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Modificaciones realizadas por la Ley No. 20.253 al Código Procesal Penal

La presente memoria consta de cuatro capítulos, finalizando con una conclusión. El primero de ellos, trata el contexto histórico y los objetivos perseguidos por esta ley, en la cual se analizará su dictación mediante la utilización de los datos empíricos existentes al momento de su dictación, los cuales son entregados por instituciones de seguridad ciudadana del gobierno como de privados. Además se tratará de justificarla desde un enfoque acorde a las políticas y estudios relacionados a la seguridad ciudadana. En el capítulo segundo se analizará especialmente desde un enfoque jurídico las modificaciones realizadas por la ley al Código Procesal Penal, de acuerdo a los principios y normas consagrados por éste, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile. Además, en algunos casos, se analizará utilidad práctica de las modificaciones, enfocadas desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. En el capítulo tercero se estudiará la modificación realizada por esta ley en lo que se refiere a la función de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en lo que respecta a la obligación que se les impone de mantener un banco unificado y actualizado de personas respecto de las cuales existan órdenes de detención pendientes. Se analizará su eficacia respecto a la función del control de la delincuencia, desde un prisma relacionado con las políticas existentes en materia de seguridad ciudadana. En el capítulo cuarto, se estudiará las modificaciones realizadas por la Ley Nº 20.253 a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, realizando un análisis tomando en cuenta el espíritu de la legislación vigente y el de la ley objeto de esta memoria de grado. Es la intención de esta memoria cotejar las modificaciones realizadas con datos empíricos existentes en la actualidad, puesto que sirven como barómetro para medir su utilidad. Ello se justifica dado que la misma ley señala en su mensaje que se tuvo presente una gran cantidad de datos al momento de aprobarse este proyecto de ley, por lo que es necesario tenerlos en consideración para verificar la verdadera utilidad de esta reforma en materia de seguridad ciudadana.
Traspaso de saldo por compensación económica y principales innovaciones en materia previsional introducidas por la ley no. 20.255

Las políticas públicas en materia de pensiones en Chile, desde la dictación del Decreto Ley 3500 de 1980, han contribuido a obtener importantes logros especialmente en materia macroeconómica, reduciendo los pasivos fiscales y desarrollando con especial énfasis el sector financiero. Este sistema está basado en la capitalización individual, en el cual los afiliados poseen una cuenta individual donde depositan sus cotizaciones previsionales, las que se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones de que las administradoras (AFP) realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión. La cuantía de las pensiones dependerá del monto del ahorro, existiendo por lo tanto una relación directa entre el esfuerzo personal y la pensión que se obtenga. Dicho mecanismo se justificó como una solución radical a las crisis generadas por el sistema de reparto, aplicándose durante más de 27 años en Chile y exportándose a más de treinta países principalmente en América latina y en Europa del Este. Debido a la importancia de la Seguridad Social, siempre se ha señalado en esta materia que es conveniente anticipar los problemas antes de esperar que éstos se produzcan. Las medidas públicas que buscan proteger a la sociedad contra las privaciones económicas y sociales derivadas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerteNote1. , etcétera, son fundamentales para lograr el bienestar social, ya que en el caso de existir deficiencias en el sistema, se generarían graves e irremediables consecuencias en detrimento de las personas. A su vez, la Seguridad Social en Chile es un derecho garantizado en el Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política como atributo de la personalidad para todos los individuos. El Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes, al goce de prestaciones básicas uniformes, ya sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Señala además dicho artículo que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias
Enlaces en internet, aspectos de propiedad intelectual

