Desafíos para la Coordinación Interinstitucional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

La gestión de políticas públicas requiere muchas veces que Ministerios y Servicios Públicos deban coordinarse para entregar una respuesta eficiente y coherente a problemas complejos y multidimensionales. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: duplicidad de funciones, incoherencia de acciones e irracionalidad en el uso de recursos. En seguridad ciudadana la situación no es muy distinta, y desde el 2006 al 2011 se discutió en el Congreso una propuesta que introduce cambios al marco institucional vigente. Para analizar esta propuesta, esta investigación comenzó desarrollando a nivel teórico una sistematización e integración de la discusión teórica formulada desde distintas disciplinas respecto de la coordinación, definiérndola como una práctica circunscrita a un marco institucional, organizacional e individual; y de la cual se propone la caracterización de al menos 16 fallas, agrupadas en dos vertientes: cuando existen problemas en sus marcos referenciales o bien cuando estos son insuficientemente compartidos. Un segundo elemento a destacar, es que este estudio aprovechó la contingencia de la discusión de la ley y la relevancia de la seguridad pública para construir un análisis durante el proceso mismo, profundizando en los problemas de coordinación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde la perspectiva de su marco institucional. Para ello, se utilizó un enfoque analítico crítico y una metodología de investigación cualitativa, con la cual se analizó la discusión legislativa desde la perspectiva de las fallas de coordinación y se entrevistó a parlamentarios y expertos protagonistas del debate. A partir de estos insumos, utilizando el análisis genealógico de las diversas propuestas de marco institucional y su redefinición, se fueron discutiendo y caracterizando los nuevos problemas de coordinación que surgían de cada rediseño. El análisis develó que la nueva institucionalidad en materia de seguridad pública resolvió algunas fallas pero también puede hacer surgir nuevas trabas. Los principales avances se lograron a partir de la creación de una norma exclusiva; se explicitaron roles y funciones; se institucionalizó la coordinación y un propósito estratégico, la Política Nacional de Seguridad Pública; y se incorporaron mecanismos de “governance” para cumplirla mediante el Consejo Nacional, los Consejos Regionales de Seguridad y las dos Subsecretarías (de Interior y Prevención del Delito). También se incorporó la autorización de planes y programas como un mecanismo para concretar la coordinación; sin embargo su gestión queda poco clara y puede originar nuevas trabas burocráticas que dificulten su concreción. Otras dificultades también pueden surgir con la delimitación de problemas complejos y multidimensionales, producto de la agencialización de las drogas y el alcohol en el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; o bien en el ámbito de la seguridad donde convive la prevención, el control, la sanción y la rehabilitación, porque participan múltiples servicios y entidades públicas y privadas. También se evidenciaron fallas propias de la seguridad pública, producto de las diferencias de culturas entre el mundo uniformado con el civil y el político. Todo lo cual permite afirmar que mejorar la coordinación, es un proceso que sin duda requiere introducir mejoras en sus tres marcos referenciales (institucional, organizacional y personal), de modo de avanzar desde la coordinación a la concertación. En este sentido, el principal desafío para el nuevo Ministerio, es lograr darle sentido a la acción de los sujetos para que implementen esta nueva institucionalidad, dada la envergadura del cambio y la complejidad de la coordinación entre actores en el ámbito de la seguridad pública.