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Nueva justicia constitucional: diálogo de competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a la luz del recurso extraordinario del proyecto de ley para un nuevo código procesal civil

Esta Memoria explora los contornos de una nueva justicia constitucional que podría llegar a existir en nuestro país, a partir de las modificaciones que introduciría el Recurso Extraordinario del Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil. Este trabajo se enmarca en el contexto de la Reforma a nuestro sistema procesal civil, y aborda principalmente la superposición de competencias constitucionales que ha existido y que existe hasta hoy en día entre las máximas Cortes de nuestra nación: la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Asimismo, esta Memoria se aventura en investigar los nuevos conflictos de competencia que surgirán entre aquellas Cortes en caso de entrar en vigencia el antedicho Recurso. Igualmente, este trabajo estudia las condiciones ideales en que el control de constitucionalidad (ex ante y ex post) de la ley ha de practicarse, delimitando las competencias de la judicatura constitucional y ordinaria, de manera que ninguna interfiera en el ejercicio de las facultades de la otra, sino, por el contrario, sea posible confiar en una labor coordinada, de diálogo y mutuo respeto basado en la calidad y persuasión de sus decisiones. Asimismo, este trabajo se refiere al nuevo rol que pasarán a jugar nuestras altas Cortes dentro de la judicatura chilena, gracias a las nuevas competencias interpretativas que se han desarrollado; tanto respecto de aquéllas de los últimos años desarrolladas en sede constitucional a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de la declaración de inconstitucionalidad de un precepto, así como respecto de aquéllas más recientes, e incluso aún en discusión ante el Congreso, como la función de unificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema en virtud del Recurso Extraordinario y en abandono de nuestro actual recurso de casación. Finalmente, este trabajo plantea la interrogante –tanto respecto de la judicatura constitucional como de la ordinaria- sobre un posible cambio en nuestro sistema de fuentes del derecho, a contar de la valoración de las sentencias judiciales como decisiones vinculantes para nuestra judicatura en forma vertical y horizontal, generándose un potencial e incipiente sistema de precedente.
El delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bien nacional de uso público y en sitio no destinado a la habitación en la jurisprudencia : período 2003-2009

La sistematización jurisprudencial de los delitos de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y robo con fuerza en sitio no destinado a la habitación, permite entender de mejor forma la diferencia de estos ilícitos con el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado. En efecto, comprender de buena manera los delitos referidos resulta de suma importancia para determinar el bien jurídico afectado, la graduación de la pena y los elementos propios del tipo penal que deben ser probados en juicio. Si la jurisprudencia ocupase razonamientos uniformes en todos los casos en que se requiriese su actuación, no se suscitarían los problemas de que se debe comprender por lugar habitado, no habitado, naturaleza del inmueble, principio de funcionalidad, entre otros conceptos. Sin embargo, existe total acuerdo en que los tribunales de justicia no siempre adoptan los mismos criterios para decidir sobre los asuntos que se les plantean, de ahí la existencia de los recursos de nulidad que buscan la uniformidad de los tribunales inferiores. Para la elaboración de este trabajo se consideraron sentencias de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía y Juzgados de Letras y Garantía de competencia común, en relación con los delitos de robo con fuerza en lugar no habitado, robo con fuerza en bienes nacionales de uso público y robo con fuerza en sitio no destinado a la habitación. Las resoluciones de los tribunales mencionados anteriormente, que abarcan los años 2003 a 2009, fueron sometidas a un exhaustivo proceso de recopilación, selección y posterior sistematización, las cuales fueron obtenidas través del sistema de Intranet de búsqueda del Poder Judicial, y por medio del mismo procedimiento perteneciente a la Defensoría Penal Pública. Las sentencias han sido sistematizadas en fichas que presentan todos los aspectos relevantes del caso y su resolución (número identificador, tribunal que dictó la sentencia, ministros o magistrados que la dictaron, fecha de la sentencia, Ruc, Rol o Rit, según corresponda, síntesis de los hechos y decisión del tribunal). En total, se trabajaron 255 fichas, que fueron ordenadas por la fecha en que se pronunciaron y luego clasificadas en atención a la doctrina del fallo. La clasificación se reflejó en un índice, que según la materia, guía a las sentencias respectivas
El dios de la máquina: ensayo sobre la conjuración de la tragedia

