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La autoridad parental a la luz de la constitucionalización del derecho de familia

Se pretende un análisis crítico del nuevo estatuto filiativo, sobretodo en lo que a la relación filial personal se refiere (autoridad paterna). El análisis crítico se dirige a aspectos sustantivos de las leyes actualmente vigentes en la materia, y el estudio se aborda, principalmente, desde la óptica de la Constitución y los derechos y deberes fundamentales que en ella se consagran. Se trata de definir hasta que punto la legislación chilena se ha humanizado y hasta donde sería pertinente continuarla humanizando. Es aquí donde adquiere importancia el tema de la constitucionalización del Derecho. Por definición, este proceso se encarga de introducir principios fundamentales consagrados a nivel constitucional e internacional en la legislación positiva. Y es en aras de dicha constitucionalización que se propone la recodificación. Es la forma más completa y cierta de dar protección a los nuevos principios que comienzan a regir a nivel mundial. Así lo han hecho legislaciones vecinas a nivel latinoamericano y legislaciones europeas a nivel mundial. No hay razones para que nuestro sistema de pie atrás. Ha de protegerse efectivamente a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y parte de dicha protección radica en dar a la relación filial personal entre progenitores e hijos el tratamiento legislativo adecuado y rico en principios de carácter superior. Mientras la reforma no se produzca y la recodificación no se desarrolle, se propone la triple vía como forma alternativa de protección. Derechos fundamentales de niños y progenitores, reconocidos a nivel mundial, no pueden seguir siendo vulnerados. Es ahí, precisamente, donde radica la importancia y fundamento de esta investigación.
Legitimidad de la guerra preventiva como una nueva forma del uso de la fuerza y sus implicancias en el rol de la ONU con respecto a la seguridad colectiva.

Para comenzar nuestra memoria, es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos que llevaron a la formación de las Naciones Unidas, conformándose como un organismo multilateral cuyos principios básicos son el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, para evitar que las posibles controversias entre naciones se resuelvan a través de la guerra o el uso de la fuerza, la cual debe ser considerada el último recurso a emplear. Se presentará un marco teórico en el cual pueda ser configurada la noción utilizando la dicotomía jus ad bellum–jus in bello, concentrándonos principalmente en la exposición del jus ad bellum o legitimación de la agresión. Se expone en primer lugar, la distinción dentro del marco de la teoría clásica de la guerra justa, de inspiración escolástica. Ella es sistematizada y complementada con criterios modernos y se presenta su recepción en ámbitos distintos al de la actividad beligerante internacional. La teoría clásica o modelo legalista resultante es corregido con criterios acordes a los modos de manifestarse la agresión en el transcurso del siglo xx. En ese sentido, se intenta vislumbrar una reevaluación de la teoría clásica con miras a su adecuación a la realidad más reciente. A continuación de la parte teórica, se analiza el sistema internacional de las Naciones Unidas con referencia al uso de la fuerza, en particular la interpretación, a veces discutida, de la normativa que determina los presupuestos legitimantes del uso de la fuerza en el plano internacional, centrándose el análisis en las interpretaciones posibles de su capítulo vii y en especial del art. 51. Asimismo, se busca delimitar el rol de las Naciones Unidas al interior de un sistema de estados y naciones
Análisis dogmático y jurisprudencial del principio de la primacía de la realidad en el Derecho del Trabajo.

Para el logro de tal objetivo, hemos decidido abocar nuestra investigación a la rama del Derecho Laboral, puesto que ella constituye una de las ramas más fecundas del derecho, permitiéndonos realizar una investigación acabada, atendida la abundante información que brinda. La metodología empleada en la presente memoria, comprenderá el análisis de material bibliográfico, tales como libros, memorias de grado, revistas en derecho, actas constitucionales, bases de datos computacionales sobre jurisprudencia nacional y dictámenes de naturaleza administrativa, entrevistas con expertos en la materia, entre otros
Dumping. Análisis de la jurisprudencia nacional sobre Dumping.

