulares los ciudadanos, sino los conglomerados, dentro de las múltiples modalidades de asociación hasta cobijar  al mismo Estado ..." 1 Otros  como  el caso  Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa, propugnaron por que la Constitución garantizara los derechos esenciales de la persona humana, entre los cuales hace parte el medio ambiente sano. La importancia del medio ambiente y su consagración como un derecho fundamental también fue expuesta por la constituyente Aida Abello en los siguientes términos: "...la carta de derechos que se discute en la comisión primera, consigna el derecho que toda persona tiene como un derecho fundamental del hombre  el del medio ambiente consagrado no sólo como un problema social- de derecho social-, sino como un derecho fundamental en la parte de los derechos del hombre. Sería importante discutirlo en un contexto tanto que sea considerado como un derecho, para de esta manera determinar mecanismos de garantía. 2 El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana. Así lo entendieron en el seno de  la Asamblea, con una consecuencia inmediata que se expresó de la siguiente manera: " ... así estas circunstancias que afectan e involucran a todos los seres humanos, no pueden dejar de ser protegidos o tutelados con igual o mayor rigor  que el resto de los derechos fundamentales, y dentro de estos derechos la protección al medio ambiente tiene una importancia determinante" "La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección del medio ambiente lo hace, primero, con un objetivo programático nacional que vincule  a todos los colombianos, y segundo, como un imperativo jurídico del cual se puedan derivar efectivas acciones para la tutela de  supremo bien de la colectividad" 3 No sólo se entendió el medio ambiente como un derecho esencial de los seres humanos , sino como uno de los fines del Estado, porque de su concreción depende no sólo el desarrollo integral de la especie humana, sino también la protección de las más mínimas condiciones de supervivencia. " La protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por ese fin, y debe tender a su realización" 4 La protección del medio ambiente no sólo incumbe al Estado, sino a todos los estamentos de la sociedad; es un compromiso de la presente generación y de las futuras.  El restablecimiento de las condiciones mínimas del ecosistema no sólo garantiza la vida actual, sino la de las próximas generaciones. "Los derechos y deberes del hombre no se pueden seguir considerando con independencia a la obligación que tienen las generaciones presentes de conservar  para las generaciones futuras un patrimonio natural, como base del desarrollo. "La concepción del derecho debe desligarse de su inmediatez y de su egoismo productivista para entender la responsabilidad con el futuro de la vida. La vida no es un disfrute inmediato y pasajero, sino un proceso construido y perfeccionado durante millones de años, que el hombre no puede interrumpir impunemente" 5 Existió una gran preocupación en la Asamblea sobre la consagración constitucional del derecho al medio ambiente, como se desprende del siguiente informe de ponencia: " Lo ambiental no puede ser comprendido como un  apéndice o como un puñado de buenas intenciones encerradas en un capítulo altruista, pero cuyo contenido acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de las normas básicas que regulan la convivencia". "La crisis ambiental es, por igual, una crisis de la civilización y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y estos a su vez reproducen las condiciones de miseria"6 C. Consideraciones generales 6. La concepción jurídica de los derechos ha tenido por siglos su centro de gravedad en la idea de derecho subjetivo; esto es, en una facultad o prerrogativa otorgada por el derecho y que responde a  la naturaleza misma del hombre. Una de las implicaciones más problemáticas de las nuevas relaciones impuestas por el Estado social de derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de derechos construídos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos. Estos nuevos derechos han sido denominados con términos tales como derechos difusos o derechos colectivos, términos que ponen de presente la independencia del derecho frente al sujeto. La existencia de estos derechos plantea serios problemas técnicos al sistema jurídico, que pueden ser resumidos en la dificultad para conciliar su eficacia con los propósitos de seguridad jurídica indispensables en el  derecho. Esta dificultad se manifiesta concretamente en la delimitación del concepto de violación y de bien jurídico protegido. En el Estado liberal clásico los derechos violados eran siempre derechos del individuo; todo lo relacionado con intereses colectivos tenía trámite  en el proceso político que finalmente conducía a la elección de representantes y a la expedición de leyes. En la democracia participativa, se plantea la posibilidad de que el ciudadano, sin la intermediación de sus representantes, se convierta en vocero efectivo de intereses generales o comunitarios. Esta posibilidad representa  una ventaja democrática en relación con el sistema anterior,  en la medida en que el trámite del derecho se encuentra al alcance de los ciudadanos; sin embargo, su misma vinculación con los intereses colectivos y  por ello  mismo, su similitud con cuestiones políticas hace difícil su tratamiento jurídico. En todo caso, de esta dificultad no se puede derivar una falta de importancia: los últimos decenios de la historia mundial han puesto en evidencia el hecho de que los grandes riesgos que afectan a las comunidades -e incluso pueden poner en peligro su supervivencia- ya no se limitan a la confrontación bélica o a la dominación tiránica por parte de los gobernantes. La  dinámica misma del comercio, de la industria y en general de la actividad económica capitalista, puede convertirse en la causa de males tan graves o peores  que aquellos que resultan de la violación de derechos subjetivos. D. El Medio ambiente como derecho fundamental 7. En el ámbito internacional se discute si el derecho al medio ambiente es o no un derecho fundamental. Esta Sala de Revisión no quiere dejar de hacer rápida mención del estado de la polémica a nivel internacional,  más aún cuando el mundo siguió expectante los resultados de la conferencia global que se realizó en Brasil y en vísperas de una conferencia de similar magnitud sobre la promoción y protección de los derechos humanos en 1993. De hecho, un creciente número de instrumentos regionales y globales de derechos humanos y de constituciones nacionales (como la nueva Carta colombiana) incluyen el derecho a un ambiente sano,  entre las garantías. No hay ninguna duda de que el medio ambiente se está deteriorando y de que el fracaso para solucionar la actual degradación ambiental puede amenazar la salud y la vida humana. Algunos estudiosos del tema ven en los derechos humanos fundamentales y en la protección ambiental una representación diferenciada, pero interrelacionada, de determinados valores sociales. Esta visión sugiere, para  la protección ambiental, dos posibilidades: 1). La consagración del derecho al medio ambiente sano a través de su conexidad con otros derechos fundamentales de aplicación inmediata  y 2). La consagración de un conjunto de derechos fundamentales del ambiente. La  aplicación por conexidad se encuentra respaldada en los artículos 88 y 94 de la Carta. Esta idea, además, ha sido reconocida desde 1972 en la Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano, en la cual se establece un vínculo entre DERECHOS FUNDAMENTALES  y PROTECCION AMBIENTAL: "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad,  la igualdad y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar". La interrelación entre DERECHOS FUNDAMENTALES expresamente consagrados y LA PROTECCION AMBIENTAL ha sido realizada a nivel internacional de dos maneras: tomando esta última como prerrequisito o precondición para el ejercicio de aquellos, o como parte integral de su disfrute. En relación con la conexidad E Pigretti sostiene que: "La noción de no matar está suficientemente descrita en el código penal, pero la idea de permitir la vida no tiene un correlato semejante. Sólo mediante la aplicación de principios generales del derecho o por la extensión de las normas provenientes del derecho civil, podría considerarse posible la delimitación más o menos segura de un ámbito de protección jurídica del ser y de su integridad, considerada ésta última como la preservación de sus condiciones físicas y consecuente inalterabilidad de los sentidos."7 La segunda posibilidad se funda  en nuestro ordenamiento en el artículo 79: "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". El derecho fundamental  al medio ambiente, ha sido consagrado en diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en desarrollo de  la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir de 1980 . La Organización de Estados Americanos, incluyó recientemente el derecho al ambiente sano en su Protocolo de San Salvador ( Art. 11). En el marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de derechos humanos se han quedado cortos en declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo, en la Convención de Derechos del Niño. Además, la Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e Indígenas en Estados Independientes, de 1989, hace referencia a la protección ambiental, aunque no garantiza un derecho general al ambiente sano. Instrumentos legales internacionales relativos a normas humanitarias durante conflictos armados también contienen previsiones para proteger el ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca de un tercio de los paises del mundo  incluyen ahora alguna formulación sobre el derecho al ambiente sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este grupo pues consagra no sólo la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estén afectados por daños ambientales, sino también unos derechos del ambiente específicos -a participar en las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también un derecho fundamental al medio ambiente. ( Artículo 79). Los organismos de las Naciones Unidas responsables de asuntos de derechos humanos han empezado a considerar la interrelación entre ambiente y derechos humanos. La Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías, agregó este  tema a su agenda (1989) y  adoptó una resolución para acometer el estudio del ambiente y su relación con los derechos humanos. El informe preliminar de dicho estudio apareció  en Agosto de 1991. Es de señalar que empieza por discutir  si hay bases para afirmar que el derecho al ambiente es un derecho humano fundamental, o si el problema debería limitarse al de un derecho que se protege a través de otros derechos (conexidad). Sobre este particular observa justamente un autor que: "Los derechos fundamentales y la protección ambiental son dos de las preocupaciones fundamentales del derecho constitucional moderno. Ellos representan valores sociales diferentes pero interrelacionados por un conjunto de metas comunes. Los esfuerzos para realizarlos ambos buscan lograr y mantener la más alta calidad de vida humana. En ese ámbito, los derechos humanos fundamentales dependen de la protección ambiental y la protección ambiental depende del ejercicio de los derechos fundamentales ya existentes como el derecho a la información y el derecho a la participación  política"8 E. El medio ambiente y la intervención del juez. 8. Ahora bien, la importancia de estos derechos y su carácter difuso han hecho indispensable la invención de nuevos mecanismos de protección. En vista de la imposibilidad de prever, en abstracto y apriori, tal como lo hace la ley, la totalidad de los elementos de juicio necesarios para delimitar la violación de estos derechos, su carácter de fundamental sólo puede ser definido en concreto, con base en las circunstancias propias del caso y, por lo tanto,  esta labor le corresponde al juez. Los principios y valores constitucionales y las características de los hechos adquieren aquí una importancia excepcional. Mientras que en el caso de los derechos fundamentales de aplicación inmediata se suelen mirar los hechos bajo la óptica de la norma, en el caso  de los derechos difusos, la norma constitucional que los consagra  y  su status de derecho fundamental se descubre bajo la óptica de los valores, de los principios y de las circunstancias del caso. La conexión que los derechos colectivos pueden presentar, en el caso concreto, con otros derechos fundamentales,  puede ser  de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o se haría imposible una protección eficaz. En estos casos se requiere una interpretación global de los  principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos colectivos, para fundamentar debidamente, una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión, puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural, y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza apriori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos. F. consideraciones específicas 9. El cumplimiento de la ley es un derecho de estirpe constitucional  fundamental reconocido en  el artículo 40 de la Constitución. Ahora bien, cuando la norma incumplida consagra un derecho constitucional fundamental,  entonces el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la constitución o de la ley  "se puede  hacer efectivo mediante instrumentos tales como la tutela" 10. La producción de asfalto es una actividad industrial de riesgo para el medio ambiente y en consecuencia para la salud de los habitantes. La planta de Socopav se encontraba en zona urbana y sólo obtuvo un permiso provisional para la localización por parte del Alcalde, que luego fue revocado. Cerca a la planta  de asfalto se encontraba una fábrica procesadora de lácteos (Nestlé) que representa la principal fuente de trabajo para el pueblo de Bugalagrande.  Todas estas circunstancias justifican el temor de la población frente a una planta altamente contaminadora del aire que funciona sin los permisos debidos. De aquí se desprende el sentido de la demanda de tutela, entablada como mecanismo para la protección inmediata de un derecho constitucional fundamental: la salud de la población. 11. La  razón de ser de los requisitos impuestos para la obtención de una licencia de funcionamiento para una planta cuya actividad es contaminadora del medio ambiente, no es otra que la de la protección de la vida en general. Dichas normas parten de la base de que cierta contaminación del medio ambiente - y por consiguiente cierto perjuicio para la vida o para la calidad de la vida- es inevitable. Con base en este supuesto establecen límites de contaminación; superados estos límites se considera que el perjuicio para el medio y para la vida no es justificable y en consecuencia se imponen correctivos. 12.  Las normas de seguridad protegen contra  peligros.  En  el   caso materia de este fallo  el peligro consistía en el deterioro de la salud de la población o en la contaminación de los productos alimenticios. Existe, entonces una íntima relación entre una norma de seguridad y el bien que ella protege.  (Entre  -por ejemplo- la regla que aconseja ponerse el cinturón de seguridad y la protección del cuerpo en caso de accidente). Por lo tanto, el incumplimiento de una norma que asegura o protege un derecho pone en peligro dicho derecho. En el caso de la planta de  Socopav el temor de la población no provenía del hecho simple de la contaminación, sino de la posibilidad, de la amenaza, de que se estuviese poniendo en peligro la salud de los habitantes,  como consecuencia de la superación de los límites permitidos de contaminación en una planta sin permiso de funcionamiento, ubicada en un sitio urbano y cercano a una fábrica de productos lácteos. De acuerdo con lo anterior, las circunstancias especiales del caso (la ubicación de la planta en zona urbana, la cercanía a una fábrica de productos lácteos,  fuente esencial de empleo y estabilidad económica de la población y la naturaleza misma de la actividad contaminadora) permiten  establecer , una conexidad evidente entre el derecho a gozar de un medio ambiente sano  y otros también de carácter constitucional, a saber: - el  derecho a la salubridad (art. 49) - a  la vida (Art. 11) - al trabajo (Art. 25), - a la prevalencia del interés general (Art. 1). 13.  Por otra parte, los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la población puede ser protegidos mediante  la tutela cuando  se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo establece el artículo 6 del decreto 2591: "La acción de tutela no procederá...6. cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución política. Lo anterior no obsta para que  el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable" (resaltado adicionado). En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la providencia proferida  el 19 de Diciembre de 1991 por el Juzgado  Primero   Superior de Tuluá . Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que se omitan estudios de impacto y/o permisos de funcionamiento, por el ejercicio de actividades que amenacen contaminar el ambiente,  la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991. TERCERO. ENVIESE copia de este fallo al Señor Director del Instituto Nacional de  Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA). CUARTO. ORDENAR  que por Secretaría se comunique esta providencia al Juez Primero Superior de Tuluá  ( Valle ),  en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese,  publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta  de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por acta No 2 de la Sala Primera de Revisión,  en Santafé de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) 1 Gaceta Constitucional Número 7 pag.6 2 Desgrabaciones magnetofónicas. Presidencia de la República. Sesión de Abril 11 de 1991. Comisión V. 3 Alvaro Gómez Hurtado , Gaceta Constitucional  Número 19 pag, 3 4 Luis Guillermo Nieto Roa, Juan Carlos Esguerra. Gaceta Constitucional No 26 pags 2 5 Informe de Ponencia Gaceta Constittucional No 46 pags 4-6 6 ibidem 7 E Pigretti y otros. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL . Centro de publicaciones jurídicas y sociales; Buenos Aires, 1986 8 Dinah Shelton. Human  Rights, Enviromental Rights and the Right to Enviroment.. Stanford Journal of International Law.  Vol 23, Tomo 128. pp 103 y ss

T-418-92 Sentencia No Sentencia No. T-418/92B ACCION DE TUTELA-Titularidad/SINDICATO Están legitimados los sindicatos para demandar la tutela del derecho de sindicalización y otros consecuenciales considerados por ellos como violados respecto de la cuestión de afiliación de los trabajadores, porque, de darse la infracción repercute ello en la subsistencia de tales organizaciones, cuyo número de afiliados podría disminuírse por debajo del mínimo legal requerido para existir como tales. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES No obstante ser persona de derecho privado la parte demandada de la acción de tutela, es procedente ésta por encontrarse los Sindicatos y sus trabadores en estado de subordinación frente a ella. DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación Los derechos obtienen el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Un derecho es fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal.  Estos derechos fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser humano no sería posible. DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL/DERECHOS FUNDAMENTALES/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/JURISDICCION ORDINARIA/COMPETENCIA El derecho de sindicalización quedó expresamente reconocido como derecho constitucional fundamental en el capítulo I del título II de la Carta Política de Colombia. Este derecho no se puede seguir viendo como un simple derecho secundario, pues al ser reconocido como elemento indispensable del Estado, la sociedad y los trabajadores y componente esencial de la democracia, debe concluirse que para el constituyente, es un derecho fundamental. Es improcedente la acción de tutela cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial.  Sucede esto en efecto en el evento sub lite en que tanto la legislación laboral como la penal  proveen los correctivos jurisdiccionales para impedir que se vulnere el derecho de asociación sindical. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Tutela No. 398. Tema:        Derecho a la Asociación Sindical                                          como Derecho fundamental. Actores:     Sindicato Nacional de Trabajadores                                              de Good   Year   de    Colombia                                           -Sintragoodyear- y    Sindicato                                         Nacional  de Trabajadores de la                                                Industria Transformadora    del                                               Caucho, Plástico,   Polietileno,                                                Poliuretano, Sintéticos, Partes y                                                   Derivados de   estos    procesos -Sintraincapla-. Magistrados: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Dr. CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y dos(1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia proferida por el Juzgado Tercero Superior de Cali, el día 3 de febrero de 1992. I.       ANTECEDENTES. A.      HECHOS DE LA DEMANDA Los Sindicatos "Sindicato Nacional de Trabajadores de Good Year de Colombia" -Sintragoodyear- y "Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Partes y derivados de estos procesos" -Sintraincapla-, mediante apoderada exponen los siguientes hechos en su demanda de tutela ante el Juez Tercero Superior de Cali: El 20 de agosto de 1991 los sindicatos citados presentaron pliego de peticiones a la Sociedad Goodyear de Colombia S.A., lo que llevó a la huelga y en consecuencia y después de finalizada ésta (declarada ilegal, según aparece en el expediente, comenta la Sala), condujo a la empresa a realizar diferentes modalidades de presión para que los trabajadores no participaran del sindicato. La empresa  procedió a cancelar el contrato de trabajo o negar préstamos a quienes continuaran en el sindicato y a ofrecer prebendas como bonos de navidad o aumentos especiales a quienes no permanecieran más en el sindicato, violándose con todo ello el derecho de libre asociación (art. 38), pues, de noviembre de 1991 a enero de 1992 se han retirado del sindicato 110 trabajadores, quienes no obstante ello, quedan agradecidos con el sindicato, le desean progreso y manifiestan  que motivos ajenos a su voluntad los llevan a renunciar.  Hubo maniobras con 13 trabajadores a quienes se les presionó de igual manera y como no se desafiliaron de los sindicatos se les canceló el contrato de trabajo, violándose así el derecho del trabajo (art. 25). B.      DERECHOS VULNERADOS . En la demanda se manifiesta la violación de los siguientes derechos constitucionales: Derecho a la Asociación Sindical (art. 39) pues el impedir la vida normal de la organización sindical infringe no sólo el derecho que tienen los trabajadores a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, sino otros derechos que a renglón seguido se mencionan: Se alega violación del derecho a no ser sometidos a tratos degradantes (art.12), puesto que obligar  a un trabajador a renunciar al sindicato, el cual como el mismo considera le ha prestado beneficios, es someter a la persona a un trato humillante.  Y del derecho a la paz (art.22), pues, el mantener a los trabajadores en un conflicto sicológico, moral, económico y social, desconoce el derecho a la concordia. Igualmente se delata la violación del principio a la      igualdad ante la ley y las autoridades (art. 13), puesto que, coartar el derecho constitucional de poder agruparse en un sindicato, atenta contra el mandato de que toda persona nace libre y no puede ser discriminada por ninguna razón. Y de la libertad de conciencia (art. 18), pues, presionar para que se renuncie a la convicción del que afiliarse al sindicato da mejores condiciones de trabajo, máxime cuando se reconoce que los sindicatos lo han  hecho, infringe esta clase de libertad. Finalmente, se demanda el quebranto del derecho de asociación (art. 38),  puesto  que  el acudir al método de amenazar con cancelar el contrato de  trabajo, a quien no acceda a las exigencias del patrono en el sentido de desvincularse del sindicato, desconoce  la mentada libertad y el derecho al trabajo (art. 25). C.      PETICIONES. En la demanda se expresa que la tutela es ejercida "a fin de que se defiendan los derechos constitucionales y legales de los afiliados, así como el restablecimiento de los derechos violados  por diferentes directivos de la empresa Good Year de Colombia S.A., a los trabajadores vinculados a los sindicatos Sintragoodyear y Sintraincapla". D.      ACTUACION PROCESAL. Los Sindicatos presentaron la solicitud de tutela el día 24 de enero de 1992, ante el Juzgado Octavo Superior del Distrito Judicial de Cali, quien sometió a reparto la demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Superior de esta ciudad. Con el fin de dar trámite a la acción de tutela, el Juzgado dispuso de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, evacuar las pruebas pertinentes, para luego de ello proferir el fallo correspondiente. Dichas pruebas consistieron en la declaración de trabajadores, extrabajadores y directivos de la empresa.  Obra además en el proceso lo siguiente: Constancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Regional del Valle del Cauca, sobre que Diego Julián Ramírez y Luis Fernando Bello son representantes legales del Sintragoodyear y Sintraincapla respectivamente. Relación elaborada por la Gerencia de la Empresa, de 35 trabajadores que han presentado la carta de renuncia al Sindicato. Cartas tanto de Gustavo Moncada como de otros, de renuncia al Sindicato y en donde en términos generales y comunes exponen que por motivos particulares a la libre determinación renuncian y reconocen el apoyo y servicio brindados por el Sindicato. Comunicaciones de la misma gerencia para José Aquimín Charry y a otros, sobre la determinación de la empresa de prescindir de sus servicios. Copia de volante en donde se señala que el objetivo del sindicato deberá ser el sentirse parte de la empresa y tener mentalidad positiva, para lo cual deberá darse la desafiliación y la eliminación de los "Bad Apples". E.  FALLO QUE SE REVISA. Sentencia del Juzgado Tercero Superior de Cali. Decisión:  Negar la tutela reclamada. Consideraciones: Se argumenta por parte del Juzgado lo siguiente:  La acción de tutela no procede ni cuando existen otros medios o instrumentos judiciales, ni cuando se busca proteger los derechos colectivos mencionados en el artículo 88 de la Constitución Nacional, excepto de que se trate de impedir un perjuicio irremediable (art. 6o. No. 1o. del Decreto 2591 de 1991), ni cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado salvo que continúe la acción u omisión, caso en el cual se tienen también las acciones reparadoras a través del Contencioso Administrativo.  La acción de tutela igualmente no procede, en razón de que el afiliarse y desafiliarse a una organización sindical no es un derecho constitucional sino legal.  Además la afiliación no vincula de por vida.  Finalmente tampoco es procedente la acción de tutela, pues todo empleador tiene  el  derecho  de  seleccionar  y  escoger  a   su personal, máxime cuando para Good Year S.A. la huelga de 52 días resultó angustiosa, desmoralizante y perjudicial, lo que condujo al cierre de dos de sus departamentos (fabricación y vulcanización de neumáticos y correas automotrices industriales). Era entonces de esperarse,  que el personal que no pudo reubicarse quedara por fuera y que para dicha reubicación se estudiaran las hojas de vida de todos y cada uno de ellos. II. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 Numeral 9o. de la Constitución Nacional, y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", es competente la Corte para conocer  en revisión de la acción de tutela incoada por los sindicatos Sintragoodyear y Sintraincapla contra  "las directivas de la empresa Good Year de Colombia S.A.". III. LEGITIMACION Están legitimados los sindicatos para demandar la tutela del derecho de sindicalización y otros consecuenciales considerados por ellos como violados respecto de la cuestión de afiliación de los trabajadores, porque, de darse la infracción repercute ello en la subsistencia de tales organizaciones, cuyo número de afiliados podría disminuírse por debajo del mínimo legal requerido para existir como tales. IV.    No obstante ser persona de derecho privado la parte demandada de la acción de tutela, estima la Corte que es procedente ésta por encontrarse los Sindicatos y sus trabadores en estado de subordinación frente a ella (art. 86 inciso 5 de la Constitución Nacional y art. 42 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991). V.  CONSIDERACIONES. 1.      Derecho de asociación sindical como derecho cuya vulneración se demanda. En este proceso primordialmente se plantea la violación del artículo 39 y como consecuencia de ello, el quebranto de los artículos 12, 13, 18, 22, 25 y 38 de la Constitución Política de Colombia. Ello en atención a que los actores consideran se afectan todos esos principios, derechos y libertades, con los mismos hechos, es decir, conminando a los trabajadores con la cancelación del contrato de trabajo, a que se desvinculen del sindicato. Al respecto el texto del artículo 39 de la Constitución Nacional, señala: "Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.  Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública". 2.      Criterio para establecer si un derecho es fundamental o no. Los derechos obtienen el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Un derecho es fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal.  Estos derechos fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser humano no sería posible. Al respecto se dijo en sentencia de tutela de esta Corte Constitucional: "Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se les reconozca una dignidad -la dignidad humana- que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería discriminada, enervada y aún suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc.". 3.      Derecho de asociación sindical diferente al derecho de asociación. Como el asunto que se plantea en este caso es el derecho a la sindicalización (art. 39 C.N.) y no a la asociación (art. 38 C.N.), es preciso extenderse a concretar la diferencia entre los dos derechos. Precisión indispensable máxime cuando el artículo 39 de la Constitución de 1991, a diferencia de la de 1886 artículo 44, reconoció el derecho a la sindicalización de manera especial con la sola excepción de los integrantes de la fuerza pública.   Así entonces, el derecho a la sindicalización es diferente al de asociación en lo siguiente: 1) El derecho de asociación general corresponde a todos los hombres siempre que se persigan fines lícitos; forma parte de los derechos individuales del hombre.  El sindical o de asociación profesional corresponde sólo a los hombres que integran la relación laboral, o sea a los trabajadores y patronos. 2) El de asociación general es un derecho frente al Estado.  El de asociación sindical es, ante todo, un derecho de una clase frente a la otra, pero sin dejar de ser también un derecho frente al Estado, ya que si faltara la autonomía sindical, se llegaría a un sistema jurídico similar al de los regímenes totalitarios. 3) El de asociación sindical corresponde a la libertad de formar asociaciones para la realización de todos los fines que no sean contrarios al derecho, con excepción a los fines a que se refiere la asociación profesional.  El de sindicalización corresponde a la libertad de unirse para la defensa y mejoramiento de las condiciones del trabajo y de la economía. 4.      El derecho de asociación sindical es un derecho fundamental. El derecho de sindicalización quedó expresamente reconocido como derecho constitucional fundamental en el capítulo I del título II de la Carta Política de Colombia.  Para corroborar esta acertada calificación la Sala subraya las siguientes características de este derecho fundamental: 4.1.   Por indicación de la ley natural. El derecho de asociación sindical es inherente a la personalidad del hombre, a su simple condición de criatura humana, es decir, un derecho que le pertenece, le es inseparable y corresponde a su naturaleza. 4.2. Derecho de asociación sindical para el perfeccionamiento del ser humano.  En su anhelo de realizarse física y espiritualmente, el hombre que presta su contingente laboral al servicio de un patrono, o éste, tienen como valor altísimo la facultad de asociarse, claro está, condicionando esa libertad a las leyes y buenas costumbres.  Si el derecho de sindicalizarse y formar asociaciones  de empleadores es útil y provechoso al hombre, deben entonces reconocerse como fundamental. 4.3.   Derecho de asociación sindical para respetar al hombre trabajador como tal. Se parte de la base que el motivo de la asociación sindical  es el hombre trabajador o empleador, o sea, que se le respete como tal, sin desconocer los derechos de la persona humana, porque se negaría así misma, puesto que, en esencia el grupo social es realidad efectuada por el hombre. Efectivamente la organización sindical pretende conducir a los trabajadores, y en último término a la sociedad, hacia el bienestar, la paz, la prosperidad y la felicidad. 4.4. Derecho de asociación sindical para la realización de otros derechos y libertades. En el derecho de asociación sindical se encuentran otros derechos de los hombres que componen la organización y los intereses generales de una clase. Obsérvese como los mismos demandantes señalan entre otros el derecho a la paz y a la igualdad como igualmente vulnerados o amenazados a través del quebrantamiento del derecho a la sindicalización. El Sindicato además de ser método representativo y vía de participación pública, es una institución jurídica en cuyo ámbito puede realizarse un determinado derecho o libertad. En él se pueden verificar  el derecho a ser libres (art.13), igualmente el derecho a una remuneración mínima vital y móvil (art. 53), derecho al trabajo (art. 25), derecho de asociación (art.38), derecho a la capacitación laboral (art.54), derecho de negociación colectiva (art.55), y derecho a la participación democrática en las diferentes instancias de la gestión pública  la cual según lo dispone la misma Constitución, puede lograrse por intermedio de asociaciones sindicales (art.103). 4.5.   Derecho de asociación sindical para la realización de la justicia social dentro de la sociedad actual. El sindicalismo es una institución real de la sociedad contemporánea. Sociedad donde la noción del sindicato no es un producto histórico y meramente ideológico o político, sino un instrumento práctico para el planteamiento de los problemas que la misma sociedad ofrece al individuo dentro de las relaciones económicas. Habiéndose destacado que el derecho de asociación sindical es fundamental, sólo resta por decir que esta apreciación es vigorisada por la  significación y universalidad que a él le dan en primer lugar la Asamblea Nacional Constituyente y también los instrumentos y convenios internacionales. 4.6.   Por indicación del Constituyente de 1991.  Como se observa en el informe de ponencia ante la Comisión Quinta sobre el tema de la asociación sindical y que obra en la Gaceta Constitucional No. 45, el Constituyente previa consideración de esta forma de asociación como un derecho sindical y de la democracia como elemento esencial para el desarrollo y consolidación del Estado, la sociedad y las personas, señala que "los derechos sindicales son parte integrante de los derechos humanos y éstos,  a su vez, son factores esenciales e indivisibles de la democracia". Anota el constituyente que "las empresas y los sindicatos se tienen que ver como instituciones importantes de la democracia,  en  relaciones  que  se complementan, donde los sindicatos  se preocupan por el presente y el futuro de las empresas y a su vez, el Estado y los empresarios contribuyen para que los sindicatos sean organismos respetados y escuchados por el conjunto de la sociedad". Tanto de ese contexto como de muchos otros, también esparcidos en las actas  sobre el artículo 39 de la Constitución Nacional, se establece que el derecho a la sindicalización  no se puede seguir viendo como un simple derecho secundario, pues al ser reconocido como elemento indispensable del Estado, la sociedad y los trabajadores y componente esencial de la democracia, debe concluirse que para el constituyente, es un derecho fundamental. 4.7.   Por indicación de los convenios internacionales. Observando no sólo el numeral cuarto del artículo 23 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, el cual dispone que "toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses",  sino también las disposiciones de los convenios  y   recomendaciones internacionales del trabajo, se desprende que en la órbita internacional, el derecho a la sindicalización es considerado como un derecho principal y necesario del ser humano. No sólo el gran origen de los derechos constitucionales fundamentales,  como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también la principal fuente internacional del derecho laboral como son los convenios internacionales aprobados por la Organización Internacional del Trabajo consagran "el derecho de asociación para todos los fines que no sean contrarios a las leyes, tanto para los obreros como para los patronos". La  Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerando de una parte que los pueblos de la Organización "se declaran resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad", y de otra parte que "el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad", consagró en sus artículos 20 y 23 lo siguiente: Artículo 20 No. 1o.  "Toda persona tiene derecho a la  libertad de reunión y asociación pacífica". No. 2o. "Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación". Artículo 23 No. 4o.  "Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses". La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá, 1948, por la Novena Conferencia Internacional, considerando entre otras cosas, que "Los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente" consagró en su artículo XXII lo siguiente:  "Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos  de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden". La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, aprobada en Río de Janeiro, 1947,  estableció en su artículo 26 lo siguiente:  "Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, raza, credo o ideas políticas, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, que, a su vez,  puedan federarse entre sí". El Convenio número 98 de la O.I.T (1948), aprobado por el Congreso colombiano a través de la ley 27 de 1976 establece en su artículo primero que "los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, y b) Despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo". El Convenio número 87 de la O.I.T. (1948), aprobado por Colombia mediante la Ley 27 de 1987, en su artículo 2o. sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización, reconoce el derecho fundamental de los trabajadores y de los empleadores de establecer organizaciones profesionales.  Por esta razón, los órganos de control de la O.I.T. han dictaminado que infringe el Convenio toda legislación nacional que deniegue o restrinja el reconocimiento del derecho de sindicalización de ciertos grupos, ya sea en razón de su profesión u otros criterios. 5.      Improcedencia por existir otros medios de defensa judicial. Como se desprende de las peticiones y hechos de la demanda, todos ellos van dirigidos a plantear que el empleador, utilizando distintos procedimientos indebidos atenta contra el derecho de asociación sindical de sus trabajadores (art. 38) y por ello, desconoce consecuencialmente los derechos de asociación  (art. 39 ib.), de igualdad ante la ley (art. 13 ib.), de libertad de conciencia (art. 18 ib.), a la paz (art. 22) y a no ser sometidos los trabajadores a tratos degradantes. Según el artículo 6o. No. 1. del Decreto 2591 de 1991 es improcedente la acción de tutela cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial.  Sucede esto en efecto en el evento sub lite en que tanto la legislación laboral como la penal  proveen los correctivos jurisdiccionales para impedir que se vulnere el derecho de asociación sindical. En efecto, el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo denominado "Protección del derecho de asociación", subrogado por el artículo 39 de la Ley 50 de 1990 previente lo siguiente: "1. En los términos del artículo 292 del Código Penal, queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. 2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cinco (5) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Considéranse como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador: a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios; b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales; c) Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; d)  Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir  o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y e)  Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta norma". El artículo 292  del Código Penal titulado "Violación de los derechos de reunión y asociación" dice: "El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítima, incurrirá en arresto de uno (1) a cinco (5) años y multa de un mil a cincuenta mil pesos". El estatuto criminal prevé el delito de "violación de los derechos de reunión y asociación" y lo tipifica sobre las conductas  de obstruir o perturbar los derechos que otorga el ordenamiento del trabajo o de desquitarse por razones de huelga, reunión o asociación legítima. Y según el artículo 14 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal que en breve entrará en vigencia, art. 16 del Decreto 0050 de 1987 "las autoridades judiciales están obligadas a adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados" (Subraya la Sala). Quiere ello decir que la acción penal sí ofrece, en caso de hallarse que se incurre en el delito contra la asociación sindical, la solución de volver las cosas al estado anterior, es decir, que se constriña al empleador a reafiliar al sindicato a los trabajadores, que así lo quisieren y que fueren ilícitamente separados del mismo. Del mismo modo y en cuanto hace a los trabajadores que hubieren sido víctimas de actividades  perturbadoras de su derecho de asociación sindical, advierte esta Sala que tal conducta le está vedada al empleador por el artículo 59 No. 4o. del Código Sustantivo del Trabajo que no le tolera "limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación".  Y si ello ocurriere es causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa por parte del asalariado (art. 62 b) - 8 ib.), lo cual da derecho a las indemnizaciones económicas contempladas en el artículo 64 ib., subrogado por el artículo 6o. de la Ley 50 de 1990. Como se ve, existe doble vía de carácter jurisdiccional para hacerle frente a cualquier violación del derecho de asociación sindical: Una de índole laboral y otra de naturaleza penal. Obsérvese además que el catálogo de comportamientos sancionables administrativamente con multas, aunque no ostenta la condición de judicial, es de amplio espectro y expedita utilización. Dentro de esos comportamientos se encuentran las actividades que los demandantes puntualizan como infringidoras del derecho de asociación sindical, a saber: De un lado está la obstrucción o dificultad de afiliación a una organización sindical que ejerza el empleador y ello a través de mercedes o promesas, o condicionamiento de que no haga la afiliación a la concesión de mantenimiento del empleo, otorgándole mejoras o beneficios. Constituye también acto atentatorio contra el derecho de asociación el despido, la suspensión o alteración de las condiciones de trabajo de asalariados pertenecientes al sindicato, con el fin de no permitir el desempeño de dicho derecho. Según el artículo 53 de la Carta Política, los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Ello es aplicable al Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al derecho de sindicalización y de negociación colectiva, aprobado por la Ley 27 de 1976 y ratificado por el Gobierno Nacional el 16 de noviembre de 1976, y el cual contempla las mismas o similares conductas del artículo 354 del C. S. del T., infringidoras del derecho de asociación sindical. Debe advertirse también que las normas laborales y penales que amparan el derecho sindical son de orden público y de derecho público y por ello no pueden ser objeto de acuerdo y disposición por las partes. De ahí que una conciliación laboral o de otra índole que desconociera una u otra normatividad se tendría por no escrita y de ninguna manera sería vinculante para el trabajador o el sindicato, que quedarían libres para actuar judicialmente. En mérito de lo expuesto la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA: Primero: Confirmar la sentencia del Juzgado Tercero Superior de Cali, del día 3 de Febrero de 1992, mediante la cual se negó la tutela solicitada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Good Year de Colombia S.A. -Sintragoodyear- y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Partes y Derivados de estos procesos -Sintraincapla- alegando vulneración del derecho de sindicalización y otros, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo. Segundo:  Comuníquese al Juzgado Tercero Superior de Cali, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. COMUNIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente CIRO ANGARITA BARON              JAIME SANIN GREIFFFENSTEIN Magistrado Magistrado -Con salvamento de voto- Salvamento de voto a la Sentencia No. T-418 de Junio 19 de 1992 DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL/ACCION DE TUTELA/PRINCIPIO DE EFICACIA/PRINCIPIO DE INMEDIATEZ/DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección (Salvamento de voto) Los derechos constitucionales fundamentales consagrados en la Carta de 1991 poseen todos una autonomía tanto ontológica como axiológica que no permite atribuírles para ningún efecto el carácter simplemente accesorio de unos frente a otros, tal como parecen creerlo los que suscriben la sentencia mayoritaria. La existencia de otro medio judicial de defensa en un caso determinado, no releva al Juez de su obligación de otorgar protección inmediata específica a los demás derechos vulnerados, acorde con su naturaleza y los principios de celeridad y eficacia. Sin que sea de recibo en modo alguno argüir que otorgada protección a uno de tales derechos, lo estarán igualmente, de contera, todos los demás vulnerados o amenazados. La protección de los derechos fundamentales debe ser no sólo eficaz sino inmediata. DEL DICHO AL HECHO Ante la persistencia y profundización de una manera bien peculiar de concebir tanto el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales como los instrumentos adecuados de protección, en aras de la fidelidad al texto y espíritu de la Carta vigente, me veo obligado a expresar los motivos por los cuales me separo de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala de Revisión No. 6 en relación con el caso de dos sindicatos que impetran la acción de tutela para amparar el derecho de asociación sindical. PRIMERO.- No puedo menos que celebrar y compartir el reconocimiento expreso que hacen mis colegas del derecho a la asociación sindical como derecho constitucional fundamental y de la plena legitimación de los sindicatos para interponer la acción de tutela. Frente a las manifiestas vacilaciones de algunos falladores de instancia, esta doctrina constitucional tendrá carácter obligatorio para las autoridades de la República, en los términos del Artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. SEGUNDO.- Reitero mi disentimiento absoluto con la visión englobante y unidimensional del problema laboral que se desprende tanto de esta providencia como de la T-407 (ver salvamento de voto) y que conduce a negar la acción de tutela arguyendo la existencia de otros medios de defensa judicial. Dicha visión llevó a mis colegas a no detenerse un momento siquiera a considerar que los diversos actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical por parte del empleador que constan en el expediente (Folios 114, 176, 177, 180, 183, 187, 201) podrían también haber vulnerado otros derechos autónomos tales como los de un trato humano y no degradante, la igualdad, la libertad de conciencia y el trabajo en condiciones dignas y justas. La decisión mayoritaria es tanto más sorprendente cuanto que en un documento denominado "Lista de sugerencias de los jefes de áreas" que obra en el expediente (y no consta que haya sido expresamente desautorizado por las directivas de la empresa) se habla sin tapujos de eliminar las "bad apples" (sic) o manzanas podridas para referirse en forma por demás despectiva a aquellos trabajadores que en opinión de los supervisores tengan bajos niveles de eficiencia o altos niveles de ausentismo; igualmente, se trazan en él objetivos tales como los de competir con el Sindicato para rescatar y atraer a los trabajadores o crear un fondo de ahorro exclusivamente para el personal no sindicalizado. Es claro que por su propia naturaleza tales objetivos no constituyen precisamente la expresión más lograda del respeto a la dignidad humana del trabajador, al derecho a la asociación sindical o a la igualdad. Por eso lamento que en la providencia de la cual me separo no se hayan tomado medidas conducentes a establecer la eventual vulneración de algunos derechos constitucionales fundamentales o la simple amenaza a los mismos, de acuerdo con la filosofía en que se inspira el artículo 86 de la Carta. De otra parte, sabido es que esas conductas del empleador están expresamente prohibidas tanto en el Convenio 98 de la OIT, ratificado por la ley 27 de 1976, como en el artículo 292 del Código Penal vigente. No obstante, en la parte resolutiva de la sentencia T-418 no aparece, como fuera de esperarse, un llamado a las autoridades competentes en el sentido de investigar hasta sus últimas consecuencias todas las posibles violaciones de la ley. TERCERO.- Tampoco en la aludida providencia se hace el más mínimo reparo al fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Superior de Cali, el 3 de febrero del presente año, pese a que en él se ignora la naturaleza constitucional del derecho de asociación sindical y la legitimación que tienen las personas jurídicas para impetrar la acción de tutela. El fallador de instancia creyó necesario, en cambio, dedicar una buena parte de su providencia a amonestar a las directivas de los sindicatos por haber instaurado la acción de tutela y decretado una huelga de 52 días de duración que en su opinión sólo produjo perjuicios patrimoniales a sus afiliados. Tanto estas críticas como las cifras que las respaldan coinciden significativamente con las apreciaciones del abogado de la empresa expuestas en su memorial de impugnación de la tutela (Folios 193, 194 y 373). El fallador acusa una evidente desconfianza, prevención y subestimación de la tutela, como si no se tratara del más eficaz instrumento constitucional consagrado para proteger los derechos fundamentales. Una cuidadosa revisión del expediente permite advertir también que la amplia intromisión del Juez de instancia en los predios propios del sindicato sigue la misma línea que le permite al apoderado de la empresa calificar como "trabajadores inteligentes" o "sensatos" (en opinión del juez) a aquellos que se desafiliaron masivamente de las organizaciones sindicales (Folios 194, 373). En abierto constraste con lo anterior, el Juez de instancia dedica sólo pocos párrafos a afirmar, sin sólido sustento, que no surge por parte alguna vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los peticionarios. Reitera sus críticas contra ellos por haber iniciado la acción de tutela, actuación ésta que estima no sólo no muy ortodoxa sino destinada a "presionar a la empresa Good Year de Colombia S.A. y a colocar en solfa a sus Directivos"(Folio 373). CUARTO.- Reitero una vez más mi profunda convicción de que los derechos constitucionales fundamentales consagrados en la Carta de 1991 poseen todos una autonomía tanto ontológica como axiológica que no permite atribuírles para ningún efecto el carácter simplemente accesorio de unos frente a otros, tal como parecen creerlo los que suscriben la sentencia mayoritaria. Siendo esto así, es claro también que la existencia de otro medio judicial de defensa en un caso determinado, no releva al Juez de su obligación de otorgar protección inmediata específica a los demás derechos vulnerados, acorde con su naturaleza y los principios de celeridad y eficacia. Sin que sea de recibo en modo alguno argüir que otorgada protección a uno de tales derechos, lo estarán igualmente, de contera, todos los demás vulnerados o amenazados. La protección de los derechos fundamentales debe ser no sólo eficaz sino inmediata. Es por eso que esta Corte ha considerado necesario poner de presente que: "El otro medio de defensa judicial a que alude el art. 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que por su naturaleza, tiene la acción de tutela, de no ser así, se estaría haciendo simplemente una burla y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda que el otro medio de defensa judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta pues con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la acción de tutela."1 QUINTO.- Por todo lo anterior y habida consideración de que la sentencia que no comparto niega la tutela solicitada por los dos sindicatos, luego de exponer en detalle 7 argumentos que llevan a concluír que la asociación sindical es derecho constitucional fundamental y dejar en el ánimo desprevenido del lector sembrada la duda de que el empleador pudiera haber realizado actos atentatorios contra tal derecho, bien cabe afirmar que se tomó partido abierto en favor de la eficacia meramente simbólica, tal como se desprende de la evidente disociación entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo. En efecto, mientras en la primera se echa mano de todos los recursos retóricos para reconocer y elogiar la Carta de los derechos, a renglón seguido y sin vacilación alguna ellos se aplican restrictivamente en la parte resolutiva. Se proclama, pues, generosamente el derecho en abstracto y se lo aplica avaramente en concreto. Es por ello que el trabajador tiene motivos para pensar que de esto al escarnio hay la misma distancia que separa el dicho del hecho... CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. 414 Sala de Revisión No. 1 pág. 15.

T-419-92 Sentencia No Sentencia No. T-419/92 DERECHO A LA INICIATIVA PRIVADA/DERECHO A LA LIBRE EMPRESA/DERECHO A LA PROPIEDAD/LIBERTAD ECONOMICA El Secretario de Hacienda desconoció  el principio de libertad económica y de contera el derecho a la propiedad privada al exigir un requisito que la ley de su parte no establece, esta medida constitucional, cabalmente va dirigida a extirpar esta abusiva práctica de abrumar al ciudadano de constancias, certificaciones y requisitos no previstos por el legislador sino ideados por la administración y que en vez de facilitar la actividad de ésta muchas veces la entorpece, porque tal obstaculización puede resultar en que el servicio público que se supone debe prestar eficientemente y con la debida expedición, termine  no suministrándose o suministrándose tardíamente, después de haberle causado al súbdito incomodidades y desgaste de tiempo, energías, dineros y aún perjuicios. DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación/DEBIDO PROCESO-Violación Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le reconozca una dignidad  -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales  ésta se vería  discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.     Son los  derechos  fundamentales  que  le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación  y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre  asociación y a formar sindicatos, etc. DEBIDO PROCESO/DERECHO DE PETICION/IMPUESTO PREDIAL-Paz y salvo/REMATE DE INMUEBLES-Aprobación/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE La figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. El proceder del Secretario de Hacienda violó el debido proceso administrativo consagrado para el derecho de petición, causando de paso un perjuicio inminente  a  la peticionaria, como quiera que el paz y salvo por concepto del impuesto predial, es requisito  esencial para la aprobación del remate de los bienes inmuebles, sometiendo de paso a la actora, a las sanciones previstas en el inciso 3o. del artículo 529 del Código de Procedimiento Civil.  Se configura en esta forma un perjuicio irremediable para el accionante de la tutela, al determinar éste que "vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el juez improbará el remate y decretará la pérdida de la suma depositada para hacer postura a título de multa". Es cierto que había otro medio de defensa judicial como son las acciones contencioso administrativas y que la vía gubernativa se había agotado a través de la negativa verbal, persistente y reiterada del funcionario competente para expedir el paz y salvo.  Mas  al  prolongarse en el tiempo tal expedición, se le hubiera causado a la peticionaria un perjuicio económico irreparable, pues a  más de perder la propiedad del bien rematado, se hacía acreedora a una multa por parte del despacho judicial. SALA DE REVISION No. 6 Proceso: Tutela No. 355. Ref.: Acción    de  tutela   contra                                              actuación del  Secretario de                                              Hacienda  del Municipio  de                                           Envigado. Tema:        Amenaza contra el Derecho a la                                           Propiedad. El Derecho al Debido Proceso                                            como Derecho Fundamental. Inaplicación del artículo 82                                       del Código Catastral de Antioquia. Demandante: ANGELA MARIA MEJIA MESA. Magistrado Ponente: SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Envigado ( Antioquia ) el 16 de diciembre de 1991. I.       ANTECEDENTES. Con fundamento  en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. Con base en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. A.      HECHOS. 1.      En el Juzgado Civil del Circuito de Envigado (Antioquia), se encuentra cursando su trámite normal un proceso de ejecución hipotecaria  de Hernán Antonio Palacio Roldán, contra Teresita Soraya Marín Quintero. 2.      Previo el trámite legal, ese despacho judicial convocó  a  diligencia de remate el día 28 de noviembre de 1991, para que mediante subasta pública se le adjudicaran los bienes materia de este proceso. 3.      En este orden de ideas, dando cumplimiento al artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, se adjudicó el local número 177 de la carrera 43 A No. 27 A-S-86, situado en el nivel A del Centro Comercial la Casona de  Envigado  a  la señora  Angela  María  Mejía    Mesa,   identificada  con cédula de ciudadanía número  21.331.286 de Medellín,   en  su  condición  de   única  postora dentro del  remate  jurídico  de  la  referencia   por  valor de $ 1.400.000.oo. 4.      La afectada por el remate señora Teresita Soraya Marín Quintero, a la fecha del remate, es propietaria de varios predios dentro de la jurisdicción del municipio de Envigado, bienes inmuebles por los cuales estaba en mora en el pago del impuesto predial, incluyendo el local rematado. 5.      La señora Angela María Mejía Mesa solicitó  a la Secretaria  de Hacienda Municipal de Envigado, en fecha que no se precisa  en el expediente, la cuenta por concepto de impuesto predial y complementarios, adeudados por Teresita Soraya Marín Quintero, a lo cual se le contestó que  ésta era propietaria de dos predios más, por los cuales debía cancelar el impuesto correspondiente a efecto de expedirse el paz y salvo. 6.      Mediante oficio número 514/6265 de 3 de diciembre de 1991, el Secretario del Juzgado Civil del Circuito, solicita al Secretario de Hacienda Municipal de Envigado, la posibilidad de recibirle el valor correspondiente al impuesto del predio rematado para obtener en esta forma el paz y salvo predial del inmueble rematado y adjudicado a Angela María Mejía Mesa. 7.      El Secretario de Hacienda de Envigado da contestación al Secretario del Juzgado Civil del Circuito en oficio de 4 de diciembre de 1991 en los siguientes términos: "En atención a su oficio No. 514/6265 del 3 de los corrientes, me permito transcribir a usted textualmente, el contenido del artículo 82 del Código Catastral de Antioquia: ""El paz y salvo catastral consiste  en la atestiguación de las autoridades catastrales, de que el contribuyente ha pagado en su totalidad el impuesto predial  que deba en cada municipio, sobre todos los predios que le aparezcan en los registros catastrales"".   Situación que me impide la recepción del  dinero  que corresponde al predio citado y por ende la expedición del paz y salvo correspondiente.  Atentamente Diego León Osorio Cespedes". B.      ACCION DE TUTELA. 1.      Así las cosas Angela María Mejía Mesa, viendo que había encontrado obstáculos para la obtención del paz y salvo por concepto del impuesto predial sobre el bien inmueble  rematado por ella, según acta de remate del 28 de noviembre de 1991, actuación jurídica emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Envigado, otorga poder al abogado Juan Fernando Mejía Mesa, para que a nombre de ella y en su representación, inicie la acción de tutela a fin de que se ordene a la Secretaría de Hacienda de Envigado, le expida el paz y salvo por concepto del impuesto predial y complementarios, del bien inmueble local No. 177 de la carrera 43 A No. 27 A-S-86 del nivel A del Centro Comercial La Casona de Envigado. 2.      El apoderado de la parte actora presenta la acción de tutela en diciembre de 1991, en  el Juzgado Civil del Circuito de Envigado, alegando como hecho fundamental, la negativa de las autoridades municipales de Envigado, concretamente de la Secretaría de Hacienda, para expedirle su paz y salvo predial, del inmueble cuya nomenclatura se ha citado e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-447688 y número predial 30431 del perímetro urbano del municipio de Envigado. Señala que para el presente caso resulta improcedente el pago por la totalidad de los predios que posea la persona titular del bien inmueble rematado, actuación violatoria del artículo 1o. del Decreto 2088 de 1941 y termina su alegato manifestando que este proceder de la administración municipal de Envigado, viola indirectamente el derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. En la solicitud de tutela la accionante pide textualmente: "Ordenar a la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado, que previo el pago de los impuestos prediales que deba el local No. 177 de la carrera 43 A No. 27 A-S-86, situado en el nivel A del Centro Comercial la Casona de Envigado y cuyo titular es la señora Teresita Marín Quintero, expedir el paz y salvo predial a la señora Angela María Mejía Mesa". 3.      El Juzgado Civil del Circuito de Envigado mediante providencia del 9 de diciembre de 1991, accede a dar trámite  a  la  tutela propuesta por Angela María Mejía Mesa y ordena requerir al Secretario de Hacienda Municipal de Envigado doctor Diego León Osorio Cespedes para  que  informe al Juzgado si la señora Angela María Mejía Mesa, por sí o por mandatario solicitó en esa Secretaría la expedición del paz y salvo del impuesto predial previo el pago del valor correspondiente al inmueble objeto del remate por parte del despacho judicial e igualmente informar por qué para la administración municipal, prima en este caso, el Código Catastral de Antioquia ante el Decreto 2088 de 1941. En el mismo escrito el Juez le da un término de 2 días al Secretario de Hacienda para dar respuesta a su solicitud. El Secretario de Hacienda  Municipal en escrito fechado el 11 de diciembre pasado, le contestó al Juez Civil del Circuito de Envigado, manifestándole que efectivamente a ese despacho se había presentado Angela María Mejía Mesa a quien no se le había expedido el paz y salvo predial por los argumentos conocidos dentro del expediente, sin llegar a concretar sobre otras decisiones que le hiciera el Juzgado. 4.      En este orden de ideas, mediante providencia del 16 de diciembre de 1991, el Juzgado falló la tutela en favor de la demandante Angela María Mejía Mesa, precisando que el Secretario de Hacienda Municipal había violado con su actuación el debido proceso en los términos establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Manifiesta el despacho judicial que la Secretaría de Hacienda Municipal contradice el espíritu del  artículo 1o. de la Ley 33 de 1896 en lo pertinente a la obtención del  paz  y  salvo por concepto del impuesto predial respecto de la propiedad raíz como en este caso concreto, el bien inmueble rematado. En la parte resolutiva el Juzgado ordena al Secretario de Hacienda Municipal recibir el pago del impuesto predial y expedir el comprobante de paz y salvo en relación única y exclusivamente con el inmueble objeto del remate y se le da un plazo de 48 horas para expedir el citado documento, con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 23 y 29 del Decreto 2591 de 1991. La decisión del Juez de tutela, fue notificada a las partes dentro de los términos establecidos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, el día 17 de diciembre de 1991, y el 18 de ese mismo mes y año, el Secretario de Hacienda del municipio de Envigado expidió el certificado de paz y salvo número 19158 por concepto del impuesto predial y complementarios al predio local 117 de la carrera 43 A No.27 Sur 86 Centro Comercial la Casona. El fallo no fue impugnado dentro de los términos consagrados en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siendo remitido en esta forma para la revisión de la Corte Constitucional. II.      COMPETENCIA. Es competente la Corte para revisar el presente fallo de tutela y ello con fundamento en lo previsto en   el artículo 86 inciso 2o. y 241 No. 9o. de la Constitución Nacional, en consonancia con los artículos 33 y 34  del Decreto 2591 de 1991. III.    CONSIDERACIONES. En el presente caso se trata de una acción de tutela instaurada contra una autoridad pública, por cuanto la parte demandada es la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado, calidad que le otorgan el inciso final del artículo 115 en concordancia con los artículos 286 y 287 de la Constitución Nacional. Esta Sala de Revisión, teniendo en cuenta los hechos relatados considera que los temas, materia de la presente controversia jurídica, que serán resueltos, son: 1.      De conformidad con las normas que regulan el impuesto predial, establecer si era procedente expedir el paz y salvo por ese concepto, únicamente por el bien objeto del remate. 2.      Desconocimiento de los derechos a la libertad de empresa y la propiedad privada. 3.      Actuación del Secretario de Hacienda del Municipio frente al debido proceso y el quebranto de este derecho. Se desenvuelve el temario anterior así: 1.      EL PAZ Y SALVO SE EXIGE UNICAMENTE RESPECTO DEL BIEN REMATADO. A.      Petición para obtener el paz y salvo. La señora Angela María Mejía Mesa, rematante del bien inmueble   local  No.  117 de la carrera 43 A-S -86 del nivel A del centro comercial La Casona de Envigado, presentó su solicitud verbal al funcionario competente para la expedición del paz y salvo. Elevó su petición ante el Secretario de Hacienda Municipal de Envigado, según lo confirma este funcionario en escrito fechado el 11 de diciembre de 1991, negándosele su solicitud en forma verbal porque según concepto del Secretario, la titular del bien rematado debía el impuesto de otros inmuebles, los cuales tenía que cancelar en su totalidad para expedirle en esta forma el certificado de paz y salvo por concepto del impuesto predial. La solicitud se hizo ante el funcionario competente, ya que el impuesto predial es del orden municipal y está consagrado en los artículos 173 y siguientes del Decreto 1333 de 1986, norma que indica que "las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles". El Consejo de Estado en sentencia de 21 de septiembre de 1971, expediente No. 1490, con ponencia del Consejero Lucrecio Jaramillo Vélez dijo:  "El impuesto predial es una carga que recae sobre las personas en razón de sus propiedades raíces como resulta de las disposiciones jurídicas que las crearon y que lo regulan". Fue la petición de Angela María Mejía Mesa, una petición en ejercicio de su derecho, realizada ante el funcionario competente, petición que fue negada de acuerdo con la interpretación del Decreto 088 que hizo el Secretario de Hacienda de Envigado. B.      Normas que regulan la expedición del paz y salvo. Se tiene: El artículo 1o. del Decreto 2088 de 1941 señala: "En los Departamentos donde esté establecido el impuesto directo sobre la propiedad raíz, los jueces deberán exigir para la aprobación de los remates, el comprobante de paz y salvo de que trata el artículo 1o. de la Ley 33 de 1896". Y el artículo citado de la Ley 33 expresa:  "En los Departamentos en donde esté establecido el impuesto directo sobre la propiedad raíz, los notarios o los que hagan sus veces, no prestarán su oficio en el otorgamiento de instrumentos que graven o cambien la propiedad de fincas raíces, sin que se les presente por los interesados el comprobante de que la finca o fincas a que el instrumento va a referirse están a paz y salvo con el respectivo Tesoro Departamental por lo que les corresponde por impuesto directo hasta la fecha del mismo otorgamiento". De la lectura de las normas transcritas, se observa que ellas hacen relación específica a las diligencias de aprobación de remates de fincas raíces y que el paz y salvo por concepto del impuesto  predial  tiene que ver específicamente, con el bien raíz rematado, no se predica respecto de la propietaria o titular del bien inmueble. Esta situación halla su razón de ser en el hecho de que el objeto del impuesto predial son los inmuebles, los cuales se identifican por su cédula catastral.  Es más, por esa identificación y particularización, el impuesto predial se establece teniendo en cuenta cada inmueble y en igual forma se expide el paz y salvo. 2.      DERECHOS A LA INICIATIVA PRIVADA Y A LA LIBRE EMPRESA ; Y A LA PROPIEDAD PRIVADA. SU QUEBRANTO. El Secretario de Hacienda desconoció  el principio de libertad económica del artículo 333 de la Carta Política y de contera el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 58 ibidem. En efecto: Contempla el artículo 333 la garantía a la iniciativa  privada y a la libre empresa morigerada por el interés social.  Dice esta norma: "La actividad económica y la iniciativa  privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización  de la ley. (Subraya la Sala). La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.  El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación". El Secretario de Hacienda entonces al exigir un requisito que la ley de su parte no establece, transgredió el susodicho artículo 333 en la parte que se ha dejado subrayada. Y ello no es nuevo en nuestro país, esta medida constitucional, cabalmente va dirigida a extirpar esta abusiva práctica de abrumar al ciudadano de constancias, certificaciones y requisitos no previstos por el legislador sino ideados por la administración y que en vez de facilitar la actividad de ésta, muchas veces la entorpece, porque tal obstaculización puede resultar en que el servicio público que se supone debe prestar eficientemente y con la debida expedición, termine  no suministrándose o suministrándose tardíamente, después de haberle causado al súbdito incomodidades y desgaste de tiempo, energías, dineros y aún perjuicios.  Se sigue de esta infracción al artículo 333, la del artículo 58 que consagra el derecho constitucional  a la propiedad privada, pues, según el artículo 529 inciso 3o. del Código  de  procedimiento  Civil, el  vencimiento  del término para hacer la consignación del precio por parte del rematante y el pago del impuesto, traen como consecuencia la improbación del remate, la pérdida de la suma depositada para hacer la postura, a título de multa, y obviamente la no adjudicación del bien en el evento sublite, a la demandante de tutela, Angela María Mejía Mesa. Corría ésta así el riesgo de ser privada del derecho a la propiedad  del inmueble en cuestión.  Este Derecho es concebido como constitucional fundamental; así en sentencia No. T-15 de la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación se le reconoció tal carácter. 3.      EL SECRETARIO DE HACIENDA DESCONOCIO  EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICION DEL PAZ Y SALVO. A.      El debido proceso es derecho fundamental. Los derechos que pueden ser objeto de la acción de tutela son los fundamentales, según lo previene el artículo 86 de la Constitución Nacional. Esta a su vez en su Título II denominado "De los derechos, las garantías y los deberes", contempla en su Capítulo I los Derechos Fundamentales, entre los cuales está el del debido proceso. Esta incorporación del Derecho al Debido Proceso de manera explícita en la Carta como derecho fundamental corresponde inconcusamente a la naturaleza de este último. En efecto: Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le reconozca una dignidad -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los  cuales  ésta se vería discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.     Son  los  derechos fundamentales  que  le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación  y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc. El Presidente de la República en el acto de instalación  de  la  Asamblea  Constituyente el 5 de febrero de 1991 destaca el carácter inmanente de los derechos fundamentales al  decir  que  son "aquellos que por su trascendencia democrática pueden ser aplicados por un Juez porque no requieren una ley que explique sus alcances y su contenido". Mario Madrid-Malo Garizábal caracteriza estos derechos así: "Los derechos humanos han recibido varias denominaciones a lo largo de los siglos. Primero, por influencia de la teología y del jusnaturalismo, se les llamó derechos naturales. ""Según esta noción -explica Benito de Castro Cid-, enraizada en la doctrina tradicional del derecho natural, los Derechos Humanos son unos atributos o exigencias que dimanan de la propia naturaleza, que son anteriores a la constitución de la sociedad civil  y  que, siendo  previos y superiores al derecho estatal, deben ser reconocidos y garantizados por éste"". "En el siglo pasado surgió el concepto de derechos públicos subjetivos.  Este concepto es fruto de la observación del conjunto de circunstancias originadas en la existencia del hombre, conjunto en el cual quedan abarcadas todas las posibilidades de su actuación como sujeto de derechos y deberes. También se hace referencia a los derechos humanos con el nombre de derechos fundamentales.  Esta expresión se emplea para señalar  aquellos  derechos  del ser humano que por su incorporación en las normas reguladoras de la existencia  y de la organización de un Estado, se incorporan al derecho positivo  como fundamento de la ""técnica de conciliación"" entre el ejercicio del poder público y el de la libertad de los gobernados. El constitucionalismo clásico llamó libertades públicas o  derechos  individuales a lo que hoy conocemos con el nombre de Derechos Humanos Fundamentales. Se trata en todo caso, de la suma de atributos inherentes al hombre, fundados en su naturaleza misma, indispensable para su autoperfeccionamiento. La persona humana es un ser racional y libre que está ordenado a un fin. Tal carácter la reviste de una dignidad esencial, en el cual tiene su raíz y su fundamento ciertas prerrogativas que le permiten defender la plenitud de su identidad. ""La persona tiene una dignidad absoluta -reflexiona  Maritain-   porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su cabal realización"".[1] Sobre el Derecho al Debido Proceso discurre Fernando Velásquez V. del siguiente modo: "En sentido amplio el debido proceso es el conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución  administrativa  que se refiera a la libertad individual sean fundamentalmente válida, sino también para que se constituya en garantía  del  orden,  de  la  justicia,  de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido restringido la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al  ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho.  Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso  es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado".[2] La Carta Política plasma en su artículo 29 el derecho al debido proceso del siguiente modo: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.  Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno  derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Con el debido proceso se relacionan los artículos 31 y 33 de la Constitución que son del siguiente tenor: Artículo 31. "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá gravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". Artículo 33. "Nadie podrá   ser   obligado   a declarar  contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil". Los artículos 1o., 2o., 10o., 16 del Código de Procedimiento Penal (Decreto No. 2700 de 30 de noviembre de 1991) recogen los mandatos constitucionales precedentes. La Institución  del Debido Proceso está contemplada en todas las legislaciones y ello ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de las tesis que forman el Derecho Procesal Universal.  Ya particularizada la figura del debido proceso se convierte en un derecho fundamental constitucional en beneficio de las personas consideradas partes  dentro de la relación procesal. Jurisprudencialmente en nuestro Estado, también existe la reafirmación de la figura jurídica del debido proceso, al reiterar la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades sus criterios en ese sentido, y en aras de ratificar esos señalamientos, se transcribe lo siguiente: "Tiene establecido la Corte, y no de ahora sino por tradición jurisprudencial, que toda disposición  legal  o   de   jerarquía   menor, procesal o no, penal o no, debe respetar y en su caso garantizar los principios normados en los artículos 10o, 16, 23 y 26 de la Constitución, sobre el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las personas ante la ley y de las partes ante su juzgador. Es indispensable además hacer ver que tantos presupuestos procesales constitucionalizados han sido ya prohijados por el denominado "Derecho Ecuménico" de las naciones civilizadas del orbe,  como una de las pocas conquistas clara de naturaleza universal, plasmadas en cláusulas normativas  multilaterales de naturaleza supralegal, como pactos o tratados internacionales de derecho público". Más adelante señala la Corte en el mismo fallo: "El derecho de defensa emana del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido proceso.  Más aún esta norma constitucional tiene como objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad. Es además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio AUDITUR ALTERA PARS, como regulador de todo proceso en garantías de sus partes. No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir".[3] B.      El debido proceso en la normatividad internacional. En el plano del Derecho Internacional los siguientes instrumentos ratifican y exaltan el debido proceso, como medio de protección al ser humano cuando quiera que fuere objeto de enjuiciamiento: 1.      El principio de la legalidad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en sus artículos 7o., 8o. y 9o.. Está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 1o., 7o. -2.,  9o. y 27. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 2o. -2., 4o. -2., 6o. -2,  9o. y 15. En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, de conformidad con el artículo 40 No. 2o. literal a). En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Civiles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 39 de 1946 de 10 de diciembre de 1984 y aprobada por la Ley 78 de 1986, en sus artículos  6o. -1. y 15. En el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949 relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, publicado en el Diario Oficial No. 30318 en sus artículos 82 y 89. En el Convenio de Ginebra IV de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, en sus artículos 33, 64, 65 y 70. 2.      Los Derechos del Procesado. La siguiente legislación supranacional, consagra el derecho de los procesados: La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  inhumanas o Degradantes. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 5o. -4., 7o. -5. y  8o. -2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2o.-2, 9o.-3 y 14 - 3. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 literal c). El Convenio de Ginebra III, en su artículo 103. El Convenio de Ginebra IV, artículos 70 y 71. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o., 8o. y 9o. 3.      El principio del Juez Natural. Señalan a nivel universal este principio los siguientes Pactos o Convenios Internacionales: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o., 8o. -1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales,   artículos 2o.-2.,  4o.-2.,   6o.-2. y 14 -10. La Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución No. 3068 de 30 de noviembre de 1973, aprobada por la Ley 26 de 1987, en su artículo 5o. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y aprobada según Ley 28 de 1959, en su artículo 6o. acoge el principio del Juez Natural. Convenio de Ginebra I, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña aprobado por la Ley 5a. de 1960, artículo 3o.-1. literal d). Convenio de Ginebra II, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, aprobado por la ley 5a. de 1960, en su artículo 3o.-1. literal d). En el convenio de Ginebra III, en sus artículos 3o.-1. literal d), 84, 87 y 96. En el Convenio de Ginebra IV, en sus artículos 3o.-1. literal d), 43 y 66. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto  de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionalmente en su artículo 74 -4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o. y 9o. 4.      Principio de Favorabilidad. Está consagrado en las siguientes normas internacionales: En la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1o. y 9o. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo establece en sus artículos 2o.-2 y 15 - 1. El Protocolo sobre el Estatuto  de los Refugiados, aprobado por la Ley 65 de 1979, publicado en el Diario Oficial No. 35442, en su artículo 7o. -1. El Convenio de Ginebra III, artículo 83. El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 consagra el principio de favorabilidad en materia penal, en su artículo 75 -4. literal c). 5.      Prohibición a la Autoincriminación. Establece este principio, las siguientes normas supranacionales: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 1o. y 8o.-2. literal g). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2o. -2. y 14 -3. literal g). La Convención  sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2. literal a). El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99. El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto-incriminación. 6.      El Defensor de los Pobres. Este precepto dentro del contexto de las normas que regulan los Tratados y los Convenios Internacionales se encuentra: En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los artículos 1o. y 8o. -2 literal e). En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 2o. -2. y 14 -3. literal d). La Convención de los Derechos del Niño lo consagra en los artículos 37 literal d), 40 -2. literal a). Protocolo sobre el estatuto de los refugiados lo incorpora en el artículo 32 -2. El Convenio de Ginebra III, lo consagra en su artículo 105. El Convenio de Ginebra IV, señala al Defensor de los Pobres  en su artículo 72. 7.      El Derecho a la Protección Judicial. Aparece esta figura jurídica en los siguientes Tratados o Convenios Internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o, 2o. y 25. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que lo tipifica en su artículo 16. En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo 13. En el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, lo estatuye en su artículo 45 -2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano artículos 7o. y 9o. 8.      El Derecho del Preso. Este principio lo encontramos en la siguiente legislación universal: En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1o. y 5o. -2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala este derecho en sus artículos 2o. -2 y 10o. La Convención sobre los Derechos del Niño lo incorpora en el artículo 37 literal c). En la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el Convenio  de Ginebra III. En el Convenio de Ginebra IV en sus artículos 37, 69, 76, 124, 125 y 126. En el Protocolo II de Ginebra en su artículo 125. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C.      El Debido Proceso Penal. Se considera el Derecho Penal como una rama  del Derecho Público, por cuanto el hecho punible emerge de una  relación  jurídica pública, que tiene como sujetos en primera instancia, al Estado en su calidad de titular del derecho punitivo y en el otro extremo de esa relación aparece el procesado. Esta afirmación tiene su razón de ser, en el hecho concreto  que  la  infracción de la ley penal ofende no sólo al particular cuyo interés es violado sino a la sociedad, y en aras de conservar el orden jurídico impuesto para gobernar a esa comunidad, se imponen las sanciones y se aplican las penas. Por ese carácter de contenido eminentemente público del Derecho Penal, sus normas son de rigurosa observación, de necesaria aplicación y no pueden ser sustituídas por el libre arbitrio de los asociados. En materia penal, el debido proceso constituye uno de los principios rectores de su procedimiento, que a su vez encuentra sustento en los textos constitucionales antes transcritos. Como marco general de referencia que informa y preside todo el sistema del derecho penal, ha de mencionarse el principio de presunción de inocencia que supone la bondad de actuación del ser humano y por tanto, para privarlo de su libertad, es, menester  que el Estado le demuestre que ha incurrido en responsabilidad penal. Del mismo modo su vinculación a un proceso penal debe estar rodeada de todas las garantías que le faciliten defenderse debidamente, asistido por un abogado con la facultad de poder aducir a su favor las probanzas que demuestren  su  no  culpabilidad y a su vez refutar las pruebas que se esgriman contra él. Es esto lo que se llama el principio de contradicción. Se prohibe la doble sanción por la misma conducta punible (non bis in idem). Igualmente se quiere dar más posibilidades de revisión  de las decisiones al preverse las dos instancias y el grado de jurisdicción de consulta y a la  vez se prohibe la reformatio in pejus. Se proscribe la autoincriminación y del mismo modo se excusa a los familiares allegados del incriminado declarar contra él. Según el principio de legalidad de los delitos y de las penas  -nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege-  aquéllos y éstos deben estar previamente consagrados y tipificados en un ordenamiento jurídico.  Es decir, no hay delito ni pena sin ley.  Ello excluye por supuesto la aplicación analógica de delitos que a su vez no estuvieren previstos en la ley, al igual que no permite la  aplicación  de pena  no contemplada para tal hecho criminoso en igual texto y previamente a la perpetración de éste.  Sin embargo, cuando la ley posterior es favorable  al imputado se aplicará retroactivamente.   Además,  el  proceso ha de seguirse ante juez competente, es decir, que sea el señalado por la ley para conocer de la conducta criminal.  El proceso  también  ha  de  satisfacer  las formas propias  -que serán las esenciales-  del mismo.  Es riguroso el cumplimiento de estos mandatos procedimentales, pues su omisión dará lugar a nulidades del proceso (Art. 304 del Código de Procedimiento Penal). La Corte Suprema de Justicia en fallo de su Sala Penal de 2 de octubre de 1981 dijo lo siguiente al respecto: "El derecho de defensa emana también del artículo  26  de  la  Carta,   ( art. 29  de la Constitución de 1991) porque pertenece al debido proceso.  Más aún, esta norma constitucional tiene por objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona   directamente   con   los   derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad.  Es, además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio  audiatur altera pers, como regulador de todo proceso en garantía  de sus partes.  No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir. "El derecho de defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos  de impugnación, y de contradicción, esenciales a él, y consecuencia jurídico procesal de su aplicación.   Su fuente constitucional  es la misma.  Se encuentran específicamente proclamados  en los "pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos", aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y convertidos en norma nacional mediante Ley 74 de 1968, donde se determina: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de funciones oficiales (parte II, art. 2o. 3 C)". El constituyente de 1991, se expresó en estos términos respecto del debido proceso: "Las garantías procesales.  La administración de justicia penal constituye una de las más claras expresiones  de  la  soberanía  del  Estado  frente   al individuo.  Por  ello  los regímenes jurídicos occidentales han procurado, dentro del aspecto de la tutela de los Derechos Humanos, rodear al procesado de una  serie  de garantías que lo protejan de los potenciales abusos del Leviatán en que, según la caracterización de Hobbes, puede verse convertido un Estado de Corte absolutista. Someto, entonces, a consideración de la Asamblea, dos artículos en que se consagra de manera expresa y precisa la garantía, que deben tener todos los asociados de ser juzgados por lo que, en la doctrina contemporánea se designa como Juez Natural, al igual que la presunción de inocencia. La garantía del Juez Natural y el debido proceso se concretan en el respectivo artículo".[4] Dentro del contexto del derecho comparado, valga mencionar el célebre caso de Gideon vs. Wainwright (1963) decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se trataba de una persona pobre (Gideon) que fue condenada a 5 años de prisión por un Tribunal de la Florida y como no se le proveyó de la asistencia legal de un abogado, alegó y solicitó que se lo  pusiera  en  libertad con fundamento en la enmienda XIV de la Constitución.  A ello accedió la Corte aceptando la tesis del acusado de desconocerse el "due process of law" y anulando la condena pronunciada contra él porque "indigent defendent accused of serious crime must be offered the assignment of counsel". D.      El debido proceso en los procesos civil y administrativo. La vida del hombre en sociedad ha contribuído a sus realizaciones  personales pero también ha dado lugar la generación de conflictos entre ellos mismos y también entre éstos y las instituciones del Estado.  Existen dos caminos para solucionar estos conflictos de interés particular:  arreglarlos como cada quien  estime conveniente (criterio establecido dentro de las sociedades primitivas) o que sea el Estado a través de las autoridades legítimamente constituídas quien dirima el conflicto de intereses puesto en su conocimiento, a través de una serie de actos encaminados a lograr ese fin. Pero como no se puede dejar en manos de las personas la facultad de realizar los actos que a bien tengan para dirimir su controversia, ya que a través de esa forma arbitraria no podría obtenerse el objetivo buscado, se hace  necesaria   la intervención  del  Estado,  quien haciendo uso de su poder de imperio encuentra fundamento para dictar normas que señale tanto a las partes como al juez, qué actuaciones deben realizar, cómo deben llevar a cabo sus cometidos y dentro de qué oportunidad pueden aportar sus pruebas y ejecutar sus actos para que tengan validez en el proceso. Con base en las nociones que se han dejado expuestas, bien puede definirse el derecho procesal como el conjunto de normas que establecen el procedimiento que se debe seguir para obtener la actuación de la ley en un caso concreto, que señalan los funcionarios encargados de aplicarlas y las personas que deben someterse a esas normas. Pues bien, el legislador ha querido entonces, que los procesos sean reglados, que tengan preceptos claros por los cuales han de regirse, haciéndose imperioso su cumplimiento tanto para los sujetos procesales como para el juez. Los principios que antes se han expuesto sobre el debido proceso y que están contenidos en los textos constitucionales antes transcritos, también tienen  plena operación mutatis mutandi, en las demás ramas del derecho procesal:  procesal civil (que se extiende a la laboral, etc.) y a la actividad administrativa que comprende tanto la actuación gubernativa como la contencioso administrativa. El tratadista Eduardo J. Couture,[5] menciona las siguientes hipótesis que darían lugar a inconstitucionalidades: la privación de audiencia que equivale a condenar a una persona sin haber sido oida y vencida en juicio, la falta de citación, la falta de emplazamiento, la privación de pruebas, la privación de recursos, la privación de revisión judicial. Del artículo 29 constitucional se establece, para efectos del presente caso, que la figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. El título V, capítulo I de la Constitución Nacional consagra lo pertinente a la estructura de nuestro Estado. En su artículo 113, señala las ramas del poder público, en el 114 enuncia en forma general la función del Congreso, el 115 expresa quiénes conforman el Gobierno y radica en cabeza del Presidente de la República, la suprema autoridad administrativa del Estado.  Igualmente esta norma determina que las gobernaciones y alcaldías, así como la superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama Ejecutiva, razón por la cual estas entidades ejercen función administrativa. Los órganos judiciales se encuentran señalados en el artículo 116.  El artículo 117 expresa que los órganos de control de la administración pública nacional son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.  El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ocupan de la organización electoral. Todas estas entidades que conforman la estructura y organización  estatales ejercen esencialmente,   unas, funciones jurisdiccionales ( rama judicial ), otras, funciones legislativas ( Congreso ) y ambas pueden también cumplir funciones administrativas.  Y la rama Ejecutiva, en sus órdenes todos:  nacional, departamental y municipal, desempeña actividad administrativa por antonomasia. Del mismo modo a cargo de los particulares pueden estar actividades administrativas. Ha querido esta Sala hacer las anteriores precisiones, en primera instancia para confirmar que las Alcaldías Municipales,  ejercen  funciones administrativas  y que por  tanto en  ejercicio  de  esas  funciones,  les es obligatorio cumplir y hacer cumplir el debido proceso, más aún si se tiene en cuenta que el derecho administrativo colombiano es en toda su actuación, eminentemente reglado. En el caso de la solicitud de paz y salvo por concepto del impuesto predial a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado, por parte de Angela María Mesa, existe una actuación administrativa ciudadana denominada derecho de petición, reglamentada por el Decreto No. 01 de 1984 ( Código Contencioso Administrativo ), en sus artículos 9o. al 16, con fundamento constitucional en el artículo 23 de la Carta Política (art. 45 de la Constitución anterior) que al respecto expresa:  "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". Ya en su oportunidad la jurisprudencia se había pronunciado  al  respecto,   así:  "El capítulo III del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) establece un derecho de petición en interés particular, que puede ser formulado por toda persona con arreglo a la ley y a los reglamentos especiales.  Por tratarse de un derecho o garantía individual, su ejercicio no puede limitarse por normas que no tengan jerarquía de ley".[6] E. Análisis del caso sublite. Pues bien, el Secretario de Hacienda de Envigado cita como razón para no expedir el paz y salvo del inmueble rematado, el artículo 82 del Decreto 088 de 1984, Código Catastral de Antioquia, el cual según él, ordena no expedir paz y salvo parciales.  Dicho texto define este documento como "la atestiguación de las autoridades catastrales, de que el contribuyente ha  pagado en su totalidad el Impuesto Predial que deba en cada municipio, sobre todos los predios que le aparezcan en los registros catastrales", fundamento jurídico en que se apoyó el Secretario para no expedir el paz y salvo del inmueble rematado. Con base en lo anterior, se puede colegir, que el Decreto 2088 de 1941 es una norma especial que establece una conexión entre la aprobación de los remates judiciales y el catastro, y remite a la ley 33 de 1896 en lo que tiene que ver con la expedición del paz y  salvo  predial.   Es  clara  esta  última  disposición cuando  dice:  "La finca o fincas a que el instrumento va a referirse", que la expedición del paz y salvo predial sólo ha de contraerse al bien objeto del remate. Y como en el acta de remate de 28 de noviembre de 1991 sólo se remata un bien, el local No. 177 de la carrera 43 A  No. 27-A-S-86 del nivel A del Centro Comercial la Casona, por ese sólo bien estaba obligada la Secretaría de Hacienda de Envigado a expedir el paz y salvo por concepto del impuesto predial, habiéndose  previamente pagado el valor del impuesto correspondiente, por parte de la peticionaria. Y es que el Constituyente de 1991, trató  de poner coto a los excesos reglamentaristas de la administración, cuando en el artículo 84 de la Carta Política dijo:  "Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio". Esta Corte estima que el Constituyente consagró este texto para erradicar los vicios de la administración  conocidos con el nombre de "papeleo" que avasalla y agobia al administrado y que erige a los funcionarios públicos en verdaderos reglamentadores de la actividad administrativa por fuera de la ordenación legal, usurpando así tareas propias del Legislativo. Luego, si el Código Catastral de Antioquia trae aparejadas otras exigencias que hacen más onerosas las cargas para los administrados, ese Código va en contravía   de   la anterior   norma   constitucional,   situación  que obliga a darle plena aplicabilidad al artículo 4o. de la Constitución, cuando dice:  "La Constitución es norma de normas.  En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La posición del Secretario de Hacienda fue reiterada en  varias oportunidades,  tal como se desprende de las pruebas allegadas al informativo, proceder de este funcionario público del orden municipal, que violó el debido proceso administrativo consagrado para el derecho de petición, causando de paso un perjuicio inminente  a  la peticionaria, como quiera que el paz y salvo por concepto del impuesto predial, es requisito  esencial para la aprobación del remate de los bienes inmuebles, según el artículo 1o. del Decreto 2088 de 1941, sometiendo de paso a la actora, a las sanciones previstas en el inciso 3o. del artículo 529 del Código de Procedimiento Civil.  Se configura en esta forma un perjuicio irremediable para el accionante de la tutela, al determinar éste que "vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el juez improbará el remate y decretará la pérdida de la suma depositada para hacer postura a título de multa". Es cierto que había otro medio de defensa judicial como son las acciones contencioso administrativas y que la vía gubernativa se había agotado a través de la negativa verbal, persistente y reiterada del funcionario competente para expedir el paz y salvo.  Mas  al  prolongarse en el tiempo tal expedición, se le hubiera causado a la peticionaria un perjuicio económico irreparable, pues a  más de perder la propiedad del bien rematado, se hacía acreedora a una multa por parte del despacho judicial. Teniendo en cuenta las actuaciones señaladas en el presente caso, esta Sala de Revisión confirmará la tutela como mecanismo transitorio, en la forma establecida en los artículos 6o. No. 1o. y 8o. del Decreto 2591 de 1991. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. 6 de la Corte Constitucional,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución: FALLA : Primero:    Confirmar la providencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Envigado (Antioquia) del 16 de diciembre de 1991, por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo:  Comuníquese al Juzgado Civil del Circuito de Envigado (Antioquia) la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega a cada cual de copia de esta sentencia. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN           CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Mario Madrid-Malo Garizábal. Los Derechos Humanos en Colombia. Instituto de Derechos Humanos. Guillermo Cano. Publicaciones  ESAP 1990. Pág. 28. [2] Fernando Velásquez V.  "Comentarios al nuevo Código de Pocedimiento Penal". Señal Editora. Medellín 1987. Págs. 111 y 12. [3] Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 62 de 10 de mayo de 1983. Gaceta Judicial No. 2413. Págs. 302 y 303. [4] Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin. [5] Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin. [6] Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto de 8 de abril de 1986.

T-420-92 Sentencia No Sentencia No. T-420/92 DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación/IGUALDAD ANTE LA LEY Se caracterizan los derechos fundamentales porque pertenecen al ser humano en atención a su calidad intrínseca de tal, por ser él criatura única pensante dotada de razonamiento; lo que le permite manifestar  su voluntad y apetencias libremente y poseer por ello ese don exclusivo e inimitable en el universo social que se denomina dignidad humana. Estos atributos se predican de la educación.La educación permite a la persona formarse intelectual, moral y cívicamente y con ello tener conciencia de su dignidad personal y de los deberes y obligaciones para con la sociedad. No existe violación que merezca sanción para limitar el derecho a la educación de la estudiante, porque nunca se le sancionó legalmente, nunca se le comprobó el hecho imputado, solo se tomó una decisión personal de hecho infringiéndose la normatividad antes señalada  y con ello el derecho a la educación a que tiene derecho. La Sala no puede aceptar que por el hecho de que la estudiante haya quedado en estado de embarazo, se deduzca o sirva de prueba para imputarle actos "inmorales" y "carnales" dentro de dicho plantel. También se le ha vulnerado el derecho fundamental de la igualdad a la estudiante, ya que el rector al marginarla del derecho a la educación, le da un trato de inferioridad en relación con las otras estudiantes y la discrimina cuando afirma que es objetivo primordial de la moral del establecimiento cerrarle las puertas a las madres solteras. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/MATERNIDAD El rector ha desobedecido también el mandato constitucional del Derecho a la Autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental, por cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de vida su condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden de ideas el rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que dirija soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho de los demás. La nueva condición de vida de la estudiante no infringe ninguna disposición de derecho, como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los demás. Además a favor de la maternidad se han consagrado disposiciones tuteladoras contenidas en la legislación sobre seguridad social en el orden mundial como también en las constituciones de  los Estados. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso   de   Tutela   No.                                                         693. Acción de tutela contra acto del Rector del                                    Liceo Departamental Integrado San Francisco                               de Asís de Liborina (Antioquia). Tema:        La  Educación   como   Derecho                                                Fundamental. Demandante: LUZ CARMENZA ESCUDERO PATIÑO. Magistrados: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Dr. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia) el 5 de febrero de 1992. I.  ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. Con base en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Juez Promiscuo Municipal de Liborina, en los siguientes hechos: Luz Carmenza Escudero Patiño  realizó estudios de bachillerato en el Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís de Liborina (Antioquia), a partir del año de 1985 hasta el año de 1989.  Debido a su estado de embarazo tuvo que suspender sus estudios para el año de 1990 y al solicitar para el año de 1991 su reintegro al Liceo, no le fué aceptado por el Rector Joaquín Lopera R.  Igual proceder  adoptó éste al insistir ella el 23 de marzo de 1992 para que fuera admitida. Manifiesta que "no se le ha notificado ninguna sanción por haber violado de alguna manera el reglamento interno de la moral del establecimiento" lo cual estima arbitrario porque no existe norma de la Secretaría de Educación Departamental que niegue a las madres solteras el derecho a continuar sus estudios en establecimiento oficial. B. DERECHOS VULNERADOS. En la sentencia del Juez de Tutela no se dice que la actora señalara expresamente como  desconocido ningún derecho fundamental. C. PETICIONES DE LA DEMANDA. Solicita  Luz Carmenza Escudero Patiño que se ordene su reintegro al Liceo San Francisco de Asís para la culminación de sus estudios universitarios. D. ACTUACION PROCESAL. Se recibieron por el Juez de Tutela los testimonios de los señores Alberto Garzón Quiroga y Margarita Nelly Cañas, solicitados por la actora y quienes confirmaron los hechos de la demanda.  El primero asevera que la conducta de aquélla siempre ha sido buena. También rindió  declaración el señor Jose Joaquín Lopera Ramírez, Rector del Liceo San Francisco, quien acepta que la joven Escudero Patiño cursó  hasta el grado décimo y no volvió al décimo por razones de embarazo y que pidió reingreso al plantel en el año de 1991 que se le negó por las siguientes razones:  Según el artículo 10o. del Reglamento del Liceo son faltas que "ameritan rebaja de conducta" la inmoralidad comprobada o la relación carnal, que dan lugar, con la aplicación del debido proceso, a la cancelación de la matrícula  o a perder el derecho de reintegro  al  año  siguiente  y ella sostiene relaciones íntimas con  otro  joven.   El  rector debe velar por la buena moral del Colegio e igualmente el Estado según el artículo 67 de la Carta Política.  Afirma igualmente que también la actora le solicitó reingreso para el año lectivo de 1992 pero que no podía  dar una solución inmediata al asunto y que se ha dilatado ésta porque el Decreto 1398 de 1973 del Gobernador del Departamento y la Circular No. 42 de 13 de agosto de 1984 contemplan sólo el caso del alumno a quien se le ha cancelado legalmente su matrícula, mas no al de quien se retira voluntariamente, fuera de que es "potestad del rector conceder o no los puestos".  Es consciente de que el comportamiento de la ex-alumna en el plantel fue bueno.  Manifestó también el rector que la aceptaría nuevamente, pero que debía consultar el caso con la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.  Estima que no debió acudirse a la acción de tutela porque no se tuvieron en cuenta las autoridades en el campo educativo y el artículo 86 de la Constitución Nacional la contempla cuando no exista previsto otro medio. E. FALLO. Del Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia), providencia de 5 de febrero de 1992. En primera instancia el Juzgado accedió a la petición de  tutela propuesta por Luz Carmenza Escudero Patiño, y fue así como ordenó al señor José Joaquín Lopera Ramírez, en su calidad de rector del Liceo San Francisco de Asís su reintegro para la conclusión de sus estudios secundarios. Los siguientes fueron los razonamiento del Juzgado: 1.      El artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela  tiene relación con los derechos constitucionales fundamentales. Este Decreto es reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, según el cual sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. 2.      El artículo 27 de la Carta Fundamental se refiere al derecho considerado como fundamental, de que toda persona de nacionalidad colombiana tenga acceso a la educación garantizada por el Estado y en procura de un mejoramiento de tipo cultural y un bienestar a nivel económico y social, que se supone se derivan de una educación bien impartida y a la vez bien asimilada. 3.      Si bien es cierto que cada establecimiento educativo tiene facultad para expedir un reglamento de carácter interno, aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura, también es cierto que las sanciones que en dicho Reglamento se contemplan han de aplicarse previo proceso legal y con el lleno de todas las formalidades exigidas. 4.      La joven Luz Carmenza Escudero Patiño se retiró voluntariamente del Liceo en el año de 1989 cuando terminaba su décimo grado de enseñanza. 5.      La estudiante solicitó el reintegro para los años de 1991  y  1992,  solicitud que  fué negada por el rector, invocando razones de orden moral y concretamente, el hecho de ser madre en estado de soltería. 6.      El Juzgado acepta la calificación moral de la conducta realizada por Escudero, pero no que se le sancione con tanta gravedad que la margine o limite de algunos beneficios a los que tiene derecho, como por ejemplo el de la educación. 7.      Si como lo manifiesta el rector, a la actora  no le ha sido legalmente cancelada la matrícula, la aducción del artículo 10o. del Reglamento Interno del Liceo para no admitirla, debe tomarse en su sentido integro y así debió aplicársele la sanción de no recibirla en el año inmediatamente posterior. 8.      Como han transcurrido dos años desde que ella abandonó el establecimiento escolar, ha de tenerse por cumplida la sanción que aunque no se le hubiere impuesto "sí le correspondía cumplir". 9.      En el municipio de Liborina el Liceo es el único establecimiento de educación secundaria, luego su no acceso a él conduciría  a desplazarse ella a otro municipio con el consiguiente  "incremento de sus erogaciones". 10.    El Juzgado, al recibir las declaraciones de los testigos y del Rector pudo unificar los conceptos de que la joven estudiante ha tenido buen comportamiento dentro del Liceo, y también, buen rendimiento académico conforme a los requerimientos del plantel educativo. 11.    Por lo tanto concluyó el Despacho que el incumplimiento es sólo atribuíble al Rector del Liceo San Francisco de Asís, Joaquín Lopera R., quien se negó a recibir a la estudiante  en aquella oportunidad, luego de repetidas solicitudes. II.  COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional  para  proferir  sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina, con fundamento en los artículos 86, 241 No. 9 de la Constitución Política y el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES. El caso que se estudia trata de la acción de tutela incoada por Luz Carmenza Escudero Patiño contra el Rector del Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís, de Liborina (Antioquia),  para que se le permita el reintegro a dicha institución y así pueda culminar su último año de bachillerato. A. Cuestión Previa. En primer lugar ha de precisar la Sala que el juzgado encuentra como derecho  infringido en el caso sublite el artículo 27 de la Carta Política que garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Al respecto valga decir que la no permisión de continuar  estudios en un establecimiento educativo, no atenta contra  ninguna de las libertades anteriores que pueden definirse en términos generales "como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y hace relación  a las garantías de que debe rodear el Estado Moderno al individuo con el fin de evitar el oscurantismo, el dogmatismo, las doctrinas oficiales impuestas por regímenes autoritarios, monocráticos, totalitarios o de terror; igualmente, en el mundo contemporáneo se erige como un freno sustancial al imperio de la tecnocracia y al dominio de la ciencia sobre la libertad.  En ese sentido, también comprende la actividad de todos los centros públicos y privados organizados con fines científicos, culturales o académicos y de formación profesional para evitar iguales vicios y deformaciones".1 En cambio el derecho que está en juego y que se viola es el de la educación, porque la separación de la estudiante del Colegio la priva de los conocimientos que a través de ella se le brindan y que contribuye al perfeccionamiento de su ser.  Del mismo modo se le desconoce tanto el derecho a la igualdad de la persona humana al colocarla en situación capitis deminutio por el hecho de encontrarse  en  estado  de embarazo como el derecho a laautodeterminación al pretenderse coartar su libertad para desarrollar su propia personalidad.  Estos temas se desarrollarán  a continuación. B. Derecho a la Educación. 1. La educación como derecho fundamental. Se caracterizan los derechos fundamentales porque pertenecen al ser humano en atención a su calidad intrínseca de tal, por ser él criatura única pensante dotada de razonamiento; lo que le permite manifestar  su voluntad y apetencias libremente y poseer por ello ese don exclusivo e inimitable en el universo social que se denomina dignidad humana. Estos atributos se predican de la educación. La educación, según su definición más general es aquella actividad que perfecciona intencionalmente las potencialidades específicamente humanas.  Esto quiere decir, que la educación formal que se transmite en las instituciones educativas, implica un proceso sistemático e institucionalizado, donde se forman las estructuras y contenidos de pensamiento y comportamieno exigidos por la sociedad. La educación permite a la persona formarse intelectual, moral y cívicamente y con ello tener conciencia de su dignidad personal y de los deberes y obligaciones para con la sociedad. El concepto de educación "señala la transmisión  y aprendizaje de las técnicas culturales o sea de las tecnicas de uso, de producción, de comportamiento, mediante las cuales un grupo de hombres está en la situación de satisfacer necesidades, de protegerse contra la hostilidad del ambiente físico y biológico, de trabajar  y  vivir  en  sociedad en una forma más o menos ordenada y pacífica.  Ya que la totalidad de estas técnicas se denominan culturas, una sociedad humana no puede sobrevivir en caso de que su cultura no sea transmitida de generación en generación, y las modalidades o las formas mediante las cuales esta transmisión se efectua o garantiza, se denomina educación".2 El hombre está en el mundo no sólo como agente  de comportamientos, o de actos como puede serlo otro animal, sino que él es autor y actor de su propia vida, de su propia existencia, esto quiere decir, que puede proyectar, disponer y guiar su propia vida.  Los hechos de la vida del hombre son más que todo conductas, lo que debe entenderse como eventos, acontecimientos. Desde el punto de vista histórico esos acontecimientos o eventos (conductas) son formados, dirigidos y perfeccionados  por  medio  de la educación y es por esto que la educación como fenómeno social da al hombre unas posibilidades y unas capacidades que le permiten desarrollar su ilimitada potencialidad de ser racional y desempeñarse como tal en su vida de relación en sociedad. Impedir a una persona el acceso a los conocimientos que sólo la educación transmite, significa negarle las posibilidades de ser y de obtener las capacidades para desempeñar los oficios y ejercitar los saberes que demanda la sociedad del mundo moderno enriquecida día a día por inventos científicos y tecnológicos que obligan al hombre a adquirirlos y ya como elemento esencial de supervivencia. Piénsese  por  ejemplo, como se dice y reconoce hoy, que el analfabeta de fin de siglo y del nuevo que próximamente se inaugura es el que desconoce la informática y no el abedecedario. Xavier Zubiri, gran filósofo español al hacer referencia sobre  las potencialidades del hombre señala que "la persona con sus capacidades accede a unas posibilidades, las cuales una vez  apropiadas se naturalizan en las potencias y facultades con lo cual cambian las capacidades.  Con estas nuevas capacidades, las personas se abren en un nuevo ámbito de posibilidades.  Es el ciclo capacidad, posibilidad, capacitación: en la teoría como proceso".3 La Constitución Nacional eleva la educación a la categoría de un derecho de la persona humana y le otorga el carácter de servicio público que cumple una función social,  pues sólo con base en ella puede conseguirse eldesarrollo autónomo y creativo del individuo acorde con sus intereses y necesidades sociales. Dice su artículo 67: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social:  Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la creación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente". "... Emilio Durkheim en su libro "Educación y filosofía" señala que: "La educación tiene antes que nada una función colectiva si tiene por objeto adaptar al niño (el joven y la persona) al medio social en que está destinado a vivir, es imposible que la sociedad se desinterese de semejante operación". ..."Si atribuimos algún valor a la existencia de la sociedad, hace falta que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y sentimientos sin las cuales toda sociedad es imposible". ..."Desde el momento que la educación es una función esencialmente social el Estado no puede desinteresarse de ella".4 Por último ha de decirse que esta Corporación en sentencia No. T-02 de 8 de mayo de 1992 otorgó a la educación el carácter de derecho fundamental. Acerca del tema de la educación por último, el artículo 27 de la Carta previene que "El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra". 2. La educación en el ámbito del derecho internacional. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se refieren al derecho de la educación, así: El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales dice: "Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.  Convienen así mismo, en que la educación debe capacitar  a todas las personas  para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las  Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz". Los Estados partes de ese Pacto reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a)      La enseñanza primaria debe ser obligatoria y  gratuita. b)      La enseñanza  secundaria en sus diferentes formas, debe ser generalizada y accesible a todos por los diferentes medios apropiados, y en particular por la implantación de la enseñanza gratuita. c)       La enseñanza superior debe hacerse, igualmente accesible a todos,  teniendo en cuenta las capacidades de cada uno por cuantos medios sean apropiados. d)      Debe formentarse e intensificarse para las personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria, en la medida de lo posible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 proclama: "Toda persona tiene derecho a la educación.  La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.  La instrucción elemental será obligatoria.  La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada.  El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". Luego dice: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y  todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividaes de las naciones unidas para el mantenimiento de paz". Finalmente dice: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación  que habrá de darse a sus hijos". 3. Normas sobre educación relacionadas con el caso concreto. 1.      Decreto 1398 de 1973. El Decreto 1398 de 25 de septiembre de 1973, expedido por  la  Gobernación  del  Departamento  de Antioquia actualiza las sanciones disciplinarias aplicadas a los alumnos de los establecimientos educativos, unifica los criterios respecto a esas sanciones y fija el procedimiento a seguir para la aplicación de cada una de ellas. Tiene como fundamento  el cultivo del honor de los educandos y la orientación de sus actos  por medio de la educación de la voluntad.  Prohibe los castigos dolorosos, afrentosos y todos los que tiendan a deprimir y menoscabar el carácter y la dignidad del hombre. Las sanciones disciplinarias que contempla dicho estatuto van desde la amonestación en privado hasta la expulsión definitiva, pasando por las amonestaciones en público, las notificaciones de los padres o acudientes, privación de actividades extra-escolares, rebaja de la disciplina y de la conducta , suspensión de beca, retiro temporal de clases o del establecimiento y la cancelación de matrículas. Las sanciones  son impuestas por el profesor, por el Director, o por el Consejo de Profesores de la respectiva institución educativa, de acuerdo con lo establecido en los parágrafos 1,2,3,4,5 del artículo 2o. del mismo decreto, habida cuenta que cada una de las sanciones se somete a un procedimiento  dependiendo de la gravedad de la falta. 2. Circular No. 42 de l984. La Circular No. 42 del día 13 de agosto de l984 expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, trata sobre la calificación de la conducta y la disciplina, los procedimientos para aplicar sanciones a los alumnos y en materia de faltas que afectan la disciplina transcribe las normas pertinentes del Decreto 1398 de 1973. 3. Reglamento Interno del Liceo. Expedido el 23 de mayo de 1987, se refiere al funcionamiento  interno del plantel, señala sus objetivos, horario de trabajo, su estructura administrativa (funciones del rector, cordinador de disciplina, secretaria, profesores, etc.), régimen de sanción para los educadores; los alumnos y sus derechos, obligaciones y prohibiciones, faltas que afectan la disciplina y la conducta y las sanciones, que se atienen al Decreto 1398 de 1973 y Circular No. 42 de 1984. Se tipifican en el numeral 10o. como faltas generales que afectan la conducta:  La inmoralidad comprobada y la relación carnal, las cuales, previa la observancia del proceso legal, darán lugar a la cancelación de matrícula o al no recibimiento del estudiante en el año inmediato. 4. Análisis del caso sub-judice. Luego de haber realizado los análisis sobre los derechos constitucionales fundadmentales y básicamente sobre el derecho a la Educación, esta Sala entra a revisar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Promíscuo Municipal de Liborina. Los artículos 86 de la Constitución Nacional y 1o. y 6o.  del Decreto 2591 de 1991, contemplan como  requisitos para que haya protección por medio de la acción de tutela, que se haya vulnerado o amenazado un derecho fundamental y que no exista un medio de defensa judicial para evitarlo. Se explicó precedentemente que el derecho a la educación es un derecho fundamental; así mismo es evidente que la conducta negativa de facto, ilegal e inconstitucional del rector del Liceo no podía obtener reparación distinta al del ejercicio de la acción de tutela. Con base en las pruebas que fueron aportadas al expediente, se establece que el Rector del Liceo Departamental Integrado San Francisco de Asís,  de Liborina, Antioquia, ha quebrantado  el derecho fundamental de la Educación, por cuanto impidió el ingreso  de la estudiante al mencionado plantel educativo, aduciendo argumentos de orden moral y más exactamente, que no es permitido por el Liceo recibir madres solteras, sin haber agotado con antelación los procedimientos legales. En efecto, para que el Rector pudiera impedir el reintegro de la estudiante, ha debido existir previamente a la solicitud de reintegro,  una sanción disciplinaria aplicada de conformidad con los procedimientos  señalados en el Decreto 1398 de 1973, la Circular No. 42 y el Reglamento Interno del Liceo, pues   en estas normas  se especifican, además de las faltas que afectan la disciplina y la conducta, el trámite legal para aplicar las sanciones disciplinarias, cuando dichas normas hayan sido transgredidas por los estudiantes; por lo tanto se concluye que no existe violación que merezca sanción para limitar el derecho a la educación de la estudiante Luz Carmenza Escudero, porque nunca se le sancionó legalmente, nunca se le comprobó el hecho imputado, solo se tomó una decisión personal de hecho infringiéndose la normatividad antes señalada  y con ello el derecho a la educación a que tiene derecho. Por último la Sala no puede aceptar que por el hecho de que la estudiante haya quedado en estado de embarazo, se deduzca o sirva de prueba para imputarle actos "inmorales" y "carnales" dentro de dicho plantel.  Es esta una aseveración muy personal del rector huérfana de toda prueba. C. Violación del Derecho de la igualdad. Considera asi mismo esta Corporación que  también se le ha vulnerado el derecho fundamental de la igualdad a la joven Luz Carmenza Escudero Patiño, ya que el rector al marginarla del derecho a la educación, le da un trato de inferioridad en relación con las otras estudiantes y la discrimina cuando afirma que es objetivo primordial de la moral del establecimiento cerrarle las puertas a las madres solteras. La Carta Política proscribe tal proceder en su artículo 13, así: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan". D. Vulneración del Derecho a la autodeterminación. La Sala considera que el rector ha desobedecido también el mandato constitucional del Derecho a la Autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental, por cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de vida su condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden de ideas el rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que dirija soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho de los demás. La nueva condición de vida de la estudiante no infringe ninguna disposición de derecho, como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los demás. Además a favor de la maternidad se han consagrado disposiciones tuteladoras contenidas en la legislación sobre seguridad social en el orden mundial como también en las constituciones de  los Estados. En el nuestro, el artículo 53 superior erige como principio mínimo fundamental laboral la "protección esencial a la mujer, a la maternidad..." Por todo ello el rector de marras se inmiscuyó gravemente en la vida personal de la estudiante e inexplicablemente se convirtió en un implacable Savonarola criollo de la moralidad de ella, atentando contra su derecho a la autodeterminación. En mérito de lo expuesto esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA : Primero:    Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia) el día 5 de febrero de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:   Comuníquese al Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina (Antioquia), la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de este fallo. Tercero:Comuníquese al Señor Ministro de Educación y al Secretario de Educación del Departamento de Antioquia, con entrega a cada uno de copia de esta Sentencia. COMUNIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN    CIRO ANGARITA BARON Magistrado                 Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1  Sentencia No. 15 de 28 de mayo de 1992.  Sala de Revisión No. 5. Proceso de tutela No. 265. Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 2 Diccionario de Filosofía, Nicola Abbagnano, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1982. Pág. 370, segunda reeimpresión. 3 Xavier Zubiri, citado por Luís José González y Germán Marquínez en "Educación para el Cambio", pág. 137, editorial el Buo, Bogotá, 1989 (tomado de "Siete Ensayos de Antropología Filosófica"), Xavier Zubiri, Usta, Bogotá, 1982. 4  Emilio Durkheim. Educación y Sociología. Editorial Linotipo, Bogotá, 1973. Pág. 82-83.

T-421-92 Sentencia No Sentencia No. T-421/92 LIBERTAD DE CULTOS/LIBERTAD DE CONCIENCIA/EDUCACION RELIGIOSA El constituyente de 1991 optó por garantizar la igualdad entre las diferentes religiones e iglesias y liberalizar la libertad de culto, sin consagrar límites constitucionales expresos a su ejercicio, como se advierte en el precitado artículo 19 de la Constitución. A la luz de la nueva Constitución, no es que exista una regla general de que la religión católica obliga ser cursada como materia básica, salvo que se solicite ser eximido. Ello violaría la libertad de conciencia. Por el contrario, las instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y preguntarle al educando -o a sus padres si es menor-, al momento de la matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin indagar si en efecto profesa o no dicho credo. DERECHO A LA EDUCACION Al frente de todos los derechos de un educando se encuentra el Estado con la misión de regular y vigilar su ejercicio, con miras a la prevalencia del interés general. Sin embargo el Estado en su intervención puede encauzar el derecho a la educación pero no desconocer de plano su núcleo esencial. LIBERTAD DE ENSEÑANZA En una relación educativa se encuentran cohabitando dos derechos de orden constitucional: de un lado los derechos a la educación y a la libertad de cultos y, de otro lado, los derechos a la libertad de enseñanza de los profesores. Estas dos series de derechos no son incompatibles sino que, muy por el contrario, los unos se realizan por y en los otros, a través de un punto de equilibrio que matiza sus desarrollos. En Colombia existe libertad de enseñanza, pero ella no es absoluta sino que tiene un límite constituído por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Es claro que debió  darse primacía a las normas constitucionales que protegían los derechos fundamentales de los petentes, pues ellas son superiores (art. 4º). Ello porque toda norma, sea cual fuere su naturaleza jurídica, anterior o posterior a la carta de 1991, está subordinada en su aplicación a la conformidad con la Constitución. En este sentido, una norma jurídica violatoria de la Constitución es, si fuere anterior su vigencia, derogada; y, si fuere con posterioridad, no aplicable. DERECHO A ESCOGER EDUCACION En autos, se ha querido imponer un tipo de educación religiosa en contra de la libre decisión de los padres. Ello es contrario a la Carta pues el carácter de padre no se limita al hecho de dar la vida, sino que implica también, como algo inherente a su esencia, el hecho de orientar espiritualmente  a los hijos. Ello incluso es un deber de los padres, según el artículo 42.5 de la Carta. Luego no tienen más derecho los educadores que los padres -educadores primigenios- para decidir el tipo de formación religiosa de un niño. REF: EXPEDIENTE No. T-1263 Peticionarios: Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz Y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1263, adelantada por Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la sala de selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la escogencia para su revisión de la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió a esta Sala Cuarta de Revisión el presente negocio, el cual fue formalmente recibido el día 3 de abril del presente año. 1. Solicitud Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García, actuando en nombre de su hijo Raúl Vladimir García Bedoya, sobre el cual ejercen patria potestad, presentaron ante el Tribunal Superior del Distrito de Manizales una petición de tutela para la protección de un derecho fundamental del hijo. Se basa la solicitud en el hecho de que los peticionarios matricularon a su hijo Raúl Vladimir en la Escuela Pública "Julio Zuluaga", para que cursara el primer año de primaria. En este establecimiento se dicta la asignatura de educación religiosa a todos los alumnos, con base en el plan de estudios de educación básica del Ministerio de Educación (Decreto 1002 de 1984, artículo 5). Por esta razón, y amparados en sus creencias -no profesan religión alguna-, los accionantes solicitaron al establecimiento educativo que no se impartiera a su hijo dicha educación ni se le sometiera a los rituales propios de la religión que profesan en dicha Escuela, esto es, la religión católica. Dicha petición no fue atendida por las directivas de la Escuela, sino que por el contrario se empeñaron en inducir al estudiante en los valores morales de la religión  católica, al presentar a los padres un plan de "trabajo reeducativo" para el hijo. Este plan fue rechazado por los padres del educando. Las directivas de la Escuela Julio Zuluaga consultaron a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas sobre la aplicación del artículo 68, inciso 4o. constitucional. La Secretaría respondió en el sentido de ordenar la continuación de la aplicación de lo reglamentado en materia de orientación básica, mientras no hubiese modificación del pensum curricular vigente. Ante este hecho los padres del educando recurrieron entonces a la acción de tutela. La solicitud de tutela se cimientó en el artículo 68 inciso 4o. de la Constitución Nacional, por el cual: "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa". 2. Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Providencia de febrero 26 de 1992). En primera y única instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial accedió a la petición de acción de tutela propuesta por Amparo Bedoya y José Raúl García García, y en consecuencia ordenó a las directivas de la Escuela Julio Zuluaga abstenerse de impartir educación religiosa y de hacer comparecer a sus rituales al menor Raúl Vladimir García Bedoya. El Tribunal en mención, previamente al fallo, tomó la declaración de Raúl García García y de Amparo Bedoya Díaz. Además allegó al expediente certificación de la Secretaria de Educación del Departamento de Caldas, en donde consta que la Escuela Julio Zuluaga  es "entidad educativa de carácter oficial". Así mismo obtuvo fotocopia auténtica del Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, del Ministerio de Educación. Los siguientes fueron los argumentos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales para acceder a la solicitud: 1. El Derecho invocado -artículo 68- no está designado dentro de los derechos fundamentales; su contenido en cambio encaja dentro de los derechos sociales, económicos y culturales. 2. En el presente caso se está más bien ante la presencia de la libertad de conciencia, artículo 18 constitucional. Esta norma sí es derecho fundamental, entendida como "esa facultad moral, permanente de la persona humana, que asegura la captación de los sonidos emitidos por los valores". 3. La libertad de conciencia implica la libertad religiosa. 4. Para el Tribunal, por último, el derecho fundamental de la libertad de conciencia fue desconocido, en la medida que no se permitió a los tutores del estudiante prescindir de la religión que se impartía en el centro educativo. Los padres considera la religión innecesaria para su íntima convicción, siendo ésta una evidente manifestación de la libertad de conciencia, la cual es amparada en la Constitución Política de 1991. II FUNDAMENTOS JURIDICOS El negocio de la referencia, estima esta Sala, involucra varios derechos constitucionales, los cuales serán estudiados en una primera parte. Luego se entrará a analizar la razón jurídica de la decisión de esta Sala. Y por último se hará referencia al caso concreto. 1. De las Normas jurídicas 1.1. De la dignidad humana El fundamento último del negocio que nos ocupa hace referencia al valor de la dignidad humana dentro del Estado social de derecho. Ello porque la posibilidad de los padres e hijos de optar libremente por el culto religioso que deseen no por ser vulnerable y por que la vida espiritual del hombre es uno de los pilares de su dignidad. Dice el artículo 1º de la Constitución: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general." 1.2. Del libre desarrollo de la personalidad La libertad de cultos bebe así mismo en las fuentes del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues es la persona, o por ella sus padres si es menor, la que debe escoger su propia vida espiritual y los parámetros que han de guiar su conciencia. Una intromisión de un educador que busque moldear la adhesión a un cierto culto o su supresión, en contra del consentimiento del educando, incurre  en una inaceptable agresión a la libertad de pensar y de  creer en lo que cada uno desea. El artículo 16 de la Constitución sostiene lo siguiente: "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico." 1.3. Del derecho a la intimidad Otro de los fundamentos de la libertad de cultos en este negocio es el derecho a la intimidad. En efecto, el hecho de forzar a un niño a escuchar una orientación espiritual que no desean sus padres, en forma obligatoria, irresistible, incontenible, como lo es la audición de una cátedra en un aula, puede agredir ciertamente el resorte íntimo del educando. El artículo 15 de la Constitución establece: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley." 1.4. De la libertad de conciencia El último soporte constitucional de la libertad de cultos, desde luego, es la libertad de conciencia, como quiera que aquélla es una manifestación o especie de ésta. El artículo 18 de la Constitución consagra lo siguiente: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia." Esta norma se encuentra respaldada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia en virtud de Ley 74 de 1968, en su artículo 18, que reza: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener  o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas  por la ley que sean necesarias  para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados partes  en el presente Pacto se comprometen a respetar  la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", ratificada por Colombia en virtud de Ley 16 de 1972, en su artículo 12 preceptúa: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a la religión. Este derecho implica conservar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así  como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias , individual o colectivamente, tanto  en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta  únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en sus casos los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." 1.5. De la libertad de cultos: La tutela radicada con el número T-1263 hace alusión básicamente a la libertad de culto, ya que las directivas y profesores de la Escuela Julio Zuluaga impartieron la asignatura de religión -católica- a Raúl Vladimir García Bedoya; lo iniciaron en los rituales propios de esta religión. Afirma en este sentido el artículo 19 de la Constitución: "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley." El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18 antes citado desarrolla el derecho a la libertad de cultos.   De la misma manera, el artículo 27 del mismo Pacto establece para las minorías el derecho anotado, de la siguiente forma: "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma." La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 12 citado anteriormente, también se refiere al tema del derecho a la libertad de cultos. En cuanto al derecho comparado, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Winsconsin vs. Yoder, sostuvo en 1972, a propósito de la educación impartida a los niños de la religión Amish, que "la esencia de todo lo que se ha dicho y escrito sobre este tema es que los intereses de orden superior y aquellos otros que no pueden ser ejercidos de otra manera pueden contrabalancear el legítimo reclamo a la libre profesión de una religión. Podemos dar por aceptado, en consecuencia, que no importa cuán fuerte sea el interés del Estado en la educación general obligatoria, éste no es de modo alguno absoluto no permite la exclusión o subordinación del resto de los intereses... El cumplimiento de la ley estatal que requiere la asistencia obligatoria a la escuela... pondría en peligro gravemente, si es que no destruiría, el libre ejercicio de su fe a los demandados."1 Por su parte, la Corte Suprema de Argentina dijo en 1979 a propósito de un caso similar al de esta tutela, que la conducta asumida por "las autoridades del establecimiento escolar respectivo importa un apartamiento manifiesto y arbitrario de los fines de la norma superior."2 Ahora bien, ha habido un cambio importante en el tratamiento constitucional a la libertad de cultos entre la antigua y la nueva Constitución. Ciertamente el artículo 53 constitucional establecía: "El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado  por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas  contrarias  a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten  con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos  a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca  deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica". En el preámbulo de la Carta de 1886, además se reconocía a la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial de la nación. Se garantizaba la libertad de cultos pero subordinándola a la conformidad del culto respectivo con la moral cristiana y, en todo caso, sometiendo su ejercicio a las leyes. El constituyente de 1991, bien por el contrario, optó por garantizar la igualdad entre las diferentes religiones e iglesias y liberalizar la libertad de culto, sin consagrar límites constitucionales expresos a su ejercicio, como se advierte en el precitado artículo 19 de la Constitución. Obsérvese que para la doctrina constitucional, las relaciones entre la Iglesia y el Estado pueden clasificarse en tres modelos diferentes: la sacralidad    -en el que el Estado asume funciones del bien religioso de la comunidad-; la secularidad -en el que el Estado reconoce el peso político de un poder religioso determinado, pero sin hacerse ya cargo de lo espiritual-; y la laicidad -en el que el Estado adopta una actitud de neutralidad respecto del poder religioso, separando el poder político del espiritual-.3 En Colombia entonces en 1991, como ya lo sostuvo esta Corte, se hizo "tránsito de un Estado  confesional a un Estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas."4 Ello queda de manifiesto si se consulta la voluntad del constituyente, expresada en los debates realizados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, en el respectivo informe-ponencia, el Constituyente Diego Uribe Vargas dijo: "Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia  fundamental  con el texto de la Constitución  vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana  y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos".5 Por su parte, el Constituyente  Augusto Ramírez Ocampo expresó los siguientes argumentos: "Tema que produjo intensos debates fue el de las libertades de conciencia, religión y cultos, fruto de los cuales fue la separación deliberada que la Asamblea hizo de estas libertades en dos artículos diferentes. La Constitución vigente la consagraba en una  sola norma que limita su campo al religioso. En el nuevo ordenamiento, la libertad de conciencia se predica también de toda creencia, o ideología. En cuanto a la libertad religiosa sobresalen dos aspectos esenciales: su consagración absoluta sin limitaciones y el tratamiento igualitario que se otorga a todas las confesiones religiosas. A lo anterior se agrega la supresión de la incompatibilidad del ministerio sacerdotal con el ejercicio de funciones públicas, la cual obedecía a las circunstancias  históricas  en que se expidió la Constitución de 1886. Es este un corolario lógico de la igualdad que se predica para todos los ciudadanos y de haber eliminado la protección especial que otorgaba la Constitución original y después el Acto plebiscitario de 1957, a la Iglesia Católica. Simultáneamente con la ratificación de derechos tales como, los de asociación, reunión, petición, la Carta incluirá nuevos fueros como son los del derecho a la intimidad, a la autonomía, a la honra y a la libertad de movimiento, todos ellos inherentes a un régimen verdaderamente democrático6 ". Y los constituyentes indígenas, por su parte, sostuvieron: "Si se trata de invocar un Dios, estaríamos obligados a reconocer, en detrimento de nuestras propias creencias y cosmogonías, que sólo existe una divinidad. Nosotros tenemos nuestros propios dioses y personajes míticos: Caragabí, Serankua, Papa Dumat, Pacha Mama, etc., que no estarían representados en la fórmula de un sólo Dios."7 1.6. De los derechos de los niños Los niños fueron objeto de una particular protección por parte del constituyente. Puede decirse que sus derechos ostentan un plus respecto de los demás. Por ejemplo la Carta, en el artículo 44, consagra el único derecho constitucional fundamental expreso. Dice así el artículo 44 de la Constitución: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,  venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en la leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás" (subrayas no originales). También existe protección jurídico internacional para los derechos de los niños. Por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, anteriormente expuesto. Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", en su artículo 5º estatuye: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 1.7. De los derechos de los padres para escoger la educación     de sus hijos No sólo está en juego en este negocio la libertad de culto del niño Raúl Vladimir, sino también, por su condición de menor, el derecho constitucional de sus padres para escoger libremente el tipo de educación que desean para su hijo. El artículo 68 inciso 5º de la Constitución es del siguiente tenor: "Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los Establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa." Esta disposición se encuentra respaldada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 18  precitado expresa el derecho de los padres para escoger la educación de sus hijos. 1.8. De los deberes educativos de la pareja para con los hijos Paralelamente a su derecho, y como carga del mismo, los padres del niño Raúl Vladimir García Bedoya tienen el deber de educarlo. Ello no es sino la manifestación del concepto del derecho-deber, ya elaborado por esta misma Sala de Revisión.8 Reza  así el artículo 42 inciso 5º de la Constitución: "La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos." Como fundamento jurídico internacional de los deberes educativos de la pareja para con los hijos figura el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia en virtud de Ley 74 de 1978, que en su artículo 10 anota: "Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado de la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Pero la legislación internacional más completa sobre el tema bajo examen, está precisamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia en virtud de Ley 12 de 1991, la cual, para el caso en concreto que trata la acción de tutela de la referencia, establece en el artículo 14: "Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad  de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás." Además, el artículo 30 idem señala: "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma." 1.9. Del derecho a la educación y del Estado Al frente de todos los derechos de un educando se encuentra el Estado con la misión de regular y vigilar su ejercicio, con miras a la prevalencia del interés general. Sin embargo el Estado en su intervención puede encauzar el derecho a la educación pero no desconocer de plano su núcleo esencial, como ya lo ha sostenido esta Corporación.9 El artículo 67 de la Constitución sostiene: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social... La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia... Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines  y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos..." Con respecto a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, preceptúa: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona de la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen así mismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar  la libertad de los padres y, en su caso,  de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará  como una restricción de la libertad de los particulares  y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado (subrayas fuera de texto). 1.10. De la libertad de enseñanza En una relación educativa, como ésta que nos ocupa, se encuentran cohabitando dos derechos de orden constitucional: de un lado, como se vió, los derechos a la educación y a la libertad de cultos de Raúl Vladimir García Bedoya y, de otro lado, los derechos a la libertad de enseñanza de los profesores de la escuela Julio Zuluaga. Estas dos series de derechos no son incompatibles sino que, muy por el contrario, los unos se realizan por y en los otros, a través de un punto de equilibrio que matiza sus desarrollos. El artículo 27 de la Constitución anota: "El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra." 1.11. De la fuerza vinculante de los pactos internacionales sobre derechos humanos Por último, como ya lo tiene establecido esta Sala de Revisión, "el artículo 93 de la Constitución le confiere a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental."10 Sostiene lo siguiente el artículo 93 de la Constitución: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia." 2. De la razón jurídica 1. Desde el 5 de julio de 1991, y merced a la nueva Constitución, Colombia es un Estado pluralista en el que no hay homogeneidad religiosa, por lo tanto es preciso permitir la enseñanza de todas la opciones religiosas. 2. Existe el deber constitucional de todos de propender por el respeto y la convivencia pacífica, de que trata el preámbulo y los artículos 1º, 2º y 95.4 de la Carta. Este concepto de la convivencia pacífica es un valor  superior que irradia todo el ordenamiento constitucional y que debería informar las conductas de los operadores jurídicos todos. El pueblo colombiano comparte un tiempo y un espacio. Ha tenido un pasado común y está destinado a compartir el futuro. Para ello debe eliminar con el esfuerzo de todos los factores que generan violencia, entre los cuales figura en primerísimo lugar la intolerancia. Es preciso entender no sólo que existe "el otro", la otredad, la alteridad, sino que el hombre debe hacer aún un esfuerzo para comprender que ese otro es distinto, a veces contrario y, sin embargo, es preciso  convivir en el mundo con él. Hay espacio para todos. 3. Los profesores de los primeros años escolares tienen una misión particularmente delicada, pues al tiempo que informan y educan -como los demás-, deben procurar la creación y la re-creación de unos valores que formen en el respeto de los derechos humanos, en la paz y en la democracia, para la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, como lo consagra el artículo 67 de la constitución. Si los profesores no atienden a estos fines, se agreden  los derechos de los alumnos de una manera particularmente insidiosa, en la medida en que es sutilmente dirigida a su conciencia, valiéndose de paso de un posicionamiento de subordinación. En efecto, el profesor de la enseñanza básica primaria es para el niño una especie de segundo padre o madre, según el caso. Este "desplazamiento", esta "proyección" le permite al profesor incidir con particular eficacia en las mentes de sus educandos, de manera conciente y, peor aún, de manera inconciente. Así, el inconciente de los niños a la edad en que cursan en  primer año de primaria es perfectamente maleable y su deseo puede ser canalizado fácilmente en un cierto sentido.11 "En el inconciente no hay contradicción", como afirma Lacan.12 4. La libertad de conciencia subsume a una subespecie de ella: La libertad de cultos, esto es, la libertad para profesar o no  una cierta religión. "La manifestación de la libertad de conciencia, a través de la libertad religiosa -anotan Miller, Guelli y Cayuso-, significa adjudicar a cada hombre o grupo de hombres la potencia de estar inmune a la coerción tanto de parte de otros hombres como de los poderes del Estado. Por lo tanto, la protección de la libertad religiosa pareciera querer significar que ni se obliga a nadie a obrar contra su propia conciencia ni se le impide actuar conforme a ella, tanto en privado como en público."13 La libertad de cultos,  esto es, el derecho a profesar y difundir libremente la religión y la libertad de expresión, constituyen derechos fundamentales indispensables en una sociedad democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, como lo sostiene el artículo 1º de la Constitución. Como ya lo ha establecido la Corte Constitucional, en su sentencia Nº T-403, "las libertades de culto y de expresión ostentan el carácter de derechos fundamentales, no solamente por su consagración positiva y su naturaleza de derechos de aplicación inmediata, sino, sobre todo, por su importancia para la autorrealización del individuo en su vida en comunidad. En una sociedad cuyo orden jurídico garantiza las concepciones  religiosas o ideológicas de sus miembros, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus intervenciones, pues ellas pueden interferir la independencia y libertad de las personas que profesan una confesión  o credo"14 . Ahora bien, como lo tiene establecido esta Corporación, "la religión ocupa un lugar tan destacado en la autorrealización de la personalidad que las fricciones entre diferentes grupos por tal causa deben ser un factor previsible y por ello no necesariamente indeseable. La libertad de cultos, o derecho a profesar libremente la religión y a difundirla tiene como presupuesto esencial la posición del individuo en la Constitución, como persona responsable, con capacidad para desarrollar libremente su personalidad. Las libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de valores establecido en la Constitución, junto al mandato de tolerancia íntimamente ligado a la convivencia pacífica y al respeto de la dignidad humana, valores fundantes del Estado. [La Cátedra forzada coloca a los educandos] en  la posición de audiencia cautiva y forzada de quien se vale de ella para transmitir mensajes de tipo religioso. Cuando se utiliza un medio para potenciar la difusión de una idea, creencia o pensamiento en lugares que por su naturaleza se destinan al foro público, [como la escuela], los receptores eventuales de los mensajes y datos difundidos, así se encuentren involuntariamente en el espacio de propagación o influencia del sonido y por la fuerza de las circunstancias sean constreñidos a escuchar o a ver, no pueden constitucionalmente oponerse al ejercicio en dicho foro público de la libertad de  religión que allí se despliega. En el foro público está excluido por definición el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver [lo que allí se enseña.]"15 El Secretariado Permanente del Episcopado incluso ha reconocido que, a la luz de la Carta de 1886, artículo 53 precitado, "esta enseñanza confesional es facultativa aún para los católicos natos..."16 La vida religiosa es del fuero íntimo del ser, de suerte que resulta intolerable la posibilidad de ser manipulada desde el exterior. 5. Según el artículo 19 de la Carta, "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley." Esta norma, desde luego, es una aplicación en materia religiosa del principio de igualdad material genérico de que trata el artículo 13 idem, según el cual las situaciones iguales deben tratarse de manera semejante. 6. Por otro lado, no puede desconocerse el principio de imparcialidad de la función administrativa, consagrado en el artículo 209 constitucional. 7. Luego a la luz de la nueva Constitución, no es que exista una regla general de que la religión católica obliga ser cursada como materia básica, salvo que se solicite ser eximido. Ello violaría la libertad de conciencia. Por el contrario, las instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y preguntarle al educando -o a sus padres si es menor-, al momento de la matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin indagar si en efecto profesa o no dicho credo. 3. Del caso concreto 1. La acción de tutela está  prevista en el artículo 86 de la Constitución como un mecanismo que tiene toda persona para reclamar ante los jueces "la protección inmediata de sus derechos  constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados..." Esta acción hunde sus raíces en los campos del principio de la efectividad de los derechos, que según el artículo 2º constitucional es uno de los fines esenciales del Estado, todo ello inscrito en el deseo del constituyente y de los colombianos de construír un Estado social de derecho que propenda como fin último por la dignidad de la persona. La acción de tutela exige además que, como en este caso, no existan otros medios de defensa judiciales. 2. De conformidad con las bases constitucionales anteriormente expuestas, es claro que tanto la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas como las directivas de la Escuela Julio Zuluaga han violado los derechos constitucionales fundamentales del educando Raúl Vladimir García Bedoya y de sus padres, Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García, por lo cual le corresponde al Juez entrar a tutelar dichos derechos. Procede pues la tutela de los derechos de los petentes porque con la conducta desplegada por la Secretaría de Educación de Caldas, a través de un equivocado concepto de la oficina jurídica de octubre de 1991, se violan claramente los derechos al libre desarrollo de la personalidad del educando (art. 14), a la libertad de conciencia (art. 18), a la libertad de cultos y religiones (art. 19) y sus derechos fundamentales en tanto que niño (art. 44), así como se violan también los derechos de sus padres a educarlos conforme a sus creencias (art. 68.4). También se vulneran claramente las normas internacionales arriba citadas. En efecto, en dicho concepto jurídico se afirma que "si bien es cierto que en la Constitución Política de Colombia de 1991 se garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su artículo 68, inciso 4, parte final, establece "en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa". También es cierto que no ha salido reglamentación alguna sobre el particular: en consecuencia, hasta que no se reglamente, y en el pensum curricular no se modifique, los establecimientos oficiales tendrán que continuar aplicando lo reglamentado en materia de orientación básica para la administración curricular..." (subrayas no originales). La administración curricular está prevista en el Decreto  Nº 1002 del 24 de abril de 1984, "por el cual se establece el Plan de Estudios para la educación Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional  de la Educación Formal Colombiana. Allí, en el artículo 5º, se establece: "las áreas comunes para la Educación Básica Primaria son:... Educación Religiosa y Moral." En consecuencia, para la oficina jurídica de la Secretaría de Educación de Caldas y, con ella, para las directivas del centro educativo Julio Zuluaga, debe aplicarse preferentemente el Decreto 1002 de 1984 sobre los artículos constitucionales 14, 18, 19, 44 y 68.4. Del examen del Decreto 1002 de 1984, a la luz de las tres disposiciones constitucionales citadas, se infiere en forma razonable que las autoridades educativas tanto departamentales como de la institución concreta no podían darle prelación a un reglamento sobre las disposiciones constitucionales sin violar con ello la Carta, de 1991, como tampoco lo podían hacer antes, al tenor del artículo 215 de la Constitución de 1886. Para esta Sala de la Corte la actitud de las autoridades escolares viola la Constitución, es una interpretación equivocada, por los siguientes motivos: 3. Primero, el artículo 4º superior dice en su inciso primero: "Art. 4º.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales." Para esta Sala de la Corte, en efecto, es claro que debió  darse primacía a las normas constitucionales que protegían los derechos fundamentales de los petentes, pues ellas son superiores (art. 4º). Ello porque toda norma, sea cual fuere su naturaleza jurídica, anterior o posterior a la carta de 1991, está subordinada en su aplicación a la conformidad con la Constitución. En este sentido, una norma jurídica violatoria de la Constitución es, si fuere anterior su vigencia, derogada; y, si fuere con posterioridad, no aplicable. 4. Segundo, el artículo 85 de la Constitución dice: "Art. 85.- Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos... 14. 18, 19..." Las normas constitucionales citadas son de aplicación inmediata, esto es, que no requieren un previo desarrollo normativo para hacerse efectivas (art. 85). De todas maneras, si se requiriera un tal desarrollo normativo, según el artículo 93 de la Carta, desde el 5 de julio de 1991 se incorporó automáticamente al derecho colombiano todo un conjunto de disposiciones que reglamentan los derechos humanos, en este caso, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los  Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (vid supra). 5. Tercero, el artículo 44 idem dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." 6. Fruto entonces de esa equivocada interpretación constitucional, las directivas de la escuela Julio Zuluaga intentaron primero forzar al infante Raúl Vladimir a recibir la instrucción de la religión católica, así como a participar de sus rituales y, luego, procuraron "reeducarlo". En principio en Colombia existe libertad de enseñanza, pero ella no es absoluta sino que tiene un límite constituído por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros. 7. Además es preciso tener presente que la escuela Julio Zuluaga es "una Entidad Educativa de carácter Oficial", según lo afirma el oficio del día 12 de febrero de 1992, suscrito por el Secretario de Educación Departamental, de Caldas. La Escuela mencionada vulnera en este sentido el artículo 68.4 constitucional, que dice que en "los establecimientos  del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación  religiosa." 8. Observa de paso esta Sala que distinto sería el caso para las instituciones educativas particulares o privadas, en donde la interpretación constitucional estaría matizada por elementos conceptuales adicionales, tales como los enunciados en los artículo 27 y 333, sobre los cuales no es del caso detenerse. 9. Con las conductas descritas se han desconocido también los derechos de los padres del educando: Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García. En efecto, el artículo 68.4 dice que "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores". Aquí sin embargo la escuela Julio Zuluaga ha querido imponer un tipo de educación religiosa en contra de la libre decisión de los padres. Ello es contrario a la Carta pues el carácter de padre no se limita al hecho de dar la vida, sino que implica también, como algo inherente a su esencia, el hecho de orientar espiritualmente  a los hijos. Ello incluso es un deber de los padres, según el artículo 42.5 de la Carta. Luego no tienen más derecho los educadores que los padres -educadores primigenios- para decidir el tipo de formación religiosa de un niño. Como afirma Oscar Alzaga Villamil, a propósito del artículo 27.3 de la Constitución española, "se nos insiste de entrada en la responsabilidad de los padres, de la que se deriva el derecho de los mismos a elegir el tipo de educación de sus hijos. Nosotros estamos muy lejos de negar tal cosa, sería materializar demasiado a la familia, limitar su función a crear la vida física, no permitiéndole transmitir la vida moral. Es obvio... que la familia y no el Estado, es la creadora de vida, con sus consecuencias inherentes, entre ellas su perfeccionamiento, es decir, la educación de los hijos."17 10. De paso observa la Sala que los derechos constitucionales fundamentales  no son exclusivamente los que se encuentran el Capítulo 1 del Título II de la Carta, como ya lo tiene establecido esta Corporación18 11. Para esta Sala cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en consecuencia los peticionarios tienen derecho a ser tutelados en sus derechos constitucionales fundamentales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Manizales, en su sentencia del 26 de febrero de 1992, motivo por el cual se ordenará aquí  confirmar dicho fallo. En Mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO: Confirmar por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), de fecha veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), en el proceso de la referencia. SEGUNDO: Enviar, por medio de la secretaría General de esta Corporación, copia de esta sentencia a las directivas  de la Escuela Julio Zuluaga de Manizales, a la Secretaría de Educación de Caldas, al Ministerio de Educación Nacional, a Fecode y Ade. TERCERO: Líbrense por Secretaría las comunicaciones  de que trata  el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Cuarta de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Vid. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Winsconsin vs.Yoder. 406 US 205, 92 S. Ct. 1526,32 L. Ed. @d. 15 (1972). 2 Vid. Fallo de la Corte Suprema de Argentina, marzo 6 de 1979, caso Barros us Consejo Nacional de Educación. 3 Cfr. Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Capítulos XI y XVII. Editorial Bruguera.Barcelona, 1974.  En este libro, escrito en 1513, el Secretario Florentino divorcia el poder político del poder religioso. 4 Cfr. Sentencia Nº T-403 precitada, pág. 8-9. 5 Gaceta Constitucional Nº 82, pág. 10. 6 Gaceta Constitucional Nº 112 pág. 6. 7 Véase Gaceta Constitucional Nº 29, del 30 de marzo de 1991, pág. 5. 8 Veáse Sentencia Nº T-02 de la Corte Constitucional, pág. 28. 9 Idem, pág. 31. 10 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional Nº T-785, pág. 14. 11 Cfr. Freud, Sigmund, Introducción al Psicoanálisis. Alianza Editorial.16ª edición. Madrid, 1988. Pág. 17, donde afirma que lo psíquico es un compuesto de procesos de la naturaleza del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad. 12 Lacan, Jacques. Seminario Lógica del Fantasma. París, 1966-1967. 13 Cfr. Miller, Jonathan; Gelli, María Angélica y Cayuso, Susana. Constitución y derechos humanos. Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1991.Pág. 632. 14 Corte Constitucional. Sentencia Nº T-403, de junio 3 de 1992, pág. 6. 15 Sentencia Nº 403, pág. 23. 16 Cfr. Secretariado Permanente del Episcopado. La verdad sobre el concordato colombiano. Bogotá,, 1988. Pág. 61. 17 Vid. Alzaga Villamil, Oscar. Comentario Sistemático a Constitución Española de 1978. Ediciones de Foro. Madrid, 1978. Pág. 259 18 Cfr. Fallo T-02, reiterado por todas las otras Salas de Revisión de tutela de la Corte Constitucional.

T-422-92 Sentencia No Sentencia No. T-422/92 IGUALDAD ANTE LA LEY/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/CONCURSO DE MERITOS/CARGA DE LA PRUEBA La circunstancia de ocupar el primer puesto en un concurso de méritos para un cargo de la administración y, sin embargo, no ser nombrado por la entidad es factor suficiente para presumir un trato diferente, discriminatorio en contra de la persona afectada por la medida. Si se demuestra que dicho trato diferente no está objetiva y razonablemente justificado, la respectiva actuación deberá ser excluida del ordenamiento por ser violatoria del principio de igualdad. Si la desigualdad aducida resulta de una distinción hecha por el legislador y cuya validez se niega, la carga de probar la razonabilidad de la diferencia incumbe a quien defiende la ley; por su parte, quien impugna una ley por considerar que desatiende diferencias significativas, debe aportar las razones por las que debió atribuirse relevancia jurídica a tales diferencias. JUEZ CONSTITUCIONAL-Criterios/LEY-Validez Constitucional La Constitución menciona algunas de las razones o situaciones fácticas para prohibir que el legislador las adopte como factor de diferenciación. No obstante, la mención de los factores considerados discriminatorios para establecer una diferencia de protección o trato no es suficiente. El juez ha de buscar fuera de la Constitución el criterio de diferenciación con el cual juzgar la validez constitucional de una norma que atribuye relevancia jurídica a cualquiera de las infinitas diferencias fácticas que la realidad ofrece. Al juez constitucional no le basta oponer su "razón" a la del legislador, menos cuando se trata de juzgar la constitucionalidad de una norma legal. La jurisdicción es un modo de producción cultural del derecho; el poder del juez deriva exclusivamente de la comunidad y sólo la conciencia jurídica de ésta permite al juez pronunciarse sobre la irrazonabilidad o no de la voluntad del legislador. CONCURSO DE MERITOS/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Toda autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades discrecionales para el nombramiento de una persona en un cargo, cuando medie previamente concurso, deberá diseñar y ejecutar la evaluación de tal forma que excluya el trato discriminatorio de los aspirantes. Por su parte, las normas que por su indeterminación al otorgar facultades discrecionales a la autoridad permitan un trato discriminatorio deberán ser excluidas del ordenamiento y, mientras ello así sucede, deberán ser inaplicadas en el caso concreto para evitar la vulneración del principio de igualdad. SENTENCIA DE JUNIO 19 DE 1992 REF. : Expediente T-298 Actor: JORGE ELIECER RANGEL PEÑA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-298 adelantado por el señor JORGE ELIECER RANGEL PEÑA contra el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA. A N T E C E D E N T E S 1. En su solicitud, el señor JORGE ELIECER RANGEL PEÑA narra que después de once años de vinculación al Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente), en el cargo de Almacenista del Proyecto Carare-Opón, fue despedido a fines de 1988, cuando por motivos de seguridad personal relacionados con hechos de alteración del orden público tuvo que abandonar el lugar de trabajo; en su momento, el accionante consideró legal dicha decisión pero la tuvo como injusta; igualmente, narró que pocos meses antes había enviado al funcionario competente de dicho Instituto su petición de inscripción en la carrera administrativa para que fuese tramitada debidamente ante el Departamento Administrativo de Servicio Civil lo que nunca ocurrió por mala fe o al menos descuido de tal empleado, en su sentir; por último relató  que en septiembre de 1991 concursó para el mismo cargo que había ocupado y que, a pesar de haber ocupado el primer puesto, y ser política de la entidad escoger para el cargo al primero del concurso, no fue nombrado. 2. Correspondió conocer del asunto al Juzgado 53 de Instrucción Criminal de Bogotá, el cual, tras practicar algunas pruebas, decidió el ocho de enero del año corriente negar la solicitud por considerar que la insubsistencia había sido legal por tratarse de un empleado de libre nombramiento y remoción - así el cargo fuese de carrera -, que no existía prueba fehaciente de lo descrito por el accionante en relación con su malograda inscripción en la carrera administrativa y que, finalmente, pese al resultado del concurso, la decisión del Instituto que no lo escogió para el cargo era legal conforme a la resolución 350 del 9 de julio de 1982, expedida por el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuyo artículo 2o., parágrafo, dispone que el nombramiento que se haga previo concurso debe recaer sobre uno de los primeros cinco elegibles y no necesariamente en el primero por su puntaje, de manera que el nominador goza de un razonable margen de discrecionalidad. 3. Debido a impugnación interpuesta por el actor, la segunda instancia se surtió ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el cual, a través de la Sala de Decisión Penal respectiva, el 24 de enero cursantes, confirmó el fallo del inferior con similares argumentos; en relación con las fallidas gestiones del peticionario para ingresar a la carrera administrativa, el Tribunal dijo: "La acción de tutela tampoco va dirigida a descifrar si se violó o no el derecho en el momento en que no se remitieron los formularios para la inscripción en la carrera administrativa o si la funcionaria encargada para ello, cometió o no un ilícito, tal como lo sugiere el recurrente, por ende, su argumento se sale del contexto de lo invocado en el ejercicio de la acción, de conformidad con el memorial petitorio". 4. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas entra a resolver mediante esta sentencia y por vía de revisión de los fallos respectivos la acción de tutela intentada por el señor JORGE ELIECER RANGEL PEÑA, mediante solicitud calendada el 23 de diciembre del pasado año. FUNDAMENTOS JURIDICOS Cargo central del solicitante 1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que el argumento central del peticionario para solicitar la tutela de su derecho al trabajo no es tanto la declaratoria de insubsistencia del INDERENA, acaecida en 1988, ni la posible negligencia o mala fe del funcionario público que omitió el trámite de su inscripción en la carrera administrativa con anterioridad a su desvinculación, sino la negativa de la entidad a nombrarlo en el mismo cargo, luego de haber ocupado el primer puesto en el concurso celebrado por ésta en septiembre de 1991. Concepto de los falladores de tutela 2. En concepto de los falladores de instancia, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente al no escoger al señor RANGEL PEÑA para el cargo, actuó dentro de la legalidad, puesto que la Resolución 350 del 9 de julio de 1982, expedida por el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, dispone en el parágrafo del artículo 2o. que el nombramiento que se haga previo concurso debe recaer sobre los primeros cinco elegibles, y no necesariamente en el primero por su puntaje. Discrecionalidad de la administración 3. Las normas invocadas para sustentar su decisión otorgan a la entidad administrativa un razonable margen de discrecionalidad con miras a garantizar el buen servicio y el efectivo cumplimiento de sus funciones. La discrecionalidad está instituida en la ley en favor de la administración y todos los actos proferidos en desarrollo de esta atribución están amparados bajo la presunción de legalidad. Particularmente, los preceptos jurídicos que autorizan a una entidad administrativa para nombrar a alguno de los cinco primeros cuando ha mediado previamente concurso, son expresión clara de la potestad discrecional, una de cuyas manifestaciones es la facultad de libre nombramiento y remoción (CP art. 125). No vulneración del derecho fundamental al trabajo 4. En principio, la persona que ocupó el primer puesto en un concurso para la provisión de un cargo en la administración, y que a la postre no fue nombrada para ocuparlo, puede afirmar la violación de su derecho al trabajo al verse excluido, sin razón suficiente, del mismo. No obstante, las normas legales que regulan el ingreso a los cargos públicos mediante concurso reservan a favor de la entidad respectiva la atribución de nombrar libremente al funcionario entre los cinco primeros aspirantes, con miras a dar cabida a factores que no se reflejan en los concursos y son determinantes para el cargo, como las cualidades específicas de la persona y sus antecedentes laborales y personales. En consecuencia, no es posible afirmar la vulneración del derecho al trabajo cuando la persona solamente posee una justificada expectativa para ocupar un cargo, pero no es titular de un derecho adquirido que pueda ser oponible frente a la facultad nominadora de la administración. Posible vulneración del principio de igualdad 5. Una norma que otorgue a la administración un margen de discrecionalidad tan amplio que en su aplicación, teniendo en cuenta su finalidad y los medios empleados para alcanzarla, pueda dar lugar a un trato discriminatorio, es inconstitucional por contrariar el artículo 13 de la Constitución. En efecto, aunque el accionante de tutela no adujo la violación del principio de igualdad, el juez constitucional tiene el deber de establecer si la acción u omisión de la autoridad pública viola o amenaza otros derechos fundamentales distintos a los invocados por el solicitante, mediante aplicación analógica del artículo 22 del Decreto 2067 de 1991. La circunstancia de ocupar el primer puesto en un concurso de méritos para un cargo de la administración y, sin embargo, no ser nombrado por la entidad es factor suficiente para presumir un trato diferente, discriminatorio en contra de la persona afectada por la medida. Si se demuestra que dicho trato diferente no está objetiva y razonablemente justificado, la respectiva actuación deberá ser excluida del ordenamiento por ser violatoria del principio de igualdad. Concepto de igualdad 6. La igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los "términos de comparación". Cuáles sean éstos o las características que los distinguen, no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según el punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. La determinación del punto de referencia, comúnmente llamado tertium comparationis, para establecer cuando una diferencia es relevante, es una determinación libre más no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier juicio de igualdad. Alcance del principio de igualdad 7. El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, como principio normativo de aplicación inmediata, supone la realización de un juicio de igualdad, a la vez que excluye determinados términos de comparación como irrelevantes; es así como, en atención al principio de igualdad se prohibe a las autoridades dispensar una protección o trato diferente y discriminatorio "por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Derecho: factor de diferenciación y de igualación 8. Sin embargo, el artículo 13 de la Constitución no prescribe siempre un trato igual para todos los sujetos del derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a situaciones distintas - entre ellas rasgos o circunstancias personales - diferentes consecuencias jurídicas. El derecho es, al mismo tiempo, un factor de diferenciación y de igualación. Opera mediante la definición de supuestos de hecho a los que se atribuyen consecuencias jurídicas (derechos, obligaciones, competencias, sanciones, etc.). Pero, los criterios relevantes para establecer distinciones, no son indiferentes para el derecho. Algunos están expresamente proscritos por la Constitución y otros son especialmente invocados para promover la igualdad sustancial y con ello el ideal de justicia contenido en el Preámbulo. Concepción tradicional del principio de igualdad 9. La idea de la ley como norma general, impersonal y abstracta, es la base de todo el sistema jurídico decimonónico. La ley es expresión de la voluntad general y, por definición, a todos trata por igual. El principio de igualdad queda así subsumido enteramente en el principio de legalidad. Según esta concepción del derecho, la ley es el único punto de referencia jurídicamente relevante para establecer diferenciaciones, característica ésta que le impone a la misma su generalidad y duración indefinidas. Para los aplicadores del derecho, administradores o jueces, no hay más tertium comparationis distinto del que la propia ley, en su grado de abstracción, ofrece. Para el legislador, el principio de igualdad, así entendido, impide establecer entre los ciudadanos diferencias que no resulten del libre juego de las fuerzas sociales. Entendida la sociedad civil como un hecho natural, ajeno al Estado, no hay obstáculo alguno para considerar naturales y, en consecuencia jurídicamente relevantes, las diferencias que la sociedad establece. Cambio de significado del principio de igualdad 10. Sólo hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se generaliza el sentimiento de que la igualdad no es un punto de partida, sino una finalidad, y que la sociedad no es un hecho natural, ni naturales las diferencias que de ella resultan, se opera en el mundo jurídico un cambio de significado del principio de igualdad. Signos de la transformación de la igualdad como generalidad abstracta son la irrupción de partidos de "clase" al poder, la reducción del concepto de ley a una noción puramente formal, el traslado de poder a los Parlamentos y, sobre todo, el dominio de éstos por partidos políticos fuertemente organizados y disciplinados, los cuales terminaron por eliminar los supuestos en los que se asentaba el viejo sistema. Criterios de diferenciación 11. El primer problema que plantea una nueva concepción del principio de igualdad hace relación con cuál es el criterio de diferenciación -tertium comparationis- al que ha de acudir el juez, en contraste con el del legislador, para aceptar o rechazar el que éste incorporó en la norma. La Constitución menciona algunas de las razones o situaciones fácticas para prohibir que el legislador las adopte como factor de diferenciación. No obstante, la mención de los factores considerados discriminatorios para establecer una diferencia de protección o trato no es suficiente. El juez ha de buscar fuera de la Constitución el criterio de diferenciación con el cual juzgar la validez constitucional de una norma que atribuye relevancia jurídica a cualquiera de las infinitas diferencias fácticas que la realidad ofrece. Fórmulas para precisar la relevancia de una diferenciación 12. El carácter de "regla" que ostenta el principio de igualdad consagrado en las constituciones modernas, como la inclusión de determinados criterios expresamente prohibidos, han llevado a todas las jurisdicciones constitucionales a acuñar fórmulas para establecer cuándo se está ante una diferenciación irrelevante y, por lo tanto, frente a un trato discriminatorio. Entre las más importantes se encuentran la razonabilidad de la diferenciación y la proporcionalidad de los medios incorporados en la norma y los fines de ésta. Justificación objetiva y razonable 13. Según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Razonabilidad de la norma 14. La equiparación del principio de igualdad con una exigencia de razonabilidad de la diferenciación no resuelve el problema de cuál debe ser el criterio a escoger por el juez para valorar la obra del legislador.  Al juez constitucional no le basta oponer su "razón" a la del legislador, menos cuando se trata de juzgar la constitucionalidad de una norma legal. La jurisdicción es un modo de producción cultural del derecho; el poder del juez deriva exclusivamente de la comunidad y sólo la conciencia jurídica de ésta permite al juez pronunciarse sobre la irrazonabilidad o no de la voluntad del legislador. Proporcionalidad de la norma 15. De otra parte, los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida no solo tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. De esta forma, la comunidad queda resguardada de los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración. Carga de la argumentación 16. La equiparación del principio de igualdad con la interdicción de la arbitrariedad supone necesariamente un problema procesal respecto de quién tiene la carga de la prueba sobre la razonabilidad o no de una diferenciación. Si la desigualdad aducida resulta de una distinción hecha por el legislador y cuya validez se niega, la carga de probar la razonabilidad de la diferencia incumbe a quien defiende la ley; por su parte, quién impugna una ley por considerar que desatiende diferencias significativas, debe aportar las razones por las que debió atribuirse relevancia jurídica a tales diferencias. Igualdad y justicia distributiva 17. El derecho no es, sin embargo, una pura estructura formal, sino una estructura dotada de sentido necesario. Todo orden político-jurídico que se pretende justo relaciona estrechamente la idea de justicia al principio de igualdad. El enunciado que ordena "tratar los casos semejantes de la misma manera y los diferentes de diferente manera" es un elemento central en la idea de justicia. En efecto, tanto para Aristóteles como para Platón, la teoría de la justicia es inseparable de la teoría de la política, en cuanto que su objeto es la mejor forma de gobierno, es decir, el gobierno justo. El principio de igualdad condiciona, en primer lugar, la forma justa de distribuir el poder en una sociedad. Igualdad sustancial e igualdad de oportunidades 18. El principio de igualdad consagrado en la Constitución no es ni un parámetro formal del valor de toda persona ante el derecho, ni un postulado que pretenda instaurar el igualitarismo, sino una fórmula de compromiso para garantizar a todos la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades en un mundo caracterizado por diferencias de todo tipo (étnicas, culturales, económicas, sociales, políticas) se garantiza mediante la misma protección y trato de las autoridades, sin que haya lugar a discriminación. Pero su consecución sólo es posible estableciendo diferencias en favor de personas o grupos en situación de desigualdad por sus condiciones concretas de marginamiento, discriminación o debilidad manifiesta. Igualdad de oportunidades y derechos de participación 19. En el plano de la organización y el funcionamiento de las instituciones públicas la igualdad de oportunidades se traduce en el derecho a participar en el poder político y a ser respetado y tenido en cuenta con similar consideración que a las demás personas. Uno de los medios a través del cuál se ejercen tales derechos políticos de igualdad es el sufragio; otro, el derecho a ocupar cargos en la administración. El postulado de democracia participativa (CP, Preámbulo, arts. 1 y 2) inspira los derechos políticos de participación y fundamenta la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la provisión de empleos en las entidades del Estado. Diversidad de empleos en la administración 20. Existen diversas modalidades de empleos en los órganos y las entidades del Estado. Unos son de carrera, otros de libre nombramiento y remoción, y otros, los cuales no están determinados por la Constitución o la ley, son nombrados por concurso público (CP art. 125). Objetivo común de los diversos empleos 21. Independientemente de los efectos jurídicos de cada forma de vinculación al Estado - por carrera, libre nombramiento o concurso - todos los empleos públicos buscan un objetivo común, cual es el mejor desempeño de sus funciones para la consecución de los fines del Estado. El ingreso y ascenso en los cargos de carrera se lleva a cabo mediante el sistema de méritos y cualidades de los aspirantes; de igual forma, la permanencia o desvinculación de una persona de libre nombramiento y remoción obedece a razones de buen servicio o de confianza, según el caso, sin que la discrecionalidad de la administración pueda tornarse en arbitrariedad. Nada diferente sucede con los concursos públicos para acceder a un cargo: el criterio principal es la "eunomía", o ley del mejor, según la cual, los méritos personales determinan quién será el opcionado para ejercer las funciones públicas. Finalidad de la norma jurídica como fundamento de la actividad estatal 22. La resolución 350 del 9 de julio de 1982, expedida por el Jefe del Departamento Administrativo de Servicio Civil, invocada como fundamento por la autoridad nominadora en este caso, tiene como finalidad escoger al mejor de los aspirantes para ocupar un cargo; tal finalidad pretende ser lograda mediante el mecanismo del concurso público, resguardando a la vez a la autoridad nominadora la facultad discrecional de nombrar uno de los cinco primeros aspirantes. Términos de comparación de la norma 23. Los términos de comparación establecidos por la norma son, por un lado, el hecho de ocupar uno de los cinco primeros puestos en un concurso público para un cargo y, por otro, la circunstancia de no haber ocupado uno de dichos lugares, con la consecuencia de quedar impedido para ejercer el cargo. Por otra parte, el criterio o factor relevante para distinguir entre quién ocupará finalmente el cargo y aquéllos que no serán nombrados, es la discrecionalidad de la autoridad nominadora. Criterio relevante de la norma 24. En el presente caso, el tertium comparationis, o criterio relevante para determinar quién debía ocupar el cargo de Almacenista del Proyecto Carare-Opón en el Inderena, como resultado final del concurso público celebrado para ello en septiembre de 1991, es la voluntad de la autoridad administrativa. El Gobierno Nacional, en uso de las facultades reglamentarias así lo dispuso, al establecer en el artículo 210 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973 que: "Cuando sea necesario proveer un empleo por vacancia o creación y no fuere posible hacerlo por ascenso, deberá designarse a una de las personas que se encuentren entre los cinco primeros puestos de la lista de elegibles formado por concurso público". Relación de fines y medios está justificada racionalmente 25. Sometido al examen de constitucionalidad, el criterio de diferenciación escogido - discrecionalidad de la administración - sólo podría ser aceptable si existe una justificación objetiva y razonable para establecer tal tratamiento diferenciado. La finalidad buscada por el legislador mediante el sistema de concurso público para acceder a un cargo en el Estado - escogencia por mérito - pretende ser alcanzada finalmente por la decisión discrecional de la autoridad nominadora. Sin embargo, la relación entre la finalidad de la norma y el medio escogido para alcanzarla podría dar lugar a un resultado divergente, al depender éste exclusivamente del criterio subjetivo de la autoridad. No obstante, la posible divergencia entre la finalidad del concurso público y el criterio subjetivo de la autoridad, no es un factor suficiente para inferir de allí la irrazonabilidad del criterio diferenciador introducido en la norma ni, por consiguiente, la ilegitimidad de uno de los medios escogidos, como es el de garantizar un margen de apreciación suficiente a la administración en favor de la mejor prestación del servicio. Proporcionalidad de medios y fines 26. Aunque existe una justificación razonable para aceptar el criterio diferenciador enunciado, éste debe ser proporcional. El juicio de proporcionalidad entre el fin buscado por la norma y los medios escogidos para ello tiene en cuenta no sólo la necesidad y la adecuación de estos últimos al primero, sino además la existencia de otros medios alternativos que, siendo menos gravosos de intereses o bienes jurídicos legítimos, podrían lograr igual cometido. Oportunidad del medio empleado y buena fe 27. La exigencia de una justificación objetiva y razonable para establecer una diferenciación comporta la necesidad de que los medios empleados sean adecuados, proporcionales y oportunos. Un medio como la facultad discrecional de la administración puede ser adecuado y proporcional con relación al fin del buen servicio buscado, pero por su ejercicio inoportuno ser inconstitucional, al contrariar intereses legítimos de una persona mientras se encuentra en determinadas circunstancias. La oportunidad en el uso de un medio está condicionada a las circunstancias del caso concreto. Igualmente, la actuación pública es desproporcionada cuando es contraria a las exigencias de la buena fe, en cuanto la autoridad adopta una decisión que no es la conducta racional y recta que podría esperarse de una persona en la misma situación. Discriminación por trato desproporcionado 28. Estudiado detenidamente el caso sub-examine bajo esta óptica, esta Sala de Revisión llega a la conclusión que el medio empleado por la entidad administrativa para proveer uno de sus cargos, atendidas las circunstancias del caso, se revela como desproporcionado en cuanto a la relación de fines y medios. Mientras que el señor RANGEL PEÑA demostró ser quien tenía mayores méritos para ocupar el cargo anteriormente desempeñado por él - con lo que cumplía con la finalidad de escoger al mejor -, la autoridad administrativa en uso de su discrecionalidad no lo nombró, sin mediar siquiera motivación para ello, ni acreditar o alegar razones de peso para apartarse del resultado del concurso, invocando el ejercicio de las propias razones,  con lo cual acabó traicionando la confianza legítima del concursante mejor opcionado. La decisión de la autoridad lleva indefectiblemente al descrédito del sistema de concurso por desatención absoluta de sus resultados. Si a la administración le cabía ejercer su potestad discrecional escogiendo a uno de los cinco primeros del concurso, ello había podido hacerlo mediante la elección de otro medio que no tuviera efectos contraproducentes sobre la credibilidad de los sistemas de acceso al ejercicio del poder político, como por ejemplo, incorporando en el concurso público mismo evaluaciones sicológicas, motivacionales o comportamentales de quien aspira a ocupar un cargo determinado. Además, al acreditar el señor RANGEL PEÑA su condición de persona con más méritos para ocupar el cargo, y estando demostrado que la política del INDERENA era la de elegir a quien ocupara el primer puesto en el concurso público, según lo confirmara en declaración ante el juez de conocimiento el señor SERGIO OCTAVIO GAVIRIA TRESPALACIOS, Subgerente Administrativo y Financiero del Inderena, la carga de la argumentación y de la prueba para no respetar esta situación diferencial se desplazó a la entidad. Límites al poder discrecional de la administración y del legislador 29. Toda autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades discrecionales para el nombramiento de una persona en un cargo, cuando medie previamente concurso, deberá diseñar y ejecutar la evaluación de tal forma que excluya el trato discriminatorio de los aspirantes. Por su parte, las normas que por su indeterminación al otorgar facultades discrecionales a la autoridad permitan un trato discriminatorio deberán ser excluidas del ordenamiento y, mientras ello así sucede, deberán ser inaplicadas en el caso concreto para evitar la vulneración del principio de igualdad. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en mérito de lo expuesto, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la decisión de tutela proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFE DE BOGOTA del veinticuatro (24) de enero de 1992, por la cual se confirmó la sentencia del JUZGADO 53 DE INSTRUCCION CRIMINAL DE BOGOTA, del ocho (8) de enero de 1992. SEGUNDO.- ORDENAR la inaplicación del parágrafo del artículo 2o. de la Resolución 350 del 9 de julio de 1982 y del artículo 210 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973 por ser incompatibles con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución. TERCERO.- CONCEDER la tutela de su derecho a la igualdad de oportunidades y de su derecho fundamental al trabajo al señor JORGE ELIECER RANGEL PEÑA y, en consecuencia, ORDENAR al Instituto Colombiano de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), por medio de su Gerente General, que en el término de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a nombrar al mencionado señor en el cargo para el cual se presentó a concurso público y ocupó el primer lugar. CUARTO.- COMUNIQUESE al JUZGADO 53 DE INSTRUCCION CRIMINAL DE BOGOTA la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente - Salvamento de voto - CIRO ANGARITA BARON Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Séptima de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Salvamento de voto a la Sentencia No. T-422 ADMINISTRACION PUBLICA-Discrecionalidad/CARRERA ADMINISTRATIVA/CONCURSO DE MERITOS (Salvamento de voto) La Resolución del Departamento Administrativo del Servicio Civil es clara en el sentido de que el nominador está obligado a designar uno de los cinco primeros -bien entendido que los elegibles pueden ser menos sin que por ello el principio pierda aplicabilidad- pero que no está forzado a escoger a quien haya ocupado el primer lugar, pues se le ha querido dar un cierto margen de apreciación de lo que más convenga a la Entidad y a la administración de acuerdo con factores que generalmente no son reflejados por los concursos pero que tienen suma importancia como son "las cualidades específicas del funcionario en relación al cargo que se va a proveer y los antecedentes laborales y personales del mismo". EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia/JUEZ DE TUTELA-Límites (Salvamento de voto) La sentencia sin ninguna explicación lógica o forma alguna de distinción, salta de un momento a otro a criticar las normas en sí y en su contenido general, aparte de cualquier caso concreto en que se apliquen y sea  que se apliquen o no razonable y equitativamente y por lo mismo, sin ninguna autoridad para ello y en abierto desafio a nuestro sistema constitucional y legal, termina decidiendo una inaplicabilidad por inconstitucionalidad general y no limitada al caso concreto, en razón  y para el mismo que es lo lógico, técnico y procedente. Somos jueces constitucionales y no administradores. Me permito salvar el voto de la sentencia T-422 del 16 de junio corrientes, dictada dentro del proceso de tutela instaurado por el señor JORGE ELIECER RANGEL PEÑA y que yo considero francamente abusiva. En primer término, quiero dejar establecido el modo como creo que debió decidirse el caso, lo que haré mediante la transcripción de lo pertinente de la ponencia inicial que presenté y que fue desautorizada por la mayoría, y luego comentaré el proveído del cual me separo. 1.   La ponencia inicial, en esencia, decía así: "En cuanto al resultado del concurso que se efectuó en septiembre del pasado año, debe considerarse que existe la resolución 350 de 1982 del Jefe de Departamento Administrativo del Servicio Civil, como lo afirman los sentenciadores de instancia con razón, la que es clara en el parágrafo de su artículo 2o. en el sentido de que el nominador está obligado a designar uno de los cinco primeros -bien entendido que los elegibles pueden ser menos sin que por ello el principio pierda aplicabilidad- pero que no está forzado a escoger a quien haya ocupado el primer lugar, pues se le ha querido dar un cierto margen de apreciación de lo que más convenga a la Entidad y a la administración de acuerdo con factores que generalmente no son reflejados por los concursos pero que tienen suma importancia como son "las cualidades específicas del funcionario en relación al cargo que se va a proveer y los antecedentes laborales y personales del mismo"". Es de observar en este punto que el autor de la resolución estaba facultado al efecto por el artículo 184 del Decreto reglamentario 1950 de 1973, entre otros; dice este artículo: "La provisión de los empleos comprendidos en la carrera administrativa se hará mediante la selección de candidatos capacitados, por el sistema de concursos, de acuerdo con los reglamentos que expida el Departamento Administrativo del Servicio Civil". Además, ya el decreto ley 2400 de 1968 le había señalado atribuciones al Departamento Administrativo del Servicio Civil para "fijar la política en materia de administración de personal civil" y para "establecer los sistemas de selección"(art. 54). Finalmente, se destaca que el artículo 210 del decreto 1950 de 1973 ya había establecido el sistema cuando dispuso: "Cuando sea necesario proveer un empleo por vacancia o creación y no fuere posible hacerlo por ascenso, deberá designarse a una de las personas que se encuentren entre los cinco primeros puestos de la lista de elegibles formado por concurso abierto". Se concluye, entonces, que la conducta del empleador se ciño a la ley. 2.   A su vez, la providencia merece algunos comentarios, como los siguientes: a.   Se parte del presupuesto equivocado de que las pruebas que componen el concurso de méritos arrojan un resultado perfecto, completo, absolutamente confiable y, por lo tanto obligatorio como demostración inconcusa de una disposición o vocación inmejorable para el cargo, cuando la verdad es que se trata de un instrumento falible y oscilante que se ha venido diseñando como fórmula de ayuda y como una guía de importancia apenas relativa para llegar a decisiones que tienen más complejidad y vasto alcance como son las que atañen a las necesidades del servicio y al mejor desarrollo de la función pública, puntos estos que son los verdaderamente centrales y básicos en la escogencia de los funcionarios públicos; hay, además, una serie de factores y aspectos que tienen influencia en esto último y que no se reflejan ni están contenidos en tales pruebas y que pueden ser determinantes, como ocurre, por ejemplo, con inusitada frecuencia con rasgos morales relevantes, antecedentes personales, hábitos y costumbres que, como si fuera poco, son refractarios a una evaluación simplemente numérica. Ante este carácter nada más instrumental y orientador de las pruebas del concurso, es apenas natural que la normatividad deje un cierto margen de discrecionalidad, no para que se ejercite arbitrariamente o sin razón -como parece creer la sentencia que siempre ocurre- sino para que dentro de la prudencia y el designio de acierto se acuda en mejor forma a llenar el interés público; en esta forma se le da al concurso la importancia que tiene y se le reconoce su efecto, pero se llenan los vacíos y debilidades que presenta. Entonces, el resultado no es la discriminación ilegítima sino la ponderación de distintos factores, entre estos los que brindan las pruebas y números del concurso. b.   La sentencia reconoce en un principio la validez del sistema de escogencia entre los 5 primeros que estatuyen el decreto reglamentario 1950 de 1973 y la resolución 350 del 9 de julio de 1982 del Departamento Administrativo del Servicio Civil y la necesidad de estudiar en cada caso concreto y particular, como se admite ordinariamente en el derecho administrativo, si ha habido discriminación ilegítima por abuso o desviación del poder o falsa motivación. Dice, en efecto, en términos generales: "Si se demuestra que dicho trato diferente no está objetiva y razonablemente justificada, la respectiva actuación deberá ser excluida del ordenamiento por ser violatoria del principio de igualdad".  Más concretamente dice: "Un medio como la faculta discrecional de la administración puede ser adecuado y proporcional con relación al fin del buen servicio buscado, pero por su ejercicio inoportuno ser inconstitucional, al contrariar intereses legítimos de una persona mientras se encuentra en determinadas circunstancias.  La oportunidad en el uso de un medio está condicionada a las circunstancias del caso concreto".  Igualmente se desprende de otros pasajes que se trata de desnudar el caso concreto. Sin embargo -y esto es duramente censurable- sin ninguna explicación lógica o forma alguna de distinción, salta de un momento a otro a criticar las normas en sí y en su contenido general, aparte de cualquier caso concreto en que se apliquen y sea  que se apliquen o no razonable y equitativamente; por eso concluye con este "dictum" general e indiferenciado: "....las normas que por su indeterminación al otorgar facultades discrecionales a la autoridad permitan un trato discriminatorio deberán ser excluidas del ordenamiento y, mientras ello así sucede, deberán ser inaplicadas en el caso concreto para evitar la vulneración del principio de igualdad"; y por lo mismo, sin ninguna autoridad para ello y en abierto desafio a nuestro sistema constitucional y legal, termina decidiendo una inaplicabilidad por inconstitucionalidad general y no limitada al caso concreto, en razón del caso concreto y para el caso concreto -como aparece en el numeral 2o. de la parte dispositiva- que es lo lógico, técnico y procedente (art. 29-6, Decreto 2591,91). c. Finalmente, como lo dije en las reuniones pertinentes, creo que somos jueces constitucionales y no administradores y que el expediente no daba base ninguna para pensar que se hubiese conculcado ningún derecho al peticionario y se hubiese caído en la arbitrariedad y la discriminación; creo que las normas son constitucionales por las razones apuntadas y, además, que la Sala abusó de sus poderes en la declaratoria dicha, contenida en su parte resolutiva, y al ordenar un nombramiento supuestamente basado en el resultado de un concurso que ella ni siquiera conoció. Fecha ut supra. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado

T-423-92 Sentencia No Sentencia No. T-423/92 DERECHO A LA VIVIENDA El derecho a la vivienda sólo puede obtenerse, al igual que todos los derechos, de conformidad con la ley; y no, desconociendo derechos de los co-asociados, como se ha pretendido, al convertir a los "invasores" en titulares reclamantes del derecho a la vivienda establecido en la Constitución Política. Se trata de un derecho asistencial, que debe ser promovido por el Estado, de acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por éste o a través de entes asociativos igualmente regulados jurídicamente, tal como se ha expresdo. De suerte que no es un "derecho fundamental" sobre el cual pueda caber la acción de tutela. La terminación de un contrato de arrendamiento no puede tenerse como violatoria del derecho a la vivienda consagrado en la CP. JUEZ DE TUTELA-Límites No es labor del juez de tutela reemplazar a los jueces en la función judicial que les confiere la ley sino, con un carácter subsidiario, amparar a los particulares en relación con las decisiones de las autoridades públicas que atenten contra sus derechos.  De suerte que el Juez en cada caso debe afinar la interpretación de las acciones u omisiones, que según la demanda violan un derecho fundamental, a fin de constatar si, efectivamente, de manera indudable, sin mayores argumentaciones jurídicas violan el derecho demandado. SALA DE REVISION No. 5 REF.  Expediente No. T-351 Derecho a la Vivienda Actor: LUIS HERNANDO HEREDIA LEON Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobada según Acta No. 3 Santafé de Bogotá, D.C., junio veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el Grado Jurisdiccional de Revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: A N T E C E D E N T E S El señor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los Decretos No. 2591 de 1991 y No. 306 de 1992, solicita el amparo de sus derechos constitucionales previstos en los artículos 29 y 51 de ese mismo Estatuto Superior, "los cuales pretende violar el Alcalde Municipal de Melgar, por medio de las resoluciones 1482 del 18 de septiembre de 1991 y 025 de 1992, mediante  los(sic) cuales da por terminado en  forma unilateral el contrato de arrendamiento celebrado con el municipio de Melgar y se me da un término perentorio de ocho días para que desocupe el inmueble". Su solicitud "se limita a que el señor Juez ordene la suspención (sic) de las Resoluciones...", mientras se le soluciona el problema de su vivienda o se pronuncia el "fallo de fondo sobre la legalidad de las citadas Resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, solicitud  que conlleva urgencia habida cuenta que ya están corriendo para mí los 8 días de plazo para la entrega de la vivienda". Sustenta su petición en los siguientes argumentos: -   Que "Si bien es cierto que contra las citadas resoluciones  cabe la vía de lo contencioso administrativo, no deja de ser menos cierto que mientras se presenta la demanda y se produce el fallo del Tribunal Administrativo se puede producir un perjuicio irreparable con el desalojo y posterior demolición de las casas". -   Que "Las citadas Resoluciones contrarían abiertamente el espíritu que tuvo el Concejo Municipal de Melgar al expedir el acuerdo que cambia la destinación de las casas fiscales, pues, según se desprende de las actas y proposiciones del mismo, a este Acuerdo sólo se le  daría aplicación solamente (sic) después de que se le hubiese solucionado el problema de vivienda a quienes allí habitan". -   Que "El trámite de las Resoluciones y las acciones acometidas por la Administración Municipal han sido a todas luces irregulares y contrarias a la Constitución y la ley, según se desprende de la forma en que  se iniciaron unos procesos de lanzamiento que cursaron en el Juzgado Civil del Circuito  de Melgar y la forma como han sido notificados, fuera de la hora judicial y utilizando medios coercitivos a todas luces ilegales, motivo por el cual en la actualidad cursa una investigación en la Personería Municipal". -   Que el Acuerdo No. 017 de 1990, del Concejo Municipal de Melgar, que sirvió de base para la expedición de las Resoluciones se halla demandado ante el Honorable Tribunal  Administrativo del Tolima, por lo que solicita la suspensión de éstas, "...ya que en caso de que el Tribunal Administrativo del  Tolima declare nulo el citado acuerdo, las resoluciones carecerían de base legal y por ende serían nulas y jamás nunca (sic) se podrían aplicar, y si se produce el desalojo dentro del término establecido por el señor Alcalde se produciría un daño que sería reparable solamente por la vía de la indemnización, es decir, en los términos del Decreto reglamentario de la tutela, un perjuicio irremediable". LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA El señor Juez Segundo Penal del Circuito de Melgar, mediante sentencia del veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), resuelve sobre la acción de tutela instaurada por el actor: "PRIMERO.  Declarar que al señor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON no se le ha violado ni puesto en peligro uno de los derechos fundamentales de la C.N. por él impetrado, ni otro derecho señalado en la Constitución como fundamental.  "SEGUNDO.-  RECHAZAR por improcedente la acción de tutela como mecanismo transitorio propuesto por el mismo", previas las siguientes consideraciones: -   Que el artículo 51 de la C.N. que establece "el derecho que tienen todos los colombianos a una vivienda digna, encuéntrase consagrado en el título 2o. Capítulo  2o., llamado genéricamente "De los Derechos, las Garantías y los Deberes", y conocido específicamente como uno de los derechos sociales, es decir, que a voces del artículo 2o.  del Decreto 2591 del 19 de noviembre del pasado año, se encuentra protegido por la tutela como mecanismo transitorio, si bien es cierto no está consagrado como fundamental, de conformidad a los artículos 11 al 41 de que habla  el Capítulo I del título mencionado, de acuerdo a lo reglado en el aludico (sic) decreto, se podrá solicitar esta acción." -   Que la Administración Municipal está a cargo de un alcalde municipal y de una corporación administrativa denominada Concejo Municipal (arts. 313 y 314 de la C.N.)," y que los bienes y rentas gozan de las  mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares y podrán ser  ocupados en los mismos términos que lo son la propiedad privada" (art. 66 de; C de R. P. y M.)",  y en desarrollo de las anteriores normas, el alcalde tiene como atribuciones la de hacer cumplir la C.N., la ley, los decretos, ordenanzas y los acuerdos municipales (art. 315 C.N.)". -   Que el Alcalde Municipal suscribió contrato de arrendamiento con el accionante, cuya duración era de seis (6) meses, prorrogables por acuerdo de las partes o automáticamente  para periodos sucesivos de tres (3) meses.  "En la claúsula octava se estableció que cuando el  arrendatario pierda la investidura de empleado municipal tendrá un plazo de tres meses para que el bien sea desocupado y entregado al municipio." -   Que el estatuto de contratación (D.222/83), regula los contratos administrativos y de derecho privado de la administración, estableciendo lo concerniente a cláusulas obligatorias y terminación unilateral. -   Que "ante la declaratoria de exequibilidad del acuerdo 017 del primero de Diciembre de 1990 por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, el Alcalde actual TOMAS ALFREDO MORENO NIETO, es facultado  por ese mismo acuerdo para tomar las medidas pertinentes y ejecutarlo, procede autorizado por el artículo 19 del Decreto 222 referido a la terminación unilateral del contrato celebrado con el quejoso, pues aquí el interés general prima sobre el particular, si bien es cierto LUIS HERNANDO HEREDIA  aún es empleado del Municipio, y el contrato se encontraba vigente para la  fecha en que fuera declarado terminado, dada la cláusula quinta del contrato, esto es, ante el silencio entre las partes para renovar el contrato, entendiéndose prorrogado, y no vencido el término legal de los  cinco años de duración del arrendamiento, según el artículo 157 del mismo Decreto, esa terminación unilateral era procedente dado el régimen  especial aludido y se cumplió el trámite propio  de los artículos  28 y 42 del Código Contencioso Administrativo, es decir, el deber de dar a conocer la Alcaldía sus decisiones, hasta tal punto que se agotó la vía gubernativa por parte del quejoso". Que lo anterior permite colegir que no se violó el debido proceso estipulado en el artículo 29 de la C.N.. -   Que las actas del Concejo Municipal aportadas por el accionante  son posteriores al acuerdo, y por lo tanto no pueden servir de prueba  o medio para su interpretación y que, en caso de que la Corporación hubiese querido ampararlos, debió expresarse esa voluntad en otro acuerdo municipal, el cual no se expidió. -   Que no se debe olvidar "que el Concejo Municipal de Melgar en desarrollo al art. 51 de la C.N. que habla del derecho a una vivienda digna profiere el acuerdo No. 010 del 29 de agosto de 1991, esto para la adquisición de vivienda y en el presente evento se trata de un contrato de arrendamiento, lo cual frente a los objetivos perseguidos por el Consejo repítese, el interés es general frente a estos terceros particulares....". -   Que el interés de la accionante "sería entonces simple, por lo cual  no puede contraponerse a un interés general, por lo que no le asiste legitimidad e interés como así lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, art. 58 C.N.". -   Que no se puede conceder la tutela al querellante como mecanismo transitorio, por cuanto el perjuicio no es irremediable (art. 6o. 2591/91). C O N S I D E R A C I O N E S La Competencia Es competente la Sala para  conocer de la acción de tutela instaurada por el señor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON, de acuerdo con lo preceptuado  en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Nacional, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. La Materia La revisión comprende la determinación del alcance del Derecho Constitucional a la Vivienda, frente a su posible violación por las resoluciones 1482 de 18 de septiembre de 1991 y 025 de 1992, expedidas por  el Alcalde Municipal de Melgar, mediante las cuales dió por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento que tenía suscrito el accionante con el municipio. El Derecho a la Vivienda El crecimiento urbano de la sociedad colombiana y el proceso de colonización de zonas rurales han producido un déficit de 1'800.000 viviendas (DANE), cuya atención resulta un elemento ineludible en los planes de desarrollo económico y social (artículos 339 y ss C.N.), para asegurar el respeto a la dignidad  humana, que no puede lograrse sin la provisión de elementales condiciones de vivienda para los  asociados. Esta situación exigía soluciones provenientes no sólo de mecanismos garantizadores del Estado, sino también  de la sociedad,  en consideración a una estructura económica que reconoce en sus Normas Superiores el derecho a la propiedad privada como una garantía individual, sin perjuicio de asignarle una "función social" (art. 58 C.N.).  La circunstancia de que el derecho a  la vivienda se encuentre vinculado de manera directa a la propiedad sobre el suelo, obliga a interpretar los alcances de los dos derechos de manera armónica, de acuerdo con los predicados del propio texto constitucional. El artículo 51 de la Constitución Política al consagrar el derecho a una vivienda digna, refleja el interés del constituyente en asegurar la seguridad material de las personas.  La disposición constitucional orienta la política social, siguiendo las previsiones del Pacto Internacional de Derechos  Económicos y Sociales que en su artículo 11 numeral 1o.  consagra "el derecho de toda persona a un nivel de vida para sí y su familia, incluso, alimentación,  vestido y vivienda y a un mejoramiento continuo de las condiciones de existencia...".  Así, acogió  el constituyente el criterio contemporáneo de incluír dentro de los programas de desarrollo al sector de la vivienda, no sólo urbana sino también rural, tal como se desprende de la regulación que para esos fines trae el artículo 64 de la C.N.,  que impone al Estado el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra  de los trabajadores agrarios  y al servicio de la "vivienda" entre otros. El artículo 51 de la Constitución Política consagra el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna.  Este precepto acusa la influencia de la Constitución Española que en su artículo 47 dice:  "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar  de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La Comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".  Esta norma a su vez tuvo como antecedente inspirador al artículo 65 de la Constitución Portuguesa que expone: "Todos tendrán derecho, para sí  y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad, y que preserve la intimidad personal y familiar". El correspondiente enunciado normativo de la Constitución Colombiana, determina dos sujetos ante los cuales puede hacerse efectivo el derecho a la vivienda, que  deben ser reglamentados por la ley, el uno, el Estado, que deberá suministrar el servicio de acuerdo con las condiciones  que se fijen en la reglamentación y que además debe promover planes de vivienda de interés social, es decir,  destinados  a satisfacer la necesidad de ese servicio, en los sectores inferiores y medios de la sociedad, en los cuales aparece detectado el déficit antes señalado.  Además, entiende la norma, de manera indirecta, que el Estado debe promover la  organización de formas asociativas que adelanten programas de vivienda, con lo cual, éstas se convertirán en su momento en sujetos ante quienes se pueda hacer exigible el derecho comentado.  También consagra la norma  una obligación de democratizar el crédito, estableciendo "sistemas adecuados de financiación a largo plazo".  Debe indicarse que el texto de la norma permite concluir que el Estado puede intentar formas mixtas para prestar el servicio de la vivienda, en concurrencia con el interés particular. En razón de que la norma final acordada por el constituyente eliminó del proyecto presentado por el gobierno la fórmula idéntica a la actualmente vigente en la Constitución Española, de acuerdo con la cual el Estado participaría en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos, los actuales propietarios de los predios urbanos urbanizables responderán, en el marco de la preceptiva legislativa que  se expida,  para hacer efectivo el derecho a la vivienda, de acuerdo con la función social que se reconoce de manera general a la propiedad. Sobre este particular, y para la  vivienda urbana, la Constitución Política (art. 313 numeral  7o.), confiere a los Concejos Municipales la facultad de  reglamentar el uso del suelo, dentro de los  límites que fije la ley, y para vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda, facultades éstas que deben  ejercerse dentro de los lineamientos y objetivos fijados por los planes de desarrollo y con miras a asegurar el primordial derecho a la vivienda. Aclara la Corte que el derecho a la vivienda sólo puede obtenerse, al igual que todos los derechos, de conformidad con la ley; y no, desconociendo derechos de los co-asociados, como se ha pretendido, al convertir a los "invasores" en titulares reclamantes del derecho a la vivienda establecido en la Constitución Política.  Se trata de un derecho asistencial, que debe ser promovido por el Estado, de acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por éste o a través de entes asociativos igualmente regulados jurídicamente, tal como se ha expresado.  De suerte que no es un "derecho fundamental" sobre el cual pueda caber la acción de tutela aquí considerada (art. 86 C.N.), (Ver sobre el particular sentencia de tutela No. 8 de 1992, expediente No. T-399. M.P. Dr. Fabio  Morón Diaz).  En consecuencia, no estaba llamada a progresar la acción instaurada por el señor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON. La Sentencia La providencia del Juez Segundo  Penal del Circuito de Melgar, de enero 24 de 1992, que resolvió la acción de la referencia, señala que con las resoluciones municipales demandadas no se violó el derecho  fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.N..  Llega el Juez a la conclusión de que el funcionario tenía  competencia para expedirlas, que ejecutó un acuerdo del Concejo Municipal  (declarado exequible por el Tribunal Contencioso Administrativo), que así las ordenaba, y que el demandante tuvo la oportunidad de agotar la vía gubernativa, todo lo cual lo lleva a  concluir, mediante esas valoraciones, que no se violó el derecho al debido proceso administrativo.  No obstante, advierte la Sala que el Juez incurrió, en juicios que no son propios del juez de tutela, al afirmar que la "terminación unilateral era procedente", pues, declaraciones como ésta corresponden al juez contencioso administrativo y no  al juez de la tutela.  Igual reparo se hace  a la providencia cuando  valora las pruebas para fijar el alcance del acuerdo 017 que dió lugar a la expedición de los  actos acusados, aducidas por el actor,  ya que esa valoración y el juicio sobre aquel sólo pueden ser adelantados por la jurisdicción Contencioso Administrativa.  De manera que se corrige por estos aspectos la sentencia revisada.  Las circunstancias observadas permiten a la Sala,  puntualizar que no es labor del juez de tutela  remplazar a los jueces en la función judicial que les confiere la ley,  sino, con un carácter subsidiario, amparar a los particulares en relación con  las decisiones de las autoridades públicas que atenten contra sus derechos fundamentales. De suerte  que el juez en cada caso debe afinar la interpretación de las acciones u omisiones, que según la demanda violan un derecho fundamental, a fin de constatar si, efectivamente, de manera indudable, sin mayores argumentaciones jurídicas violan el derecho demandado; a la manera de la convicción, que el juez contencioso administrativo,  se forma sobre la ilegalidad del acto demandado, para  ordenar su suspensión provisional, en los términos permitidos por la ley, porque de otra manera, la función judicial se vería sustituída con la acción de tutela,  como en el presente caso,  por un juez no especializado y de manera brevísima, con grave riesgo para la correcta administración de justicia  y rebasando el sentido y alcance constitucionales de la acción de tutela. De otra parte, señala la providencia que en el presente caso, "se trata de un contrato de arrendamiento", que se termina por la administración.  Comparte la Sala el criterio del Juez, en el sentido de que la terminación de un contrato de arrendamiento no puede tenerse como violatoria del derecho a la vivienda consagrado en la Constitución Política. En resumen, la presente acción no está llamada a prosperar porque: 1.   Existen otros medios de defensa judicial para hacer valer el derecho y no  existe un perjuicio irremediable que la haga procedente a prevención, como mecanismo transitorio en los términos consagrados en el artículo 86 de la C.N.. 2.   De autos se desprende que en este caso no se viola el derecho de vivienda, porque no hay ningún derecho de vivienda que tutelar y, además, se observa, para precisar el alcance este derecho, que él no tiene la categoría de derecho fundamental (art. 2o., Decreto 2591/91). El numeral "Primero", de la parte resolutiva de la sentencia adolece de una imprecisión en la identificación de los derechos constitucionales a que se refiere.  Por lo tanto, la Sala, sin apartarse en lo sustancial, lo modificará a fin de que no quede  duda sobre los pronunciamientos que  contiene en relación con los Derechos al Debido Proceso y a la Vivienda. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Honorable Corte Constitucional , administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  MODIFICAR el numeral Primero de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Melgar, de enero  24 de 1992, para resolver las peticiones de la demanda de la referencia, en los siguientes términos: DENEGAR las peticiones del actor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON, por no haberse violado el  derecho al debido proceso, ni estar en juego en este caso el  Derecho a la Vivienda, que, por otra parte  no tiene la categoría  de derecho fundamental. Segundo.  CONFIRMAR los numerales segundo, tercero y cuarto, de la sentencia del Juez Segundo Penal del Circuito de Melgar de enero 24 de 1992, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por el señor LUIS HERNANDO HEREDIA LEON. Tercero.  Comuníquese al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Melgar, la presente decisión para que sea notificada  a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ               JAIME SANIN GREIFFENSTEIN SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-424-92 Sentencia No Sentencia No. T-424/92 DERECHOS DEL INTERNO/DERECHOS FUNDAMENTALES/ACCION DE TUTELA El régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la ley o en la sentencia. No sobra recalcar que algunos de los derechos, reconocidos a los reclusos, bien conservados en su plenitud o limitados en razón de su especial régimen jurídico, ostentan el carácter de constitucionales fundamentales, aserto que se demuestra fehacientemente si se tiene en cuenta que los reclusos están en posibilidad de incoar la acción de tutela, acción sólo procedente para la defensa de derechos constitucionales fundamentales cuando son violados o existe amenaza de su violación. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD El derecho a la intimidad comprende una temática amplia que cobija muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas, entendiendo ésta última como aquel espacio personalísimo que por su naturaleza no le atañe a terceros. La realización personal y el libre desarrollo de la personalidad exigen de parte de los particulares y del Estado, el reconocimiento y el respeto de las conductas que la persona realiza, para vivir de manera sana y equilibrada, física y emocionalmente. La vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad. Las medidas que ordenan la identificación de quienes reciben "visitas conyugales"no coartan el derecho constitucional a la intimidad de que disponen los reclusos, porque la persona recluída conserva la libertad de escoger su pareja y de mantener relaciones sexuales, siempre y cuando cumpla con las exigencias de salubridad, orden y seguridad propias de los establecimientos carcelarios. SALA DE REVISION No. 5 REF: Expediente No. T-1246. Derecho a la Intimidad. Peticionario: NICOLAS MURILLO GUTIERREZ Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobado según Acta No. 3 Santafé de Bogotá D.C., Junio veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992). La  Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffensteín y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de la sentencia relacionada con la acción de la referencia. El señor NICOLAS MURILLO GUTIERREZ en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.N. y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 solicita la protección de sus derechos constitucionales fundamentales contemplados en los artículos 13 y 25 C.N., al considerar que han sido violados  por las directivas de la  penitenciaría "Peñas Blancas" de la ciudad de Calarcá. Señala el actor que en el centro penitenciario contra el que se dirige la acción de tutela, se vulnera y cercena el derecho a la libre escogencia del sexo, de la intimidad personal y de la correspondencia de los convictos. RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO El señor Nicolás Murillo Gutiérrez señala como circunstancias fácticas y razones de derecho, las que se transcriben y resumen a continuación: Primero:  Que en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país se efectúan los días domingos de cada semana visitas femeninas y dentro de éstas se desarrollan las visitas conyugales. Aquí en este Centro, se exige por parte de las directivas del establecimiento a los convictos, la expedición de un carnet que debe contener el nombre del visitado, la visitante y una foto de ésta adherida a dicho carnet como exigencia para que el reo pueda efectuar el acto sexual con su esposa, compañera permanente o concubina". Segundo:   "En este centro sólo se le permite la visita conyugal a los reos que sean portadores del documento aquí citado, y es a través de este procedimiento, donde las Directivas del Citado centro están cercenando y vulnerando el contenido del Art. 13 de nuestra Carta Política...". Tercero:   Este sistema de control para las visitas conyugales "restringe la libre escogencia de la mujer con la que el convicto desea efectuar el acto de intimidad en dicha visita, ya que no se le permite el acto sexual a aquel convicto que en una de las visitas conyugales se gane u obtenga la simpatía de una dama". Cuarto:   "Es importante aclarar que dicho carné no es un sistema de control higiénico de la salud sexual del convicto y su compañera, sino que sólo es un sistema de obstaculizar la libre escogencia de su amiga íntima a la que el reo tiene derecho y que es "INTANGIBLE". Es de anotar que dentro de todos estos presupuestos se observa a la luz del día que se está violando el derecho a la intimidad personal de nosotros los convictos..." Quinto:   Señala el peticionario que "...se nos viola el derecho que nos consagra el artículo 15 de nuestra Carta Magna con relación a la correspondencia y demás formas de comunicación privada, que de acuerdo con el artículo antes citado son inviolables, pero que en este centro se nos desconoce dicho derecho que nos consagra nuestra Carta, toda vez que, la correspondencia privada que enviamos o recibimos es violada por las directivas de este centro". Solicita al mismo tiempo que se restablezcan y vigilen los derechos a los que se refiere en su escrito. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Penal del Circuito de Calarcá, Quindio, se pronunció sobre la Acción de tutela promovida por Nicolás Murillo Gutiérrez, resolviendo; "No admitir el recurso que, por vía de tutela, ha interpuesto el convicto Nicolás Murillo Gutiérrez, contra las directivas de la Penitenciaría rural  Peñas Blancas...".  El Juez llega a esta decisión con base en las consideraciones siguientes: -   Que los derechos fundamentales sobre libertad e igualdad de las personas ante la Ley, el derecho a la intimidad familiar y personal, "son plenos para todos los ciudadanos en condiciones normales de libertad y convivencia de acuerdo a esa libertad, pero la situación particular de cautiverio físico y, por qué no decirlo, también jurídico del peticionario Nicolás Murillo Gutiérrez, hace que tales derechos fundamentales sufran notoria mengua y limitaciones..." -    Que la reglamentación Nacional de Decreto 1817 de 1964 e interna de visitas conyugales obedece a razones de salud y control, por lo que la carnetización representa una sana reglamentación de la convivencia carcelaria. -    No se refiere, el Juzgado a la posible violación de la correspondencia por haber sido objeto de recurso de tutela ante otro Juzgado de esa municipalidad. La anterior decisión no fue objeto de impugnación de acuerdo a lo previsto en el Art. 31 del Decreto 2591/91, y fue enviada a la Corte Constitucional para la correspondiente revisión. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Corte Constitucional -Sala de Revisión de Tutelas- procede a decidir previas las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S 1. Competencia. Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor NICOLAS MURILLO GUTIERREZ de acuerdo a lo establecido en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Política y desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.  La Materia La  acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.N. fue introducida en el ordenamiento jurídico colombiano como ágil instrumento para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos estén  siendo vulnerados o sobre ellos se cierna amenaza de conculcación y en ambos eventos en virtud del actuar positivo o negativo  de cualquier autoridad pública; su procedencia se hace depender de que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte la referida acción ha sido impetrada por el señor NICOLAS MURILLO GUTIERREZ, quien en la actualidad se encuentra descontando pena de prisión de siete (7) años, y la instaura en procura de la defensa de sus derechos constitucionales fundamentales, particularmente el derecho a la intimidad, según él, perturbado por las directivas del centro penitenciario en el que cumple la pena que le fue impuesta.  La específica situación jurídica en la que se halla el accionante en razón de la sentencia condenatoria que en su contra fue proferida,  lleva a la Sala  a dilucidar, como cuestión previa a cualquier otro análisis, cuáles son los derechos que disfrutan los convictos y cuál el alcance de los mismos. Una tendencia en la consagración de los derechos, propia del  constitucionalismo moderno, es la de hacer sujeto de los mismos no sólo al hombre individualmente considerado, sino también a grupos de personas, configurando de ese modo diversas especies de titulares colectivos; paralela a esta tendencia se advierte otra, no totalmente divorciada de la anterior, que propende por el reconocimiento de derechos de variada índole a individuos ubicados en determinadas condiciones que dicen relación, por ejemplo, con la situación económica, física y mental, las sucesivas etapas de la vida, el sexo o con la posición que alguien ostenta como consecuencia de prescripciones jurídicas que debe acatar; derechos que en ocasiones constituyen reiteración de los ya contemplados en favor de todo hombre y tenidos como inherentes o que, por el contrario, surgen de esas determinadas condiciones y logran receptividad por parte del ordenamiento jurídico;  así, pues, dentro de esta segunda alternativa es frecuente detectar en los catálogos contenidos en recientes constituciones derechos en favor de la mujer, de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de los trabajadores del agro, en fin de los presos. Respecto de los últimos se discurrirá dentro de esta providencia a propósito de sus derechos, que ciertamente ya han obtenido consagración; evidente muestra de este predicado es el artículo  25 de la Constitución española de 1978 que en lo pertinente dice: "Artículo 25. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación  y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.  El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.  En  todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". A su vez, las Constituciones de Alemania, Brasil, Guatemala, Italia, Perú, Portugal, entre otras, reconocen a los presos derechos de contenido múltiple.  No sólo el ordenamiento interno de los Estados se ha ocupado de tan  importante cuestión, también en el ámbito internacional, -que tanta relevancia tiene en virtud del artículo 93 de nuestra Carta que prescribe la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción y que erige a los tratados que se ocupen de estos derechos en pauta de interpretación de los contemplados en la Carta-, existen instrumentos que han abordado el tema de los procesados y de los condenados a pena privativa de la libertad. Tal acontece con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo décimo recoge el mandato conforme al cual "Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano", a la vez que señala derechos para los menores procesados  y para los menores delincuentes, así como  las finalidades del régimen penitenciario. Luego de este brevísimo recorrido por los campos del ordenamiento  internacional y del derecho comparado  estima la Sala que es pertinente proceder al examen de la Constitución Colombiana en el punto objeto de consideración y en efecto, un somero análisis del contenido de nuestro estatuto superior, permite afirmar que su normativa se refiere  a importantes asuntos que guardan relación con el aspecto que nos interesa; en primer término, después de indicar que "toda persona es libre" se detiene en la enunciación de los requisitos que han de reunirse para reducir a arresto o prisión, detener o registrar el domicilio, requisitos consistentes en el "mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley", contempla asímismo derechos para las personas detenidas preventivamente y los consagra igualmente para quienes sean sindicados o estén siendo procesados y juzgados; pero claramente se advierte la ausencia de una norma expresa y específica que reuna los derechos de aquellos individuos condenados a pena de prisión  en virtud de decisión judicial.  Sin embargo, no  puede entenderse esta omisión como una voluntad tácita del constituyente en el sentido de desconocer todo derecho a los reclusos; semejante deducción conduciría a negarles su  calidad de personas y la dignidad que a esa calidad es inherente. El respeto a esa dignidad inherente al ser humano encuentra eco en el artículo décimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que se ha aludido, e informa decisivamente el texto constitucional  que, desde su artículo primero, al definir a Colombia como  Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria declara que se funda "en el respeto de la dignidad humana", en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran" (Subrayas de la Sala); el artículo 2o. prescribe como fin esencial del Estado el de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución"; postulados éstos reiterados en el artículo Quinto contentivo del reconocimiento que el Estado hace de los derechos inalienables de la personas "sin distinción alguna" en concordancia con el artículo 94 que se refiere a los derechos "inherentes a la persona humana".  De las normas citadas, en forma indubitable se desprende el reconocimiento de derechos a los reclusos, conclusión a la que también es posible arribar al detenerse en el contenido de otras disposiciones constitucionales tales  como el artículo 12 que prohibe entre otras cosas las penas crueles, inhumanas o degradantes, el artículo 34 que descarta las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación o el artículo 28  que en su parte final señala que en ningún caso podrá  haber "penas y medidas de seguridad imprescriptibles", y, más aún, del artículo 11, que proscribe la pena de muerte. Habiendo establecido, de modo general, que los reclusos son titulares de derechos, surge una reflexión adicional orientada a precisar el alcance de estos.  Es evidente que el ejercicio de  los derechos reconocidos al hombre no es absoluto; por el contrario, sufre limitaciones derivadas, entre otras causas, de la misma naturaleza humana o de la carencia de idoneidad y de medios adecuados para desarrollarlos,  ya del simple hecho de vivir en sociedad, ora de imposiciones establecidas por la ley o la Constitución, que en el caso colombiano señala en su artículo 95 como el primero de los deberes de la persona aquel de "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios", postulado elemental que sirve de base a la convivencia en sociedad y que  implica conciliación de intereses particulares en aras de la armonía social.  Claro resulta entonces, que confluyen el reconocimiento de derechos,  esencial a la noción de Estado social de derecho, y la necesidad de regularlos; se previene así el abuso y a la vez se hace posible un mínimo de condiciones para que todos los asociados puedan disfrutar de sus derechos.  Tal  necesidad de regulación en los estados constitucionales se refleja, por ejemplo, en la existencia del Derecho de Policía cuyo carácter básicamente preventivo lo erige en bastión insustituible del orden social, debiendo destacarse que los reglamentos a los que se somete el ejercicio de esa función reguladora se tornan en garantía de los derechos del individuo, dado que contemplan  las precisas pautas dentro de las que se habrá de enmarcar la actuación enderezada a limitarlos, previéndose así un mecanismo adecuado para evitar que, so pretexto de regulación de los derechos, se termine anulándolos totalmente, situación que desvirtuaría el espíritu del ordenamiento de Policía, que no es el de desconocer la libertad sino el de protegerla y hacerla posible.  Por eso las limitaciones que prevé no son en forma alguna caprichosas, todo lo contrario, persiguen la consolidación de ciertos fines indispensables a la convivencia,  la prevalencia del interés social, la moralidad, las buenas costumbres, la seguridad, la salubridad, entre otros.  Sobre este particular y en asunto que guarda relación con el tema ahora abordado, la  Honorable Corte Suprema de Justicia ha manifestado: "Es lo que explica el valor relativo de las libertades públicas y el hecho  de que ellas puedan ser tratadas por el legislador, o por el Gobierno, según el caso, a través de una adecuada reglamentación cuyo objetivo es el hacer posible que todos tengan acceso a ellas; que para todos, por igual,  exista la misma posibilidad de su disfrute.  La libertad, toda libertad, no tiene significado sino en la vida social, que es el objeto del derecho.  Es un concepto y un valor intelectual en función comunitaria.  Por eso es relativo. El orden jurídico implica necesariamente una modelación de ella, que, para ser posible, debe ejercerse dentro de unos límites que permitan la libertad de los demás en armonía con los intereses generales de la comunidad.  Como proyección de la persona humana hacia la periferia social, debe ser y no puede ser cosa distinta de un instrumento razonado y adecuado para facilitar el ejercicio de un gobierno democrático en su más alta y noble expresión, esto es, de un gobierno que pueda cumplir su misión de velar por la vida, honra y bienes de los asociados". (G.J. Nos. 2340-41-42, págs. 419-20; Magistrado Ponente: Dr. JOSE GABRIEL DE LA VEGA). Ahora bien, si en la vida libre es posible, y más aún, necesario, adoptar medidas limitativas del ejercicio y reconocimiento de los derechos, no es motivo de sorpresa que tales limitaciones tengan que existir también en los establecimientos penitenciarios respecto de algunos derechos de quienes en virtud de decisión judicial se encuentran privados de la libertad, pues la convivencia en estos centro de reclusión suele estar organizada imperativamente y la conducta de los internos sometida a  altas dosis de vigilancia y control en aras de garantizar un mínimo de orden y disciplina, y la conservación  de condiciones de moralidad, seguridad y salubridad, todo lo cual, en últimas, ha de redundar en el cabal cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico penal atribuye a la pena.  De estas restricciones también ha hecho conciencia el constitucionalismo moderno.  Ello explica por qué el antecitado artículo 25 de la Constitución Española enseña que "el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria", resaltando la existencia de limitaciones y a la vez la regulación legal de las mismas, de lo cual se colige que el ejercicio de las potestades limitativas dentro de las penitenciarias no puede ser excesivo o arbitrario, sino adecuado a la ley y al derecho y con miras a los fines que se han destacado. Del análisis del conjunto normativo, que conduce indubitablemente al reconocimiento de derechos en favor de los reclusos, y de las consideraciones que se han hecho,  puede concluirse con facilidad que el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la ley o en la sentencia.  Esto sucede, en primer lugar, con la libertad y además con derechos tales como los políticos, el de reunión, locomoción, etc., en tanto que  otros derechos no se ven especialmente afectados y se  conservan en su plenitud; piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad,  en las libertad de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por aquellos que deben soportar limitaciones, las más de las veces previstas en la Constitución o en la ley, tal como acontece con la comunicación oral, escrita o telefónica que, previos los requisitos del caso, resulta restringida.   Además, de la específica condición de recluso surgen ciertos derechos , contenidos especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación, la  salud, la seguridad social, etc., y que,  como contrapartida, constituyen deberes a cargo del Estado. No sobra recalcar que algunos de estos derechos, reconocidos a los reclusos, bien conservados en su plenitud o limitados en razón de su especial régimen jurídico, ostentan el carácter de constitucionales fundamentales, aserto que se demuestra fehacientemente si se tiene en cuenta que los reclusos están en posibilidad de  incoar la acción de tutela, acción sólo procedente para la defensa de derechos constitucionales fundamentales cuando son violados o existe amenaza de su violación. El interno NICOLAS MURILLO GUTIERREZ ha impetrado la acción de tutela para la protección del derecho constitucional fundamental a la intimidad; con base en los argumentos expuestos, adelantará la Sala algunas consideraciones sobre este derecho y su alcance en los establecimientos penitenciarios. La Constitución reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar a todas las personas que se encuentren en territorio colombiano. Es así cómo en el artículo 15 se establece que "todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar".  No se limita  la norma a realizar una simple declaración sino que impone simultáneamente a todas las personas, la obligación de respetar este derecho, con especial responsabilidad del Estado Colombiano.  De otra parte el mencionado artículo 15 señala unas esferas dentro de las cuales de manera indicativa y no taxativa se protege la esfera íntima  de las personas, se contempla el  habeas data como el "derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas", se pretende proteger a las personas de la divulgación de informaciones que sólo incumben a estas, como por ejemplo las referentes a preferencias sexuales, artísticas, evaluaciones sicológicas y de comportamiento social.  Toda persona puede exigir del Estado o de los particulares el acceso a estos bancos de información, su actualización, rectificación y eventualmente la restricción de su tratamiento y circulación. Como área de protección al derecho a la intimidad se contempla la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, con la previsión de que "sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley".  Se considera la correspondencia y las formas de comunicación privadas como  un asunto propio, no  susceptible de divulgación, ni de intervención por parte del Estado, y sus organismos, ni por los particulares. El artículo 42 Constitucional, en su inciso tercero, establece que "La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", otorgándole una particular importancia a la institución de la familia, como núcleo básico de la sociedad, reconociéndole especialmente el derecho a la intimidad, en atención a la necesidad de proteger las relaciones familiares para que se desarrolle en un entorno libre y no perturbado por intromisiones de personas ajenas. Como consecuencia de las necesidades actuales que imponen la contemplación de fenómenos recientes que amenazan la autonomía y los diversos e íntimos intereses individuales, los ordenamientos jurídicos han venido creando disposiciones orientadas a la protección del derecho a la intimidad.  Esta dinámica  permite comprender cómo, del clásico derecho a la intimidad, se desprende una problemática que comprende temas relativos al secreto profesional,  el derecho a la propia imagen,  el habeas data, la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, entre otros. El anterior panorama  muestra cómo el derecho a la intimidad comprende una temática amplia que cobija muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas, entendiendo ésta última como aquel espacio personalísimo que por su naturaleza no le atañe a terceros. Esta esfera íntima, dentro de la cual se ubica el fallo objeto de esta revisión,  es reconocida por la sociedad como un ámbito en la existencia de cada persona, que solamente le concierne y está reservada a ella.  Esto se deriva de la independencia de las personas, de su libertad y de su autonomía.  Por la trascendencia de estas facetas  personales, la Constitución reconoce y protege el derecho a la intimidad, precisando el ámbito en el cual el individuo tiene derecho a impedir intrusiones y a limitar el derecho de los demás. La realización personal y el libre desarrollo de la personalidad exigen de parte de los particulares y del Estado, el reconocimiento y el respeto de las conductas que  la persona realiza, para vivir de manera sana y equilibrada, física y emocionalmente.  La vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales  de ese ámbito o círculo de la intimidad. El peticionario convicto en la Penitenciaria de "Peñas Blancas", solicita mediante la acción de tutela que se elimine el carné que deben portar los reclusos para que se les permita acceder a las visitas conyugales, pues este mecanismo atenta contra el derecho a la igualdad (art. 13 C.N.), y el derecho a la intimidad (art. 15). Como se expuso inicialmente nuestro texto constitucional no excluye a los reclusos en establecimientos carcelarios de los derechos y libertades consagradas para las demás personas, pero es necesario que el reconocimiento de las libertades constitucionales se realice  sin perjuicio de las limitaciones propias de la sanción que se les impone. La carnetización objetada  es una medida tendiente a garantizar la vida afectiva y las relaciones sexuales, en el entendido de que estas conductas son parte integrante del derecho a la intimidad personal y familiar, en los establecimientos carcelarios.  Las libertades y derechos de los reclusos deben  someterse a disposiciones legales que atiendan  las limitaciones a la libertad de locomoción, y a las características de la sanción impuesta por la autoridad judicial.  Se permite el goce y ejercicio de los derechos relacionados con los sentimientos, la conducta interior, la filiación, el libre desarrollo de la personalidad física y espiritual de los reclusos, pero por otra parte deben encauzarse dentro de unas reglas de juego orientadas a establecer condiciones de salubridad, orden y seguridad que permiten cumplir con el objetivo de rehabilitación en los centros penitenciarios, aspectos todos que están regulados por el llamado Código de Régimen Penitenciario (Decreto 1817 de 1964). Las medidas que ordenan la identificación de  quienes reciben "visitas conyugales" no coartan el derecho constitucional a la intimidad de que disponen los reclusos, porque la persona recluída conserva la libertad de escoger su pareja y de mantener relaciones sexuales, siempre y cuando cumpla con las exigencias de salubridad, orden y seguridad propias de los establecimientos carcelarios. Es necesario resaltar que los encauzamientos a que se someten las visitas conyugales, como la carnetización, obedece a la necesidad de prevenir problemas de salubridad, seguridad y control de tráfico de personas  en establecimientos carcelarios. Se pretende proteger a la población carcelaria de la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas y, particularmente, las enfermedades venéreas. En síntesis, la regulación jurídica contenida  en la reglamentación interna adoptada con base en el citado Código, que impuso la utilización de carnés, no contrarió el derecho a la intimidad; por el contrario, tiende a garantizarlo, esto sin perjuicio de consultar las necesidades de disciplina, propias de la naturaleza  de las penas criminales. La sentencia del 24 de febrero de 1992 pronunciada por el Juzgado primero Penal del Circuito de Calarcá -Quindío, será confirmada por esta Sala, pues sus consideraciones se adaptan a los criterios consignados en esta providencia. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Calarcá, Quindio, de febrero 24 de 1992, mediante la cual rechaza las pretensiones demandadas en acción de tutela  por el señor NICOLAS MURILLO GUTIERREZ, por las razones precedentes. Segundo.-   Comuníquese al Juzgado Primero Penal del Circuito de Calarcá, Quindio la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-425-92 Sentencia No Sentencia No. T-425/92 ACCION DE TUTELA/ACTO POLICIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Improcedencia Es procedente la acción de tutela para reclamar la protección del derecho al trabajo que se presume violado por el acto acusado, a fin de que se examine la decisión allí contenida, teniendo en cuenta que se da el requerimiento constitucional de no existir contra ellas un mecanismo de defensa judicial distinto, por cuanto de acuerdo con lo normado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo "la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". Por tanto la Resolución impugnada por vía de tutela carece de control jurisdiccional para verificar su adecuación a la normatividad jurídica por disposición expresa del legislador y no puede perseguirse entonces su nulidad ni el restablecimiento del derecho por haber sido asimiladas dichas providencias a actos jurisdiccionales, en atención a que definen la responsabilidad contravencional. CONCEJO MUNICIPAL-Facultades De la interpretación armónica de los postulados mencionados no se puede colegir que desapareció la facultad que tenían los concejos para reglamentar el ejercicio de las actividades que realizan los ciudadanos con fines de explotación económica dentro del respectivo municipio, pues la ley fundamental vigente les reconoce autonomía de gestión para el manejo de los asuntos de interés local con arreglo tanto a ella como a la ley. Es claro, entonces, que la autonomía administrativa de que gozan las entidades territoriales debe desarrollarse dentro del marco señalado en la Carta y con observancia de las condiciones que establezca la ley (art. 287 C.N.) como corresponde dentro de un Estado de Derecho constituído en forma de República unitaria. Pues dentro de este sistema jurídico político de organización institucional las Corporaciones de elección popular que rigen la vida de las entidades territoriales tiene carácter administrativo y carecen por tanto de potestad legislativa porque ella está concentrada en el Congreso de la República. PODER DE POLICIA-Límites/JUEGOS ELECTRONICOS/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD El poder de policía, en sus diversas manifestaciones tiene límites claros que se derivan de su objeto específico de mantener el orden público. Sin negar que las autoridades locales sean competentes para establecer algunos gravámenes por la explotación de una actividad económica, esta Corte estima que no es propio de la naturaleza del poder de policía, por cuanto nada tiene que ver con el mantenimiento del orden público en sus diversas manifestaciones, que en su desarrollo se llegue hasta establecer pautas ajenas por entero a dicho orden, como los atinentes a la comercialización de la actividad o servicio de juegos de razonamiento abstracto. Por tanto, se ha producido un desbordamiento o desvío de tal poder que esta Corte no puede ignorar. LIBERTAD ECONOMICA Por expreso mandato de la Ley Fundamental vigente, estas limitaciones a la libertad económica sólo puede establecerlas el Congreso, como quiera que ellas desbordan el marco propio del orden público cuyo mantenimiento corresponde a las autoridades de policía, por las razones que atrás hemos señalado. Las limitaciones a la libertad económica deben estar hoy, más que nunca, expresamente autorizadas por la ley, comoquiera que el Constituyente de 1991 quiso de manera clara y expresa no sólo ampliar su ámbito sino rodearla de las garantías necesarias para su ejercicio. En consecuencia, en la misma proporción en que se ha ampliado el ámbito de la libertad aludida, se ha reducido proporcionalmente el ejercicio del poder de policía en el contexto específico de la actividad económica. Esta Corte ve con preocupación que las autoridades locales hagan exigencias no razonables para el ejercicio de la actividad económica, las cuales, como en el caso del presente fallo, llegan hasta determinar el lugar y las condiciones de mercadeo de un servicio sin que, de otra parte, haya claridad necesaria acerca de las razones de tales normas. SALA DE REVISION No 7 EXPEDIENTE T-736 PETICIONARIO: MAURICIO NICOLAS                                        SANCHEZ MOLANO Y FABIO ROJAS                                            ISAZA MAGISTRADO: CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá, D.C.,  24 de junio de 1992 La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el proceso de acción de tutela instaurado por Mauricio Nicolás Sánchez Molano y Fabio Rojas Isaza y fallado en primera instancia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. I.ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 17 de marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entrará a dictar sentencia de revisión. A. Fundamentos de la acción En escrito dirigido al Juez Civil del Circuito y por conducto de apoderado judicial, los accionantes manifiestan que con gran esfuerzo lograron construir dos máquinas de video para juegos recreativos y de razonamiento abstracto y las instalaron en un establecimiento comercial que tenía licencia de funcionamiento. Cuando ya estaban operando llegó la Policía y sin orden escrita allanó el establecimiento y se llevó las máquinas de video con los cajones receptores de las monedas y con el dinero que habían recogido durante los días en que estuvieron trabajando. Luego de la incautación, la Inspectora de Policía y Tránsito de Chía dictó la Resolución acusada, en la cual se sanciona a los  peticionarios por violación del Decreto 46 de 1986  y 73 de 1991, sin señalar por qué razón estimó violadas las normas de carácter local. Por esta razón y sin ser necesario, el apoderado se refiere en términos bastante desobligantes a la Inspectora de Policía. Prosigue diciendo que contra la Resolución acusada interpuso recurso de reposición, argumentando que el artículo 333 de la Constitución Nacional prohibe a las autoridades administrativas exigir permisos, autorizaciones o requisitos similares, cuando una actividad económica ha sido reglamentada de manera general por el Congreso  y que los principios fundamentales deben respetarse antes que las órdenes o resoluciones del alcalde o de los Acuerdos de los Concejos Municipales y que además los juegos de video fueron autorizados por el Decreto 624 de 1989 y la Ley 49 de 1990, como una actividad económica lícita. Dice que a pesar de los citados argumentos, la Inspectora se negó a reponer la Resolución impugnada, invocando el artículo 338 de la C.N. que en nada se refiere a la materia en discusión, pues consagra la facultad  de los Concejos para imponer contribuciones fiscales y en relación con el artículo 333 de la C.N. se arroga la potestad de definir el "bien común" para concluir que los  juegos de video no encajan dentro de ese concepto y como corolario de ello se pregunta, que si los juegos de video son contrarios al bien común y al interés social, por qué el Congreso los autorizó y el Presidente sancionó la ley y por qué  funcionan en las principales ciudades del país con la venia de las autoridades. Se refiere despectivamente a la providencia de la Inspectora para señalar que es inconstitucional e ilegal, toda vez que priva a sus representados de un medio de subsistencia lícito pues ellos no estarían en capacidad de competir económicamente en una ciudad como Santafé de Bogotá y además, genera un problema social pues propicia la emigración a las grandes ciudades y las actividades al margen de la ley. Pide la suspensión inmediata de la Resolución No. 8191 de 1991 que causa perjuicio irremediable a sus representados en su economía, salud y educación y en la de sus familias, que se restablezca su derecho al trabajo, que  se requiera a las autoridades de Chía para que no vuelvan a incurrir en acciones violatorias de sus derechos y se condene a la Inspectora en abstracto al pago de la indemnización por el lucro cesante y el daño emergente. Como pruebas presentaron fotocopias de la Resolución cuestionada y de la que desató el recurso de reposición. B. La actuación en la primera instancia Correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito conocer de la presente acción de tutela y en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 7o. del Decreto 2591 de 1991 suspendió transitoriamente la aplicación de la Resolución impugnada, mientras se pronunciaba definitivamente sobre la tutela impetrada, por considerar ab-initio que la medida adoptada entorpecía la actividad de los accionantes lesionando su derecho al trabajo. No obstante, al concluir la actuación denegó  la tutela por considerar que los juegos son una actividad económica que ha estado de ordinario sometida al control y vigilancia de la Policía, lo cual no significa que estén prohibidos por norma general; sino simplemente que su ejercicio está reglamentado por las autoridades locales mediante normas dictadas en desarrollo de facultades constitucionales y legales, las cuales para el caso exigen obtener licencia de funcionamiento y pagar los impuestos decretados por el Concejo y por consiguiente los accionantes estaban obligados a cumplir esos dos requisitos. Finalmente señala el Juez que la Resolución dictada por la Inspectora no es arbitraria porque no prohibe el funcionamiento de los juegos, sino que  ordena devolver las máquinas una vez cancelada la multa y tampoco vulnera el derecho de defensa porque  dentro de la actuación policiva se  oyó en descargos a los sancionados. Al día siguiente de la notificación del fallo que denegó la tutela, el apoderado pidió complementarlo por considerar que el Juez no se había pronunciado sobre la decisión de la Inspectora que privó de la actividad laboral a sus representados, la cual había glosado inicialmente   ese Despacho por ser violatoria del derecho al trabajo y por no haber indicado la razón por la cual se estimaban violadas las disposiciones de la administración municipal en que se basó la multa  y censuraba el hecho de que la inspectora se hubiese arrogado la competencia de definir lo que debe entenderse por "bien común". En esa oportunidad insistió el apoderado en que los  Concejos Municipales no tenían competencia, dentro del nuevo orden constitucional, para exigir requisitos distintos de los establecidos en la ley para el ejercicio de una actividad económica, al tenor de lo dispuesto en los artículos 84 y 333 de la Carta Fundamental y que el conflicto normativo entre las disposiciones municipales y las superiores debía resolverse en favor de éstas en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 4o. ibidem. El Juzgado advirtió que el peticionario pretendía la revocatoria del fallo y no propiamente su adición y negó  la solicitud aduciendo que el pronunciamiento era claro, en cuanto a que el derecho reclamado está  reglamentado a nivel local y que los interesados no cumplieron los requisitos exigidos en esa normatividad. C. La segunda instancia El apoderado impugnó el fallo con fundamento en los mismos argumentos en que se sustentó desde un comienzo la violación del derecho al trabajo y a la defensa  de sus     representados, pero el Tribunal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá inadmitió el recurso por haberse presentado por fuera del término señalado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Después del reparto del expediente al Magistrado Sustanciador para su revisión, llegó  un memorial suscrito por el apoderado judicial, al cual anexa, en fotocopia auténtica, 13 folios correspondientes  a la actuación que se surtió en el Tribunal, luego de que éste rechazara el recurso de apelación por extemporáneo. Los documentos aportados se refieren al recurso de súplica que se interpuso contra la providencia del Tribunal, por considerar que éste incurrió  en el error de  contabilizar el término para la formulación del recurso de apelación  a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia y no  de su notificación y sin tener en cuenta que la petición para que se adicionara o complementara dicho fallo interrumpió el término de ejecutoria, el cual debía  empezar a contarse de nuevo desde la notificación de la providencia que resolvió  la solicitud. Posteriormente, el apoderado desistió del recurso de súplica por estimarlo improcedente, puesto que la sentencia ya había sido firmada por la Sala y en su lugar interpuso recurso de reposición. El Tribunal aceptó  el desistimiento de la súplica y negó la reposición por no estar contemplada en el Decreto 2591 de 1991. II.CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. La acción de tutela La acción de tutela fue consagrada en el ordenamiento constitucional con el claro propósito de garantizar la protección de los derechos constitucionales fundamentales y asegurar su efectiva aplicación frente a eventuales violaciones o amenazas por el ejercicio arbitrario de la función pública o por la acción de los particulares. Es así como, mediante la acción de tutela es posible reclamar la defensa de los derechos que han sido desconocidos por la acción u omisión de las autoridades públicas o vulnerados por la actividad de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o que afecte gravemente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en condiciones de subordinación o indefensión, en las circunstancias que determine la ley. Según las prescripciones de la Ley Fundamental, la acción de tutela puede promoverse ante los jueces en todo tiempo y lugar a fin de que éstos mediante un fallo de inmediato cumplimiento impartan orden para que el funcionario o el particular contra quien se dirige la acción actúe o se abstenga de hacerlo y así lograr el reconocimiento del derecho lesionado o evitar que se llegue a producir su transgresión. Dispone el artículo 86 que la acción deberá tramitarse con arreglo a un procedimiento "preferente y sumario" y resolverse por el juez dentro de un término perentorio. El Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confirió el literal c) del artículo 5o transitorio de la Constitución y con la no improbación de la Comisión Especial expidió el Decreto 2591 de 1991 mediante el cual reglamentó la acción de tutela definiendo las competencias generales y especiales y los trámites para su conocimiento y decisión. Así mismo señalo los principios que deben regir la actuación del juez, entre ellos estableció el de "publicidad"y el de "prevalencia del derecho sustancial", los cuales armonizan con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución que exige que a éstos mismos principios se sujeten los procedimientos que cumplen los órganos encargados de la alta misión de administrar justicia. Dispone el Decreto citado en el artículo 37, como regla general, que son competentes para conocer de la acción de tutela en primera instancia los jueces o tribunales "con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud" y radicó en "el superior jerárquico correspondiente" la competencia para decidir en segunda instancia las impugnaciones que se formulen contra el fallo de tutela, siguiendo los lineamientos legales en materia de competencia funcional, para cumplir con la voluntad del constituyente que si bien quiso que el fallo fuese de inmediato cumplimiento para remediar con prontitud el desconocimiento del derecho o evitar su violación, también fue su propósito consagrar la posibilidad de recurrir esa decisión para precaver eventuales yerros del juzgador en detrimento de los derechos constitucionales fundamentales. Cabe observar en primer término que las normas sobre competencia establecidas por el legislador para el trámite de la acción de tutela fueron rigurosamente observadas en este caso, toda vez que la acción se tramitó y decidió en primera instancia por el juez 6o Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, quien aúna jurisdicción y competencia para conocer de las acciones de tutela incoadas por transgresiones o amenazas de los derechos constitucionales fundamentales ocurridas dentro de la comprensión territorial del Municipio de Chía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 2270 de 1989 que modificó la división territorial judicial del país y adscribió al Circuito de Distrito Judicial de Bogotá el citado municipio, junto con los de Guasca y La Calera. De igual manera debe precisarse previamente, en torno a la naturaleza del acto acusado, que se trata de la resolución No 8191 de octubre 31 de 1991, por medio de la cual se impuso sanción de multa a los peticionarios, como culminación de un procedimiento de carácter policivo; decisión que éstos estimaron abiertamente inconstitucional por infracción de los artículos 84 y 333 de la Carta, por haberse dictado en aplicación del Acuerdo 26 de 1986 de Concejo de Chía y del decreto No 46 de 1991 mediante el cual el Alcalde reglamentó el Acuerdo citado. Contra el acto acusado los interesados interpusieron, por conducto de apoderado judicial, recurso de reposición, siendo éste el único medio posible de impugnación previsto en la ley para controvertir la decisión que pone fin a la actuación policiva. Considera la Sala que en este caso es procedente la acción de tutela para reclamar la protección del derecho al trabajo que se presume violado por el acto acusado, a fin de que se examine la decisión allí contenida, teniendo en cuenta que se da el requerimiento constitucional de no existir contra ellas un mecanismo de defensa judicial distinto, por cuanto de acuerdo con lo normado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo "la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". Por tanto la Resolución impugnada por vía de tutela carece de control jurisdiccional para verificar su adecuación a la normatividad jurídica por disposición expresa del legislador y no puede perseguirse entonces su nulidad ni el restablecimiento del derecho por haber sido asimiladas dichas providencias a actos jurisdiccionales, en atención a que definen la responsabilidad contravencional. Para la Sala es evidente que la Resolución acusada, por haber sido dictada dentro de un juicio de policía puede enmarcarse dentro de la excepción prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, puesto que por medio de ella se sanciona la infracción al Decreto 46 de 1991 y dada la procedencia de la acción de tutela, es posible asumir la revisión de la decisión del juez y resolver si es del caso aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de las normas que le sirven de sustento legal, dando aplicación preferente a las normas constitucionales que se consideran quebrantadas, en guarda del principio de supremacía del orden constitucional claramente establecido en el artículo 4o de la Constitución política. B. Otros instrumentos de protección de los derechos La Carta vigente  reordenó el Estado con propósitos de eficiencia para el logro de la prosperidad general, amplió los cauces de participación democrática en las distintas instancias de decisión que afectan la vida de la Nación garantizó el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y estableció todo un sistema para la efectiva protección de los derechos de los asociados. Dentro del capítulo 4o del Título II denominado precisamente, "De la protección y Aplicación de los derechos" consagró la presunción de buena fé, ordenó la aplicación inmediata de los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40; institucionalizó junto con la acción de tutela, la acción ciudadana para exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, las acciones populares para la protección de intereses colectivos, la responsabilidad civil del Estado por daños de sus agentes, delimitó el ámbito de responsabilidad de los funcionarios civiles y militares y estableció la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenciones internacionales que reconocen derechos humanos y prohiben su limitación en estados de excepción. Dentro de este catálogo de mecanismos orientados a la protección y efectividad de los derechos, debe destacarse el interés de dotarlos de la coercibilidad necesaria para hacerlos exigibles cuando no sean acatados espontáneamente por las autoridades públicas o los particulares, para evitar que su consagración en la carta se convierta en un simple enunciado teórico y desciendan de ese plano a la realidad cotidiana. Entre las distintas formas de defensa de los derechos y actividades que desarrolla el grupo social está la prohibición contenida en el artículo 84 en el sentido de que cuando determinada actividad o derecho haya sido reglamentado de manera general, las autoridades no podrán exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. De igual manera el artículo 333 en armonía con el texto citado dispuso, en relación con la actividad económica y la iniciativa privada, que ellas son libres dentro de los límites del bien común y que "para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley." De la interpretación armónica de los postulados mencionados no se puede colegir que desapareció la facultad que tenían los concejos para reglamentar el ejercicio de las actividades que realizan los ciudadanos con fines de explotación económica dentro del respectivo municipio, pues la ley fundamental vigente les reconoce autonomía de gestión para el manejo de los asuntos de interés local con arreglo tanto a ella como a la ley. Es claro, entonces, que la autonomía administrativa de que gozan las entidades territoriales debe desarrollarse dentro del marco señalado en la Carta y con observancia de las condiciones que establezca la ley (art. 287 C.N.) como corresponde dentro de un Estado de Derecho constituído en forma de República unitaria. Pues dentro de este sistema jurídico político de organización institucional las Corporaciones de elección popular que rigen la vida de las entidades territoriales tiene carácter administrativo y carecen por tanto de potestad legislativa porque ella está concentrada en el Congreso de la República. (Las consideraciones anteriores están contenidas, en lo sustancial, en la ponencia original del Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, que la Sala acoge) La Sala estima necesario ocuparse de las relaciones entre el poder de policía que ejercen fundamentalmente  las autoridades locales, y la libertad económica, como principio de rango constitucional, para examinar cuales son los límites que aquél puede imponer a ésta. C. El poder de policía Como es bien sabido, el poder de policía administrativa general consiste en un conjunto de actividades administrativas que tienen por objeto la expedición de reglas generales y de medidas individuales necesarias para el mantenimiento del orden público.1 Es, pues, una específica forma de actividad administrativa que obedece al principio de que la actividad de los particulares tiene límites necesarios que se imponen a través de la ley en aras de la convivencia social. Es de señalar que las medidas de policía administrativa que limiten las libertades individuales sólo son regulares en cuanto tengan por objeto exclusivamente la preservación del orden público. Aunque la delimitación exacta del contenido de esta noción es bastante difícil por su carácter contingente y evolutivo, tradicionalmente se ha considerado que el orden público se manifiesta en la tranquilidad, en la seguridad y en la salubridad y que se encamina a evitar perjuicios individuales o colectivos, provocados por desórdenes, accidentes, atentados a la salud y a la higiene pública. La doctrina destaca que el orden público se determina en función de circunstancias locales que en un momento determinado pueden desencadenar riesgos o problemas. Por eso mismo son las autoridades municipales las encargadas de mantenerlo, por su cercanía a los administrados y porque la noción misma de poder de policía se construye a partir de factores esenciales de la vida comunitaria que se manifiestan primordialmente en la órbita municipal.2 Ciertamente la protección de la moralidad pública concierne también a la policía administrativa, comoquiera que no es más que la prolongación de la protección de la tranquilidad. Pero la competencia de las autoridades de policía en esta materia no las autoriza en ningún caso para instituir un orden moral en abstracto sino para actuar anticipadamente y evitar que se afecte el orden público mediante problemas o desórdenes concretos, tal como lo señalan algunos autores3 . Este carácter fundamentalmente preventivo de la policía administrativa la distingue de la policía judicial encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se funda algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido4. Sin querer ignorar esta compleja naturaleza, es lo cierto también que el poder de policía, en sus diversas manifestaciones tiene límites claros que se derivan de su objeto específico de mantener el orden público. Es así como de la misma manera que no puede pretenderse la ejecución de un contrato mediante una medida policiva, tampoco puede hoy imponerse limitación alguna a la libertad económica sin autorización de la ley, en virtud de lo dispuesto por el artículo 333 de la Carta vigente. Cuando objetivas consideraciones de mantener el orden público (con el contenido y alcance que atrás hemos señalado) hagan indispensable la regulación del espacio público, es claro que las autoridades locales podrán reglamentar la ubicación de los bares, cantinas, droguerías, farmacias, salones de belleza, panaderías, teatros, heladerías, almacenes, casinos, cementerios, iglesias y otros establecimientos. No en vano, al municipio le corresponde por mandato constitucional ordenar el desarrollo de su territorio (Art. 311) y a los Concejos reglamentar los usos del suelo (Art. 313 #7). Con todo, en uso de sus facultades, las autoridades de policía local no pueden regular la marca de los licores que se expendan en los bares, o de los productos que se utilicen en los salones de belleza, como tampoco impedir que se vendan drogas genéricas en las droguerías, o disponer que solo se proyecten películas de color en los teatros de los barrios residenciales. Menos aún, imponer normas acerca del grado de diferenciación de un producto o servicio o de los métodos o procedimientos más adecuados para su comercialización, tal como ocurre en el presente caso. D. Los juegos electrónicos Por virtud de lo anterior es menester aquí considerar someramente la naturaleza de la explotación de máquinas de juegos electrónicos de video a la luz del articulo 333 de la Carta y, en particular, del concepto de bien común. Obra en el expediente la consideración de que los juegos electrónicos constituyen una actividad lícita regulada por la ley gravada con el valor al impuesto agregado IVA (Decreto 624 de 1987 y ley 49 de 1990) Igualmente se menciona en el expediente el Decreto No 46 de abril 4 de 1991, expedido por el Alcalde Especial de Chía, como la norma que establece los requisitos para el funcionamiento de las máquinas de video en el municipio de Chía y su compatibilidad con el artículo 333 de la Carta. Por su naturaleza, este tema es de obligada referencia: "ARTICULO PRIMERO.- Modifíquese el artículo 4 del decreto No 73 de 1990 (Agosto 3) el cual quedará así: ARTICULO CUARTO.- Sólo podrá concederse permiso de funcionamiento de los juegos permitidos y de los juegos electrónicos para los instalados en locales dedicados exclusivamente a la explotación comercial de los mismos. En estos establecimientos o locales no se permitirá el expendio o comercialización de otros productos o servicios. La infracción a esta norma acarreará como pena al cierre temporal del establecimiento y su reincidencia, la cancelación y retiro definitivo del permiso de funcionamiento." ARTÍCULO SEGUNDO.- En los establecimientos comerciales ubicados en el Municipio de Chía y con permiso o licencia de funcionamiento para realizar actividades diferentes a los de juegos permitidos y/o juegos electrónicos, queda prohibida la instalación de equipos, máquinas o mesas de juegos mecánicos o electrónicos. La infracción a esta norma acarreará como pena el cierre temporal del establecimiento y en caso de reincidencia el retiro definitivo del permiso o licencia de funcionamiento." Sin negar que las autoridades locales sean competentes para establecer algunos gravámenes por la explotación de una actividad económica, esta Corte estima que no es propio de la naturaleza del poder de policía, por cuanto nada tiene que ver con el mantenimiento del orden público en sus diversas manifestaciones, que en su desarrollo se llegue hasta establecer pautas ajenas por entero a dicho orden, como los atinentes a la comercialización de la actividad o servicio de juegos de razonamiento abstracto. Por tanto, se ha producido un desbordamiento o desvío de tal poder que esta Corte no puede ignorar. Por expreso mandato de la Ley Fundamental vigente, estas limitaciones a la libertad económica sólo puede establecerlas el Congreso, como quiera que ellas desbordan el marco propio del orden público cuyo mantenimiento corresponde a las autoridades de policía, por las razones que atrás hemos señalado. En consecuencia esta Corte declarará inaplicable por violación del artículo 333 y 84 de la Constitución, el artículo cuarto del Acuerdo 26 de 1986 emanado del Concejo Municipal de Chía, que dice que "sólo podrán concederse permisos de funcionamiento de los juegos permitidos y de los juegos electrónicos para locales dedicados exclusivamente a la explotación comercial de los mismos." Igualmente, y por las mismas razones, se declararán inaplicables los artículos primero y segundo del decreto numero 46 de 1991, emanado del Alcalde Especial de Chía, cuyo texto ya se ha reproducido en esta misma providencia. E. La libertad económica Puesto que en el expediente obran elementos que indican que la actividad de los peticionarios y de la cual se deriva su queja consiste fundamentalmente en ofrecer al público el servicio de uso de máquinas de video para juegos recreativos y de razonamiento abstracto instaladas en un establecimiento comercial que tiene licencia de funcionamiento, es preciso establecer aquí si en alguna manera la conducta de la policía vulnera la libertad económica consagrada como pilar básico del régimen económico en la Carta vigente. Es por ello que estimamos pertinente hacer aquí unas someras consideraciones acerca de la noción, límites, antecedentes  y posición del Constituyente de 1991 acerca de la aludida libertad. La libertad económica ha sido concebida en la doctrina como una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio. Las actividades que conforman dicha libertad están sujetas a limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes, por razones de seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social. En términos más generales, la libertad económica se halla limitada por toda forma de intervención del Estado en la economía y, particularmente, por el establecimiento de monopolios o la calificación de una determinada actividad como servicio público, la regulación del crédito, de las actividades comerciales e industriales. Esta presencia estatal puede manifestarse también en empresas industriales y comerciales o sociedades de economía mixta. El contenido y alcance de la libertad económica en el ordenamiento nacional ha sido fruto de un proceso con diversas etapas y características cuyos hitos fundamentales referiremos someramente para los efectos de este fallo. La Carta de 1886 no consagró expresamente esta libertad. Su existencia se infería del contenido del artículo 39 sobre libertad de trabajo. La reforma constitucional de 1910 estableció los monopolios estatales como arbitrio rentístico. Haciéndose eco del constitucionalismo social presente en las constituciones mexicanas de 1917 y española de 1934, a partir de 1936 el Estado colombiano intervino para racionalizar la actividad económica y proteger a los trabajadores. En consecuencia, se transformó en el sujeto activo promotor del aprovechamiento racional de los recursos disponibles. En una etapa más de  la creciente afirmación de la libertad económica, el Constituyente de 1968 la consagró bajo la forma de libertad de empresa e iniciativa privada. (Art. 32) Con fundamento tanto en sus antecedentes como en el texto vigente del artículo 333 de la Carta, esta Corte considera que el Constituyente de 1991 quiso perfeccionar los instrumentos propios de la economía de mercado, precisar la responsabilidad del Estado y dotarlo de nuevos y más eficaces instrumentos para el logro de la equidad social. Dentro de este contexto es claro, así mismo, su voluntad de ampliar el ámbito de la libertad económica, la cual se plasmó claramente en el texto de los dos primeros incisos del artículo 333 vigente, en los siguientes términos: "la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.- Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos, ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades." Con la única modificación del verbo conllevar que figuraba en el texto original por el verbo suponer que aparece en la versión finalmente aprobada, una simple confrontación de textos permite afirmar que los dos incisos corresponden exactamente al texto recomendado en su informe- ponencia para primer debate en plenaria por la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual los explicó y justificó poniendo de presente que: "al referirse a la actividad económica de manera general se reconoce el pluralismo en las formas de satisfacción de las necesidades humanas, sin privilegiar unas frente a otras por razón de su estructura específica o de su forma de propiedad. Así, el término cobija por igual a la empresa y a las formas no organizadas de producción, a la iniciativa privada y a la solidaria y estatal. No obstante, y a pesar de estar contenida en el término de actividad económica, la Comisión quiso mantener de manera expresa el concepto de iniciativa privada. Al establecer que el ejercicio de esa libertad no requiere permiso previo ni requisitos, salvo en casos taxativamente enunciados en la ley por razones de interés social, salud y seguridad públicas, medio ambiente y patrimonio cultural de la Nación (excepciones consagradas en el último inciso del artículo), la consolida y la hace expedita, al abolir las vallas y obstáculos de carácter puramente burocrático que hoy dificultan su plena realización, sin que medien justificaciones apropiadas vinculadas con la defensa del interés general"5 En virtud de todo lo anterior esta Corte concluye que las limitaciones a la libertad económica deben estar hoy, más que nunca, expresamente autorizadas por la ley, comoquiera que el Constituyente de 1991 quiso de manera clara y expresa no sólo ampliar su ámbito sino rodearla de las garantías necesarias para su ejercicio. En consecuencia, en la misma proporción en que se ha ampliado el ámbito de la libertad aludida, se ha reducido proporcionalmente el ejercicio del poder de policía en el contexto específico de la actividad económica. Así las cosas, sólo resta determinar si en el caso materia del presente fallo es o no admisible una limitación de carácter policivo de la actividad económica de los peticionarios. Lo cual nos lleva a ocuparnos una vez más de los juegos recreativos y de razonamiento abstracto. El ámbito de los juegos electrónicos es bastante amplio. Se puede incluso hacer una clasificación de los mismos. Los hay caseros, que se compran para conectarlos al respectivo televisor, y los hay comerciales, para colocar en establecimientos. Estos últimos son los que popularmente se conocen como "maquinitas". También los hay insertados en los computadores personales. En el campo específico de las "maquinitas", también existen, desde el punto de vista cualitativo, diversas clasificaciones. Hay algunas que  son prácticamente casinos electrónicos, en los que el único factor que juega es el azar, como aquellas en que se hunde un botón para que salga una determinada combinación de figuras. Esas deben ser reglamentadas, como todo juego en el que el azar sea el único factor de triunfo. Pero la mayoría de las "maquinitas", destinadas al público infantil y adolescente, (aunque cautiven también a los adultos),  contienen juegos retadores, que motivan a los aficionados a ellas a resolver problemas. Los obliga a usar el cerebro y pensar creativamente. Desarrollan las habilidades sicomotrices del jugador, y permiten un ejercicio de destreza, pues ante varias alternativas, el jugador, con su habilidad manual, escoge la que le permita continuar en el juego. Este tipo de maquinitas son, en realidad, computadores didácticos y recreativos por excelencia. Como se ve, desde el punto de vista de la moralidad, estos instrumentos de recreación son por lo menos neutrales, y, en la mayoría de los casos, cumplen una útil función de complemento educacional, pues en ellos interactúa el jugador con la maquina de manera activa y consciente. La televisión, por ejemplo, es mucho menos instructiva pues sólo invita a la pasividad frente a la pantalla, sin que por eso solo pueda calificarse de inmoral o atentatoria contra el bien común. Esta Corte, a la luz de las anteriores consideraciones, ve con preocupación que las autoridades locales hagan exigencias no razonables para el ejercicio de la actividad económica, las cuales, como en el caso del presente fallo, llegan hasta determinar el lugar y las condiciones de mercadeo de un servicio sin que, de otra parte, haya claridad necesaria acerca de las razones de tales normas. De permitir esta tendencia, no estaría lejano el día en que a nivel local, cuando menos, se viera frustrada en lo esencial la ampliación de la libertad económica que quiso expresamente favorecer el Constituyente de 1991. Hay pues que recoger esa voluntad y hacerla prevalecer por sobre toda otra consideración circunstancial no autorizada por la ley. Puesto que la mencionada conducta vulnera el derecho a la libertad económica que, como antes se vió, tiene carácter fundamental, esta Corte concederá la tutela y en consecuencia revocará la sentencia que la denegó. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, el diecisiete de enero de 1992, por la cual se negó la tutela formulada por Mauricio Nicolás Sánchez Molano y Fabio Aníbal Rojas Isaza. SEGUNDO.- Declarar la inaplicación, por inconstitucional, del artículo cuarto del acuerdo 26 de 1986, emanado del Concejo Municipal de Chía, y de los artículos primero y segundo del decreto numero 46 de 1991, emanados de la Alcaldía Especial de Chía. TERCERO.- Conceder la tutela formulada por Mauricio Nicolás Sánchez Molano y Fabio Rojas Isaza contra las resolución 81-91 de Octubre 31 de 1991, emanada de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Chía, por la cual se sancionó a los peticionarios de esta tutela. CUARTO.- En consecuencia, ORDENAR que cese la aplicación de dicha resolución, y por tanto, que se restituya a los peticionarios las máquinas de video juego. QUINTO.- ORDENAR que por secretaría se comuníque esta decisión al Juez sexto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en la forma señalada en el artículo 36 del Decreto 2591 y para los efectos allí previstos. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente -Salvamento de voto- CIRO ANGARITA BARON           EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado Salvamento de voto Sentencia No. T-425 CONCEJO MUNICIPAL-Facultades/PODER DE POLICIA (Salvamento de voto) Considero que los reglamentos municipales en materia de orden público, esto es, de policía, tienen amplio respaldo constitucional y legal y son, además, fundamentales para la preservación de bienes invaluables para la persona humana y para la comunidad, que no pueden minimizarse, como lo hace el voto de mayoría, por su enceguecimiento ante lo que representan el orden, la tranquilidad, la moralidad y la seguridad públicas que este caso envuelve y que tienen un importante impacto en la formación de personas en periodo de su desarrollo básico. No solamente la ley en forma directa sino también otros ordenamientos legítimos y dentro de su competencia legal pueden regular los puntos dichos, como ocurre, por su misma función y finalidad, con la normativa de policía en los precisos campos que le corresponden, fuera de que la libertad económica está sometida a restricciones "cuando así lo exija el interés social", que comprende obviamente el orden policivo. JUEGOS ELECTRONICOS-Regulación (Salvamento de voto) Las exigencias de un permiso y de que las maquinitas funcionen en un local aparte sin concurrencia de otras mercancías o servicios, especialmente destinado para ellas, son medidas ampliamente justificadas porque son instrumentos indispensables para el debido y necesario control de estos juegos, cuya dispersión en toda clase de sitios, aún en un gran número de pequeñas tiendas y almacenes, hace imposible su atención por las autoridades; esto tiene que ver sobre todo con el control de las personas que frecuentan estos sitios para proteger el desarrollo moral y la formación de hábitos y costumbres en los menores y para que no se engañe al público; piénsese, además, en lo que pasaría si se permite que estos aparatos sean instalados en sitios donde no deben estar las personas que generalmente los usan, como en cantinas, casinos y lupanares. Comedidamente me permito salvar el voto en la sentencia T-425 que resolvió la acción de tutela intentada contra una resolución de la Inspección de Policía y Tránsito de Chía por los señores MAURICIO NICOLAS SANCHEZ MOLANO y FABIO ROJAS ISAZA. Aunque comparto las consideraciones generales que en la sentencia se hacen con respecto al poder de policía y a la libertad económica, discrepo de la forma como tales criterios se aplican al caso concreto y, por lo tanto, de la decisión. En efecto, considero que los reglamentos municipales en materia de orden público, esto es, de policía, tienen amplio respaldo constitucional y legal y son, además, fundamentales para la preservación de bienes invaluables para la persona humana y para la comunidad, que no pueden minimizarse, como lo hace el voto de mayoría, por su enceguecimiento ante lo que representan el orden, la tranquilidad, la moralidad y la seguridad públicas que este caso envuelve y que tienen un importante impacto en la formación de personas en periodo de su desarrollo básico. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, es obvio que cuando el artículo 84 de la Constitución, en guarda del principio de legalidad, elemento esencial del estado de derecho, prohibe solicitar imperativamente a los gobernados condiciones adicionales a las establecidas en los reglamentos generales, no alude específicamente y de manera excluyente a los dictados sólo por el legislador, sino que comprende también todas aquellas reglamentaciones que en desarrollo de la ley o con su autorización, dicten otras autoridades en ejercicio de las facultades de regulación que les han sido reconocidas como propias en el ordenamiento fundamental. Igual puede decirse del artículo 333 ibídem que, en lo que importa, prohibe que la libertad económica se limite mediante la exigencia de permisos o requisitos "sin autorización de la ley", lo cual deja bien en claro que no solamente la ley en forma directa sino también otros ordenamientos legítimos y dentro de su competencia legal pueden regular los puntos dichos, como ocurre, por su misma función y finalidad, con la normativa de policía en los precisos campos que le corresponden, fuera de que la libertad económica está sometida a restricciones "cuando así lo exija el interés social", que comprende obviamente el orden policivo. Entonces, viniendo a las autorizaciones que la ley puede otorgar conforme a tales normas, pueden citarse las siguientes que son compatibles con la Constitución de 1991, según lo dicho: la que encomienda a los Concejos "arreglar la policía en todas sus ramos" (art. 93, Decreto 1333, 86, Código de Régimen Municipal); la que defiere estas cuestiones al reglamento policivo cuando dispone que "la regulación del ejercicio de ciertas actividades ciudadanas no reservadas por la constitución y la ley, corresponde al reglamento de policía mientras el legislador no lo haga", dentro, por supuesto, de su función, (art. 13-a, Decreto 1355, 70, Código Nacional de Policía); y, ya para el caso concreto, las siguientes de este último estatuto: la que manda que "cuando la ley o el reglamento de policía subordine el ejercicio de una actividad a ciertas condiciones o al cumplimiento de determinados requisitos, dicha actividad no podrá ejercerse sino mediante el correspondiente permiso otorgado previa la comprobación de aquellos o el cumplimiento de éstos", (art. 15 ibidem), así como que "los establecimientos comerciales requieren permiso para su funcionamiento. El permiso se otorgará, en cada caso, de acuerdo con las prescripciones señaladas en los reglamentos de policía local" (art. 117, ibidem). Porque el suscrito magistrado no tiene dudas sobre la constitucionalidad de estos reglamentos, aún a la luz de los artículos 84 y 333 de la Carta Política, celebra que en la sentencia se diga que "las actividades que conforman dicha libertad (económica) están sujetas a limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes, por razones de seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social", que, agrega este salvamento, son materias propias, con sujeción a las normas superiores, del reglamento de policía. Desgraciadamente, no obstante, para concluir, el fallo dice:  "Esta Corte, a la luz de las anteriores consideraciones, ve con preocupación que las autoridades locales hagan exigencias no razonables para el ejercicio de la actividad económica, las cuales, como en el caso del presente fallo, llegan hasta determinar el lugar y las condiciones de mercadeo de un servicio sin que, de otra parte, haya claridad necesaria acerca de las razones de tales normas". Esto equivale casi que a un reconocimiento de que se resolvió sin tener suficiente entendimiento de la realidad social para la cual se estaba tomando una decisión y demuestra que se ha obrado sin una idea clara de los intereses y valores en juego en forma por lo demás desatinada. Por el contrario, para el suscrito Magistrado es claro que las exigencias de un permiso y de que las maquinitas funcionen en un local aparte sin concurrencia de otras mercancías o servicios, especialmente destinado para ellas, son medidas ampliamente justificadas porque son instrumentos indispensables para el debido y necesario control de estos juegos, cuya dispersión en toda clase de sitios, aún en un gran número de pequeñas tiendas y almacenes, hace imposible su atención por las autoridades; esto tiene que ver sobre todo con el control de las personas que frecuentan estos sitios para proteger el desarrollo moral y la formación de hábitos y costumbres en los menores y para que no se engañe al público; piénsese, además, en lo que pasaría si se permite que estos aparatos sean instalados en sitios donde no deben estar las personas que generalmente los usan, como en cantinas, casinos y lupanares. Creo que con esta decisión se ha creado en Chía un grave problema social. Fecha ut supra. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado 1 Cfr. Vidal Perdomo, Jaime. Derecho Administrativo, 9a edición, Editorial Temis S.A. Bogotá, Colombia, 1987, p. 191 2 Cfr. Vidal Perdomo, Jaime. op. cit. p. 91 3 Cfr. Dupuis Georges et Guedón Marie Jose, Institutions Administratives. Droit Administratrif. Armand Editeur, París 1986. p. 389. 4 Cfr. ibidem p. 391 5 Cfr. Gaceta Constitucional No 80, Bogotá D.E, jueves 23 de Mayo de 1991, p.91

T-426-92 Sentencia No Sentencia No. T-426/92 DERECHO A LA SUBSISTENCIA Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo  de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. Al interpretar restrictivamente el alcance del derecho a la subsistencia el juez desconoció la importancia de la solicitud de tutela respecto de los derechos de seguridad social y de asistencia y protección de la tercera edad, en las especiales circunstancias del solicitante. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad. DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL El derecho a la sustitución pensional es una especie del derecho a la seguridad social que, cuando se verifican los supuestos legales para que se cause, permite  a una persona entrar a gozar de los beneficios de la prestación económica antes percibida por otra. El derecho a la sustitución pensional no supone el reconocimiento del derecho a una pensión, sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. DERECHO DE PETICION El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno. La posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo  no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden  de valores consagrado en la Constitución. La ponderación de valores o intereses jurídico-constitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos fundamentales. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio ADMINISTRACION PUBLICA-Deberes/PRINCIPIO DE EFICACIA/DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL El principio de eficacia de la administración pública juega un papel central para hacer realidad la efectividad de los derechos fundamentales. Con la tardanza de la administración para resolver sobre la petición de sustitución pensional se vulneró igualmente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales consagrado en el inciso 3 del artículo 53 de la Constitución Política. Se ha elevado así a nivel de derecho constitucional el goce efectivo de las pensiones legales que, junto con el deber de promover la integración a la vida activa y comunitaria, constituyen algunas de las más preciosas garantías en favor de las personas de la tercera edad. ACCION DE TUTELA/INDEMNIZACION DE PERJUICIOS El goce efectivo de sus derechos fundamentales vulnerados requiere necesariamente de una indemnización dineraria que, para el presente caso, se fija en el daño emergente ocasionado al peticionario durante los meses que excedieron el doble del plazo ordinario para resolver su solicitud, con el fin de compensar los costos asumidos por la familia de la hija del petente, los cuales no se hubieran producido si la injustificada tardanza de la administración no se hubiera presentado. SENTENCIA DE JUNIO 24 DE 1992 REF. : Expediente T-824 Actor: HERNANDO DE JESUS BLANCO                 ANGARITA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-824 adelantado por el señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA contra el director de la Caja Nacional de Previsión Social. A N T E C E D E N T E S 1. El señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA interpuso el 17 de diciembre de 1991 acción de tutela contra el director de la Caja Nacional de Previsión Social, aduciendo la violación de su "derecho fundamental de subsistencia". 2. El petente afirmó en escrito sustentatorio de su acción ser cónyuge supérstite de la señora MARIA JOSEFINA DE JESUS OROZCO DE BLANCO, quien falleciera "en su condición de pensionada de la Caja Nacional de Previsión Social como maestra que fue al servicio de la Secretaría de Educación de Boyacá". 3. Según el accionante, quien se autodefinió como "una persona anciana y sin recursos", el día 17 de diciembre de 1990 solicitó la sustitución pensional, "sin que a la fecha se hubiera atendido el otorgamiento de ese derecho laboral", lo cual lo obligó a vivir bajo la protección de su hija con la carga adicional que para ella ésto conlleva y sin poder satisfacer algunas elementales necesidades por falta de recursos, entre ellas, una intervención quirúrgica requerida por su precario estado de salud. 4. Entre sus pretensiones el señor BLANCO ANGARITA solicitó "obligar al Director de la Caja Nacional de Previsión Social o a quién haga sus veces a que resuelva de inmediato y en forma favorable mi solicitud de sustitución pensional, radicada bajo el número 010558 del 17 de Diciembre de 1990", así como el pago inmediato de las mesadas causadas desde el fallecimiento de su esposa y la indemnización correspondiente por la mora en resolver la solicitud de sustitución pensional. 5. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santafé de Bogotá negó la tutela solicitada mediante sentencia del 18 de febrero de 1992, salvo en lo que respecta al derecho fundamental de petición, y ordenó al Jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio de la Sub-dirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión resolver definitivamente en el término de un mes y medio sobre la petición de sustitución pensional. De las pruebas practicadas, el juez de tutela pudo constatar que el señor BLANCO ANGARITA hacía más de un año acudía infructuosamente a la entidad pública esperando una respuesta a su solicitud y que inclusive había intentado inquirir, sin éxito, sobre la negativa a responder, no habiéndosele recibido su escrito por el funcionario de turno. Procedió posteriormente el fallador a realizar una audiencia pública en la misma Caja Nacional de Previsión Social, donde fue atendido por la Jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio, Dra. GLORIA RODRIGUEZ DE ROMERO. En dicha oportunidad, se pudo establecer el tiempo promedio para la tramitación de las sustituciones pensionales, así como el procedimiento de trámite ordinario de estos asuntos. Ante la pregunta de cuánto puede demorarse normalmente la resolución de una solicitud de sustitución pensional desde el momento que se formula la solicitud hasta cuando se adopta la decisión final, la doctora Rodríguez contestó: "Con los trámites actuales se demora entre cuatro y cinco meses". Con fundamento en las pruebas recogidas, el juez primero verificó la violación del derecho de petición consistente en la negativa de recibir un escrito exhortatorio a la administración para que se pronunciara sobre la solicitud inicial de sustitución pensional y en la inexistencia de una resolución oportuna a la petición elevada por el señor BLANCO ANGARITA. 6. El juez del conocimiento no encontró probada la vulneración del derecho a la subsistencia por considerar que al solicitante no se le negó la asistencia médica en la Caja Nacional de Previsión Social, "sino que éste no se sometió a ella por la falta de dinero para cancelar deudas y para mantenimiento mientras, se interpreta, se encuentre convaleciente". 7. Sobre la posible vulneración del artículo 46 de la Constitución - si se entendiera tutelable - el juzgado concluyó que "tampoco se ha violado en el presente caso ya que la protección y asistencia de las personas de la tercera edad no corresponde exclusivamente al Estado, sino que a ello también deben concurrir la sociedad y la familia, y tanto en la solicitud escrita como en la declaración tomada reiteradamente se reconoce que una hija del solicitante actualmente brinda a éste protección y asistencia, y el grado de participación de todos en tal propósito no puede esperarse que tenga una determinación exacta, por lo cual es un imperativo si se quiere moral de la familia que esté en posibilidades de ello, como en este caso, brindar esa asistencia y protección". 8. Por no haber sido impugnada la decisión de tutela, el expediente respectivo fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión y correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Antes de proceder a revisar la presente sentencia de tutela, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional considera necesario referirse a la situación  en que se encuentra el anciano en nuestra sociedad actual, ya que en este contexto histórico es en el cual se plantea la presente acción. Papel del anciano en la sociedad moderna 1. Es inaceptable la condición de abandono y marginamiento social de miles de personas pertenecientes a la tercera edad. Tal situación obedece como bien lo explicó en su momento el constituyente, a que "en tiempos pasados la sociedad fue generosa con el anciano. Lo hizo gobernante, juez, pontífice y consejero; lo ofrendó con privilegios y lo hizo merecedor de respeto y veneración. Por aquel entonces los promedios de vida eran muy bajos y el hombre longevo era algo excepcional. Pero más tarde, con el surgimiento de la familia nuclear y la crisis de la familia extensa o patriarcal, en la cual los hombres y mujeres de edad desempeñaban roles importantes, el viejo pierde su lugar, pues se limitan las obligaciones de sus parientes, y la sociedad se vuelve esquiva con él. Es así como se crean alrededor de la vejez una serie y mitos y tabúes  adversos que la asocian con la enfermedad, la inutilidad, la impotencia sexual y el aislamiento; en fin un cúmulo de versiones que le hacen aparecer como una edad estéril y dolorosa, alejada  de cualquier clase de placer o satisfacción. Esta situación, íntimamente  vinculada a problemas de orden económico y socio-cultural, origina una condición de inseguridad para el anciano, que hace cada vez más difícil su convivencia con la familia, porque sus hijos han dejado de ser un apoyo para él". (Iván Marulanda, Jaime Benítez, Tulio Cuevas, Guillermo Perry, Angelino Garzón, Guillermo Guerrero. Ponencia-Informe Derechos de la Familia, el Niño, el Joven, la Mujer, la Tercera Edad y Minusválidos. Gaceta Constitucional No. 85 p. 8). Carencias del anciano 2. Largas filas de ancianos en espera del pago de las pensiones necesarias para sobrevivir, la falta de un servicio social de atención a ancianos y disminuidos físicos o mentales como el existente en otras sociedades - al cual necesariamente deberá llegarse - que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, y, en general, la ausencia de un adecuado sistema de protección y asistencia, son factores objetivos que sitúan a este grupo social en circunstancias de marginalidad y debilidad manifiestas. Frente a esta injusticia ha querido reaccionar el constituyente colombiano al afirmar que "para que la vida del hombre sea digna de comienzo a fin, es perentorio asegurarle a la persona de la tercera edad el derecho a la seguridad y el disfrute del bienestar social que incluyen los de salud, la alimentación adecuada y la vivienda". (Iván Marulanda, y otros. Gaceta Constitucional No. 85 p. 9). Es así como el inciso 2 del artículo 46 de la Constitución establece: "El Estado les garantizará (a los ancianos) los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia". Dentro del anterior contexto socio-cultural y según el marco normativo descrito debe evaluarse la acción de tutela instaurada  por el señor BLANCO ANGARITA en su condición de anciano. La realidad social nutre el derecho constitucional. De ahí que la aplicación de la normas constitucionales a los casos concretos deba tener en cuenta que uno de los fines esenciales del Estado es la  progresiva realización de las aspiraciones del constituyente dirigidas a transformar la realidad, cuando ella genera inequidad, injusticia y desigualdad. Derechos fundamentales supuestamente vulnerados 3. Entre los derechos fundamentales que el peticionario aduce como violados se encuentran el derecho de subsistencia y el derecho de petición (CP art.23). Por otra parte, la responsabilidad de la administración también podría estar comprometida en la violación de los derechos de protección y asistencia de la tercera edad (CP art.46), así como en el desconocimiento del derecho a la seguridad social (CP art.48), a pesar de no haber sido expresamente invocados por la parte afectada. Derecho a la subsistencia 4. Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo  de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. El juez de tutela de primera instancia circunscribe el derecho a la subsistencia a la necesidad del solicitante de someterse a una urgente intervención quirúrgica. A su vez, funda su negativa de tutelar el mencionado derecho en la circunstancia de no haberle negado la Caja de Previsión Social asistencia médica al señor BLANCO ANGARITA. No obstante asistirle razón al juzgador de instancia en el sentido de no existir una vulneración o amenaza del derecho a la salud, al interpretar restrictivamente el alcance del aludido derecho a la subsistencia el juez desconoció la importancia de la solicitud de tutela respecto de los derechos de seguridad social y de asistencia y protección de la tercera edad, en las especiales circunstancias del solicitante. Estado social de derecho, dignidad humana y derecho al mínimo vital 5. El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Del principio de Estado social de derecho se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo (Preámbulo, CP art. 2). Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP art.1), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia como lo denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política, social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución. Este derecho constituye el fundamento constitucional del futuro desarrollo legislativo del llamado "subsidio de desempleo", en favor de aquellas personas en capacidad de trabajar pero que por la estrechez del aparato económico del país se ven excluidos de los beneficios de una vinculación laboral que les garantice un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna. Igualdad de oportunidades y trato favorable a los débiles 6. El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el "déficit social". El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del caso, una prestación económica del Estado. Aunque de los deberes sociales del Estado (CP art. 2) se desprende la realización futura de esta garantía, mientras históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades. Estado Social de Derecho y "Constitución Económica" 7. La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada "Constitución Económica" - Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública - con el principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos constitucionales, en especial, los derechos sociales, económicos y culturales (CP arts. 42 a 77). Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas (CP arts. 324, 334, 350, 357, 366). El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentre materialmente en capacidad de satisfacerlas, ya de manera general o particular. En estas circunstancias  se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales. Situación concreta del solicitante 8. En efecto, el petente, anciano de sesenta y nueve años, sin empleo ni entradas económicas fijas, confiado a la protección de su hija y sin recursos para atender las más elementales necesidades, fundaba todas sus expectativas vitales en el reconocimiento de su derecho a la seguridad social. Prueba de ello, es el memorial del 23 de agosto de 1991 dirigido al Jefe de Prestaciones Económicas del Magisterio de la Caja Nacional de Previsión, en ejercicio del derecho de petición, y que no fuera atendido por dicha entidad, en el cual el señor BLANCO ANGARITA expresaba: "Hemos hecho muchas averiguaciones con esa institución, pero la respuesta siempre es la misma: plazos y más plazos que sólo traen como consecuencia el aumento de la incertidumbre, el sufrimiento y los deseos de no seguir viviendo". Es claro en este caso que el reconocimiento de su derecho a la seguridad social era concebido como derecho a la subsistencia o derecho al mínimo vital. Carácter fundamental del derecho a la seguridad social para ancianos 9. El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11), la dignidad humana (CP art.1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) de las personas de la tercera edad (CP art. 46). Situación de los ancianos en Colombia 10. La situación concreta de gran número de ancianos hace que el derecho a la asistencia y la seguridad social sea para ellos un derecho fundamental. Según el propio constituyente, "en Colombia se calcula que en 1990 había 2.016.334 personas mayores de sesenta años, de los cuales 592.402, más de la cuarta parte de esta población, no cuentan con recursos necesarios para subsistir. Además, se sabe que la mayoría de los individuos pertenecientes a la tercera edad sufren de algún tipo de abandono social y muy pocos viejos tienen acceso a la seguridad social. La cifra no alcanza siquiera al 1% en todo el territorio nacional" (Iván Marulanda, y otros. Gaceta Constitucional No. 85 p. 8-9). Es por ello que la Constitución garantiza a las personas de la tercera edad "los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia" (CP art. 46). Personas ancianas, en condiciones de abandono o que representan una carga económica desproporcionada para la familia de escasos recursos y que, por dichas circunstancias, se constituyen en un atentado a la integridad familiar, gozan de un derecho fundamental a la seguridad social según los términos que establezca la ley. Derecho Internacional 11. El derecho internacional defiende la importancia central de los derechos de la seguridad social. Diversos instrumentos otorgan status de derechos fundamentales a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos - el más importante documento del derecho internacional humanitario - estatuye en su artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, así mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Necesidades básicas en la Constitución colombiana 12. Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto de "necesidades básicas insatisfechas" condiciona la apropiación y distribución de partidas presupuestales (CP art. 324) y del gasto público social (CP art. 350), constituyéndose en una finalidad social del estado su satisfacción (CP art. 366), incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios públicos domiciliarios (CP art. 368). Derecho constitucional a la seguridad social 13. Aunque las tesis intervencionistas hayan sido aceptadas en el pasado para morigerar los efectos del sistema socio-económico capitalista y con el objeto de promover la justicia social, lo que se controvierte hoy en día es si las personas y grupos gravemente necesitados, gozan de un derecho constitucional a la asistencia o seguridad social. El carácter restrictivo del ejercicio de los derechos individuales frente al Estado se opone al reconocimiento de derechos constitucionales dirigidos a la satisfacción inmediata de las necesidades básicas y a la consiguiente obligación del Estado de garantizarlos. Libre mercado e igualdad de oportunidades 14. En ciertos ámbitos políticos persiste la concepción de que el sector privado es el garante primero y último de la satisfacción de las necesidades básicas y no el sector público. La visión que subyace a esta tesis es que el bienestar humano está mejor garantizado por el "libre mercado", que ofrece infinitas oportunidades económicas para alcanzar la prosperidad si las personas mismas saben utilizarlas adecuadamente, y no por la asunción de obligaciones sociales a cargo del Estado. Mecanismos para el cumplimiento de los derechos 15. Sin embargo, el mito de la igualdad económica de oportunidades ha sido desmentido por las realidades demográficas mundiales. En el plano internacional ello ha dado lugar al establecimiento de mecanismos para el cumplimiento de los derechos humanos. Es así como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptados en 1966, vigentes a partir de 1976 y ratificados por Colombia mediante ley 74 de 1968, desarrollan y dan concreción a los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el núcleo de la Carta Internacional de Derechos. En especial, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social". Interpretación de conformidad con los tratados internacionales 16. El principio de interpretación de los derechos y deberes de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (CP art. 93), exige afirmar el carácter fundamental del derecho a la seguridad social para aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental (CP art. 13 inc. 3). Derecho a la sustitución pensional 17. El derecho a la sustitución pensional es una especie del derecho a la seguridad social que, cuando se verifican los supuestos legales para que se cause, permite  a una persona entrar a gozar de los beneficios de la prestación económica antes percibida por otra. El derecho a la sustitución pensional no supone el reconocimiento del derecho a una pensión, sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. Derecho a obtener una resolución en torno a la sustitución pensional 18. El derecho a obtener una resolución en torno a la sustitución pensional supone necesariamente el ejercicio del derecho fundamental de petición (CP art. 23). Por su parte, la exigencia constitucional de "pronta resolución" se hace más estricta tratándose del ejercicio del derecho de petición por parte de personas de la tercera edad (CP. arts. 46 y 13 inciso 3) y, aún más, cuando de la respuesta de la administración depende la efectividad de un derecho fundamental (CP art. 2), como es en este caso el derecho a la seguridad social del anciano. Derecho de petición 19. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno. Derecho de petición y silencio administrativo 20. La posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo (arts. 40 a 42 Código Contencioso Administrativo) no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Núcleo esencial - Definición 21. La doctrina y la jurisprudencia extranjera han diseñado la teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración. El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. Métodos para la determinación del núcleo esencial 22. En el proceso de determinación  de lo que constituye el núcleo esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Combinación de métodos 23. Tanto la caracterización de las facultades inherentes a un derecho particular, como la determinación de los intereses jurídicamente protegidos, son caminos de indagación que deben converger para establecer el ámbito medular de un derecho fundamental cuyo respeto debe así quedar plenamente asegurado y protegido en el Estado social y democrático de derecho. Núcleo esencial y reserva legal 24. La teoría del núcleo esencial tiene una estrecha conexión con la reserva de ley para regular los derechos. Esta última persigue que sólo puede ser el legislador el órgano llamado a limitar ciertos derechos fundamentales como garantía de su integridad. No obstante, cuando el legislador haga uso de sus facultades expresas para restringir o limitar ciertos derechos fundamentales debe respetar el valor de la decisión constituyente en torno a la fundamentalidad de un derecho, ésto es, su núcleo esencial. La garantía del núcleo esencial o intangible de los derechos fundamentales impide que el legislador en uso de la reserva legal (autorización constitucional para limitar los derechos) se convierta en amo y señor de los mismos, lo cual llevaría  a su vaciamiento. La teoría del núcleo esencial limita el alcance de la reserva legal. Esta no puede ser concebida como una facultad unilateral para restringir la eficacia de los derechos fundamentales. Por el contrario, se opera una inversión de los efectos de la reserva legal y el núcleo esencial, en el sentido de que las leyes generales que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales deben a su vez ser interpretadas teniendo en cuenta el significado de los derechos fundamentales en una sociedad libre y democrática, en la cual los efectos restrictivos sobre los mismos deben igualmente quedar limitados. La restricción a las limitaciones de los derechos fundamentales propugna por su fortalecimiento. El contenido de los derechos fundamentales lleva a limitar la libertad preformativa del legislador. Interpretación y aplicación del núcleo esencial 25. La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden  de valores consagrado en la Constitución. La ponderación de valores o intereses jurídico-constitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos fundamentales. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio. Núcleo esencial y ponderación de valores 26. La Constitución contiene una escala de valores que impide, salvo casos de extrema necesidad, conceder prioridad a un bien jurídico por encima de un derecho fundamental. En la ponderación de valores constitucionales requerida en cada caso, es necesario garantizar una especial "fuerza de resistencia" a los derechos fundamentales, representada en la teoría del núcleo esencial, frente a otros valores jurídicos consagrados en la Constitución. Examen del caso concreto - vulneración del núcleo esencial 27. El ejercicio efectivo del derecho de petición supone el derecho a obtener una pronta resolución. Las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una solicitud constituyen una vulneración de este derecho fundamental. El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición; sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad este derecho. Por otra parte, en ejercicio de su atribución de regular los derechos fundamentales (CP art. 152), el legislador no podrá afectar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta, en este caso, la exigencia de una pronta resolución. En el caso sub-examine la omisión del Estado en resolver prontamente la solicitud del petente, a pesar de sus repetidos y frustrados intentos de obtener una respuesta, fue de tal magnitud que puso fuera de las posibilidades del interesado el ejercicio de su derecho, afectando con ello también el interés jurídicamente protegido que perseguía le fuera reconocido, consistente en su derecho fundamental a la seguridad social. Las razones expuestas por la entidad oficial como las deficiencias de personal, volumen de expedientes, orden de las solicitudes, reestructuración de los sistemas de trabajo, entre otros, no representan un interés público general que pudiera esgrimirse para justificar la desatención del deber de respuesta oportuna. Ni las máximas "prius in tempus prius in ius" o "error comunis facit ius" pueden justificar el condicionamiento para resolver una solicitud a la resolución de peticiones presentadas por otras personas con anterioridad e igualmente todavía no resueltas. Lo contrario sería bendecir los vicios burocráticos de una administración contraria a los principios de celeridad, economía y eficiencia que deben caracterizar el funcionamiento de las entidades públicas creadas para el servicio de los ciudadanos. En consecuencia, debe concluirse que el núcleo esencial del derecho de petición ha sido afectado inconstitucionalmente por parte de la administración al no haber resuelto en forma oportuna la solicitud de sustitución pensional presentada por el accionante. Deberes de la administración 28. La administración en el cumplimiento de su deber de diligencia y agilidad, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, cuenta con un término de tiempo razonable para contestar oportunamente las peticiones elevadas por las personas. Como ya lo advirtió esta Corte1 , el derecho de petición es "uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, perticularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituídas (artículo 2o. Constitución Política)". El principio de eficacia y el compromiso de los servidores públicos 29. En el diseño de la función pública el constituyente colombiano tuvo como especial propósito fijar los parámetros que deben guiar a la administración para el cumplimiento de los fines sociales del Estado. El principio de eficacia de la administración pública (CP art. 209) juega un papel central para hacer realidad la efectividad de los derechos fundamentales. Por otra parte, los servidores públicos tienen un ineludible compromiso de servir al Estado y a la comunidad (CP art. 123 y ss.), ejerciendo sus funciones con la diligencia y eficacia de un buen administrador. Razonabilidad del plazo para resolver 30. La razonabilidad del plazo para arribar a una pronta resolución se determina sopesando los factores inherentes a la entidad que reciba la solicitud, como el tiempo exigido para el procesamiento de las peticiones, conjuntamente con otros criterios de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales del respectivo despacho. Retrasos no justificados 31. Fuera del incumplimiento del plazo legal establecido para resolver una petición ante la entidad respectiva, de suyo ya reprobable y sancionable en los términos de la ley, un retraso no justificado en la tramitación de una solicitud se hace patente, entre otros casos de flagrante y exorbitante conducta morosa no competible con un Estado social de derecho eficiente y célere, cuando la duración promedio para resolver se excede en el doble del tiempo requerido para evacuar dicho trabajo en la entidad, o cuando el responsable para resolver se aparta del rendimiento medio de los funcionarios que desempeñan un trabajo similar. Retardo injustificado en el caso concreto 32. En el caso presente, es palmario que el plazo promedio de cuatro a cinco meses para resolver sobre una petición de sustitución pensional en la Caja Nacional de Previsión Social - según lo reconoce la misma jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio en diligencia de audiencia pública llevada a cabo por el Juzgado Primero (1o.) Civil Municipal de Santafé de Bogotá - fue ampliamente superado en más del doble, constituyéndose así un retardo injustificado con la consecuente vulneración del derecho a obtener una pronta resolución el cual se integra en el núcleo esencial del derecho de petición. En efecto, un año después de haber radicado la documentación exigida para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional, el afectado no había recibido información alguna sobre la misma. Aún, más grave, al momento de practicarse diligencia de audiencia pública catorce meses después de entregada la documentación, el juez de tutela pudo establecer que el expediente del solicitante ni siquiera había sido sometido a estudio, y tampoco se había "efectuado la publicación del aviso, lo cual está a cargo de la Caja Nacional de Previsión por disposición legal", ni "unificado el expediente principal de la pensión del causante o pensionada fallecida, con el expediente  de la sustitución". Vulneración del artículo 53-3 de la Constitución 33. Con la tardanza de la administración para resolver sobre la petición de sustitución pensional se vulneró igualmente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales consagrado en el inciso 3 del artículo 53 de la Constitución Política. Las dificultades de quien ha laborado durante el tiempo exigido por la ley, o de la persona que entre a reemplazarlo en el disfrute de su derecho, para obtener el reconocimiento y posterior pago y reajuste del "salario diferido" que representa la pensión, llevaron al constituyente a garantizar este derecho. Se ha elevado así a nivel de derecho constitucional el goce efectivo de las pensiones legales que, junto con el deber de promover la integración a la vida activa y comunitaria (CP art. 46), constituyen algunas de las más preciosas garantías en favor de las personas de la tercera edad. Violación de la protección y asistencia de personas de la tercera edad 34. Finalmente, es importante advertir que la protección y asistencia de las personas de la tercera edad no es una función potestativa del Estado, la sociedad o la familia. Los tres deben concurrir para el cumplimiento de esta función social  (CP art. 46), sin que sea posible para alguno de ellos abstenerse de este deber jurídico pretextando que otros deben hacerlo. Cuando la carga que implica la protección o asistencia de los ancianos sea para la familia de tal magnitud, dadas sus condiciones económicas, que atente contra ella como institución básica de la sociedad (CP art. 5), el Estado o la sociedad deben concurrir para garantizar el cumplimiento de esta obligación. Por lo anterior, no es atendible el argumento dado por el juez de instancia en el sentido de que el Estado no estaría obligado a prestar protección y asistencia al petente por ser ello una obligación adicional de la familia. La omisión o conducta morosa en resolver sobre la sustitución pensional terminó en el presente caso por vulnerar igualmente la obligación concurrente del Estado de proteger y asistir al anciano. Condena en abstracto a la indemnización 35. En el presente caso se ha irrogado un perjuicio al señor HERNANDO BLANCO ANGARITA como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales de petición y a la seguridad social, en conexión con el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, así como, con la obligación de protección y asistencia de las personas de la tercera edad, que corresponde al Estado en concurrencia con la familia y la sociedad. El perjuicio sufrido por el peticionario durante diez (10) meses - contados a partir del mes de junio de 1991, en que razonablemente debió haber sido resuelta la solicitud y hasta el mes de abril de 1992, fecha en la que finalmente se reconoció el derecho a la sustitución pensional -, fue consecuencia directa de la grave omisión culposa de la entidad pública encargada de resolver este tipo de solicitudes. El goce efectivo de sus derechos fundamentales vulnerados requiere necesariamente de una indemnización dineraria que, para el presente caso, se fija en el daño emergente ocasionado al peticionario durante los meses que excedieron el doble del plazo ordinario para resolver su solicitud, con el fin de compensar los costos asumidos por la familia de la hija del petente, los cuales no se hubieran producido si la injustificada tardanza de la administración no se hubiera presentado. Deber estatal de repetir contra sus agentes 36. La responsabilidad patrimonial declarada judicialmente contra el Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas no es un camino de una sola vía. Los funcionarios del Estado deben ser conscientes de los fines sociales que lo inspiran y de su calidad de servidores públicos, la cual les exige un especial cuidado en el desempeño de sus funciones. Por tal motivo, cuando se condene al Estado como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados a una persona, el mismo Estado por intermedio de la entidad respectiva está en la indeclinable obligación de repetir contra el agente responsable (CP art. 90 inc.2). De otra forma, el Estado se convertiría en fortín de los inescrupulosos, deshonestos y negligentes, comprometiéndose seriamente el buen servicio y la responsabilidad, pilares insustituibles de la función pública en el Estado social de derecho. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de tutela del 18 de febrero de 1992 proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de Santafé de Bogotá. SEGUNDO.- MODIFICAR la mencionada providencia en el sentido de CONCEDER la tutela por la violación del derecho fundamental a la seguridad social, en particular, el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de la pensión legal reconocida al señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA. TERCERO.- ADICIONAR el fallo de tutela revisado en el sentido de CONDENAR en abstracto a la Nación, Caja Nacional de Previsión Social, (establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), al pago de la indemnización correspondiente en favor del señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA, la cual deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y según lo dispuesto en los numerales 35 y 36 de los fundamentos jurídicos. CUARTO.- ADICIONAR el fallo de tutela revisado en el sentido de ADVERTIR a los servidores públicos de la Caja Nacional de Previsión Social - Subdirección de Prestaciones Económicas - Sección Pensiones del Magisterio para que no vuelvan a incurrir en la violación de los derechos fundamentales aquí protegidos. QUINTO.- NOTIFICAR al Director General de la Caja Nacional de Previsión Social la presente decisión, así como al Juzgado Primero Civil Municipal de Santafé de Bogotá para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veinticuatro  (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Corte Constitucional sentencia T-12 del 25 de mayo de 1992 Sala Tercera de Revisión, Magistrado Ponente doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

T-427-92 Sentencia No Sentencia No. T-427/92 INSUBSISTENCIA/DERECHOS DEL MINUSVALIDO/PRINCIPIO DE LA BUENA FE Por tener la declaratoria de insubsistencia la virtualidad de afectar, sin necesidad de motivación alguna, el derecho fundamental al trabajo, el juez constitucional debe ser especialmente sensible frente a las circunstancias concretas del caso. Aunque la decisión administrativa goce de la presunción de legalidad, el juzgador debe hacer un examen minucioso de los hechos determinantes de la misma, con miras a comprobar las verdaderas motivaciones del acto, y evitar así un tratamiento discriminatorio en contra de los funcionarios de libre nombramiento. Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a los empleados no inscritos en la carrera administrativa cuando median circunstancias de debilidad manifiesta por invalidez parcial o total, es indispensable para las autoridades públicas ceñir sus actuaciones al principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Aunque la administración pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella se vulnera la efectiva protección de las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente, aquélla sólo será constitucional si es compatible con el principio de la buena fe en cuanto a la oportunidad y proporcionalidad de la medida. Una resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta la condición de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de ser proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad. DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración /CARGA DE LA PRUEBA La especial protección de ciertos grupos y personas por parte del Estado tiene como consecuencia la inversión de la carga de la prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar los derechos fundamentales de la persona directamente perjudicada. En dicho evento, es a la administración a quien corresponde demostrar  por qué la circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión. SENTENCIA DE JUNIO 24 DE 1992 REF. : Expediente T-936 Actor: LUIS HERNANDO SUAREZ   PINEDA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-936 adelantado por el señor LUIS HERNANDO SUAREZ PINEDA contra el Director General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM). A N T E C E D E N T E S 1. Mediante Resolución Número 000020 del 10 de enero de 1992 proferida por el Director de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM), fue declarado insubsistente el nombramiento del señor LUIS HERNANDO SUAREZ PINEDA para el cargo de Jefe de Oficina Código 2045 grado 09 de la Oficina de Auditoría Interna - Dirección  General. 2. El señor SUAREZ PINEDA interpuso acción de tutela contra la anterior decisión, invocando la protección inmediata al derecho constitucional fundamental al trabajo y solicitó  "ordenar que se me reintegre al mismo cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría y sin que haya solución de continuidad. En igual forma ordenar a Caprecom la cancelación de las remuneraciones y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el 10 de enero de 1992 y hasta cuando se produzca el reintegro". 3. En su memorial el accionante afirmó haber prestado desde el 31 de octubre de 1990 sus servicios a CAPRECOM, con responsabilidad, honestidad y eficiencia. Igualmente, relató que "el 2 de septiembre de 1991 se me practicó una intervención quirúrgica tendiente a corregir una grave OSTEONEOCROSIS avascular en la cabeza femoral derecha de pronóstico impredecible, habida cuenta de que esta enfermedad compromete el normal funcionamiento de las estructuras pélvicas", lo cual lo ha dejado en condición de minusválido relativo. En consecuencia, el afectado consideró que el acto administrativo "es injusto y arbitrario, habida cuenta de que se me despoja de la única fuente de ingresos con el cual contaba para el sostenimiento de mi familia y en las preocupantes condiciones de salud precaria que me aqueja e impide conseguir ocupación remunerada". 4. De la acción conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "A", el cual negó la tutela por considerarla improcedente, habida cuenta de la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, en este caso la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. De otra parte, el Tribunal tampoco encontró procedente conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable por estimar que "al lograrse la nulidad de la insubsistencia y el reconocimiento y pago de lo dejado de devengar, el actor vuelve a quedar en el estado en que se encontraba al momento de su retiro y económicamente es resarcido en su patrimonio e interés material", con lo cual no se configuraría el carácter irremediable del perjuicio como lo exige el artículo 6 del Decreto 2591. 5. Por no haber sido impugnada, la anterior providencia fue remitida a esta Corporación y seleccionada para revisión. 6. En desarrollo de la función de revisión atribuida a la Corte Constitucional, este despacho solicitó concepto médico al doctor RODRIGO PESANTEZ REINOSO (Reg. med. 3521), quien interviniera quirúrgicamente al petente, y al doctor EDGAR MUÑOZ VARGAS, ambos especialistas en traumatología y ortopedia, sobre la alegada condición de "minusválido relativo" del señor LUIS EDUARDO SUAREZ PINEDA. Según el criterio del doctor Pesantez, "el post-operatorio evolucionó sin complicaciones dentro de los parámetros propios de la enfermedad y en el último control practicado el día 4 de Junio de 1992, el paciente estaba prácticamente asintomático, con una ligera "molestia" en los últimos grados de los movimientos de la cadera, que por otro lado eran completos, caminando sin muletas. Por estos motivos, si bien ahora desde el punto de vista clínico, no puede considerarse un minusválido, ni siquiera parcial; sin embargo no puede predecirse el resultado final y las condiciones en que quedará el paciente después de la evolución completa de su enfermedad, por lo que es imposible en el momento actual fijar de manera precisa su condición definitiva". Por su parte, el doctor Muñoz conceptuó que "la osteonecrosis de la cabeza femoral es una enfermedad cuya evolución está directamente relacionada con el estado en el cual se encuentra en el momento de su diagnóstico, siendo de buen pronóstico si se hace tratamiento en sus estados iniciales como es el caso de este paciente. En la condición actual y según la Historia Clínica, no se puede considerar al señor Suárez Pineda, como "minusválido relativo", ya que este calificativo sólo podría aplicarse si tuviera una artrosis (degeneración articular) ya establecida de la cabeza, que el paciente en referencia no tiene". Con base en lo anteriormente expuesto, esta Sala procede a examinar el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "A". FUNDAMENTOS JURIDICOS Cuestión debatida 1. Corresponde a esta Sala de la Corte Constitucional determinar la corrección de la sentencia por la cual se denegó la tutela solicitada y, en el fondo,  establecer si existió una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante por el hecho de haber sido declarado insubsistente su nombramiento, en las circunstancias bajo las cuales se adoptó dicha decisión. El poder discrecional de la administración 2. Tradicionalmente, la Constitución y la ley reconocen un campo de poder discrecional al ejecutivo, inmune al control de los jueces. Su fundamento se encuentra en la mayor capacidad técnica de la administración para tomar determinado tipo de decisiones, cuya valoración no pueden hacerla más que los órganos especializados o las instancias del poder político-administrativo. El caso concreto de la declaratoria de insubsistencia 3. La declaratoria de insubsistencia es el producto de la facultad discrecional de remover de la cual están investidas las autoridades nominadoras, según lo dispuesto por el artículo 26 del decreto ley 2400 de 1968. Dicha facultad actúa respecto de los empleados que no tengan vinculación con la carrera administrativa y puede ser ejercida en cualquier momento, sin necesidad de motivación alguna. La necesidad de desvincular del servicio a un funcionario es de libre apreciación; sin embargo, la autoridad debe persuadirse de la conveniencia y oportunidad de su decisión con el propósito de evitar el abuso o desviación de poder cuando se persiguen fines distintos a los del buen servicio y eficacia de la administración (CP arts. 125 y 209). El derecho fundamental al trabajo en la administración 4. El artículo 25 de la Constitución reconoce la doble naturaleza del trabajo como derecho fundamental y como obligación social, y le otorga una especial protección en todas sus modalidades. De otra parte, el constituyente estableció un mandato al legislador de expedir el estatuto del trabajo y señaló los principios fundamentales mínimos que deberá contener, entre ellos la estabilidad en el empleo (CP art. 53). El anterior marco normativo impone la necesidad de examinar cuidadosamente -estricto escrutinio- las circunstancias concretas en que se da la declaratoria de insubsistencia, ya que sus efectos pueden vulnerar el derecho fundamental al trabajo y, en particular, la especial protección de la estabilidad laboral del funcionario sobre el cual recae la medida. Límites doctrinales a la discrecionalidad 5. La moderna doctrina administrativista ha impuesto, en gran parte del mundo occidental, límites a la discrecionalidad administrativa. Se ha dicho que el poder discrecional es el verdadero "caballo de Troya" del derecho administrativo en un Estado de derecho. Sin embargo, con el auge del control constitucional ejercido por los Tribunales o Cortes Constitucionales el dogma de la discrecionalidad ha cedido frente a la utilización de diversos controles, tales como la desviación de poder -teoría desarrollada de tiempo atrás por el Consejo de Estado francés y acogida por nuestros tribunales administrativos-, el control de los hechos determinantes, las técnicas de interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados, el control a partir de los principios generales del derecho, etc.. Control constitucional de la declaratoria de insubsistencia 6. Por tener la declaratoria de insubsistencia la virtualidad de afectar, sin necesidad de motivación alguna, el derecho fundamental al trabajo, el juez constitucional debe ser especialmente sensible frente a las circunstancias concretas del caso. Aunque la decisión administrativa goce de la presunción de legalidad, el juzgador debe hacer un  examen minucioso de los hechos determinantes de la misma, con miras a comprobar las verdaderas motivaciones del acto, y evitar así un tratamiento discriminatorio en contra de los funcionarios de libre nombramiento. Inversión de la carga de la prueba para casos de protección especial 7. La Constitución otorga protección jurídica a diversos sectores, grupos o personas en situación de desventaja, marginamiento o debilidad manifiesta (CP art. 13). Sectores de la población como los niños (CP art. 44), los ancianos (CP art. 46), los minusválidos (CP. art. 47), las minorías étnicas (CP art. 7) etc., deben recibir una especial protección del Estado por voluntad del constituyente. De esta forma se busca promover las condiciones para que la  igualdad sea real y efectiva y no simplemente un parámetro formal que deje intocadas las desigualdades sustanciales que se presentan en la sociedad. La especial protección de ciertos grupos y personas por parte del Estado tiene como consecuencia la inversión de la carga de la prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar los derechos fundamentales de la persona directamente perjudicada. En dicho evento, es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión. La situación especial de los minusválidos 8. La situación de marginamiento en que está la población colombiana con problemas de deficiencia física o mental, o con limitaciones sensoriales, llevó al constituyente a consagrar una norma constitucional para su protección. El artículo 46 de la Carta establece: "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a quienes prestará la atención especializada que requieran". De esta forma, el país acogió las recomendaciones hechas en la Conferencia de Viena sobre Legislación para Minusválidos, celebrada en 1986, en el sentido de "proteger e incrementar los derechos de los ciudadanos minusválidos, mediante preceptos constitucionales que garanticen la dignidad de estas personas y su derecho a recibir tratamiento, educación, y tener acceso a los servicios públicos", así como acoger disposiciones que les otorguen determinadas ventajas, indispensables para contrarrestar las limitaciones derivadas de su condición y de las actitudes de la sociedad. Carácter tuitivo de las normas a su favor 9. En materia de empleo, la Organización Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, aprobó el Convenio 159 de 1983 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas. El Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 82 de 1988, por lo que actualmente hace parte de nuestra legislación interna y es marco de referencia para la interpretación de los derechos fundamentales de las personas cobijadas en ella (CP art. 93). El carácter tuitivo de la legislación para minusválidos condiciona el tratamiento que las autoridades públicas están en la obligación de dar a estas personas. En materia de  empleo - la cual incluye la facultad de la declaratoria de insubsistencia en favor de la administración - el Convenio 159 constituye lex specialis frente a normas de igual categoría, por lo que debe ser aplicado con preferencia. Su artículo 1 establece: "Artículo 1. 1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por "persona inválida" toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida. 2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad. 3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conforme con la práctica nacional. 4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de personas inválidas." El Decreto reglamentario 2177 de 1989, que desarrolló la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio 159,  obliga a todos los patronos públicos o privados a reincorporar al  trabajador inválido en el cargo que ocupaba antes de producirse la invalidez, si recupera su capacidad de trabajo, o a reubicarlo en otro cargo acorde con el tipo de la limitación, cuando la incapacidad le impida el cumplimiento de las funciones que venía desempeñando, o si ellas implican un riesgo para su integridad (artículos 16 y 17). Cabe entonces preguntar qué efecto tienen las normas de protección a las personas inválidas sobre la facultad de remover libremente a los empleados de la administración, cuando dicha potestad se ejerce respecto de quien ha sido víctima de una deficiencia física o mental debidamente reconocida con anterioridad a su desvinculación. No a derechos absolutos o a perpetuidad, sino protección efectiva 10. La legislación en favor de los minusválidos no consagra derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros. No obstante, el trato más favorable a las personas que por su condición física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13-3) debe garantizar una protección efectiva y real para este sector de la población. Estado social de derecho, igualdad sustancial y protección a los minusválidos 11. El trato desigual -más favorable- dispensado a los minusválidos por parte de las autoridades públicas tiene como fundamento los principios del Estado social de derecho, de igualdad y de dignidad humana. El presupuesto fundacional del Estado social de derecho consagrado en el artículo 1o. de la Constitución, que como tal califica esencialmente al Estado colombiano, plantea no pocos problemas en su interpretación. La dificultad de precisar su alcance radica en que en él se funden concepciones jurídicas tan diferentes como las del Estado social de prestaciones y las del Estado de derecho de libertades. El Estado de derecho se asienta desde sus orígenes en la concepción liberal del Estado que manda, prohibe o permite, pero que carece de normas eficaces que protegen al individuo y a las que éste pueda recurrir para exigir del Estado una determinada prestación. El desarrollo constitucional de la segunda mitad de este siglo conserva la estructura fundamental del Estado liberal, pero transformado en el sentido de reconocer garantías sustanciales al individuo, mediante la redistribución de la riqueza y el reconocimiento de derechos prestacionales frente al Estado para garantizar la existencia digna de la persona. La transición del Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho tiene hondas repercusiones en la relación entre el Estado y el ciudadano. Mientras que la Constitución tradicional, democrática, con separación de poderes impide la intervención del Estado para favorecer a ciertas personas o grupos y tiene como idea central el abstencionismo, el Estado social de derecho es un Estado de prestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria. La tradicional estructura del derecho administrativo, derivada esencialmente de la noción de la ley y del principio de legalidad, ha sido por tanto superada por la administración que interviene, ayuda, sirve y protege al individuo. Con el paso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, las viejas libertades públicas también han modificado parcialmente su significado, dejando de ser meras obligaciones de abstención impuestas a los poderes públicos. Las garantías y los deberes sociales a cargo del Estado que en la antigua Constitución dependían en forma exclusiva de un desarrollo legislativo para obligar al Estado a otorgar prestaciones, en el Estado social de derecho adquieren una nueva dimensión. En la nueva "Constitución social", las autoridades están vinculadas de manera directa a la realización de la igualdad sustancial, a partir de la asignación de mínimos materiales en favor de grupos sociales determinados (CP art. 13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 67). En igual sentido, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización política en el artículo 1o. de la Constitución, realza el valor de los derechos constitucionales de la igualdad. Los derechos prestacionales en la Constitución 12. Una de las características más comunes de las constituciones modernas es la incorporación de preceptos que, de una u otra forma, consagran prestaciones a cargo del Estado y en favor de los particulares. La doctrina ha denominado acertadamente a las obligaciones públicas del Estado "prestaciones constitucionales", una de cuyas manifestaciones principales son precisamente los derechos fundamentales de prestación. Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales, económicos y culturales del capítulo 2, título II de la Constitución, pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad -derechos civiles y políticos fundamentales- pueden contener un elemento prestacional. En términos generales, el carácter prestacional de un derechos está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y, en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar derivada del mismo texto constitucional. El factor determinante para reconocer cuándo se configura un derecho constitucional prestacional - que obliga directamente al Estado - es la relación unívoca entre el derecho en cuestión y el valor "igualdad". Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un derecho constitucional prestacional; mientras que si el objetivo primordial de un derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional y son denominados por la doctrina "derechos de libertad". De otra parte, no todos los derechos que incluyen una faceta prestacional son derechos constitucionales prestacionales propiamente dichos, con la consecuencia jurídica que tal identificación conlleva para las obligaciones estatales. Los derechos constitucionales prestacionales son aquellos cuyo contenido esencial es la prestación misma, mediante la cual se realiza el valor "igualdad" y se propugna por la elevación de las condiciones materiales de existencia y desarrollo de la población. Tradicionalmente, la categoría de derechos sociales, económicos y culturales fue empleada como arma política para incorporar nuevos derechos al catálogo de los derechos liberales clásicos. Hasta principios del presente siglo la contraposición individuo-sociedad expresaba un conflicto latente. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del Estado social de derecho y la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales en la mayoría de las constituciones, han desaparecido las razones para mantener esta oposición terminológica. La mayoría de la doctrina ius publicista ha identificado los derechos económicos, sociales y culturales por su peculiaridad de obligar al Estado a conferir prestaciones en favor de grupos y personas. Esta concepción haría coincidir integralmente estos derechos con los denominados derechos prestacionales. Sin embargo, su fin común de propugnar por la realización del valor de igualdad, no impide distinguir estas dos categorías de derechos. Los primeros dependen de las condiciones y disponibilidades materiales del país y normalmente requieren de desarrollo legal para ser exigibles; los segundos, en cambio, buscan garantizar ciertas condiciones mínimas para la población, sin las cuales acabaría siendo desconocido el principio de dignidad humana y solidaridad social, justificándose así su exigibilidad directa frente al Estado, si se verifican las expresas condiciones establecidas en la Constitución. Lo anterior, explica la razón por la cual los derechos económicos, sociales y culturales tienen el carácter de derechos constitucionales prestacionales exclusivamente cuando por las circunstancias concretas pueden ser subsumidos bajo la cláusula abierta del artículo 13 de la Constitución. Buena fe de la administración y ejercicio de las facultades discrecionales 13. Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a los empleados no inscritos en la carrera administrativa cuando median circunstancias de debilidad manifiesta por invalidez parcial o total, es indispensable para las autoridades públicas ceñir sus actuaciones al principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Aunque la administración pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella se vulnera la efectiva protección de las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente, aquélla sólo será constitucional si es compatible con el principio de la buena fe en cuanto a la oportunidad y proporcionalidad de la medida. Una resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta la condición de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de ser proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, la cual se vería traicionada por un acto sorpresivo de la administración que no tenga en cuenta la situación concreta del afectado. Las facultades discrecionales de la administración deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Un momento inoportuno para adoptar la medida, la desproporción de la misma o la indiferencia respecto de la situación especial de la persona afectada por la decisión, dan lugar al control jurisdiccional de la actuación administrativa en defensa de los derechos fundamentales. Carencia de la condición de minusválido del petente 14. El señor LUIS EDUARDO SUAREZ PINEDA, según conceptos médicos autorizados, no ostenta la condición de "minusválido relativo" que invocara para cuestionar la constitucionalidad de la decisión de removerlo de su cargo, proferida, mediante Resolución 000020 del 10 de enero de 1992, por el Director de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM). No opera en este caso la inversión de la carga de la prueba que, de ser minusválido, le habría dispensado acreditar el supuesto de discriminación o lesión al derecho fundamental presuntamente violado. Oportunidad de la declaratoria de insubsistencia 15. La declaratoria de insubsistencia fue tomada en el mes de enero del presente año, cuatro meses después de la intervención quirúrgica practicada al señor SUAREZ PINEDA y habiendo terminado su periodo de incapacidad y convalecencia. Además, consta en el expediente que la entidad pública - Caja de Previsión Social de Comunicaciones - no le ha negado en ningún momento al petente el apoyo institucional necesario para su recuperación, inclusive con posterioridad a su desvinculación. Por los anteriores motivos, también es forzoso concluir que la actuación del establecimiento público (Ley 82 de 1912) demandado se ciñó a las exigencias de oportunidad y proporcionalidad, deducida del principio general de la buena fe, teniendo en cuenta las circunstancias del solicitante. En consecuencia, los derechos al trabajo y a la protección especial a los minusválidos del señor LUIS EDUARDO SUAREZ PINEDA no han sido vulnerados por la acción de la autoridad pública y no hay lugar a conceder la tutela impetrada. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION "A" del veintiuno (21) de febrero de 1992 que denegó la tutela, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- COMUNIQUESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION "A", la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. TERCERO.- ENVIENSE copias de la presente sentencia a la Fundación Pro Rehabilitación del Minusválido, TELETON, y a la Asociación Colombiana de Parapléjicos, ASCOPAR. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992).

T-428-92 Sentencia No Sentencia No. T-428/92 DERECHO AL AMBIENTE SANO/TEORIA DE LA IMPREVISION Los habitantes de la Comunidad Indígena de Cristianía, como los habitantes de cualquier terreno inestable geológicamente, no tienen porqué estar condenados a afrontar las consecuencias perjudiciales que surgen de la realización de obras que, ignorando negligentemente la fragilidad del terreno, desencadenan daños y perjuicios. El hecho de que las obras contribuyan en forma mínima, siendo este mínimo suficiente para desencadenar los daños, no puede significar que la Comunidad deba soportar esta causa adicional. Sería tanto como afirmar que los daños deben ser soportados en aquellos casos en los cuales la naturaleza lleve la mayor parte de la explicación causal y sostener que las obras civiles pueden hacer caso omiso de las condiciones propias del terreno. El Estado o los particulares no pueden afectar el ambiente natural de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las circunstancias propias del sitio y de sus pobladores. ACCION DE TUTELA/PERJUICIO IRREMEDIABLE/COMUNIDAD INDIGENA-Protección Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, precisamente como consecuencia de un perjuicio irremediable inferido a un derecho fundamental, se ponen en peligro otros derechos fundamentales y pueden derivarse perjuicios previsibles e irremediables que bien podrían evitarse mediante la acción de tutela. La ampliación del concepto de perjuicio irremediable hasta cubrir otros aspectos no circunscritos al daño específico, tales como el mantenimiento de la integridad comunitaria, las condiciones económicas y la existencia misma de la comunidad, están justificadas por la importancia y especial protección que la Constitución contempla para los indígenas y además por la flexibilidad y la primacía de lo sustancial en el procedimiento constitucional. INTERES COLECTIVO-Conflictos En caso de conflicto entre el interés general y otro interés protegido constitucionalmente, la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores constitucionales. Esta labor de interpretación es función primordial del juez y en especial de la Corte Constitucional. En el caso a estudio, se trata de un conflicto entre dos intereses de tipo colectivo, no de un conflicto entre el interés particular y el interés general. Ambos intereses colectivos poseen diferencias en cuanto a su grado de generalidad. El interés de la comunidad indígena está claramente delimitado en un ámbito espacial y temporal; en cambio el interés de los beneficiarios de la ampliación de la carretera, que en términos generales podría ser descrito como el interés de los pobladores de la zona cafetera del occidente colombiano, abarca un mayor número de personas, e incluso se puede afirmar que dentro de ese número de personas se incluye a la comunidad indígena. En estas circunstancias, se trata de un conflicto entre dos intereses colectivos, siendo uno de ellos compartido por ambas colectividades. El interés de la comunidad indígena posee una legitimación mayor, en la medida en que está sustentado en derechos fundamentales ampliamente protegidos por la Constitución. SENTENCIA DE JUNIO 24  de 1992 REF: Expediente  T-859 PETICIONARIO: AMADO DE JESUS CARUPIA                                       YAGARI PROCEDENCIA: Tribunal Superior de                                      Antioquia MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION La siguiente sentencia En el proceso de acción de tutela promovido por el señor AMADO DE JESUS  CARUPIA YAGARI, en su calidad de gobernador de la comunidad indígena de  Cristianía por poder que para el efecto concediera al Dr. Juan de Jesús Alvarez y en contra de la compañía SOLARTE y del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, entidad constructora de  la troncal del café, en el Departamento de Antioquía. Fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Andes Antioquia y confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Antioquia I.ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 17 de marzo del año en curso De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Los hechos. a. El resguardo indígena de Cristianía, ubicado en jurisdicción del municipio de Jardín departamento de Antioquia, se ha visto afectado por la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera que de Remolinos conduce a Jardín, continuación de la "troncal del café", vía contratada por el Ministerio de Obras Públicas con el consorcio de ingenieros Solarte. b. El terreno donde se halla asentada la comunidad presenta una falla geológica, conocida con anterioridad  tanto por las autoridades como por los integrantes de la comunidad, hecho esté que al parecer no se tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión de ampliar la vía en mención. c. Se han producido destrozos en las construcciones ubicadas  en zona aledaña a la carretera; de manera específica en el trapiche, el beneficiadero de café, un establo, varias corralejas y viviendas, todos los cuales han quedado inservibles. Las remociones de tierra, junto con el uso de dinamita y la utilización de parte del terreno perteneciente a la comunidad como  botaderos de tierra, se mencionan como causa de la destrucción de las instalaciones señaladas. 2. Fundamentos Jurídicos de la acción La acción está encaminada a la suspensión de los trabajos de ampliación en el tramo de la carretera que atraviesa la falla geológica y que corresponde a la zona afectada. La solicitud de tutela pretende lograr la protección del derecho fundamental a la vida y a la propiedad, ambos amenazados o vulnerados por la construcción en mención. Los peticionarios afirman que el derecho a la propiedad ya se violó y que, de continuar la obra, la vida de los integrantes de la comunidad corre grave peligro por los continuos deslizamientos que se presentan a consecuencia de las grietas que tiene el terreno. Ejercen la tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Manifestaron los  peticionarios que  se iniciarán las acciones contenciosas administrativas que sean del caso para lograr la indemnización de perjuicios. 3. Sentencia de primera instancia. Tuvo conocimiento de la presente acción el Juzgado Civil Circuito de Andes, el cual negó la tutela con base en los siguientes argumentos: a. Considera el juzgado que "de lo expuesto por la Supervisora de la obra y por el ingeniero residente, se infiere que la apertura de la vía carreteable pasa por terrenos distintos de la zona afectada, además que los cortes de taludes, botaderos, y uso de dinamita, no han dado lugar a los grandes perjuicios que reclaman los indígenas ... y los pocos daños que se han producido ya se han recuperado..." b. De los informes técnicos allegados al proceso se deduce que las fallas del terreno se hacen más protuberantes en época de invierno, dejando expresa constancia de que si bien la construcción de la carretera Remolinos-Jardín ha contribuido a los hundimientos, ello ha sido en una forma poco significativa, por cuanto las causas de los derrumbes se deben a fallas geológicas de vieja data, agravadas por el mal drenaje de aguas y la mala utilización de las tierras en pastoreo y cultivos. El Juez de Andes concluye que los trabajos de ampliación y pavimentación de la vía en cuestión no han contribuido de manera significativa a producir los daños que alega la Comunidad indígena. Apoya su sentencia en las declaraciones de la supervisora de la obra, en la del ingeniero de la compañía constructora y la de un vecino de la región. c. Si en vía de discusión - agrega  el juzgado- se acepta el argumento según el cual ha sido la ampliación de la carretera la causa de los daños referidos, la acción de tutela resulta improcedente a la luz del articulo 6 del Decreto 2591 de 1991, puesto que los daños están consumados y de acuerdo con este artículo, no hay lugar a la acción de tutela ni siquiera como mecanismo transitorio. En este caso, dice el juzgado, sólo cabe la indemnización y no tiene objeto la suspensión de la obra. Tampoco es procedente la tutela frente al artículo 4 del citado decreto por cuanto estando el daño consumado, la acción u omisión que lo produjo no continúa violando el derecho. Los hechos en que se funda la acción, tales como la utilización de dinamita, los movimientos y botaderos de tierra, etc, no se han seguido produciendo, debido a que las obras principales en los terrenos de Cristianía ya se terminaron y sólo faltan trabajos menores. d.  Tanto la parte afectada como los demandados han reconocido que  la carretera ha avanzado alrededor de 6 Kilómetros, faltando sólo algunos trozos por drenar y pavimentar. e. También es de público reconocimiento el hecho de que las obras son de beneficio común para los habitantes de la zona y, en consecuencia, ningún interés particular puede ser un obstáculo para su terminación. Sostiene el juzgado que, siendo la troncal del Café fruto de grandes luchas y un beneficio para todo el suroeste antioqueño inclusive para la comunidad indígena, un Juez de la República no puede ordenar la suspensión de un pequeño tramo que atraviesa la comunidad, cuando los daños están consumados y sólo dan lugar a una indemnización. 4. Sentencia de segunda instancia En segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Antioquia quien confirmó la sentencia del Juez del Circuito de Andes, con los siguientes fundamentos: a. Aún si se ordenara la suspensión de los trabajos en la troncal del café, el perjuicio no podría ser  evitado, ni se solucionaría el problema, debido a que estos ya están consumados (artículo 6 Decreto 2591 de 1991). b. Sólo queda por pavimentar el tramo de carretera que atraviesa la Comunidad. Allí los daños ya no pueden ser mayores. Por esto no se puede afirmar que exista un peligro latente, ni tampoco que exista una amenaza de que se ocasionen más perjuicios de los ya causados. c. Existe otro mecanismo de defensa judicial: las acciones contencioso administrativas para reclamar el pago de los perjuicios, si se logra demostrar la relación de causalidad entre ellos y los daños ocasionados. 5. La inspección ocular Con el propósito de tener un mejor conocimiento de los hechos que ocasionaron los daños y de la situación social, cultural y económica en la que se encuentra la Comunidad indígena de Cristianía, el  ponente decidió realizar una inspección ocular de la zona afectada, para lo cual delegó a su Magistrado auxiliar Dr. Mauricio García Villegas. La diligencia tuvo lugar el día cinco de mayo de 1992. Allí se hicieron presentes las siguientes personas: el señor Lorenzo Baquiaza, Vice-gobernador del cabildo indígena de Cristianía; el señor Luis Carlos Yagarí, fiscal del Cabildo; la doctora Jael Arango Pérez, abogada del Ministerio de Obras Públicas; la doctora Olga Cecilia Vélez Mesa, representante del Ministerio de Obras Públicas en la zona y el señor Amado Ramírez Giraldo, empleado judicial quien se desempeñó como secretario ad-hoc. Al inicio de la inspección se hizo un reconocimiento de la zona y se oyó la declaración del señor Lorenzo Baquiaza, el cual  puso en evidencia la destrucción de las instalaciones del trapiche, del beneficiadero y del establo; también indicó el sitio de los botaderos de tierra sobrante de la ampliación de la carretera, en especial uno de ellos que cubre el nacimiento de la quebrada "Plátano Muerto". Por su parte la representante del Ministerio señaló que los botaderos se hicieron con autorización del entonces gobernador Amado Carupia y que, además, se trata de botaderos pequeños ya que, dice la abogada Olga Cecilia Vélez, la gran mayoría de la tierra fue reutilizada en la carretera. La inspección continuó en el tramo de la carretera que cubre el terreno afectado y que se extiende unos quinientos metros entre el primer botadero de tierra - el más cercano a la vieja entrada a la mayoría de la  hacienda Villa Inés- y el cuarto botadero (ver Mapa de Ingeominas, pág 7). En vista de los daños y de las  previsibles acciones judiciales que de allí se produjeron, la compañía constructora decidió suspender los trabajos de  ampliación en esta parte de la vía. En la inspección se observa, además, que no se trata de una simple ampliación sino también de una rectificación de la vieja carretera Andes-Jardín. En el trozo de carretera anotado, más o menos el cincuenta por ciento la nueva vía no coincide con la línea de la carretera vieja. *ver mapa pág. 7 de la sentencia. Para un mejor conocimiento de la Comunidad y de sus condiciones sociales, el Magistrado auxiliar se trasladó a la población de Jardín con el objeto de entrevistar al señor alcalde Jaime Arturo Vargas Marín. En su declaración, el burgomaestre indica, entre otras cosas, que las relaciones entre la población indígena y el resto de los habitantes del municipio son buenas y que los servicios de agua y salud se prestan adecuadamente en Cristianía. A propósito de la ampliación de la  carretera, señala que la Comunidad de indígena no fue consultada sobre la conveniencia de la obra, pero que está seguro de que se trata de un proyecto en beneficio de toda la población. La inspección continuó en la escuela de la Comunidad. Allí se entrevistó al profesor Guillermo Antonio Tascón, quien explicó cómo seis profesores indígenas imparten lecto-escritura en lengua emberá-chamí y también en lengua castellana a ciento cincuenta alumnos. El profesor Tascón proporcionó información acerca de la historia y de las características de la Cristianía. Se trata, dijo, de la comunidad indígena más numerosa del departamento de Antioquia, con cerca de 2.000 habitantes. Pertenecen al grupo étnico Emberá-chamí y poseen una cohesión cultural y política reconocida en toda la región. La inspección terminó con una visita al cabildo. Allí se puso de manifiesto la difícil situación económica de la comunidad indígena, agravada por problemas de administración y manejo de los recursos. También se habló en el lugar con el señor Hernando Loaiza abogado de la Organización indígena de Antioquia, quien puso de presente la amenaza de nuevos perjuicios ante la proximidad del invierno. 6. Conceptos de expertos En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del decreto 2067 de 1991, el Magistrado ponente invitó a presentar por escrito conceptos sobre las materias relacionadas con el caso a los siguientes expertos: Doctor Carlos Alberto Uribe, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes; al Doctor Carlos A. Macías, director del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional  y al Doctor Luis Javier Caicedo, ex-asesor de constituyentes en la Asamblea y consultor de organizaciones indígenas. El informe del grupo de profesores encabezado por el Doctor Carlos Alberto Uribe, hace hincapié en la falta de consulta previa a los miembros de la comunidad de Cristianía sobre la ampliación de la carretera Andes-Jardín y en la improvisación que suele ocurrir en estos caso en relación con la población afectada. El texto presentado por el geólogo Carlos Macías se refiere a la dificultad para señalar con precisión el grado en el que los trabajos de ingeniería incidieron en los daños. Reconoce que todo tipo de obras que implique movimiento de tierras puede acentuar la inestabilidad  de un terreno si no se toman las medidas adecuadas en relación con excavaciones, disposición de materiales y manejo de aguas. En todo caso, dice, con base en la documentación existente resulta extremadamente difícil emitir un concepto sobre las causas últimas que generaron el movimiento de tierra que afectó las instalaciones. Por su parte el doctor Luis Javier Caicedo explica la importancia que en  la Asamblea Nacional Constituyente tuvo la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Los aspectos específicos y pertinentes de estas opiniones serán mencionados en su oportunidad. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. Los indígenas y sus derechos en la Asamblea Nacional Constituyente. 1. Un hecho importante dentro de la Asamblea Nacional Constituyente fue la presencia de los indígenas y las propuestas en materia de derechos étnicos y culturales. Entre los proyectos sometidos a la Asamblea, reconocen el carácter multiétnico y pluralista de la nación colombiana, con todas sus implicaciones en materia de derechos culturales, territoriales y de educación, los presentados por los constituyentes Navarro Wolf, Arturo Mejía Borda, Fernando Carrillo, Eduardo Espinosa Facio-Lince y por el  Gobierno Nacional1. En las discusiones sobre derechos de las comunidades indígenas se destaca el constituyente Francisco Rojas Birry. Desde su primera intervención expuso las propuestas que lograrían, tanto  para los grupos indígenas como para otras culturas y razas asentadas en nuestro territorio, el reconocimiento y la protección de sus valores y derechos, como parte de una sociedad caracterizada por la diversidad étnica y cultural: "... La nación colombiana -dice Rojas Birry- tiene derecho a que se le defina como ella es y no como una mera abstracción jurídica.. nos hemos propuesto, al venir aquí, dejar siglos enteros de negar lo que somos y avanzar unidos en el autodescubrimiento de nuestra identidad (...) "... una declaración de ese tipo dentro de la Constitución no haría más que recoger una realidad evidente"2 (...) "Es esa presencia de diversidad cultural, reconocida y no desconocida, promovida y no avasallada la que puede llegar a constituirse en la mejor barrera para la intolerancia en que se enraizan los comportamientos más violentos" 2. La necesidad de reconocer la diversidad multiétnica y pluralista  de la nación, fue también tema fundamental de la propuesta del constituyente Lorenzo Muelas, quien insistió en las diferencias ostensibles que existen entre las varias culturas asentadas en nuestro territorio. "Dentro del panorama de inseguridad, de falta de trabajo, de tierra y conocimientos, de corrupción política, de secuestro del poder, plagas estas que afrontamos los indígenas además de la discriminación por ser distintos a los demás, porque pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente. Por eso reclamamos el reconocimiento de la diversidad3 . 3. Estos proyectos determinaron el contenido de las normas aprobadas. En ellas se hace énfasis en el carácter multiétnico y pluralista de la nación colombiana y se reconocieron como derechos humanos los derechos de las distintas étnias del país (Artículos 7 y 70 de la Constitución). 4. En la Asamblea tuvo amplia acogida la propuesta de crear instrumentos protectores de los derechos de las comunidades indígenas.  Esto llevó a la consagración del artículo 330 de la Constitución Nacional,  en cuyo parágrafo se establece la obligatoriedad de la participación de dichas comunidades en los planes de explotación de recursos naturales. Se quiso así garantizar tanto la inviolabilidad del territorio indígena como la protección de su medio ambiente 4 B. La incidencia de la ampliación de la carretera en los daños ocasionados. 1.  En el expediente de tutela resulta evidente la importancia que se le dio al tema de la causalidad entre la construcción de la carretera y los daños ocasionados. Para resolver este asunto se acudió a la opinión de expertos del Ministerio de Obras Públicas, quienes rindieron informes sobre el particular. Todos coinciden en señalar que  la Comunidad de Cristianía se encuentra situada en una zona geológica de coluvión, de aproximadamente un kilómetro de largo por unos quinientos metros de ancho y por cincuenta metros de profundidad, la cual se manifiesta con grietas, elevaciones y asentamientos del terreno. Así por ejemplo, el Ingeniero Jafed Naranjo G. se refiere a los daños ocasionados diciendo que  los movimientos de bloques de tierra, debidos a la falla geológica que atraviesa la zona, han sido la causa principal de los destrozos; Sin embargo, "de alguna manera menos significativa - dice el funcionario-  ha contribuido a inestabilizar el sector, las alteraciones realizadas sobre el terreno aledaño debido a la ampliación de la carretera, la cual con sus cortes y botaderos de material ha cambiado el régimen de flujo normal de aguas en la ladera". En un segundo informe presentado por el ingeniero Rafael Tobón Correa, de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia, se explica la incidencia de los trabajos de ampliación de la manera siguiente: "La carretera Jardín-Andes, actualmente en construcción, está fuera del coluvión. Aunque los botaderos de la vía caen en el coluvión, estos no inciden apreciablemente en el fenómeno de Cristianía, dada la gran magnitud de aquél". Parece ser que el ingeniero Tobón Correa está de acuerdo con lo dicho por su colega Jafed Naranjo, en el sentido de que la ampliación contribuyó de manera poco significativa en los daños. Esta es la interpretación más razonable de la expresión "estos no inciden apreciablemente...", utilizada por el ingeniero Tobón en su informe. De lo anterior se desprende que, según los informes técnicos del Ministerio de Obras Públicas, la ampliación de la carretera no fue ajena a la producción de los daños, habiendo contribuido en ello por lo menos en una mínima parte. Lo cierto es que, en este tipo de asuntos, en los cuales confluyen varias causas en la producción de un fenómeno geológico, la delimitación de las mismas es sumamente problemática, debido a las enormes dificultades para reconstruir causalmente variaciones subterráneas que se produjeron en el pasado. Es esta la razón por la cual los mismos técnicos no están en capacidad de establecer con precisión la magnitud de la incidencia. Así se desprende de otro informe técnico que no obra en el expediente enviado a la Corte para su revisión y que fue conocido por el Magistrado auxiliar durante la diligencia de inspección judicial. Se trata de un estudio realizado por la oficina regional del Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química del Ministerio de Minas y Energía del 9 de abril de 1992. Allí se hace un detallado análisis del problema y, en relación con el tema de la causalidad, se sostiene que, "a la luz de las observaciones de campo realizadas, la explicación más razonable es la de que los agrietamientos  tuvieron su origen el corte súbito de los depósitos de vertiente (debido a los botaderos de tierra producidos por los trabajos de ampliación) por donde circulaba el flujo de aguas subterráneas que generaban corriente, concretamente el nacimiento de la quebrada Plátano Muerto". 2. Es cierto, entonces, que hubo una confluencia de causas que determinaron la producción de los daños y que, además, dentro de ellas, la ampliación de la vía tuvo alguna incidencia. El argumento, expuesto por el Juzgado Civil de Circuito de Andes, según el cual los agrietamientos del terreno venían desde muchos años atrás, no desvirtúa en absoluto la idea de que otras causas, sumadas a estas, hayan desatado después de muchos años en los cuales se presentaba una relativa estabilidad del terreno, el desbordamiento del fenómeno y los daños en cuestión. 3. Más aún, el hecho de estar probada la existencia de la falla geológica -ampliamente conocida por los pobladores de la región desde muchas décadas atrás- con anterioridad al inicio de los trabajos de ampliación, es una circunstancia que obra en contra de la empresa constructora y del Ministerio de Obras Públicas, al no ser tenida en cuenta en la planeación y ejecución de las obras. Los habitantes de la Comunidad indígena de Cristianía, como los habitantes de cualquier terreno inestable geológicamente, no tienen porqué estar condenados a afrontar las consecuencias perjudiciales que surgen de  la realización de obras que, ignorando negligentemente la fragilidad del terreno, desencadenan daños y perjuicios. El hecho de que las obras contribuyan en forma mínima, siendo este mínimo suficiente para desencadenar los daños, no puede significar que la Comunidad deba soportar esta causa adicional. Sería tanto como afirmar que los daños deben ser soportados en aquellos casos en  los cuales la naturaleza lleve la mayor parte de la explicación causal y, en este  orden de ideas, sostener que las obras civiles pueden hacer caso omiso de las condiciones propias del terreno. En las bien conocidas circunstancias geológicas del resguardo indígena, las obras de ingeniería realizadas sin el previo estudio de impacto ambiental, bien pudieron actuar a manera de factor desencadenante de los movimientos de tierra, cuyas consecuencias lamentan hoy los miembros de la Comunidad indígena. El Estado o los particulares no pueden afectar el ambiente natural de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las circunstancias propias del sitio y de sus pobladores. Estas circunstancias especiales son las que impiden, por ejemplo, que se construya una planta de embotellamiento de agua mineral en la única fuente de abastecimiento de un poblado, o que se construya una planta de producción de asfalto en frente de un hospital para dolientes pulmonares, o una fábrica de productos químicos en medio de una bahía de pescadores. C. El estudio de impacto ambiental Todo esto conduce a demostrar la importancia de las normas que imponen la obligación de los estudios de impacto ambiental, consagradas en los artículos 27 y 28 del Decreto 2811 de 1974 (Código de Nacional de Recursos Naturales). Según el Artículo 27: "Toda persona natural o jurídica pública o privada, que proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad". Por su parte el artículo 28 dispone que: "Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier otra actividad que, por sus características, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio ecológico y ambiental previo y, además, obtener licencia" El incumplimiento de estas normas en el caso de la ampliación de la carretera Andes-Jardín se pone en evidencia  con la Resolución del Inderena número 0121 del 11 de marzo de 1992 por medio de la cual se impuso una sanción de 250.000 pesos al Ministerio de Obras Públicas, por omisión del debido estudio previo de impacto ambiental. Es por esto que la Sala estima pertinente reproducir los comentarios hechos por ella en sentencia, anterior acerca de los alcances de las normas de seguridad: " Las normas de seguridad protegen de peligros. (...) Existe, entonces una íntima relación entre una norma de seguridad y el bien asegurado por esta norma. Entre la regla que aconseja ponerse el cinturón de seguridad y la protección del cuerpo en caso de accidente. Por lo tanto, el incumplimiento de una norma que asegura o protege un derecho pone en peligro dicho derecho" 5 . En relación con este punto, la  doctora Esther Sánchez, coautora del concepto colectivo enviado por  el Departamento de  Antropología de la Universidad de los Andes: "Lo ocurrido en Cristianía es más fruto de la imprevisión que de otra cosa, puesto que si se hubiesen realizado los estudios técnicos correspondientes en una zona que presentaba fallas geológicas desde tiempo atrás no se habrían utilizado, por ejemplo, los terrenos de la comunidad como botadero de los desechos de materiales, aspectos técnicos estos no previsibles por la Comunidad indígena, bien es sabido que la apertura de carreteras y caminos o la pavimentación de empedraderos, alteran los ciclos hidrológicos normales, pues impiden al agua buscar o encontrar salida" ( folio 122 - 123 ) D.  Los perjuicios consumados y la tutela. 1. Otro de los argumentos del Juez Civil de Circuito de Andes (quizás el más importante) luego confirmado por el Tribunal Superior de Antioquia, es el siguiente: La ampliación de la Carretera se encuentra casi terminada, los perjuicios están consumados y, en consecuencia, la tutela no procede, comoquiera que no es ya mecanismo transitorio apto para evitar un perjuicio irremediable, en los términos exigidos por las normas que regulan la acción. Frente a este argumento, la Corte considera necesario indicar el sentido que posee la expresión constitucional que señala la procedencia de la acción de tutela cuando ella se instaura con el objeto de evitar un perjuicio irremediable. Dos anotaciones al respecto: 1) El texto no puede ser interpretado de tal manera que se convierta en una incitación a consumar perjuicios por parte de los violadores de los derechos fundamentales, con el objeto de evadir la aplicación de la justicia a través de la tutela y 2) La idea del perjuicio irremediable, como los demás elementos de la tutela, debe ser evaluada en el caso concreto y de manera tal que no conduzca a resultados irrazonables o contraproducentes. Para la interpretación de este texto es necesario tener siempre en cuenta el sentido de la norma constitucional que establece la tutela, y cuya clave ("leitmotiv") se encuentra plasmada en la parte del inciso primero del artículo 86, según el cual la tutela se establece "como mecanismo para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Por tanto, es importante tener en cuenta que, en ocasiones, precisamente como consecuencia de un perjuicio irremediable inferido a un derecho fundamental, se ponen en peligro otros derechos fundamentales y pueden derivarse perjuicios previsibles e irremediables que bien  podrían evitarse mediante la acción de tutela. 2. En el caso subjudice es necesario diferenciar unos perjuicios reales y causados de otros potenciales:  Los primeros resultan de la ampliación de la carretera Andes-Jardín y  de su responsabilidad, como se anotó anteriormente, no está exento el Ministerio de Obras Públicas y la compañía constructora. En relación con este punto, es claro que buena parte de los perjuicios se encuentran consumados en la medida en que casi la totalidad de la ampliación está terminada.  Es importante anotar lo siguiente: el  tramo que se encuentra en el sector de la falla geológica, sitio en el cual se ubican los botaderos de tierra que afectaron el terreno, fue suspendido por la compañía constructora, justamente ante la interposición de la acción de tutela, en espera de la definición judicial del asunto. Esta suspensión por parte de la empresa constructora pone de presente la evidencia de la amenaza de nuevos agrietamientos, movimientos de tierra y perjuicios adicionales. En cuanto a los perjuicios potenciales, si bien hubo un daño consumado que consiste en la destrucción de algunas construcciones dedicadas a la producción agrícola de la comunidad, aún subsiste la amenaza de que se produzcan otros, que serían irremediables en el evento de ocurrir y que pueden ser evitados. En concreto, existe la amenaza de que se causen por lo menos dos perjuicios adicionales: el primero de ellos está en los posibles  efectos dañinos producidos por la continuación de aquello que resta de la ampliación de la vía Andes-Jardín. El segundo, en la notoria reducción de los recursos económicos de la Comunidad indígena, cuyas implicaciones, para la vida  misma de sus miembros, serían catastróficas, si se tiene en cuenta que se trata de una población organizada en torno a una economía de subsistencia. El hecho de que el daño económico producido por la destrucción de las edificaciones mencionadas sea sólo el comienzo de una serie de dificultades económicas que amenazan la existencia misma de la Comunidad, hace que el perjuicio derivado de la destrucción de su infraestructura productiva no pueda ser considerado como irremediable y, en consecuencia, sea procedente la tutela. Si no se suspende la ampliación de la carretera hasta tanto se hayan efectuado los estudios necesarios para que exista la seguridad de que no se causen nuevos daños y hasta tanto no se indemnice a la comunidad, de tal manera que su situación económica sea restablecida, los indígenas de Cristianía, como tantas otras comunidades de este tipo en Colombia, estarán en serio peligro de desintegración y desaparición. La ampliación del concepto de perjuicio irremediable hasta cubrir otros aspectos no circunscritos al daño específico, tales como el mantenimiento de la integridad comunitaria, las condiciones económicas y la existencia misma de la comunidad, están justificadas por la importancia y especial protección que la Constitución contempla para los indígenas y además por la flexibilidad y la primacía de lo sustancial en el procedimiento constitucional. D. El interés general 1.  Otro de los argumentos del Juez Civil de Circuito de Andes, retomado por el Tribunal Superior de Antioquia, se encuentra en la afirmación según la cual la ampliación de la carretera Andes-Jardín es un asunto de interés general que beneficia a la comunidad y, por lo tanto, no podría prevalecer el interés minoritario de la Comunidad indígena. Al respecto dice uno de los considerandos de la sentencia del Juez de Andes: "Fuera de las anteriores razones, habría una muy poderosa y sería la aplicación del principio de que el interés general prima sobre el particular. Si tanto se ha luchado por la troncal del Café (...) mal podría  un juez de la República ordenar suspender un pequeño tramo que atraviesa su comunidad, después de que prácticamente todo se ha consumado..." Y más adelante afirma, "Es principio general aceptado que el interés privado debe ceder al interés público y, en nuestro caso, la vía objeto del contrato beneficiará a toda la población; hecho este que es público y notorio..." Ante todo es necesario aclarar que el concepto de interés general, como todas las normas constitucionales que consagran valores generales y abstractos, no siempre puede ser aplicado de manera directa a los hechos. La Constitución establece la prevalencia del interés general en su artículo primero, pero también establece la protección de numerosos valores relacionados con intereses particulares, como  es el caso de los derechos de la mujer, del niño, de los débiles, etc. El Estado Social de Derecho y la democracia participativa se han ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no sólo no puede  ser llevado a la práctica en todas las circunstancias, sino que, además, ello no siempre es deseable; la idea del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las necesidades específicas de grupos sociales diferenciados por razones de cultura, localización, edad, sexo, trabajo, etc., ha sido un elemento esencial para la determinación de los derechos sociales económicos y culturales y en términos  generales, para el logro de la justicia. En síntesis, el principio del interés general sigue teniendo toda la importancia consabida; sin embargo, para el logro de la justicia social, el principio universal de la igualdad debe ser complementado con el respeto de las diferencias. Sobre el particular señala Norberto Bobbio: "el postulado según el cual todos los individuos son iguales sin distinción alguna, no es cierto respecto de los derechos sociales; ciertas condiciones personales y sociales, son necesarias para determinar la atribución de estos derechos" 6 . Desde luego, con la consagración de estos postulados constitucionales no sólo no se solucionan de antemano todos los conflictos posibles entre intereses y derechos, sino que se suscitan más de los que surgirían con una consagración escueta de la prevalencia del interés general. Sin embargo, esa dificultad en la aplicación del derecho y en el logro de la seguridad jurídica, está considerada como uno de los precios que es necesario pagar en beneficio de la democracia real y del entendimiento entre las instituciones políticas y los gobernados. La norma que establece la prioridad del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales de unos pocos  en beneficio del interés de todos. Aquí, en esta imposibilidad, radica justamente uno de los grandes avances de la democracia y de la filosofía política occidental en contra del absolutismo y del utilitarismo. La persona es un fin en si mismo; el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual así se trate de una minoría o incluso de una persona. La protección de los derechos fundamentales no esta sometida al vaivén del interés general; ella es una norma que encierra un valor absoluto, que no puede ser negociado o subestimado. 2. En caso de conflicto entre el interés general y otro interés protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores constitucionales. Esta labor de interpretación es función primordial del juez y en especial de la Corte Constitucional. Nuevamente resalta aquí la importancia que en el Estado Social de Derecho adquiere la relación valor-principio/hecho y, en consecuencia , la importancia del juez constitucional como órgano mejor dotado para definir, en cada caso concreto, el  sentido de dicha relación. Vale la pena reproducir aquí lo dicho en la sentencia  número T-406 de esta misma Sala: "La dispersión de intereses en la sociedad capitalista actual, ha diezmado la importancia del concepto de interés general, repercutiendo asi en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma. Esta deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar soluciones producto no sólo del imperio de la ley sino también de la negociación y de la adecuación a las circunstancias específicas del conflicto. En estas condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho a la realidad social. Depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración "la realidad viviente de los litigios", el juez está en plena capacidad, como ningún otro órgano de régimen político, para desempeñar ese papel. (Alexander Bickel The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962). En síntesis, el control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídica-justicia. De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación la constitución -sus principios y sus normas-  con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho"7 E. El derecho a la protección de la diversidad étnica y cultural. 1. La intención de proteger de manera especial los valores culturales y sociales  encarnados en las comunidades indígenas que aún subsisten en el país, se manifiesta de manera evidente en los debates  realizados en la Asamblea Nacional Constituyente y en el texto mismo de la Carta. Por cuanto respecta al texto constitucional, la importancia de estos valores se pone de presente de manera directa en el artículo 7 que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana; en el artículo 8 sobre la obligación del Estado de proteger la riqueza cultural de la nación; en el artículo 9 sobre respeto a la autodeterminación de los pueblos; en el artículo 68 inciso quinto, sobre derecho al respeto de la identidad en materia educativa; en el artículo 70, relacionado con la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y el reconocimiento por parte del Estado de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, así como la promoción de la investigación, de la ciencia, del desarrollo y de la difusión de todos los valores culturales de la nación y en el artículo 72, sobre protección del patrimonio arqueológico de la nación. 2. En los últimos años se ha producido un cambio fundamental de concepción en la doctrina jurídica y en la ciencia política, sobre derechos de las comunidades indígenas. En la Constitución colombiana se manifiesta claramente este cambio, cuyas implicaciones empiezan a tener una trascendencia que sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico. En el concepto solicitado por el Magistrado ponente al doctor Luis Javier Caicedo, se explica cómo, otro elemento de esta transformación se encuentra en el Convenio 169 de la O.I.T. de  1989 sobre pueblos indígenas  en países independientes (aprobado por la ley 21 de 1991) el cual vale la pena mencionar, en cuanto que representa una clara manifestación concreta del sentido adoptado en esta materia por la Carta vigente. El artículo cuarto de este convenio ordena "adoptar  las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados". Tales medidas - continúa el convenio-  no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. En tal sentido, el artículo séptimo N. 3 establece la obligación del gobierno de "velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre los pueblos". Este último postulado fue elevado parcialmente a norma constitucional en articulo 330 de la Carta, cuyo parágrafo dice: "La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades" En relación con la participación de la comunidad, exigida por el texto constitucional, el Profesor Roberto Pineda, coautor del documento de expertos solicitado al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, en concepto solicitado por el magistrado ponente, dice lo siguiente: "Desde el punto de vista cultural las obras se realizaran sin tener en cuenta o consultar previamente a la máxima autoridad indígena del lugar como lo era el gobernador del Cabildo, hecho esté que lleva a concluir que tanto el ministerio como el contratista desconocieron el régimen  civil y de territorio que tenía la comunidad, interpretando esto como violación de los  derechos culturales de la comunidad". Al no contarse con la comunidad se desconocieron los esfuerzos que está hizo para la consecución del terreno y las mejoras en el hechas, cuestión está que lleva a pesar en un aprovechamiento indebido de las condiciones de inferioridad de los indígenas" (folio 114). F. El conflicto entre dos intereses generales 1. En relación con el conflicto aludido por el Juez Civil del Circuito de Andes y por el Tribunal Superior de Antioquia entre el interés general de la zona cafetera y el interés de la Comunidad de Cristianía, es necesario hacer las siguientes precisiones: a. Formalmente, se trata de un conflicto entre dos intereses de tipo colectivo, no de un conflicto entre el interés particular y el interés general.  Ambos intereses colectivos poseen diferencias en cuanto a su grado de generalidad. El interés de la comunidad indígena está claramente delimitado en un ámbito espacial y temporal; en cambio el interés de los beneficiarios de la ampliación de la carretera, que en términos generales podría ser descrito como el interés  de los pobladores de la zona cafetera del occidente colombiano, abarca un mayor número de personas, e incluso se puede afirmar que dentro ese  número de personas se incluye a la comunidad indígena, En estas circunstancias, se trata de un conflicto entre dos intereses colectivos, siendo uno de ellos compartido por ambas colectividades. De acuerdo con esto, es necesario estudiar cada uno de los dos tipos de interés protegidos desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a los derechos que están en juego en cada uno de esos dos intereses. b. Desde un punto de vista material se trata de un conflicto entre el interés de los pobladores de la zona cafetera, en relación con la mejoría de la infraestructura vial de la región y el interés de una comunidad indígena en relación con derechos de propiedad sobre bienes inmuebles fundamentales para su subsistencia. En efecto, tal como se pudo constatar en el estudio de la información disponible sobre Cristianía y en la diligencia de inspección judicial realizada por la Corte durante los primeros días del mes de mayo, la pérdida de los inmuebles en los cuales estaba localizado lo primordial de la infraestructura productiva de la comunidad, pone en peligro sus precarias condiciones de subsistencia y con ello la integridad y la vida misma de sus miembros. 2. Según esto, si bien se trata de dos intereses colectivos, es evidente que desde el punto de vista del derecho en el que se funda cada interés, las pretensiones de comunidad indígena poseen un mayor peso. Mientras que su interés se funda en el derecho a la propiedad, al trabajo y al mantenimiento de su integridad étnica y cultural, el interés del resto de la comunidad está respaldado en el derecho a la terminación de una obra concebida para el beneficio económico de la región. En síntesis, el interés de la comunidad indígena posee una legitimación mayor, en la medida en que está sustentado en derechos fundamentales ampliamente protegidos por la constitución. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la providencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia en febrero 4 de 1992 por las razones expuestas en esta sentencia SEGUNDO . CONCEDER la tutela impetrada por Amado de Jesús Carupia Yagari en representación de la Comunidad indígena de Cristianía y, en consecuencia, ordenar que se mantenga la suspensión de las labores de ampliación de la carretera Andes-Jardín en el tramo que corresponde a la zona afectada, (Km 5+150 a Km 6+200) hasta tanto se hayan hecho los estudios de impacto ambiental y tomado todas las precauciones necesarias para no ocasionar perjuicios adicionales a la comunidad. Todo lo anterior se hará bajo la estricta supervisión y control de la oficina regional del INDERENA en Antioquia, contando, en lo posible, con la colaboración de la oficina regional noroccidente del instituto de investigaciones en geociencias, minería y química del Ministerio de Minas y Energía TERCERO: CONDENAR a las entidades causantes de los perjuicios a la Comunidad indígena en el monto que esta compruebe ante las autoridades competentes. CUARTO: En todos aquellos casos similares al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que se haya ocasionado perjuicios a Comunidades indígenas derivadas de la omisión de normas sobre estudios previos de impacto ambiental para la realización de obras públicas, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del Artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO: Envíense sendas copias del presente fallo a los señores Ministro de Gobierno y Obras Públicas, al defensor del Pueblo, al director del Inderena, al Consejero Presidencial para los derechos Humanos y a las organizaciones indígenas interesadas. SEXTO: Ordénese que por secretaría se comunique esta providencia al Tribunal Superior de Antioquia, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Copiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado - Aclaración de Voto- Sentencia aprobada por acta No 3 de  la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA No. T-428 CORTE CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA/REVISION FALLO DE TUTELA/PRUEBAS-Improcedencia (Aclaración de voto) En la etapa de revisión de sentencias sobre tutela, la función de la Corte Constitucional no es la que corresponde al tribunal de instancia sino la de efectuar la comparación entre lo resuelto por los jueces y las previsiones de la Carta Política, a efectos de orientar y unificar -desde ese punto de vista estrictamente jurídico- la jurisprudencia constitucional. La Corte no está llamada en principio a fallar el caso concreto sobre el cual recayeron ya las sentencias de los jueces de instancia, sino a revisar dichas sentencias dentro de la perspectiva de la Constitución. Cosa distinta es que, con motivo de esa revisión, la Corte encuentre que la interpretación o aplicación de las normas constitucionales ha sido errónea y deba por eso revocar total o parcialmente las providencias que examina, pues entonces sí está obligada a resolver el caso específico a la luz de los principios que considera válidos, sustituyendo así la decisión revocada; al hacerlo, debe partir de los supuestos fácticos que el expediente le ofrece, salvo casos excepcionalísimos. Esto último hace que la Corte deba insistir en la necesidad de que los jueces de tutela, cuando sea pertinente y necesario para adoptar sus decisiones, decreten y practiquen las pruebas indispensables. El Decreto 2591/91 no faculta a la Corte  Constitucional para decretar pruebas en la etapa de revisión. ACCION POPULAR/ACCION DE TUTELA-Improcedencia (Aclaración de voto) El presente caso encaja mejor dentro de la previsión consagrada en el artículo 88 de la Constitución, relativo a las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza. Estos asuntos no deberían ser objeto de acciones de tutela, pues esta última institución ha sido concebida con otros fines, específicamente relacionados con la protección de los derechos fundamentales. Santafé de Bogotá,D.C., veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Debo aclarar mi voto en el asunto de la referencia en los siguientes sentidos: 1. Observo, tanto en este caso como en otros procesos, que el Honorable Magistrado sustanciador ha ordenado la práctica de pruebas, en este caso consistentes en una inspección ocular a la zona en que se producen los hechos materia de la acción. Con el debido respeto hacia la autonomía que debe tener cada Magistrado en la conducción del proceso a su cargo y conocedor de que el voto de los otros miembros de la respectiva Sala no versa sobre el trámite que antecedió a la ponencia sino sobre la ponencia misma, me permito expresar mi concepto en el sentido de que, en esta etapa de revisión de sentencias sobre tutela, la función de la Corte Constitucional no es la que corresponde al tribunal de instancia sino la de efectuar la comparación entre lo resuelto por los jueces y las previsiones de la Carta Política, a efectos de orientar y unificar -desde ese punto de vista estrictamente jurídico- la jurisprudencia constitucional. Estimo que la Corte no está llamada en principio a fallar el caso concreto sobre el cual recayeron ya las sentencias de los jueces de instancia, sino a revisar dichas sentencias dentro de la perspectiva de la Constitución. Cosa distinta es que, con motivo de esa revisión, la Corte encuentre que la interpretación o aplicación de las normas constitucionales ha sido errónea y deba por eso revocar total o parcialmente las providencias que examina, pues entonces sí está obligada a resolver el caso específico a la luz de los principios que considera válidos, sustituyendo así la decisión revocada; al hacerlo, debe partir de los supuestos fácticos que el expediente le ofrece, salvo casos excepcionalísimos. Esto último hace que la Corte deba insistir en la necesidad de que los jueces de tutela, cuando sea pertinente y necesario para adoptar sus decisiones, decreten y practiquen las pruebas indispensables. Por otra parte, debe recordarse que el Decreto 2591 de 1991, aplicable al procedimiento que debe cumplirse en materia de acciones de tutela, no faculta a esta Corte para decretar pruebas en la etapa de revisión. Esta posición ha sido acogida en la fecha por otra Sala de Revisión, la número 3, que preside el suscrito (Expediente T-1005). 2. El presente caso encaja mejor dentro de la previsión consagrada en el artículo 88 de la Constitución, relativo a las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. Estos asuntos no deberían ser objeto de acciones de tutela, pues esta última institución ha sido concebida con otros fines, específicamente relacionados con la protección de los derechos fundamentales. Pese a lo anterior, he votado favorablemente la ponencia por cuanto se trata de acción de tutela usada únicamente como mecanismo preventivo para evitar un perjuicio irremediable, lo cual está autorizado de modo expreso por el artículo 6o. numeral 3o., del Decreto 2591 de 1991 y tomando en consideración el peligro que afrontan derechos fundamentales como la vida y la salud de quienes habitan la zona afectada. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Cfr. Gaceta Constitucional No. 67 pág 14. 2 Cfr. Gaceta Constitucional No 29 pág 5 3  Cfr. Exposición de motivos ante plenaria, Febrero 21 de 1991. Gaceta Constitucional No 19, pág 13 4 Cfr. Gaceta Constitucional No 99 pág 2 y Gaceta Constitucional No 67, pág 14 5 Sentencia Corte Constitucional No. 415 Sala Primera de Revisión. 6 Norberto Bobbio, Diritti dell `uomo e societa, en Sociologia del diritto, N. XVI, 1989,Milano  pág 18. 7 Capelleti, Le pouvoir des juges, Press Universitaire d'aix Marseille, 1990, pág 35

