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Derecho a la privacidad, su contenido esencial, limitaciones y colisión con otros derechos fundamentales

Es una confusión común equiparar el derecho a la intimidad con el derecho a la vida privada. Como estableceremos a lo largo de esta memoria, la vida privada tiene un contenido positivo o de participación que ha sido inconvenientemente eclipsado por la tensión intimidad-libertad de expresión. Definiremos, por tanto, el derecho a la vida privada en sentido positivo. En la última parte del capítulo tercero, nos referiremos a la libertad informática o autodeterminación informativa, que en términos generales es la vida privada proyectada al ámbito informacional. Si bien su conceptualización es similar a la vida privada en sentido positivo, tiene una función específica que la caracteriza y distingue, al punto de ser considerada un derecho fundamental distinto. Esa función es el control de información sobre datos personales. Lo que es de ningún modo superfluo: basta recordar que hace algunas semanas, los datos personales de seis millones de chilenos fueron expuestos en Internet. De contar con una legislación adecuada, y protección constitucional a la libertad informática, ello podría haberse evitado. El capítulo cuarto y final analizaremos dos situaciones. Por una parte, examinaremos las relaciones del derecho a la vida privada con otros derechos fundamentales a los que se encuentra emparentado, con el objeto de diferenciarlos y de este modo explicar el distinto trato que reciben. Por ejemplo, haremos la distinción entre vida privada y honor. Por otra parte, estudiaremos el conflicto del derecho a la vida privada con intereses sociales relevantes, como el debido proceso, y el derecho a la libertad de expresión. Concluiremos nuestro análisis presentando una definición autónoma del derecho a la vida privada, e interpretando de una forma distinta a la tradicional el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República.
Las normas internacionales del trabajo. Su trabajo, adopción y aplicación, en especial los convenios relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

El presente trabajo trata sobre las Normas Internacionales del Trabajo, su proceso de elaboración, adopción y aplicación y el estudio en particular de las mismas, efectuando un análisis desde lo general a lo particular. Al efecto, pueden distinguirse claramente en este estudio tres partes. La primera, aborda la génesis de la OIT, su estructura, órganos y funcionamiento, y sigue con el análisis de la elaboración, adopción y ratificación de las normas internacionales del trabajo. La segunda, nos advierte las características de las normas internacionales del trabajo, sus tipos, rangos y jerarquía. En esta parte se efectúa un estudio en general de los convenios y las recomendaciones. Se analiza la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, terminando con una descripción de los convenios fundamentales en general. La tercera parte, y final, se refiere al análisis en particular de los convenios relativos a alguna de las áreas de derechos considerados como fundamentales por la OIT, esto es, la libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
Las medidas de protección al niño, niña o adolescente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, desde la perspectiva del derecho de familia

El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de las medidas de protección en el ámbito de la violencia intrafamiliar ejercida en contra de niños, niñas o adolescentes, y como dichas medidas de una u otra forma contribuyen a la protección integral de las víctimas desde la perspectiva del derecho de familia y en especial desde la óptica del interés superior del niño y las disposiciones de los tratados internacionales y normas legales nacionales que rigen la materia. De manera particular se plantea el objetivo de darnos una visión clara y completa de lo que es hoy en Chile la violencia intrafamiliar, en que ámbito esta se produce y las diversas causas que influyen en su desarrollo. Por último tendrá por objeto determinar claramente cual es el marco legal dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar que permite dar una protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de distintos tipos de maltrato y verificar, si son o no suficientes, los marcos legales nacionales para alcanzar la finalidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en cuanto a promover una protección integral de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. La metodología que se utilizará estará centrada en el análisis de la doctrina más moderna en este ámbito, teniendo como referente fundamental los derechos, principios y directrices entregados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en especial las disposiciones contenidas en la ley de violencia intrafamiliar Nº 20.066, sin perjuicio de aquello se hará un análisis de cierta jurisprudencia que nos permitirá abordar en la práctica las normas internacionales y de nuestro derecho en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Para esto, será necesario en primer lugar, definir conceptos básicos que han de utilizarse en esta memoria, como los de familia, violencia y maltrato, entre otros, para luego ahondar en las causas de la violencia intrafamiliar y las consecuencias jurídicas de la aplicación de una medida de protección u otra en general y como permiten sostener la protección integral de las víctimas de violencia intrafamiliar, cuando éstas son niños, niñas o adolescentes
Adopción de niños por personas homosexuales. ¿Pertinentemente viable?