Este diparatado ensayo literario indaga en el proceso de largo alcance que va desde el mundo trágico al del código de Napoleón, allí donde ese antiguo mundo griego quedó reducido a dos conceptos, el de caso fortuito y el de fuerza mayor, simples excepciones a la responsabilidad. ¿Qué pasó en ese extenso pasaje? Intentaremos explicarlo.
El tratamiento del niño en el sistema de responsabilidad penal adolescente durante la etapa investigativa desformalizada

La presente memoria, tiene por objeto dar una mirada reflexiva y crítica a nuestro actual sistema de responsabilidad penal adolescente, desde la perspectiva del Derecho de Menores, focalizado principalmente en la etapa investigativa desformalizada, momento en el cual, el niño que ha infringido la ley hace su primer contacto con el sistema de justicia. En un análisis descriptivo y crítico se expone, a lo largo del presente trabajo, la variación que ha sufrido el tratamiento de los niños en conflicto con la justicia en el ámbito del derecho, pasando por diversos modelos y sistemas de justicia, cuya tendencia mundial actual está inclinada a la Justicia Restaurativa. Se destaca la importancia de las fuentes internacionales en esta materia, en instrumentos internacionales específicos y no específicos aplicables, así como también la relevancia de las recomendaciones entregadas por el Comité de Derechos del Niño a nuestro país. Además, se analiza la normativa nacional aplicable, tanto de la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084, como de la Ley de Menores Nº 16.618, resaltando la importancia de los derechos y garantías que se les reconoce a los niños en conflicto con la justicia, finalizando con un análisis comparativo entre la legislación interna y el estándar internacional en Justicia de Menores. Se concluye, que en nuestro país aún existen diversos incumplimientos a la Convención de Derechos del Niño y aunque se ha avanzado en el tratamiento a los niños en conflicto con la justicia, aún falta mucho por mejorar para que nuestra legislación se adecue al estándar internacional, y así podamos caminar hacia un nuevo modelo de justicia juvenil, como es hoy, la llamada Justicia Restaurativa.
La pasividad del demandado en el proceso civil en la figura de la rebeldía. Análisis comparado y revisión crítica

En materia procesal penal, el silencio ha sido objeto de un interesante desarrollo tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. A grandes rasgos podemos señalar que el silencio constituye un medio de defensa del imputado, a través del cual se protege y a la vez se plasma el principio de prohibición de Nemo Tenetur o prohibición de autoincriminación. Es por ello que en primer lugar, deberemos atender a la función que cumple la rebeldía. Es decir, se habrá de identificar la finalidad que cumple, lo cual evidentemente implica que se deba identificar la función asignada a la institución más general a la cual pertenece la rebeldía, y eso supone, a su vez, identificar un principio de justicia política que justifique la existencia de esa institución más general. En nuestro caso, la institución más general es el proceso, mientras que el principio de justicia política habremos de identificarlo más adelante. La pregunta ‘¿para qué existe el proceso?’, es decir, cuál es su fundamento, puede responderse desde distintas concepciones de justicia política, pero no nos haremos cargo en el presente trabajo de este problema más general. Por lo que si habremos de optar es por una tesis en relación a cuál es la función del proceso, y más precisamente, del proceso civil. La opción que tomemos nos permitirá llegar a uno u otro principio de justicia política que permita justificar la institución de la rebeldía y a su vez, analizar, a la luz de dicho fundamento, si las regulaciones que actualmente se dan a ella, ya en nuestro derecho nacional, ya en derecho comparado, se corresponden con este principio de justicia, si son acorde con él, y si, en definitiva, nosotros queremos extraer formas o modelos de estos otros sistemas o si es de nuestra preferencia proponer algo diferente. Así, y sólo a partir de la identificación del fundamento de la institución rebeldía nos encontraremos en condiciones de analizar, desde una perspectiva crítica, el tratamiento de la rebeldía en Chile, lo que significará desarrollar sus aspectos y elementos, primero a nivel de Código de Procedimiento Civil, y luego a nivel de Proyecto de Código Procesal Civil, el cual se encuentra en actual tramitación. Así, desde una perspectiva de dogmática procesal interdisciplinaria y de experiencia comparada, esperamos desarrollar de manera completa tan interesante institución, y proponer soluciones que puedan tener eco en la importante transición que actualmente está viviendo nuestros sistema de justicia civil.
El procedimiento ordinario en el nuevo sistema procesal laboral