T-429-92 Sentencia No Sentencia No. T-429/92 DERECHO A LA EDUCACION/SERVICIOS PUBLICOS/DERECHOS DEL NIÑO Además de su condición de derecho fundamental de la persona, la educación es también un servicio que tiene una función social. Así lo reconoce expresamente la Constitución. Ello implica no sólo que satisface una necesidad de carácter general y que por lo tanto debe estar al alcance de quienes lo requieran sino que el Estado debe garantizar el acceso al mismo y velar porque en su prestación se cumplan los fines señalados por el ordenamiento jurídico vigente. En virtud del carácter de servicio público con función social que constitucionalmente tiene la educación, las instituciones públicas y privadas no pueden eludir su contribución eficaz a la solución de los problemas propios de los niños con necesidades especiales, so pretexto de ofrecer alternativas no sólo impracticables, la más de las veces, sino que encubren la negación del derecho a la educación. EDUCACION ESPECIAL La educación especial ha de concebirse sólo como recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la Institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación. Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir de instrumento para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos. De acuerdo con los principios constitucionales vigentes, los problemas propios de los niños con dificultad de aprendizaje deben resolverse con la necesaria colaboración de la familia, la sociedad y el Estado, instituciones estas que tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos. SENTENCIA DE JUNIO 24 DE 1992 REF: EXPEDIENTE T-1011 PETICIONARIO: JULIAN MAURICIO MORENO                                             ALVAREZ PROCEDENCIA: Juzgado Promiscuo                                                Municipal de Sopó Magistrado Ponente: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela promovido el día 6 de Febrero de 1992 por el señor JULIAN MAURICIO MORENO ALVAREZ contra JULIO MALDONADO BULLA, Rector del Colegio Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial de Sopó, departamento de Cundinamarca, acción de la cual conoció el Juzgado Promiscuo Municipal del mismo municipio. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala de Revisión, la cual recibió formalmente el expediente el día   16 de Marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala entra a dictar sentencia de revisión. A. La acción. En su condición de padre de la niña CAROL ANDREA, el ciudadano JULIAN MAURICIO MORENO ALVAREZ instauró el 6 de febrero de 1992 acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó contra JULIO MALDONADO BULLA, Rector del Colegio Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial, ubicado en el susodicho municipio, departamento de Cundinamarca. 1.  Hechos. a)  El día 20 de enero de 1992, en momentos en que se disponía a matricular a su hija en el mencionado colegio para que cursara el tercer año de bachillerato, el Rector Maldonado Bulla condicionó su ingreso a la presentación previa de los resultados de un encefalograma y un diagnóstico neurológico que se le había exigido en diversas ocasiones, por cuanto sus profesores consideraban que ella tenía dificultades de aprendizaje. b)  Carol Andrea ha dado muestras de agresividad frente a sus demás compañeros, su rendimiento académico no ha sido satisfactorio y posee deficiente coordinación sicomotriz,  por todo lo cual tanto sus profesores como la sicóloga del colegio estiman que requiere educación especial. c)  El peticionario no ha sometido a su hija al examen neurológico exigido por el colegio, lo cual determinó que se le negara la admisión solicitada. 2.  Solicitud. El peticionario pide que se amparen los derechos fundamentales de su hija a la educación y a la cultura. 3.  Pruebas. El peticionario no aportó ninguna prueba. El Juzgado, por su parte, decretó que se oyera la ampliación de queja del peticionario (Folios 6-11)  y la declaración del Rector del colegio señor Carlos Julio Maldonado Bulla (Folios 15-20) así como de la sicóloga del mismo Clara Inés Zapata Rivera  (Folios 21-28) y a la profesora María del Carmen Mancera de Forero (Folios 60-63) quienes depusieron acerca de la personalidad de Carol Andrea, sus dificultades de aprendizaje y carencia de afecto de sus progenitores. Estiman que la niña debe ser sometida a una educación especial. 4.  Sentencia del Juzgado. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó (Folios 75-82) resolvió: a) Tutelar el derecho fundamental de la educación de la menor Carol Andrea. b)  Ordenar  que  fuera admitida para cursar el grado 8o. en el Colegio Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial de Sopó. c)  Disponer que el señor Julián Mauricio Moreno Alvarez dé cumplimiento al artículo 8o. inciso final del Decreto 2591 de 1991 dentro del término de cuatro meses, en el sentido de demostrar en ese lapso que la menor requiere o no de educación especial pues "de lo contrario el colegio cooperativo estará en todo su derecho para denegar la permanencia de la menor en esa institución, igual sucederá en el evento que se conceptúe que requiere de la tan mentada educación especial" (Folio 80). A esta parte motiva de la providencia se remite luego la decisión del fallador de primera instancia. 5.  Concepto de expertos. En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado  Ponente invitó al Doctor Hernán Escobedo actual Director del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes a presentar por escrito un concepto sobre algunos temas relevantes para la elaboración del presente fallo tales como las causas y tratamiento de la dificultad  de aprendizaje, la utilidad real de los encefalogramas y los diagnósticos neurológicos y la conveniencia de la educación especial (Folios 92-96). II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32, 33 del Decreto 2591 de 1991. Además es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. Puesto que la decisión del caso por  esta Sala exige el señalamiento de algunas premisas relativas a la educación, las cuales constituyen su fundamento necesario, procederemos a hacerlo en el orden indicado en los siguientes acápites. 1.- La educación: un derecho fundamental. Tanto por la naturaleza y función del proceso educativo como porque reune a plenitud los requisitos y criterios de esa categoría constitucional abierta que es hoy el derecho fundamental, esta Corte ha reconocido que la educación es uno de tales derechos que realiza el valor y principio material de la igualdad, consignado en el preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Carta, como quiera que "en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona"1 . En la misma providencia reconoce también esta Corte que la educación es un "derecho-deber", una actividad que puede ser reglada autónomamente pero no negada en su núcleo o contenido esencial, vale decir, en aquel ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege independientemente de las modalidades o formas como él se manifieste. La Constitución vigente consagra la educación como derecho humano que posee una función  específica en el contexto social y cultural a saber: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura" 2 . En los debates en la Asamblea Nacional Constituyente hubo consenso tanto acerca de la necesidad de garantizar el derecho a la educación de la manera más amplia posible, como también de que la libertad en materia educativa debe enmarcarse dentro de un régimen de igualdad de oportunidades: "Establecer la igualdad de oportunidades en la educación es probablemente la tarea fundamental de la igualdad; no hay países subdesarrollados sino hombres subdesarrollados y si no desarrollamos al hombre no podremos desarrollar a Colombia3 . 2.- La educación: instrumento de cambio, igualdad y democracia. Ocupándose de las cuestiones esenciales de la educación, vale decir, de la relación entre la educación y la sociedad, entre la educación y el educado, entre la educación y el saber, entre los fines declarados y los fines realizados, los autores de un célebre informe observan justamente que la educación es a la vez un mundo en sí y un reflejo del mundo. Está sometida a la sociedad pero reacciona también a las condiciones ambientales a las que se halla sometida, contribuyendo así a engendrar las condiciones objetivas de su formación4 . Dentro de este contexto, la creación y sostenimiento de escuelas puede entenderse como la realización del propósito deliberado de no dejar al azar la formación de las generaciones futuras y de utilizar instrumentos adecuados para perpetuar, fortalecer y promover aquellas condiciones y valores que la sociedad más estima o, llegado el caso y por la voluntad soberana del pueblo, transformarlos para que se adecúen a las nuevas exigencias sociales. En este último sentido, la escuela realiza el papel de "agente de cambio" que le reconoce la sociología. Por todos estos aspectos, en un proyecto de ley elaborado recientemente por el Ministerio de Educación Nacional en materia de "sistema nacional de educación" se pone de presente justamente que la educación constituye un proceso mediante el cual se transmiten y construyen, de manera permanente, los conocimientos,  los valores y las prácticas culturales que hacen posible la vida en sociedad y el progreso de la misma. Desde la perspectiva de los individuos la educación es el proceso que le permite el logro de su autonomía, conformar su propia identidad, desarrollar sus capacidades y construír una noción de realidad que integre el conocimiento y la vida misma. La educación tiene por objetivo el desarrollo pleno de la personalidad. Es, también, la forma como el individuo desarrolla plenamente sus capacidades"5 3.- La educación: un servicio público con función social. Además de su condición de derecho fundamental de la persona, la educación es también un servicio público que tiene una función social. Así lo reconoce expresamente la Constitución (Art. 67, inciso 1o.).  Ello implica no sólo que satisface una necesidad de carácter general y que por lo tanto debe estar al alcance de quienes lo requieran sino que el Estado debe garantizar el acceso al mismo y velar porque su prestación se cumplan los fines señalados por el ordenamiento jurídico vigente. Es oportuno señalar que la concepción de la educación como servicio público consagrada en el artículo 67 de la Carta vigente responde adecuadamente a una sólida tradición de la jurisprudencia nacional. En efecto, es bien sabido que en un pronunciamiento de hace cerca de 20 años la Corte Suprema afirmó que la educación era una actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma contínua y obligatoria, sin importar que su prestación estuviera directamente a cargo del Estado o a cargo de personas privadas6 . Años más tarde, también bajo la vigencia del art. 41 de la Carta de 1886, la misma Corte puso de presente que el Estado, por mandato directo o habilitado de la  ley, encauza la actividad privada, económica y docente hacia el bien común, la justicia social, el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos y además que "el sistema de educación postsecundaria es de naturaleza esencialmente social, comprende necesariamente derechos colectivos o sociales y no sólo derechos individuales y particulares; las normas sobre educación son de orden público, se refieren a un servicio público, bien sea porque se preste directamente por el Estado o porque este asegure y supervise su prestación por los particulares y pertenecen al interés social que prevalece sobre el privado. Por lo tanto, disponer derroteros institucionales para educar, sin que se interfiera la libertad de recepción o divulgación de la cultura, no es contrario a la libertad de la enseñanza, ni, por eso sólo, al derecho a la educación, ni implica por lo tanto transgresión del artículo 41 de la Carta, sino desarrollo de su mandato". (......) La instrucción pública y la educación son actividades esenciales en la sociedad y claman por la indispensable intervención del Estado, en interés de todos y en servicio de la comunidad, esto es, por su institucionalización como actividad pública cuando se halla a cargo del Estado o por su supervisión y reglamentación cuando está en manos de particulares7 . Pero ya anteriormente, con ocasión de unas medidas adoptadas por el Estado relativas a la educación postsecundaria y mediante las cuales se exigía que las instituciones no oficiales de educación debían constituírse como fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, la misma  Corte  observó que tales medidas venían a corregir. "una situación aberrante en una rama de la educación la cual (....) se estaba convirtiendo en muchos casos en un próspero negocio a costa de la eficiente preparación dada a su alumnado, con grave perjuicio para el desarrollo cultural del país y la escasa preparación de los profesionales salidos de sus aulas. Se pone de presente en estas oportunas expresiones, que en principio, el ánimo de lucro es incompatible con los fines generales y constitucionales de este servicio público por excelencia de la educación, comprendida por supuesto la educación postsecundaria"8 . El Consejo de Estado, por su parte, no ha vacilado en reconocer que tanto el derecho a enseñar como el derecho a aprender se hallan enmarcados dentro de unas normas de orden público económico "pues el Estado está en la obligación de impedir que por costos demasiado gravosos se restrinja el "derecho a aprender"9 . Es pertinente recordar también que la misma entidad encontró ajustado a la legalidad un decreto que establecía  "la representación del gobierno en los establecimientos de educación superior de carácter privado"  por tratarse de una limitación admisible a la autonomía de los establecimientos docentes10 .   Encontró igualmente legítima la intervención del Estado para asegurar la calidad de la enseñanza 11 . Es claro a todas luces que, la tendencia jurisprudencial aquí esbozada hunde sus raíces en los principios constitucionales adoptados en la reforma de 1936 y, más concretamente, en ideas y planteamientos del profesor León Duguit que merecieron la acogida de los Constituyentes de entonces, tales como las siguientes: "Es indiscutible que el Estado tiene el derecho de tomar las medidas para que todo establecimiento de instrucción presente condiciones suficientes de salubridad, lo mismo que para exigir severas garantías de moralidad a todos aquellos que pretenden dirigir la escuela. Tiene ciertamente el derecho, también del deber, de ejercitar en cierta medida un control sobre todo los establecimientos de enseñanza. Es igualmente cierto que el Estado puede y debe ejercer su vigilancia para asegurar que los maestros no atentan contra la libertad psíquica, intelectual y moral de sus alumnos, y con tal fin puede ejercer la inspección de todos los institutos educativos .... A la inversa, no es menos cierto que el Estado no puede ni debe prohibir ni imponer en una escuela la enseñanza de doctrina alguna. El Estado no puede organizar una inspección para vigilar métodos, doctrinas, tendencias, el espíritu que inspira la enseñanza de tal escuela"12 . En virtud  de tales antecedentes, el artículo 67 de la Carta vigente plasma, pues, una tradición colombiana en materia de educación dentro de la cual adquieren particular relevancia tanto sus dimensiones y perfiles de servicio público como su función social, entrelazados en un todo inecindible que marca una pauta a la actividad estatal y privada. De otra parte, es de destacar que entre los fines que en el documento del Ministerio   se asignan a la educación figuran, entre otros, los siguientes: 1. Formar ciudadanos responsables y libres, capaces de actuar como personas autónomas y de participar críticamente en las decisiones de la sociedad, dentro del respeto de los derechos y deberes ciudadanos y en el ejercicio de la solidaridad, la tolerancia, y el pluralismo ideológico y cultural. 2. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los conocimientos, a los valores y a los bienes de la cultura que conforman la identidad nacional y que hacen posible la convivencia y la integración entre iguales. 3. Propiciar el libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo con las aptitudes y aspiraciones del individuo, fomentando al mismo tiempo actitudes y hábitos permanentes de superación y de conservación de la salud física y mental. Por virtud de todo lo anterior, es indudable también que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares encargados de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. Así lo dispone expresamente el decreto reglamentario de dicha acción13 y así ha  tenido ocasión de reconocerlo esta Corte recientemente14 . 4.  La educación de los niños: un derecho fundamental prevalente. En tratándose de los niños y por voluntad expresa del Constituyente, la educación es no sólo un derecho fundamental sino que prevalece sobre los derechos de los demás y el Estado debe asegurarles las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo15 . En este contexto  y en consideración a la naturaleza,  función y fines  de la educación y a la obligación que pesa  sobre el Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 16, los niños colombianos son hoy enhorabuena,  beneficiarios privilegiados de la educación, con todas sus promisorias y positivas consecuencias en el plano social, humano y cultural. En su condición de guardiana de la Carta, esta Corte debe velar porque, en aras de su integridad y supremacía,  los principios mencionados trasciendan a la realidad concreta, superen el nivel de las meras proclamaciones simbólicas, de las buenas intenciones, de las esperanzas fallidas que alimentan la incredulidad y apatía de muchos de nuestros compatriotas. Con respecto a los niños adquiere toda su dimensión e importancia el principio afirmado en la sentencia T-02 de esta Corte acerca de la garantía y protección del contenido esencial del derecho a la educación por cuanto son precisamente ellos quienes  por su natural indefensión y exposición a toda suerte de abusos y carencias,  mejor  encarnan el sector de población de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad y que, por tanto, el Estado está obligado a proteger especialmente17 . En consecuencia, deben ser los niños los mayores y más directos beneficiarios de toda garantía o medida encaminada a lograr un acceso real y efectivo a los beneficios de la educación. Es esto lo que mejor corresponde y asegura  en su nivel, la efectiva supremacía de la Constitución. Todo lo anterior implica que a las instituciones educativas, públicas o privadas, les corresponde, ( en razón del carácter de servicio público con función social que tiene la educación en nuestro ordenamiento), una significativa cuota de colaboración para el logro de ese gran propósito social y compromiso ineludible con las generaciones presentes y futuras, con el bienestar social, material y cultural y con la dignidad humana, de crear todas las   condiciones necesarias para que los niños tengan acceso efectivo a la educación. Teniendo en cuenta la precaria infraestructura actual de nuestro sistema educativo en su conjunto, es dable esperar que en el inmediato futuro tal colaboración sea menguada. Pero esto no  obsta para que el niño exija en todo momento que se le respete y haga efectivo su derecho permanente a la educación, por encima de cualquier otra consideración. Es de prever, asímismo, que en un cierto número de casos el respeto y efectividad del derecho suponga la integración plena de niños con  necesidades  especiales  en una institución educativa ordinaria de carácter privado. Es evidente que en estos casos su admisión y permanencia no constituye, como pudiera creerse, un acto caritativo o favor especial de corazones bondadosos sino el desarrollo  y cumplimiento de la función social que le incumbe, por mandato constitucional expreso, al servicio público de la educación. El acceso de los niños a la educación no puede tampoco estorbarse o impedirse  mediante prácticas cuyo efecto concreto, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de las familias de donde ellos provienen,  sea la negación misma del derecho. Tales son,  por ejemplo, exigencias de uniformes, útiles, materiales, cuotas, bonos, transporte, matrículas, excursiones y otros costos que desborden las capacidades económicas de sus progenitores,  y  se conviertan en eficaces instrumentos al servicio de la discriminación social y de la desigualdad, en abierta contradicción con los valores, principios y derechos consagrados en la Carta de 1991. Conductas como las indicadas vulneran pues el derecho fundamental y prevalente a la educación que hoy tienen los niños y las autoridades públicas deben tomar medidas adecuadas para poner término de manera inmediata a dichos atentados. No se nos escapa tampoco que el Estado, por su parte, está obligado a lograr que la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación y, particularmente para los niños, sea una realidad, lo cual supone, entre otras cosas, preparar y realizar programas adecuados de ayuda a fin de que se creen las condiciones materiales que permitan su permanencia en las instituciones educativas, públicas y privadas. Ello conlleva, desde luego, la provisión de buena parte de los recursos necesarios, dentro del marco de la Constitución y las leyes vigentes. Por eso esta Sala solicitará que se tomen las medidas adecuadas por parte del gobierno para garantizar efectivamente el derecho prevalente, fundamental y constitucional que hoy tienen los niños a su educación, las cuales deberán llevarse a la práctica en un razonable término. 5.- Educación especial, educación ordinaria. Segregación o integración? Obra en el expediente información según la cual el Rector del colegio condicionó el ingreso de la niña Carol Andrea a la presentación de los resultados de un encefalograma y un diagnóstico neurológico por cuanto sus profesores consideraban que ella tenía dificultades de aprendizaje y requería educación especial. Su progenitor no la sometió a los exámenes exigidos. Además, en la parte motiva del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó se dispone que el padre de la menor debe demostrar, dentro del término de 4 meses, que ella requiere o no de educación especial pues "de lo contrario el colegio Cooperativo estará en todo su derecho para denegar la permanencia de la menor en esa institución, igual sucedería en el evento que se conceptúe que requiere de la tan mentada educación especial" (Folio 80). En guarda de la efectividad y debida prevalencia del derecho de los niños a la educación, esta Corte estima oportuno formular algunas consideraciones acerca de la incidencia que un uso inapropiado de la educación especial pueda tener en la negación o desconocimiento  del derecho a la educación. Como campo de aplicación de la pedagogía, la educación especial está constituída por un conjunto de procesos remediales de las necesidades educativas y vocaciones de los niños con limitaciones de tipo sociocultural, psicoafectivo, cognoscitivo y neurocortical. Por su naturaleza, busca fundamentalmente superar tales limitaciones mediante actividades pedagógicas remediales las cuales se conciben y desarrollan teniendo en cuenta primordialmente las necesidades específicas de aquellos niños afectados por las limitaciones de diversa índole. En virtud de lo anterior,  ellos  reciben una educación en buena medida distinta a la de sus coetáneos "normales". Desde sus orígenes  son ubicados, con todas sus consecuencias, en el centro mismo del paradigma normal-anormal, con una alta carga de discriminación implícita o explícita, a la cual contribuye en buena medida la propia rotulación. Surge así, pues, una desigualdad que habrá de incidir negativamente en las oportunidades diversas ofrecidas a los niños, según que se hallen ubicados en los terrenos de la normalidad o de la anormalidad, respectivamente. La concepción prevalente en muy amplios círculos de la escuela como sistema formal determina que niños con necesidades especiales se vean condenados casi irremediablemente a frecuentar instituciones especiales. Con todas las consecuencias que un experto describe en términos por demás elocuentes, a saber: En la medida en que la escuela se centra casi exclusivamente sobre el logro académico, y este se construye alrededor del lenguaje verbal, resulta imposible que niños con limitaciones sensoriales o motrices que impiden el acercamiento a estos códigos comunicacionales en forma convencional puedan desempeñarse en este contexto. Las limitaciones visuales, auditivas o de control corporal automáticamente se vuelven factor de exclusión en el proceso de convivencia escolar, ya que evidentemente impiden los aprendizajes corrientes relacionados con el habla o la lectoescritura. De igual manera los trastornos funcionales de construcción del lenguaje verbal oral  o lectoescrito hacen que un niño quede seriamente limitado para incorporarse a un medio cada vez más estrecho en su horizonte formativo. Dada esta situación surge la necesidad de crear alternativas especializadas para cada limitación, de tal forma que todos estos niños tengan una opción educativa apropiada para su limitación específica lo cual conduce a un proceso de agrupaciones, generalmente autosegregantes en su perspectiva futura. El niño limitado queda entonces a merced de la posibilidad de ser admitido en una de estas instituciones, generalmente pobres y de difícil acceso por la falta de recursos. La escuela corriente no siente que esto sea su problema. El maestro asume que todo lo difícil requiere educación especial. El sistema de salud no tiene relación con el sistema educativo. El estado no asume debidamente la  responsabilidad financiera de apoyar a los niños más débiles por lo cual queda esta responsabilidad en manos de particulares que en unas ocasiones prestan un servicio tan costoso que sólo es posible para personas de muy altos recursos y en otras ocasiones sobreviven recurriendo a modestísimos auxilios y donaciones casuales del sector privado, única forma de atender a niños de sectores pobres. No puede pues negarse la importancia de la educación especial, pero tampoco puede desconocerse su limitación en un proceso de formación que permita la integración a la vida social de personas que tienen el derecho a ser reconocidas, valoradas y estimuladas en su proceso de desarrollo. La educación especial, pues, tiene dos perspectivas: por una parte es innegable su necesidad en cuanto forma particular de abrir la puerta a una vida individualmente productiva y socialmente útil, a quienes padecen de limitaciones. Por otra parte la existencia de la educación especial y el reconocimiento de su necesidad no puede convertirse en un argumento para excluír a los niños de la posibilidad de socializarse desde temprana edad con sus coetáneos en los ambientes escolares en los cuales ellos constituyen sus formas de relación y socialización. El hecho de que un niño ciego no pueda aprender a escribir de la forma en que lo hacen los videntes y que por tanto requiera una aproximación diferente a la construcción de los símbolos de lectoescritura, no puede significar que ese niño quede excluído de participar en la vida social que inician los niños videntes con los cuales se puede comunicar a través de la palabra oral, ganando de paso la oportunidad de dar y recibir afecto y de aprender a valorarse en un medio abierto18 . La educación  ordinaria, por el contrario, es la que se ofrece a todos los niños sin reparar en sus eventuales limitaciones o necesidades especiales. Supone el acceso y permanencia al mundo de lo común y corriente, vale decir, de la cotidiana normalidad. Los procedimientos y prácticas pedagógicas son, pues, los requeridos para la formación del niño "normal". Es dable esperar por tanto, que en este amplio universo afloren en toda su magnitud las manifestaciones propias de la gran diversidad de personalidades, estimulada en buena medida por la desigualdad de oportunidades presente en nuestra compleja realidad nacional. La igualdad de oportunidades es no sólo condición necesaria de la democracia constitucional contemporánea sino parte consubstancial del Estado social de derecho en que se ha transformado Colombia,  por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de su Constitución vigente.  Implica no sólo la ausencia de discriminaciones sino también ayuda efectiva para que quienes se encuentren en situación de inferioridad o desventaja puedan remediarlas eficazmente. En virtud de lo anterior, para esta Corte el problema de la educación especial adquiere una nueva dimensión, a saber: determinar si ella promueve condiciones para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva o, por el contrario, favorece en algún grado la discriminación y el marginamiento de personas con debilidades manifiestas. La dilucidación  de estos aspectos no es, ciertamente tarea fácil.  Con tal fin, traeremos a cuento opiniones de expertos y tendencias o respuestas  identificables en algunos ordenamientos vigentes, a manera de someros elementos de juicio  los cuales habrán  de servirnos para hacer algunas reflexiones y aplicaciones a nuestra específica realidad nacional. Puesto que la educación de los niños en instituciones especiales puede algunas veces conducir al aislamiento de sus coetáneos y miembros posiblemente del mismo  grupo  de juegos o actividades comunes, con todas las implicaciones sicológicas que de ello pueda derivarse, no es inoportuno  referirnos someramente al efecto que estas segregaciones producen en el ámbito del  sistema educativo. Como es sabido, este problema tiene antecedentes claros y respuestas concretas en la experiencia norteamericana en materia de discriminación racial. En efecto, viene a la mente la tesis  del famoso magistrado Warren, en el caso Brown, cuando puso de presente, (citando consideraciones de un Tribunal de instancia nutridas de elementos  sociológicos y  sicológicos), que las facilidades educativas fundadas en la separación de las personas constituían en su misma esencia fuentes de desigualdad. Por eso estimamos pertinente reproducir sus  planteamientos que han entrado no sólo a enriquecer la jurisprudencia sino la causa inextinguible de la dignidad humana: "La segregación de niños blancos y negros en las escuelas públicas produce un efecto nocivo  en los niños negros. El impacto es mayor cuando dicha segregación  es sancionada por la ley porque la política de separación racial se interpreta usualmente como manifestación de la inferioridad  del grupo negro. Un sentido de inferioridad afecta la motivación    del    niño para aprender. Por tanto, la segregación sancionada por la ley tiende a retardar el  desarrollo educativo y  mental de los niños negros  y a privarlos de algunos de los beneficios que  ellos recibirían en un sistema educativo racialmente integrado"19 . La doctrina del anterior caso es primordialmente relevante para países afectados por el estigma de la discriminación racial. Pero  constituye también un pronunciamiento válido acerca de los efectos concretos de la provisión  de facilidades educativas segregadas. En efecto, como lo han destacado sus intérpretes, la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos sugiere una cadena de causas digna de señalar, a saber: la segregación engendra sentimientos de inferioridad que se traducen en una baja motivación para aprender y luego en bajos resultados y poco éxito en la vida [1]. Sin pretender que estos planteamientos sean válidos también estrictamente en el ámbito nacional, es lo cierto que ellos deben ser tenidos en cuenta cuando se elaboren programas educativos que conlleven los efectos nocivos  de la separación o aislamiento de los niños de aquellas experiencias  educativas propias del mundo de la "normalidad". No puede negarse que la educación especial responde a veces a  las mejores intenciones y propósitos de ayudar eficazmente a los niños a superar sus dificultades. Pero la  separación o aislamiento pueden  engendrar sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas. En estas condiciones, la educación especial ha de concebirse sólo como un recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya  que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación. Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir de instrumento para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos. De otra parte, el riesgo señalado y  una amplia polémica entre los expertos acerca de los reales beneficios comparativos de la educación especial frente a la ordinaria,  parecen haber tenido alguna incidencia en la consagración de la alternativa de la integración escolar que algunos países han venido haciendo,  tanto a nivel constitucional como legal, a partir de la  Resolución 3447 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emanada el 9 de diciembre de 1975. Es así como en España esta integración constituye hoy un verdadero derecho constitucional  desarrollado por una ley marco, la Ley 13 de Integración Social de Minusválidos, expedida el 13 de Abril de 1982, con fundamento en un plan nacional sobre la materia elaborado en 1978.  Esto supone, entre otras cosas, que los niños con limitaciones comparten las aulas ordinarias con los demás niños y que al menos el 70% de aquellos alumnos que antes frecuentaban centros especiales participan ahora de los beneficios de los servicios ordinarios de su comunidad [2]. Es también bastante significativo, dentro de la misma pauta, que el artículo 208 de la Constitución del Brasil establezca entre los deberes del Estado con la educación la garantía de una lll.- atención educacional especial a los portadores de deficiencias, preferentemente en el sistema ordinario de enseñanza. Acorde con su bien conocida tradición de avanzada en materia de tratamiento de niños con necesidades especiales y como eco afortunado de la sentencia. No. 215 de la Corte Constitucional, proferida el 3 de Junio de 1987, la cual, como es sabido, impuso al sistema educativo y a la administración pública moverse inmediatamente en la dirección del pleno respeto al concepto de derecho al estudio, entendido como una ocasión y una posibilidad de crecimiento para todos y para cada uno, el parlamento italiano expidió el 5 de febrero del presente año  la ley cuadro No. 104 para la asistencia, la integración social y los derechos de las personas impedidas. La ley consta de 44 artículos los cuales regulan, entre otras materias, los principios y los procedimientos para garantizar el derecho a la educación y a  la instrucción mediante el instrumento de la integración escolar. Establece  grupos de estudio y de trabajo integrados por docentes familiares y estudiantes a los cuales se les asigna la tarea de colaborar en las iniciativas de integración previstas en el plan educativo.  Contempla también mayores auxilios para las escuelas con destino a la integración de personas con impedimentos y un mayor empeño de los entes locales. El artículo 3o. de dicha ley  define, por primera vez en el ordenamiento nacional,  lo que es una persona impedida, en los siguientes términos: "Es persona impedida aquella que presenta una disminución física síquica o sensorial, estabilizada o progresiva, que causa una dificultad de aprendizaje, de relación o de integración laboral de tal naturaleza que determina un proceso de desventaja social o de marginación". Por cuanto respecta a  Colombia, es de señalar que en el proyecto de ley sobre el sistema educativo nacional que recientemente sometió a consideración del Congreso el Ministerio de Educación se han incluído  cinco artículos en materia de educación especial cuyo texto es el siguiente: Artículo 36.- La educación especial  es parte integrante de la educación y es responsabilidad de la nación, los departamentos, los municipios y distritos especiales, y del Distrito Capital garantizar su prestación a las personas con necesidades educativas especiales. Artículo 37.- Las instituciones educativas  que en la actualidad ofrecen educación especial seguirán  atendiendo los requerimientos de las personas con necesidades educativas especiales y deberán desarrollar procesos de integración. Artículo 38.- Las  Juntas Departamentales de Educación y la Junta del Distrito Capital de Santafé de Bogotá designarán las instituciones que tendrán a su cargo la atención de las personas con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta las condiciones para una cobertura adecuada. Artículo 39.- Las instituciones educativas designadas para atender a las personas con necesidades educativas especiales recibirán las asignaciones presupuestales necesarias y serán dotadas con el personal docente y profesional especializado, y con recursos físicos y didácticos aptos. Artículo 40.- La integración social y académica deberá ser un objeto permanente de la educación en las instituciones designadas para atender a las personas con necesidades educativas especiales. En todo caso, el proceso de rehabilitación estará encaminado a capacitar al educando en las competencias cognoscitivas  y socio-afectivas, de tal manera que le evite traumas en la formación integral y haga posible su incorporación a las aulas regulares. En caso de que hagan tránsito a ley de la República, es de esperar que estas normas no se apliquen en el futuro con un criterio que dificulte en grado sumo la ejecución de una justa y decidida política  integracionista. Porque hoy más que nunca tienen plena vigencia las palabras de quien  ubicó los problemas  de la educación especial en el ámbito de las exigencias propias de una educación verdaderamente democrática y de una pedagogía de la no-discriminación: En Colombia, la demanda de atención integral por parte de los llamados niños diferentes solo es satisfecha en un 1.5%. Frente a la imposibilidad de la ciencia médica para dar soluciones a aquellas características físicas, emocionales y sensoriales que definen a una persona como diferente, la construcción de una nueva cultura hacia el excepcional y de una pedagogía de la no-discriminación se presenta como una respuesta adecuada y justa. La integración del excepcional al sistema educativo regular es la realización del derecho fundamental de todos los niños y las niñas a recibir una educación democrática que no los discrimine. Un niño excepcional desarrolla mucho más sus capacidades humanas y de aprendizaje en un ambiente de socialización enriquecido en el cual pueda aceptarse a sí mismo a través del reconocimiento que los otros le brinda, y viceversa. "El jardín y la escuela son, por lo tanto, el lugar natural para el desarrollo de todos los niños". ( ... ) El gobierno apoyará con capacitación y estímulos a las instituciones y a los docentes que se comprometan en este esfuerzo por demostrar que una pedagogía de la no discriminación es condición fundamental para que el respeto por los derechos de las personas excepcionales sea algo más que una declaración de buenas intenciones[3]. En el caso materia del presente fallo el experto doctor Hernán Escobedo pone de presente no sólo las diversas causas y grados que pueden darse en la dificultad de aprendizaje sino también la muy relativa utilidad de los exámenes neurológicos y la incidencia de la desnutrición infantil en las dificultades aludidas, así como la importancia de los cuidados que los padres prodiguen a sus hijos: La dificultad de aprender se da en diversos grados y por diversas razones. Va desde la dificultad leve causada por falta de motivación o por algún problema emocional transitorio, hasta dificultades severas (es posible que un niño nunca aprenda a leer o incluso a hablar) por razones genéticas (el caso de los niños con Síndrome de Down -o niños "mongoles"- es el más común). Constatar la dificultad de aprender no es difícil; cualquier persona  (y en especial un profesor que tiene experiencia), puede hacerlo.  Pero ponderar la severidad de ella y sus causas no es fácil. Requiere un estudio cuidadoso que es costoso. Los exámenes neurológicos y particularmente el electroencefalograma no son de mucha utilidad. En efecto, una persona con serios problemas de aprendizaje bien puede tener buenos resultados en estos exámenes o una persona sin dificultades de aprendizaje puede producir resultados neurológicos anormales. La desnutrición infantil es una de las causas de los problemas de aprendizaje. A pesar de que no conozco estudios exhaustivos sobre el tema realizados aquí en Colombia, creo no equivocarme al afirmar que en nuestro medio la causa más común de las dificultades de aprendizaje sea precisamente ésta. Es importante señalar que desde el momento de la gestación puede darse ese fenómeno de desnutrición infantil a través de la madre mal alimentada. Por estudios hechos ya hace algunos años por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sabe que la buena alimentación puede mejorar la capacidad de aprendizaje y que esta mejoría es tanto mayor cuanto más temprano se alimenta adecuadamente al niño.  Pero además se estableció que un factor también muy importante es la estimulación que el niño reciba en su medio familiar. Cuanto mayores sean los cuidados que los padres prodiguen a sus hijos, mejores resultados se logran, así sea en condiciones alimenticias muy precarias. Las madres que hablan a sus bebes, atienden a sus gorgogeos, los estimulan para que pronuncien palabras, logran que sus hijos hablen más rápido, para tomar un ejemplo en las diferentes edades se encuentran resultados equivalentes. En suma los padres pueden ayudar a sus hijos en el aprendizaje mediante una relación comunicativa estrecha. Esto es algo de sentido común que se pierde de vista por las condiciones precarias de las familias de bajos recursos (Folio 94). Por cuanto respecta específicamente al tratamiento que debe dársele a un niño con limitaciones, considera que es necesario establecer que la magnitud de ellas haga indispensable realmente acudir a una institución especial comoquiera  que: Cada vez se piensa menos en las instituciones de educación especial; si bien en ellas el niño es atendido de mejor forma, también es cierto que es estigmatizado, separado  de su medio "natural" y ello puede producir más problemas que los que soluciona la atención especial. (....) Actualmente se está revisando esta forma de proceder pues los beneficios comparativos para el niño con dificultades no son evidentes: los avances que el niño pueda lograr en una institución especial no parecen ser tan grandes en comparación con los que lograría en una institución normal como para justificar los inconvenientes de ser rotulado como "retardado mental" o cualquier otro término que lo distinga de los "normales".  Incluso los niños catalogados como "genios" (que sería algo interpretado como positivo en nuestro sistema de valores)  parecen verse perjudicados por esta rotulación. Lo anterior es tanto más válido cuanto menor sea la magnitud de las dificultades; en otras palabras, cuanto menor sea la importancia de las dificultades, menos conveniente es la institución especial.  Si nos situamos en las condiciones estipuladas por la pregunta, pienso que una institución especial es enteramente inapropiada para el niño. En un pequeño municipio es muy probable encontrar instituciones de estas características; los padres deberán entonces desplazar a su hijo a otra parte, en el mejor de los casos, y la separación de la familia va a ser muchísimo más perjudicial que permanecer en su colegio donde ya sufre por ser considerado "bruto".  La otra alternativa (más probable) es que el niño se quede en su casa; ésta es también más perjudicial que permanecer en el colegio, pues de todas formas será considerado como "bruto" y con mayores razones para ser estigmatizado por sus compañeros (en un municipio pequeño los alumnos de un colegio mantienen un contacto estrecho fuera de él).  Además será separado de su grupo de pares en donde tiene sus amigos quienes son una pieza clave en su desarrollo como persona. Considero pues que, para un niño en estas circunstancias, es mucho más conveniente permanecer en su colegio. Lo ideal sería poder constituir equipos de apoyo con las directivas del colegio, los profesores, el psicólogo y los padres; es algo difícil por la mala información que hay en las instituciones educativas sobre estos problemas que, paradójicamente, son bastante comunes (Folios 95-96). A todo lo anterior se agrega que las instituciones de educación especial para niños de familias de escasos recursos son prácticamente inexistentes en la gran mayoría de municipios colombianos, razón por la cual, como lo observa el mismo experto, Las alternativas reales que en este momento existen son escasas. Creo que la  que gran mayoría de las familias termina por optar es la de que el niño deje de asistir  a la escuela y se quede haciendo oficios de la casa o del campo en el caso de niños de municipios pequeños o zonas rurales. (Folio 96). Además, esta Corte considera que, de acuerdo con los principios constitucionales vigentes, los problemas propios de los niños con dificultad de aprendizaje deben resolverse con la necesaria colaboración de la familia, la sociedad y el Estado, instituciones estas que tienen la obligación de asistir  y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos (Constitución Nacional Artículo 44, inciso 2). En consecuencia , los progenitores tienen una ineludible cuota de responsabilidad en el acceso y permanencia de sus hijos en el sistema educativo lo cual los obliga a mantener una atenta vigilancia sobre el proceso de su instrucción lo mismo que a superar los obstáculos que, en ocasiones, hacen que la asistencia de los niños a las escuelas sea irregular y culmine en el abandono definitivo. En esta tarea, noble y necesaria como pocas, Los educadores y padres deben sentirse parte de una comunidad educativa que tiene como fin primordial la mejor educación posible para el niño. En este "equipo" deben encontrarse las directivas y, de existir el cargo en el colegio, el psicólogo.  Las relaciones, pues, deben ser aquellas de un grupo de personas que tienen un fin común y que están dispuestas a luchar conjuntamente por él. Desafortunadamente lo que se encuentra comunmente es que el profesor quiere deshacerse de esa responsabilidad y "entregarle el niño a sus padres". (Folio 97). En estas condiciones, condicionar la admisión y permanencia de la niña Carol Andrea en el colegio que actualmente frecuenta  a la realización de unos exámenes costosos y de muy cuestionable utilidad, enderezados a demostrar si requiere o no una educación especial, equivale en la práctica a negarle su derecho constitucional prevalente a la educación que esta Corporación ha reconocido y defendido como parte fundamental de su labor de guardiana de la Carta,  encargada de velar por su supremacía en el ámbito del ordenamiento nacional. No es razonable en modo alguno que una institución educativa  exija a los progenitores de una niña  que demuestren su normalidad como condición previa para garantizarle el acceso y permanencia en la institución. Tampoco lo es que algunos profesores entiendan que su labor se reduzca en buena medida a  recetarle  una terapia de tan discutibles virtudes como es la de la educación especial, creyendo con ello ingenuamente haber resuelto el problema de manera definitiva. Cuando es lo cierto que su responsabilidad con la sociedad consiste en preparar a sus miembros para vivir con dignidad en el universo de la normalidad a que ellos tienen claro derecho. Por eso esta Corte  espera  que las instituciones educativas promuevan  una atenta lectura de la nueva Constitución y adecuen a ella sus prácticas  cotidianas. Solo así la Carta será la realidad nueva, positiva y viviente  que los colombianos nos hemos propuesto construir. En virtud del carácter de servicio público con función social que constitucionalmente tiene la educación, las instituciones públicas y privadas   no pueden eludir su contribución eficaz a la solución de los problemas propios de los niños con necesidades especiales, so pretexto de ofrecer  alternativas no sólo impracticables,  la más de las veces, sino que encubren la negación del derecho a la educación. De otra parte, el problema de la educación especial adquiere una gravedad inusitada cuando se repara que, como antes se ha visto, una de sus principales causas es la desnutrición infantil. En efecto, si se considera únicamente la incidencia de un deficiente suministro de hierro en la dieta de los niños, estudios científicos serios ponen de presente que ella se traduce no sólo en una reducción del crecimiento de sus cuerpos sino también en una significativa disminución de la capacidad de atención en sus actividades escolares. Este dato no puede ser ignorado por un juez responsable y al servicio del Estado social de derecho colombiano por cuanto que "Aproximadamente una tercera parte de la población colombiana (34.0%) presenta niveles de saturación de la transferrina serica  indicativos de ferropenia (eritropoyesis deficiente de hierro). De los afectados, el 15.8% están en grado leve, el 18.2% en grado moderado a severo. La más afectada es la población en edad escolar con una prevalencia del 46.8%"[4]. Entre los factores asociados con la deficiencia de hierro se encuentran, significativamente, el nivel de ingresos y la educación del jefe del hogar. En estas condiciones y dado el peso de dicha deficiencia en  la desnutrición infantil  tendríamos que vernos obligados a reconocer que siete millones de niños que hoy padecen las consecuencias de la ferropenia son de alguna manera también candidatos a ingresar a instituciones de educación especial. Lo cual significa ni más ni menos que cerca de una cuarta parte de la población colombiana actual debería ir pensando seriamente en solicitar con tiempo su cupo de admisión en una de tales instituciones.  Si este ritmo se mantuviera con las características actuales, no estaría lejano  el día en que los habitantes todos de la República de Colombia  ofreciéramos al mundo el espectáculo de convertir nuestro  territorio en una gigantesca  institución de educación especial. Ante la magnitud social del problema y el carácter abrumador de esta tendencia, con obvias repercusiones en la segregación, es claro que la familia, la sociedad y el Estado no pueden permanecer indiferentes. Porque a ellos incumbe, se repite, la obligación constitucional de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Es, asimismo, claro que las instituciones educativas públicas y privadas, no pueden lícitamente estorbar el acceso y permanencia  de los niños en su seno, mediante actos, acuerdos, medidas, prácticas cuyo efecto real, querido o no, sea la negación del derecho a la educación en todas sus manifestaciones. No cabe, por tanto, esgrimir argumento alguno fundado en una abusiva o incorrecta interpretación de su presunta o real autonomía. Teniendo en cuenta la altísima misión de la escuela y su trascendencia en la vida de los niños, la función social de la educación no puede ser ignorada por quienes libre y espontáneamente han decidido vincularse a la prestación de este servicio público fundamental, en sus diversos niveles y formas de organización. En estos términos, su colaboración a la lucha contra todos los factores de que se nutre la segregación social es no sólo una exigencia de la propia naturaleza de su misión sino también una valiosa ayuda a la causa de la convivencia real que tanto anhelamos los colombianos y en cuya larga búsqueda, a veces coronada con frustraciones, estimulamos el proceso de cambio que hoy tiene su mejor instrumento de expresión en la Carta de 1991.  Por eso, en el nivel específico de la educación  es preciso tener  siempre presente que La escuela tiene una obligación prioritaria que es la de humanizar  a través de valores fundamentales como la tolerancia, el respeto de las diferencias, la solidaridad, la ayuda mutua. Para esto no bastan los discursos; es necesario que la práctica cotidiana abra estos canales de formación y de ética social. Por esto es urgente que la tendencia cada vez más marcada a la exclusión de niños del sistema escolar sea restringida al máximo: los famosos problemas de aprendizaje, las hiperactividades, las  lateralidades no  constituyen argumento para  que algunas instituciones obsesionadas  enfermizamente por las pruebas del ICFES excluyan a aquellos que amenazan con reducir los promedios académicos. Esto es una conducta francamente violenta[5]. III.  CONCLUSION Por cuanto la educación es un instrumento de cambio, igualdad y democracia, un derecho fundamental constitucional, un servicio público con función social, que no puede estorbarse o negarse mediante la exigencia de requisitos cuestionables, uno de cuyos efectos puede ser, precisamente, la profundización  de la segregación social, en abierta oposición a  la igualdad real que el Estado debe promover adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados y protegiendo a los débiles y necesitados, esta Corte confirmará  la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó proferida el 6 de febrero de 1992. Pero la modificará en el sentido de que la niña CAROL ANDREA MORENO GOMEZ permanezca en el Colegio Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial de Sopó (Cundinamarca) hasta cuando, sus directivas, progenitores y competentes autoridades oficiales  puedan ofrecerle una mejor opción educativa, adecuada a las circunstancias sociales y económicas de su familia y al lugar de su residencia. En su iluminada imaginación,  para el poeta los niños son el modo de suspirar la aurora. Para esta Corte, los niños de Colombia son también, en  horabuena, titulares de derechos fundamentales constitucionales y prevalentes, tales como el de la educación; espejos fieles del  respeto a la dignidad humana de  los  débiles y el aporte más valiosao de nuestra sociedad a la causa universal de prolongar, cualitativamente enriquecidas, la vida  y  la cultura de la especie. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral primero de la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó, Departamento de Cundinamarca, el 20 de febrero de 1992, por las razones expuestas en esta Sentencia. SEGUNDO.-  MODIFICAR el numeral segundo de la mencionada providencia en el sentido de que la permanencia de la niña  CAROL ANDREA MORENO GOMEZ en el Colegio Cooperativo de Primaria y Bachillerato Comercial de Sopó, Departamento de Cundinamarca, no estará condicionada en modo alguno a la aportación que hagan sus progenitores de la prueba científica de que no requiere educación especial. En consecuencia, la menor podrá permanecer en dicho plantel hasta cuando sus directivas, progenitores y autoridades competentes puedan ofrecerle una mejor y real opción educativa. TERCERO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que instituciones educativas públicas o privadas impidan o estorben el acceso y permanencia de los niños en ellas, mediante actos, acuerdos, medidas o practicas cuyo efecto real, querido o no sea la negación del derecho a la educación, en todas sus  manifestaciones la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. CUARTO.-  ORDENAR que los progenitores de la niña CAROL ANDREA MORENO GOMEZ asuman la  responsabilidad que les incumbe y colaboren en  su educación con el colegio a fin de que pueda lograrse plenamente el propósito de su integración a la actividad escolar ordinaria. QUINTO.- SOLICITAR al señor Ministro de Educación Nacional que, en uso de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo de los artículos 13 y 44 de la Carta y demás normas concordantes, considere la conveniencia de presentar  a la brevedad posible ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establezca los objetivos, instrumentos, procedimientos y responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en orden a garantizar la efectiva integración de los niños con necesidades especiales en el sistema educativo nacional ordinario. SEXTO.-  Para lo de su competencia,  ENVIENSE sendas copias del presente fallo al señor Ministro de Educación Nacional, al Defensor del Pueblo,  a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a los Consejeros  Presidenciales para los derechos humanos, la juventud, la familia y la mujer respectivamente. SEPTIMO.- ORDENAR  que por secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Sopó Departamento de Cundinamarca, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Dada en Santafé de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Aclaración de Voto- ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA No. T-429 CORTE CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA/REVISION FALLO DE TUTELA/PRUEBAS-Improcedencia (Aclaración de voto) En la etapa de revisión de sentencias sobre tutela, la función de la Corte Constitucional no es la que corresponde al tribunal de instancia sino la de efectuar la comparación entre lo resuelto por los jueces y las previsiones de la Carta Política, a efectos de orientar y unificar -desde ese punto de vista estrictamente jurídico- la jurisprudencia constitucional. La Corte no está llamada en principio a fallar el caso concreto sobre el cual recayeron ya las sentencias de los jueces de instancia, sino a revisar dichas sentencias dentro de la perspectiva de la Constitución. Cosa distinta es que, con motivo de esa revisión, la Corte encuentre que la interpretación o aplicación de las normas constitucionales ha sido errónea y deba por eso revocar total o parcialmente las providencias que examina, pues entonces sí está obligada a resolver el caso específico a la luz de los principios que considera válidos, sustituyendo así la decisión revocada; al hacerlo, debe partir de los supuestos fácticos que el expediente le ofrece, salvo casos excepcionalísimos. Esto último hace que la Corte deba insistir en la necesidad de que los jueces de tutela, cuando sea pertinente y necesario para adoptar sus decisiones, decreten y practiquen las pruebas indispensables. El Decreto 2591/91 no faculta a la Corte  Constitucional para decretar pruebas en la etapa de revisión. Santafé de Bogotá,D.C., veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Debo aclarar mi voto en el asunto de la referencia en el siguiente sentido: Observo, tanto en este caso como en otros procesos, que el Honorable Magistrado sustanciador ha ordenado la práctica de pruebas, en este caso consistentes en la consulta a expertos. Con el debido respeto hacia la autonomía que debe tener cada Magistrado en la conducción del proceso a su cargo y conocedor de que el voto de los otros miembros de la respectiva Sala no versa sobre el trámite que antecedió a la ponencia sino sobre la ponencia misma, me permito expresar mi concepto en el sentido de que, en esta etapa de revisión de sentencias sobre tutela, la función de la Corte Constitucional no es la que corresponde al tribunal de instancia sino la de efectuar la comparación entre lo resuelto por los jueces y las previsiones de la Carta Política, a efectos de orientar y unificar -desde ese punto de vista estrictamente jurídico- la jurisprudencia constitucional. Estimo que la Corte no está llamada en principio a fallar el caso concreto sobre el cual recayeron ya las sentencias de los jueces de instancia, sino a revisar dichas sentencias dentro de la perspectiva de la Constitución. Cosa distinta es que, con motivo de esa revisión, la Corte encuentre que la interpretación o aplicación de las normas constitucionales ha sido errónea y deba por eso revocar total o parcialmente las providencias que examina, pues entonces sí está obligada a resolver el caso específico a la luz de los principios que considera válidos, sustituyendo así la decisión revocada; al hacerlo, debe partir de los supuestos fácticos que el expediente le ofrece, salvo casos excepcionalísimos. Esto último hace que la Corte deba insistir en la necesidad de que los jueces de tutela, cuando sea pertinente y necesario para adoptar sus decisiones, decreten y practiquen las pruebas indispensables. Por otra parte, debe recordarse que el Decreto 2591 de 1991, aplicable al procedimiento que debe cumplirse en materia de acciones de tutela, no faculta a esta Corte para decretar pruebas en la etapa de revisión. Esta posición ha sido acogida en la fecha por otra Sala de Revisión, la número 3, que preside el suscrito (Expediente T-1005). JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-02, expediente No. T-644, Santafé de Bogotá D. C. Mayo 8 de 1992. 2 Constitución Política, Art. 67, inciso 1. 3 Ramírez Ocampo, Augusto.  Plenaria Debates 10 de Junio de 1991. 4 Cfr. Faure Edgar y otros, Aprender a ser. La educación del futuro. Informe UNESCO. Alianza- UNESCO, Tercera edición, Madrid 1974, p. 114. 5 Cfr. Ministerio de Educación Nacional, Proyecto de Ley: Sistema Nacional de Educación. Versión preliminar: documento para discusión. Santafé de Bogotá, Marzo de 1992.. 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 6 de julio de 1972. Magistrado ponente Eustorgio Sarria Morcillo. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 4 de Noviembre de 1982. Magistrado ponente: Manuel Gaona Cruz. 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia de 4 de junio de 1981. Magistrado ponente: Ricardo Medina Moyano. 9 fr.  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de Septiembre de 1978.  Consejero ponente: Carlos Galindo Pinilla 10 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de Mayo de 1967. Consejero Ponente: Humberto Mora Osejo. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de Agosto de 1976. Consejero ponente: Miguel Lleras Pizarro. 12 DUGUIT, León. Traité de droit constitutionnel.  Ed. Anciénne Librarie, París, 1925, tomo 5o., p. 355. 13 Cfr. Decreto 2591 de 1991, artículo 42 numeral 1. 14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia No. T-02, expediente T-644 15 Cfr. Constitución,  Artículos 44 y 67. 16 Cfr. Constitución,  Art. 13, inciso 2. 17 Cfr. Constitución,  Art. 13, inciso 3. 18 Cfr. Cajiao, Francisco.  Educación Especial y Derechos Humanos.  En: Ministerio de Educación Nacional,  Foro de Educación Especial. Marzo de 1991. p. 3-4. (Policopiado). 19 Cfr. Brown v. Board of Education, 347 U. S. 483 (1954). [1] Cfr. Strike Kenneth A. "Educational Policy and the Just Society".  University of Illinois Press, Urbana, 1982, p. 193. [2] Cfr. Pamblanco María Pilar. Una escuela para todos: Estrategias para la Integración Escolar. En: ICFES, Primer Encuentro Nacional de Educación Especial. Bogotá, Colombia 1987, p. 168. [3]  Cfr. Valdivieso Sarmiento Alfonso. La Escuela es una para todos. Folleto divulgativo. República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. [4]  Cfr. Instituto Nacional de Salud. Anemias nutricionales. - Situación nutricional de la población colombiana 1977-80 (Volúmen II). Serie Publicaciones  Científicas, No. 4. Bogotá, Febrero de 1986. p. 49. [5] Cfr. Cajiao, Op. cit., p. 4

T-430-92 Sentencia No Sentencia No. T-430/92 ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS DE LA RAMA LEGISLATIVA La acción de tutela es reconocida por la Constitución a favor de todas las personas cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, sin distinguir entre ellas, de tal forma que, en principio, es posible intentarla contra actos emanados de servidores pertenecientes a cualquier rama u órgano del poder público y aún de las corporaciones públicas. Asiste la razón al accionante cuando afirma que también los actos producidos por la rama legislativa son susceptibles de esta acción. ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/REPRESENTACION LEGAL El artículo 86 de la CP, no está excluyendo a las personas jurídicas para intentar la acción de tutela, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especiales de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Sin embargo, para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/PERJUICIO IRREMEDIABLE En el asunto que motiva esta sentencia, el peticionario podría haber acudido al medio de defensa judicial previsto en el C.C.A., con el objeto de obtener que en el curso del respectivo proceso se ventilara la cuestión relativa a la participación de las minorías políticas en las mesas directivas de las cámaras y se definiera la controversia por él planteada en torno a la posible violación de los derechos correspondientes a esas minorías. No es el caso de un perjuicio irremediable que pudiera ser evitado mediante la tutela como mecanismo preventivo, toda vez que la nulidad de la elección de la mesa directiva del Senado, en el evento de prosperar, llevaría necesariamente a replantear el tema de las minorías como lo quiere el demandante, y por tanto, la solución que aportaría un fallo favorable a sus pretensiones no consistiría en una indemnización de perjuicios. -Sala Tercera de Revisión- Ref.:  Expediente T-945 Acción de Tutela ANATOLIO QUIRA GUAUÑA contra SENADO DE LA REPUBLICA Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C.,  mediante Acta   de Junio veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992). Se revisan las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, y por la Sala Plena de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los días veintisiete (27) de enero y diecinueve (19) de febrero del presente año, respectivamente. I.  ANTECEDENTES ANATOLIO QUIRA GUAUÑA, Senador de la República, quien dice actuar en representación del movimiento político denominado Alianza Social Indígena, instauró la acción de tutela contra la decisión del Senado de la República por medio de la cual eligió su mesa directiva el 1o. de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), según consta en Acta No. 01 de la sesión plenaria de esa corporación, correspondiente a la misma fecha (Anales del Congreso, Edición del 4 de diciembre de 1991, año XXXIV, No.20). Consideró el actor que con el mencionado acto fue desconocido el derecho de las minorías políticas de oposición para participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, ya que "el Partido Liberal y el Conservador se apoderaron de la Presidencia y de las vicepresidencias de la corporación". En su criterio, si el derecho de las minorías a participar de las mesas directivas de las corporaciones públicas hace parte del artículo único del Capítulo de la Carta titulado "Del estatuto de la oposición", es porque el concepto de minorías que se debe tener en cuenta para elegir la mesa directiva del Senado no es el meramente numérico, como de hecho se interpretó el artículo 83 de la Constitución derogada y como fue aplicado el  1o. de diciembre mediante el acto objeto de la acción. Expresó en su escrito que, a fin de institucionalizar la oposición política, la Asamblea Nacional Constituyente determinó liberar a las minorías de oposición de los vaivenes de los acuerdos políticos entre los partidos mayoritarios, que hacían nugatorio el derecho consignado en el mencionado artículo 83. Este propósito, dijo el demandante, se concretó en la consagración de un derecho, en cabeza de las minorías que no participan del Gobierno, a tener asiento en las mesas directivas de las corporaciones públicas. Para el peticionario la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de los jueces, los órganos de control o la Rama Legislativa, con excepción de las leyes, excluídas expresamente por el artículo 6o del Decreto 2591 de 1991. Siendo las elecciones internas actos del Congreso que generan situaciones individuales y, por tanto, susceptibles de violar derechos constitucionales, es posible interponer contra ellas la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución. El actor dijo actuar como representante de la Alianza Social Indígena y sustentó así la pertinencia de la acción a nombre de personas jurídicas: los partidos y movimientos políticos, así como las organizaciones sociales que intervengan en elecciones, tienen derecho a ejercer la acción de tutela, pues el artículo 86 de la Constitución se refiere a "toda persona", y aquellos son personas jurídicas. Y también las personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Incluso se puede ver que dentro del catálogo expreso de derechos fundamentales que trae el Capítulo I del Título II de la Carta se encuentran casos en los cuales un derecho fundamental está en cabeza de una persona jurídica, como el artículo 19 que se refiere a iglesias o el artículo 39 a los sindicatos y asociaciones obreras o patronales. Si la acción de tutela recae primeramente sobre los derechos de ese capítulo, debe aceptarse que las iglesias y los sindicatos tienen aquella acción como medio de defensa de sus derechos. De la misma manera, dice el peticionario, agrupaciones políticas minoritarias tienen derechos fundamentales, en este caso el consagrado en el artículo 112 de la Carta, que de no ser respetado las deja sin garantías y a su inferioridad numérica se agrega el ostracismo. II.  LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION Mediante fallo del veintisiete (27) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá resolvió declarar improcedente la acción de tutela instaurada. Afirmó el Tribunal que, según el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no cabe cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial y que, en el caso de autos, por tratarse de un acto electoral ese medio es la acción pública electoral, consagrada en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo. "Por demás, -señaló la providencia- no se utilizó (la tutela) como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". La magistrada Auristela Daza Fernández, quien salvó el voto, estimó que el acto contra el cual se ejerció la acción de tutela transgredió indiscutiblemente los artículos 13, 40 y 112 de la Constitución Política. En su sentir, el ejercicio del derecho a la oposición sólo se cumple cabalmente cuando en las mesas directivas del cuerpo colegiado de que se trate, tengan miembros de los partidos y movimientos minoritarios, atendiendo a su representación en ellos, de manera que la sola circunstancia de que se excluya a uno de dicha participación implica violación del derecho consagrado por el inciso segundo del artículo 112. A su juicio, cabía la tutela como mecanismo transitorio, pues la  Mesa Directiva del Senado está actuando efectivamente desde el día 1o. de diciembre de 1991, con lo cual se ha causado perjuicio irremediable al derecho de que se trata. Impugnada la decisión del Tribunal, correspondió resolver sobre ella a la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, Corporación ésta que confirmó el fallo por considerar que, en tratándose de actos emanados de cuerpos electorales, cualquier persona se encuentra habilitada para demandar la elección ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que decida sobre la legalidad o ilegalidad de la misma. El perjuicio en estos casos, dijo la Corte Suprema, no puede reputarse como irremediable, pues en materia Contencioso Administrativa la ley contempla mecanismos capaces de impedir que actos ilegales se prorroguen indefinidamente (Ley 96 de 1986, artículo 66, sobre Suspensión Provisional). III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Es esta Corte la competente para revisar las sentencias mencionadas, dentro del ámbito de la jurisdicción constitucional y muy particularmente a partir de los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política, 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. 2. Tutela contra actos de la Rama Legislativa La acción de tutela es reconocida por la Constitución a favor de todas las personas cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, sin distinguir entre ellas, de tal forma que, en principio, es posible intentarla contra actos emanados de servidores pertenecientes a cualquier rama u órgano del poder público y aún de las corporaciones públicas (artículo 123 de la Constitución). Así, pues, considera la Corte que asiste la razón al accionante cuando afirma que también los actos producidos por la Rama Legislativa son susceptibles de esta acción. Tanto las cámaras como las comisiones permanentes que dentro de ellas se conforman de acuerdo con lo previsto por el artículo 142 de la Constitución y sus mesas directivas tienen aptitud efectiva para proferir actos o incurrir en omisiones por cuyo medio se vulnere o amenace vulnerar un derecho fundamental, siendo lógico entonces que éste sea protegido por la vía de la acción de tutela, de manera definitiva o al menos transitoria en orden a evitar un perjuicio irremediable. Desde luego, como también lo apunta el actor, están excluídas las leyes que expida el Congreso, pero también lo están -digámoslo de una vez- los actos legislativos reformatorios de la Constitución (artículos 374 y 375 Constitución Política), ya que respecto de aquellas y de éstos, la propia Carta ha previsto la acción de inexequibilidad para atacarlos por los motivos allí mismo indicados, si vulneran sus preceptos (artículo 241, numerales 1, 2, 4 y 10 Constitución Política). Debe recordarse, además, que el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 declara expresamente que la acción de tutela no procede cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 3. Acción de tutela incoada por personas jurídicas Como lo expresa el Preámbulo de la Carta, una de las motivaciones del constituyente al expedirla consistió en la necesidad de garantizar un orden político, económico y social justo. En perfecta concordancia con ese propósito, el artículo 1o. de la Constitución define a Colombia como Estado Social de Derecho, al paso que el 2o. le señala a ese Estado, como dos de sus fines esenciales, el de asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes y el de facilitar la participación de todos  en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. El artículo 4o. subraya el carácter supralegal de la Constitución, y su prevalencia en todo caso de conflicto con normas de nivel jerárquico inferior. La acción de tutela no puede entenderse como una figura ajena al sistema jurídico fundado en la Constitución  y, por el contrario, debe ser concebida con criterio teleológico, es decir, como instrumento al servicio de los fines que persiguen la organización política y el ordenamiento fundamental, uno de los cuales radica en la eficacia de las normas superiores que reconocen los derechos esenciales de la persona (artículo 5o.). Desde luego, la persona humana es sociable por su misma naturaleza y no es posible una verdadera protección de ella desechando ese carácter ni prescindiendo de su innegable inserción dentro del contexto colectivo en cuyo medio se desenvuelve. Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que  "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación; si bien, como lo dice el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumirán auténticos, deben presentarse. En el caso que se examina, no obra en el expediente ningún elemento de juicio a ese respecto. 4. Improcedencia de la acción de tutela en este caso Como lo ha venido sosteniendo esta Corporación, el artículo 86 de la Carta Política, desarrollado por el 6o. del Decreto 2591 de 1991, excluye la acción de tutela cuando el afectado tenga a su disposición otros medios de defensa judicial que le permitan hacer efectivo el derecho que se le conculca o amenaza, a menos que la acción se intente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.1 En el caso sub-judice, el Código Contencioso Administrativo adoptado mediante Decreto No.01 de 1984, confía al Consejo de Estado la competencia para resolver sobre las acciones que se intenten contra las elecciones o nombramientos efectuados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El artículo 128, numeral 4o., de dicho Código señala: "Artículo 128.- Subrogado. D. E. 597/88, art.2o. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) 4. De la nulidad de las elecciones de Presidente de la República, designado a la Presidencia, senadores y representantes a la Cámara, así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el congreso, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden nacional" (Subraya la Corte). Por su parte el artículo 136 del mismo estatuto, subrogado por la Ley 14 de 1988, artículo 7o., establece que la acción electoral caducará en 20 días contados a partir del día siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto que declara la elección de cuya nulidad se trata. Así, pues, en el asunto que motiva esta sentencia, el peticionario podría haber acudido al medio de defensa judicial en referencia, con el objeto de obtener que en el curso del respectivo proceso se ventilara la cuestión relativa a la participación de las minorías políticas en las mesas directivas de las cámaras y se definiera la controversia por él planteada en torno a la posible violación de los derechos correspondientes a esas minorías. No es el caso de un perjuicio irremediable que pudiera ser evitado mediante la tutela como mecanismo preventivo, toda vez que la nulidad de la elección de la mesa directiva del Senado, en el evento de prosperar, llevaría necesariamente a replantear el tema de las minorías como lo quiere el demandante, y por tanto, la solución que aportaría un fallo favorable a sus pretensiones no consistiría en una indemnización de perjuicios, lo cual significa que no se configura el presupuesto contemplado en el artículo 6o., numeral 1o., del Decreto 2591 de 1991. Téngase presente, además, lo ya subrayado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que se revisa, en relación con la posibilidad legal de impedir que actos contrarios al ordenamiento jurídico se prorroguen indefinidamente (Ley 96 de 1986, artículo 66):  "En los procesos electorales procede la suspensión provisional". De lo anterior se deduce con entera claridad que, no obstante ser de la mayor importancia los derechos alegados por el accionante, no era la acción de tutela el mecanismo constitucional adecuado para su protección, motivo suficiente a juicio de la Corte para confirmar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia objeto de revisión, a su vez confirmatoria del fallo pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, actuando en Sala de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.- CONFIRMASE la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 19 de febrero de 1992, por medio de la cual se confirmó el fallo del 27 de enero del mismo año, emanado del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por ANATOLIO QUIRA GUAUÑA, quien dice actuar a nombre de la ALIANZA SOCIAL INDIGENA. SEGUNDO.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. COPIESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO    FABIO MORON DIAZ Magistrado                                   Magistrado El Magistrado MARTINEZ CABALLERO se encontraba en la fecha en uso de permiso concedido por el Presidente de la Corporación. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Ver sentencias Nos. 1, 3, 7,  12, 405  y  410 de esta misma Sala

T-431-92 Sentencia No Sentencia No. T-431/92 ACCION DE TUTELA/COMPETENCIA DE TUTELA/SENTENCIA INHIBITORIA-Improcedencia La competencia especial establecida por el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no puede convertirse en regla general sino que debe atenderse a su carácter exceptivo para evitar que se desvirtúe el propósito buscado por el Constituyente, cuyo sentido es el de ofrecer a todas las personas la ocasión de obtener, sin mayores disquisiciones ni controversias de orden procedimental o formal, el efectivo amparo a sus derechos, siempre y cuando haya lugar al mismo.  Así, pues, el superior jerárquico debe resolver, según el art. 4o. Decreto 2591/91, sobre las acciones de tutela que se instauren contra providencias proferidas por los jueces y tribunales que en su texto se indican, pero esa regla no es aplicable a las que se intenten contra providencias emanadas de jueces no comprendidos dentro de dicha enumeración. Es claro que los jueces de Circuito están excluídos de la enunciación legal y, por tanto, no es aceptable la resolución inhibitoria de la juez de conocimiento, máxime cuando esta clase de providencias se halla expresamente prohibida. CORTE CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA/REVISION FALLO DE TUTELA/PRUEBAS-Improcedencia No siendo posible el decreto de pruebas en la etapa de revisión, por cuanto no lo contempla el Decreto 2591 de 1991 y porque la función de la Corte Constitucional al revisar las sentencias de tutela no implica en principio un fallo de instancia ni por tanto una reanudación del proceso sino que busca apenas la confrontación de lo decidido con la Constitución Política, esta Corporación profiere fallo basado en los documentos que obran dentro del expediente. ACCION DE TUTELA/ACCION LEGAL ALTERNATIVA/PETICION DE OPORTUNIDAD-Improcedencia Cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho.  El solo hecho de añadir a las ya presentadas una solicitud más, esta vez apoyada en la "Petición de oportunidad", no constituye, a juicio de esta Corte, medio efectivo de defensa judicial pues, aun sin ese nombre, ya había sido agotado infructuosamente. ADMINISTRACION DE JUSTICIA/TERMINO JUDICIAL/MORA JUDICIAL/JUEZ-Responsabilidad No se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia. La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por razón de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable. En este caso sin perjuicio de las sanciones legales que hayan de ser impuestas por las autoridades competentes, si se configura la responsabilidad de la juez contra quien se instauró la acción, debe procederse de todas maneras a tutelar los derechos del ofendido y de las demás partes intervinientes en el proceso de marras, ordenando a la juez que cumpla en forma inmediata los deberes propios de su cargo. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-1005 Acción de Tutela instaurada por DIMAS SAMPAYO NOGUERA Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Sentencia aprobada mediante acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  ANTECEDENTES DIMAS SAMPAYO NOGUERA, haciendo uso de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, interpuso acción de tutela ante la Juez Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar), en contra de la Juez Unico Civil del Circuito del mismo municipio, alegando que ésta violó su derecho de petición e incurrió en denegación de justicia. En su escrito narró el peticionario que desde el doce (12) de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982), por medio de apoderado judicial, presentó ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Aguachica una demanda ordinaria de nulidad del nombramiento del administrador de una comunidad. El proceso, según el actor, se sustanció en ocho (8) años hasta que finalmente en abril de mil novecientos noventa (1990) fue pasado el expediente por la Secretaría al Despacho y se encuentra para sentencia, ampliamente vencido el término para proferirla, según el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil. Según el peticionario, esta prolongada mora del Juzgado le ha causado daños patrimoniales de gran magnitud, al punto de no poder pagar los honorarios de su apoderado de turno ni los gastos del proceso, habiéndose visto obligado por ello a solicitar a la Juez el amparo de pobreza, el nombramiento de apoderado de oficio y la exoneración del pago de costas, "a sabiendas que estaba impedido para hacerlo según lo prescrito por el art. 404 del C. de P.C. que le prohibe al Juez tramitar tal petición y al Secretario pasar al despacho tal petición, encontrándose el expediente para sentencia". El seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), la Juez profirió, una providencia mediante la cual concedió el amparo de pobreza y designó apoderado de oficio.  La abogada designada para desempeñar esta función no aceptó y la Juez procedió a nombrar en su reemplazo a otro abogado, el día veintiocho (28) de noviembre. De todo lo anterior el demandante deduce que la mencionada funcionaria judicial,  al omitir el cumplimiento de su obligación de dictar sentencia, ha hecho nugatorio su derecho de petición y vulnerado también el de obtener de la Rama Judicial la administración de pronta y cumplida justicia. II.  TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION La Juez Promiscuo de Familia, alegando que el Juzgado contra el cual se intentó la acción de tutela es de su misma jerarquía, se abstuvo de conocer de ella y remitió la solicitud al Tribunal de Distrito Judicial de Valledupar. El Tribunal consideró que el accionante contaba con otro medio de defensa judicial (la solicitud de oportunidad prevista en el artículo 43 del Decreto 2651 de 1991) y que, por tanto, con arreglo al artículo 6 del Decreto 2591, la acción de tutela era improcedente, razón por la cual denegó el amparo, añadiendo que frente a las actuaciones judiciales como aquella objeto de esta acción no es viable la tutela "porque de ser así se estaría desconociendo de tajo las leyes rituarias que trazan los procedimientos, las oportunidades y términos que tienen el juez y las partes para ejercer sus derechos, cumplir sus cargos, deberes y obligaciones". "En consecuencia -agregó el Tribunal- los estrados judiciales que conozcan de las acciones de tutela deberán actuar con celo y probidad para efectos de despachar su prosperidad teniendo en cuenta que lo serán en tratándose de actuaciones que le pongan fin al proceso, más no contra cualquier acto omisivo (sic) del funcionario jurisdiccional" (Subraya la Corte). III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia Esta Corporación, como cabeza de la Jurisdicción Constitucional, es competente para revisar las providencias en mención, de acuerdo con lo estatuído por el artículo 86 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. 2.  Debida interpretación del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 Según se desprende de la lectura del expediente, el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica se negó a resolver sobre la acción de tutela instaurada por SAMPAYO NOGUERA arguyendo su presunta incompetencia, deducida del hecho de la igual jerarquía entre su Despacho y el de la Juez contra quien aquella se interpuso. La Corte estima indispensable corregir la equivocada interpretación del Juzgado sobre el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta norma es a todas luces excepcional y, por ende, su alcance no puede ser extensivo ni analógico, sino taxativo, es decir que lo allí dispuesto es aplicable únicamente a los casos expresamente previstos, no solamente por aplicación del principio universal que prohíbe al intérprete distinguir donde la norma legal no ha distinguido, sino por el perentorio mandato constitucional que ordena a los jueces resolver dentro de un término improrrogable sobre las acciones de tutela ante ellos instauradas, con el fin de brindar protección a las personas  "en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario", cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. De lo anterior se desprende que la competencia especial establecida por el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no puede convertirse en regla general sino que debe atenderse a su carácter exceptivo para evitar que se desvirtúe el propósito buscado por el Constituyente, cuyo sentido es el de ofrecer a todas las personas la ocasión de obtener, sin mayores disquisiciones ni controversias de orden procedimental o formal, el efectivo amparo a sus derechos, siempre y cuando haya lugar al mismo.  Así, pues, el superior jerárquico debe resolver, según la norma legal citada, sobre las acciones de tutela que se instauren contra providencias proferidas por los jueces y tribunales que en su texto se indican, pero esa regla no es aplicable a las que se intenten contra providencias emanadas de jueces no comprendidos dentro de dicha enumeración. Es claro que los jueces de Circuito están excluídos de la enunciación legal y, por tanto, no es aceptable la resolución inhibitoria de la juez de conocimiento, máxime cuando esta clase de providencias se halla expresamente prohibida por el artículo 29 del mismo Decreto 2591, Parágrafo. IV.  PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA A la luz del Código de Procedimiento Civil (artículo 124) y según lo que obra en el expediente, la funcionaria judicial a quien correspondía fallar dentro del proceso instaurado por el accionante desde mayo de 1982, dejó vencer el término legalmente previsto para proferir sentencia, causando perjuicio a las partes y obstruyendo el acceso de éstas a la efectiva administración de justicia, es decir que con su omisión violó derechos fundamentales constitucionales según se verá más adelante en este fallo. En efecto, dicha norma, modificada por el artículo 1º, reforma 68, del Decreto 2282 de 1989, establece: "Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el de diez y las sentencias en el de cuarenta, contados desde que el expediente pase al Despacho para tal fin". En este caso, según afirma el demandante, el expediente se encuentra al Despacho de la Juez para sentencia desde abril de 1990. La Corte, en desarrollo del principio de la buena fe plasmado en el artículo 83 de la Constitución, presume la veracidad de lo expuesto por el actor, ya que ello no fue desvirtuado por la Juez de tutela en la primera instancia, ni por el Tribunal de Valledupar en la segunda, quienes omitieron decretar pruebas, como era su deber, para determinar la verdad de los hechos.  No siendo posible ese decreto de pruebas en la etapa de revisión, por cuanto no lo contempla el Decreto 2591 de 1991 y porque la función de la Corte Constitucional al revisar las sentencias de tutela no implica en principio un fallo de instancia ni por tanto una reanudación del proceso sino que busca apenas la confrontación de lo decidido con la Constitución Política, esta Corporación profiere fallo basado en los documentos que obran dentro del expediente.  Uno de ellos, el auto de fecha seis (6) de noviembre de 1991 proferido por la Juez Civil de Circuito de Aguachica para resolver sobre la solicitud de amparo de pobreza reconoce en sus considerandos que el proceso "se encuentra para sentencia" y no se ocupa en contradecir la afirmación del actor en la solicitud correspondiente en el sentido de que "el presente ordinario de nulidad (...) se encuentra a Despacho para sentencia desde el pasado mes de mayo de 1990, o sea hace más de un (1) año...". A lo anterior se suma que la Juez de tutela en primera instancia guarda absoluto silencio y que el Tribunal de Valledupar no pone en tela de juicio lo aseverado por el demandante y, por el contrario, lo supone en el considerando número 2 de su sentencia cuando le indica que debe utilizar la vía de la "petición de oportunidad" prevista en el artículo 43 del Decreto 2651 de 1991 precisamente para los casos en que el término para proferir sentencia ya vencieron. Así, pues, de todo lo dicho se infiere que asiste razón al solicitante. Ahora bien, no se discute en este asunto si procede o no la acción de tutela contra sentencias judiciales.  Al contrario, cabalmente lo impetrado por el actor es que se produzca un fallo, de tal manera que no se halla en juego el principio de la cosa juzgada. Se trata de definir si puede ser objeto de tutela la vulneración de derechos fundamentales cuando ella es el producto del incumplimiento de los términos procesales que obligan al funcionario competente de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política. No se oculta a esta Corte que el peticionario carecía de medios aptos para la defensa real de sus derechos y que tal evento está cobijado por la previsión del artículo 86 de la Carta, que otorga a la persona una oportunidad de acudir a los jueces para invocar que se apliquen en su caso las disposiciones constitucionales que la amparan, dada la inexistencia de mecanismos alternativos con tal fin. El Tribunal Superior de Valledupar estimó que el accionante tenía a su disposición un medio de defensa judicial en efecto creado por el Decreto 2651 de 1991 con el objeto de contribuir a la descongestión de los despachos judiciales, bajo la denominación de Petición de oportunidad, en los siguientes términos: "ARTICULO 43.-  Petición de oportunidad.  Los jueces deberán dictar las sentencias en el mismo orden en que hayan entrado al despacho para fallo.  Cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, transcurridos tres días a partir del vencimiento del término para proferir sentencia, sin que ésta se hubiere omitido, que la dicte con prelación de los demás asuntos pendientes en su despacho.  En caso de varias solicitudes de oportunidad, las resolverá según el orden de presentación". Esta Sala ha insistido en varios de sus fallos en el sentido constitucional que tiene, frente a la efectividad del derecho material conculcado, el "otro medio de defensa judicial" aludido por el artículo 86 de la Constitución como elemento cuya existencia hace improcedente la acción de tutela a no ser que se intente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ha sostenido la Corte que el medio de defensa en cuestión ha de ser idóneo para obtener una protección cierta y concreta del derecho fundamental de cuya violación o amenaza se trata. En sentencia del 11 de mayo de 1991, esta misma Sala expresó: " Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho.  Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho.  De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía"1 . Pues bien, en el caso materia de análisis, el actor, aun antes de expedido el Decreto 2651 de 1991, había hecho uso reiterado del mecanismo allí previsto solicitando a la Juez cuya sentencia  se demoraba que procediera a fallar, esto es, exactamente la misma petición a que alude la norma transcrita, sin resultado práctico alguno.  Así consta en el escrito en que se invoca la tutela y en el memorial presentado a la Juez el 7 de octubre de 1991, así como en las providencias por medio de las cuales, en vez de sentencia, la titular del Despacho Judicial concedió el amparo de pobreza y designó abogados de oficio (autos del 6 y el 28 de noviembre de 1991). El solo hecho de añadir a las ya presentadas una solicitud más, esta vez apoyada en la "Petición de oportunidad", no constituye, a juicio de esta Corte, medio efectivo de defensa judicial pues, aun sin ese nombre, ya había sido agotado infructuosamente. Cabía, entonces, la acción de tutela como único medio enderezado a obtener la certeza del derecho que a SAMPAYO NOGUERA le venía siendo desconocido. En consecuencia, la providencia del Tribunal Superior de Valledupar habrá de ser revocada y, en su lugar, se ordenará proceder de conformidad con lo dispuesto en este fallo de revisión. V.  LOS DERECHOS CONCULCADOS La Constitución Política de 1991 está inspirada, entre otros muchos, en el propósito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero también entre otros funcionarios públicos, de incumplir los términos procesales acarreando a los destinatarios de la administración de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus más elementales derechos. A título de ejemplo, para ilustrar lo que se acaba de afirmar, pueden recordarse, entre muchos antecedentes con idéntico sentido, los que siguen: El Delegatario Horacio Serpa Uribe, en su exposición de motivos a un proyecto de Acto Reformatorio por él presentado sobre indemnizaciones a cargo del Estado por los daños que fueran consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, enunciaba entre los vicios de ésta "los casos de morosidad, de denegación de justicia (...), de retardo desmesurado de la prestación del servicio", afirmando que ellos "exceden la normal tolerancia de lo que para el común de las personas impone la vida en sociedad"2 . Por su parte, el Constituyente Alvaro Gómez Hurtado profundizaba en la necesidad de establecer normas constitucionales que propendieran efectivamente por el cumplimiento de los deberes impuestos a los funcionarios públicos, enunciando entre ellos a los judiciales: "...resulta inadmisible que las autoridades públicas, en frente de los deberes que les impongan la Constitución y la ley con el afán de atender el interés general, puedan asumir actitudes pasivas e inertes, e incurran en conductas omisivas que, a la postre, constituyen inobservancia de sus deberes.  con tal comportamiento se defraudan -con muy graves consecuencias- las expectativas de los asociados que, esperanzadamente, aguardan el obrar de sus autoridades". --------------------------------------------- "...sus prerrogativas y sus actuaciones no son ni mucho menos graciosas, sino que, por el contrario casi siempre están consagradas de modo obligatorio y reglado". --------------------------------------------- "...se propone (...) un complemento necesario que garantice la efectividad de la Constitución y de las leyes, evitando así que tales disposiciones puedan quedar consignadas como letra muerta..." --------------------------------------------- "Los órganos judiciales no podrán dejar de dar aplicación a las normas contentivas de derechos individuales..."3 En la Ponencia presentada a la consideración de la Asamblea Constituyente por los delegatarios Jaime Fajardo Landaeta y Alvaro Gómez Hurtado el 5 de abril de 1991, se proponía consagrar como principio de administración de justicia  el de celeridad, con el siguiente texto: "Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces.  El funcionario que incumpla los términos procesales sin causa justificada incurrirá en causal de mala conducta".  A lo anterior se agregaba, entre las funciones del Consejo Superior de la Judicatura la de "llevar el control del rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales en los términos que señale la ley"4 La Delegataria María Teresa Garcés LLoreda proponía también la institucionalización de la mora en las decisiones y trámites judiciales como causal de mala conducta y la sustentaba así: "Es para todos sabido que uno de los mayores males que aquejan a la Administración de Justicia es la morosidad en la prestación de este servicio público.  Procesos de índole penal, civil, laboral y contencioso administrativo demoran en los despachos respectivos un considerable tiempo haciéndose nugatoria la administración de justicia y causándose con ello gravísimas consecuencias de todo orden a la convivencia social de los ciudadanos"5 . Como esta Sala de la Corte estima que, pese a lo diciente de estos y similares antecedentes fidedignos del establecimiento de la actual Constitución, el sistema subjetivo de interpretación no puede llevar por sí solo a determinar cabalmente el sentido de la preceptiva constitucional, debe completarse lo ya expuesto con el análisis sistemático y teleológico de la normativa constitucional sobre este tema. Desde el punto de vista de las finalidades buscadas por la Carta Política en vigor, es suficiente recordar que en el Preámbulo de la misma se contempla el aseguramiento de la justicia y el logro de un orden justo como objetivos esenciales del sistema político que en ella se funda, al paso que en el artículo 1º se reconoce la prevalencia del interés general como una de las bases del Estado Social de Derecho y en el 2º aparece la garantía de efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución como uno de los fines del Estado.  La misma disposición confía a las autoridades de la República la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, uno de los cuales es sin duda el de brindar a los asociados una pronta y cumplida justicia, tal como lo indica el artículo 228, a cuyo tenor es una función pública. El mencionado artículo 228 alude de manera directa al tema que nos ocupa y estatuye de modo perentorio:  "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".  Esta norma debe interpretarse en relación con el artículo 6º de la Constitución, relativo a la responsabilidad de los servidores públicos por omisión en el ejercicio de sus funciones y con el 256 Ibidem, que al enunciar las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, confía a este organismo la de "llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales". En cuanto al derecho de la persona afectada por la omisión, de manera específica se configura una obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de justicia (artículo 229), derecho éste cuyo carácter fundamental es para la Corte innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la realización concreta de estas depende en grado sumo de la celeridad con que actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado el Constituyente. Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia. Al tenor del artículo 122 de la Carta, "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben". Ese juramento compromete al juez y conduce a su responsabilidad cuando falta a su deber, según los artículos 6 y 124 de la Constitución. La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por razón de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable. En el caso sub-judice, la Corte estima pertinente que, sin perjuicio de las sanciones legales que hayan de ser impuestas por las autoridades competentes, si se configura la responsabilidad de la juez contra quien se instauró la acción, debe procederse de todas maneras a tutelar los derechos del ofendido y de las demás partes intervinientes en el proceso de marras, ordenando a la juez que cumpla en forma inmediata los deberes propios de su cargo. Con el fin de determinar la responsabilidad de dicha funcionaria, se enviarán copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para lo de sus respectivas competencias. VI.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia en Sala de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  REVOCANSE las providencias proferidas por la Juez Promiscuo de Familia de Aguachica (Cesar) y por el Tribunal de Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil, los días veintiuno (21) de enero y dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante las cuales se decidió sobre la acción de tutela instaurada por DIMAS SAMPAYO NOGUERA. Segundo.-  Comuníquese al Juez de primera instancia el contenido de esta providencia, según lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para que, una vez notificada, adecúe su fallo a lo dispuesto en ella y, en especial, para que ordene a la Juez Unico Civil del Circuito de Aguachica proferir sentencia dentro del proceso aludido en la demanda de tutela instaurada por DIMAS SAMPAYO NOGUERA, en un término que no podrá exceder de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes. Tercero.-  Remítanse copias del expediente y de este fallo al Procurador General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia. Cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO      FABIO MORON DIAZ Magistrado Magistrado El Magistrado MARTINEZ CABALLERO se encontraba en la fecha en uso permiso concedido por el Presidente de la Corporación. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1  Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo de mayo 11 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 2 SERPA URIBE, Horacio:  Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 91.  Justicia.  Gaceta Constitucional No.24.  Miércoles 20 de marzo de 1991.  Págs. 28 y 29. 3 GOMEZ HURTADO, Alvaro: Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No.25.  "El ámbito de acción de los funcionarios públicos y de los particulares".  Gaceta Constitucional Nº.19.  Marzo 11 de 1991.  Págs. 5 y 6. 4 FAJARDO LANDAETA, Jaime y GOMEZ HURTADO, Alvaro: Ponencia. De los principios de la Administración de Justicia y de la creación del Consejo Superior de la Judicatura".  Gaceta Constitucional No. 38. viernes 5 de abril de 1991.  Pág. 12. 5 Constitucional No. 38.  Viernes 5 de abril de 1991.  Pág. 12 GARCES LLOREDA, María Teresa:  "Adición al principio de celeridad".  Gaceta Constitucional No. 88.  Lunes 3 de junio de 1991.  Pág. 2.

T-432-92 Sentencia No Sentencia No. T-432/92 IGUALDAD ANTE LA LEY/DERECHOS FUNDAMENTALES/IGUALDAD FORMAL/IGUALDAD MATERIAL El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales   y  de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad. La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental  tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también  por el valor trascendente  que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida convivente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo. IGUALDAD ANTE LA LEY/SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS El derecho a la igualdad impone el deber de no consagrar un igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas, es decir, la obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran en desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y cultural. El ordenamiento jurídico sobre los servicios públicos domiciliarios, considerados los estatutos mencionados en su conjunto,  se preocupa por colocar  los medios aptos para lograr en la mayor medida posible una situación de igualdad de oportunidades en la obtención del servicio de acueducto.  Así lo indica cuando no obstante señalar que todas las personas podrán solicitar la prestación del referido servicio, concede preferencias a las solicitudes de los ocupantes de viviendas de interés social e igualmente otorga prioridad a las soluciones de los problemas de suministro de agua en los asentamientos en donde la infraestructura de servicios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la infraestructura formal urbana o en donde las familias viven en condiciones de pobreza crítica. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 860. Acción de   tutela   contra                                             actuación del Gerente General                                              de  la  Empresa Municipal de                                           Servicios Públicos de Ocaña. Tema:        Derecho a  la  Igualdad como                                           Derecho Fundamental. Actoras: LUZ MARINA BECERRA HENETH DURAN. Magistrados: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente Dr. JAIMEN SANIN GREIFFENSTEIN Dr. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogota, D.C., veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez,  Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita  Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña, el dia doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992). I. ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Las actoras exponen los siguientes hechos en su demanda de tutela presentada ante el Juez Segundo Civil Municipal de Ocaña: El gerente general de la empresa municipal de servicios publicos de Ocaña, doctor Saury José Thomas Manzano, dispuso eliminar la instalación ilícita de la tubería de agua potable de la red central del barrio El Carmen hecha por Luz Marina Becerra en la carrera 28C No. 10-41 y Heneth Duran en la carrera 28C No. 9-62. Las demandantes a la par que reconocen la actitud ilícita de parte de ellas de apegarse a la red madre sin la orden oficial, señalan su inconformidad en el sentido de que otras personas como son José Manzano y Eliécer Manzano, familiares del doctor Saury José Thomas Manzano, y además: Ramón Vergel, Ramón Becerra, Jesús Santiago y muchos otros miembros de la comunidad de los barrios Simón Bolívar y Circunvalar, no han tenido problema alguno, no obstante haber obrado de igual manera. B. DERECHOS VULNERADOS. Luz Marina Becerra y Heneth Duran  consideran se viola el principio de la igualdad, esto es, "todos los ciudadanos  son iguales  ante la ley",  pues la empresa muncipal de servicios públicos de Ocaña está parcializada en favor del sector del concejal Jairo Vergel. Anotan además que se viola el principio de la neutralidad, pues el gerente de la empresa aludida debe atender de preferencia el interés general sobre el interés particular de ciertos grupos de presión o determinados partidos políticos. C. PETICIONES. Los demandantes, en atención a que la conducta del referido gerente termina afectando grave y directamente el interés colectivo, piden la realización  de inspección judicial a efecto de constatar los hechos y el inicio de un proceso de tutela para que se les proteja el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, pues "varios hogares ocañeros podrían enlutarse al no estar dispuestos sus integrantes a que se siga atentando contra los derechos constitucionales, así se halla (sic) anunciado por parte del gerente de la empresa municipal de servicios públicos, el acudir a la fuerza pública". D. ACTUACION PROCESAL. Con el fin de dar trámite a la acción de tutela, el Juzgado dispuso de  conformidad con  el Decreto 2591 de 1991, evacuar las pruebas pertinentes, para luego de ello proferir el fallo correspondiente. Obran en el proceso las siguientes pruebas: Oficio de 4 de febrero de 1992 suscrito por el gerente general  encargado de la empresa municipal de servicios públicos  de  Ocaña doctor Saury José Thomas Manzano en donde se expresa que a pesar de que inicialmente la empresa ordenó el corte de las instalaciones de tubería de agua potable de la red central del barrio El Carmen,  carrera 28 C No. 10-41 y carrera 28 C No. 9-62, por tratarse de actuación fraudulenta, posteriormente se acordó con la comunidad de dicho barrio  dejar la instalación de agua potable hecha por los usuarios y esperar se normalice completamente el servicio, bien sea a través de dos válvulas instaladas recientemente en la esquina de la escuela o estudiando la posibilidad de dar servicio por el sector donde actualmente se tiene la conexión fraudulenta. Agrega que durante la administración que él gerencia no existe permiso alguno para usuarios respecto de la red central del barrio, y si existiera sería anterior a su gestión, por lo tanto no se podría imputar a la administración actual. Diligencia de inspección judicial mediante la cual en primer lugar se constató que en el barrio "el Carmen" parte alta, concretamente en la carrera 28 C con  las calles  10a.  y 9a., existe un tubo de p.v.c. de media pulgada instalado de la red central por donde viene una calle en pavimentación a las casas en conflicto; tubo que se encuentra sellado por un tapón del mismo material y que no ha sido llevado a ninguna de las viviendas que se sienten afectadas. Y en segundo término, se determinó a través de las declaraciones de la  Ingeniera de Mantenimiento y Operaciones  Consuelo Cifuentes y del Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos Saury Thomas Manzano, lo siguiente: Las instalaciones verificadas, son fraudulentas. Ellas no serán mayor problema, mientras no se conecten otras, pues de hacerse, afectarían la parte  alta del barrio "El Carmen". Por ello y con fundamento en el artículo 32 del Decreto 1842 de 1991 -Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios-, se están cortando las instalaciones fraudulentas sobre la tubería madre, tanto en la parte baja del barrio "El Carmen"  como en  el  barrio  "Simon Bolivar".  Con el propósito de mejorar el servicio se han instalado por parte de la Empresa dos válvulas en la esquina de la escuela. De veinte días para acá, el servicio de toda la ciudad de Ocaña ha sido deficiente debido a que los transformadores de bombeo se fundieron, encontrándose la empresa en emergencia. Para efectos de instalación de agua potable, se debe hacer una solicitud a la Empresa, la que entrará a estudiar la factibilidad teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio.  Toda solicitud de conexión presupone un estudio técnico para así no perjudicar a las personas que gozan del servicio. Las solicitudes son objeto de un estudio cuidadoso debido a que las redes de todo el sistema de acueducto y alcantarillado de Ocaña fueron ejecutadas en 1957 presentándose muchos desfases, entre ellos una tuberia deteriorada, depreciada y deficiente, más aun, cuando la ciudad se expandió demasiado. E. FALLO QUE SE REVISA. Sentencia del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña, de 12 de febrero de 1992. Decisión: Negar la acción de tutela impetrada. Consideraciones: Se argumenta por parte del Juzgado que no se ha violado derecho fundamental alguno, por lo siguiente:  se trata de una conexión ilícita,  como lo reconocen las mismas demandantes.  El derecho al servicio de agua potable no ha sido pedido, como bien pudo suceder, ya que el articulo 32 del Decreto 1842 de 1991 faculta a toda persona o grupo de personas para solicitar y obtener los servicios públicos.  Esa clase de conexiones afectan las viviendas de la parte alta del barrio "El Carmen",  toda vez que la ubicación de las dos viviendas que pretenden la conexión fraudulenta, menoscabarían el derecho adquirido de los otros usuarios. II. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 9o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela,  es competente la Corte Constitucional para conocer en revisión del fallo del Juzgado Segundo Municipal de Ocaña. III. CONSIDERACIONES. 1.  Derecho a la igualdad como derecho cuya vulneración se demanda. Al respecto el texto del artículo 13 de la Constitución Nacional señala: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filósofica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de  debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 2.      Concepto y naturaleza del derecho a la igualdad ante la ley y las autoridades. Para puntualizar si la decisión del Gerente General de la  Empresa  Municipal de  Servicios Públicos de Ocaña, Santander, Saury José Thomas Manzano, vulnera el derecho de Luz Marina Becerra Navarro y Janneth Duran a recibir la misma protección, trato, libertades y oportunidades sin ninguna distinción, es preciso en primer lugar, determinar el concepto y la naturaleza del aludido derecho. 2.1. Concepto. El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas  circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio  de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho. Ya esta Corporación en sentencia No. D-006 de 29 de mayo de 1992, desentrañó el alcance del principio de la igualdad así: "Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales   y  de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano. Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.  En este sentido se deben adoptar medidas en favor  de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2o. y 3o. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad. El operador jurídico, al aplicar la igualdad con  un  criterio  objetivo, debe acudir  a la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano Mortati, ""consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de igualdad y su alcance""1 . El derecho a la igualdad impone entonces el deber de no consagrar un igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas, es decir, la obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran en desigualdad en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y cultural. Desarrollo de ello es el Decreto Ley 1842 de 1991 por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, que en sus artículos 3o. inciso 3o. y 6o. inciso 2o., señala que las empresas de servicios públicos domiciliarios "atenderán preferiblemente las solicitudes de los ocupantes de vivienda de interés social" y "deberán proveer soluciones a fin de garantizar el suministro de tales servicios  a los asentamientos subnormales".  Del mismo modo el no igualitarismo jurídico se expresa en el  Decreto  Ley 0951 de 1989 "por el cual se establece el Reglamento General para la prestación de los servicios de  acueducto y de alcantarillado en todo el territorio nacional", el cual en sus artículos 22 y 49 inciso 2o. dispone que para dar curso a una solicitud de conexión residencial a los servicios de acueducto y alcantarillado no se requiere ser propietario del inmueble y "los usuarios del estrato económico "bajo-bajo" no pagarán suma alguna por concepto de tarifa de conexión". Lo acabado de expresar corresponde a la protección que el artículo 13 de la Carta Política brinda especialmente a las personas que por condiciones económicas, entre otras, se hallan en estado de debilidad ostensible. El ordenamiento jurídico sobre los servicios públicos domiciliarios, considerados los estatutos mencionados en su conjunto,  se preocupa por colocar  los medios aptos para lograr en la mayor medida posible una situación de igualdad de oportunidades en la obtención del servicio de acueducto.  Así lo indica cuando no obstante señalar que todas las personas podrán solicitar la prestación del referido servicio, concede preferencias a las solicitudes de los ocupantes de viviendas de interés social e igualmente otorga prioridad a las soluciones de los problemas de suministro de agua en los asentamientos en donde la infraestructura de servicios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la infraestructura formal urbana o en donde las familias viven en condiciones de pobreza crítica. 2.2.  Naturaleza. La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental  tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también  por el valor trascendente  que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida convivente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo. La igualdad ante la ley y las autoridades ha quedado cristalizada como derecho fundamental por cuanto es esencial al ser humano, pues  elimina  la esclavitud, la servidumbre, las prerrogativas hereditarias y los privilegios de clases, consideración que es robustecida por la trascendencia  que a dicho derecho se le da en la Asamblea Nacional Constituyente y en los instrumentos y pactos internacionales. A. Asamblea Nacional Constituyente. En el informe de ponencia para primer debate en plenaria sobre el tema de la igualdad y que aparece en la Gaceta Constitucional No. 82, se manifiesta que: "Constituye progreso indudable frente a la muy somera enunciación de nuestra Carta Centenaria, la obligación del Estado de promover las condiciones de igualdad y la obligatoria adopción de medidas contra grupos, víctimas de discriminación o marginados. Conjuga perfectamente con el derecho a la igualdad que se otorga a todas las personas, la obligación de los poderes públicos de tutelar una de las más preciadas garantías de la persona humana". "Es indispensable expresar como se establece en la proposición sustitutiva que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes. La consecuencia directa de la igualdad, es la no discriminación de las personas, ni para perjudicarlas ni para favorecerlas, por causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su lengua o su ideología religiosa o política. Pero, además de la igualdad, se debe establecer por parte del Estado especial protección para aquellos que se encuentran en un nivel de desigualdad frente a los demás". B. Instrumentos y Pactos Internacionales. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada  por la Convención Francesa de 1789  reconoció y declaró en su artículo 1o. que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; por tanto, las distinciones sociales no tienen más fundamento que la utilidad pública. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de l948 expresa en su artículo 2o. No. 1o. que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La Convención Americana sobre Derechos Humanos del "Pacto de San José de Costa Rica" proclama lo siguiente: Dice el artículo 1o. que los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Preceptúa el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convinieron  lo siguiente: Su artículo 2o. numeral 1o. previene que cada uno de los Estados  se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 26 consagra que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordaron en su artículo 2o. numeral 1o.  que se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3. No se puede pretender la igualdad mediante actuaciones ilegales. La idea del derecho y en últimas de la justicia en función de la paridad o igualdad jurídica, implica la idea de la reciprocidad o contracambio. Esto significa que un sujeto al reclamar legalidad en el obrar de algunos, debe hacerlo sólo sobre la base de que su conducta es legal. En definitiva, el principio jurídico universal reclama que las  cosas que se quieren que los hombres hagan por uno, uno deberá hacerlas por ellos. En consecuencia y así mismo como uno no puede mejorar su condición con sus propios delitos, o lo hecho ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal usa de su poder, se le priva de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede otorgar el servicio de acueducto transgrediendo los procedimientos preestablecidos para su obtención. Una acción ilícita como es la de hacer instalaciones  a la tubería central de agua potable sin autorización, no obliga a que se consideren las aspiraciones de quién las realiza. Y quien por atentar contra el derecho de los demás, indebidamente utiliza su derecho a la igualdad, no se le debe reconocer éste. El hecho de llevar a cabo esa clase de instalaciones sin ninguna facultad, resulta ser un acto ilegal.  El proceder de las demandantes es ilegal en atención a que no sólo irrespeta los derechos ajenos, como se explicará más adelante, sino también porque viola la ley positiva que el Estado erigió para reglamentar la manera de alcanzar el servicio de acueducto. El acto de las demandantes ofende tanto a los particulares como al Estado. A los particulares, porque la actuación de ellas merma hasta el punto de menoscabarlo, el disfrute legal que los residentes de la parte alta del mismo barrio "El Carmen" tienen respecto al agua potable. Y al Estado, porque burla los requisitos y trámites establecidos por éste para la adquisición  del servicio de acueducto. Debido a esa ilicitud en el medio usado para reclamar su derecho a la igualdad, y mientras ella subsista pierden las actoras el derecho a solicitar en protección mediante las vías judiciales, incluída la acción de tutela. 4.  No vulneración del Derecho a la Igualdad que alegan las demandantes. Del material probatorio allegado al proceso de tutela, no se puede deducir la trasgresión del derecho a la igualdad. Si bien las actoras manifiestan en el escrito de demanda que los funcionarios encargados de ejecutar el servicio público de acueducto discriminan entre los usuarios por razones de opinión política, pues "están parcializados en favor de quienes siguen las orientaciones de un Concejal Municipal", no obra probanza alguna que permita establecer la presencia de la influencia política para que el funcionario público preste el servicio de acueducto. Lo anterior es más patente si se tiene en cuenta que las demandantes han gozado de la oportunidad de presentar  solicitud y adelantar  las gestiones para la obtención del servicio y  no lo han hecho posiblemente por negligencia o ignorancia. En el caso sublite no se puede hablar de un desconocimiento del derecho a la igualdad por parte de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Ocaña. La actuación procesal permite deducir que ella trata de suministrar el servicio de agua potable a los habitantes del barrio "El Carmen". Así lo indica la instalación reciente de dos válvulas de abastecimiento para dotar de agua potable a los habitantes del sector que en la actualidad carecen de ella y la intención de establecer el servicio de manera definitiva en dicho sector. (Folios 6o., 10o. y 11 del cuaderno principal). El derecho fundamental del artículo 13 de la Carta Magna es el que le permite a las demandantes en tutela exigir una situación de igualdad en cuanto a las posibilidades para obtener el suministro de agua potable. Sin embargo esta norma garantiza no sólo que todas las personas tendrán las mismas oportunidades de acceso al servicio público de agua, sino también que los que hayan ya alcanzado el servicio, lo conserven sin perturbaciones ilegítimas y puedan gozarlo de conformidad con lo que la ley disponga. Así las cosas, la igualdad a que se refiere el artículo 13 viene a ser conculcada si se tolerare que los residentes de un determinado sector y que gozan justa y legalmente del servicio que satisface la necesidad de agua potable, sean perjudicados por la actuación ilícita de otras personas, cual sucede con los habitantes  de  la parte  alta  del  barrio El Carmen. Ellos, como lo dictaminó la ingeniera de la División de Operación y Mantenimiento de la Empresa Municipal de los Servicios Públicos de Ocaña, resultarían afectados tanto con las derivaciones a la red madre del acueducto que no obedezcan a un examen técnico, como con las acometidas fraudulentas. El derecho fundamental a la igualdad también garantiza que todo el que quiera acceder al servicio público del agua, debe hacerlo en  igualdad de condiciones a los demás, esto es,  acatando los requisitos a que deben y debieron someterse todos. De no ser esto así, la norma constitucional quedaría privada de toda eficacia, pues la no exigencia absoluta de ellos respecto de algunas personas, generaría una desigualdad, dado que se trata de individuos que están en una situación económica, social y cultural análoga. Siendo así, la igualdad del artículo 13 resultaría lesionada al permitirse que sin ningún tipo de solicitud, estudio y autorización, es decir, ilegítimamente, se tolerara a algunos instalar tuberías de agua potable a la red central del barrio "El Carmen".       Se instituiría de esta forma, un manejo dispar y sin ninguna razón, de las oportunidades que se tienen para obtener el servicio de acueducto. 5.      El principio fundamental que se viene considerando en el sentido de que la igualdad se predica de los ciudadanos no solamente ante la ley sino también ante la vida, implica una obligación para el Estado colombiano, máxime cuando él se concibe como Estado Social de Derecho. (Art. 1o.). Si bien no se puede afirmar que la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Ocaña, desconoce el derecho a la igualdad, no significa lo anterior que lo realizado por el Estado colombiano y concretamente en el caso sublite por dicha Empresa, sea lo suficiente y esperado por la comunidad en materia de suministro del servicio público de agua potable. Según el artículo 1o. de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho y no un mero Estado de Derecho.  Como consecuencia de ello está guiada la acción gubernamental por un designio social, puesto que los derechos que consagra la Carta a favor de la colectividad tienen como mira fundamental procurar su bienestar  en todos los órdenes. Así se puntualiza en sentencia No. T-406 del 5 de junio de 1992 de la Sala de Revisión Primera de esta Corte, cuando señala que Colombia como Estado Social que es, está obligada a garantizar mínimos de asistencia social y salud pública "para todos los ciudadanos sobre la idea de derecho y no simplemente de caridad". En efecto el artículo primero de la Constitución Nacional expresa: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado  en  forma  de   República unitaria , descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". El novedoso concepto del Estado Social de Derecho transmuta el Estado mismo, de inservible e incapaz en uno justificado por sus funciones y fines, ya que este nuevo Estado, mediante la prestación del servicio público respectivo, tiene como aspiraciones esenciales la seguridad, la tranquilidad y la salubridad de los asociados. Para el caso de que se ocupa esta Sala, el ente estatal denominado Empresa Municipal de Servicios Públicos de Ocaña, debe entonces buscar y además lograr, el mínimo de los fines y propositos que se le han impuesto, esto es, entre otros aspectos, proveer de agua potable a todos los habitantes de la ciudad de Ocaña. En consecuencia la empresa no debe dar por suficiente lo hasta ahora realizado en pro del servicio de acueducto para los residentes del barrio "El Carmen", sino que por el contrario deberá redoblar esfuerzos para obtener la mayor o total cobertura del servio y ponerse a tono con los mandatos de la nueva Constitución que así lo exige perentoriamente. En efecto, ha de agregarse a lo antes dicho que la prestación por el Estado de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional resulta ser algo consubstancial a su finalidad social. Así lo indica el Constituyente en el Capitulo V del Titulo XII de la Constitución, quien partiendo de que la idea del "servicio" es la piedra angular de toda la actividad pública y,  del concepto de que el "poder público"  es el instrumento puesto en mano de los  gobernantes  para  cumplir el deber fundamental de satisfacer las necesidades y aspiraciones colectivas, señala a través de los articulos 365 y 366, lo siguiente: Artículo 365. "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los Servicios Públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la  mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estrategicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una activida lícita". Artículo 366. "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación". El sentido de los artículos 1o. -Estado Social de Derecho-,   13  -Igualdad  ante  la  ley-, 365  y  366 -Finalidad Social del Estado y Servicios Públicos-, es la verificación de la llamada "justicia distributiva", la cual presupone que el Estado deberá conceder esfuerzos y recursos cuya consecución última, alivie la situación de quienes viven en condiciones de pobreza. De esta forma la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Ocaña, de conformidad con las disposiciones del Decreto 0951 de 1989, antes citado, deberá entre muchas otras actuaciones tendientes a suministrar el servicio de agua potable a toda la ciudad de Ocaña, prestar el servicio comunitario a través de la instalación de hidrantes, prohibir el cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud del servicio y otros rubros diferentes a la tarifa de conexión, conceder plazos para la cancelación de las sumas correspondientes a la tarifa de conexión, el valor de la acometida y el costo de las redes locales e instalar pilas públicas para atender las necesidades de zonas urbanas de muy bajos ingresos, sin urbanizador responsable y distantes de una red local de acueducto.  Todo ello consultando sus posibilidades económicas, mas siempre acuciada por el sentimiento  de que la comunidad, como acreedora que es del servicio, actúa legítimamente cuando lo reclama y aguarda su obtención  en plazo razonable.  Sólo así se puede decir que se aplica la Constitución de 1991 en su dimensión social. 6. Esta Sala encuentra también que de conformidad con los artículos 3o. y 6o. del Decreto Ley 1842 de l991, las Empresas  encargadas  de  prestar   los  servicios públicos domiciliarios están facultadas para legalizar el suministro de cualesquiera de estos servicios, previo pago de la tarifa de conexión si  hubiere lugar a ello y el estudio de la posibilidad técnica de la prestación del mismo. Así mismo y en avenencia con el artículo 33 del Decreto Ley 0951 de l989, atrás citado, la entidad responsable de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado podrá además contemplar la posibilidad de amnistiar las instalaciones clandestinas de que dan cuenta las actuaciones procesales.  Ello también, siempre y cuando las usuarias soliciten regularizar su situación, pues, como se ha dicho, no han presentado solicitud alguna. En mérito de lo expuesto la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA: Primero:    Confirmar la sentencia del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña, de 12 de febrero de l992, mediante la cual se negó la tutela solicitada por LUZ MARINA  BECERRA  NAVARRO  y   HENETH  DURAN, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo. Segundo:   Comuníquese al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de l991, con entraga de copia del presente fallo. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN           CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALENO Secretaria General 1 Véase en ALESSANDRO , Pizzoruso.  Lecciones de Derecho Constitucional.  Pág. 169.  Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1984.

T-433-92 Sentencia No Sentencia No. T-433/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CADUCIDAD/ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse  ante la jurisdicción competente dentro del término  perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello.  Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción.  Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose  de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase. La caducidad viene a erigirse en factor de incompetencia para esta Corte, pues, demostrada su existencia, no le es dable a ella avocar el conocimiento del negocio. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 998 Acción   de    tutela    contra                                           omisiones del  Juzgado   Penal                                        Municipal de Santafé de Bogotá,                                           D.C.,  en  el proceso de estafa                                            adelantado contra el demandante. Tema:        Caducidad de la presente acción                                           de tutela. Demandante: EDUARDO DAZA RUIZ. Magistrados: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN DR. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, entra al examen de la acción de tutela que ha llegado a su conocimiento y que fue decidida en sentencia dictada por el Juzgado 33 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C. I. ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política  y  33  del  Decreto  2591  de l991, la Sala de Selección de la Corte Constitucional escogió la acción de tutela de la referencia. Con base en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Revisión No. 6 de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en los siguientes hechos: Encontrándose Eduardo Daza Ruíz a órdenes del Juzgado 48 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, el Juzgado 18 Penal Municipal de esta capital lo llamó a rendir indagatoria por el delito de estafa, a reconocimiento en fila y lo notificó de que debía pagar una caución prendaria de tres salarios mínimos, los cuales se cancelaron oportunamente. Manifiesta que no es culpable del delito que se le endilga porque al practicársele el examen grafológico, no se le comprobó la autoría de los manuscritos. Refiere que ha enviado memoriales al juzgado, sin tener contestación alguna desde que la oficina jurídica de la Cárcel Modelo ofició a dicho Juzgado, solicitándole si lo requería.  Desde ese momento, no se le ha notificado nada, motivo por el cual se vió en la necesidad de pedir información a la Cárcel sobre su hoja de vida, apareciéndole condena por el Juzgado 18 Penal Municipal de esta ciudad por el delito de estafa. Alega que no pudo conocer cómo se resolvió su situación jurídica, y que no se le dió traslado para alegar de conclusión como tampoco saber qué decía la resolución de acusación. B. DERECHOS VULNERADOS. El demandante expresa que se le ha desconocido el Derecho a la Defensa. C. PETICIONES DE LA DEMANDA. Solicita Eduardo Daza Ruíz que le sean corregidas las omisiones cometidas por el Juzgado 18 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, conocedor de la investigación por el delito de estafa. D. DECISIONES. 1.      Previamente, auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal) de Santafé de Bogotá, de 13 de febrero de l.992. En primer lugar la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, se abstuvo de conocer la acción de tutela promovida por Eduardo Daza Ruíz, por no tener competencia para ello. Los siguientes fueron los argumentos que tuvo dicha Sala al efecto: Aduce el Tribunal que "el legislador no dejó al capricho de los promotores la escogencia del funcionario que deba ocuparse de resolver sobre la acción de tutela, instrumento que como se sabe no constituye una instancia más, sino un mecanismo que se le ofrece a toda persona para que pueda reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o cualquier particular en determinados casos". De igual forma se pronunció la H. Corte Suprema de Justicia en providencia de 11 de diciembre de l991, en caso similar. Sostiene el Tribunal que si bien el artículo 37 del Decreto 2591 de l991, preceptúa que "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaron la presentación de la solicitud; empero, en virtud del principio de la especialidad priva la observancia del citado artículo 40 ibídem, norma que propende porque sea el inmediato superior jerárquico del funcionario o juez, ya sea unipersonal o colegiado que dictó la providencia, el que conozca de la acción de tutela. Quiere  esto decir,  que  es  el Juez del Circuito en lo Penal a quien corresponde conocer de la referida acción de tutela, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de l991, ya que el Juzgado Penal Municipal de esta capital fué quien dictó sentencia condenatoria por el delito de estafa. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, remitió en consecuencia al Juez Penal del Circuito (reparto) la acción de tutela de Eduardo Daza Ruíz, mediante oficio número 489 del día 14 de febrero de l992 y le correspondió al Juez 33. 2. Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C.  Proveido de 20 de febrero de l992. 1. Dice que el actor fué condenado a la pena de 16 meses de prisión por el Juzgado 18 Penal Municipal de esta misma ciudad, mediante sentencia del día 23 de octubre l991. 2. La Sentencia se notificó personalmente a las partes el día 28 de los mismos mes y año. 3. La sentencia fué publicada por edicto en la Secretaría del Juzgado, por el término legal. 4. El día 30 de octubre del mismo año se desfijó el edicto, lo que quiere decir, según el Juzgado, que la providencia quedó debidamente ejecutoriada y en consecuencia dicha providencia hace tránsito a cosa juzgada. 5. El día 6 de febrero de l992, el condenado Eduardo Daza Ruíz, presenta ante el H. Tribunal Superior de esta capital, la acción de tutela para que se le restablezcan sus derechos vulnerados, los cuales le han producido graves perjuicios. 6. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2591 de l991, se concluye que la presente acción de tutela fué presentada contra una providencia que pone fín a un proceso como lo es la sentencia condenatoria. 7. La sentencia a que se refiere el Juzgado en comento habrá quedado ejecutoriada hacía más de tres (3) meses, luego la acción incoada ha caducado a términos del artículo 11 del Decreto 2591 de l991 y por lo tanto, se abstiene de conocer dicha acción. E. CADUCIDAD DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA. 1.      Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse  ante la jurisdicción competente dentro del término  perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello.  Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción.  Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose  de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase. En fin de cuentas la caducidad viene a erigirse en factor de incompetencia para esta Corte, pues, demostrada su existencia, no le es dable a ella avocar el conocimiento del negocio. 2.      Previene el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que "la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente". 3.      En la providencia del Juez 33 Penal del Circuito de Santafé  de Bogotá se da cuenta de que "al folio 143 del cuaderno  principal,  aparece la providencia por medio de la cual el Juzgado 18 Penal Municipal de esta capital condenó a Eduardo Daza Ruíz a la pena principal de dieciseis meses de prisión en octubre 23 de 1991; en 28 del mismo mes y año se notificó personalmente a las partes, es decir al Ministerio Público y se publicó edicto que permaneció fijado en lugar público de la Secretaría por el término legal, siendo desfijado el 30 de octubre del mismo año, es decir que la providencia quedó debidamente ejecutoriada, dicha providencia ya hace tránsito a cosa juzgada..." ... "...se concluye que la presente acción de tutela se presentó contra una providencia que pone fin a un proceso, como lo es la sentencia condenatoria...", todo lo cual indica que para la fecha en que se introdujo la acción ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C. el 6 de febrero de 1992, se había producido la caducidad de los dos meses de que trata el mencionado artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Ello conduce inevitablemente a que esta Corte confirme la sentencia del susodicho Juzgado 33 Penal del Circuito que se pronunció en el mismo sentido y así se resolverá. 3.      Habrá próximamente por esta Corporación de adelantarse el examen de la procedencia o no  de la acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas, y para entonces se tomará la decisión que corresponda por su Sala Plena. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. 6 de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA: Primero:   Confírmase la providencia del Juzgado 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. de 20 de febrero de 1992. Segundo:   Comuníquese al Juzgado 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de l991. Tercero:   Comuníquese a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de que se da cuenta en la presente providencia y envíese copia de esta sentencia. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN                         CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-436-92 Sentencia No Sentencia No. T-436/92 DERECHO DE DEFENSA/DERECHOS FUNDAMENTALES/DEFENSORIA PUBLICA Tanto el Constituyente colombiano, como el legislador, han previsto los mecanismos adecuados para garantizar, necesariamente, el adecuado derecho a la defensa. Tanto es así, que en ausencia del defensor público, debe, de todas maneras, nombrarse un defensor de oficio. El derecho de defensa es, pues, un derecho fundamental autonómo, ligado inextricablemente al debido proceso, que permite garantizar la realización de otros derechos, como la libertad, la petición y la vida. El Estado dispone, al menos normativamente, de los instrumentos para hacerlo efectivo, mediante mecanismos tales como la defensoría pública, la cual ha  quedado radicada en cabeza del Defensor del Pueblo. De esa manera  se vela mejor por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos,  función principal de dicho funcionario. Para que este derecho fundamental adquiera todo su vigor, debe entenderse que el abogado debe ser, ante todo, un defensor del derecho y aunque la defensa sea esencialmente técnica, requiere además de una dimensión humana inmensa. ACCION DE TUTELA-Alcance/DERECHO DE DEFENSA-Efectividad No obstante que no ha habido ninguna acción u omisión violadora de derechos fundamentales, lo cierto es que la tutela puede ser un mecanismo idóneo para garantizarlos y hacerlos efectivos y el juez de la misma está autorizado para tomar las medidas conducentes para ello. Dicho en otros términos: no se requiere de una acción o de una omisión de las autoridades para que el juez de tutela pueda dar la orden respectiva. En este caso, por ejemplo, el peticionario carece de un servicio de defensa para interponer el recurso extraordinario de revisión. Esa carencia no es atribuible a una negligencia estatal, sino más bien a una circunstancia estructural, y al hecho de que el peticionario  no ha puesto en conocimiento de las autoridades la necesidad de dicho servicio. A través de la tutela, bien puede garantizarse la efectividad de ese derecho. La alternativa contraria, es decir, denegar la tutela por cuanto no está claramente determinado el sujeto activo de la violación, es desproteger el derecho fundamental vulnerado, y, sobre todo, el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por eso, la orden puede ir encaminada al organismo que tenga más posibilidades de garantizar el derecho, aunque la vulneración no sea atribuible a dicho organismo. Se trata simplemente de hacer efectivo un derecho fundamental, no de establecer responsabilidades. REF: EXPEDIENTE T-1507 PROCEDENCIA: CORTE SUPREMA                                                        DE JUSTICIA -SALA PENAL- PETICIONARIO: LUIS FRANCISCO                                                         GRANADOS GONZALEZ MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA                                        BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el proceso de acción de tutela instaurado por Luis Francisco Granados González y fallado en primera y única instancia por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. I. ANTECEDENTES. Con base en los  artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 24 de marzo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entrara a dictar sentencia de revisión. A. Hechos El 21 de Diciembre de 1988, el Juzgado promiscuo municipal de La Belleza, Santander, previa indagatoria, profirió en contra de Luis Francisco Granados González, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a la libertad provisional, por el delito de homicidio en la persona  de Vicente Ferrer González. El 31 de Marzo de 1989, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal de San Gil procedió a calificar el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación contra el sindicado, por el delito de homicidio y ordenó además que se investigara un delito de hurto del cual también se le acusaba. En la providencia, se anota que el defensor no presentó oportunamente los alegatos previos a esta calificación. Por su parte, el juzgado 10 de Instrucción Criminal de San Gil, profirió resolución de acusación contra Granados González por los delitos de hurto y homicidio en la persona de Luis Alfonso González Rojas, cometidos el 20 de Julio de 1988, razón por la cual el Juzgado Quinto Superior de San Gil, que estaba conociendo del primer proceso, decidió, el 23 de Enero de 1990, acumular las dos causas procesales. El 23 de Octubre de 1990 se llevó a cabo la audiencia pública con participación de la Dra. Esperanza Gómez Cordovez como fiscal y del Dr. Jaime Uribe Celis como defensor. El sindicado estuvo presente en esta diligencia. El fiscal solicitó que se le declarara culpable del delito de homicidio contra Ferrer González, pero que se le absolviera de todos los demás cargos. La defensa estuvo de acuerdo con el fiscal en lo relativo a la absolución de algunos cargos, pero sostuvo  que también debía ser absuelto por los cargos del homicidio contra Ferrer, por cuanto las pruebas no eran contundentes. El 7 de Noviembre de 1990, el Juzgado Quinto Superior profirió la sentencia respectiva, en la cual halló culpable de todos los cargos al sindicado y lo condenó a 24 años de prisión, le impuso como condena accesoria la interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años y una indemnización por perjuicios materiales de cinco millones de pesos (en total por los dos procesos) y de dos mil gramos oro por perjuicios morales (en total). La sentencia condenatoria fue apelada por el condenado y de esa apelación conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil. El 24 de Junio de 1991 se profirió la respectiva sentencia de segunda instancia. La Fiscal del Tribunal solicitó confirmación del fallo apelado. El Tribunal consideró que la sentencia de primera instancia merecía todo respaldo; que el procesado pertenecía además a una banda que tenía azotada la región; que si se demoraron en aparecer los testigos, ello se debió al temor de denunciar; que las declaraciones favorables de otros testigos, obedecen a una coartada de la banda, que además tiene el respaldo del ejército; que el asesinato de Ferrer, se realizó con insidia, razón por la cual debería haberse impuesto una pena más grave, que "desafortunadamente" no se puede imponer porque ello atentaría contra el derecho de defensa; que parece evidente que la coartada del sindicado fue hábilmente preparada por organismos de inteligencia militar, que respaldaban al grupo paramilitar del cual hacía parte el homicida; que la pena impuesta es correcta, pero no así el monto de la indemnización, que se modifica. Termina el Tribunal confirmando la sentencia condenatoria recurrida, con una modificación relativa al monto de la indemnización de perjuicios. B. La acción El 11 de Febrero de 1992, el  condenado interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cúcuta. Afirma que la Corte Suprema de Justicia ha exigido, en reiteradas jurisprudencias, que el recurso extraordinario de revisión sea interpuesto mediante  abogado titulado; que él ha encontrado fallas que ameritan una revisión de la sentencia; interpone la tutela, en últimas,  para que se le dé cabal aplicación al art. 131 del Código de Procedimiento Penal, que establece una defensoría pública de oficio, pues no tiene recursos para costear los honorarios de un abogado titulado. El 12 de Febrero de 1992, se le tomo declaración juramentada al peticionario, quien relató el trámite procesal que arriba se ha descrito, haciendo énfasis en que la apelación la había presentado sin asistencia de apoderado y en que en la segunda instancia no contó con abogado en ningún momento. El 13 de Febrero de 1992, el Tribunal decidió enviar la acción de tutela a la Corte Suprema de Justicia, por ser esta el organismo competente para conocer de ella, en aplicación del art. 40 del Decreto  2591 de 1991. c. Decisión de primera instancia La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, con ponencia del magistrado Jorge Carreño Luengas, rechazó la tutela con base en consideraciones que se pueden resumir así: - Si la sentencia de segunda instancia hizo tránsito a cosa juzgada, por no haberse interpuesto contra ella el recurso extraordinario de casación, la acción de tutela no puede prosperar, porque ella es un mecanismo excepcional y subsidiario y no adicional; la tutela no es una instancia, sino una medida cautelar. Por ello no procede en casos como estos. - Tampoco procede la tutela con respecto al recurso extraordinario de revisión, por cuanto le correspondía al peticionario elevar la solicitud a la defensoría Pública del Ministerio de Justicia, para que esta dependencia nombrara un abogado que verificara la procedencia de dicho recurso extraordinario. El peticionario no da cuenta de que se le haya negado alguna solicitud a la defensoría pública, o que no se le hubiese respondido. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. El debido proceso en la nueva Constitución El constituyente de 1886 consagró en el artículo 26 de la constitución de aquel año una norma del siguiente tenor: Art. 26: Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable" Con la reforma constitucional de 1936, esta disposición pasó a ser el artículo 22 de la Carta, manteniendo intacta su redacción.  Con la codificación de 1945, volvió a quedar ubicado en el artículo 26, sin modificación alguna. En el fallido intento de reforma constitucional de 1979,  el artículo no fue modificado. Sin embargo,  se consagró una norma de carácter complementario a esta,  al atribuirle al Procurador General de  la Nación, la función de velar por la integridad del derecho de defensa y por la legalidad de los procesos penales. Como se sabe, esta reforma constitucional  fue declarada inexequible en su totalidad por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de noviembre 3 de 1981. De tal manera que el 4 de Julio de 1991, cuando entró a regir la nueva Constitución, el artículo se encontraba tal cual y como lo había redactado, en su sabiduría,  el constituyente de 1886. Tal artículo, junto con las normas que lo complementaban, fue considerado por la doctrina y la jurisprudencia colombiana, como el pilar básico del derecho fundamental al debido proceso.  Sirvió también de fundamento a todos los códigos procesales  e hizo que se anulara, por inconstitucional, cualquier sentencia que se hubiera producido con violación del debido proceso. Como normas constitucionales complementarias consagraron también las siguientes: - El  Art. 23 que prohibía las detenciones, los registros de domicilios, sin el cumplimiento de las formalidades legales; - el Art. 25, que prohibía obligar a los ciudadanos a declarar contra sí mismos o contra sus parientes en determinados grados de consanguinidad o afinidad; -el art. 27, que establecía los casos excepcionales, en que se podía castigar sin juicio previo; - el art. 28, que reiteraba expresamente el principio de legalidad en  materia penal, estableciendo una excepción cuando hubiera graves motivos para temer una perturbación del orden público; -  el art. 78, # 6 que prohibía al Congreso y a cada una de sus Cámaras, decretar actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones; - el art. 164, que en su segundo inciso, contemplaba la posibilidad a la ley de instituír jurados por causas criminales. Era, como se ve,  todo un sistema un tanto disperso, de garantías en favor del ciudadano, que limitaban el poder del Estado para juzgar y condenar arbitrariamente. La Constitución de 1991, no introdujo modificaciones sustanciales al debido proceso, pero lo sistematizó, agrupando las normas relativas al mismo en los artículos 28 a 32 de la Carta. El artículo central, es el 29 según se desprende de su tenor: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". La Constitución no hizo otra cosa sino hacer explícitos algunos principios que se entendían implícitos y  vigentes a la luz del texto anterior. Repite, con la misma redacción el  art. 26 anterior,  el principio del debido proceso, haciéndolo extensivo a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Hace específica mención del derecho de defensa, que debe garantizarse tanto en la investigación como en el juzgamiento. Sobre la base de la presunción de inocencia, ordena la aplicación del principio de la irretroactividad de la ley y reitera que nadie puede ser considerado culpable, sin haber sido oído y vencido en juicio. Añade, por último, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo que en doctrina jurídico penal se conoce como el "non bis in idem" eadem". Sin embargo, debe resaltarse el afán del Constituyente de hacer expreso el derecho  a la defensa, que antes se había entendido como un elemento más del debido proceso. Hoy en día, es claro que constituye un elemento diferenciado, con autonomía y alcances propios y particulares. B. El derecho a la defensa Los tres grandes universos del proceso penal son la acusación, la defensa y el juzgamiento. La acusación es el mecanismo por el cual el Estado se entera de la posible comisión de uno o varios delitos  y  ayuda al Estado a formarse una idea de los elementos del mismo (autor, circunstancias, móviles víctima, etc). La defensa  es indispensable para la protección del inculpado y para la investigación de la verdad. En el juzgamiento, con base en los elementos de juicio aportados por los otros dos, se decide si se impone una pena, y en tal caso, cuál. La defensa, que es el elemento del proceso que nos interesa para el caso, tiene una función y una finalidad definidas. Para que haya un proceso propio de un Estado de derecho es irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los reproches formulados en su contra y que se consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión.  La exposición razonada de los argumentos  y pruebas del sindicado no sólo sirven al interés individual de éste, sino  también al esclarecimiento de la verdad. La meta de todo proceso judicial, que es hallar la verdad, se alcanza en la mejor forma por medio de un proceso en que se pongan en discusión los argumentos y contraargumentos ponderados entre sí, en que se miren los aspectos inculpatorios y los exculpatorios.  En definitiva, se trata de un proceso dialéctico. Con miras a garantizar que esa defensa judicial sea efectiva, la constitución y la ley han establecido que deba hacerse preferentemente a través de abogado.  Así lo afirma la Constitución Nacional, al establecer que : "...Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento..." La razón de ser de esta norma, común en casi todas las constituciones del mundo, la explica Klaus Tiedemann1 de la siguiente manera: "Con frecuencia, el mismo inculpado no puede exponer su punto de vista en la forma exigida, y tampoco, en absoluto, defender él mismo la función de un control de los órganos de la justicia. Esto depende muchas veces de que no está en situación de referir su situación oralmente o por escrito.  Ante todo, le falta el conocimiento necesario sobre las cuestiones jurídico-procesales y materiales. También está a menudo confundido por la situación del proceso penal, para él desacostumbrada, y por esto no se encuentra en condiciones de apreciar objetivamente las cosas. Si se encuentra el inculpado en prisión provisional, entonces está todavía más claramente limitado respecto a sus posibilidades de defensa, especialmente en lo relativo a examinar circunstancias exculpatorias. El inculpado, no tiene normalmente, por lo tanto, ninguna oportunidad de triunfo...Por eso, en interés de la 'limpieza' del proceso penal, así como del hallazgo de la verdad, es irrenunciable el que sea puesto al lado del inculpado, en todos los casos importantes, una persona correspondientemente formada, el defensor. "El defensor es por esto, en primer lugar, ayudante del inculpado y ha de defender sus derechos..." La exigencia constitucional tiene, entonces, un doble alcance: ayudarle al sindicado  y colaborar en la búsqueda y final encuentro con la verdadera realidad de los hechos que se investigan. Por ello, todas las legislaciones modernas contemplan una serie de derechos para el defensor, entre los cuales se destacan  el derecho a comunicarse, por escrito u oralmente, sin impedimento, con el inculpado; examinar y objetar todas las actuaciones judiciales, haciendo uso, si fuere el  caso, de todos los recursos legales disponibles; solicitar la práctica de pruebas; mantener informado a su defendido de todas las circunstancias y elementos jurídicos; presentar solicitudes respetuosas al juez y solicitar la absolución, sobre todo en caso de duda. Y por supuesto, tiene también una serie de obligaciones, la más importante de las cuales es guardar discreción absoluta con respecto a lo que sepa por parte de su mandante. Quizá sea Francesco Carnelutti quien mejor ha definido el papel del abogado defensor cuando afirma: "Acusador y defensor son, en último análisis, dos razonadores: construyen y exponen las razones. Su oficio es razonar. Pero un razonar, con licencias, de pie forzado. Un razonar en modo diverso del razonar del juez. No es quizá muy fácil de comprender; pero si no se comprende esto, tampoco se comprende el proceso; y no basta que comprendan los juristas, porque este es el punto respecto del cual los profanos pueden tener en torno al proceso impresiones falaces y nocivas para la civilidad. Razonar es, en palabras sencillas, exponer premisas y sacar consecuencias: el imputado ha confesado haber matado, así, pues, él ha matado. En términos de lógica, primero vienen las premisas y después las consecuencias. Así procede el razonador imparcial. Y es esto lo que escandaliza a la gente. A pesar del escándalo, el defensor no es imparcial porque no debe serlo. Y porque no es imparcial el defensor, tampoco puede ser ni debe ser imparcial su adversario. La parcialidad de ellos es el precio que se debe pagar para obtener la imparcialidad del juez, que es, pues, el milagro del hombre, en cuanto, consiguiendo no ser parte, se supera a sí mismo. El defensor y el acusador deben buscar las premisas para llegar a una conclusión obligada." "Todo esto puede parecer absurdo. Y, sin embargo, la clave del proceso está aquí. Malo sería si el juez se contentase con razonar así: el imputado ha confesado haber matado. Por lo tanto ha matado. Hay también casos en los cuales un hombre confiesa un delito que no ha cometido: hemos visto padres que se acusaban para salvar al hijo, y también hijos que se sometían al mismo sacrificio para salvar a su padre. Esto es tan cierto -y no por la sola razón que acabo de indicar- que incluso el Código Penal castiga a aquellos que denuncian contra la verdad ser culpables de un delito. Esto quiere decir que incluso cuando existen pruebas evidentes de la culpabilidad o de la inocencia, antes de condenar o absolver es necesario continuar en la investigación hasta haber agotado todos los recursos. Pero para hacer esto, el juez debe ser ayudado; por si solo, no lo lograría. Su ayudante natural es el defensor, este amigo del imputado, el cual, naturalmente, tiene el interés de buscar todas las razones que pueden servir para demostrar la inocencia de aquel. El defensor, pues, es y debe ser un razonador de pie forzado, esto es, un razonador parcial; un razonador que trae el agua a su molino."2 Lo dicho hasta aquí es aplicable en su totalidad al derecho colombiano. El Nuevo Código de Procedimiento Penal, vigente  desde el primero de julio  consagra expresamente el derecho a la defensa ( inciso segundo artículo primero) para ajustarse en debida forma a lo establecido en la nueva Constitución. Dicho artículo es reproducción exacta de lo establecido en el art. 29 de la C.N. Sin embargo, el proyecto que el gobierno presentó a la Comisión Legislativa era aún más claro pues decía: "En materia penal el debido proceso comprende...el derecho de defensa, mediante el cual toda persona a la que se impute la comisión de un hecho punible, tiene derecho a defenderse personalmente y a la asistencia de un abogado nombrado por el o asignado por el Estado. Incluye el derecho a ser informado debidamente, mediante notificación, de toda acusación formulada en su contra." Para el caso que ocupa a esta Corte, es de particular interés la figura de la defensoría pública, pues a ella hace referencia el peticionario. C. La defensoría pública El régimen de la defensoría pública de oficio que se regulaba en el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal  ha sufrido una transformación en el vigente que entró a regir desde el primero de julio.  En el artículo 140 de esta nueva codificación, se establece que: "El servicio de defensoría pública, bajo la dirección y organización del defensor del pueblo, se prestará en favor de quienes carecen de recursos económicos para proveer su propia defensa a solicitud del sindicado, el ministerio público o el funcionario judicial" El artículo simplemente está desarrollando los artículos 281 y 282 de la Constitución Política, el primero de los cuales crea la figura del Defensor del Pueblo  y el segundo le asigna, entre otras funciones, la de organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley. Con respecto al  art. 140, arriba citado, Cuervo Pontón ha dicho: "La defensoría pública es el contrapeso esencial dentro del sistema acusatorio frente a los poderes de la fiscalía. La garantía del derecho de defensa sólo será posible cuando el Estado cuente con una defensoría pública fuerte que supla efectivamente la falta de apoderado escogido por el imputado"3 Todas las consideraciones anteriores, llevan a la Corte a afirmar que tanto el Constituyente colombiano, como el legislador, han previsto los mecanismos adecuados para garantizar, necesariamente, el adecuado derecho a la defensa. Tanto es así, que en ausencia del defensor público, debe, de todas maneras, nombrarse un defensor de oficio. El derecho de defensa es, pues, un derecho fundamental autónomo, ligado inextricablemente al debido proceso, que permite garantizar la realización de otros derechos, como la libertad, la petición y la vida. El Estado dispone, al menos normativamente, de los instrumentos para hacerlo efectivo, mediante mecanismos tales como la defensoría pública, la cual ha  quedado radicada en cabeza del Defensor del Pueblo. De esa manera  se vela mejor por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, función principal de dicho funcionario. Por supuesto, para que este derecho fundamental adquiera todo su vigor, debe entenderse que el abogado debe ser, ante todo, un defensor del derecho y aunque la defensa sea esencialmente técnica, requiere además de una dimensión humana inmensa.  La defensa implica la existencia de un hombre comprensivo y capaz de afrontar la realidad, que brinde confianza y amistad al sindicado. El defensor es el "oído y boca jurídicos del asistido". Estas exigencias no se atenúan, y por el contrario, son  mayormente válidas, cuando el defensor es de oficio, pues representa al Estado, no sólo acusando e investigando, sino también protegiendo y garantizando, todo desde una perspectiva humana que realiza los principios del artículo primero de la Constitución. D. El caso en concreto Teniendo en mente las consideraciones anteriores, la Corte entra a estudiar el caso en concreto para lo cual se considera: - El proceso penal que culminó con la sentencia condenatoria del peticionario, se ciñó al debido proceso legal y las diversas providencias de primera y segunda instancia revelan un cuidadoso y ponderado estudio, tanto de las pruebas, como de los argumentos aportados por cada una de las partes. - Sin embargo, es claro que,  al menos en la segunda instancia, el sindicado careció de una defensa técnica adecuada. Aunque el Tribunal afirma en la sentencia de segunda instancia que el sindicado ha estado asistido por los organismos de inteligencia del Ejército, lo cierto es que faltó una asistencia verdaderamente técnica- jurídica. - Lo anterior puede hacer procedente la eventual revisión de esa sentencia condenatoria. Para saber si es procedente interponer ese recurso extraordinario, el condenado requiere, pues así lo establece la ley,  la asistencia de un defensor. No puede, en este caso, actuar a nombre propio. - Es cierto también que, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, el peticionario no acudió al organismo administrativo correspondiente para solicitar el servicio de defensoría. Por ello no se puede hablar de que haya habido una omisión o una acción vulneradora de derechos fundamentales. No se le puede reprochar aquí nada al Estado, pues no estaba en conocimiento de que el peticionario requiriera de un defensor para interponer un recurso extraordinario. - No obstante lo anterior, -esto es, que no ha habido ninguna acción u omisión violadora de derechos fundamentales- , lo cierto es que la tutela puede ser un mecanismo idóneo para garantizarlos y hacerlos efectivos y el juez de la misma está autorizado para tomar las medidas conducentes para ello. Dicho en otros términos: no se requiere de una acción o de una omisión de las autoridades para que el juez de tutela pueda dar la orden respectiva. - En este caso, por ejemplo, el peticionario carece de un servicio de defensa para interponer el recurso extraordinario de revisión. Esa carencia no es atribuible a una negligencia estatal, sino más bien a una circunstancia estructural, y al hecho de que el peticionario  no ha puesto en conocimiento de las autoridades la necesidad de dicho servicio. A través de la tutela, bien  puede garantizarse la efectividad de ese derecho. - La alternativa contraria, es decir, denegar la tutela por cuanto no está claramente determinado el sujeto activo de la violación, es desproteger el derecho fundamental vulnerado, y,  sobre todo, el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por eso, la orden puede ir encaminada al organismo que tenga más posibilidades de garantizar el derecho, aunque la vulneración no sea atribuible a dicho organismo. Se trata simplemente de hacer efectivo un derecho fundamental, no de establecer responsabilidades. - Por eso, no es de recibo la tesis de la Corte Suprema, según la cual "no procede la tutela pretendida ya que el peticionario no da cuenta de que se le haya negado alguna solicitud a la Defensoría Pública o que no se hubiere dado la respuesta pertinente". Esta Sala de Revisión, con miras a garantizar los derechos fundamentales del peticionario, procederá a conceder la tutela, haciendo énfasis en que la orden que se dé, no implica que es un prejuzgamiento de determinada conducta estatal. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE PRIMERO.- Revocar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia- Sala Penal del 4 de Marzo de 1992, por la cual se denegó la tutela interpuesta por Luis Francisco Granados González. SEGUNDO.- Conceder la tutela interpuesta por Luis Francisco Granados González ante la Corte Suprema de Justicia, para que se le designara un defensor público de oficio. TERCERO.-  Ordenar al Defensor del Pueblo que, atendidas las circunstancias particulares del caso, especialmente la relativa a la dificultad insalvable que encontró para ejercer su derecho de defensa,  designe un defensor público de oficio para que  estudie la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia  proferida por el Tribunal Superior de San Gil el 24 de Junio de 1991, en la cual se confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Quinto Superior del Socorro, que condenó a Luis Francisco Granados González a 24 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, hurto y homicidio. CUARTO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias en los que un condenado por delito carezca de  recursos económicos necesarios que le impidan en absoluto contar con la debida asistencia técnica, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá el CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO.-  ORDENAR que por Secretaría se envíe copia de esta sentencia a la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal- en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Con aclaración de voto (Aprobada según Acta No. 4 de la Sala de Revisión No. 1, en Santafé de Bogotá, el primero (1o.) de julio de 1992). Aclaración de voto Sentencia No. T-436 REVISION FALLO DE TUTELA-Finalidad/DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección (Aclaración de voto) La tutela como tal (contra la sentencia), no prospera, pues no se imparte una orden para que quien profirió el fallo enmiende su sentido, sino que, habida cuenta de la probada circunstancia según la cual el sindicado no fue asistido durante el proceso como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, se traslada al Defensor del Pueblo la responsabilidad de buscar, atendida la situación particular del caso, que se promueva el recurso extraordinario de revisión consagrado en la ley, si llegare a ser procedente. La Corte cumple con la finalidad buscada por el Constituyente al encomendarle la revisión de fallos de tutela, entrando a resolver en el fondo sobre la efectiva protección del derecho conculcado, sin afectar el principio de la cosa juzgada y sin dejar despojado de protección al peticionario. Ref.: Expediente T-1507 Peticionario: LUIS FRANCISCO GRANADOS G. Magistrado Ponente: Dr. CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá, primero de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). Esta Sala ha optado, previo un juicioso estudio del H. Magistrado Ponente, por conceder la tutela impetrada por el demandante, revocando así la decisión judicial que la negaba. Aunque de la exposición de los hechos resulta que el peticionario, acusado de la comisión de varios delitos, fue condenado y la sentencia correspondiente está ejecutoriada, como lo hace notar el fallo de la H. Corte Suprema de Justicia que deniega la tutela, siendo conocida mi posición en torno a la improcedencia de esta acción en tales circunstancias, he votado favorablemente y en su integridad la ponencia sometida al estudio de la Sala, por las siguientes razones, adicionales a las que se consignan en la providencia misma: 1. El objeto de la tutela no es la sentencia judicial ejecutoriada, razón que a mi juicio salva el principio de la cosa juzgada, por cuanto ni se controvierte el fallo, ni se reinicia el proceso, ni se aplica el mecanismo contemplado en el artículo 86 de la Constitución para ordenar la práctica de pruebas que debieron tramitarse durante el proceso. 2. En el fondo, como tuve ocasión de expresarlo durante las deliberaciones de la Sala, la tutela como tal (contra la sentencia), no prospera, pues no se imparte una orden para que quien profirió el fallo enmiende su sentido, sino que, habida cuenta de la probada circunstancia según la cual el sindicado no fue asistido durante el proceso como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, se traslada al Defensor del Pueblo la responsabilidad de buscar, atendida la situación particular del caso, que se promueva el recurso extraordinario de revisión consagrado en la ley, si llegare a ser procedente. 3. Así, la Corte cumple con la finalidad buscada por el Constituyente al encomendarle la revisión de fallos de tutela, entrando a resolver en el fondo sobre la efectiva protección del derecho conculcado, sin afectar el principio de la cosa juzgada y sin dejar despojado de protección al peticionario. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1  Tiedemann, Klaus y otros. Introducción al derecho penal y  al derecho penal procesal. Editorial  Ariel , Barcelona. 1989. Pg. 183 2 Carnelutti, Fracesco. Las miserias del proceso penal. Monografías Jurídicas Temis, 1989, Bogotá. Pg 65. 3 Cuervo Pontón, Luis Enrique. Código de Procedimiento Penal Comentado. Ministerio de Justicia, Bogotá,  1992.Pg 205.