Efectuando una sucinta descripción de la exposición que a continuación presentamos, señalamos que ésta comenzará su curso con una breve relación de lo que implica la adopción como institución en estudio: su definición; principios fundantes y finalidad; características, etc. Luego realizaremos un somero, pero no escaso, análisis de la realidad homosexual, recogiendo, entre otras cosas, lo que especialistas de distintas disciplinas (y asumiendo diferentes posiciones) han expresado respecto de las causas o, mejor expresado, factores que inciden en la homosexualidad, introduciendo eso sí este tema a través de la identidad sexual y el proceso de dicha identificación, todo lo cual ayudará a una visión integral del tema en estudio y capacitará al lector para obtener sus propias conclusiones. A su turno, incluiremos en forma detallada lo que en la jurisprudencia extranjera e internacional se ha resuelto y concluido respecto a la adopción de niños, y más sucintamente respecto del derecho a tener una relación directa y regular con los mismos, por parte de homosexuales. Además, recogeremos ciertos elementos de la psicología (de los cuales el Derecho no puede desentenderse, como ya advirtiéramos) para desentrañar cuán factible es que adopción y homosexualidad sean conceptos afines. Se concebirá la posibilidad consistente en que homosexuales adopten niños, contemplando los distintos supuestos que podrían configurarse, tratando de entender por qué este asunto es tan importante para las personas con tendencia homosexual. En ese momento, se darán las razones para acoger o rechazar la posibilidad planteada. Frente a esto último, vale la pena adelantar que negamos tal posibilidad, respaldando esta posición con argumentos, a nuestro juicio, suficientes. Así, concluimos planteando soluciones básicas, algunas marcadas con un tinte preventivo, y otras de índole reparativas
¿Facticidad o validez?, la constitución política de 1980 a la luz de la teoría discursiva del derecho de Jürgen Habermas

El presente trabajo tiene por objeto exponer la teoría discursiva del Derecho, particularmente la planteada por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en su libro “Facticidad y Validez”, la cual configura una validez jurídica en dos niveles: una validez formal (facticidad) y una validez sustancial (validez), siendo esta última esencial para el cumplimiento de los fines del derecho en orden a complementar el sistema normativo de la moral, en lo que respecta a la integración de las sociedades. Junto con ello, se analiza la Constitución Política chilena de 1980 a la luz de dicha teoría, para responder a la pregunta de si puede considerarse el ordenamiento jurídico chileno como legítimo en términos discursivos. En dicho análisis se recorre toda la vigencia de la Constitución en sus distintas reformas hasta llegar a su versión actual, la por algunos denominada “Constitución de 2005”, la cual posee notables diferencias con la Carta de 1980 pero al mismo tiempo mantiene muchos de sus principios fundamentales. El conflicto de legitimidad de la Constitución se plantea de dos maneras. Por una parte, un déficit de legitimidad originario, debido a la fraudulenta aprobación de la Carta en 1980, déficit que ha ido perfeccionándose en sucesivas reformas pero sin alcanzar un ideal de autogobierno; y un déficit de legitimidad sustancial, presente en muchas disposiciones y principios de la Constitución incompatibles con una democracia moderna y con el ideal discursivo del derecho, que adscribe la validez de éste a su posibilidad de aprobación por todos sus destinatarios
Análisis económico de los remedios contractuales: caso de la condición resolutoria tácita y la excepción de pago

Se supone que el Derecho Civil, más específicamente, el de contratos, está llamado a proveer respuestas, o soluciones si es el caso de que alguna parte no cumpla o lo haga de mala manera, a las obligaciones pactadas en un contrato. Es la obviedad de esta afirmación lo que a veces desorienta un poco. En el contrato las partes se obligan a algo. Acuerdan, además, de que si no se respeta aquello a lo que se obligan, uno de los dos va a tener herramientas, mecanismos, o soluciones para hacer de esa obligación algo que descanse más allá de la volubilidad de cada participante. En otras palabras, el derecho de contratos supone, por una parte, individuos que desean obligarse, y por la otra, un mecanismo para que esa voluntad sea coercitivamente exigible. En la doctrina anglosajona, se suele llamar a estos mecanismos, o respuestas del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento contractual, remedios contractuales. Quizá la más nutrida discusión académica que se ha dado en torno a los remedios contractuales en la doctrina anglosajona en los últimos treinta años, se enmarca dentro del movimiento conocido como análisis económico del derecho. En este debate, el énfasis está dado en dilucidar cuál remedio contractual es más eficiente como regla por defecto del sistema legal, la ejecución forzada de la prestación o el pago de una indemnización en dinero. En este debate se han esbozado una serie de argumentos para preferir una alternativa por sobre la otra, mas, la doctrina pareciera no haber todavía dado por zanjado el tema. Existen quienes propugnan por la eficiencia de uno u otro remedio, de la misma manera que hay quienes buscan alguna salida intermedia entre las dos posiciones dominantes. El primer objetivo de esta memoria de prueba es hacer un repaso de este debate, de manera de poder obtener algunas herramientas para analizar nuestro sistema de remedios contractuales
Análisis comparado de la situación de la micro, pequeña y mediana empresa especialmente en relación a la normativa y barreras de instalación de las empresas