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva procesal el nuevo procedimiento laboral, mediante una explicación comparativa y sistemática del procedimiento ordinario establecido por la Reforma, reconociendo en ella los principios procesales que inspiran y los objetivos que se persiguen en las diferentes etapas del procedimiento laboral, y, en definitiva, analizar la efectividad de las reformas al procedimiento laboral en cuanto a la posibilidad efectiva de proteger los derechos de los trabajadores en cuanto a la posibilidad de obtención de una sentencia. Los resultados obtenidos, en resumen, incluyen a la reforma procesal laboral dentro de una serie de elementos normativos que han sido introducidos al sistema procesal chileno para modernizarlo y hacerlo más ágil, además de propender a un sistema en donde lo declarado en las sentencias tenga mayor posibilidad de ejecución
La forma democrática representativa de gobierno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La presente tesis, cuyo objetivo es elucidar el rol que la democracia puede tener en la interpretación de los derechos humanos, especialmente considerando la norma del artículo 29.c) de la Convención Americana de Derechos Humanos (la cual señala que las normas de dicha Convención deben ser interpretadas conforma a la forma democrática representativa de gobierno) en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consta de tres partes. En la primera se considera el problema de la aplicación del derecho, confrontando la visión tradicional respecto de la función del juez con las visiones actuales centradas en la coherencia de la motivación de la decisión. Dentro de este ámbito se explica como funciona el rol interpretativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , considerando tanto sus facultades, como los constreñimientos que encuentra en su actuar, así como las guías con las que cuenta para resolver los problemas jurídicos que se le presentan. EN relación con lo último, se presta especial atención al rol de las normas interpretativas dentro de la función contenciosa de dicha corte y, dentro de estas, a la norma del ya citado artículo 29.c) y los problemas que presenta. En una segunda parte se busca elucidar la significación de lo que es “la forma democrática representativa de gobierno”, especialmente como guía interpretativa. Para ello se desarrolla una concepción de la democracia basada en los principios de igualdad y publicidad, así como considerando la forma que adquieren las instituciones en la forma de gobierno democrática. Con ello, se revisan las relaciones que se dan entre la democracia y los derechos humanos y se presenta un modelo de interpretación de los últimos en base a la primera. De esta forma, se explica cual es el contenido que tiene el artículo 29.c) en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un tercer capítulo, luego de saber cuales son los problemas al aplicar una norma jurídica de Derechos Humanos y como la democracia puede servir de guía para resolverlos, se centra el análisis en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado a la democracia (y al artículo 29.c) de la Convención Americana de Derechos Humanos) como criterio interpretativo, revisando su jurisprudencia tanto contenciosa como consultiva. Finalmente se hace una evaluación de la utilización de la democracia como criterio interpretativo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Congreso Nacional bajo la constitución de 1925: la dinámica entre los partidos, las cámaras y la presidencia

