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Privilegios de la administración del estado: solve et repete e inembargabilidad de bienes de la administración

La estructura de la presente Memoria se encuentra dividida en tres Capítulos: el primero de ellos, titulado “El Derecho Administrativo”, aborda los orígenes de aquél, así como los del Estado de Derecho. Del mismo modo analiza las Bases de las Institucionalidad contenidas en el Capítulo I de la Constitución de la República de Chile: Bien común, Estado de Chile: Democrático y Republicano, Supremacía y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de las Potestades Públicas y Obligatoriedad Constitucional, Límites al Ejercicio de la Soberanía y de las Potestades Públicas, Principio de Subsidiariedad y Habilitación Constitucional. Para terminar examinando las Potestades Administrativas.
La medida cautelar innovativa en el procedimiento civil

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la institución de las medidas cautelares como manifestación de la potestad cautelar inherente al juez, en especial cuando ésta opera de manera innovativa. Para tal efecto se analiza la necesidad de dichas medidas en términos generales junto con sus características esenciales, para luego abordar la medida innovativa teniendo como referente al ordenamiento procesal argentino, describiendo tanto su desarrollo como los diversos matices y particularidades que ha adquirido en dicho país. Tras esto, se compara con los procedimientos de urgencia en cuanto también entraña manifestación de la tutela provisional y alcanza resultados innovativos, para luego hacer mención de similar efecto en nuestro juicio sumario del art. 680 C.P.C. Continúa con una mención al trato que diversos ordenamientos europeos dan a la materia para concluir con la universalidad de tal efecto en los procedimientos civiles. Prosigue con el desarrollo agotado del concepto de debido proceso -en cuanto se pudiera cuestionar la vulneración de tal principio tras el adelanto de sentencia- haciendo una correlación con la medida presentada para, finalmente, confirmar la validez de dicha medida cautelar como manifestación legítima y necesaria de la potestad cautelar de los jueces, concluyendo su eventual inclusión en nuestro ordenamiento.
Las acciones colectivas en Chile y el análisis de las demandas interpuestas contra los bancos en defensa del interés colectivo de los consumidores

En el presente trabajo se analiza la inclusión de las llamadas acciones colectivas en la legislación chilena en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 19.955 a la Ley Nº 19.496 Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Seguidamente y como objetivo fundamental, se analiza como un caso emblemático de la modificación legal, las acciones interpuestas en nuestros Tribunales de Justicia contra siete bancos, precisamente en protección de los intereses colectivos de los consumidores afectados. El análisis de las mismas se centra en aspectos tanto de forma como de fondo de la acción deducida y pretende dilucidar el efecto de las mismas como mecanismo de protección eficaz de los derechos de los consumidores.
Estado de derecho, autonomía y derechos sociales

En las siguientes líneas se expondrán desde un punto de vista general diferentes concepciones de Estado de Derecho, y, de entre ellas, se especificarán los elementos que representan adecuadamente la elección que adopta nuestro sistema jurídico. Con posterioridad se determinará en qué medida este concepto normativo obliga a la realización de los principios que lo integran, cómo se vincula con la idea de derechos fundamentales y cuál es su posición en el sistema jurídico. Lo anterior obligará a revisar tangencialmente la relación entre la política y el derecho, por una parte, y la legislación y la adjudicación, por la otra. Esto nos llevará al tema central de la tesis, en el que se vincularán las diferentes respuestas que tenemos para la pregunta ¿por qué nos agrupamos para convivir? Este hecho de la convivencia de las personas, requerirá analizar ciertos presupuestos conceptuales y normativos. La respuesta a esta pregunta sólo será desarrollada a grandes rasgos, pero quedará en evidencia que sólo un compromiso del Estado con las razones fundamentales que explican esta convivencia, hace honor al concepto de Estado de Derecho que se proponga. La razón central se refiere a la protección y fomento de la autonomía de los individuos. Es por que valoramos la imaginación y el desarrollo de los más variados planes de vida, lo que justifica a las sociedades actuales. La autonomía como valor central de la comunidad política involucra del Estado no sólo un deber de abstención en aquellos ámbitos decisivos en lo que la persona puede legítimamente desarrollar sus propias concepciones sobre lo bueno y lo justo, y, en consecuencia, un plan de vida. La autonomía también requiere de una actividad “positiva” sobre todo en aquellas circunstancias de la vida que significan una erosión de la autonomía de la persona. En las etapas tempranas del desarrollo de la persona, la vulnerabilidad es evidente. A medida que el ser humano logra estadios superiores de desarrollo, su capacidad de autodeterminarse individualmente aumenta, pero también es evidente que las personas durante sus vidas están expuestas a contingencias que en la mayoría de los casos no pueden sortear por sí solas: sufren accidentes, enfermedades, o simplemente van envejeciendo y perdiendo su capacidad de trabajo. En estas etapas de vulnerabilidad, es especialmente importante la actividad del Estado, visto como comunidad jurídicamente organizada. La acción del Estado, en estos casos, se justifica jurídicamente para reafirmar y posibilitar la autonomía del ser humano, en los casos en que naturalmente se pierde por diversas contingencias. Este compromiso del Estado con la autonomía exige una teoría del control judicial de la legislación.
Reforma a los delitos contra la administración de justicia. Los problemas de la categoría en el derecho vigente y comentario crítico al anteproyecto de código penal