T-437-92 tutelas de junio-92 Sentencia No. T-437/92 ACCION POPULAR-Finalidad/ACCION DE TUTELA/PERJUICIO IRREMEDIABLE La defensa del ambiente sano concierne a la comunidad en cuanto tal y para el amparo de los derechos que a ella corresponden ha sido previsto el mecanismo de las acciones populares que, en ese sentido, tienen un objeto diferente al de la acción de tutela.  Eso explica el porqué de la norma contenida en el artículo 6º, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no procede la acción de tutela cuando se pretenda proteger los derechos mencionados en el artículo 88, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Pero si, además, una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa (perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones populares. ACCION DE TUTELA/DERECHO AL AMBIENTE SANO Una acción de tutela instaurada por persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales (artículo 18 Decreto 2591 de 1991). Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer.  Unicamente de la conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE/JUEZ DE TUTELA La acción de tutela cabe únicamente cuando no existan otros medios judiciales para la protección del derecho invocado (subsidiariedad), pero se excluye de esta hipótesis el caso del perjuicio irremediable, el cual puede ser evitado por medio de la intervención oportuna del juez a partir de una demanda de tutela. En esas circunstancias, que deben ser evaluadas por el juzgador de manera concreta, a fin de realizar la protección cierta del derecho mientras se profiere la decisión de la autoridad en la vía judicial pertinente, la tutela asume el carácter de remedio urgente cuya aplicación procede pese a la existencia de otros procedimientos, si ellos carecen de la inmediatez indispensable para que luego no resulten inútiles. Los hechos que hacen prever ese perjuicio irremediable, en cuanto dan lugar a la adopción de medidas excepcionales de carácter transitorio tendientes a evitarlo, deben acreditarse ante el juez competente para conocer de la acción de tutela y a él corresponde la evaluación concreta de los mismos en orden a adoptar la decisión que resulte urgente para proteger el derecho mientras opera el otro medio de defensa judicial, todo lo cual supone la inmediación del juez como elemento indispensable. Sala Tercera de Revisión Ref.: Acción de Tutela T-1554 JOSE VICENTE MOLANO FERNANDEZ Contra INDERENA y Otros Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión Nº 3, dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar el fallo de marzo dos (2) del presente año, proferido en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. -Sala Penal-, mediante el cual confirmó la providencia del Juzgado Veintiocho de Instrucción Criminal, que en primera instancia negó la tutela solicitada. I. INFORMACION PRELIMINAR JOSE VICENTE MOLANO FERNANDEZ, en ejercicio de la acción de tutela, presentó escrito que fue asignado por sorteo el día seis (6) de febrero del año en curso al Juzgado Veintiocho de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C., agencia judicial que resolvió en primera instancia la solicitud planteada mediante providencia del once (11) del mismo mes y año. La petición formulada ante el mencionado Despacho fue dirigida contra el INDERENA, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, por cuanto, según el actor, tales autoridades "omitieron la emisión del concepto necesario para la declaración del efecto ambiental de la obra contrato Nº 59 para el DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS, EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL RODANTE Y EQUIPOS FIJOS, LA CAPACITACION DEL PERSONAL Y EL MONTAJE Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DEL METRO PARA EL VALLE DE ABURRA" (Subrayado en el original). Consideró el accionante que debido a tal omisión se adjudicó el contrato y se iniciaron las obras correspondientes, presentándose una amenaza ecológica y sanitaria contra la población, amenaza que tiene origen, según MOLANO FERNANDEZ, en el trazado ilegal del Metro de Medellín, toda vez que con él se afectan las riberas y el cauce del Río Medellín y de la quebrada "La Hueso". Por tal razón solicitó le fuera concedida la tutela como mecanismo transitorio para que se ordenara "la cesación de trabajos en el Metro de Medellín, como acción para evitar una posible catástrofe y la propagación de epidemias de incalculables proporciones y funestos resultados". Como fundamentos de hecho el peticionario mencionó en 34 ítems, lo que él denomina "cronograma de actividades relacionadas con el Metro de Medellín y su ilegalidad durante diez años", citando allí diversas actuaciones vinculadas con la construcción de la mencionada obra. Consideró el demandante que la expresada omisión ha constituído y constituye "flagrante violación de las normas, leyes que protegen la vida, salud, bienes y soberanía nacional", enunciando a continuación por sus números varias normas, sin explicación sobre ellas y sin determinación sobre si pertenecen al orden nacional, departamental o municipal. Se observa que el actor no indica las razones por las cuales considera que los derechos fundamentales mencionados están amenazados o han sido vulnerados. II. TRAMITE JUDICIAL Mediante fallo del once (11) de febrero del presente año, el Juzgado Veintiocho (28) de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C., negó el amparo solicitado con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". En consecuencia, la razón expuesta por el Despacho para decidir está basada en su falta de competencia, toda vez que la acción debió ser iniciada ante las autoridades judiciales de Medellín.  Para avalar su determinación cita una providencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia el pasado seis (6) de febrero, en la cual se señala:  "...Habrá de concluirse que la acción de tutela, al tenor del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, debe promoverse ante los jueces o tribunales del lugar donde ocurre la violación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales...". Una vez notificado el solicitante, procedió, dentro del término legal, a impugnar el fallo mencionado por considerar que si bien la obra se ejecuta en el Valle de Aburrá, las autoridades competentes para decidir sobre su suspensión están radicadas en la Capital de la República. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., por intermedio de su Sala Penal, decidió, el pasado dos (2) de marzo, sobre la apelación interpuesta.  Las razones por las cuales la sentencia de primera instancia fue confirmada, están vinculadas con la falta de precisión del actor, quien, según la providencia, "ni siquiera trata de insinuar" el derecho fundamental violado o amenazado, como lo exige el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991; además, dice el Tribunal, debido a que con su actuación pretende la preservación de derechos e intereses colectivos relacionados con la protección del medio ambiente, cuenta con otro tipo de acción, prevista en el artículo 88 de la Constitución Política. En cuanto a los motivos del inferior para negar la tutela y los argumentos que contra tal decisión esgrime el recurrente, el Tribunal parece no aceptar éstos, pero no entra a resolver de manera precisa acerca de si el juez de primera instancia y él mismo eran o no competentes para fallar sobre la acción intentada. El expediente en referencia fue recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el pasado dieciseis (16) de marzo y dos días después enviado a la Sala de Selección, la que mediante auto del treinta (30) del mismo mes resolvió que fuera repartido, para su revisión, a la Sala que ahora se ocupa del mismo. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A.  Competencia Según lo disponen los artículo 86, inciso 2º, y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia que el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., ha proferido en el presente caso. B.  Consideraciones relativas al caso examinado En el asunto ahora sometido al examen de la Corte concurren varias circunstancias que ameritan especial análisis en consideración a la importancia de la materia, toda vez que con la obra atacada por el actor en su libelo, tanto como con su eventual suspensión podrían estar siendo afectados los derechos de un gran número de personas que habitan en el Valle de Aburrá. No se oculta a la Corte que, como puede acontecer con toda obra de similar magnitud, los trabajos iniciados podrían estar afectando el ambiente, tal como lo asevera el peticionario y que, desde luego, de ser así, ello implicaría la necesidad de adoptar las medidas indispensables en orden a proteger derechos esenciales tales como la vida, la integridad personal y la salubridad de los habitantes. A este respecto, en cuanto toca con el ambiente, debe distinguirse entre el perjuicio colectivo y el perjuicio individual, ya que tanto la comunidad comprendida en su conjunto como las personas individualmente consideradas pueden resultar afectadas por la perturbación ambiental. Las acciones populares como medio de defensa del interés colectivo. Por lo que atañe al perjuicio que sufra la comunidad por causa del deterioro o corrupción del ambiente, ha de tenerse en cuenta que precisamente para esos eventos la Constitución Política ha contemplado un especial procedimiento encaminado a brindarle protección efectiva en caso de verificarse que en realidad el interés común está siendo dañado o amenazado. Es así como, dentro de un contexto mucho más amplio que cubre varias materias de interés comunitario, el artículo 88 constitucional, al preceptuar que la "ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella" (Subraya la Sala), ha deferido en el legislador la facultad para indicar las acciones y el procedimiento a seguir cuando se trate de procurar la actividad estatal enderezada al amparo del conglomerado, lo cual desarrolla con marcado énfasis el principio superior enunciado en el artículo 1º de la Carta sobre prevalencia del interés general, mediante la actividad que hoy debe cumplir el Estado Social de Derecho. Es claro que el ambiente sano hace parte de ese gran temario que puede encerrarse dentro del concepto del interés colectivo que reclama la atención prioritaria de las autoridades y que ha encontrado en la nueva Constitución varias formas de garantía, una de las cuales es cabalmente la del artículo 88 en comento. Desde luego, las acciones populares no son nuevas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pues están plasmadas algunas de ellas desde el Código Civil, en defensa de los bienes y lugares de uso público, la seguridad de los transeúntes, el interés de la comunidad frente a obras nuevas que amenacen causar daño, o ante el perjuicio contingente que pueda derivarse de delito, imprudencia o negligencia de cualquier persona y que pongan en peligro a personas indeterminadas (artículos 1005, 1006, 1007, 2358, 2359, 2360 del C.C., entre otros). El precepto constitucional del artículo 88 buscó ampliar el campo propio de esta clase de acciones como "un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los peligros a que se ven sometidas las comunidades en su integridad física y patrimonial, los daños que se le causan a las mismas por el ejercicio abusivo de la libertad económica, sin consideración a conductas comerciales leales y justas"1 .  Se las consideró como "remedios colectivos frente a los agravios y perjuicios públicos"2 , en distintas esferas. El ambiente reviste, dentro de las enunciadas materias, una especialísima importancia, tal como lo entendió en su momento la Asamblea Constituyente, según consta en varios de los proyectos en ella considerados:  "Es claro que la protección del medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno. Por tanto toda la estructura de éste debe estar iluminada por ese fin y debe tender a su realización"3 . "La problemática ambiental (...) y la protección del medio ambiente constituyen una compleja conjunción de factores socioeconómicos, técnicos e institucionales cuya atención demanda grandes esfuerzos y presupuestos proporcionados a la importancia de la tarea.  Sin embargo, no hay duda alguna de que las acciones que el país debe adelantar al respecto corresponden esencialmente a una decisión del Estado, que asigne a la gestión ambiental la importancia que le corresponde dentro del conjunto de actividades prioritarias del país"4 . Sobre la necesidad de facilitar a la sociedad los mecanismos jurídicos idóneos para alcanzar el propósito de preservar el ambiente, el Constituyente Alvaro Gómez Hurtado propuso una acción pública, que finalmente quedó incorporada con los demás temas colectivos en el artículo 88, expresando: "... se justifica que se dote a los particulares de una acción pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los conflictos de intereses que pudieren presentarse, bien de evitar los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir"5 . La acción de tutela como medio orientado a la protección de los derechos fundamentales. Como se observa, la defensa del ambiente sano concierne a la comunidad en cuanto tal y para el amparo de los derechos que a ella corresponden ha sido previsto el mecanismo de las acciones populares que, en ese sentido, tienen un objeto diferente al de la acción de tutela.  Eso explica el porqué de la norma contenida en el artículo 6º, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no procede la acción de tutela cuando se pretenda proteger los derechos mencionados en el artículo 88, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Pero si, además, una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa (perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones populares. El artículo 86 de la Constitución contempla expresamente la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales como las razones que hacen jurídicamente idónea la acción de tutela, siendo claro que la acción popular no necesariamente obra como medio de defensa judicial adecuado a la eficaz protección de los derechos del individuo, en especial cuando está de por medio la circunstancia de un perjuicio irremediable que podría prevenirse por la vía de la tutela, sin detrimento del uso colectivo de aquella para los fines que le son propios, según lo dicho. Desde este punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales (artículo 18 Decreto 2591 de 1991).  Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer.  Unicamente de la conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución. Del estudio efectuado por la Corte resulta evidente que las señaladas condiciones no se cumplen en este proceso, pues el solicitante no demuestra estar legitimado para ejercer la acción, ni acredita el perjuicio y menos aún la relación causa-efecto entre la construcción del Metro de Medellín y una situación concreta que ponga en peligro o cercene sus derechos constitucionales fundamentales. Por el contrario, entre los argumentos expuestos por el petente está el relacionado con el desbordamiento contínuo del Río Medellín y de la quebrada "La Hueso" sin que para esta Corte quede esclarecido si el mencionado fenómeno es ocasionado por el trazado y construcción de la obra o, como también lo afirma el actor, por "el irregular comportamiento del sistema de lluvias en el Valle de Aburrá, así como (por) la presencia de aguas servidas y de basuras de los cinco municipios anteriores a Medellín que son arrojadas al río", pues de establecerse esto último, no sería tan ostensible como lo pretende el actor el nexo causal entre la obra y la alteración ambiental que según él se presenta. Juez competente. El ejercicio de la acción de tutela está sometido al trámite procesal fijado mediante el referido Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 37 establece la competencia para resolver sobre ella, radicándola en cabeza de "los jueces y magistrados con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". Como bien lo hizo notar en su fallo el Juzgado Veintiocho (28) de Instrucción Criminal, el trazado y la construcción del Metro afectarían a los habitantes de Medellín y de las áreas adyacentes o aledañas a la obra, siendo por tanto competente para conocer del proceso la autoridad que ejerce jurisdicción en ese lugar del territorio nacional. El perjuicio irremediable El actor señala, entre sus múltiples argumentos, que por medio del Acuerdo Metropolitano Nº 08 de 1981, denominado "Plan Vial de Aburrá", se concedió para el trazado aledaño al Río Medellín y sobre la quebrada "La Hueso", una faja de 18.00 metros a uno y otro lado del río, desde Bello hasta Sabaneta, lo cual implica que si el peticionario llegara a acreditar que dicho trazado desconoce o viola el mencionado Acuerdo, podría obtener el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional competente en torno a la legalidad de la actuación administrativa llevada a cabo. Pero, claro está, no es la acción de tutela la vía judicial adecuada para alcanzar ese cometido ni es cualquier juez, sino el competente Tribunal Contencioso Administrativo el llamado a fallar sobre el tema. Ahora bien, en el presente caso la tutela ha sido solicitada como mecanismo transitorio, lo cual significa que su procedencia debe ser analizada en relación con esa modalidad procesal. El artículo 86 de la Constitución prevé de modo general que la acción de tutela cabe únicamente cuando no existan otros medios judiciales para la protección del derecho invocado (subsidiariedad), pero excluye de esta hipótesis el caso del perjuicio irremediable, el cual puede ser evitado por medio de la intervención oportuna del juez a partir de una demanda de tutela.  En esas circunstancias, que deben ser evaluadas por el juzgador de manera concreta, como ya lo ha dicho esta Corporación, a fin de realizar la protección cierta del derecho mientras se profiere la decisión de la autoridad en la vía judicial pertinente, la tutela asume el carácter de remedio urgente cuya aplicación procede pese a la existencia de otros procedimientos, si ellos carecen de la inmediatez indispensable para que luego no resulten inútiles. La norma constitucional está desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, que consagra en sus artículos 7º y 8º las atribuciones protectoras del juez cuando se requiera en el caso específico adoptar medidas provisionales desde la presentación de la solicitud, para amparar el derecho, o cuando sea el peticionario quien, alegando un perjuicio irremediable, solicite que la tutela se aplique como mecanismo transitorio. Pero, obviamente, los hechos que hacen prever ese perjuicio irremediable, en cuanto dan lugar a la adopción de medidas excepcionales de carácter transitorio tendientes a evitarlo, deben acreditarse ante el juez competente para conocer de la acción de tutela -único autorizado para el efecto, según el Decreto 2591 de 1991- y a él corresponde la evaluación concreta de las mismas en orden a adoptar la decisión que resulte urgente para proteger el derecho mientras opera el otro medio de defensa judicial, todo lo cual supone la inmediación del juez como elemento indispensable. Dado que en el presente caso no se instauró la acción ante la autoridad judicial competente, mal podía esperar el actor una decisión favorable a sus pretensiones aunque invocara, como lo hizo, una posible amenaza de daño irreparable, motivo éste que se añade a los anteriores para confirmar las providencias que denegaron la tutela impetrada. IV. DECISION Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.- CONFIRMASE, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Penal, de fecha dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), por medio de la cual se confirmó el fallo del 11 de febrero del mismo año, emanado del Juzgado Veintiocho (28) de Instrucción Criminal, que denegó la tutela interpuesta por JOSE VICENTE MOLANO FERNANDEZ. Segundo.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. COPIESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO      FABIO MORON DIAZ Magistrado                                     Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Proyecto de Acto Reformatorio Nº 62.  Derechos Colectivos, medio ambiente y acciones populares.  Delegatarios Guillermo Perry, Horacio Serpa y Eduardo Verano.  Gaceta Constitucional Nº 22.  Marzo 18 de 1991.  Pág. 62. 2  Cfr. Proyecto de Acto Reformatorio Nº 125.  Reforma General.  Constituyente Fernando Carrillo Flórez.  Gaceta Constitucional Nº 31.  Abril 1 de 1991.  Pág. 17. 3  Cfr. Proyecto de Acto Reformatorio Nº 127.  Delegatarios Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Luis Guillermo Nieto Roa.  Gaceta Constitucional Nº 26A.  Marzo 26 de 1991. Pág. 2 4 Cfr. Proyecto de Acto Reformatorio Nº 45.  Delegatario Carlos Lemos Simmonds. Gaceta Constitucional Nº 21.  Marzo 15 de 1991.  Pág. 21. 5  Cfr.  Proyecto de Acto Reformatorio Nº 23.  Constituyente Alvaro Gómez Hurtado.  Gaceta Judicial Nº 19.  Marzo 11 de 1991.  Pág. 3.

T-438-92 Sentencia No Sentencia No. T-438/92 DERECHO DISCIPLINARIO/DEBIDO PROCESO/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Alcance Si al derecho disciplinario se le aplican los principios generales del derecho penal, es claro que en el caso concreto, la procuraduría violó el principio de la favorabilidad. Si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de este principio en especial para resolver conflictos de carácter temporal entre las leyes, también es cierto que el principio de favorabilidad está esencialmente concebido para resolver conflictos entre leyes que coexisten de manera simultanea en el tiempo. EMPLEADO PUBLICO-Intervención en política/PERSONAL DOCENTE Cuando el estatuto docente les ordena a los educadores cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, se entiende que así deben hacerlo, pero que deben cumplir en particular las normas que regulan específicamente su actividad, y subsidiariamente, las demás normas generales. Por ello, no se le puede exigir al docente que no intervenga en política, cuando el estatuto específico que regula su actividad se lo esta permitiendo, con una excepción supremamente concreta. la Constitución del 91 consagra, como principio general, que los empleados públicos pueden participar en política  y se encarga de establecer ella misma las excepciones a ese principio. La participación de los empleados no contemplados en la prohibición en planchas o en listas con miras a su elección para corporaciones públicas, es un asunto que en los términos del citado artículo sólo puede ser definido por la ley. Sin embargo, no cabe duda que la posibilidad de intervenir en política era también permitida para los docentes, incluso a la luz de la Constitución anterior, respetando, eso sí, las limitantes que ella y la ley contemplaban. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/TRANSITO CONSTITUCIONAL No obra en el expediente prueba de las circunstancias concretas que podrían haberse erigido en obstáculo para atacar el acto vulnerador de los derechos fundamentales, y que hubieran colocado al solicitante - aún disponiendo de medios judiciales ordinarios de impugnación - en situación de no poder hacer uso de ellos o ser éstos inidóneos para el fin propuesto. El material acopiado no permite efectuar la confrontación de eficacia entre la acción de tutela y los medios judiciales ordinarios en principio procedentes. De otra parte, se trata de una actuación y unos efectos ya consumados al amparo del anterior ordenamiento constitucional, los cuales por estar agotados en la órbita jurídica no subsisten a la fecha de adoptarse este fallo. Sentencia de JULIO 1 DE 1992 Ref: Expediente 1413 Actor: ARGEMIRO RAMIREZ MENDIVIELSO Magistrado ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el  proceso de acción de tutela instaurado por Argemiro Ramírez  Mendivelso contra el Ministerio de Educación Nacional, y que fuera resuelto en primera y única instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 17 de marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. a. La acción El 18 de febrero de 1992, el señor Argemiro Ramírez Mendivielso interpuso demanda de tutela ante el Juez Superior de Reparto de Santafé de Bogotá. En dicha demanda, el peticionario relata que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional desde 1975 como profesor de Química y Biología, en un Colegio de Bosa y que después de haber sido trasladado en varias oportunidades, el 21 de Enero de 1991 le fue notificada una resolución de destitución emanada del mismo Ministerio. El origen de dicha destitución se remonta al 15 de Diciembre de 1988, cuando el profesor fue denunciado ante la procuraduría regional de Bogotá por supuesta intervención en política. Seis meses después se formuló el respectivo pliego de cargos. Al momento de rendir descargos, Ramírez Mendivielso argumentó en su defensa diciendo que el Estatuto Docente (decreto ley 2277 de 1979) sólo prohibe hacer proselitismo político en la cátedra y de ninguna manera prohibe a los educadores intervenir en política, tesis que encuentra respaldo en diversas resoluciones de la misma procuraduría. Finalmente, manifiesta que se trata de una contradicción entre una norma general (ley 25 de 1974), y una norma especial (estatuto docente), y que, en consecuencia la interpretación debe resolverse a favor de la norma especial por mandato expreso de la ley 57 de 1887. Estos argumentos fueron recibidos por el Procurador Primero Regional de Bogotá, quien, al considerarlos insuficientes, solicitó su destitución, decisión que fue confirmada en apelación por el Procurador Tercero Delegado para la Vigilancia Administrativa  y  ejecutada por el Ministerio de Educación Nacional el 20 de Noviembre de 1990. Paralelamente, se adelantó un proceso penal contra Ramírez por los mismos hechos. El 21 de Mayo de 1991, el Juzgado 9 de Instrucción Criminal de Chocontá decretó cesación de procedimiento por no encontrar fundamento en los cargos. Según el profesor Ramírez los hechos mencionados conducen a una violación de su derecho al trabajo y al debido proceso y por eso se ve obligado a interponer la tutela, para que se ordene su reintegro, se le cancelen los sueldos a que tiene derecho y se le indemnice. b. Las pruebas El peticionario aportó las siguientes pruebas: - Constancia de trabajo expedida por el Jefe de División de Personal del Ministerio de Educación Nacional. En ella consta que trabajó como profesor, desde el 21 de Abril de 1975 hasta el 20 de Noviembre de 1990, fecha en la que fue destituido. - Resolución de Escalafón 03699 del 15 de Mayo de 1989 de la Junta Seccional de Escalafón en la cual consta que fue ascendido al Grado 12 del Escalafón Docente. - Oficio 1158 del 21 de Junio de 1989 de la Procuraduría 1a. Regional de Bogotá, en la que se le pide al peticionario explicación de las razones por las cuales aceptó la candidatura al cargo de concejal de Machetá, y en la que se afirma que "la conducta descrita constituye inequivocadamente intervención en política". (Subrayas de la Sala) - Copia de la explicación dada por el peticionario a la Procuraduría Primera, en la que detalló que el Estatuto Docente le permitía ostentar la categoría de concejal y recusación por el hecho de considerar que el competente para conocer del asunto no es el procurador regional sino la Junta del Escalafón. - Resolución 059 del 14 de Noviembre de 1989 de la Procuraduría 1a. solicitando la destitución del peticionario. En esta resolución, después de desestimar la recusación, el Ministerio Público procede a afirmar que en el  momento en que se inscribió como candidato, el peticionario ostentaba la calidad de empleado oficial, en el grado de docente, lo que viola el art. 1 de la Ley 85 de 1981, porque "figurar en lista, aceptar la postulación como candidato para Corporaciones Públicas de elección popular, siendo éstas de índole administrativo -CONCEJOS MUNICIPALES- constituye intervención en política, toda vez que su nombre representa un determinado movimiento partidista y se somete a una contienda de tipo electoral".  Como sustento de lo anterior, cita la Procuraduría apartes de sendas providencias de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Termina diciendo que la existencia de norma especial no impide la aplicación de normas generales. - Copia del recurso de apelación interpuesto el 27 de Noviembre de 1989 contra la anterior resolución. En él, reitera los argumentos expresados en el proceso disciplinario y agrega: "Como se desprende de lo anterior al imponérseme la sanción de destitución del cargo de Profesor de enseñanza media del Colegio Distrital Bomberos por parte de la Procuraduría Primera Regional de Bogotá, ésta no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad, ni el de la prelación que tienen las normas especiales sobre las generales; formuló el cargo de violación de una norma sustantiva especial y general y aplicó una mixtura indebida, impropia e improcedente de procedimientos disciplinarios, haciendo más gravosas las condiciones de defensa y sanción del inculpado; y por aplicar y utilizar normas diferentes a las que conforman el debido proceso de los educadores, con su actuación generó una nulidad que deberá ser declarada por el inmediato superior". - Copia de la Resolución 270 del 14 de Marzo de 1990, de la Procuraduría Tercera para la Vigilancia Administrativa, en la que se confirma la resolución 059. En ella se afirma que no es de recibo la argumentación del apelante, por cuanto se considera que todo empleado público que se inscriba en listas para corporaciones administrativas-legislativas incurre en la falta disciplinaria determinada como intervención en política. -  Copia de la Resolución 16636 del 20 de Noviembre de 1990 del Ministerio de Educación Nacional en la que se destituye al peticionario de su cargo de profesor, en cumplimiento de las resoluciones del Ministerio Público. -  Copia de la providencia  del Juzgado 90 de Instrucción Criminal de Chocontá, del 21 de Mayo de 1991, por la cual se calificó el mérito del sumario y se  decretó la cesación del procedimiento en el proceso que por el delito de  intervención en política cursaba contra el peticionario de esta tutela. En dicha providencia, el Juzgado de Instrucción Criminal consideró que, si bien en principio está prohibido a los empleados públicos participar en política, en este caso existen normas especiales, como el Estatuto docente, en las que lo único que se prohibe es hacer proselitismo en la cátedra, lo cual permite inferir que a los educadores les está permitido intervenir en los demás actos propios de la política nacional. La elección de concejal, a más de ser un derecho constitucional, está, entonces, permitida para los educadores. Además, le consta al juzgador que el acusado consultó diversas opiniones autorizadas al respecto lo cual, en últimas, permite que haya obrado con la convicción errada e invencible de no incurrir en violación alguna a la ley penal, lo cual es una causal de inculpabilidad, pues creyó invenciblemente que estaba amparado por una causal de justificación . - Copia de dos resoluciones en las que diversas procuradurías delegadas y regionales archivaron procesos y revocaron destituciones, en casos similares al presente. - Por último, se aporta el concepto de los abogados Luis Carlos Avellaneda Tarazona y Manuel Medina Pareja, emitido a solicitud de FECODE en el cual se sostienen los siguientes argumentos: el principio general es que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido y, por lo tanto, la excepción a ese principio tiene que interpretarse de manera restrictiva. La prohibición de intervenir en política sólo es predicable de los empleados de Carrera Administrativa y no a los de Carrera Docente, por interpretación del Estatuto Docente. La sola inscripción de la candidatura no es "participación en política". Los Concejos son órganos administrativos y no políticos. c. El  fallo a revisar El  juzgado superior a quien le correspondió el reparto, consideró que el competente era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a dicho organismo remitió el expediente. Con ponencia de Alvaro León Obando Moncayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca  negó  la tutela, con base en las siguientes consideraciones: - El peticionario pretende que se le protejan sus derechos, sin atacar la ilegalidad de los actos administrativos por los cuales se le sancionó, y sin especificar si utiliza o no la tutela como mecanismo transitorio. - La tutela sólo procede cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial. En este caso, el peticionario tiene a su disposición la acción contencioso-administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. - Tampoco se trata de un caso en que se interponga la  tutela como mecanismo transitorio, pues no hay en juego ningún perjuicio irreparable. d. El texto de la presente sentencia de revisión, casi en su integridad, corresponde a un proyecto de ponencia inicialmente presentado por el H. Magistrado CIRO ANGARITA BARON, el cual no fue acogido únicamente por las razones que se consignan en el considerando D. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. A. La naturaleza del Derecho Disciplinario 1. El peticionario fue sancionado por el Ministerio Público, en ejercicio del poder disciplinario. El derecho disciplinario que respalda este poder está compuesto por un conjunto de normas y principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los servidores públicos cuando éstos violan sus deberes, obligaciones o incurren en vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades que para ellos ha establecido la ley. Este tipo de responsabilidad  ha dado lugar a la formación de una rama del derecho administrativo llamada "derecho administrativo disciplinario". Un amplio sector de la doctrina, si bien admite la diferenciación entre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, encuentra que la sanción disciplinaria debe sujetarse a los principios y garantías propias del derecho penal. Según esta interpretación, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho penal, y en su aplicación debe observarse las mismas garantías y  los mismos principios que informan el derecho penal. La naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también a ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal se predican también del disciplinario. Esta situación ha llevado a considerar que el término   derecho penal   es   impropio (pues existen, como se ve, varios derechos penales)  y empieza a hacer carrera la revitalización del término "derecho criminal" para referirse al derecho de los delitos propiamente dichos. Expertos como el profesor Juan Fernández Carrasquilla afirman: "El derecho disciplinario amenaza sanciones administrativas a quienes violan los especiales deberes de lealtad y rectitud que por una investidura pública les vienen impuestos. Al aplicarlo (aunque sea por medio del otorgamiento de esta función administrativa a ciertos órganos de la jurisdicción), el Estado procede, dice algún autor, como un patrón especial, no como soberano. En general, el ilícito disciplinario se encuentra definido en tipos más abiertos y las sanciones pueden ser a veces discrecionales. En él no hay nada de peligrosidad. Por lo general, la sanción disciplinaria no es incompatible con la penal propiamente dicha, salvo cuando la deslealtad o deshonestidad del funcionario o empleado público es elemento del tipo penal, pues entonces se violaría el postulado nombis in idem. )1 Todo lo anterior lleva a la conclusión inequívoca de que este derecho disciplinario, que es, en últimas un derecho penal administrativo, debe aplicarse con la observancia debida a los principios del derecho penal común. Debe aplicarse directamente el art. 375 del Código Penal, que establece: "Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código se aplicarán también a las materias penales de que tratan otras leyes o normas, siempre que éstas no dispongan otra cosa" En consecuencia, se debe entender que "materias penales" no es equivalente a "materias criminales", sino a materias en las que se apliquen penas, y se debe entender el término  "penas" en un sentido amplio,  como cualquier represión estatal formalizada. Si no se aceptare la aplicación directa de este precepto en el derecho disciplinario, cabría en todo caso la aplicación analógica del mismo, por la similitud en la naturaleza de las normas. En todo caso, la misma Constitución permite hacer esta interpretación, pues en el artículo 29 generaliza las normas del debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. Si al derecho disciplinario se le aplican los principios generales del derecho penal, es claro que en el caso concreto que hoy ocupa a esta Sala, la procuraduría violó uno de esos principios generales: el principio de la favorabilidad. B. El principio de favorabilidad 2.  El principio de favorabilidad está consagrado en la Constitución Nacional, art. 29, inciso tercero ("En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable"). La norma de la favorabilidad está reiterado en la ley 153 de 1887 y estaba consagrado en la Constitución de 1886. Si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de este principio en especial para resolver conflictos de carácter temporal entre las leyes, también es cierto que el principio de favorabilidad está esencialmente concebido para resolver conflictos entre leyes que coexisten de manera simultanea en el tiempo. En el caso planteado,  si la procuraduría, encontraba reprochable la conducta del profesor Ramirez, tenía la posibilidad de escoger entre dos normas concurrentes: de un lado la Ley 85 de 1981, que es de carácter general para todos los empleados públicos  y del otro el Estatuto docente, que es una norma específica. Olvidando que en su potestad disciplinaria-sancionatoria, debía tener en cuenta los principios generales del Derecho Penal, la Procuraduría aplicó la norma que más fácilmente respaldaba una sanción y no la norma que más convenía al acusado. La argumentación del Juez Noventa de Instrucción Criminal de Chocontá, en cambio, acoge plenamente el principio de favorabilidad y absuelve de toda responsabilidad al profesor Ramírez. Dice el juez penal en su sentencia: "...No obstante, para casos como el presente, tenemos que existen igualmente normas especiales, como el llamado "Estatuto Docente" contemplado en el Decreto 2277 de 1979, el cual determina un "tratamiento especial" al docente en su artículo 3". "A su vez, el Art. 46, literal i, establece prohibición de intervención proselitista política mediante la utilización de la cátedra; significa lo anterior que al interpretarse exegéticamente está permitido, de consiguiente, si solamente se prohibe la utilización de la cátedra para el proselitismo político, por lo demás, estos empleados oficiales pueden intervenir en los demás actos propios de la política nacional". "Así las cosas tendríamos que el ser elegido concejal, no sería incompatible con las inhabilidades de que trata la norma en cita; si no es aplicable a los docentes tenemos que en la práctica estos son  y pueden ser elegibles a cargos tales como el de que dan cuenta estos autos." La confrontación de la argumentación hecha por la Procuraduría contrasta con la argumentación del juzgado penal. Ambos se refieren al mismo hecho pero la tonalidad y el sentido del discurso jurídico apuntan  en direcciones opuestas: mientras la Procuraduría acude a la normatividad existente con un propósito sancionatorio, tratando de encontrar la norma que respalda la destitución del profesor Ramírez, el juzgado penal explora las normas en busca de la  protección de la persona. Más que una contradicción entre dos órdenes normativos, tenemos aquí una contradicción entre dos perspectivas, entre dos tipos de preocupación, entre dos tipos de sensibilidad jurídica. 3. El argumento esgrimido por el Ministerio Público plantea un problema de hermenéutica jurídica, relativo a la especialidad o generalidad de las leyes. Es deber de los docentes, como de todos los ciudadanos, cumplir la Constitución y las leyes. Pero cuando se trata de normas sancionatorias (penales en el sentido amplio), debe hacerse una interpretación lo más restrictiva posible de ese postulado, no sólo con base en el principio de la favorabilidad -ya explicado-, sino con base en lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 57 de 1887, que dice que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general De tal manera que, cuando el estatuto docente les ordena a los educadores cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, se entiende que así deben hacerlo, pero que deben cumplir en particular las normas que regulan específicamente su actividad, y subsidiariamente, las demás normas generales. Por ello, no se le puede exigir al docente que no intervenga en política, cuando el estatuto específico que regula su actividad se lo está permitiendo, con una excepción supremamente concreta. C. Los funcionarios públicos y la intervención en política 1) En la Asamblea Nacional Constituyente 4. En la comisión tercera encargada de redactar el articulado sobre la estructura del Estado tuvo especial importancia el tema del régimen del servidor público. Los debates estuvieron marcados por la idea de la modernización de la administración y de la eliminación de viejas prácticas clientelistas propiciadas por los servidores públicos, consideradas como causa de inmoralidad y descrédito de las instituciones del Estado. En el marco de estas preocupaciones tuvo lugar la polémica sobre la intervención en política de los empleados públicos, que finalmente daría lugar a la votación del artículo 127 de la Constitución. La discusión puso en evidencia la existencia de dos posiciones encontradas. La primera de ellas era partidaria de la prohibición constitucional como regla general; la segunda, en cambio, prefería la permisión constitucional como regla general. 5. Los principales defensores de la tesis según la cual participación en política de los funcionarios públicos, en cualquiera de sus manifestaciones y para toda clase de servidores del Estado, debía estar prohibida, fueron  los delegatarios Hernando Yepes y María Teresa Garcés, quienes  presentaron el siguiente texto a consideración de la plenaria.2 " artículo 5: A los servidores públicos les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas sin perjuicio que ejerzan el derecho al sufragio. El quebrantamiento de esta prohibición constituye causal de mala conducta" 6. Por otra parte estaban los partidarios de que se permitiera como regla general la participación en política de los empleados públicos. En este grupo existían dos tendencias: la primera de ellas consideraba que cualquier excepción a la regla general de la participación, debía estar consagrada en la Constitución y al respecto presentaron el siguiente texto: "artículo 5 a: A los funcionarios públicos que detenten jurisdicción y mando o cargo de dirección administrativa, así como todos los que están vinculados a la rama jurisdiccional, la electoral y los mecanismos de control les está prohibido tomar parte en las actividades de partido  o movimientos políticos, en las controversias políticas e intervenir en debates de carácter electoral sin perjuicio de ejercer libremente  el derecho al sufragio, el quebrantamiento de esta prohibición será causal de mala conducta" 3 La segunda tendencia del grupo de los partidarios de la permisión, sostenía que correspondía al legislador establecer todo lo relacionado con la posibilidad de la participación en política de los funcionarios públicos. Entre los defensores de esta idea se encontraban los constituyentes  Jesús Pérez, Eduardo Espinosa, así como la propuesta de la Cámara de Representantes y la del Gobierno Nacional. De acuerdo con esta opinión, el Constituyente Abel Rodríguez propuso el siguiente  artículo: "Artículo 14: La ley fijará las condiciones para la participación de los servidores públicos en política ... " 4 " Esta propuesta constituye un  significativo avance frente al régimen vigente, en el sentido de permitirle el ejercicio pleno de los derechos  políticos de los ciudadanos, no obstante su vinculación al Estado; concientes eso si que la autoridad de la cual pueden estar investidos no puede constituirse en elemento al servicio de una causa o partido. En consecuencia y con el ánimo de que pueda realizarse un desmonte parcial de la prohibición actual se ha trasladado  al legislador la fijación de condiciones y requisitos para la participación de los servidores públicos en política."[1] 7. Luego de este debate, la mayoría de constituyentes fueron partidarios de abolir la prohibición que se tenía a todos los empleados públicos  de intervenir en política. Se pensó que la prohibición era demasiado restrictiva, que si bien frente a ciertos funcionarios se justificaba la prohibición, frente a otros no era razonable y podía conducir a excesos e injusticias. Fue así como el constituyente Carlos Rodado Noriega presentó una propuesta sustitutiva del artículo 14 presentado por la comisión tercera, según la cual se le defería a la ley  la reglamentación de la intervención política de los servidores públicos. El texto sustitutivo fue  el siguiente: " artículo 14: La ley fijará las condiciones para la participación de los servidores públicos en actividades políticas, salvo en los casos de los funcionarios que  detenten jurisdicción o mando  o dirección administrativa o de la rama jurisdiccional, la electoral y los organismos  de control. Con todo el servidor público que induzca o presione indebidamente a cualquier persona natural o jurídica, para que respalde una causa o campaña política perderá el empleo  e incurrirá en interdicción de derechos  y funciones por el término de cinco años"6 Como se ve, la propuesta conciliaba la idea de la prohibición taxativa para ciertos funcionarios públicos con la idea de la permisión regulada por la ley. Fue sometida a votación y aprobada, con algunas modificaciones de carácter gramatical, en la sesión plenaria del 18 de junio de 1991, en el capítulo de los partidos y movimientos políticos. El texto aprobado fue el siguiente: " artículo 6: A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o administrativa, o se desempeñen  en los órganos judicial, electoral y de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de  los partidos o movimientos y en las controversias políticas, sin  perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. ( tesis 2) Los empleados no contemplados en está prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley."[2] En la plenaria del 1 de Julio se decidió incluir dentro del artículo de incompatibilidades del servidor público este artículo que estaba disgregado de este capítulo, donde la prohibición de intervenir en política se convirtió en la excepción dentro de  la regla  y será al legislador a quien le corresponderá establecer la forma de acceso de los servidores públicos al plano de la actividad política. 2). Conclusión: la intervención en política 8. La estructura y funcionamiento de la administración pública están determinados por la idea del interés general. En el caso de los funcionarios oficiales, esta determinación se manifiesta en la creación de un régimen de regulación especial de las relaciones entre la administración y sus servidores. 9. La prohibición de la participación en política se deriva del propósito estatal de neutralidad en la toma de decisiones y en la aplicación de las mismas, condición ésta indispensable para la protección de los intereses generales. El postulado clásico de este principio se desprende de la mecánica institucional del Estado liberal del siglo XIX: en aquellas circunstancias, la administración tenía el cometido exclusivo de aplicar la ley, producto de la voluntad general representada en las mayorías parlamentarias; un adecuado funcionamiento de esta distribución de competencias exigía la total neutralidad de los funcionarios y por lo tanto una perfecta separación entre el periodo político de creación de la ley y el periodo técnico de su aplicación. Con la evolución del Estado intervencionista y con el aumento de la complejidad de las relaciones entre el derecho y la sociedad se introdujeron variaciones importantes en el esquema clásico de la administración pública, entre las cuales la más significativa tuvo que ver con el fortalecimiento de su poder de interpretación y creación en el proceso de aplicación. De acuerdo con esto, la función de la administración no puede limitarse a una simple deducción mecánica del principio legal; ella implica una participación activa, creativa y política, en cuanto interpretación del contenido del interés general, en el proceso de adecuación de las normas legales a la realidad social. El poder discrecional no debe ser entendido como una intromisión en las facultades políticas del órgano legislativo, sino como una consecuencia misma de la naturaleza de la función administrativa, cuya complejidad y dinamismo impiden una previa determinación, a través de formulaciones abstractas, de la manera como deben ser aplicadas las normas. No obstante el carácter creador y político de la función llevada a cabo por la administración pública, el principio de la no intervención en política de sus servidores -en política partidista- ha permanecido intacto. Se ha seguido considerando que la prohibición de participar en el debate político es una condición necesaria de la neutralidad del funcionario público. Sin embargo, la misma complejidad de la administración y la diversidad de manifestaciones que puede adoptar la conducta prohibida hace necesario una adecuación del principio general a los diferentes casos concretos. No todos los funcionarios públicos al participar en la política partidista están en condiciones de afectar de manera similar la neutralidad y el interés general. Si se parte del principio general, según el cual las decisiones de los servidores públicos deben ser imparciales, es evidente que una de las condiciones indispensables para poder incurrir en una falta relacionada con dicha imparcialidad tiene que ver con la existencia de decisiones en las cuales se haga posible dicha violación. Si un servidor público dentro del catálogo de las funciones que le fueron asignadas no tiene la oportunidad de tomar este tipo de decisiones, pues es claro que con su participación en política no se afecta el interés general. En el caso de los profesores, la preocupación del legislador sobre la participación en política se manifiesta en la posibilidad de que la enseñanza impartida por el maestro se encuentre cargada de contenido político en favor de algún partido o movimiento. Por eso el estatuto docente prohibe expresamente al profesor  la utilización de la cátedra para estos fines. Por fuera de esta específica interdicción, el estatuto docente no hace referencia a ninguna otra conducta  y esto es razonable si se tiene en cuenta el hecho de que sólo en estas circunstancias, en la cátedra, el  profesor se encuentra en posibilidad el afectar la neutralidad exigida por la constitución a sus servidores. Por fuera de la cátedra el profesor se encuentra en condiciones similares a las de los demás ciudadanos. Sus opiniones políticas e incluso su participación directa en el debate partidista, por fuera del recinto académico, no tienen por qué afectar la neutralidad que la ley exige de sus servidores en el manejo de los bienes y asuntos de interés general. La Constitución colombiana, atendiendo al criterio de neutralidad en las decisiones, a la hora de establecer la prohibición de participar en política, diferencia claramente entre aquellos funcionarios que tienen un notable poder decisorio y de afectación del interés general y aquellos que no lo tienen. Para el primer grupo de funcionarios la constitución establece el principio de la prohibición; para el segundo el principio de la permisión. En efecto el artículo 127 de la Carta dice lo siguiente en sus incisos segundo y tercero "A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. "Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley." Es claro entonces, que la Constitución del 91 consagra, como principio general, que los empleados públicos pueden participar en política  y se encarga de establecer ella misma las excepciones a ese principio. La participación de los empleados no contemplados en la prohibición en planchas o en listas con miras a su elección para corporaciones públicas, es un asunto que en los términos del citado artículo sólo puede ser definido por la ley. Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores de esta misma providencia, no cabe duda que la posibilidad de intervenir en política era también permitida para los docentes, incluso a la luz de la Constitución anterior, respetando, eso sí, las limitantes que ella y la ley contemplaban. D. El otro mecanismo de defensa judicial 10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega la tutela al peticionario con el argumento de que "existen otros mecanismos de defensa judicial". El alcance de dicha expresión ha sido ya objeto de análisis por esta misma Sala de Revisión al conocer de la tutela de referencia T-534; en aquella ocasión se dijo lo siguiente: "Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibidem Art. 2) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos. "Siendo esto así, es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. "En otros términos, en virtud de los dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela."[3] No obstante lo anterior, no obra en el expediente prueba de las circunstancias concretas que podrían haberse erigido en obstáculo para atacar el acto vulnerador de los derechos fundamentales, y que hubieran colocado al solicitante - aún disponiendo de medios judiciales ordinarios de impugnación - en situación de no poder hacer uso de ellos o ser éstos inidóneos para el fin propuesto. El material acopiado no permite efectuar la confrontación de eficacia entre la acción de tutela y los medios judiciales ordinarios en principio procedentes. De otra parte, se trata de una actuación y unos efectos ya consumados al amparo del anterior ordenamiento constitucional, los cuales por estar agotados en la órbita jurídica no subsisten a la fecha de adoptarse este fallo. Lo anterior en atención a que el artículo 6o. numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991 exige que la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales sea  apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia dependiendo de las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Luego, tales circunstancias deben poder apreciarse por el juez, para decidir por razones de eficacia la procedencia de la acción de tutela, pese a la existencia de medios judiciales ordinarios. Lo dicho resulta todavía más necesario tratándose de vulneraciones plenamente consumadas con anterioridad a la actual Constitución. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha 3 de Marzo de 1992, por la cual se negó la tutela impetrada por Argemiro Ramírez Mendivelso. SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría de la Corte Constitucional que se comunique este fallo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para los efectos establecidos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Copiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado -Salvamento de Voto- EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Salvamento de voto de la Sentencia No. T-438 PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/ACCION DE TUTELA (Salvamento de voto) Luego de la indicación acerca de la ausencia de prueba sobre la procedencia de la tutela como el mecanismo más eficaz de defensa de los derechos fundamentales, la decisión mayoritaria resuelve la duda que de allí se deriva en contra y no a favor del peticionario. De esta manera contradice el principio universal de favorabilidad. La duda procesal, resuelta en contra del peticionario, no se ajusta al principio consagrado en el artículo 228. Además, la contradicción de uno de mis colegas es aún más evidente si se tiene en cuenta su respaldo a la Sentencia 224 de la Corte Constitucional, en la cual se manifestó expresamente que la omisión de alguno de los requisitos procesales no impedía el otorgamiento de la tutela cuando fuera evidente la vulneración de un derecho constitucional fundamental. FALLO DE TUTELA (Salvamento de voto) De la parte motiva de las sentencias no se puede esperar otra cosa que la exposición de los fundamentos de la decisión. Sin embargo, no siempre sucede así y la sentencia de la cual me aparto es un buen ejemplo de ello. En este caso la disociación entre la motivación y la resolución no se explica como un descuido o como una falla o como un error de quien elabora el texto. En realidad, la disparidad es deliberada y oculta, tras el discurso, un propósito simbólico. PALABRAS INUTILES "Pronuncia tus sentencias pero no dés tus razones". William Murray (advice to judges) 1. Es necesario comenzar aclarando que la incongruencia del fallo obedece al hecho de que la parte motiva del mismo fue redactada casi en su totalidad por el autor de este salvamento, con el propósito de conceder la tutela al peticionario y no como termina sucediendo, para negarla. La mayoría de la Sala redactó únicamente los dos párrafos finales y la parte resolutiva del mismo. Por tanto es apenas natural que yo esté de acuerdo con lo que escribí. Ahora bien, mi desacuerdo es total con la parte resolutiva y con los dos párrafos finales que la respaldan. Las razones suficientes para otorgar la tutela fueron ignoradas por mis colegas. 2. Es claro que en la decisión que no comparto, terminó por prevalecer un argumento de estirpe estrictamente procesal, que llevó a mis colegas a desentenderse de las eventuales violaciones de derechos constitucionales fundamentales. En su obsesión por ignorar abiertamente el pasado y sus efectos, mis colegas no repararon en que el peticionario está en la actualidad sin empleo, como fruto de un hecho que si bien se produjo en el pasado, proyecta todavía sus efectos nocivos en el presente: la vulneración del derecho al trabajo originada en una restricción injusta a la participación en política. 3. En las últimas 26 líneas de la tutela, que son las que sirven para negar la petición, se afirma lo siguiente: "no obra en el expediente prueba de las circunstancias concretas que podrían haberse erigido en obstáculo para atacar el acto vulnerador de los derechos fundamentales y que hubieran colocado al solicitante -aún disponiendo de medios judiciales ordinarios de impugnación- en situación de no poder hacer uso de ellos o ser éstos inidóneos para el fin propuesto. El material acopiado no permite efectuar la confrontación de eficacia entre la acción de tutela y los medios ordinarios en principio procedentes". Luego de la indicación acerca de la ausencia de prueba sobre la procedencia de la tutela como el mecanismo más eficaz de defensa de los derechos fundamentales, la decisión mayoritaria resuelve la duda que de allí se deriva en contra y no a favor del peticionario. De esta manera contradice el principio universal de favorabilidad al cual la ponencia inicial, incorporada en el texto finalmente aprobado, le dedica nueve párrafos. Pero ésta no es la única contradicción de mis colegas: la perspectiva puramente procesal que se acaba de indicar, contradice el artículo 228 de la Constitución defendido arduamente por sentencia de esta Corporación en la que se lee: "... Como corolario del principio de efectividad, elemento esencial del Estado Social de Derecho, el artículo 228 de la Constitución Política ordena que en las decisiones judiciales, prevalecerá el derecho sustancial. No existe derecho más sustancial que el consagrado en la propia Constitución cuando se ocupa de definir los diferentes derechos. Esa disposición debe por ello interpretarse como una de las más preciosas garantías de la protección de los derechos y brinda la prueba inconcusa de su pleno valor normativo"1 (Subrayas fuera del texto). Sin embargo, la duda procesal, resuelta en contra del peticionario, no se ajusta al principio consagrado en el artículo 228. Además, la contradicción de uno de mis colegas es aún más evidente si se tiene en cuenta su respaldo a la Sentencia 224 de la Corte Constitucional, en la cual se manifestó expresamente que la omisión de alguno de los requisitos procesales no impedía el otorgamiento de la tutela cuando fuera evidente la vulneración de un derecho constitucional fundamental. 4. Por otra parte, la decisión mayoritaria que no comparto es un buen ejemplo de una peligrosa tendencia, manifiesta en sentencias de tutela de otras Salas de la Corte y que consiste en utilizar la parte motiva para exponer un discurso progresista y alentador en materia de derechos constitucionales, que a la hora de la verdad no es tenido en cuenta en la parte resolutiva de la sentencia. En efecto, de la parte motiva de las sentencias no se puede esperar otra cosa que la exposición de los fundamentos de la decisión. Sin embargo, no siempre sucede así y la sentencia de la cual me aparto es un buen ejemplo de ello. En este caso la disociación entre la motivación y la resolución no se explica como un descuido o como una falla o como un error de quien elabora el texto. En realidad, la disparidad es deliberada y oculta, tras el discurso, un propósito simbólico. El mecanismo simbólico que se anota puede ser descrito como el propósito que los creadores o los aplicadores del derecho persiguen al separar una práctica discursiva colmada de valores democráticos, solidarios, protectores, conciliadores, de una práctica muda, cuya característica esencial consiste en la imposición de restricciones, controles, limitaciones, etc.  Lo dicho no se hace y lo hecho no se dice. El pudor de no comentar las sanciones que se establecen conduce al establecimiento de sentencias infundadas, sin pudor. En el caso de la decisión mayoritaria que no comparto, luego de recorrer el texto de la Sentencia, pasando por una motivación detallada y colmada de insistentes argumentos en favor del derecho de los profesores a la participación política, hasta llegar a la desconcertante decisión que niega el derecho del peticionario, viene a la memoria la pregunta de F. Von Schiller: "Qué es lo poco que quiere decir todo ese largo discurso?". CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1 Fernández Carrasquilla, Juan. Derecho Penal Fundamental. Tomo I 2 Desgrabaciones magnetofónicas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Sesión Plenaria de Mayo 30 de 1991. 3 Ibidem No 2 4 Gaceta Constitucional No 70 pág 16 6 Informe de ponencia para primer debate. Gaceta Constitucional No 68 pág 17 [2] Gaceta Constitucional No 105 pág 15 [3]. Sentencia Corte Constitucional No 414 Sala Primera de Revisión, pág 15 1 Sentencia Número 06. Sala de Revisión Número 2, página 28

T-439-92 Sentencia No Sentencia T-439/92 ACCION DE TUTELA/MINORIAS POLITICAS Los integrantes de minorías políticas que individualmente ostentan la condición de civiles pueden verse afectados con ocasión de las actividades militares y tienen derecho a solicitar del Estado su protección específica, mediante el ejercicio de los medios jurídicos más efectivos para ello, en particular de la acción de tutela. DERECHO A LA PAZ La convivencia pacífica es un fin básico del Estado y el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento. El mínimo de paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía depende la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona. DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración/DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza/JUEZ DE TUTELA-Facultades/DERECHO A LA LIBERTAD/JUEZ DE TUTELA-Facultades La vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. El criterio constitucional para evaluar la existencia de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la verificación empírica de los factores de peligro, lo cual de suyo es imposible epistemológicamente, sino la creación de un parámetro de lo que una persona, en similares circunstancias, podría razonablemente esperar. El juez de tutela debe tener una especial sensibilidad por los derechos fundamentales y su efectiva protección, para lo cual, no basta limitarse a argumentos lógicos o probabilísticos. Debe apreciar las circunstancias del caso en su temporalidad e historicidad concretas para concluir si la acción de la autoridad podría racionalmente percibirse como amenazante para una persona colocada en condiciones similares. DERECHOS DEL NIÑO/DERECHO A LA FAMILIA La familia, en particular sus derechos fundamentales a la armonía y unidad, ha sufrido en el presente caso una clara desestabilización, con la grave repercusión que ello tiene para los niños y, para la sociedad, al ser precisamente ella su institución básica y núcleo fundamental. La circunstancia del padre que se ve obligado a huir abandonando a su esposa e hijos, constituye un atentado contra la familia y una amenaza respecto de los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y no ser separados de ella. DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA Mediante la protección individual de los derechos fundamentales del solicitante se pretende advertir a la fuerza pública que actos de esa naturaleza no pueden volver a ocurrir. La Corte reafirma la legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar la totalidad del territorio nacional, mediante el uso privativo de las armas y el derecho a capturar y conducir ante la justicia a las personas que con sus actos beligerantes pretendan desconocer el orden constitucional vigente. Pero también defiende de manera categórica los derechos fundamentales de las personas civiles, víctimas de la confrontación armada y del accionar de los grupos en pugna. En particular, agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho al apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de participación política, así como, para garantizar su seguridad y la de sus miembros, el acceso a los medios y mecanismos estatales indispensables para desarrollar su acción política y poder crecer como alternativa de poder. DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Amenazas a miembro de la UP SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Deberes mínimos de las autoridades estatales Referencia: expediente T-1088 Actor: LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1088 adelantado por el señor  LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO contra las Fuerzas Militares de Colombia y los Organismos de Seguridad del Estado con sede en el Departamento de Norte de Santander. A N T E C E D E N T E S 1. LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO, militante del Partido Comunista, y a partir de 1988 miembro del movimiento político Unión Patriótica, interpuso acción de tutela contra las autoridades y los  organismos de seguridad del Estado (D.A.S., F.2, DIJIM, SIJIM, S.2 Y B.2) para que se le protegieran el derecho a la vida, a la integridad personal suya y de su familia, sus bienes, así como su regreso al país. Acusa como violados y amenazados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 11, 12, 13, 18, 28 y 40 de la Constitución. 2. En su escrito petitorio, el señor Rolón Maldonado narró como por ser "tildado de guerrillero" por algunas autoridades y personas del municipio de Santiago, Norte de Santander, debido a sus actividades políticas, la Policía y el Ejército lo buscaban para matarlo, teniendo que huir en 1989 con su esposa e hijos a Bucaramanga. Posteriormente, en 1990, por la difícil situación económica que atravesaban, regresó a la finca de sus padres en la vereda UPERENA. 3. El día 24 de agosto de 1990, según versión del peticionario, viajó hacia las 4:00 al municipio de Zulia y "a las 5:00 de la mañana, tropas del Ejército Nacional, adscritas al Batallón de Infantería Número Cinco Maza de Cúcuta se tomaron por ASALTO la casa y desarrollaron un intenso tiroteo que duró por espacio de 15 a 20 minutos". 4. El solicitante anotó respecto del operativo militar: "realizaron el allanamiento y registro de la casa y fueron sacando a cada uno de los habitantes que estaban en la casa, dos ancianos (mis padres), los niños y mi hermano CIRO ROLON con su esposo (sic), y un MAQUINISTA de CAMINOS VECINALES que en esos días estaba abriendo la trocha para la carretera CACAHULA-UPERENA. Cuando los soldados sacaron a mi hermano CIRO ROLON, el oficial que comandaba el operativo le preguntó a uno de los "soldados" que llevaban encapuchados "que si ese era" este encapuchado disque que le dijo "no ese no es, el otro tiene vigote"(sic), o sea yo. Como consecuencia de este tiroteo, resultaron heridos dos campesinos de la zona que se desplazaban  a su trabajo a esa hora, uno de ellos LUIS EDUARDO DIAS (sic) es mi cuñado le fue cercenado el brazo derecho con una granada que le lanzó un soldado, el otro campesino sufrió heridas por las esquirlas de la misma granada, este campesino se llama ORLANDO CONTRERAS. De estos hechos tuvo conocimiento la PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, así como la PROCURADURIA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER, por queja que hiciera la señora DELFINA RINCON madre del señor LUIS EDUARDO DIAZ, en el mes de Octubre de 1990". 5. Como consecuencia de estos hechos, afirmó el petente, se vió forzado a huir nuevamente de la vereda, esta vez, fuera del país sin que hasta el momento haya podido regresar a su lugar de origen. No obstante, miembros del Ejército Nacional, de acuerdo con los testimonios recogidos, en varias oportunidades se hicieron presentes en la finca de sus padres inquiriendo sobre su paradero. En una de tales ocasiones, llegaron hasta su rancho, luego de destruirlo, llevaron a su hijo JHOANY ROLON DIAZ a un sembradío de caña, procediendo a amenazarlo con fusiles y a preguntarle sobre el paradero de su padre. 6. Igualmente, el señor Rolón Maldonado sostuvo en su solicitud de tutela que a su esposa DIGNERIA DEL CARMEN LOZADA un miembro del D.A.S. le comentó que legalmente no había nada contra su esposo, "pero que ahí había una plata para matarlo, que el agente del D.A.S. que lo conociera se lo podía ganar". 7. De los anteriores hechos conoció, en primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, el cual luego de practicar diversas pruebas testimoniales y de oficiar a los diferentes organismos de defensa y seguridad, mediante sentencia del 18 de febrero de 1992, concedió la tutela solicitada en lo que respecta al derecho fundamental a la libertad personal, y ordenó "a las autoridades militares y organismos de seguridad del Estado, que salvo causa legal, se abstengan de molestar en su persona o familia o detener o registrar el domicilio o residencia del señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO". 8. En concepto del juez del conocimiento el conjunto de pruebas recaudadas permitió concluir que "en agosto de 1990 miembros del Ejército Nacional adelantaron un operativo militar en la finca de la familia Rolón Maldonado habiendo registrado su habitación, con actitud amenazante e indagando, según la versión del señor HERMES ROLON y CIRO ALFONSO ROLON, por el paradero de LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO". De otra parte, el fallador pudo establecer que se inició investigación penal en el Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar contra un soldado voluntario por el presunto delito de lesiones personales en perjuicio de dos particulares como resultado de los hechos ocurridos en desarrollo de las aludidas actividades militares, cuyo expediente fue enviado el día 17 de enero de 1992 al Juzgado de Instancia - Comando - Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 "Maza". Igualmente, pudo comprobarse judicialmente, que a pesar de no existir ninguna orden de captura vigente en su contra, ni registrar antecedentes penales, según lo certificado por las fuerzas militares y los organismos de seguridad del Estado, el señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO fue molestado de manera arbitraria e injusta, vulnerándose así su derecho fundamental a la libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Constitución. 9. En cuanto a la posible violación o amenaza de otros derechos como la vida, la integridad física, la libertad de conciencia y los derechos de participación política, el juez de instancia no encontró establecido si efectivamente hubo actos consumatorios o atentatorios contra los mismos; en su criterio, tampoco pudo demostrarse que los rumores de que la vida del petente estaba en peligro fueran ciertos ni atribuibles al ejército nacional ya que "no es lógico ni viable afirmar que con los operativos militares se buscaba eliminarlo". Igualmente, el juez de tutela no estimó corroborado el hecho de una violación o amenaza de la libertad de conciencia del solicitante por parte de los miembros del ejército como consecuencia de rechazo o condena de su ideología política, ya que "por el contrario, los testigos que declararon, manifestaron ignorar la causa o el por qué de los operativos militares". 10. No habiendo sido impugnada la referida providencia de tutela, fue enviada a la Corte Constitucional, siendo repartida, previo proceso de selección, a esta Sala para su revisión. 11. En el curso del proceso de revisión, la doctora AIDA ABELLA ESQUIVEL, Presidenta de la Unión Patriótica, entregó a la Corte una lista que incluye los nombres de más de mil personas vinculadas a dicho movimiento y que fueron asesinadas o desaparecidas. FUNDAMENTOS JURIDICOS Derechos fundamentales y militancia política 1. El accionante, señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO, adujo como vulnerados y amenazados sus derechos fundamentales como consecuencia de su militancia política en el partido comunista y posteriormente en la Unión Patriótica. La anterior aseveración aunque no fue demostrada en el proceso de tutela, tampoco fue desvirtuada, por lo que exige tenerse en cuenta en el análisis de la situación jurídica presente. Democracia participativa y proceso político 2. El principio de democracia participativa acogido por la Constitución supone un proceso político abierto y libre, a cuya realización deben contribuir tanto los particulares como todas las autoridades, incluida la fuerza pública. El corazón de la democracia es el respeto de los derechos de la persona. El fin último y fundamento mismo de la organización política democrática es la dignidad humana, la cual solamente puede ser garantizada mediante la efectiva protección de los derechos fundamentales. Los derechos políticos de participación (CP art. 40) hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. El hombre solo adquiere su real dimensión de ser humano mediante el reconocimiento del otro y de su condición inalienable como sujeto igualmente libre. Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen  una esfera indispensable para la autodeterminación  de la persona (CP art. 16), el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo (CP Preámbulo, art. 2). La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de participación. La recuperación de la legitimidad institucional inspiró la consagración de diversos mecanismos de participación a lo largo del texto constitucional. La transformación del sistema político y de las relaciones Estado-sociedad se refleja en el concepto mismo de soberanía popular (CP art. 2). El pueblo, en ejercicio de sus derechos políticos, articula el Estado-aparato. La sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del poder político; en esta capacidad constitutiva del orden político radica la esencialidad de los derechos políticos de participación. La democracia es el medio para la autodeterminación individual y colectiva; la participación ciudadana, condición necesaria para que dicha finalidad pueda ser realizada, se ejerce a través de diversas instituciones como el referendo, la iniciativa legislativa, el plebiscito, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la consulta popular, el sufragio, la revocatoria del mandato, la elección popular de Alcaldes y Gobernadores, etc. El artículo 1o. de la Constitución define a Colombia como un Estado Social de Derecho organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista. Las cualidades distintivas de la organización política nacional se asientan en el libre intercambio de ideas y opiniones, en la activa vinculación de los individuos en la toma de las decisiones que los afectan, en la tolerancia y en la diversidad y multiplicidad de concepciones del mundo de los diferentes grupos étnicos que conforman la sociedad  (CP art. 7). La democracia no es simplemente una forma de organización estatal. Es un proyecto político cuyo fundamento material es la dignidad humana y sus manifestaciones concretas de la diversidad y la libertad. La estrecha relación entre democracia, dignidad humana, pluralismo y autonomía individual explica el frágil equilibrio de valores necesario para lograr su realización. La participación de todos los sectores de la población - Estado, sociedad civil, grupos reincorporados a la legalidad - es indispensable en el proceso democrático. La reticencia continuada de cualquiera de ellos puede imposibilitar la democratización de la vida social. Todas las autoridades - incluidas las fuerzas militares y de policía -, así como los particulares están vinculados a la Constitución (CP art. 6) y tienen como imperativo el reconocimiento de la persona humana, su dignidad, su singularidad, así como el respeto de la organización político-democrática donde aquélla obtiene su reconocimiento. Proceso político y situaciones de conflicto 3. El carácter democrático, participativo y pluralista del proceso político peligra cuando tiene que afrontar situaciones de hecho que atentan contra la existencia misma de la organización política. La presencia de los grupos guerrilleros en algunas zonas del país sitúa en un nivel crítico la vigencia del sistema político democrático en dichos territorios. El uso de la violencia como mecanismo de lucha política, la persecución física e ideológica, y la sistemática violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la igualdad, y la libertad, entre otros, comprometen seriamente la posibilidad de alcanzar un orden justo por las vías pacíficas. Cuando se presentan situaciones de conflicto armado entre la fuerza pública y los grupos armados que están fuera de la legalidad, el Estado tiene la obligación de ser extremadamente sensible en sus intervenciones, con miras a preservar el equilibrio político y social, mediante la protección eficaz a los grupos, partidos o movimientos minoritarios, en especial a aquellos que por su carácter contestatario pueden "estar en la mira" de otros grupos que, gozando de los beneficios institucionales y patrimoniales, pueden ver amenazadas sus prerrogativas. El surgimiento de grupos, movimientos y partidos políticos minoritarios a raíz de la desmovilización de antiguos integrantes de la guerrilla requiere de especial protección y apoyo por parte del Estado. La institucionalización del conflicto, la dejación de las armas y su sustitución por el ejercicio activo de la participación político-democrática y la renuncia de la violencia como método para alcanzar el cambio social, son alternativas que deben ser garantizadas por todas las autoridades para evitar que la llamada "guerra sucia" acabe cerrando la posibilidad de llegar a un consenso que reuna a todos los sectores de la población y permita la convivencia pacífica. La política de paz adelantada por sucesivos gobiernos ha permitido la progresiva apertura del aparato político que ahora incorpora personas y grupos sociales anteriormente excluidos del ejercicio del poder político. La profunda transformación constitucional en favor de la democracia participativa, el apoyo a los partidos y movimientos políticos minoritarios, la circunscripción especial para indígenas, financiación estatal de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los mecanismos de democracia directa, etc., han contribuido a la recuperación de la legitimidad institucional  y al fortalecimiento del Ejército Nacional como única organización militar autorizada constitucionalmente para el uso de las armas. Monopolio de las armas y judicialización del conflicto 4. Sólo el Estado, a través de la fuerza pública, tiene el monopolio de las armas. Otras organizaciones armadas al margen de la ley son inconstitucionales y deben ser proscritas del territorio nacional. Tampoco pueden existir en el país, por definición unitario, repúblicas independientes. La soberanía se debe ejercer sobre la totalidad del territorio. Es finalidad primordial de las fuerzas militares la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (CP art. 217). Para cumplirla, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están legitimadas para hacer presencia en todo el territorio nacional y combatir, hasta su sometimiento o reducción, a todos los grupos o movimientos guerrilleros que persistan en la confrontación armada. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones la fuerza pública debe tener presente que el fundamento mismo de su legitimidad es la defensa y el respeto de dichos derechos fundamentales. La Constitución de 1991 no sólo contribuyó a recuperar la legitimidad de las instituciones por la vía de la reformas democráticas. Adicionalmente, introdujo un profundo cambio en el manejo del orden público político, particularmente con la derogatoria del artículo 28 de la antigua Constitución, - que autorizaba la detención precautelativa de personas -, y la reforma al Estado de Sitio y la expresa prohibición de suspender los derechos humanos y las libertades públicas durante los estados de excepción (CP arts. 214 num. 2 y 93). La democratización de la sociedad ha estado acompañada de la decisión de llevar al plano judicial los conflictos armados que se presentan entre el Estado y los diferentes grupos situados fuera de la legalidad. Sin lugar a dudas, la consagración de una Carta de Derechos y Deberes y la adopción de mecanismos efectivos para su protección, han permitido que demandas y reivindicaciones sociales para las cuales anteriormente no existían canales democráticos de expresión cuenten hoy en día con amplios y eficaces instrumentos de participación. La judicialización del conflicto armado también ha repercutido en la concepción tradicional del poder político. Los derechos fundamentales constituyen límite constitucional del ejercicio del poder. Su fuerza irradiadora, por el lugar prioritario que ocupan en el orden político, económico y social justo, limita entre otros, el alcance del artículo 91 de la Constitución. Esta Corte ya ha sostenido anteriormente que, "independientemente de la pura consecuencia jurídica derivada del artículo 91 de la Carta en torno a establecer sobre quién recae la responsabilidad en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona -asunto claramente definido por la norma cuando, respecto de los militares en servicio, libera de ella al inferior y la proyecta hacia el superior que dá la orden- la disposición del artículo 18, que no admite excepciones, favorece la libertad de conciencia del subordinado y se constituye en límite a la discrecionalidad de quien manda, la cual no es absoluta, conciliando así el sano criterio de la disciplina inherente a los cuerpos armados con la real aplicación de los derechos. Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sóla enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución".1 Otro de los cambios introducidos por el constituyente para institucionalizar el conflicto armado colombiano a través de las vías judiciales fue la prohibición absoluta, en estado de conmoción interior, y con mayor razón en tiempos de normalidad, de sujetar a los civiles a la justicia penal militar (CP art. 214 inc. final). El ejército y la policía nacional tienen la misión de capturar a los infractores de la Constitución y la ley, y llevarlos ante sus jueces naturales para que sean procesados. La nueva fisonomía del poder político en Colombia significa el abandono de la hipótesis de "lucha contra el enemigo interior" y su sustitución por la cultura de los derechos humanos y su protección aún en tiempos de grave perturbación del orden público. Protección a la sociedad civil víctima del conflicto armado 5. Independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado. Los asaltos guerrilleros a poblaciones, la voladura de oleoductos, torres de energía, puentes y demás elementos de la infraestructura nacional, la extorsión y el secuestro, los atentados terroristas, etc., afectan directamente a personas inermes, ajenas al conflicto bélico y lesionan el interés general. De otra parte, en los operativos militares que legítimamente adelanta el Ejército Nacional pueden resultar vulnerados los derechos fundamentales de personas atrapadas en la "mitad de los dos fuegos". La angustiosa situación de desamparo en que están sumidas las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades, exige del Estado la protección especial de estas personas o grupos sociales. Los integrantes de minorías políticas que individualmente ostentan la condición de civiles pueden verse afectados con ocasión de las actividades militares y tienen derecho a solicitar del Estado su protección específica, mediante el ejercicio de los medios jurídicos más efectivos para ello, en particular de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución. Mínimo de paz y derecho a la paz 6. La organización política tiene como fin primordial la convivencia pacífica. La paz fue uno de los principales fines buscados en el nuevo consenso social, al punto de ser llamado ese cuerpo "la Constituyente de la paz". (Intervención del constituyente Misael Pastrana Borrero ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente). La convivencia pacífica es un fin básico del Estado (CP art. 2) y el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22). El mínimo a la paz constituye así un derecho fundamental ya que de su garantía depende la efectividad de los demás derechos civiles y políticos de la persona. Derechos fundamentales del peticionario 7. De los hechos relacionados en su libelo y de las pruebas recogidas y evaluadas por el fallador de instancia se desprende la amenaza del derecho fundamental a la libertad personal (CP art. 28) del señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO por la acción injusta y arbitraria del Ejército Nacional en el curso de un operativo realizado en la vereda UPERENA, del municipio de Santiago, Norte de Santander el día 23 de agosto de 1990. La decisión del juez de conceder la tutela respecto del derecho a la libertad personal, pero de denegarla en relación con los derechos a la vida, la integridad física, la igualdad, la libertad de conciencia y el ejercicio de los derechos políticos, se fundó en que "no se encontró si efectivamente hubo actos consumatorios o atentatorios contra los mismos". El examen de los hechos probados, las circunstancias del caso en el contexto geográfico, histórico y político donde sucedieron los acontecimientos y los testimonios de las personas que comparecieron al juzgado en desarrollo de la investigación, hacen necesario una serie de precisiones conceptuales para luego proceder a dictar sentencia definitiva. Vulneración y amenaza de los derechos fundamentales 8. La vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos. El criterio constitucional para evaluar la existencia de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la verificación empírica de los factores de peligro, lo cual de suyo es imposible epistemológicamente, sino la creación de un parámetro de lo que una persona, en similares circunstancias, podría razonablemente esperar. De esta forma se evita que cualquier persona, ante las comunes tensiones sociales que la vida moderna conlleva, aduzca la existencia de amenazas contra sus derechos fundamentales. Más aún, se requiere que las circunstancias históricas así lo confirmen de manera generalizada y pueda aceptarse que el temor advertido lejos de obedecer a la paranoia o a la excentricidad de la persona se origina en la apreciación subjetiva y razonable de la situación fáctica vivida. Bajo la anterior perspectiva, el examen probatorio realizado por el juez de instancia, aunque cuidadoso y concienzudo, resultó ser insuficiente. La evaluación del material probatorio fue prudente al no apresurarse a concluir que los rumores de que la vida del petente estaba en peligro fueran ciertos o atribuibles al Ejército Nacional; sin embargo, el carácter de simples rumores atribuido a las versiones uniformes de la familia del solicitante no se compadece con las circunstancias objetivas de la Unión Patriótica en el año de 1990. La situación de amenaza aducida es inescindible del contexto vivido por esta agrupación política y su eliminación progresiva. Las simples cifras  de muertes y desapariciones de sus militantes o simpatizantes durante los años 1985 a 1992, suministradas por la Unión Patriótica a esta Corte, muestran de manera fehaciente la dimensión objetiva de la persecución política contra ella desatada, sin que por parte del Estado se hubieran tomado las medidas suficientes para garantizar su protección especial como partido político minoritario, sistemáticamente diezmado a pesar de su reconocimiento oficial (Resolución No. 37 del 20 de agosto de 1986, Registraduría Nacional del Estado Civil). Mucho menos atendible es el argumento esgrimido por el juez en el sentido de no ser "lógico ni viable afirmar que con los operativos militares se buscaba eliminarlo" (al solicitante). Tal enjuiciamiento corresponde exclusivamente a los jueces penales militares (CP art. 221) por constituir, en caso de comprobarse, una infracción manifiesta al código penal. El juez de tutela debe tener una especial sensibilidad por los derechos fundamentales y su efectiva protección, para lo cual, no basta limitarse a argumentos lógicos o probabilísticos. Debe apreciar las circunstancias del caso en su temporalidad e historicidad concretas para concluir si la acción de la autoridad podría racionalmente percibirse como amenazante para una persona colocada en condiciones similares. La situación política de la Unión Patriótica en dicho momento y lugar era por lo tanto relevante para concluir positivamente sobre la pretendida amenaza. La vinculación formal o simplemente de palabra con la Unión Patriótica, en el contexto de la persecución política e ideológica desatada contra sus miembros o simpatizantes, es un factor determinante en el caso para afirmar que la sensación de amenaza respecto de su vida era razonable, atendidas las circunstancias concretas del solicitante. Prueba de la poca sensibilidad hacia la protección efectiva de los derechos fundamentales es que habiendo existido una violación manifiesta del derecho a la intimidad personal y familiar en su modalidad de la inviolabilidad del domicilio (CP art. 15 y 28) por parte de las fuerzas militares, al no existir orden de autoridad competente para proceder a limitar tales derechos, el juez de tutela no concluyó sobre su clara violación. Atentado a la familia y a los derechos fundamentales de los niños 9. Esta Sala de la Corte Constitucional encuentra igualmente que la familia, en particular sus derechos fundamentales a la armonía y unidad, ha sufrido en el presente caso una clara desestabilización, con la grave repercusión que ello tiene para los niños y, para la sociedad, al ser precisamente ella su institución básica (CP art. 5) y núcleo fundamental (CP art. 42). La circunstancia del padre que se ve obligado a huir abandonando a su esposa e hijos, constituye un atentado contra la familia y una amenaza respecto de los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y no ser separados de ella (CP art. 44). Con fundamento en las anteriores razones se procederá por esta Corte a confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, en el sentido de conceder la tutela del derecho fundamental a la libertad personal, y a adicionarla, extendiendo la protección a los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 15, 18, 28 y 40 de la Constitución. Derechos de participación política y problemática de la U.P., del E.P.L. y de grupos y movimientos políticos en condiciones similares 10. Finalmente, es necesario sentar un criterio general para impedir la negación de los derechos políticos de los partidos minoritarios, en especial, aquellos cuyo origen se remonta a la desmovilización y reinserción de antiguos combatientes guerrilleros. El país debe marchar por el camino del pluralismo político y la tolerancia, desterrando radicalismos o actitudes políticas fundamentalistas que tanta violencia han generado en el pasado y en el presente para nuestra población. Mediante la protección individual de los derechos fundamentales del solicitante se pretende advertir a la fuerza pública que actos de esta naturaleza no pueden volver a ocurrir. La Corte reafirma la legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar la totalidad del territorio nacional, mediante el uso privativo de las armas y el derecho a capturar y conducir ante la justicia a las personas que con sus actos beligerantes pretendan desconocer el orden constitucional vigente. Pero también defiende de manera categórica los derechos fundamentales de las personas civiles, víctimas de la confrontación armada y del accionar de los grupos en pugna. En particular, agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho al apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de participación política, así como, para garantizar su seguridad y la de sus miembros, el acceso a los medios y mecanismos estatales indispensables para desarrollar su acción política y poder crecer como alternativa de poder. No obstante, cabe advertir que "la combinación de las formas de lucha como método para llegar al poder" es contraria al orden constitucional democrático, participativo y pluralista, y su utilización manifiesta y sostenida puede conllevar a la extinción de la personería jurídica del partido o movimiento político que recurra a ella (CP art. 95), como quiera que ello significa el desconocimiento del Estado social de derecho y de los fines esenciales del mismo - servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución -, los cuales deben ser defendidos y respetados, sin excepción, por todos los colombianos. El país requiere que las investigaciones sobre la eliminación progresiva de los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad (E.P.L) y de otros movimientos o partidos en condiciones semejantes, lleguen a su culminación, por razones de justicia y porque así lo demanda la profundización del proceso democrático y participativo consagrado en la Constitución. Correspondiéndole al Defensor del Pueblo velar por la protección de los derechos humanos, se procederá a solicitarle su intervención en este caso, dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales. La presente decisión parte de la premisa de la ausencia de antecedentes penales válidos que, de existir en el caso de ROLON MALDONADO, hubieren permitido la intervención de la fuerza pública en desarrollo de su competencia constitucional y legal. Es evidente que en caso contrario, o frente a una eventual y futura transgresión del ordenamiento por parte del petente, la intervención de la fuerza pública puede tornarse necesaria y adquiere plena legitimación siempre que ella se haga, además, en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (CP art. 28). DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTIAGO del 18 de febrero de 1992 en el sentido de conceder la tutela del derecho fundamental a la libertad personal del señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO. SEGUNDO.- ADICIONAR la mencionada providencia en el sentido de tutelar igualmente los derechos a la vida, la integridad, la igualdad, la intimidad, la libertad de conciencia y la participación política del solicitante, así como los derechos de su familia a la armonía y unidad, y los derechos fundamentales de los niños a gozar de una familia y a no ser separados de la misma. TERCERO.- ORDENAR al Director General del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) proceda a asumir la protección inmediata del señor LUIS HUMBERTO ROLON MALDONADO, de manera que se asegure su pacífico retorno e incorporación a su hogar y lugar de trabajo y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. CUARTO.- SOLICITAR al señor Defensor del Pueblo que, dentro de la órbita de sus competencias y para los fines indicados en el artículo 282 de la Constitución, elabore, en el término de tres (3) meses un informe con destino al Congreso Nacional, al Gobierno y al Procurador General de la Nación, sobre el estado en que se encuentran las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan como consecuencia de las muertes de miembros del partido político Unión Patriótica y del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, así como promover ante las autoridades judiciales competentes las acciones necesarias para el definitivo y total esclarecimiento de estos hechos. QUINTO.- ORDENAR al Ministro de Defensa se sirva remitir copia de la presente providencia a todas las guarniciones, cuarteles e instalaciones militares del país con miras a que la doctrina constitucional en ella contenida sea divulgada y estudiada por los miembros de las Fuerzas Militares. SEXTO.- ORDENAR al Director General de la Policía Nacional poner en conocimiento de los miembros de esta institución el contenido de la presente sentencia. SEPTIMO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago, Norte de Santander, con miras a que se surta lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-409 del 8 de junio de 1992, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

T-440-92 Sentencia No Sentencia No. T-440/92 LIBERTAD DE ENSEÑANZA/DERECHOS FUNDAMENTALES La libertad de enseñanza es garantizada por el Estado como un derecho fundamental. Ella es manifestación directa de la facultad particular de fundar establecimientos educativos y de la autonomía universitaria. Es un derecho garantizado tanto a las personas individualmente consideradas como a las entidades educativas. Sus límites están dados por la Constitución y la ley, sin que en su ejercicio puedan desatenderse los fines de la educación. La libertad de enseñanza resulta desconocida si a pesar de reconocerse la facultad de los colegios y educadores para impartir educación sexual a los alumnos, los profesores pueden verse expuestos a sanciones disciplinarias por el hecho de tratar el tema en clase. EDUCACION SEXUAL Constitucionalmente, la educación sexual es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres. La importancia y delicada responsabilidad que implica esta educación del niño, exige de padres y colegios una estrecha comunicación y cooperación. Los padres tienen derecho a solicitar periódicamente información sobre el contenido y métodos empleados en cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros sobre si éstos concuerdan con las propias ideas y convicciones. Sin embargo, el deber de colaboración exige de los padres la necesaria comprensión y tolerancia con las enseñanzas impartidas en el colegio, en especial cuando éstas no son inadecuadas o inoportunas para la edad y condiciones culturales del menor. La introducción del tema o materia de la sexualidad en la escuela no es irrazonable, en cuanto puede intentar reducir el nivel de embarazos no deseados, la extensión de enfermedades venéreas o la paternidad irresponsable. El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación, por la simple necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas. PERSONAL DOCENTE/RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA/RESPONSABILIDAD PENAL/DEBIDO PROCESO Es independiente la responsabilidad docente disciplinaria de la propiamente penal. La primera tiene como finalidad impedir y sancionar la mala conducta del educador que incide negativamente en la formación de los educandos; la responsabilidad penal, en cambio, es genérica y en ella incurre quien con sus actos transgreda, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. La inexistencia de la causal de "homosexualismo o práctica de aberración sexual" en la conducta de la profesora conlleva una evidente vulneración del derecho al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La sanción de exclusión del escalafón y consiguiente destitución del cargo resulta desproporcionada frente a la real dimensión de lo sucedido. ACCION DE TUTELA Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no basta verificar únicamente si el ordenamiento contempla una posibilidad legal de acción; debe determinarse adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados. INCIDENTE DE RECTIFICACION CONSTITUCIONAL/REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO La vulneración de los derechos fundamentales de la petente y el desconocimiento que exhibe la actuación administrativa respecto de lo investigado y decidido por el juez penal, extremos a los cuales se ha referido esta providencia, hacen imperioso se ordene, por conducto del señor Ministro de Educación, la reapertura de la investigación disciplinaria, a fin de que dentro de ella se lleve a cabo un incidente administrativo de rectificación constitucional, con audiencia de la parte agraviada, en el curso del cual se tome en consideración lo señalado en este proveído y se estudie la procedencia de la revocatoria del acto administrativo examinado. SENTENCIA DE JULIO  2  DE 1992 Ref: Expediente T- 1152 Actor: Lucila Díaz Díaz Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1152 adelantado por la señora LUCILA DIAZ DIAZ contra las Resoluciones Nos. 01651 y 0075 de 1991, proferidas  por la Junta Seccional de Escalafón Docente de Boyacá y  la Junta Nacional de Escalafón Docente, respectivamente. A N T E C E D E N T E S 1. La Oficina Seccional de Escalafón Docente del Departamento de Boyacá, mediante Resolución No. 06151 de mayo 28 de 1991, sancionó a la señora LUCILA DIAZ DIAZ con la exclusión del escalafón docente y consiguiente destitución del cargo por incurrir presuntamente en "la práctica de aberraciones sexuales" y en "la aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos" (Decreto 2277 de 1979, art. 46 lit. b y e). 2. La sanción se impuso como consecuencia de las investigaciones disciplinarias No. 520 y 672, las cuales fueron acumuladas en un sólo proceso. Los hechos materia de la primera investigación consistieron, según el Alcalde de la localidad de Ventaquemada, Boyacá, en que la educadora: "golpeó a un niño con una vara por la cabeza y como si fuera poco después lo colocó a dar vueltas en un dedo, diciéndole que no debía ser chismoso, ya que por uno la pagan todos, a los pocos minutos el niño se mareó y cayó de espaldas golpeándose la cabeza y quedando inconsiente (sic)". La segunda causal invocada por la Junta Seccional de Escalafón para investigar disciplinariamente a la profesora consistió, de conformidad con lo expresado en auto de apertura de la investigación, en que "la docente en forma inadecuada y sin explicación lógica y normal expuso a los menores de tercer año de primaria tema como es la sexualidad de forma más que inadecuada y grotesca, creando en ellos una idea tergiversada de los elementos que conforman este tema". En palabras del menor DIOMEDES CASTRO, los hechos que dieron lugar a calificar de "aberración sexual" la conducta de la profesora sucedieron así: "Estábamos en clase y nos dijo que si sabíamos como nacía un niño, dijo que la mujer tenía un huequito y el hombre un tubito que se lo metía a la mujer cuando le derramaba el líquido y se unía con el de la mujer tenía un niño, y que la mamá se ponía gorda, ella nos dibujo eso en el tablero, nos dibujo un tubito y un huequito, la profesora Lucila Diaz Diaz, se subió el buzo y nos mostró que debajo de los brazos tenía pelos y nos mostró el brazier, que cuando las mujeres tenían quince años les daba derrame cerebral y que tenían que ponerse las toallas para que no se untaran del derrame, que tenían que ponerse unos calzones grandes para que no se untarán que ese derrame les daba por el tubito que ella les dibujo en el tablero, y que a la mamá les salían los pechos, y que por eso los pechos les daba leche, nos cogió a los niños del salón y nos daba besos por la cara, nos decía que para que dijeramos que ella si nos quería, nos decía que el toro cuando se montaba a la vaca y las gallinas cuando el gallo pisaba a la gallina que ahí había el ternero, que por eso el papá y la mamá dormían juntos, para hacer los niños ella nos dibujo un tubito y un huequito en el tablero, les daba besos a los niños  a Yuber y Omar y a Oscar, La profesora nos dibujo como nacían los niños, dibujo un tubito un huequito y por detrás dibujo el niño, dijo que el niño salía por el huequito de la mujer". 3. La Junta Seccional de Escalafón de Boyacá mediante oficio 30525 del 3 de septiembre de 1990 solicitó al Juez de Instrucción Criminal de Tunja (Reparto) determinar conforme a su sana crítica "si existe o no adecuación de la conducta desplegada por la docente dentro de las normas tipificadas en el ordenamiento penal", e informarles sobre lo decidido. El Juez Cuarto de Instrucción Criminal, mediante auto del 9 de octubre de 1990, se abstuvo de abrir investigación penal por "inexistencia parcial de los hechos denunciados" y por "ser atípica penalmente" la conducta indilgada a la profesora. En sentir del juez penal "A través de la indagación se pudo establecer lo siguiente: Que la escuela queda ubicada en zona rural y en sus inmediaciones unos potreros donde las gentes tiene sus reses o ganados; ocurrió que cualquier día una vaca estaba pariendo y esto llamó la atención a los alumnos, quienes comenzaron a platicar sobre tal aspecto y a formularle preguntas a la profesora; ésta tuvo que responderles o explicarles algo al respecto. Se estableció también que por circunstancias que no son objeto de la investigación, algunos padres de familia no tienen buenas relaciones con la profesora y desean por cualquier medio lograr que sea trasladada de la escuela. Así lo manifestaron incluso ante este mismo Despacho...". Es lógico que los niños llevaron comentarios a sus casas y los padres de familia que desean el cambio de la profesora aprovecharon tal circunstancia para prepararlos y traerlos reunidos para que formularan la queja...". "Evidentemente los niños criados en el campo o zonas rurales desde muy temprana edad viven observando la forma como se produce el apareamiento de la distinta clase de animales y porqué no de los seres humanos, dado el hacinamiento en que generalmente viven. Significa lo anterior que ni siquiera en el evento de que fuese cierto lo narrado por los alumnos en su queja, encajaría tal conducta dentro de alguna de las normas del Código Penal...". 4. A pesar de lo anterior, el sustanciador de la investigación disciplinaria afirmó la existencia de una aberración sexual en la conducta de la profesora y desechó la decisión del juez de instrucción criminal alegando la independencia de las investigaciones penal y disciplinaria, así como la correspondiente responsabilidad. Respecto a los hechos enjuiciados sostuvo como probado que "Como se dan los hechos, atendiendo sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, las circunstancias socio-culturales y religiosas, de los esquemas y actitudes éticas y morales acuñadas por la tradición y la costumbre, la docente LUCILA DIAZ DIAZ, pasó por alto éstos detalles que a cualquier persona y aún más a un educador no se le debe olvidar; su comportamiento al tratar temas de sexualidad, la reproducción; nadie se aparta que son asuntos normales y naturales, vale decir per-se o de su propia esencia, así lo manifiestan sus compañeros de trabajo, tal como el profesor JAIRO AMARILLO VACCA, lo que no es dable atender, es la manera como la docente le dió significado o trascendencia; desviada o extraviada, llegando al punto y así lo expresan los declarantes o expositores, que se despojó de su ropa o parte de ella, para ilustrar mejor el tema a sus alumnos, acariciando y besando a sus alumnos; que son los directamente perjudicados y los sujetos pasivos, éste comportamiento no sólo de emplear palabras de doble sentido o quitarse prendas estrictamente y para el caso, de una especie de aberraciones, al punto que se denomina como nudismo, conducta que en algunos medios no es reprochable, ni es inmoral pero "ese mismo comportamiento en un medio donde todos andan vestidos constituye un hecho anormal, una conducta sexual anormal, sancionable...(Régimen disciplinario, docente aplicado; Pablo Julio Poveda Veloza)". 5. El abogado sustanciador finalmente concluyó que se encontraban demostradas plenamente las causales de mala conducta y solicitó a la Junta Seccional sancionar a  la profesora por los hechos investigados. Esta última Junta, con fundamento en las conclusiones contenidas en el auto de sustanciación, tomó la determinación de sancionar a la señora DIAZ DIAZ por las razones antes expuestas. 6. La educadora interpuso recurso de apelación contra la resolución 06151 de 1991, pero la Junta Nacional de Escalafón Docente confirmó la decisión sancionatoria, mediante la Resolución No. 0075 de agosto 28 de 1991, notificada personalmente a su apoderado el 16 de octubre del mismo año. 7. Posteriormente, la señora DIAZ DIAZ presentó acción de tutela ante el H. Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y solicitó la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo y al debido proceso. La Sala Laboral de este Tribunal consideró que por haber ocurrido los hechos en el departamento de Boyacá el juez competente era el Tribunal Superior de Tunja y procedió a remitirle el expediente. 8. En providencia del 11 de febrero de 1992, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja denegó la tutela solicitada por ser ella "improcedente por existir otros medios de defensa judiciales y por que no se puede utilizar como mecanismo transitorio en razón a que no se trata de perjuicio irremediables (sic) conforme a la definición expresamente establecida en el mismo Decreto 2591 de 1991, pues como se dijo, el daño ocasionado puede ser reparado por otros medios diferentes a la indemnización". 9. No habiendo sido impugnada, la anterior decisión fue enviada a esta Corte, correspondiendo a la Sala Segunda de Revisión su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Libertad de enseñanza 1. Las investigaciones disciplinarias impugnadas como violatorias de los derechos fundamentales de la solicitante versan sobre hechos ocurridos dentro de una sesión de clase, guardando por ende relación con el posible exceso o desviación de la educadora en el ejercicio de la facultad de la libertad de enseñanza. Como quiera que el derecho a la libertad de enseñanza de la educadora LUCILA DIAZ DIAZ podría haber sido vulnerado por las decisiones administrativas que la excluyeron del escalafón con la consiguiente destitución del cargo, es indispensable, en primer término, evaluar si existió dicha vulneración. La libertad de enseñanza es garantizada por el Estado como un derecho fundamental (CP art. 27). Ella es manifestación directa de la facultad particular de fundar establecimientos educativos (CP art. 68) y de la autonomía universitaria (CP art. 69). La libertad de enseñanza es un derecho garantizado tanto las personas individualmente consideradas como las entidades educativas. Sus límites están dados por la Constitución y la ley, sin que en su ejercicio puedan desatenderse los fines de la educación. La libertad de enseñanza resulta desconocida si a pesar de reconocerse la facultad de los colegios y educadores para impartir educación sexual a los alumnos, los profesores pueden verse expuestos a sanciones disciplinarias por el hecho de tratar el tema en clase. Sexualidad y proceso de desarrollo 2. La sexualidad es un componente esencial de la vida síquica y cimiento de la personalidad. La función de reproducción, como se ha pretendido en el pasado, no explica satisfactoriamente ni absorbe enteramente su papel vital, individual y social. La comunicación inteligente, honesta, seria y solícita sobre esta materia debe comprometer a la familia, la sociedad y el Estado y en ese empeño ha de buscar descorrer el velo de misterio y tabú que la cubre. Los expertos reconocen cómo desde el nacimiento hasta la vida adulta, se suceden etapas en el desarrollo de la personalidad, a través de las cuales la conducta responde a determinantes de orden sexual, sensorial y emocional definidas, cuya adecuada vivencia resulta indispensable para la construcción de una psique sana. Ciertos tipos de interferencias, incomprensiones, falsificaciones y represiones, provenientes de la sociedad y de las instancias socializadoras del individuo - padres, escuela, coetáneos, medios de comunicación, etc. -, aparte de incidir en muchos casos de manera negativa y por lo demás intrusiva en ámbitos de la intimidad, generan neurosis y disfuncionalidades que inhiben o trastornan el libre y sano desarrollo de la personalidad. A este mismo resultado suele conducir una equivocada y subyugante representación social de la sexualidad, que sin título alguno de legitimidad, el grupo social proyecta sobre el individuo, y que éste termina por interiorizar como propia pese a negar su misma subjetividad. En este contexto, la educación sexual representa un esfuerzo consciente de comunicación y transparencia entre las diferentes generaciones con miras a que los niños y adolescentes  - sin limitar desde luego a estos grupos el diálogo social -, de acuerdo con sus condiciones emocionales y sus capacidades cognitivas, puedan asumir, enfrentar y superar feliz y enriquecedoramente cada etapa de su evolución personal, de modo que alcancen un pleno y armonioso desarrollo. La educación sexual, no tiene un equivalente en los modelos convencionales de aprendizaje. Lejos de ser un simple recuento de anatomía, fisiología y de los métodos de control de la natalidad, se trata de un verdadero proceso que se inicia desde el nacimiento y que tiene en los padres a la instancia que más influencia ejerce en la misma. En efecto, la conducta explícita e implícita de los padres, sus palabras, sus silencios, gestos, actitudes, creencias y sus respuestas de todo orden a las exigencias, manifestaciones y múltiples sentimientos de sus hijos determinan en gran medida su patrón de comportamiento sexual, la identificación de sus roles y una parte esencial de la estructura y funcionamiento de su psiquismo. La escuela, institución socializadora por excelencia, por acción o abstención, refuerza distorsiones o deja de suplir los vacíos que en esta materia suelen dejar los padres de familia. El abandono que se percibe en esta área no se compadece con la trascendencia que la sexualidad juega en la vida individual y social. Si bien se reconoce el papel preponderante de aquí deben desempeñar los padres respecto de sus hijos, es conveniente que la escuela moderna, de manera coordinada con ellos, coadyuve a su esfuerzo, practique una pedagogía que incorpore el reconocimiento y la comprensión cabal de la sexualidad, de suerte que los educandos reciban en cada momento conocimientos serios, oportunos y adecuados y gracias a esta interacción lleguen al pleno dominio de su "yo" y de respeto y consideración humana por el "otro". Uno de los fines de la educación sexual - de ahí que resulte mejor hablar de educación o formación integral - es la de que el niño, el púber y el adolescente crezcan en autoestima y en respeto hacia los demás, fundamento de una personalidad sana y de una sociabilidad necesaria. Función de la educación sexual 3.  La función de la educación sexual no es la de alinear al individuo como un cúmulo de creencias sobre la sexualidad, sino la de proveer elementos objetivos para contribuir a su reflexión y a una más clara, racional y natural asunción de su corporeidad y subjetividad. Se estimula de esta manera que las elecciones y actitudes que se adopten - en un campo que pertenece por definición a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad - sean conscientes y responsables. La transparencia que esta Corte considera indispensable hacer en la materia examinada, es hoy todavía más necesaria y urgente si se toman en cuenta fenómenos tales como la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, el aumento de embarazos no deseados, el abuso sexual (particularmente el que se ejerce contra los niños), la indiscriminada y masiva difusión de mensajes sexuales a través de los medios de comunicación de impredecible impacto en los niños y jóvenes, en fin, la tendencia a reducir insensiblemente la esfera de la sexualidad y de la afectividad a una mera cosificación del mundo capitalista. Educación sexual en los colegios 4. Constitucionalmente, la educación sexual es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres. Existen buenas razones para asignar la responsabilidad de la educación sexual a la pareja. Por su propia naturaleza, la instrucción sexual se lleva a cabo desde el nacimiento en la atmósfera protegida de la familia. No obstante lo anterior, es necesario evaluar si al Estado le está permitido participar en la educación sexual y, en caso afirmativo, establecer en que grado puede hacerlo. La facultad estatal de regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación incorpora el poder de planear y dirigir el sistema educativo con miras a lograr la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (CP art. 67 inc. 5). La formación integral de los educandos justifica que los colegios participen en la educación sexual del niño. La educación no es meramente el proceso de impartir conocimientos. Por el contrario, ella incluye la necesidad de hacer del niño un miembro responsable de la sociedad. Aunque lo ideal es que la educación sexual se imparta en el seno de la familia, por la cercanía y el despliege natural de los roles paternos, los colegios están en la obligación de participar en ello, no solo para suplir la omisión irresponsable de aquéllos en el tratamiento del tema, sino porque el comportamiento sexual es parte esencial de la conducta humana general, del cual depende el armonioso desarrollo de la personalidad y, por esta vía, la convivencia pacífica y feliz de la sociedad. Educación sexual y derechos del niño 5. La educación sexual, deficientemente concebida y practicada, puede interferir con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad del niño. La sexualidad es parte de la esfera privada de la persona (CP art. 15). El derecho fundamental a la intimidad personal protege el derecho de definir las propias actitudes sexuales. El individuo tiene el poder de regular su propia conducta sexual y decidir sobre los límites y motivos para permitir que otros influyan en el proceso autónomo y libre de auto-determinación de su personalidad (CP art. 16). La formación de la persona, puede verse afectada por los métodos empleados en la educación sexual. Tanto padres como profesores deben ser especialmente conscientes de que la finalidad última de la educación es el respeto de la dignidad humana. El adoctrinamiento en una determinada concepción del hombre o la utilización de métodos inadecuados o inoportunos en la educación pueden llevar a daños psicológicos que afectan gravemente el desarrollo de la personalidad del menor. Necesaria comunicación y cooperación entre padres y educadores 6. La importancia y delicada responsabilidad que implica la educación sexual del niño, exige de padres y colegios una estrecha comunicación y cooperación. Los padres tienen derecho a solicitar periódicamente información sobre el contenido y métodos empleados en cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros sobre si éstos concuerdan con las propias ideas y convicciones. Sin embargo, el deber de colaboración exige de los padres la necesaria comprensión y tolerancia con las enseñanzas impartidas en el colegio, en especial cuando éstas no son inadecuadas o inoportunas para la edad y condiciones culturales del menor. La introducción del tema o materia de la sexualidad en la escuela no es irrazonable, en cuanto puede intentar reducir el nivel de embarazos no deseados, la extensión de enfermedades venéreas o la paternidad irresponsable. El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación, por la simple necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas. Tal como lo sostuvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso KJELDSEN, BUSK MADSEN y PEDERSEN sobre la introducción de la educación sexual como materia obligatoria en los colegios en Dinamarca, el Estado "debe controlar que la información y los conocimientos transmitidos se realice de forma objetiva, crítica y pluralista, sin traspasar el límite del adoctrinamiento". Adecuación y oportunidad de los métodos utilizados 7. La libertad de enseñanza garantizada en la Constitución faculta a los colegios y educadores respectivos para impartir la educación sexual. No obstante, no es constitucional ni legalmente irrelevante la manera y el momento en que ello se haga. Los contenidos de la temática presentada por el educador, el enfoque equilibrado en el tratamiento de los diferentes aspectos, el respeto por las diversas convicciones religiosas o ideológicas, así como la edad y condiciones de susceptibilidad emocional y espiritual de los menores de edad son factores de los cuales depende el saludable desarrollo de la personalidad del niño; una educación sexual inoportuna para la edad, que adopte una perspectiva absoluta o restrictiva o que no contemple las inquietudes, ni responda respetuosamente a los diversos cuestionamientos de los alumnos, puede llevar a producir en ellos graves traumatismos psicológicos en su vida futura. Examen de adecuación y oportunidad en el caso concreto 8. Dada la susceptibilidad de la población en lo que respecta al tema de la educación sexual en los colegios es imperativo analizar la conducta desplegada en el contexto de las consideraciones antes expuestas. En el caso sub-exámine, existen enjuiciamientos sobre la adecuación y oportunidad de los métodos empleados por la profesora DIAZ DIAZ para impartir enseñanzas sobre el tema de la sexualidad a alumnos entre 8 y 12 años del curso tercero de primaria, en la escuela veredal "El Frutillo" del municipio de Ventaquemada, Boyacá. Mientras que para el Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal de Tunja, la conducta de la profesora es penalmente atípica y la apreciación de lo sucedido obedece más a las hostilidades preexistentes entre los padres de familia y la educadora, el abogado sustanciador de la Junta Seccional de Escalafón califica el comportamiento de la misma como una aberración sexual. Relación entre la responsabilidad penal y la disciplinaria 9. En principio le asiste razón al abogado sustanciador de la Junta Seccional de Escalafón en el sentido de ser independiente la responsabilidad docente disciplinaria de la propiamente penal. La primera tiene como finalidad impedir y sancionar la mala conducta del educador - lo cual justifica un examen más riguroso y exigente dada la trascendental función pública por éste desempeñada - que incide negativamente en la formación de los educandos; la responsabilidad penal, en cambio, es genérica y en ella incurre quien con sus actos transgreda, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En el caso específico de la conducta identificada con el nombre de "aberraciones sexuales", la incidencia de la misma no sólo es de notoria gravedad para el proceso educativo, sino que por si misma, cuando ella se despliega respecto de otras personas, es generalmente constitutiva de delito. Esta percepción no escapó en su momento a la Junta Seccional de Escalafón Docente de Boyacá, la cual procedió a poner en conocimiento de los jueces de instrucción criminal la conducta cuestionada y a solicitar su pronunciamiento, pero separándose posteriormente del mismo con una explicación - a la luz de los hechos concretos - desacertada sobre la independencia de las responsabilidades penales y administrativas. De otra parte, los medios empleados por la educadora al explicar el tema sexual - lenguaje utilizado, dibujos en el tablero, analogías con otros procesos de apareamiento, muestra de zonas no erógenas del cuerpo, besos y caricias a los alumnos -, aunque no fueron los más adecuados por su simplismo y superficialidad carecen de toda significación penal en concepto del juez del conocimiento y distan en mucho de ser constitutivas de una "aberración sexual". La inexistencia de la causal de "homosexualismo o práctica de aberración sexual" en la conducta de la profesora LUCILA DIAZ DIAZ conlleva una evidente vulneración del derecho al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución. La sanción de exclusión del escalafón y consiguiente destitución del cargo resulta desproporcionada frente a la real dimensión de los sucedido. La desestimación de la decisión del juez penal no está justificada, tratándose de la gravedad de la conducta presuntamente desplegada por la educadora. Prohibición de castigos físicos a los educandos 10. Con respecto al empleo de castigos físicos o denigrantes a los educandos, esta es una conducta expresamente sancionada por la ley (artículo 46 literal e.), Decreto 2277 de 1979). Sobre el uso de la violencia en la educación, esta Sala de la Corte Constitucional ya se pronunció en sentencia de junio 3 de 1992 manifestando que: "Una modalidad aún hoy arraigada en la educación es el empleo de castigos físicos y morales que no se compadecen con el respeto de los derechos humanos y con los principios democráticos consagrados en la Constitución. Algunos docentes todavía veneran la antigua máxima autoritaria, "la letra con sangre entra". Sin embargo, por extendidas y reiteradas que sean estas prácticas en nuestras tradiciones culturales, ellas conllevan una grave violación de los derechos fundamentales de los niños, en especial del derecho al cuidado y al amor (C.P. art. 44), guía insustituible del proceso educativo. El autoritarismo en la educación no se compadece con los valores democráticos y pluralistas de la sociedad. Una nueva pedagogía ha surgido de la Constitución de 1991. En el sentir del Constituyente, son fines de la educación despertar la creatividad y la percepción, entender y respetar la diversidad y universalidad del mundo, recibir el amor de la familia y prodigarlo en la vida adulta, desarrollar las aptitudes de acuerdo con las capacidades, expresar las opiniones libremente con miras a propiciar el diálogo, compartir las vivencias, alimentar la curiosidad y aprender a no temer a los retos de la vida (Gaceta Constitucional No. 85 p. 6). Como garantía del desarrollo integral del niño, la Constitución consagra derechos de protección (CP art. 44) con los cuales lo ampara de la discriminación, de las prácticas lesivas a la dignidad humana y de cualquier tipo de indefensión que coloque en peligro su desarrollo físico y mental".1 Como consecuencia de lo anterior, dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de los castigos aplicados, la autoridad competente deberá evaluar la magnitud de la sanción a imponer, teniendo en cuenta los antecedentes disciplinarios de la docente con fundamento en la misma causal. Procedencia de la acción de tutela 10. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 86 la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Subordinó, sin embargo, su utilización, en primer término, a la condición de que el afectado "no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no basta verificar únicamente si el ordenamiento contempla una posibilidad legal de acción;  debe determinarse adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados. La acción de tutela se concibe como medio último y extraordinario de protección inmediata, ante la vulneración de un derecho fundamental, a lo cual se puede recurrir en ausencia de un medio judicial ordinario capaz de brindarla. En el presente caso, no se dan las condiciones materiales y concretas predicables de la situación concreta en la cual se encontraba  colocada la petente, y que le hubieran impedido de hecho apelar a los medios judiciales ordinarios o que los tornare inidóneos o ineficaces como instrumentos de protección inmediata. Por esta razón se confirmará la sentencia de tutela, modificando sin embargo su sentido y alcance. En el caso examinado, la educadora LUCILA DIAZ DIAZ pretende la protección de sus derechos al debido proceso y al trabajo, violados en su sentir por los actos administrativos de las Juntas Seccional de Boyacá y Nacional al sancionarla con la destitución del cargo. Contra las resoluciones de la autoridad pública demandada el ordenamiento jurídico colombiano contempla una expresa posibilidad legal de acción, una vez se agote la vía gubernativa.  Tratándose de la actividad administrativa del Estado, como en este caso, la ley ha establecido medios ordinarios de control jurisdiccional, entre ellos la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho (art. 85 C.C.A.). La Resolución 0075 del 28 de agosto de 1991 fue notificada personalmente al apoderado de la solicitante el 16 de octubre de 1991, conforme a lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, fecha a partir de la cual comenzó a contabilizarse el término de cuatro (4) meses para interponer la respectiva acción administrativa (C.C.A. art. 136). La presente acción de tutela fue interpuesta el 19 de diciembre de 1991, sin que se hubiera producido una decisión definitiva por parte de la justicia administrativa sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual se procederá a confirmar la decisión revisada, no sin antes intervenir para que los efectos de la decisión administrativa puedan ser corregidos. Incidente de rectificación constitucional 12. La vulneración de los derechos fundamentales de la petente y el desconocimiento que exhibe la actuación administrativa respecto de lo investigado y decidido por el juez penal, extremos a los cuales se ha referido esta providencia, hacen imperioso se ordene, por conducto del señor Ministro de Educación, la reapertura de la investigación disciplinaria, a fin de que dentro de ella se lleve a cabo un incidente administrativo de rectificación constitucional, con audiencia de la parte agraviada, en el curso del cual se tomen en consideración lo señalado en este proveído y se estudie la procedencia de la revocatoria del acto administrativo examinado. Educación sexual obligatoria 13. Finalmente, dada la necesidad de promover la educación sexual, en los diferentes planteles educativos, de conformidad con lo expuesto, se procederá a ordenar al Ministerio de Educación, elaborar con el apoyo de expertos un estudio sobre el contenido y metodología más adecuados para impartir la educación sexual en todo el país. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, del 11 de febrero de 1992 en el sentido de denegar la tutela solicitada por la señora LUCILA DIAZ DIAZ. SEGUNDO.- MODIFICAR la sentencia mencionada, en el sentido de solicitar al Ministro de Educación que por su conducto se disponga la reapertura de la investigación disciplinaria abierta contra la señora LUCILA DIAZ DIAZ para los propósitos señalados en el fundamento jurídico 12. TERCERO.- SOLICITAR al Ministro de Educación que, en un término de 12 meses luego de recibir el informe de los expertos mencionado en este proveído, proceda a ordenar las modificaciones y cambios a que haya lugar para adelantar, conforme a los mismos, la educación sexual de los educandos en los diferentes centros educativos del país. CUARTO.- LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos) 1 Corte Constitucional Sala Segunda de Revisión. Sentencia  T-402 Junio 3 de 1992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

T-441-92 Sentencia No Sentencia No. T-441/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/DERECHOS FUNDAMENTALES/PERSONA JURIDICA La acción de tutela puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas. Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas y b) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL El derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural que desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática  y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público. La Asociación Sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación. Tiene también un carácter relacional o sea que se forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se  forma una persona colectiva. Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CONVENCION COLECTIVA-Incumplimiento Es claro que no en todas las ocasiones en que una resolución administrativa sea la causante de la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental y que sea posible su cuestionamiento a través de las vías de los recursos ordinarios, puede el Juez de Tutela desechar la protección del derecho constitucional fundamental, pues es necesario realmente verificar en el caso concreto si los recursos a que alude la normatividad son verdaderos medios de defensa que le garanticen a la persona el goce pleno de su derecho. En relación con el incumplimiento de la Convención Colectiva, considera esta Sala que no procede la acción de tutela por cuanto es muy claro que existen para dichos efectos otros medios judiciales de defensa que le permitían a la Unión de Empleados Bancarios demandar su cumplimiento. SUSPENSION PROVISIONAL-Alcance La suspensión provisional,  suspende los efectos de un acto negativo pero no tiene la virtud de hacer producir un acto positivo, ni mucho menos puede indemnizar o reparar un perjuicio ocasionado. Según la naturaleza jurídica de la suspensión provisional, se puede lograr la simple paralización de la actividad ejecutiva, pero carece de eficacia -obligación de hacer-, en que el acto administrativo contiene la denegación o prohibición del ejercicio de una actividad. En este caso la suspensión provisional no habría podido tutelar los derechos entre el momento de su violación y la expedición de la sentencia definitiva del Contencioso Administrativo.  El juez administrativo puede obligar a la administración a expedir una resolución coercitiva que efectivamente proteja los derechos de la UNEB. Un pronunciamiento de esta índole se constituye en un mecanismo idóneo de defensa judicial. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/JUEZ DE TUTELA-Facultades/IGUALDAD MATERIAL-Vulneración No habiéndose solicitado la tutela como mecanismo transitorio, cabría entonces preguntarse si el juez de tutela estaría habilitado para conceder, en principio, una acción en términos diferentes a los solicitados por el presente. Esta Sala observa que ello es posible e incluso necesario, según las circunstancias de cada caso. En el negocio concreto, empero, esta Sala estima que la adecuación oficiosa de la tutela, haciéndola pasar de definitiva a transitoria, no es procedente porque ello violaría el principio de igualdad material,  según el cual las situaciones diferentes deben ser tratadas de manera desigual. En este sentido, el socorrer la solicitud de tutela de un abogado especialista por parte de la Corte Constitucional en forma oficiosa, coloca a los petentes que son abogados -la mayoría- en una situación ventajosa respecto de los demás, ya que las prerrogativas que el constituyente y el legislador establecieron para que toda persona pudiese acceder a la administración de justicia, no podrían ser extendidas por el juez de tutela a los abogados especialistas. Ello sin duda violaría la especial protección que requieren todas aquellas personas que se encuentran en condiciones de inferioridad o debilidad. REF: Expediente Nº T-1.378 Peticionario: UNION NACIONAL DE EMPLEADOS  BANCARIOS -UNEB- Procedencia: Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., julio tres (3) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1.378, adelantada por la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS -UNEB-. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte  Constitucional llevó a cabo la escogencia para su revisión de la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió  a esta Sala Cuarta de Revisión el presente negocio, el cual fue formalmente recibido el día 26 de marzo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia. 1. Solicitud. La UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS -UNEB- confirió poder al abogado Octavio Gil Gámez para presentar  ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá una acción de tutela. Se fundamenta el mecanismo tutelar incoado en el hecho de que UNEB es un sindicato con personería jurídica legalmente reconocida, en cuyo seno se encuentran afiliados trabajadores de diferentes bancos, cajas de ahorros y otras entidades  dependientes de la Superintendencia Bancaria. El sindicato firmó convención colectiva con la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda -CORPAVI- el día 6 de abril de 1989, pero desde el 6 de agosto de 1990 esta Corporación ha venido desconociendo dicha convención. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio del Trabajo ha multado varias veces a CORPAVI y la ha conminado para que no siga ejerciendo hechos que atentan contra el derecho de asociación. UNEB presentó a CORPAVI otro pliego de peticiones laborales sin que haya sido posible su negociación, precisamente por las mismas causas. El sindicato solicitó entonces la intervención del Ministerio del Trabajo, el cual, por medio de la Resolución Nº 0195 de febrero 3 de 1992, se abstuvo de obligar a CORPAVI a negociar el pliego. En consecuencia finiquitó la etapa del conflicto laboral de negociación, por las razones que presentó el Ministerio en su oportunidad. Concluye el peticionario que se está desconociendo el derecho de los empleados de CORPAVI a afiliarse a la UNEB, a pesar de que había una convención firmada. Agrega que es preciso garantizar el pleno derecho de asociación que tienen los trabajadores de CORPAVI y por ende el de contratación colectiva en cabeza de la UNEB. Examinado el texto de la acción de tutela, observa esta Sala de Revisión que el peticionario no invocó el mecanismo transitorio ni registró la lesión aducida como perjuicio irremediable ocasionado por la omisión del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 2. Fallos. 2.1. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Laboral-(providencia de febrero 11 de 1992). En primera instancia, el Tribunal Superior no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por la UNEB. Los siguientes fueron los argumentos del Tribunal Superior para denegar la solicitud. a- La acción de tutela no está instaurada para impugnar actos administrativos sino para proteger  inmediatamente los derechos constitucionales fundamentales. b- La acción de tutela es en este caso improcedente, de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por cuantos existen "otros recursos o medios de defensa judiciales...". Como en el presente asunto son procedentes los recursos de reposición y apelación de la resolución que se acusa,  se rechazó en consecuencia la acción. 2.2. De la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- (providencia de marzo 3 de 1992). En segunda instancia se pronunció la Corte Suprema de Justicia sobre la solicitud de impugnación, de conformidad con el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. Consideró el Alto Tribunal que no es procedente la acción invocada y por lo tanto confirma la providencia de instancia, con base en las siguientes  razones: a- Los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social gozan de otros medios defensivos que deben ser agotados. b- El peticionario no invocó la tutela como mecanismo transitorio y además tampoco registró la lesión aducida  como perjuicio irremediable ocasionada por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión de los fallo dictado por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallos practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Legitimidad de la persona jurídica para ejercer la acción de tutela. Para el caso en estudio por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se trata de una acción de tutela presentada por persona jurídica -Unión de Empleados Bancarios -UNEB-, que es un sindicato con personería jurídica reconocida legalmente y cuyos estatutos se encuentran aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En realidad la acción de tutela puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas. En efecto, el artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá acción de tutela, así: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales" (subrayas y negrillas fuera del texto). El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece: "La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante..." (subrayas y negrillas fuera del texto). En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas, a saber: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del código civil). a- Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (artículo 74 del Código Civil). b- Persona jurídica: el artículo 633 del Código Civil las define de la siguiente manera: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser respetada judicial y extra judicialmente". Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción, como lo dijo ya la Corte en Sentencia de tutela número T-411.1 Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en cada caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), el debido proceso (artículo 29) o la libertad de asociación sindical (artículo 38), entre otros. Luego, las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a- directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. b- indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. Esta tesis ha sido adoptada por el derecho comparado, así: el artículo 162.1.b. de la Constitución española reconoce expresamente la acción de amparo para personas naturales y jurídicas; y la Ley Fundamental alemana, en su artículo 19.III., dispone lo mismo. Observa la Sala que, en este orden de ideas, la Unión de Empleados Bancarios -UNEB-, es considerada titular Legítima de dicha acción. 3. Derecho al Trabajo como valor fundamental. La Constitución es un sistema portador de valores y principios materiales. En su "suelo axiológico" se encuentra el valor del trabajo, que según el Preámbulo de la Carta fundamental se debe asegurar a los integrantes de la sociedad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Por ello el Constituyente le otorgó al trabajo el carácter de principio informador del Estado Social de derecho, al considerarlo como uno de sus fundamentos, al lado de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la sociedad y la prevalencia del interés general (artículo 1º de la Constitución). La persona es el sujeto de la Constitución y, como condición de la dignidad humana, la Carta es portadora de derechos y deberes (Título II). El trabajo es justamente uno de ellos (artículo 25), con un carácter de derecho-deber y, como todo el tríptico económico de la Carta-propiedad (artículo 58), trabajo (artículo 25), empresa (artículo 333)-, cumple una función social. El mandato Constitucional obliga proteger el trabajo como derecho-deber, para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que genera esa labor humana (artículo 2º). Ahora bien, la protección especial que la Carta le confiere al trabajo comprende, de suyo, la garantía al derecho de asociación sindical y, como un elemento derivado, también al derecho a la negociación colectiva a partir de la consideración según la cual no puede conferírsele igualdad de trato al patrono y a cada uno de los trabajadores en sus relaciones contractuales; por lo tanto se hace necesario asegurar el derecho de asociación para equilibrar la relación capital-trabajo. 4. Derecho fundamental a la libre asociación de los trabajadores. 4.1. Nociones generales. La libre asociación sindical es una especie del derecho genérico a la asociación, consagrado en el artículo 38 de la Carta, así: "Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad". El artículo 39 de la Constitución establece: "Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituír sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública". Los antecedentes de esta norma en la Asamblea Nacional Constituyente se pueden resumir en el papel fundamental que debe jugar la asociación sindical en el desarrollo social, económico y político del país. Estimó el constituyente en este sentido lo siguiente: "Debe existir esa concertación tripartita que aconseja la O.I.T. para que de esta forma se disminuyan los conflictos sociales y se distense ese ambiente de antagonismo, de irrespeto, de desconfianza, de intolerancia. En ese orden de ideas, se busca un sindicalismo que sea escuchado, respetado y que contribuya a afianzar la paz y la democracia"2 . En el informe-ponencia del Constituyente Angelino Garzón se aborda el tema del derecho de asociación sindical. Estima el ponente que  éste hace parte de los derechos humanos y éstos a su vez de la democracia. Se estudia, en la ponencia, la relación entre capital y trabajo. Se dice que, tal relación y el papel mediador del Estado, es decisivo para la democracia y el desarrollo económico y social del país. La relación antes citada se finca en el principio de redistribución económica del capital, como elemento de justicia social. "En este marco, tanto empresas como sindicatos son elementos complementarios y no antagónicos de la democracia. Por tanto se deben asumir las relaciones laborales en el ámbito del respeto mutuo, del beneficio recíproco y del bien común".3 El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación  para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. Específicamente en materia laboral el artículo 53 de la Constitución establece que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Los fundamentos del artículo 39 de la Constitución se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 64 de 1968. El concepto del derecho a la sindicalización consagrado por el Pacto Internacional de 1966, había sido elaborado y desarrollado por los Convenios Internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Es de advertir que esos Convenios tienen el carácter de norma mínima laboral para los Países que lo ratifiquen, en virtud del numeral 8º del  artículo 19 de la Constitución de la  Organización Internacional del Trabajo -aprobada por Colombia mediante la Ley 49 de 1919, ya que ella era uno de los compromisos que adquirieron los países al suscribir el Pacto de la Liga de las Naciones acordado por la conferencia de La Paz con que culminó la primera guerra mundial-. El Estado colombiano aprobó mediante la Ley 26 de 1976 (septiembre 15) el Convenio número 87 adoptado por la Trigésima Primera Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (1948), relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización. Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática  y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público. La Asociación Sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación. Tiene también un carácter relacional o sea que se forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva. Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social. La libertad de asociación sindical comprende tres enfoques: a- Libertad individual de organizar sindicatos, cuyo pluralismo sindical está consagrado en el artículo 2º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. b- Libertad de sindicalización (o sindicación), ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; en palabras del artículo 358 del Código Sustantivo de Trabajo, inciso 1º: "Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y de retiro de los trabajadores". c- Autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno, para organizarse. Así lo dispone el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT. La importancia que hoy en día ha tomado este derecho, hace que se acoja por los Estados en forma universal. Así por ejemplo este derecho lo consagran todas las constituciones elaboradas en este siglo. 4.2. El derecho de asociación sindical en el caso concreto. La Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, es un sindicato con personería jurídica reconocida legalmente y los estatutos vigentes hasta 1989, debidamente aprobados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. En el artículo 1º (en su parágrafo) y en el artículo 7º de los anteriores estatutos de la UNEB se estableció que ésta podía tener afiliados en "los Bancos, cajas de ahorro o toda entidad dependiente de la Superintendencia Bancaria". La UNEB presentó reforma de estatutos, para su aprobación, al Ministerio del trabajo y Seguridad Social, buscando precisar y aclarar lo mejor posible, la cobertura del sindicato de industria bancario. El Ministerio redujo el alcance o cobertura de la UNEB, mediante resolución número 03620 del 20 de agosto de 1990. La resolución número 0598 de fecha 4 de octubre de 1991 y que dá validez a la reforma de los estatutos de la UNEB, que a su vez permite que los trabajadores de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda puedan afiliarse a la referida organización sindical, se produjo con fecha 5 de noviembre de 1991, según certificación expedida por la Subdirectora de Relaciones Colectivas, por lo tanto en la fecha en que se celebró el Congreso en donde se aprobó el pliego de peticiones de los trabajadores de CORPAVI afiliados a la UNEB, esta organización sindical no podía tener como afiliados a los trabajadores de CORPAVI. Para el Ministerio del Trabajo es claro que según se expresa en el acto administrativo número 1653 de 4 de diciembre de 1991, proferido por la Dirección Regional Santafé de Bogotá- Cundinamarca, la Convención de Trabajo suscrita entre las partes puede estar presuntamente viciada de nulidad y que está vigente hasta que no sea declarada por la autoridad competente y mientras esto no suceda sigue generando a plenitud todos los efectos jurídicos que la misma implica. 5. La acción de tutela en el caso sub-exámine. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no es procedente en este caso  la acción de tutela, por los siguientes motivos: a- En términos generales, esta Sala advierte que si bien es cierto que la acción de tutela no opera cuando existen otros medios judiciales de defensa, es lo cierto que, como ya lo tiene establecido esta Corporación4 , es necesario que esos medios alternativos de defensa judicial sean eficaces e idóneos para la protección real de los derechos constitucionales fundamentales. En otras palabras, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es claro que no en todas las ocasiones en que una resolución administrativa sea la causante de la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental y que sea posible su cuestionamiento a través de las vías de los recursos ordinarios, puede el Juez de Tutela desechar la protección del derecho constitucional fundamental, pues es necesario realmente verificar en el caso concreto si los recursos a que alude la normatividad son verdaderos medios de defensa que le garanticen a la persona el goce pleno de su derecho, como bien lo ordena el artículo 6º del Decreto 2591 de l991 que establece: "La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante"(negrillas fuera del texto). b- Pero en términos específicos, en el caso concreto la solicitud tutelar goza ciertamente de medio idóneos de defensa judicial, como se verá a continuación, tanto para el caso de la violación de la Convención colectiva como para el caso de la negativa de negociación del pliego de peticiones. 5.1. La acción de tutela frente a la violación de la Convención Colectiva. La Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la empresa Corporación de Ahorro y Vivienda CORPAVI y la Organización Sindical denominada Unión Nacional de Empleados Bancarios, contiene en el artículo tercero su término de vigencia de dos años contados a partir del primero (1º) de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989) hasta el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991). Durante la vigencia de la Convención, y obrando en concordancia con el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, en fecha diciembre 20 de 1990, expresó su voluntad de dar por terminada la Convención Colectiva de Trabajo, y para los efectos legales presentaron con las formalidades debidas la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según el expediente, CORPAVI incumplió las cláusulas de la Convención Colectiva, de conformidad con las siguientes resoluciones expedidas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con fundamento en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto 2351 de 1965 -artículo 41-: a- Resolución No. 317 de 1991: por la cual se resuelve una petición por violación de la Convención Colectiva. En esta decisión administrativa se procedió a conminar bajo apremios de sanción pecuniaria a la Corporación, a la multa de veinte (20) salarios mínimos para que diera cumplimiento a las obligaciones originadas en la Convención Colectiva ya mencionada. b- Resolución No. 1653 de 1991: en ésta se considera que la Convención Colectiva creó un derecho objetivo más favorable que la ley para servir de contenido obligatorio de los contratos de trabajo durante su vigencia. La violación de una de las cláusulas de la Convención, como fue la  relativa a los préstamos de vivienda, hizo merecedora a la Corporación de una sanción de multa correspondiente a cincuenta (50) salarios mínimos. Para esta Sala, frente al incumplimiento de la Convención Colectiva, el Sindicato posee los siguientes mecanismos idóneos judiciales de defensa: a- El artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone que los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios. b- El artículo 476 determina que los trabajadores obligados por una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Los trabajadores pueden delegar el ejercicio de esta acción en su sindicato. Así mismo, la Sección de Trabajo y Vigilancia de las Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, es autoridad administrativa competente para aplicar las sanciones a que haya lugar por violación o desconocimiento de las normas laborales contempladas en las leyes, convenciones, pactos colectivos o laudos arbitrales. En relación con el incumplimiento de la Convención Colectiva, considera esta Sala que no procede la acción de tutela por cuanto es muy claro que existen para dichos efectos otros medios judiciales de defensa que le permitían a la Unión de Empleados Bancarios demandar su cumplimiento. 5.2.  La acción de tutela frente a la negativa de negociar el pliego de peticiones. El pliego de peticiones fue aprobado y ratificado por el V Congreso Nacional extraordinario de delegados de la UNEB realizado los días 23 y 24 de mayo de 1992, firmado por el Presidente y Secretario General de la Unión de Empleados Bancarios. Este pliego fue oportunamente presentado al patrono, quien no ha querido entrar a negociarlo. Ante este hecho, el Sindicato elevó una petición al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para obligar a CORPAVI a negociar el pliego con fundamento en el artículo 433, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, que dice: "El patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento". La  Resolución Número 0195 del 3 de febrero de 1992, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social era ciertamente objeto de esta acción, en la cual incluso es susceptible de suspensión provisional. Es de advertir que para esta Sala de Revisión la suspensión provisional,  suspende los efectos de un acto negativo pero no tiene la virtud de hacer producir un acto positivo, ni mucho menos puede indemnizar o reparar un perjuicio ocasionado. En consecuencia considera esta Sala que según la naturaleza jurídica de la suspensión provisional, se puede lograr la simple paralización de la actividad ejecutiva, pero carece de eficacia -obligación de hacer-, en que el acto administrativo contiene la denegación o prohibición del ejercicio de una actividad; es decir de nada sirven los casos de inactividad administrativa o de denegación de la petición ante ella aducida. Por lo tanto en este caso, la suspensión provisional, analizada en concreto en cuanto a su eficacia, no es un medio idóneo para evitar el perjuicio que el acto administrativo no impide generar y en principio procedería  la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable. Lo anterior en razón que la suspensión provisional prevista en el ordenamiento jurídico colombiano no consagra la ejecución provisional de peticiones denegadas o del ejercicio de una actividad prohibida por un acto administrativo, como sí está consagrada en el derecho alemán con la figura del "orden provisional" y "orden para hacer desistir de hacer" en Puerto Rico. La suspensión provisional no habría podido tutelar dichos derechos entre el momento de su violación y la expedición de la sentencia definitiva del contencioso administrativo. Como anotan Henri y  León Mazeaud y André Tunc, "...Por último existe un tercero y último caso en que surge una imposibilidad de ejecución o cumplimiento en especie. El Tribunal, ya sea por lo demás judicial o incluso administrativo, no lo puede ordenar porque conduciría a la anulación, a la modificación o a la ejecución de la medida administrativa; y eso sería violar el principio de la separación de poderes".5 Y en el mismo sentido Georges Vedel expresa, "...El juez administrativo puede anular los actos de la administración y puede condenarla a pagar tal suma, pero no puede ordenarle o prohibirle tal o cual acto u operación y, aún menos, sustituírla..."6 La labor del Juez de tutela es tan importante y, como lo ha dicho ya la Corte Constitucional en Sentencia Nº T-02: "El Juez está frente a lo que la doctrina denomina un 'concepto jurídico indeterminado': los derechos constitucionales fundamentales que pueden ser o no ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera o de otra, pero siempre su sentido se define bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar".7 La acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, establece: "Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente". ¿Puede la sentencia final del contencioso administrativo obligar al Ministerio del trabajo y Seguridad Social a expedir la resolución coercitiva? Para esta Sala la respuesta es afirmativa, es decir, el juez administrativo puede obligar a la Administración a expedir una resolución como la que nos ocupa, que efectivamente proteja los derechos de la UNEB. Así las  cosas, un pronunciamiento de esta índole se constituye en un mecanismo idóneo de defensa judicial y, en consecuencia, no prospera la tutela en los términos en los que la solicitó el peticionario, motivo por el cual la sentencia de instancia será confirmada. En otras palabras, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho permite, en su sentencia de fondo, proteger eficazmente los derechos cuya tutela aquí se solicita. Ahora bien, no habiéndose solicitado la tutela como mecanismo transitorio, cabría entonces preguntarse si el juez de tutela estaría habilitado para conceder, en principio, una acción en términos diferentes a los solicitados por el presente. Esta Sala observa que ello es posible e incluso necesario, según las circunstancias de cada caso. En el negocio concreto, empero, esta Sala estima que la adecuación oficiosa de la tutela, haciéndola pasar de definitiva a transitoria, no es procedente porque ello violaría el principio de igualdad material, consagrado en el artículo 13 constitucional, según el cual las situaciones diferentes deben ser tratadas de manera desigual. En este sentido, el socorrer la solicitud de tutela de un abogado especialista por parte de la Corte Constitucional en forma oficiosa, coloca a los petentes que no son abogados -la mayoría- en una situación ventajosa respecto de los demás, ya que las prerrogativas que el constituyente y el legislador establecieron para que toda persona pudiese acceder a la administración de justicia, no podrían ser extendidas por el juez de tutela a los abogados especialistas. Ello sin duda violaría la especial protección que requieren todas aquellas personas que se encuentran en condiciones de inferioridad o debilidad. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, enviar copia de esta Sentencia a la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá  -Sala Laboral-, al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, a la Corporación de Ahorro y Vivienda "CORPAVI", a la Unión Nacional de Empleados Bancarios "UNEB", al apoderado de la UNEB, Dr. Octavio Gil Gámez, a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC y a la Confederación General de Trabajadores Democráticos CGTD. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Magistrado Sustanciador. FABIO MORON DIAZ. Magistrado. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado. Sentencia de Revisión discutida y aprobada en Sala de Revisión Nº 4 de la Corte Constitucional, de fecha tres (3) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Sentencia Nro. T-411 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de fecha 17 de junio de 1992. 2 Informe-Ponencia. Asociación Sindical. Gaceta Constitucional Nº 45. Pág. 2 a 4. 3 Propuestas laborales para la nueva Constitución Política Nacional. Gaceta Constitucional Nº 11 a 12. 4 Cfr, Sentencia Nº T-03 de la Sala de Revisión número 3 de la Corte Constitucional de fecha 11 de mayo de 1992. 5 MAZEAUD, Henri y León. TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil. Delictual y contractual, T.III, vol. I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires. 1.963. P. 493. 6 VEDEL, Georges.Derecho Administrativo. Biblioteca jurídica Aguilar. Madrid. 1.980. P. 451. 7 Sentencia Nº T-02 de la Corte Constitucional de fecha mayo 8 de 1992.

T-442-92 Sentencia No Sentencia No. T-442/92 DEBIDO PROCESO/SUPERINTENDENCIA-Naturaleza El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los Tribunales Contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico legal previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica y afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado, ante la propia organización y los asociados y asegurar los derechos de los gobernados. Las Superintendencias son entidades administrativas del Orden Nacional, que las personas  que prestan sus servicios en esas dependencias son empleados públicos y que por lo tanto su ejercicio y actividad está sometida a los parámetros de los artículos 6o.  y  122 de la Constitución Nacional, los actos proferidos por los funcionarios de estas instituciones, son verdaderos actos administrativos que deben por esa razón estar sometidos a la Constitución, a la ley y a los reglamentos propios de la Superintendencia. SUPERINTENDENCIA DE CAMBIOS-Funciones/INFRACCION CAMBIARIA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia Existe un procedimiento especial administrativo para la averiguación y sanción de las violaciones al estatuto cambiario que se sigue ante la Superintendencia de Cambios. El acto administrativo que determinó la multa puede a su vez ser objeto de recurso de reposición. Más tarde y en caso de persistir la Superintendencia en mantener su decisión, existe la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ante quien se pueden ejercer las acciones pertinentes y en el evento sublite de la multa, sería la de nulidad y de restablecimiento del derecho que cabalmente persigue, no sólo la nulidad del acto sino la restauración del derecho, esto es, volver las cosas al estado anterior, vale decir la eliminación de dicha sanción pecuniaria con el reconocimiento de los intereses que mientras tanto hubiera producido esa suma. Como medida cautelar se puede pedir junto con esta actuación, la suspensión provisional de la resolución mencionada y en caso de prosperidad, temporalmente cesarán los efectos jurídicos de ella. Es improcedente la acción de tutela. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso  de  Tutela  No. 1076. Acción  de tutela con actuación                                           administrativa de la Superintendencia                                  de Cambios. Tema:Derecho al Debido Proceso como Derecho                                   Fundamental. Demandante: JOHNNY JOSE  DACCARETT GIHA. Magistrados: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente Dr.JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Dr. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., tres (3) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en Sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Barranquilla (Atlántico) de febrero doce (12) de mil novecientos noventa y dos (1992). I.       ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. De conformidad con en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, esta Sala de Revisión de la Corte, entra a dictar la sentencia correspondiente. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Johnny José Daccarett Giha mediante abogado expresa como fundamentos de hecho para ejercer la acción de tutela los siguientes: La Superintendencia de Cambios, abrió investigación preliminar administrativa contra Farnán Ltda. y otros. El 6 de enero de l988, se vinculó formalmente al proceso administrativo por violación al régimen cambiario al señor Daccarett Giha a quien "no le determinaron los hechos concretos que ameritaran su vinculación, ni las pruebas que lo señalaran". Con fecha 19 de diciembre de l990, le formularon pliego de cargos sin que hubiera tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. El infractor dió contestación dentro del término legal,  propuso la nulidad de todo lo actuado, por violación del derecho de defensa y solicitó unas pruebas. El 19 de junio de l991, la Superintendencia de Cambios dictó la Resolución No. 00875 por medio de la cual  impuso una multa a Johnny José Daccarett Giha, sin tener en cuenta la nulidad propuesta y denegó las pruebas solicitadas. Agrega la Sala que la multa ascendió a $1.096.097.616,11 y lo fue por violación de los artículos 246 y 32 del Decreto Ley 444 de l967 y de la Resolución 46 de l983 de la Junta Monetaria. Cuando tuvo conocimiento de los cargos solicitó pruebas para infirmar "los indicios" que sirvieron de base probatoria para formularlos y después imponer la multa. Así, le fue impuesta una multa sin haber tenido oportunidad de defensa, ni antes ni después de los cargos. Habiendo solicitado la repetición de las pruebas decretadas y  recibidas sin su audiencia, la Superintendencia respondió que la contestación  "es la oportunidad que tienen los investigados para solicitar pruebas y defenderse". El 26 de julio de l985 (sic) propuso la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso. B. ACCION DE TUTELA. 1.      En escrito del 9 de diciembre de l991 Johnny Daccareth Giha presentó acción de tutela ante el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, para que ese Despacho judicial, ampare el derecho fundamental del debido proceso, violado por la Superintendencia de Cambios, al expedir la Resolución No. 00875 del 19 de junio de l991 al haberlo sancionado con multa y con fundamento en los hechos que se describieron anteriormente. La acción de tutela se concreta a las siguientes peticiones: Como medida provisional, el Juzgado ordene a la Superintendencia se abstenga de decidir el recurso interpuesto por él contra sobre la Resolución mencionada. Como fallo definitivo, decrete la nulidad de todo lo actuado por la entidad administrativa, a partir de su vinculación al proceso, para poder ejercer los derechos  conculcados. Precisa que las normas violadas de la Constitución son los  artículos 4o. que tiene a la Constitución como norma de normas, el 29 que consagra el debido proceso, el 34 que prohibe la confiscación y el  83 que consagra el principio de la buena fe. 2.      La Superintendencia en su alegato presentado el 14 de enero de l992, por conducto de apoderada, señala al Juzgado la improcedencia de la tutela en las investigaciones administrativas cambiarias.  Expresa que en ningún caso la entidad representada por ella ha violado el debido proceso, que las actuaciones que adelanta esa entidad en materia cambiaria son de carácter administrativo, que tienen como fundamento el procedimiento especial consagrado en el Decreto-Ley 444 de l967 al cual se sujetó, razón por la cual no está llamada a prosperar la acción de tutela en contra de la Resolución No. 00875 de l991. C. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla en providencia del 20 de enero pasado, concedió la tutela al accionante Jhonny Daccarett Giha y ordenó a la Superintendencia de Cambios que decretara la nulidad de la actuación administrativa a partir de su vinculación al proceso.  Que se formalizara nuevamente la investigación administrativa, se precisaran los hechos en que ella se fundaba y se notificara al infractor de conformidad con las disposiciones legales. Le otorga un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Superintendencia para adecuar su comportamiento a estos requerimientos. Fundamenta su decisión en la violación al debido proceso de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional. La providencia fue impugnada el  23 de enero de l992 y pasó a conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito. D.    FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla en providencia de febrero 12 de l992 revocó en todas sus partes la decisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla teniendo en cuenta que el peticionario de la acción tenía a su disposición  otros  mecanismos  de  defensa judicial para hacer valer sus derechos, en la forma prevista en el artículo 32 del Decreto 2591 de l991, cuales son el recurso de reposición interpuesto en su oportunidad por él contra la Resolución No. 00875 de l991 de la Superintendencia y las acciones contencioso administrativas que se pueden incoar ante la justicia administrativa. El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión. II. COMPETENCIA. Es competente la Corte para revisar el presente fallo de tutela y ello de conformidad con lo prescrito en el artículo 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de l991, tiene competencia la Corte para revisar el presente fallo de tutela. III.  CONSIDERACIONES Esta acción  fue instaurada contra una autoridad pública del Orden Nacional, por cuanto la parte demandada es la Superintendencia  de  Cambios,  calidad  que le otorga el inciso final del artículo 115 en consonancia con el 150-7 de la Constitución Nacional. Con fundamento en los hechos reseñados, estima esta Corte que los puntos relacionados con la presente controversia jurídica, son: 1. Establecer el carácter del debido proceso como derecho fundamental. 2. Las infracciones cambiarias se regulan por un procedimiento especial. Funciones de la Superintendencia de Control de Cambios (hoy, Superintendencia de Cambios). 3. Improcedencia de la acción de tutela por existir defensa judicial para el derecho fundamental. Entra esta Sala de Revisión a desarrollar el temario propuesto, en los siguientes términos: 1.      El debido Proceso es Derecho Fundamental La Acción de tutela, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de l991, norma que en su artículo 86 la establece como un amparo a los derechos fundamentales. En el cuerpo de la Constitución se encuentra el título II que habla "De los derechos, las garantías y los deberes".  Este en su primer capítulo señala los derechos fundamentales entre los cuales aparece descrito el debido proceso. Proceso es el conjunto de actos sucesivos que se realizan por parte del Juez o con conocimiento de él para que en un asunto sometido a su consideración administre justicia. El debido proceso entendido en sentido amplio o general es un estado de cambio constante y de evolución correspondiente a cualquier fenómeno, que tiene por objeto  conseguir un fin establecido con anterioridad. En su acepción jurídica, el debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios  necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que es imposible aplicar el derecho por parte de los Organos del Estado, sin que la actuación de éstos se haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión de administrar justicia.  Significa esto que todos los actos que el Juez y las partes ejecutan, en la iniciación, impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, tienen carácter jurídico  porque  están  previamente señalados por la ley instrumental. Es una actividad reglada y garantizadora que se desarrolla por etapas, entrelazadas o unidas por un objetivo común, como es el de obtener la aplicación del derecho positivo, a un caso concreto, sometido a la actividad jurisdiccional del Estado. La institución del debido proceso aparece señalada como derecho fundamental por lo que ha significado para el desarrollo del hombre, como ser social. El hombre es el principio y fin de todo sistema de organización estatal, de ahí que el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de él son en el presente el primer objetivo del constitucionalismo actual. El principio de autoridad de los gobernantes, está limitado por ciertos derechos de la persona humana, que son anteriores y superiores a toda forma de organización política. Esa limitación de los gobernantes constituye el punto de partida de todas las doctrinas que se ocupan de reivindicar para el hombre unos atributos esenciales que el Estado se halla en la obligación de respetar. Esta situación debidamente comprobada a través de la historia de la humanidad, por el seguimiento que los estudiosos de las ciencias sociales de la época habían realizado, a las diferentes formas de estado, en relación con el trato dado a los derechos de los asociados, se convirtió de hecho, en la razón de ser para que esos derechos, no solo tuvieran algunas veces vigencia práctica, sino que hicieron imperiosa su inclusión formal, en las diferentes proclamas sobre derechos humanos, desde finales del siglo XVII. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de l789 en su artículo 16, advierte: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece totalmente de Constitución".  Desde la fecha de publicación de este principio, ningún Estado podía  aspirar a que lo consideraran como tal, si no había incluido en su sistema un mecanismo de amparo para los derechos civiles de los hombres. Esta es la razón por la cual se ha llegado a afirmar que las garantías de los derechos fundamentales están incorporadas a la esencia del Estado democrático. La comunidad internacional ha sido protagonista de primer orden para que los Estados asuman responsabilidades respecto  de  la  guarda  de  los derechos fundamentales,  porque consideran que la mejor opción para aclimatar la paz universal, el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, tiene su origen, en la justicia y en la equidad que cada una de las naciones en particular le brinde a sus administrados. Con razón afirma el doctor Manuel José Cepeda, respecto de este tema, lo siguiente: "La fuerza de los derechos a nivel internacional es cada vez más grande.  La Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han adoptado decisiones trascendentales sobre el tema, que han llegado inclusive a desencadenar procesos de reforma constitucional en otras latitudes.  Y en un plano más político, pero no menos significativo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió formalmente justificar limitaciones a la soberanía de un Estado con base en la Defensa de los Derechos Humanos, como sucedió hace unos meses con los Kurdos en Irán.  Se está desarrollando, entonces un campo inmensamente rico que ha llevado a un replanteamiento de doctrinas jurídicas y posiciones políticas que tenían una larga tradición. No es este el lugar apropiado para profundizar en este y otros temas relativos a la interpretación de los derechos y sus implicaciones. De lo que se trata simplemente es de recoger fuentes normativas indispensables para entender los alcances de la Carta de los Derechos ".1 A nuestro Estado también han llegado vientos informadores que  han imprimido nueva dinámica a las instituciones, se ha evolucionado y modernizado el Estado, pero especialmente se le ha dado mayor vigor y celo al hombre, a su desarrollo, a la guarda y protección de sus derechos y a ese fin intrínseco que toda persona lleva en la búsqueda de su superación y en la prestación de un servicio útil para sus congéneres, que se le reconozcan sus valores y se le tenga en cuenta su calidad humana. De ahí que el artículo 1o. de la Constitución Nacional, prescribe: "Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". Es fundamento del Estado Social Colombiano el respeto de la dignidad humana, toda vez que la persona considerada como tal es el destinatario final de todos los preceptos contenidos en ella. El artículo 2o. de la norma constitucional establece los fines esenciales del Estado y entre ellos consagra el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes instituídos en ella. Expresa en su inciso final, lo siguiente: "Las autoridades de la República están instituídas  para  proteger  a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", Precepto que establece la responsabilidad objetiva de las autoridades estatales, que convierte en realidad el cabal cumplimiento de los deberes y fines propuestos del Estado dentro de la norma Constitucional, y en el Artículo 5o. la Carta afirma que el Estado se obliga a reconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona. Entonces, sí existen dentro de nuestra organización jurídica esos derechos que están por encima de toda consideración y el Estado tiene la obligación ineludible por esa razón y circunstancia, de respetarlos, protegerlos y hacer que las autoridades y asociados en general, hagan un reconocimiento expreso de esos derechos y respeten, en igual forma, su cabal ejercicio. El capítulo I del Título II Constitucional consagra, entre otros el derecho a la vida, la prohibición a la desaparición forzada, a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la intimidad personal y familia, al libre desarrollo de su personalidad, derecho de la persona a vivir en paz, a ejercer el derecho de petición, a circular libremente, a escoger trabajo o profesión según sus aptitudes, a que en todas las actuaciones  judiciales  y administrativas, se le aplique un debido proceso, al derecho de asociarse para ejercer actividades económicas, culturales, sociales o laborales; puede aspirar a conformar, y a ejercer el poder político del Estado, todos estos considerados como derechos fundamentales para que el hombre pueda desarrollarse como ser social. El derecho al debido proceso fue contemplado en  la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de l789, la cual en su artículo 7o. prescribe: "Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella.  Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si resiste se hace culpable". Este ordenamiento contiene reglas precisas y rigurosas en lo pertinente al debido proceso penal.  Significa esto, que desde esos tiempos se preveía que sin la existencia anterior de una ley que tipificara el hecho como punible, ningún acto humano podía dar lugar a su arresto o  detención por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia.    El   señalamiento  de  la norma prescribe que las personas encargadas del juzgamiento, tienen la obligación de adecuar su actuación judicial a los lineamientos,  que con antelación se han establecido. A partir de la consagración formal en la declaración comentada, del principio del debido proceso como derecho esencial para el desarrollo del hombre, todos los tratados internacionales que hacen referencia o se relacionan con el respeto de los Derechos Humanos, lo encuentran imprescindible y de obligatoria incorporación en las normas supranacionales. Este precepto hace parte de los mandamientos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, reconocido también en el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos internacionales ratificados y aprobados por Colombia, los cuales por esa condición, hacen parte de nuestra Ordenación Legal. La Constitución Política, establece el debido proceso en su artículo 29, el cual se expresa así: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le  imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Ha expresado esta Sala de Revisión que con el artículo precedente se relacionan el 31, cuando da la oportunidad a las partes procesales para apelar las decisiones del Juez y a éste le otorga competencia para consultar las sentencias, figuras que someten a una revisión más las decisiones adoptadas por el Juez de conocimiento. En lo que hace relación con el artículo 33 de la Constitución, éste prohibe la autoincriminación, al señalar que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente o de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. El Código de Procedimiento Penal  recoge estos postulados constitucionales y los desarrolla en su título preliminar denominado "normas rectoras" en sus artículos 1o. a 22 (arts. 1o. a 17 del Decreto Ley 0050 de 1987),  como garantías reales establecidas en beneficio de las personas requeridas por la jurisdicción estatal. El debido proceso en los Pactos y Convenios Internacionales. La Institución del Debido Proceso, engloba los siguientes derechos: el principio de la legalidad, el principio que otorga el derecho a los procesados, el del Juez Natural, la favorabilidad y permisibilidad para el sindicado o procesado, la prohibición de la autoincriminación, la obligación para el Estado de buscarle un defensor a los pobres, derecho a la protección judicial, derechos que le asiste a los presos y la segunda instancia, preceptos todos estos consagrados en la legislación internacional. Cada día el Constitucionalismo colombiano se ha visto obligado a instruirse de las fuentes internacionales que establecen en sus ordenamientos avances importantes en cuanto a la aplicación del derecho. Los foros internacionales debaten con mayor severidad las restricciones a que se ven sometidos muchos pueblos de la humanidad, porque precisamente ahí en esas asambleas, se cuestionan con mayor independencia, el panorama político, social, cultural y económico de los Estados. Esta la razón para mencionar los tratados y convenios que aprobados por Colombia, establecen las instituciones jurídicas que forman parte del debido proceso así: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de l969, aprobado por la ley 74 de l968. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ley 74 de l968. La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas el 20 de noviembre de l989. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 39 de l946. En los Convenios de Ginebra I,II,III y IV del 12 de agosto de l949, aprobados por la ley 5a de l960. La Convención Internacional para la represión y el castigo del crimen del Apartheid, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según Resolución No. 3068 de 30 de noviembre de l973, aprobada por la ley 26 de l987. En la Convención para la prevención del delito de genocidio, firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por resolución No. 260 A (III) de 9 de diciembre de l948 y aprobada según ley 28 de l959. En el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de agosto 12 de l949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. En el Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados, aprobado por la ley 65 de l979. La Constitución Nacional es amplia en el sentido de brindar acogida y tener como fuente de criterios para la interpretación de los derechos fundamentales a los tratados internacionales suscritos por Colombia al prescribirlo así su artículo 93: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia". El Presidente César Gaviria expresa respecto a la interpretación de los derechos fundamentales: "En lo que tiene que ver con la protección de los valores fundamentales de un Estado Social y democrático de derecho, la Constitución introdujo un gran vuelco filosófico.  La tarea de desentrañar el significado de esos valores, no es fácil.  Tomará tiempo. A veces los criterios objetivos podrán parecer insuficientes.  Por eso, la misma Constitución le otorgó a los tratados internacionales sobre derechos humanos un valor especial".2 El debido proceso penal Se ha dicho, que el derecho penal, tanto sustantivo como procedimental es eminentemente público.  El hecho punible que identifica a las conductas, como violatorias del régimen penal es creado por el Estado y las normas que establecen los procedimientos a seguir dentro de las etapas procesales también tienen su origen en el Estado. Este a través de la Rama Jurisdiccional es el titular del derecho punitivo que sanciona las infracciones no sólo a nombre del lesionado sino a nombre y en representación de la sociedad a quien se le amenaza con las conductas punibles. Como el derecho penal no sólo interesa a las partes procesales sino a toda la comunidad y dado el carácter público de éste, sus normas son de imperioso cumplimiento para los sujetos y partes procesales que intervienen en el conflicto. Al Estado es a quien le corresponde poner en movimiento los medios adecuados para hacer cumplir las normas penales y sancionar al infractor, respetando las garantías constitucionales y legales que se han consagrado para el juzgamiento. Es por esta situación que encuentra especial peso constitucional la figura del debido proceso en materia penal, de allí que si se mira con detenimiento el contenido del artículo 29 de la Constitución Nacional, fuerza concluir que esta norma tiene particular trascendencia  y aplicabilidad en el derecho criminal. El tercer inciso de la norma en cita, sólo tiene operancia en materia penal al prescribir las figuras jurídicas de la permisibilidad y favorabilidad en estos juicios.  En el cuarto se habla de la presunción de inocencia del sindicado, de la culpabilidad, preceptos que tienen relación directa con los procesos penales. El fin del proceso está determinado por la búsqueda de la verdad material dentro de la confrontación ideológica establecida  por  las  partes.   Esa  meta  sólo se puede cumplir, si el juez y las partes, adecúan su proceder a unos trámites previos y obedecen unos principios fundamentales constituídos como garantías universalmente reconocidas para que el juicio sea eficiente e idóneo y el fallo produzca efectos en derecho. La legalidad de los delitos y de las penas, la ritualidad del juicio, el principio del Juez natural, la favorabilidad y la permisibilidad normativa y el derecho de defensa, la prohibición de la autoincriminación y la doble instancia, son los pilares sobre los cuales descansa el debido proceso penal. Estos principios no sólo deben respetarse, sino garantizarse materialmente dentro de la vigencia del proceso porque de lo contrario estaría viciada la actuación judicial. El debido proceso tiene una amplia historia jurisprudencial en nuestro medio.  Así lo confirman las tesis sentadas por la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades. Ha sido esta Corporación lúcida y rica en apreciaciones sobre esta figura y al respecto se considera procedente recoger algunos de sus acertados criterios: "Los principios del debido proceso y del derecho de defensa exigen el respeto a las formas normadas también preexistentes de procedimiento para cada juicio, la carga de la  prueba  para  el  Estado  y  no para el sindicado, la controversia probatoria plena y previa a la evaluación y decisión, y la prohibición  no sólo  de la penalidad sino también del Juzgamiento Ex Post Facto, o sea que por hechos sobrevivientes, no probados o no controvertidos, o no incriminados inicialmente, o aún no establecidos previa y claramente en norma alguna".3 En otra de sus providencias para precisar la importancia práctica del debido proceso dijo: "El debido proceso, como una de esas garantías, no puede constituír un simple enunciado formal, sino que impera entenderse en todo su contenido pragmático, como que se desarrolla en los principios y regulaciones determinadas en los Códigos de Procedimiento, además de las leyes que los reglamentan y para este evento, específicamente en las normas de orden penal; de ahí que el proceso no corresponda a una reunión arbitraria de actuaciones sin un determinado objetivo".4 Y para reafirmar el debido proceso como una institución procesal de orden público, señaló: "Debe agregarse, por otra parte, que los principios del debido proceso no sólo tienen relación con la defensa de los sindicados o demandados sino también con la protección de los intereses de la colectividad  e  incluso con la garantía de los derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, que solo pueden hacerse valer, ante la renuencia de los obligados, mediante juicio ante tribunal competente y con la plenitud de las formas legales ".5 El debido proceso administrativo El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los Tribunales Contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico legal previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica y afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado, ante la propia organización y los asociados y asegurar los derechos de los gobernados. Se observa que el debido proceso se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello  extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones  en  cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses. El debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias garantías establecidas en beneficio del administrado, etapas que deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado.  Se concluye que estos actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que la observancia de la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa racional y ordenada en todo su ejercicio, el cumplimiento estricto para asegurar la vigencia de los fines estatales, y para constituir pruebas de los actos respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, esencia, eficacia y validez de los mismos. El ejercicio de la función pública para la fecha de los acontecimientos, tenía su fundamento en el artículo 20 de la Constitución Nacional anterior, que al respecto decía: "Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por la infracción de la  Constitución  y  de  las  leyes.    Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en ejercicio de éstas". Esta norma corresponde al artículo 6o. del ordenamiento actual y dentro de ella se observa que los servidores públicos tienen un marco legal dentro del cual actúan, cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones, ámbito señalado que deben respetar porque si hacen más de lo que por competencia se les ha asignado, están extralimitándose en sus funciones y si hacen menos, están omitiendo sus obligaciones, es decir, hay omisión de funciones. Es que la actividad administrativa es eminentemente reglada, en razón de que con su actuación el funcionario no sólo compromete su voluntad, sino que decide con su proceder, a nombre y en representación de toda la comunidad constituída y organizada a través del Estado. El artículo precedente tiene estrecha relación  con el 63 de la anterior Carta que expresaba: "No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento", precepto que consagra la Constitución vigente en su artículo 122, el cual hace más rigurosa las condiciones para la prestación del servicio de funciones públicas, así:  el cargo debe encontrarse creado en la planta  de la  entidad,  estar   previstos   sus  costos presupuestales,  la persona ha de jurar que va a cumplir con los deberes que el cargo le impone y tiene la obligación de declarar el monto de sus bienes y rentas. Se constata con la lectura de estos dos artículos que el Constituyente previó darle toda la relevancia y solemnidad al ejercicio de las funciones oficiales y ha determinado que toda aquella actividad que desarrolle una persona como servidora pública debe realizarla acorde con la ley, carácter que reviste de legalidad la actuación administrativa. Este principio de legalidad de los actos administrativos tiene su origen en la imperiosa obligación de que el funcionario público someta su conducta a una serie de normas que le señalan  el camino a seguir  en cuanto a la toma de decisiones. No impera su libre arbitrio, sino el sometimiento de su voluntad a los preceptos constitucionales que rigen la materia, a las leyes y a los reglamentos que le dan la competencia a cada funcionario, normas tan especiales y concretas que llegan a definir lo que debe hacer cada funcionario en su caso particular. El Consejo de Estado tiene amplia jurisprudencia sobre la materia, y de la siguiente forma reseña los requisitos esenciales de los actos administrativos: "En todo acto administrativo existen ciertos elementos esenciales, de los cuales dependen su validez y eficacia.  Esos elementos son los siguientes: órgano competente, voluntad administrativa, contenido, motivos, finalidad y forma. 1o. Organo Competente: El acto debe emanar de la administración, es decir de un órgano estatal que actúe en función administrativa. Además, el órgano de la administración debe actuar dentro de los límites de su competencia.  Si los excede, el acto resulta viciado, con mayor o menor intensidad, según sea la naturaleza del exceso cometido. 2o. Voluntad Administrativa: Otro elemento esencial del acto administrativo es la existencia de una voluntad estatal válida, exteriorizada en una declaración expresada en forma legal.  El acto administrativo se aprecia a través de esa declaración, pero lo esencial es la voluntad real del órgano administrativo.  A este respecto algunos tratadistas plantean el problema de si la voluntad de la administración puede originar actos administrativos válidos, manifestándose en forma tácita.  En estos casos el acto tácito se infiere de otros actos expresos que lo presuponen necesariamente: 3o. Contenido: Todo  acto administrativo debe tener un contenido determinado, el cual debe ajustarse a todas las normas jurídicas vigentes. La existencia de este contenido, ajustado a las normas jurídicas vigentes y superiores, es un elemento esencial para la validez del acto. 4o. Motivo: El concepto de causa del derecho privado no puede aplicarse exactamente a los actos administrativos, porque en derecho privado se trata generalmente de convenciones libremente pactadas por las partes, mientras que, en derecho administrativo, generalmente se trata de actos unilaterales, que emanan de una sola voluntad o sea la voluntad de la administración. La administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho y derecho que corresponde.  En las actividades fundamentalmente reguladas, los actos de la administración están casi totalmente determinados de antemano; en cambio, en las actividades discrecionales, la administración tiene un margen más o menos amplio para decidir, pero debe tomar en cuenta las circunstancias y los  fines  propios del servicio a su cargo.  Las circunstancias de hecho o de derecho que, en cada caso, llevan a dictar el acto administrativo constituyen la causa, o mejor, el motivo de dicho acto administrativo. 5o. La forma: Las entidades públicas, en su calidad de personas jurídicas, expresan su voluntad a través de ciertos procedimientos. Las formalidades del acto administrativo no pueden confundirse con su forma.  Las formalidades son los requisitos que han de observarse para dictar el acto y pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores al acto. La forma es el modo como se documenta la voluntad administrativa que da vida al acto."6 Por regla general los actos administrativos deben cumplir estos requisitos, para que ellos tengan plena validez. Si falta alguno de esos presupuestos, el Estado ha creado los medios de control respecto de las acciones u omisiones de la administración.  Así lo prescriben los artículo 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo que al respecto, señala: "Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, la nulidad de los actos administrativos.   Procederá no sólo cuando dichos actos infrinjan las normas en que deberá fundarse sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o mediante falsa motivación o en forma irregular o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de las actas de certificación y registro". "Artículo 85. Acción de nulidad y de restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente". Las manifestaciones de voluntad de la administración, por gozar de la presunción de legalidad, producen  efectos jurídicos. La obligatoriedad del cumplimiento de los actos de la administración, se  considera como parte del ejercicio del poder de imperio del Estado, quien a través de ellos, impone su voluntad a los administrados.  Pero la conducta de la administración, a su vez, está sometida a una serie de reglas claras y precisas que los funcionarios deben cumplir para que el acto producto de esa voluntad, tenga plena validez y llegue a producir los efectos jurídicos deseados. Encuentra esta Sala de Revisión que la figura jurídica del debido proceso en el ámbito de las actuaciones administrativas,  no  sólo  tiene  sus fundamentos en los artículos 29,31, y 33 de la Constitución Nacional, sino que estas normas deben mirarse íntimamente relacionadas con el 6o., 121 y 122 de la Carta Política, habida cuenta que en ellas se expresa el criterio reglado que debe asistir a toda actuación de la administración pública nacional por pequeña que sea. Los fines de la administración deben estar guiados por sentimientos de buen servicio de beneficio colectivo para la población y los actos que ella produzca  deben estar precedidos por los elementos esenciales previstos para cada actuación, con las formalidades que las normas exigen para el cumplimiento de las funciones inherentes a los servidores públicos.  Nada se ha dejado al azar, al arbitrio del gobernante de turno porque por encima de su voluntad, están los intereses supremos de la colectividad.  Por esta circunstancia, se ha llegado a afirmar: "La concepción democrática del poder excluye y proscribe cualquier acto del Estado dirigido a conseguir fines simplemente personales o inspirados en intereses minoritarios o de grupo, pero no basta que el Estado persiga fines de interés público o de defensa de derechos objetivos para que sus actos resulten legítimos.  Ni siquiera es suficiente que los órganos emisores del acto tengan origen democrático. Es necesario, además, que por la Constitución y la ley se les haya confiado la competencia para expedir el acto y que utilicen sólo los medios legalmente  autorizados. Estos,  en  todo caso, deben ser adecuados, necesarios y proporcionales a la magnitud del conflicto y ante todo al fin que se persigue.  Es el principio de utilización moderada del poder".7 El título V de la Constitución Nacional señala la organización del Estado Colombiano y en el Capítulo I aparece la estructura Nacional.  El artículo 115 inciso final señala que "las Gobernaciones y las Alcaldías, así como las Superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva". En el artículo 150, cuando establece que al Congreso le corresponde hacer las leyes y por medio de ellas ejerce las siguientes funciones, en el numeral 7, precisa: "Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del Orden Nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica..." Se precisa entonces, que las Superintendencias son entidades administrativas del Orden Nacional, que las personas  que  prestan sus servicios en esas dependencias son empleados públicos y que por lo tanto su ejercicio y actividad está sometida a los parámetros de los artículos 6o.  y  122 de la Constitución Nacional y por último, los actos proferidos por los funcionarios de estas instituciones, son verdaderos actos administrativos que deben por esa razón estar sometidos a la Constitución, a la ley y a los reglamentos propios de la Superintendencia. El tema del derecho fundamental del debido proceso ha sido tratado en las sentencias T-11, T-13, T-401, T-419, T-440, T-453 y T-463 de esta Corte Constitucional. 2.      Las infracciones cambiarias se regulan por un procedimiento especial. Funciones de la Superintendencia de Control de Cambios (hoy Superintendencia de Cambios) Todas las reformas constitucionales traen aparejadas una serie de cambios institucionales dentro de la estructura del Estado.  Ellos son portadores de revoluciones dentro de la organización jurídico-políticas de las entidades administrativas que conllevan a los administrados a cambiar sus costumbres para adecuarlas a la nueva vida organizacional. Las tendencias intervencionistas plasmadas en las reformas constitucionales de l936, l945 y l968 hicieron que el Estado estuviera más cerca de las actividades que desarrollaban las personas del común y trataron de ejercer un control estricto y severo sobre algunas actuaciones y operaciones llevadas a cabo por los asociados. Esta tendencia hizo que se crearan una variedad de organismos nacionales que prestaran especialmente unos servicios a la comunidad y se gestaron otros, que fueron a contratar y a vigilar las actuaciones de los asociados. Se pasó en esta forma a un estado planificador que trató de dirigir la economía, los programas de proyección social y las inversiones. Para que los programas se cumplieran, el Estado le dió competencia a varias instituciones para ejercer funciones de control y vigilancia, con funciones no sólo preventivas sino sancionadoras para perseguir a través de este medio, a las personas que no se sometieran a las reglas de intervención, planificación y sometimiento de ciertas actividades de interés general. Así nace y se le dá competencia administrativa-disciplinaria a la Superintendencia de Cambios para perseguir y sancionar a los infractores del régimen cambiario nacional. El proceso administrativo contravencional que corresponde seguir a la Superintendencia de Control de Cambios, en el evento sublite,  está  reglado en el Decreto 444 de l967, por el cual se establece el régimen de cambios internacionales y de comercio exterior. En el artículo 2o. del Decreto se precisa que todas las operaciones de cambio exterior están sujetas a control por parte del Estado. Su artículo 4o. precisa: La posesión y negociación de oro y divisas se ceñirán a las disposiciones de este Decreto. Con las excepciones en él establecidas, los ingresos en moneda extranjera se venderán al Banco de la República o se canjearán en esta Institución por "Certificados de Cambio", según el caso. Solamente podrán adquirirse divisas para los fines económica o socialmente útiles definidos como tales en este estatuto y previa la expedición de la respectiva licencia de cambios. La obligación de negociar las divisas con el Banco de la República se aplicará especialmente cuando se trate de exportaciones de bienes y servicios, según lo dispone el literal a) del artículo 5o. del Decreto citado. El artículo 18 define el certificado de cambio como los títulos representativos de monedas extrajeras que el Banco de la República deberá expedir contra entrega de divisas que constituyan ingresos al mercado nacional y en los artículos siguientes señala el trámite para la expedición de los certificados de cambio, su regulación en el mercado y el término de vencimiento de los mismos. Por lo que interesa a los fines del presente proceso, se transcribe el artículo 246 del nombrado Decreto: "Para los efectos del presente estatuto se considerarán operaciones de cambio exterior no solamente aquellas que implican ingresos o egresos de divisas, sino también las entradas al país y las salidas de éste de moneda legal colombiana. En consecuencia, dichas entradas o salidas están sujetas a las disposiciones sobre control de cambios y solamente podrán efectuarse en la forma y en los casos que autorice la Junta Monetaria mediante resoluciones de carácter general. La violación de las normas de este artículo se sancionará por la prefectura de control de cambios con las penas previstas en este estatuto para el caso de las infracciones a las disposiciones sobre control de cambios". La vigilancia y el control de todas estas actividades cambiarias los ejerce la Perfectura de Cambios, hoy Superintendencia  de  Cambios,  en  la  forma  en  que lo prescribe el artículo 217 del Estatuto Cambiario y en ejercicio  de  esas  funciones puede solicitar informes a las entidades oficiales para cumplir las tareas que se le han asignado, adelantan las diligencias y averiguaciones del caso para constatar si ha habido violación al régimen cambiario nacional y si ello ha sucedido debe proceder a imponer multas a los infractores al tenor del literal d) del artículo referido. La cuantía de las multas, al tenor del artículo 221 íbidem será del 200 por ciento del monto de la operación comprobada y se graduará de acuerdo con las circunstancias dentro de las cuales fue cometida la infracción. Si la multa no fuere cubierta dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la Resolución que la impone, o si contra ella no se ejercita el recurso de reposición dentro del mismo término, o dentro de los cinco (5) días siguientes a la que resuelve la reposición, se convertirá en arresto a razón de un día por cada treinta pesos, pero el arresto no podrá exceder de dos años. Sobre el trámite para imponer las multas previene el artículo 222 íbidem: "Las investigaciones por posible violación de las normas cuya vigilancia se confía a la Prefectura se abrirán de oficio o por aviso o queja recibidos; terminada la investigación, se correrá traslado al interesado mediante la entrega de copia del informativo, para que dentro de los cinco días siguientes formule sus descargos y solicite las pruebas que considere necesarias. Si las pruebas solicitadas fueren conducentes, se practicarán dentro del término que señale el Prefecto, el cual no podrá ser superior a treinta días, más el término de la distancia. La apreciación de las pruebas se hará de acuerdo con el valor que les asigna el Código de Procedimiento Penal". Y el Artículo 223 dispone que: "Vencido el término para practicar pruebas, el prefecto decidirá, mediante resolución motivada, que se notificará al infractor en la forma prevista por el Decreto 2733 de l959. Contra la resolución sólo procede el recurso de reposición; surtido el recurso, se entiende agotada la vía gubernativa y la resolución es acusable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en única instancia, si la cuantía de la multa es de treinta mil pesos o menos, o ante el Consejo de Estado si es superior. El Consejo de Estado o el Tribunal rechazarán toda demanda a la cual no se le acompañe el recibo de pago de la multa, si no se hubiere hecho su conversión en arresto; en caso de arresto, la demanda deberá acompañarse de la prueba de que se está cumpliendo". 3.      Improcedencia de la acción de tutela por existir defensa judicial A términos del Artículo 86 de la Constitución Política, la  acción  de  tutela,  instituída  para  proteger   los derechos constitucionales fundamentales ante su vulneración o amenaza, sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Pues bien, de las consideraciones que se han hecho precedentemente, ha quedado establecido que existe en primer lugar un procedimiento especial administrativo para la averiguación y sanción de las violaciones al estatuto cambiario que se sigue ante la Superintendencia de Control de Cambios (hoy Superintendencia de Cambios). El acto administrativo que determinó la multa, a saber, la Resolución No. 00875 de l991 puede a su vez ser objeto de recurso de reposición. Más tarde y en caso de persistir la Superintendencia en mantener su decisión, existe la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ante quien se pueden ejercer las acciones pertinentes y en el evento sublite de la multa, sería la de nulidad y de restablecimiento del derecho que cabalmente persigue, no sólo la nulidad del acto sino la restauración del derecho, esto es, volver las cosas al estado anterior, vale decir la eliminación de dicha sanción pecuniaria con el reconocimiento de los intereses que mientras tanto hubiera producido esa suma. Como medida cautelar se puede pedir junto con esta actuación, la suspensión provisional de la resolución mencionada y en caso de prosperidad, temporalmente cesarán los efectos jurídicos de ella (Artículo 152 Código Contencioso Administrativo). Tan cierta es la existencia de la vía administrativa previa para obtener la protección del derecho, que el mismo demandante de la acción de tutela ha manifestado que ya interpuso recurso de reposición contra la Resolución No.00875 de l991 de la Superintendencia que lo multó y ante la cual cursa actualmente. Tampoco es dable el mecanismo transitorio para evitar un daño irremediable, ya que definido éste como el que sólo puede repararse en su integridad mediante una indemnización, el gravamen económico que se le impuso a Johnny José Daccarett Giha puede recuperarse, en el sentido de obtener la supresión de la multa, a través de la acción contencioso-administrativa antes mencionada. De ahí que el Decreto 306 de l992 acertadamente prevenga que no se considera que el perjuicio tenga el carácter de irremediable, cuando el interesado pueda solicitar a la autoridad judicial competente, que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: "e. Orden de restitución o devolución de una suma de dinero pagada por razón de una multa, un tributo, una contribución, una tasa, una regalía o cualquier otro título....". (Subraya la Sala). Del mismo modo es enfático el artículo 3o. del Decreto 306 de l992 reglamentario del Decreto 2591 de l991 al determinar que "se entenderá que no se encuentra amenazado un derecho constitucional fundamental por el sólo hecho de que se abra o adelante una investigación o averiguación administrativa por la autoridad competente con sujeción al procedimiento correspondiente reglado por la ley". De todo lo cual ha de concluírse que es improcedente la acción de tutela y que por ello esta Sala comparte la apreciación y decisión del Juez Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla que así lo declaró y que revocó la tutela concedida indebidamente por el Juez 14 Civil Municipal de la misma ciudad. Por último ha de precisarse que el procedimiento gubernativo atrás examinado del Decreto Ley 444 de 1967, por ser especial, prevalece sobre el general contemplado para toda clase de casos en el Código Contencioso Administrativo (artículo 1o.). 4.      El nuevo estatuto sancionatorio del régimen cambiario El Gobierno Nacional  expidió el Decreto No. 1746 de l991, por medio del cual se establece el Régimen  sancionatorio y    el   procedimiento   administrativo cambiario.  En el artículo 1o. señala la competencia de la Superintendencia de Cambios para establecer las infracciones, e imponer las sanciones que se deriven de las actividades cambiarias. Los artículos 3o. al 5o. dicen quienes son sujetos activos de estas operaciones, sus intermediarios y las sanciones a las que pueden hacerse acreedores. Precisa el artículo 6o., la caducidad de la acción, que vence a los dos (2) años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta y la prescripción de la sanción que se imponga será de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la Superintendencia haya ejecutoriado el acto administrativo que la señala. La iniciación de la etapa de diligencias preliminares se iniciará por queja o en forma oficiosa, actuación  que la Superintendencia puede adelantar sin la intervención del particular afectado con la medida. Terminada la etapa instructiva, y evaluadas las pruebas recopiladas, si el funcionario de conocimiento  considera que los hechos son constitutivos de infracciones cambiarias, la entidad administrativa, mediante providencia motivada señala en forma concreta las operaciones que dieron origen a ella e indica las normas  violadas, acto que se notifica al infractor o a su apoderado. El traslado se hace por quince (15) días, periodo en el cual los presuntos infractores pueden solicitar pruebas, objetar las obtenidas antes de su vinculación jurídica al proceso y presentar los descargos que consideren pertinentes. El periodo probatorio será de treinta (30) días cuando se trate de prácticas de pruebas en territorio nacional, o de sesenta (60), si ellas se realizan en el exterior. Los artículos 16 y 17 señalan que la decisión para practicar pruebas, proferida por la administración se notificará por estado en el término de tres (3) días, susceptible del recurso de reposición el cual debe resolverse en el lapso de cinco (5) días. El artículo 20 señala que vencido el término de traslado  la Superintendencia expedirá la Resolución motivada que decidirá sobre el fondo del proceso disciplinario cambiario. No es obligatorio para la Superintendencia, tener enterado al particular sobre las actividades encaminadas a establecer la responsabilidad cambiaria, sino a partir del momento en que se le corre pliego de cargos y se establece su vinculación jurídica al proceso. Adiciona su término de traslado en diez (10) días y cambia las condiciones para la práctica de pruebas, decisión que debe ser adoptada por la administración, mediante providencia motivada susceptible del recurso de reposición. Aún con los cambios anotados, el criterio del legislador fue el mismo y en el fondo se puede precisar que se conserva el marco legal del ya derogado Decreto 444 de 1967. Esta Sala quiere resaltar que ni con la anterior legislación ni con la actual hay vinculación jurídico procesal del inculpado antes de la notificación del pliego de cargos. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA: Primero:  Confirmar la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla de 12 de febrero de 1992, mediante la cual se revocó el fallo del Juez 14 Civil Municipal de Barranquilla que había concedido la tutela al señor Johnny Daccarett Giha. Segundo:  Comunicar al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente enviar copia de la presente sentencia al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON             JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Manuel José Cepeda. "Los Derechos Constitucionales, fuentes internacionales para su interpretación". Consejería para el desarrollo de la Constitución. Pág. XI. 2 Presidente César Gaviria Trujillo.  Los Derechos Constitucionales fuentes Internacionales para su interpretación. Prólogo Pág. VIII. 3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de marzo de l.985. 4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación del 29 de sept. de l987. M.P. Lisandro Martínez Zuñiga. Gaceta Judicial. Tomo 189. Pág.321. 5 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No.120 de agosto 27 de l.987. M.P. doctor Jesús Vallejo Mejía. Gaceta Judicial No. 2430. Pág. 88. 6 Auto de marzo 9 de l971.Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P.Dr.Lucrecio Jaramillo Vélez. Diccionario Jurídico. Evolución Jurisprudencial del Consejo de Estado l958-l981.Tomo I. Págs.105-106. 7 Marino Tadeo Henao.La Constituyente, la Constitución y la reforma del Estado.Documentos ESAP l.990. Págs. 14 y 15.

