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| ["El articulo 55, ultimo p谩rrafo , de la ley de Navegaci贸n y Comercio Mar铆timo no vulnera el principio de igualdad y no discriminaci贸n, pues la norma no contempla una autorizaci贸n a los pilotos de puerto para prestar el servicio de lanchaje sin un permiso para ello.", | |
| "Adem谩s, el Comit茅 ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresi贸n el derecho a la vida es inherente a la persona humana no puede entenderse de manera restrictiva y la protecci贸n de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el Comit茅 considera que ser铆a oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrici贸n y las epidemias."], | |
| ["Una persona promovi贸 juicio de amparo indirecto contra el auto por el cual el presidente de la Junta fij贸 fecha lejana para llevar a cabo su reinstalaci贸n, ordenada en el laudo que le fue favorable, pues en su opini贸n, ello constitu铆a una tardanza excesiva de proveer adecuadamente. Por su parte, el Juez Federal neg贸 la suspensi贸n provisional, al considerar que de concederse, los efectos dejar铆an sin materia una eventual sentencia protectora, dado que la restituci贸n que aqu茅l solicita coincidir铆a exactamente, en su caso, con los del fallo protector", | |
| "La alta tasa de desempleo y la falta de seguridad en el empleo son causas que llevan a los trabajadores a buscar empleo en el sector no estructurado de la econom铆a. Los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, tanto legislativas como de otro tipo, para reducir en la mayor medida posible el n煤mero de trabajadores en la econom铆a sumergida, trabajadores que, a resultas de esa situaci贸n, carecen de protecci贸n. Estas medidas obligar谩n a los empleadores a respetar la legislaci贸n laboral y a declarar a sus empleados, permitiendo as铆 a estos 煤ltimos disfrutar de todos los derechos de los trabajadores, en particular los consagrados en los art铆culos 6, 7 y 8 del Pacto. Estas medidas deben reflejar el hecho de que las personas que viven en una econom铆a sumergida lo hacen en su mayor parte debido a la necesidad de sobrevivir, antes que como una opci贸n personal. Adem谩s, el trabajo dom茅stico y agr铆cola debe ser debidamente regulado mediante legislaci贸n nacional, de forma que los trabajadores dom茅sticos y agr铆colas disfruten del mismo nivel de protecci贸n que otros trabajadores."], | |
| ["En un juicio ordinario civil, una persona moral ejerci贸 acci贸n reivindicatoria respecto de una fracci贸n de un bien inmueble que refiere es de su propiedad, mientras que su contraparte aduce que es un bien del dominio p煤blico, al tratarse de un anexo que forma parte de un monumento hist贸rico", | |
| "Sobre ese punto ya se indic贸 que la orientaci贸n sexual y la identidad de g茅nero, as铆 como la expresi贸n de g茅nero son categor铆as protegidas por la Convenci贸n y que, por ello, est谩 proscrita por la Convenci贸n cualquier norma, acto o pr谩ctica discriminatoria basada en la orientaci贸n sexual, identidad de g茅nero o expresi贸n de g茅nero de la persona. De acuerdo con ello, esta Corte se帽al贸 supra que ninguna norma, decisi贸n o pr谩ctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientaci贸n sexual, su identidad de g茅nero y/o su expresi贸n de g茅nero"], | |
| ["Las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones a sus trabajadores adicionales o mayores a los establecidos en la ley, raz贸n por la cual, si bien encuentran respaldo jur铆dico en ella, el fundamento esencial lo constituye el contrato privado, colectivo o ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros. Por ello, en caso de controversia judicial, en t茅rminos del art铆culo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci贸n el 1 de mayo de 2019, corresponde al actor, adem谩s de expresar los hechos en que funde sus peticiones, aportar las pruebas que considere pertinentes para demostrar sus pretensiones. Consecuentemente, por imperativo legal del art铆culo 784 de la aludida legislaci贸n, la circunstancia de que el patr贸n no haya dado contestaci贸n a la demanda y tampoco acuda a la audiencia relativa, en su fase de ofrecimiento y admisi贸n de pruebas, en modo alguno puede concluirse que relev贸 de la obligaci贸n legal y previa que ten铆a el trabajador de demostrar el deber que ten铆a la patronal de pagar las aludidas prestaciones. Considerar lo contrario implicar铆a romper el equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento laboral, ya que la legislaci贸n federal en comento establece consecuencias legales vinculadas estrictamente con las omisiones en que, en su momento procesal, incurri贸 el demandado, en el particular, tener por contestada de manera afirmativa la demanda y la p茅rdida del derecho para ofrecer pruebas.", "Esto es as铆, ya que a trav茅s de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n simplemente se limit贸 a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual hab铆a dejado a la interpretaci贸n judicial analizar, en cada caso, si exist铆a o no una abierta dilaci贸n procesal o paralizaci贸n total del procedimiento, como una excepci贸n a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracci贸n V del art铆culo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparaci贸n, para lo cual estableci贸 un par谩metro m铆nimo objetivo para emprender la acci贸n constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de prove铆dos, laudos o en la realizaci贸n de cualquier otra diligencia. Dicho par谩metro se fij贸 en funci贸n del lapso m谩ximo que preve铆a la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inm贸vil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relaci贸n a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecuci贸n de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos espec铆ficos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualizaci贸n de una dilaci贸n procesal para esa etapa; adem谩s de que la propia Ley de Amparo, trat谩ndose de actos emitidos despu茅s de concluido el juicio, establece reglas espec铆ficas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracci贸n V del art铆culo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cu谩ndo existe o no una abierta dilaci贸n procesal en la etapa de ejecuci贸n de sentencia, como caso de excepci贸n para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deber谩 considerar, adem谩s de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectaci贸n generada por la duraci贸n del procedimiento en la situaci贸n jur铆dica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecuci贸n de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales."], | |
| ["Diversas personas, f铆sicas y morales, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la imposici贸n de un mecanismo de votaci贸n por c茅dula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional local, atribuible a diversas autoridades adscritas al Poder Legislativo de una entidad federativa, al considerarlo violatorio de, entre otros, el derecho a la libertad de expresi贸n, el acceso a la informaci贸n p煤blica y la transparencia parlamentaria.", | |
| "Asimismo, aun cuando la referida calificativa est谩 prevista en el citado art铆culo 316, fracci贸n VI del propio c贸digo, cuyo contenido es reiterado en el precepto impugnado, no existe una recalificaci贸n o doble sanci贸n derivado del mismo juzgamiento, ya que es s贸lo el referido art铆culo 305 el que regula la pena que debe incrementarse por dicha circunstancia, aunado a que esa infracci贸n no se actualiza cuando el legislador establece una penalidad agravada o calificativa diversa a la del tipo b谩sico. En consecuencia, el art铆culo impugnado no es violatorio del principio non bis in idem contenido en el precepto 23 de la Constituci贸n, en relaci贸n con los diversos 8.4 de la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos."] | |
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