El presente trabajo tiene por objeto evaluar críticamente la regulación de los delitos contra la Administración de Justicia y proponer mejoras en su regulación vigente, así como respecto de su tratamiento en el Anteproyecto de Códig.o Penal.
El procedimiento abreviado y la justicia criminal negociada. Derecho chileno y comparado

El propósito de esta memoria consiste en realizar un análisis general acerca del fenómeno de la justicia penal negociada en el derecho procesal penal occidental. Para ello, examinaremos los aspectos más importantes de tres sistemas de derecho comparado: el estadounidense, el italiano y el alemán. Dicha selección ha sido efectuada considerando la importancia relativa de cada legislación para el desarrollo del derecho procesal penal y, en particular, de las vías consensuadas de solución al conflicto penal. Tras efectuar el análisis de dichos sistemas comparados, se expondrá de manera detallada la recepción de expresiones de justicia penal negociada en nuestra legislación procesal penal, a través del Procedimiento Abreviado. Esperamos que este trabajo brinde al lector un panorama general acerca del fenómeno de la conformidad en el proceso, le que sirva de guía y le permita profundizar en los temas de su interés a través de la revisión de nuestra bibliografía. Además, esperamos que esta memoria proporcione al lector información detallada acerca de nuestro procedimiento abreviado, así como un rápido acceso a la todavía escasa bibliografía nacional sobre la materia
El control constitucional bajo la doctrina. Entre la política y el derecho

El objetivo de esta investigación es revisar la evolución de la doctrina en relación al establecimiento del control constitucional como una de las instituciones características del desarrollo del Derecho Constitucional en el siglo pasado, conjuntamente con la objeción contramayoritaria como principal crítica a su reconocimiento. Para el logro de este objetivo se analiza la perspectiva, postura y aportes que otorgan diversos autores para el tratamiento de esta problemática y luego se agrupan según tendencias, estableciendo así el mapa doctrinal que comprende, en la actualidad, el análisis del control constitucional y la objeción contramayoritaria. En el primer capítulo se exponen conceptualizaciones de la política y el derecho, principalmente identificando y delimitando los escenarios en que actúan. Para ello se dan a conocer las teorías acerca del concepto de lo político de Carl Schmitt, John Rawls, Chantal Mouffe y Hannah Arendt. En relación al derecho se exponen las teorías de Hans Kelsen, H.L.A. Hart y Ronald Dworkin. Aclarados los espacios de actuación de la política y el derecho se reconoce al control constitucional como punto de conflicto entre ambos aspectos. El segundo capítulo presenta la posición clásica que actualmente rige la discusión al respecto. Se analizan los principales fundamentos de la instauración del control constitucional como son el principio de Supremacía Constitucional, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, entre otros. Finalmente, el tercer capítulo describe y analiza las visiones no convencionales del conflicto que en base a otorgar un rol preponderante al aspecto político del ser humano, permiten dar luces a una solución que no implique una subordinación absoluta de la política al derecho, conciliando, de cierta manera, sus zonas de intervención. Nos referimos aquí, principalmente, a las teorías de autores como Bruce Ackermann, Hannah Arendt y Jeremy Waldron.
Ley modelo sobre garantías mobiliarias de la OEA : una propuesta para facilitar el acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa y la armonización jurídica de América