T-443-92 Sentencia No Sentencia No. T-443/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/SINDICATO La acción de tutela no puede entenderse como una figura ajena al sistema jurídico fundado en la Constitución  y, por el contrario, debe ser concebida con criterio teleológico, es decir, como instrumento al servicio de los fines que persiguen la organización política y el ordenamiento fundamental, uno de los cuales radica en la eficacia de las normas superiores que reconocen los derechos esenciales de la persona. El art. 86 de la CP. no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho de asociación sindical tiene carácter de derecho fundamental, susceptible de protección efectiva mediante el ejercicio individual o colectivo de la acción de tutela. COMPETENCIA DE TUTELA Es evidente la falta de competencia del Juzgado Primero Superior de Cali para conocer de la solicitud de tutela, derivada no solamente de lo que acaba de exponerse sino del conjunto de datos que ofrece el expediente, del cual se desprende que la sede del Sindicato demandante es Santafé de Bogotá y que, como lo dijo el Tribunal de segunda instancia, absolutamente ningún  efecto de los actos administrativos cuestionados tenía lugar en Cali, ni los trabajadores del Banco en esa ciudad gozaban de legitimidad alguna para controvertirlos. La incompetencia de este funcionario es doble, pues fuera de haber desconocido el límite territorial que le impuso la norma legal en cita, invadió la órbita propia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ACTO ADMINISTRATIVO/SUSPENSION PROVISIONAL-Improcedencia La atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable, se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que ésta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso Contencioso Administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE La acción de tutela es un mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la característica de ser supletorio, esto es que solamente procede en caso de inexistencia de otros medios judiciales de defensa, salvo cuando se trate de evitar perjuicios irremediables.  En el presente caso el acto de la autoridad pública que dio lugar al proceso de tutela, se concretó en tres resoluciones, las cuales, en su condición de actos administrativos eran susceptibles de impugnación a través de los diversos medios consagrados por la ley, ante la jurisdicción correspondiente, si se consideraba que mediante ellas se había violado, desconocido o amenazado un derecho protegido constitucional o legalmente. De existir la posibilidad de reparar un eventual perjuicio con medios diferentes al de la indemnización, el mismo estaría desafecto del concepto de irremediable. DERECHO DE HUELGA El derecho de huelga es un instituto definido por preceptos constitucionales y legales dentro de contornos que de tiempo atrás ha subrayado la jurisprudencia, en orden a garantizar, de una parte, la eficaz garantía de su legítimo ejercicio por los trabajadores y de la otra, la defensa del interés colectivo, que no puede verse perjudicado por aquél; ambos son derechos constitucionales de clara estirpe democrática que no tienen por qué provocar, con base en desmesuradas concepciones, la ruptura de la normal y armónica convivencia social. NORMA CONSTITUCIONAL-Desarrollo Legal Ante la falta de desarrollo legal de las disposiciones superiores, debe recurrirse, como en efecto se ha hecho por las distintas agencias del Estado, a los preceptos que estando vigentes con anterioridad a la Carta Política de 1991, no resultan ahora incompatibles con ella. La contradicción que permita concluír que la Constitución derogó una norma jurídica anterior a su vigencia debe ser ostensible, de tal manera que, a fin de establecerla, no sea indispensable para el intérprete acudir a profundos análisis históricos o a razonamientos complejos sobre el espíritu del Constituyente; ella debe aparecer por sí sola, sin necesidad de buscarla en fuente distinta al texto constitucional, o, como lo expresa el artículo 4º de la Carta, la norma en cuestión debe ser incompatible con ésta. SERVICIO PUBLICO BANCARIO La actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares, lo cual se concreta en el carácter de servicio público que se le atribuyó desde 1959 y que, tanto a la luz de la Constitución anterior como de la actual  -en este último caso mientras la ley no defina el concepto de servicios públicos esenciales- faculta al Ejecutivo para impedir la huelga en dicha actividad y para convocar tribunales de arbitramento obligatorios. Si el Congreso de la República, al ejercer la función que le confía el artículo 36 de la Carta, elabora una definición que clasifique a la actividad bancaria y financiera por fuera del concepto "servicio público esencial", el derecho de huelga podría ser ejercido por los trabajadores a ella vinculados dentro de las normas que el propio legislador establezca. TRANSITO CONSTITUCIONAL/INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE Debe tenerse en cuenta que la expedición de la Carta Política de 1991 no implicó la derogatoria en bloque de todo el ordenamiento legal que venía rigiendo, pues el artículo 380 se limita a declarar "derogada la Constitución hasta ahora vigente, con todas sus reformas".  En otras palabras, la sustitución normativa se produjo en el nivel constitucional y únicamente se proyectó de manera directa e inmediata a nivel de la legislación, en la medida en que ésta resultara incompatible con la preceptiva superior, según el ya citado artículo 4º. Si se llegara a considerar derogado todo el sistema jurídico colombiano a partir de la vigencia de la nueva Constitución, no es difícil imaginar las dimensiones del caos en todos los niveles de la actividad social. -Sala Tercera de Revisión- Ref.:  Expediente T-1369 Acción de Tutela Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia  "SINTRABANCOL" contra Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala de Revisión Nº 3, en Santafé de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Laboral-, el veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante el cual se revocó la sentencia Nº 001 del Juzgado Primero Superior de esa ciudad, de fecha veintinueve (29) de enero del presente año. I.  INFORMACION PRELIMINAR El ciudadano MIGUEL ANGEL CASTRO CASTAÑO, en calidad de representante legal de la Organización Sindical denominada "Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia", presentó ante el Juez Primero Superior de Cali una solicitud de tutela en contra de las resoluciones números 005895, 006130 y 006239 de noviembre 22, diciembre 5 y 12 de 1991, respectivamente, proferidas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, relacionadas con el conflicto laboral planteado entre dicho Sindicato y la aludida organización financiera, que llevó a los trabajadores a declarar la huelga el día veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), fijando como hora cero para la cesación colectiva de labores el día diez (10) de diciembre del mismo año a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). Mediante la Resolución Nº 005895 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ordenó la constitución de un Tribunal de Arbitramento para que decidiera el conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia y dicha entidad financiera.  Por medio de la Resolución Nº 006130, el mismo Ministerio declaró la ilegalidad de los ceses de actividades adelantados por los trabajadores del Banco de Colombia en las dependencias de Valledupar, oficina carrera 7a. Nº 16B-14; Santafé de Bogotá, D.C., oficina calle 30 Nº 6-38 (Sección Bienestar Social y Centro Documentario) y sucursal Puente Aranda; Neiva, oficina principal, oficina 02 Colonial, carrera 5a. con calle 21 esquina y Agencia 01 Plaza de Mercado.  Por medio de la Resolución Número 006239 el Ministerio declaró ilegal el cese de actividades efectuado por los trabajadores del Banco de Colombia en las siguientes dependencias de    la Dirección General y la Oficina Centro Internacional de Santafé de Bogotá, D.C. A.  Fundamentos de la Acción El peticionario fundamenta su demanda en que los actos administrativos antes mencionados conducen a la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores porque se impone la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio que, a su juicio, tal como se encuentra concebido y estructurado en Colombia, no resulta prenda de garantía y atenta contra los derechos y facultades de las partes.  Señala que esta institución no permite crear prestaciones o derechos que vayan más allá de lo dispuesto por la ley, que es precisamente lo que se busca con la negociación colectiva. Expresa que la convocatoria del Tribunal de Arbitramento desconoce la decisión adoptada por los trabajadores e ilegitima el ejercicio del derecho de huelga "con base en normas y disposiciones anacrónicas, tácitamente derogadas y reformadas por los postulados de la Constitución Nacional, como son los decretos 753 de 1956 y 1593 del 59". Considera, además, que con base en el artículo 41 del Decreto 2591 de 1991, no se puede alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir la tutela. Igualmente el actor solicita la aplicación del artículo 4º de la Constitución, y del artículo 9º de la Ley 153 de 1887, aplicable al caso de disposiciones contrarias a la Carta. Por tales razones pide la invalidación y cese de los efectos jurídicos de los actos administrativos que dieron lugar a la acción, como también la garantía y el pleno goce de los derechos que presuntamente han sido vulnerados y el pago de los perjuicios causados, así como de las costas del proceso. Los anteriores son, en síntesis, los argumentos expuestos por el representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia, utilizados como fundamento de la solicitud de tutela, apoyada en la posible violación de los derechos consignados en los artículos 13, 25, 29, 38 y 39 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 53, 55 y 56 Ibidem. El accionante acompaña a la solicitud las actas levantadas en cada uno de los municipios y localidades en donde laboran trabajadores del Banco de Colombia, conforme a las cuales se votó la huelga. II.  TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION A.  Ante el Juzgado Primero Superior de Cali. El Juzgado Primero Superior de Cali, mediante auto interlocutorio Nº 002 de veinte (20) de enero del presente año, ordenó la suspensión provisional de las resoluciones números 005895, 006130 y 006239, de noviembre 22, diciembre 5 y 12 de 1991, respectivamente, y por medio de la sentencia Nº 001 del veintinueve (29) de enero del año en curso, resolvió suspender las resoluciones durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por los afectados. Igualmente dispuso la inaplicabilidad del Decreto 1593 de 1959, que califica la actividad bancaria como servicio público. Contra la decisión del Juzgado hicieron uso del recurso de impugnación tanto el apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el del Banco de Colombia; el primero de ellos argumentó la improcedencia de la tutela por cuanto el de huelga no está consagrado como derecho fundamental en los artículos 11 a 41 de la Constitución, y además por cuanto existen otros medios de defensa judicial, como el recurso de reposición que se interpuso contra las citadas resoluciones y así mismo por ser ellas susceptibles de las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  Igualmente plantea en el escrito la incompetencia del Juez con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Por su parte, el apoderado del Banco de Colombia considera que no cabe la acción de tutela por existir otros recursos o medios de defensa judiciales, y por cuanto no se configura la hipótesis del perjuicio irremediable para que ella proceda como mecanismo transitorio. B.  Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Laboral- Se ocupa en primer lugar el Tribunal de resolver sobre la competencia del juez de primera instancia para conocer sobre la acción, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 el cual dispone que gozan de ella, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. Para la Sala Laboral del Tribunal de Cali resulta clara la incompetencia del Juez Primero Superior, la cual, frente al Derecho Procesal, daría lugar a declarar la nulidad de la actuación, pero por mandato del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud de que no se admiten los fallos inhibitorios, se decide de fondo sobre la solicitud, aunque la competencia la tienen únicamente los jueces de Santafé de Bogotá, D.C., Neiva o Valledupar. En cuanto a la resolución Nº 005895 emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encuentra el Tribunal que tal acto administrativo no constituye amenaza para los trabajadores del Banco de Colombia de la ciudad de Cali y que en dicha ciudad no tuvo ocurrencia ningún hecho que pueda considerarse violatorio de los derechos fundamentales de aquellos. Acerca de las resoluciones números 006130 y 006239, que declaran ilegal el cese de actividades en otras ciudades, considera el Tribunal que con ellas no resultaron afectados los trabajadores que prestan sus servicios a la entidad bancaria en la ciudad de Cali. Con base en tales argumentos, el Tribunal revocó en su integridad la sentencia impugnada, negándose a tutelar los derechos invocados por el actor. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A.  Competencia De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política; 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia que el Tribunal Superior de Cali, por intermedio de su Sala Laboral, profirió en el presente caso. B.  Observaciones previas Del análisis efectuado respecto de la actuación judicial que se revisa y del origen de la misma, surge a primera vista el problema de la aptitud constitucional y legal de las personas jurídicas para acudir ante los jueces, como en este asunto, buscando la inmediata y eficaz protección de sus derechos constitucionales fundamentales, mediante el procedimiento consagrado en su favor por el artículo 86 de la Carta Política. Reitera la Corte sobre el particular que, cuando la norma mencionada, en su inciso primero, señala como titular de la acción a "toda persona", debe entenderse que están comprendidas las jurídicas, por cuanto en cabeza de las mismas se pueden radicar derechos susceptibles de ser protegidos mediante el procedimiento excepcional señalado para la tutela. Tal sería el caso, por ejemplo, del atentado contra su buen nombre, contra el derecho a ser tratada en igualdad de condiciones, o contra el derecho a asociarse con entes de naturaleza análoga. Al respecto, la Corporación ha manifestado en reciente fallo de esta misma Sala: "Como lo expresa el Preámbulo de la Carta, una de las motivaciones del Constituyente al expedirla consistió en la necesidad de garantizar un orden político, económico y social justo. En perfecta concordancia con ese propósito, el artículo 1o. de la Constitución define a Colombia como Estado Social de Derecho, al paso que el 2o. le señala a ese Estado, como dos de sus fines esenciales, el de asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes y el de facilitar la participación de todos  en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. El artículo 4o. subraya el carácter supralegal de la Constitución y su prevalencia en todo caso de conflicto con normas de nivel jerárquico inferior. La acción de tutela no puede entenderse como una figura ajena al sistema jurídico fundado en la Constitución  y, por el contrario, debe ser concebida con criterio teleológico, es decir, como instrumento al servicio de los fines que persiguen la organización política y el ordenamiento fundamental, uno de los cuales radica en la eficacia de las normas superiores que reconocen los derechos esenciales de la persona (artículo 5o.). Desde luego, la persona humana es sociable por su misma naturaleza y no es posible una verdadera protección de ella desechando ese carácter ni prescindiendo de su innegable inserción dentro del contexto colectivo en cuyo medio se desenvuelve. Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que  "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas"1 . En el asunto objeto de examen, la representación ejercida por "SINTRABANCOL", a nombre de los trabajadores, encuentra soporte constitucional, según lo dicho, al establecer la Carta que la petición de tutela puede ser formulada no solo directamente por el presunto afectado, sino además "por quien actúe a su nombre".  Es acorde con la lógica jurídica que el Sindicato encargado de velar por los derechos e intereses de un grupo de trabajadores, acuda en su representación cuando legalmente ello proceda. Lo anterior está corroborado en la Constitución para el caso de la asociación sindical, a cuyo respecto ya resaltó esta Corte su carácter de derecho fundamental2, susceptible de protección efectiva mediante el ejercicio individual o colectivo de la acción de tutela. C.  Legitimidad e interés para actuar De conformidad con los mandatos constitucionales, la acción prevista en el artículo 86, aunque corresponde a un procedimiento preferente y sumario, necesita de unas condiciones mínimas para su procedencia.  Así, quien solicite el amparo debe estar legitimado para actuar, es decir, debe ser el afectado o amenazado por la acción u omisión, o quien actúe a su nombre, tal como lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que dice: "Legitimidad e interés.  La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.  Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.  Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud (Subraya la Corte). También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales". En el caso objeto de revisión, es claro que los afectados con las decisiones del Ministerio de Trabajo eran empleados del Banco de Colombia quienes, como antes se indica, estaban representados, para efectos del ejercicio de la acción de tutela, por el Sindicato. D.  Incompetencia del juez de primera instancia Aunque, según la Carta, todos los jueces tienen jurisdicción para conocer sobre acciones de tutela, el legislador -que en esta materia lo fue el Ejecutivo, en desarrollo de las facultades conferidas por el artículo Transitorio 5 de la Constitución- ha identificado los criterios con arreglo a los cuales se define la competencia para fallar acerca de aquellas en casos específicos.  En otros términos, no todos los jueces pueden decidir sobre toda acción de tutela. Cuando la norma superior dispone que "los jueces, en todo momento y lugar", están llamados a conocer de esta acción, entiende la Corte que ha sido la ley, vale decir el Decreto 2591 de 1991, la que ha señalado el sentido que debe darse al mencionado precepto, especialmente al establecer el ámbito estricto que debe reconocer y respetar todo juez de la República para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela.  Es así como el artículo 37 del Decreto mencionado, ordena: "Primera instancia.  Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". En el presente asunto, encuentra la Corte Constitucional que si bien los actos administrativos que originaron la acción de tutela, fueron expedidos en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., por una autoridad nacional como lo es el Ministro del Trabajo y Seguridad Social, no es menos cierto que la alegada violación o amenaza a los derechos de los trabajadores, recaería directamente sobre aquellos que se hallaban al servicio del Banco de Colombia en las oficinas aludidas en las resoluciones números 006130 y 006239 de mil novecientos noventa y uno (1991), mediante las cuales el Despacho de asuntos laborales declaró la ilegalidad de los ceses de actividades que se llevaban a cabo en las dependencias allí mencionadas, es decir que sus efectos no solamente se producían en Santafé de Bogotá sino también en Valledupar y en Neiva, pero de ninguna manera en la ciudad de Cali, ante uno de cuyos jueces se instauró la acción de tutela y éste, inexplicablemente, le dió trámite en franca desobediencia al precepto legal transcrito.  Es, pues, evidente la falta de competencia del Juzgado Primero Superior de Cali para conocer de la solicitud de tutela, derivada no solamente de lo que acaba de exponerse sino del conjunto de datos que ofrece el expediente, del cual se desprende que la sede del Sindicato demandante es Santafé de Bogotá y que, como lo dijo el Tribunal de segunda instancia, absolutamente ningún  efecto de los actos administrativos cuestionados tenía lugar en Cali, ni los trabajadores del Banco en esa ciudad gozaban de legitimidad alguna para controvertirlos.  Así, pues, el titular del aludido despacho se fundó en una interpretación tan abiertamente contraria al texto y al sentido del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que su actuación amerita, como en efecto se ordena, oficiar las diligencias pertinentes. E.  Otros medios judiciales de defensa Pero, además, la incompetencia de este funcionario es doble, pues fuera de haber desconocido el límite territorial que le impuso la norma legal en cita, invadió la órbita propia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En efecto, puede verse en el expediente que el juez ordenó la suspensión provisional de las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había dispuesto la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento y declarado ilegales los ceses de actividades en las oficinas del Banco de Colombia en varias ciudades del país. Como ya lo señaló esta Corte3, la atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 238) y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable, se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que esta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso Contencioso Administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Ahora bien, la Corte ha señalado en forma reiterada que la acción de tutela es un mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la característica de ser supletorio, esto es que solamente procede en caso de inexistencia de otros medios judiciales de defensa, salvo cuando se trate de evitar perjuicios irremediables.  En el presente caso el acto de la autoridad pública que dio lugar al proceso de tutela, se concretó en tres resoluciones, las cuales, en su condición de actos administrativos eran susceptibles de impugnación a través de los diversos medios consagrados por la ley, ante la jurisdicción correspondiente, si se consideraba que mediante ellas se había violado, desconocido o amenazado un derecho protegido constitucional o legalmente. Tales mecanismos de defensa judicial están señalados en los artículos 83 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, el cual al mismo tiempo establece el procedimiento a seguir cuando las actuaciones de la administración pública ameriten ser llevadas para su control ante la mencionada jurisdicción. El Juzgado Primero Superior de Cali, al conceder la tutela, consideró que aún en la hipótesis de que procediera otro medio de defensa judicial, se estaba ante un eventual perjuicio irremediable ocasionado por el despido de los empleados "en un país que presenta las tasas de vacancia más altas del mundo...", ensayando así, para la determinación sobre irremediabilidad del daño, un criterio ajeno al fijado por la norma legal pertinente. Ello hace necesario que la Corte recuerde una vez más la definición que de perjuicio irremediable ha dado el legislador: "Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización"  (Artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991), precepto de ineludible acatamiento para el juez, según lo dispone sin dar lugar a sutilezas el artículo 230 de la Constitución: "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley". Significa lo anterior que, de existir la posibilidad de reparar un eventual perjuicio con medios diferentes al de la indemnización, el mismo estaría desafecto del concepto de irremediable.  En el asunto que ahora nos ocupa, es evidente que, si se hubiera presentado la desvinculación laboral de los trabajadores del Banco de Colombia como efecto de los actos administrativos atacados, los afectados tenían a su alcance instrumentos jurídicos aptos para la defensa de sus derechos y no solo podían obtener por las vías judiciales adecuadas, indemnización de parte del empleador, sino además, en el evento de que sus acciones prosperaran, la garantía de ser reintegrados a los cargos que venían ocupando, todo lo cual, a la luz de la previsión legal en comentario, excluía de plano la procedencia de la acción de tutela. F.  El derecho de huelga como parte del ordenamiento jurídico El derecho de huelga se constituye en una de las más importantes conquistas logradas por los trabajadores en el presente siglo.  Se trata de un instrumento legítimo para alcanzar el efectivo reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales que garanticen justicia en las relaciones obrero-patronales y un progresivo nivel de dignidad para el trabajador y su familia, cuya consagración constitucional, desde la Reforma de 1936, ha representado la más preciosa garantía del ordenamiento positivo para la salvaguarda de los derechos laborales y para el desarrollo de un sistema político genuinamente democrático. En la Constitución de 1991, el derecho de huelga adquiere aún más relevancia, partiendo del principio inspirador de su Preámbulo, que indica como objetivo central del Estado y de las instituciones el establecimiento de "un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo"; de la definición plasmada en el artículo 1º, en el sentido de que la República de Colombia "es un Estado social de derecho (...) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran..."; de los fines esenciales hacia los cuales el artículo 2º orienta la actividad del Estado, entre otros la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta y la fácil participación de todos en las decisiones que los afectan; del papel señalado por la misma norma a las autoridades en lo que toca con el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de la ya enunciada garantía de la asociación sindical como derecho fundamental (artículo 39); y, claro está, del artículo 56 de la Constitución, que dispone sin ambages la garantía del derecho de huelga y ordena la creación de una comisión permanente integrada por el Gobierno, los empleados y los trabajadores cuyo objeto consiste, entre otros, en fomentar las buenas relaciones laborales y en contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo. Pero, desde luego, también con arreglo a los principios constitucionales, el derecho de huelga ha de ejercerse dentro del presupuesto del marco jurídico invocado por el Preámbulo, atendiendo a la prevalencia del interés general, como lo estatuye el artículo 1º de la Carta Política y en el entendimiento de que todo derecho tiene deberes correlativos, como  con meridiana claridad se desprende de las disposiciones contenidas en los artículos 2º y 95 de la Constitución. No se trata, entonces, de un derecho ajeno al sistema jurídico sino, por el contrario, de un instituto definido por preceptos constitucionales y legales dentro de contornos que de tiempo atrás ha subrayado la jurisprudencia, en orden a garantizar, de una parte, la eficaz garantía de su legítimo ejercicio por los trabajadores y de la otra, la defensa del interés colectivo, que no puede verse perjudicado por aquél; ambos son derechos constitucionales de clara estirpe democrática que no tienen por qué provocar, con base en desmesuradas concepciones, la ruptura de la normal y armónica convivencia social. Es en concordancia con este criterio, de ningún modo extraño a las consideraciones del Constituyente tanto en 1936 como en 1991, que la Carta Política en vigor determinó la garantía del derecho de huelga como principio general y señaló, por razones de interés colectivo, la salvedad de los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, agregando que la ley reglamentará este derecho. G.  La actividad bancaria como servicio público A los fines de este proceso interesa establecer si la actividad en la cual se produjeron los ceses de actividades declarados ilegales por el Ministerio de Trabajo y la huelga que ocasionó la determinación adoptada por ese organismo sobre convocatoria de un tribunal de arbitramento, tiene el carácter de servicio público. Ninguno como el tema del servicio público ha generado tantos escritos ni dado lugar a tantas polémicas entre los jus-publicistas; acerca de su noción versan las principales obras de tratadistas como Gastón JEZE y León DUGUIT, quienes vinculan el rol de la administración a la prestación de los llamados servicios públicos, a los que ahora en Colombia se agrega el calificativo de esenciales, para los efectos de establecer constitucionalmente en cuáles de ellos resulta improcedente la huelga. En sí misma la noción de servicio público ha venido sufriendo mutaciones a medida que evoluciona el pensamiento jurídico y las circunstancias sociales en cuyo medio éste se desenvuelve, de tal modo que su interpretación varía no solo con los meridianos geográficos, sino también con los históricos. De una sociedad a otra, de un Estado a otro, y atendiendo incluso a sus sistemas políticos y a sus peculiares características económicas y sociales, tal noción ve modificados sus alcances y los principios relativos a su interpretación, a las prerrogativas que incorpora y a los límites que encierra; así, no tiene el mismo sentido hablar de servicio público en sociedades que garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada, permitiendo que este tipo de servicio sea asumido por particulares, que hacerlo en estados en los cuales la mencionada actividad continúa siendo realizada de manera exclusiva por órganos de la administración pública. De lo anterior se desprende el reiterado análisis de los doctrinantes acerca del servicio público desde los puntos de vista funcional y orgánico, según se atienda a la actividad o al ente encargado de realizarla, para decir, en el primero de los casos, que tiene tal carácter la actividad encaminada a satisfacer necesidades de interés colectivo, sin atender al órgano que la realice; y en el segundo, que solo la actividad de interés general adelantada por agentes de la administración, puede ser calificada como servicio público. El servicio público es definido en el Derecho Positivo colombiano como "... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas" (Subraya la Sala), según el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el servicio público es "... toda actividad a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma contínua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, a cargo de simples personas privadas"4 . Por otra parte, la doctrina ha fijado los índices que permiten establecer cuándo una actividad adquiere el carácter de servicio público; así, ella debe estar encaminada a satisfacer necesidades colectivas o públicas, no personales o particulares; además, debe permitirse el acceso de toda la colectividad al servicio, sin privilegiar a alguno de sus miembros o a un sector de la misma; y finalmente tal actividad, independientemente de quién la realice, debe ser necesaria al desarrollo de la vida en comunidad, es decir que su carencia o interrupción genere perturbaciones en el orden requerido para el logro de uno de los fines propuestos por nuestra Carta en su Preámbulo, como lo es la convivencia. Resulta claro que la tesis a cuyo amparo era considerada como de servicio público únicamente la actividad realizada por la administración, ha sido superada, razón por la cual lo corriente en la época actual es que se permita a los particulares, o a entidades provenientes del sector privado, acudir a prestar tales servicios, dentro de las prerrogativas que les otorgue el ordenamiento jurídico y, desde luego, sujetándose éstos a los controles especiales que contempla la normatividad en defensa de los intereses colectivos. El ya mencionado concepto de Estado Social de Derecho, al cual hace referencia el artículo 1º de la Constitución Política, se encuentra desarrollado en diversos preceptos de la Carta; es así como en materia de servicios públicos, el artículo 365 establece que ellos "son inherentes a la finalidad social del Estado".  A renglón seguido la misma norma vincula el poder soberano con la garantía de continuidad requerida para tales servicios, al establecer que "es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". La norma superior dejó al legislador la facultad para señalar el régimen jurídico de los servicios públicos, autorizando su prestación a cargo de particulares y reservando al Estado su regulación, control y vigilancia. Nos encontramos, entonces, ante la posibilidad de que los particulares puedan garantizar la prestación del servicio público, lo cual implica la concesión de ciertas prerrogativas, con obligaciones que corresponde cumplir al particular, y que al mismo tiempo impone a la administración el deber de inspeccionar tales actividades. En el asunto del que aquí se trata, la actividad desplegada por las entidades financieras tiene la prerrogativa consistente en la facultad para captar recursos del público, manejarlos, invertirlos y obtener un aprovechamiento de los mismos, dentro de los límites y con los requisitos contemplados en la ley; así como también, por expreso mandato de la Constitución Política, el Presidente de la República está obligado a "ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público", según lo dispone el artículo 189, numeral 24 de la Carta, quedando así establecido que en el asunto sometido a revisión, se presentan por lo menos dos de los elementos básicos que la doctrina ha identificado como requeridos para que los particulares colaboren en la prestación de servicios públicos. Mucho más difícil resulta ubicar el relativo a la actividad bancaria y financiera como servicio público esencial (Subraya la Sala), pues debido a su propia complejidad es que la Carta Política, en su artículo 56, ha conferido al legislador la función de definirlo, para los efectos ya indicados.  Aquí la Corte Constitucional se abstiene de efectuar cualquier calificación, la cual, por mandato de la Carta, corresponde exclusivamente al legislador. Ahora bien, ante la falta de desarrollo legal de las disposiciones superiores, debe recurrirse, como en efecto se ha hecho por las distintas agencias del Estado, a los preceptos que estando vigentes con anterioridad a la Carta Política de 1991, no resultan ahora incompatibles con ella. La contradicción que permita concluír que la Constitución derogó una norma jurídica anterior a su vigencia debe ser ostensible, de tal manera que, a fin de establecerla, no sea indispensable para el intérprete acudir a profundos análisis históricos o a razonamientos complejos sobre el espíritu del Constituyente; ella debe aparecer por sí sola, sin necesidad de buscarla en fuente distinta al texto constitucional, o, como lo expresa el artículo 4º de la Carta, la norma en cuestión debe ser incompatible con ésta. Tal no es el caso del artículo 1º del Decreto 1593 de 1959, que declara como de servicio público la actividad bancaria, sea prestada directamente por el Estado o por particulares, cuyo alcance no riñe con la Constitución y, en cambio, armoniza con lo dispuesto en su artículo 335, a cuyo tenor, "las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a los que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público..." (Subraya la Corte). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la expedición de la Carta Política de 1991 no implicó la derogatoria en bloque de todo el ordenamiento legal que venía rigiendo, pues el artículo 380 se limita a declarar "derogada la Constitución hasta ahora vigente, con todas sus reformas".  En otras palabras, la sustitución normativa se produjo en el nivel constitucional y únicamente se proyectó de manera directa e inmediata a nivel de la legislación, en la medida en que ésta resultara incompatible con la preceptiva superior, según el ya citado artículo 4º. Si se llegara a considerar derogado todo el sistema jurídico colombiano a partir de la vigencia de la nueva Constitución, no es difícil imaginar las dimensiones del caos en todos los niveles de la actividad social. Encuentra la Corte que el juez de primera instancia resolvió inaplicar el artículo 1º del Decreto 1593 de 1959, con el propósito de conceder la tutela impetrada por el Sindicato de Trabajadores del Banco de Colombia sobre la base de una posible invalidez de las resoluciones proferidas por el Ministerio de Trabajo, derivada a su vez de la presunta inconstitucionalidad sobreviniente de dicha disposición, lo cual justifica un breve estudio sobre los orígenes de la misma y su actual vigencia. El Decreto 1593 de 1959 fue expedido por el Presidente de la República en desarrollo del artículo 1º del Decreto Legislativo 753 de 1956 (acogido como legislación permanente por la Ley 2a. de 1958), que sustituyó el 430 del Código Sustantivo del Trabajo y que definió la actividad bancaria como servicio público en la forma que ya se ha reseñado. La norma mencionada dispuso: "Decláranse de servicio público las actividades de la industria bancaria, ya sean realizadas por el Estado, directa o indirectamente o por los particulares". Para evaluar la actual vigencia de ese principio, es indispensable, según lo expuesto, verificar si resulta compatible con la preceptiva constitucional de 1991. El artículo 150, numeral 19, de la Constitución atribuye al Congreso la función de "dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: ---------------------------------------------------------- d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público". Esta norma se armoniza con la previsión del artículo 189, numeral 24, Ibidem, a cuyo tenor "corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: ---------------------------------------------------------- 24. "Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.  Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles". El artículo 335 de la Carta establece: "Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito". Por su parte, los artículos transitorios 49 y 50 dispusieron: "Artículo Transitorio 49.  En la primera legislatura posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno presentará al Congreso los proyectos de ley de que tratan los artículos 150 numeral 19 literal d), 189 numeral 24 y 335, relacionados con las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Si al término de las dos legislaturas ordinarias siguientes, este último no los expide, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley". "Artículo Transitorio 50. Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el Presidente de la República ejercerá, como atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades". De los precedentes textos constitucionales aparece que la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en el carácter de servicio público que se le atribuyó desde 1959 y que, tanto a la luz de la Constitución anterior (artículo 18) como de la actual (artículo 56) -en este último caso mientras la ley no defina el concepto de servicios públicos esenciales- faculta al Ejecutivo para impedir la huelga en dicha actividad y para convocar tribunales de arbitramento obligatorios. Observa la Corte que en nada afecta la actual vigencia de la aludida norma la circunstancia de que, mediante el Decreto 1730 de 1991 se hayan incorporado y sustituído todas las normas anteriores a él relativas al sistema financiero y a la vigilancia que sobre las entidades financieras ejerce la Superintendencia Bancaria, ya que el objeto de dicho estatuto está ligado específicamente a los aspectos orgánicos y estructurales del sector financiero, su dirección administrativa y control, el régimen patrimonial de sus entidades, el régimen de capitales, operaciones, inversiones y sistemas de crédito, entre otros, pero en modo alguno trata, ni tendría por qué haber tratado lo relativo al carácter de servicio público de esa actividad para los efectos propios del Derecho Laboral Colectivo y mucho menos para lo referente a las funciones que corresponde ejercer al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Como puede verse, no es incompatible la norma cuestionada con el nuevo texto constitucional, como lo pretende el juez de primera instancia y, por ende, no era del caso aplicar en este asunto el artículo 4º superior. Desde luego, se reitera, si el Congreso de la República, al ejercer la función que le confía el artículo 36 de la Carta, elabora una definición que clasifique a la actividad bancaria y financiera por fuera del concepto "servicio público esencial", el derecho de huelga podría ser ejercido por los trabajadores a ella vinculados dentro de las normas que el propio legislador establezca. La calificación de la actividad bancaria y financiera como de servicio público no emana exclusivamente de la norma positiva que lo declara, sino que así lo ha entendido una jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que resulta aplicable mientras la ley no defina lo contrario. La Corte Suprema de Justicia ha sido terminante en expresar: "La actividad bancaria, tanto la oficial como la privada, es una actividad de servicio público.  A falta de una definición legal, ha dicho la Corte, se debe estar a la doctrina, a la jurisprudencia y a los preceptos del derecho positivo relacionados con la materia.  Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma contínua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas.  Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo"5 . Así las cosas, aunque en gracia de discusión se aceptara que el juez de primera instancia gozaba de competencia para suspender los efectos de las resoluciones proferidas por el Ministerio de Trabajo, dichas resoluciones contaban con el respaldo de la presunción de legalidad, que tan solo puede ser desvirtuada mediante fallo de la jurisdicción competente y, en todo caso, al menos por el aspecto relativo al carácter de servicio público de la actividad sobre la cual recayeron tales actos administrativos, es suficiente lo dicho para confirmar la revocatoria decretada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. IV.  DECISION Por lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : 1)  Confirmar el fallo de fecha veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, revocó en su integridad la sentencia del Juzgado Primero Superior de esa ciudad, que accedió a conceder la tutela intentada por el ciudadano MIGUEL ANGEL CASTRO CASTAÑO, representante legal del sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia. 2)  Oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y al Procurador General de la Nación a efecto de que sean examinados por esa entidad, los actos que, adelantados por el Juez Primero Superior de Cali en el presente asunto, sean susceptibles de investigación. 3)  Comuníquese al juez de primera instancia, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 del Decreto Nº 2591 de 1991. 4)  Envíese copia de esta providencia al Ministro del Trabajo y Seguridad Social. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO         FABIO MORON DIAZ Magistrado                                            Magistrado Con salvamento de voto MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto del Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO a la Sentencia No. T-443 SERVICIO PUBLICO BANCARIO/SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES (Salvamento de voto) En ningún aparte de la Constitución se afirma, como lo hace el fallo de mayoría, que la actividad bancaria sea un servicio público esencial. No todo lo que es de interés público es un servicio público esencial y tal asimilación no es aceptable si se tiene en cuenta que es para efectos de restringir un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Por el contrario, la Carta al hablar en el artículo 335, de la actividad bancaria, sólo obliga al Estado a "autorizar", mientras que en el 365 al regular los servicios públicos obliga al Estado a "asegurar su prestación", lo cual es mucho más amplio y comprometedor que una simple intervención permisiva o de vigilancia. La actividad bancaria se inspira en la libertad de empresa, en la cual el Estado se limita a autorizarla, mientras que los servicios públicos se inspiran en los deberes sociales del Estado dentro de sus fines esenciales.  Una cosa es "autorizar y controlar" a un empresario y otra cosa muy distinta es tener la "dirección y control" de un servicio cuya garantía última es deber esencial del Estado. Cuando la Constitución colombiana exige que sea la ley la que defina los servicios públicos esenciales, está haciendo alusión a la ley en sentido formal y no a la ley en sentido material. Es por esto que la ponencia mayoritaria en el negocio que nos ocupa se equivoca al darle rango de ley en sentido formal al Decreto reglamentario 1593 de 1959 para efectos de calificar la actividad bancaria como de "interés público". No existe en Colombia una Ley que defina a la actividad bancaria como un servicio público esencial sino que sólo existe un decreto reglamentario que la define como servicio público a secas. TRANSITO CONSTITUCIONAL/INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE (Salvamento de voto) La expedición de la nueva Carta Política no es intrascendente para la legislación preexistente. En este sentido las normas compatibles siguen vigentes, pero aquellas que sean incompatibles son inconstitucionales y adolecen de lo que la doctrina ha denominado "inconstitucionalidad sobreviniente" o bien de derogatoria automática, sin perjuicio de la inaplicabilidad por parte de los operadores jurídicos. Al seguir aplicando el decreto reglamentario, se desconoce el anterior argumento de teoría general del derecho y viola flagrantemente la Constitución. El Constituyente en el artículo 56 determinó que el derecho a la huelga es la regla general y su prohibición es la excepción (servicios públicos esenciales). Luego este Despacho no comparte tampoco la interpretación extensiva y peligrosa que hizo la mayoría en esta Sala de Revisión de una limitación de un derecho constitucional reconocido por todo el mundo. Un servicio público es esencial cuando es necesario para el goce de los derechos de la persona humana reconocidos por la Constitución. No es de la esencia de la vida, de la persona y de la colectividad un servicio bancario. Ref.: Expediente No. T-1369 Peticionario: Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de Colombia "SINTRABANCOL". Sala de Revisión No. 3 Ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo En Sala de Revisión No. 3 de la Corte Constitucional fue aprobada la Sentencia de Revisión de Tutela del expediente número T-1369. Mediante el presente escrito el Magistrado Alejandro Martínez Caballero presenta SALVAMENTO DE VOTO por encontrarse en desacuerdo con algunas de las consideraciones allí consignadas, sin perjuicio de compartir la parte resolutiva. La tesis que este Despacho definitivamente no comparte es la que considera que la actividad bancaria es un servicio público esencial. Esta tesis estructura el fallo de mayoría y, no siendo ella de recibo por parte nuestra, la salvedad del voto es necesaria por los siguientes motivos: 1. Fundamento Constitucional El artículo 56 de la Constitución establece: "Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento". 2. Ausencia de definición legal El artículo mencionado anteriormente dispone que el legislador definirá los servicios públicos esenciales. Desde el 5 de julio, fecha de la promulgación de la Constitución, y hasta el presente, no ha sido expedida la ley que así lo defina. 3. Argumento sistemático De la lectura concordante de los artículos de la Constitución se establece que existen varias definiciones muy cercanas entre sí, que es preciso deslindar porque cada una de ellas contiene una esencialidad diferente y unos alcances distintos, a saber: 3.1. El Interés general El artículo 1o. de la Constitución establece: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general" 3.2. El Interés público El artículo 335 de la Constitución, concordado con el numeral 19 literal d) del artículo 150 y el numeral 24 del artículo 189, disponen: "Artículo 355. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito". "Artículo 150 numeral 19 literal d). Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público". "Artículo 189 numeral 24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles". 3.3. El servicio público El artículo 365 de la Constitución dice: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita". 3.4. El servicio público domiciliario El artículo 367 de la Constitución establece: "La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas". 3.5. El servicio público esencial Está consagrado en el artículo 56 de la Constitución, precitado (vid supra acápite 1). 4. Conclusiones sobre los artículos citados De los artículos transcritos se concluye, en primer lugar, que el servicio público es el género y el servicio público domiciliario, así como el servicio público esencial, son especies de aquél. La ponencia de mayoría, sin embargo, identifica estos conceptos. En segundo lugar, el interés general es el género y el interés público es una especie. En tercer lugar, según el artículo 355 de la Constitución, las actividades financiera, bursátil, entre otras, son de interés público. Pero en ningún aparte de la Constitución se afirma, como lo hace el fallo de mayoría, que la actividad bancaria sea un servicio público esencial.  Como anota Hugo Palacios Mejía, "ante todo, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la Constitución de 1991 dedica todo un artículo, el 335, a calificar las actividades relacionadas con captación de recursos del público. Dice de tales actividades que son 'de interés público', con lo cual deja atrás la controversia y la terminología relacionada con las instituciones financieras como 'servicio público'"1. En cuarto lugar, no todo lo que es de interés público es un servicio público esencial y tal asimilación no es aceptable si se tiene en cuenta que es para efectos de restringir un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Por el contrario, la Carta al hablar en el artículo 335 (y 150.19 ordinal "d", concordado con el 189.23), de la actividad bancaria, sólo obliga al Estado a "autorizar", mientras que en el 365 al regular los servicios públicos obliga al Estado a "asegurar su prestación", lo cual es mucho más amplio y comprometedor que una simple intervención permisiva o de vigilancia. En quinto lugar, la actividad bancaria se inspira en la libertad de empresa (333 de la Carta Nacional), en la cual el Estado se limita a autorizarla, mientras que los servicios públicos se inspiran en los deberes sociales del Estado dentro de sus fines esenciales (artículo 2o.).  Una cosa es "autorizar y controlar" a un empresario y otra cosa muy distinta es tener la "dirección y control" de un servicio cuya garantía última es deber esencial del Estado. En este sentido no es pertinente aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia2, con ponencia de Hernán Toro Agudelo, sobre la concesión mediante contrato de un "servicio público", porque se basaba en el antiguo orden jurídico. En este fallo se dijo que el artículo 39 de la Constitución de 1886 seguía siendo aplicable a la banca en cuanto confería a la ley la facultad de ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de los servicios públicos. Y en sexto lugar, la actividad bancaria bebe hoy en las fuentes de la libre concurrencia, mientras que los servicios públicos hunden sus raíces en los campos de la continuidad y la no-interrupción, por eso el Estado debe atender a su prestación eficiente (art. 365 precitado). Querer equipar lo uno con lo otro es inaceptable para este Despacho. De este parecer es Potobsky, al sostener que "cuando se examinan las listas que aparecen en las legislaciones de los servicios esenciales en los que las huelgas se hallan prohibidas o restringidas, se hace más notorio que la evaluación del principio de 'continuidad' que inspira a dichos servicios está condicionado por circunstancias nacionales.  Es sabido que los órganos de control de la OIT no han considerado como servicios esenciales en el sentido estricto los bancos, los transportes en general, los puertos, el petróleo, la enseñanza, etc... De modo que la nómina de servicios esenciales para los cuales la OIT acepta una prohibición o restricción de la huelga es bastante más limitada que la de numerosos países"3. 5. Argumento finalístico De la concordancia del Preámbulo, los artículos 1o., 2o., 22, 55, 56 y 95.4 de la Constitución se desprende que el fin primordial del Estado es la consecución de la convivencia pacífica. En este orden de ideas, en los conflictos laborales deben agotarse siempre las vías de arreglo pacífico y civilizado entre las partes. Con el total respeto a las diferentes instancias determinadas en la ley que permiten al trabajador manifestar sus pretensiones laborales se expresa este fin del Estado. Y la huelga por su parte tiene como finalidad expresar las legítimas aspiraciones de los trabajadores cuando se han agotado los instrumentos de conciliación directa, todo ello en el marco de la protección al derecho al trabajo, el cual es un valor fundante del Estado, de conformidad con el preámbulo y los artículos 1o., 2o., 25 y 53 de la Constitución. 6. Argumentos de derecho internacional No existiendo definición legal sobre los servicios públicos esenciales en Colombia es preciso recurrir a las disposiciones del derecho internacional vigentes en el ordenamiento interno que regulen la materia. 6.1. Artículos 53 y 93 de la Constitución El artículo 93 de la Constitución le confiere a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. Y el artículo 53 reitera la misma idea en su inciso cuarto, para efectos laborales. 6.2. Artículo 19 numeral 8 de la Constitución de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 49 de 1919, que dice: "En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación". Y el preámbulo de dicho instrumento afirma: "Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social ..." 6.3. El Convenio número 87 de 1948 de la OIT "sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación", ratificado mediante la Ley 26 de 1976, protege en los artículos 3o. y 10o. los derechos sindicales en general. Como anotan a este respecto Héctor G. Bartolomei de la Cruz -Director del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT- y Geraldo W. Von Potobsky, "para aclarar aún más la situación en lo que concierne a los servicios esenciales, cabe tener presente que el Comité de Libertad Sindical4 ha aceptado como tales al sector hospitalario, abastecimiento de agua y electricidad, al servicio telefónico y al control de tráfico aéreo, pero no a los bancos, los puertos, el petróleo, las actividades agrícolas, la enseñanza, los transportes en general, que no pueden -a su entender- considerarse servicios esenciales en el sentido estricto del término5 (subrayas fuera de texto). Potobsky reitera este concepto cuando afirma que "el principio de la continuidad, desarrollado ampliamente por la doctrina francesa, como elemento esencial de los servicios públicos, ha sido la base de la negación del derecho de huelga cuando tales servicios eran prestados exclusivamente por el Estado. Actualmente este principio es invocado todavía para justificar las restricciones impuestas a su ejercicio, cualquiera sea el sector que administre tales servicios. El problema que surge aquí es el de la distinción entre aquellos servicios en los cuales la continuidad es absolutamente necesaria para el bienestar común (empleando la terminología alemana, el "Gemeinwoh") y aquellos otros servicios públicos donde una falta de continuidad es menos perniciosa o incluso banal en sus consecuencias. Veremos más adelante, al referirnos a la identificación o definición de los servicios esenciales, los criterios utilizados para medir la gravedad de las consecuencias de una discontinuidad de su prestación.  La regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales representa un ejercicio de equilibrio entre el reconocimiento de la eficacia que debe conservar este instrumento básico de las relaciones colectivas de trabajo y la satisfacción de ciertas necesidades inaplazables del individuo y la comunidad"6. 6.4. El Convenio número 105 de la OIT de 1957, ratificado por Colombia mediante la Ley 54 de 1962, en su artículo 1o. establece: "Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: d) como castigo por haber participado en huelgas". 7. Argumentos de teoría general del derecho 7.1. Distinción ley en sentido formal ley en sentido material Para la doctrina jurídica universal es preciso distinguir entre ley en sentido formal y ley en sentido material. Ley en sentido formal, según Kelsen es aquella norma que ha sido expedida por el Legislador mediante el trámite previsto para la expedición de leyes. Ley en sentido material, por el contrario, es aquella norma que tiene un carácter general y abstracto, sin importar su autor. Ahora bien, cuando la Constitución colombiana en el artículo 56 exige que sea la Ley la que defina los servicios públicos esenciales, está haciendo alusión a la ley en sentido formal y no a la ley en sentido material, de conformidad con los artículos 113 y 114 de la Constitución. Es por esto que la ponencia mayoritaria en el negocio que nos ocupa se equivoca al darle rango de ley en sentido formal al Decreto reglamentario 1593 de 1959 para efectos de calificar la actividad bancaria como de "interés público". En efecto, el Decreto 1593 de junio 6 de 1959, "Por el cual se declara de servicio público la industria bancaria" expedido por el Presidente de la República, reglamenta el Decreto 753 de abril 5 de 1956 que en su artículo 1o. modificó al artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. En otras palabras, no existe en Colombia una Ley que defina a la actividad bancaria como un servicio público esencial sino que sólo existe un decreto reglamentario que la define como servicio público a secas. Por tanto, el fallo adolece de un grave error en este sentido, que este Despacho no podría compartir. 7.2. Efecto de la nueva Constitución en las leyes anteriores La expedición de la nueva Carta Política no es intrascendente para la legislación preexistente. En este sentido las normas compatibles siguen vigentes, pero aquellas que sean incompatibles son inconstitucionales y adolecen de lo que la doctrina ha denominado "inconstitucionalidad sobreviniente" o bien de derogatoria automática, sin perjuicio de la inaplicabilidad por parte de los operadores jurídicos. Luego, al seguir aplicando el decreto reglamentario número 1593 de 1959, se desconoce el anterior argumento de teoría general del derecho y viola  flagrantemente la Constitución. Es por ello que nuevamente este Despacho se separa de la posición de la mayoría en esta Sala de Revisión. 7.3. Interpretación restrictiva de las excepciones Es también un principio general del derecho el carácter restrictivo de las excepciones. En otras palabras, la analogía no puede ser aplicada en materia de excepciones puesto que éstas deben ser siempre taxativas. Así lo dispuso el Constituyente en el artículo 56 cuando determinó que el derecho a la huelga es la regla general y su prohibición es la excepción (servicios públicos esenciales). Luego este Despacho no comparte tampoco la interpretación extensiva y peligrosa que hizo la mayoría en esta Sala de Revisión de una limitación de un derecho constitucional reconocido por todo el mundo. 9. Argumento ontológico Como el artículo 56 exige que el servicio público sea "esencial", se trata entonces de establecer si la actividad bancaria -sin considerar si es o no servicio público-, es una actividad esencial. Aristóteles decía que la esencia de una cosa es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. En este sentido, cabría preguntarse si en términos ontológicos la actividad bancaria es "esencial" para el normal funcionamiento de la sociedad colombiana, al punto que justificaría prohibir la huelga de los trabajadores de su sector. Aunque en la ponencia de mayoría no se aborda este tema -debiendo haberlo hecho-, para este Despacho la respuesta es negativa. En efecto, en nuestro sentir, un servicio público es esencial cuando es necesario para el goce de los derechos de la persona humana reconocidos por la Constitución. A guisa de ejemplo, son esenciales los servicios relacionados con la seguridad, la salud y la salubridad, ya que sin ellos no habría vida ni sociedad civil. Por el contrario, sin la actividad bancaria la vida y la sociedad son, pensables, factibles, posibles. En otras palabras, no es de la esencia de la vida, de la persona y de la colectividad un servicio bancario. Es por ello que este Despacho disiente profundamente y por motivos de fondo de la posición mayoritaria. ALEJANDRO CABALLERO Magistrado Santafé de Bogotá, julio 8 de 1992 1 Cfr.  Corte Constitucional.  Sentencia Nº437.  Sala de Revisión Nº 3.  Junio 24 de 1992. 2 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Sexta de Revisión. Fallo Nº T-418.  Junio 19 de 1992.  Magistrado Ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez. 3 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº 1 de abril 3 de 1992. 4  Corte Suprema de Justicia, sentencia de agosto 18 de 1970.  Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria. 5 C. S. J.  Sala Plena.  Sentencia de junio 6 de 1972. 1 Universidad de los Andes. Derecho Público 1. Revista de la Facultad de Derecho, pág. 47 2 Véase Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de junio de 1969, con ponencia del Magistrado Hernán Toro Agudelo. 3 POTOBSKY, Geraldo Von. La huelga en los servicios públicos esenciales. Revista "Debate Laboral" 8-9 1991. Pág. 98. 4 El Comité de Libertad y Sindical es la oficina de la OIT encargada de la interpretación oficial de los Convenios. Es necesario agotar siempre esta instancia por parte de todos los países del mundo, antes de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución de la OIT. 5 Von Potobsky, Geraldo W., Bartolomei de la Cruz, Héctor G., La Organización Internacional del Trabajo, pág. 264 6 POTOBSKY, Op. Cit. Página 91

T-444-92 Sentencia No Sentencia No. T-444/92 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/HABEAS DATA-Alcance El habeas data, es el derecho de obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos. Este derecho implica la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre sí mismo y la facultad de corregirlos. Con este derecho se pretende proteger la intimidad de las personas ante la creciente utilización de información personal por parte de la administración pública, de entidades financieras, educativas, profesionales u otras organizaciones privadas. Lo importante es que las personas no pierdan el control sobre la propia información, así como sobre u uso. Este derecho establece una doble línea de salvaguarda de los particulares; por una parte, incorpora obligaciones exigibles a entidades públicas y privadas que recopilan y tratan información, tales como de regirse por principios de lealtad, legitimidad con relación a la finalidad para lo que se recolectarán los datos. Y por otra parte, consiste en el derecho que tiene toda persona a exigir del Estado el respeto a derechos como el de la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. ORGANISMOS DE SEGURIDAD ESTATAL-Límites/INFORMACION PERSONAL/ANTECEDENTES PENALES/ANTECEDENTES CONTRAVENCIONALES Los organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí, dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en el único evento de un "antecedente" penal o contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona. Por "antecedente" debe considerarse única y exclusivamente las condenas mediante sentencia judicial en firme al tenor del artículo 248 constitucional. Esta regla se predica, entre otros efectos, para los certificados sobre conductas y antecedentes. BANCO DE DATOS/DERECHO A LA INFORMACION Toda suerte de archivos y bancos de datos oficiales de una rama u órgano del Estado, que contengan información sobre una persona, pueden ser eventualmente conocidos por las demás instancias oficiales. Si está previamente autorizada por el ordenamiento jurídico. No obstante, si por el cruce de información ésta podría ser conocida por terceras personas -por ejemplo en el caso de una audiencia pública ante un juez o de una audiencia en una sesión especial del Congreso-, la información en estos casos no podrá contener datos perjudiciales de la persona, distintos de los "antecedentes" de que trata el artículo 248 de la Constitución. De lo contrario se violaría el derecho a la intimidad de las personas por culpa del Estado. INVESTIGACION PENAL/DERECHO AL BUEN NOMBRE La investigación, su soporte científico y el resultado tienen por objeto nutrir al investigador, y debido a su especial carácter está prohibido darla a conocer a terceros; por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento o incluso en la etapa de investigación previa, por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en "ruedas de prensa" realizadas a fin de explicar a la opinión pública el método utilizado, o los resultados obtenidos o los presuntos infractores de la Ley Penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado. HABEAS DATA-Ejercicio/PROCESO PENAL-Etapas procesales/ACCION DE TUTELA En qué etapas puede ser ejercido el derecho fundamental al habeas data? En la primera etapa de recolección y evaluación de la prueba existen dos subdivisiones. La primera hace referencia al soporte científico de la prueba allegada, a la cual no tiene acceso ni siquiera el interesado por razones de defensa del interés general y de control interno para lograr la eficacia. Sobre el resultado, el interesado puede conocer, actualizar y rectificar dichas informaciones, en ejercicio del derecho a la intimidad, desde la etapa de investigación previa. Los terceros sólo desde el juicio cuando así lo establezca una prueba plena que lo determine o como resultado de un proceso penal, administrativo o disciplinario que ordene su modificación. Si el suministro de la información se lleva a cabo en las etapas de recolección y evaluación de la información, investigación previa e instrucción, mediante la reproducción fiel del material probatorio o de cualquier pieza procesal o preprocesal, existen medios judiciales de defensa que  permiten la sanción de los responsables de la conducta. Si la información es errónea o contiene juicio de responsabilidad, el medio judicial de defensa no es otro que la acción de tutela por la violación de los derechos constitucionales fundamentales a la rectificación en condiciones de equidad, al buen nombre y a la honra -frente a la persona directamente afectada- o el derecho a recibir información veraz e imparcial -frente al ciudadano-. Ref: Expediente Nº T-1.109 Peticionaria: JACKELINE CAMPOS RINCON Procedencia: Juzgado 29 Superior de Santafé de Bogotá. Magistrados Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., julio siete (7) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1.109, adelantado por Jackeline Campos Rincón. I. ANTECEDENTES De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte  Constitucional llevó a cabo la escogencia para su revisión de la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió  a esta Sala la revisión de la sentencia Nº T-1.109, cuyo expediente fue recibido el día 31 de marzo del año en curso. En el marco del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Solicitud. Jackeline Campos Rincón confirió poder al abogado Luis Guillermo Pérez Casas para presentar  ante el Juez Superior (reparto) de Santafé de Bogotá una petición de tutela fundamentada en los hechos siguientes: El día 15 de junio de 1991, la Brigada 13 del Ejército Nacional recibió unas llamadas telefónicas anónimas que informaban sobre una reunión de integrantes del E.L.N., que se celebraría en el aula del centro pastoral del Seminario San Juan Apóstol,  ubicado en Facatativá. El Ejército consideró urgente dicha investigación y pidió  autorización para el allanamiento, que fue concedida el mismo 15 de junio por el Juzgado 5º de Instrucción Penal Militar. Según los informes, al parecer la reunión sería de una fracción disidente del denominado Ejército de Liberación Nacional E.L.N., grupo "Lorenzo  Alcantuz". El Ejército allanó el aula, detuvo 11 personas, entre ellas la accionante, decomisando además papelería y agendas con información sobre el grupo guerrillero, según consta en la diligencia de registro allegada al expediente. La Señorita Campos se encuentra actualmente detenida en la cárcel del Buen Pastor en Santafé de Bogotá, cumpliendo la orden de un juzgado  de instrucción de orden público, el cual encontró pruebas para presumir la comisión del delito de rebelión. Obra en el expediente una constancia de antecedentes de la Señorita Campos, allegada por los organismos de inteligencia del Estado, en donde califican a la peticionaria de "rebelde", integrante del E.L.N., sin que sobre ella pese sentencia condenatoria por ese acto. La peticionaria ejerció una acción de tutela, fundamentada en los siguientes artículos de la Constitución: 5º (primacía de los derechos inalienables de la persona), 15 (derecho al buen hombre y a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas), 21 (derecho a la honra), 28 (principio de la libertad individual), 29 (debido proceso) y 248 (antecedentes penales y contravencionales). 2. Fallo del Juzgado Veintinueve Superior de Santafé de Bogotá (providencia de febrero 24 de 1992) En primera y única instancia, el Juzgado 29 Superior no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por Jackeline Campos Rincón. El objeto de la solicitud de tutela era pedirle al juez que ordenara a los organismos de inteligencia del Estado la rectificación de las informaciones que se recogieron sobre ella y al Estado colombiano la protección de su buen nombre. El Juzgado practicó las siguientes pruebas: ratificación de la solicitud que presentó el abogado Luis Guillermo Pérez Casas; inspección judicial sobre el expediente Nº 4010 que cursa en el Tribunal de Orden Público de Santafé de Bogotá contra Jackeline Campos Rincón y otros; y allegó al expediente los documentos que poseía el comando de la vigésima Brigada del Ejército Nacional y la Unidad Investigativa de Orden Público sobre el asunto en cuestión. Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado para denegar la solicitud: 1. Los derechos fundamentales de la peticionaria no se encuentran amenazados, ya que por el sólo hecho de adelantar una investigación o averiguación administrativa por autoridad competente no se vulnera derechos de la persona que se investiga. 2. Los organismos de seguridad del Estado tienen las mismas facultades señaladas en la Constitución (art. 217) para la fuerza pública; en virtud de ellas adelantaban sus labores de inteligencia bajo reserva sumarial, razón por lo cual la accionante no tendría acceso a documentos que posea dicha institución. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS La solicitud de tutela gira en torno al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar consagrado en el artículo 15 de la Carta. 1. Del derecho a la intimidad 1.1. La Constitución de 1991 El derecho genérico a la intimidad quedó consagrado en cuatro artículos de la Carta: 15, 21, 33 y 74. El artículo 15 establece propiamente la noción de vida privada y sus implicaciones. El artículo 21 regula el derecho a la honra. El artículo 33 dispone la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí o contra sus seres queridos. Y el artículo 74 consagra el acceso de los particulares a los documentos públicos y el secreto profesional. Todo lo anterior debe ser complementado además con el artículo 28, sobre inviolabilidad del domicilio. De otra parte, el artículo 93 de la Carta establece que hacen parte del derecho interno los tratados válidamente ratificados por Colombia, que consagren y protejan los derechos humanos más allá de la legislación interna. Aquí en este fallo, empero, el estudio se limitará al derecho de la intimidad establecido en el artículo básico, esto es, el artículo 15. En el  artículo 15 de la Constitución Política se establece: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De  igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetaran la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley...." El derecho a la intimidad protege la vida privada del individuo y de su familia. Corresponde este derecho a la aspiración de la persona de conservar su existencia con el mínimo de injerencia de los demás, libre de perturbaciones tales como la publicidad y la intromisión arbitraria del Estado, para así lograr la tranquilidad de su espíritu y la paz interior. La intimidad comprende tanto el secreto o respeto de la vida privada, como la facultad de defenderse de la divulgación de hechos privados. Este derecho también hace referencia al ámbito personal, donde cada uno, resguardado del mundo exterior, encuentra las posibilidades de desarrollo de su personalidad. Como se advierte de la lectura del artículo 15, el derecho a la intimidad comprende varias dimensiones de la vida privada. En este caso concreto, sin embargo, se trata sólo de una de tales dimensiones: el habeas data, razón por la cual el análisis se centrará en este tema. 2.  La intimidad  y el habeas data en particular. El habeas data, es el derecho de obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos. Este derecho implica la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre si mismo y la facultad de  corregirlos. Con este derecho se pretende proteger la intimidad de las personas ante la creciente utilización de información personal por parte de la administración publica, de entidades financieras, educativas, profesionales u otras organizaciones privadas. Lo importante es que las personas no pierdan el control sobre la propia información, así como sobre su uso. El autor español Luis Alberto Pomed considera que la finalidad del habeas data es la de proteger a los individuos frente a todo ataque contra su esfera de intimidad que tuviera lugar a través de la informática".1 En la doctrina alemana se ha venido estudiando el derecho a la autodeterminación informativa que no es otra cosa que el habeas data, cuyos objetivos son la protección de la persona, en cuanto al reconocimiento y tratamiento de datos que puedan afectar a los interesados y que constituyen un verdadero deber para el Estado y los demás particulares. El Convenio del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981, relativo a la protección de los individuos respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, dice que el habeas data abarca, según el artículo 2º, "cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable."2 Este derecho establece una doble línea de salvaguarda de los particulares; por una parte, incorpora obligaciones exigibles a entidades públicas y privadas que recopilan y tratan información, tales como de regirse por principios de lealtad, legitimidad con relación a la finalidad para lo que se recolectarán los datos. Y por otra parte consiste en el derecho que tiene toda persona a exigir del Estado el respeto a derechos como el de la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. 1.3. Fundamentos teóricos del tema "La Vida Privada" Los nexos vida privada-información oficial tienen como telón de fondo las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué tanto debe saber el poder público de un individuo? ¿Cómo se disciplinan, vigilan y controlan a las personas a través de la información? Tres autores vienen de inmediato a la memoria a partir de las preguntas formuladas: Hobbes, Orwell y Foucault. Hobbes concibió al Estado como Leviathán, esto es, como un gran animal monstruoso que devoraba al individuo. Orwell vislumbró en su libro "1984" un Estado omnipotente que controlaba completamente a los gobernados a través de un sofisticado sistema de vigilancia permanente. Foucault ha anotado que, por ejemplo, la escuela, el sexo y las cárceles, han sido utilizadas como poleas sutiles de transmisión del poder, con el ánimo de controlar y disciplinar el tejido social. Ahora bien, el tema de la vida privada en general y de la intimidad en particular plantea las dos dimensiones fundamentales del hombre: la individual y la social. La humanidad ha asistido a un largo proceso de sociabilización caracterizado por la manifestación social, la concentración urbana y el intervencionismo estatal. En este marco se inscribe el estudio de la intimidad en la sociedad contemporánea. Como anota Foucault, "vivimos en una sociedad que se caracteriza por una vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce sobre ellos un poder"3 . Ya antes Ortega y Gasset había llamado la atención sobre los peligros que engendra la colectivización de la humanidad. En efecto, este autor afirma que "la socialización del hombre es una faena pavorosa. Porque no se contenta con exigirme que lo mío sea para los demás... sino que me obliga a que lo de los demás sea mío."4 En este sentido, el derecho de la intimidad tiende a proteger al hombre en su aislamiento necesario frente a sus semejantes, frente a la prensa y frente al Estado. La intimidad es un valor esencial dentro de una sociedad pluralista, que es inmanente a la vida del hombre. La vida privada, al sentir de Novoa Monreal, "está constituída por aquéllos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimientos de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o su recato a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento"5 . Para Recaséns Siches, "intimidad es sinónimo de conciencia, de vida interior, por lo tanto este campo queda completamente fuera del ámbito jurídico, puesto que es de todo punto de vista imposible penetrar auténticamente en la intimidad ajena"6 . 1.4. El derecho comparado. Reconocen en forma expresa el derecho a la intimidad, entre otras, las Constituciones de Venezuela (art. 59), Turquía (art. 15), Ecuador (art. 28.4), Egipto (art. 45), España (art. 18.1), Portugal (art. 33), Puerto Rico (art. 2), Bulgaria (art. 50), Perú (art. 2), Alemania (arts. 10 y 13), Bulgaria (art. 5), Guatemala (art. 23 y 24), Italia (art. 14 y 15) y México (art. 16). 2. De los alcances del habeas data. 2.1. Los nexos habeas data-Estado. Esta Sala de Revisión de la Corte, luego de haberse detenido en  consideraciones generales sobre el artículo 15 de la Constitución, entra a precisar los nexos habeas data-antecedentes penales. Si, como se estableció, la persona tiene, en virtud de la intimidad, el derecho al habeas data, el Estado tiene, por otra parte, la facultad de adelantar investigaciones contra las personas que presuntamente atentan contra el orden político y jurídico del país. Más que facultad, el Estado tiene la obligación de defender a las personas y también a las instituciones. Así en este caso se está pues en presencia de dos atribuciones de orden constitucional: - la persona tiene el derecho a que de ella se conozca sólo lo mínimo para el normal convivir en sociedad. - el Estado tiene el derecho a conocer lo máximo necesario para la debida protección de las personas y las instituciones. ¿Cómo hacer compatibles estos dos derechos? ¿Cuál es la frontera entre ellos? 2.2. Fundamento constitucional. La respuesta a estas preguntas exige considerar los siguientes artículos de la Constitución: a) El artículo primero establece que el Estado Colombiano se funda, al mismo tiempo, "en el respeto de la dignidad humana... y en la prevalencia del interés general..." b) El artículo segundo dispone que, entre los fines esenciales del Estado, se encuentran: "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes..., mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica..." c) El artículo 15 regula el derecho a la intimidad en general y al buen nombre y al habeas data en particular, cuando afirma que todas las personas "tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas". d) El artículo 21 dice: "se garantiza el derecho a la honra". e) El artículo 29 consagra "el debido proceso" y la presunción de inocencia. f) El artículo 86 consagra la "acción de tutela para reclamar ante los jueces... la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales..." g) El artículo 93 regula la prevalencia en el orden interno de "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos...", los cuales sirven además como guía de interpretación de los derechos y deberes consagrados en esta Carta". h) El artículo 95 introduce el concepto de "derecho-deber", cuando dice que "el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades". Se enumeran allí varios deberes de la persona, entre los que se destaca el numeral tercero: "respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales". Esta norma será la piedra de toque de esta sentencia. Así mismo, el numeral cuarto de este artículo dispone que es también deber el "defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. i) El artículo 189 dice en el numeral quinto que es función del Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: "conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado". j) El artículo 217, relativo a la fuerza pública, es del siguiente tenor en su inciso segundo: "Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional  y del orden constitucional". k) El artículo 241 numeral  noveno es el fundamento de la competencia de la Corte Constitucional para revisar "las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela..." l) El artículo 248, por último, es una de las normas más importantes para los fines de este fallo. Dice el artículo: "únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales". 2.3. Fundamento jurídico internacional. Luego del anterior recorrido por la Constitución, es preciso referirse a los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, relativos al habeas data, de conformidad con lo prescrito por el artículo 93 superior. Este artículo le confiere a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. El artículo 93 de la Constitución establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de  1968), artículos: -14.1: "... la prensa y el público podrán ser excluídos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes..." -17.1: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada..." b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto San José de Costa Rica" (Ley 16 de 1972), artículos: 5.1: "Toda persona  tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." 8.2: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 11.1: "Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad". 11.2: "Nadie puede ser objeto de ... ataques ilegales a su honra o reputación". Como fundamento de los Tratados Internacionales sobre el derecho a la intimidad, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 12 establece: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra, o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Por otra parte el artículo 32 de la Convención Americana hace una correlación entre deberes y derechos. 1.Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 2.4. La ratio juris. De conformidad con las normas citadas, esta Sala considera que son varias las conclusiones que de ellas se derivan, a saber: Primero, uno de los valores materiales que informa la Constitución Política de Colombia de 1991 es el pluralismo. En efecto, desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias, se consagra una combinación de diferentes valores, principios e ideologías, al tiempo que se protege la confluencia de diferentes razas, étnias, lenguas, sexos y religiones. Ello no hizo sino reflejar la pluralista integración de la Asamblea Constituyente. Segundo, esta heterogeneidad conceptual está destinada a la convivencia. No se trata pues de establecer cuál orientación debe excluír a las demás, sino de concebir la forma de hacerlas compatibles. Tercero, dicha pluralidad está destinada a permitir la cohabitación de los hombres en paz. El compartir un tiempo y un espacio por parte de un pueblo implica por lo menos un cierto clima de paz que permita ordenar el desarrollo de las vidas de las personas. Cuarto, que en ese orden de ideas, se dictan unas reglas de juego de carácter constitucional, en las que el fundamento último es la persona humana. Quinto, que al tiempo que la persona se regulan también las condiciones para el ejercicio del poder público, destacándose el hecho de que el Estado está concebido para servir a la comunidad, no siendo por tanto un fin en sí mismo. Sexto, que para que el Estado cumpla con su noble misión debe contar con los instrumentos adecuados y suficientes. Séptimo, que los derechos humanos son más importantes que los aspectos orgánicos y procedimentales del poder, ya que éste tiene por fin a aquéllos. Octavo, que los derechos tienen deberes, en la medida en que, por el elemental aspecto de la convivencia civilizada, lo que es derecho para unos es deber para otros. Noveno, que para el normal ejercicio de un derecho es necesario establecerle un cauce jurídico que lo reglamente pero que no desconozca su contenido esencial. Es decir, un derecho de las personas puede ser regulado, limitado, pero nunca  eliminado. El contenido esencial del derecho debe permanecer siempre, así las condiciones para su ejercicio limiten algunas aristas o matices del mismo. Esta idea del "contenido esencial" de los derechos fue expuesta por Häberle, que la definió como "el ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas".7 Recapitulando, en el marco de una sociedad pluralista, destinada a convivir en paz, y a fin de que los hombres disfruten de un Estado que les sirva, debe dotarse a éste de las herramientas legítimas pertinentes para ello, las cuales sin embargo, no deben desconocer el contenido esencial de los derechos humanos, pero sí limitarlos en tanto que su ejercicio civilizado implica deberes respecto a los demás. De la conclusión anterior esta Sala deduce los elementos para responder a la pregunta inicial: ¿cómo trazar la frontera entre el derecho a la intimidad de las personas y el derecho estatal para controlar el orden? La regla general debe ser, en consecuencia, que como el Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el marco de sus legítimas y democráticas funciones, siempre y cuando no divulgue ni de a la publicidad por ningún medio la información sobre esa persona, salvo el evento que ella tenga antecedentes penales o contravencionales, esto es, que tenga una condena proferida en sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 constitucional, que se reproduce en el artículo 12 del código de procedimiento penal, como principio rector del nuevo ordenamiento procedimental. En otras palabras, los organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí, dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en el único evento de un "antecedente" penal o contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona. Y por "antecedente" debe considerarse única y exclusivamente las condenas mediante sentencia judicial en firme al tenor del artículo 248 constitucional. Esta regla se predica, entre otros efectos, para los certificados sobre conductas y antecedentes. La anterior interpretación, considera esta Sala, recoge el sentido de la Constitución de 1991 y de los pactos y convenios internacionales ratificados por Colombia. Ahora bien, una dimensión adicional al caso en estudio tiene relación con el aspecto orgánico, con el fin de establecer los alcances y los límites de la información oficial, el registro y cruce de la misma. 2.5. ¿Quién, del Estado, puede tener qué información sobre una persona? En primer lugar deben citarse los textos constitucionales pertinentes, así: a) Artículo 116: "... los tribunales y jueces, administran justicia" b) Artículo  137: "Cualquier comisión permanente (del Congreso) podrá emplazar a toda persona... Si en el desarrollo de la investigación se requiere... la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente." c) Artículo 250: "Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos... Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial..." d) Artículo 251: "Son funciones especiales del fiscal general de la nación: 5. Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público." e) Artículo 217: "La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes... " Así las cosas, son varias las agencias estatales que pueden investigar a las personas residentes en Colombia, pero ellas persiguen diferentes finalidades. En todo caso el Estado puede y debe investigar a las personas, en el marco de la Ley. Surge entonces la inquietud acerca del cruce de informaciones. En este sentido se observa en forma sistemática y concordante un principio tácito de colaboración y reserva de información entre instancias del Estado. Sin embargo, el principio debe ser matizado a la luz de la limitación para la divulgación a terceros. En consecuencia, toda suerte de archivos y bancos de datos oficiales de una rama u órgano del Estado, que contengan información sobre una persona, pueden ser eventualmente conocidos por las demás instancias oficiales. Si está previamente autorizada por el ordenamiento jurídico. No obstante, si por el cruce de información ésta podría ser conocida por terceras personas -por ejemplo en el caso de una audiencia pública ante un juez o de una audiencia en una sesión especial del Congreso-, la información en estos casos no podrá contener datos perjudiciales de la persona, distintos de los "antecedentes" de que trata el artículo 248 de la Constitución. De lo contrario se violaría el derecho a la intimidad de las personas por culpa del Estado. Aparte de las disposiciones constitucionales, otras normas de orden legal y reglamentario regulan la materia, así: El Decreto Nº 2699 de 1991 (noviembre 30), por el cual se expidió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el literal a) del artículo transitorio 5º, del capitulo 1º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 6º del citado decreto, se establece que los fiscales velarán porque las actividades asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación y acusación se adelanten de conformidad con el respeto del derecho de defensa, los derechos humanos y haciendo prevalecer el derecho sustancial. En relación con el suministro de información al Gobierno, el Fiscal General solo lo hará cuando sea necesario para la preservación del orden público. El artículo 24 del Decreto 2699 de 1991 creó el Centro de Información sobre actividades delictivas y tendrá como funciones las siguientes: 1. Asesorar al Fiscal General en la definición de la política referida a la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la Entidad. 2. Organizar, controlar y reportar al Fiscal General el desarrollo de las actividades a que se refiere el numeral anterior. 3. Organizar la recolección y procesamiento de toda la información básica para las investigaciones criminales. b) El Decreto 2700 (Código de Procedimiento Penal) que entró a regir el 1º de julio de 1992, dispone que durante la investigación previa las diligencias son reservadas. c) De manera específica, el Decreto 2398 de 1986 se ocupa de las normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de certificados judiciales y de policía. En el artículo 2º establece: "Los archivos son de carácter reservado y en consecuencia el Departamento Administrativo de Seguridad, solo expedirá previa solicitud escrita certificados o informes de las anotaciones contenidas en ellos, así: a) a los peticionarios de  sus respectivos registros b) a los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigación referente a la persona de quien solicita c) a las autoridades administrativas que necesiten conocer  antecedentes de personas llamadas a ejercer cargos públicos." 2.6. Reserva del Estado frente a terceros. Es importante que el Estado tenga la oportunidad de adelantar investigaciones con un mínimo de reserva. Obviamente esta prerrogativa encuentra un límite en las garantías fundamentales. La reserva de la investigación cumple dos fines primordiales: 1º. asegurar el éxito de las tareas de indagación; 2º. garantizar la efectividad de la presunción de inocencia. La reserva debe existir siempre que se aplique estrictamente. Es una realidad que en nuestro tiempo las investigaciones fracasan por la imprudencia de los organismos de investigación que dan a conocer los resultados a los medios de comunicación. La opinión pública emite juicios de valor con base en la información que aparece en los medios de comunicación masivos. Es un problema grave el prejuzgamiento por parte de terceros, pues en el proceso penal se debaten aspectos de gran delicadeza y que son personalísimos para  quienes en él intervienen. La libertad de expresión e información no puede formularse de manera absoluta. Existen, legalmente consagradas, la prohibición de revelar datos concernientes a la investigación penal. Sancionados están los casos de violación de secretos oficiales o industriales y existe, de otra parte, la obligación ética, para ciertos profesionales, de abstenerse de revelar datos que se han confiado por razón de su investidura o actividad: médicos, paramédicos, sacerdotes, abogados, sicoanalistas, entre otros. Como acertadamente lo consideró el profesor Han Joachim Schneider, "Las noticias sobre crímenes fascinan a la población desde hace siglos. En la edad media cantantes itinerantes iban con éxito de pueblo en pueblo difundiendo sus romances, los cuales en su mayor parte eran historias de asesinatos. Las historias de crímenes no son novedades en sentido estricto, ya que no refieren nada realmente novedoso. Siempre son narrados conforme al modelo del 'hecho sensacionalista acostumbrado' porque cumplen una función exonerante  para la sociedad; a través de ellas el ciudadano 'respetuoso de la ley' puede separarse del delito; le ponen de manifiesto su identidad 'normal' y se puede sentir satisfecho de ser mejor que el delincuente y de haber podido evitar con éxito el delito. ..Existe en la población una gran necesidad de noticias criminales porque son entretenidas y ahuyentan el aburrimiento de la vida cotidiana. Los medios de comunicación de masas satisfacen gustosamente esta demanda, ya que las noticias criminales son fáciles de conseguir y baratas y porque con ellas se puede vender casi cualquier producto. Existe, por tanto, una simbiosis, una alianza impía entre los medios de comunicación de masas y la sociedad"8 . Nadie duda hoy de la importancia de los medios masivos de comunicación en la vida de una sociedad organizada. No se trata de desconocer el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Carta, sino que todo lo que se exige de los medios de comunicación de masas puede resumirse en una frase: deben contribuír a la consecución de la convivencia pacífica a través de la verdad, la sinceridad y la imparcialidad a fin de que nos enfrentemos con ética profesional, con responsabilidad a los problemas de desviación social y delincuencia. De  allí surge su responsabilidad social consagrada en la Constitución. 2.7. La reserva en determinadas etapas de investigación y del proceso penal. Siendo la reserva el aspecto más importante sobre el cual se edifica la investigación y acusación (competencia del Fiscal) y el juzgamiento (competencia del juez), es necesario distinguir entre las etapas de la recopilación y evaluación de la información, la investigación previa, la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la etapa final de juzgamiento. 2.7.1. Etapa de recolección y evaluación de la información. La recopilación y evaluación de la información que realizan la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) y el Departamento Administrativo de Seguridad, tienen como fundamento los artículos 217 y 218 de la Constitución, en concordancia con los artículos 1º (dignidad humana y prevalencia del interés general), 4º (respeto y obediencia a las autoridades), 29 (debido proceso), 83 (presunción de la buena fe), en la  función de mantener el orden constitucional y la convivencia pacífica y en el artículo 318 del código de procedimiento penal (colaboración de organismos oficiales y particulares), así como por la Convención Americana de derechos humanos artículos 32 No. 1 y 2 que consagra la correlación entre derechos y deberes. La labor de inteligencia tiene como finalidad detectar y realizar el seguimiento de conductas determinadas en la ley como punibles y prestar apoyo en la labor de investigación a la Rama Judicial del poder público. Esta función requiere del máximo de discreción que redundará en el éxito de la posterior sanción penal, pues es de todos conocido que la desaparición de las pruebas o su deterioro normal por el transcurso del tiempo inciden en el desarrollo del proceso. Razones suficientes asisten al Estado para mantener reserva en tan delicada labor y poseer no sólo a nivel nacional sino internacional la información que le permita actuar rápidamente frente a las conductas delictivas. Pero es de todos conocido que ha existido un desbordamiento de la función de investigación y que en varias oportunidades personas que posteriormente resultaron absueltas por los cargos que dieron lugar a la investigación, eran reseñadas inicialmente con fundamento en pruebas en las que se cuestionaba la legalidad de su obtención. La persona sin embargo, no está desprotegida en esta materia; la Constitución le garantiza que en el rastreo, recopilación y evaluación, se respetarán,  los artículos 11 (derecho a la vida), 12 (torturas y desapariciones, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (igualdad), 15 (en la recolección, tratamiento y circulación se observará el respeto a la libertad y demás garantías) y 29 (debido proceso); y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana de derechos humanos garantizan el derecho al buen nombre. En caso de exceso o extralimitación de las funciones, la Constitución establece controles y sanciones en los artículos 6º (responsabilidad de las autoridades), 87 (control sobre omisiones de los particulares), 89 (protección judicial de los derechos), 90 (daño antijurídico del Estado), 91 (responsabilidad de los militares y de los funcionarios civiles), 92 (sanción de las autoridades por su conducta irregular) y 222 (fuerza pública y democracia). Sobre esta fase interna es necesario diferenciar la recopilación de la información y el resultado de la misma. En la recopilación los organismos del Estado poseen una facultad amplia y sólo están limitados  por los principios de respeto de los derechos humanos, por el debido proceso y por una reserva absoluta. En cuanto al resultado, éste sólo puede ser conocido por el interesado directamente cuando forme parte de un proceso ante la jurisdicción penal, disciplinaria o fiscal, y allí pueda a través de los principios de contradicción de la prueba, cuestionar su legalidad a la luz del análisis probatorio que deberá realizar el funcionario competente. Pero la recopilación y las evaluaciones internas son absolutamente reservadas; ellas son el soporte científico del resultado. A través de ellas se detecta la información y de su reserva precisamente se deriva, como se mencionó anteriormente, el éxito de una investigación. El interesado tiene derecho a conocer de los archivos reservados sólo aquella información que le es necesaria para casos especiales. Es así como el Decreto 2398 de 1986  permite que el interesado solicite los antecedentes de sus respectivos registros. Es decir sobre los registros podrá ejercer el derecho que le otorga el artículo 15 de la Constitución para conocer, actualizar o rectificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, únicamente cuando la información ha salido de los organismos de inteligencia del Estado y se encuentra ya en manos de las autoridades competentes para adelantar procesos judiciales. De los resultados o los soportes de la información son titulares las personas cuyos datos hayan sido reportados y en consecuencia tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que no sean reservadas. La ley protege la reserva y es así como sanciona su violación en los artículos 155 (utilización de asunto sometido a secreto o reserva), delito consagrado dentro del capítulo de los abusos de autoridad y otras infracciones y 289 (divulgación y empleo de documentos reservados), tipificado dentro del capítulo de los delitos contra la libertad individual y otras garantías, o la Ley 57 de 1985 que establece en el artículo 12: "Toda persona tienen derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional". Este precepto se encuentra desarrollado por el Código Contencioso Administrativo en el Capítulo IV del Título I. Otros organismos estatales pueden llegar a conocer de las evaluaciones reservadas, como en los siguientes casos: Artículo 284 de la Constitución que establece: "Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna". Artículo 113: "Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". Ley 57 de 1985, artículo 20: "El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo". Decreto 2241 de 1986, artículo 213: "Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros. Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría". Decreto 2400 de 1968: "Son deberes de los empleados guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo y sin perjuicio de denunciar cualquier hecho delictuoso". Las garantías establecidas tanto en la Constitución (artículo 29) como en la ley, las determinadas en el Código de procedimiento penal y en el Decreto 2699 sobre la Fiscalía General de la Nación, tienen como fundamento la protección especial a la dignidad de la persona humana, como el derecho a la integridad personal (artículo 11) y a la intimidad (art. 15) respaldados por los siguientes instrumentos internacionales: a) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por Colombia en virtud de la Ley 78 de 1986; b) La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, ratificada por Colombia en virtud de la ley 28 de 1959; c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", en sus artículos 1, 5, 27, ratificada por Colombia en virtud de la ley 74 de 1968; d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2º numeral 2º, 4º numeral 2º y artículo 7º, ratificado por Colombia mediante la ley 74 de 1968; e) La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 9º numeral 1º, 19, 32, 35, 36 y 37 numeral 1º, ratificado mediante la Ley 12 de 1991; f) La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo 5º literal b) (Ley 22 de 1981); g) Convención Internacional para la Represión y el castigo del crimen de Apartheid, en su artículo 2º, literal b), segundo acápite (Ley 26 de 1987); h) Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y Tribunales en los países independientes, en su artículo 2º, numeral 7º (Ley 31 de 1967), entre otros. Por otra parte, la información necesaria a la opinión pública de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos de la Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), el Departamento Administrativo de Seguridad y los organismos oficiales y particulares que realizan labores permanentes y especiales de Policía Judicial, debe limitarse a la mención de las personas presuntamente involucradas, los bienes decomisados, incautados, aprehendidos u ocupados,  así como de las circunstancias en que ocurrieron los hechos sin emitir juicio de responsabilidad. 2.7.2. Investigación previa. Se denomina investigación previa la etapa anterior al proceso que tiene por objeto determinar si el Estado ejercerá o no la acción penal. Remplaza la etapa que el código de procedimiento penal de 1987 denominaba "Indagación Preliminar". Es una actuación anterior al proceso en donde se pretende esclarecer las dudas relativas al posible ejercicio de la acción penal. El artículo 320 del código de procedimiento penal que entró en vigencia el 1º de julio, establece que en la investigación previa intervienen quienes ejerzan funciones de policía judicial bajo la dirección del Fiscal, las unidades de fiscalía y el Ministerio Público. En esta etapa de investigación previa las actuaciones serán reservadas para los terceros ajenos a ella y sólo podrán ser conocidas por los funcionarios que intervienen en ella, el imputado y su defensor. Así el artículo 321 consagra la "reserva de las diligencias" en los siguientes términos: "Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias". Numerosos procesos penales fueron cuestionados por las pruebas obtenidas en la etapa de investigación previa, sin el lleno de los requisitos e incluso bajo la violación de los derechos humanos. Pero constituye un significativo avance que se haya consagrado como principio general el que la contradicción de la prueba opere desde la investigación previa. 2.7.3. Instrucción. La Constitución Política le encomienda al Fiscal las tareas de investigar y acusar. En ejecución de estas funciones debe garantizar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, en consecuencia, todas las autoridades y los particulares están obligados a acatar cualquier decisión que tome la Fiscalía de acuerdo con la ley. En la etapa de instrucción el funcionario judicial tiene la obligación de averiguar la verdad material. Así, la Constitución en el artículo 250, inciso final, dispuso: "La Fiscalía General de la nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten". Igual que las etapas anteriormente consideradas, la "instrucción", también debe ser reservada, y así se establece en el artículo 331: "Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho". Y en el artículo 332 se establecen las sanciones para quienes violaren la reserva sumarial, así como la publicación en medio de comunicación, los cuales  permiten garantizar el cumplimiento de ciertas disposiciones y como instrumento de control al poder de los medios de comunicación. Esta obligación, como la de mantener la reserva en todas las etapas de la investigación, tiene como fundamento el artículo 95 de la Constitución, que en su numeral 7º establece: "colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia", como un deber de la persona y del ciudadano". 2.7.4. Juzgamiento. Esta es una etapa procesal reservada al juez en materia de dirección y disposición de la acción penal. En ella, toda prueba debe practicarse  en la audiencia pública para dar cumplimiento al principio de la inmediación. El artículo 8º del código de procedimiento penal determina: "Dentro del Proceso Penal la investigación es reservada para quienes no sean sujetos procesales y el juicio es público. Se aplicarán las excepciones previstas en el Código sobre reserva". Dentro del proceso de instrucción y sin perjuicio de la eventual investigación previa, se distinguen las etapas de investigación, sumario, y juicio. La controversia de las pruebas se permite en cualquiera de las tres etapas de la actuación. La reserva cobija las etapas de investigación previa e investigación propiamente dicha o instrucción. Adicionalmente el concepto de reserva se extiende a las actuaciones realizadas por los jueces regionales y los fiscales que actúan en éstos. 3. Conclusiones finales. a- Existe un principio general para que el Estado pueda conducir la investigación de todas las personas y obrar con la responsabilidad que ello impone. Luego el Estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado sólo aquella parte que puede conocer, actualizar o rectificar en virtud del artículo 15 de la Constitución, según lo antes expuesto. Y frente a terceros la reserva es total. b- Este principio tiene fundamento en la Constitución Política y en la ley que determina la reserva para ciertos documentos de la Administración Pública. c- La recolección, evaluación y encauzamiento de la información se debe ejercer dentro de los límites que imponen el respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, Pactos Internacionales y disposiciones legales. d- La investigación, su soporte científico y el resultado tienen por objeto nutrir al investigador (en la investigación previa o en la investigación-instrucción), y debido a su especial carácter reservado está prohibido darla a conocer a  terceros; por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la  investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento o incluso en la etapa de investigación previa, por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en "ruedas de prensa" realizadas  a fin de explicar a la opinión pública el método utilizado, o los resultados obtenidos o los presuntos infractores de la Ley Penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado. e-  El Fiscal debe realizar una labor de evaluación de la prueba allegada y con base en ello y en los principios de controversia de la prueba decide acusar o precluír la investigación. Por lo tanto el procesado goza de todas las garantías constitucionales y legales para la observancia del debido proceso. f-  El Juicio es público y, allí sí, y sólo allí, toda persona puede conocer las decisiones que en el mismo se adopten. 4. El habeas data y las etapas preprocesales y procesales. Frente a lo anterior, ¿en qué etapas puede ser ejercido el derecho fundamental al habeas data? Recapitulando, diremos que en la primera etapa de recolección y evaluación de la prueba existen dos subdivisiones. La primera hace referencia al soporte científico de la prueba allegada, a la cual no tiene acceso ni siquiera el interesado por razones de defensa del interés general y de control interno para lograr la eficacia. Sobre el resultado, el interesado puede conocer, actualizar y rectificar dichas informaciones, en ejercicio del derecho a la intimidad, desde la etapa de investigación previa. Los terceros sólo desde el juicio cuando así lo establezca una prueba plena que lo determine o como resultado de un proceso penal, administrativo o disciplinario que ordene su modificación. 5. La existencia de otro medio judicial de defensa. Si el suministro de la información se lleva a cabo en las etapas de recolección y evaluación de la información, investigación previa e instrucción, mediante la reproducción fiel del material probatorio o de cualquier pieza procesal o preprocesal, existen medios judiciales de defensa que permiten la sanción de los responsables de la conducta, como lo establecen los artículos 155 y 289 del código penal, y los artículos 321 y 331 del código de procedimiento penal. Si la información es errónea o contiene juicio de responsabilidad, el medio judicial de defensa no es otro que la acción de tutela por la violación de los derechos constitucionales fundamentales a la rectificación en condiciones de equidad (art. 20), al buen nombre (art. 15) y a la honra (art. 21) -frente a la persona directamente afectada- o el derecho a recibir información veraz e imparcial (art. 20), -frente al ciudadano-. 6. Consideraciones en relación con el caso concreto. De conformidad con todo lo anterior se desprende que a la peticionaria no se le ha vulnerado ni amenazado su derecho fundamental a la intimidad, y es por ello que la sentencia revisada será confirmada. En efecto, si los organismos de inteligencia del Estado tienen reseñada en calidad de "rebelde" a la petente, ello es conforme a derecho  siempre y cuando no sea dado a conocer por fuera de los  organismos. Si un tercero o la misma accionante solicitan acceso a la información que el Estado tiene de ésta, las entidades oficiales competentes sólo podrán decir que -no estando condenada sino sólo detenida-, ella no tiene ningún tipo de antecedentes. Si del resultado del proceso que cursa en el Juzgado de Orden Público se demuestra que la peticionaria es absuelta de todo delito que presuntamente ella ha cometido, el Juez competente está en la obligación de informar a las autoridades y a los organismos de inteligencia que adecúen su información a lo resuelto en el proceso. Así mismo, si el Juez advierte que, antes de que la información sea asequible a terceros,  esto es, antes del juicio, aquélla no ha sido debidamente reservada y se ha filtrado a la opinión pública, deberá adoptar las medidas conducentes para investigar los delitos y demás infracciones a que hubiere lugar, con el fin de proteger, ahí sí, la intimidad de la peticionaria. En mérito de lo expuesto, esta Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: Primero: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 29 Superior de Santafé de Bogotá, con las aclaraciones aquí formuladas. Segundo: Comuníquese el contenido de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Dirección General de la Policía Nacional. Tercero: Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado Dado en  Santafé de Bogotá, a los siete (07) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 POMED SANCHEZ, Luis Alberto. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Madrid 1989, pag. 255. 2 Convenio del Consejo de Europa. citado por POMED, Luis Alberto. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Madrid 1989, pag. 255. 3 FOUCAULT, Michel.  La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, Barcelona, 1.980 p 99.[1] 4 ORTEGA Y GASSET, José. La socialización del hombre. Obras completas, sexta edición, Editorial Revista de Occidente. Madrid, 1.963, p 745. 5 Idem,  págs. 87 y sgts. 6 RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de filosofía del Derecho. Sexta edición, Porrua, Mexico, 1.978 p. 181. 7 HÄBERLEN,Peter. El Contenido Esencial como Garantía de los Derechos Fundamentales. 8 SCHNEIDER, Hans Joachim. La Criminalidad en los medios de comunicación de masas. Derecho penal y Criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Externado de Colombia. Volumen XI. Nro. 37. Enero/Abril de 1.989. P. 151.

T-445-92 Sentencia No Sentencia No. T-445/92 DEBIDO PROCESO/RECUSACION/IMPEDIMENTO El debido proceso entendido como el conjunto de trámites y formas que rigen la instrucción y resolución de una causa, en cualesquiera de las jurisdicciones, es garantía para la debida protección y el reconocimiento de los derechos de las personas.  Dentro de este entendido se ha previsto una serie de garantías de independencia y ecuanimidad para quienes tienen como misión la administración de justicia. Consciente el legislador de la naturaleza humana de quienes administran justicia y con el fin de que los jueces sean imparciales, ha establecido una gama de causales que, de existir, pueden restarle objetividad  a la intervención del fallador.  Para garantizar a los litigantes el adelantamiento imparcial de los procesos y permitirles a los jueces eximirse de intervenir en los juicios en donde no puedan tener absoluta imparcialidad, la ley faculta a aquéllos para que recusen a los jueces y a éstos para que se declaren impedidos. SALA DE REVISION Ref.: Proceso de tutela No. 1117. Tema :       Derecho al Debido Proceso en la                                          Constitución Política.   No se                                           desconoce  cuando se tramita un                                       impedimento    y    por ende                                                 hay suspensión   del proceso. Demandante: MARCELIANO CORRALES LARRARTE. Magistrados: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN DR. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., seis (6) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.      ANTECEDENTES. El señor Marceliano Corrales Larrarte, Capitán de Corbeta (r.), mediante escrito presentado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, el 30 de enero  de 1991, en ejercicio de la acción de tutela prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, demanda la omisión para proferir sentencia de tutela del Juez de primera instancia para la Armada Nacional, señor Vicealmirante Gustavo Adolfo Angel Mejía y del Presidente del Tribunal  Superior Militar, señor General  Luis Eduardo Roca Maichel. Señala el accionante las siguientes razones de hecho y de derecho: "Lo anterior, obedece a que el día 13 de noviembre de 1991 solicité dicho amparo por violación a un derecho fundamental y hasta la fecha no he obtenido resolución alguna, pues el tiempo para el fallo  debe ser de diez (10) días y hasta la fecha el expediente se encuentra en las condiciones como me fue entregado". "Como quiera que con ese proceder se viola en mi persona un derecho fundamental como es el debido proceso art. 29 de la Constitución Nacional y por consiguiente el art. 15, 25, 85 (sic) de la Constitución Nacional y porque dicha acción sea preferente y se anexe a los documentos que faltan como los anexos de mis descargos de la fecha 25 de abril de 1991 (sic).  Las costancias (sic) que le remitiera el memorial al señor Juez de primera instancia para la Armada Nacional, en donde le comunicó de la violación de los términos.". El demandante considera que con el proceder de los demandados se viola su derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional y en consecuencia los derechos al buen nombre (art. 15), al trabajo (art. 25) y el art. 85 de la misma (sic). Reposan en el expediente los siguientes documentos: Radiograma de la Armada Nacional. En  el  cual  se solicitan fotocopias autenticadas de las evaluaciones hechas al Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte,  con el fin de resolver la acción de tutela impetrada ante el Juez de primera instancia para la Armada Nacional. Documento de la Armada Nacional. Se informa al Capitán de Corbeta Corrales, que mediante providencia el Juez de primera instancia se declaró impedido y que se remite lo actuado al Tribunal Superior Militar. Formulario No. 5.  Evaluación de Oficiales y suboficiales. Se señala que la evaluación es "C" -calidad exigida-  teniendo en cuenta el folio de vida del examinado y de conformidad con la cual se pasa al Capitán de Corbeta Marceliano Corrales Larrarte  de la lista tres (3) a la cuatro (4) según Acta No. 010 de noviembre de 1990. Formulario No. 3. Programa personal de desempeño en el cargo. Que contiene el concepto del evaluador sobre que Corrales cumple bien con las funciones asignadas según su especialidad y cargo. Formulario No. 4. Folio de vida. En cuya conclusión dice:  "El desempeño en el lapso que se evalúa fue bueno, que debe mejorar, pues su actitud afecta las buenas relaciones haciéndose persona difícil".  Que debe evitar comentarios sobre colegas, que no le favorecen ya que afectan la integridad, cohesión y compañerismo que deben unir a la Sanidad Naval. Acta No. 010.  de la Junta clasificadora de Oficiales Superiores. Trata de la reunión de la Junta Clasificadora de Oficiales Superiores, de 8 de noviembre de 1990 celebrada con el fin de clasificar, entre varios, al Oficial Marceliano Corrales Larrarte por término de evaluación anual.  En ella se modificaron, desfavoreciéndolo, los indicadores de "sociabilidad" y "desempeño de cargo principal". Clavegrama No. 091605P. En el cual se le comunica al Capitán de Corbeta (r) Marceliano Corrales Larrarte que fue clasificado en la lista 4. Escrito de reclamo (apelación) contra el clavegrama No. 091605P. Por medio del cual el Capitán de Corbeta (r.) Corrales Larrarte aclara los puntos en los cuales se basó la evaluación, de esta forma:  Asegura que su trabajo lo ubica por encima de la calidad exigida; que  no tiene ninguna sanción disciplinaria, condena por comisión de delitos, pérdida de curso de ley, demostrada incompetencia profesional en el ejercicio del cargo, informativos fallados en su contra.  Que el año anterior le abrieron un proceso disciplinario, pero le fue decidido a su favor  y que si estuviera abierto se debía y debe aplicar el art. 12 del Decreto 1253 de 1988 que dice:  " Toda evaluación se basa en hechos concretos y en las condiciones demostradas por el evaluado, en ningún caso se tienen en cuenta los cargos proferidos contra el personal mientras no hayan sido resueltos o fallados". Comunicación No. 97169 de 12 de diciembre de 1990. Por medio del cual el Vicealmirante Gustavo Angel Mejía devuelve al Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, el reclamo enviado por el señor Corrales a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y fechada el 15 de noviembre de 1990, debido a que los términos empleados en el citado reclamo "no se ajustan a la norma de cortesía y respeto establecidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares". Memo comunicación No. 000021 de 10 de enero de 1991. Con el cual se envía al Director de Personal de la Armada Nacional el reclamo presentado por el Capitán de Corbeta Corrales Larrarte al Capitán de Navío Director de Personal de la Armada Nacional. Escrito de reclamo de 26 de diciembre de 1990. Dirigido a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa por el Capitán de Corbeta (r) Corrales Larrarte por medio del cual reclama contra la clasificación anual que se le hizo por el lapso de 01-11-88 hasta 31-10-89 y según la cual lo pasaron de la lista 3 a la 4. Documento No. 231139R  de 23 de enero de 1991. Enviado al Director de Personal de la Armada Nacional por el Jefe del Departamento Jurídico de la Armada Nacional y en el cual informa que el reclamo presentado por el Capitán de Corbeta Corrales Larrarte de acuerdo con lo establecido con el Decreto No. 1253 de 1988, art. 135 lo fue en su debida oportunidad.  En cuanto al fundamento del mismo, el oficial no aduce ningún argumento de carácter legal válido para que la decisión adoptada con suficientes elementos de juicio por la Junta Clasificadora sea modificada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Carta de dicho Capitán de Corbeta (r.) de 11 de febrero de 1991. Por medio de la cual solicita le sea entregado el reclamo presentado ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Documento No. 1051. Por el cual el Comandante de la Armada Nacional responde el memorial anterior al Capitán de Corbeta (r.) y le devuelve la documentación pertinente por entender que ha desistido de su reclamo. Comunicación de 25 de abril de l991. El susodicho Capitán de Corbeta (r.) se dirige a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para referirse enteramente al oficio No. 080805 de 9 de abril de l991. Comunicación de 2 de mayo de l991. Del mencionado Capitán de Corbeta (r.) para el Director de Personal de la Armada Nacional y en la cual hace un recuento de los hechos que se le endilgan  y solicita en consecuencia que  su hoja de vida quede limpia de todas esas calumnias imputadas. Comunicación No. 02661 de 10 de mayo de l991. El mencionado Director de Personal le manifiesta al Capitán de Corbeta (r.) que oficios de éste se presentarán ante la susodicha Junta Clasificadora. Acta No.008 de 19 de junio de l991. Trata de la reunión de la referida Junta Clasificadora para tratar  entre otros  asuntos, la solicitud del nombrado Capitán de Corbeta (r.) y allí se decidió que según Reglamento no pueden ser modificadas las decisiones de una Junta anterior. Comunicación No. 03849 de 11 de julio de l991. Se le dice al Capitán de Corbeta (r.) que no se puede reconsiderar su clasificación por mandato de los reglamentos. Carta presentada el 22 de abril de 1991 por el mencionado Capitán de Corbeta (r.) ante el Presidente de la Junta Clasificadora, Vicealmirante Alberto Sandoval Solano. En la cual informa que el reclamo fue presentado siguiendo  el  procedimiento del Decreto 1253 de 1988, en su debida oportunidad, tiempo, modo y lugar dentro de los términos que establece la ley. Agrega que en ningún momento su oficio dice que desiste del reclamo pues "las normas constitucionales legales, en ningún momento dicen que tenga que desistir a un derecho al cual me asiste la razón". DOCUMENTO CONFIDENCIAL No. 04638 DE 21 DE AGOSTO  DE 1991 DEL VICEALMIRANTE ALBERTO SANDOVAL SOLANO PRESIDENTE DE LA JUNTA CLASIFICADORA DE OFICIALES SUPERIORES PARA EL REFERIDO CAPITAN DE CORBETA (R.). Se reitera  al señor Corrales Larrarte que él de su puño y letra voluntariamente desistió  del reclamo presentado ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.  Además se recuerda que según el artículo 23 de la Constitución Nacional toda petición que se haga ante cualquier autoridad debe ser en forma respetuosa. COMUNICACION DE 26 DE AGOSTO DE 1991. De respuesta del Capitán de Corbeta (r.) al documento anterior en el sentido de manifestar que no ha desistido  de sus pretensiones. CARTA No. 5513 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991. El  Presidente  de  la  Junta Clasificadora de Oficiales Superiores reitera al Capitán de Corbeta (r.) lo dicho en oficios de 11 de julio y 21 de agosto de 1991. Igualmente obran en el expediente las siguientes  providencias: Del Juez de primera instancia ante la Armada Nacional, señor Vicealmirante Gustavo Angel Mejía, dictada el 22 de noviembre de 1991 y que resolvió  declararse impedido para conocer del asunto. Del Tribunal Superior Militar de 12 de diciembre de 1991, por medio del cual resuelve abstenerse de conocer del impedimento manifestado por el Juez de primera instancia. Del Tribunal Superior Militar en el cual resuelve revocar su propio auto y declarar fundado y aceptar ahora el impedimento del Juez de primera instancia. II.      EL FALLO QUE SE REVISA. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia de 17 de febrero de 1992, decidió:  "Denegar la acción de tutela promovida por el CC. (r.) Marceliano Corrales Larrarte por improcedente". Ello en razón de que el Vicealmirante Gustavo Angel Mejía,  Juez  de  primera  instancia  "no ha incurrido en omisión alguna en cuanto al trámite y decisión de la acción de tutela promovida por el Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte pues, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, estaba en la obligación previa de manifestar su impedimento para conocer de la acción, ya que de no hacerlo, se vería sometido a un proceso disciplinario y acreedor a las sanciones correspondientes". III.    CONSIDERACIONES. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas,  procede a decidir en los siguientes términos: 1.      Competencia. Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y 241 No. 9 de la Constitución Nacional, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.      Estado de Derecho y la consagración del Derecho del Debido Proceso. Colombia  en  un  país  inmerso  dentro de  la tradición occidental, que desarrolla sus instituciones políticas dentro del esquema de un Estado liberal, con los aportes y la evolución propias de las exigencias sociales que se han suscitado en la historia. Este Estado, nacido de las ideas del iluminismo y del racionalismo, responde a los esquemas y a las características de los Estados de Derecho.  Esto significa que la sociedad es organizada  sobre la base de unas reglas fijas y claras, contenidas en la Constitución Política, un régimen jurídico que permite que todos los ciudadanos puedan actuar sin temor, con entera libertad y sin otra limitación que las nacidas de la necesidad de convivir en sociedad; el respeto a la Constitución y a la ley y como tal la abstención de realizar las conductas prohibidas por ellas; la separación de poderes como principio mínimo y necesario para evitar excesos de los gobernantes de tal forma que estén en cabeza de personas distintas las potestades de legislar, ejecutar las leyes y la función de la justicia; otra de las características de este Estado liberal o de derecho es la proclamación y reconocimiento de derechos y garantías para todas las personas sin discriminación alguna, independientemente de factores políticos, sociales o culturales. El reconocimiento de un listado de derechos y libertades es precisamente la nota más importante de esta forma de Estado y tanto es ello así que recibe el nombre de Estado liberal.  La evolución histórica de las declaraciones y reconocimientos de los derechos de las personas han tenido como constante la contemplación del derecho al debido proceso como garantía de primer orden para todas las personas.  Dentro de este orden de ideas se enmarca el derecho del debido proceso. 3. El debido proceso. La garantía del debido proceso se encuentra consagrada en nuestra Constitución Política en el artículo 29 que dispone: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido  por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgados dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida, con violación del debido proceso". La garantía del debido proceso está integrada por una serie de elementos que le son consubstanciales  y que en últimas le dan un contenido concreto.  La Constitución Nacional consagra el debido proceso cuando contempla "Que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio".  Igualmente consagra nuestra Carta Magna normas especiales orientadas a preservar con la mejor eficacia el debido proceso en asuntos de naturaleza penal y es así como se establece entre otras, las reglas de la aplicación preferencial de la permisiva o favorable sobre la ley restrictiva o desfavorable aún cuando sea posterior; la presunción de inocencia, el derecho de defensa y asistencia legal; el del proceso público y expedito; la posibilidad de presentar y controvertir las pruebas en derecho y la oportunidad de oponerse a las sentencias condenatorias y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El debido proceso se aplica, en su concepción genérica a toda clase de actuaciones y procedimientos judiciales y administrativos.  Los principios establecidos en la Carta constituyen fundamento para todas las actuaciones que se surtan ante las autoridades públicas, pero estas disposiciones constitucionales del debido proceso se desarrollan y concretan mediante la incorporación legal, pues es la ley la que se encarga de realizar las previsiones procesales que permitan a todas las personas el acceso a la justicia y la definición de derechos bajo el amparo de este principio constitucional.  En este sentido la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 31 de agosto de 1989 indicó: "La Constitución exige que el juzgamiento se lleve a cabo 'observando la plenitud de las formas de cada juicio',  pero no define tales formas, de manera que corresponda a la ley, en primer lugar, luego a la Corte, fijar la manera como debe estructurase el debido proceso y, dentro de éste, el derecho de defensa."   (Sentencia No. 54.  Expediente No. 1927 de 31 de agosto de 1989. Magistrados Ponentes:  Dres. Jaime Sanín Greiffenstein y Dídimo Paéz V.). 4.      El debido proceso y las causales de impedimentos y recusación. El debido proceso entendido como el conjunto de trámites y formas que rigen la instrucción y resolución de una causa, en cualesquiera de las jurisdicciones, es garantía para la debida protección y el reconocimiento de los derechos de las personas.  Dentro de este entendido se ha previsto una serie de garantías de independencia y ecuanimidad para quienes tienen como misión la administración de justicia. Consciente el legislador de la naturaleza humana de quienes administran justicia y con el fin de que los jueces sean imparciales, ha establecido una gama de causales que, de existir, pueden restarle objetividad  a la intervención del fallador.  Para garantizar a los litigantes el adelantamiento imparcial de los procesos y permitirles a los jueces eximirse de intervenir en los juicios en donde no puedan tener absoluta imparcialidad, la ley faculta a aquéllos para que recusen a los jueces y a éstos para que se declaren impedidos. Recusación e impedimento  son, pues, nociones que guardan íntima conexión  y que buscan el mismo fin de asegurar la idoneidad de los juzgadores.  En tratándose  de  la recusación, las partes manifiestan al Juez que, en virtud  de las causales taxativamente determinadas por la ley, debe separarse del conocimiento del proceso.  El impedimento por el contrario parte del Juez y va hacia los litigantes; es el Juez quien, también en atención a las causales de recusación, le dice a ellos que no puede aprehender el conocimiento del asunto. La sentencia que se revisa señala con irrefutable claridad que la conducta desplegada por el Juez de primera instancia al acatar lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 "por el cual  se reglamenta  la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" y manifestar que se encontraba incurso  en una causal de impedimento, fue la correcta.  En efecto, cuando el Juez se declara impedido brinda un elemento más de imparcialidad en claro beneficio de las partes.  Que fue lo acontecido en el evento sublite en que dicho Juez había intervenido anteriormente en el trámite del reclamo presentado por el Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte por su clasificación en lista 4 correspondiente al lapso de 01-11-88 a 31-10-89, asunto éste sobre el cual versaba la acción de tutela incoada por este último. La causal alegada  es la establecida en el artículo 473 No. 4 del Código Penal Militar que señala: "4.  Haber sido el Juez o el Magistrado apoderado o defensor de alguna de las partes, o ser o haber sido contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, o haber sido perito o testigo en el mismo, o haber sido denunciante o querellante".  ( Subraya la Sala). Esta causal de impedimento corresponde a la establecida en los artículos 103 numeral 4o. de los Códigos de Procedimiento Penal, (Decreto 50 de 1987 y Decreto 2700 de 1991 -nuevo Código de Procedimiento Penal- ) a cuyas causales en materia de recusación e impedimentos, se remite  el susodicho Decreto  2591 de 1991. 5.      El Debido Proceso y la suspensión del Proceso. La institución de la suspensión del proceso, tiene el efecto, como su nombre lo indica, de que mientras dure la causal que ha dado lugar a ella, cesen las actuaciones que normalmente se cumplen en el seno del mismo, del Juez y de las partes. La suspensión del proceso, en el estado en que se encuentre, ocurre en los casos, entre otros, de acumulación de procesos ( art.159 C. de P.C., art. 88 del Decreto 50 de l987 y art. 93 del Decreto 2700 de l991 -Códigos de Procedimiento Penal-) y de impedimentos y recusaciones ( art.154 C. de P.C.; art. 114 del Decreto 50 de l987 y art.111 del Decreto 2700 de l991; art. 480 del Código Penal Militar). Pues bien, los autos enseñan que el Tribunal Militar mediante decisión de 27 de enero de l992 resolvió aceptar el impedimento manifestado por el Almirante Gustavo Angel Mejía, Juez de Primera Instancia y en consecuencia con ello, en cumplimiento del artículo 476 numeral 1o. del Código Penal Militar y del artículo 23 del Decreto Reglamentario 1582 de l990, "para los efectos aquí previstos", ordenó comunicar lo pertinente al señor Comandante General de las Fuerzas Militares. Estas normas previenen que cuando se acepte un impedimento o recusación respecto de jueces de primera instancia corresponde a ese alto militar nombrar su reemplazo. Precisamente encontrándose tramitando la designación del nuevo Juez por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares, presentó el Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte el 30 de enero de l992, es decir, al tercer día, la acción de tutela cuyo trámite ahora se cuestiona, cabalmente hallándose suspendido el proceso por razones de impedimento y en parálisis el desarrollo del mismo. Por ello el proceso se  desenvolvió dentro de la regulación pertinente de las normas procesales y no se desconoció el derecho al debido proceso. De ahí también que la H. Corte Suprema de Justicia acertadamente no admitiera el cargo de aquél de violación de dicho derecho y calificara de apresurada la instauración de dicha acción. Posteriormente y en su oportunidad se escogió en la Armada Nacional al Juez de primera instancia sustituto, el proceso continuó su curso normal y terminó con sentencias de fechas  28 de febrero de   1992  del   Juez  de primera   instancia  y  13  de marzo de 1992 del Tribunal Superior Militar, en segunda instancia, llegadas posteriormente a esta Corte en sede de revisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE : Primero:  Confirmar la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia de el 17 de febrero de 1992 en el caso de petición de tutela presentada por el Capitán de Corbeta (r.) Marceliano Corrales Larrarte, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo:  Comuníquese la presente decisión al Despacho judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Envíese copia de esta providencia al Juzgado de primera instancia para la Armada Nacional y al Tribunal Penal Militar. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON         JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                   Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-446-92 Sentencia No Sentencia No. T-446/92 DERECHO AL TRABAJO-Límites/EJERCICIO DE PROFESION El que la Carta Fundamental asegure el derecho al trabajo dentro de la esfera de los derechos constitucionales de la persona y por tanto le de el status de Derecho constitucional fundamental, no significa que pueda ejercerse en todo momento, lugar y oportunidad con independencia de condiciones personales objetivas y de materia.  Obviamente, tanto los disposiciones legales como los límites contractuales y reglamentarios no pueden llegar a suprimir el núcleo esencial del derecho mismo radicado en una persona o en un grupo de personas con base en odiosas y ofensivas causas violatorias de los Derechos Fundamentales, hasta el punto de desconocerlo, situación que no se presenta en los hechos que configuran el caso que se atiende, pues el peticionario puede ser llamado por cualquier graduando para efectos de ser contratado en cada evento en que se verifique un acto de grado en las instalaciones de la mencionada Universidad. SALA  DE  REVISION No. 5 REF : Expediente No. T-1511 Acción de Tutela interpuesta contra la Universidad de Antioquia y su Rector o Vicerrector. Peticionario: GUILLERMO ALBERTO FRANCO ESTRADA. Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ. Santafé de Bogotá D.C., julio ocho (8) de mil novecientos noventa y dos (1992). La  Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas el seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992) por el Juzgado Undécimo de Instrucción Criminal radicado en la ciudad de Medellín, y el veintisiete (27) de dichos mes y año por el Tribunal Superior de Medellín en Sala de Decisión Penal. I. ANTECEDENTES A. La Petición 1. Con fecha de enero 23 de 1991, Guillermo Alberto Franco Estrada, mayor de edad y ciudadano en ejercicio, presentó ante el Juez de Instrucción Criminal de Reparto en la ciudad de Medellín, un escrito en el que propone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra la Universidad de Antioquia, y su Rector o Vicerrector. 2. Los hechos que señala el peticionario como causa del ejercicio de la citada acción se resumen como sigue: a-   Durante más de dieciocho años, el señor Franco Estrada ha ejercido la "profesión de fotógrafo" y ha derivado de esta actividad el sustento de su hogar; ahora, la Universidad de Antioquia o sus directivos, "han ordenado a los porteros y al Jefe de Seguridad que impidan la entrada de fotógrafos a las ceremonias de grado, con fundamento en que la Institución cuenta con fotógrafos exclusivos". En virtud de esta orden, el interesado no ha podido ejercer su profesión en las mencionadas ceremonias, e inclusive ha sido objeto de amenazas y del ejercicio de la fuerza física por parte de los porteros y del jefe de seguridad de la Universidad. b- Estima que la ceremonia de graduación en cualquier centro de educación del país es un acto público y nunca privado, ya que se cumple en nombre y por autoridad de la República de Colombia. c- Que la citada Universidad es una entidad oficial en la que prevalece el principio de la igualdad aplicable a todas las personas, con independencia del acto que se pretenda realizar. 3. Como petición específica el accionante demanda la tutela del Derecho Fundamental al Trabajo y de su "derecho a ejercer la profesión de fotógrafo" en las ceremonias de grado en la Universidad de Antioquia; en consecuencia, pide que se oficie al Rector o al Vicerrector de dicha Universidad para que se suspenda la orden que prohibe la entrada de fotógrafos y en especial, la suya a las ceremonias de grado, y que si es del caso se ordene que la Fuerza Pública le brinde protección para poder ejercer su derecho. B. Las Sentencias que se Revisan 1. La Sentencia del Juzgado Once de Instrucción Criminal a- La Decisión: Por reparto, el conocimiento de la petición  correspondió en primer término al Juzgado Once de Instrucción Criminal, radicado en la ciudad de Medellín; ese Despacho resolvió sobre la solicitud en fallo fechado el seis (6) de febrero de Mil Novecientos noventa y dos(1992), en el que ordena "No acceder a las peticiones el señor Guillermo Alberto Franco Estrada, en el sentido de obligar a las autoridades de la Universidad de Antioquia a que se le permita el acceso como fotógrafo profesional a ejercer esta actividad en las ceremonias de grado que allí se celebran. Esta decisión conlleva la negativa de oficiar a la Universidad para que se le permita el acceso a sus instalaciones, mucho menos se le prestará protección policial para estos eventos". En otro apartado la providencia en examen y con las advertencias pertinentes, concede el recurso de impugnación previsto en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. El Despacho adelantó la sustanciación de la petición y ordenó su ratificación y ampliación; notificó de la petición y  solicitó explicaciones a la Universidad contra la que se dirigió la acción. b- Las Consideraciones de Mérito: El Juzgado se negó a acceder a la petición formulada, con base en las consideraciones  que se resumen enseguida: - El solicitante, además de fotógrafo es empleado municipal y percibe por sus trabajos una cantidad considerable de ingresos que desvirtúan el cargo basado en su dependencia económica de las actividades que eventualmente realiza en las instalaciones de la Universidad. - La última oportunidad en la que el accionante intentó ingresar a la Universidad en actividad de fotógrafo para las ceremonias de grado y se le impidió el acceso ocurrió "hace un año,  de donde se concluye que no se le está conculcando una especie de derecho adquirido...". Agrega la providencia que el acceso, a la Universidad fue restringido hace más de tres años y desde entonces el peticionario no ha podido ejercer su profesión en las mencionadas instalaciones. - La restricción del acceso a las instalaciones de la Universidad y las medidas preventivas tomadas obedecen a razones relacionadas con problemas de seguridad conocidos por la ciudadanía. - Encuentra el citado Despacho que la restricción señalada por el peticionario  no obedece a su condición de fotógrafo profesional, sino a la imposibilidad de identificar por razones de seguridad, quiénes lo son y quiénes no; tampoco existe límite para que los graduandos y sus familiares contraten los servicios de cualquier fotógrafo. - El sentido común enseña que existen situaciones que exigen reglamentación para precaver  problemas de seguridad entre otros; así, la misma Constitución "...en su artículo 26 dice que las autoridades competentes inspeccionarán  y vigilarán el ejercicio de las profesiones...". En este sentido advierte que el accionante no posee la tarjeta profesional de fotógrafo. - No obstante que la citada Universidad sea un ente oficial y las ceremonias de grado se verifiquen en actos públicos, nada impide que en el régimen interno de aquella se tomen las medidas que se consideren necesarias para su disciplina interna, su organización y subsistencia; entre ellas, las restricciones del acceso de personas extrañas a la comunidad universitaria. - Por último, advierte que sería una consecuencia positiva de la actuación de la Universidad con el fin de asegurar el acceso a sus instalaciones, el establecimiento de un registro de personas que quisieran ejercer oficios, artes,  o profesiones. 2.  La Sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal. a.   La Previa Impugnación. Dentro del término legal el señor Guillermo Alberto Franco Estrada impugnó la sentencia del Juzgado Once de Instrucción Criminal de Medellín que negó su solicitud de tutela, fundamentando su insistencia en las siguientes consideraciones: - Las autoridades de la Universidad reconocen la restricción al ejercicio del Derecho fundamental al Trabajo en su caso, pero invocan como fundamento de la misma la necesidad de establecer medidas de seguridad ante el estado de inseguridad de la ciudad y de la propia institución educativa. Estima que los fotógrafos no son los causantes del citado estado de inseguridad y que no son ellos los terroristas; afirma que él y sus colegas no pueden ser tratados como delincuentes cuando se trata simplemente de ejercer su profesión lícita y reglamentada por la Ley 20 de 1991. -   La universidad distribuye los nombres y las direcciones de los graduandos sólo a ciertos fotógrafos que los visitan en nombre de aquella con carácter excluyente. -   No obstante, ser empleado oficial y devengar un salario por ello, el Juzgado no tiene en cuenta cuánto deja de percibir con la prohibición. - Las normas internas de la Universidad no pueden contrariar las disposiciones constitucionales, mucho más cuando la misma Constitución señala que aquella es norma de normas, que deberá aplicarse en todo caso de incompatibilidad con otra norma dentro de los fundamentos del nuevo "Estado Social de Derecho" que aparece declarado desde el Preámbulo. El reglamento o la orden del Rector es inaplicable por inconstitucional, pues viola el Derecho al Trabajo; este Derecho constitucional no se pierde o adquiere por prescripción y el hecho de no asistir desde hace tres años a los actos de graduación se debe a que no se le permite su ingreso. El Trabajo como Derecho Constitucional Fundamental es, además, una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado que aparece ahora condicionada por los principios del "Estado Social de Derecho". -  El ejercicio de las profesiones puede ser vigilado pero no prohibido, mucho más si el artículo 84 de la Constitución advierte que cuando un derecho o actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. b.   La Decisión y sus Consideraciones El Tribunal Superior de Medellín, en Sala de Decisión, confirmó el fallo del Juzgado Once de Instrucción Criminal radicado en aquella ciudad con fundamento en las consideraciones que se resumen enseguida: -  El Trabajo es un Derecho Constitucional Fundamental cuya efectividad debe ser garantizada; empero, "...la universidad de Antioquia, como campo de acceso restringido tiene la facultad de establecer el reglamento administrativo interno y con él, el adecuado control de personas, estudiantes, visitantes y de quiénes pretenden ejercer cualquier actividad dentro del establecimiento, máxime frente a las urgidas y reclamadas seguridad, tranquilidad y paz, también fundamentales objetos de protección por parte del estado". Las medidas adoptadas por el centro universitario, en forma alguna entorpecen el ejercicio de una profesión, pues son adoptadas como saludable reglamentación genérica ante la necesidad anotada y sólo circunstancialmente impiden al peticionario ingresar a dicho lugar. La restricción atacada también encuentra razón de ser constitucional en el carácter fundamental que tienen,tanto el derecho a la inviolabilidad del domicilio y del lugar de  trabajo, como el derecho a la seguridad, a la privacidad y a la intimidad, mucho más si se tiene en cuenta que el artículo 16 de la Constitución señala como límites del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, aquellos impuestos por los derechos de los demás y por el orden jurídico, entre los que se encuentran las medidas adoptadas por la Universidad de Antioquia para la seguridad de sus instalaciones y de las personas que las frecuentan. - El Tribunal encuentra que el acto que genera la restricción anotada es la circular No. 39 de Octubre 25 de 1990 (fls. 11 y 12) que, por ser de carácter general impersonal y abstracto, puede ser atacado por otras vías judiciales; además, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 2591 de 1991, dicho acto no puede ser objeto de la acción de tutela. II. CONSIDERACIONES Primera :   La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las sentencias de la referencia, en atención a lo  dispuesto por los artículos 86, inciso tercero  y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del  Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda: La Petición Formulada y la Actividad Judicial de la Corte. A. Del examen del escrito presentado por el peticionario Guillermo Alberto  Franco Estrada, se deduce que su principal pretensión es la de obtener, por vía de la Acción de Tutela, una orden judicial que le asegure el acceso a determinadas dependencias de las instalaciones de la Universidad de Antioquia, en las precisas oportunidades en las que se celebran actos de graduación, para efectos de ejercer el oficio de fotógrafo que eventualmente cumple. Además, cabe advertir que de lo que se trata en la cuestión puesta al examen de la Jurisdicción de Tutela en el caso de las sentencias que se revisan, no es en verdad un conjunto de hechos en los que se discuta la Libertad de Escoger Profesión u Oficio, ni de conflictos sobre los derechos  constitucionales fundamentales en una especial relación de trabajo, ni en los que esté de por medio una concreta reclamación de condiciones  dignas y justas entre patrono y trabajador. Para obtener aquel pronunciamiento judicial, el señor Franco Estrada alega como violado el Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional; además, estima como violado el  Principio Constitucional de la Igualdad de todas las personas.  También considera que la autoridad pública causante de la lesión que señala, es la Universidad de Antioquia y su Rector o su Vicerrector, como autoridades administrativas que en dicho plantel han ordenado que se impida su ingreso a  las dependencias en las oportunidades que se señalan.  No obstante lo anterior, -se repite-  la Corte encuentra que la cuestión jurídica sustancial que propone la petición del señor Franco Estrada, se encamina en sus verdaderos alcances a lograr que por la jurisdicción de tutela se declare que el Derecho al libre ejercicio del oficio de fotógrafo, se debe respetar plenamente en todo lugar público en que se encuentre quien lo practica. Se trata de obtener una interpretación de las disposiciones constitucionales relacionadas con el Derecho al Trabajo que le de a éste un alcance absoluto en términos de asegurar en todo momento y lugar su ejercicio sin limitación alguna; para dicho propósito el peticionario pretende desprender de las nociones constitucionales de "Estado Social de Derecho" y de sus nuevas proyecciones jurídicas en relación con la igualdad de las personas, la conclusión que le asegure su petición. B. La Corte Constitucional llega a la anterior conclusión después de examinar en detalle la situación jurídica planteada en las actuaciones judiciales, en virtud de las cuales se le dio el trámite constitucional y legal correspondiente a los escritos en los que se sustenta la petición de tutela que fue negada;  ahora, la especial función de revisión de este fallo que le corresponde a la Corte Constitucional, previa la selección ordenada por la Sala competente, se verifica con el fin de sentar la jurisprudencia que en esta materia debe seguirse, mucho más teniendo en cuenta que el tema en cuestión compromete diversos aspectos de trascendental importancia que deben ser dilucidados en esta sede judicial. Con este propósito, la Corporación adelantará su aproximación interpretativa sobre los elementos normativos que integran las nociones constitucionales de "Estado Social de Derecho" y del Derecho al Trabajo en sus varias regulaciones, pues los enunciados correspondientes exigen un cuidadoso examen, dada su relevancia para la definición del caso que se analiza en esta oportunidad. C. Para dicho fin, la Corte Constitucional observa que según su Preámbulo, la Constitución de 1991 fue sancionada y promulgada con el objetivo de asegurar el trabajo a los integrantes de la Nación, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo; en este sentido, para lo que a este asunto corresponde, se encuentra que el Constituyente también se ocupó de regular el ámbito de la protección al trabajo como Derecho Constitucional Fundamental en varios de sus elementos más relevantes como son el Derecho a escoger libremente profesión u oficio (art. 26) y el Derecho al Trabajo propiamente dicho que goza en todas sus  modalidades de la especial protección del Estado y que consiste en la garantía de que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25). En el ámbito de los derechos sociales y económicos, el constituyente fue mucho más allá de hasta donde habían llegado la Carta Constitucional de 1886 y todo el conjunto de la legislación laboral interna, al impregnar con sus principios y valores, lo mismo que con sus objetivos y normas, de un especial sentido de justicia social y de dignidad de la persona del trabajador, al conjunto global de las relaciones sociales. No sobra advertir que  estos elementos , como conceptos jurídicos abiertos, sirven dentro del marco de una Constitución como la de 1991, para fundamentar  la actividad de todos los Organos del Poder Publico y su lectura de la Constitución regulada por el derecho, así como  sus compromisos con las distintas fuerzas políticas y sociales en la dinámica de la Comunidad política, organizada bajo  la forma que diseñó el Constituyente; empero, cabe destacar que aquellos términos de las disposiciones constitucionales de carácter programático, son objeto permanente de la actividad de la jurisdicción constitucional y a esta corresponde señalar con certeza su alcance y sus contenidos para darle a la Carta su vigor como norma básica de convivencia social y política, mucho mas ahora dentro de las finalidades básicas y generales establecidas por el constituyente de 1991 de hondo carácter pluralista. D. La regulación constitucional a que se hace referencia en estas consideraciones del fallo, parte del supuesto según el cual el Derecho al Trabajo es una de las conquistas más trascendentales en el desarrollo de las modernas sociedades, y expresa, en sus distintos estadios evolutivos, una de las manifestaciones  específicas de la libertad del hombre que se dirige a fortalecer su dignidad frente a los demás, sean estos los patronos, las empresas, los gobernantes o los otros ciudadanos. Tercera:   El Nuevo Concepto de Estado Social de Derecho A. Para efectos del examen que impone la revisión de las sentencias de la referencia, y con fines apenas ilustrativos, se tiene de modo general que la Constitución Política de 1991 declara en su artículo 1o., como una de las grandes transformaciones de nuestra organización política, que la pone a tono con las tendencias del Derecho Constitucional contemporáneo, que Colombia "es un Estado social de derecho....organizado en forma de República unitaria ..fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas...". Adviértase que para la Corte Constitucional las anteriores expresiones son parte de la manifestación de los criterios de autodefinición del Estado que significan en principio sus opciones fundamentales y orientadoras del proceso político y social; igualmente, son la expresión de la formula política elaborada por el constituyente con miras en la coherencia sistemática del orden constitucional e informan el resto del ordenamiento jurídico; empero, no es suficiente su interpretación finalística para obtener de aquellos enunciados sus verdaderos alcances. Para ello se requiere su examen sistemático e histórico, pues, en primer lugar, dicha fórmula es presupuesto indisponible del entendimiento de cualquiera otra norma que forme parte de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y, de otra parte, es el resultado de la evolución del derecho Constitucional en general, y de su desarrollo en nuestro país en particular. Sin embargo, cabe advertir que la expresión "Estado Social de Derecho" no es unívoca, ni ha sido definitivamente incorporada en un solo sentido, ni por la doctrina ni por la dogmática constitucional; por el contrario, sus vicisitudes históricas y sus antecedentes hacen de aquella una expresión normativa bastante compleja que exige ser determinada en su versión jurídico constitucional. En líneas generales, el precepto señalado presupone la conformación de unas nuevas dimensiones ideológicas y orgánico-institucionales del Estado que le permiten administrar servicios, coordinar procesos, regular bienes y adelantar la intervención necesaria en el campo económico y social con el propósito de asegurar la realización de los valores fundamentales de la vida social; además, éste nuevo cuerpo doctrinario permite a la sociedad en general, que  oriente la superación del viejo esquema del Estado Liberal predominante durante casi todo el transcurso del siglo XIX, y de sus iniciales evoluciones surgidas después de la primera guerra mundial, denominadas genéricamente Estados intervencionistas por sus contenidos compromisorios entre las clases sociales( Welfare State). La nueva dimensión ideológica y estructural de la Carta que se refleja en el ámbito de sus postulados sociales,  en los fines del Estado y en los principios y valores en ella consagrados, y en particular en lo que se relaciona con el Derecho al Trabajo, resume, ahora, tanto las nuevas nociones de Estado Social de Derecho, como las de Constitución y  Estado Pluralista, las que   se examinan en estas reflexiones. B. En principio, y conforme a las primeras definiciones del Estado Liberal, este debía dejar libre al hombre en sus relaciones con la Sociedad, de manera que su función se limitaba a mantener el orden y la paz pública interna en la búsqueda del bien común que correspondía a los hombres y al desarrollo de sus capacidades; posteriormente, y como se verá enseguida, las primeras evoluciones del cuerpo doctrinario de pensamiento liberal en los inicios de este siglo, condujeron al establecimiento de fórmulas meramente declarativas de compromisos en favor de los derechos sociales que no pudieron consolidarse en verdaderas salidas democráticas a las confrontaciones propias de sistemas políticos y económicos dualistas, y que se precipitaron con las dictaduras europeas y latinoamericanas de las primeras cuatro décadas del siglo.  Así, aquella expresión fue acuñada por Herman Heller en 1919, con el principal propósito de impregnar al Estado de los nuevos compromisos frente a la sociedad, y se confunde con los contenidos doctrinarios del llamado Constitucionalismo Social. Así, en nuestro país, el anterior esquema histórico propio del Siglo XIX,  a la par de las reseñadas tendencias generales de los estados liberales surgidos después de la primera postguerra, comenzó a ser desmontado muy lentamente desde la Reforma Constitucional de 1936; ésta, también impuso en nuestro medio, la consagración normativa del deber de intervención del Estado en la economía y la relativización de los derechos fundamentales de carácter económico, al imponer la función social de la propiedad y los correlativos derechos sociales en cabeza de las clases menos favorecidas dentro del esquema de las relaciones capitalistas del poder y de la economía, como son el derecho a la huelga y al trabajo y  la especial protección de éste. C. Ahora bien, es preciso tener en cuenta previamente que  la citada declaración de principios de la Carta de 1991, supone una redefinición fundamental de los elementos ideológicos que inspiran al Derecho Constitucional Colombiano en este nuevo cuerpo normativo supremo, y comporta su adhesión a los más actuales estadios de la evolución del pensamiento democrático y social, resumidos en la corriente del constitucionalismo pluralista y que se expresa en la figura del Estado Social y Democrático de Derecho; empero, este cambio sustancial no es producto de una ruptura coyuntural y sobrevenida; mas bien, él   se enmarca dentro de nuestras propias transformaciones y dentro del influjo del pensamiento constitucional contemporáneo que penetra con sus aportes el amplio espectro de nuestra organización jurídica. Esta calificación del Estado conduce no solo a la transformación funcional y estructural de este como se ha advertido, sino ademas, a la mayor relevancia jurídica  del principio de la igualdad de las personas, al establecimiento de especiales reglas jurídicas de rango constitucional que regulen en dicho nivel normativo los distintos procesos económicos de la sociedad teniendo en cuenta los protagonistas de los mismos, y el especial reconocimiento y garantía, incluso judicial, de determinados derechos y libertades de contenido económico, social y cultural. D. Cabe tener en cuenta que las primeras constituciones de compromiso de clase propias de los inicialmente denominados estados sociales, se erigen en Europa como solución prototípica de naturaleza constitucional para atender jurídicamente a la búsqueda de reformas sociales que reclamaban las organizaciones sindicales y partidistas de los conglomerados populares. El ejemplo más importante y representativo de estas tendencias lo configura la Constitución del Estado Alemán, llamada Constitución de Weimar, que propone numerosos compromisos materiales denominados en su momento derechos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo; dicha Constitución dejó abierta, y en manos del legislador, con la participación política del electorado, la posibilidad de profundas reformas económicas y sociales en el sentido de la ampliación y consolidación de la justicia social entre las fuerzas del capital y las del trabajo. Aquella solución esencialmente dualista, también dejó abierta la posibilidad de la confrontación política y social, y los riesgos que esta implicaba fueron sufridos por las naciones que no pudieron consolidar un esquema de estabilidad y de defensa del orden democrático  con régimenes de partidos competitivos y renovables. E. Bajo este contexto histórico y normativo, los clásicos derechos de los cuales dependía la estructura fundamental y ultima de la sociedad, como el derecho de propiedad y el derecho de iniciativa económica privada, son igualmente reconocidos, pero al mismo tiempo son relativizados con base en los intereses sociales generales que podían ser atendidos por la ley. De otra parte, aquella transformación política y jurídica condujo paulatinamente en nuestro país, y más progresivamente en otras latitudes, a la consagración de los supuestos normativos del ahora entre nosotros denominado y redefinido "Estado Social de Derecho", para asegurar no sólo la garantía de la inviolabilidad de las libertades y de los derechos humanos del más puro y originario sentido racionalista y voluntarista y de los derechos sociales, sino para proponer, promover y adelantar todas las acciones posibles, tendientes a lograr que se realicen al mismo tiempo las exigencias siempre cambiantes y progresivas de la justicia social; igualmente, esta tendencia condujo a la ampliación de los derechos de contenido social y colectivo, y al reconocimiento de los fenómenos de masificación de las relaciones jurídicas con un nuevo núcleo de vías de protección de aquellos intereses. F. Después de la segunda guerra mundial, la Constitución asume un significado nuevo y particularmente complejo, pues es considerada en adelante como el ordenamiento jurídico de las funciones del Estado y como el instrumento fundamental que permite la determinación de los valores de la vida social; en este sentido, la principal tarea de los estados salidos de las crisis políticas y militares que generaron aquella conflagración, fue la de gestar las bases de una nueva convivencia no solo política sino fundamentalmente social. Para ello, las Constituciones no se ocupan solo de la organización de los aparatos e instrumentos del Estado sino, principalmente, de la organización social en procura de una permanente articulación y composición del orden siempre amenazado; así, el derecho constitucional asume la tarea de redefinir la sociedad y de darle, en el nivel normativo de su organización, los valores en los que se inspira la concordia social y política, para que estos fuesen desarrollados por las fuerzas en contienda conforme a definiciones jurídicas ciertas e indisponibles que se desprenden del examen  y de la lectura jurídica de la Carta Fundamental. La segunda postguerra permite al derecho constitucional afirmar la maduración de los elementos que desde los inicios de este Siglo rodeaban la vida de los estados liberales y contra los cuales habían luchado las fuerzas totalitarias; en este proceso se destaca el reconocimiento y la incorporación de las fuerzas sociales que habían permanecido por fuera del Estado y se abren nuevas sedes políticas y nuevas vías de participación a los distintos sujetos sociales con el propósito de obtener su acuerdo sobre las bases del orden normativo erigido con vocación de generalidad. Dentro de este marco de reflexiones y de tendencias, cada fuerza, grupo, sector o sujeto de la sociedad queda habilitado jurídicamente para luchar por mejorar su posición, pero en el interior de un contexto signado por la presencia de muchas fuerzas políticas, económicas y culturales. Estas Constituciones son el fruto del acuerdo común entre numerosos grupos que en ellas buscan conservar su propia identidad para elaborar un proyecto político y social general, e irradiar, no solo cada ángulo de lo político, sino todos los ámbitos de la vida social. En este orden de ideas, el Derecho Constitucional da forma a sistemas normativos abiertos de conformidad con la pluralidad de fuerzas que en él se encuentran, y supera los anteriores esquemas cerrados de disposiciones constitucionales rígidas, para permitir, dentro de los marcos de legalidad, de la supremacía jurídica de la Carta y de la vigencia ampliada de la jurisdicción constitucional de la libertad, una más dinámica proyección de la democracia y de la justicia social. El proceso evolutivo que se acaba de reseñar ha ejercido en nuestro medio notoria influencia en el constituyente de 1991, y sus rasgos definitorios aparecen reflejados in extenso en buena parte del texto constitucional; en consecuencia, sin que sea la oportunidad para que la Corte se ocupe de un examen más detallado de estos temas, procede la observación que indica que la lectura jurisprudencial de la normatividad constitucional que ahora rige la vida de los colombianos, debe detenerse en la comprensión de estos fenómenos de reciente factura histórica pero de trascendental y definitiva importancia. Cuarta:   El Trabajo en la Constitución A. Según lo visto,  los grandes cambios sufridos por las organizaciones políticas  en las últimas décadas de este Siglo, confieren a las estructuras orgánicas y administrativas del "Estado Social de Derecho", el papel de promotoras del desarrollo y de la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos políticos y económicos; en esta órbita de aspiraciones políticas y sociales, se encuentra en un plano prevalente el Derecho al Trabajo, que es elemento esencial en el orden de la convivencia humana. B. El Trabajo, como factor fundamental de los procesos económicos y sociales,  resulta  de  primordial importancia en razón de que posibilita los medios de subsistencia y la calidad de ésta para el mayor número de la población y de él depende de manera general el crecimiento y desarrollo económico.  También, de él se desprenden variadas y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes en punto a los intereses que en ellas se traban; esta naturaleza básica  del Trabajo, reconocida por el Constituyente de 1991 desde el Preámbulo de la Carta, también manifiesta en su contenido finalístico el propósito de asegurarlo de manera prioritaria, ante otros objetivos del Estado. Desde todo punto de vista argumental, las precedentes consideraciones son pertinentes por cuanto deben estar presentes en la inteligencia que el intérprete haga de las normas constitucionales en torno al trabajo humano y sobre las respectivas disposiciones constitucionales aplicables. C. La Constitución  regula el factor trabajo dentro del sistema productivo y económico-social en varias disposiciones que permiten distinguir conceptual y normativamente entre la Libertad de Trabajo, el Derecho al Trabajo y el Deber de Trabajar.  Este concepto fundamental comprende los tres elementos, así: 1- El primero, que otorga al hombre la libertad o derecho para escoger profesión,  oficio u ocupación, según su parecer, actitudes, gustos o aspiraciones, sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad (art. 26 C.N.), tiene las siguientes connotaciones jurídicas. - En sus orígenes, la Libertad de Trabajo fue considerada como una garantía de contenido prevalentemente económico que aseguraba que los fines de la realización individual del hombre pudiesen cumplirse conforme a sus designios e intereses; en etapas posteriores se consideró que la libertad de trabajo no era suficiente para las aspiraciones de la justicia y el desarrollo, pues era evidente que cumplía y permitía cumplir funciones sociales de significación definitiva para la paz pública y el bienestar colectivo. Al resultar la Libertad de Trabajo un ideal difícil de lograr en su plenitud dentro de los régimenes liberales fundados sobre las reglas de la competencia capitalista, y regidos por las leyes de la oferta y la demanda sobre el mercado de trabajo por su cantidad y calidad, los abusos cometidos en perjuicio de los trabajadores impusieron un cambio radical en las relaciones jurídicas dentro de los ámbitos del Derecho Constitucional y del Derecho Laboral, que obligaron al Estado a  reconocer y garantizar no sólo dicha libertad, sino a regular al mismo tiempo todas las formas de contratación y empleo, tanto en lo individual como en lo colectivo, para defender la dignidad del trabajador y para obligar a la utilización racional de los recursos humanos, con miras en el pleno empleo dentro de políticas de ingresos y salarios, conforme a las cuales el desarrollo económico  tuviera como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular (art.  32 C.N. de 1886). Esta garantía individual estuvo ligada al derecho de todas las personas de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajos lícitos que le acomodaren, e implicaba que cualquier persona quedaba facultada para ejercer una actividad industrial, profesional o comercial, sin más limitación que la autorizada por las leyes; igualmente, dentro del ámbito señalado por la ley y de conformidad con las funciones propias del poder de policía, las autoridades estaban facultadas para inspeccionar las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas (art. 39 C.N. de 1886).  Con base en lo anterior, se estimó que de no existir lesión o agravio a un tercero o a la  sociedad en general, ninguna persona se encuentra obligada a la prestación de ningún servicio si no es su voluntad hacerlo y si no es recompensada con el  pago de una retribución económica, esté convenida o no. La libertad de escoger profesión u oficio, como Derecho Constitucional Fundamental, fue complementada con base en la especial garantía que se le dio a estas aspiraciones en las primeras etapas del "Estado Social de Derecho", al ser objeto de la especial protección del Estado y al ser considerado el trabajo como una obligación social (art.17 C.N. de 1886). En este sentido la Libertad de Trabajo y su expresión específica dentro del Derecho del Trabajo , condujo en esencia a la configuración de un conjunto sistemático de regulaciones normativas de rango legal y a un cuerpo doctrinario de extendida aceptación en el ámbito nacional y en las proyecciones internacionales del Derecho del Trabajo que pueden resumirse de modo breve en los siguientes términos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo salvo por resolución judicial; nadie puede ser obligado a realizar trabajos personales sin justa retribución, salvo el correspondiente a determinadas funciones públicas de  carácter obligatorio  y gratuito; no es válida ninguna convención, pacto o contrato en la que se menoscabe la dignidad o la libertad del hombre o el derecho a la absoluta libertad de trabajo y por tanto el derecho a ejercer determinada profesión, industria o comercio; una relación de trabajo sólo puede obligar al trabajador mientras haya sido producto de la libre escogencia de este y no podrá durar más del tiempo que éste quiera dentro de los términos señalados por la ley, es decir, no se podrán celebrar contratos de trabajo de duración perpetua; la prestación de los servicios personales no implica la  renuncia a los demás derechos civiles o políticos de que goza toda persona; las únicas consecuencias por la terminación de la relación de trabajo por parte del trabajador son de orden civil, salvo las consecuencias penales del dolo atribuíble y plenamente probado. - La Libertad de Trabajo no puede traer consigo el menoscabo, ni la pérdida o el sacrificio de la libertad del hombre; de suerte que es fundamental que en la ejecución de su relación laboral,  el trabajador conserve su libertad, sin perjuicio de que deba desempeñar su labor bajo la autoridad del empleador, quien no puede atentar contra la libertad personal de aquélla. Ahora bien, no obstante lo anterior, es preciso advertir que los artículos 16 y 17 de la C.N., preven el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática, también se deduce la Libertad de Trabajo, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 del mismo Estatuto Superior.   Esta advertencia sustancial del Constituyente, pone en claro que los contenidos de la Libertad de Trabajo y del Derecho al Trabajo no llegan ni pueden llegar a comprender su ejercicio ilegal y sin freno,  ni a comprometer el derecho ajeno o a desconocer el orden jurídico; pero ademas, el Derecho a la Igualdad y al Libre Desarrollo de la Personalidad, como elementos básicos que integran las nociones constitucionales de Libertad y de Derecho al Trabajo, se define por el Constituyente con fundamento en las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico y no incluye la consagración de una potestad supralegal de trabajar en todo momento, lugar o sobre toda materia, sino el reconocimiento del Derecho al Trabajo como concepto jurídico positivo previsto para garantizar a todos los individuos la facultad de desarrollar su personalidad y de asegurar con dignidad su subsistencia y su bienestar dentro del marco de la convivencia jurídica entre los asociados. El Estado y las distintas fuerzas que participan en el proceso político, pueden dentro del ámbito  de la Carta y de estos conceptos, ampliar el alcance de aquellas nociones y definir nuevos ámbitos de promoción de bienestar de las personas y de los trabajadores en particular y asegurar reglas nuevas de convivencia pero, al hacerlo, han de tener presente los límites constitucionales que no son otros que las  bases del Estado Social del Derecho. - También, se entiende por Libertad de Trabajo, de acuerdo con la Carta, una expresión voluntaria de la personalidad no sometida a dominio o imposición ni del Estado ni de los particulares y, en rigor, se contrae a la categoría jurídica de la Libertad de escoger o elegir libremente la profesión, el arte, la ocupación o el oficio, que es distinta de la de su ejercicio según las voces de los artículos 25 y 26. En efecto, mientras sobre el ejercicio de las profesiones caben limitaciones por las autoridades competentes, al poderse exigir títulos de idoneidad por la formación académica y al estar sometido a la vigilancia de las mismas, la elección  de aquellas no puede someterse a reglas distintas de las propias de la organización académica y administrativa. -  Ahora bien, es preciso examinar lo correspondiente al ejercicio de las artes, las ocupaciones y los oficios que no exigen formación académica, puesto que según las expresiones de la Carta este puede limitarse en caso de que implique riesgo social. Aunque la Constitución establezca en el ultimo inciso del Articulo 26 que el ejercicio de las profesiones es libre, los términos de este específico enunciado normativo deben interpretarse en el sentido de que la voluntad del Constituyente no se dirige a garantizar de modo absoluto su práctica en todo momento y lugar, ni su goce arbitrario o contra derecho, desprovisto de las regulaciones que impone la sociedad en general; para encontrar los principales criterios que permitan su entendimiento, debe la Corte aproximarse al examen interpretativo de esta disposición con base en los elementos jurisprudenciales que corresponden a su función de guardiana de la Carta. Cabe señalar que la Constitución faculta expresamente el establecimiento de limitaciones  sobre el ejercicio de las artes, ocupaciones y oficios, fundadas en el riesgo social, noción esta que debe ser definida no solo legislativamente, sino también por vía jurisprudencial.  No obstante su importancia en términos de sus precisos alcances, y la novedad que implica para efectos de su definición jurídica, esta noción en principio presupone y comprende los fines del Estado como organización permanente de la comunidad social erigido con fines de asegurar la convivencia; en este sentido no se ocupa la Corte de formular una definición absoluta y global de estas expresiones, ya que los hechos puestos a su consideración en este asunto no dan propiamente lugar a ello; más bien, esta Corporación contrae sus reflexiones judiciales a los hechos del caso en  atenta y prudente espera de nuevas hipótesis lo suficientemente indicadoras para verter su juicio interpretativo al respecto de la noción positiva de riesgo social. Basta señalar que aquella, como limitante de una libertad fundamental, supone necesariamente una lectura restrictiva en la que prevalezca  la esencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas;  empero, dicho criterio debe ir acompañado por la incorporación de un cabal entendimiento de los fines públicos y sociales de la comunidad estatal definidos de modo general por la Carta y abiertos al desarrollo legislativo. Fórmula tradicional, y aún conveniente para lograr desde un punto de vista sistemático una visión jurisprudencial de esta noción, es la que tiene como fundamento el concepto y las instituciones propias del Derecho de policía, como conjunto de instrumentos y objetivos propios del poder de corrección de la conducta de los asociados, radicado en cabeza de la Administración Pública y sus agentes dentro de los límites señalados por la ley y que se endereza primordialmente a la conservación continuada del orden y la paz pública, en términos de moralidad, seguridad y salubridad públicas. En principio,  el riesgo social hace referencia, en un estado social y democrático de derecho a los fines constitucionales del Estado señalados por el Constituyente, y a los objetivos y valores propios del orden constitucional pluralista que permite  desarrollos, compromisos y acuerdos de las fuerzas políticas en juego dentro del conjunto general de la sociedad, con miras y bajo el amparo y guía de la Constitución. - En conclusión, para la Corte Constitucional el libre ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios que asegura la Carta debe entenderse en el sentido que indica que si aquellos son de los que requieren formación académica, la ley bien puede exigir títulos de idoneidad, y las autoridades competentes podrán inspeccionarlos y vigilarlos de modo ordinario, continuado y permanente; también, el artículo 26 que se analiza permite que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica sean ejercidos libremente, salvo cuando aquellas impliquen un riesgo social, caso en el cual pueden establecerse limitaciones relacionadas con dicho riesgo. Lo anterior no significa que  las ocupaciones, artes y oficios que no requieran formación académica y que no impliquen riesgo social según la definición que de éste  haga la ley, puedan ejercerse en todo tiempo y lugar con independencia del derecho ajeno, de los intereses generales de la sociedad y de las demás regulaciones jurídicas vigentes dentro del Estado.  El "libre ejercicio" de estos significa que si no son de los que exigen formación académica, las autoridades no pueden exigir título de idoneidad, y que si no implican riesgo social  no pueden ser inspeccionados o vigilados de modo ordinario, continuado y permanente por las autoridades, empero, siempre deben ejercerse como se ha señalado, dentro de los límites generales del  ordenamiento jurídico y de los derechos de los demás. 2- De otra parte se observa que se  han presentado dificultades para incluir el Derecho al Trabajo en los textos constitucionales, como fue el caso de la República Federal de Alemania, donde se consideró que resultaba extraño a la estructura económica prevista en la misma constitución. El siglo XIX muestra el esfuerzo realizado para que este derecho, tenido por revolucionario, socializante y desestabilizador, pudiera alcanzar rango constitucional sólo a partir de la presente centuria y   como resultado de la función social impuesta a la economía, al rediseñarse el Estado Liberal; en adelante, adquiere el Derecho al Trabajo la dimensión  de un logro del reformismo  concertado (art. 55 C.N.), para resultar compatible con la libertad de empresa y las economías  de mercado. Ahora, el artículo 25 de la C.N. consagra el derecho y el deber de trabajar, indicando que el trabajo gozará de la especial protección del Estado. El primero se reconoce a toda persona "en condiciones dignas y justas"; además, la Carta Política en  el artículo 52,  consagra el derecho al aprovechamiento del tiempo libre, es decir, del no trabajo, reconociendo en favor de los trabajadores y de las personas en general, el derecho a la recreación y a la práctica  del deporte;  también el artículo 54 impone la obligación al Estado y a los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quiénes lo requieran y al Estado  en especial la obligación de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud;  el artículo 55, garantiza el derecho a la negociación colectiva y el deber del Estado de concertar  los conflictos colectivos del trabajo. Igualmente, el artículo 56 garantiza el Derecho de Huelga; el artículo 57 autoriza al legislador para propiciar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas;  el artículo 58 obliga al Estado a proteger y promover las formas  asociativas y solidarias de la propiedad. Estas son expresas previsiones del Constituyente, orientadas todas a fijar las  condiciones generales del Derecho al Trabajo en la Sociedad Colombiana. Especial mención requiere el artículo 53 de la Constitución Nacional, frente a las acciones que se analizan, pues, ésta norma ordena al Congreso  expedir un estatuto del trabajo que tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios constitucionales:  igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de derechos laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; interpretación favorable al trabajador; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones  laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la  mujer, a la maternidad y al trabajo del menor.  Todos estos principios reguladores del Derecho al Trabajo tienen por mandato expreso de la Carta, rango constitucional.  De otra parte, entendido en el sentido de que no se sacrifican tampoco las demás libertades del hombre, el Derecho al Trabajo depende, entre otros, de elementos objetivos como las posibilidades fiscales del Estado y las variables económicas y sociales generadoras de empleo. Por eso, este derecho y las disposiciones, previstas en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 64 de la C.N., fue regulado por el  Constituyente en la categoría que denominó  de los "Derechos Sociales Económicos y Culturales",  lo que también le da status de derecho asistencial, y por lo tanto,   desde este específico punto de vista, no es objeto de la acción de tutela prevista en el estatuto fundamental. Ahora bien, no cabe duda que en nuestro ordenamiento jurídico el Derecho al Trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y, por tanto, en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana; de ahí que su constitucionalización haya sido el resultado de un largo y difícil proceso histórico, en cuyo fondo aparecen las grandes luchas políticas y sociales por la libertad del hombre. El Derecho al Trabajo está hoy encuadrado entre los derechos  sociales y libertades económicas, pero es claro, como lo ha señalado la doctrina en estas materias, que los derechos sociales no constituyen más que una parte de las libertades de contenido económico, que a su vez constituyen un conjunto más desarrollado de las libertades públicas. Analizado desde este punto de vista, el Derecho al Trabajo implica el derecho a obtener un empleo, pero ello no quiere decir, como también se encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho establezca la prestación y el ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que  se halle en condiciones de realizarlo; aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito  y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito de la función pública. Tampoco implica que las profesiones, artes, ocupaciones u oficios puedan ejercerse en todo lugar y tiempo y sobre todas las materias; aquellos están limitados obviamente por el derecho ajeno, por la ley e incluso por el reglamento administrativo, siempre que no se atente contra la naturaleza del mismo derecho, ni contra su núcleo esencial.  En este sentido también se tiene que nadie puede ejercer  el Derecho al Trabajo desconociendo los derechos de los demás, y las regulaciones legales y administrativas previstas para asegurar el interés de la colectividad y los restantes derechos de todas las personas;  a ésta conclusión se añade lo dispuesto por el Artículo 95 de la Carta, que establece, entre otros, como deberes de la persona el de respetar los derechos ajenos y el de no abusar de los propios, pues ésta es una categórica afirmación de los postulados esenciales de todo Estado de Derecho que sirve de fundamento jurídico a la convivencia en la sociedad en aras de la armonía social. Se previene así el abuso del derecho y se garantiza un mínimo de condiciones para que todos los asociados puedan disfrutar de sus derechos. En el sector privado, inclusive bajo las formas relativas de libertad de empresa que coexisten con la dirección económica a cargo del Estado, el Derecho al Trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que le permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al trabajo, aun en el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre quiénes se hallen en determinadas circunstancias. 3. El Deber del Trabajo como una obligación social, consagrado en el artículo 25 de la Carta, en algún modo resulta una fórmula de equilibrio matemático o físico frente al reconocimiento del Derecho al Trabajo y no puede ser la posibilidad de imposición de trabajos  forzosos. Debe distinguirse también de la posibilidad de obligar al cumplimiento de determinadas actividades laborales con el fin de obtener ciertos beneficios; tal es el caso de las tareas de prestación de servicios cívicos, que no pugna con la Constitución como se vio  mas arriba. Es, en su esencia, un postulado de armonía social y de racionalización de los recursos humanos que impone a todos los asociados en condiciones de producir y de aportar sus capacidades al proceso económico, la carga de contribuir al bienestar colectivo y de no abandonarse a la caridad y a la asistencia pública. Quinta.  El Artículo 86 de la Constitución Nacional y la  Acción de Tutela A. Para definir otro de los fundamentos de esta providencia, esta Sala estima  que la Acción de Tutela  está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación. B. Dicha acción  es un medio procesal específico porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento. C. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. D. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico  y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. E.  No se trata de una vía de defensa de la Constitución en abstracto o con fines generales, que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una Rama del Poder Público en su conjunto , o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni versa sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo. F.  Su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en principio en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable especificamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. Sexta.  La Denegación de la Tutela Reclamada La consideraciones expuestas acerca del trabajo y de su regulación constitucional, a las cuales habría que agregar los efectos que la Carta Superior  proyecta sobre el trabajo como consecuencia de la organización económica y social que ella dispone, muestran, en criterio de la Sala, que el Derecho al Trabajo tiene el carácter de derecho fundamental, objeto por lo mismo de la Acción de Tutela. En verdad, como se advirtió desde el inicio de estas consideraciones, el peticionario reclama de la jurisdicción de tutela una lectura interpretativa de los artículos 25 y 26 de la Carta que en desarrollo del Derecho al Trabajo le asegure que puede ejercer el oficio de fotógrafo en cualquier dependencia pública en la que se celebre un acto público, con independencia de las regulaciones administrativas internas de estas, sin considerar si las personas desean o no sus servicios, y sin observar los elementos que implica el derecho a la intimidad personal (art. 15 C.N.). No cabe, dentro de las expresiones analizadas de la Carta, que las personas en ejercicio del citado derecho puedan pasar por encima de aquellas limitaciones y ubicarse en cualquier espacio, incluso el publico para efectos de satisfacer su voluntad de gozar a su manera del Derecho al Trabajo.  En concepto de la Corte el citado derecho goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, pero esto no significa que la Constitución habilite a las personas para acceder  a su ejercicio por fuera de los derechos de los demás,  ni que comprometa a las autoridades judiciales para exigir de todas las personas públicas y privadas la satisfacción de los personales intereses de quien aspira a gozar de un trabajo. En el caso que resuelven las sentencias que se examinan, no se trata de la exigencia de un permiso, licencia o requisito adicional para limitar el ejercicio de un oficio, arte, ocupación o actividad (art. 84 C.N.);  simplemente se trata de las naturales expresiones de las competencias administrativas internas de una dependencia pública que, por distintas razones, entre ellas las de la seguridad, limita el acceso de personas extrañas al giro ordinario de sus responsabilidades oficiales a unas determinadas dependencias.  Es preciso advertir que también está presente en estas consideraciones el derecho que asiste a todas las personas de conservar en la intimidad sus realizaciones personales, inclusive los que tienen una proyección social como es el acto objetivo de graduarse en una institución de educación superior. Iguales limitaciones pueden establecerse en el interior de las instalaciones oficiales, con fines de salubridad y de moralidad, y para atender, conforme a los cometidos legales, los compromisos administrativos correspondientes sea por vía del reglamento general o por el reglamento residual de competencia de las autoridades  de conformidad con  la Constitución y con  la Ley. No obstante que se trate de actos públicos en los que actúa la Administración y sus agentes, y que se celebran en dependencias públicas, forma parte de las  funciones y de las competencias de aquella, regular el acceso físico de las personas a los mismos; no sobra advertir que las instalaciones en las que se asienta una persona jurídica de Derecho Público  no son consideradas espacios abiertos, carentes de reglas administrativas internas y externas que regulen la conducta de las personas en dichos espacios. Reitérase que el reglamento expedido por la Universidad de Antioquia y sus autoridades administrativas encuentra fundamento legal y constitucional, pues está previsto para asegurar reglas propias de una sana administración. Inclusive, en el caso del espacio público y el Derecho al Trabajo, prevalece el interés general y no siempre es posible en todo momento ejercer cualquier actividad sobre la base de ser titular de aquella garantía constitucional. La Corte no comparte las apreciaciones del peticionario, pues como se ha señalado en su entendimiento "el libre ejercicio" que asegura la Carta para el caso de las ocupaciones, artes y oficios,  debe entenderse en el sentido de  que  la persona dedicada a una de aquellas actividades que expresan su Derecho al Trabajo, debe someterse a las limitaciones propias de los derechos ajenos, como el de escoger con quien se contrata el servicio de la fotografía, y él de respetar desde este punto de vista el derecho a la intimidad personal, que también tiene la categoría de derecho fundamental, y  además, las reglamentaciones de la órbita administrativa de las dependencias públicas en las que se pretenda ejercer tales actividades.  Es evidente que la Constitución asegura el derecho fundamental de todas las personas a la igualdad; sin embargo, ésta no es ni puede ser, entendida en su relación con el Derecho al Trabajo, como la posibilidad de  su ejercicio carente de los límites señalados, pues bien puede ocurrir que los interesados en obtener la prestación de un servicio personal o institucional establezcan internamente reglas de selección, o prefieran a unos y no a  otros de quienes ofrecen sus servicios, o prefieran no recibirlos de ninguno. Aunque, como se vio, el Derecho al Trabajo consagrado en el artículo 25 de la Carta sea un derecho constitucional fundamental, su ejercicio se encuentra condicionado por los demás derechos de las personas, por las restantes disposiciones de la Constitución y por las disposiciones legales  que expida el legislador con fundamento en aquella; así, el que la Carta Fundamental asegure este derecho dentro de la esfera de los derechos constitucionales de la persona y por tanto le de el status de Derecho constitucional fundamental, no significa que pueda ejercerse en todo momento, lugar y oportunidad con independencia de condiciones personales objetivas y de materia.  Obviamente, tanto los disposiciones legales como los límites contractuales y reglamentarios no pueden llegar a suprimir el núcleo esencial del derecho mismo radicado en una persona o en un grupo de personas con base en odiosas y ofensivas causas violatorias de los Derechos Fundamentales, hasta el punto de desconocerlo, situación que no se presenta en los hechos que configuran el caso que se atiende, pues el peticionario puede ser llamado por cualquier graduando para efectos de ser contratado en cada evento en que se verifique un acto de grado en las instalaciones de la mencionada Universidad. Nada se opone a que así sea y la reglamentación de la Universidad es muy clara al respecto. Por último, no obstante que la ley 20 de 1991, haya reglamentado el ejercicio de la actividad técnica o la profesión tecnológica especializada de la Fotografía y Camarografía como lo advierte el peticionario, dichas reglas no se refieren en ninguno de sus apartados al derecho de ejercer dicha actividad en todo lugar y en todo momento, por fuera de los derechos de los demás y de las regulaciones establecidas por el derecho, puesto que ni a la luz de la Carta anterior, ni bajo las reglas de la que ahora rige a los colombianos lo podía decir; aquella ley se refiere a la legalización y al reconocimiento  del ejercicio de la actividad técnica y la profesión tecnológica y a los requisitos para obtener el título correspondiente y somete a quiénes se dedican a ella  a los reglamentos que puede expedir el Consejo Nacional del Fotógrafo y del Camarógrafo. En tales condiciones y por las razones señaladas, procede la Corte a confirmar las providencias que se revisan. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución: R E S U E L V E : Primero.  CONFIRMAR las sentencias relacionadas con la acción de la referencia proferidas el 6 de febrero de 1992 por el Juzgado Undécimo de Instrucción Criminal radicado en la ciudad de Medellín, y el 27 de febrero de 1992 por el Tribunal Superior de Medellín en Sala de Decisión Penal. Segunda.  Comuníquese la presente decisión a los Despachos judiciales citados en la anterior disposición, para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-450-92 Sentencia No Sentencia No. T-450/92 DERECHO A LA EDUCACION-Contenido/DERECHOS DEL NIÑO Se prohija la doctrina constitucional que reconoce la educación como un derecho fundamental, con la consecuencia de su exigibilidad ante el Estado o los particulares que prestan este servicio público (derecho público subjetivo), así como su aptitud para ser protegido de forma inmediata a través del ejercicio de la acción de tutela. El derecho a la educación supone la existencia de los derechos al acceso y a la permanencia en el sistema educativo. El contenido esencial del derecho a la educación se ve vulnerado, y es por tanto tutelable, cuando arbitrariamente se niega por parte de la entidad que presta el servicio público el acceso o la permanencia en el sistema educativo. El derecho a la permanencia cuando se cumplen los requisitos para gozar de él, incluye el derecho a conservar el ambiente y lugar de estudios, los vínculos emocionales y afectivos, así como el medio propicio para el desarrollo armónico e integral de la personalidad. El cambio abrupto y arbitrario de establecimiento de educación y la crisis que éste puede generar en el niño no se compadecen con el derecho al cuidado y al amor reconocido a éste por la Constitución. SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La educación es un servicio público que tiene una función social, cuya prestación está a cargo del Estado o de los particulares, bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado. De su naturaleza de servicio público se deduce que los fines de la educación son el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y la elevación de la calidad de vida de la población. Las entidades particulares autorizadas por las autoridades públicas competentes para prestar el servicio público de la educación deben estar guiadas en primer término por el servicio a la comunidad. La función social de la educación excluye, por tanto, el manejo totalmente libre y patrimonialista propia del derecho empresarial. Las entidades educativas no tienen como objeto exclusivamente la explotación económica del servicio público que prestan. Al contrario, su autonomía interna debe reflejar la constante disposición a contribuir solidariamente con miras a la satisfacción de las necesidades intelectuales, morales y físicas de los educandos. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/DERECHO A LA EDUCACION La jurisprudencia constitucional ha completado las garantías mediante la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la educación, como antídoto contra la arbitrariedad, la discriminación y el desconocimiento de las desventajas relativas en que se encuentran las personas en circunstancias de debilidad manifiesta. El derecho a la igualdad de oportunidades se ve transgredido por la decisión de las directivas del Colegio Militar Caldas. El motivo que llevó a no permitir la matrícula de los niños es irrelevante para establecer una diferenciación de trato respecto de los demás alumnos que venían estudiando en el establecimiento y que también habían aprobado los requisitos para pasar al grado académico siguiente. DERECHO A EDUCAR/ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA La Constitución reconoce los derechos de los padres - a través de la vías democráticas determinadas por ley, v.gr. las asociaciones de padres de familia - a participar en la dirección de las instituciones de educación. La pareja, en cumplimiento de su deber de educar a sus hijos, hace parte de la comunidad educativa para los fines establecidos en la Constitución. El derecho de los padres a participar en la educación formal de sus hijos, también ha sido desconocido por la acción de la entidad demandada. El principio de participación democrática supone a nivel educativo la colaboración y cooperación armónica entre padres, directivas y profesores. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES La Constitución y la ley facultan a la persona para ejercer la  acción de tutela, contra particulares que tengan a su cargo la prestación del servicio público de la educación. Los requisitos exigidos para ello -ser un derecho fundamental, ser un servicio público y estar a cargo de un particular -condicionan la procedencia de este mecanismo constitucional con efectos frente a terceros. JULIO 10  DE 1992 REF: Expediente T-1211 Actor: HANS FERNANDO CASTILLO                    JACOBUS Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1211 adelantado por el  señor  HANS FERNANDO CASTILLO JACOBUS contra el Colegio Militar Caldas de la ciudad de Santafé de Bogotá. A N T E C E D E N T E S 1. El señor HANS FERNANDO CASTILLO JACOBUS, en representación de sus hijos menores de edad HANS FERNANDO, HELMUTH FERNANDO, y EGON FERNANDO CASTILLO interpuso  acción de tutela contra el Coronel (r) FABIO GUILLERMO LUGO PEÑALOSA, en su calidad de Rector y representante del Colegio Militar Caldas de la ciudad de Santafé de Bogotá, por considerar que el mencionado colegio violó los derechos de los menores a la educación y a la cultura, garantizados en los artículos 44 y 67 de la Constitución Política. El petente solicitó al Juez de tutela ordenar a la entidad que le permitiera matricular a sus hijos en los cursos a que tenían derecho para el periodo académico de 1992 por haber aprobado los requisitos legales y académicos, y se advirtiera a las directivas y personal académico del Colegio sobre el deber de abstenerse de ejercer represalias de ningún tipo, contra los jóvenes CASTILLO MEJIA. 2. En su escrito petitorio, el accionante relató como a pesar de que sus hijos ya han cursado durante cuatro años estudios en ese colegio, habían observado buena conducta, distinguiéndose como buenos estudiantes al haber aprobado todas las áreas de estudio, no se le permitió matricularlos. Según su escrito, el día 25 de noviembre de 1991, cuando se disponía a matricular a su hijo Egon Fernando para el año lectivo de 1992, la funcionaria encargada en la Secretaría del colegio le informó que no podía autorizar la matrícula porque en la institución había una lista de niños "vetados" por las directivas del colegio, en la cual aparecían los Castillo Mejía. El solicitante anotó respecto a tal determinación: "Al parecer, la razón para no autorizar la matrícula de mis hijos, para el año lectivo de 1992, se originó en actuaciones mías como Secretario General de la Asociación de Padres de familia, que no tenían porqué repercutir en contra de los menores. Por otra parte, mi actuación en dicho cargo, no fue ilegal, ni contraria a las disposiciones que rigen para el funcionamiento de dichas asociaciones." 3. El señor CASTILLO JACOBUS dirigió varias peticiones escritas al Rector del colegio, Coronel (r) FABIO GUILLERMO LUGO PEÑALOSA, en las que solicitaba se le expusieran por escrito "las razones que tenga la Rectoría General para no autorizarme la matrícula de mis hijos" (fl. 8). 4. En respuesta a la última de las peticiones, el Rector, Coronel (r) Lugo Peñalosa el 15 de diciembre de 1991 expresó: "Comoquiera que este plantel del sector privado es de propiedad de la Cooperativa Multiactiva de Militares en Retiro Ltda. "COOMILITAR", y sus directivos decidieron no otorgarle cupos a sus dependientes, el instituto ha procedido a acatar dicha disposición". (fl. 9) 5. El Juzgado 19 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, mediante providencia de tutela del 10 de febrero 1992, acogió favorablemente las pretensiones del solicitante ordenó a las directivas del Colegio Militar Caldas autorizar las respectivas matrículas y condenó en abstracto a la Institución a pagar a los afectados el daño emergente causado con su acción. El fallador de primera instancia fundó su decisión en que "no se dió ninguna de las causales allí establecidas (en el reglamento estudiantil), para impedir el ingreso de los estudiantes CASTILLO MEJIA, ni se llevó a cabo procedimiento alguno para sancionar a estos estudiantes, ni mucho menos al padre de familia que los representa, no teniendo que afectar a éstos en su educación, máxime si los niños llevan aproximadamente cuatro años en dicha institución,...". 6. El Rector LUGO PEÑALOSA, en su calidad de representante legal del Colegio Militar Caldas impugnó la anterior decisión. Adujó para controvertirla que tratándose de un centro educativo de carácter privado, como en efecto lo es el Colegio Militar Caldas por pertenecer a la "Cooperativa Integral de Militares en Retiro Ltda.", éste disponía de autonomía para elegir a sus contratantes. En su sentir, el fallo impugnado desconoció la libertad de empresa. Dijo el rector: "obligar a contratar con una persona como en el caso del señor Hans Fernando Castillo Jacobus, no reune las condiciones apropiadas para convivir dentro de la comunidad educativa, si se tiene en mente su ánimo beligerante, conflictivo y desafiante. ... durante un periodo de tres años tanto el colegio como sus propietarios, toleraron las conductas sensurables de CASTILLO JACOBUS, en consideración a sus hijos que cursaban estudios en el instituto y no obstante el habérsele insinuado que buscara otro plantel de la misma modalidad ya que en esta ciudad funcionan más de siete con orientación militar, el mencionado se mostró iracundo y amenazante". 7. El Juzgado 14 Penal del Circuito, quien conociera del recurso, confirmó mediante fallo del 25 de febrero de 1992 la decisión impugnada en todas sus partes, salvo en lo referente a la condena en abstracto por concepto de daño emergente, en razón de que "los alumnos finalmente fueron matriculados dentro del término de iniciación de clases del calendario A, no originándose de esta forma, daños que puedan ser objeto de indemnización". Además de acoger los argumentos del fallo impugnado, el juzgador de segunda instancia declaró que "la educación tiene la categoría de servicio público que cumple una función social y que está a cargo del Estado, pero que en este caso fue delegada en un particular; prima sobre cualquier interés particular que los asociados puedan albergar. De ahí que no se puede asegurar como lo hace el apelante, que esa relación estudiante-colegio, sea de carácter contractual, y menos bajo una clase de contrato por la cual una de las partes puede discrecionalmente darlo por terminado autónomamente, pues tal concepto de autonomía se predica de otras actividades propias de las instituciones docentes, como son su régimen de personal y de administración interna, así como respecto de la actividad académica propiamente dicha,...". Para el juzgador de segunda instancia, la actitud del colegio violó el derecho a la educación de los menores al colocarlos arbitrariamente fuera del "sistema educativo del plantel", con lo cual además  desconoció el derecho a la igualdad y el principio de prevalencia de los derechos de los niños, consagrados en los artículos 13 y 44 de la Constitución Nacional, respectivamente. 8. La anterior decisión fue enviada a esta Corte para su eventual revisión y, luego de ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Doctrina constitucional en materia de educación 1. La Corte Constitucional tiene sentada una firme doctrina constitucional en torno al derecho a la educación. En sucesivos fallos de tutela se han delineado el alcance y los contornos de la educación, con énfasis en la necesidad de hacer efectivas las garantías constitucionales para asegurar los fines del Estado, en particular, el acceso al conocimiento y a la cultura. Naturaleza jurídica de la educación 2. La Constitución expresamente define la educación como "un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (CP art. 27). La doble naturaleza de la educación como derecho individual y como servicio público impone una interpretación sistemática de los artículos constitucionales que la regulan, con miras a integrar sus diferentes elementos constitutivos. Mientras que su carácter de derecho de la persona la vincula estrechamente con el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (CP art. 27), su categoría de servicio público incorpora el núcleo de interés general que se vincula a su prestación (CP arts. 365 y ss.). Derecho fundamental de la educación 3. El carácter de derecho fundamental ha sido reconocido a la educación de manera múltiple y reiterada por esta Corte. En sentencia T-02 de 1992 se afirmó que, tanto por su naturaleza inherente al hombre como por su consagración expresa en relación con los niños, el derecho a la educación es fundamental1 . Posteriormente, en un caso en el cual se delimitó el alcance de la educación especial se reafirmó la fundamentalidad de este derecho al asociarlo indisolublemente con el derecho a la igualdad de oportunidades. En efecto, en sentencia T-429 la Corte sostuvo que "Tanto por la naturaleza y función del proceso educativo como porque reune a plenitud los requisitos y criterios de esa categoría constitucional abierta que es hoy el derecho fundamental, esta Corte ha reconocido que la educación es uno de tales derechos que realiza el valor y principio material de la igualdad, consignado en el preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Carta2 ". De otra parte, esta Sala sostuvo que tratándose de los derechos de los niños, no sólo por el reconocimiento expreso de la educación como un derecho fundamental a su favor sino por el carácter obligatorio de la misma, es inobjetable, lógica y jurídicamente, afirmar el carácter fundamental de este derecho3 para las personas obligadas por la propia Constitución a educarse. En el presente caso, se prohija la doctrina constitucional que reconoce la educación como un derecho fundamental, con la consecuencia de su exigibilidad ante el Estado o los particulares que prestan este servicio público (derecho público subjetivo), así como su aptitud para ser protegido de forma inmediata a través del ejercicio de la acción de tutela (CP art. 86). Servicio público de la educación 4. Dentro de los fines esenciales del Estado está la de servir a la comunidad. De allí que los servicios públicos sean inherentes a la finalidad social del Estado (CP art. 365) y que a través suyo se promueva el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (CP art. 366). La educación es un servicio público que tiene una función social (CP art. 67, inc. 1), cuya prestación está a cargo del Estado o de los particulares, bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado. De su naturaleza de servicio público se deduce que los fines de la educación son el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y la elevación de la calidad de vida de la población. La educación-servicio público es un medio para alcanzar los valores esenciales del ordenamiento constitucional, en especial la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (CP. Preámbulo). Cualquier desviación en los fines de este servicio público puede llevar a retardar o entorpecer la materialización de los valores definitorios de nuestra identidad nacional. Servicio público con función social 5. Por oposición a otros servicios públicos de carácter contractual o sinalagmático - los servicios domiciliarios -, la educación tiene expresamente una función social. La primera y principal consecuencia de ello es que las entidades particulares autorizadas por las autoridades públicas competentes para prestar el servicio público de la educación deben estar guiadas en primer término por el servicio a la comunidad. La función social de la educación excluye, por tanto, el manejo totalmente libre y patrimonialista propia del derecho empresarial. Las entidades educativas no tienen como objeto exclusivamente la explotación económica del servicio público que prestan. Al contrario, su autonomía interna debe reflejar la constante disposición a contribuir solidariamente con miras a la satisfacción de las necesidades intelectuales, morales y físicas de los educandos. Contenido del derecho a la educación 6. Como también ya lo ha sostenido esta Sala, el derecho a la educación supone la existencia de los derechos al acceso y a la permanencia en el sistema educativo (CP art. 67 inc.5). Respecto del primero, la Corte en sentencia T-402 afirmó: "La obligación de educarse supone como condición previa el acceso a los centros educativos. Existe entonces un derecho constitucional para acceder a la educación formal, ya que de dicho acceso depende la posibilidad de cumplimiento de una obligación exigida a la persona4 ". En relación con el derecho a permanecer en el sistema educativo, la misma sentencia sostuvo que "Con mucha mayor razón debe afirmarse la existencia de un derecho público subjetivo frente al Estado de permanecer en el sistema educativo. La voluntad expresa del constituyente ha sido la de proteger la educación en su integridad. La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan elementos razonables - incumplimiento académico o  graves faltas disciplinarias del estudiante -  que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada5 . El contenido esencial del derecho a la educación se ve vulnerado, y es por tanto tutelable, cuando arbitrariamente se niega por parte de la entidad que presta el servicio público el acceso o la permanencia en el sistema educativo. El efecto inmediato de desconocer alguno de estos derechos constitutivos de la educación es la violación de su núcleo esencial por colocar en condiciones de imposibilidad a su titular para ejercer las facultades que se desprenden de su derecho. Para este evento, precisamente, el orden constitucional ha instituido una serie de garantías para asegurar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Garantías constitucionales del derecho a la educación 7. Tradicionalmente, las constituciones colombianas han consagrado como garantía del derecho a la educación mecanismos de control institucional entre los que se encuentra la suprema inspección y vigilancia de los establecimientos educativos por parte del Estado, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (CP art. 67 inc. 5). A su vez tratándose de los niños, la Constitución consagra la prevalencia de sus derechos - entre los cuales se encuentra el de la educación - sobre los derechos de los demás (CP art. 44). Esta específica garantía resuelve apriori, en favor de los primeros, los conflictos de interés que puedan surgir entre los niños, los padres y las directivas o propietarios de los establecimientos educativos por razón de su dirección y funcionamiento. De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha completado las anteriores garantías mediante la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la educación, como antídoto contra la arbitrariedad, la discriminación y el desconocimiento de las desventajas relativas en que se encuentran las personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13). Así lo ha sostenido esta Sala en la sentencia ya citada cuando dijo: "El principio de igualdad de oportunidades juega un papel neurálgico en la tarea de mantener y promover un orden justo (CP Preámbulo, art. 2), en una sociedad que además de la pobreza se caracteriza por una inequitativa distribución de recursos. La obligación del Estado de promover las condiciones para alcanzar una igualdad real y efectiva sólo podrá verse cumplida mediante el respeto e igual consideración de todas las personas en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Tratándose de un menor de edad se espera que su permanencia en una entidad educativa sea garantizada por encima de las decisiones arbitrarias de la autoridad de turno con poder decisorio para otorgar o denegar cupos de estudio6 ". Ponderación de intereses entre directivas y padres de familia 8. No pocas ocasiones de divergencias de opinión, enfrentamientos personales y desaveniencias académicas o disciplinarias se presentan entre las directivas o profesores y los padres de familia. Tales situaciones son nocivas para el desarrollo y bienestar del menor y deben ser tramitadas pacíficamente y a través de los cauces institucionales, basados en los principios de solidaridad, participación democrática, pluralismo y tolerancia. Es comprensible que tratándose de la formación de sus hijos, los padres sean especialmente susceptibles respecto de las decisiones que se tomen en el proceso educativo. La Constitución reconoce los derechos de los padres - a través de la vías democráticas determinadas por ley, v.gr. las asociaciones de padres de familia - a participar en la dirección de las instituciones de educación. La pareja, en cumplimiento de su deber de educar a sus hijos, hace parte de la comunidad educativa para los fines establecidos en la Constitución (CP art. 68 inc. 2). Esta Sala sostuvo al respecto: "En cuanto al derecho de los padres a educar a sus hijos (CP art. 42 inc. 8) podrían presentarse divergencias con las directivas del centro educativo al cual asisten los menores de edad. En caso de conflicto entre la autonomía del centro    docente - expresada en la libertad de enseñanza (CP art 27) y en la facultad de fundar establecimientos educativos (CP art. 67 inc.1)- y los derechos de los padres a educar a sus hijos y a participar en la dirección de las instituciones de educación (CP art.68 inc. 2), el constituyente se ha manifestado en favor de los niños al consagrar la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás (CP art. 44 inc. 2), lo que significa que la mejor alternativa que responda objetivamente a su interés y al desarrollo de su personalidad es la que en cada caso concreto deberá promoverse. Sería violatorio de la Constitución no respetar el derecho de permanencia del menor en el centro educativo a raíz de las disputas surgidas entre padres de familia y directivos o profesores. Tal circunstancia, además de ser un elemento ajeno a las causales de exclusión del sistema educativo,  viola el mandato constitucional de no discriminación por razón del origen familiar contenida en el artículo 13 de la Carta, así como la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás". (...) "El artículo 5 de la Constitución ampara a la familia como institución básica de la sociedad. En el seno de la familia el niño descubre y aprende por primera vez a conocer el mundo. De ahí la función primordial asignada a los padres en la educación de sus hijos, con los derechos y las obligaciones que su cumplimiento impone para el desarrollo armónico e integral del menor y el ejercicio pleno de sus derechos. Los derechos y obligaciones de los padres no cesan por el hecho de ingresar el menor a una entidad educativa. Las personas encargadas de este esencial servicio público y los progenitores deben unir esfuerzos para el logro de los fines de la educación; además, deben ejercer y cumplir responsablemente sus derechos y obligaciones, sin olvidar que los derechos de los niños, en todo caso, deben prevalecer sobre los derechos de los demás (CP art. 44 inc. 2). El respeto recíproco y el trabajo armonioso en pro de la niñez puede verse alterado por pugnas de poder, abusos de autoridad y conflictos económicos o políticos, entre directivas escolares y padres de familia". (...) "Cabe también advertir a las Juntas de las Asociaciones de Padres de Familia que, en el ejercicio de sus potestades, deben evitar involucrarse en disputas en torno a la dirección y competencias de las autoridades educativas, sino buscar siempre la armonía y el acuerdo en favor del interés prioritario de los menores. Los padres gozan, a través de los medios democráticos y de coparticipación a su alcance, de la posibilidad de tener injerencia tanto externa (lugar de estudio, salubridad, condiciones locativas), como interna (contenido de las materias, métodos de enseñanza, valoración del rendimiento académico, régimen disciplinario), en el desarrollo del proceso educativo y formativo de sus hijos. Sin embargo, estas facultades llevan asociadas delicadas responsabilidades. El ejercicio simultáneo de los derechos de los padres y de las autoridades educativas precisa delimitar la órbita de injerencia de cada uno de ellos: los padres de familia tienen un derecho prioritario a escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como su formación moral o espiritual (CP art. 68 inc. 4). Por su parte, el Estado y los particulares, en ejercicio del servicio público de la educación, tienen una mayor influencia en la toma de decisiones administrativas y de gestión, así como de contenido y método de la educación respetando, claro está, el derecho de los padres a participar en la adopción de esta clase  de decisiones7 ". Vulneración de derechos fundamentales en el caso sub-exámine 9. La decisión tomada por las directivas del Colegio Militar Caldas de no otorgarle cupos a los menores CASTILLO MEJIA violó los derechos fundamentales de éstos, a la educación y a la igualdad de oportunidades, así como los derechos del señor HANS FERNANDO CASTILLO JACOBUS a la libertad de expresión y opinión y a participar en el proceso educativo de sus hijos. Las razones esgrimidas por el plantel y sus directivas no justifican la decisión de privar a los menores de su derecho a permanecer en el sistema educativo, habiendo cumplido los requisitos reglamentarios para ello. Esta determinación se muestra desproporcionada con el fin buscado - igualmente ilegítimo por los medios utilizados -, de deshacerse del padre de "ánimo beligerante, conflictivo y desafiante". La prevalencia de los derechos de los niños excluye tajantemente esta opción. La prestación del servicio público de la educación requiere de persuación y tolerancia y no de medidas autoritarias. Si la conducta apropiada del padre de familia acaba por constituirse en un obstáculo o entorpecimiento de la dirección o funcionamiento del centro educativo, las vías judiciales son la alternativa para evitar el abuso de los propios derechos (CP art. 95) y el desconocimiento del principio de solidaridad (CP art. 1). El núcleo esencial del derecho a la educación, en este caso la  permanencia en el  plantel educativo donde habían venido cursando los últimos años de estudio, fue vulnerado de manera manifiesta por la entidad demandada. No es suficiente aducir la posibilidad de encontrar otro centro de enseñanza para continuar en el sistema educativo. El derecho a la permanencia cuando se cumplen los requisitos para gozar de él, incluye el derecho a conservar el ambiente y lugar de estudios, los vínculos emocionales y afectivos, así como el medio propicio para el desarrollo armónico e integral de la personalidad. El cambio abrupto y arbitrario de establecimiento de educación y la crisis que éste puede generar en el niño no se compadecen con el derecho al cuidado y al amor reconocido a éste por la Constitución. Igualmente, el derecho a la igualdad de oportunidades se ve transgredido por la decisión de las directivas del Colegio Militar Caldas. El motivo que llevó a no permitir la matrícula de los niños CASTILLO MEJIA es irrelevante para establecer una diferenciación de trato respecto de los demás alumnos que venían estudiando en el establecimiento y que también habían aprobado los requisitos para pasar al grado académico siguiente. De otra parte, el derecho de los padres a participar en la educación formal de sus hijos, también ha sido desconocido por la acción de la entidad demandada. El principio de participación democrática supone a nivel educativo la colaboración y cooperación armónica entre padres, directivas y profesores. El proceso inter-subjetivo de comunicación requiere para su fluido desarrollo de una actitud abierta y respetuosa del "otro". Cuando por virtud de los ánimos exaltados se abandonan los cauces pacíficos de la democracia, los partícipes del conflicto deben recurrir al diálogo y al acuerdo consensual y no al ejercicio de las propias razones, en este caso la autonomía privada derivada de los derechos de propiedad y de libre empresa. Prevalencia de la interpretación constitucional 10. El conflicto entre la autonomía del establecimiento educativo - fundada en los derechos de libre empresa y contratación - y los derechos de participación y opinión de los padres de familia debe abordarse bajo una perspectiva constitucional por involucrar derechos fundamentales de la persona. Una interpretación a la luz de la autonomía de la voluntad del empresario educativo enfoca erróneamente el problema que emerge de este caso. La libertad de empresa, al igual que el derecho de propiedad y el derecho al trabajo, conllevan una función social8 . Su ejercicio debe tener como finalidad esencial del educando. En consecuencia, una perspectiva privatista o exclusivamente lucrativa, que desatienda el espíritu y los fines esenciales del servicio público de la educación contraría y desconoce la obligación de toda persona de respetar y cumplir la Constitución (CP arts. 6 y 95). Confirmación del fallo de tutela 11. Se reitera igualmente, que la Constitución (CP art. 86) y la ley (Decreto 2591 de 1991 art. 42) facultan a la persona para ejercer la  acción de tutela, contra particulares que tengan a su cargo la prestación del servicio público de la educación. Los requisitos exigidos para ello - ser un derecho fundamental, ser un servicio público y estar a cargo de un particular9 - condicionan la procedencia de este mecanismo constitucional con efectos frente a terceros. Las consideraciones antes expuestas se suman a los argumentos esgrimidos por los falladores de instancia quienes, acertada y oportunamente, procedieron a proteger los derechos fundamentales de los menores lesionados. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Santafé de Bogotá  de fecha 25 de febrero de 1992. SEGUNDO.- ADVERTIR a las directivas y profesores del Colegio Militar Caldas de la ciudad de Santafé de Bogotá que deben abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias contra los menores HANS FERNANDO, HELMUTH FERNANDO y EGON FERNANDO CASTILLO por la decisión adversa proferida por la justicia constitucional, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos) 1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-02 del 8 de mayo de 1992. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 2 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-429 del 24 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Ciro Angarita Barón. 3 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-402 del 3 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 4 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-402 del 3 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 5 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-402 del 3 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 6 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-402 del 3 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-402 del 3 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 8 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 9 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-09 del 22 de mayo de 1992. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