El presente trabajo tiene como objeto, el análisis de la situación jurídica, económica y práctica de un sector empresarial que reúne a las empresas de menor tamaño: la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), enfatizando la importancia de este sector para un país, específicamente desde el punto de vista de las normas y barreras de entrada. Para estos efectos se realiza un estudio comparativo de la situación actual de la MIPYME en tres estados o agrupación de estados occidentales, con distintos niveles de avance y desarrollo socioeconómico. Se incluye un análisis de la situación de Chile, Canadá y La Unión Europea, donde se demuestra la tendencia común de incluir políticas para la reducción de los trámites burocráticos y costes que significan la creación de una empresa, circunstancia que beneficia especialmente a aquellos emprendedores con menos recursos y por tanto, con más dificultades para tomar la iniciativa de concretar un negocio. Ese tipo de emprendedores son los que constituyen las empresas más pequeñas, reuniendo, en su conjunto, a la mayor cantidad de personas y generalmente a la mayor cantidad de empleos en un país, lo que permite más allá de un beneficio económico, un beneficio social
Criterios para un análisis económico de la negociación colectiva en la ley chilena

El aporte principal de este trabajo, consiste en la realización de un análisis económico de la institución de la negociación colectiva en Chile. Para esto, hemos propuesto un esquema de tres capítulos. El primer capítulo, sitúa el entorno de los instrumentos colectivos al interior del Derecho Colectivo del Trabajo, luego hace una aproximación doctrinaria de los instrumentos colectivos, desde el punto de vista de sus causas sociológicas, su naturaleza jurídica, sus más importantes efectos, el tratamiento que hace la legislación chilena de sus dos más relevantes manifestaciones, se tratan algunas referencias históricas y se termina con un análisis primordialmente descriptivo de la normativa chilena sobre negociación colectiva, a través de las diversas formas que asume: no reglada, reglada y semireglada. El segundo capítulo se ocupa de explicar propedeuticamente el análisis económico de derecho y los conceptos más relevantes en juego, como el teorema de Coase. Se continúa con una breve introducción a la teoría económica y sus herramientas conceptuales más importantes, dentro de un enfoque microeconómico, como el de mercado, fallas del mismo, teoría de precios, eficiencia económica y la economía de la negociación o como hemos llamado teoría de juegos, terminando con una valoración respecto de la importancia del análisis económico del derecho como disciplina científica. El tercer capítulo efectúa la síntesis de los dos capítulos previos, aplicando los criterios económicos del segundo capítulo a cada una de las variaciones de la negociación colectiva chilena, concluyendo que, ante la existencia de fallas de mercado importantes, los trabajadores optarán por una negociación colectiva reglada, mientras entre más perfecto el mercado del trabajo, la opción tenderá más a ser la de la negociación colectiva directa en cualquiera de sus vertientes: no reglada y semireglada
La reciprocidad informativa en Chilecompra