En Chile la legislación que busca proteger la libre competencia surge tardíamente en comparación a otros paísesNote5. , el año 1959 con la Ley N° 13.305, la que en el Título V, que abarcaba de los artículos 172 a 182, se refería a la competencia. Esta ley fue dictada bajo la presidencia de don Jorge Alesssandri Rodríguez, teniendo escasa aplicación, debido fundamentalmente al hecho de que el mercado era en ese entonces bastante reducido; otros autores sostienen que la escasa aplicación de esta ley se debió “básicamente porque el sistema económico hacía en si mismo inoperantes sus normas”Note6. . Entre otras materias, dicha ley creó la "Comisión Antimonopolios" destinada a ejercer las facultades sancionadoras y de control que la propia ley le otorgaba en éste ámbito. Posteriormente, se creó una Fiscalía destinada a servir de apoyo técnico a dicha Comisión y a instruir las investigaciones que fueran necesarias para una aplicación más efectiva de la ley
Procedimientos establecidos en la nueva ley del consumidor

El objeto del presente trabajo es analizar las modificaciones sufridas a nivel procedimental, producto de la reforma a la Ley Sobre Protección a los Derechos de los Consumidores (Ley Nº 19.496) hecha por la Ley Nº 19.955. Este trabajo busca principalmente hacer notar cuál ha sido el avance producido por esta reforma a nivel de mayor protección a los consumidores, sin dejar por ello de criticar aquellos puntos que nos parezcan pertinentes.
Responsabilidad civil en la oferta pública de valores

La regulación del mercado de valores refleja una intensa preocupación por el problema de la información. A fin de proteger a los inversionistas y asegurar el funcionamiento eficiente de ese mercado, en lugar de establecer un sistema de control de mérito de las ofertas de valores, adopta un régimen fundado en amplias exigencias de transparencia. Estas exigencias suponen deberes de veracidad e información que, desde un punto de vista privado, responden a la misma lógica normativa que los deberes propios del ámbito precontractual. En este último ámbito, la negociación de un contrato aparece como una confrontación de intereses en que cada parte persigue maximizar su posición y en que es legítimo negociar en beneficio propio, aprovechando las ventajas relativas que se tienen respecto de la contraparte. En verdad, la autonomía privada tiene su ámbito más intenso de aplicación en materia contractual, de modo que durante la negociación cada parte debe cautelar sus propios intereses y procurarse por sí misma la información relevante al efecto
Los sistemas de inteligencia y la intervención de las comunicaciones en Chile a la luz del derecho penal del enemigo

Como respuesta a los atentados calificados como terroristas contra EE.UU. Y algunos países de Europa, se ha intensificado la proliferación de cierto tipo de legislación destinada a combatir el terrorismo y otros tipos de criminalidad, tales como el narcotráfico y el crimen organizado. Esta legislación se caracteriza, a grandes rasgos por una ampliación en el ámbito de intromisión penal, adelantamiento de la persecución penal, endurecimiento de las penas y pérdida de garantías procesales para los imputados. Sin embargo, quizás lo más novedoso de este fenómeno (que no es nuevo en la historia de occidente) viene dado por el respaldo dogmático, el cual viene dado por una posición denominada Derecho Penal del enemigo, la cual permite justificar la existencia de este tipo de legislación. Este concepto, acuñado por Jakobs, ha permitido legitimar (al menos en plano dogmático) una severa legislación, vinculada al terrorismo, orientada ya no a la punición de delitos de denominación terrorista, sino a la persecución de individuos considerados terroristas, incluso antes de la comisión de algún hecho delictivo. Además, ha permitido la flexibilización o incluso supresión de garantías procesales a los imputados, por medio de la negación de su carácter de personas. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, se ha venido produciendo un resurgimiento de organismos denominados de “inteligencia”, tendientes a prevenir focos considerados riesgosos por parte de la autoridad política para la seguridad interna y externa de los estados. En Chile, esto se ha visto reflejado en la promulgación, en el año 2004, de la Ley 19.974, que crea el Sistema de Inteligencia del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia. Por la importancia de la regulación de estos organismos en lo relativo a la protección de los derechos de las personas, y por la preocupante tendencia del Derecho Penal moderno, sumado a la escasa bibliografía jurídica sobre el tema (casi nula, podríamos decir), se hace necesario realizar un estudio sobre las funciones y real naturaleza jurídica de estos organismos de inteligencia, así como de uno de los métodos más utilizados para la consecución de sus fines: la intervención de las comunicaciones. Así, en este trabajo se intenta demostrar que el actual Sistema de Inteligencia existente en Chile, no obedece a la concepción propia de un Sistema de Inteligencia en el marco de un Estado democrático, sino que más bien puede ser considerado como una manifestación implícita de la aplicación encubierta del Derecho Penal del enemigo en nuestro sistema jurídico. Esto se verá reforzado con el análisis que se realizara de la forma de intervenir las comunicaciones con la cual están facultados los organismos de inteligencia
La codificación procesal penal frente a la prensa 1901 - 1906

Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal
El derecho de petición desde el período indiano hasta la constitución política de 1833

Desde siempre ha existido la necesidad del desvalido de implorar protección a la autoridad, desde siempre ha existido la necesidad de brindarla. Es así como aparece el Derecho de Petición en la historia, como el instrumento a través del cual el sujeto en condición de desmedro vela por sus intereses y los de sus cercanos. Este trabajo pretende describir los orígenes históricos de tal instituto en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente la manera en que fue concebido en dos períodos trascendentales de la historia como lo fueron el Indiano y el de forjamiento de nuestra República, período este último que termina por consolidarse con la Carta Fundamental de 1833. Optamos arbitrariamente por este criterio debido a que, con posterioridad a la Constitución Política de 1833, los textos constitucionales sólo se limitan a consagrar este derecho en los mismos términos sin abordar otros aspectos de forma o de fondoNote1. . Desde siempre ha existido la necesidad del desvalido de implorar protección a la autoridad, desde siempre ha existido la necesidad de brindarla. Es así como aparece el Derecho de Petición en la historia, como el instrumento a través del cual el sujeto en condición de desmedro vela por sus intereses y los de sus cercanos. Este trabajo pretende describir los orígenes históricos de tal instituto en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente la manera en que fue concebido en dos períodos trascendentales de la historia como lo fueron el Indiano y el de forjamiento de nuestra República, período este último que termina por consolidarse con la Carta Fundamental de 1833. Optamos arbitrariamente por este criterio debido a que, con posterioridad a la Constitución Política de 1833, los textos constitucionales sólo se limitan a consagrar este derecho en los mismos términos sin abordar otros aspectos de forma o de fondoNote2
Protección constitucional del secreto comercial en la propiedad industrial

Este trabajo, pretende ser un aporte al estudio de dichos derechos fundamentales en el ámbito laboral, atendiendo por cierto, al reconocimiento y estudio que Organismos de implicancia Supra-gubernamental han dado a esta materia, sobre todo en estos cinco últimos años, donde la globalización, y con ella la suscripción masiva de Tratados Internacionales, han hecho imprescindible a los Estados, la regulación de aspectos esenciales a la hora de establecer las “condiciones” en que se desarrollará la libre competencia, pues resguardar el trabajo en situación de igualdad, ha forzado necesariamente la “fijación de un marco protector de derechos inalienables de todos los trabajadores”, sus derechos fundamentales.
Las acciones de protección a los consumidores en la ley 19.496 y en el derecho comparado y su procedimiento

La presente memoria tiene por objeto examinar de manera sistemática las acciones reconocidas actualmente en la Ley 19.496, así como examinar también las acciones consagradas en el derecho comparado, particularmente la legislación norteamericana, española y brasileña, esta última por ser quizás la que tiene la mas completa protección a los consumidores en Latinoamérica.
La omisión de la responsabilidad parental y resarcimiento: un nuevo caso de Derecho de Daños