T-451-92 Sentencia No Sentencia No. T-451/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación/DEMANDA DE TUTELA-Rechazo_ El carácter fundamental de un derecho no se puede determinar sino en cada caso concreto, atendiendo tanto la voluntad expresa del constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho eventualmente vulnerado con otros derechos indubitablemente fundamentales y/o con los principios y valores que informan toda la Constitución. De tal manera que el juez no puede rechazar "in-limine" la tutela con el argumento de que el derecho no es fundamental, pues es indispensable hacer previamente un análisis concreto para establecer con suficientes elementos de juicio su carácter de tutelable o no en las específicas circunstancias del caso. DERECHO AL TRABAJO/DERECHOS FUNDAMENTALES En la Carta de 1991 se observa un cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo, como que es un derecho humano y también un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. En el caso sub-exámine,  el derecho fundamental del peticionario al trabajo  no se vulneró, en la medida en que se sigue prestando el servicio de recepción y transmisión de la antena parabólica mientras se define un nuevo sitio  para ubicar los equipos. DERECHO AL AMBIENTE SANO La importancia del derecho al medio ambiente ya ha sido  señalada por esta Corporación, la cual lo reconoció luego como un derecho fundamental,  y puso de presente la necesidad de crear mecanismos eficaces de protección pues el deterioro del ambiente está generando nefastas consecuencias en nuestro sistema y amenaza gravemente la supervivencia de la especie. INTERES COLECTIVO-Conflictos/INTERES GENERAL-Prevalencia La Corte Constitucional considera que en el presente caso  el conflicto de intereses generales  se resuelve  de manera ideal en el mismo texto de los actos administrativos pertinentes. En efecto,  de un lado, se desarrolló el principio de prevalencia del interés general en la medida en que los terrenos mencionados fueron constituidos en "Zona paisajística ambiental" en aras de contribuir a la defensa del medio ambiente y ordenar el desarrollo urbano del municipio de Ibagué y del otro, se preven los mecanismos para evitar que ese beneficio vulnere derechos fundamentales de los habitantes de la zona. El principio de prevalencia del interés general, como fundamento del Estado Social de Derecho, se aplicó en toda su  extensión. Pero se respetó  la justicia. TRANSITO NORMATIVO Las normas tienen generalmente efecto inmediato y se aplican a todos los hechos jurídicos que se constituyan a partir de su vigencia. De otra parte, la norma nueva no debe desconocer la formación o extinción de derechos o consecuencias, pues ello equivaldría  a desconocer la respectiva fuente (hecho jurídico) que le dió vida o muerte. Sin embargo, "algo diferente sucede con las leyes nuevas que sin desconocer los derechos, estados o situaciones ya formados (o extinguidos) según la ley que se deroga, se limitan a indicar nuevas condiciones de ejercicio. Estas leyes se aplican no sólo en relación con los derechos que se constituyen durante su vigencia, sino también con los que se encuentran formados." Ref. EXPEDIENTE No. 1285 PETICIONARIO: S A S  TELEVISION                                 LTDA. PROCEDENCIA: Juzgado Tercero Superior                                      de Ibagué Magistrado Ponente: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T- 1285, promovido por SAS TELEVISION LTDA. contra  el Alcalde Municipal, Planeación Municipal  y la oficina de Control y Vigilancia Municipal  de Ibagué, resuelto en primera instancia por el Juzgado Tercero Superior de Ibagué. El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Tercero Superior de Ibagué para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. I.  ANTECEDENTES: Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día once (11) de marzo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. A. La acción. El día 11 de febrero de 1992 la empresa SAS TELEVISION LTDA.  interpuso mediante apoderado ante el Juzgado Tercero Superior de Ibagué  acción de tutela  contra la Administración de ese municipio representada por el alcalde Francisco Peñalosa Castro. B. Hechos. Para el estudio del caso, los hechos relevantes son los siguientes: a) La Sociedad SAS TELEVISION LIMITADA obtuvo una licencia provisional de funcionamiento  para instalar la antena parabólica en el "Cerro Pan de Azúcar " que la alcaldía municipal de Ibagué le otorgó cuando estaba vigente el Acuerdo 038 de 1980   emitido por el Concejo Municipal de Ibagué. b) En octubre de 1991 solicitó la licencia definitiva de funcionamiento y  le fue negada por la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, la cual se abstuvo de expedir el certificado de uso y de ubicación, documentos necesarios para la obtención de aquélla. c) La no expedición de  estos certificados se hizo con base en lo establecido en el Acuerdo 044 de 1989 y 035 de 1990 expedidos por el Concejo Municipal de Ibagué  los cuales declaraban el lugar donde está ubicada la antena como "Zona verde especializada" (Control paisajístico ambiental). d) En el Acuerdo 035 de 1990  se prevé también la reubicación de edificios que no satisfagan las nuevas exigencias y se establecen mecanismos de concertación para la reubicación de los mismos. C. Solicitud. En virtud de lo anterior, el accionante considera necesario acudir a la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, pues en su concepto se violan con la negativa de la administración municipal, varios derechos consagrados en la norma fundamental tales como el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la propiedad privada (art. 58) y el derecho a la cultura (art. 70), entre otros. Por tanto, solicita que se le otorgue amparo  para que siga funcionando  la empresa y pueda cumplir de esta forma con su cometido social  y que se ordene tanto a  la Alcaldía Mayor, como a la Secretaría de Planeación  Municipal y a la  División de Control y Vigilancia de Ibagué, que expidan los certificados y la licencia de funcionamiento respectivos. D. Decisión del juez de primera instancia. El Juzgado Tercero Superior de Ibagué en providencia del 25 de febrero de 1992 rechazó por improcedente la acción de tutela  con base en los siguientes argumentos: a) Que si bien es cierto que el petente invoca los derechos a la propiedad privada, a la cultura, a la explotación dentro de la ley del espectro electromagnético para servicios de televisión etc., el mecanismo de la tutela no los protege y en consecuencia no puede utilizarse ya "que equivocadamente ha surgido la idea de que la tutela sirve para todo". (Fl. 34) b) Que la resolución 090 del 31 de enero de 1992  de Planeación  Municipal de Ibagué que niega la expedición de los certificados de uso y ubicación a SAS TELEVISION LIMITADA , se produjo con sujeción al acuerdo 035 de mayo 31 de 1990 en donde se determinó como "zona especializada de control paisajístico ambiental" el sector donde esta situado el "Cerro de Pan de Azúcar" que hace parte de las "áreas no edificables y su única posible utilización será recreacional..." Por esto, "Planeación municipal deberá iniciar conjuntamente con Cavibague, Cortolima y las comunidades afectadas el proceso de concertación para su reubicación". (Fl. 35) c) Que los actos administrativos de los cuales se siente afectado en el derecho fundamental al trabajo el accionante, no provienen de acciones y omisiones fundadas en la arbitrariedad, sino que fueron creados en ejercicio de las funciones regladas por el acuerdo 035 de mayo 31 de 1990 y, por lo tanto, amparados por la presunción de legalidad. Esta presunción puede controvertirse utilizando las acciones legales ante los tribunales administrativos, situación que impide el uso del mecanismo de la tutela pretendido para la protección del derecho fundamental presuntamente atacado. Solo cuando existe la amenaza de  un perjuicio irremediable, y se utiliza como mecanismo transitorio, procede la tutela,  aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial. (Fl 35) II  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Tercero Superior de Ibagué, con fundamento en el art. 86 de la Constitución Nacional y el artículo 2 del decreto 2591 de 1991. Para llegar a una solución en el caso concreto, es necesario estudiar diversos aspectos involucrados en él, tales como la libertad económica, el derecho fundamental al trabajo, el medio ambiente en la nueva Constitución, el concepto de interés general y el problema del tránsito de normas. Sin embargo, antes de entrar en el estudio de fondo de tales temas, esta Sala estima necesario pronunciarse sobre la afirmación del Juez de instancia según la cual la tutela no procedía para proteger la mayoría de los derechos invocados por el peticionario, por cuanto éstos no eran considerados fundamentales por la Constitución Nacional ya que no figuraban en el capitulo 1 del Titulo II. Al respecto, la Corte ya ha señalado algunos criterios que se pueden consultar, por ejemplo, en la sentencia T-406 de esta misma Sala, proferida el 5 de Junio de 1992. Según ellos, es claro que el carácter fundamental de un derecho no se puede determinar sino en cada caso concreto, atendiendo tanto la voluntad expresa del constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho eventualmente vulnerado con otros derechos indubitablemente fundamentales y/o con los principios y valores que informan toda la Constitución. De tal manera que el juez no puede rechazar "in-limine" la tutela con el argumento de que el derecho no es fundamental, pues es indispensable hacer previamente un análisis concreto para establecer con suficientes elementos de juicio su carácter de tutelable o no en las específicas circunstancias del caso. De otra parte, se arguye por el juez de instancia que existen otros mecanismos de defensa judicial que hacen improcedente la tutela. También a ese respecto, la Corte ha dicho en diversas sentencias1 que el otro mecanismo de defensa judicial debe ser igual o más eficaz que la tutela para la protección del derecho fundamental vulnerado. Sólo si existe un mecanismo de defensa judicial que sea más eficaz para ese propósito que la tutela, será válido plantear ese argumento para negarla. A.- Libertad Económica. Este derecho constituye piedra fundamental de un sistema capitalista en el cual las personas pueden desarrollar cualquier tipo de actividad lucrativa de acuerdo a sus preferencias o capacidades. Sin embargo, la Sala destaca que la libertad económica está limitada por las facultades que la ley le otorga al Estado para que intervenga en las actividades de los particulares. De todas formas es la misma Constitución en su artículo 333  la que consagra límites conceptuales que luego desarrollará la ley, como son el bien común, el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. En el caso concreto que se estudia en esta oportunidad,  tenemos que el Acuerdo 035 de 1990 es el desarrollo de la facultad constitucional que tienen las autoridades municipales de ordenar el desarrollo de su territorio. La Corte considera que el fundamento de dicho Acuerdo en lo pertinente es la conservación del medio ambiente, límite que también está  consagrado en la misma Constitución. Para la Corte es claro que la libertad económica es un derecho fundamental que debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley. Uno de esos límites, es la posibilidad que tienen las autoridades locales de proveer para la mejor distribución del espacio público y la protección del medio ambiente. La medida tomada por el Concejo y la Administración Municipal de Ibagué está dentro de los marcos permitidos por la Constitución, pues no vulnera de manera arbitraria o abusiva la libertad económica del peticionario. Tan es así, que la empresa aún sigue funcionando, mientras se concretan los mecanismos  de reubicación concertada que el mismo Acuerdo del Concejo contempla. B.- El trabajo como derecho fundamental. Evidentemente, tal como lo afirma el peticionario, el derecho al trabajo está consagrado en nuestra Carta Fundamental en el artículo 25  que a su tenor expresa: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas." Fue voluntad expresa del Constituyente que el trabajo apareciera en la Carta tanto como un principio fundamental del Estado Social de Derecho como un derecho económico y social protegido, en los siguientes términos: "...El Estado deberá proteger el trabajo humano en todas sus manifestaciones, ya sea que se preste por cuenta propia o por cuenta ajena, ya sea que se desarrolle en forma organizada al interior de una empresa en forma individual o familiar, sea que se trate de un trabajo manual o intelectual, de trabajo directamente útil para la actividad económica o de trabajo que cree valores culturales, artísticos, científicos o tecnológicos". Este artículo consagra el DERECHO  y el DEBER del trabajo.  "El derecho al trabajo se reconoce a toda persona en "condiciones dignas y justas". La Constitución Nacional prevé en normas posteriores los parámetros que fijan las condiciones del derecho al trabajo (art. 52, a 58 y 64). Teniendo en cuenta la intención del Constituyente  y lo preceptuado por la Corte Constitucional en varias sentencias,  no cabe duda que el trabajo es un derecho fundamental, inherente a la persona y por lo  tanto es susceptible de ser tutelable de acuerdo a los principios consagrados en nuestra Norma Suprema. Es bueno recordar que la Corte2 ha  expresado que en la Carta de 1991 se observa un cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo, como que es un derecho humano y también un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. En el caso sub-exámine, el derecho fundamental del peticionario al trabajo  no se vulneró, en la medida en que se sigue prestando el servicio de recepción y transmisión de la antena parabólica mientras se define un nuevo sitio  para ubicar los equipos. El mismo Acuerdo 035 de 1990 consagra  un proceso de concertación para solucionar todos aquellos problemas derivados de su aplicación. C.- Derecho al medio ambiente La importancia de este derecho ya ha sido señalada por esta Corporación3  la cual lo reconoció luego  como un derecho fundamental,  y puso de presente la necesidad de crear mecanismos eficaces de protección pues el deterioro del ambiente está generando nefastas consecuencias en nuestro sistema y amenaza gravemente la supervivencia de la especie. Al respecto se dijo: "La protección del medio ambiente no sólo incumbe al Estado, sino a todos los estamentos de la sociedad; es un compromiso de la presente generación y de las futuras. El restablecimiento de las condiciones mínimas del ecosistema no sólo garantiza la vida actual, sino la de las próximas generaciones". Dentro de este esquema,  el Concejo Municipal de Ibagué  mediante el Acuerdo 035 de 1990 y en desarrollo de la facultad constitucional consagrada en el numeral 9 del artículo 313  determinó que el lugar donde están ubicadas las antenas receptoras y transmisoras de la empresa SAS TELEVISION LIMITADA  es  "Zona paisajística ambiental". La  Corte considera que la decisión del Concejo Municipal   desarrolla correctamente la norma constitucional que protege el ambiente. De otra parte,  el Acuerdo ofrece  alternativas para realizar una reubicación concertada de las personas que pudiesen resultar afectadas. D.- Interés General contra interés particular. La Constitución de 1991 ha establecido como principio fundamental del Estado Social de Derecho la prevalencia del interés general  sobre el  interés particular. De ese espíritu surge la intención de mantener un equilibrio entre la prevalencia del interés general y el respeto  a los derechos fundamentales de los individuos y, además, entre los diversos intereses generales que en un momento dado pueden entrar en conflicto. La Sala ya se ha pronunciado sobre el tema  en Sentencia No. T-428 donde se estableció que podían entrar en conflicto dos intereses de tipo general (i.e comunidad indígena versus habitantes de la zona) y que tendría que resolverse en favor del aquél en el cual estén involucrados derechos fundamentales más valiosos o importantes desde la perspectiva de los principios constitucionales. La Corte Constitucional considera que en el presente caso  el conflicto de intereses generales  se resuelve  de manera ideal en el mismo texto de los actos administrativos pertinentes. En efecto, de un lado, se desarrolló el principio de prevalencia del interés general en la medida en que los terrenos mencionados fueron constituidos en "Zona paisajística ambiental" en aras de contribuir a la defensa del medio ambiente y ordenar el desarrollo urbano del municipio de Ibagué y del otro, se preven los mecanismos para evitar que ese beneficio vulnere derechos fundamentales de los habitantes de la zona. En síntesis,  el principio de prevalencia del interés general, como fundamento del Estado Social de Derecho, se aplicó en toda su  extensión. Pero se respetó  la justicia, ya que el Acuerdo 035 conserva las mismas condiciones  que tienen actualmente los habitantes de la zona, entre ellos la persona jurídica actora en esta tutela, para el desarrollo de su   objeto social. E.- Tránsito de normas. Las normas tienen generalmente efecto inmediato y se aplican a todos los hechos jurídicos que se constituyan a partir de su vigencia. De otra parte, la norma nueva no debe desconocer la formación o extinción de derechos o consecuencias, pues ello equivaldría  a desconocer la respectiva fuente (hecho jurídico) que le dió vida o muerte. Sin embargo, "algo diferente sucede con las leyes nuevas que sin desconocer los derechos, estados o situaciones ya formados (o extinguidos) según la ley que se deroga, se limitan a indicar nuevas condiciones de ejercicio. Estas leyes se aplican no sólo en relación con los derechos que se constituyen durante su vigencia, sino también con los que se encuentran formados."4 Indudablemente el problema jurídico fundamental del presente caso, surge por las consecuencias que resultan de la derogatoria del Acuerdo 038 de 1980 por los Acuerdos 044 de 1989 y 035 de 1990. Tales Acuerdos establecieron que la zona donde se encuentran las antenas receptoras y transmisoras es de reserva ambiental, lo que implica que todas las edificaciones allí establecidas deberán trasladarse a otro lugar, previa concertación con  las autoridades municipales. En estas circunstancias, las solicitudes de los particulares para realizar cualquier tipo de construcción en la zona carecen obviamente de fundamento legal, por cuanto el Acuerdo del Concejo no solo busca proteger el medio ambiente, sino que lo hace en forma que no vulnera el núcleo esencial de la libertad económica. III CONCLUSION En el presente tránsito normativo de los acuerdos municipales no hay un desconocimiento de los derechos de los peticionarios ya que éstos se mantienen y además se consagran mecanismos para solucionar posibles problemas derivados del traslado de las antenas al sitio de reubicación definitiva. IV  DECISION En mérito de lo expuesto la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR  la providencia proferida por el Juzgado Tercero Superior de Ibagué, por las razones expuestas en la  parte motiva de esta  Sentencia. SEGUNDO.- LIBRESE  por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Sentencia aprobada por acta No. 5 de la Sala  Primera de Revisión a los diez (10) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992) CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Sentencia T-414, Sala de Revisión número 1, pg. 15. 2 Sentencia 222.  17 de junio de 1992. Sala Séptima de Revisión 3 Sentencia 415. 17 de junio de 1992. Sala Primera de Revisión 4 Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. Editorial Temis 1979, Pg. 322

T-452-92 Sentencia No Sentencia No. T-452 DERECHO A LA VIDA/DERECHOS FUNDAMENTALES El primero de los Derechos Fundamentales es el derecho a la vida.  Es  un derecho inherente al individuo, lo que se pone de presente en el hecho  de que sólo hay que existir para ser titular del mismo. De otra parte, se tiene que no se puede ser titular  de derechos sin la vida presente, pasada o futura.  Así, resulta la vida un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. La obligación del intérprete en la acción de tutela de definir la expresión del derecho a la vida en cuanto fundamental y en tanto asistencial, -por cuanto aquélla es la expresión primigenia de la vida y así considerada tiene el carácter de fundamental, mientras que los distintos modos de vida de la civilización de occidente, a que pertenecemos, involucrados en nociones sociológicas como las del "confort" y  "modo de vida", sólo circunstancialmente en tanto la ley y el Estado los tengan dispuestos serán objeto de amparo,  mediante la acción de tutela. DERECHO DE PETICION-Alcance El constituyente de 1991, introdujo como elemento  nuevo una extensión del Derecho de Petición ante organizaciones privadas, cuando busquen la garantía de derechos fundamentales.  Se instaura de ese modo un mecanismo de defensa de esos derechos, incluso  frente a los particulares, ante quienes los individuos, por la  composición de las distintas fuerzas sociales puedan encontrarse en estado de indefensión.  La extensión del derecho a los poderes privados, es una medida de protección que permite disponer del derecho a ser oído e informado sobre decisiones que le conciernen y que  tiene el efecto de democratizar las relaciones en el  interior de las organizaciones particulares y de quienes puedan verse afectados en sus derechos fundamentales con sus decisiones. SALA DE REVISION No. 5 Expediente No. T-1429 Derecho a la Vida. Derecho de Petición. Demandante: ALFONSO MORA LEON Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., julio diez (10) de mil novecientos noventa y dos (1992). En Sala de Revisión de Tutelas, la Corte Constitucional procede a resolver en el grado jurisdiccional de revisión, el asunto de la referencia, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES El señor ALFONSO MORA LEON, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, instauró demanda contra el Alcalde  Menor de la Zona de Santafé de la ciudad capital y "los funcionarios que resulten implicados"  en la vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 11 y 23 de aquel Estatuto Superior, para cuya protección solicita se tomen las siguientes medidas: "1o.  El sellamiento definitivo de las compraventas de cartón, papel, envase, etc., que funcionan por las carreras 12A y 13 entre calles 8 a 10 y por la calle 9a. entre carreras 10 y 14. 2o.   Presencia y acción de la Edis en la limpieza diaria del sector. 3o.  Presencia diaria y permanente de la Policía Nacional para reprimir la acción de los atracadores, bazuqueros, marihuaneros, etc., que infestan la zona. 4o.  Represión de las personas que arrojen basuras y desperdicios en la zona. 5o.  Que la Policía Nacional no permita ni el estacionamiento de zorras y carromotos en la zona, ni que los basuriegos y recicladores conviertan el sector en vivienda. 6o. Cumplimiento estricto del Código Sanitario Nacional en la zona por  parte de la Sección de Saneamiento  ambiental de la Regional de Salud No. 2. 7o.  Que las autoridades Distritales respeten el derecho de petición dentro de los términos que la Constitución y la ley les señalen dando respuesta y pronta  solución a las quejas de los ciudadanos." El actor funda sus peticiones en las siguientes razones: -   Que tuvo que trasladar su residencia del inmueble de su propiedad situado en la carrera 13 No. 8-70, apto. 302, debido al grave peligro que corría su vida y la de su familia "por el altísimo grado de inseguridad e insalubridad que desde que se trasladaron las empresas de transporte que funcionaban en sus inmediaciones a la actual terminal de transportes", el sector fue invadido por "maleantes y los locales comerciales  se convirtieron en compraventas de cartón, chatarra, bazuco, marihuana y toda clase de elementos robados que funcionan con o sin licencia de la Alcaldía Menor de Santafé, o de la Secretaría de Salud de Bogotá", convirtiéndose la vía pública en basurero y lugar de reciclaje, de suerte que "nadie que tenga sentido común o instinto de conservación de la vida se atreve a pasar por allí." -  Que las propiedades como la suya, situadas en ese lugar, han perdido su valor. -  Que las quejas y peticiones formuladas por los vecinos, para que se protejan sus vidas y bienes han sido desatendidas por la Alcaldía Menor, la Alcaldía Mayor y la Estación de Policía. -  Que las autoridades distritales "organizaron en diciembre de 1991 el Primer Festival del Gamín en la llamada 'Calle del Cartucho' donde tuvieron amplia representación toda clase de rateros, bazuqueros y desechos de la sociedad, lo que quiere decir, que el propio Gobierno Distrital le  asignó a la delincuencia Bogotana un trozo del territorio distrital para  que todos  los años celebren  allí su propio festival." -   Que su vida corre peligro "...por cuanto no se sabe qué funcionario indiscreto dió a conocer a  los dueños de la zona que quien se estaba quejando contra ellos y pidiendo que se sellaran sus negocios era yo y nadie más.   Usted señor Juez puede concluir sin mayor esfuerzo qué me puede pasar a mí o a mi familia si me paso por ese sector." -   Que el "7 de junio de 1991 creyendo ingenuamente que con el cambio  de titular en la Alcaldía Menor de Santafé la situación que vivía el sector tomaría un rumbo favorable, en ejercicio del derecho de petición radiqué tanto en la Alcaldía Menor como en la Secretaría de Gobierno los memoriales cuya copia le estoy acompañando, y esta es la fecha señor Juez en que no he recibido la respuesta escrita a que tengo derecho sobre esa petición." -  Que acude a la autoridad judicial "para que la Ley 9a. de 1976 conocida como Código de Sanidad Nacional sea cumplida por la Secretaría Metropolitana de Salud de Santafé de Bogotá en lo relacionado con la obligatoriedad para todos los establecimientos públicos de funcionar teniendo vigente la Licencia Sanitaria de Funcionamiento, requisito sin el cual los negocios deben sellarse indefinidamente por la autoridad sanitaria encargada de expedirlas.  Esto, con base al derecho que me da el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia." LA  PRIMERA  INSTANCIA Pruebas.  El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C.,  con el objeto de resolver sobre lo pedido, ordenó la práctica de las siguientes diligencias: "1.  Oficiar a la Alcaldía Menor de Santafé de Bogotá para que informe en qué sentido le fue resuelta la petición elevada por el señor MORA LEON, con fecha 7 de junio  de 1991, qué medidas se tomaron, por qué medio se le comunicó al peticionario y en qué fecha.  2.  Oficiar a la Secretaría de Gobierno Distrital, para que informe qué tratamiento se le dió a la petición elevada por el señor MORA LEON y radicada en esa oficina con el No. 006516 de junio 7 de 1991; en qué forma le fue resuelta, en qué fecha, cuándo se le informó y por qué medio.  3.  Oficiar a la Personería Delegada para el Control del Medio Ambiente para que allegue en fotocopia autenticada copia del expediente No.  450 de 1990, concerniente a la queja elevada por el señor Mora León". El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., mediante sentencia de fecha enero diecisiete (17)  de mil novecientos noventa y dos (1992), resolvió:  "RECHAZAR LA TUTELA solicitada por el ciudadano ALFONSO MORA LEON, identificado con la C.C. #276.876 expedida en Girardot, contra la Alcaldía Menor de Santafé; la Sección de Saneamiento ambiental de la Secretaría de Salud y la Personería Delegada para el Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano", con base en las siguientes razones: -  Que "cuando se presenta la vulneración de derechos colectivos, la ley debe regular las acciones populares para su protección", según el artículo 88 de la C.N..  "En consecuencia, por el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, numeral tercero, la tutela no procederá cuando se pretenda proteger derechos colectivos." -   Que el actor a pesar de que solicita protección para sus derechos a la vida y de petición, "denotamos que no es tal vulneración porque en las peticiones concretas apunta  a señalar que desea el sellamiento definitivo de las compraventas de cartón, papel, etc.; presencia por la empresa Edis (sic), para la limpieza; presencia de la policía nacional para la seguridad y en fin, que se dé cabal cumplimiento al Código Sanitario". -  Que no se ha vulnerado el derecho de petición, porque, la Alcaldía Menor del Barrio Santafé "según se informó sí tomó las medidas sellando algunos establecimientos, envió un Inspector de Zonas (Fl. 15)". Que igualmente la personería delegada para el medio ambiente, inició inmediatamente investigación sobre los hechos lo que demuestra que "las entidades acusadas si han dado respuesta a las inquietudes del demandante en el sector donde tiene su apartamento." I M P U G N A C I O N El accionante dentro del término legal impugnó la decisión anterior alegando lo siguiente: -  Que se le conculcó el derecho de petición al no dársele pronta solución a la solicitud o petición que radicó en la Alcaldía Menor  el 7 de junio de 1991. -   Que se le violó su derecho consagrado en el artículo 11 de la C.N. al exponerlo a la pérdida de su vida o la de algún miembro de su familia "al no haberse guardado la PRUDENCIA que yo solicité en mi petitorio radicado el 7 de junio de 1991 en el sentido de que los involucrados, es decir, los propietarios de los depósitos de cartón, envases, etc. sobre  los cuales pedía que no se le renovara la licencia de funcionamiento a quienes no cumplieran  con el literal "c" del art. 3o.  del Decreto 0246 de 1989, no tuvieran conocimiento de mi queja en razón del peligro  que correría mi vida y la de mis familiares dado la peligrosa (sic)  de esas gentes." -  Que no es cierto, que él hubiese formulado la acción en interés general, sino  en interés particular, por lo tanto la acción de tutela es la procedente  y no "La acción para la protección de los derechos e intereses colectivos", "...porque a mí como ciudadano concreto y como propietario del  apartamento  302  de  la  carrera  13 No. 8-70, adquirido por  compra hecha al señor Jorge Gutiérrez Mosquera mediante Escritura No. 2525 de mayo 28 de 1980 de la Notaría Sexta de Bogotá, se me está perjudicando con el funcionamiento indiscriminado de esos negocios que sin los requisitos legales existen en las cercanías de mi propiedad, desvalorizándomela con la presencia de la gentuza que forma su clientela y que  conforman verdaderas bandas de delincuentes y depravados de toda  laya que atentan contra la vida y los bienes de quienes tenemos intereses económicos en la zona como en mi caso, que soy propietario de un inmueble que no he podido vender por la suciedad y peligrosidad del sector". -   Que no es cierto que las dependencias del Distrito, le respetasen el derecho de petición. -    Que lo "cierto es que yo no puedo  pasar por ahí o por lo menos siento temor en hacerlo después de la advertencia" de un  conocido y por eso vive en otra dirección.  "Esto también  se llama petición en interés particular porque es mi vida y la integridad personal de mi familia la que está en peligro y no la de la comunidad". -  También impugna el fallo "porque nada dice con relación a lo dispuesto en  el artículo 87 de la C.N.". LA SEGUNDA INSTANCIA El JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO, mediante sentencia del dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), resolvió la segunda instancia, confirmando el fallo del A-quo, previas las  consideraciones que se resumen: -   Que  no existe prueba suficiente para colegir que se ha conculcado el derecho a la vida, "ya que para que esto ocurra no basta con afirmar que el derecho está en  grave peligro, sino que es necesario acreditarlo y en este caso, como ya quedó anotado, no se hizo". -   Que no se vulneró el derecho de petición, "porque el señor Alcalde Menor de Santafé de Bogotá, una vez recibió la queja del señor Mora León, procedió a delegar a un Inspector de Zona, con el fin de que practicara una  visita al sector, arrojando como resultado el sellamiento de varios establecimientos, por ocupación de zonas de uso público y además al querellante se le notificó personalmente de las medidas adoptadas, cada vez que se  acercó al respectivo Despacho (fl. 15 c.o.), a lo cual debe dársele credibilidad por tratarse de una manifestación hecha bajo juramento al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991". -   Que el artículo 87 C.N., no ha sido reglamentado, "pero como quiera que lo perseguido con la presente acción es que se prohiba el funcionamiento de establecimientos públicos que carezcan de licencia sanitaria, ya por parte de la respectiva Alcaldía se dispuso hacerlo, cuando ordenó el sellamiento de los establecimientos ubicados en la carrera 13 No. 8 - 52, carrera 13 No. 8 - 58, carrera 13 No. 8-50, carrera 13 No. 10-13 y carrera 12A No. 10-12,  asistiéndole razón al A-quo en no tutelar los derechos invocados". -   Que se confirma la decisión de primera instancia, "pero  no por las razones expuestas en la providencia impugnada, esto es, por ser derechos colectivos, sino porque no son susceptibles de tutela ya que  no fueron vulnerados ni amenazados y es por ello que debe confirmarse la providencia materia de alzada, con las anteriores aclaraciones". Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Corte Constitucional -Sala de Tutela- procede a decidir previas las siguientes, C O N S I D E R A C I O N E S : 1a.   Competencia Es competente la Sala para adelantar la revisión de la sentencia  proferida por el Juez Octavo Penal del Circuito del Distrito Capital, en la presente causa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 33 y  34 del Decreto 2591 de 1991. 2a.  La Materia La presente revisión de la sentencia proferida por el Juez Octavo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá el dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se resolvió la segunda instancia de la acción de tutela incoada por el ciudadano ALFONSO MORA LEON, comprenderá, además,  la  fijación de los alcances para el caso  de los derechos a la vida y de petición. DERECHO  A  LA  VIDA A fin de atender las exigencias de una sociedad que necesita construir una cultura de la no violencia, respetuosa de la existencia, estipuló el constituyente el derecho a la vida.  Se trata de una respuesta a preocupantes hábitos de criminalidad que en nuestra sociedad han desembocado en un descenso en el respeto por la vida, la cual se comercia y tasa en valores monetarios, al extremo de que existe una extendida profesión contra  la misma, ejercida por el denominado sicariato.  En la exposición de motivos del proyecto de acto reformatorio de la Constitución presentado por el Gobierno a consideración de la Asamblea Constitucional, se lee lo siguiente: "Atendiendo el clamor que ha despertado en el país el contínuo desconocimiento del derecho a la vida por causa de las masacres, del terrorismo, del sicariato, del exterminio de indigentes; de los atentados contra dirigentes políticos, cívicos y sindicales, el Gobierno  propone consagrar expresamente el derecho  a la vida en la Constitución.  Este postulado impondrá un mandato al Estado y a los particulares y sin duda contribuirá a crear una cultura de respeto a la vida del ser humano." La Constitución Política de 1991 viene a consagrar de manera expresa el  Derecho a la vida en su artículo 11, del siguiente tenor literal:  "El Derecho a la vida es inviolable.  No habrá pena de muerte".  El texto  no define  la naturaleza del derecho como sí lo hacía el proyecto presentado por el Gobierno, cuando indicaba que el derecho a la vida "es inherente a la persona humana".  Se suple el vacío del precepto en su redacción definitiva, por su ubicación en el texto constitucional  haciendo parte de los "Derechos fundamentales" y comenzando la enumeración que de los mismos trae la Carta en el Capítulo I del Título II.  Resulta pues un avance frente a la Constitución de 1886, que consagraba sólo de manera indirecta este derecho en su artículo  16, al disponer que las autoridades de la República estaban instituídas para proteger "la vida" de las personas  residentes en Colombia.  Consagra el nuevo precepto  la prohibición absoluta de imponer la pena de muerte,  no sólo dirigida al legislador como en el  texto constitucional anterior (art. 29). Esta prohibición, recoge el criterio constitucional colombiano adoptado en el acto legislativo No. 3 de 1910, que reformó  el artículo 29 original de la Constitución de 1886, que estatuía lo siguiente:  "Sólo impondrá el legislador la pena capital para castigar, en los casos que  se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente  comprobados, a saber: traición a la patria en guerra extranjera panicidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército".  "En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previsto." El primero de los Derechos Fundamentales es el derecho a la vida.  Es  un derecho inherente al individuo, lo que se pone de presente en el hecho  de que sólo hay que existir para ser titular del mismo. De otra parte, se tiene que no se puede ser titular  de derechos sin la vida presente, pasada o futura.  Así, resulta la vida un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. Sin entrar en definiciones absolutas ni definitivas sobre el objeto del derecho comentado, la VIDA misma, cuyos contenidos esenciales resultan inalcanzables para la conciencia actual del hombre; en la lógica del derecho, que es una expresión de la conciencia media de la sociedad, la vida, es la no muerte.  Y el derecho a la vida es la garantía para el individuo de que nadie pueda causarle la muerte como un acto de expresión de la voluntad.  Es el derecho  a morir de muerte  natural o por efecto  de enfermedad propia, no inducida. Con el crecimiento de las obligaciones sociales del Estado, el derecho a la vida aumenta su espectro garantizador, con una lógica de reducción a la unidad (el hombre), para comprender también la posibilidad de "vivir bien", de suerte que, en este sentido, la totalidad de los denominados derechos asistenciales" se orienta justamente a asegurar esta expresión ampliada del derecho a la vida. Lo anterior muestra la obligación del intérprete en la acción de tutela de definir la expresión del derecho a la vida en cuanto fundamental y en tanto asistencial, -por cuanto aquella es la expresión primigenia de la vida y así considerada tiene el carácter de fundamental, mientras que los distintos modos de vida de la civilización de occidente, a que pertenecemos, involucrados en nociones sociológicas como las del "confort" y  "modo de vida" (se subraya), sólo circunstancialmente en tanto la ley y el Estado los tengan dispuestos serán objeto de amparo,  mediante la acción de tutela, tal como se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico  colombiano. Lo expuesto permite a la Sala concluir para el caso concreto, que la solicitud del accionante en el sentido de demandar una prestación de mejor calidad en los servicios de recolección de basuras, el sellamiento de establecimientos de  comercio que no cumplan con los reglamentos de sanidad  e higiene, o la presencia  más eficaz de la Policía en un determinado sector urbano, o la prohibición del estacionamiento de "zorras y carromatos" o la circulación "basuriegos o  recicladores" en la zona, no constituyen atentados contra el derecho a la vida, en cuanto derecho fundamental, sino que, sus peticiones se orientan a buscar la protección de otros derechos de rango legal, para cuya garantía no está autorizada la vía judicial utilizada por el actor (artículo 2o.  del Decreto 306 de 1992). Comparte la Sala el criterio expuesto por el ad-quem, al afirmar que en "relación con el derecho a la vida, encuentra este Despacho que no existe prueba suficiente para colegir que se ha conculcado, pues únicamente se cuenta con el dicho de Mora León, basándose en la peligrosidad de los vecinos del sector, de quienes dice conforman verdaderas bandas de delincuentes y depravados, lo cual no demuestra un peligro inminente para la vida del actor o de su familia y por ello no es susceptible de ser tutelado, ya que para que esto ocurra no basta con afirmar que el derecho está en grave peligro, sino que es necesario acreditarlo y en este caso, como ya quedó anotado, no se hizo".  En efecto, el actor no señala de manera directa a ningún sujeto, sino a un grupo indiferenciado de personas, como eventuales agresores contra su vida, ni prueba ninguna conducta  humana que así lo indique, ni omisión  del Estado de la cual pueda resultar su individual derecho a la vida  o el de los miembros de su familia vulnerados,  y su solo temor no constituye elemento que pueda tener en cuenta la Sala para deducir de allí la violación del derecho a la vida que pide le sea amparado. Lo expuesto no hace posible que pueda prosperar el amparo que solicita el demandante del derecho a la vida en el presente caso. EL DERECHO DE PETICION Este derecho muestra tal vez más que ningún otro derecho fundamental, la naturaleza de las relaciones de los asociados con el poder público en el Estado Liberal.  Es junto con los derechos políticos el mecanismo de participación  democrática más antiguo en esa forma del Estado. En efecto, allí las relaciones entre la sociedad  y el Estado, permiten a  la primera, con la consagración del Derecho de petición, solicitar de  éste proveimientos en interés particular o general, imponiéndole al aparato institucional la obligación de  atender esas solicitudes de acuerdo con las posibilidades que le otorga la ley.  Este especial tipo de "relación política" no es propio de otras formas del Estado que atienden las peticiones de los asociados como una respuesta a título de "gracia" (monarquía), o cuya legitimación resulta precaria en razón de que el poder estatal  no busca satisfacer el interés general, sino el de una determinada clase (periodo de la "dictadura del proletariado"); en el sistema político demo-liberal, por el contrario, el individuo es personero de intereses propios y de la sociedad en general, lo que  es reflejo de la aspiración democrática que contiene el modelo político.  En esto justamente se encuentra el contenido autónomo del derecho humano que se comenta, que además tiene el contenido de los derechos que se piden mediante su ejercicio, los cuales son de la naturaleza más general, públicos o privados,  absolutos o relativos, subjetivos y objetivos, lo cual ha llevado a sustentar la aseveración de que es un derecho que  sirve de instrumento para lograr la protección de los  demás derechos de los individuos. Con el aumento de las funciones administrativas en el Estado, después de la segunda postguerra, el derecho de petición ha tenido una ampliación de su campo  de aplicación, que permite un intenso diálogo entre los administrados y  las agencias de servicios públicos, lo que no quiere decir,  que el derecho de petición sólo pueda dirigirse a  la administración, porque él, permite también  formular solicitudes a las otras ramas del poder público. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, no consagró expresamente el derecho de petición, el cual vino a aparecer poco después en la Declaración de los Derechos que sirve de preámbulo a la Constitución Política Francesa del 24 de junio de 1793, que en su artículo 32 lo dispuso así: "El derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede, en ningún caso ser prohibido, suspendido ni limitado".  La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), no lo contiene, como tampoco el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3 de enero  de 1976), ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (23 de marzo de 1976).  El Derecho Constitucional de un buen número de países lo consagra de manera expresa:  Alemania (arts.  17 y art. 45 c.),  Brasil (art. 5o.), España (art. 29), Guatemala (arts. 28 y 137), Italia (art. 50), México (arts. 8o., 9o., y 35), Perú (art. 2o.), Portugal (art. 49), Venezuela (arts. 67 y 68),  entre otros. La Constitución Política consagra el derecho de petición en su  artículo 23, el cual recoge, en su primera parte casi literalmente, la fórmula de la anterior Constitución, que permite a "toda persona", es decir,  mayores o menores, nacionales o extranjeros, domiciliados o transeúntes, naturales o jurídicas, sin limitaciones de sexo, raza o condición, ni de ninguna otra clase, ejercerlo en interés propio  o general y de obtener pronta resolución.  Esto último implica la obligación que  tiene la autoridad pública  de resolver la solicitud en forma  expresa o tácita (silencio  administrativo), verbal o escrita o con la simple ejecución o suspensión fáctica de lo solicitado, según lo disponga la ley.  Lo anterior, es obvio, no quiere decir que la  petición deba resolverse accediendo a todo lo solicitado;  las diferencias de criterio sobre la solución, entre el actor y su destinatario,  podrán ser objeto del ejercicio de peticiones más especializadas (petición-demanda), para definir a quien asiste la razón legal. El constituyente de 1991, introdujo como elemento  nuevo una extensión del Derecho de Petición ante organizaciones privadas, cuando busquen la garantía de derechos fundamentales.  Se instaura de ese modo un mecanismo de defensa de esos derechos, incluso  frente a los particulares, ante quienes los individuos, por la  composición de las distintas fuerzas sociales puedan encontrarse en estado de indefensión.  La extensión del derecho a los poderes privados, es una medida de protección que permite disponer del derecho a ser oído e informado sobre decisiones que le conciernen y que  tiene el efecto de democratizar las relaciones en el  interior de las organizaciones particulares y de quienes puedan verse afectados en sus derechos fundamentales con sus decisiones. En el caso concreto las peticiones del actor fueron atendidas por la administración.  El señor Alcalde Menor de Santafé de Bogotá, en atención a ellas delegó a un funcionario (Inspector de zona),  para que practicara visita al sector arrojando como resultado esta diligencia el sellamiento de  varios establecimientos (ventas de cartón y elementos reciclables),  entre los cuales indicó los situados en las siguientes direcciones:  carrera 13 No. 8-52, carrera 13 No. 8-58, carrera 13 No. 8-50, carrera 13 No. 10-13, carrera 12A No. 10-12, por ocupación de zonas de uso público.  "En relación a la comunicación hecha  al querellante, este se dió por notificado de las medidas adoptadas en forma personal, cada una de las veces que se acercó a este Despacho"(folio 15).  El Personero Delegado para el medio ambiente y el desarrollo, allegó  a folios copia del expediente radicado bajo el No. 003279/90 (450/90), sustanciado en  esa delegada en virtud de la queja formulada por el actor, con lo  cual queda demostrada la respuesta de esta autoridad a la petición, a tal grado que en su escrito de "impugnación", el demandante afirma no haber dirigido la acción contra la personería, lo cual parecía indicar su escrito de demanda inicial. Con estas respuestas de la administración queda demostrado que no se conculcó el derecho de petición del actor, por lo tanto no progresa por este aspecto la solicitud que hizo de que se le amparara en la violación del derecho citado. La solicitud de aplicar lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política, por la vía procesal de la  tutela, no es procedente, por cuanto es un procedimiento distinto el llamado a implementar la acción contemplada en ese precepto, que no ha sido objeto de los desarrollos legales necesarios, art. 2o. Dto. 306/92. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión  de Tutelas, administrando  justicia en nombre del pueblo y por mandato de la  Constitución, R E S U E L V E Primero. CONFIRMAR  la sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., de marzo dos (2) de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se decidió la segunda instancia, en la acción de tutela de la referencia, promovida por ALFONSO MORA LEON, por las razones precedentes. Segundo.-   Comuníquese al Juzgado Octavo  Penal del Circuito de Santafé de  Bogotá, D.C., la presente decisión para que sea notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. FABIO MORON DIAZ               SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-453-92 Sentencia No Sentencia No. T-453/92 ACCION DE TUTELA-Alcance/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD/JUEZ DE TUTELA-Deberes La acción de tutela no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para que ellas dentro  de sus competencias definan si se han violado los derechos y resuelvan lo pertinente al caso, a fin de que cese la violación y aquellos se restablezcan. No obstante que la acción de tutela tampoco tiene el propósito de instruir a los apoderados judiciales sobre cuál es la acción procedente para atender los pleitos confiados a su cuidado, sí es deber ineludible del juez de tutela, cuando llega a la conclusión de que hay un mecanismo judicial idóneo para la salvaguarda del derecho, indicarle al afectado con precisión libre de toda ambigüedad, la vía instituída para tal finalidad, sin que pueda dejar de cumplir con esa obligación cuando la acción de tutela se presenta por conducto de apoderado judicial. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia La protección que brinda la acción ordinaria es integral porque de comprobarse la existencia del derecho, éste se reconoce desde el momento en que se causó y se ordena cancelar las sumas adeudadas a partir de ese instante. Es por tanto un medio eficaz para obtener el restablecimiento del derecho. La acción no ha prescrito y a ella puede acudirse. Tampoco resultaría viable en este caso la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues se trata de obtener la definición de un derecho litigioso y la acción no tendría la finalidad de evitar un perjuicio irremediable. PENSION DE VEJEZ-Reconocimiento/SOCIEDAD CONYUGAL/RELACION LABORAL La legislación laboral tiene establecido que el contrato de trabajo puede concurrir con otras formas contractuales sin perder ni transformar su naturaleza y hoy la Constitución manda que se dé prevalencia a la realidad del trabajo por encima de cualquier formalidad todo lo cual implica que en cada caso concreto y con el auxilio de la presunción legal que ordena el C. S. del T. se deba estudiar si se da o no la relación laboral, que, por lo demás, el Instituto aceptó sin protestar durante las numerosas semanas de cotización. Lo anterior debe predicarse, aún con mayor razón, cuando concurren el vínculo conyugal y la relación laboral que son dos situaciones legales que por sí mismas y a priori no se excluyen sino que pueden práctica y jurídicamente comulgar; la primera, en la cual rige la igualdad de los consortes por disposición constitucional, funda las relaciones personales, familiares y patrimoniales que la ley señala entre la pareja, al paso que la segunda enmarca la prestación  remunerada de un servicio económicamente útil de una persona en favor de las actividades productivas de otra de la cual depende para los únicos y exclusivos efectos de tal relación laboral. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHO AL TRABAJO-Protección La seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado Social del Derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento es necesariamente derivación del derecho al trabajo. SALA DE REVISION  No. 7 REF: EXPEDIENTE T-1239 Acción de tutela instaurada por CARLOS ALFONSO REINA CARRILLO contra la Resolución No. 04148 de 1991 del Instituto de Seguros Sociales. Magistrado Ponente: JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según Acta No.3 Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992).. El señor CARLOS ALFONSO REINA CARRILLO, por conducto de apoderado judicial, formula acción de tutela para reclamar  la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo, al debido proceso  y a la asistencia social, los cuales considera le fueron vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales. I. FUNDAMENTOS DE LA ACCION. La violación de los derechos indicados ocurre, según el petente, porque mediante la Resolución No. 04148 de 1991 el Instituto de Seguros Sociales confirmó la Resolución No. 5343 de 1990 negándole la pensión de vejez a que tiene derecho, con base en que "el vinculo laboral en la sociedad conyugal no es factible" interpretando así erróneamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Manifiesta que cumple los requisitos de edad y tiempo de cotización previstos  en las normas reglamentarias del seguro de vejez, las cuales no excluyen la posibilidad de que los cónyuges sean afiliados al Seguro Social, en virtud de una relación laboral. II. ACTUACION EN PRIMERA INSTANCIA. El Juez séptimo Superior de Bogotá rechazó la acción interpuesta por las razones siguientes: 1o. El acto acusado no afecta el derecho al trabajo, sino a la seguridad social, el cual no es fundamental. 2o. La actuación administrativa no conculca el derecho al debido proceso,  porque la Resolución impugnada "es el resultado de los recursos interpuestos contra la decisión inicial". 3o. La acción de tutela es improcedente por ser el acto  acusado un acto administrativo, el cual puede demandarse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. III. ACTUACION EN SEGUNDA INSTANCIA. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Penal- confirmó la decisión del Juez del conocimiento, prohijando  los argumentos expuestos en torno a la existencia de un medio judicial distinto para la defensa del derecho. En relación con las alegaciones del apoderado respecto de las dificultades de intentar la acción ante la jurisdicción  de lo Contencioso Administrativo, toda vez que por negligencia de quien tenía para ese efecto la representación judicial, la demanda no se corrigió oportunamente y fue rechazada y además, a la posibilidad  que existiría de acudir a la jurisdicción laboral para dirimir el conflicto, el Tribunal señala que tales planteamientos indican que no se han agotado los recursos judiciales existentes para obtener el reconocimiento de la pensión y que también pueden imponerse correctivos para que los abogados cumplan con su deber. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. a.  La subsidiariedad. Compete a la Corte Constitucional en Sala de Revisión y previa selección del caso, revisar las decisiones proferidas con ocasión de acciones de tutela, de acuerdo con lo normado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Nacional y los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Para resolver sobre la tutela impetrada es necesario dilucidar si para la protección de los derechos que se consideran lesionados existe un medio idóneo de defensa, bien sea a través de las acciones comunes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que fue la vía escogida inicialmente por la apoderada judicial del peticionario, o ante la jurisdicción laboral. El artículo 86  de la Constitución Nacional al instituir la acción de tutela para que pudiera reclamarse  ante los jueces la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, impone como condición de procedibilidad de ese instituto, que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para obtener la protección del derecho, salvo el caso en que se pida su protección transitoria para evitar que se cause un perjuicio irremediable. Analizados los argumentos expuestos por el apoderado judicial para fundar la petición de tutela se advierte que con anterioridad a la presentación de esta solicitud se había intentado hacer efectivo el derecho a la pensión de vejez, promoviendo la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho contra las Resoluciones del Instituto de Seguros Sociales que la negaron. El Tribunal Administrativo del Meta ordenó corregir la demanda para adecuarla a las exigencias establecidas en el Código Contencioso Administrativo y como las fallas que advirtió el Tribunal no fueron corregidas dentro del término preclusivo que establece la ley, el Tribunal rechazó la demanda por auto de Enero 28 de 1992 y la acción de restablecimiento del derecho ya caducó. Indica lo anterior, que la persona tuvo oportunidad de acceder a la administración de justicia según lo ordena con carácter imperativo el artículo 229 de la Carta Fundamental, pues puso en marcha la actividad jurisdiccional para pedir la nulidad del acto que vulnera su derecho. Sin embargo, por descuido de la apoderada a quien confió la defensa de su interés jurídico, dejó pasar la oportunidad procesal para reclamarlo, la cual no puede revivir en virtud de la acción de tutela, puesto que ella no fue instituida para corregir las faltas de los abogados que determinan el fracaso del medio judicial preestablecido en la ley, ni tiene carácter alternativo o de opción. En efecto, la acción de tutela no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para que ellas dentro  de sus competencias definan si se han violado los derechos y resuelvan lo pertinente al caso, a fin de que cese la violación y aquellos se restablezcan. No obstante que la acción de tutela tampoco tiene el propósito de instruir a los apoderados judiciales sobre cuál es la acción procedente para atender los pleitos confiados a su cuidado, sí es deber ineludible del juez de tutela, cuando llega a la conclusión de que hay un mecanismo judicial idóneo para la salvaguarda del derecho, indicarle al afectado con precisión libre de toda ambigüedad, la vía instituída para tal finalidad, sin que pueda dejar de cumplir con esa obligación cuando la acción de tutela se presenta por conducto de apoderado judicial. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, debe tenerse en cuenta  que la vía adecuada para demandar el reconocimiento de la pensión de vejez, negada en la actuación administrativa, es la acción laboral ordinaria tomando en cuenta que la reclamación  se intentó ante el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en el cumplimiento de requisitos causados en desarrollo de una relación laboral de carácter privado derivada de un contrato de trabajo; por ello, la solución del conflicto que suscita la decisión oficial corresponde, como se dijo, a la jurisdicción laboral, la cual fue instituída para resolver las controversias jurídicas que se originan directa o indirectamente de un contrato de trabajo y especialmente "de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social"; al respecto, debe tenerse presente que el Código Procesal del Trabajo fue expedido mediante el Decreto 4133 de 1948 y, para ese momento, la ley 90 de 1946, por virtud de la cual  se estableció el seguro social obligatorio para amparar los riesgos de enfermedad,  invalidez, vejez y muerte y se creó el Instituto de Seguros Sociales, había dispuesto en su artículo 68: "Las controversias que suscita la aplicación de la presente ley entre patronos y trabajadores, o entre el Instituto o las Cajas y los patronos, asegurados o beneficiarios, por razón del seguro, serán de competencia de la justicia del trabajo". Tratándose de demandas contra actos de entidades de derecho público, administrativas o sociales, es requisito indispensable agotar el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente, al igual que se exige para demandar ante la jurisdicción  de lo contencioso administrativo, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 2, 6 y 11 del Código de Procedimiento Laboral. De otra parte, cabe anotar que el Código Contencioso Administrativo, en consonancia  con las normas procesales citadas, excluye del conocimiento de esa jurisdicción los conflictos laborales derivados de una relación contractual preexistente y por consiguiente,  el de las acciones en que se reclame un derecho con fundamento en una relación de esta naturaleza, según las normas de competencia establecidas en los artículos 131-6 y 132-6, por cuanto en ellas sólo les asigna la facultad de conocer de los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral "que no provengan  de un contrato de trabajo" en los que se controviertan actos de cualquier autoridad. La protección que brinda la acción ordinaria es integral porque de comprobarse la existencia del derecho, éste se reconoce desde el momento en que se causó y se ordena cancelar las sumas adeudadas a partir de ese instante. Es por tanto un medio eficaz para obtener el restablecimiento del derecho. La acción no ha prescrito y a ella puede acudirse. Tampoco resultaría viable en este caso la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues se trata de obtener la definición de un derecho litigioso y la acción no tendría la finalidad de evitar un perjuicio irremediable. A pesar de todo lo anterior, la Corte considera que es imperativo que el Instituto de Seguros Sociales haga un estudio nuevo y tome decisiones acordes con tal renovado análisis, pues no es posible que el asunto lo resuelva dicha institución solamente con base en el equivocado criterio de que el vínculo conyugal y la relación laboral se excluyen per se.  Como se acaba de decir, no es función de la acción de tutela definir contenciones, esto es, derechos litigiosos, pero en este caso es palmar que el aspecto que se deja reseñado debe corregirse y, si de ello así resulta, evitar una acción ordinaria laboral, esto es, si resulta que el Instituto de Seguros Sociales establece la presencia de los otros requisitos para reconocer la pensión de vejez que se reclama. La legislación laboral, en efecto, tiene establecido que el contrato de trabajo puede concurrir con otras formas contractuales sin perder ni transformar su naturaleza (art. 25. C. S. del T.) y hoy la Constitución manda que se dé prevalencia a la realidad del trabajo por encima de cualquier formalidad (art. 53 C.N.), todo lo cual implica que en cada caso concreto y con el auxilio de la presunción legal que ordena el artículo 24 del C. S. del T. se deba estudiar si se da o no la relación laboral, que, por lo demás, el Instituto aceptó sin protestar durante las numerosas semanas de cotización. Lo anterior debe predicarse, aún con mayor razón, cuando concurren el vínculo conyugal y la relación laboral que son dos situaciones legales que por sí mismas y a priori no se excluyen sino que pueden práctica y jurídicamente comulgar; la primera, en la cual rige la igualdad de los consortes por disposición constitucional, funda las relaciones personales, familiares y patrimoniales que la ley señala entre la pareja, al paso que la segunda enmarca la prestación  remunerada de un servicio económicamente útil de una persona en favor de las actividades productivas de otra de la cual depende para los únicos y exclusivos efectos de tal relación laboral. El Instituto de Seguros Sociales debe, pues, analizar el caso concreto nuevamente y determinar si se reunen las condiciones de la presencia de una relación laboral, número de cotizaciones y edad para conceder la pensión de vejez al señor REINA sin utilizar como argumento obstativo el vínculo conyugal que lo une con la dueña de la empresa en la cual cotizó. b. El derecho protegido. De otro lado, interesa, de todas maneras, dejar en claro que es equivocado el criterio del juez del conocimiento, cuando señala que la negativa en conceder la pensión de vejez no afecta el trabajo sino la seguridad social que no es un derecho fundamental. La asistencia como derecho surgió inicialmente de las relaciones de familia que imponían la obligación de ayuda y socorro entre los miembros del grupo familiar. Los padres debían proporcionarle a sus hijos los medios de subsistencia y los esposos debían auxiliarse entre sí. En consecuencia, el miembro de familia que tuviese el derecho a exigir asistencia, podía lograr su cumplimiento interponiendo la acción judicial para obtener la asistencia requerida. La seguridad social adquiere carácter de institución y es considerada como derecho público subjetivo exigible del Estado, cuando se consagra para éste la obligación de realizar planes y programas para remediar los males sociales y brindarles medios de subsistencia a las  personas que no están en capacidad de proporcionárselos por si mismas. La seguridad Social se enmarca dentro de los denominados derechos sociales que surgen al influjo de los movimientos de renovación social y de las tesis solidaristas que se agitaron en el periodo subsiguiente a la primera guerra mundial. La Constitución de 1991 incluye la Seguridad Social dentro del capítulo 2o. del Titulo II sobre los derechos las garantías y los deberes, bajo la denominación "De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales", en el artículo 48 con el texto siguiente: "La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en (sic) sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación  de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante". El texto que consagra la Seguridad Social indica que se trata de una norma programática de desarrollo progresivo y obligatorio por parte del legislador, que constituye promesa para los gobernados de que el Estado como guardián de la colectividad, deberá diseñar políticas de acuerdo con esos postulados fundamentales para cubrir las prestaciones que surjan de las contingencias de enfermedad, invalidez o senectud, a fin de que la Seguridad Social sea una realidad. Empero, la seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado Social del Derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento es necesariamente derivación del derecho al trabajo. Entonces, la Seguridad Social envuelta en la petición corresponde  al concepto tradicional que se tiene en nuestro medio, por no existir aún un régimen integral y general de Seguridad Social, en el que las limitaciones desaparecen para proteger al hombre y satisfacer sus necesidades. De esta manera la defensa del trabajo apareja protección de la seguridad social que de él dimana, por ser la pensión de vejez  una prestación a largo plazo que cubre al trabajador en el curso de su relación laboral y que al decir de KROTOCHIN constituye "salario diferido" que se cobra periódicamente una vez se satisfacen las exigencias legales. En mérito de las consideraciones precedentes, la Corte  Constitucional en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Penal- de febrero 24 de 1992, mediante el cual confirmó la decisión del Juzgado Séptimo Superior de Bogotá que rechazó la acción de tutela formulada por CARLOS ALFONSO REINA CARRILLO. SEGUNDO.- ORDENASE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES estudiar y definir nuevamente el caso de la pensión de vejez reclamada por el señor CARLOS ALFONSO REINA CARRILLO teniendo en cuenta rigurosamente los criterios expresados en la parte motiva de esta providencia.  Y, para ello, dejar sin efectos las resoluciones 5343 de 1990 y 04148 de 1991 que la habían resuelto inicialmente.  La nueva decisión se tomará en el término de quince (15) días hábiles después de la notificación de este fallo. TERCERO.- Por Secretaría General se dará cumplimiento al artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 y el Juez de instancia velará por la ejecución de esta sentencia. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Presidente CIRO ANGARITA BARON     EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado                    Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria  General

T-454-92 Sentencia No Sentencia No. T-454/92 DERECHO AL TRABAJO/PERSONAL MILITAR/ASIGNACION DE RETIRO-Deducciones Toda disminución ilegítima de una asignación de retiro es un atentado contra el derecho al trabajo, el cual en su calidad o modalidad de remunerado, tiene especial protección constitucional, pues la retribución que se recibe, así sea por inactividad causada, está inescindiblemente unida al trabajo que la persona realizó y es un efecto intocable de la situación. Las deducciones practicadas tienen su causa exclusiva en la afiliación del solicitante a las entidades beneficiarias y que el derecho a la libre asociación que la Constitución consagra, conlleva al derecho irrenunciable a dejar de pertenecer a ellas ad libitum; la afiliación tanto como la pertenencia a una asociación son actos voluntarios y libres y dependen exclusivamente y por siempre de la decisión de la persona.  En este asunto, la afiliación debió cancelarse tan pronto como el miembro manifestó su voluntad en ese sentido y en ese mismo momento debieron cesar sus consecuencias, tales como los descuentos. SALA SEPTIMA DE REVISION REF.: EXPEDIENTE No. T-1282. Acción de tutela de RICARDO ANTONIO MURILLO LOZANO contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No.3 Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  ANTECEDENTES. Quejándose de que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le ha venido haciendo retenciones de cuotas mensuales con destino a distintas asociaciones de sub-oficiales del ejercito retirados -dentro de las cuales menciona a ACOLSURE, ATOLSURE y FECOLSURE- no obstante que no pertenece a ninguna y ha dado repetidas órdenes de que tal procedimiento cese, el señor RICARDO ANTONIO MURILLO LOZANO, ex-sargento mayor de esa Arma, pide que se le tutelen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, cesen los descuentos; igualmente pide que se decrete a su favor el pago de los perjuicios materiales, que él hace consistir en la devolución indexada de lo retenido y de sus intereses, de los perjuicios morales que estima en el valor de mil gramos oro y el reconocimiento de las costas. II. TRAMITE. Correspondió el conocimiento de esta acción a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual dictó sentencia denegatoria el 25 de febrero del presente año. Dijo el Tribunal: "El actor no precisó el derecho que considera vulnerado (art. 14 del decreto) pero describió con claridad los actos realizados por la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares respecto a la cual impetra la tutela.  De los derechos citados por el solicitante sólo son fundamentales el derecho al trabajo y la libre asociación y ninguno de ellos resulta vulnerado por la deducción de una cuota para una asociación de suboficiales en retiro; ese hecho podría vulnerar, eventualmente, el derecho de propiedad -que no es fundamental- para cuya protección existen otros medios de defensa judicial por lo cual es improcedente la tutela máxima cuando el hipotético perjuicio es remediable (art. 6o. idem). Además el artículo 1o. del Decreto 306 de 1992 explícitamente excluyó esta protección en los casos en que el interesado puede solicitar a la autoridad judicial competente la orden de devolución de sumas de dinero pagadas por contribuciones (literal e))". Se anota que el sentenciador no indicó cuáles eran los otros medios de protección de los derechos de que disponía el actor; además, negó la práctica de las pruebas pedidas por él, ya que pensó que no eran relevantes "al considerar que aunque el contenido de esas pruebas respaldase las aseveraciones fácticas hechas por el actor, la tutela resultaría improcedente por las razones ya expuestas". La sentencia fue impugnada por fuera de tiempo, de manera que el recurso no fue concedido. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. La Corte Constitucional practicó algunas pruebas, consistentes en dos certificaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de las cuales se desprende que al solicitante se le vienen realizando deducciones de su asignación de retiro desde 1987 con destino al Círculo de Suboficiales y a la Federación Colombiana de Suboficiales (FECOLSURE), entidad de segundo grado a la que está afiliada la Asociación Tolimense de Sub-oficiales en Retiro (ATOLSURE); otras deducciones que se le practican no vienen al caso y no tocan con la demanda. Igualmente se estableció que el petente no ha dirigido a la Caja solicitudes para que cesen los descuentos y, lo que es muy importante, que dicha Caja se limita a recaudar para los terceros dichos de acuerdo con las órdenes que recibe de ellos conforme a la ley, por donde se ve que la acción está mal dirigida y que la tutela debe entenderse enderezada, como lo entiende la Corte, a los verdaderos responsables de la situación, haciendo prevalecer así el derecho substancial. Es claro para la Corte, a contrario de lo que cree el fallador de instancia, que toda disminución ilegítima de una asignación de retiro es un atentado contra el derecho al trabajo, el cual en su calidad o modalidad de remunerado, tiene especial protección constitucional, pues la retribución que se recibe, así sea por inactividad causada, está inescindiblemente unida al trabajo que la persona realizó y es un efecto intocable de la situación; la asignación de retiro no es un don o gracia ni es tampoco una forma de previsión social general sino que tiene claros y precisos anclajes en el trabajo y es su consecuencia. También cree la Corte que las deducciones practicadas tienen su causa exclusiva en la afiliación del solicitante a las entidades beneficiarias y que el derecho a la libre asociación que la Constitución consagra, conlleva al derecho irrenunciable a dejar de pertenecer a ellas ad libitum; la afiliación tanto como la pertenencia a una asociación son actos voluntarios y libres y dependen exclusivamente y por siempre de la decisión de la persona; es claro que la ley puede exigir que determinadas actividades se cumplan únicamente por personas jurídicas conformadas de acuerdo a determinados modelos asociativos, pero este no es el caso presente y, aún en ese caso, toda persona es libre de integrarse o no a la asociación o compañía. En este asunto, la afiliación debió cancelarse tan pronto como el miembro manifestó su voluntad en ese sentido y en ese mismo momento debieron cesar sus consecuencias, tales como los descuentos. IV.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO:        Revócase la sentencia del 25 de febrero de 1992, emanada de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual se definió la acción de tutela impetrada por el señor RICARDO ANTONIO MURILLO LOZANO contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. SEGUNDO:        Ordénase al CIRCULO DE SUBOFICIALES, a la FEDERACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES (FECOLSURE) y a la ASOCIACION TOLIMENSE DE SUBOFICIALES EN RETIRO (ATOLSURE) desafiliar al señor RICARDO ANTONIO MURILLO LOZANO y suspender toda clase de descuentos en su contra en el término de cuarenta y ocho (48) horas después de la notificación de esta providencia; noticia inmediata de ambos hechos darán a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. TERCERO:        Dentro del término dicho, las entidades mencionadas devolverán al demandante lo que a través de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hayan recibido de él a partir del momento en que recibieron en debida forma su solicitud de desafiliación, si así aconteció en el pasado; en este evento, previo reintegro de los beneficios recibidos después de ello, en su caso. CUARTO: Remítase al Tribunal de origen de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí indicados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON                   EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-455-92 Sentencia No Sentencia No. T-455/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/LEGITIMACION EN LA CAUSA Es titular de la acción de tutela, la persona a quien se le han vulnerado o puesto en peligro de quebranto sus derechos, en este caso, a la libertad física.  Por consiguiente, es ella quien puede acudir ante los jueces, según las reglas de competencia, para que se restablezca su derecho o cesen las amenazas que pesan sobre él.  Tuvo razón la juez cuando denegó la tutela y la apelación por falta de legitimidad en los solicitantes quienes actuaron en defensa de los derechos de un menor, pues ésta afirmación resultó desvirtuada por el propio titular quien bajo la gravedad del juramento declaró ser mayor de edad. ACCION DE TUTELA-Impugnación Es evidente que el Decreto 2591 de 1991 exige que la impugnación sea "debidamente" formulada, lo cual indica que debe acudirse a las normas generales de procedimiento que rigen el trámite de la apelación, para interpretar el significado del vocablo y ellas señalan que es indispensable sustentar el recurso ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, como se estatuye para todos los procesos civiles, penales y laborales en el artículo 57 Ley 2a. de 1984, que viene a constituir así una importante guía de interpretación; exigencia, además, que busca darle orden y también eficacia al proceso de tutela y que está orientada a que el juez conozca las razones por las cuales se considera que la providencia no se ajusta a derecho y con esos elementos de juicio, adopte la decisión pertinente. De tal manera, que la expresión "debidamente" no apunta sólo a la oportunidad que concede la ley para interponer la impugnación, sino también a la necesidad de indicar las razones de inconformidad con el fallo.  De otra forma no se explicaría cómo el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 puede exigir al juez que conoce de la impugnación, que estudie el contenido de tal impugnación "cotejándolo (dicho contenido del recurso) con el acervo probatorio y con el fallo", si la impugnación carece por completo de sustentación. SALA DE REVISION No.7 REF.: EXPEDIENTE No. T-2133 Acción de tutela instaurada por VICTOR GABRIEL ACOSTA, CARLOS ANDRES MOYA y HENRY RUIZ TOSE, en favor de GERARDO ALFONSO SOTELO. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No.3 Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  ANTECEDENTES. Los señores VICTOR GABRIEL ACOSTA, CARLOS ANDRES MOYA y HENRY RUIZ TOSE presentaron acción de tutela en nombre de GERARDO ALFONSO SOTELO, de quien dijeron que era menor de edad y huérfano, con el fin de que fuesen protegidos sus derechos fundamentales a la "libertad" y a la "libre movilización". La violación de los derechos cuya protección se solicitó se concreta en que el presunto menor fue involucrado injustamente en el hurto de una ferretería, ocurrido el 5 de marzo de 1991, porque a ellos y a muchas otras personas les consta que ese día el joven participó en un desfile de vehículos con el cual se cerró la campaña política del señor HENRY RUIZ TOSE, candidato al Concejo de Popayán y que se prolongó hasta altas horas de la noche. Manifestaron que con motivo de la sindicalización de que había sido víctima el joven Sotelo, los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo interrogaron ilegalmente, lo golpearon y lo dejaron libre, para al día siguiente someterlo al mismo maltrato y decirle que no podía moverse de su casa y, por esa circunstancia estuvo a punto de enloquecer. II. LA ACTUACION EN PRIMERA INSTANCIA. Correspondió a la Juez 19 de Instrucción Criminal radicada en Popayán asumir el conocimiento de la acción de tutela, quien, en orden al establecimiento de la verdad, tomó declaración a varias personas que tuvieron conocimiento de los hechos, al joven Sotelo y a los agentes de la SIJIN del departamento de Policía del Cauca, a cuyo cargo estuvo la investigación del hurto y luego de analizar los hechos y las pruebas decidió negar la tutela impetrada por las siguientes consideraciones: Señala, en primer término, que los solicitantes carecían de legitimación para actuar, por cuanto el titular de los derechos había declarado ser mayor de edad y podía formular la acción por sí mismo o por conducto de apoderado. De otra parte, precisa el fallo que los derechos fundamentales que invocaron los memorialistas no fueron conculcados, toda vez que el señor Sotelo en ningún momento estuvo privado de la libertad, pues si bien fue sindicado como autor del ilícito, los agentes de la SIJIN sólo lo condujeron a las dependencias de la Policía para interrogarlo y tampoco se le restringió el derecho a movilizarse libremente, pues, según manifestó al juzgado, después de los hechos estuvo trabajando. La juez apoya su decisión, además, en que el médico forense dictaminó que no presentaba huellas de violencia física. La providencia de primera instancia fue notificada personalmente a los solicitantes y al interesado.  En ese momento, el señor HENRY RUIZ TOSE impugnó el fallo, pero no sustentó la apelación.  El juzgado declaró desierto el recurso por esta razón y además advirtió que el impugnante no era el titular de los derechos supuestamente quebrantados, ni tenía poder de éste para actuar. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Procede la Corte a revisar la decisión adoptada, luego de haber sido seleccionado el caso por la Sala correspondiente de esta Corporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. El Constituyente de 1991 institucionalizó la acción de tutela en el artículo 86 de la Carta Fundamental con el fin de que la persona afectada en sus derechos esenciales pudiese reclamar su protección inmediata ante el juez, acusando el acto u omisión de las autoridades, o de los particulares causantes del agravio o amenaza de lesión, en desarrollo de los fines del Estado Social de Derecho que lo orientan al logro de la efectividad y prevalencia de las normas que consagran los derechos fundamentales de las personas. Es, entonces, titular de la acción de tutela, la persona a quien se le han vulnerado o puesto en peligro de quebranto sus derechos, en este caso, a la libertad física.  Por consiguiente, es ella quien puede acudir ante los jueces, según las reglas de competencia, para que se restablezca su derecho o cesen las amenazas que pesan sobre él. Desenvolviendo los principios ideados por el Constituyente para la acción de tutela como instrumento de protección de los derechos, el Decreto 2591 de 1991 dispuso que la persona a quien se han violado o desconocido sus derechos podría actuar por sí misma, o por conducto de apoderado judicial, según su deseo, caso en el cual, en consonancia con los principios de celeridad y eficacia que gobiernan el trámite, la ley manda presumir la autenticidad del poder otorgado. Con los mismos propósitos de facilitar el ejercicio de la acción y acrecer la capacidad de los titulares de los derechos fundamentales, el legislador hace posible que se puedan agenciar derechos ajenos, siempre y cuando el titular de los mismos "no esté en condiciones de promover su propia defensa".  En este supuesto, indica la norma que deberá manifestarse al juez en la solicitud que la persona se encuentra en dificultades para acudir directamente a demandar la protección de su derecho. Aplicando los criterios constitucionales y legales al caso sub-lite y teniendo en cuenta que en la etapa de revisión se trajo al expediente el certificado de nacimiento del señor Sotelo, que confirma la declaración rendida por éste, en el sentido de ser mayor de edad, se debe concluir que tiene capacidad plena para el ejercicio de sus derechos y particularmente para formular directamente la acción de tutela y para actuar en defensa de sus derechos o constituir apoderado judicial que represente sus intereses o impugnar las decisiones que le son adversas. Así las cosas, tuvo razón la juez cuando denegó la tutela y la apelación por falta de legitimidad en los solicitantes quienes actuaron en defensa de los derechos de un menor, pues ésta afirmación resultó desvirtuada por el propio titular quien bajo la gravedad del juramento declaró ser mayor de edad. De otra parte, de la actuación cumplida no se vislumbró ningún elemento indicador de que el interesado estuviese en condiciones de impedimento o sometimiento físico o síquico que lo imposibilitara para actuar por sí mismo en defensa de sus derechos esenciales. Por el contrario, analizando las distintas versiones de los hechos, se observa que se hallaba trabajando pues los agentes de la SIJIN solo le dijeron que estuviera pendiente en su casa, para efectos de la indagación del ilícito penal. Por lo demás, como anota la juez, en ningún momento estuvo privado de la libertad, pues según la versión de su patrono, la primera vez, los investigadores de la SIJIN lo retuvieron aproximadamente hora y media y en la segunda ocasión lo buscaron únicamente para recibirle versión libre y espontánea de los hechos. Interesa destacar que el fallo fue notificado personalmente al señor Sotelo y éste no impugnó la decisión y, en cuanto a la apelación interpuesta por el señor RUIZ TOSE, es claro que carecía de personería para actuar y además, la impugnación no fue debidamente presentada. Al respecto, es preciso señalar que la argumentación de la juez para declarar desierto el recurso es un tanto contradictoria, pues si bien indica que no es obligatorio sustentarlo, fundamenta su decisión en que "al menos se debe exponer las razones que analizaría el superior".  Sin embargo, es evidente que el Decreto 2591 de 1991 exige que la impugnación sea "debidamente" formulada, lo cual indica que debe acudirse a las normas generales de procedimiento que rigen el trámite de la apelación, para interpretar el significado del vocablo y ellas señalan que es indispensable sustentar el recurso ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, como se estatuye para todos los procesos civiles, penales y laborales en el artículo 57 Ley 2a. de 1984, que viene a constituir así una importante guía de interpretación; exigencia, además, que busca darle orden y también eficacia al proceso de tutela y que está orientada a que el juez conozca las razones por las cuales se considera que la providencia no se ajusta a derecho y con esos elementos de juicio, adopte la decisión pertinente. De tal manera, que la expresión "debidamente" no apunta sólo a la oportunidad que concede la ley para interponer la impugnación, sino también a la necesidad de indicar las razones de inconformidad con el fallo.  De otra forma no se explicaría cómo el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 puede exigir al juez que conoce de la impugnación, que estudie el contenido de tal impugnación "cotejándolo (dicho contenido del recurso) con el acervo probatorio y con el fallo", si la impugnación carece por completo de sustentación. En mérito de las consideraciones precedentes, la Sala de Revisión No.7 de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de marzo 25 de 1992 proferida por la Juez 19 de Instrucción Criminal de Popayán, mediante la cual negó la acción de tutela presentada por VICTOR GABRIEL ACOSTA y otros, en favor de GERARDO ALFONSO SOTELO. SEGUNDO:        ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON               EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General NOTA DE RELATORIA: En sentencias posteriores, entre ellas, T-459 y T-501, se ha considerado que la impugnación de las sentencias de tutela es informal, es decir que la expresión "debidamente" utilizada por el art. 32 del Decreto reglamentario de la tutela, "... debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución".

T-456-92 Sentencia No Sentencia No. T-456/92 DERECHO DE REUNION/DERECHO DE HUELGA En adelante, sólo el legislador podrá establecer los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.  Como la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público. ACCION DE TUTELA-Naturaleza/DAÑO CONSUMADO La acción de tutela tiene, por regla general, carácter primordialmente restitutorio y no resarcitorio o de indemnización, de manera que cuando el daño ya no pueda precaverse y evitarse y solamente puede recibir como remedio una compensación del perjuicio, ella no es pertinente. SALA SEPTIMA DE REVISION REF.: EXPEDIENTE No. T-1778 Actor: ORLANDO HINCAPIE MORENO. Magistrados ponentes: JAIME SANIN GREIFFENSTEIN y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. Aprobada según acta No.4 Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). VISTOS. El señor Juez Primero Superior de Honda, mediante providencia de seis (6) de marzo del año cursante, despachó desfavorablemente la solicitud de tutela que el veinticuatro (24) de febrero le había formulado el ciudadano Orlando Hincapié Moreno y su decisión no fue impugnada, pero llegó a esta Corporación para, previo el proceso de selección estatuido en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y que se ha cumplido, ser revisada por ella, conforme a los artículos 86 y 241-9 constitucionales. Según demanda de la fecha indicada, el petente solicitó que el juez invalidara la denegatoria que expidió el Alcalde Municipal de Honda con relación a una autorización que se le había pedido por el actor y otros ciudadanos para sostener un desfile político y electoral el 29 de febrero del año en curso a las 2:00 p.m. por varias calles del mentado municipio, y que en su lugar ordénase conceder dicho permiso. Se anota que  el solicitante omitió informar al juez que el día 19 de febrero había formulado nueva solicitud para que el Alcalde Municipal autorizase la realización del mismo evento el día 1o. de marzo y que tal permiso le había sido concedido el mismo día; este comportamiento debe ser duramente criticado por la Corte y merece su reprobación. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. a. El derecho protegido. Conviene en primer término fijar el sentido y alcance del derecho de reunión y manifestación de que trata esta acción. El delegatario Diego Uribe en el Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria sobre el derecho de reunión afirmó: "Con el criterio de extender el ámbito de las libertades, la Comisión Primera de la Constituyente le dió un contenido menos restrictivo al derecho de reunión, que es fundamental en la vida política y social del país.  Al decir la norma que "toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente", se evita consagrar en la propia Carta, las restricciones de policía que las prescriben.  El ejercicio de los derechos debe tener consagración tan nítida en la Carta Política, que antes de las talanqueras u obstáculos para el ejercicio, aparezca la expresión nítida de su contenido". El sentido de este derecho se enmarca dentro de la idea de la democracia participativa: "el derecho de reunión no puede establecerse exclusivamente para la protesta.  Es mucho más amplio y supone que una democracia participativa no puede entenderse sin este derecho de reunión, que no es solamente para la cuestión contestataria y de protesta". El artículo 46 de la Constitución de 1886 sólo consagraba el derecho de reunión mientras que la nueva norma incorpora el de manifestación.  En ambos casos garantiza su ejercicio público y pacífico. La norma aprobada no establece la facultad que se otorgaba a las autoridades de disolver toda reunión que degenerara en asonada o tumulto o que obstruyera las vías públicas.  En su lugar se establece que sólo la ley podrá señalar expresamente los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho. En adelante, sólo el legislador podrá establecer los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.  Aunque la norma aprobada no consagre expresamente las figuras de aviso o notificación previa para las reuniones públicas, como si lo hacen otras constituciones europeas y latinoamericanas, la facultad otorgada por la Constitución de 1991 al legislador le permitirá reglamentar el derecho y establecer el aviso previo a las autoridades, determinar los casos en que se requiere y la forma como debe presentarse para informar la fecha, hora y lugar de la reunión o la manifestación.  Es importante señalar, que la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida.  Tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias. Como la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público. Con el fin de evitar posibles arbitrariedades se han establecido criterios para calificar las hipótesis de hecho en las cuales se justifica disolver o impedir el desarrollo de una reunión.  En líneas generales estos criterios deben estar dirigidos exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes.  Por lo general, es insuficiente un peligro eventual y genérico, un simple temor o una sospecha.  La naturaleza del derecho de reunión, en sí mismo conflictivo, no puede ser la causa justificativa de normas limitativas del mismo.  No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se. b. El daño. La acción de tutela tiene, por regla general, carácter primordialmente restitutorio y no resarcitorio o de indemnización, de manera que cuando el daño ya no pueda precaverse y evitarse y solamente puede recibir como remedio una compensación del perjuicio, ella no es pertinente. Es por esta razón por la que el artículo 6-4 del Decreto 2591,91 determina que "la acción de tutela no procederá.... cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado...." y de la misma filosofía da fe el artículo 23 ibidem que manda que "el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible", lo cual se acompasa con lo estatuido por el artículo 25 que solamente admite que mediante este procedimiento y como resultado esta acción pueda llegarse en muy limitados y precisos casos a una condenación al daño emergente en abstracto, lo que no es pertinente en esta oportunidad. En el caso de autos, de haberse encontrado procedente la demanda, en el momento que se tomó la decisión, que fue posterior al de la fecha en que se deseaba hacer efectivo el derecho de manifestación, hubiese sido aplicable el inciso 1o. del artículo 24 ibidem, que a la letra dice: "ARTICULO 24.-  Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión." En consecuencia, no hubiese podido accederse a la petición como fue formulada porque para entonces el daño hubiese estado consolidado y quedado ajeno en su remedio a esta acción. Habiéndose, pues, consumado el daño, no era procedente la acción de tutela. Finalmente, debe la Sala expresar su acuerdo con el análisis de los hechos y su precisa evaluación jurídica efectuados por el juez de instancia, -particularmente, por tratarse en este caso de dos reuniones políticas programadas para el mismo día, a la misma hora y en el mismo sitio- ya que no cabe duda de que la actuación atacada era legal y estaba contenido dentro de los criterios de prudencia y respeto al orden público que el funcionario municipal debía observar; de otro lado, no es este el estrado para plantear y definir pretendidas parcialidades políticas. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE : PRIMERO:   Confirmar en todas sus partes la providencia descrita. SEGUNDO:  Comuníquese al Juzgado de instancia por la razón y para los efectos determinados en el artículo 36 del Decreto 2351 de 1991. Cópiese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON           EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado

T-457-92 Sentencia No Sentencia No. T-457/92 FUNCION PUBLICA/CARGAS PUBLICAS-Diferencias El funcionario tiene el derecho de conocer desde el inicio las condiciones en las que ha de desarrollar su actividad decidiendo libremente si desea o no aceptar el cargo para el cual ha sido designado; por supuesto, no le es  dado discutir las condiciones de su ejercicio, pues ellas están establecidas en la ley. Aquí no prima la voluntad de la administración porque no estamos frente a una carga pública sino ante una  función pública. Tales  modalidades se diferencian en sus implicaciones: en la primera -la carga pública- la administración unilateralmente impone a determinada persona la obligación de ejercer una actividad, cargas que por lo mismo, son de breve duración y gratuitas, no reportan ventajas patrimoniales ni su ejercicio requiere preparación profesional salvo contadas excepciones. En cambio, en lo que hace a  la función  pública existe una relación bilateral que no se desvirtúa por el hecho de  que  el ente nominador posea  una facultad legal y reglamentaria. Del acto de nombramiento se crean derechos subjetivos para el empleado. Sin dejar de lado que por encima de tales derechos subjetivos, está el interés colectivo, que se traduce en la necesidad y utilidad del respectivo servicio. EMPLEADO PUBLICO-Nombramiento/POSESION DEL CARGO La elección o nombramiento es un acto-condición que implica la designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona para ejercer las funciones, deberes  y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo. Se ha entendido  que el funcionario sólo adquiere los derechos y deberes propios del cargo en el momento  en que  tome posesión del mismo, por ser el nombramiento un acto-condición que se formaliza con el hecho de la posesión. PERSONAL DOCENTE DISTRITAL/DERECHO AL TRABAJO-Protección Si los docentes habían cumplido con  los requisitos exigidos por la administración distrital  en el acto de su nombramiento y no existía ninguna causal  que impidiera su posesión, la administración no podía abstenerse de darles posesión formal de su cargo, ya que con ello vulneraba  derechos laborales fundamentales mínimos de los educadores, dentro de los marcos de la justicia y la dignidad inherentes al derecho fundamental al trabajo.  Con la negativa de posesionarlos se les ha frustrado la posibilidad de gozar  de los beneficios y garantías que dan el ingreso a  la carrera docente, tales como estabilidad en el cargo, el derecho al ascenso, así como a la capacitación y profesionalización. La calificación de "temporales" ha dado lugar al desconocimiento de estos derechos. Tal calificación no fue oportuna y claramente establecida en el acto de nombramiento. Debe darse, por lo tanto, aplicación, en el presente caso,  al principio de protección al trabajador, principio  que es fuente primigenia de toda relación laboral. PRINCIPIO DE LA BUENA FE El postulado de la buena fe se realiza plenamente cuando el ciudadano observa a cabalidad la conducta establecida por el ordenamiento vigente como condición para acceder a un cargo o exigir un derecho derivado de una relación jurídica con la administración. En consecuencia, dicho postulado se viola cuando al ciudadano se le hacen aclaraciones que constituyen, en verdad, cargas inesperadas y también cuando se le informa la terminación de dicha relación sin ceñirse al debido proceso o por razones que el ciudadano tenía perfecto derecho a esperar  que no existiera, como quiera que así se lo había manifestado la propia administración formalmente. ACCION DE TUTELA/INDEMNIZACION DE PERJUICIOS Sobre la existencia de los otros mecanismos de defensa se ha establecido que éste debe ser tan eficaz como la tutela, para lograr de esta manera la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado. Se hace imposible lograr la protección de los derechos fundamentales de los docentes, a través de la  acción de cumplimiento consagrada por el artículo 87 de la Carta, por cuanto  no existe aún la reglamentación que la convierta en mecanismo idóneo para la protección de derechos fundamentales vulnerados a través del incumplimiento de un acto administrativo. Cuando se condene al Estado como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados  a una persona, el mismo Estado por intermedio de la entidad respectiva está en la indeclinable obligación de repetir contra el agente responsable. Julio 14 de 1992 Ref: Expediente T.1376 Peticionario: Gina Silenia Cabanzo  y otros ciudadanos Procedencia: Consejo de Estado Sala Plena Magistrado Ponente: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela promovido por la Señora Gina Cabanzo Zapata y otros ciudadanos en su condición de docentes del D.C., contra la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá. D.C y de la Alcaldía Mayor de la Ciudad, que fuera resuelto desfavorablemente en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Honorable Consejo de Estado, en segunda instancia. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número 2  de la Corte Constitucional seleccionó para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Al suscrito Magistrado Ponente le correspondió  por reparto el presente negocio; se recibió  formalmente el expediente el seis (6) de abril del año en curso. Puesto que se han agotado todos los trámites constitucionales y legales, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Primera de Revisión de la Corte procede a dictar la  sentencia correspondiente. A. La acción. El día 11 de Diciembre de 1991, la docente Gina Silenia Cabanzo Zapata y otros 120 ciudadanos impetraron por medio de apoderado, acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 1. Hechos A través de la Resolución 1765  del 7 de octubre de 1991 proferida por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, D.C se efectuó el nombramiento de 246 docentes a cargo del  Programa Ciudad Bolívar. El artículo segundo de la referida resolución ordenaba al Secretario de Educación  posesionar  a los referidos docentes tan pronto como acreditaran los requisitos requeridos por la ley para acceder al cargo, a saber; certificado de escalafón o título docente, exámenes médicos practicados por la Caja de Previsión Nacional, antecedentes disciplinarios, constancias de no vinculación como docentes en otros organismos, requisitos estos exigidos por el decreto 991 de 1974 que es el  estatuto que rige al personal del distrito y por las normas generales de vinculación al sector oficial  decreto 2400 de 1968. Previa acreditación de  los requisitos exigidos en el acto  de nombramiento para tomar posesión del cargo, los accionantes solicitaron al Secretario de Educación que les diera posesión legal de su cargo, solicitud ésta que no fue atendida por el referido funcionario. El 29 de Noviembre del mismo año la Alcaldía expidió la Resolución 2202 de 1991 cuyo artículo primero aclaraba la Resolución 1765 de 1991 en el sentido de determinar que los docentes nombrados a través de dicha resolución tenían el carácter de temporales. Los docentes han sido ubicados en distintos establecimientos educativos de la ciudad, la  mayoría de ellos fuera del programa Simón Bolivar. 2. Solicitud Los accionantes piden principalmente  que se ordene al Alcalde Mayor de Bogotá, por intermedio de su  Secretario de Educación  dar  posesión legal a los docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991. Y que, como consecuencia de ello se ordene  reconocer la liquidación y el pago de los salarios y prestaciones sociales a que tienen derecho. 3. Pruebas a. Copia de la resolución 1765 de 1991 b. Comunicaciones de nombramiento en las cuales se indica que aceptado el cargo, deben tomar posesión dentro de los diez días siguientes a la fecha de recibida la respectiva  comunicación. c. Comunicaciones de ubicación en los centros educativos de la ciudad donde se encuentran laborando actualmente los educadores. 5. Sentencia de Primera Instancia emanada  del Tribunal Administrativo de Cundinamarca La decisión proferida por la Sección Segunda del  Tribunal Administrativo de Cundinamarca  en Sala  Plena, denegó la tutela con base en los siguientes argumentos: 1.  Se hace evidente que los nombrados mediante el acto administrativo de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá se encuentran en ejercicio de sus funciones, si bien en todos los casos no está  probado este hecho, el escrito del peticionario lo hace deducible. Razón suficiente para que  la Sala concluya que el derecho consagrado y garantizado por el artículo 25 de la Constitución Nacional no ha sido desconocido, pues la posibilidad de trabajar partió desde el mismo momento del nombramiento  y ubicación en  los distintos centros educativos de la ciudad. 2. La posesión no es un acto jurídico que haga parte de la naturaleza del nombramiento. Es una promesa que hace el funcionario de cumplir con la Constitución y la  ley en la tarea encargada; por lo tanto, la no posesión, siempre y cuando se entre en ejercicio activo de las funciones, no es omisión capaz de producir un perjuicio irremediable. 3. La falta  de posesión pudo haber privado a los docentes de sus sueldos. Empero este hecho no puede considerarse como un perjuicio irremediable tal como  lo exige el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 para ejercitar  la tutela como mecanismo transitorio; por cuanto el perjuicio puede ser resarcido a través de otros medios de defensa  que le asisten a los docentes, cuando en su momento la autoridad competente haga posible su posesión y, en consecuencia, ordene el  pago de sus sueldos . 4. La Sala no puede, así mismo, proceder a hacer efectivo el acto administrativo del nombramiento en lo referente a la posesión a través de la acción de cumplimiento planteada por los accionantes, por cuanto ésta goza de una naturaleza distinta  a la de la acción de tutela. 5. Sentencia Segunda instancia emanada del  Consejo de Estado. Al surtirse la  segunda instancia ante el Consejo de Estado, esta Corporación confirmó el fallo proferido por el Tribunal de Cundinamarca con base en las siguientes consideraciones: a. El derecho al trabajo a pesar de estar consagrado como fundamental, no está enunciado  en el artículo 85 de la Constitución Nacional como de aplicación inmediata; los derechos allí enunciados son los únicos susceptibles de ser tutelados. Será el Congreso el que determine, si el derecho al trabajo es susceptible de ser protegido a través del mecanismo de la tutela. b. Puesto que la pretensión fundamental se encamina a obtener el cumplimiento de un acto administrativo, la acción que ha debido ejercerse es la prevista en el artículo 87 de la Constitución Nacional, según la cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. El Consejo de Estado, sin embargo, afirma que dicha disposición constitucional requiere reglamentación legal en lo concerniente al procedimiento y a las autoridades judiciales competentes. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Sala estima pertinente hacer algunas consideraciones, a manera de premisas necesarias de su decisión. Lo hará en el orden indicado en las secciones que siguen: A. El derecho Fundamental al trabajo Esta Sala no entrará a profundizar sobre si el derecho al trabajo es fundamental o no, aspecto que ya se ha  analizado y evaluado con amplitud en otros casos sometidos a nuestra revisión.  En ellos se ha dicho: " Cuando la constitución de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de  la nueva legalidad"1 " El trabajo es un derecho fundamental que goza de especial protección del Estado y,  además es uno de los bienes que para todos pretende conseguir la organización social, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al artículo 1o ibidem ..." " En este momento de la cultura mundial y del sentimiento nacional, parece innecesario destacar la importancia del trabajo y bastará decir que hace mucho dejó de ser una mercancía sujeta a los mecanismos del que hacer económico para convertirse en atributo de la personalidad jurídica, un valor de la existencia individual y comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad toda, que no podría existir sin él."2 Lo anterior es suficiente para que esta Sala no comparta el argumento del Consejo de Estado, que desconoce la procedencia  de la acción de tutela, cuando a través de cualquier acción u omisión de autoridad pública  se vulnere o desconozca el derecho fundamental del trabajo, haciendo pender  su protección de una ley del Congreso que determine si  este derecho es susceptible de ser tutelado o no. Por cuanto respecta a los criterios para determinar si un derecho es fundamental o no  y  pueda ser tutelado, basta hacer una transcripción del pensamiento unánime de esta Sala: " D. El Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales 11. La fórmula clásica del Estado liberal, en relación con la delimitación de los derechos fundamentales, consistía en establecer una lista de derechos pertenecientes a esta categoría. Una de las manifestaciones de la crisis del Estado Constitucional en la segunda mitad del siglo veinte, consiste en afirmar que nada sirve una buena lista de derechos si no se tiene en cuenta el proceso de aplicación. Según esta crítica, el problema fundamental de tales derechos se encuentra en la definición de las relaciones entre ellos y no en la enunciación de los que son. Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en los derechos que son fundamentales- de hecho, en los convenios internacionales existe tal acuerdo- pero es difícil saber, a priori, como se aplican. El asunto es: en caso de conflicto- y esto es lo más corriente- entre dos o tres derechos, cuál debe tener prioridad?. El problema fundamental de los valores (el trabajo es uno de ellos) no es el de la enunciación sino el de su aplicación. Para la realidad del derecho es más importante establecer cuáles son los criterios de interpretación y aplicación de las normas que establecer cuál es la lista de aquellas normas que pertenecen a una determinada categoría. (Paréntesis fuera de texto). Si lo esencial de la definición de los derechos fundamentales, se juega en el ámbito de la relación entre los mismos, esto trae como consecuencia: 1) que la definición a priori de todos los que son no tiene mayor importancia; 2) que esta tarea debe ser llevada a cabo por el juez, puesto que la relación entre los derechos es un dato que viene de los hechos (a través de la tutela); 3) de esta manera, en la relación texto constitucional- hecho social, se irá construyendo una nueva interpretación de la carta de los derechos adecuada a una realidad  propia del subdesarrollo (nuevo constitucionalismo para América Latina). 12. Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquellos que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela."3 Sin embargo, el caso de estudio plantea otro matiz en lo relativo al derecho al trabajo. Como en su momento lo determinó el Tribunal Contencioso de Cundinamarca en el fallo que se revisa, los docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991 están en el ejercicio efectivo de su cargo, hecho éste que por si sólo haría inocuo en principio  predicar una violación de este derecho si se considera solamente como: " el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado"4 En efecto, lo anterior llevaría a suponer que  sólo se garantiza la libertad que tiene toda persona de escoger o aceptar un cargo del cual dependerá  el sustento del trabajador  y de su familia. Por eso es preciso complementar la definición de ese derecho  con lo enunciado  en el último inciso del artículo 25 de la Constitución Nacional: "artículo 25: ... Toda persona tiene derecho  a un trabajo en condiciones dignas y justas "( subrayas fuera de texto) De lo  anterior, surge el siguiente interrogante: Basta sólo la aceptación o escogencia de un cargo sin importar en qué condiciones éste es desempeñado, -para predicar que existe el cumplimiento del mandato constitucional?. O, por el contrario, se necesita que la actividad sea desarrollada dentro de los parámetros señalados  en el artículo 25 de la Carta?.  Ello lleva a la Sala a preguntarse cuáles son esas condiciones dignas y justas sin las cuales la realización de una labor resultaría violatoria de los principios que fundamentan toda relación interhumana, sobre todo aquella donde el elemento  de subordinación es el imperante. Para la Sala  esas condiciones que deben estar presentes siempre, en toda  relación laboral son las enunciadas como principios mínimos fundamentales en el artículo 53 de la Constitución Nacional, a saber: "  la igualdad  de oportunidades  para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil  proporcional a la cantidad  y la calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles;  situación  más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre  las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social; la capacitación; el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad " Sólo la aplicación de estos principios permite  que  el derecho al trabajo pueda desarrollarse y garantizarse efectivamente. En consecuencia, no se puede afirmar que  se garantiza con el acceso a determinada labor. Estos principios hacen parte de la relevancia que dentro del Estado social de derecho se le ha dado al trabajo. "Es incuestionable la trascendencia del hecho de que por primera vez se hayan incorporado en la Constitución Nacional un conjunto de principios propios del derecho al trabajo, lo cual confiere un especial realce a esta materia y refleja la gran importancia que el nuevo Estado Social otorga al asunto laboral"5 La función pública y  los principios mínimos laborales La prevalencia de estos principios debe, así mismo, mantenerse en toda relación laboral, incluso en la que  surge entre la administración y sus servidores. Esto debe ser así,  por cuanto la administración como una de las mayores fuentes de empleo  no puede desconocer el valor del trabajo, así como la prevalencia de los  principios enunciados en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Si bien la administración al momento de escoger sus funcionarios lo hace sobre   presupuestos de necesidad del servicio y utilidad pública para que determinado empleo sea desempeñado, no indica ello que la administración imponga su voluntad sobre  la persona designada, pues el funcionario también posee intereses y derechos que,  si en determinado momento ceden por la necesidad del servicio, superviven en lo que hace a la igualdad -en las condiciones de acceso al servicio-, la libertad y la protección jurisdiccional de su patrimonio6 . La administración  no puede unilateralmente entrar a variar los derechos de sus servidores. Se encuentra  limitada por factores tales como la autorregulación sobre forma de vinculación al  servicio, los derechos que a partir de ella se generan y la forma en que ha de efectuarse el retiro. Es la misma ley la que ha establecido los derechos y deberes  de que gozan las distintas clases de servidores; ella permite a la administración variar algunas condiciones  dentro de ciertos límites en lo que hace a la función pública.7 Dentro de este contexto el funcionario tiene el derecho de conocer desde el inicio las condiciones en las que ha de desarrollar su actividad decidiendo libremente si desea o no aceptar el cargo para el cual ha sido designado; por supuesto, no le es  dado discutir las condiciones de su  ejercicio, pues ellas están establecidas en la ley . Aquí no prima la voluntad de la administración porque no estamos frente a una carga pública sino ante una  función pública. Tales  modalidades se diferencian en sus implicaciones: En la primera -la carga pública- la administración unilateralmente impone a determinada persona la obligación de ejercer una actividad, por ejemplo, los jurados de conciencia, los jurados en épocas electorales, etc. Designaciones éstas que se  deben  cumplir sin que le sea dado al  particular decidir si desea o no ejercerlas;  cargas que por lo mismo, son de breve duración y gratuitas, no reportan ventajas patrimoniales ni su ejercicio requiere preparación profesional salvo contadas excepciones. En cambio, en lo que hace a  la función pública existe una relación bilateral que no se desvirtúa por el hecho de  que el ente nominador posea  una facultad legal y reglamentaria.  Al respecto dice Bielsa: " ... en la esfera de la función pública nada obliga al ciudadano a ser empleado o funcionario. Cuando la ley obliga a ese desempeño estamos frente a las llamadas 'cargas públicas'. Pero cuando para el ciudadano no existe esa obligación es indudable su libertad de aceptarla o no. Por lo demás no podría el funcionario discutir con la administración pública el contenido de la relación jurídica, ya creada y reglada por el derecho público, en consideración al interés público"8 B. El análisis del caso En el presente caso es necesario analizar si se vulnera algún derecho fundamental del grupo de docentes quienes, nombrados inicialmente sin calificativo alguno son  posteriormente calificados de temporales. Según la administración distrital,  no podían posesionarse por cuanto  para esta clase de trabajadores, no se requiere esta formalidad porque no están vinculados con la administración. Su nombramiento se hizo en los siguientes términos: Resolución 1765 de 1991 "Artículo Primero: Nómbrase a las siguientes personas como Docentes con asignación mensual de acuerdo con el grado  que acrediten en el escalafón nacional docente, con cargo al programa Ciudad Bolivar- Subprograma Educación..." "Artículo Segundo: Los citados funcionarios Docentes deberán tomar posesión del cargo ante el Secretario de Educación de Santafé de Bogotá. D.C. previo el cumplimiento de las formalidades legales. " En su momento el  Consejo de Estado estableció que la finalidad de un nombramiento tiende a beneficiar a la sociedad, cuyas necesidades deben ser atendidas mediante el ejercicio de unas funciones  por parte de una persona natural e idónea, a través de la cual, se logrará satisfacer las necesidades de la comunidad: "  Esas necesidades permanentes de la administración pública no se refieren a otra cosa que a la atención permanente de necesidades colectivas mediante  la prestación de un servicio público"[1] Pero dentro del mismo contexto el Consejo de Estado reconoció que la designación a un cargo a través del acto del nombramiento, si bien en principio es creador de una situación impersonal y objetiva, a su turno engendra situaciones subjetivas: "Ahora, la persona que trabaja en ejercicio de esas funciones dirigidas a satisfacer necesidades colectivas debe tener una contraprestación, la cual consiste en un salario  y en unas prestaciones sociales, pero también debe gozar de otros derechos y garantías que en buena parte buscan el mejoramiento de sus servicios y el buen funcionamiento de la administración pública; como la capacitación, la carrera administrativa, con sus derechos anexos de estabilidad y ascenso" "....Como se dijo, antes el nombramiento de una persona para ejercer un empleo público produce también efectos jurídicos individuales, pero lo que sucede es que el efecto que se coloca en primer orden es la creación de una situación objetiva, impersonal  de la cual se derivan situaciones subjetivas"[2] En conclusión, podemos decir que efectivamente del acto de nombramiento se crean derechos subjetivos para el empleado. Sin dejar de lado que por encima de tales derechos subjetivos, está el interés colectivo, que se traduce en la necesidad y utilidad del respectivo servicio. En el caso de los docentes nombrados a través de la resolución 1765 de 1991, se observa que en su momento existía la necesidad por parte del Distrito de llenar las vacantes de personal docente en los distintos centros educativos de la ciudad. En efecto, tan pronto fue comunicado el nombramiento  se hizo la asignación de cada uno de ellos a  los distintos planteles educativos donde se requerían sus servicios. De otra parte, esta Corte ha dicho ya que: " la elección o nombramiento es un acto-condición que implica la designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona para ejercer las funciones, deberes  y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo"[3] Se ha entendido  que el funcionario sólo adquiere los derechos y deberes propios del cargo en el momento  en que  tome posesión del mismo, por ser el nombramiento un acto-condición que se formaliza con el hecho de la posesión. Lo que llevaría a pensar que los docentes  no  posesionados, no podían pretender tener derechos y mucho menos alegar su violación. En tal caso, comunicado el acto de nombramiento por parte de la administración, tal como ocurrió, cabe preguntarse si existe por parte del Distrito la posibilidad de efectuar cualquier aclaración, revocación o modificación que implicara un cambio unilateral de las condiciones laborales, que concluyera en una eventual vulneración del derecho al trabajo. Al respecto se observa que el Decreto 771 de 1974  vigente para la época, prescribe: " Artículo diecisiete: Es potestad del Alcalde Mayor de Bogotá, el modificar, aclarar o revocar los nombramientos que se hagan en el Distrito Especial de Bogotá." Con todo es de señalar que el artículo 45 del Decreto 1950 de 1973 reglamentario de los decretos 2400 y 3074 de 1968, establece las circunstancias en que la entidad nominadora podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar una designación. Estas son: a.    Cuando se ha cometido error en la designación de la persona; b. Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado; c. Cuando aún no se ha comunicado; d. Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro de los plazos legales; e. Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta; f. Cuando recaiga en una persona que no reuna los requisitos señalados en el artículo 25 del presente decreto. g. Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o en empleos inexistentes. De la enumeración  anterior se observa que una vez comunicado el acto de nombramiento, la administración no puede ejercer ninguna de las opciones que da el artículo en comento, a menos que las personas designadas se encuentren en cualquiera de las situaciones enumeradas en el artículo 45. Ese no es el caso de los  docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991. Es claro, entonces que, la administración distrital no podía variar unilateralmente esas condiciones. Al hacerlo entró a desconocer derechos mínimos fundamentales de los docentes. La negación de su posesión con base en una aclaración sin motivación alguna, desconoce que los docentes ya habían  aceptado el cargo en otras condiciones más favorables que no podían ser desconocidas por la administración. La Secretaría de Educación arguye que: " ... la Resolución 2201 que aclara la Resolución 1765 de 1991 en el sentido de indicar, que las vinculaciones para el personal docente allí contempladas son de carácter temporal. Es precisamente en vigencia de esta resolución que se presenta la solicitud de posesión aludida, siendo comprensible que definida su vinculación temporal se hace improcedente el acto de posesión ya que para tal situación, el artículo 41 del Decreto 991 de 1974  ( Estatuto de personal del Distrito de Bogotá) no establece el requisito de la posesión, toda vez que lo consagra para toda persona nombrada ( subrayas en texto), situación no predicable respecto de los docentes del Programa Ciudad Bolivar" ( folio 401-402 ) Como consecuencia, los peticionarios han sido privados del pago de sus salarios y prestaciones sociales de manera oportuna. Pese a estar laborando desde el mismo momento de la comunicación y ubicación en los planteles educativos (octubre de 1991), los pagos sólo vinieron a efectuarse en Mayo de 1992,  los docentes y  sus familias se han visto sometidos a un estado de  necesidad  que desconoce sus más mínimos derechos. Por otra parte, al no permitir la posesión de los citados docentes se ha impedido que entren a gozar de los beneficios mínimos que para esta clase de trabajadores tienen establecidas las leyes especiales, entre ellas el Estatuto docente contenido en el Decreto 2277 de 1979. El artículo 3 del citado decreto establece: " Educadores oficiales: Los educadores que presten sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital, intendencial comisarial y municipal, son empleados oficiales del régimen especial que, una vez posesionados, quedarán vinculados a la administración a través de las normas previstas en este decreto" (Subrayas fuera de texto) El artículo  anterior indica que los educadores constituyen una especie dentro del género de los servidores públicos, que, manteniendo igual la forma  de acceso, encuentran que sus relaciones de trabajo se regulan por un  estatuto especial. Se viola además el Decreto 991 de 1974 que en el parágrafo de su artículo segundo establece: " Las relaciones con el personal docente se regirán además por las normas especiales vigentes" Normas éstas que no son otras que las consagradas  en el estatuto docente. Se les niega por otra parte la posibilidad de entrar a gozar  de las garantías propias que ofrece la carrera docente, por cuanto el requisito indispensable para ello es la posesión del cargo, tal como lo establece el siguiente artículo del precitado decreto: "artículo 27: Ingreso a la Carrera: Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el Escalafón  Docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo." Derechos consagrados como principios mínimos en una relación laboral tal como lo establece el artículo 53, por cuanto la posibilidad de acceso a la carrera  otorga beneficios, descritos en el artículo 26 del mismo estatuto así: " La carrera docente al ser el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente, establece el número de grados de escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos directivos de carácter docente" Si los docentes habían cumplido con los requisitos exigidos por la administración distrital en el acto de su nombramiento y no existía ninguna causal  que impidiera su posesión, la administración no podía abstenerse de darles posesión formal de su cargo, ya que con ello vulneraba  derechos laborales fundamentales mínimos de los educadores, dentro de los marcos de la justicia y la dignidad inherentes al derecho fundamental al trabajo. La buena  fe en la administración pública. A todo lo anterior se agrega que, a la luz de la Carta de 1991, las actuaciones de las autoridades y de los particulares deben ceñirse al postulado de la buena fe, consagrado en su artículo 83. La ignorancia u omisión de dicho postulado, puede  vulnerar  derechos fundamentales, tal como ha tenido a bien señalarlo esta Corporación. "El postulado de la buena fe consagrado en el artículo 83 incorpora el valor ético de la confianza, la cual se vería traicionada por un acto sorpresivo de la administración que no tenga en cuenta la situación concreta del afectado."[4] En el presente caso, la aclaración hecha respecto del nombramiento constituye un acto sorpresivo por parte de la administración que vulnera abiertamente la confianza de los docentes nombrados por la resolución 1765 de 1991. Los docentes esperaban que la vinculación con el Distrito se realizaría en un todo de acuerdo con la normalidad derivada de la aplicación estricta del régimen vigente, como quiera que, era el único que los obligaba, y que estaban en condiciones de conocer con debida antelación. Este régimen alimentó pues, sus justas esperanzas y expectativas. En estas condiciones aparece de bulto una vez más el carácter de sorpresivo de la resolución aclaratoria y la violación del postulado de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta vigente, con el alcance que esta Corporación le ha dado en la providencia mencionada. En otros términos, el postulado de la buena fe se realiza plenamente cuando el ciudadano observa a cabalidad la conducta establecida por el ordenamiento vigente como condición para acceder a un cargo o exigir un derecho derivado de una relación jurídica con la administración. En consecuencia, dicho postulado se viola cuando al ciudadano se le hacen aclaraciones que constituyen, en verdad, cargas inesperadas y también cuando se le informa la terminación de dicha relación sin ceñirse al debido proceso o por razones que el ciudadano tenía perfecto derecho a esperar  que no existiera, como quiera que así se lo había manifestado la propia administración formalmente, por ejemplo, a través de resolución  o contrato. C. La existencia de otros mecanismos de defensa Dentro de lo varios pronunciamientos de la Corte sobre la existencia de los otros mecanismos de defensa se ha establecido que éste debe ser tan eficaz como la tutela, para lograr de esta manera la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado. Al respecto se ha dicho: "Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos Constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. De no ser así se estaría haciendo una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción de los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con el desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente " "En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectivamente y concretamente que la protección sea inmediata. No basta con la existencia pues en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela"[5] Con base en lo anterior, se hace imposible lograr la protección de los derechos fundamentales de los docentes, a través de la  acción de cumplimiento consagrada por el artículo 87 de la Carta, por cuanto  no existe aún la reglamentación que la convierta en mecanismo idóneo para la protección de derechos fundamentales vulnerados a través del incumplimiento de un acto administrativo. En consecuencia, no podían fundadamente los dos falladores de instancia negar la tutela argumentando la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo, para proteger  sus derechos fundamentales. Condena en abstracto a la indemnización y repetición contra los agentes estatales: Esta Corporación ha considerado que cuando quiera que el peticionario sufra un perjuicio como consecuencia directa de la omisión de la entidad pública es justo reconocerle una indemnización dineraria.[6] Es por eso que en el presente caso se hará una condena en abstracto al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la cual se pagará a los docentes nombrados mediante la Resolución 1765 de 1991, previa liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, esta Corporación ha reconocido que: " cuando se condene al Estado como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados  a una persona, el mismo Estado por intermedio de la entidad respectiva está en la indeclinable obligación de repetir contra el agente responsable (  C.P art. 90 inc 2). De otra forma, el Estado se convertiría en fortín de los inescrupolosos, deshonestos y negligentes, comprometiéndose seriamente el buen servicio y la responsabilidad, pilares insustituibles de la función pública en el Estado Social de Derecho."[7] III. CONCLUSION En materia de trabajo no basta  simplemente con permitir al trabajador el desempeño de una actividad determinada, si de otra parte, es realizada en condiciones de injusticia  o que afecten la dignidad humana. Por lo tanto no le es lícito en ningún caso al patrono,  ya sea un  particular o la misma administración, el desconocimiento de los principios mínimos fundamentales establecidos por el artículo 53 de la Constitución  Nacional, por ser éstos complemento indispensable del artículo 25 de la Carta. En el caso del presente fallo está demostrado que a los docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991 no se les ha reconocido el derecho a un pago oportuno de sus salarios y prestaciones sociales, como tampoco el derecho al pago de horas extras las cuales  están prohibidas por la administración distrital cuando se trate de personal temporal. Con la negativa de posesionarlos se les ha frustrado la posibilidad de gozar  de los beneficios y garantías que dan el ingreso a  la carrera docente, tales como estabilidad en el cargo, el derecho al ascenso, así como a la capacitación y profesionalización consagrados en el mismo artículo 53. Se han  desconocido así los beneficios mínimos que consagran las normas especiales para esta clase de trabajadores. Es  una renuncia involuntaria de esos mínimos derechos a que tienen estos docentes como trabajadores oficiales. La calificación de "temporales" ha dado lugar al desconocimiento de estos derechos. Tal calificación no fue oportuna y claramente establecida en el acto de nombramiento. Debe darse, por lo tanto, aplicación, en el presente caso,  al principio de protección al trabajador, principio  que es fuente primigenia de toda relación laboral. Reconocida la inferioridad negocial de parte del trabajador que guiado por el  estado de necesidad en la consecución de un trabajo del que pueda derivar  el sustento de la familia y del suyo propio, en una situación como la colombiana en la cual la oferta  de empleo es mayor que la demanda, es indispensable que se impida que,  el trabajador acepte  condiciones de trabajo que en ocasiones son inferiores a las mínimas a las que tiene derecho. Por ello esta Corte dispondrá que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su Secretario de Educación, estudie la documentación presentada por los docentes cuando fueron nombrados, con el fin de establecer si cumplieron o no todos los requisitos establecidos por la ley para acceder al cargo. En caso afirmativo, deberán ser posesionados y vinculados a la administración distrital. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala primera de Revisión de la Corte Constitucional. RESUELVE PRIMERO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, REVOCAR el fallo proferido por el Consejo de Estado el dos (2) de Marzo  del año en curso que confirmó la decisión del Tribunal Contencioso  Administrativo de Cundinamarca el veintidos (22) de Enero de 1992. SEGUNDO.- En consecuencia ORDENAR al  Alcalde Mayor de Santafé Bogotá D.C, que en el término de un (1) mes, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, disponga lo conducente para que sean posesionados aquellos docentes nombrados por la Resolución 1765 de 1991 que en el momento de su expedición hubiesen cumplido con los requisitos indispensables para acceder al cargo, siempre y cuando  ellos lo soliciten expresamente, dentro del término arriba señalado. TERCERO- CONDENAR en abstracto al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, a pagar a los docentes nombrados a través de la Resolución 1765 de 1991 la indemnización del daño emergente causado, en la suma que ellos demuestren ante las autoridades competentes, la cual se liquidará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. En caso de que el Distrito Capital de Santafé de Bogotá fuere condenado a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados, está en el deber de repetir en contra de los agentes responsables, en la forma establecida en el inciso 2 de la Carta Vigente. CUARTO.- ORDENAR  que por Secretaría se comunique esta providencia al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá. D.C., al Secretario de Educación del Distrito, al Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNADEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por acta número 6 de  la Sala de Revisión No 1, a los catorce (14) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992) 1 Sentencia No 222 Corte Constitucional. Sala de Revisión No 1,Pág 12 2 Sentencias 225 a  400 . Sala Séptima de Revisión. pág 11 3 Sentencia  Corte Constitucional  No 406. Sala Primera de Revisión, pág 13-14. 4 Definición del art. 6  del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 5  Escobar Hernández, Francisco Los principios del dereho laboral en la nueva constitución.Revista Actualidad Laboral No 48 Legis, pág 12 6 Cfr, Bielsa, Rafael . La función pública.Edición Roque Depalma. 1960, pág 135 7  Cfr, Gordillo, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo I, pág x-13. 1980 8 Bielsa Rafael , ob cit, pág 121. [1]. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, sección segunda, sentencia del 13 de julio de 1982, expediente 5735. Consejero Ponente: Dr. Joaquín Vanín Tello. Extractos del Consejo de Estado, julio de 1982, pags 398 a 404. [2] ibidem, Sentencia del Consejo de Estado.Mag pon: Joaquín Vanín Tello. [3] Sentencia No 3. Sala de revisión No 3. Mag  pon: Dr. José Gregorio Hernández. [4].Sentencia No 427. Sala de Revisión No 2. pág 16. ponente: Eduardo Cifuentes [5]. Sentencia No 414. Sala de Revisión No 1. pág 15 [6] Sentencia No 426. Sala Segunda de Revisión. Mag Pon: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [7] Ibidem. Sentencia No 426.

T-458-92 Sentencia No Sentencia No. T-458/92 COMPETENCIA DE TUTELA/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA Si bien conforme a la reglamentación legal, es posible para el accionante escoger ad libitum el juez de primera instancia para presentar su petición, es menester que la autoridad elegida tenga jurisdicción en el lugar donde se produjo el acto u omisión lesivo del derecho fundamental. Determinada la competencia para el trámite de la tutela en la ley, dicha regulación es de observancia obligatoria para el juez, por ser elemento constitutivo del debido proceso que debe regir, sin excepción, todas las actuaciones judiciales. La acción de tutela para reclamar el derecho debe proponerse ante el juez, para que imparta orden de inmediato cumplimiento a la autoridad o al particular que ha vulnerado el derecho a fin de que actúe o se abstenga de hacerlo y el fallo que contiene esa orden debe ser susceptible de impugnarse. Como el juez de primera instancia sólo puede ser determinado por el petente al momento de elevar su solicitud, no podría exigirse al juez que carece de competencia para adelantar el trámite de la acción de tutela, que la envíe al juez competente, para corregir la equivocación en que incurrió el actor, salvo que se trate de acciones de tutela contra la prensa o los medios de comunicación, caso en el cual, el juez de circuito del lugar, es el competente para el conocimiento de la acción de tutela y sería entonces posible la remisión de la solicitud para su reparto a un juez de esa categoría. ACCION DE TUTELA-Titularidad/LEGITIMACION PROCESAL El legislador extraordinario previó que se pudiesen agenciar derechos ajenos, cuando el titular de los mismos  no esté en condiciones de promover su propia defensa; sin embargo, en la solicitud se debe informar la ocurrencia de esta especial circunstancia que permite demandar el respeto de los derechos de otras personas. Los petentes no obran en nombre propio y carecen de la representación debida, toda vez que en el expediente no figura ningún poder otorgado por las personas cuya inscripción se anuló y de otra parte, tampoco se cumple la exigencia legal para agenciar derechos ajenos, puesto que no indican las razones por las cuales los afectados con las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral no pueden ejercer en su propio nombre la acción de tutela. SALA DE REVISION No. 7 REF.: EXPEDIENTE No. T-2169 Acción de tutela presentada por JORGE MESA RAMIREZ y ARGIRO A. GIRALDO QUINTERO contra las Resoluciones No. 003 y 004 de 1991 del Consejo Nacional Electoral. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No.4 Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  ANTECEDENTES. En escrito dirigido al Consejo de Estado los señores JORGE MESA RAMIREZ, en su condición de candidato a la Alcaldía Municipal de Envigado, y ARGIRO A. GIRALDO QUINTERO, en calidad de aspirante al Concejo de ese Municipio, interponen la acción de tutela contra las resoluciones No. 003 y 004 de 1991, del Consejo Nacional Electoral, en virtud de las cuales se dejaron sin efecto las inscripciones que se realizaron entre el 8 y el 17 de enero de 1992 en los Municipios de Baraya, Circacia, Envigado, Guateque, Mosquera, Palestina, Quipile, Villa de Leiva, Yaguará y Praderas de Amborco, con el fin de que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos que se inscribieron para votar en el Municipio de Envigado. Consideran que las Resoluciones impugnadas lesionan el derecho fundamental de participación política, por cuanto se les impide el ejercicio del derecho a votar en el sitio en donde se inscribieron según "la voluntad personal democrática y soberana" que manifestaron al momento de realizar ese acto. Señalan que las Resoluciones acusadas violan el debido proceso porque el acto previo de la inscripción genera derechos y "la modificación de tal derecho por parte de la administración ha de ser notificada personalmente de conformidad con los artículos 74 y 28 del Decreto 01 de 1984". Manifiestan que ejercen la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable que se causaría, ante la circunstancia de que las elecciones se realizarían el 8 de marzo. II.  LA ACTUACION EN PRIMERA INSTANCIA. El Consejo de Estado emitió pronunciamiento en el sentido de inadmitir la acción de tutela, con fundamento en que tanto el artículo 86 de la C.N. como los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 preven que el trámite de la acción de tutela es de dos instancias y por esta razón la decisión que recaiga sobre ella debe ser susceptible de ser impugnada, lo cual no es posible cuando la acción se formula directamente ante el Consejo de Estado, que por ser el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo no tiene superior jerárquico. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Procede la Corte a revisar la decisión judicial adoptada sobre la presente acción de tutela que fue previamente seleccionada, según las exigencias del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 86 de la C.N. En el caso presente la acción se formula como mecanismo transitorio por advertir los accionantes que es clara la existencia de medios de defensa del derecho, como son los recursos por la vía gubernativa y la acción de nulidad contra las Resoluciones que conculcan los derechos invocados de los ciudadanos que se inscribieron para votar en el Municipio de Envigado. Ante todo conviene precisar que la acción se dirige contra actos administrativos proferidos por el Consejo Nacional Electoral como son las Resoluciones No. 003 de 1992 en virtud de la cual se resolvió dejar sin efecto las inscripciones que se realizaron entre el 8 y el 17 de enero de 1992 en varios Municipios, entre ellos el de Envigado y la Resolución 004 de 1992, aclaratoria de lo anterior, en el sentido de que los ciudadanos cuya inscripción se invalidó, podrían votar en el lugar en donde tenían derecho a sufragar conforme al censo electoral vigente antes de la inscripción. Según lo expuesto se trata de un acto de una entidad de carácter nacional con sede en la capital y por tanto la competencia para conocer de ella es la establecida en el artículo 37 Decreto 2591 de 1991, conforme al cual las autoridades judiciales competentes son, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza del derecho por el acto u omisión de la autoridad pública. De tal manera que el juez de Envigado tuvo sólido fundamento para declararse incompetente para conocer de la acción de tutela, porque si bien conforme a la reglamentación legal, es posible para el accionante escoger ad libitum el juez de primera instancia para presentar su petición, es menester que la autoridad elegida tenga jurisdicción en el lugar donde se produjo el acto u omisión lesivo del derecho fundamental. Determinada la competencia para el trámite de la tutela en la ley, dicha regulación es de observancia obligatoria para el juez, por ser elemento constitutivo del debido proceso que debe regir, sin excepción, todas las actuaciones judiciales, según lo previene el artículo 29 de la Constitución Nacional. No advierte la Sala que la estricta observancia del precepto legal que determina el juez competente sea un obstáculo o haga nugatorio el ejercicio de la acción de tutela a la persona cuyo derecho fundamental ha sido conculcado o puesto en peligro, dado que la acción puede presentarse sin sujeción a formalismos rigurosos y además puede enviarse al juez por "telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito" y el afectado goza de franquicia para remitir su petición. La preceptiva está orientada a garantizar el cumplimiento inmediato de la orden que imparta el juez de hallar probado el quebranto del derecho, para que la autoridad o el particular lo restablezcan o suspendan su violación, todo lo cual se facilita, si la sede del juez coincide con la de la autoridad o del particular que con su conducta activa o pasiva violó o puso en peligro el derecho constitucional fundamental. La decisión del Consejo de Estado. Según se anotó anteriormente, el Consejo de Estado rechazó la acción de tutela por considerar que no era juez de primera instancia para conocer de ella, pues independientemente de que se ejerza como acción subsidiaria autónoma o como mecanismo transitorio, su trámite debe ser de dos instancias. Ciertamente, el Constituyente al trazar los lineamientos generales de la acción de tutela previó que el procedimiento preferente y sumario que debía consagrarse para su trámite tendría dos instancias. En efecto, la acción de tutela para reclamar el derecho debe proponerse ante el juez, para que imparta orden de inmediato cumplimiento a la autoridad o al particular que ha vulnerado el derecho a fin de que actúe o se abstenga de hacerlo y el fallo que contiene esa orden debe ser susceptible de impugnarse. Respetando el imperativo constitucional de las dos instancias, el Decreto 2591 de 1991 estableció las normas de competencia para conocer de la acción de tutela, entre ellas, una de carácter especial, referida a las sentencias y providencias judiciales que ponen fin al proceso y otra de orden general para acusar los demás actos de las autoridades públicas. Así, el artículo 37 establece como norma general de competencia: "Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud".  A su turno el artículo 32 dispone que recibida la impugnación en debida forma, el juez debe remitir el expediente al superior jerárquico correspondiente. Como los actos acusados en esta oportunidad provienen de una autoridad administrativa, los jueces competentes para conocer de ella son los señalados en el artículo citado y por consiguiente está excluido el Consejo de Estado como juez de primera instancia, toda vez que carece de superior jerárquico y sus decisiones no podrían ser impugnadas por vía del recurso de apelación ante ninguna otra autoridad, con lo cual se rompería sin ninguna justificación el principio de las dos instancias instituído en la norma constitucional. Como el juez de primera instancia sólo puede ser determinado por el petente al momento de elevar su solicitud, no podría exigirse al juez que carece de competencia para adelantar el trámite de la acción de tutela, que la envíe al juez competente, para corregir la equivocación en que incurrió el actor, salvo que se trate de acciones de tutela contra la prensa o los medios de comunicación, caso en el cual, el juez de circuito del lugar, es el competente para el conocimiento de la acción de tutela y sería entonces posible la remisión de la solicitud para su reparto a un juez de esa categoría. Como se ve, el caso sub-examine es claramente distinguible de otros que han juzgado diferentes salas de revisión de esta Corporación en los cuales se ha examinado también el aspecto relativo al superior jerárquico, pero desde el punto de vista de que el acto sometido a tutela haya sido expedido por quien no lo tiene y se trate de una sentencia judicial -lo que se encuadra dentro de las reglas especiales del artículo 40 del decreto 2591 de 1991- al paso que aquí se trata de que la Corporación ante quien se presenta la demanda de tutela no puede conocer de ella en primera instancia porque no podría surtirse la segunda que tiene rango constitucional. Los actos del Consejo Nacional Electoral, que son los acusados, no carecen de control en sede de tutela, ni se presenta con relación a ellos ningún problema de superior jerárquico para tales efectos, pues para dicho fin se siguen las normas  generales de competencia del artículo 37 ibidem. También se precisa que esta providencia tampoco toca el tema del superior jerárquico en relación con otros actos que pueda emitir el Consejo de Estado, no en sede de tutela sino como ejercicio de sus competencias ordinarias, tanto jurisdiccionales como administrativas, pues se trata de asuntos asaz distintos. La titularidad de la acción de tutela. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Nacional, es titular de la acción de tutela toda persona a la que la autoridad pública o los particulares, en los casos que señala la ley, le han vulnerado o amenazado sus derechos constitucionales fundamentales. El Decreto 2591 de 1991 al reglamentar en ese aspecto la acción de tutela dispuso que la persona afectada puede exigir la protección de su derecho actuando por sí misma o a través de representante, caso en el cual, para facilitar la formulación de la tutela, la ley ordena presumir la autenticidad de los poderes. Con el mismo propósito y en atención a la importante finalidad que persigue la acción, el legislador extraordinario previó que se pudiesen agenciar derechos ajenos, cuando el titular de los mismos  no esté en condiciones de promover su propia defensa; sin embargo, en la solicitud se debe informar la ocurrencia de esta especial circunstancia que permite demandar el respeto de los derechos de otras personas. En el caso sometido a revisión, advierte la Sala que ni los memorialistas, ni las personas que coadyuvan la petición, fueron afectadas por las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral, pues formulan la petición en su calidad de candidatos a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Envigado y dicen actuar en nombre de las personas que inscribieron sus cédulas para votar en las elecciones del 8 de marzo en ese municipio, por considerar que su derecho a participar en la conformación del poder político fue conculcado por los actos acusados. Significa lo anterior que los petentes no obran en nombre propio y carecen de la representación debida, toda vez que en el expediente no figura ningún poder otorgado por las personas cuya inscripción se anuló y de otra parte, tampoco se cumple la exigencia legal para agenciar derechos ajenos, puesto que no indican las razones por las cuales los afectados con las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral no pueden ejercer en su propio nombre la acción de tutela, según lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Por las razones anteriores, se procederá a confirmar la decisión del Consejo de Estado. La Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMAR la Sentencia del Consejo de Estado de marzo 26 de 1992, en virtud de la cual se inadmitió la acción de tutela interpuesta por los señores JORGE MESA RAMIREZ y ARGIRO GIRALDO QUINTERO. SEGUNDO.-       ORDENAR que por Secretaría se comunique la anterior decisión, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON               EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-459-92 Sentencia No Sentencia No. T-459/92 ACCION DE TUTELA-Trámite Preferencial/EMPLEADO PUBLICO-Obligaciones La obligación de dar trámite urgente a las acciones de tutela no cobija tan solo a los jueces, quienes gozan del perentorio término en referencia para proferir el fallo, sino que se extiende a los funcionarios y organismos administrativos que por cualquier razón deban intermediar en la tramitación de la demanda o en la práctica de las pruebas ordenadas por el juez, ya que el objetivo de la normativa constitucional, es la protección inmediata y eficaz de los derechos mediante un procedimiento preferente y sumario. Así, en casos como el que se estudia, cuando se trata de tutela interpuesta por personas privadas de su libertad, los funcionarios del respectivo establecimiento de reclusión, de la Dirección de Prisiones y otras dependencias del Ministerio de Justicia, están en la obligación de dar trámite inmediato a las solicitudes de tutela y son disciplinariamente responsables por las demoras que impidan el pronto acceso del peticionario a la administración de justicia. ACCION DE TUTELA-Impugnación/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución.  Este carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y  sumaria que la Constitución atribuye a la acción de tutela y con la informalidad que,  en consecuencia, subraya el artículo 14 del Decreto 2591 para la presentación de la solicitud, cuando establece inclusive que al ejercitar la acción "no será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado". En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios. Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales, que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas.  Al fin y al cabo,  de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/HABEAS CORPUS El Habeas Corpus es un recurso concebido para protección de la libertad personal cuando de ella ha sido privada una persona ilegalmente.  Esta garantía hace parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El artículo 86 de la Carta establece que no es procedente la acción de tutela cuando el afectado con la violación o amenaza del derecho tenga a su alcance otro medio judicial de defensa, como lo es el Habeas Corpus respecto de la libertad personal. El sindicado goza, dentro del proceso en curso, de todos los medios de defensa judicial tendientes a la garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las disposiciones vigentes. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-1491 Acción de tutela intentada por RAMIRO DE JESUS GOMEZ VERGARA Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta  de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR RAMIRO DE JESUS GOMEZ VERGARA expresa en su demanda de tutela que fue detenido el veinte (20) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), recluído posteriormente en las instalaciones de la Cárcel Nacional de Bellavista y puesto a disposición del Juzgado Quinto de Orden Público sindicado de haber incurrido en el delito previsto por el artículo 13 del Decreto 180 de 1988 (porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares).  Según el actor ese Despacho lo condenó a la pena de prisión de once (11) años pero, habiendo apelado el condenado ante el Tribunal Superior de Orden Público, éste revocó la condena aunque manifestó que continuaba con auto de detención vigente para efectos de adelantar la investigación y concluír si había cometido el delito. El actor estima que su detención es injusta y arbitraria, pues el arma que se le decomisó, una pistola marca Browing Calibre 7.65 no está catalogada como de uso privativo de las F.F.M.M. (Decreto 2003 de 1982), razón por la cual se viola su derecho a la libertad y su derecho al trabajo, pues se le impide ejercer la actividad del comercio, a la cual se dedica. II.  LA DECISION JUDICIAL EN REVISION Correspondió al Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, resolver sobre la acción de tutela instaurada. Mediante sentencia de fecha veintisiete (27) de febrero, el Tribunal negó la tutela, por considerarla improcedente, expresando que, como aún no se ha proferido fallo, el actor cuenta con otros medios a través del proceso judicial, para invocar su libertad.  No indicó cuáles eran esos medios. Agregó el Tribunal que la Procuraduría debe conocer la queja del señor GOMEZ VERGARA en relación con el lapso transcurrido sin llegar a la culminación del proceso y la ausencia de respuesta por parte de las autoridades de orden público, a los memoriales que ha dirigido en demanda de libertad. Impugnado el fallo, el Tribunal declaró desierta la impugnación por considerar que el solicitante interpuso tal recurso pero no lo sustentó. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia La Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión de la sentencia mencionada, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991. 2.  Oportunidad de la decisión judicial Vuelve a insistir la Corte en la necesidad de que los jueces de tutela den exacto cumplimiento a la perentoria exigencia del artículo 86 de la Constitución en el sentido de que ejercida la acción de tutela, se la tramite mediante un procedimiento preferente y sumario a fin de brindar a la persona, si hay lugar a ello, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. La inmediatez es una de las características fundamentales de la figura, como ya lo ha subrayado esta Corte1 , y tiene su cristalización efectiva en el mandato de la propia norma constitucional cuando establece, sin dar lugar a excepciones, que "en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución". En el caso materia de examen, obra constancia dentro del expediente en el sentido de que el escrito mediante el cual se solicitaba la tutela tiene fecha 4 de febrero pero tan solo fue recibido en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el día 20 de febrero.  La sentencia sometida a revisión es del 27 de febrero, es decir que se profirió dentro del término previsto por la Carta Política. 3.  Injustificada demora en el trámite administrativo previo Observa la Corte que la obligación de dar trámite urgente a las acciones de tutela no cobija tan solo a los jueces, quienes gozan del perentorio término en referencia para proferir el fallo, sino que se extiende a los funcionarios y organismos administrativos que por cualquier razón deban intermediar en la tramitación de la demanda o en la práctica de las pruebas ordenadas por el juez, ya que el objetivo de la normativa constitucional, consignado de modo expreso en el artículo 86 de la Carta es la protección inmediata y eficaz de los derechos mediante un procedimiento preferente y sumario. Así, en casos como el que se estudia, cuando se trata de tutela interpuesta por personas privadas de su libertad, los funcionarios del respectivo establecimiento de reclusión, de la Dirección de Prisiones y otras dependencias del Ministerio de Justicia, están en la obligación de dar trámite inmediato a las solicitudes de tutela y son disciplinariamente responsables por las demoras que impidan el pronto acceso del peticionario a la administración de justicia. En esta oportunidad, fuera de la fecha que aparece en la parte superior de la demanda (4 de febrero de 1992),  no consta en el expediente la fecha exacta de recepción del escrito por la oficina correspondiente de la Cárcel de Bellavista o de la División de Defensoría Pública cuyo sello se estampa en el original del escrito sin fecha alguna, pero a juicio de la Corte, en cuanto los correspondientes funcionarios administrativos omitieron hacer claridad al respecto, aceptaron el 4 de febrero como día de presentación del documento ante ellos. No resulta explicable que apenas el 20 de febrero se hubiese entregado la petición de tutela ante el Tribunal de Medellín, con notorio desconocimiento de las normas constitucionales y legales. En consideración a lo anterior, se compulsarán copias de esta sentencia y del expediente al Ministro de Justicia para que imparta instrucciones enderezadas al trámite prioritario de esta clase de escritos. 4.  Carácter informal de la acción de tutela Según queda reseñado, el Tribunal Superior de Medellín negó al petente el trámite de la impugnación que había interpuesto contra el fallo de tutela, declarándola desierta, arguyendo falta de sustentación. La Corte Constitucional no puede aceptar este motivo como argumento válido para interferir el uso de un derecho que la propia Constitución otorga, sin requisitos especiales, a quienes no estén conformes con la resolución adoptada en la primera instancia respecto de una acción de tutela. Sobre el particular el artículo 86 de la Carta dispone tan sólo que el fallo "... podrá impugnarse ante el juez competente...", al paso que el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 se limita a establecer que "dentro  de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente sin perjuicio de su cumplimiento inmediato" y el artículo 35 Ibidem añade que "presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente". Como puede apreciarse, ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución.  Este carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y  sumaria que la Constitución atribuye a la acción de tutela y con la informalidad que,  en consecuencia, subraya el artículo 14 del Decreto 2591 para la presentación de la solicitud, cuando establece inclusive que al ejercitar la acción "no será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado". En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios. Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales (artículos 1, 2 , y 86 de la Constitución, entre otros), que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas.  Al fin y al cabo,  de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la Carta Política. La Constitución ha conferido la acción  de tutela a todas las personas, es decir que no limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano. Riñe, entonces, con la naturaleza y los propósitos que la inspiran y también con la letra y el espíritu de la Carta, toda exigencia que pretenda limitar o dificultar su uso, su trámite o su decisión por fuera de las muy simples condiciones determinadas en las normas pertinentes. En consecuencia, no era del caso declarar desierta la impugnación, como lo hizo el Tribunal, basado quizá en disposiciones que son  válidas y aplicables a otros recursos pero que no concuerdan con la informalidad característica de esta institución. 5.  Tutela y Habeas Corpus El objetivo fundamental del actor, según se desprende de la demanda, radica en la recuperación de su libertad, de la cual está privado desde el veinte (20) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), pues estima que esa privación es injusta y arbitraria, sin que hasta el momento de ejercer la acción se le hubiere resuelto su situación jurídica. En el Estado de Derecho, cada institución está encuadrada dentro de las características y los fines señalados por la Constitución y por las leyes, siendo necesario que se preserven los linderos entre ellas en orden a hacer posibles los propósitos buscados por el Constituyente al establecerlas. En materia de derechos, el artículo 2º de la Constitución señala la garantía de su efectividad como uno de los fines del Estado y diferentes normas de la Carta se ocupan en la determinación de mecanismos orientados a lograrlos. Así, el Capítulo 4 del Título II de la Carta enuncia, al lado de la acción de tutela, varios medios jurídicos tendientes a alcanzar la certidumbre de los derechos, deberes y responsabilidades que se derivan de la Constitución, aunque, desde luego no son ellos los únicos medios constitucionales para obtener el fin buscado. Existen vías específicamente concebidas para la defensa de ciertos derechos, en consideración a su señalada importancia y a sus especiales características.  Tal es el caso del Habeas Corpus, recurso concebido para protección de la libertad personal cuando de ella ha sido privada una persona ilegalmente (artículo 30 de la Carta Política).  Esta garantía hace parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 10, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 7 y 8, ambos aprobados por la Ley 74 del 26 de diciembre de 1978 (Diario Oficial No.32682),  razón por la cual no puede ser suspendida ni siquiera durante los estados de excepción, tal como lo señalan perentoriamente los artículos 93 y 214 de la Constitución Política. El artículo 86 de la Carta establece que no es procedente la acción de tutela cuando el afectado con la violación o amenaza del derecho tenga a su alcance otro medio judicial de defensa, como lo es el Habeas Corpus respecto de la libertad personal.  Así lo dispone también y, de manera expresa, el artículo 6º, numeral 2º, del Decreto 2591 de 1991 que dice: "artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: ... 2. Cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus." A lo anterior se suma la circunstancia ya en otros casos subrayada por esta Corporación, consistente en que el sindicado goza, dentro del proceso en curso, de todos los medios de defensa judicial tendientes a la garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las disposiciones vigentes. Habida cuenta de lo dicho, la Corte estima que el Tribunal Superior de Medellín no podía conceder la tutela solicitada para ordenar que GOMEZ VERGARA recuperase su libertad, razón por la cual se confirmará la sentencia revisada. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia  -Sala Tercera de Revisión-, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : 1o.-  CONFIRMAR, por las razones consignadas, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal- al decidir sobre la acción de tutela instaurada por RAMIRO DE JESUS GOMEZ VERGARA. 2o.-  Envíese copia del expediente y de esta Sentencia al Ministro de Justicia para lo de su cargo, según lo dicho en la motivación. 3o.-  LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal para los fines indicados en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, fallo Nº 1, de abril 3 de 1992.

T-460-92 Sentencia No Sentencia No. T-460/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA El artículo 86 de la Constitución Política no establece distinciones entre quienes pueden acudir a este instrumento de protección de los derechos fundamentales y que, además, varios de tales derechos, dos de los cuales son precisamente el del debido proceso y el de propiedad, son susceptibles de violación o amenaza en perjuicio de personas jurídicas sin que aparezca motivo justificable para introducir discriminación en su contra. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Improcedencia Existiendo otro medio de defensa judicial, en principio no era la tutela el mecanismo adecuado a la protección de los intereses de la peticionaria, De haberse ejercitado la acción pertinente ante la Justicia Contencioso Administrativa, la compañía podía obtener, además de la nulidad del acto que ordenó el decomiso, la entrega de la totalidad de la aeronave incautada, incluyendo las piezas decomisadas e igualmente el resarcimiento por los perjuicios que se hubieren causado, tanto en relación con el daño emergente como respecto al lucro cesante. Es evidente que no nos encontramos ante un caso de perjuicio irremediable, al tenor de las disposiciones legales que regulan la materia y, por ende, no era del caso que se concediera la tutela solicitada, DEBIDO PROCESO-Alcance/PRESUNCION DE INOCENCIA La garantía del debido proceso, no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones administrativas. DECOMISO/CONFISCACION/DERECHO A LA PROPIEDAD-Vulneración Mal puede concebirse una violación del derecho de propiedad sobre la única base de un decomiso o entender que éste representa en sí mismo una forma de confiscación. Si el afectado logra demostrar ante la jurisdicción competente que la actuación administrativa presentó una o varias causas de nulidad de los actos mediante los cuales se le dió culminación y en consecuencia, se ordena el restablecimiento del derecho, podrá pensarse que se desconoció la propiedad del actor sobre los bienes incautados, pero no porque el comiso sea una figura prohibida por la Carta Política, sino por la ilegalidad de la actuación administrativa en el caso concreto. PRINCIPIO DE LA BUENA FE El principio es la confianza, expresada en la presunción de buena fe, mientras que las excepciones al mismo, es decir, aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario para invertir la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en la ley.  De tal modo que el servidor público que formule exigencias adicionales a las que han sido legalmente establecidas, vulnera abiertamente la Constitución e incurre en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones. Desde luego, lo dicho implica que el mencionado principio también tiene sus límites y condicionamientos, derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común. Ref.:  Expediente T-2018 Acción de tutela instaurada por la Sociedad "AEROVUELOS Y SERVICIOS CHARTER LTDA", contra el Subdirector Jurídico de la Dirección General de Aduanas, el Administrador de la Aduana de Bogotá y otros funcionarios de ese organismo. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta, en Santafé de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar los fallos de la Juez 16 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., de fecha 6 de febrero de 1992 y de la Juez 13 Penal del Circuito de la misma ciudad del 11 de marzo de 1992, proferidos respecto de la acción de tutela en referencia. I.  INFORMACION PRELIMINAR La sociedad "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda", por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela contra algunos funcionarios de la Dirección General de Aduanas por considerar que con sus actuaciones se habían vulnerado los derechos consagrados en los artículos 15, 25, 29, 58 y 83 de la Constitución Nacional con base en los siguientes hechos: 1.  Mediante Escritura Pública Nº 3441 del 14 de julio de 1989 de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá y debidamente inscrita en el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, la empresa "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda." adquirió la aeronave distinguida con la matrícula HK-1094, modelo 65-B-80 Beechraft, por compra hecha al señor José Hernando Forero. 2.  En el mes de agosto de 1989 la aeronave fue retenida y puesta a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes para investigar una presunta vinculación con actividades del narcotráfico. 3.  Mediante Resolución Nº 1055 del 18 de diciembre de 1989, el Consejo Nacional de Estupefacientes resolvió destinar provisionalmente la aeronave al servicio del Ministerio de Defensa Nacional. 4.  El Juzgado Tercero Especializado de Bogotá adelantó la correspondiente averiguación decidiendo, mediante providencia del 29 de noviembre de 1990, declararse inhibido para abrir investigación por no existir mérito suficiente y ordenar la entrega definitiva de la aeronave al representante legal de "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda.". 5.  El 2 de agosto de 1990 cuando aún no se había ordenado la devolución de la aeronave y ésta se hallaba al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, fue retenida e inmovilizada por funcionarios de la Aduana con el argumento de que los motores y hélices no correspondían a los que figuraban en el manifiesto de importación, de lo cual se presumió su introducción ilegal al país y se dedujo, en consecuencia, que se había incurrido en contrabando. 6.  Cumplida la actuación administrativa, el Administrador de la Aduana de Bogotá, por medio de la Resolución 879 del 17 de abril de 1991, resolvió ordenar la entrega de la aeronave al señor Jorge Eduardo Lozano Moreno, representante legal de la sociedad propietaria, e igualmente ordenó "DECOMISAR a favor de la Nación los motores 10-720AIA, serie L-136-54 y 10-720 AIA, serie L-561-54C y las hélices marca HARTZEL modelo HCA-A3ZVK-2A". 7. La compañía afectada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el citado acto administrativo, los cuales fueron resueltos mediante resoluciones números 1366 del 21 de junio y 3286 del 2 de diciembre de 1991, respectivamente, confirmándose la decisión del decomiso de los motores y hélices de la aeronave en favor de la Nación. 8.  El representante legal de la sociedad accionante, en declaración rendida ante el Juez conocedor de la presente acción de tutela en primera instancia, afirmó que el avión fue importado en el año de 1965, fecha en la cual se consideraba que el motor y las hélices eran partes integrantes del avión y por esto no se encuentra el manifiesto de importación específico e independiente para estas piezas.  Agregó que a este avión se le montaron motores de otras aeronaves que se accidentaron, respecto de las cuales no es posible probar si se importaron o no en forma legal. Además expresa que cuando la firma que representa adquirió la aeronave ya ésta tenía los motores y las hélices cambiadas. 9. La apoderada de la sociedad sostiene que en este asunto ha sido violado el derecho al debido proceso por desconocimiento de disposiciones especiales en materia aduanera, tales como el Decreto 1750 de 1991 que establece la prescripción de toda acción sancionatoria después de dos años de ocurridos los hechos, circunstancia que en su entender, se configura en el presente caso y no fue tenida en cuenta por los funcionarios de la Dirección General de Aduanas. 10. Solicita la empresa "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda" la entrega inmediata de los motores y hélices de la aeronave HK-1094, al igual que la tutela de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados. II.  LAS DECISIONES JUDICIALES Correspondió resolver sobre la acción de tutela en primera instancia a la Juez 16 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, quien en providencia del 6 de febrero de 1992 negó el amparo solicitado con fundamento en las siguientes consideraciones: 1.  De la inspección judicial, declaraciones tomadas y demás diligencias practicadas por el Juzgado, éste concluye que no se violó el derecho al debido proceso ya que la sociedad afectada gozó de oportunidad para defenderse. Respecto de lo afirmado por el representante legal de la sociedad en el sentido de que le fue imposible presentar el manifiesto de importación de los motores, hélices y radios, ya que el avión es del año 65 y se le montaron motores de otros aviones accidentados, afirma la Juez que "esta manifestación es de difícil credibilidad, por cuanto si tales reparaciones se efectuaron en la forma indicada no de menos (sic) se podría realizar sin el respectivo permiso de la autoridad competente...". 2.  Al peticionario le asiste el derecho de recurrir ante la justicia ordinaria para efectos de proteger sus derechos, afirma la Juez, es decir, que dispone de otro medio de defensa judicial. 3.  Ante la no procedencia lícita de los motores concluye la Juez que "mal podría el despacho entrar a proteger un derecho que en las anteriores condiciones se considera ilegítimo...". Impugnado este fallo por la Sociedad "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda" correspondió resolver al Juez 13 Penal del Circuito de Bogotá quien en providencia del 11 de marzo de 1992 confirmó la decisión de primera instancia con los siguientes argumentos: 1.  Está demostrado el estricto cumplimiento que se dio al procedimiento aduanero, razón por la cual no se vulneró el derecho al debido proceso. 2. Respecto de la posible vulneración de derechos fundamentales, señala  el Juzgado que en ningún momento se buscó agraviar el buen nombre de la empresa  "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda" y que por tanto, no se desconoció el artículo 15 de la Constitución Nacional, ya que la Aduana Interior de Bogotá actuó en cumplimiento de sus funciones. Respecto del artículo 25 de la Carta sobre el derecho al trabajo, sostiene que la protección a éste se da siempre y cuando se ajuste a las leyes vigentes, circunstancia que no se predica en el caso sub examine. Consideró la Juez de Segunda Instancia que tampoco se vulneraron los artículos 58 y 83 de la Carta Política. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Acción de tutela intentada por personas jurídicas Teniendo en cuenta su competencia para proferir fallo de revisión en el presente asunto (artículo 86 de la Constitución, 31, 32 y 33 del Decreto 2067 de 1991), entra la Corte a estudiar las sentencias proferidas en cuanto a la presente acción de tutela, las cuales coinciden en negar el amparo solicitado. Sobre la posibilidad de ejercer la acción de tutela por parte de personas jurídicas, categoría que ostenta la parte actora, ya esta Corte se pronunció en varias sentencias1 , resaltando que el artículo 86 de la Constitución Política no establece distinciones entre quienes pueden acudir a este instrumento de protección de los derechos fundamentales y que, además, varios de tales derechos, dos de los cuales son precisamente el del debido proceso y el de propiedad (alegados en este caso), son susceptibles de violación o amenaza en perjuicio de personas jurídicas sin que aparezca motivo justificable para introducir discriminación en su contra. Improcedencia de la acción En torno a la procedencia de la acción, es necesario decidir si la sociedad actora disponía de otro medio de defensa judicial, al que alude el artículo 86 de la Constitución como suficiente para excluir la tutela. La presente solicitud está dirigida contra actuaciones de la Aduana Interior de Bogotá y el Subdirector Jurídico de la Dirección General de Aduanas, contenidas en actos administrativos -las Resoluciones 879, 1366 y 3286 de 1991- mediante los cuales se ordenó el decomiso a favor de la Nación de los motores y hélices de la aeronave HK-1094 objeto de la controversia y se resolvieron los recursos intentados por la sociedad actora en la vía gubernativa, lo que dejaba el camino expedito para que tal sociedad, si tenía fundados motivos, acudiera a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para impetrar de ella la nulidad de los actos correspondientes y el restablecimiento de su derecho.  Al parecer se utilizó esa vía, pero ello no es seguro pues en el expediente obran apenas afirmaciones en tal sentido. Existiendo otro medio de defensa judicial, en principio no era la tutela el mecanismo adecuado a la protección de los intereses de la peticionaria, según las voces del artículo 86 de la Constitución, a cuyo tenor "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial". Debe entonces la Corte definir si se daba la circunstancia de un perjuicio irremediable que permitiera el ejercicio de la acción de tutela. El perjuicio irremediable fue concebido por el Decreto 2591 de 1991, artículo 6º, de la siguiente manera: "Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización". Para resolver sobre el asunto cuestionado basta decir que, de haberse ejercitado la acción pertinente ante la Justicia Contencioso Administrativa, la compañía podía obtener, además de la nulidad del acto que ordenó el decomiso, la entrega de la totalidad de la aeronave incautada, incluyendo las piezas decomisadas e igualmente el resarcimiento por los perjuicios que se hubieren causado, tanto en relación con el daño emergente como respecto al lucro cesante. De conformidad con lo dicho, es evidente que no nos encontramos ante un caso de perjuicio irremediable, al tenor de las disposiciones legales que regulan la materia y, por ende, no era del caso que se concediera la tutela solicitada, razón que conducirá a la confirmación de los fallos revisados. El debido proceso en las actuaciones administrativas Lo anterior no obsta para que la Corte formule algunas observaciones sobre los derechos que invocó la sociedad accionante, a fin de trazar pautas sobre la recta interpretación de las normas constitucionales que los consagran. Así, en torno a la posible transgresión de las disposiciones del trámite aduanero y el consiguiente desconocimiento del principio constitucional sobre debido proceso en toda actuación administrativa (artículo 29 de la Carta Política), el Decreto 2352 de 1989, por el cual se establece el procedimiento correspondiente a la aprehensión y decomiso de mercancías, estableció varios términos de obligatoria observancia para actuaciones tales como inicio de investigación, práctica de pruebas y decisión por parte de las autoridades aduaneras, todas las cuales debieron haberse cumplido estrictamente para que no se configurara la violación alegada por la compañía peticionaria. Si bien no entra la Corte a determinar cuál fue el comportamiento específico de las dependencias competentes de la Dirección de Aduanas en este caso, por el ya indicado motivo de improcedencia de la acción de tutela, estima necesario advertir sobre la posible pretermisión de algunos de esos términos si se tiene en cuenta la cronología que aparece en el expediente, razón por la cual, en caso de que la sociedad demandante haya acudido a la jurisdicción Contencioso Administrativa, como lo anuncia en uno de los documentos examinados, habrá de ser este aspecto uno de los relevantes en la definición que allí se haga sobre la validez de los actos administrativos cuestionados. La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones administrativas. Dentro del marco jurídico trazado por la Carta de 1991, ha perdido su razón de ser la discusión acerca de si el debido proceso es exclusivo de los trámites judiciales o si debe extenderse a los procedimientos y actuaciones que se surten ante la administración, pues el nítido tenor literal del artículo 29 de la Constitución no deja lugar a dudas: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". Es este un mandato inexcusable que no pueden desatender las dependencias del Estado en sus distintos niveles de jerarquía, tanto en el sector central como en el descentralizado y en todas las ramas del poder público y organismos de control respecto de las actuaciones de sus correspondientes órbitas de competencia, so pena de incurrir en flagrante violación de la preceptiva constitucional y en ostensible abuso de sus atribuciones en detrimento de los derechos fundamentales, ocasionando a la vez la nulidad de las decisiones adoptadas con infracción de los preceptos superiores. Así, pues, en una actuación administrativa como la adelantada en este caso por la Dirección de Aduanas, debieron haberse observado de manera integral los postulados que conforman la señalada garantía y ello tendrá que ser verificado por el tribunal competente, a fin de hacer valer en toda su plenitud los principios constitucionales que la inspiran. Obviamente, lo dicho no significa que se trasladen al terreno administrativo aspectos del debido proceso que, por su misma naturaleza, son aplicables tan solo a la materia penal propiamente dicha, como el relativo a la asistencia del abogado de oficio o el principio de favorabilidad, pues ello no tiene respaldo en la Constitución Política como claramente se desprende del artículo 29 ya comentado. De allí que no sea aceptable, por ejemplo, una aplicación retroactiva -para el caso materia de revisión- del artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, invocado por la compañía demandante.  El citado Decreto fue expedido el 4 de julio de 1991, fecha en la cual se había producido ya la decisión administrativa de la Aduana, que es del 17 de abril del mismo año.  Es obvio que era imposible, en ese momento, haber reconocido la prescripción que perseguía la sociedad peticionaria pues la disposición que consagraba tal figura no existía en el momento de producirse la decisión aduanera. El decomiso no equivale a la confiscación En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, alegada por la sociedad actora, es también un punto que deberá definir el tribunal competente al confrontar la legalidad de los actos administrativos de que se trata, pero estima la Corte que, con independencia de lo que allí se decida, debe quedar claro, como concepto general, que el decomiso es una figura diferente a la confiscación pues mientras ésta última implica el despojo absoluto de la totalidad o parte de los bienes de una persona a título de pena en favor del fisco y sin compensación alguna, aquél corresponde a una retención por parte de la autoridad que recae de modo específico sobre bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el pago de los impuestos que deben cancelarse para su introducción al territorio nacional. Mal puede concebirse una violación del derecho de propiedad sobre la única base de un decomiso o entender que éste representa en sí mismo una forma de confiscación. Obviamente, si el afectado logra demostrar ante la jurisdicción competente que la actuación administrativa presentó una o varias causas de nulidad de los actos mediante los cuales se le dio culminación y en consecuencia, se ordena el restablecimiento del derecho, podrá pensarse que se desconoció la propiedad del actor sobre los bienes incautados, pero no porque el comiso sea una figura prohibida por la Carta Política, sino por la ilegalidad de la actuación administrativa en el caso concreto. Ahora bien, por cuanto atañe a la solicitud de tutela materia de esta sentencia, no podía alegarse la violación del derecho de propiedad (artículo 58 C.P.) con apoyo en el argumento de que los bienes decomisados fueron adquiridos "con arreglo a las leyes civiles y administrativas", pues el decomiso no es una medida que ponga necesariamente en tela de juicio la titularidad de la propiedad sino que, en lo tocante con el régimen aduanero, alude a elementos distintos como son los tributarios. El postulado de la buena fe como base de nuestro Derecho El principio de la buena fe se erige en arco toral de las instituciones colombianas dado el especial énfasis que en esta materia introdujo la Carta del 91, a tal punto que las relaciones jurídicas que surjan a su amparo no podrán partir de supuestos que lo desconozcan. En el diario acontecer de la actividad privada, las personas que negocian entre sí suponen ciertas premisas, entre las cuales está precisamente el postulado que se enuncia, pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro sería dar vida a una relación viciada. Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien en demanda de sus derechos, ya en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador, en vez de crear dificultades a los gobernados y entrabar innecesariamente el desenvolvimiento de las múltiples relaciones que con ellos deben forzosamente establecerse. Así, por ejemplo, la sola voluntad de un servidor público no es suficiente a la luz de la Carta Política en vigor para exigir autenticación de firmas, presentación de documentos, imposición de sellos, trabas inoficiosas, términos no previstos en ley o reglamento, para apenas indicar algunos de los requerimientos favoritos del burócrata, ya que varios preceptos constitucionales remiten a la ley como única fuente de tales exigencias. El artículo 6º de la Constitución afirma que "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.  Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" (Subraya la Corte). El artículo 122 indica que "No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento...", al paso que, según el 123, "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad" y "ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento" (Se subraya). El artículo 83 dispone que "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas", mientras el 84 es perentorio en señalar que "cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio", principio refrendado en el artículo 333, relativo a la actividad económica y a la iniciativa privada, para cuyo ejercicio "nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley". De todo lo cual se desprende sin mayores esfuerzos del intelecto que el principio es la confianza, expresada en la presunción de buena fe, mientras que las excepciones al mismo, es decir, aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario para invertir la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en la ley.  De tal modo que el servidor público que formule exigencias adicionales a las que han sido legalmente establecidas, vulnera abiertamente la Constitución e incurre en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones. Desde luego, lo dicho implica que el mencionado principio también tiene sus límites y condicionamientos, derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común. En modo alguno puede pensarse que el principio de la buena fe se levante como barrera infranqueable que impida a las autoridades el cumplimiento de su función, pues, mientras la ley las faculte para hacerlo, pueden y deben exigir los requisitos en ella indicados para determinados fines, sin que tal actitud se oponga a la preceptiva constitucional.  En nuestro Estado de Derecho, las leyes gozan de aptitud constitucional para imponer a la administración o a los jueces la obligación de verificar lo manifestado por los particulares y para establecer procedimientos con arreglo a los cuales pueda desvirtuarse en casos concretos la presunción de la buena fe, de tal manera que si así ocurre con sujeción a sus preceptos se haga responder al particular implicado tanto desde el punto de vista del proceso o actuación de que se trata, como en el campo penal, si fuere del caso. De lo anterior puede colegirse que es inaceptable el argumento según el cual la actuación de la autoridad aduanera, en cuanto pone en marcha procedimientos encaminados a comprobar si en determinado caso se configuró el contrabando, vulnera el principio de la buena fe, toda vez que demostrado aquel con arreglo a las disposiciones legales correspondientes y con estricta observancia del debido proceso, lo que acontece es que se desvirtúa mas no se desconoce la presunción que en principio amparaba a la persona. En el caso objeto de examen, la sociedad que se considera afectada ha alegado cabalmente que se le han hecho padecer unas consecuencias jurídicas derivadas de actos y procedimientos cumplidos con olvido de este trascendental aspecto. No siendo propicio el pronunciamiento de esta Corporación en uno u otro sentido, habida cuenta de la existencia de medios judiciales de defensa distintos de la acción de tutela, también en esta materia se deja la decisión en cabeza de la jurisdicción dotada de competencia para resolver. Por las razones expuestas, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  CONFIRMANSE los fallos proferidos por los Juzgados 16 Penal Municipal y 13 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, los días 6 de febrero y 11 de marzo de 1992 respectivamente, para resolver sobre la acción de tutela instaurada por la Sociedad "Aerovuelos y Servicios Charter Ltda.", por intermedio de apoderado. Segundo.-  LIBRENSE, por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión - Sentencias números 430 de junio 24 y 443 de julio 6 de 1992.

T-462-92 Sentencia No Sentencia No. T-462/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Precisión DERECHO AL TRABAJO/DERECHOS FUNDAMENTALES-Precisión El derecho al trabajo, es decir, el desempeño libre de actividad personal legítima que entraña la obtención de estipendios económicos que sufragan necesidades de la persona y su núcleo familiar y que debe prestarse en condiciones dignas y justas,  pertenece a la categoría de los derechos fundamentales. El hombre, entonces, como secuela de su libertad individual puede disponer a su arbitrio de sus actividades físicas e intelectuales en la escogencia de cualquier ocupación, arte u oficio, con excepción de las que entrañen riesgo social.  Comprende tanto el trabajo subordinado, esto es la relación laboral de derecho privado y la legal y reglamentaria de derecho público, como la prestación de servicios de manera independiente, en donde se deja al contratista autonomía en la forma de cumplir sus obligaciones. DERECHOS FUNDAMENTALES-Concepto Al definir los derechos fundamentales, se destacó la nota esencial de ser ellos inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables y sin los cuales éste no podría subsistir como tal. Ello sucede con el derecho del trabajo, el cual además de realizar al hombre como tal, dignificándolo, constituye para él a la vez  un medio insustituíble para conseguir recursos económicos para su cóngrua subsistencia y la de su progenie. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración Cuando el texto Supremo predica la protección del derecho de una persona porque la acción u omisión del ente administrativo o del particular en los casos especiales,   quebranta    un derecho   constitucional fundamental, parte del supuesto de que el primer derecho respecto del cual se solicita el amparo de tutela se configura razonable y plausiblemente, para lo cual habrá de tenerse en cuenta las particulares circunstancias del derecho sometido a juzgamiento.  Y ello ha de ser así porque si no existe el derecho o por lo menos  no tiene visos desde la óptica del juez de tutela de que quien pretende ser  su titular en realidad  lo sea indiscutiblemente, porque no halle respaldo satisfactorio en la normatividad  legal (máxime cuando es materia de discrepancia irreconciliable a primera vista), no puede consecuentemente proclamarse respecto del derecho debatido la infracción de un precepto constitucional. No podría entonces, frente a semejante situación fáctica y legal en que las partes ofrecen sus propios y divergentes puntos y argumentos jurídicos, entenderse que el juez de tutela confronta un derecho subjetivo cierto, razonable y merecedor de tutela y no puede serle dable a él fungir de juez administrativo para reemplazarlo y entrar a decidir en el campo jurisdiccional propio de aquél. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de Tutela No.1340 Acción de    tutela    contra actuación del   Gerente de la               Beneficencia del Tolima. Tema:        Derecho al Trabajo. Demandante: RUBY BARRERO SAENZ. Magistrados: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN DR. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de julio de mil novecientos noventa y dos (l992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia proferida el 24 de febrero de l992 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, y quien remitió el expediente a esta Corporación de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de l991. I.       ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Según el escrito de la demanda, Rubi Barrero Sáenz suscribió el 30 de diciembre de l991 el contrato No. 062 con la Beneficencia del Tolima, cuyo objeto es la prestación de sus servicios personales como Administradora del Parque de la Salud, consistente en planear, ejecutar, dirigir y coordinar las actividades del parque, supervisar todo lo relacionado con las obras de inversión que realice la Beneficencia del Tolima, velar por la conservación y objetivos del parque y todas las funciones delegadas por la Gerencia de la Beneficencia. Anota que el valor del contrato que se suscribió es de la suma de ($2.520.000.oo M/cte), Dos Millones quinientos veinte mil pesos, lo que cubre integralmente el valor del contrato y se pagará mensualmente mediante la presentación de la cuenta de cobro.  Agrega que suscribió una póliza matriz con una Compañía de Seguros para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato, por el término de un año, contado a partir de la fecha de su perfeccionamiento, que él se subordina al presupuesto de la Beneficencia del Tolima, la cual incluyó en su presupuesto la partida necesaria para cubrir este gasto y que como contratista ha estado desde el 2 de enero de l992 ejecutando el contrato. Se señalan además como hechos que Rubi Barrero Sáenz recibió  el 23 de enero de l992 comunicación suscrita por el Gerente de la Beneficencia del Tolima, señor Mario Echeverry Trujillo en la que se le informaba que el aludido contrato "pretermitió normas legales u ordenanzales en materia de contratación administrativa y por lo tanto no se perfeccionará ni ejecutará". Se manifiesta finalmente que la demandante  recibió el 27 de enero de l992 comunicación en la que se le anunciaba que en vista de que la actual administración de la Beneficencia del Tolima de conformidad a instrucciones de la oficina Jurídica de la Gobernación, dejó sin validez el contrato de prestación de servicios celebrado entre ella y la entidad, era necesario adelantar los trámites para poderle pagar los días trabajados en el parque de la salud, es decir, hasta el  23 de enero de l992, día en que fue revocado el contrato en mención. B. DERECHOS VULNERADOS. La demandante considera que el actual Gerente de la Beneficencia del Tolima de una parte quebranta el derecho al trabajo y de otra, menoscaba su derecho a la vida, pues el único medio que tiene para subsistir es ejerciendo su derecho al trabajo. C. PETICIONES. La actora  ejerce la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable  y al efecto solicita  la  protección  inmediata de su derecho constitucional fundamental al trabajo que está siendo vulnerado  y  amenazado  por  la acción del Gerente de la Beneficencia del Tolima; con tal fin pretende se le ordene a éste le permita  la prestación de los servicios pactadas en el referido contrato y así recibir la condigna remuneración. D. ACTUACION PROCESAL. Con el fin de dar trámite a la acción de tutela, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal dispuso la ratificación de la demandante y la práctica de las pruebas conducentes. De esta manera obran en el proceso fotocopia de los siguientes documentos: 1.      Contrato de prestación de servicios No. 062 suscrito el 30 de diciembre de l991 entre la Gerente de la Beneficencia del Tolima y Ruby Barrero Sáenz, consistente en que aquélla como Administradora del Parque de la Salud, debe planear, ejecutar, dirigir y coordinar las actividades del parque, supervisar las obras que en ese lugar se adelantaran y vigilar los objetos que hacen parte de ese sitio de recreación, contrato por el cual se pactó en valor de $ 2.520.000.oo, pagaderos en cuotas mensuales de $ 210.000.oo con vigencia de un año. Contrato que fue firmado por las partes, se presentó el paz y salvo por concepto de impuestos departamentales, se pagó  lo pertinente por su publicación y se constituyeron las pólizas correspondientes para garantizar el cumplimiento del negocio jurídico. 2.      Oficio del Gerente de la Beneficencia del Tolima, señor Mario Echeverry Trujillo, dirigido a Ruby Barreto Sáenz, de fecha 23 de enero de l992 y por medio del cual le comunica que el contrato pretermitió normas legales u ordenanzales en materia de contratación administrativa y por lo tanto no se perfeccionará ni se ejecutará. 3.      Oficio del Gerente de la Beneficencia del Tolima, señor Mario Echeverry Trujillo dirigido a Ruby Barrero Sáenz, de fecha 27 de enero de l992, en el cual le manifiesta que en vista de que la actual administración de la Beneficencia y de conformidad con instrucciones de la Oficina Jurídica de la Gobernación, dejó sin validez el contrato, le solicita adelantar los trámites necesarios para el pago de los días trabajados en el parque de la salud hasta el 23 de enero de l992, día en que fue revocado el contrato. 4.      Póliza de Seguro tomada por Ruby Barrero Sáenz y por la cual se garantiza al asegurado (Beneficencia del Tolima), el pago de multas y cláusula penal en virtud del contrato aludido. 5.      Resolución No. 001471 de 31 de diciembre de 1991 expedida por la Gerencia de la Beneficencia del Tolima, y por la cual se aprueban las fianzas constituídas por Ruby Barrero Sáenz. 6.      Recibo expedido por la Contraloría General del Tolima, sobre el pago de la publicación del contrato citado. 7.      Paz y salvo de la Tesorería General del Tolima para Ruby Barrero Sáenz. 8.      Así mismo obra en el proceso diligencia de inspección judicial practicada por el Juez Primero de Instrucción Criminal de Ibagué quién se presentó el día 3 de enero de l992 a la Gerencia de la Beneficencia del Tolima, con el fin de constatar que normas había violado esa entidad administrativa en la celebración del contrato No. 062 del 30 de diciembre de l991.  Durante la diligencia la gerente de la entidad Martha Cecilia Valderrama  informó  que se había dado por terminado el contrato porque éste se había realizado afectando el presupuesto de l992, el cual no había sido aprobado por la Asamblea y porque para la firma del negocio jurídico no se había tenido en cuenta a la Contraloría; fundamentos éstos  que invocó la Oficina Jurídica de la Gobernación para recomendar la cancelación del contrato.  El Juez se trasladó a la Oficina Jurídica donde se le informó que el concepto emitido para dar cancelado el contrato de la controversia tiene su fundamento en el artículo 24 del Decreto 0717 de 1984 que es el Estatuto de Contratación del Tolima y el aplicable a los institutos descentralizados de orden departamental.  Dicha norma "establece los requisitos necesarios para la celebración de un contrato y en el caso que nos ocupa se expidió un certificado de disponibilidad presupuestal sin existir presupuesto, pues el contrato se celebró el 30 de diciembre de 1991 y el Presupuesto General de Rentas y Gastos del  Departamento  se  expidió  el  10  de  enero  de  1992  y dentro de ese presupuesto se incluyó el presupuesto de la Beneficencia y el Jefe de Presupuesto de la Beneficencia al expedir esa certificación de disponibilidad estaba comprometiendo rubros que no nacieron a la vida jurídica. Agrega que al firmarse el contrato en esas condiciones, se violó el artículo 24 literal d), artículos 79 y 80 del Decreto 0717 de 1984 o estatuto de contratación departamental y por esa razón se recomendó a la nueva administración de la beneficencia, no darle curso al mencionado contrato". E.      FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Primero de Instrucción Criminal del Tolima, en providencia del 4 de febrero de l992, falló negando el amparo del derecho con fundamento en lo siguiente: El contrato celebrado entre las partes está viciado de nulidad porque ha sido suscrito con violación del Régimen de Contratación Administrativa y  de la misma Constitución Nacional cuando ella expresa que el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos a realizarse en la respectiva vigencia.  Y además porque la demandante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial para invocar la protección de sus derechos, como lo establece el Código Contencioso Administrativo. F.      RECURSO DE IMPUGNACION. La actora  interpuso este recurso  -que llama de apelación-  contra el fallo del Juez Primero de Instrucción Criminal. Y al respecto  ofrece la siguiente alegación: El presupuesto de la Beneficencia del Tolima para la vigencia fiscal de 1992 se fijó a través del Acuerdo No. 020 de 27 de noviembre de 1991 expedido por su Junta Directiva y ello de conformidad con el Decreto 634 de 1974 que contempla los estatutos de la Beneficencia.  Del mismo modo el artículo 282 inciso d) del Código de Régimen Departamental (Decreto Ley 1222 de 1986) previene que son funciones  de las juntas directivas de los establecimientos públicos de orden departamental aprobar el presupuesto anual del respectivo organismo. Cuando la actora suscribió el contrato estaba vigente el presupuesto de la Beneficencia para 1992. Lo que ha hecho y en la práctica le hizo a la demandante la Beneficencia fue terminar unilateralmente el contrato de prestación de servicios y éste en su cláusula 5a. dispone que "La terminación unilateral del contrato se regirá por lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del título IV del Decreto 717 del 31 de mayo de 1984".  Y éste que es el estatuto contractual del Departamento señala  que la terminación unilateral del contrato ha de hacerse mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición y basarse en consideraciones de orden público y coyuntura económica crítica. G.      FALLO QUE SE REVISA. Sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal, de 24 de febrero de l992. Decisión: Confirmar el fallo proferido por el Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Ibagué, el cual denegó la tutela. Consideraciones: En primer lugar se argumenta por parte de la Sala Penal del Tribunal que el Juez de Primera Instancia durante el proceso de tutela no tiene ni puede tener capacidad decisoria jurisdiccional para sentar en su fallo la tesis de que el contrato que dió origen a la acción de tutela objeto de estudio, carece de validez.  Ello en razón a que ese campo solo le está reservado a la respectiva autoridad pública que es el Tribunal Contencioso Administrativo y se estaría entonces usurpando  jurisdicción,  si el Juez ipso jure declara la invalidez o nulidad de un contrato.  También se considera que la demandante tiene otros medios de defensa judicial: Puede valerse de la vía Contencioso Administrativa que de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 2304 de l989 está instituída para juzgar las controversias administrativas originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.  Y de conformidad con los artículos 85 y 87 del Código Contencioso, puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  Se anota por lo demás, que no se puede predicar un perjuicio irremediable, toda vez que la demandante por los medios judiciales referidos puede lograr que las cosas vuelvan al estado anterior. II. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 3o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de l991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer en revisión del fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué. III. CONSIDERACIONES. a)      El derecho al trabajo es un derecho constitucional fundamental. Así lo ha considerado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias.1  A la siguiente, con ponencia del Magistrado que conduce  el presente proceso, pertenecen los siguientes apartes que ahora se prohijan como motivación de este fallo2 : "2. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. Cuestión cardinal que debe dilucidarse es la relativa a determinar  si  el  derecho  del  trabajo es un derecho fundamental, ya que según la concepción del constituyente colombiano, sólo esa clase de derechos amerita la acción de tutela (artículo 86). 2.1.       Con la expedición de la Carta de 1991 entró nuestro país en la era del constitucionalismo del derecho del trabajo, es decir, de su especial tratamiento en la Constitución,  a diferencia de la parquedad con que de éste se ocupó la Carta anterior. En esta última el artículo 17 establecía que el trabajo era una obligación social y gozaba de la especial protección del Estado, el 18 garantizaba el derecho de huelga con la excepción de los servicios públicos, el 44 autorizaba la formación de compañías, asociaciones y fundaciones, dentro de las cuales se entendió que estaban incluídos los sindicatos y el artículo 32 que garantizaba la libertad de empresa y la iniciativa privada, baluartes del sistema económico capitalista, mas precedido ello de intervencionismo estatal con el fin de procurar el desarrollo económico y social dentro de una política de ingresos y salarios , para beneficio integrado y armónico de la comunidad y "de las clases proletarias en particular". Significó entonces este intervencionismo estatal la superación del Estado gendarme, en que la suerte de la economía se dejaba a la libre oferta y demanda del mercado. La Constitución de 1991 da un vuelco a la normación constitucional existente sobre la cuestión laboral y es así como se adentra en sus más representativas instituciones  y principios informadores del derecho  de  trabajo  y de esta manera al elevar de rango unas y otros, les otorga la debida importancia y firmeza.  En efecto, en el mismo preámbulo de la nueva Carta se expresa que el pueblo de Colombia la sanciona y promulga para asegurar a sus  integrantes,  entre  otros  derechos, el derecho al trabajo.  El artículo 25, antes transcrito, concibe al trabajo como un derecho y una obligación social, amparado por el Estado y dispone que el trabajo que se preste se exija en condiciones dignas y justas. El  artículo  17  prohibe  la  esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. El 26 instituye  la  libertad  de  escogencia  de profesión u oficio. Consagra el artículo 38 la garantía del derecho de libre asociación y así sustituye al artículo 44 anterior constitucional, el artículo 39 concede a los trabajadores y empleadores  el derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado y defiere, a la autoridad judicial la facultad de cancelar o suprimir la personería jurídica reconociéndosele a los representantes sindicales  fuero y demás garantías para el cumplimiento de su gestión.    El artículo 48 consagra el derecho a la seguridad social. El artículo 54  hace recaer en los empleadores y el Estado la obligación de ofrecer a los asalariados formación y habilitación profesional y técnica, debiendo igualmente el Estado garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. El artículo 56 repite la norma de la Constitución anterior que garantiza el derecho de huelga,  con la salvedad de los servicios públicos esenciales  definidos  por  el legislador y previene la creación de una comisión permanente conformada por el  Gobierno con representación obrero-patronal que se encargará de  estimular las buenas relaciones laborales, cooperará en la solución de los conflictos colectivos laborales y concertará las políticas salariales y laborales.  Por el artículo 55 se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales.  El derecho a la carrera de los servidores públicos se contempla en el artículo 125.  Se preserva en los artículos  334 y 335 la libertad de empresa, mas dejando  en  manos  del Estado la dirección general de la economía con intervención del mismo dirigida a racionalizar esta última a efecto de mejorar la calidad de los habitantes, debiendo el Estado de manera especial ejercer la intervención con el objeto de dar pleno empleo a los recursos humanos "y asegurar que todas las personas, en particular las de menos ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos".  Merece especial mención el artículo 53 que entrega al Congreso la facultad de expedir el estatuto del trabajo que habrá de guiarse por estos principios mínimos fundamentales: principio de indubio pro operario, o sea la aplicación de la interpretación  más favorable al trabajador, en caso de tener varios sentidos la norma laboral aplicable; principio de la condición más provechosa frente a la coexistencia de preceptos laborales; principio de la irrenunciabilidad de derechos, principio de la continuidad de la relación laboral, principio de la supremacía de la realidad del contrato de trabajo sobre las formalidades. Del mismo modo se pregona la igualdad de oportunidades para los trabajadores,  una remuneración   mínima  y   móvil  para  ellos y también proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. A los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados se les imprime la categoría de legislación interna. 2.2 Los derechos humanos fundamentales que consagra la Carta Política de 1991 y que son susceptibles de la acción de tutela, son los que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana, pues por ser ésta una sustancia individual de naturaleza racional  posee  la aptitud de entender y querer y con  ello se diferencia  del  animal. El hombre tiene como valor supremo la libertad, pues, él mismo opta por llevar a cabo los actos que a bien tiene en su afán de perfeccionar su ser, sujetándolos a los valores éticos  que autónomamente acepta. Esta característica intrínseca del hombre  le comunica  tal respetabilidad  que lo hace único en el universo y por ello se le reconocen determinados derechos  que son los fundamentales y sin los cuales no podría existir como tal, es decir, su naturaleza se vería distorsionada o modificada. De ahí que se considere que tales derechos son inherentes al ser humano, que han existido desde todos los tiempos antes de su consagración en cualquier texto legal positivo y aún por encima de éste si llegare a desconocerlos. "Los derechos humanos -sostiene Angel Sánchez de la Torre- parten de un nivel por debajo del cual carecen de sentido: la condición de persona jurídica, o sea, desde el reconocimiento  de que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, cualquiera que sea el ordenamiento jurídico, político, económico y social y cualesquiera que sean los valores prevalentes en la colectividad histórica". Y Legaz  y  La  Cambra  afirma  que "hay un derecho absolutamente fundamental para el hombre, base y condición de todos los demás; el derecho a ser reconocido siempre como persona humana".3 La facultad de elección antes mencionada coloca al hombre frente a distintas clases de libertades y obviamente  frente  a  los  condignos derechos, así: a) Derechos que amparan la libre disposición del cuerpo: derecho a la vida, a la integridad personal, esto es,  a no ser torturado  ni esclavizado, derecho a la libertad personal, a la libre circulación de un lugar a otro, derecho al respeto, a la honra y reconocimiento de la dignidad,   derecho al trabajo. b) Derecho al goce libre de sus manifestaciones espirituales, que se traducen en las libertades de pensamiento y expresión, conciencia, religión, asociación y educación.  c) Hay otros derechos que le permiten al ser humano realizar los derechos antes mencionados, así, entre otros, la igualdad de las personas ante la ley, el principio del debido proceso que incluye el principio de la irretroactividad de la ley, el derecho a participar en la vida política de la comunidad, etc. 3.  El derecho al trabajo se presenta bajo distintas manifestaciones: 1)      La facultad que le asiste al ser humano  de   utilizar   su  fuerza  de   trabajo   en  una actividad  lícita  y que le permite  obtener los recursos necesarios para subvenir a las necesidades mínimas de él y de su familia. 2)         El derecho a ejercer libremente ocupación u oficio que no se le puede entorpecer y  3)  El derecho que tiene a conseguir un empleo. El derecho al trabajo, concebido en los términos anteriores, es decir, el desempeño libre de actividad personal legítima que entraña la obtención de estipendios económicos que sufragan necesidades de la persona y su núcleo familiar y que debe prestarse en condiciones dignas y justas,  pertenece a la categoría de los derechos fundamentales y a él se refieren los artículos 25 -con la excepción que se comentará en el párrafo siguiente-  y 26 de la Carta Política.  La libertad de trabajo está consagrada en el artículo 26 de la Carta.  Se le reconoce ella al trabajo, como factor de producción de la economía, al igual que se le otorga a la empresa (art. 333).  El hombre, entonces, como secuela de su libertad individual puede disponer a su arbitrio de sus actividades físicas e intelectuales en la escogencia de cualquier ocupación, arte u oficio, con excepción de las que entrañen riesgo social.  También la ley podrá exigir  título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y éstas a su vez serán vigiladas y controladas por las autoridades. Desde otro punto de vista, el artículo 25 de la Carta de 1991, a imagen del artículo 17 de la Constitución anterior, concibe el trabajo como "una obligación  social" y con ello se reconoce y exalta el protagonismo insustituible  que  desempeña el   trabajo  en la vida social como factor de producción, porque el asalariado aporta a ella su actividad útil y remunerativa y contribuye así a su propia prosperidad y al crecimiento  del desarrollo económico de la comunidad.  De otro lado el Estado adquiere el deber general de propiciar, facilitar y estimular políticas, estrategias y planes de desarrollo de empleos y el mercado de trabajo, que le permitan a la persona  ingresar a la fuerza laboral.  Por Decreto 1421 de 1989 se asigna al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- la función de promocionar y ejercitar  la  gestión  e  intermediación   pública y gratuita de empleo que estaba a cargo del Ministerio de Trabajo.  Así mismo Colombia ratificó el Convenio No. 88 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la organización del servicio de empleo, adoptado el 17 de junio de 1948 por su Conferencia General, ratificado por el Gobierno colombiano y aprobado por el Congreso mediante la Ley 37 de 9 de octubre de 1967. ( Diario oficial No. 32356). Mas este deber del Estado hacia el miembro de la comunidad carece de la connotación de derecho fundamental exigible de aquél, ya que sólo pondrá los medios, dentro de los planes de desarrollo, para crear y propulsar empleos y así coadyuvar a la disminución de la tasa de desempleo; mas una vez creados los empleos, la colectividad los irá absorbiendo de manera general, según las oportunidades y diligencias de cada cual, sin que le sea dable a todo gobernado reclamarle particularmente y con carácter compulsivo al Estado una colocación laboral porque ello en sí sería de imposible realización. Al definir los derechos fundamentales en párrafos anteriores, se destacó la nota esencial de ser ellos inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables y sin los cuales éste no podría subsistir como tal. Ello sucede con el derecho del trabajo, el cual además de realizar al hombre como tal, dignificándolo, constituye para él a la vez  un medio insustituíble para conseguir recursos económicos para su cóngrua subsistencia y la de su progenie.  Obsérvese que la tipificación  del  derecho  al  trabajo  como derecho fundamental, cual  se  lo  concibe hoy, tuvo que atravesar por vicisitudes sin cuento, que históricamente van desde la esclavitud, que consideraba al hombre como un esclavo y por tanto lo igualaba a las cosas y venía a ser la antítesis de dicho derecho; la servidumbre de la Edad Media, en que se vinculaba el siervo a la tierra, sin que le fuera posible abandonarla; las Corporaciones, también instituciones medievales, que tenían como miras determinar y preservar los precios de los productos por ellas elaborados propiciándose así el monopolio económico; excluían además a quienes no pertenecieran a ellas,  con  lo  cual  se  obstruía  el  trabajo  de  las personas.  Recuérdese que existían en ella los siguientes rangos:  el aprendiz, el compañero y el maestro, a los cuales se iba escalando según las habilidades y experiencias que se fueran demostrando en la ejecución de las labores. Adviene más tarde lo que se  ha denominado la revolución liberal, que teniendo como precedente  la independencia de los E.E.U.U., se centra en la Revolución Francesa que da al traste con el régimen monárquico imperante (ancien régime)  y pregona a todos los vientos los postulados de la igualdad y la libertad de todos los hombres (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano) y obviamente la libertad de trabajo, todo lo cual habría de traer como lógica conclusión la supresión de las servidumbres y las corporaciones.  La aparición de la revolución industrial dió paso al sistema económico capitalista, que por su forma implacable de aplicarse, colocó al trabajador en condiciones infrahumanas de subsistencia, hasta el punto de decirse que con tal sistema se instauró  la  explotación  del  hombre  por  el hombre. Dentro de este transcurso histórico se llega, finalmente a la situación  presente  de los países, de intervencionismo estatal en las relaciones obrero-patronales.  Se reconoce como tipología socio-política-económica lo que se conoce con el nombre de la cuestión social, es decir, que la inequitativa distribución de la riqueza en las Naciones, es factor de sobresalto e intranquilidad de la sociedad, ya que los trabajadores ni siquiera con la remuneración que perciben a cambio del aporte de su energía laboral, alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia. "La cuestión social es problema integral.  No constituye simplemente un hecho económico, aunque sus manifestaciones más chocantes se hayan mostrado en la vida económica.  Es fenómeno que abarca lo religioso, lo filosófico, lo científico, lo moral y político.  Es  la  forma económica del gran problema de la humanidad;    es   la  descomposición    social saturada del sabor amargo de la angustia económica.  De la miseria que destruye los cuerpos y abona el terreno a la disolución de las almas"4 Por ello el contrato de trabajo ha de ser intervenido y con ello protegido.  Siendo la parte débil el asalariado,  no  se  concibe  que  pueda  contratar  en igualdad de condiciones  con su empleador, así que deben dictarse normas que amparen al primero y que estén  por encima de la voluntad de ambos. De ahí surge toda esa normatividad tuitiva que considera de orden público las normas laborales, la irrenunciabilidad de éstas y su aplicación favorable en caso de dudas, el establecimiento del salario mínimo, etc. En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en la ponencia sobre trabajo y el trabajador presentada por el Dr. Guillermo Guerrero Figueroa y otros, ante la Comisión Quinta se lee: "...Si el problema político del nuevo constitucionalismo consiste en realizar un régimen de garantías jurídicas de las libertades públicas y privadas,    el problema    de    ahora,   para  un constitucionalismo ajustado   al  ritmo acelerado de los tiempos, consiste en hacer posible y realizable, un régimen jurídico y social adecuado en el cual el trabajo sea una exigencia moral no sólo económica, sino condición primordial para la dignidad de la persona". ( Gaceta No. 45). En el ámbito internacional cabe destacar los siguientes documentos que reafirman la concepción humanista del derecho al trabajo:  la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 23 previene  que  toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y el artículo 24 pregona que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (Bogotá, 1948), proclama que el trabajo es un derecho  y un deber social, no se considerará como artículo de comercio y reclama respeto a "la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso".  El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74  de  1968  dice  en  su artículo 6o. que los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende   el  derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho.  Y en el artículo 7o. los Estados  reconocen también  que se asegure a los trabajadores "condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias".  La Convención de Roma de 1950 sobre salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales proscriben la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados (artículo 4o.) lo cual reitera el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por Colombia por la Ley 16 de 1972 (artículo 6o.). Como colofón de lo anteriormente expresado, ha de decirse que siendo el derecho al trabajo parte integrante de la personalidad humana, es  inconcuso su carácter de derecho fundamental, dentro de las precisiones que respecto de aquél se han hecho". b)     Contempla la Carta Política la acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales constitucionales, en caso de su vulneración o amenaza de vulneración, por acción u omisión de las autoridades públicas y en ciertos casos de las personas privadas.Así entonces, consistirá el amparo en la orden para que aquellas actúen o se abstengan  de hacerlo. Procede la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que ello se utilice  como mecanismo transitorio para evitar un mal irremediable.  Este último, a términos del Decreto 2591 de 1991 (art. 6o. No. 1o.), es el que sólo se puede restablecer en su integridad mediante indemnización. c)  Pues bien, la actora invocó la acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, consistente en que se la priva de los estipendios que iba  a recibir de la Beneficencia del Tolima  en virtud del contrato de prestación de servicios celebrado con ella, privación que a su vez atenta contra su derecho a la vida. Sobre el particular, esta Sala de Revisión hace las siguientes precisiones: El derecho al trabajo consagrado en el Estatuto máximo como derecho fundamental, comprende tanto el trabajo subordinado, esto es la relación laboral de derecho privado y la legal y reglamentaria de derecho público, como la prestación de servicios de manera independiente, en donde se deja al contratista autonomía en la forma de cumplir sus obligaciones. Ahora bien, cuando el texto Supremo predica la protección del derecho de una persona porque la acción u omisión del ente administrativo o del particular en los casos especiales,   quebranta    un derecho   constitucional fundamental, parte del supuesto de que el primer derecho respecto del cual se solicita el amparo de tutela se configura razonable y plausiblemente, para lo cual habrá de tenerse en cuenta las particulares circunstancias del derecho sometido a juzgamiento.  Y ello ha de ser así porque si no existe el derecho o por lo menos  no tiene visos desde la óptica del juez de tutela de que quien pretende ser  su titular en realidad  lo sea indiscutiblemente, porque no halle respaldo satisfactorio en la normatividad  legal (máxime cuando es materia de discrepancia irreconciliable a primera vista), no puede consecuentemente proclamarse respecto del derecho debatido la infracción de un precepto constitucional. En el evento sublite lo que se advierte a primera vista es la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios en el cual se ha pactado la cláusula de caducidad, convenido  entre Ruby Barrero Sáenz y la Beneficencia del Tolima, por parte de ésta, alegando que el gasto correspondiente no estaba contemplado en el Presupuesto  General del Departamento del Tolima, que incluye el de la Beneficencia, para el año fiscal de 1992, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0717 de 1984 que es el Estatuto de la Contratación  Departamental del Tolima y que, además  el contrato no se perfecciona, según la cláusula 7a. del contrato, si no se cumple el requisito de la disponibilidad presupuestal.  De su lado, la prestataria del servicio  -actora de la acción de tutela-, sostiene que sí existía disponibilidad presupuestal en el presupuesto anual de Ingresos y Gastos de la Beneficencia en la fecha de celebración del contrato y que el asunto ha de someterse al Código de Régimen Departamental o sea, el Decreto Ley 1222 de 1986 y otros ordenamientos locales. Se establece entonces claramente de lo antes explicado que no aparece de manera inconcusa que la actora sea titular irrefragable del derecho al trabajo alegado, esto es, que le asista toda la razón al reclamar de la Beneficencia el cumplimiento del contrato.  Antes por el contrario, ha surgido un desacuerdo entre  las partes  que sólo puede ser dirimido por la justicia correspondiente, que lo es, la Contencioso Administrativa a través de sus órganos  competentes.   Obsérvese también que ni siquiera en la fase de los procesos de tutela, la actora acompañó  ni a su demanda, ni al escrito de impugnación al fallo de primera instancia, los ordenamientos regionales (Código Fiscal del Tolima, el Decreto 634 de 1974 o Estatuto de la Beneficencia del Tolima), ni la actuación cumplida por la Junta Directiva de la Beneficencia del Tolima en relación con la partida relativa al valor de su contrato. Una cuestión entonces, eminentemente controvertible, sólo puede resolverse mediante el ejercicio de las acciones contractuales que consagra el artículo 87 del C.C.A., en armonía con los artículos 5o. de la Ley 19 de 1982, 16-3 y 17 del Decreto Ley 222 de 1983 y los artículos 211, 212 y 309 del Código de Régimen Departamental. No podría entonces, frente a semejante situación fáctica y legal en que las partes ofrecen sus propios y divergentes puntos y argumentos jurídicos, entenderse que el juez de tutela confronta un derecho subjetivo cierto, razonable y merecedor de tutela y no puede serle dable a él fungir de juez administrativo para reemplazarlo y entrar a decidir en el campo jurisdiccional propio de aquél.   Es  entonces  la  justicia administrativa   la competente para luego de establecido debidamente el contradictorio, estimadas y analizadas las pruebas del proceso, como las apreciaciones jurídicas de las partes y subsumido el caso subjudice en las disposiciones que lo regulan, proferir la sentencia que dirima la contención, efectuando y tal como lo prescribe el artículo 87 del C.C.A. antes citado, las declaraciones, consideraciones o restituciones consecuenciales. Luego de todos modos la alternativa que le queda a la actora Ruby Barrero Sáenz, es ocurrir a la justicia administrativa, la cual le definirá si es acreedora o no al derecho respecto del cual impetra ahora salvaguarda constitucional. Son suficientes las razones expresadas anteriormente, para confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. 6 de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A  : Primero:  Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal, el 24 de febrero de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. Segundo:  Comuníquese la misma al Juzgado Primero de Instrucción Criminal del Tolima, para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de esta sentencia a cada uno. Tercero:  Comuníquese a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, y envíesele copia de esta sentencia. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN            CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado -Con salvamento de voto- MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la sentencia No. T-462 DEBIDO PROCESO-Vulneración/PRINCIPIO DE LA BUENA FE (Salvamento de voto) Si bien en el contrato se consagró la cláusula de caducidad y el procedimiento de rigor para hacerla efectiva, no obra en el expediente prueba alguna de que la administración hubiera hecho uso adecuado del mismo, por lo cual vulneró el derecho al debido proceso de la peticionaria que, como es bien sabido, opera también en las actuaciones administrativas por expresa disposición de la Carta vigente. Desechó la Sala considerar si la buena fe de la peticionaria frente a la administración pública debía o no producir algunas consecuencias jurídicas. Ref.: Proceso de Tutela No. 1340 OTRO ESCARNIO IRREFRAGABLE El fallo de la Sala de Revisión #6, en el proceso de la referencia, acentúa más, si cabe, una tendencia manifiesta en providencias anteriores1 de escarnecer abiertamente el derecho al trabajo, negándole protección efectiva luego de proclamar sus bondades y su claro entronque con la dignidad humana. Pero la magia de la palabra no ha podido cambiar en el caso sublite la escueta verdad: una persona que de muy buena fe ha celebrado un contrato de servicios personales con la administración pública y cumple todos los requisitos que ella misma exige y tiene, por tanto, justas expectativas de continuar colaborándole durante el lapso convenido, se ve de buenas a primeras sorprendida con una terminación unilateral altamente cuestionable, para lo cual adujo la administración la omisión real de un requisito que en su oportunidad certificó como debidamente cumplido, vale decir, la disponibilidad presupuestal. Incurre pues en flagrante omisión la Beneficencia del Tolima y paga todas las consecuencias injustamente la peticionaria. Es de señalar de otra parte, que si bien en el contrato se consagró la cláusula de caducidad y el procedimiento de rigor para hacerla efectiva, no obra en el expediente prueba alguna de que la administración hubiera hecho uso adecuado del mismo, por lo cual vulneró el derecho al debido proceso de la peticionaria que, como es bien sabido, opera también en las actuaciones administrativas por expresa disposición de la Carta vigente. Por eso, es cuando menos sorprendente que la decisión mayoritaria de la Sala no haya dedicado siquiera un modesto comentario a este aspecto, como fuera de esperar. También desechó la Sala considerar si la buena fe de la peticionaria frente a la administración pública debía o no producir algunas consecuencias jurídicas, tal como lo ha venido señalando esta Corte Constitucional. Así, por ejemplo, recientemente reiteró que: "El postulado de la buena fe consagrado en el artículo 83 incorpora el valor ético de la confianza, la cual se vería traicionada por un acto sorpresivo de la administración que no tenga en cuenta la situación concreta del afectado"2 Posteriormente, la misma Corte insistió en que: "... el postulado de la buena fe se realiza plenamente cuando el ciudadano observa a cabalidad la conducta establecida por el ordenamiento vigente como condición para acceder a un cargo o exigir un derecho derivado de una relación jurídica con la administración"3 En ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a su derecho al trabajo amenazado por la acción del gerente de la Beneficencia del Tolima, la peticionaria pide que se le permita continuar prestando sus servicios en las condiciones pactadas y la Sala le responde que el instrumento adecuado no es la tutela sino las acciones contractuales que consagra el Art. 87 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. Fundamenta esta decisión en el hecho de que "no aparece de manera inconcusa que la autora sea titular irrefragable del derecho al trabajo alegado, esto es, que le asista toda la razón al reclamar de la Beneficencia el cumplimiento del contrato" Por todo lo anterior, cuando transcurridos algunos años de espera tal vez inútil, durante los cuales su patrimonio haya sufrido el deterioro propio de un litigio prolongado en pos del reconocimiento aplazado de su derecho constitucional fundamental cierto al trabajo y al debido proceso, Ruby Barrera Sáenz comprobará con justo dolor e indignación que el fallo del cual me separo totalmente no encarna el ideal de justicia del Estado Social de Derecho sino, por el contrario, que lo agravia en forma, esa sí, ostensiblemente irrefragable e inconcusa. CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1 Sentencias de tutelas Nos. 8, 13, 14, 224, 408, 410 y 427. Sentencia de constitucionalidad No. 221. 2 Sentencia de tutela No. 407. 3 Citados por Germán J. Bidart Campos. "Teoría General de los Derechos Humanos", pág. 73. Editorial Astrea, Buenos Aires 1988. 4 Rafael Caldera. Derecho del trabajo. Tomo I, pág. 30. Librería   El Ateneo. Editorial 1969, Buenos Aires. 1 Sentencia T-407 y T-418. Sala Sexta de Revisión. Magistrado Ponente Simón Rodríguez 2 Sentencia T-427. Sala de Revisión No. 2 pág. 16. Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 3 Sentencia T-457. Sala de Revisión No. 1 pág. 18. Ponente: Ciro Angarita Barón

T-463-92 Sentencia No Sentencia No. T-463/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/REPRESENTACION LEGAL/DOCTRINA CONSTITUCIONAL El artículo 86 de la CP, no está excluyendo a las personas jurídicas para intentar la acción de tutela, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especiales de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Sin embargo, para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación.Esta Corporación sistemáticamente ha prohijado una doctrina contraria a la sostenida por el juez de primera instancia, por lo cual rectificará la parte motiva de la providencia revisada, advirtiendo a los distintos jueces y tribunales de tutela sobre el valor de doctrina constitucional predicable de las tesis consagradas por esta Corporación en sus sentencias. ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA PUBLICA/PERSONA JURIDICA EXTRANJERA En principio, la acción de tutela no puede ser ejercida por personas jurídicas de derecho público, en la medida en que éstas desempeñan funciones públicas. El ejercicio de funciones públicas por parte de esta clase de personas jurídicas, por regla general, no se realiza como consecuencia del ejercicio de libertades originarias, independientes, sino con base en competencias determinadas por la Constitución y la ley, de carácter limitado y reglado. El tratamiento jurídico de las relaciones de derecho público y la resolución de los conflictos que de ellas surgen no son objeto de los derechos fundamentales por ausencia de una relación directa con la persona humana. Sin embargo, lo anterior no significa que las personas jurídicas de derecho público no puedan, excepcionalmente, ser titulares de derechos fundamentales. Para establecer estos casos, es preciso indagar si la naturaleza jurídica pública de la entidad no la coloca en una situación jurídica o fáctica que sea contraria al ejercicio de este derecho por parte de una persona jurídica. A las personas jurídicas extranjeras, se aplica igualmente la regla general que rige sobre la titularidad de derechos fundamentales y la legitimación para interponer la acción de tutela enunciada respecto de las personas jurídicas en general. Adicionalmente, en este caso, se aplican las normas constitucionales   que, por razones de orden público, facultan al legislador para  subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. DERECHO A LA PROPIEDAD-Reconocimiento Cuando la adquisición o el reconocimiento de un derecho depende de la decisión o resolución favorable de una autoridad administrativa, sólo se configura el derecho de propiedad o la titularidad respectiva una vez se expida dicho acto y finiquite así positivamente la actuación administrativa. Mientras ello no ocurra y también en el evento de que la decisión sea negativa o adversa al interesado, el sustento de una eventual impugnación no podrá apoyarse en el derecho de propiedad sino en el desconocimiento de otros derechos, principalmente - y sin pretender reducir los vicios de una actuación administrativa a este sólo concepto - en el derecho al debido proceso, aplicable por mandato constitucional a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. PRESUNCION DE INOCENCIA La presunción de inocencia se refiere a la responsabilidad penal o administrativa del sujeto, la cual debe ser plenamente acreditada al término de un procedimiento legal debidamente surtido antes de sancionar a la persona sindicada o comprometida en una infracción administrativa. Esta garantía fundamental se circunscribe al derecho penal y al derecho administrativo sancionatorio, sin que pueda extenderse por su propia naturaleza de garantía subjetiva a otro tipo de actuaciones administrativas. DEBIDO PROCESO El derecho al debido proceso es de obligatoria aplicación a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El trámite de reconocimientos, entrega de subsidios o devoluciones no está exento de la observancia del debido proceso. Expresión manifiesta de ello es la existencia de diversos recursos legales - reposición y apelación - dentro de la vía gubernativa que permite ser oído y controvertir las decisiones de la administración cuando ellas son adversas a los intereses del solicitante. El margen de apreciación necesaria para el desempeño de las funciones públicas tiene como límite interno la igualdad de trato y de oportunidades. El derecho al debido proceso garantiza la igualdad ante la ley al exigir de la autoridad un mismo tratamiento frente a todas las personas, sin favoritismos ni discriminaciones. ACCION DE TUTELA/AUTORIDAD PUBLICA-Concepto/BANCO DE LA REPUBLICA El Banco de la República, persona jurídica de derecho público, en ejercicio de la función pública de fomento a las exportaciones mediante la expedición y entrega de los Certificados de Reembolso Tributario, es "autoridad pública" para los efectos del ejercicio de la acción de tutela, por lo cual sus acciones u omisiones están sujetas al control jurisdiccional cuando con ellas vulnera o amenaza los derechos fundamentales. SENTENCIA JULIO 16  DE 1992 REF: Expediente T- 1300 Actor:  MAURO CHACON TORRES Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1300 adelantado por el señor MAURO CHACON TORRES en representación de la sociedad CHACON DELGADO  LTDA. contra  omisiones del Banco de la República. A N T E C E D E N T E S 1. El señor MAURO CHACON TORRES, obrando en su condición de representante legal de la sociedad CHACON DELGADO LTDA., interpuso acción de tutela contra el Banco de la República por considerar vulnerados los derechos consagrados en el artículo 29 inciso 4 y 58 inciso 1 de la Constitución. La omisión de la entidad pública consistió, según la demanda, en la negativa a expedir y entregarle los Certificados de Reembolso Tributario por concepto de las exportaciones a la República de Panamá - zona libre de Colón -, de prendas femeninas (vestidos de baño), las cuales corresponden a los registros 017015 del 14-07-88, 017016 del 14-07-88, 019317 del 11-08-88, 019711 del 17-08-88, 026551 del 27-10-88 y 029532 del 24-11-88. 2. En concepto del accionante, "al no existir una declaración judicial en firme que declare la ilegalidad de las exportaciones, no puede  el Banco Emisor negarse al reconocimiento de los CERTS", por lo que solicitó al juez de tutela ordenar al Banco de la República subsanar las omisiones en que incurrió y que vulneraron sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la propiedad privada, así como indemnizar el daño emergente causado. 3. El Banco de la República en distintos oficios mediante los cuales se negó a expedir los certificados y resolvió negativamente las reposiciones y apelaciones interpuestas por el peticionario, insistió en que la obligación a su cargo de expedir y entregar al exportador los Certificados de Reembolso Tributario sólo nacía frente a exportaciones "legal y efectivamente" realizadas, de conformidad con el artículo 2o. del Decreto 636 de 1984. 4. Los motivos del Banco para no reconocer los CERT a la sociedad "CHACON DELGADO LTDA" se basaron en la no coincidencia de los datos suministrados por la sociedad y las pruebas practicadas por el Banco. En particular, con base en un análisis efectuado por la División de Precios Internacionales del INCOMEX, el Banco determinó la existencia de una sobrefacturación en las diferentes exportaciones materia de la controversia. El Banco de la República sobre el particular expresó: "Es así como encuentra esta oficina perfectamente ajustada a la reglamentación legal vigente y con pleno valor probatorio, que un organismo técnico de la administración, como es la Jefatura de la División de Control de Precios Internacionales, haya certificado que para el periodo 1988-1989 (en el cual se verificó la exportación), el precio de exportación oscilaba entre US$10 y US$15 la unidad, lo cual señala claramente un desfase del 100% sobre el valor declarado por la sociedad CHACON DELGADO LTDA., hecho que ineludiblemente obliga a concluir a esta oficina que la solicitud de CERT elevada por la mencionada sociedad adolece de uno de los presupuestos básicos y fundamentales para su reconocimiento: la legalidad de la exportación" (Banco de la República, oficio No. DFV-7625 del 1o. de Abril de 1992). 5. El Señor Mauro Chacón Torres representante legal de la sociedad, por su parte, adujo que los precios tenidos en cuenta por el INCOMEX no involucraban los costos de exportación (fletes, empaques, transporte, etc.) y reflejaban únicamente precios aplicables a las importaciones llevadas a cabo desde el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconociendo que sus exportaciones habían sido realizadas a la República de Panamá. 6. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito, mediante providencia del 2 de marzo de 1992, denegó la tutela solicitada sosteniendo que los derechos fundamentales "son de la esencia de la condición de SER HUMANO", ... por lo que concluyó que "una sociedad no puede ser destinataria de la Acción de Tutela". 7. Adicionalmente, el juez de tutela tampoco encontró configurada la circunstancia de un perjuicio irremediable ya que "los posibles perjuicios derivados de la omisión en la expedición de los CERTS, tienen otros mecanismos para su resarcimiento". 8. Por no haber sido impugnada la decisión de tutela, el expediente respectivo fue remitido a esta Corporación para la eventual revisión de la sentencia  y correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Legitimación del Solicitante 1. Sea lo primero analizar la legitimación exigible para interponer válidamente la acción de tutela consagrada por la Constitución en defensa de los derechos fundamentales. Según el fallador de instancia, la incapacidad de las personas jurídicas para ser titulares y ejercer derechos fundamentales, los cuales predica exclusivamente del SER HUMANO, suscita la ilegitimidad correlativa para ejercer la acción de tutela. Según su criterio, la expresión "toda persona" empleada por el constituyente en el artículo 86 de la Carta debe ser interpretada en un sentido literal y dentro del contexto de la misma que "hace referencia exclusivamente a personas naturales". En consecuencia, las personas jurídicas carecerían de la subjetividad necesaria para invocar este mecanismo constitucional de protección inmediata de los derechos fundamentales. Doctrina de la Corte Constitucional 2. La Corte constitucional ya se ha pronunciado sobre la legitimación de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela. En sentencia T-411 del 17 de junio de 1992 la Sala Cuarta de Revisión consideró: "Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela1 ". Posteriormente, la Sala Tercera de Revisión reafirmó la misma doctrina constitucional en sentencia T-430, en la cual se afirma: "Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación; si bien, como lo dice el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumirán auténticos, deben presentarse2 ". Queda claro entonces que esta Corporación sistemáticamente ha prohijado una doctrina contraria a la sostenida por el juez de primera instancia, por lo cual rectificará la parte motiva de la providencia revisada, advirtiendo a los distintos jueces y tribunales de tutela sobre el valor de doctrina constitucional predicable de las tesis consagradas por esta Corporación en sus sentencias (Decreto 2591 de 1991, art. 21 inc. 1 y 23 inc.1) Titularidad de los derechos fundamentales 3. Por capacidad para ejercer los derechos fundamentales o "subjetividad", se entiende la posibilidad para ser titular de los mismos. No obstante, la pura y simple personería jurídica de una organización no basta para reconocer la titularidad de los derechos fundamentales. Lo determinante es si el derecho fundamental debatido sólo puede ser ejercido en forma individual o también de manera corporativa. Este factor objetivo permite distinguir entre aquellos derechos que por su naturaleza sólo pueden ser ejercidos por las personas naturales (vida, integridad física y moral, libertad de conciencia, etc.) y aquellos que también pueden serlo por colectividades como la igualdad, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones privadas, el debido proceso, etc. Tipos diversos de personas jurídicas titulares de derechos fundamentales 4. Afirmada la posibilidad de que las personas jurídicas de derecho privado pueden ejercer eventualmente derechos fundamentales y, en consecuencia, poseer la legitimación necesaria para interponer la acción de tutela respecto de derechos fundamentales cuya naturaleza así lo permita, surge el interrogante de si las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas extranjeras gozan de esta titularidad y legitimación. En principio, la acción de tutela no puede ser ejercida por personas jurídicas de derecho público, en la medida en que éstas desempeñan funciones públicas. El ejercicio de funciones públicas por parte de esta clase de personas jurídicas, por regla general, no se realiza como consecuencia del ejercicio de libertades originarias, independientes, sino con base en competencias determinadas por la Constitución y la ley, de carácter limitado y reglado. El tratamiento jurídico de las relaciones de derecho público y la resolución de los conflictos que de ellas surgen no son objeto de los derechos fundamentales por ausencia de una relación directa con la persona humana. Sin embargo, lo anterior no significa que las personas jurídicas de derecho público no puedan, excepcionalmente, ser titulares de derechos fundamentales. Para establecer estos casos, es preciso indagar si la naturaleza jurídica pública de la entidad no la coloca en una situación jurídica o fáctica que sea contraria al ejercicio de este derecho por parte de una persona jurídica. De otra parte, a las personas jurídicas extranjeras, se aplica igualmente la regla general que rige sobre la titularidad de derechos fundamentales y la legitimación para interponer la acción de tutela enunciada respecto de las personas jurídicas en general. Adicionalmente, en este caso, se aplican las normas constitucionales   que, por razones de orden público, facultan al legislador para  subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros (CP art. 100). Necesidad de diferenciar entre derechos fundamentales materiales y procesales 5. El principio general que condiciona el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas jurídicas a la naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza tiene clara expresión en los derechos fundamentales procesales, anclados en el principio del Estado de derecho. El carácter "procesal" de ciertos derechos constitucionales fundamentales - derecho de defensa, derecho al debido proceso, derecho de contradicción, derecho a la doble instancia y el derecho de acceso a la administración de justicia (CP art. 229) -, se predica de determinados derechos que pueden ser invocados por todo tipo de personas, naturales o jurídicas, sean ellas privadas, públicas o extranjeras. Mientras que el ejercicio de los derechos fundamentales sustanciales o materiales depende de la naturaleza del derecho en cuestión, los derechos procesales fundamentales contienen principios objetivos de procedimiento de carácter universal, aplicables a los procesos judiciales y administrativos, y a los cuales puede apelarse indistintamente por parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Legitimación del peticionario para interponer la acción de tutela 6. El señor MAURO CHACON TORRES, en representación de la sociedad CHACON DELGADO LTDA., a diferencia de lo conceptuado por el fallador de instancia, sí gozaba de legitimación para interponer la acción de tutela contra el Banco de la República, por razón de estimar vulnerado el derecho al debido proceso de la sociedad comercial por él representada. En efecto, siendo esta sociedad la persona jurídica directamente afectada por las actuaciones administrativas del Banco de la República, la Constitución reconoce a las personas jurídicas igualmente la titularidad de este derecho procesal fundamental y la consiguiente legitimación para ejercer la acción de tutela. No vulneración o amenaza del derecho de propiedad 7. El accionante de tutela adujo como uno de los derechos vulnerados su derecho a la propiedad privada (CP art. 58 inciso 1). No obstante, esta Sala no encuentra que el derecho de propiedad privada sea siquiera objeto de la presunta acción u omisión del Banco de la República. Naturaleza y finalidad de los CERT 8. La ley 48 de 1983 al establecer el Certificado de Reembolso Tributario CERT, se propuso promover las exportaciones, fomentando de esta manera la producción, el empleo y el ingreso de divisas, entre otras finalidades. El Banco de la República, de conformidad con la ley y el contrato suscrito con la Nación, deberá expedir y entregar los CERT a los exportadores que cumplan los requisitos y condiciones previstos en la ley y en sus Decretos reglamentarios, para lo cual debe necesariamente verificar la observancia cabal de los mismos. La función confiada por la ley y el contrato al Banco de la República es de naturaleza pública y debe, en consecuencia, realizarse consultando el servicio de los intereses generales y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (CP art. 209). El estímulo que entraña el mecanismo de los CERT, representa para el país un costo o sacrificio fiscal que incide sobre el universo de los contribuyentes, pero que se compensa con creces gracias al aumento de riqueza nacional que propicia. Carece de justificación otorgar los CERT a exportaciones puramente nominales, que corresponden precisamente a las operaciones de "sobrefacturación", pues aquí se incurriría en un sacrificio fiscal, no para impulsar las exportaciones REALES, sino para beneficiar a los defraudadores del Erario Público. En el ejercicio de su función, el Banco de la República responde - y por ello puede y debe comprobar y controlar la realidad de los presupuestos de cuya verificación depende la expedición de los CERT - por el fiel mantenimiento del fin estatal en esta materia consistente en el estímulo a las exportaciones reales. El conjunto de competencias que para el efecto se han atribuido al Banco de la República, si bien ostentan carácter reglado, deben interpretarse a partir de este enunciado. Los CERT, documentos al portador, libremente negociables, utilizables para el pago de impuestos, tasas o contribuciones, sólo se entregan al exportador a la conclusión de la actuación administrativa desplegada por el Banco de la República y luego de que éste ha comprobado positivamente, entre otros elementos, la realidad de la específica operación de exportación. Antes de la efectiva expedición y entrega de los CERT, no se configura derecho de propiedad alguno y no puede por tanto alegarse la presunta vulneración de este derecho. Desde luego, en el curso de la correspondiente actuación administrativa, el ente público o quien ejerza una función de esta estirpe, puede conculcar o poner en peligro otros derechos fundamentales de la persona interesada o involucrada en ella, en cuyo caso se abriría por esos motivos la eventual vía de impugnación. Por regla general, cuando la adquisición o el reconocimiento de un derecho depende de la decisión o resolución favorable de una autoridad administrativa, sólo se configura el derecho de propiedad o la titularidad respectiva una vez se expida dicho acto y finiquite así positivamente la actuación administrativa. Mientras ello no ocurra y también en el evento de que la decisión sea negativa o adversa al interesado, el sustento de una eventual impugnación no podrá apoyarse en el derecho de propiedad sino en el desconocimiento de otros derechos, principalmente - y sin pretender reducir los vicios de una actuación administrativa a este sólo concepto - en el derecho al debido proceso, aplicable por mandato constitucional a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 28). Presunta vulneración del debido proceso y de la presunción de inocencia 9. El actor hace consistir la violación de su derecho al debido proceso (CP art. 29), particularmente de la presunción de inocencia, en la circunstancia de que el Banco de la República habría actuado como juez al declarar la ilegalidad de la exportación. Conviene precisar el alcance del término "ilegalidad" en este contexto. La ilegalidad no es sinónimo de acto criminal o de transgresión de la ley penal cuando ella se declara en el trámite administrativo para acceder a un reconocimiento estatal. La declaratoria de ilegalidad de la exportación, en este caso, significa el no cumplimiento de las exigencias legales para beneficiarse de las ventajas económicas ofrecidas por el Estado para promover y fomentar un sector de la economía. La presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 inciso 4 de la Constitución, se refiere a la responsabilidad penal o administrativa del sujeto, la cual debe ser plenamente acreditada al término de un procedimiento legal debidamente surtido antes de sancionar a la persona sindicada o comprometida en una infracción administrativa. Esta garantía fundamental se circunscribe al derecho penal y al derecho administrativo sancionatorio, sin que pueda extenderse por su propia naturaleza de garantía subjetiva a otro tipo de actuaciones administrativas. El rechazo de una solicitud de expedición de CERT en un caso concreto, sustentado en una apreciable diferencia en los precios de las mercancías exportadas respecto de las listas oficiales de precios internacionales, es procedente si el juicio sobre dicha diferencia es razonado y las cotizaciones oficiales reflejan adecuada y realmente las franjas normales de precios internacionales vigentes en un momento dado. El rechazo que se formula en estas condiciones no significa el quebrantamiento de la presunción de inocencia del exportador ni obliga a que el mismo deba necesariamente revestir carácter judicial, no obstante que la "sobrefacturación" puede significar la tipificación de una infracción administrativa y penal. La decisión del Banco de la República no entraña juicio alguno sobre la culpabilidad del exportador incurso en una operación de "sobrefacturación". Lejos de controlar el "aspecto subjetivo", la actuación del Banco de la República se contrae a la verificación de los "aspectos objetivos" de las operaciones de exportación con miras al cumplimiento de la misión encomendada por la ley que, en su fachada positiva consiste en expedir los CERT en relación con las exportaciones reales y, en su fachada negativa, abstenerse de hacerlo cuando no se disponga de una seguridad razonada sobre su realidad. No cabe duda que la índole misma de la función confiada al Banco de la República lo obliga a ocuparse de los contornos objetivos de las operaciones de exportación. El criterio administrativo compatible con la celeridad, eficacia y economía inherentes a su competencia, no puede ser otro que el de la SEGURIDAD RAZONADA de carácter objetivo, conforme al cual deberá examinar cada operación de exportación y con base en ese escrutinio conceder o denegar la expedición de los CERT. La apreciable diferencia de precios de las mercancías de una determinada exportación en relación con las listas oficiales de precios actualizados de las mismas, máxime cuando ella es del orden del 100% - como en el presente caso - satisface plenamente el criterio de SEGURIDAD RAZONADA con base en el cual el Banco de la República podía y debía legítimamente abstenerse de expedir los CERT, sin que por ello se desvirtuara la presunción de inocencia que ampara al exportador y debiera requerirse por tanto de un pronunciamiento judicial, cuando, de otra parte, sólo se asiste al ejercicio de competencias administrativas radicadas en el Banco de la República y éste las ha ejercido de manera objetiva sin ocuparse de la asignación o imputación de responsabilidades como que su escrutinio se ha circunscrito a los elementos objetivos de las exportaciones. Debido proceso y actividad reglada de la administración 10. El derecho al debido proceso es de obligatoria aplicación a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 29). El trámite de reconocimientos, entrega de subsidios o devoluciones no está exento de la observancia del debido proceso. Expresión manifiesta de ello es la existencia de diversos recursos legales - reposición y apelación - dentro de la vía gubernativa que permite ser oído y controvertir las decisiones de la administración cuando ellas son adversas a los intereses del solicitante. El margen de apreciación necesaria para el desempeño de las funciones públicas tiene como límite interno la igualdad de trato y de oportunidades. El derecho al debido proceso garantiza la igualdad ante la ley al exigir de la autoridad un mismo tratamiento frente a todas las personas, sin favoritismos ni discriminaciones. Presunción de buena fe y diligencia debida 11. La declaratoria de ilegalidad de una exportación por parte del Banco de la República para omitir la entrega de unos CERT podría ser contraria a la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución para todas las gestiones que los particulares adelantan ante las autoridades públicas. En el presente caso, la diferencia entre el precio de la mercancía exportada declarado por el exportador y el precio sustancialmente inferior de la misma estimado por el INCOMEX, llevó al Banco de la República a declarar la ilegalidad de la exportación por constatarse una "sobrefacturación". La deducción hecha por el Banco, teniendo en cuenta el contenido del concepto técnico en que se basó, no es irrazonable ni desconoce la presunción de buena fe, sino que responde a la diligencia exigida a los funcionarios a cargo de una actividad reglada de la administración con miras a conceder ventajas, subsidios o devoluciones a personas que cumplan con los estrictos requisitos legales que garantizan la promoción de un específico sector de la economía nacional. Prueba de que no existió un prejuzgamiento en contra del particular es que anteriormente se habían encontrado legales las exportaciones realizadas por la misma firma, procediéndose a la entrega de los CERT. Autoridad pública para efectos de la acción de tutela 12. El Banco de la República, persona jurídica de derecho público (CP art. 371), en ejercicio de la función pública de fomento a las exportaciones mediante la expedición y entrega de los Certificados de Reembolso Tributario, es "autoridad pública" para los efectos del ejercicio de la acción de tutela, por lo cual sus acciones u omisiones están sujetas al control jurisdiccional cuando con ellas vulnera o amenaza los derechos fundamentales. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 2 de marzo de 1992, proferida por el JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO, en el sentido de denegar la tutela solicitada por el señor MAURO CHACON TORRES por las razones expuestas en los fundamentos jurídicos de esta providencia. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos). 1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992. 2 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-430 del 24 de junio de 1992.

T-464-92 Sentencia No Sentencia No. T-464/92 DERECHO DE PETICION/ACCION DE TUTELA/SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO La protección del derecho de petición puede ser demandada por medio de la acción de tutela, para lo cual es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado. No se entiende conculcado cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho de petición y de aquel depende la efectividad de este último. El legislador al regular el derecho fundamental de petición no puede afectar el núcleo esencial del derecho, ni la exigencia de pronta resolución. El silencio administrativo positivo, en cuanto equivale a una decisión administrativa favorable a la petición formulada por la persona interesada, es una manifestación del derecho de petición de estirpe constitucional. Es evidente que esta concreción del derecho de petición como forma expedita de declaración de la titularidad del derecho supera en celeridad y eficacia a la misma acción de tutela, la cual por lo tanto no procede como medio para pretender su reconocimiento. DOCUMENTO PUBLICO/DERECHO A OBTENER COPIAS Si dentro de los tres (3) días siguientes a la consumación del silencio administrativo positivo, no se entregan las copias del correspondiente documento, se vulnera por la autoridad el derecho fundamental a la obtención de la copia del respectivo documento público, derecho este derivado, como se explicó, del derecho fundamental de petición y que necesariamente se integra, por mandato constitucional y legal, a su núcleo esencial. Es palmario que para la defensa y efectividad del susodicho derecho no existe en el ordenamiento ningún medio judicial diferente de la acción de tutela que pueda garantizar en términos de eficacia y celeridad su protección inmediata. La efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. la negativa de la autoridad pública a contestar dentro del plazo legal la solicitud de copias de un documento público, vulnera igualmente el derecho constitucional a acceder a los documentos públicos. SENTENCIA JULIO 16 DE 1992 REF: Expediente T- 1674 Actor:HERMANN GOMEZ PIEDRAHITA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1674 adelantado por el  señor  HERMANN GOMEZ PIEDRAHITA  contra  la señora Presidente del Concejo Municipal de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca,  MYRIAM MEDINA DE FLOREZ. A N T E C E D E N T E S 1. El señor HERMANN GOMEZ PIEDRAHITA interpuso acción de tutela contra la señora MYRIAM MEDINA DE FLOREZ, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca, y solicitó al juez de tutela  que le ordenara a la  acusada  disponer la expedición de unas copias de actas del Concejo. Invocó  como violado su derecho de petición garantizado por el artículo 23 de la  Constitución. 2. Los hechos en que se basó  la acción  de tutela fueron, en síntesis, los siguientes: a)  El petente era concejal del municipio de Roldanillo al momento en que dirigió una petición escrita a la señora Presidente del Concejo, señora MYRIAM MEDINA FLOREZ (el 29 de noviembre de 1991). b) El señor Gómez solicitó la expedición de copias de las Actas aprobadas por la Corporación en su sesión del día 28 de noviembre de 1991, en la que él intervino, así como de otros documentos que, requería "para tramitar ante las autoridades correspondientes los juicios de nulidad y (sic) inexequibilidad  correspondientes, por violación de la Ley y de la Constitución..." c) Ante el silencio de la señora Presidente, y argumentando que ya había insistido en repetidas ocasiones, el petente acudió a la señora Personera Municipal y solicitó su intervención para obligar a la Presidente Medina a  atender su petición. d) Finalmente, el señor Gómez afirmó que "hasta el presente no ha sido atendida mi solicitud", razón por la cual el 28 de enero de 1992 acudió a interponer la acción de tutela en los términos ya esbozados. 3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Roldanillo, negó la tutela solicitada mediante sentencia del 6 de febrero de 1992. El Juez, basó su decisión en el siguiente argumento: "Si bien el derecho de petición está consagrado en nuestra Carta como fundamental, también lo es que conforme a los Artículos 40 y 51 del Código Contencioso Administrativo el funcionario ante quien se solicita o eleva una petición cuenta con tres (3) meses de plazo a partir de la presentación de la misma para que se le resuelva, al cabo de los cuales operaría el silencio administrativo, pudiéndose interponer los recursos pertinentes contra el acto presunto, para que con ello quede agotada la vía gubernativa y pueda ejercerse la respectiva acción ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo, lo que indica que el Doctor Gómez Piedrahita tiene otros recursos o medios de defensa para impetrar.." Igualmente, el juzgador consideró que al no haber demostrado el petente la calidad de irreparable del daño, no procedía la acción de tutela como mecanismo transitorio en los términos del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991. 4. El peticionario impugnó la decisión denegatoria y en su escrito  enfatizó que el silencio administrativo aludido por el Juez de primera instancia no era aplicable para los casos de peticiones en interés particular , toda vez que presupuesto del silencio administrativo era la petición para que la Administración produjera un acto administrativo, a lo cual no conducía una petición de información, como la suya. 5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirmó, mediante sentencia del 5 de marzo de 1992, la decisión impugnada por considerar que la tutela era improcedente al existir otros medios de defensa a disposición del petente, como el consagrado en el artículo 25 de la Ley 57 de 1985 cuyo texto es el siguiente: "Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes. El Tribunal consideró que "por razón legal, el petente obtuvo el reconocimiento del derecho invocado, es decir, no ha habido violación del mismo y resta a éste obtener la entrega de las copias de los documentos relacionados, quedando así expedito el camino al denunciante para dar trámite a lo normado en el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, paso que el recurrente no ha realizado, y mal podría aceptarse que en realidad se violó el derecho invocado". 6. La anterior decisión fue enviada a esta Corte para su eventual revisión, correspondiendo a la Sala Segunda su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Consagración constitucional 1. A voces del artículo 23 de la Constitución Política: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". Se desprende del texto de la norma transcrita que el derecho de petición, en su contorno esencial, ha sido configurado por el mismo constituyente. El cometido de la ley a este respecto es la de secundarlo y desarrollarlo, sin afectar su núcleo esencial, y en el entendido de que en su ausencia es de todas maneras un derecho fundamental de aplicación inmediata (CP art. 85). Doctrina constitucional sobre el derecho de petición 2. Sobre la materia, para los efectos del presente caso, es importante reiterar los pronunciamientos de esta Corporación. En sentencia T-12 del 25 de mayo de 1992, la Sala Tercera de Revisión afirmó: "es un derecho cuya protección puede ser demandada, en casos de violación o amenaza, por medio de la acción de tutela. Desde luego es presupuesto indispensable para que la acción prospere, la existencia de actos u omisiones de la autoridad en cuya virtud se impida o se obstruya el ejercicio del derecho o no se resuelva oportunamente sobre lo solicitado. Pero no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa".1 Posteriormente, en sentencia T-426 del 24 de junio de 1992 la Corte Constitucional sostuvo respecto al núcleo esencial del derecho de petición: "El ejercicio efectivo del derecho de petición supone el derecho a obtener una pronta resolución. Las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una solicitud constituyen una vulneración de este derecho fundamental. El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición; sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad este derecho. Por otra parte, en ejercicio de su atribución de regular los derechos fundamentales (CP art. 152), el legislador no podrá afectar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta, en este caso, la exigencia de una pronta resolución".2 Queda claro que, a la luz en la doctrina constitucional sentada por la Corte Constitucional, son de recibo los siguientes enunciados: a. Su protección puede ser demandada por medio de la acción de tutela, para lo cual es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado. b. No se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. c. El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho de petición y de aquel depende la efectividad de este último. d. El legislador al regular el derecho fundamental de petición no puede afectar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta, ni la exigencia de pronta resolución. El silencio administrativo positivo como manifestación del derecho de petición 3. El artículo 22 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 25 de la Ley 57 de 1985, consagra una modalidad de silencio administrativo positivo para los eventos que las autoridades no respondan las peticiones que se les formula para consultar los documentos que se reposen en las oficinas públicas y obtener copias de los mismos. Sobre el particular dispone el artículo 22 de la mencionada ley: "Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sida aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes. El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo". Declaración de titularidad del derecho de petición 4. El silencio administrativo positivo, en cuanto equivale a una decisión administrativa favorable a la petición formulada por la persona interesada, es una manifestación del derecho de petición de estirpe constitucional. Es evidente que esta concreción del derecho de petición como forma expedita de declaración de la titularidad del derecho supera en celeridad y eficacia a la misma acción de tutela, la cual por lo tanto no procede como medio para pretender su reconocimiento. Acción de tutela y efectividad del derecho a obtener copias 5. En este orden de ideas, incorporado a la esfera de los derechos de una determinada persona, por ministerio de la ley, como manifestación existencial del derecho de petición, el derecho a obtener copias de ciertos documentos que reposen en una oficina pública, su efectividad, como momento posterior y subsiguiente al reconocimiento de su titularidad - la cual se operó, se reitera, por ministerio de la ley -, corresponde al ámbito del mencionado derecho de petición y, por tanto, su vulneración o amenaza por una autoridad pública puede ser objeto de acción de tutela. Efectividad del derecho a obtener copias y núcleo esencial del derecho de petición 6. Si dentro de los tres (3) días siguientes a la consumación del silencio administrativo positivo, no se entregan las copias del correspondiente documento - como lo ordena el artículo 25 de la Ley 57 de 1985 - se vulnera por la autoridad el derecho fundamental a la obtención de la copia del respectivo documento público, derecho este derivado, como se explicó, del derecho fundamental de petición y que necesariamente se integra, por mandato constitucional y legal, a su núcleo esencial. Es palmario que para la defensa y efectividad del susodicho derecho no existe en el ordenamiento ningún medio judicial diferente de la acción de tutela que pueda garantizar en términos de eficacia y celeridad su protección inmediata. La efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. También es contrario al derecho constitucional de petición, tratándose de la protección inmediata de su núcleo esencial, exigir luego de consumado el silencio administrativo especial a que se refiere el artículo 25 de la Ley 57 de 1985, otros requisitos adicionales a la simple solicitud de entrega de las copias. Su entrega debe tener lugar dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes, sin necesidad - contrariamente a lo que supone el fallador de segunda instancia  - de protocolizar la constancia de la solicitud presentada o declaraciones juramentadas sobre la no contestación (artículo 42 C.C.A.), requisitos contrarios al procedimiento especial y perentorio del derecho a obtener copias, así como violatorios de la presunción de buena fe en las actuaciones ante las autoridades (CP art. 83). Por último, la negativa de la autoridad pública a contestar dentro del plazo legal la solicitud de copias de un documento público, vulnera igualmente el derecho constitucional a acceder a los documentos públicos, consagrado en el artículo 74 de la Constitución. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 5 de marzo de 1992, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por la que se confirmó el fallo denegatorio de la tutela solicitada. SEGUNDO.- CONCEDER al señor HERMANN GOMEZ PIEDRAHITA la tutela de su derecho a obtener las copias por él solicitadas ante el Concejo Municipal de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca. TERCERO.- ORDENAR al actual Presidente del mencionado Concejo entregar las copias solicitadas originalmente por el señor HERMANN GOMEZ PIEDRAHITA si dicha entrega no se ha realizado aún a la fecha en que sea notificada la presente providencia. CUARTO.- ORDENAR se compulsen copias del presente proceso de tutela a la Procuraduría General de la Nación para efectos de la investigación disciplinaria que pueda desprenderse de la conducta omisiva de la señora MYRIAM MEDINA DE FLOREZ, en su calidad de Presidenta del Concejo Municipal de Roldanillo. QUINTO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos). 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-012 del 25 de mayo de 1992. 2 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-426 del 24 de junio de 1992.

T-466-92 Sentencia No Sentencia No. T-466/92 DERECHO A LA RECREACION/DERECHO A LA TRANQUILIDAD El conflicto entre el derecho a la recreación  y el derecho a la tranquilidad de la comunidad  debe ser resuelto, en principio mediante alternativas concretas que permitan la coexistencia  y efectividad de ambos derechos. Con todo, cuando el conflicto sea insoluble y los titulares del derecho a la recreación sean los niños,  éste habrá de prevalecer sobre la tranquilidad, siempre que su ejercicio no esté acompañado de abusos objetivamente intolerables, según los usos y costumbres  lugareños en materia de relaciones de vecindad. REF: EXPEDIENTE T-1835 PETICIONARIO: DIEGO JOSE                                        GARCIA MOLINA Y OTROS PROCEDENCIA: Juzgado Primero Civil del                                           Circuito de Guadalajara de Buga MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, En nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela iniciado  el 27 de marzo de 1992 por el señor DIEGO JOSE GARCIA MOLINA Y OTROS contra la  ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA, acción de la cual conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca. I.  ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala de Revisión, la cual recibió formalmente el expediente el día 6 de Abril del año en curso. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala entra a dictar sentencia de revisión. A. La acción. 1. Hechos. a)  La comunidad del corregimiento de "El Porvenir",  municipio de Buga, Valle del Cauca, ocupó un  lote de terreno del municipio con el  propósito de destinarlo a la recreación de los habitantes, mediante la  construcción de una cancha de futbol. b)  Frente a la cancha se encuentra un barrio que ha sido afectado en su tranquilidad por las personas que practican dicho deporte. Se alegan lesiones y daños materiales en algunas viviendas. c)  En varias oportunidades los perjudicados han solicitado la intervención de la administración, sin obtener respuesta alguna. 2. Pruebas. a)  Informe del Alcalde DANIEL ALFONSO ORTIZ MONTOYA (Folio 12). Manifiesta que el campo de micro-futbol es una extensión muy pequeña que fue utilizada por los moradores de "El Porvenir"  sin ninguna autorización por parte de dicho despacho. Hecha una visita por personal de una dependencia adscrita a la Alcaldía se comprobó el beneplácito de la comunidad por la existencia de dicho espacio para la recreación de niños y vecinos. Se solicitó  un informe sobre las personas que pudieran resultar afectados por la práctica del deporte y así se comprobó que ninguno de los firmantes de la petición son vecinos inmediatos de la cancha. Sugiere al despacho llevar a cabo una inspección judicial. b)  Inspección judicial hecha para comprobar perjuicios y personas afectadas por la práctica del futbol (Folios 14-18). La cancha tiene un área de 25 metros de largo por 300 metros cuadrados. Colinda con terrenos del municipio por el norte, con la escuela del corregimiento por el sur, con la carretera central por el oriente y por el occidente con casas de habitación separadas de la cancha por unos 7 metros. De las personas firmantes de la petición de tutela, solo dos son vecinos inmediatos de la cancha. En dicha diligencia se tomaron las siguientes declaraciones: - Rosa Helena Hernández Agudelo: Dice que los partidos de fútbol se llevan a cabo sábados y domingos;  lo único que la afecta es que en esos días la gente se hace en el jardín y pisotea y  deja demasiada basura. Pone de presente que dicha cancha también es utilizada por los niños de la escuela en horas de recreo, pero no molestan (Folio 15). - Rafael Omar Bram:  Habita cerca a la cancha y afirma que hicieron la cancha sin consentimiento, que le han ocasionado daños como tejas rotas, y  muchas veces estando dentro de la casa la han golpeado con el balón. Lo único que pide es correr la cancha para dejar libre el acceso a su casa y que la gente no invada su antejardín usándolo como vestier en algunos casos (Folio 16). - Gladys Cáceres:  Vecina de la cancha, dice que ella  no la afecta en nada y, por el contrario,  se distrae con el campeonato que se realiza los fines de semana. Los que practican allí  el deporte son gentes muy respetuosas (Folio 16). - Julio César Arroyave: Posee un pequeño negocio al frente de la cancha y dice que en nada lo ha afectado a su familia; por el contrario, sus hijos juegan allí y los pueden observar con tranquilidad. Es una forma de diversión porque allí no hay cine (Folio 17). El Juzgado deja en claro que el  único medio de diversión es la cancha de fútbol (Folio 17), además sirve de zona para  que los niños de la escuela puedan realizar sus clases de educación física. 3)  Decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito. De la lectura de la demanda, se establece que no se viola ningún derecho fundamental y se  protegen,  por el contrario, algunos derechos colectivos. Tanto la práctica del deporte como su espectáculo cuentan con el apoyo del Estado y son considerados de interés social,  en la respectiva ley marco (Decreto 2845 de 1984).  Su única limitación está en la moral, la salud pública y el orden legal. Así las cosas, su solo ejercicio es una actividad legalmente permitida. Las autoridades deben proteger, por  lo tanto, la práctica  del deporte. Si los deportistas no respetan a sus conciudadanos, mal puede decirse que  el mal radica en las instalaciones deportivas y en el permiso dado por las autoridades para su funcionamiento. Las declaraciones de las personas que no están de acuerdo con la cancha, ni con la práctica del deporte no presentaron ningún argumento de peso que lleve al Juzgado a concluír que en realidad se les está perjudicando y son tan intrascendentales que ni  alcanzarían para acción policiva. Niega la acción por no existir vulneración alguna de derechos constitucionales fundamentales. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE La  Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32, 33 del Decreto 2591 de 1991. Además de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. A manera de premisas necesarias de su decisión, esta Sala estima conveniente hacer algunas consideraciones acerca de los temas que se desarrollarán en el orden indicado en los siguientes acápites. 1.- La recreación: un derecho constitucional fundamental. Puesto que el caso objeto del presente fallo nació  de la destinación  de un lote para actividades deportivas de los miembros de una comunidad, es pertinente hacer  algunas  someras consideraciones  en torno a la relevancia constitucional de la recreación. La recreación puede ser concebida como una forma de relacionar las diferentes actividades humanas a fin de estimular, alegremente el desarrollo de la persona y de su condición humana1. Con todo, esta concepción ha sido objeto de algunos cuestionamientos desde el ángulo específico de la ética del trabajo y la filosofía del sufrimiento las cuales Impulsadas por la sociedad moderna, han llevado a asumir que toda nuestra vida debe girar en torno al trabajo y al padecimiento con resignación como únicos caminos para alcanzar la felicidad eterna y como quiera que estos dos son cosa seria, solamente existirá una forma de vida correcta: la seria. Como la excepción a la regla son los niños, a quienes sí puede permitírsele momentáneamente no ser serios, será a ellos exclusivamente a quienes está permitido recrearse, eso sí con la salvedad que se les debe ir educando (volviéndolos serios) extirpándoles, paulatinamente, su estructura lúdica: primero, haciéndoles diferenciar lo productivo de lo recreativo (clase vs. recreo), y luego, si aún quedan vestigios de esa estructura, canalizándola a través de actividades que, si bien parecen juegos, deben abordarla seriamente (deportes competitivos, donde lo importante es no jugar sino vencer)2 Cuando es lo cierto que, juzgada en su esencia, la recreación permite que el hombre crezca en su humanización en la medida en que estimule el logro de objetivos tales como - Fomentar el desarrollo de capacidades creativas grupales, procurando que los logros del desarrollo de cada persona no se queden tan solo en ese nivel individual, sino que se integren en pos del desarrollo grupal y social. - Estimular la cooperación y solidaridad social, ya que el alcanzar los anteriores objetivos reviste trascendencia en la medida que se constituyan en un vehículo de aproximación al proyecto de felicidad humana, el cual, se sustenta precisamente en la toma de conciencia no solo de la necesidad de exigir, sino también de participar, en la ejecución de acciones concretas para remover los obstáculos socio-económicos  que se oponen al desarrollo integral. - Avanzar en la construcción de un espíritu cívico a través de la participación activa de las personas en la solución comunitaria de su problemática particular dentro de un contexto global, lo cual presupone a su vez, perseguir que, con y por la recreación, el recreado se inserte activamente en el proceso de análisis, planteamiento y ejecución de soluciones a su propia problemática. - Coadyuvar -dadas las características del entorno- al uso sano, creativo y constructivo del tiempo libre, convirtiendo cada evento en un canal de educación para el ocio que confronte la utilización pasiva, y en ocasiones destructiva, de dicho tiempo (ociosidad)3 . De otra parte, la dimensión social y económica del tiempo libre y de su uso constructivo aparece en toda su magnitud cuando se le concibe como aquel tiempo que la sociedad posee estrictamente para sí, una vez que con su trabajo (de acuerdo a la función y posición de cada uno de sus miembros) ha aportado a la colectividad lo que ésta necesita para su reproducción material y espiritual. Ello, a su vez, es premisa para una reproducción material y espiritual superior. Desde el punto de vista del individuo, se traduce en un tiempo de realización de actividades de opción no obligatoria, donde interviene su propia voluntad (influida por el desarrollo espiritual de cada personalidad) aunque, en última instancia, dichas actividades estén socialmente condicionadas4 . Dentro de este contexto, la recreación significa actividad o inactividad que se realiza porque uno así lo quiere. En un sentido sicológico más profundo, se refiere a la experiencia emocional humana e inspiradora que surge del acto mismo de la recreación. Contrasta con trabajo, el cual se hace primordialmente para ganar dinero o para proveer a las necesidades de la vida o lo que puede considerarse como las necesidades personales y de la familia. También contrasta con las mecánicas de la vida tales como comer, dormir, hacer las actividades domésticas y el cuidado personal. No hay una línea amplia entre recreación y otras actividades. La misma actividad puede ser trabajo unas veces y recreación otras; cocinar, coser, tejer, hacer muebles y otras actividades específicas bien pueden incluírse en cualquiera de dichas clasificaciones. Aún algunos trabajos que constituyen la principal fuente de ingreso pueden ser esencialmente considerados recreación5 . La característica distintiva de la recreación no es la actividad misma sino la actitud con que ella se haga. Cuando hay poco o ningún sentimiento de compulsión en una actividad o inactividad ella es casi seguramente una recreación. En el moderno y complejo mundo que vivimos donde tantos aspectos de la vida son socialmente ordenados, la recreación es pues, la mayor oportunidad de autoexpresión6 . Según que el hombre aparezca en el proceso como agente creador o simple destinatario, los autores distinguen claramente entre recreación activa y recreación pasiva a las cuales les atribuyen nociones y naturalezas propias a saber: Podríamos entender por recreación activa toda actividad libre, espontánea y desinteresada, realizada por el ser humano en forma individual o comunitaria, con los instrumentos y bajo las pautas que la sociedad señala y ofrece en el campo en que dicha actividad se cumpla. Delimitación dentro de la cual caben quehaceres tan variados como los deportivos, artísticos, artesanales y culturales en general. Concebida de esa manera, la recreación implica un proceso o una tarea que tiene en el hombre que se recrea su propio e irreemplazable protagonista. En contraste con la llamada recreación pasiva en la cual el hombre es tomado más como agente creador o fuente de origen, y más como consumidor de un espectáculo y objeto receptor de determinados mensajes y estímulos que como productor de su propia satisfacción y promotor del crecimiento de su mismo ser y de su propio, único, insustituible  e intransferible potencial o suma de posibilidades humanas7 . Después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y  seguridad social, la recreación es considerada una necesidad fundamental del hombre que estimula su capacidad de ascenso puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo rodea. En esta medida, puede afirmarse también, que la recreación constituye un derecho fundamental conexo con el del libre desarrollo de la personalidad, con todas sus implicaciones y consecuencias. En virtud de lo anterior, se considera hoy que: Es un deber social proporcionar a los colombianos de menores ingresos, las posibilidades mínimas de distensión, disfrute y desarrollo integral de sus potencialidades, mediante el otorgamiento de medios y alternativas de recreación. Además, se hace necesario brindar a los sectores populares las oportunidades para lograr una mayor integración, a través de la realización  de actividades participativas de tiempo libre.  Con ello se lograría estimular la organización de las comunidades, la mutua colaboración de los asociados y la posibilidad de acelerar el desarrollo social, mediante el trabajo y la presión conjunta por soluciones políticas más efectivas8 . La recreación es una actividad inherente al ser humano y necesaria tanto para su desarrollo individual y social como para su evolución. Consiste, en su sentido etimológico, en volver-a-crear. Es, pues, un quehacer que involucra la capacidad creadora del ser humano y se cristaliza a través de su virtud como productor, como hacedor de su mundo. El hombre, en su relación inicial con la naturaleza, se enfrenta a una naturaleza ya creada. Para poder manejar y darle frutos a esta relación, el hombre necesita volver a crear. La recreación, entonces, cumple una labor definitiva en la adaptación del hombre a su medio. Pero, qué es lo que re-crea el hombre?  El orden del universo que en primera instancia se le presenta como la naturaleza que lo rodea. El personaje humano se convierte entonces con base en una aprehensión de la naturaleza, en productor, en creador de un orden que lo ayuda a adaptarse y a evolucionar en su mundo. Una de las manifestaciones más importantes de la recreación es el juego. En él se encuentran incluidos todos los elementos mencionados anteriormente. Se crea un orden determinado en el cual se puede participar, tanto como jugador como espectador. Se imponen, como en cualquier orden, unos límites determinados y unas reglas de juego. A través del juego las personas no solo recrean un orden, sino que aprenden a moverse en ese orden, a adaptarse a él y a respetar sus reglas. La recreación, por lo tanto, cumple un papel definitivo en el aprendizaje del individuo como miembro de una sociedad que posee su propio orden. Este papel educativo tiene especial relevancia cuando se trata de personas cuyo desarrollo es todavía muy precario. Así, la mejor manera como puede enseñarse a un niño a socializarse es mediante el juego. Es también mediante la recreación que se aprenden las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales. En el contexto constitucional, es claro que la recreación cumple un papel esencial en la consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco participativo-recreativo en el cual el individuo revela su dignidad ante sí mismo y ante la sociedad. La manifestación lúdica de la recreación posee una virtud inmensa: la de resolver ansiedades, culpas, frustraciones, inhibiciones, etc. canalizándolas a través de la participación del individuo en ella. El hombre moderno sufre de diversas tensiones que se traducen en impulsos, que la persona busca exteriorizar.  Esta es la forma de llevar a cabo la sublimación de ansiedades, culpas y tensiones. La recreación constituye el medio de canalizar estos impulsos  en una forma no violenta. En un país como Colombia, es definitiva la creación de nuevas formas de vida social, no solo para el alivio de tensiones que conducen hacia relaciones de violencia, sino como núcleo de la producción creativa humana, donde debe centrarse el desarrollo del individuo. La recreación ocupa un espacio propio en varios instrumentos de carácter internacional que destacaremos someramente. Aparece consagrada, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948,  en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Igualmente, se reconoce en el artículo 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre así: Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. En el ámbito específico de los derechos humanos al tiempo libre proclamados por algunas asociaciones internacionales el 1o. de junio de 1970,  en la ciudad de Ginebra, se establece que: Artículo 4o.- Todo hombre tiene el derecho de conocer y participar en todo tipo de recreación durante su tiempo libre, tales como: deportes, juegos, vida al aire libre, viajes, teatro, baile, arte visual, música, ciencia y manualidades, sin distinción de edad, sexo o nivel de educación. En la conferencia de Vancouver sobre el medio ambiente se declaró por unanimidad que la recreación es necesidad fundamental del hombre contemporáneo. En una publicación del Ministerio de Trabajo acerca de su pensamiento social, aparece un escrito del General Uribe Uribe hecho en 1904 que lo coloca entre uno de los precursores colombianos del derecho a la recreación, tal como se desprende del siguiente texto: Para alejar de la taberna a los obreros, el Estado debe procurarles distracciones encaminadas a la educación moral y estética, como teatros populares a bajo precio, museos, bibliotecas, escuelas dominicales y nocturnas, gimnasios públicos, retretas de las bandas oficiales y sobre todo, cafés baratos donde a tiempo que se busquen mercados inferiores para el consumo del grano, se tenga en mira producir la excitación de las facultades ideativas, propia del café, en vez de espolear los instintos innobles que el alcohol  despierta o en lugar de permitir el embrutecimiento por la chicha9. Entre los antecedentes legislativos dignos de señalar  se encuentra la ley 80 del 13 de Noviembre de 1925, la cual en su artículo 12 dispuso que Las asambleas departamentales votarán año por año la partida que fuere necesaria para la fundación de plazas de deportes en la respectiva capital y en las poblaciones mayores de 10.000 habitantes. Parágrafo.- En las ciudades de más de 20.000 habitantes habrá una plaza de deportes por cada 20.000 habitantes. Dicha ley especifica también las funciones de las plazas de deportes o fines principales a saber: a).- Fomento de la salud. b).- Recreación física. c).- Mejoramiento de la energía mental. d).- Educación del carácter 10 . A partir de 1951, la recreación entró a formar parte también de los diversos planes de desarrollo, de los temas de investigación de instituciones académicas públicas y privadas. Por todo ello, es apenas natural que algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 propusieran fijar políticas claras y criterios en materia de recreación y deporte11 . En así como en la Carta vigente, la recreación se manifiesta en diversas dimensiones. Es un derecho constitucional fundamental y prevalente de los niños (Art. 44) pero también un derecho de todas las personas que se manifiesta en actividades tales como la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Art. 52). Igualmente, es deber del Estado promover el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de recreación (Art. 64). Por último, la educación debe formar al colombiano en la práctica de la recreación, entre otras (Art. 67). 2.- Tranquilidad y relaciones de vecindad. Esta Corte no puede menos que reconocer que la paz y la tranquilidad constituyen aspiraciones supremas de la persona humana.  Pero, de otro lado, las denominadas relaciones de vecindad imponen un mayor o menor grado de tolerancia de actos de propietarios  o no propietarios contiguos o próximos al lugar  donde ocurre el conflicto eventual, en aras no solo de  hacer  posible la convivencia cotidiana sino también de la necesidad de respetar limitaciones impuestas en favor de terceros, las cuales se enmarcan y encuentran su fundamento en principios tradicionales como los del abuso de derecho y la función social de la propiedad. No en vano esta última constituye una fórmula de armonía que intenta  concordar los intereses del individuo con los de la sociedad toda, impidiendo que el ejercicio del propietario pueda menoscabar o afectar en forma alguna el bien común. Se funden en ella la libertad del individuo y las facultades que la propiedad concede, con la obligación de hacer uso de ellas de manera conveniente al interés social, absteniéndose de lo que perjudica a éste y cumpliendo las actividades que él reclama12 . A lo anterior se agrega que, en virtud de lo dispuesto por la Ley Fundamental vigente, tanto la persona en general como el ciudadano están obligados a respetar los derechos ajenos, a no abusar de los propios, pero también a  participar en la vida cívica y comunitaria  (C.N.-Art. 95). Esto es válido tanto en términos abstractos como en términos concretos, en los cuales los derechos de los propietarios  y vecinos a la tranquilidad deben tolerar las limitaciones y cargas propias del normal ejercicio del derecho constitucional  y prevalente de los niños a una sana recreación y a la práctica del deporte. Por tanto, el conflicto entre el derecho a la recreación  y el derecho a la tranquilidad de la comunidad  debe ser resuelto, en principio mediante alternativas concretas que permitan la coexistencia  y efectividad de ambos derechos. Con todo, cuando el conflicto sea insoluble y los titulares del derecho a la recreación sean los niños,  éste habrá de prevalecer sobre la tranquilidad, siempre que su ejercicio no esté acompañado de abusos objetivamente intolerables, según los usos y costumbres lugareños en materia de relaciones de vecindad. III. CONCLUSION En virtud de todo lo anterior y teniendo en cuenta que los usuarios del campo deportivo mencionado en el presente fallo son, en su gran mayoría, niños de una escuela con muy limitadas posibilidades de ejercer su derecho a la recreación y al deporte en lugar distinto a dicho campo, pues las facilidades alternativas son prácticamente inexistentes  y, además, lo vienen haciendo en forma que no supera los límites de tolerancia impuestos por la convivencia cotidiana en  "El Porvenir", jurisdicción del municipio de Buga, esta Corte reconocerá y hará prevalecer el derecho a la recreación de los habitantes de dicho corregimiento. En consecuencia, confirmará la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga que negó la tutela impetrada por los peticionarios. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Primero  Civil del Circuito de Buga el 9 de marzo del año en curso mediante la cual negó la tutela interpuesta por los peticionarios. SEGUNDO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que se configure un conflicto entre la tranquilidad de la comunidad y el derecho a la recreación y al deporte de sus habitantes, especialmente de los niños, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO  para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. TERCERO.- ENVIENSE sendas copias del presente fallo al Director de COLDEPORTES, La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los Consejeros Presidenciales para los derechos humanos, la juventud, la familia y la mujer, y el desarrollo de la Constitución, así como al Despacho de la Primera Dama de la Nación. CUARTO.- ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por acta número 7 de la Sala Primera de Revisión, a los diecisiete (17)  días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos ( 1992 ) 1 Cfr. Enciso Martínez, Hernando. Rico Alvarez, Carlos Alberto Fundamentos de la Recreación. Ediciones Cerlibre. Bogotá, 1988. p. 24. 2 Cfr. Ibídem p. 6. 3 Cfr. Ibídem p. 68. 4  Cfr. Zamora Fernández, Rolando. Sociología del tiempo libre y consumo de la  población. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales, 1988. pp.23, 24. 5 Marion Clawson and Jack J. Knetsch. Economic Of Outdoor Recreation.  Baltimore:  Johns Hopkins Press.1966, p. 6. 6 Ibídem, p. 7. 7 Cfr. Escobar Navia, Rodrigo. Necesidad, bases, objetivos y medios principales de una política nacional de promoción de la recreación popular para Colombia durante el período 1982-1986. En:  ANIF  Carta Financiera No. 53 Tercer trimestre de 1982, p. 34. 8 Rivas Helga, Cecilia.  Recreación popular o un derecho negado. En: ANIF.  Carta Financiera  No. 53, p.66. 9 "El pensamiento social de Uribe Uribe".  Biblioteca del Ministerio de Trabajo. 1960, p. 28. 10 Cfr. Ley 80 del 13 de noviembre de 1925,  Artículo 16. 11 Cfr. Holguín Armando.  Constancia. En: Gaceta Constitucional No. 88 Mayo 3 de 1991. 12 Cfr. Novoa Monreal, Eduardo.  El derecho de propiedad privada. Editorial Temis. Bogotá, Colombia 1979,  p.  61.