De este modo, las razones por las que hemos elegido este interesante tema, están relacionadas con dos aspectos fundamentales del quehacer jurídico: en primer lugar la realidad dinámica del derecho y de las prácticas sociales en general, lo que ha llevado a que Internet se convierta en una de las mayores plataformas de operaciones comerciales, en la que la interacción entre los distintos agentes ha dado lugar a situaciones de colisión de derechos que, en la mayoría de los casos, pueden ser ocasionados por usuarios que ignoran la calidad de hecho ilícito de sus acciones. Por otro lado, buscamos con esta investigación, dar a conocer las nuevas figuras legales a que ha dado lugar el uso de Internet y el debate que ellas han generado en las legislaciones a lo largo del mundo; situación de la cual nuestro país, sin perjuicio de su incipiente desarrollo en estas materias, no se ha mantenido al margen. Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, las causas y fundamentos que han dado lugar a este trabajo, nos hemos propuesto realizar primeramente un análisis exhaustivo respecto al “estado del arte” en materia de enlaces, motores de búsqueda y los aspectos jurídicos que derivan de estos escenarios. En este sentido, hemos puesto especial énfasis en el análisis de la realidad legislativa y jurisprudencial americana y europea, sin dejar de lado la revisión de la situación nacional. A partir de esta constatación inicial, nuestro objetivo ha sido identificar las principales áreas en que la práctica del linking ha suscitado mayor interés desde el punto de vista del derecho. El presente trabajo se relaciona directamente con los aspectos de propiedad intelectual que derivan del uso de los enlaces, y en este sentido lo central de nuestro análisis atiende dichos aspectos, sin perjuicio de lo cual, en diversos puntos, como por ejemplo al analizar el derecho de los motores de búsqueda, hemos abordado distintos ámbitos del derecho relacionados a estas prácticas.
Limitaciones teóricas y prácticas del procedimiento de tutela de derechos fundamentales de trabajadores contemplado en la ley 20.087

El presente estudio pretende hacer un análisis crítico al procedimiento de tutela de Derechos Fundamentales, incorporado por la ley 20.087, modificado por la ley 20.260, el cual se enmarca dentro de la reforma al sistema de procedimiento laboral que ha vivido nuestro país. El análisis que se propone es teórico y práctico puesto que indaga en ciertas limitaciones observadas partiendo desde el proyecto de ley de reforma laboral hasta la aprobación del texto definitivo de la misma, por otra parte se analizará su restrictividad en comparación a la experiencia española, la cual resulta ser bastante más protectora de derechos que la nuestra. Finalmente se hará un análisis de la incipiente jurisprudencia existente en la materia de vulneración de derechos fundamentales, observando a través de un riguroso método, cómo han funcionado los tribunales en la práctica y cuales son las limitantes tanto de la judicatura como de las partes al momento de entablar una acción de esa naturaleza.
El seguro de cesantía en Chile y la reforma al sistema introducida por la ley 20.328

Una de las modificaciones más importantes que se ha introducido al sistema de la seguridad social en Chile en la última década fue la realizada a través de la ley 19.728, de mayo de 2001, que introdujo en nuestro medio el denominado “Seguro de Cesantía” (o “Seguro de Desempleo”), el cual importa una institución cuyo objetivo principal es proteger las condiciones de vida del trabajador y su familia frente a la eventualidad de la pérdida del empleo, así como facilitar las condiciones para que éste pueda encontrar una nueva ocupación acorde a sus habilidades y destrezas. Aún cuando en término generales, este sistema de seguro había sido objeto de una evaluación positiva, ya que hasta el año 2008 más de 5 millones de trabajadores se habían incorporado al sistema, y se habían otorgado beneficios a cerca de 3 millones de personas, luego de 6 años de funcionamiento se estimó necesario realizar algunas modificaciones al sistema original, a fin de perfeccionarlo; cuestión en la que estuvieron de acuerdo no sólo el mundo político, sino también el sindical y el empresarial. Dado esto, es que en agosto de 2008 se envió al Parlamento un proyecto que tenía por objeto modificar el sistema de seguro de cesantía consagrado en la ley 19.728, que entre otros objetivos, buscaba ampliar su cobertura y el acceso a sus beneficios, aumentar el monto de las prestaciones, así como incorporar mecanismos que permitieran una protección más adecuada e integral al trabajador desempleado. Dado el consenso suscitado por las modificaciones que se esperaba realizar a la ley sobre seguro de cesantía, el proyecto tuvo un pasó muy rápido por el Parlamento, transformándose en enero de 2009 en ley de la República bajo el número 20.328, entrando en plena vigencia el 1º de mayo de 2009. A continuación, expondremos los principales defectos que se detectaron en el antiguo régimen, así como la forma en que estos trataron de ser subsanados por parte del legislador. En particular, nos detendremos en aquellos ámbitos en los cuales la ley 20.328 introdujo novedades respecto del sistema imperante hasta mayo de este año.
Análisis crítico de la reforma previsonal