El objetivo de esta memoria es analizar las variaciones del régimen de gobierno albergado por la Constitución de 1925, con la finalidad de mostrar la decisiva importancia de los partidos políticos en el equilibrio de poderes entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional chileno, en la medida que aquellos forman e integran dichos poderes y relativizan el carácter presidencialista de la Constitución de 1925, a partir de prácticas políticas de los partidos desde el Congreso Nacional, lo que se habría mantenido hasta inicios de la década de 1960, época en que el cambio en la distribución de fuerzas dentro del sistema partidista detonó que emergieran aquellos partidos políticos promotores de un ejercicio más presidencialista del gobierno y administración del Estado. La metodología utilizada en la presente investigación se caracterizó por la revisión e interpretación de normas y prácticas atingentes a los partidos, las Cámaras y la Presidencia, de manera de destacar aquellos rasgos de continuidad y cambio manifestados durante el periodo 1932 – 1973, respecto del periodo parlamentario. Asimismo se practicó una exhaustiva descripción y análisis de los partidos chilenos, tanto desde una perspectiva histórica, como historiográfica, destacando su rol en la dinámica de la forma de gobierno. Los resultados obtenidos dan cuenta del rol decisivo de los partidos políticos, articulados en torno al Congreso Nacional, en la dinámica de los poderes públicos, logrando distinguirse dos momentos de esta relación. En un primer momento, que va desde 1932 a 1964, el Congreso Nacional se presentó como un espacio de negociación de los partidos políticos contrarrestado las importantes atribuciones que la Carta de 1925 entregaba al Presidente de la República, y en un segundo momento, la negociación se desplazó al ejecutivo, perdiendo el Congreso Nacional atribuciones políticas. Ello le habría restado estabilidad al sistema político, generando una de las posibles causas del quiebre institucional de septiembre de 1973
La compensación económica en el divorcio por culpa

El sistema de causales de divorcio consagrado en la nueva ley es de naturaleza mixta. Por una parte, existen causales propias de un sistema de divorcio remedio, de carácter objetivo, con énfasis en la ruptura de la convivencia; y por otra, causales propias de un sistema de divorcio sanción, que entienden al divorcio como la consecuencia de una falta de conducta imputable a uno de los cónyuges. Nuestro estudio comenzará con un examen de las fuentes que inspiraron nuestra ley de matrimonio civil, la regulación matrimonial francesa y española. Nos detendremos en ambas legislaciones con el objeto de determinar si consagraron reglas especiales en materia de prestaciones compensatorias cuando el divorcio es decretado por culpa de uno de los cónyuges. Este estudio nos permitirá advertir que ambas regulaciones han evolucionado en el tiempo, y que la regulación contenida en el artículo 62 inciso 2° de la LMC presenta ciertas semejanzas con la regulación francesa (capítulo I). Revisados sus antecedentes, examinaremos tres problemas que plantea el artículo 62 inciso 2° de la LMC (capítulo III). En primer lugar, la existencia de una asimetría entre la regulación de la compensación económica por divorcio sanción, y la regulación del derecho de alimentos en caso de separación judicial, cuando uno de los cónyuges incurre en falta imputable. Esta asimetría resulta paradójica, porque la separación judicial fue establecida como una alternativa para aquellos matrimonios que no recurrieran al divorcio para solucionar los problemas derivados de la ruptura de la convivencia, y por ello era esperable una cierta consistencia entre ambas regulaciones. En segundo lugar, la existencia de una segunda asimetría, que es interna a la regulación de la regulación de la compensación económica, y se produce porque el divorcio por culpa solo perjudica en materia de compensación económica al cónyuge acreedor, pero no al cónyuge deudor, situación manifiestamente inconsistente con el deber de protección del cónyuge más débil. Por último, estudiaremos si la regulación establecida por el legislador infringe o no el principio de igualdad ante la ley
Recurso de unificación de la jurisprudencia: ¿utopía? ¿recurso mal utilizado?

La necesidad de una reforma que buscara subsanar las falencias que presentaba en ese momento el procedimiento laboral, como la lentitud de algunas de sus etapas, o la excesiva carga de causas que no referían precisamente a derechos sustantivos, entre otras, motivó a un trabajo mancomunado entre los diferentes actores nacionales que derivó en la dictación de la ley Nº 20.087 estableciendo un nuevo procedimiento laboral y ley Nº 20.260 que modifica el Libro IV del Código del Trabajo. De esta forma, es introducida una gran innovación en relación al régimen de recursos procesales: el Recurso de Unificación de Jurisprudencia. Este recurso no se encontraba incluido en el proyecto de ley N 20.260, sino que recién en el segundo trámite constitucional con sede en el Senado fue que nació una indicación para incluir un medio de impugnación como éste. La presente Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales busca responder a la interrogante planteada en el título de ésta, en el sentido de determinar si el recurso en cuestión efectivamente tiende a crear unificar la jurisprudencia mediante el pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema, y si el recurso en cuestión ha sido bien utilizado por los abogados. El problema propuesto se puede abordar desde dos puntos de vista: Uno netamente doctrinario y otro práctico. El primero de ellos nos enfrenta a determinar si el RUJ es realmente un recurso que sirve para unificar la jurisprudencia o, por el contrario, se tuvieron y tienen en el presente otros motivos para crearlo y deducirlo en los casos particulares. En cuanto al segundo punto que se aborda, se pretende analizar, mediante el examen de todos los Recursos de Unificación de la Jurisprudencia deducidos desde que éste se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico –marzo de 2008- hasta julio del presente año, la efectividad del mismo. Para ello, en un capítulo del presente trabajo, se enunciarán datos estadísticos y se hará un análisis de estos. Además, se expondrán los fallos que hayan acogido, rechazado o declarado inadmisible dicho recurso, de acuerdo a criterios cronológicos, que den cuenta de una eventual evolución en la utilización de este recurso. Por último, se analizará brevemente los porcentajes de resultados del señalado recurso, y en particular el bajo índice de sentencias que lo acogen. Se hace presente que los datos de los recursos se recogen directamente de los libros índices de ingresos de la Excelentísima Corte Suprema. Por cierto, la presente memoria tiene como partida un capítulo introductorio que plantea qué es el Recurso de Unificación de Jurisprudencia y sus distintas aristas y planteamientos doctrinarios, que se exponen a continuación.
Vínculos que emanan del contrato de concesión : relación usuario-concesionario ¿relación convencional o relación de autoridad? : análisis en relación a las autopistas concesionadas

No cabe duda de que Chile fue uno de los países latinoamericanos pioneros en la generación de los contratos de concesión entre el Estado y los privados, con el fin de lograr no sólo un mayor nivel de comunicación y transporte entre los ciudadanos, sino también para perfilarse como una de las mejores maneras de fortalecer los lazos económicos con otros países tras el retorno a la democracia. Desde este punto de vista el contrato de concesión de obra pública, vino a ser una especie de salvavidas para crear confiabilidad y estabilidad en el ámbito internacional, dando lugar a la credibilidad de las instituciones en Chile y fortaleciendo a la vez la percepción- país que hasta ese entonces se tenía en el extranjero. En la presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se busca explicar, o dar algunas pautas sobre el tipo de vínculo que existe entre el concesionario y el usuario del servicio; por ende, se tratará de encontrar fundamentos que ayuden a calificar dicha relación, en primer término, como un vínculo emanado de un contrato, como se podría sostener que ocurre en el caso del TAG. En segundo lugar, se analizará si al pagar un peaje o transitar por un pórtico, lo que se produce es el pago por la utilización de un servicio, y que por lo mismo está amparado por la Ley del Consumidor. En tercer término, podría tratarse del mismo modo de una relación extracontractual, como ha sido también discutido y afirmado por la doctrina y parte de la jurisprudencia de nuestro país. De esa forma la finalidad de esta Memoria es analizar los principales temas sobre los cuales se sustenta el contrato de concesión, dividiéndola en cinco capítulos; el primero de los cuales está destinado a explicar las bases de una relación de Derecho Público o Privado y las implicancias que ello tiene, ahondando en las relaciones de Derecho Público cuando se vinculan a la ejecución de actividades de Servicio Público, así como el rol y responsabilidades de quienes las ejercen. Asimismo, se pretende encuadrar esta clase de relación jurídica en alguno de los tipos de relaciones jurídicas que existen, tratando de tomar para ello las principales características que emergen de esta analogía, recogiendo también parte de las posturas que han adoptado los Tribunales de Justicia, que la han declarado como una relación de consumo, como una relación de Derecho Público o como una relación específicamente tributaria, en la medida en que lo pagaría el usuario por hacer uso de la concesión, sería una tasa. Finalmente se pretende realizar un análisis de la actividad concesionaria del Estado en países como Colombia y España para obtener respuestas y pautas de acción que nos otorguen diversas visiones y propuestas para el desarrollo de la actividad concesionaria de nuestro país, que tenga características óptimas, que nos permitan seguir siendo uno de los países pioneros en este tipo de contratos