T-467-92 Sentencia No Sentencia No. T-467/92 ACCION DE TUTELA-Naturaleza El ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico  y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. DERECHO DE ASISTENCIA SOCIAL/ACCION DE TUTELA-Improcedencia El derecho de naturaleza legal que habilita dentro de ciertas condiciones normativas para sustituir al padre en la prestación social  denominada pensión de jubilación, se deriva, en último término, del Derecho al Trabajo que tiene la categoría de Derecho Fundamental, y no es asimilable al derecho a recibir asistencia del  Estado en caso de manifiesta situación de debilidad económica, física o mental. El Derecho Constitucional a la Asistencia Social en caso de debilidad manifiesta por razones económicas, físicas o mentales, no es reclamable directamente por vía de la Acción de Tutela y, además, en la situación planteada por la representante del peticionario no aparece violación o amenaza de violación a ningún derecho constitucional fundamental que imponga decretar la específica y directa protección de los jueces en funciones de tutela. SALA  DE  REVISION REF: Expediente No.T-1736 Acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión -Subdirector de Prestaciones Económicas-. Peticionario: OSCAR MORALES LOPEZ Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá, D.C., Julio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los señores Magistrados Simón Rodríquez Rodríquez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas el doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Bogotá,  Sala Laboral, y el diez (10) de marzo del mismo año por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. I.   ANTECEDENTES A.   La Petición 1.   El 27 de enero de 1992, la Abogada Mercedes Mendoza Maldonado, en ejercicio del poder conferido por el señor Fernando Ospina Henao, curador de Oscar Morales López a quien se le ha declarado en interdicción judicial por demencia, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá un escrito en el que interpone la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra la Caja Nacional de Previsión -Subdirector de Prestaciones Económicas- "que no ha reconocido la solicitud de traspaso de pensión de jubilación de que gozaba la señora Emilia López de Morales...". Además, pide que se ordene a la citada entidad que otorgue y pague con todos los ajustes, aumentos e intereses legales, a Oscar Morales López interdicto por demencia, el derecho a la "sustitución pensional" de su padre Ricardo Morales Salazar, de la cual venía gozando su madre y curadora Emilia López Vda. de Morales, fallecida en el mes de julio de 1991. 2. Los hechos que señala la representante del peticionario como causa de la citada acción se resumen como sigue: a. El padre del representado en la acción de la referencia, estuvo pensionado por jubilación desde el año de 1953 por el Ministerio de Educación Nacional, y falleció en el año de 1973; a reclamar la sustitución del derecho pensional se presentó su viuda Emilia López de Morales y a ella le fue concedida, primero por dos (2) años y luego de una  reclamación se le extendió su derecho de modo vitalicio. b. El señor Oscar Morales López, hijo de los esposos Morales López, fue declarado en interdicción judicial por demencia en el año de 1986; en dicha orden judicial se nombró como curador a su señora madre Emilia López de Morales quién posteriormente solicitó que se le otorgara a su representado afectado de incapacidad mental, la sustitución pensional definitiva en el monto del 50%. c. La solicitud de sustitución pensional en favor del hijo incapacitado no fue aceptada por la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social; de igual modo dicha entidad no accedió a lo pedido en la apelación propuesta, con base en argumentos que tienen en cuenta el transcurso del tiempo desde la muerte del pensionado y la afirmación de su viuda en el sentido de pedir la sustitución como la única titular del derecho. d. Antes de su muerte, la señora López Vda. de Morales solicitó el 27 de abril de 1989 que la entidad de previsión designara a su hijo inválido como su beneficiario;  empero, desde esta fecha no se ha producido pronunciamiento favorable en relación con esta sustitución pensional plena. 3. En su opinión, se ha violado el artículo 13 de la Constitución Nacional en contra  del representado "...que es una persona en estado de interdicción en razón de su condición mental y necesita la sustitución pensional para subsistir." 4. Advierte la peticionaria que "El transcurso del tiempo y la primera manifestación de la señora Morales de López, no puede ser causa suficiente para desconocer un derecho sustantivo reconocido por las normas de prestaciones sociales, y tampoco lo puede ser el cumplimiento de unas formalidades legales para su otorgamiento, puesto que se trata de un interdicto judicial que no tiene conciencia de su actuación". B.    Las Sentencias que se Revisan 1. La sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral a)  La Decisión El citado Despacho judicial resolvió sobre la solicitud presentada y declaró "...improcedente la acción de tutela interpuesta por la doctora Mercedes Mendoza Maldonado a nombre de Oscar Morales López. b) Las Consideraciones de Mérito El Tribunal fundamenta su decisión en las consideraciones que se resumen enseguida: -  Las solicitudes del peticionario pueden reclamarse  ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues existen otros medios de defensa judicial que permiten el reconocimiento del derecho que se dice desconocido de modo individual y concreto por las resoluciones de la Caja Nacional de Previsión. - Como existen dichos medios, de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional y por el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, la acción propuesta es improcedente y no puede atenderse en sede de tutela. 2.   La sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral. a)  La Previa Impugnación La peticionaria representante del curador del señor Oscar López, oportunamente, impugnó la sentencia anterior y pidió su revocatoria con fundamento en las consideraciones que se resumen así: Es cierto que dispone la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho; pero mientras que se decide por esa jurisdicción el incapaz estaría privado de los recursos económicos necesarios para su subsistencia. En este sentido pide que se tutele el derecho del incapaz como una medida transitoria y provisional dadas las amplias facultades del juez en estos casos. Los artículos 3o., 6o., 7o. y 8o.  del Decreto 2591 de 1991   son aplicables al caso que motiva la petición,  mucho más cuando se debe dar prelación al derecho sustancial. b)      En fallo del 10 de marzo de 1992, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la sentencia proferida  por el Tribunal Superior de Bogotá, con base en las siguientes consideraciones: - La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, reitera su jurisprudencia en el sentido de señalar la improcedencia de la acción de tutela cuando quien la ejecuta   persigue la pretermisión de trámites legales o administrativos necesarios para que por la autoridad correspondiente se produzca una determinada decisión a ella reservada.  Además, consideró aquella Corporación que para los mismos efectos no puede hacerse diferencia entre una pensión de origen legal y una extralegal o entre la solicitud del reconocimiento de la pensión o del derecho a su reajuste. - De otra parte se advierte que el "juez" a que hace referencia el último inciso del artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991 es necesariamente el juez  contencioso-administrativo. Agregó la Corte que: "La acción de tutela que la Constitución prevé de manera excepcional cuando el afectado dispone de otros medios de defensa judicial, sólo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, puede ejercerse, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8o.  del Decreto 2591, `conjuntamente con la acción de nulidad y demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo`.  En estas condiciones no aparece lógico que un juez diferente al de lo contencioso administrativo conozca de la acción de tutela ejercida contra un acto administrativo, al tiempo que éste necesariamente sea el que deba conocer de la acción de nulidad o de las 'demás procedentes' contra ese acto. Y cuando se trata de ejercitar autónomamente la tutela frente a un acto administrativo contra el cual procedan las acciones contenciosas pertinentes, es decir, sin que el actor promueva `conjuntamente` la acción de tutela con las otras acciones a que se refiere la norma, también debe aquélla instaurarse ante la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa." Además advierte aquella Corporación que: "...no sólo por razón de la especialidad que disciplina el control jurisdiccional de los actos administrativos sino por disponerlo así expresamente el artículo 238 de la Constitución Nacional,  no puede ser otro juez  distinto a su propio juzgador natural quien disponga la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos." Concluye la Corte Suprema sus consideraciones al advertir que: "Aplicando las anteriores reflexiones al caso sub exámine, hay que concluir que la decisión que se pide adoptar en el fallo de tutela supondría necesariamente la suspensión provisional del acto administrativo contenido en las Resoluciones 5527 y 6229, por medio de las cuales se negó por la Caja Nacional de Previsión la solicitud de Emilia López Vda. de Morales para que se sustituyera la mitad de la pensión en su hijo.  E igualmente, significaría la suspensión provisional del acto administrativo presunto que resultó del silencio de la entidad de previsión frente a la petición que  el 27 de abril de 1989 ella misma hizo para que se designara "a su hijo inválido como beneficiario, sin que desde esa fecha se hubiese producido pronunciamiento favorable en relación con esta sustitución pensional plena"(folio 4); ya que en los términos  del artículo 40 del C.C.A., por regla general y salvo los casos de silencio administrativo positivo, se entiende negada toda petición sobre la que desde el momento de su presentación han transcurrido más de tres meses sin que recaiga sobre ella pronunciamiento expreso.  Esto, desde luego, siempre que se trate de actos administrativos cuyo juzgamiento compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo." II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera: La Competencia. Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, esta competencia obedece a la selección que de dicha sentencia practicó la Sala correspondiente y al reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación. Segunda: La Acción de Tutela y El artículo 86 de la Constitución Nacional. Como cuestión preliminar y para definir los fundamentos de esta providencia, esta Sala estima  que la Acción de Tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación. Dicha acción  es un medio procesal específico porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. No se trata de una vía de defensa de la Constitución en abstracto o con fines generales, que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una Rama del Poder Público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni versa sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo. Su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en principio en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. Tercera.  La Materia de la Petición A. Esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que la representante judicial del señor Oscar Morales López, interdicto por demencia, reclama por virtud del ejercicio de la Acción de Tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional, que le sea reconocido a su representado, con todos los reajustes e intereses que resulten, el derecho a la sustitución pensional de prestación de que disfrutaron sucesivamente el padre y la madre de aquél a cargo de la Caja Nacional de Previsión. Sostiene la peticionaria, como se vió en la parte de antecedentes de este fallo, que hubo omisión en las actuaciones de la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión, pues no se efectuó el traspaso del 50% de la pensión de jubilación otorgada a la señora Emilia López de Morales, lo cual fue  solicitado ante la Seccional Risaralda de aquella entidad de seguridad social el 27 de abril de 1989. Advierte la Corte que en ninguno de los documentos aportados al trámite de la Acción de Tutela aparece prueba o siquiera afirmación de la peticionaria que indique que el interesado o sus representantes legales han solicitado, después de la muerte de la señora Emilia López de Morales, a la entidad de Previsión social contra la que se dirige la Acción de Tutela, que le sea reconocido el Derecho a la Sustitución de la pensión de jubilación. Todo lo contrario, lo que se destaca de las probanzas que obran en las actuaciones de tutela, es que la madre del Señor Morales presentó en el año de 1989 una solicitud de sustitución de una parte de sus derechos pensionales recibidos de su difunto esposo en favor de su hijo, y que ésta fue denegada dentro de los términos correspondientes por la autoridad administrativa competente. La representante del Señor Morales entiende que la denegación de su solicitud es equivalente a una forma de omisión que debe ser reprochada ante los jueces de tutela por arbitraria y abusiva. Obviamente, la Corte no comparte sus apreciaciones y desestima cualquier consideración al respecto, ya que es bien claro que la administración no dejó de atender las solicitudes de la Señora madre del Señor Morales, representado en las actuaciones que generan los fallos en revisión. En opinión de la peticionaria, la supuesta omisión produce el quebrantamiento del Derecho Constitucional que garantiza el artículo 13 de la Carta en términos de la especial protección que debe el Estado a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.  También sostiene que con la conducta de la entidad de seguridad social señalada, se causa la misma violación a la Constitución por actuaciones discriminatorias y abusivas. Así las cosas, esta Sala de la Corte Constitucional debe señalar cuál es su criterio en relación con la situación planteada y, en especial, sobre la improcedencia de la petición que hace la representante del señor Morales López, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se dice reclamar, la existencia de vías judiciales para las pretensiones correspondientes y muy precisas condiciones jurídicas de las actuaciones que se adelantaron ante la entidad contra la que se dirige la acción de la referencia. B. En primer término se tiene que la petición de sustitución pensional por el monto del 50% de aquella prestación, fue atendida por la entidad correspondiente dentro de los términos legales, al expedir las  resoluciones números 5527 de junio 13 de 1990 y 6229 de noviembre 7 de 1991 en las que se niega acceder a la solicitud de sustitución, lo cual despeja cualquier duda sobre la posible violación al Derecho Constitucional de Petición (art. 23 C.N.), y al Derecho Constitucional del Debido Proceso Administrativo (art. 29 C.N.), que son  reconocidos por la Carta con carácter de fundamentales; en efecto, de lo visto en las actuaciones administrativas allegadas al expediente, no queda duda al respecto, pues en todas las oportunidades documentadas, se da respuesta a las peticiones de sustitución del 50% del derecho a la pensión y se dan las oportunidades de interponer los recursos procedentes. Además, en la última de las actuaciones  administrativas se advierte con claridad que con la notificación de la misma quedó agotada la vía gubernativa y abierta la oportunidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. C. De otra parte, la petición no se endereza a reclamar la protección directa y específica en la jurisdicción de tutela de los mencionados derechos de rango constitucional y más bien se contrae a reclamar el amparo del Derecho  Constitucional a la Asistencia del Estado que radica la Carta en cabeza de los individuos que por su condición económica, física o mental se encuentren en  circunstancias de debilidad manifiesta. Esta última garantía de naturaleza social, se enmarca dentro de los conceptos propios del Estado Social de Derecho y presupone, en su especificidad, muy determinados elementos normativos diferentes a los que configuran la noción constitucional de derechos constitucionales fundamentales, objeto específico  de la Acción de Tutela en la ausencia de cualquiera otra vía judicial de  protección; este derecho debe entenderse como una prestación de carácter asistencial del Estado que presupone elementos institucionales y económicos bien diversos de los que integran el objeto de la Acción de Tutela y por tanto la presentada no debió prosperar, como en efecto ocurrió. Corresponde al legislador, y en general a los poderes públicos con funciones específicas de promoción del bienestar colectivo, adelantar las acciones necesarias para asegurar recursos e instrumentos adecuados y  suficientes para garantizar la efectiva realización de estos cometidos básicos del Constituyente, que son de fundamental trascendencia para nuestra organización política. D.  Se plantea así, una de las condiciones de improcedencia de la Acción de Tutela de las previstas en el artículo 86 de la Carta y en el Decreto 2790 de 1991, pues en primer término el derecho subjetivo reclamado  tiene para su protección las vías judiciales de naturaleza contencioso-administrativa donde se puede debatir la legalidad de las actuaciones de la Administración y la existencia del derecho reclamado, su monto y alcance, así como las indemnizaciones, actualizaciones y reajustes que eventualmente procedan. En otras palabras, el derecho de naturaleza legal que habilita dentro de ciertas condiciones normativas para sustituir al padre en la prestación social  denominada pensión de jubilación, se deriva, en último término, del Derecho al Trabajo que tiene la categoría de Derecho Fundamental, y no es asimilable al derecho a recibir asistencia del  Estado en caso de manifiesta situación de debilidad económica, física o mental; ambas, son nociones que se vinculan con los supuestos normativos del Estado Social de Derecho, fundadas en el respeto a la dignidad humana y en la  solidaridad de las personas, pero cobijan hipótesis jurídicas bien diversas que  no coinciden necesariamente en todos los casos en los que sea necesario promoverlas. Lo cierto es que el Derecho Constitucional a la Asistencia Social en caso de debilidad manifiesta por razones económicas, físicas o mentales, no es reclamable directamente por vía de la Acción de Tutela y, además, en la situación planteada por la representante del peticionario no aparece violación o amenaza de violación a ningún derecho constitucional fundamental que imponga decretar la específica y directa protección de los jueces en funciones de tutela. También, desde otro punto de vista, se tiene que  el inciso tercero del artículo 13 de la Carta  consagra un derecho de carácter social entendido éste como una prestación que debe atender a la capacidad fiscal y a los compromisos que impone la ley para ante los asociados, y no supone un atributo de la persona con carácter imprescriptible e inalienable que reclame de los jueces las órdenes necesarias e inmediatas para asegurar su protección específica. E. La controversia judicial sobre la legalidad de la específica actuación administrativa de la Caja Nacional de Previsión que se tacha,  se  contraería en el evento de su promoción por los accionantes, a las causas de la petición de sustitución elevada por la viuda del beneficiario inicial de la pensión de jubilación, pues aquellos elementos de hecho y de derecho deben ser examinados de conformidad con las competencias ordinarias de los jueces de lo contencioso administrativo  donde se le debe dar la solución legal que corresponda, y  sólo en caso de una violación a cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales podría intentarse la acción de origen constitucional; como aquel  no es el caso planteado, deben confirmarse las sentencias que negaron la tutela solicitada.  Además, la petición que se examina en las sentencias que ahora se revisan, está fundada en hechos controvertibles a la luz de la legislación ordinaria que escapan, como se advirtió más arriba, a la jurisdicción de tutela, pues aquella solicitud  se dirige a fundamentar probatoriamente un derecho subjetivo que requiere dilucidarse plenamente; así, como no está en los fines del Constituyente al consagrar la Acción de Tutela,  desplazar a los jueces naturales de sus competencias ordinarias, ni el permitir la pretermisión de los términos y las instancias judiciales, no puede accederse a la petición formulada como en su momento lo dispusieron el Tribunal Superior de Bogotá y la H. Corte Suprema de Justicia.  Cabe advertir que la petición  elevada no se formula como mecanismo transitorio enderezado a precaver o evitar un perjuicio irremediable sobre un derecho constitucional fundamental, por tanto, si lo que se busca es en verdad satisfacer una pretensión ordinaria, el interesado debe ejercer su derecho a acudir ante las vías de defensa judicial que le ofrece el ordenamiento jurídico. Ahora bien, y para mayor abundamiento se tiene que el derecho constitucional que corresponde a las personas naturales que se encuentren en manifiestas circunstancias de debilidad por su condición física, económica o mental y que consiste en la posibilidad de reclamar del Estado las providencias correspondientes, debe ser un elemento sustancial en el examen  de la solicitud administrativa de sustitución de pensión y en las actuaciones judiciales contencioso-administrativas, dada la voluntad del constituyente de impregnar con sus principios, fines y valores toda la actuación de los poderes públicos dentro del Estado Social de Derecho que se erige por la Carta de 1991; empero, en el caso de que se trata en las providencias que se revisan no existe fundamento para que los jueces de tutela por esta vía especial, decreten el reconocimiento de un derecho subjetivo concreto que ha sido discutido en su sede administrativa natural, ni para que decreten una específica medida de protección social. La primera de aquellas funciones, agotadas debidamente las actuaciones administrativas, corresponde a los jueces competentes de lo contencioso administrativo, mucho más, teniendo en cuenta que dicha jurisdicción tiene razón de ser y fundamento constitucional y que la acción de tutela es un mecanismo constitucional que no puede prosperar en presencia de otra vía judicial ordinaria o especializada, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Asunto bien distinto es aquel que se genera por violación de cualquier Derecho Constitucional Fundamental radicado en cabeza de cualquier persona, como el derecho al Debido Proceso o el Derecho Constitucional de Petición entre otros, caso en el cual solo procede la Acción de Tutela si no existe vía judicial para su protección pero, como se vió, no es este el caso de que se ocupan las decisiones que se revisan. En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, en esta Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S  U E L V E : Primero.  CONFIRMAR las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Tribunal  Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 12 febrero  de 1992, y por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, de 10 de marzo de este mismo año. Segundo. Comuníquese la presente providencia a los anteriores Despachos, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese,  cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ             SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-468-92 Sentencia No Sentencia No. T-468/92 ACCION DE TUTELA-Regulación Legal El legislador utiliza  una doble dirección en el reglamento de la procedibilidad de la acción de tutela, al establecer los casos de "procedencia" tanto como los de "improcedencia" de la misma.  Esta  lógica reguladora acusa falta de técnica legislativa por cuanto, de algún modo  es contraria al principio liberal según el cual todo lo que no está prohibido, está permitido. Principio no solo garantizador de la libertad al hacer primar la facultad general sobre la facultad legislativa expresa, sino porque además, obliga a una interpretación restrictiva en el accionar de los particulares en el ejercicio de la libertad que genera en estos dos órdenes de complicaciones; el primero referente a las posibles contradicciones que pueden presentarse entre el catálogo de autorización y el de prohibiciones, y el segundo, radica en que dicha técnica legislativa puede dejar por fuera de las predicciones del legislador algunos casos que no están prohibidos ni permitidos.  De suerte que en esta modalidad legislativa, la acción procede sólo cuando expresamente se señala y no procede en los casos así indicados, de igual manera, expresamente. ACCION DE TUTELA Procede la acción de tutela, cuando circunstancias que rodeen al solicitante, no le permitan poner en marcha o hacer uso de los mecanismos judiciales.  Interpretación distinta, llevaría a reconocer a los jueces de toda la jerarquía judicial, la posibilidad de evaluar, en cada caso, la eficacia del orden judicial, lo cual implicaría no sólo el  desquiciamiento de la  seguridad y confianza que informa a esas instituciones, sino, a otorgar un poder exorbitante al juez de tutela  para sustituir a la justicia ordinaria, cuando según su discreción sea ineficaz.  La interpretación adoptada, supone, que sólo en casos extremos o excepcionales será procedente la acción de tutela existiendo  otros medios de defensa judicial, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante. La causal de improcedencia surge cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales para reclamar el derecho  que se pretende, salvo que la acción "se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable" PERJUICIO IRREMEDIABLE-Concepto Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o  instrumento.  Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho. El legislador abandonó la teoría del daño no resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en especial para considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la norma,  que su redacción adolece de defecto al afirmar que  el dicho perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, interpretación equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley. Se trata de daños como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por ningún  medio. DAÑO CONSUMADO El daño como resultado  de la lesión producida en el derecho amparado puede ser de naturaleza material o moral, de suerte que una vez se haya producido de manera total, y no parcial o progresivamente, impide la procedencia  de la acción de tutela.  Lo anterior, por cuanto  para la reparación de los daños antijurídicos imputables a las autoridades públicas, el Constituyente previó acciones distintas en los artículos 89 y 90 de la Carta Fundamental, y los daños causados en acciones y omisiones de los particulares hacen a estos responsables de su resarcimiento con arreglo a las leyes civiles sobre la materia. ACCION DE TUTELA-Naturaleza Preventiva/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD En el artículo 5o. del decreto se autoriza la procedencia de la acción de tutela contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, "que haya violado", es decir que haya consumado el daño proveniente de la violación del Derecho, con lo cual se  cambia la naturaleza preventiva de la acción,  A fin de salvar la contradicción indicada, debe inaplicarse la hipótesis del artículo 5o. "que haya violado", por inconstitucional, toda vez que  la Constitución Política en su artículo 86, autoriza la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados",  y no cuando lo hayan sido en el pasado, y además, el sistema de la Constitución, al otorgar vías especiales para resarcir el "daño" como las que se han mostrado atrás, le otorga a la acción un carácter preventivo que se vería contrariado. No queda duda sobre el carácter preventivo de la acción de tutela, y sobre  su improcedencia cuando la violación al derecho fundamental se encuentra consumada definitivamente y el consecuente   daño se ha presentado de manera total. ACCION DE TUTELA-Presupuestos Procesales Los presupuestos procesales de procedencia o improcedencia de la acción de tutela, habida consideración de la naturaleza popular  de esta acción, en el sentido  de que puede ser ejercida por "toda persona", o de que no requiere la mediación de profesional del derecho para su ejercicio, y  de la naturaleza de la misma, no pueden ser resueltas al admitir la demanda,  sino en la sentencia, para que entre uno y otro momento procesal medie el suficiente diálogo judicial entre los intervinientes y el juez pueda,  si es del caso, llegar al convencimiento razonado de su existencia o inexistencia. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/DAÑO CONSUMADO/REINTEGRO AL CARGO No procede como mecanismo transitorio la acción de tutela, cuando no sea para evitar un perjuicio irremediable, y en este caso, según definición legal, no se considera de esa clase el perjuicio, "cuando el interesado puede solicitar a la autoridad", como en el caso, "que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes:  a)  Orden de reintegro...", que es justamente lo que solicita el actor. La violación del derecho cuyo amparo se solicita, originó un daño que se encuentra consumado, toda vez que el interesado está desvinculado de las funciones docentes, que se pide se le permita volver a desarrollar; por lo que es también improcedente la acción. Sala de Revisión No. 5 Expediente No. T-1475 Procedencia e Improcedencia de la Acción de Tutela. Actor: EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., julio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, decide mediante sentencia el asunto de la referencia, en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: A N T E C E D E N T E S El señor EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES, obrando en nombre propio "y asesorado legalmente por el Dr. Oscar Augusto Beltrán F., Abogado titulado", a quien confiere poder para coadyuvar esta acción, presentó acción de tutela contra la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, para que se le ampare su Derecho al Trabajo según el artículo 25 de la C.N., el Decreto 80 de 1980 y el Decreto 3269 de 1985, que le fuera vulnerado mediante el acto administrativo  emanado de la Rectoría de aquel centro docente, contenido en la Resolución No. 1477 del 21 de noviembre de 1991, que ordenó su retiro del servicio docente. "Como ese acto administrativo me lesiona, solicito, con fundamento en el artículo 7o. del Decreto 2591 de 1991, se suspenda el acto administrativo, en el  fallo o antes si lo estima conveniente su Despacho, disponiéndose orden de reintegro al empleo respectivo, mientras se profiere fallo por la vía contencioso administrativa, a la cual se hará uso dentro del término del artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991, que regula la tutela como mecanismo transitorio para la protección del derecho fundamental.  Igualmente solicito que se señale en la orden el reintegro como si no hubiera existido solución de continuidad, puesto que tengo derecho al salario dejado de percibir." Como fundamentos de su petición, expone lo siguiente: "1o.  Desde el 7 de septiembre de 1980, me posesioné como profesor de Unillanos, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sin asimilación al escalafón docente. "2o.  En Febrero 9 de 1988 fue asimilado  al escalafón docente de Unillanos, en la categoría de Asociado nivel III, posesionándome. "3o.  En mayo de 1988, según Resolución No. 0472 de 1988 la Rectoría lo notificó en el escalafón (sic) docente en la categoría de Profesor Asociado Nivel III, 'posesionándome en el mismo mes de mayo de 1988, en acto solemne y colectivo con otros profesores.' "4o.  Al ingresar a Unillanos como profesor fuí de libre nombramiento y remoción solo durante el primer año o sea hasta el 6 de septiembre de 1981, independientemente de si estaba o no escafonado (sic), de conformidad con el Decreto 80 de 1980, art. 97. "5o.  El Estatuto de Unillanos que debe ser armónico con el Decreto 80 de 1980, me confirió estabilidad en mi empleo  de Profesor Asociado Nivel III, a partir de mi posesión, por un periodo de 4 años que se extiende hasta mayo de 1992, habida cuenta de la fecha cierta y real  de mi posesión, que es la que determina la ley para contabilizar la estabilidad y no otra, según el artículo 46 del Decr. 3269 de 1985 o sea el Estatuto de Unillanos, que debe estar en armonía con  el citado Decreto 80 de 1980 que es norma marco para estatutos específicos. "6o. Contrariando mandatos legales como los Decretos 80 de 1980 y el Decr. 3269 de 1985, fuí separado del empleo de Profesor Asociado Nivel III, por la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, según resolución Rectoral No. 177 de 21 de noviembre de 1991, con efectividad a partir del primero de enero de 1992, aduciendo que mi periodo de estabilidad no se cuenta desde la fecha de mi posesión, como lo manda el art. 46 del Decr. 3269/85. "7o. La resolución que me separa del empleo, pretende interpretar la norma jurídica, en  forma mal intencionada, dado que la norma es clarísima, de manera que no admite otra interpretación, como  es que la estabilidad de 4 años se cuenta desde la fecha de la posesión y no sobre los efectos fiscales retroactivos, que es cosa diferente. La fecha de la posesión cierta consta en un documento público, con fecha cierta, de mayo de 1988, ya sea retroactiva o nó, para efectos fiscales y, es la fecha de posesión la que marca el punto de partida para la estabilidad y no otra, ....".  En caso de duda, afirma, se le debe conceder la favorabilidad propia de los asuntos laborales. "8o.   No estando  la  administración   pública     -Unillanos- dentro del término de 30 días anteriores al vencimiento del periodo de estabilidad de 4 años que comenzaron a contar desde mi posesión en mayo de 1988, no tenía derecho ni facultad para mi remoción, menos para acortar un periodo legal de estabilidad en el empleo. 9o.  Agrega que teniendo "la posibilidad de accionar por la vía contencioso administrativa, para demandar la nulidad de la Resolución que me separa del cargo, la acción de tutela la invoco dentro de los parámetros del art. 6o. num. 1, del Decr. 2591 de 1991 Reglamentario del art. 86 de la C. Nal., ya que el fallo que espero de su Despacho me evita perjuicios irremediables sucesivos, susceptibles de pararse o suspenderse, con las medidas que tome su Despacho en protección a mi derecho fundamental y legal lesionado -mi derecho al trabajo-. 10.  Igualmente, agrega que no se adelantó investigación disciplinaria, que diera justificación al retiro del servicio docente, que dispuso en su contra por el Claustro. LA DECISION DE  PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero  Superior de Villavicencio, en providencia de febrero (4)  de mil novecientos noventa y dos (1992),  resuelve "Conceder la acción de tutela invocada por el señor EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES y coadyuvada por el Dr. OSKAR BELTRAN FIGUEREDO, contra la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales "UNILLANOS", consistente en restablecer el derecho al trabajo en las mismas condiciones y circunstancias en que se hallaba el docente y sin solución de continuidad", luego de considerar lo siguiente: -   Que el "Decreto 455 del 26 de febrero de 1981 en su artículo 47: "El personal docente se regirá por el reglamento que para tal efecto sea expedido por el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Decreto Extraordinario No. 080 de 1980 y las disposiciones que lo reglamenten, adicionen o modifiquen" (Estatuto General de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales).  El Decreto citado en su artículo 18 señala las funciones del Rector que en su literal f), reza: "Con arreglo a las disposiciones pertinentes nombrar y remover al personal de la Institución".  Tal dispositivo es consagrado en el Decreto 80 de enero 22  de 1980 en su art. 61 literal f).  (Estatuto  para la Educación Superior), y en su art. 97 establece que los Docentes de tiempo completo aunque son empleados públicos no son de libre nombramiento  y remoción." -  Que  "Según  Acta No. 711 del 23 de febrero de 1988 cuya fotocopia reposa al fl. 28, EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES tomó posesión del cargo de Docente de Tiempo Completo  Categoría Asociado Nivel III." -   Que el "decreto  80/80 en su art. 109 inciso 4o. establece: 'La calidad de profesor asociado otorga estabilidad por periodos sucesivos de 4 años calendario'.  A su vez el reglamento para el personal docente de la Universidad Tecnológica de los Llanos, Decreto 3269/85 en su art. 31 literal c) consagra en las mismas condiciones, por el mismo tiempo el derecho a la estabilidad, arriba transcrito." -   Que conforme "al reglamento para el personal Docente de la Universidad Tecnológica de los Llanos -Decreto 3269/85- en el parágrafo de su art. 46 estatuye:  "El reconocimiento de la promoción en el Escalafón tendrá vigencia a partir de la fecha en que el docente tome posesión del cargo que corresponde a la promoción que se le ha hecho".  Y el artículo 101 del mismo Estatuto, literal b) dispone la cesación definitiva en el ejercicio de  las funciones (del docente), por vencimiento del periodo  de estabilidad respectivo, debiendo  comunicarse antes de un (1) mes la  terminación de la relación laboral." -  Que no obstante, el caso que se ventila, corresponder a la órbita de la Jurisdicción Contencioso administrativa, la acción interpuesta ha de fallarse por este Despacho en virtud a la consagración en el Decreto Reglamentario y por haberse utilizado como mecanismo transitorio, pudiendo ejercerse conjuntamente con la de nulidad ante la jurisdicción especial antes indicada." "Como se trata de una acción cautelar no resuelve en definitiva el conflicto de intereses, sino que se limita, por tener un procedimiento preferente y sumario, a decidir transitoriamente si se tutela o no el derecho que se estima vulnerado." Que el acto administrativo que retiró al accionante del servicio, interpretó erróneamente las fechas de iniciación y terminación del periodo de estabilidad por 4 años, "por cuanto  toma la iniciación de la misma con vigencia de enero 1o. de 1988, para terminar en diciembre 31 de 1991",  y que la comunicación sobre cesación del cargo por vencimiento del periodo  "se cursó antes de un (1) mes de la fecha que la Rectoría consideró se perdía la estabilidad y cabía la desvinculación del docente." -  Que la Universidad al computar el tiempo de estabilidad (4 años), partió de lo expresado en la Resolución que incorpora al demandante al escalafón docente, con retroactividad a partir del 1o. de enero de 1988.  Pero dicha retroactividad es sólo para efectos fiscales porque según el artículo 46 del reglamento para el personal docente de la Universidad, "únicamente a partir de la posesión, cobra vigencia el reconocimiento del Escalafón"; posesión que se produjo el 23 de febrero de  1988, "y a partir de esta fecha, como se ha reiterado comienza su periodo de estabilidad en el escalafón que se ha mencionado, por un lapso de cuatro (4) años". -  Que no asiste razón al demandante al solicitar que se contabilice el término estabilidad  a partir del mes de mayo de 1988, por cuanto, en ese mes se produjo un acto simplemente protocolario y no se levantó "acta con las formalidades que tal acto representa, como es la posesión".  En esta oportunidad solo se ratificó la decisión  contenida en la primera resolución. -  Que se vulneró el derecho fundamental al trabajo, y en consecuencia debe restablecerse el derecho "en el cargo de docente Asociado III de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales en las mismas condiciones en que venía ejerciendo su función y desde la fecha en que fue desvinculado  de la misma, sin solución de continuidad, es decir, hasta el vencimiento del periodo de estabilidad conforme al estatuto que lo rige." -  Que al "ordenar el reintegro del Dr. EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES a la Universidad Tecnológica de los Llanos, como Docente Asociado III, se suspende la Resolución No. 1477, en cuanto toca con la determinación en su  parte resolutiva que dispone retirar del servicio docente de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales al docente Eudoro Enrique Velásquez Fuentes, a partir del 1o. de enero de 1992." La decisión judicial antes reseñada, fue impugnada dentro del  término legal, tanto por el apoderado del demandante como por el Rector (e) de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales. LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA El Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Sala de Decisión Penal- vistas las impugnaciones interpuestas, resuelve en providencia del tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), "REVOCAR el fallo de fecha febrero 4 de 1992 por medio del cual el Juzgado Primero Superior de Villavicencio, concedió la Acción de Tutela invocada por el Dr. EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES y coadyuvada por su apoderado el Dr. Oskar Beltrán Figueredo, contra la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales",  atendiendo las razones que se resumen a continuación: -  Que antes de entrar a considerar lo concerniente a las impugnaciones propuestas contra el fallo emitido por el JUZGADO PRIMERO SUPERIOR, debe revisarse "la procedibilidad" de la acción de tutela instaurada por el Dr. EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES. "La improcedencia de su formulación se estipula, entre otras causales y según el artículo 6o. (D.2591/91), numeral 1o.  "cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable...".  Acude para sustentar su argumento a concepto emitido por  el Honorable Consejo de Estado (C. de E., Sala de Consulta M.P. Dr. HUMBERTO MORA OSEJO, 5  de diciembre de 1991). _   Que el Decreto 306 de 1991, expresa que no se considera irremediable el perjuicio, "cuando el interesado pueda solicitar a la autoridad judicial competente que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones  como las siguientes: "a)  orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o condición,...". -  Que "en conclusión, por esta instancia, ha de revocarse el fallo de primer grado emanado del Juzgado Primero  Superior de Villavicencio, disponiéndose  en su lugar,  rechazar la acción de tutela instaurada a través de apoderado por el Dr. EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES, por improcedente, conforme a los enunciados precedentes." CONSIDERACIONES DE LA SALA a.   La Competencia Es competente la Corte Constitucional -Sala de Revisión de Tutelas-  para conocer de la presente acción, con base en lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2o.  y 241 numeral 9o. de la Constitución Política y los artículos 33 y 34  del Decreto 2591 de 1991. b.  La Materia Comprende la presente revisión, la valoración de los contenidos del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), en el caso de la referencia, con miras a precisar la procedencia e improcedencia de este tipo de acciones judiciales. Procedencia e improcedencia de la Acción de Tutela El tema de la procedencia de la acción de tutela, se enmarca en el capítulo  del derecho procesal, desarrollado en nuestro país por la doctrina y la jurisprudencia de los denominados "presupuestos procesales", es decir, del conjunto de elementos que deben operar para que la acción o sus  pretensiones, las sentencias y la validez del proceso, permitan la existencia y definición cierta de la  relación procesal.  Este importante tema, adquirió prelación desde mediados del Siglo pasado, por la sustantiva problemática que se propone resolver, principalmente en punto a la competencia del juez, a la distribución de los litigios entre las distintas instancias judiciales  y categorías de jueces, la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente.  Originariamente, la teoría de los  presupuestos procesales, fue una respuesta al casi caótico desmembramiento que caracterizó a los "poderes judiciales", durante la Edad Media, en la cual gran número de Tribunales eran llamados a resolver, unos al lado de otros, los asuntos más disímiles, sin perjuicio de la existencia entre ellos de algunas reglas que fijaban, en teoría, el reparto de las competencias. La doctrina ha caracterizado los presupuestos procesales como los requisitos que determinan el nacimiento válido  del proceso. Son, pues, los requisitos indispensables para la formación y desarrollo normal del proceso y para que éste pueda ser decidido con la sentencia. El Nuevo Orden Constitucional y sus desarrollos legislativos traen precisiones sobre la procedencia e improcedencia de la acción de tutela, sobre las cuales es necesario detenerse para el presente caso. El artículo 86 de la Constitución Política contempla tres (3) hipótesis sobre la procedencia de la acción de tutela:  La primera, según la cual toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, de suerte que sólo será procedente esta acción para solicitar el amparo de derechos de esa naturaleza (inciso 1o.); la segunda, que dispone que esta acción sólo "procederá", es decir sólo tendrá lugar la anterior hipótesis, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, lo que le otorga al proceso el señalado carácter subsidiario, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (inciso 3o.) y, la tercera, que defiere a la ley el establecimiento de los casos en los que la acción  de tutela "procede" contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte  grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión (inciso 5). La legislación que vino a reglamentar la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.N., se encuentra contenida en el Decreto No. 2591 de 1991, expedido con base en las facultades extraordinarias a que se refieren los artículos 5o. y 6o. transitorios, de la Constitución Política, y, en el Decreto No. 306 de 1992, expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada al Presidente de la República en el artículo 189, numeral 11 de la Carta. El legislador utiliza  una doble dirección en el reglamento de la procedibilidad de la acción de tutela, al establecer los casos de "procedencia" tanto como los de "improcedencia" de la misma.  Esta  lógica reguladora acusa falta de técnica legislativa por cuanto, de algún modo  es contraria al principio liberal según el cual todo lo que no está prohibido, está permitido. Principio no solo garantizador de la libertad al hacer primar la facultad general sobre la facultad legislativa expresa, sino porque además, obliga a una interpretación restrictiva en el accionar de los particulares en el ejercicio de la libertad que genera en estos dos órdenes de complicaciones; el primero referente a las posibles contradicciones que pueden presentarse entre el catálogo de autorización y el de prohibiciones, y el segundo, radica en que dicha técnica legislativa puede dejar por fuera de las predicciones del legislador algunos casos que no están prohibidos ni permitidos.  De suerte que en esta modalidad legislativa, la acción procede sólo cuando expresamente se señala y no procede en los casos así indicados, de igual manera, expresamente.  Hubiese sido deseable que esta acción para la libertad, se regulase en un solo sentido, bien sea positivo (procedencia) o negativo (improcedencia), para una mayor claridad y precisión sobre los casos en que tiene oportunidad legal. En efecto, el artículo 5o. del Decreto 2591 de 1991 cuyo título es "Procedencia de la acción de tutela", dispone que esta acción "procede" contra toda acción u omisión de las autoridades públicas  "que haya violado", viole o amenace violar cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales o derechos no señalados expresamente por la Constitución como fundamentales, pero cuya "naturaleza" permita su tutela para casos concretos. (Corte Constitucional, sentencia No. T-08 de mayo 18 de 1992. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Por su parte, el artículo 6o. del mismo decreto establece las "causales de improcedencia", señalando que no procederá: 1.   Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Esta causal de improcedencia, le confiere a la acción un carácter subsidiario o supletivo y no alternativo, como se ha querido interpretar, al fijar el alcance de la  última frase del numeral 1o.  del artículo  que dice:  "La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,  atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante".  El recto entendimiento del precepto, lleva a tener por procedente la acción de tutela, cuando circunstancias que rodeen al solicitante, no le permitan poner en marcha o hacer uso de los mecanismos judiciales.  Interpretación distinta, llevaría a reconocer a los jueces de toda la jerarquía judicial, la posibilidad de evaluar, en cada caso, la eficacia del orden judicial, lo cual implicaría no sólo el  desquiciamiento de la  seguridad y confianza que informa a esas instituciones, sino, a otorgar un poder exorbitante al juez de tutela  para sustituir a la justicia ordinaria, cuando según su discreción sea ineficaz. La interpretación adoptada, supone, que sólo en casos extremos o excepcionales será procedente la acción de tutela existiendo  otros medios de defensa judicial, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante. La causal de improcedencia surge cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales para reclamar el derecho  que se pretende, salvo que la acción "se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable",  es decir,  que como mecanismo transitorio, sólo procederá para evitar un perjuicio irremediable que, de inmediato define la norma así "se entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización".  La noción de perjuicio que trae el inciso 2o. del numeral 1o. del artículo 6o.  del Decreto 2591 de 1991 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del artículo 1o. del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza, autorice el uso de la acción de  tutela como mecanismo transitorio; el primero, referido a su carácter "irremediable", y, el segundo,  a "que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante indemnización".  Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o  instrumento.  Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión "perjuicio irremediable" que trae la ley.  El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátese de sus categorías moral  o material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata, puede ser indemnizado en su integridad.   Lo que quiere decir, que aquí el legislador abandonó la teoría del daño no resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en especial para considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la norma,  que su redacción adolece de defecto al afirmar que  el dicho perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, interpretación equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley.   Pues bien, se trata de daños como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por ningún  medio. Completa la definición del perjuicio irremediable, el artículo 1o. del Decreto 306 de 1992, al disponer que no tiene el perjuicio carácter de irremediable,  "cuando el interesado puede solicitar a la autoridad judicial competente que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes:   a)  Orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o condición;  b)  Orden de dar posesión a un determinado funcionario;  c)  Autorización oportuna al interesado para ejercer el derecho; d)   Orden de entrega de un bien;  e)  Orden de restitución o devolución de una suma de dinero pagada por razón de  una multa, un tributo, una contribución, una tasa, una regalía o a cualquier otro título; revisión o modificación de la determinación administrativa de una obligación de pagar una suma de dinero; o declaración de inexistencia de esta última, y, f)  Orden oportuna de actuar o de abstenerse de hacerlo, siempre que la conducta sea distinta del pago de una indemnización de perjuicios".   El precepto, luego de  reproducir textualmente la definición de perjuicio irremediable que trae el numeral 1o. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, asocia desde una perspectiva distinta la noción del perjuicio con la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial que se le ampare el derecho, mediante la adopción de medidas como las transcritas.  En consecuencia, la regla general es que, es improcedente la acción de tutela  cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales para hacer valer el derecho que se demanda mediante su ejercicio.  Se exceptúan de la anterior improcedencia, vale decir, procede la tutela, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual no existirá cuando pueda restablecerse o protegerse mediante la adopción de decisiones judiciales como las que  se enuncian en los literales del inciso 2o. del artículo 1o. del Decreto 306 de 1992. En este caso de procedencia de la acción, el juez debe señalar expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado en un término no mayor de 4 meses a partir del fallo de tutela, so pena de que  cesen los efectos de éste (art. 8o. ibídem), lo que muestra claramente el carácter transitorio y subsidiario de la procedencia de la acción, según la causal expresa en comento. 2. Tampoco procederá la acción de tutela cuando para proteger el derecho que se demanda, se pueda  invocar el recurso de Habeas Corpus.  A diferencia de otras legislaciones principalmente latinoamericanas que subsumen el recurso de Habeas Corpus en el marco general de un recurso de amparo que sirve como mecanismo garantizador de los Derechos Humanos de manera general, en Colombia, el Constituyente decidió hacer consagración independiente del clásico recurso de la libertad, conocido con ese nombre en el artículo 30 de la C.N., dejando vigente, de manera independiente otros mecanismos de protección, además del último indicado, las acciones y excepciones de inconstitucionalidad, las acciones administrativas de nulidad y reparación, entre otras (art. 6o. numeral 2o. del Decreto 2591 de 1991). 3.   No procede la tutela cuando se pretenda, mediante su uso, proteger derechos colectivos como la "paz"  (art. 22 C.N.), o relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en la ley, para cuya garantía, el Constituyente, previó, en el artículo 88 las denominadas "acciones populares".  Sin embargo, el accionante, "para impedir un perjuicio irremediable", podrá instaurar la acción de tutela, en procura del  amparo de sus derechos violados  o amenazados "en situaciones  que comprometan intereses o  derechos colectivos".  Confirma esta improcedencia el carácter particular y concreto de los intereses que está llamada a garantizar la acción de tutela en protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas (art. 6o. numeral 3o. Decreto 2591/91). 4.  De igual modo no procede la acción de tutela cuando la violación de un derecho fundamental origine "un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho".  Lo que viene a otorgarle a la acción de tutela un  carácter preventivo de los daños consumados que se produzcan con ocasión de la violación de un derecho fundamental.  El daño como resultado  de la lesión producida en el derecho amparado puede ser de naturaleza material o moral, de suerte que una vez se haya producido de manera total, y no parcial o progresivamente, impide la procedencia  de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.  Lo anterior, por cuanto  para la reparación de los daños antijurídicos imputables a las autoridades públicas, el Constituyente previó acciones distintas en los artículos 89 y 90 de la Carta Fundamental, y los daños causados en acciones y omisiones de los particulares hacen a estos responsables de su resarcimiento con arreglo a las leyes civiles sobre la materia. Como un resultado de la impropiedad legislativa de formular posibilidades, a un tiempo, positivas y negativas de procedencia e improcedencia de la acción de tutela, frente a esta causal se presenta una contradicción ante dos órdenes de posibilidades que autoriza la ley.  En el artículo 5o. del decreto se autoriza la procedencia de la acción de tutela contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, "que haya violado", es decir que haya consumado el daño proveniente de la violación del Derecho, con lo cual se  cambia la naturaleza preventiva de la acción, que hemos señalado al reseñar la causal de improcedencia prevista en el numeral 4o. del Decreto 2591 de 1991.  A fin de salvar la contradicción indicada, debe inaplicarse la hipótesis del artículo 5o. "que haya violado", por inconstitucional, toda vez que  la Constitución Política en su artículo 86, autoriza la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados",  y no cuando lo hayan sido en el pasado, y además, el sistema de la Constitución, al otorgar vías especiales para resarcir el "daño" como las que se han mostrado atrás, le otorga a la acción un carácter preventivo que se vería contrariado por el segmento del artículo 5o. varias veces citado.  Naturaleza preventiva, sobre la que se lee lo siguiente en el "Informe-ponencia", en la Asamblea Constituyente: "El derecho colombiano, sobre todo en lo que hace a los derechos básicos, carecía de un instrumento rápido, sin formalismos de fácil utilización por las gentes, capaz de restablecer el derecho  volviéndolo  a su estado anterior, con la debida eficacia  para conjurar una amenaza o un peligro inminente de vulneración, y que apunte a remediar tales situaciones, no sólo frente a actos escritos, sino a conductas u omisiones de hecho, tanto de las autoridades como los particulares. (Se subraya). "Tal vacío lo viene a suplir el artículo 86 de la Constitución Nacional cuando crea la acción de tutela, al alcance de cualquier persona, para que en un proceso preferente y sumario se le dé protección a los 'derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión.  Es precisamente la intención  de llenar este vacío la que determina la naturaleza y los alcances del novedoso mecanismo procesal.  Su analogía con algunas figuras del derecho privado, como los interdictos y las acciones posesorias permiten explicar también esa naturaleza y alcances.  Tales acciones e interdictos se limitan a mantener la situación de hecho, o el statu quo de la posesión; a restablecer su estado anterior; y a prevenir y eliminar las amenazas que la comprometen o ponen en peligro. (Se subraya). "La acción de tutela, al igual que los interdictos posesorios tiene un carácter preventivo, que no supone pronunciamiento de fondo.  Reviste una actuación sumaria, rápida y desprovista de formalidades y rigorismos.  Su índole es de carácter cautelatorio, casi de policía constitucional; no tiene naturaleza declarativa." (Se subraya).  (Gaceta Legislativa No. 18, pág. 6). No queda duda sobre el carácter preventivo de la acción de tutela, y sobre  su improcedencia cuando la violación al derecho fundamental se encuentra consumada definitivamente y el consecuente daño se ha presentado de manera total. 5. Es improcedente la tutela cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (art. 6o. numeral 5o. Decreto . 2591/91).  Con el fin de impugnar la "ley" en sentido lato, no procede pues la tutela.  Para el control de esta especie de actos, el Constituyente previó la acción pública de inconstitucionalidad  (art. 242 C.N.), y las acciones de nulidad por inconstitucionalidad (art. 237 C.N.), a fin de proteger la intangibilidad no sólo de los derechos fundamentales en ella previstos, sino de todos sus preceptos superiores. 6. Es improcedente la acción de tutela, por errónea interpretación judicial de la ley y para controvertir pruebas.  Lo que pone de presente, de manera  fehaciente el carácter no declarativo de la acción de tutela (artículo  4o.  Decreto 2591 de 1991). También desarrolló el legislador la procedencia  de la acción de tutela prevista en la Carta Política contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.  En el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se señalan  los casos en los cuales la "acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares". Finalmente, señala la Sala que los presupuestos procesales antes expuestos, de procedencia o improcedencia de la acción de tutela, habida consideración de la naturaleza popular  de esta acción, en el sentido  de que puede ser ejercida por "toda persona", o de que no requiere la mediación de profesional del derecho para su ejercicio, y  de la naturaleza de las mismas, no pueden ser  resueltas al admitir la demanda,  sino en la sentencia, para que entre uno y otro momento procesal medie el suficiente diálogo judicial entre los intervinientes y el juez pueda, si es del caso, llegar al convencimiento razonado de su existencia o inexistencia. LA DECISION QUE SE REVISA La sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Sala de Decisión Penal-, del tres (3) de marzo de 1992, objeto de la presente revisión, decidió la impugnación del fallo de primera instancia, tomando en consideración la improcedencia de la acción de tutela, por existir, según lo estatuído en el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, "otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".  Ciertamente, existen las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia de lo contencioso administrativo contra los actos administrativos acusados en el petitum de la demanda, para hacer valer el derecho  al trabajo que se tiene por violado, en parecer del actor y su representante. No procede como mecanismo transitorio la acción de tutela, cuando no sea para evitar un perjuicio irremediable, y en este caso, según definición legal, no se considera de esa clase el perjuicio, "cuando el interesado puede solicitar a la autoridad", como en el caso, "que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes:  a)  Orden de reintegro...", que es justamente lo que solicita el actor (artículo 1o. del Decreto 306 de 1992). De otra parte resulta evidente que la violación del derecho cuyo amparo se solicita, originó un daño que se encuentra consumado, toda vez que el interesado está desvinculado de las funciones docentes, que se pide se le permita volver a desarrollar; por lo que es también improcedente la acción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o. del numeral 4o. del decreto 2591 de 1991, según antes se ha indicado. Por ser improcedente la acción,  resulta inocuo detenerse sobre el fondo de la litis, y en consecuencia, esta Sala, en acuerdo con los considerandos de la providencia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.-  CONFIRMAR el fallo de fecha tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), proferido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Sala de Decisión Penal-, mediante el cual, negó por improcedente la acción de tutela de la referencia, interpuesta por EUDORO ENRIQUE VELASQUEZ FUENTES, por las razones precedentes. Segundo.  Comuníquese la presente sentencia al Juzgado Primero Superior de Villavicencio, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-469-92 Sentencia No _Sentencia No. T-469/92 COMPETENCIA DE TUTELA El Juzgado Promiscuo no ha debido abstenerse de conocer de la solicitud de tutela, pues, de un lado, la presunta violación o amenaza del derecho constitucional ha tenido lugar en dicha localidad y, de otro lado, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral son de orden nacional y por tanto pueden ser objeto de acción de tutela en todos los municipios del país. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA En la Carta de 1991 se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa. Ello implica que los administrados no se limitan a votar cada cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de gobierno. En este sentido, con el fin de permitir el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, la Constitución creó los mecanismos para que ésta se lleve a cabo, y amplió los campos de intervención de los ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y efectivo. DERECHOS POLITICOS/DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho político es un derecho fundamental en una democracia representativa; es de los derechos poseen un plus, pues deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos en el capítulo 1, Título II y sus garantías, si así lo solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto legislativo un cinco por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral. El derecho a participar en la vida política del país, en este caso mediante el mecanismo del voto, es un derecho constitucional fundamental y, por tanto, es un derecho tutelable. DERECHO AL VOTO/CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Facultades/CENSO ELECTORAL-Aumento El acto administrativo objeto de la acción de tutela está obligando a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto en un municipio en el cual les fue expedida la cédula de ciudadanía pero en el que no residen  y, de conformidad con la Constitución y la ley, les está prohibido claramente ejercer el derecho al voto en ese otro lugar. Es necesario advertir -Consejo Nacional Electoral-, para que en próximas oportunidades que se presente el aumento del censo electoral tome las medidas conducentes a garantizar cabalmente las elecciones, agotando todos los mecanismos para que las personas que tienen el derecho lo puedan ejercer libremente, a partir de la aplicación del principio de la buena fe. REF.: EXPEDIENTE No.  T-1708 Peticionario: Egoberto Alvarez Díaz y otros. Procedencia: Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé  de Bogotá. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., julio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1708, adelantado por Egoberto Alvarez Díaz y los siguientes ciudadanos: Maria Adela Baracaldo Amaya con C. de C. Nro. 21.778.844 de Acacías (Meta), Luis Francisco Moyano Ardila con C. de C. Nro. 7.837.150 de Castilla (Meta), Ana Tilde Triana con C. de C. Nro. 41.705.662 de Bogotá, Gonzalo Márquez Ramos con C. de C. Nro. 17.415.350 de Acacías (Meta), Lisandro Francisco Sáenz con C. de C. Nro. 17.446.269 de Guamal (Meta), Vicente Huérfano con C. de C. Nro. 480.188 de San Martín (Meta), Maria Rosalba Baracaldo Amaya C. de C. Nro. 31.031.328 de San Carlos (Meta), Maria Estella Toledo C. de C. Nro. 40.428.537 de Acacías (Meta), Aquilino Alfonso Bermúdez C. de C. Nro. 1.063.021 de Guateque, Leonor Vargas de Vargas C. de C. Nro. 28.441.502 de (ilegible), Maria Hortensia Urrego Pérez C. de C. Nro. 40.428.499 sin más datos, José Froilán Bobadilla Hernández C. de C. Nro. 17.313.235 de Villavicencio (Meta), Maria Menza Salgado C. de C. Nro. 36.150.176 de Neiva (Huila), Marco Tulio Quintín Gutiérrez C. de C. Nro. 3.272.344 de Acacias (Meta), Nubia Alfonso Rey C. de C. Nro. 40.389.495 de Villavicencio (Meta), Reinel Olarte Casas C. de C. Nro. 17.415.838 de Acacias (Meta). Luz Marina Bernal Gómez C. de C. Nro. 40.420.388 San Martín (Meta), Fernando Rodríguez Guáqueta C. de C. Nro. 17.130.357 de Bogotá, Orlando A. Rey C. de C. Nro. 17.416.759 de Acacías (Meta), Olinda Cadena Ayala C. de C. Nro. 40.316.026  de Guamal, Blanca Mery Ardila Sabogal C. de C. Nro. 51.776.791 de Bogotá, Gilberto Gonzalez Cubillos C. de C. Nro. 17.412.613 de Acacías (Meta), Carlos A. Jímenez C. de C. Nro. 7.215.266 de Duitama (Boyacá), Gabriel Rey Pérez C. de C. Nro. 17.415.099 de Acacías (Meta), Luz Mery Urrego Villalobos C. de C. Nro. 40.428.498 de Acacías (Meta), María Ordoñez C. de C. Nro. 21.172.619 de Acacías (Meta), Isidro Quintín Nimisca C. de C. Nro. 47.1092 de Acacías (Meta), Carlos Abel Romero Córtes C. de C. Nro. 17.410.861 de Acacías (Meta), Cenón Daza Gutiérrez C. de C. Nro. 17.415.989 de Acacías (Meta), Alirio Muñoz López C. de C. Nro. 16.633.282 de Cali (Valle), Jaime Ortíz Arciniegas C. de C. Nro. 5.981.743 Purificación (Tolima), Manuel Alfredo Mora C. de C. 2.999.870 Choachí (Cundinamarca), Luis Horacio Castillo C. de C. Nro. 3.047.112 de Girardot, Hernando Toro C. de C. Nro. 17.355.863 de San Martín (Meta), María H. Pulido C.  de C. Nro. 20.684.549 de La Mesa (Cundinamarca), Raúl Humberto Cuervo Pulido C. de c. 17.416.459 de Acacías (Meta), Ofelia Prieto Conde C.  de C. Nro. 40.428.161 de Acacías (Meta), Leonor Gómez de Gonzalez C. de C. Nro. 21.207.218 Guamal, Mario Barbosa Sierra C. de C. Nro. 340.387 Pacundí, José Vicente Villalobos C. de C. Nro.17.41.823 de Acacías (Meta), Luz Marina Alfonso Alfonso C. de C. Nro. 23.415.246 de Paez, Alvaro de Jésus Orozco Ospina C. de C. Nro. 79.459.712 de Bogotá (Cundinamarca), Alejandro Pérez Morales C. de C. Nro. 5.937.518 (ilegible), Gildarlo Alarcón Romero C. de C. Nro. 3.264.460 Acacías (Meta), Roberto Ruíz C. de C. Nro. 17.446.325 Acacías (Meta), José Pánfilo Moreno Gómez C. de C. Nro. 11.409.780 de Cáqueza (Cundinamarca), Alfonso Cáceres C. de C. Nro. 6.022.610 de Venadillo, Beatriz Bernal Gómez C. de C. Nro. 21.201.338 de San Martín, Gonzalo Novoa Maldonado C. de C. Nro. 17.411.524 Acacías (Meta), Antonio Jésus Ospina Cano C. de C. Nro. 269.6554 de Bolivar (Valle), María del Carmen Bobadilla C. de C. Nro. 21.165.599 de Acacías (Meta), Bertha Cecilia Rivera Salcedo C. de C. Nro. 40.315.657 de Guamal, José Hugo Sandoval Cabezas C. de C. Nro. 93.080.921 Guamo (Tolima), Ninfa Avila Sáchica C. de C. 21.243.476 de Puerto López, Luis Alberto Casallas C. de C. Nro. 17.352.268 de Soatá (Boyacá), Luis Fernando Vargas Olaya  C. de C. Nro. 17.412.342 de Acacías (Meta), Absalón Prieto Julián C. de C. Nro. 3.271.655 de Acacías (Meta), Hector Julio Mesa García C. de C. Nro. 17.312.938 de Villavicencio (Meta), Blanca Rubiela Riversalcedo C. de c. 40.315.906 Guamal (Meta), Luis Armando Rey C. de C. 79.209.291 de Soacha (Cundinamarca), Víctor Manuel Medina Caro C. de C. Nro. 470.182 de Acacías (Meta),Pedro Pablo Baracaldo C. de C. Nro. 17.353.677 de San Martín (Meta), Pablo Emilio Urrego Villalobos C. de C. Nro. 17.416.149 de Acacías (Meta), Martha Lucía Cárdenas Riocampo C. de C. Nro. 28.741.902 de Fresno (Tolima), María Ruth Toledo Parrado C. de C. Nro. 21.178.889 de Acacías (Meta), Rafael Antonio Pulido Sacipa C. de C. Nro. 17.446.158 de Guamal (Meta), Helman Gilberto Léon Martínez C. de C. Nro. 17.414.720 de Acacías (Meta), Alvaro Hernando Aguilera Aguilera C. de C. Nro. 5.710.250 de Puente Nacional, Julio Enrique Galvis Zambrano C. de C. Nro. 17.145.097 de Bogotá, Julia Helena Barbosa de Cárdenas C. de C. Nro. 28.365.799 (sin más datos, no sabe firmar), Hilba Bertha Saenz de Sascica Nro. 21.230.319 (sin más datos, no sabe firmar), María Natividad Nomato Bejarano C. de C. Nro. 35.055.204 (sin más datos), Edelmira Vaca de Garzón C. de C. Nro. 21.171.166 de Acacías (Meta), Jésus María Rey Jímenez C. de C. Nro. 17.307.562 de Villavicencio (Meta), Ricardo Forero Sarmiento C. de C. 17.416.326 de Acacías (Meta), Tobías Borda Soler C. de C. Nro. 17.412.539 de Acacías (Meta), Numa Pumpilio Lobatón Vivas C. de C. Nro. 79.124.109 de Bogotá, Luz Marina Pinilla C. de C. Nro. 21.012.478 de Tocaima, Eva Plata de Rivera C. de C. Nro. 23.775.614 (sin más datos), María Helena Urrego Pérez C. de C. Nro. 21.178.610 de Acacías (Meta), Rosalba Rey Pérez C. de C. Nro. 40.395.723 de Villavicencio (Meta), María Eduviges Gutierrez de Quintín C. de C. Nro. 21.170.974 de Acacías (Meta), Sara Gutiérrez Ortegón C. de C. Nro. 31.021.313 de Castilla La Nueva (Meta), Anatividad Zuleta Alvarez c. de C. Nro. 25.169.421 (sin más datos), María Alis de Yanira Poveda C. de C. Nro. 21.231.754 de Villavicencio (Meta), Humberto Morales López C. de C. 6.667.346 de San Juan de Arama del Meta, Jóse Eugenio Rodríguez Cantor C. de C. Nro. 2.308.714 del Guamo (Tolima), María Eudocia Mesa C. de C. Nro. 21.202.129 de San Martín, Arquimendes Galindo Aponte C. de C. Nro. 4.164.330 de Miraflores (Boyacá), Pedro David Chamorro Triana C. de C. Nro. 13.819.792 Bucaramanga (Santander), Vidal González Cubides C. de C. Nro. 17.347.459 (sin más datos), Oscar Javier Villaba Rugeles C. de C. Nro. 17.446.291 sin más datos, Reyes Belarmino Ramos Peña C. de C. Nro. 470.551 de Acacías (Meta), José Antonio Parrado Salcedo C. de C. Nro. 17.414.035 sin más datos, Omar Herrera Romero C. de C. Nro. 3.234.450 de Utica (C/marca), Luis Enrique Hernández C. de C. Nro. 5.903.407 de Falan (Tolima), Maria Domitila Corredor de Aguilera C. de C. Nro. 21.207.541 de Guamal (Meta), Esnoraldo Pacheco Rincón C. de C. Nro. 17.416.284 de Acacías (Meta), Luz Nelly Saray Ulloa C. de C. Nro. 21.177.777 de Acacías (Meta), Rosa Elena Borda Velasco C. de C. Nro. 23.983.388 de Rondón, Oscar Castillo Caravalí C. de C. Nro. 76.267.825 de Cali (Valle), Ramona Gómez de Bernal C. de C. Nro. 40.420.388  sin más datos, Berenice Ortiz C. de C. Nro. 21.174.273 de Acacías (Meta), Gloria Nelly Alarcón Romero C. de C. Nro. 21.177.425 de Acacías (Meta), Luis Hernando Cortés Beltrán C. de C. Nro. 17.446.297 de Guamal, Manuel Alfonso Feo Chapetón C. de C. Nro., 17.446.108 de Guamal, Adelaida Cubides de Acosta C. de C. Nro. 21.173.538 de Acacías (Meta), Teobilde Duarte Moreno C. de C. Nro. 28.207.167 de Santa Elena, Alvaro Becerra Cardozo C., de C. Nro. 17.416.695 de San Martín, Cesar Eduardo Carrasco Quevedo C. de C. Nro. 17.340.550 de Villavicencio (Meta), María Sofía Rey Pérez C. de C. Nro. 21.178.617 de Acacías (Meta), Vitaliano Pulido Casas C. de C. Nro. 17.411.823 de Acacías (Meta), Efraín González González C. de C. Nro. 17.418.566 de Caloto (Cauca), Jorge Lomilla Abril C. de C. Nro. 86.004.246 de Granada (Meta), James Morales López C. de C. Nro. 86.003.095 de Granada (Meta), Ana Isabel González Rivera C. de C. Nro. 20.483.223 de Choachí (C/marca), Trino Saavedra Sierra C. de C. Nro. 3.283.637 de Guamal, Luz Mary Vergara C. de C. Nro. 40.380.053 de Villavicencio (Meta), Hernán Eugenio Rodríguez Jiménez C. de C. Nro. 19.178.368 de Bogotá, Gustavo Rubio Galindo C. de C. Nro. 17.445.270 de Guamal, Isaías García Aragonés C. de C. Nro. 83.088.228 de Campo Alegre (Huila), Demetrio Bernal Reapira C. de  C. Nro. 7.498.878 de Armenia, María del Carmen Cárdenas Barbosa C. de C. Nro. 21.176.247 de Acacías (Meta), José Antonio Reyes Salazar C. de C. Nro. 5.982.335 de Purificación (Tolima), Egoberto Alvarez Díaz C. de C. Nro. 86.002.843 de Granada (Meta) y Everaldo Enrique Muñoz M. C. de C. 787.340 sin más datos. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela referenciada. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 8 de abril del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar una sentencia de Revisión, por cuanto las solicitudes fueron acumuladas ante el Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá y dicho despacho profirió una sola sentencia. 1. Solicitud. Los 128 peticionarios presentaron acción de tutela ante el Juez Promiscuo Municipal del Municipio de Castilla la Nueva (Meta), contra la Resolución No.006 de febrero 8 de 1992, del Consejo Nacional Electoral, que se originó en los siguientes hechos: Los  habitantes del municipio de Castilla la Nueva (Meta), dentro del término legal, efectuaron la inscripción de las cédulas de ciudadanía con el objeto de ejercitar el derecho y el deber de participar en  la vida política del país a través del voto, en los comicios electorales que se realizaron el 8 de marzo de 1992. Debido a múltiples denuncias de violación del artículo 316 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución No.006 de febrero 8 de 1992, mediante la cual dejó sin efecto las inscripciones de cédulas que se realizaron en varios municipios del país, entre ellos el de Castilla la Nueva (Meta). En efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil detectó un aumento en el censo electoral en comparación con las inscripciones que para la elección de Presidente de la República se celebraron en el año de 1991. En ese año reportaron una inscripción de 396 cédulas y en 1992 de 2.366. Ante el hecho calificado como "notorio" por las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 006 del 8 de febrero de 1992 mediante la cual se dejaron sin efecto las inscripciones de cédulas de ése municipio. Según la Resolución 006, el aumento de población votante viola el principio de imparcialidad contemplado en el artículo 1º del Código Electoral. Por lo tanto la determinación tomada fue la de dejar sin efecto todas las inscripciones que se realizaron entre el 8 y el 17 de enero de 1992. Con la anterior medida los accionantes que alegan ser residentes en el municipio y se habían registrado oportunamente para sufragar (del 8 al 17 de enero de 1992), fueron afectados en sus  derechos, ya que no pudieron votar en el lugar que les correspondía, según el artículo 316 de la Constitución. En el expediente obran como pruebas: -La certificación de residencia en el municipio de Castilla la Nueva de todos los accionantes, expedida por la Alcaldía. -La Resolución No. 124 de diciembre 21 de 1990 del Consejo Nacional Electoral, en la que se fijan las condiciones de inscripción de ciudadanos para las elecciones de autoridades locales. -La Resolución No. 125 de diciembre 27 de 1991 del Consejo Nacional Electoral, por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 124 de diciembre 24 de 1991. -La Resolución No.006 de febrero 8 de 1992 del Consejo Nacional Electoral, por la cual se deja sin efecto unas inscripciones de cédulas. Los 128 peticionarios consideran que el acto acusado constituye violación del artículo 40 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia. Es de mérito anotar que, aunque la solicitud se presentó ante el Juez Promiscuo Municipal de Castilla la Nueva (Meta), éste consideró que no era competente ya que el domicilio del Consejo Nacional Electoral es la ciudad de Santafé de Bogotá. Las acciones sub-exámine fueron enviadas a esta ciudad y acumuladas a órdenes del Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá. 2. Fallo del Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá. (Providencia de marzo 5 de 1992). En única instancia el fallador considera que la actuación acusada del Gobierno Nacional es eminentemente política y si bien es cierto que ella se relaciona con la participación ciudadana en la vida política del país, existen mecanismos diversos a  la tutela para dilucidar los aspectos reseñados en este  caso. Por tanto, se encuentra el caso en examen en un supuesto de improcedencia fijado por el Decreto 2591 de 1991. El Juzgado estima que si bien existe en la tutela una excepción a lo ante citado, la cual consiste en evitar un perjuicio irremediable, en este caso sin embargo no se presenta por la posibilidad de recurrir a la vía administrativa. Por lo expuesto el Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá denegó la acción de tutela de la referencia. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con fundamento en los artículos  86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Por otra parte observa esta Sala que el Juzgado Promiscuo de Castilla la Nueva no ha debido abstenerse de conocer de la solicitud de tutela, pues, de un lado, la presunta violación o amenaza del derecho constitucional ha tenido lugar en dicha localidad y, de otro lado, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral son de orden nacional y por tanto pueden ser objeto de acción de tutela en todos los municipios del país. 2. Los derechos políticos como derechos fundamentales. Los derechos políticos se encuentran consagrados en los siguientes artículos de la Constitución: - en el preámbulo se invoca la democracia participativa como valor supremo de la Constitución. - en el artículo 1o. se define a Colombia como un Estado social de derecho que hunde sus raíces en los campos de la democracia. - en el artículo 3o. se establece que del pueblo emanan los poderes constituídos. - en el artículo 18 se consagra la libertad de conciencia, que contiene en sí misma el respeto por las diferentes convicciones y creencias de las personas. - y en el artículo 40 se dispone que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Todo lo anterior se inscribe en la idea según la cual el sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. La razón última de la nueva Carta no es el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo comunidad,  y no se podría comprender la efectividad de los derechos humanos sin un marco ideológico establecido por la Constitución. En realidad, como decía Aristóteles, "el hombre es un animal político". De allí se deriva la natural propensión del hombre a participar en política y a trascender en los demás. Es lo que Hegel denominaba "el reconocimiento", según el cual es inmanente a la naturaleza humana el deseo de ser tenido en cuenta por los demás. Además, en la Carta de 1991 se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa. Ello implica que los administrados no se limitan a votar cada cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de gobierno. En este sentido, con el fin de permitir el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, la Constitución de 1991 creó los mecanismos para que ésta se lleve a cabo, y amplió los campos de intervención de los ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y efectivo. Así, en el artículo 103 de la Carta se reiteró y estableció    -entre otros mecanismos-, el derecho a elegir y ser elegido, constituír partidos y movimientos políticos, revocar el mandato de los elegidos conforme a la Constitución y a la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, participar en los cabildos abiertos, consultas populares, referendos para aprobar determinadas reformas constitucionales y consultas populares. Igualmente el voto programático, establecido en el artículo 259, es otro de los mecanismos democráticos. El artículo 40 por su parte es un derecho de aplicación inmediata, ya que el artículo 85 de la Constitución lo considera como un derecho que no requiere de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contempla condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que es exigible de forma directa e inmediata. Por otra parte, el derecho político es un derecho fundamental en una democracia representativa; se encuentra ubicado en el Capítulo 1 -De los derechos fundamentales- del Título II   -De los derechos, las garantías y los deberes-, por lo que de conformidad con el artículo 377 de la Constitución estos derechos poseen un plus, pues deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos en el capítulo 1, Título II y sus garantías, si así lo solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto legislativo un cinco por ciento de los ciudadanos que integran el censo electoral. Finalmente, con base en el derecho fundamental a la igualdad   -artículo 13 superior-, no puede existir discriminación por razones de opinión política o filosófica, por lo que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 3. Condiciones para el ejercicio del derecho constitucional. La calidad de ciudadano colombiano en ejercicio, es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, como lo consagra el artículo 99 de la Constitución, pero además establece la Carta en el artículo 100, que la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital, con lo cual este derecho político trasciende a la órbita cívica. Las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital permiten que éstas se desenvuelvan en un escenario propio, no compartido con temas, preocupaciones y anhelos de otra índole. La finalidad ha sido la de que los habitantes de esas localidades manejen con responsabilidad sus decisiones, como así lo dispuso el artículo 316 de la Constitución. Como lo establece el artículo 258 de la Constitución, el voto es un derecho y un deber ciudadano y la ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho  de los ciudadanos. Así pues, el secreto del voto, la independencia del elector, la autonomía de la función electoral y el compromiso de ésta con la verdad y libertad del sufragio, constituyen el conjunto de valores jurídicos que configuran el sistema electoral. 4. Pactos internacionales sobre derechos humanos. El artículo 93 de la Constitución le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. Tanto el artículo 2,2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 23,1),(b) de la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificados ambos por Colombia mediante la Ley 74 de 1968), contemplan los derechos políticos, así: "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: b) Votar y ser elegidos en las elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores". Es de tal importancia el derecho al sufragio que aún en los estados de excepción son vinculantes los derechos políticos y están garantizados por el ordenamiento jurídico. Así, en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el capítulo de suspensión de garantías, se determina que: "En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia del Estado Parte..... 2- La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos... 23 (derechos políticos"  (subrayas fuera del texto). 5. Elecciones para la escogencia de autoridades locales. Las elecciones para la escogencia de autoridades locales están revestidas de la protección constitucional a fin de garantizar la efectividad del derecho. Teniendo en cuenta que al otorgarle independencia a las entidades territoriales para la elección de sus propios representantes, éstas deben reflejar el interés general y las necesidades particulares que pueden ser totalmente diferentes a las de otros sectores. Todo ello de conformidad con la autonomía que la Constitución le confirió a las entidades territoriales en el artículo 1º concordado con el numeral 1º del artículo 287. Así, la Constitución en el artículo 316 dispuso: "En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio". Con el objeto de dar aplicación inmediata al artículo 316 de la Constitución, para los comicios del 8 de marzo de 1992 se exigió a los votantes para la elección de autoridades locales, la atestación bajo juramento de ser residentes en el respectivo municipio. En este sentido se expidió la Ley 2ª de 1992 para asegurar que fueran los propios residentes y en consecuencia los directos interesados en el municipio, quienes participaran en la elección de sus mandatarios. El artículo 1º de la Ley 2ª de febrero 21 de 1992 establece: "Se entiende que quien vote en las elecciones del 8 de marzo de 1992, declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio. Si falta a la verdad incurre en las sanciones legales". Lo anterior además debe inscribirse en el hecho de que la democracia encuentra su génesis en el municipio, toda vez que él es, según el artículo 311 de la Constitución, la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado. 6. Funciones del Consejo Nacional Electoral. El artículo 265 de la Constitución establece como funciones del Consejo Nacional Electoral: "1- Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. 5- Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos... y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías" (subrayas fuera del texto). La ratio juris de otorgarle al Consejo Electoral la función de ejercer la suprema inspección y vigilancia en el desarrollo de los comicios, se desprende del artículo 2º de la Constitución, que contempla que las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades. 7. Disposiciones del Código Electoral. El Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) en sus normas generales contempla la organización y perfeccionamiento del proceso electoral. Así mismo consagra que las votaciones deben traducir la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto de la voluntad del elector. También establece que las autoridades protegerán el ejercicio del derecho al sufragio y otorgarán plenas garantías a los ciudadanos  en el proceso electoral. 8. del principio de la buena fe. El artículo 83 de la Constitución establece: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". La buena fe es considerada por el ordenamiento jurídico con una pluralidad de matices y de consecuencias. Sin pretender hacer una enumeración exhaustiva de las mismas, se pueden destacar las siguientes: a- La buena fe es una causa o creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella. Sobre esto ha dicho Franz Wieacker: "Las partes no se deben sólo a aquello que ellas mismas han estipulado o escuetamente a aquello que determina el texto legal, sino a todo aquello que en cada situación impone la buena fe".1 b- La buena fe es una causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico. c- La buena fe se considera como una causa de exclusión de la culpabilidad en un acto formalmente ilícito y por consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo menos de atenuación de la misma. Para Karl Larenz la buena fe no es un concepto sino un principio, formulado con la forma exterior de una regla de derecho. El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y por tanto, de paz jurídica".2 La buena fe como principio general del derecho, informa la totalidad del ordenamiento jurídico. Las complejas características de la vida moderna, exigen que este principio no sea simplemente un criterio de interpretación y una limitante en el ejercicio de los derechos. Así pues, el querer del Constituyente fue consagrarlo en el artículo 83 de la Constitución como una verdadera garantía. En la ponencia presentada a la Asamblea Nacional Constituyente, los ponentes consideraron que la norma (artículo 83), tiene dos elementos fundamentales: "Primero: que se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera frente al abuso del derecho; en el segundo ante una limitante de los excesos y la desviación del poder. Segundo: se presume que los particulares en sus relaciones con el poder público actúan de buena fe. Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido sustituído por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger".3 Con la constitucionalización del principio de la buena fe, se logra que éste se convierta en eficaz instrumento para lograr que la administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia. Vivimos en un mundo en el que se ha olvidado el valor ético de la confianza. Y como ha dicho Larenz "una sociedad en la que unos desconfían de otros se sumergiría en un estado de guerra latente entre todos, y en lugar de paz dominaría la discordia; allí donde se ha perdido la confianza, la comunicación humana está perturbada en lo más profundo".4 Hoy en día la administración pública nos ofrece un panorama nada alentador. A medida que se agiganta y proliferan sus organismos y dependencias, se hace más fría, más inhumana. Por lo tanto humanizar las relaciones es tarea de todos, actuando con la lealtad, honestidad y confianza que los demás esperan de nosotros. Ello es, en definitiva, lo que el principio de la buena fe comporta. La aplicación del principio de la buena fe ha sido mirada con desconfianza por algunos. Sin embargo, como lo ha dicho Jesús González Pérez a propósito de la aplicación del principio de la buena fe por parte de los jueces, él  "no supone la quiebra de la seguridad jurídica ni el imperio de la arbitrariedad ni disolver la objetividad del derecho, que los jueces, al enfrentarse en cada caso concreto con la actuación de la Administración pública y de los administrados, tengan siempre muy presente, entre los principios generales aplicables, aquel que protege el valor ético de la confianza. Interpretando las normas y actos en el sentido más conforme al mismo, y reaccionando por los medios adecuados frente a cualquier lesión que pueda sufrir, a fin de restablecer el orden jurídico perturbado".5 9. La efectividad de los derechos. De conformidad con el artículo 2º de la Constitución, es fin esencial del Estado garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Se pasa así de un Estado formal de derecho a un Estado social de derecho. Para garantizar la efectividad de los derechos la propia Carta ha establecido la acción de tutela en el artículo 86. En consecuencia, el juez de tutela no agota su trabajo en el reconocimiento formal de la violación o amenaza del derecho fundamental sino que debe aplicar realmente los mecanismos que aseguren el goce pleno del peticionario. 10. Del caso concreto. En primer lugar, como quedó establecido, el derecho a participar en la vida política del país, en este caso mediante el mecanismo del voto, es un derecho constitucional fundamental y, por tanto, es un derecho tutelable. No obstante es preciso anotar que los peticionarios  disponían de otro medio de defensa judicial para la protección a sus derechos constitucionales fundamentales. Es preciso advertir que el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales la acción de tutela no procederá, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Como lo hizo el juez de instancia, que en este caso existían otros medios judiciales potenciales de defensa, como el acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del acto administrativo con el restablecimiento del derecho, incluso acompañada de la suspensión provisional de la decisión. Analizado el caso concreto vemos entonces que la suspensión provisional que podían utilizar los peticionarios es un medio judicial eficaz e idóneo por cuanto al suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo dejaba viva la inscripción de las cédulas de ciudadanía de los peticionarios y por lo tanto éstos hubieran podido sufragar. No obstante que no es procedente la tutela, la Corte Constitucional en su función de realizar una pedagogía constitucional considera que el Consejo Nacional Electoral, al expedir la Resolución 006 del 8 de febrero de 1992, mediante la cual se dejó sin efecto las inscripciones de cédulas de Castilla la Nueva, quiso garantizar el derecho al voto de los peticionarios, al establecer en el parágrafo segundo del artículo 1º de la citada Resolución que los ciudadanos cuya inscripción fue declarada sin efecto podrían sufragar en el lugar donde tenían derecho a votar conforme al Censo Electoral vigente con anterioridad a la misma. Cabe entonces preguntarse si ¿la determinación tomada en el parágrafo segundo solucionaba realmente el problema de los ciudadanos habitantes del municipio de Castilla La Nueva? Para esta Corte la respuesta es negativa, ya que al darle aplicación al parágrafo precitado, se estaría contrariando el artículo 316 de la Constitución, como quiera que, tal como se desprende de las constancias expedidas por el Alcalde del Municipio, las cédulas de ciudadanía de  la mayoría de los solicitantes no fueron expedidas en Castilla la Nueva, sino en diferentes municipios del país, por ser esta localidad un sitio de colonización. En otras palabras, el acto administrativo objeto de la acción de tutela está obligando a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto en un municipio en el cual les fue expedida la cédula de ciudadanía pero en el que no residen  y, de conformidad con la Constitución y la ley, les está prohibido claramente ejercer el derecho al voto en ese otro lugar. Por lo tanto si se hubieren detectado casos de inscripción de personas  no residentes, el Consejo Nacional Electoral ha debido aumentar las medidas de vigilancia en los municipios en los que se presentaron problemas y utilizar los medios probatorios del caso, a partir del principio de la buena fe, establecido en el artículo 83 de la Constitución, a fin de lograr el desarrollo de unos comicios dentro de un marco de imparcialidad. En consecuencia, esta  Sala de Revisión de la Corte Constitucional no entrar a tutelar efectivamente los derechos constitucionales fundamentales de los 128 peticionarios. De paso esta Sala considera que es necesario advertir a la autoridad competente -Consejo Nacional Electoral-, para que en próximas oportunidades que se presente el aumento del censo electoral tome las medidas conducentes a garantizar cabalmente las elecciones, agotando todos los mecanismos para que las personas que tienen el derecho lo puedan ejercer libremente, a partir de la aplicación del principio de la buena fe. En consecuencia, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no entra a modificar la Sentencia que se revisa, y, por el contrario, la confirma por las razones expuestas anteriormente. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo.- Ordenarle al Juez 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá que notifique el contenido de la Sentencia a través del Juzgado promiscuo Municipal de Castilla la Nueva (Meta) a los peticionarios que invocaron la tutela: Maria Adela Baracaldo Amaya con C. de C. Nro. 21.778.844 de Acacías (Meta), Luis Francisco Moyano Ardila con C. de C. Nro. 7.837.150 de Castilla (Meta), Ana Tilde Triana con C. de C. Nro. 41.705.662 de Bogotá, Gonzalo Márquez Ramos con C. de C. Nro. 17.415.350 de Acacías (Meta), Lisandro Francisco Sáenz con C. de C. Nro. 17.446.269 de Guamal (Meta), Vicente Huérfano con C. de C. Nro. 480.188 de San Martín (Meta), Maria Rosalba Baracaldo Amaya C. de C. Nro. 31.031.328 de San Carlos (Meta), Maria Estella Toledo C. de C. Nro. 40.428.537 de Acacías (Meta), Aquilino Alfonso Bermúdez C. de C. Nro. 1.063.021 de Guateque, Leonor Vargas de Vargas C. de C. Nro. 28.441.502 de (ilegible), Maria Hortensia Urrego Pérez C. de C. Nro. 40.428.499 sin más datos, José Froilán Bobadilla Hernández C. de C. Nro. 17.313.235 de Villavicencio (Meta), Maria Menza Salgado C. de C. Nro. 36.150.176 de Neiva (Huila), Marco Tulio Quintín Gutiérrez C. de C. Nro. 3.272.344 de Acacias (Meta), Nubia Alfonso Rey C. de C. Nro. 40.389.495 de Villavicencio (Meta), Reinel Olarte Casas C. de C. Nro. 17.415.838 de Acacias (Meta). Luz Marina Bernal Gómez C. de C. Nro. 40.420.388 San Martín (Meta), Fernando Rodríguez Guáqueta C. de C. Nro. 17.130.357 de Bogotá, Orlando A. Rey C. de C. Nro. 17.416.759 de Acacías (Meta), Olinda Cadena Ayala C. de C. Nro. 40.316.026  de Guamal, Blanca Mery Ardila Sabogal C. de C. Nro. 51.776.791 de Bogotá, Gilberto Gonzalez Cubillos C. de C. Nro. 17.412.613 de Acacías (Meta), Carlos A. Jímenez C. de C. Nro. 7.215.266 de Duitama (Boyacá), Gabriel Rey Pérez C. de C. Nro. 17.415.099 de Acacías (Meta), Luz Mery Urrego Villalobos C. de C. Nro. 40.428.498 de Acacías (Meta), María Ordoñez C. de C. Nro. 21.172.619 de Acacías (Meta), Isidro Quintín Nimisca C. de C. Nro. 47.1092 de Acacías (Meta), Carlos Abel Romero Córtes C. de C. Nro. 17.410.861 de Acacías (Meta), Cenón Daza Gutiérrez C. de C. Nro. 17.415.989 de Acacías (Meta), Alirio Muñoz López C. de C. Nro. 16.633.282 de Cali (Valle), Jaime Ortíz Arciniegas C. de C. Nro. 5.981.743 Purificación (Tolima), Manuel Alfredo Mora C. de C. 2.999.870 Choachí (Cundinamarca), Luis Horacio Castillo C. de C. Nro. 3.047.112 de Girardot, Hernando Toro C. de C. Nro. 17.355.863 de San Martín (Meta), María H. Pulido C.  de C. Nro. 20.684.549 de La Mesa (Cundinamarca), Raúl Humberto Cuervo Pulido C. de c. 17.416.459 de Acacías (Meta), Ofelia Prieto Conde C.  de C. Nro. 40.428.161 de Acacías (Meta), Leonor Gómez de Gonzalez C. de C. Nro. 21.207.218 Guamal, Mario Barbosa Sierra C. de C. Nro. 340.387 Pacundí, José Vicente Villalobos C. de C. Nro.17.41.823 de Acacías (Meta), Luz Marina Alfonso Alfonso C. de C. Nro. 23.415.246 de Paez, Alvaro de Jésus Orozco Ospina C. de C. Nro. 79.459.712 de Bogotá (Cundinamarca), Alejandro Pérez Morales C. de C. Nro. 5.937.518 (ilegible), Gildarlo Alarcón Romero C. de C. Nro. 3.264.460 Acacías (Meta), Roberto Ruíz C. de C. Nro. 17.446.325 Acacías (Meta), José Pánfilo Moreno Gómez C. de C. Nro. 11.409.780 de Cáqueza (Cundinamarca), Alfonso Cáceres C. de C. Nro. 6.022.610 de Venadillo, Beatriz Bernal Gómez C. de C. Nro. 21.201.338 de San Martín, Gonzalo Novoa Maldonado C. de C. Nro. 17.411.524 Acacías (Meta), Antonio Jésus Ospina Cano C. de C. Nro. 269.6554 de Bolivar (Valle), María del Carmen Bobadilla C. de C. Nro. 21.165.599 de Acacías (Meta), Bertha Cecilia Rivera Salcedo C. de C. Nro. 40.315.657 de Guamal, José Hugo Sandoval Cabezas C. de C. Nro. 93.080.921 Guamo (Tolima), Ninfa Avila Sáchica C. de C. 21.243.476 de Puerto López, Luis Alberto Casallas C. de C. Nro. 17.352.268 de Soatá (Boyacá), Luis Fernando Vargas Olaya  C. de C. Nro. 17.412.342 de Acacías (Meta), Absalón Prieto Julián C. de C. Nro. 3.271.655 de Acacías (Meta), Hector Julio Mesa García C. de C. Nro. 17.312.938 de Villavicencio (Meta), Blanca Rubiela Riversalcedo C. de c. 40.315.906 Guamal (Meta), Luis Armando Rey C. de C. 79.209.291 de Soacha (Cundinamarca), Víctor Manuel Medina Caro C. de C. Nro. 470.182 de Acacías (Meta),Pedro Pablo Baracaldo C. de C. Nro. 17.353.677 de San Martín (Meta), Pablo Emilio Urrego Villalobos C. de C. Nro. 17.416.149 de Acacías (Meta), Martha Lucía Cárdenas Riocampo C. de C. Nro. 28.741.902 de Fresno (Tolima), María Ruth Toledo Parrado C. de C. Nro. 21.178.889 de Acacías (Meta), Rafael Antonio Pulido Sacipa C. de C. Nro. 17.446.158 de Guamal (Meta), Helman Gilberto Léon Martínez C. de C. Nro. 17.414.720 de Acacías (Meta), Alvaro Hernando Aguilera Aguilera C. de C. Nro. 5.710.250 de Puente Nacional, Julio Enrique Galvis Zambrano C. de C. Nro. 17.145.097 de Bogotá, Julia Helena Barbosa de Cárdenas C. de C. Nro. 28.365.799 (sin más datos, no sabe firmar), Hilba Bertha Saenz de Sascica Nro. 21.230.319 (sin más datos, no sabe firmar), María Natividad Nomato Bejarano C. de C. Nro. 35.055.204 (sin más datos), Edelmira Vaca de Garzón C. de C. Nro. 21.171.166 de Acacías (Meta), Jésus María Rey Jímenez C. de C. Nro. 17.307.562 de Villavicencio (Meta), Ricardo Forero Sarmiento C. de C. 17.416.326 de Acacías (Meta), Tobías Borda Soler C. de C. Nro. 17.412.539 de Acacías (Meta), Numa Pumpilio Lobatón Vivas C. de C. Nro. 79.124.109 de Bogotá, Luz Marina Pinilla C. de C. Nro. 21.012.478 de Tocaima, Eva Plata de Rivera C. de C. Nro. 23.775.614 (sin más datos), María Helena Urrego Pérez C. de C. Nro. 21.178.610 de Acacías (Meta), Rosalba Rey Pérez C. de C. Nro. 40.395.723 de Villavicencio (Meta), María Eduviges Gutierrez de Quintín C. de C. Nro. 21.170.974 de Acacías (Meta), Sara Gutiérrez Ortegón C. de C. Nro. 31.021.313 de Castilla La Nueva (Meta), Anatividad Zuleta Alvarez c. de C. Nro. 25.169.421 (sin más datos), María Alis de Yanira Poveda C. de C. Nro. 21.231.754 de Villavicencio (Meta), Humberto Morales López C. de C. 6.667.346 de San Juan de Arama del Meta, Jóse Eugenio Rodríguez Cantor C. de C. Nro. 2.308.714 del Guamo (Tolima), María Eudocia Mesa C. de C. Nro. 21.202.129 de San Martín, Arquimendes Galindo Aponte C. de C. Nro. 4.164.330 de Miraflores (Boyacá), Pedro David Chamorro Triana C. de C. Nro. 13.819.792 Bucaramanga (Santander), Vidal González Cubides C. de C. Nro. 17.347.459 (sin más datos), Oscar Javier Villaba Rugeles C. de C. Nro. 17.446.291 sin más datos, Reyes Belarmino Ramos Peña C. de C. Nro. 470.551 de Acacías (Meta), José Antonio Parrado Salcedo C. de C. Nro. 17.414.035 sin más datos, Omar Herrera Romero C. de C. Nro. 3.234.450 de Utica (C/marca), Luis Enrique Hernández C. de C. Nro. 5.903.407 de Falan (Tolima), Maria Domitila Corredor de Aguilera C. de C. Nro. 21.207.541 de Guamal (Meta), Esnoraldo Pacheco Rincón C. de C. Nro. 17.416.284 de Acacías (Meta), Luz Nelly Saray Ulloa C. de C. Nro. 21.177.777 de Acacías (Meta), Rosa Elena Borda Velasco C. de C. Nro. 23.983.388 de Rondón, Oscar Castillo Caravalí C. de C. Nro. 76.267.825 de Cali (Valle), Ramona Gómez de Bernal C. de C. Nro. 40.420.388  sin más datos, Berenice Ortiz C. de C. Nro. 21.174.273 de Acacías (Meta), Gloria Nelly Alarcón Romero C. de C. Nro. 21.177.425 de Acacías (Meta), Luis Hernando Cortés Beltrán C. de C. Nro. 17.446.297 de Guamal, Manuel Alfonso Feo Chapetón C. de C. Nro., 17.446.108 de Guamal, Adelaida Cubides de Acosta C. de C. Nro. 21.173.538 de Acacías (Meta), Teobilde Duarte Moreno C. de C. Nro. 28.207.167 de Santa Elena, Alvaro Becerra Cardozo C., de C. Nro. 17.416.695 de San Martín, Cesar Eduardo Carrasco Quevedo C. de C. Nro. 17.340.550 de Villavicencio (Meta), María Sofía Rey Pérez C. de C. Nro. 21.178.617 de Acacías (Meta), Vitaliano Pulido Casas C. de C. Nro. 17.411.823 de Acacías (Meta), Efraín González González C. de C. Nro. 17.418.566 de Caloto (Cauca), Jorge Lomilla Abril C. de C. Nro. 86.004.246 de Granada (Meta), James Morales López C. de C. Nro. 86.003.095 de Granada (Meta), Ana Isabel González Rivera C. de C. Nro. 20.483.223 de Choachí (C/marca), Trino Saavedra Sierra C. de C. Nro. 3.283.637 de Guamal, Luz Mary Vergara C. de C. Nro. 40.380.053 de Villavicencio (Meta), Hernán Eugenio Rodríguez Jiménez C. de C. Nro. 19.178.368 de Bogotá, Gustavo Rubio Galindo C. de C. Nro. 17.445.270 de Guamal, Isaías García Aragonés C. de C. Nro. 83.088.228 de Campo Alegre (Huila), Demetrio Bernal Reapira C. de  C. Nro. 7.498.878 de Armenia, María del Carmen Cárdenas Barbosa C. de C. Nro. 21.176.247 de Acacías (Meta), José Antonio Reyes Salazar C. de C. Nro. 5.982.335 de Purificación (Tolima), Egoberto Alvarez Díaz C. de C. Nro. 86.002.843 de Granada (Meta) y Everaldo Enrique Muñoz M. C. de C. 787.340 sin más datos. Tercero.- Enviar copia de esta Sentencia al Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Magistrado. FABIO MORON DIAZ. Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado 1 WIEACKER, Franz. El principio general de la buena fe. Cuadernos de Civitas. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1.986.Página 19. 2 LARENZ, Karl. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Monografías de Civitas. Editorial Cívitas S.A. Madrid. 1.991. Página 91. 3 Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional número 19, marzo 11 de 1.991. Página 3. 4 LARENZ, Karl. Derecho Civil. Tomo I. Madrid. 1.978. Página 59. 5 GONZLEZ PEREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. Monografías de Civitas. Editorial Cívitas S.A. Madrid 1.983. Página 150.

T-470-92 Sentencia No Sentencia No. T-470/92 CONSULTA POPULAR-Ilegalidad/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Vulneración/DERECHO A LA HONRA Todo el proceso de formación y trámite de la consulta popular en cuestión adolece de vicios, por cuanto se omitieron requisitos previstos al efecto por la Ley 42 de l989. Frente al proceso electoral anómalo como el descrito, tanto los votos emitidos para la construcción de obras públicas para la ciudad, como los otros denominados espúreos y que llamaban a la revocatoria del mandato del Alcalde , están afectados de ilegalidad. Un procedimiento torticero de revocatoria de mandato torna a ésta ilegítima y por ello ha de presumirse que se perjudica su buen nombre y honra, los cuales se expusieron a la opinión pública con el señalamiento de que dicho funcionario no merecía continuar en su alta dignidad. Cuestión distinta es el caso de la revocación de mandato propuesta dentro de los cauces jurídicos, atendiéndose el procedimiento que la normatividad tiene establecido para ello. Se estará entonces frente al uso legítimo por el ciudadano de la potestad de prescindir de sus servidores públicos cuando no correspondieran a la confianza brindada a ellos y no satisficieren sus cometidos de proporcionar el bien común a la colectividad. Entonces no se puede afirmar que los derechos al buen nombre y a la honra se comprometan cuando quiera que los ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental constitucional legítimo de participación política acudan al procedimiento de la consulta popular para proponer la revocatoria del mandato del funcionario elegido, porque a su juicio no satisfaga debidamente el encargo público  que se le confió. DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA El derecho de participación política se desdobla en los siguientes: El derecho al sufragio activo, participación directa o indirecta, derecho al sufragio pasivo, derecho al acceso de funciones públicas, derecho de petición. El artículo 40 de la Carta Política consagra el derecho de participación política como derecho fundamental, el cual, según el artículo 85 ib. es también de aplicación inmediata.Cuando el ciudadano en ejercicio de su derecho de participación política, accede a un cargo público de elección popular, se coloca en un plano de responsabilidad frente a la comunidad que con su voto contribuyó a su elección, la cual puede pedirle cuentas de sus actuación como funcionario.  No se trata entonces de que responda por su vida privada, sino por sus actos públicos, es decir, por los que ejecuta en virtud de la investidura que le confirió el pueblo para que atendiera sus intereses generales. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 1707 Tema:        Derechos de   participación                                           política. Demandante: FERNANDO SANDOVAL RODRIGUEZ Alcalde Mayor de Tunja Magistrados: DR.  SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente DR.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN DR. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C. dieciseis (16) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). I.       ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. Con base en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. A.      HECHOS  Y PETICIONES DE LA DEMANDA. Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Juzgado 8o. de Instrucción Criminal de Tunja, en los siguientes hechos: Fernando Sandoval Rodríguez, Alcalde Mayor de Tunja, solicita que se requiera al Registrador Especial  del Estado Civil de Tunja, para que se abstenga de reconocer  eficacia jurídica a unas papeletas que no siendo oficiales y tampoco aprobadas por la Registraduría, fueron utilizadas en la consulta popular del 15 de diciembre de 1991, en las que premeditadamente se incluye sin alternativa alguna para el elector las siguientes preguntas: "NO  a la ejecución de algunas obras por el sistema de valorización" y "SI a la revocatoria del mandato del actual Alcalde Mayor de Tunja". Pide que se ordene  a la Registraduría Especial del Estado Civil, que se abstenga de certificar como oficiales y de dar publicidad por cualquier medio a los votos que en forma espúrea fueron depositados en las urnas, toda vez que ello constituye un claro engaño al electorado de Tunja. Solicita también que se tomen las medidas jurídicas provisionales  para evitar  la violación de los derechos constitucionales fundamentales que le asisten  como ciudadano y como primera autoridad ejecutiva del Municipio de Tunja. Sustenta la acción de la siguientes manera: 1.      El artículo 374 del Decreto Ley 1333 de 1986 prevé que:  "Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley señala, y en los casos que esta determine, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo Distrito Municipal". (Art. 6o. Acto Legislativo No. 1 de 1986). Aduce que para el desarrollo de tal norma, se dictó la Ley 42 de 1989, en cuyo artículo 3o. se establece la iniciativa exclusiva de los concejos municipales para convocar consultas populares y determinar su objeto, el cual, según lo señala el artículo 4o. ibidem, no puede ser distinto a aquellas decisiones para cuya adopción es competente el Concejo Municipal. 2.      Como los concejos municipales no pueden revocar el mandato de los alcaldes popularmente elegidos, es obvio  que esta decisión no puede ser objeto de consulta popular. Esta improcedencia se establece expresamente en el literal  "e" del artículo 5o. de la misma Ley, que enumera como uno de los asuntos "que no podían ser objeto de consulta popular"  la decisión  de nombrar o remover funcionarios. Manifiesta que acordó con el Concejo Municipal de Tunja, mediante proposición legalmente aprobada, la realización de una consulta popular "informal",  en la que se señala como  primera proposición  y con toda precisión:  "Desea  usted la Construcción del Viaducto del Complejo de Servicios Públicos del Sur y el Centro Administrativo del Norte y que su recuperación sea por el sistema de valorización. SI o NO.". El Alcalde Mayor aceptó la consulta, sobre la base de que se cumpliría de buena fe el acuerdo según el cual la consulta implicaba un pronunciamiento comunitario contraído exclusivamente  a la ejecución de algunas obras públicas, sin que en modo alguno se hubiere previsto ni remotamente, la inclusión en el objeto de la consulta, de la llamada revocatoria de su mandato. Tales tarjetas no oficiales se contabilizaron en desarrollo de los escrutinios realizados el 15 de diciembre de 1991 por parte de la Registraduría, que impartió esa orden. Dice que, contrariándose el objeto fijado en la consulta por el Concejo Municipal y desconociéndose la normatividad vigente, se indujo a la ciudadanía, con mecanismos engañosos, a equívocos en torno a la consulta para que desconociéndose el tarjetón oficial acordado por el Concejo y aprobado y sellado por la Registraduría, se depositaran algunas tarjetas particularmente elaboradas por los interesados en distorsionar la consulta.   En dichas tarjetas ilegalmente se procedió a incluir el voto  No a las obras y el SI a lo que llamaron revocatoria  del mandato al actual Alcalde. B.      DERECHOS VULNERADOS. Manifiesta el demandante la violación de los siguientes derechos fundamentales: 1.      Artículo 15 de la C.N. Derecho a la intimidad. Por cuanto sus opositores políticos lo han difamado por los diferentes  medios de comunicación hablados y  escritos, de los órdenes municipal, departamental y nacional, afirmando la supuesta validez de la revocatoria de  su  mandato,  la  imputación   de   hechos  punibles, apropiaciones indebidas de recursos oficiales y  supuestos comportamientos arbitrarios en el ejercicio de su cargo, lo cual ha llevado a que se cree un desconcierto en el seno de su familia, allegados y de la ciudadanía en general, cuestionándose su buen nombre cuando se le hace objeto de viles calumnias y de infamantes injurias. 2.      Artículo 21 de la C.N.  Derecho a la honra. Por cuanto se le lesiona en los más claros valores que como ser humano posee, los cuales son la honradez de su conducta y de su linaje; y ello porque su nombre  es objeto por parte de sus opositores de difamaciones que no sólo lo afectan a él, sino también a otros funcionarios que ocupan altas dignidades en la administración municipal. 3.      Artículo 22 de la C.N.  Derecho a la paz. Por cuanto se afecta su tranquilidad, ya que esa fraudulenta maniobra lo ha sumido en un clima de desasosiego y profunda crisis espiritual. 4.      Artículo 25 de la C.N.  Derecho al trabajo. Porque se buscan mecanismos para removerlo del cargo que deriva su sustento personal y familiar, los cuales comprometen su estabilidad laboral. 5.      Artículo 29 de la C.N.  El derecho al debido proceso. Se quebranta este derecho porque implicando la revocatoria de su mandato una sanción, al dársele efectos jurídicos a los votos ilegales se le condena sin fórmula de juicio.  Y fue así que en el desarrollo del fraudulento procedimiento que él cuestiona no tuvo oportunidad de defender sus ejecutorias públicas. 6.      Artículo 40 de la C.N. Dice que se viola el mandato contenido en esta norma porque  el  numeral  4o.  que se pretende ejercer no está reglamentado; en consecuencia, prevalece el principio general de derecho contenido en la Ley 53 de 1887, el cual, en caso de reforma a la Constitución sólo se entiende  insubsistente la legislación que resulte contraria al nuevo ordenamiento, conservando plena vigencia las normas legales que no lo contradigan. Solicita Fernando Sandoval Rodríguez, que el Registrador Especial del Estado Civil de Tunja se abstenga de reconocer eficacia jurídica a las papeletas no oficiales que fueron utilizadas en la consulta del 15 de diciembre de 1991. C.      ACTUACION PROCESAL. Se aportaron como pruebas los siguientes documentos: Papeleta oficial aprobada por la Registraduría para la consulta de 15 de diciembre de 1991; oficio remisorio del Acta General de Escrutinios suscrito por el Registrador Especial del Estado Civil; Acta de diligencia de escrutinios, oficio dirigido al Registrador Especial del Estado Civil por el Presidente del Concejo Municipal de Tunja por medio del cual le solicita  que se abstenga de contabilizar papeletas distintas al texto oficial aprobado por el H. Concejo Municipal; oficios dirigidos al mismo Registrador suscritos por Luis Miguel Niño Ortega del Movimiento de Participación Ciudadana por los cuales solicita ordenar el escrutinio de la segunda papeleta denominada "no oficial"; tabla contentiva de los resultados  de  la  contabilización  de   "la papeleta no oficial"; proposición aprobada por el Concejo Municipal para convocar la consulta popular; oficios del Registrador al señor Niño Ortega  y al Presidente del Concejo Municipal y papeleta no oficial que se encontró en las urnas y que fue objeto de contabilización. De la misma manera  el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal ordenó la práctica de las siguientes diligencias: 1.      Solicitar al Alcalde Mayor de Tunja que informara todo lo relacionado con la consulta popular efectuada el 15 de diciembre de 1991, si existió Decreto o acto administrativo y cuál fue  su reglamentación. Contestó aquél que el acto administrativo lo fue la proposición del Concejo Municipal aprobado por la mayoría de sus miembros y que a pesar de las advertencias de ilegalidad hechas por la Alcaldía Mayor, el Concejo Municipal procedió a convocar para la consulta el 15 de diciembre de 1991. El Alcalde  envió con antelación a tal solicitud, memorial  al Juzgado  en que expresa que no hubo reglamentación especial de la Alcaldía de Tunja, pues el procedimiento electoral se llevó a cabo teniendo como soporte el acto emanado del Concejo Municipal de Tunja denominado "proposición" y al efecto acompaña copia del texto de ésta. 2.      Oficiar al Presidente del Concejo Municipal de Tunja a efecto de que se sirva informar si se presentó a esa Corporación proyecto de acuerdo o se elevó a acuerdo, si se produjo alguna decisión por parte de todos los miembros del cabildo, de la mayoría o de la mesa directiva con el fin de convocar a la consulta popular efectuada el 15 de diciembre de 1991. El Presidente del Concejo, contestó al juzgado el 24 de diciembre de 1991, y le informó que el Concejo sesionó  en cabildo abierto el 14 de noviembre de 1991 y aprobó mayoritariamente la proposición No. 1 en la que se establecía que se realizaría una consulta popular el 15 del mismo mes y año debiendo asumir  la administración los gastos correspondientes.  También se buscaría la coordinación de la Registraduría Municipal "aceptándole como mayoría la mitad más uno"(sic). Esta proposición fue aprobada  por diez (10) concejales que emitieron voto favorable y consignaron  sus firmas.  En ningún momento se ha discutido y menos aprobado proposición en la que se solicite la revocatoria del mandato del Alcalde. 3.      Oficiar al Registrador Municipal del Estado Civil, con el objeto de que informara quién convocó  la consulta popular, si se elaboraron papeletas oficiales y qué entidad lo hizo, cuál era el contenido de las mismas y qué persona o personas aprobaron el contexto de las mismas. El Registrador, en memorial de fecha 27 de diciembre de 1991 respondió que la consulta popular fue solicitada por intermedio del Concejo, la Alcaldía y el Comité de Participación Ciudadana. El Alcalde y dicho Comité acordaron solicitar al Registrador de Tunja que se timbraran 30.000 tarjetas electorales,  cuyo contenido fue redactado por ellos conforme a la proposición aprobada y aceptada tanto por el Concejo Municipal como por el Comité de Participación Ciudadana y el Alcalde Municipal. E.      FALLO QUE SE REVISA. Proferido por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Tunja (Boyacá) el 27 de diciembre de 1991, en primera instancia. Decidió lo siguiente: 1.  Accedió a la acción  de tutela ejercida por el Alcalde Mayor de Tunja señor Fernando Sandoval Rodríguez y fue así como declaró no válidos preventivamente los votos encontrados en la consulta popular del 15 de diciembre de 1991 que no se ajustaron a los requisitos de la convocatoria, que no fueron elaborados  por la Registraduría Nacional del Estado Civil de dicha ciudad y que carecían del control correspondiente de sellos e impresiones de  dicha entidad. 2.  Ordenó al Registrador del Estado Civil de Tunja abstenerse de reconocer eficacia jurídica a tales votos, de certificar  sobre la cantidad  de los mismos y de dar publicidad por cualquier medio  informativo oficial o particular sobre dicha cantidad. Unicamente puede dar a conocer y dar validez a los resultados  de la votación que legalmente cumplió con los requisitos que en materia electoral  contempla la Constitución Nacional. El Juzgado razonó de la siguiente manera: 1. Entró a decidir preventivamente o como mecanismo transitorio "teniendo en cuenta la inexistencia de un procedimiento señalado y determinado para tramitar y decidir esta clase de peticiones". 2. La petición suscrita por el Alcalde Mayor tiende a proteger y garantizar su estabilidad laboral y su buen nombre como primera autoridad de la ciudad capital del Departamento de Boyacá. 3.      El día 15 de diciembre de 1991 se llevó a cabo en la ciudad de Tunja una consulta popular, convocada según proposición elaborada por concejales del cabildo de la misma ciudad, de un Comité Cívico Popular, aceptada por el señor Alcalde Mayor y con la asesoría y actuación de la Registraduría Especial del Estado Civil de Tunja. 4.      La convocatoria a consulta popular fue propuesta y elaborada en un cabildo abierto por la entidad que tenía a su cargo legalmente decidir sobre su realización o no. 5.      En el Concejo Municipal "según proposición", se determinó cuál era el alcance de la consulta, quién debería asumir los gastos que ocasionara la misma, quién estaría a cargo de su organización y coordinación y se estableció el mecanismo para la decisión de las mayorías de la consulta. 6.      El Registrador de Tunja manifestó que la consulta fue solicitada por el Concejo Municipal, la Alcaldía de la ciudad y el Comité de Participación Ciudadana. 7.      El Registrador fue autorizado para que timbrara 30.000 tarjetas electorales y el contenido de las mismas fue elaborado por las entidades anotadas. Se puede ver entonces que existió un voto oficial timbrado  especialmente  para el acto de la consulta y en él se imprimió el sello de la Registraduría y se le advierte al elector que el hecho de marcar las dos casillas ( Si y No) ocasionaría la nulidad del voto. Contiene igualmente una casilla en la que se debe colocar  el número de la mesa electoral con la firma del jurado correspondiente, "pudiendo el elector decidir si se encuentra o no de acuerdo con la construcción de las obras propuestas". 8.      Consta en el expediente el voto acusado como no legal, sin el sello de la Registraduría, que no podía ser controlado por la misma, porque no contenía las casillas que señalaran la mesa electoral como tampoco la firma del jurado  correspondiente  y  en el cual solamente se le da la posibilidad al elector de decir "no" a la construcción de las obras y "si" a la revocatoria del mandato del actual Alcalde Mayor de Tunja. 9.      Del acervo probatorio se establece que sí existieron votos oficiales elaborados de común acuerdo entre las entidades encargadas de la convocatoria popular y timbrados oficialmente por la Registraduría Municipal, en los cuales se le da al elector la facultad de estar de acuerdo o rechazar los términos materia de la convocatoria; en cambio los votos objeto de la controversia no dan oportunidad al elector de decidir o escoger la opción que más le conviene. II.      COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 No. 9o.  de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", es competente la Corte para conocer en revisión de la acción de tutela incoada por el señor Fernando Sandoval Rodríguez, Alcalde Mayor de Tunja. III.    CONSIDERACIONES. 1.      Ilegalidad de la consulta popular. A.      Alega el demandante que la segunda papeleta  depositada  con  motivo  de  la consulta popular y por la cual se contestaba  afirmativamente a la revocatoria del mandato del Alcalde de Tunja, realizada en dicha ciudad el 15 de diciembre de l991 es ilegal porque no se ajustó a la Ley 42 de l989, en especial a su artículo 4o. de conformidad con el cual la materia sobre que ella versa no puede ser distinta a la que el ordenamiento jurídico atribuye los concejos municipales. Y dentro de las prohibiciones de los temas que se pueden consultar está la de "nombrar o remover funcionarios" ( art. 5o. literal e ibidem). Mas observa esta Sala que todo el proceso de formación y trámite de la consulta popular en cuestión adolece de vicios, por cuanto se omitieron requisitos previstos al efecto por la Ley 42 de l989. Por esta Ley se desarrolla el artículo 6o. del Acto Legislativo No. 1 de l986 sobre consultas populares. Su artículo  1o. define  la  consulta  popular   como   una institución que garantiza la efectiva intervención de la comunidad para que decida directamente sobre asuntos de orden local. El artículo 2o. le concede a todo ciudadano el derecho a expresarse en consultas populares. Según el artículo 3o. corresponde al Concejo Municipal convocar a consultas populares a petición del Alcalde, de la tercera parte como mínimo de los concejales del respectivo municipio, del 5% de ciudadanos del censo electoral del respectivo municipio, de la mitad al menos de las juntas directivas de acción comunal. El objeto de la consulta popular será cualquier decisión que la constitución, la ley, decreto u ordenanza atribuya al respectivo Concejo Municipal, no pudiendo utilizarse ella en relación con varios asuntos, entre otros el nombramiento o remoción de funcionarios ( art.4o.). La solicitud de convocatoria deberá presentarse ante el respectivo  Concejo  Municipal,         la      cual      contendrá con claridad el texto sobre el cual tratará la consulta, motivación acerca de antecedentes, necesidad, conveniencias y posibles beneficios que se obtendrán con la medida sometida a pronunciamiento (art.6o.) El Concejo decidirá sobre la legalidad y procedencia de la consulta propuesta en un lapso de ocho (8) días (art.7o.). Dicha  solicitud será aprobada por la mayoría de los miembros del Concejo ( art. 8o.). El texto de la consulta ha de ser breve y de fácil comprensión para los votantes, de forma tal que puedan responder SI o NO (art. 9o.). El Tribunal Administrativo correspondiente ejercerá el control jurisdiccional sobre el acto administrativo que ordene la convocatoria a consulta popular o la niegue, para lo cual el Concejo enviará el acto al Tribunal al día siguiente de su expedición y si así no lo hiciera él asumirá inmediatamente y de oficio su conocimiento. El Tribunal dentro del término improrrogable de 15 días resolverá sobre la constitucionalidad o legalidad del acto. En caso negativo se archivará el acto revisado (arts. 10o. y 11). El Concejo ordenará tres (3) publicaciones con intervalos no mayores de 15 días del texto de convocatoria en un diario de amplia circulación nacional y la fijación de avisos en lugares públicos (art.12). Revisado favorablemente el acto de convocatoria por el Tribunal Administrativo, se remitirá de inmediato copia de su texto al Registrador Nacional del Estado Civil para que disponga lo relativo a la organización de la consulta popular (art.14). La votación se realizará por medio de papeletas que contendrán impreso el texto de la consulta y la decisión del votante sólo podrá ser SI o NO o en blanco ( art.15). El asunto se considerará aprobado si alcanza una votación afirmativa de la mitad más uno de los votos depositados (art 16o.). Los delegados del Consejo Nacional Electoral declararán oficialmente los resultados de la consulta y dispondrán su divulgación (art.17). Las disposiciones electorales se aplicarán  en cuanto no sean incompatibles con las normas sobre procesos de consulta popular y de las controversias sobre éstos conocerán los tribunales administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda siguiéndose el procedimiento del Capítulo IV del Título XXV del Código Contencioso Administrativo o Decreto 01 de l984 (art. 18). El acto adoptado mediante decisión popular se denominará acuerdo popular (art.20). B.      El mismo actor reconoce que la consulta popular que acordó él con el Concejo Municipal de Tunja era "informal". Si bien un número de 10 ediles aprobaron una proposición sobre su convocatoria para consultar la opinión ciudadana sobre la construcción de un viaducto y un centro administrativo y la Registraduría del Estado Civil prestó apoyo a su realización, se soslayaron  varias exigencias de las antes señaladas de la ley 42 de l989. Nótese como la más protuberante, el haber eximido la consulta del control jurisdiccional del Tribunal Administrativo de Boyacá, cuya intervención al respecto no aparece en el presente proceso. Frente entonces al proceso electoral anómalo como el descrito, tanto los votos emitidos para la construcción de obras públicas para la ciudad, como los otros denominados espúreos y que llamaban a la revocatoria del mandato del Alcalde Mayor de Tunja, están afectados de ilegalidad. 2.      Derechos a la intimidad y a la honra. Invocados por el actor de la acción de tutela como quebrantados  en su caso particular, por las difamaciones de que han sido objeto por sus adversarios políticos, en los distintos medios de comunicación y todo ello a propósito de las papeletas sobre revocatoria de su mandato de Alcalde. Sobre estos derechos ya esta corporación en su Sala 4, ha fijado el alcance de ellos, así: "3. Derecho de la esfera interna de la persona. En el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución se consagra que las autoridades están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias y en los demás derechos y libertades. Como quiera que existen artículos expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la religión y creencias, y a las libertades de la persona humana,  se  creyó  conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares de proteger la esfera interna de las personas1 . El artículo 15 de la Constitución relativo al derecho a la intimidad, contiene una zona de reserva para la propia persona, de la que quedan excluídos los demás, a menos que la persona protegida decida voluntariamente compartir dicho ámbito. Contiene dicho artículo, entre otros, los derechos  a la intimidad personal y  familiar, al  buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada. Todos estos derechos están unidos por su finalidad, cual es la de aislar a la persona de las injerencias de terceros, así como proteger su imagen. El caso a estudio de la Sala de Revisión guarda relación directa con el derecho al buen nombre, entendiendo por ello el derecho a la reputación, o sea el concepto que las demás personas tienen de uno. Ese derecho cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En el caso de la protección de la reputación de las personas naturales, el Constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del derecho al buen nombre en el artículo 21 de la Constitución. Pero el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good Will" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniarimente. Esta ha sido la interpretación que la doctrina constitucional contemporánea le ha dado al término  "buen nombre"  y que fue recogida por el  Tribunal Constitucional Español en Sentencia 137 de 1.985, en el  caso Derivados de Hojalata S.A.2 Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho a la honra, así: "Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección". El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1.976, -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-, estableció en su artículo 17: "1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no originales). Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-,  consagra: "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias  o abusivas en su vida privada, en la  de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no originales). El artículo 93 de la Constitución le confiere a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el orden interno si se ajusta al orden constitucional y le otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, pero en ésta última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para interpretar esto, se debe recurrir a los artículos 46 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al artículo 29 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que ninguna disposición del Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el sentido de excluír o limitar el efecto que consagre la norma más generosa. Con los fundamentos anteriores se concluye que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene una cláusula más amplia titulada "Protección de la Honra y de la Dignidad" y cuyo primer apartado se refiere en forma exclusiva a ese derecho. La Constitución reconoce y garantiza la honra de "todas"  las  personas,  sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad. La ratio juris de la honra es la dignidad humana, la cual es cualidad de la persona, razón y fin de la Constitución de 1.991. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona. Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos3 . Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre "aristocrática", experimenta un proceso  de  generalización,  democratización  o  socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia de todas las personas. El concepto de honra se debe construír desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la  pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata (artículo 85 de la Constitución), por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica".4 3.      Derechos de participación política. Organizado el Estado Colombiano como democrático (art. 2o. C.N.) habrá de asegurar los derechos que preserven la libertad de sus súbditos frente al Estado y a la vez le dará a éstos la posibilidad de intervenir en la formación de la voluntad de aquél.  Pasa entonces el pueblo a participar como titular de la soberanía nacional en la configuración de los poderes del Estado que serán por tanto, emanación del mismo. Se establece una simbiosis entre el miembro de la comunidad y ésta, de tal forma que aquél habrá de intervenir, o mejor "participar" en la toma de decisiones que la afecten, que es como decir que tiene injerencia en el ámbito de sus propios intereses, apetencias y expectativas. Consagra entonces la nueva Constitución una notable mutación de la soberanía ahora en cabeza del pueblo, ya que antes en la Constitución de l986 residió "esencial y exclusivamente en la Nación y de ella emanan los poderes públicos" (art.2 ) y consecuente con esto disponía que "el sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato ni confiere mandato al funcionario electo" (art.179). El derecho de participación política se desdobla en los siguientes: El derecho al sufragio activo, participación directa o indirecta, derecho al sufragio pasivo, derecho al acceso de funciones públicas, derecho de petición. El artículo 40 de la Carta Política consagra el derecho de participación política como derecho fundamental, el cual, según el artículo 85 ib. es también de aplicación inmediata. Dice así: "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.  Para hacer efectivo este derecho puede: 1.        Elegir y ser elegido. 2.        Tomar  parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3.        Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4.        Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen  la Constitución y la ley. 5.        Tener iniciativa en las corporaciones  públicas. 6.        Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. 7.        Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará  esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública". A su vez el Título IV de la Carta denominado "De la participación democrática y de los partidos políticos" previene  en el artículo 103 que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía:  El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la  revocatoria  del mandato, los cuales reglamentará la ley.  Y que el Estado coadyuvará  en la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales.  El artículo 104 da al Presidente de la República la facultad de consultar al pueblo decisiones de importancia nacional, con la firma de todos sus ministros y previo concepto del Senado.  También  los gobernadores y alcaldes podrán efectuar  consultas populares en asuntos de su competencia (art. 105).  Del mismo modo los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos de incumbencia de la respectiva Corporación pública (art. 106). Con arreglo al artículo 107 se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.  El artículo 108 confiere  al  Consejo Nacional Electoral la atribución de reconocer personería jurídica a los partidos o movimientos  políticos cuando se organicen para participar en la vida democrática del país.  Permite el artículo 109 que el Estado financie las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.  Se prohibe a las personas que ejerzan funciones públicas, hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, so pena de ser removidas de su cargo o perder su investidura (art. 110), y se les otorga a los partidos y movimientos políticos el acceso a los medios de comunicación social del Estado (art. 111).  El artículo 112 se refiere  al estatuto de la oposición y al efecto se garantiza a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno el libre ejercicio de la función crítica  frente a éste. El artículo 270 que se halla en el Título X sobre los "órganos de control"  defiere a la ley la organización de las  formas y los sistemas de participación ciudadana que hagan posible la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, que ha de cumplirse en los distintos niveles de la administración pública. 4.      Examen del caso sublite. Los derechos a la intimidad ( buen nombre) y  honra que el demandante estima violados, según la caracterización que de ellos se hizo precedentemente, se mueven dentro de la órbita de relaciones  de autoaislamiento del ser humano que lo hace impermeable a que su vida privada sea interferida en cualquier forma por otros, lo que le permite desenvolver a su gusto su vida privada y familiar y experimentar dentro de su propio yo y el social de sus seres allegados sus propias vivencias y emociones. Mas cuando el ciudadano en ejercicio de su derecho de participación política, accede a un cargo público de elección popular, se coloca en un plano de responsabilidad frente a la comunidad que con su voto contribuyó a su elección, la cual puede pedirle cuentas de sus actuación como funcionario.  No se trata entonces de que responda por su vida privada, sino por sus actos públicos, es decir, por los que ejecuta en virtud de la investidura que le confirió el pueblo para que atendiera sus intereses generales.  Adviértase en este orden de ideas que el artículo 40 al lado de los derechos de elegir y ser elegido,  de los de participación  política, entre otros, incluye  el de revocar el mandato  de los elegidos (numeral 4 ). El artículo 103 contempla entre los  mecanismos  de participación del pueblo en ejercicio de la soberanía el de  revocatoria del mandato .  El artículo 133 dice que los miembros  de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común y que el elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento  de las obligaciones propias de su investidura.  El artículo 259 manda que quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. Pues bien, como antes se explicó, el proceso electoral de la consulta popular realizada el 15 de diciembre de l991 fue ilegal, luego también lo fueron las papeletas depositadas en las urnas y que proponían asertivamente la revocación del mandato del Alcalde Mayor de Tunja; un procedimiento torticero de revocatoria de mandato torna a ésta ilegítima y por ello ha de presumirse que se perjudica su buen nombre y honra, los cuales se expusieron a la opinión pública con el señalamiento de que dicho funcionario no merecía continuar en su alta dignidad. Cuestión distinta es el caso de la revocación de mandato propuesta dentro de los cauces jurídicos, atendiéndose el procedimiento que la normatividad tiene establecido para ello. Se estará entonces frente al uso legítimo por el ciudadano de la potestad de prescindir de sus servidores públicos cuando no correspondieran a la confianza brindada a ellos y no satisficieren sus cometidos de proporcionar el bien común a la colectividad. Entonces no se puede afirmar que los derechos al buen nombre y a la honra se comprometan cuando quiera que los ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental constitucional legítimo de participación política acudan al procedimiento de la consulta popular para proponer la revocatoria del mandato del funcionario elegido, porque a su juicio no satisfaga debidamente el encargo público  que se le confió. Son estas eventualidades de toda democracia, a las cuales se someten quienes apelan al favor de la comunidad para hacerse elegir en cargos frente a los cuales hay que afrontar y evacuar las responsabilidades inherentes a los mismos. La violación entonces de los artículos 15 y 22 de la Carta amerita la confirmación de la sentencia del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Tunja. Y hace innecesaria la consideración de los demás textos constitucionales señalados como infringidos. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A  : Primero:    Confirmar la sentencia del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Tunja, pronunciada el 27 de diciembre de 1991, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:   Comuníquese al Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Tunja, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente envíese copia de este fallo al Presidente del Concejo Municipal de Tunja. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado ponente CIRO ANGARITA BARON           JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                             Magistrado La suscrita Secretaria General de la Corte Constitucional, HACE CONSTAR que el H. Magistrado JAIME SANIN GREIFFENSTEIN no firma la presente sentencia T-470, por encontrarse en uso de permiso debidamente justificado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Gaceta Constitucional número 82. Pág. 13. 2 LOPEZ GUERRA, Luis.ESPIN ,Eduardo. GARCIA MORILLO,Joaquín. PEREZ TREMPS, Pablo. SATUSTREGUI, Miguel. derecho Constitucional. Volumen I. El Ordenamiento Constitucional. Derechos y Dereberes de los Ciudadanos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1.991. Pág. 182. 3 Cfr, Sentencia de Constitucionalidad del 29 de mayo de 1.992. Sala Plena. 4 Sentencia de tutela No. 412 de 17 de junio de 1992. Magistrado Ponente:  Dr. Alejandro Martínez Caballero. Págs. 10 a 15.

T-471-92 Sentencia No Sentencia No. T-471/92 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES/DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION-Pago oportuno/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental.  Y  como alternativa de la lucha de la persona por su subsistencia surge el derecho inviolable e irrenunciable a la seguridad social como la garantía constitucional para que la persona amenazada por alguna enfermedad, accidentada, desprotegida, desempleada o abandonada, tenga acceso a ese derecho y pueda cumplir dentro de los parámetros de la legalidad sus cometidos como ser social. El derecho pensional es una especie dentro de la generalidad del Derecho Fundamental a la seguridad social y por ello goza de las prerrogativas de protección y amparo consagradas en el artículo 86 de la Constitución nacional. DEBIDO PROCESO/PRESUNCION DE INOCENCIA/CARGA DE LA PRUEBA La actitud de la administración viola la institución del debido proceso al imponer una sanción previa al demandante de tutela ya que sin haber terminado el juicio administrativo disciplinario que le sigue al maestro jubilado éste ha sido sancionado a no recibir sus mesadas pensionales. Cuando la lógica jurídica y la concepción que debe imperar en la administración, es la actuación acorde con el ordenamiento y de conformidad con los preceptos y principios generales del derecho, como el de la presunción de inocencia de la cual están precedidas todas las personas.  Es la Caja la obligada a demostrarle al peticionario su calidad de maestro activo, porque este supuesto fáctico es el fundamento para cuestionar su condición de jubilado, como hecho generador de la suspensión de las mesadas pensionales. No hay justificación para que después de casi año y medio de diligencias investigativas no haya un pronunciamiento de fondo sobre el particular.  Estas actuaciones son las que hacen perder la confianza de la administración frente a la sociedad, por la ineficacia y la lentitud de los funcionarios respecto de sus obligaciones institucionales. DERECHO A LA PENSION-Mesadas Pensionales/DERECHO AL TRABAJO-Vulneración El pago de las mesadas pensionales no sólo hace parte del derecho a la Seguridad Social, sino que también tiene relación directa con el derecho  fundamental  al   trabajo. Pero la forma en que se expresa este último artículo, no deja dudas que ha sido violado este mandamiento constitucional por la Caja de Previsión Social del Tolima, al suspenderle el pago de sus mesadas pensionales al petente. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 1449. Tema:        El Derecho a la Seguridad Social                                          como Derecho Fundamental. Actor:        CARLOS ALBERTO ROBAYO ARANGO. Magistrados: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ponente DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN DR. CIRO ANGARITA BARON. Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia proferida el día. I.       ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 y 241 No. 6o. de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte, entra a dictar sentencia de revisión. 1.      Solicitud. Carlos Alberto Robayo Arango, presentó ante el Juzgado Laboral (reparto) de Ibagué una petición para que el juez de conocimiento le de protección real a un derecho. El demandante, en el cuerpo de su escrito de petición, señala los siguientes hechos: Que prestó sus servicios como educador en el Departamento del Tolima desde el año de 1961 hasta el 20 de octubre de 1983, fecha en la cual fue retirado del servicio activo, para gozar de la pensión de jubilación. Desde la fecha del retiro del servicio activo, la Caja de Previsión Social de el Tolima, le venía pagando sus mesadas pensionales, cumplidamente. A  partir  del  mes de marzo de 1991, fue excluido, de la nómina de pensionados, por haber sido nombrado como maestro para el municipio del Líbano (Tolima), según Decreto No. 139 de febrero de 1990, acto administrativo que no le fue comunicado en su oportunidad legal y al presentarse ante el Alcalde de esa ciudad, éste se negó a darle posesión.  En estas condiciones, no le están pagando sus mesadas pensionales, ni tampoco está laborando como profesor activo. Ha estado haciendo todas las gestiones posibles  ante las Directivas de la Caja de Previsión del Tolima, sin que se le haya solucionado el problema.  Pide entonces que se tomen las medidas necesarias para resolverlo. Ha sido excluido el demandante de los servicios médico-asistenciales y odontológicos.  Pide concretamente en su demanda:    "Solicito  muy  comedidamente al despacho que corresponda, intervenga ante la autoridad competente del Dpto. (Caja de Previsión del Tolima) para que sea reintegrado nuevamente a la nómina de pensionados y me sean pagadas las mesadas que me adeudan hasta la fecha". Acompaña al escrito de la demanda, como anexos, los siguientes documentos: Constancia de la Caja de Previsión del Tolima de 25 de noviembre de 1991, en donde expresa que el reclamante Carlos Alberto Robayo Arango, "fue excluido de la nómina de docentes pensionados, por solicitud de la Contraloría según oficio del 11 de julio de 1991, en razón a que no ha acreditado el Decreto de retiro definitivo del servicio activo del Magisterio. (Subrayado fuera del texto). Constancia del Jefe de la Sección de Personal de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima de 8 de abril de 1991, sobre que Robayo Arango, prestó sus servicios al Magisterio Oficial del Tolima, desde marzo 6 de 1961 hasta que por Decreto No. 1434 de octubre 20 de 1983 fue suspendido de conformidad con el oficio No. 306 de octubre 4 de 1983 del Juzgado 1o. Penal del Circuito del Municipio de Líbano. Por Decreto No. 139 de febrero 19 de 1990 fue incorporado a la planta de personal de este último municipio, según kárdex que se lleva en esa oficina. Constancia de 4 de mayo de 1991 del Alcalde del Líbano (Tolima) sobre que Robayo Arango no presta servicios como maestro activo a dicho municipio y que por ello no percibe sueldo alguno "mientras no se le resuelva una situación jurídica pendiente". Constancia de 26 de mayo de 1991 de la Técnica Administrativa del Fondo Educativo Regional  -Fer-  del Tolima (Sección de novedades) acerca de que el actor fue suspendido del cargo de Coordinador de Educación Secundaria por Decreto 1434 de 1983, que desde noviembre de 1983 no ha cobrado sus salarios y que figura en la nómina del Fer. El peticionario de la tutela, no fundamenta su solicitud en ningún artículo de la Constitución Nacional.  Simplemente invoca en forma genérica al Decreto 2591 de 1991 como norma básica para la reclamación de su derecho. 2.      Fallo del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué. La acción de tutela fue recibida el 19 de febrero por la Dirección Seccional  de Administración  Judicial del Distrito del Ibagué y repartida en esa misma fecha al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad. En providencia del 24 de febrero pasado, el despacho judicial resolvió  la tutela, negando la petición de la demanda.  Hace relación al contenido del artículo 86 de la Constitución Nacional y afirma que la figura jurídica de la acción de tutela allí consagrada, va encaminada a proteger en forma inmediata, los derechos fundamentales, constitucionales de toda persona. Que el demandante Carlos Alberto Robayo Arango en su petición aduce única y exclusivamente el reintegro suyo a la nómina de pensionados del Departamento del Tolima, el cual define como un derecho prestacional, susceptible de ser reclamado a través de la vía Contencioso-administrativa; dice además, que de esta situación no se deriva ningún perjuicio irremediable al tenor  de los artículos 2o., 5o., 6o. y 25 del Decreto 2591 de 1991. Por las consideraciones señaladas, el Juzgado Laboral rechaza la acción de tutela por improcedente y el día 25 de febrero pasado, la providencia es notificada al quejoso Carlos Alberto Robayo Arango. El fallo no fue impugnado y así fue remitido para su revisión a la Corte Constitucional. 3.      Pruebas solicitadas por la Corte. En auto de 3 de julio pasado, esta Corte solicita a la Caja de Previsión Social del Tolima, envíe el acto administrativo por el cual se sacó de la nómina de pensionados al peticionante, que explicara los motivos y fundamentos de derechos para haber tomado esta decisión y que hiciera llegar a la Corporación otras pruebas que creyera  interesaba  a los fines del proceso. El día 9 de julio pasado, con oficio No. 617, se recibió la contestación en donde señala que el pago de Carlos Alberto Robayo Arango  "adolecía de fundamento legal en razón a que varios docentes activos aparecían en nómina como  pensionados retirados" que desde el 12 de febrero de 1991 según oficio No. 048, se enteró a la Procuraduría Regional de este hecho y respecto del peticionario de la tutela señala: "Para el caso del señor Carlos Alberto Robayo Arango, se encontraba en situación similar a la de los docentes investigados, motivo por el cual la Contraloría General del Departamento mediante oficio No. 0103 de 1991, ordenó excluir de nómina de retirados al docente citado". Igualmente acompaña un listado del 20 de diciembre de 1990, firmado por el jefe de Sección Administrativa de la Secretaría de Educación de ese Departamento, en donde señala a Robayo Arango como maestro activo, en ejercicio de sus funciones en el Municipio de el Líbano. II.      COMPETENCIA. Teniendo en cuenta el mandamiento contenido en el artículo 86 inciso 2o. y 241 No. 9o. de la Constitución Nacional en concordancia con lo que establece el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, tiene competencia esta Sala de Revisión de la Corte constitucional, para proferir sentencia de revisión sobre el fallo de tutela dictado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué (Tolima). III.    CONSIDERACIONES. La acción de tutela que se revisa, fue instaurada contra una autoridad pública del orden departamental, como lo es la Caja  de  Previsión  Social  del  Departamento  de el Tolima, un instituto descentralizado por servicios del nivel regional. Para adoptar su decisión, la Sala de Revisión estima procedente que se deben estudiar y evaluar los siguientes temas, relacionados con la controversia jurídica planteada: 1.      La Seguridad Social como derecho fundamental. 2.      Determinar el derecho al pago de las mesadas de jubilación. 3.      Establecer si hubo violación del Derecho al pago de las mesadas pensionales. Entra esta Sala de Revisión a desarrollar el cuestionario planteado, de la siguiente manera: 1.      LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. a) Reseña histórica de la Seguridad Social en Colombia. Las ideas que en materia de Seguridad Social han venido predominando en Colombia hasta hace poco, no han sido las más afortunadas, como también es preciso señalarlo no han mejorado satisfactoriamente el problema social de la comunidad.  Esta descompensación en detrimento del  pueblo,  ha  generado  una  serie   de   conflictos   que desafortunadamente fueron haciendo crisis en el ámbito nacional.  Por ello, a no dudarlo, al pueblo colombiano le ha tocado vivir una época de marginamiento de la Seguridad Social. Si no hubiera sido por el sentimiento  de solidaridad humana que lleva impresa toda sociedad, más grave hubiera sido la situación  en esta materia.  El Estado y sus instituciones habían sido tan tímidos en las definiciones sobre la seguridad social que ni siquiera se había dado el paso para considerar este derecho de los asociados como norma constitucional que garantizara su amparo por parte del Estado. El artículo 19 de la anterior Constitución Política expresaba: "La asistencia pública es función social del Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla  de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que debe darla directamente al Estado". Ya a comienzos del siglo pasado, el Libertador Simón Bolivar expresaba:  "El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad Social y mayor suma de estabilidad política".1 Parece contradictorio que en los albores del siglo pasado se hablara de Seguridad Social y que ella no haya tenido sino    hasta   hace   un   año,   en  1991,   fundamento constitucional expreso. Los establecimientos de previsión hasta esa fecha hacían simples enunciados respecto de lo que las personas al mando de esas  entidades, consideraban lo que era la Seguridad Social.  Así lo dejaban traslucir en documentos oficiales: "El criterio fundamental en el propósito de una atención integral al pensionado ha de ser el criterio de justicia y previsión social, que fundamenta a mediano o largo plazo una política de seguridad social para la vejez en Colombia. Se ha de partir de los derechos y riesgos del adulto mayor, aún no reconocidos ni protegidos por la sociedad colombiana. Su actitud tradicional, muy frecuente todavía, de conmiseración con el anciano es inadecuada y nociva y debe, por tanto, descartarse como criterio de atención al pensionado y a la persona de edad avanzada"2 La Seguridad Social Colombiana funcionaba sin planificación. No había programas, no existía coordinación ni entidades que cumplieran esos cometidos en cumplimiento de un deber del Estado, como es la preservación y mantenimiento de su más grande y valioso recurso:  El hombre. Son casuísticas y esporádicas las apreciaciones del Gobierno en la materia y este bajo perfil se encuentra en un documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando expresa: "A la Dirección General de la Seguridad Social corresponde la orientación de la política que en esta materia determina el Gobierno Nacional. dentro del amplio concepto de Seguridad social que va adoptando la sociedad contemporánea. El Estado ha delimitado su tarea al estudio y control de las instituciones que se dedican a esta labor, a la creación de instrumentos operativos, legales y técnicos para buscar la salud ocupacional de la población a la divulgación de las normas y procedimientos que se van adoptando a la capacitación laboral".3 En esta oportunidad se circunscribe la órbita de acción de la Seguridad Social a la clase trabajadora en una abierta contradicción con el significado amplio y general de la Seguridad Social entendida esta como la obligación por parte del Estado para garantizar a todos los habitantes los servicios médicos necesarios, así como asegurarle la subsistencia en caso de pérdida o reducción importante de los medios de vida causados por cualquier motivo o circunstancia. En Colombia los Seguros Sociales están a cargo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales para los servidores particulares, la Caja de Previsión Social para los servidores del Estado, y las Cajas de Previsión Regionales, entes todos ellos que atienden la seguridad social de tales asalariados y particularmente las prestaciones de salud.  Mas ello ha establecido una distinción con el resto de la población necesitada, esto es, los paupérrimos, indigentes o hiposuficientes que deben acudir a los hospitales del Estado en busca de caridad. La razón de tal tratamiento discriminatorio puede hallarse en que los trabajadores como tales perciben un ingreso, con el cual contribuyen  a la financiación mediante cotizaciones periódicas, de los organismos de previsión social que satisfacen las necesidades de seguridad social, lo que no ocurre respeto de las demás personas necesitadas  de tales servicios, que como se dijo, quedan  de la mano de Dios y a la buena voluntad del Estado, que para ello cuenta con un sistema nacional de salud deficiente y además , permanentemente deficitario que no ha sido capaz de mantener su capacidad operativa normal, pues  a menudo se halla enfrentado a parálisis porque los recursos presupuestales a ellos asignados se agotan a mitad de camino.  De ahí también que los esfuerzos del Estado por crear fuentes de trabajo para combatir el desempleo, son a su vez oportunidades para que la persona vinculada a la fuerza laboral como consecuencia de tal política,  se asegure automáticamente los beneficios de la seguridad social. Es a todas luces injusto el trato desigual que se comenta y en que a los asalariados por el hecho de serlo, tienen asegurada sus urgencias  de seguridad social.  Es por ello  también que  el  movimiento actual en el mundo por parte de los Estados es acercar esta institución a toda la comunidad, sin diferenciar entre que se preste o no un servicio  y  teniendo  en  cuenta  por  sobre todo que el hombre como tal y por ser miembro de una comunidad, requiere de la asistencia del Estado, cuando carece de los recursos económicos para por sí  mismo satisfacer las contingencias de salud y demás riesgos sociales que afronta en el decurso de su ser vital.  Obsérvese al respecto que la nueva Constitución estructura un concepto de seguridad social universal, esto es, referido a todos los individuos de nuestro mapa colombiano, sin discriminación por su condición o no de asalariados y ello a su vez es reforzado  al conservar como sistema complementario el de la asistencia social , cuando en el artículo 13 prescribe que:  "El Estado preservará las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados y marginados.  El Estado protegerá esencialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan". b) Conceptos sobre Seguridad Social. En forma general se define a la Seguridad Social así: "La Seguridad Social es un conjunto de medidas tomadas  por la sociedad y en primer lugar por el Estado,  para garantizar   todos  los   cuidados médicos necesarios, así como asegurarles los medios  de  vida  en  caso de pérdida o reducción importante de los medios de existencia, causados por circunstancias no propiamente creadas voluntariamente".4 Esta definición trata de precisar que el concepto de Seguridad Social no sólo interesa a los fines  del Estado entendido éste como la institución organizada para lograr sus objetivos sociales, sino que debe comprometer a la sociedad en general, en la búsqueda de los objetivos de brindarle al hombre la protección contra todos los riesgos de carácter social y contra las distintas cargas familiares. La Organización Internacional del Trabajo O.I.T. expresa sobre la materia: "La Seguridad Social, es un sistema conjunto que comprende una serie de medidas oficiales, cuyo fin es proteger a gran parte de la población contra las consecuencias de los diversos riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia". Desde otro lado se ha definido la Seguridad Social,  desde  el punto de vista de la seguridad participativa como el derecho del hombre a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios para el desarrollo pleno de sus personalidad y para su integración permanente con la comunidad".5 c) Fines de la Seguridad Social. Entendida así la Seguridad Social, se precisan sus fines esenciales desde el punto de vista de la protección al trabajador,  de la siguiente manera: 1.      Salvaguardar la salud del trabajador para conservar su capacidad laboral y a la vez mantenerlo capacitado para que pueda conservar su empleo con los nuevos conocimientos de la ciencia aplicados en la empresa donde labora. 2.      Ayudar al trabajador y a su familia en los insucesos o calamidades tales como accidentes, enfermedades y muerte. 3.      Ayudar al trabajador y a sus familiares en sus estados de invalidez,  vejez y desempleo, así como también en su muerte. De los diferentes conceptos reseñados sobre la seguridad pueden establecerse unos objetivos generales, respecto de la prestación de este servicio por parte del Estado, así: Se busca a través de las instituciones de Seguridad Social, de las entidades públicas y privadas y del ciudadano común, la integración de esfuerzos para encontrar apoyo científico y solidaridad como punto de partida  determinante  para   la  prestación   de   estos servicios, para contribuir a cubrir las contingencias sociales hasta llegar a la promoción del bienestar social. Se pretende mejorar la calificación de los recursos humanos a través de la provisión de empleos en el ámbito profesional y el incremento de los puestos de trabajo. Y por último que la persona como parte integrante de la familia y la sociedad tengan medios adecuados de bienestar social, para que el trabajo se convierta en un medio placentero de desarrollo de su personalidad. d) Postulados de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene hoy unos postulados generalmente aceptados por la comunidad internacional y entre los principales se señalan: Cada  ser humano debe contar con medios suficientes para satisfacer sus necesidades en niveles adecuados con su dignidad. Los bienes materiales, morales y culturales nos pertenecen  a  todos  por igual, que nada se puede lograr sin esfuerzo propio y se considera una acción antisocial, la falta de cumplimiento en los deberes y obligaciones en que se fundamenta el goce de los derechos y garantías. Todos los hombres pueden perfeccionar sus propia capacidad  y  la utilidad de sus labores debe redundar en beneficio de su familia , de su comunidad y de la nación.  Se debe propiciar el ejercicio verdadero de la libertad mediante la lucha sistemática contra la miseria, la ignorancia, la insalubridad, la necesidad, el abandono y el desamparo. Que la prosperidad es individualmente de todos y compartida comúnmente, como único medio de organizar la democracia política y economía y el disfrute de la seguridad social.  Respecto del ingreso nacional debe ser distribuido con equidad según la capacidad de las personas, su responsabilidad individual y social y su aporte al bienestar colectivo. Se tiene la obligación de buscar el ascenso constante de los niveles de vida de los asociados, asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio en la producción con retribución adecuada para sus necesidades individuales y familiares. Constituir un amparo eficaz contra los riesgos previniéndolos en la medida de lo posible y luchar con los mejores recursos contra la enfermedad, la invalidez, el  desempleo y el sub-empleo, proteger la maternidad, la estabilidad familiar, el  curso de la vejez y las necesidades creadas por la muerte. En síntesis, ampliar en la medida en que lo permitan las circunstancias políticas, económicas y jurídicas, el radio de acción de la Seguridad general, alentando los nuevos factores de bienestar que sea dable analizar en un ambiente de paz social en aras de conseguir la prosperidad  de   todos   los   asociados.   Según  estos postulados, la seguridad social tiene un campo de acción amplio y emerge como la protectora del derecho a la vida, tiene relación directa con el salario vital de la clase trabajadora, tiene que ver con la prevención de las enfermedades, es parte activa de los programas de la medicina curativa y rehabilitativa y va más allá de la vida útil de las clases trabajadoras, porque protege a sus familias cuando acontece la muerte del trabajador. El concepto moderno de la Seguridad Social tiene como fundamento no sólo  cubrir el riesgo de las clases trabajadoras activas o en uso de buen retiro.  El perfil de este derecho colectivo es mas amplio porque a través de él, se quiere llegar y es más, se debe llegar a las clases desfavorecidas y marginadas de la población que por esa desafortunada circunstancia, no tienen los medios de acceso a ese deber social del Estado. Así se reconoció desde la década pasada, tal como se desprende de las siguientes previsiones: "La Seguridad Social pertenece, por definición, al sector moderno de la economía, se requiere que este sistema esté al servicio de los más vulnerables.  Es decir, deben existir mecanismos que permitan  que  parte  de  los ingresos de la seguridad  social   vayan  hacia la   comunidad marginada, a través de programas de promoción y desarrollo de la salud.  Si así no se hace, las diferencias entre los distintos grupos de la población aumentarían hasta el punto de crear una brecha entre la vida de unos y de otros que pondría   en   peligro  la  estabilidad  de   las propias instituciones democráticas.  Se requiere la solidaridad de todos para que exista justicia social y tranquilidad política"6 El proceso histórico de socialización que los tiempos modernos le han impuesto al hombre, hacen que ya él no actúe aisladamente.  Es más, las instituciones le han obligado a tomar este derrotero y le ha correspondido a las autoridades públicas, colocar las directrices en este sentido, para que dentro del estado de civilidad y de colaboración que viven los pueblos, conjuguen la responsabilidad y la solidaridad, como condición indispensable para obtener resultados, cuando de integración social se trata. Todas las actividades de la vida nacional, requieren de planificación.  Todas las entidades creadas por el poder público o por iniciativa privada con el fin de atender a los requerimientos de la seguridad social, deben integrar sus acciones con una dirección y planificación afines, con el propósito de conseguir  los objetivos institucionales. La Seguridad Social es parte vital del desarrollo de los recursos  humanos.  Sin ésta no hay bienestar social para la gran masa de la población nacional.  Respecto de este tema es preciso señalar los siguientes criterios: "En nuestro siglo, ya no basta con tratar a todos los  hombres  igualmente  ante la ley.   Ahora se sostiene que el derecho a la vida implica el derecho a la alimentación y al albergue, y en opiniones más  recientes, se incluye el derecho a la asistencia médica cuando sea necesaria.  Así pues todos los derechos y libertades humanas tienen aspectos positivos y allí donde la vida social y económica no los ofrece automáticamente los individuos acuden con mayor insistencia ante su gobierno en demanda de ellos.  Ningún país moderno puede mantener viva la masa de su población en otra forma que no sea mediante la acción pública cívica.  Ningún país del mundo que haya introducido en alguna forma la medicina socializada ha dado marcha atrás jamás.  Ahora hay cerca de treinta países en el mundo que cuentan con amplia  atención médica pública de bajo costo.   El concepto de la responsabilidad de un Gobierno por la salud de su pueblo se inició con conservadores como Bismarck en Alemania y liberales como Lloyd George en Inglaterra, pero ahora existe en todas las ideologías.  Los servicios de salud pública se han convertido en partes importantes de la responsabilidad gubernamental". 7 La seguridad social es una necesidad sentida del hombre.  A medida que él ha evolucionado se ha dado cuenta de sus problemas, en igual forma se ha ideado criterios para ponerle remedio a esos problemas y satisfacer sus necesidades. "Por todas estas circunstancias desde tiempos inmemoriales  el  hombre  ha  ensayado   diversos métodos para librarse del temor de la necesidad y para satisfacer la necesidad vital de recibir asistencia  y protección  durante  su  infancia y vejez, así como cuando está enfermo o desempleado;  lo que lo ha llevado a la creación de sistemas cada vez mas perfectos, capaces de renovar los caducos.  Fue la necesidad de cada momento el primordial acicate para la implantación de los distintos sistemas cuyas soluciones han estado siempre estrechamente ligados a la ideología prevaleciente y a la tendencia social  reinante, lo cual nos da la idea de multiplicidad y variedad hasta llegar al nacimiento de la seguridad social que hoy tipifica la mayoría de los sistemas implantados en distintos países del mundo".8 La Seguridad Social es considerada una conquista de la humanidad, una herramienta idónea para mejorar el sistema de vida de los asociados, que propicia el bienestar de la colectividad con apoyo en los programas que desarrollan los diferentes gobiernos del orbe encaminados a lograr el  pleno  empleo,  la  vigencia  de  métodos científicos preventivos y curativos de las enfermedades que agobian al hombre, que diversifica y promueve la capacitación laboral, que hace partícipe a los trabajadores  de las utilidades de las empresas y en fin que le asignan al hombre y a su familia la subsistencia, la dignidad laboral y una recreación social participativa. Surge el derecho a la Seguridad Social como algo inmanente al hombre y al entorno familiar, como producto de la vivencia armónica que debe existir entre el Estado y la persona, entre el patrono y el trabajador, entre la sociedad y el individuo,  relación  que no es casual sino que se dá por la obligante necesidad de la dependencia interpersonal e institucional que existe en toda sociedad medianamente organizada. e) La Seguridad Social en la Constitución. 1.      El artículo 48 de la Carta Política dice: "La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción  a   los   principios   de   eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. No se podrán destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes de ella". Conviene precisar las connotaciones jurídicas del artículo transcrito.  El Constituyente consagró la Seguridad como un servicio público a cargo del Estado, obligatorio para él, quien tiene el deber de dirigir  las actividades que se realicen para la prestación de este servicio, igualmente coordinará su operatividad, y eficacia y, controlará todo su ejercicio como garantía para que cada ser humano residente en territorio colombiano, tenga todos los medios suficientes a su alcance para satisfacer las mínimas necesidades cuando exija la prestación de este servicio público. A partir de la promulgación de la Constitución, la Seguridad Social no es privilegio de la clase trabajadora o asalariada sino que este derecho es inmanente         de  toda  persona dentro del Estado Colombiano, porque la norma fundamental señala la universalidad respecto de todos los habitantes de la República, estén o no trabajando, concurran a la prestación de este servicio la sociedad y la familia y si así no lo hicieren éstas, son el Estado y sus instituciones quienes deben cumplir con este fin social, como responsable último de todo lo que le puede suceder al hombre de su restricción o progreso social porque las condiciones de vida de los hombres van equiparadas  al grado de desarrollo político, económico y social de los Estados. La Constitución ha prohijado un avance en cuanto a la seguridad social al consagrarla en sentido universal, porque hoy día se entiende que este derecho no emana de la relación laboral o de la dependencia del trabajador sino que es la misma condición humana, las previsiones del riesgo, la conservación de una comunidad sana y productiva, conceptos que la han convertido en un derecho  inalienable de la persona. Así lo entiende el Constituyente cuando expresa que se les garantiza a todos los habitantes la seguridad social como un derecho irrenunciable.  Es irrenunciable porque hace parte de la condición humana, va incorporado a la esencia del hombre como tal porque sólo se predica de la existencia del ser humano y es fundamental para que él pueda desarrollarse dentro del ámbito social. "El hombre por el sólo hecho de su condición, tiene el derecho de seguridad social, concebido como la cobertura integral de sus contingencias y la  garantía  de  los  medios  para el desarrollo pleno de su personalidad y su integración permanente en la comunidad".9 Se entiende  que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental.  Y  como alternativa de la lucha de la persona por su subsistencia surge el derecho inviolable e irrenunciable a la seguridad social como la garantía constitucional para que la persona amenazada por alguna enfermedad, accidentada, desprotegida, desempleada o abandonada, tenga acceso a ese derecho y pueda cumplir dentro de los parámetros de la legalidad sus cometidos como ser social. 2.      El artículo 53 expresa: "El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.  La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al  trabajador  en  caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". 3.      El artículo 44 de la norma constitucional, al señalar los derechos fundamentales de los niños advierte entre ellos el derecho a la Seguridad Social, el derecho  a la vida, a la integridad física, la salud, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Este artículo en lo que respecta  al tema de la Seguridad Social  que  debe  brindársele  al  menor, tiene estrecha relación con el 50 del ordenamiento constitucional cuando el dice: "Todo niño menor de un año que no esté cubierto por ningún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado". Reafirma el constituyente el deber social de proteger  al niño y brindarle amparo, entendido éste tanto desde  el punto de vista de la seguridad social propiamente dicha, como de la asistencia social para los menores de un año que carezcan de aquélla. El artículo 46 de la Constitución Nacional señala: "El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.  el Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia". Si en los artículos citados, es decir, 44 y 50, hace relación la Carta Fundamental al Derecho a la Seguridad Social para los niños, este artículo 46 prescribe la Seguridad Social para los ancianos, éstos y aquéllos por razones históricas conocidas, sometidos al abandono y al olvido, con mayor frecuencia, por parte de las personas que tienen la obligación de brindarles protección. Se establece para otorgarle este derecho a la comunidad de la tercera edad, una solidaridad entre el Estado, la sociedad y la familia pero si estas dos últimas  instituciones fallan, es el Estado quien se obliga a tutelar el derecho de la Seguridad Social a los ancianos, y no de cualquier manera sino que se ha comprometido hasta brindarle un subsidio de alimentación en caso de abandono e indigencia. e)       El Derecho a la Pensión es parte de la Seguridad Social. De los conceptos sobre Seguridad Social, sus finalidades y objetivos, la incidencia que este derecho fundamental constitucional tiene en la vida del hombre, se concluye que su extensión y ámbito de acción son amplios. En el artículo 48 de la Constitución que tiene a la Seguridad Social como un derecho irrenunciable de las personas, aparece también señalado el derecho a la pensión. Luego si el Constituyente trae dentro de la misma norma a la Seguridad Social y al derecho pensional es por lo que ellos hacen parte integrante de un mismo sistema, sistema dentro del cual la seguridad social es el género y la pensión es la especie. Esta norma en su inciso final dice: "La ley definirá los medios para que los recursos destinados a las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante". Se entiende, entonces, que existe una relación estrecha entre la seguridad y las pensiones y estas últimas al ostentar un poder de compra digno, le van a reportar a su titular, beneficios de índole económica y social. El artículo 53 en el cual la Constitución determina los parámetros generales sobre el derecho al trabajo, también relaciona en su inciso tercero, lo relativo a las pensiones de la siguiente manera: "El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales", en el que se consignan como se vé, dos mandamientos: el del pago que debe ser puntual y el reajuste para que las mesadas por concepto de jubilación estén acordes con la evolución económica del momento. Y otra prohibición respecto del sistema pensional la determina el artículo 220, para la fuerza pública, a los cuales no se les puede privar de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos previamente establecidos por la ley. Para concluir ha de afirmarse que el derecho pensional es una especie dentro de la generalidad del Derecho Fundamental a la seguridad social y por ello goza de las prerrogativas de protección y amparo consagradas en el artículo 86 de la Constitución nacional. f) La Seguridad Social en los Convenios y Pactos Internacionales. Por estar consagrados constitucionalmente en el artículo 93, los convenios y pactos internacionales son fuente de interpretación de los derechos humanos.  Respecto del derecho de la seguridad social estos son los tratados que la consagran. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1989, en su artículo 2o. dice: "El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son:  La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión". La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada  y  proclamada  por  la  Asamblea General en su Resolución No. 217A (III) de diciembre 10 de 1948 en su artículo 22 prescribe: "Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante  el esfuerzo  nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los  recursos  de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". En la Convención acerca de la indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T. firmada el 12 de noviembre de 1921 y aprobada por la Ley 129 de 1931. En la Convención sobre el Seguro contra enfermedades de los trabajadores agrícolas. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo del 16 de junio de 1927 aprobada por la Ley 129 de 1931. La Convención sobre igualdad en el tratamiento a los trabajadores extranjeros y nacionales  en materia de reparación por accidente de trabajo. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T., el 10 de junio de 1925 y aprobada por la Ley 129 de 23 de noviembre de 1931. La Convención sobre reparación de enfermedades resultante del trabajo. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T., el 10 de junio de 1925 y aprobada por la Ley 129 de noviembre 23 de 1931. La Convención relativa al seguro contra enfermedades de los trabajadores de la industria, del comercio y de los sirvientes domésticos. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T., del 16 de junio de 1927 y aprobada por la Ley 129 de  23 de noviembre de 1931. La Convención sobre indemnización por falta de empleo a los marinos en caso de naufragio. Suscrita por la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T., en Génova el 9 de julio de 1920 y aprobada por la Ley 129 del 23 de noviembre de 1931. Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Adoptada por la Asamblea General según Resolución 2200A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, convertida en Ley de la República   No. 74 de diciembre 26 de 1968, publicada  en el Diario Oficial No. 32682, señala la seguridad social, en sus artículos 2o. No. 2o., 9o. y 10o. No. 2o.. El Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Adoptado por la Asamblea General según Resolución No. 34180 del 18 de diciembre de 1979 y aprobado por Colombia de conformidad con la Ley 51 de 1981 y cuyos artículos 11 No. 1o. Literal e) y 14 No. 2o. Literal c) versan sobre el tema. La Convención sobre los derechos del niño. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y convertida en la Ley 12 de enero 22 de 1991, señala la seguridad social en sus artículos 18 No. 2o. y 26. Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada  en Ginebra por la Asamblea de las Naciones el 28 de julio de 1951 y aprobada por Colombia de conformidad con la Ley 35 de julio 12 de 1961, señala la seguridad social en su artículo 24. Convenio Internacional sobre discriminación racial. Adoptado por la Asamblea General según Resolución No. 2106A  del 21 de diciembre de 1965,  aprobado por la Ley 22 de 1981 se refiere a la seguridad social en el art. 5o. Literal e), e i). Convención sobre la repatriación de marinos. Adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 24 de junio de 1926, convertida en Ley de la República por la 129 de 1931, trata el tema  en su artículo 4o. Literal c). Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas. Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 5 de junio de 1957 y aprobado por la Ley 31 de 1967, contempla la materia en sus artículos 15-2 literal c) y 19. Convenio No. 29 relativo al trabajo forzoso y obligatorio. Adoptado por la Conferencia General  de la Organización Internacional  del  Trabajo, firmado el día 4 de julio de  1952 hoy Ley 21 de 1967 se refiere al tema en sus artículos 15, y 17 -4o. Convenio de Ginebra IV. Aprobado por la Asamblea de las Naciones del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en el campo de guerra  aprobado por la Ley 5 de 1960, prescribe la seguridad social en sus artículos 40 y 95, y Convención sobre el trabajo de las mujeres antes y después del parto. Aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo el 29 de noviembre de 1919, aprobado por la Ley 129 de noviembre 23 de 1931 señala la seguridad social en el artículo 3o. literal c). 2.      EL DERECHO AL PAGO DE LAS MESADAS DE JUBILACION. Entendida la Seguridad Social en la concepción amplia y genérica que cubre todas las actividades del hombre, se le ha  considerado como se dijo, un mecanismo de defensa  de la humanidad. Es por lo tanto uno de los medios más completos dentro de las sociedades organizadas, para mejorar el sistema de vida de la comunidad, por lo que a través de ella, se genera el bienestar social del hombre en su entorno circundante y familiar. Ahí radica la importancia de los gobiernos por brindar dentro de lo posible, las mejores opciones de Seguridad Social al hombre. Y nuestra Constitución, afortunadamente tiene un ámbito amplio de contenido social, de preceptos de seguridad social, que van a servir en la medida en que contribuyan al bienestar colectivo, a aclimatar la concordia entre los colombianos y para proyectar a nuestra sociedad hacia metas de desarrollo integrales. Acertados son los comentarios que al respecto hace el Señor Presidente de la República sobre el contenido de esta materia en la Constitución: "Por eso la Constitución de l991 es como es.  tan extensa como democrática. Detallada para recoger la diversidad y ofrecer garantías a todos los grupos políticos y sociales. Redactada a muchas manos y estilos porque se hizo en un foro pluralista donde había representantes  de  todos  los  sectores  de la sociedad. Generosa en materia de derechos; amplia participativa y democrática en cuanto a lo político; fuerte y sólida en lo que se refiere a la justicia; sana y responsable en lo económico; revolucionaria en lo social ".10 Se ha expresado que la Seguridad Social significa el logro de los objetivos sociales de la persona como el pleno empleo, la protección contra las consecuencias de los diversos riesgos sociales, protección contra la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de la familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia. Se invoca en la acción de tutela ejercida en el caso sublite, la negativa de la Caja de Previsión Social del Tolima a pagar las mesadas por concepto del beneficio de la jubilación de Carlos Alberto Robayo Arango. Pues bien, el status de pensionado, se adquiere de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, cuando el servidor público cumple los requisitos legales, es decir, edad y tiempo de servicios y excepcionalmente solo el tiempo en alguno de ellos, sin tener en cuenta la edad. A partir del cumplimiento de los requisitos de ley, el servidor público tiene el derecho a percibir sus mesadas pensionales. Pero la ley condiciona la percepción de las mesadas, al retiro del servicio activo para poder cumplir el mandato constitucional del artículo 64 anterior, 128 vigente, según el cual nadie podrá recibir mas de una asignación que provenga del tesoro público. Cierto es entonces, que el pago de la pensión de jubilación a la persona que ha adquirido tal condición, por haber llenado los requisitos de ley, hacen parte de la Seguridad Social de la persona. En el caso de Carlos Alberto Robayo Arango, este adquirió su derecho pensional, mediante la Resolución No. 0560 del 15 de junio de l982, acto administrativo de reconocimiento proferido por la Caja de Previsión Social del Tolima. El acto administrativo tiene su fundamento, según los considerandos  de la Resolución de Reconocimiento, en el artículo 85 de la Ordenanza No.57 de l966 que prescribe que las pensiones de jubilación de los maestros serán decretadas tan pronto como el servidor haya cumplido veinte (20) años de servicios contínuos o discontínuos en el ramo docente oficial. Se le sacó de la nómina de pensionados en marzo de l991, según la entidad previsora, porque se encuentra prestando sus servicios como maestro activo. El Jefe de la Sección Administrativa mediante oficio No. 273 de diciembre 20 de l990 corrobora la calidad de docente activo de esta persona. La Caja de Previsión Social del Tolima ratifica la condición de Maestro activo de Carlos Alberto Robayo Arango en oficio No. 071 del 26 de julio de l991 y lo requiere para que demuestre que no se encuentra actualmente en servicio activo para reintegrarle sus mesadas. Según lo menciona el peticionario en la demanda de tutela, por Decreto 139 de febrero de l990, apareció nombrado como maestro en El Líbano ( Tolima) y afirma que el mismo no le fue comunicado en ningún momento y que no se posesionó  del  cargo,  situación que comprueba con la constancia expedida por el Alcalde de ese Municipio el 4 de mayo de l991 donde expresa que el señor Robayo Arango no es maestro de esa municipalidad y por lo tanto no devenga ninguna clase de sueldos. De la documentación pública atrás referida, lo mismo que de la manifestación del actor en su escrito de tutela, puede deducirse que pudo haber existido un Decreto de nombramiento  de Arango y de ello dan cuenta algunos de los certificados, mas de otro lado, el propio Alcalde del Líbano hace constar que no se posesionó del cargo y que no se desempeña como docente activo. Por otro lado, tanto la Contraloría Departamental como la Procuraduría  Regional   del  Tolima,  adelantan   sendas investigaciones administrativas desde el mes de febrero de l991, con el fin de determinar la responsabilidad de 26  personas  pensionadas  como  maestros  y entre ellas Robayo Arango, que aparecen vinculadas al servicio activo sin que en el expediente se haga mención al rumbo que tomaron las diligencias investigativas del caso. Las investigaciones administrativas que practican la  Procuraduría Regional, y la Contraloría del Tolima desde  el mes de febrero de l991, cuando la Caja de Previsión les puso en conocimiento de estas situaciones no han determinado ningún resultado por lo que no está plenamente precisado que el pensionado Carlos Alberto Robayo Arango se encuentre en servicio activo, con el agravante para la entidad administrativa de que es a ella a quien le corresponde probarle al pensionado que para la fecha se halla en dicho servicio. 3.  HAY VIOLACION DEL DERECHO AL PAGO DE LA PENSION. a)      Suspensión de hecho del derecho a las mesadas pensionales. El artículo 53 de la Constitución Nacional, ampara categóricamente al trabajador en su derecho a recibir oportunamente el pago de sus pensiones, así: "...El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales...". Ordenamiento que ha infringido la Caja de Previsión Social del Departamento del Tolima, al retenerle al peticionario sus mesadas pensionales desde el mes de marzo de l991, por una mera presunción que no ha logrado comprobarle al maestro en uso del buen retiro. Con su proceder, la administración le ha interrumpido hasta el momento presente el derecho al pago de sus mesadas a Carlos Alberto Robayo Arango. b)      Violación del debido proceso. La actitud de la administración viola la institución del debido proceso al imponer una sanción previa al demandante de tutela ya que sin haber terminado el juicio administrativo disciplinario que le sigue al maestro jubilado éste ha sido sancionado a no recibir sus mesadas pensionales. No se ha tenido en cuenta la observancia de la plenitud de las formas propias del juicio, al sancionarse al presunto infractor sin haber decisión al respecto que así lo declare. Es de advertir además, que la Caja de Previsión Social del Tolima, presume aquí la culpabilidad, al contrario de lo que prevé el artículo 29 de la Constitución Nacional cuando expresa en su inciso cuarto: "Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable...", Cuando la lógica jurídica y la concepción que debe imperar en la administración, es la actuación acorde con el ordenamiento y de conformidad con los preceptos y principios generales del derecho, como el de la presunción de inocencia de la cual están precedidas todas las personas. c)       El principio de la buena fe. Se  hace  imperativo  también  señalar  lo normado por el artículo 83 de la Carta cuando advierte que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, precepto que se entiende como una manera de ser de la administración para asegurar la confianza ciudadana en las instituciones y no todo lo contrario, crean el casos y la  animadversión por parte de los asociados ante las entidades públicas, como se presume puede suceder en el presente caso. Si la Caja de Previsión ha señalado que Carlos Alberto Robayo Arango, se desempeña como maestro activo, es a ella a quien le corresponde probar esta situación, de conformidad con la aplicación del principio de legalidad de los actos administrativos que informa todo el derecho público   y   que   presume  que  éstos,  tal como se han expedido, son acordes al ordenamiento jurídico.  Es la Caja entonces la obligada a demostrarle a Robayo Arango su calidad de maestro activo del Tolima, porque este supuesto fáctico es el fundamento para cuestionar su condición de jubilado, como hecho generador de la suspensión de las mesadas pensionales. Por último, la Caja como se ha dicho le sigue una investigación administrativa a Carlos Alberto Robayo Arango para determinar si es viable el pago de las mesadas por concepto de jubilación, diligencias que se vienen practicando desde el mes de febrero de l991 (casi año y medio) sin ningún resultado, hasta la fecha.  Si como consecuencia de ellas apareciere que ha recibido sueldos por haber ejercido o ejercer otro puesto, está la entidad entonces sí en capacidad de suspender el pago de las mesadas, porque no se estaría cumpliendo con el requisito de separación del servicio. La Caja está en la obligación de respetar el orden jurídico  existente  y  con su comportamiento no puede ni debe violar los derechos ciudadanos, derechos que como se vió están amparados en el caso sublite, por normas constitucionales y legales. Este derecho violado a Carlos Alberto Robayo Arango debe ser reparado y reconocido por la Caja de Previsión Social del Tolima, tal como se determinará en la parte resolutiva de esta sentencia. Y del mismo modo se deberán restablecer los servicios médicos, odontológicos, y otros a que tiene derecho como anejos que son a su status de pensionado. Se cuestiona  finalmente por parte de esta Corporación el hecho que después de investigaciones adelantadas sobre esta situación administrativa, las entidades competentes no hayan presentado los resultados esperados.  No hay justificación para que después de casi año y medio de diligencias investigativas no haya un pronunciamiento de fondo sobre el particular.  Estas actuaciones son las que hacen perder la confianza de la administración frente a la sociedad, por la ineficacia y la lentitud de los funcionarios respecto de sus obligaciones institucionales. Ha de revocarse por tanto el fallo del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué y otorgar al actor la tutela impetrada. IV. RECAPITULACIONES DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES. El artículo 86 de la Constitución Nacional trae como presupuesto esencial para que se le pueda invocar la acción de tutela, la violación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales. Entonces lo primero que hay que precisar en tratándose de esta acción, es saber si el derecho amenazado o violado es de los que son esenciales para la existencia de la persona. En este caso se señala la violación al derecho de la seguridad social. En la forma en que está consagrado el derecho a la Seguridad Social se considera un derecho fundamental constitucional dentro de nuestro Estado de Derecho porque hace   parte de la condición del hombre, porque le brinda  protección, confianza y seguridad en sus actividades y porque le ayuda a realizar sus aspiraciones como ser social. En el caso que se revisa, se presentó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué la acción de tutela por parte de Carlos Alberto Robayo Arango, pensionado como Maestro a quien la Caja de Previsión Social del Tolima le suspendió el pago de sus emolumentos correspondientes a su jubilación desde el mes de marzo de l991. Se aduce para tomar tal decisión el hecho de que el peticionante fue reenganchado como Maestro, situación que no ha podido confirmar la Caja como era su obligación, debido a que esa aseveración la ha hecho esa entidad y por lo tanto la carga de la prueba es de su incumbencia, ya que el acto administrativo que le reconoce la pensión de jubilación a Robayo Arango goza de la presunción de legalidad. El  fallo  le fue adverso a él por considerar el juzgador que el demandante tenía otros medios de defensa judiciales a su alcance, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. En concepto de la Sala, el pago de las mesadas pensionales no sólo hace parte del derecho a la Seguridad Social, sino que también tiene relación directa con el derecho  fundamental  al   trabajo, conceptos   que  se desprenden del contenido de los artículos 44, 46, 48, 50 y 53 de la Constitución Nacional. Pero la forma en que se expresa este último artículo, no deja dudas que ha sido violado este mandamiento constitucional por la Caja de Previsión Social del Tolima, al suspenderle el pago de sus mesadas pensionales al petente.  Así se observa cuando en el artículo citado en su inciso tercero el Estado se obliga a garantizar el derecho al pago oportuno de las pensiones, esta entidad hace todo lo contrario de lo que este precepto constitucional, le ordena. No paga las mesadas pertinentes, con fundamento en una presunción. Como se expresó, también hay por parte de la entidad una suspensión de las mesadas pensionales, pues el beneficiario no recibe estos emolumentos, desde el mes de marzo y aún sin terminar la investigación que han prolongado indefinidamente a juicio de la Corte, ya se le ha sancionado. Luego tampoco se ha dado cumplimiento  a lo normado en el artículo 29 de la Constitución, relativo al debido proceso, flagrantemente violado por la Caja, y en igual forma, tampoco se ha observado, el principio general de derecho  que  prescribe  la  inocencia  de  las personas, que también hace parte de la institución jurídica del debido proceso, frente a toda clase de actuaciones. El Título II Capítulo 4 de la Constitución indica la forma de protección y aplicación de los derechos y en el artículo 83 reviste de la presunción de buena fe las actuaciones de las autoridades administrativas, artículo que si se mira en consonancia con el caso estudiado, se percibe una actuación violatoria de este precepto constitucional. Condignadamente  con el restablecimiento de las mesadas pensionales, se le seguirán suministrando al demandante los servicios médicos, odontológicos y cualesquiera otros contemplados para los pensionados de dicha Caja de Previsión Social. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A : Primero: Revocar la Sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué de 24 de febrero de l992, y proceder a tutelar el derecho al pago de las mesadas pensionales y de los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios al peticionante Carlos Alberto Robayo Arango. Segundo:   Ordenar a la Caja de Previsión Social del  Tolima en el término de  cuarenta y ocho (48) horas  a partir de la notificación de esta providencia reintegrar a Carlos Alberto Robayo a la nómina de pensionados de esa entidad, a realizar el pago de las mesadas en cuestión que se le adeudan y seguir pagándolas y suministrarle los servicios médicos, odontológicos y demás que estén consagrados para los empleados pensionados. Tercero: Poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia,  la actuación administrativa de la Caja de Previsión Social , la Contraloría Departamental y la Procuraduría Regional del Tolima, frente al caso de Carlos Alberto Robayo Arango. Cuarto: Comunicar al Juzgado Segundo laboral del Circuito de Ibagué la presente decisión, para que sea notificada a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de l991, con entrega de copia de esta sentencia. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN      CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Discurso pronunciado en El Congreso de Angostura en febrero de 1819. 2 Estudio sobre El Plan Nacional de Atención al Pensionado de I.S.S. Mayo de l984. Pág.48. 3 Memorias del Ministro de Trabajo y Seguridad Social l983-1984. Pág.57. 4 Primer punto de las Recomendaciones de la 26a. Reunión de la Conferecnia Internacional del Trabajo ( Filadelfia) de l944 y del Convenio No.102 de l952. 5 Revista de la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social Madrid l976. Pág.10. 6 Hernando Zuleta Holguín.Intervención como Director General del I.S.S. en el Foro de Salud Siglo XXI. Medellín julio de l984. 7 Deutsch, Karl W. Política y Gobierno. Editorial Fondo de Cultura Económica. Madrid, l976. Págs. 243 y 244. 8 El Derecho de la Seguridad Social y El Seguro Social Colombiano. Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia l975. Pág.5. 9 Declaración del V Congreso Iberoamericano de Seguridad Social de Buenos Aires l972. 10 Apartes del discurso del Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, al clausurar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

T-473-92 Sentencia No Sentencia No. T-473/92 DOCUMENTO PUBLICO/DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS/DERECHO DE PETICION Los funcionarios están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por ley, tales como los concernientes a la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero o cambiario así como a los secretos comerciales e industriales. El acceso no es tampoco permitido cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad. Solo la Carta Fundamental y la ley pueden establecer límites al ejercicio de este derecho que, por supuesto, incluye la consulta de los documentos in-situ y no sólo, como pudiera pensarse, la solicitud de copias de los mismos. El acceso a documentos públicos hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación Los derechos constitucionales fundamentales se determinan no sólo por la mención expresa que de ellos haga la Constitución, sino también por su significación misma para la realización de los principios y valores consagrados en ella y, además, por la conexión que tengan con otros derechos fundamentales expresamente consagrados. Esa conexidad, por supuesto, no debe valorarse en abstracto, sino en cada caso concreto, de acuerdo a las circunstancias particulares del mismo. DERECHO A LA INFORMACION/DERECHO A ACCEDER A LOS DOCUMENTOS PUBLICOS El derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. El artículo 74 de la Constitución Nacional, al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo. El acceso a los documentos públicos no se traduce necesariamente en una petición o en la adquisición de nueva información. Es, pues, independiente tanto de la petición como de la información y, como tal, plenamente autónomo y con universo propio. ACCION DE TUTELA El otro medio de defensa judicial y los otros mecanismos eventualmente aplicables no son, en este caso concreto, más eficaces que la tutela para proteger el derecho fundamental de acceso a los documentos públicos. Derecho que, por lo demás, es tutelable, en la medida en que posee una especificidad y autonomía propias dentro del concepto de los derechos fundamentales y está directamente conectado con el ejercicio de otros derechos tales como el de petición y el de información. El otro mecanismo de defensa judicial para la defensa del derecho fundamental en el caso concreto que se estudia debe ser igual o más eficaz que la acción de tutela para que ésta se rechace por ese motivo. A lo cual debe agregarse que el fallador de instancia no cumple cabalmente su misión cuando sólo se limita a señalar en abstracto un hipotético medio judicial alternativo sin explicar a renglón seguido su eficacia concreta frente a la tutela que se impetra. SALA DE REVISION NUMERO 1 TUTELA NUMERO 1815 PROCEDENCIA: CONSEJO DE ESTADO PETICIONARIO: LUCIANO RIAPIRA ARDILA MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá,D.C. 14 de julio de 1992 La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela T-1815, instaurado por Luciano Riápira Ardila contra el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de -cooperativas (DANCOOP), resuelto en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 10 de abril de 1992. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entrará a dictar sentencia de revisión. A. Hechos 1. El 28 de enero de 1992, el periodista Luciano Riápira Ardila presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca demanda de tutela contra Miguel Adolfo Polo Solano, Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP). En ella, relata que el 23 de mayo de 1991 le solicitó por escrito a dicho funcionario que se sirviera suministrar la información de los contratos públicos adjudicados por él. Hasta la fecha de interponer la demanda de tutela no había recibido respuesta alguna, lo cual, según dice en el escrito, vulnera su derecho fundamental de petición y el derecho de acceder a los documentos públicos consagrado en el Artículo 74 de la Constitución. Obra en el expediente copia de la referida solicitud. 2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó a DANCOOP explicación de las razones por las cuales no habían dado respuesta a la solicitud del peticionario. A folio 10 del expediente, el Secretario General de la entidad afirma que el señor Riápira no dió cumplimiento a los requisitos mínimos esenciales exigidos en el Código Contencioso Administrativo (Art. 5). En particular, nunca explicó el objeto de la petición (pues pidió indistintamente copias o información, que tienen un trámite distinto) y tampoco explicó las razones de la solicitud. Por lo demás, afirma el funcionario de DANCOOP, la entidad, en cumplimiento del art. 21 del C.C.A., permite que los ciudadanos consulten los documentos en horas del despacho "de lo que se deriva que el peticionario está en capacidad de ejercer tal derecho sin mediar autorización alguna" (Fl. 10). B. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de tutela argumentando que: "...El artículo 32 de este Código (Contencioso Administrativo) facultó a los organismos y entidades allí señaladas para reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver. Este es el medio de defensa al cual debió acudir el señor Riápira Ardila cumpliendo las formalidades requeridas. El no ejercerlo, o intentarlo en forma deficiente, como efectivamente ocurrió, no legitima al interesado para intentar la acción de tutela ... " (Cfr. Fl. 14). Agrega el Tribunal que en caso de una nueva negativa de la administración, al ciudadano le queda otro medio de defensa judicial, que es el llamado recurso de insistencia, contemplado en la Ley 57 de 1985. El peticionario impugnó la decisión, argumentando que la Resolución interna de DANCOOP, que reglamenta el derecho de petición ante ella, no puede derogar la norma constitucional que lo consagra y que él si cumplió en su petición todos los requisitos legales. c. La sentencia de segunda instancia El Consejo de Estado, mediante la providencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, confirmó la decisión del Tribunal. Considera que el derecho fundamental de petición no se puede confundir con el derecho de acceder a los documentos públicos, consagrado en el artículo 74, el cual no es fundamental. Por lo tanto, tampoco es tutelable. Agrega, además, que el peticionario tienen otra vía jurídica y procesal para hacer defender su derecho: la consagrada en los artículos 12 y 15 de 1985. Por lo tanto, no procede la tutela. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL En sustento de su decisión, esta Sala estima conveniente hacer previamente algunas consideraciones en torno a temas relevantes aludidos de manera directa o indirecta por los falladores de instancia. A. El acceso a los documentos públicos, un derecho fundamental Los hechos materia de decisión en este caso giran en torno al alcance del artículo 74 de la Constitución Nacional, el cual consagra el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo en los casos que establezca la ley. Por ello es importante analizar, en primer lugar el contenido material del término "documento público" para efectos de aplicar dicha norma. Desde el punto de vista del procedimiento, el documento es básicamente un medio de prueba. El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Pueden ser públicos o privados. El documento público, de acuerdo con la definición del mismo Código, es aquél otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Se denomina INSTRUMENTO PUBLICO cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario; se denomina ESCRITURA PUBLICA cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. El documento privado es, por exclusión, todo el que no reuna los requisitos para ser público. Se concluye entonces que desde y para la perspectiva procesal, el término "documento público" se define de acuerdo a la persona que lo produce (funcionario público), y será público en la medida en que se produzca con las formalidades legales. Tiene, por supuesto, un mayor valor probatorio que el documento privado. Es, por tanto, una perspectiva orgánica: el carácter público del documento lo determina la persona u órgano donde se origina. El ámbito de producción del documento -sujeto productor y calidad del mismo- es lo que define y determina, en últimas, su naturaleza pública. Por su parte, el Derecho Administrativo amplía el contenido del término. Para el Código Contencioso Administrativo, por ejemplo, el derecho de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, hace parte del derecho constitucional de petición. El concepto de documento público se desarrolla, pues, alrededor, ya no de la persona que lo produce (funcionario público) sino de la dependencia que lo posee, produce o controla. En realidad, las normas de derecho administrativo no definen el término "documento público". Se ocupan primordialmente de regular el acceso de los ciudadanos a esos documentos oficiales y, si bien admiten que algunos puedan ser reservados, procura que esta circunstancia sea excepcional. El énfasis es en su utilidad, no en su origen; en el organismo que lo produce o posee en razón a sus funciones o servicios, no en la calidad del funcionario que lo genera. En el marco del derecho administrativo, lo que cuenta no es tanto definir el concepto de documento público, sino regular el acceso de los ciudadanos a él, para garantizar su efectividad. El derecho penal, por su parte, aborda el problema del documento público desde su propia perspectiva eminentemente protectora de intereses jurídicamente tutelados. En efecto, el Código Penal contempla cerca de 10 tipos penales distintos cuyo objeto material es el documento público. Ello revela que es un elemento sujeto a especiales protecciones penales, por cuanto su ilícita manipulación (modificación, supresión, falsificación, etc.) constituye una vulneración al bien jurídicamente tutelado de carácter colectivo que la misma ley denomina FE PUBLICA. Para el legislador penal, los usos ilícitos del documento público vulneran la fe pública de manera más grave que las mismas conductas sobre un documento privado; las circunstancias modales de tipificación y la dosificación de las penas así lo revelan. En realidad, las normas penales no entran a definir el concepto de "documento público" pero la doctrina suele manejar este elemento del tipo penal de la misma manera que se hace en el derecho civil: esto es, como el documento otorgado por funcionario público o con su intervención. De todas maneras, el aporte importante del derecho penal a la delimitación del concepto que nos ocupa, es que determina el interés jurídicamente tutelado que puede llegar a ser vulnerado con las manipulaciones ilícitas que del documento público se hagan: la fe pública. Por último, la Ley 57 de 1985, regula la publicidad de los actos y documentos oficiales, pero no define "documento público". Sin embargo, una interpretación sistemática de la misma ley permite concluir que para ella, documento público es todo documento que repose en las oficinas públicas, entendiendo por éstas las que expresamente están enumeradas en su propio texto. Por supuesto, ella misma contempla algunos casos en los que esos documentos, a pesar de reposar en las oficinas públicas, están sometidos a reserva, condición ésta que nunca podrá existir por más de treinta años. En otras palabras, esta ley define el concepto de acuerdo al lugar donde se encuentre el documento, pues, su ubicación más que su producción o contenido es lo que determina el carácter público del documento. Puesto que en los términos del artículo 74 de la Carta la noción de documento público no se circunscribe, como se ve, al concepto restringido que consagre cualquiera de las ramas del ordenamiento y, de consiguiente, no cuenta tanto el carácter del sujeto o entidad que lo produce o la forma misma de su producción sino el hecho objetivo de que no contenga datos que por expresa disposición de la ley deban ser mantenidos en reserva, la noción cobija, por ejemplo, expedientes, informes, estudios, cuentas, estadísticas, directivas, instrucciones, circulares, notas y respuestas provenientes de entidades públicas acerca de la interpretación del derecho o descripción de procedimientos administrativos, pareceres u opiniones, previsiones y decisiones que revistan forma escrita, registros sonoros o visuales, bancos de datos no personales, etc. A lo anterior, se agrega el acceso a otros documentos cuyo carácter de públicos está determinado por la conducta manifiesta de sus titulares o por la costumbre, sin que sea requisito indispensable la presencia o concernimiento de la administración pública. Siempre, eso sí, que no sea contra la ley o derecho ajeno. Es claro, por tanto, que en la anterior situación bien pueden encontrarse documentos surgidos de relaciones entre particulares cuyos titulares hayan decidido, formalmente o por conducta concluyente, permitir su acceso al público. Asímismo, el derecho de acceso tiene, como todo derecho, algunos límites que de acuerdo con los principios de la Carta del 91 deben inspirarse claramente en una objetiva prevalencia de un verdadero interés general construído en la forma y con los elementos que esta Corte ha tenido ya ocasión de señalar1. En consecuencia, los funcionarios están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por ley, tales como los concernientes a la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero o cambiario así como a los secretos comerciales e industriales. Por razones obvias, el acceso no es tampoco permitido cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Carta vigente, algunas de cuyas implicaciones ha tenido a bien señalar ya esta Corte, específicamente en cuanto concierne al habeas data. Por todo lo anterior, el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos debe, pues, ceñirse a los postulados de la Constitución y la ley tal como lo dispone expresamente el artículo 74. Vale decir: solo la Carta Fundamental y la ley pueden establecer límites al ejercicio de este derecho que, por supuesto, incluye la consulta de los documentos in-situ y no sólo, como pudiera pensarse, la solicitud de copias de los mismos. Es digno de señalar también que el derecho de acceso se garantiza en la medida en que de él se haga un uso responsable y razonable. De consiguiente, sus hondas conexiones tanto con el derecho a la información como con el derecho de petición, exigen que el documento se use respetando fielmente su contenido y el contexto en el cual él se produjo y sin propósito de crear confusión o desorientación. De otra parte, el titular del derecho debe ejercerlo en forma que evite todo abuso en cuanto respecta tanto a su frecuencia como a la cantidad, contenido y forma de los documentos solicitados, de modo que el ejercicio de su facultad sea compatible con las actividades propias de quien está llamado a permitir el acceso al documento o de sus demás conciudadanos. La petición debe ser, desde todo punto de vista, razonable. En las labores preparatorias de la Asamblea Nacional Constituyente se manifestó claramente la idea de que la información pertenece al público pero que no todo lo es técnicamente informable es ética y jurídicamente informable. Se pone así de presente la responsabilidad de los medios en la producción de sus mensajes, en la prevención de la anarquía y en la práctica de la tolerancia. Todo lo cual supone un permanente sentido de responsabilidad y objetividad en la presentación de la información.2 Fue, asimismo claro que los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz y a no ser manipulados por la información.3 En la subcomisión 0403 se propuso la consagración del derecho al libre acceso a los medios de comunicación y la eliminación de los monopolios informativos pero también el respeto al derecho a la intimidad.4 Finalmente, la consulta de las Gacetas Constitucionales revela que los constituyentes abordaron el tema del acceso a los documentos públicos desde la perspectiva del derecho fundamental a la información, lo cual nos lleva a estudiar el vínculo entre ambos derechos y entre éstos y el derecho de petición. Afirma el Consejo de Estado en el fallo que se revisa, que el derecho de petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Nacional. "no debe confundirse con el consagrado en el artículo 74 de la Carta, que define que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley, derecho que no es fundamental" y en consecuencia, no es tutelable. Esta Corte Constitucional ha venido reiterando5 que los derechos constitucionales fundamentales se determinan no sólo por la mención expresa que de ellos haga la Constitución, sino también por su significación misma para la realización de los principios y valores consagrados en ella y, además, por la conexión que tengan con otros derechos fundamentales expresamente consagrados. Tal es el caso, por ejemplo, del medio ambiente y la salubridad frente a la vida. Esa conexidad, por supuesto, no debe valorarse en abstracto, sino en cada caso concreto, de acuerdo a las circunstancias particulares del mismo. En ocasiones, el artículo 74 de la Constitución Nacional puede verse como una modalidad del derecho fundamental de petición. En efecto, el "derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución" (Art. 23 Constitución Nacional) incluye, por su misma naturaleza, el derecho a acceder a los documentos públicos (Artículo 74 Constitución Nacional). Llama ciertamente la atención que el constituyente hubiera separado en dos artículos distintos y bajo títulos diferentes, estas dos normas. La inclusión del artículo 74 parece obedecer al deseo de reconocer en forma expresa expectativas de los diversos profesionales y medios de comunicación que tanto despliegue de poder hicieron en el seno de la Asamblea Constituyente. No obstante, es de señalar que en ausencia del artículo 74, el derecho de acceso a los documentos públicos se entendería implícito necesariamente en el artículo 23, que consagra el derecho fundamental de petición. En efecto, esta Corporación tuvo ya oportunidad de pronunciarse al respecto, manifestando que el acceso a documentos públicos hace parte del núcleo esencial del derecho de petición.6 Como se ve, a menudo, peticiones elevadas ante las autoridades, tienen por objeto obtener, revisar, o acceder a un documento público. En la gran mayoría de las ocasiones, el derecho de petición sólo se puede ejercer mediante el conocimiento de los documentos relacionados con el caso concreto que interesa al particular, o vinculados con asuntos de interés general. Dicho derecho, consagrado también en la Constitución anterior, adquiere una nueva dimensión dentro del marco de la democracia participativa, comoquiera que el ciudadano ya no se limita a ejercer la función de elegir a los representantes de la Nación, sino que puede y debe tomar parte activa en todas las decisiones y actuaciones de los órganos del Estado. Es, por tanto, uno de los mecanismos fundamentales en la construcción de una nueva legitimidad, más participativa, más cercana a las aspiraciones de la persona y de la comunidad en general. Junto con el sufragio, el derecho de petición es la forma más común y útil de lograr la presencia ciudadana en los asuntos del Gobierno del Estado. Por eso es un derecho fundamental y así lo consagra la Constitución, la cual, además, no solo califica su ejercicio como una garantía para la efectividad de otros derechos fundamentales sino que permite que la ley reglamente su ejercicio ante organizaciones privadas. El Código Contencioso Administrativo expresamente consagra el derecho a acceder a los documentos públicos como una forma del derecho de petición: Artículo 17: El derecho de petición de que trata el artículo 45 (hoy 23) de la Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que contempla este capítulo (Subrayas y paréntesis fuera de texto). En otras ocasiones, el acceso a los documentos públicos se vincula con el más genérico concepto del derecho a la información. Ese derecho del hombre a informar y a estar informado, según algunos autores, es una "garantía de ejercicio consciente de sus derechos políticos de participación en la cosa pública"7 El desarrollo profesional, social e incluso vital, en la sociedad del mundo contemporáneo está íntimamente ligado a la disponibilidad de información. A diferencia de épocas anteriores, en las cuales la posesión de tierra y de minerales preciosos era indispensable para le desarrollo y el progreso social, hoy en día buena parte de la actividad económica y del ejercicio del poder se fundan en el recurso inmaterial de la información. En consecuencia, el ejercicio de los derechos humanos, y en especial de los derechos de libertad e igualdad política, tienen como presupuesto indispensable el acceso a la información.8 El derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. De ahí la importancia del artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo. El artículo 74 de la Carta no va dirigido exclusivamente al informador, sino, de manera principal, al que recibe la información. Ahora bien, si es cierto que el derecho a acceder a los documentos públicos consagrado en el artículo 74, puede considerarse en buena medida como una modalidad del derecho fundamental de petición y como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la información y, por lo tanto, comparte con éstos su núcleo axiológico esencial, no lo es menos que tiene también un contenido y alcance particulares que le otorgan especificidad y autonomía dentro del conjunto de los derechos fundamentales. En efecto, es claro que dentro de las facultades del titular de este derecho se encuentra la de hacer una simple consulta de los documentos que no culmine, si así lo estima conveniente, en la formulación de petición alguna. Como también, la consulta de documentos con la específica finalidad no ya de adquirir información adicional sino de aclarar o constatar la eventual ocurrencia de una típica práctica o conducta de desinformación. O, más aún, la simple aclaración de que toda inquietud al respecto carece por completo de fundamento. En estos últimos casos es claro que el acceso a los documentos públicos no se traduce necesariamente en una petición o en la adquisición de nueva información. Es, pues, independiente tanto de la petición como de la información y, como tal, plenamente autónomo y con universo propio. B. El sistema de protección de los derechos fundamentales La columna vertebral de la Constitución de 1991 está formada por los principios, los valores y los derechos constitucionales. Así se desprende del contenido del Preámbulo9 ; de la formulación de su artículo primero10,; de la obligación estatal establecida en su artículo segundo11; del reconocimiento de su artículo quinto12; y, por supuesto, de la extensa carta de derechos, garantías y deberes consagrados en el Título II y en otras normas de la Carta. Todo ese conjunto de aspiraciones, formulaciones, obligaciones a cargo del Estado, reconocimientos, y enumeraciones, relativo a los derechos de las personas, carecerían de sentido si la misma Constitución no hubiera establecido mecanismos para su protección y efectividad. Así lo hizo en el Capítulo 4 del Título II. Esos mecanismos permiten que los derechos dejen de ser formulaciones abstractas, para convertirse en realidades tangibles, cuyo ejercicio está al alcance de todas las personas. Entre esos mecanismos se encuentra: a) La presunción de los postulados de la buena fe en las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas (Art. 83 C.N.) b) La prohibición a las autoridades de exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho o actividad que haya sido reglamentado de manera general (art. 84). c) La aplicación inmediata consagrada para algunos derechos constitucionales que no requieren de desarrollo legal (art. 85). d) La acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares (Art. 86, 87 y 88 C.N.). g) Los demás recursos, acciones y procedimientos que la ley establecerá o tiene ya establecidos, por mandato constitucional, para propugnar por la protección de los derechos individuales. (Art. 89 C.N.). h) La obligación para el Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas (Art. 90 C.N.). i) La fijación de responsabilidad en cabeza del agente que infringe manifiestamente un precepto constitucional, a pesar de la existencia de un mandato superior (Art. 91 C.N.). j) La posibilidad para las personas naturales o jurídicas de solicitar a las autoridades la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas (Art. 92 C.N.). k) La prevalencia, en el orden interno, de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohiben su limitación en los estados de excepción (Art. 93 C.N.). l) La afirmación de que la enunciación de derechos y garantías en la Constitución, no niega otros que no figuran expresamente en ella, pero que son inherentes a la persona humana (C.N.). Todos los anteriores principios, prohibiciones, afirmaciones, consagración de acciones y de obligaciones estatales, criterios de interpretación, etc. conforman, en conjunto, un sistema integrado que permite a las personas y a los ciudadanos actuar frente a las autoridades, o hacer que éstas actúen dentro de ciertos límites, de tal manera que su actividad no vulnere los derechos consagrados en la Carta. C. El acceso a los documentos públicos y la acción de tutela El derecho a acceder a los documentos públicos, que de rango legal (Art. 17 C.C.A.) pasó a nivel constitucional, tiene una reglamentación especial desde la Ley 57 de 1985. En ella se regulan todos los aspectos relativos a la publicación, divulgación y acceso a los documentos oficiales. Es a esa ley, en concordancia con las normas del Código Contencioso Administrativo, a la que debe remitirse la Sala para evaluar si en el caso concreto que la ocupa es o no procedente la tutela. Como ya se ha dicho, el derecho es de rango constitucional y su núcleo esencial se deriva de la Constitución. Sin embargo, es necesario acudir a su desarrollo legal, para dilucidar las modalidades de su ejercicio y la procedencia o no de la tutela. En primer lugar, el Código Contencioso Administrativo, en su artículo quinto establece que las peticiones escritas a las autoridades -incluyendo el acceso a los documentos públicos-, deben contener, por lo menos: "1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de         su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 3. El objeto de la petición 4. Las razones en que se apoya 5. La relación de documentos que se acompañan 6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso" De acuerdo a lo que obra en el expediente, es evidente que el peticionario no cumplió en forma rigurosa con los numerales 3 y 4 subrayados por la Sala, los cuales son razonables y lógicos en el marco de la posibilidad que tiene la ley de reglamentar un derecho fundamental. Sin embargo, la conducta de la entidad pública, a su vez, encaja dentro de lo preceptuado en el artículo 25 de la ley 57 de 1985, que subrogó el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo. En dicho artículo se establece que, si pasados 10 días de la petición de documentos no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. El correspondiente documento, agrega, será entregado dentro de los 3 días inmediatamente siguientes. Así que, en aplicación de este artículo, forzoso es concluír que a pesar de las carencias en la formulación inicial de la petición, el silencio administrativo que operó, hizo nacer el derecho a satisfacer la petición instaurada. El artículo agrega que el funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo, razón por la cual, no siendo de competencia de esta Corporación adoptar decisión al respecto, se hará llegar copia de esta providencia y del expediente al Procurador General de la Nación, para lo de su cargo. De esta manera, el peticionario, en virtud del silencio administrativo positivo, adquirió el derecho de obtener las copias de los documentos que, de manera imperfecta, él mismo solicitó. Como en los tres días siguientes no le fueron entregadas, hay lugar a las sanciones administrativas que la misma ley contempla. Sin embargo, la sanción disciplinaria, no garantiza la satisfacción de los derechos constitucionales infringidos (petición, información y acceso a los documentos). Existen algunos otros medios de defensa que, eventualmente, podrían tener cabida en un caso como el presente. Por ejemplo, la misma ley 57, en su artículo 21, establece un proceso rápido (10 días hábiles) para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se encuentren los documentos decida si se debe o no aceptar la petición. Sin embargo, para que ese recurso de "insistencia" prospere, se requiere que la administración haya expedido una providencia motivada en la que niega la petición. Este no fue el caso de la petición que nos ocupa. Aquí no hubo ni aceptación, ni negación expresa. Hubo silencio. Por ello, este mecanismo, de ordinario más eficaz que la misma tutela, no hubiera procedido en este caso. Otro mecanismo de garantía que debe ser analizado es el de la acción de cumplimiento que consagra el artículo 87 de la Constitución Nacional y que permite a los particulares acudir a cualquier autoridad judicial, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Muy seguramente, en el futuro ésta será la acción procedente en casos como el que ocupa aquí a la Sala. Ahora bien, esta acción aún no está reglamentada por la ley. Esta falta de reglamentación no excusa las autoridades para que dejen de cumplir con el mandato constitucional que establece el derecho. En cambio, si puede ser alegada por parte de los particulares para optar por la acción de tutela.13 III. CONCLUSION De todo lo anterior, se deriva que el otro medio de defensa judicial sugerido por el Consejo de Estado y los otros mecanismos eventualmente aplicables no son, en este caso concreto, más eficaces que la tutela para proteger el derecho fundamental de acceso a los documentos públicos. Derecho que, por lo demás, es tutelable, en la medida en que posee una especificidad y autonomía propias dentro del concepto de los derechos fundamentales y está directamente conectado con el ejercicio de otros derechos tales como el de petición y el de información. Es doctrina ya reiterada de esta Corte Constitucional14, que el otro mecanismo de defensa judicial para la defensa del derecho fundamental en el caso concreto que se estudia debe ser igual o más eficaz que la acción de tutela para que ésta se rechace por ese motivo. A lo cual debe agregarse que el fallador de instancia no cumple cabalmente su misión cuando sólo se limita a señalar en abstracto un hipotético medio judicial alternativo sin explicar a renglón seguido su eficacia concreta frente a la tutela que se impetra. Por todas estas razones, es procedente aquí la acción de tutela y en consecuencia, habrá de concederse. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia de marzo 10 de 1992, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la cual se confirmó la sentencia del 11 de febrero de 1992, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. CONCEDER la tutela interpuesta por Luciano Riápira Ardila contra omisiones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. TERCERO. ORDENAR al Director del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas que expida las copias de los documentos solicitados por el peticionario Luciano Riápira Ardila en el término de 48 horas, contado a partir de la comunicación de esta providencia. CUARTO. En todos aquellos casos similares al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que la Administración haya omitido dar respuesta dentro del término legal establecido para  ello a la persona que solicita el acceso a documentos públicos, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO. ORDENAR que por Secretaría, se envíen copias del presente fallo a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Consejo de Estado y al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Cfr, entre otras, sentencias T-428 2 Cfr. Subcomisión 0403: Libertad de información y medios de comunicación, informe final. En: Presidencia de la República, propuestas de las comisiones preparatorias, Bogotá, Colombia, enero de 1991, pp. 214-216) 3 Cfr. Ibidem p. 218 4 Cfr. Ibidem p. 227, 230, 234 5 Cfr. entre otras, Sentencias T-406 y T-414 6 "La efectividad del derecho a obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición" T-464. Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Cfr. Fernández Areal, Manuel, Introducción al derecho a la información A.T.E., Barcelona 1977, pág. 13. 8 Cfr, Novoa Noreal, Eduardo. Derecho a la vida privda y libertad de información Siglo Veintiuno Editores, México, 1979, pág. 148. 9 "Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz..." 10 "Colombia es un Estado Social de Derecho... fundado en el respeto a la dignidad humana..." 11 "Son fines esenciales del Estado: ...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; ... Las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares..." 12 "...El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona..." 13 Cfr. Art. 41 del D. 2591 de 1991 14 Cfr. entre otras, Sentencias T-03, T-414 y T-457