¿Por qué hacer una reforma al sistema previsional? El sistema de pensiones creado por el D.L. 3.500 del año 1980, no ha experimentado cambios legales en su sustancia desde que se implementó. Es decir, el sistema contributivo de capitalización individual para la vejez no ha sido alterado. En general, existen distintas opiniones sobre la legitimidad y la eficacia del sistema, sobre el aporte que éste ha realizado al país y sobre la eficacia de éste al momento de su aplicación. Hay quienes señalan que por su origen político, creado, discutido y promulgado en el período del gobierno militar, significa que éste adolece de falta de legitimidad y que, por tanto, tiene un carácter autoritario que por sí mismo amerita una reforma sustancial. Hay otros, en cambio, que señalan que el sistema ha traído grandes beneficios para los cotizantes y para el país en general. Señalan que el sistema funciona de acuerdo a lo previsible, los trabajadores dependientes cotizan con regularidad, las administradoras de fondos de pensiones cumplen con sus obligaciones legales y los afiliados tienen propiedad sobre sus fondos para la vejez, los que son administrados con seguridad. De paso, señalan que el sistema también ha tenido efectos positivos en el sistema financiero y en el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales del país, los que redunda en un beneficio económico para todo el país. Sin embargo, a pesar de las distintas visiones, existe unanimidad respecto a la necesidad de introducir cambios al sistema previsional chileno, para así adecuarlo a los nuevos requerimientos a que es sometido en la actualidad y a los que será sometido en el futuro.
Análisis crítico de la eficacia de los multifondos y el funcionamiento del pilar solidario, introducido por la ley 20.255

En estos últimos 30 años, Chile ha vivido una profunda reestructuración en el ámbito previsional, y desde un tiempo atrás los cambios han tenido un marcado perfil social. Pues en el año 2008 comenzó a regir la ley 20.255 que fijó un sistema de pensiones solidarias. Esta reforma buscó llegar a los sectores no considerados por el sistema de capitalización individual introducido por el D.L. 3500 de 1980 y cuya última gran modificación fue en 2002, cuando se incorporaron los Multifondos. Ambas reformas tuvieron como objetivo dar pensiones dignas a aquellos chilenos que ya están o van estar fuera del mercado laboral, siendo la ley 20.255 de 2008 un complemento al sistema ya existente y una carga para el Estado, y los Multifondos introducidos en 2002, un perfeccionamiento al sistema previsional imperante desde 1980 en nuestro país. Si bien estas reformas buscan mejorar la previsión en Chile, estas también dejan cuestionamientos sobre su eficacia y funcionamiento a futuro, al ver la dependencia tanto del D.L. 3.500, como de la ley 20.255 de sus variables económicas que a continuación expondremos.
Control de constitucionalidad en los actos del estado gobierno y del estado administración durante el trámite de toma de razón : extensión de dicha potestad

El Estado de Derecho, concepto permanentemente advocado por iuspublicistas y estudiosos del derecho en general, lo podemos aproximar como la existencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales que, trazado en la Constitución, se desarrolla normativamente y es vivenciado en la práctica con la finalidad de hacer respetar y promover en la mayor medida posible, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Este Estado de Derecho es actualmente concebido también como un instrumento configurador de uno de los fines mas elevados del sistema y ethos social; el bien común. La doctrina concuerda en el requerimiento de un ordenamiento jurídico que rija la vida en sociedad dentro de todo sistema de poder, y cuyas normas se apliquen en forma objetiva e impersonal a gobernantes y gobernados. Además, resulta imprescindible que las funciones del poder se distribuyan entre órganos separados, y que cada autoridad actúe dentro de las competencias que la constitución y la ley les atribuyan. Se agrega a ello, que la interpretación de las normas jurídicas debe ser de aproximación objetiva, esto es, con desatención de criterios ideológicos, y preferentemente razonada por tribunales independientes en base a una separación real y no meramente teórica respecto de otras potestades. Por último, uno de los más importantes factores relativos a este orden ideal, consiste en realizar la seguridad jurídica en el entendido de que el obrar de las autoridades sea calculable en sus efectos para todo ciudadano y en consecuencia aquellas sean responsabilizadas por sus actos, toda vez de ejercer sus atribuciones lo hagan conforme al marco jurídico que las rige. Ahora, para la concreción de dicho ideal resulta imprescindible la existencia de un control jurídico efectivo encomendado a órganos independientes de las actuaciones, por ejemplo, de la Administración Pública; a fin de precaver que su interferencia en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo ocurra en aquellos casos excepcionales previstos por la norma jurídica en general.
Cultura jurídica indiana en un jurista peruano del siglo XIX : Francisco de Paula González Vigil : (1792-1875)

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la vida y cultura jurídica del jurista peruano Francisco de Paula González Vigil, investigando para lo segundo las fuentes utilizadas en su obra Defensa de la Autoridad de los Gobiernos y de los Obispos frente a las pretensiones de la Curia Romana. Además, se analiza la relación existente entre el Estado y la Iglesia en el Perú luego de su independencia Para el fin comentado se ha dividido la investigación en tres capítulos: El primero de ellos consiste en una aproximación biográfica de Francisco de Paula González Vigil, en el cual se hace referencia a su origen, a sus inicios como sacerdote católico y a su giro radical hacia el liberalismo en las postrimerías de la Independencia del Perú y las consecuencias que ello le provocó, finalizando con un relato de su sepelio, que adquiere relevancia por las circunstancias particulares en que éste se realizó. El capítulo segundo tiene por finalidad explicar la relación existente entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano una vez lograda la Independencia del Perú, desde la óptica de Francisco de Paula González Vigil, donde se observa que la gran lucha librada por este insigne radical no fue contra la Iglesia Católica en sí, sino en contra de sus ansias de dominar todas las esferas de la vida del ciudadano peruano, incluso aquellas cuya regulación era competencia del Estado laico, amenazando así la autonomía tanto del Estado como de la Sociedad Civil, lo que conducía a la sociedad peruana al verdadero enemigo de Francisco de Paula González Vigil: la intolerancia en general, y la intolerancia religiosa en particular. Finalmente, el tercer capítulo trata del análisis de las fuentes usadas por Vigil para desarrollar la obra ya mencionada, identificando a sus autores y pensamiento de éstos con relación a los temas que nuestro autor comenta. Dicho análisis muestra la gran erudición jurídico-canónica de que gozaba Francisco de Paula, siendo escaso el aporte de autores contemporáneos, como asimismo su pensamiento crítico respecto de la doctrina esgrimida por la Curia Romana y sus partidarios.
El trabajador creativo, la innovación y la competencia

El tema que se presenta al lector, es altamente complejo, puesto que tiene una multiplicidad de enfoques jurídicos desde donde se puede observar y analizar la creación intelectual en la empresa en relación al trabajador. Partiendo desde una visión general dada por la Constitución, en relación a principios tales como: la libertad de empresa, trabajo, el derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales, y donde existen una serie de principios a conjugar, asimismo regulaciones especiales en derecho de propiedad industrial, en la competencia desleal, la libre competencia y en el legislación laboral, tanto del área privada y pública en la regulación de la creación intelectual en la empresa. Es difícil hacer un análisis que conjugue las diversas fuentes y áreas del derecho, por la existencia de cierta dispersión normativa, por lo que se presta para confusiones interpretativas y contractuales laborales.
La prenda sin desplazamiento de la ley no. 20.190

En el presente trabajo se analiza la prenda sin desplazamiento creada por la Ley N° 20.190, comparándola con las diversas prendas existentes en nuestra legislación, en especial, con la prenda que regula la ley 18.112. Se describe y analiza las obligaciones que la nuevas prenda cauciona, la extensión de la garantía y el sistema registral electrónico creado por esta nueva garantía
Acoso sexual en Chile: sobre la necesidad de legislar en materia penal

El presente trabajo tiene por objeto abordar el fenómeno denominado “acoso sexual”, el cual, no obstante su reciente aparición en el ámbito legislativo de nuestro país, y ello en lo concerniente a las relaciones laborales, revela de manera evidente no su incipiente aparición, sino más bien, la ausencia del análisis jurídico penal en torno a dicho fenómeno y, por ende, su necesaria discusión. Asimismo, no obstante los esfuerzos legislativos desplegados en nuestra nación, se constata que fenómenos como el “acoso sexual” no pueden ser tratados desde una sola perspectiva del saber y del quehacer, siendo necesario utilizar la multiplicidad de disciplinas existentes, de manera tal, que el esfuerzo mancomunado de los partícipes de la sociedad toda -y por supuesto de los actores insertos en la actividad jurídica-, unido al propósito claro de superar sus propias debilidades y aprender de sus propios errores, permita que el diario vivir de las futuras generaciones se despliegue sobre la base de una mejor calidad de vida, respetuosa de las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres, y de esta manera, lograr al final del camino, la apertura de espacios de encuentro entre seres humanos que, en igualdad de condiciones y bajo los principios democráticos que rigen a la Nación, desarrollen de manera plena, espiritual y materialmente, todas las potencialidades ínsitas en su humanidad, libre y responsablemente, dejando de lado toda discriminación negativa, que obstaculice el propósito de un pueblo que se acerca a su Bicentenario en Democracia y Dignidad.
Regulación y discrecionalidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental: el procedimiento administrativo como garantía procedimental

Desde su plena entrada en vigencia en el año 1997Note2. , el SEIA se ha constituido en un pilar fundamental del orden público ambiental chileno existiendo, hasta el mes de julio de 2009, más de 14.300 proyectos evaluados por un valor aproximado de 185.000 millones de dólares americanosNote3. . Más allá de su propio ámbito regulativo la implementación de la LBGMA ha constituido un campo de experimentación de muchas instituciones hoy, ampliamente difundidas en el derecho administrativo nacional. Es el caso, por ejemplo, de la participación ciudadana así como del establecimiento de la institución del silencio positivo administrativo. Paralelamente a su impulso renovador, el derecho ambiental ha debido enfrentar y asumir no pocos riesgos. En especial, ha debido aceptarse que el ejercicio de un importante número de actividades quede sujeto al otorgamiento previo de una autorización administrativa en un área normativa donde por su inmadurez, existen todavía importantes vacíos conceptualesNote4. . De esta manera, incluso definiciones esenciales como “medio ambiente” y “contaminación” están lejos de suscitar acuerdos en la jurisprudencia o doctrina e incluso en la propia legislación
El contrato de trabajadores de artes y espectáculos: sus alcances y aplicación práctica

En la actualidad en nuestro país nos encontramos frente a una situación de desregulación de diversas actividades laborales, las cuales no son amparadas por las normas del Derecho del Trabajo escondiendo la relación existente entre el trabajador y el empleador en la modalidad de una relación contractual meramente civil, es decir, bajo el tipo del contrato de arrendamiento de servicios. Situación la cual tiene su máxima expresión en el llamado contrato de honorarios. Esta situación ha provocado precariedad en diversas esferas laborales, ya que al trabajador no se les aplica a su situación contractual las normas del Código del Trabajo, no recibiendo consigo la protección y el amparo que tiene este cuerpo normativo, lo que ha traído consigo inestabilidad laboral, ausencia de un sistema de previsión, vulneración a diversos derechos de organización, etc. Bajo este marco, es que han aparecido en el país diversas iniciativas por parte de los últimos gobiernos con el fin de regular ciertas relaciones laborales que por sus características particulares deben reglamentarse de manera especial. Dentro de este espacio se enmarca la ley 19.889 que vino a regular el contrato de trabajadores de artes y espectáculos, agregando un párrafo especial en el Código del Trabajo para tratar la materia. El 24 de septiembre de 2003 se publica en el diario oficial esta ley lo que viene a solucionar un vacío legal existente desde el año 1980, fecha en la cual se deroga por parte del gobierno militar el único estatuto que regulaba la situación de los artistas, la que solo trataba el área previsional de estos trabajadores. El objetivo de la presente investigación es analizar como la ley 19.889 ha cambiado la situación laboral presente en la actividad, si en realidad han mejorado la situación de estos en comparación al tiempo en el cual no existía regulación alguna, y si es cierto que esta ley ha cumplido con el objeto de terminar con la discriminación histórica que sufrían estos trabajadores durante los anteriores años.