¿Público o Privado? : La implementación de programas de rehabilitación y reinserción social en cárceles concesionadas y tradicionales en Chile

Chile es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de reclusos, presentando una tasa de 296 internos por cada 100 mil habitantes, esta cifra da cuenta de la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario hace décadas. En este contexto, en el año 2006 se impulso el Programa de Inversión Infraestructura penitenciaria, el cual introduce la participación de privados en ámbitos del sistema penitenciario, hasta la fecha de responsabilidad exclusivamente estatal, esta incorporación se realiza principalmente con el objetivo de ampliar la infraestructura carcelaria ante el aumento de la población penal privada de libertad. Pese a que el programa mixto público privado se inició durante el año 2006, a la fecha, no existe un cuerpo de conocimiento que contribuya a evaluar si efectivamente la participación de privados ha aumentado las posibilidades de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. En este contexto surgió como pregunta directriz de la investigación: ¿es conveniente dejar en manos de privados la rehabilitación de los reclusos, cuando ésta es una responsabilidad del sector público? En este contexto, este estudio de casos busca generar una contribución al análisis de la incorporación de privados en los programas de rehabilitación y reinserción social, planteándose como objetivo general: Comparar la oferta programática en rehabilitación y reinserción social entre el sistema de cárceles tradicional y concesionada, en los Complejos Penitenciarios Valparaíso y Rancagua . Para el logro de éste, se utilizaron fuentes secundarias de información, las que permitieron dar a conocer el contexto de la seguridad ciudadana en Chile, principalmente el diagnóstico de la población penal recluida en los casos analizados. Éste análisis se complementó con el aporte de fuentes primarias, con el objetivo de conocer las percepciones de los distintos actores involucrados en esta materia. En términos generales, algunas de las conclusiones de este estudio de casos son: 1) destaca que la mayoría de los actores coincide en que es difícil realizar un juicio respecto si es ganancioso o más efectivo dejar en privados la labor de asistencia que anteriormente realizaba de forma exclusiva el sector público, a través de Gendarmería, pues no es claro que la oferta programática de las cárceles concesionadas en reinserción social sea mejor. Hay consenso en que es positivo concesionar las labores de atención, relacionadas con las condiciones de habitabilidad, alimentación, salud, entre otros; pues la empresa privada es más eficiente en la entrega de los servicios que Gendarmería; 2) en ambas modalidades, hay una clara tendencia a la construcción de indicadores en los ámbitos de insumos y procesos, no visualizándose en términos de productos, resultados e impacto, que permitan ver si el resultado de las acciones diseñadas e implementadas por el servicio, significan un mejoramiento en la habitabilidad de las condiciones objetivas y están contribuyendo a la reinserción social de la población penal. Algunas de las recomendaciones que surgen de esta investigación son: 1) la función de asistencia debe ser parte de un organismo público, que este a cargo de los procesos de rehabilitación y reinserción social de la población condenada; 2) la creación de un indicador de reinserción social, y no basar este proceso sólo en indicadores de reincidencia; 3) la creación de un instrumento que permita cuantificar variables en las unidades tradicionales, para obtener el gasto real por recluso; y, 4) finalmente, se recomienda trabajar en medidas enfocadas en la coordinación intersectorial de los actores.