La idea de esta tesis nace en el marco de un taller de memoria acerca de la Ley de Tribunales de Familia. Tiene por finalidad, proponer un caso de Derecho de Daños que aún no se ha considerado por la jurisprudencia ni doctrina nacional, y que podría hacerse efectivo en nuestros juzgados. Se trata de la responsabilidad que nace de la omisión del ejercicio de los deberes parentales. En el primer capítulo se exponen los casos en los que se acepta la procedencia de la responsabilidad civil en el Derecho de Familia para mostrar las particularidades de Derecho de Daños en el ámbito familiar. En el segundo, con la ayuda de doctrina y jurisprudencia de países que ya han aceptado este tipo de responsabilidad, se aclara qué entendemos por deberes parentales y cuál es el alcance de éstos. El tercer capítulo contiene el análisis de cada uno de los requisitos para que proceda la responsabilidad civil extracontractual por el incumplimiento de dichos deberes. Por último, se explican cuáles son los distintos tipos de daños indemnizables que pueden causarse en la hipótesis en cuestión
La influencia de la compraventa romana en los convenios internacionales comerciales ratificadas por Chile

“El trabajo pretende entregar una idea panorámica del derecho romano y de cómo este ha pervivido con el transcurso del tiempo en la legislación comercial internacional. Se estudia el ordenamiento jurídico romano, la compraventa romana a la luz de los textos clásicos, las obligaciones de las partes y, hecho esto, se intenta demostrar que el régimen de la compraventa romana se recoge en la actualidad en el régimen del contrato internacional de mercaderías”.
Actos mixtos y contratación vía internet. Perspectiva desde la ley de protección de los derechos de los consumidores

El tema objeto de esta memoria de grado, no carece de interés, puesto que los consumidores se han visto por años menoscabados en sus derechos, lo que requiere de un perfeccionamiento de la normativa vigente, tendiente a resguardar con mayor celo sus derechos.
Casuismo en Derecho Administrativo: Dominio Público

Para alcanzar el objetivo antes citado, se ha realizado, en el Capítulo Primero, un trabajo previo consistente en el repaso de la Teoría General de Dominio Público, oportunidad que permite examinar el concepto, elementos, características y realizar un paralelo con la propiedad privada. En el Capítulo Segundo, se estudia la consagración del Dominio Público en nuestro Derecho, comenzando por la Constitución Política de 1980, siguiendo con el análisis de las disposiciones pertinentes del Código Civil. El Tercer Capítulo se dedica, a examinar la utilización del Dominio público por los habitantes del país de manera general, y al uso privativo que puede otorgarse por el Estado. También en este capítulo se estudia la forma en que un bien se integra al Dominio público y cómo abandona este régimen. El Capítulo Cuarto se refiere a la clasificación doctrinal de Dominio Público, que distingue entre Dominio Público terrestre, aéreo y acuático. En este punto se hace un análisis de nuestra legislación, en relación a un aspecto de cada uno de ellos. Finalmente, el Capítulo Quinto plantea algunos casos relacionados con el tema de este trabajo
La obligación de información en los contratos

El presente trabajo pretende determinar, en primer lugar, bajo que concepto es posible hablar de la existencia de una obligación de información dentro del derecho de los contratos. Luego, se analiza la forma en que nuestro ordenamiento recoge dicha obligación, para posteriormente establecer las consecuencias que se derivan de su infracción. Para lograr lo anterior, este trabajo consta de cuatro capítulos: el primero de ellos consiste en la búsqueda de fundamentos que permitan establecer la existencia de un deber de información dentro del derecho de los contratos. Para ello se analizará el deber de información desde tres puntos de vista: En primer lugar, desde la perspectiva moral de dicho deber; luego desde el punto de vista del análisis económico del derecho; para que finalmente se aborde el estudio de dicha obligación desde un punto de vista jurídico. El segundo capítulo revisa la forma concreta en que el deber de información opera y se incorpora dentro del derecho de los contratos, analizando en primer lugar el nacimiento de los deberes secundarios de conducta, de los cuales el deber de información forma parte, y en forma específica, el rol que a la buena fe le corresponde en esta materia. Luego se dará paso al examen de los elementos constitutivos de dicha obligación, analizando tanto el elemento material como el elemento subjetivo de dicha obligación. En este mismo capítulo se revisará la forma en que opera la cuestión de la prueba en esta materia, concluyendo con el análisis de los diferentes aspectos que resultan de relevancia a la hora de determinar un estándar de cuidado en este tema. El tercer capítulo, analiza las normas de nuestro ordenamiento jurídico que resultan aplicables en el ámbito de deber de información, específicamente las relativas a los vicios del consentimiento -error y dolo- los y vicios redhibitorios. Finalmente, el cuarto y último capítulo, revisa las diversas consecuencias derivadas de la infracción a una obligación de información, analizando en primer lugar las sanciones derivadas de la retención ilícita de información, para luego finalizar con las sanciones que son consecuencia de la violación positiva de una obligación de información
Nuevas Enfermedades Profesionales