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en base a la hipótesis de trabajo según la cual se sostiene que “El actual marco jurídico de compras públicas no da plena satisfacción al principio de reciprocidad informativa que debe guiar a un sistema de esta naturaleza”, dicho de otra manera, “El debido cumplimiento del principio de reciprocidad informativa exige la modificación del estatuto jurídico del SISí de compras públicas.” La metodología empleada responde a las propias de las ciencias jurídicas. Siendo así, se ha realizado un análisis de las fuentes formales vinculadas al tema base de nuestra investigación. En primer lugar se ha analizado la ley de compras públicas (Ley N° 19.886) a la luz de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, (Ley N° 20.285), especialmente en lo que dice relación a la necesidad de dar plena satisfacción al acceso igualitario a todos los oferentes a la información pública asociada a los procesos de compras públicas. Asimismo se ha analizado la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo y las normas constitucionales que rigen la materia. Adicionalmente se ha revisado la escasa doctrina existente en la materia y la incipiente doctrina del Tribunal de Compras Públicas de nuestro país. Cierra el círculo de nuestro estudio, el análisis de legislación comparada relevante, que nos permita verificar si nuestra Ley cumple con los estándares internacionales generalmente aceptados. En cuanto al enfoque metodológico, hemos optado por una tipología descriptiva / propositiva, conforme a la cual analizamos el fenómeno desde su conceptualización y de los problemas que representa el abordarlo, las ventajas y desventajas que se han visualizado en su desenvolvimiento, para, a partir de estos antecedentes, generar un modelo instrumental, susceptible de ser comparado con las instituciones similares en otros países. Nuestro enfoque propositivo se caracteriza por la visualización de los cuellos de botella y oportunidades de mejora de nuestra legislación a los efectos de la plena satisfacción de los imperativos derivados de la reciprocidad informativa, condición básica para el cumplimiento del principio de igualdad de los oferentes. Nuestra mirada ha estado enfocada a detectar lagunas normativas y falencias derivadas de los procesos de implementación del sistema. Ello lo hemos realizado a partir de la utilización del método empírico, a través del análisis de las encuestas y estudios realizados en esta materia. Ello principalmente nos permite verificar la realidad fáctica a modo de sondeo del cumplimiento de las instituciones centrales de la reciprocidad informativa en la Ley de Compras Públicas. Nuestra investigación arrojó como principal resultado la demostración de la tesis planteada al principio, por cuanto se requiere de forma efectiva que el SISÍ, o también conocido con Sistema en Internet de Solicitudes de Información, de compras públicas haga modificaciones sustanciales en su normativa para que se pueda aplicar de manera correcta el principio de reciprocidad informativa
El derecho fundamental a la educación en Chile

El presente trabajo tiene como fin averiguar cuál es el estado actual del derecho a la educación, como derecho fundamental, en Chile. Haremos un recorrido por la historia de su consagración en las Constituciones que han regido a nuestro país, un análisis de su regulación actual en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, los tratados internacionales de derechos humanos relacionados y vigentes y los nuevos proyectos de ley que pretenden dar un nuevo rostro a la educación en Chile. Analizaremos también, y será el grueso de nuestra obra, la jurisprudencia nacional que se ha dictado desde la existencia del recurso de protección como acción cautelar, de manera que podremos observar de igual manera el comportamiento y el papel que ha tenido esta acción con respecto a este derecho y su derecho asociado, la libertad de enseñanza. Finalmente estudiaremos también un poco de jurisprudencia internacional; revisaremos algunos casos emblemáticos, como el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka” de Estados Unidos, y algunos casos muy interesantes del Tribunal Constitucional Español, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este abanico internacional nos abrirá nuevas perspectivas a situaciones y casos que no se han presentado aún en Chile, pero que bien podrían llegar a plantearse en alguna cualquiera de nuestras cortes superiores del país y también a plantearnos interrogantes acerca de cuál o cuáles podrían las posibles soluciones
Cuestiones jurisdiccionales asociadas a la proliferación de tribunales y cortes internacionales.

Es necesario destacar que se ha procurado la inclusión de varios acuerdos internacionales que ejemplifican las materias en comento, al mismo tiempo en que se ilustran a partir de casos prácticos seguidos ante los más diversos órganos judiciales internacionales. Ciertamente, se han escogido los que se han estimado como los más representativos. En aquellos casos en los cuales no exista norma o la situación no haya dado lugar a la fecha a algún procedimiento jurisdiccional, será efectuada la advertencia correspondiente.
Análisis crítico del "derecho penal del enemigo"

Este trabajo está estructurado, básicamente, en torno a dos preguntas relativas a la comprensión del Derecho penal, desde la perspectiva del funcionalismo radical de Günther JAKOBS. Ambas preguntas, a su vez, están centradas desde el punto de vista de una de sus tesis más polémicas: el “Derecho penal del enemigo”. Aunque más adelante ahondaré al respecto, entiendo el funcionalismo, en términos generales, como una corriente teórica que analiza las instituciones sociales desde el punto de vista de su función social, como medios desarrollados para la satisfacción de necesidades biológicas y culturales . Respecto del área penal, PEÑARANDA considera funcionalistas “aquellas concepciones que parten explícitamente de una visión de la sociedad como un conjunto o sistema de elementos en equilibrio y que asignan dentro de ella al Derecho (penal) la función de contribuir al mantenimiento o a la reproducción de dicho orden” , con lo que restringe el concepto, quedando como ejemplo paradigmático la teoría de JAKOBS
El debido proceso. Un estudio comparativo de la doctrina procesal penal y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular, pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión que he querido poner de manifiesto. Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal