Políticas Públicas de inserción y mantención en el mercado laboral de personas con discapacidad intelectual: factores de incidencia en Chile

La inserción laboral de las personas con discapacidad en Chile, según el tipo de discapacidad, es cercana al 30% (INE, 2004). El Estado, en este sentido, ha generado políticas públicas, creando, entre otras cosas, las Oficinas de Intermediación Laboral. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual, la situación es diferente. Su inserción laboral alcanza solo al 12,7% del total de personas de este grupo (INE, 2004). Tomando este antecedente, esta investigación se orientó por la pregunta sobre cuáles son los factores que inciden en la inserción y mantención en el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual en el país. Para esto, se utilizaron herramientas cualitativas, que en una primera parte, mediante el análisis de contenido presente en las opiniones de 6 expertos en discapacidad e inserción laboral, sirvió para determinar los factores reconocidos como relevantes en la materia, desde una perspectiva nacional. En un segundo momento, se integraron herramientas cuantitativas, a través de la aplicación de la metodología Proceso Analítico Jerárquico-AHP, de manera de establecer cuáles de los factores identificados, se reconocen como prioritarios para incorporarlos en las políticas públicas, en pos de resguardar el efectivo ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Algunos de los hallazgos de este estudio de caso, se sitúan en que la mejor forma de realizar la inclusión y mantención laboral de este grupo, es intencionar su acceso al mercado regular del trabajo, mediante la interacción de tres actores: Estado, Empresa y Sociedad Civil. En esta relación tripartita, el rol del Estado es preponderante y consiste en garantizar el ejercicio del derecho al trabajo por parte de las personas con discapacidad intelectual, a través de una regulación adecuada que active el mercado laboral mediante medidas como los incentivos a la contratación, cuotas, servicios de apoyo, financiamiento de los ajustes sociales y físicos a los puestos de trabajo, entre otros. En el país, a pesar de disponer desde el año 1994 de la Institucionalidad para la integración de las personas con discapacidad (FONADIS, actualmente SENADIS), aún no se han implementado este tipo de iniciativas. Se concluye, que el principal factor que incide en la inserción y mantención laboral es, la falta de medidas desarrolladas por el Estado, que operacionalicen la legislación vigente y fomenten la inclusión y mantención laboral de estas personas. Junto a lo anterior, la debilidad o inexistencia de procesos de transición entre la educación y el empleo, que entreguen la formación a las personas de este grupo. Las propuestas de este estudio de caso apuntan a que las políticas públicas que se diseñen para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual, deben contemplar dos dimensiones. La primera, una institucional, dirigida a la generación de mecanismos de exigibilidad y medidas para equiparar oportunidades en el acceso y mantención en un puesto de trabajo. La segunda, para elevar el nivel de empleabilidad, con acciones orientadas a habilitar a la familia como apoyo de la inclusión y aumentar las habilidades y competencias de las personas con discapacidad para ejercer su derecho al trabajo.