Antes de comenzar a referirnos acerca de las enfermedades profesionales, laborales u ocupacionales, propiamente tal, necesariamente debemos conceptualizarlas. Dicha tarea no ha sido fácil, en la medida de que cada partícipe de la relación laboral ha querido definirla para su adecuada conveniencia. El trabajador, por un lado, tratando de incorporar elementos que hagan más comprensiva la definición, abarcando así características o dolencias que no son necesariamente comprensivas de una patología laboral y, por otro, el empresario ha tratado de disminuir el ámbito de aplicación del concepto para así no verse forzado a responder por una dolencia que no ha sido causa de la labor realizada por el empleado.
Alcances del principio de protección de la confianza legítima en la imposición de un Royalty a la minería chilena

El principio de protección de la confianza legítima representa un importante desafío para el estudio de la Responsabilidad del Estado como disciplina particular, pero no sólo alcanza a ésta, sino que también a todas las demás áreas del Derecho público, en especial al Derecho Constitucional y Administrativo. En la base, la construcción de una noción general justificativa con sustento constitucional, precisa de una especial sensibilidad ante la fragilidad de los derechos e intereses que se deben ponderarse hoy en la balanza del Derecho y la equidad; un intento de fundamentación constitucional del principio en la Constitución Política que tenemos, exige además una cuota importante de buen humor.
Mediación de conflictos ambientales

El presente trabajo, pretende afirmar que los conflictos ambientales, pese a llevar el apodo de conflicto, son situaciones que debemos aprovechar como sociedad y en las cuales debemos poner nuestro mayor esfuerzo. Las controversias que tratamos en este trabajo importan intereses y objetivos que debemos saber compatibilizar, para alcanzar el crecimiento sin sacrificar el medio ambiente. La solución de ellos, con respeto a los objetivos que como sociedad nos interesa preservar es una camino necesario recorrer. Claro, sabemos que no es un camino expedito, pero tampoco imposible. Y la mediación aparece como una de las técnicas que nos permitirían arribar a estos propósitos.
Responsabilidad judicial frente a la ciudadanía

Nuestro sistema jurídico parece ser reticente al control social sobre los órganos del Estado, en cuanto carece de mecanismos efectivos a través de los cuales los ciudadanos puedan ejercer el control de los poderes públicos para que estos rindan cuenta por sus actos, no a otros órganos estatales, sino a la ciudadanía. “Como señalan Smulovitz y Peruzzotti, uno de los problemas de los sistemas democráticos como el nuestro es que no se puede controlar a los burócratas, sino sólo a los políticos (por medio del ejercicio del voto, el que tiene, a su turno, problemas intrínsecos como es la facilidad con que se diluye en términos del tiempo que transcurre entre las elecciones y la comisión de faltas por parte de los políticos.”Note1. Una “república democrática”, como se define Chile en nuestra Constitución, implica que los gobernantes se deben a la ciudadanía y por tanto, deben rendir cuenta por sus actos.Note2. En esa consideración, estimamos que la situación actual de nuestro Poder Judicial es especialmente preocupante. En efecto, el Poder Judicial chileno es percibido por la ciudadanía como una entidad lejana, poco transparente e irresponsable por sus actos, dando cuenta de ello diversos datos estadísticos que revelan que el mismo se rige por principios que atentan contra la transparenciaNote3. y probidad de los órganos públicos, impidiendo a la ciudadanía controlar la actividad de los jueces, vulnerando, por tanto, el principio de responsabilidad de las autoridades frente a los ciudadanos que consagra nuestra Constitución