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son un sector productivo relevante en el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Tienen una importante participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada Estado, son en general la mayor fuente de generación de empleo dentro de los países, además de ser un elemento que potencia la cohesión social y representan un gran porcentaje del total de número de empresas.Note1. De acuerdo a información recabada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las pequeñas y medianas empresas aportan entre el 35 y el 40 % del PIB de América Latina.Note2. En todos los países de la región representan un alto porcentaje de generación de empleo, a vía de ejemplo, se puede mencionar que en Argentina emplean un 70%, en Brasil alrededor del 60% y en Chile un 86% de la fuerza laboral formal.Note3. Tienen además importante influencia social, ya que a diferencia de las grandes empresas que suelen situarse en centros urbanos, las pequeñas y medianas empresas se sitúan tanto en centros urbanos, como en sectores rurales y en general en todos los lugares poblados. Cabe agregar, que se dedican a todo tipo de actividad económica, ya sea comercial, industrial, artesanal o de prestación de servicios. Por todos los aspectos expuestos las pequeñas y medianas empresas tienen un rol fundamental dentro de la sociedad. Lo que ha motivado que diferentes organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, desarrollen estudios y proyectos buscando entregar apoyo a este sector económico. De igual forma, los gobiernos americanos llevan adelante políticas públicas para fortalecer y apoyar esta clase de empresas, ya que sólo considerando el nivel de empleo que otorgan, es notorio que su estabilidad y crecimiento tiene importancia para toda la población de cada país.
La violación como crimen de guerra. De Ginebra a Roma

El propósito de esta memoria consiste, por una parte, en examinar el tratamiento que recibe el crimen de violación en el contexto del Derecho Internacional Humanitario. Por otra, sistematizar los progresos e innovaciones observados al respecto en el plano del Derecho Penal Internacional, particularmente en la jurisprudencia y los Estatutos de los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia y Estatuto de la CPI. Esto nos permitirá construir una visión integral que permita una adecuada y correcta interpretación sobre las normas de violación, tanto en la esfera de las legislaciones y tribunales nacionales como en el ámbito internacional. Particularmente, se ofrecerán un conjunto de criterios jurídicos y normativos que sirvan como herramienta de reinterpretación de los Convenios de Ginebra, específicamente respecto de las disposiciones que tratan la violación sexual en el contexto de conflictos armados internos e internacionales. Como vemos, este objetivo general abarca varias dimensiones. Primero se describirá el contenido y alcance que recibe la figura de violación sexual en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, mediante el análisis normativo de las disposiciones que se remiten a esta infracción en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, principales instrumentos que consagran el derecho aplicable en los conflictos armados. En base a dicho análisis, se realizará una reflexión crítica en torno al contenido sustantivo de éstas normas, con el objeto de evidenciar las falencias de que adolecen, así como las consecuencias fácticas y jurídicas que estas imperfecciones e imprecisiones producen en la protección a las mujeres en tiempos de conflicto armado. En segundo lugar, se procederá al estudio y exposición del desarrollo experimentado por el Derecho Penal Internacional respecto del crimen de violación. Para ello examinaremos los Estatutos y casos emblemáticos de la jurisprudencia de los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, así como el tratamiento de este crimen en el Estatuto de la CPI. De acuerdo con esta información, se formularán observaciones críticas en torno a la forma cómo estos órganos (y sus respectivos instrumentos) han delineado la figura de la violación como crimen de guerra. Por último, presentaremos un conjunto de principios jurídicos derivados del análisis crítico de las distintas etapas de evolución del crimen de violación. Principios que realzan los aciertos y superan las falencias detectadas a lo largo del estudio. Estas directrices permitirán una adecuada relectura de los Convenios de Ginebra a la luz de los logros cristalizados en el Derecho Penal Internacional.
El poder de dirección del empresario y los derechos fundamentales del trabajador : el control del uso del correo electrónico y de internet en la empresa

En los últimos años, y producto de las exigencias que la modernidad ha impuesto a las empresas, se ha extendido en el ámbito empresarial el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Buena parte del proceso modernizador pasa necesariamente por el empleo generalizado de todos aquellos medios y avances tecnológicos a los que se va teniendo acceso. La necesidad de implementar sistemas y medios de trabajo que redunden en una mayor productividad y en una mejora de la eficiencia, ha venido a masificar dentro de las empresas el uso de herramientas de carácter tecnológico, cuyo máximo exponente es Internet y, dentro de ésta, el Correo Electrónico. Dichas herramientas vienen a hacerse necesarias dada la globalización de los mercados, pues ellas ofrecen indudables ventajas, principalmente en lo que dice relación con el acceso a todo tipo de información y en la celeridad de las operaciones. De tal modo, el uso de las nuevas tecnologías en el seno de la empresa exige una nueva mirada, tanto por el uso que el trabajador da a esas herramientas como por el control que sobre ellas puede ejercer el empleador en su calidad de titular de las mismas. Así, por ejemplo, la posibilidad de que el empresario controle el correo electrónico utilizado por sus trabajadores, ha propulsado el debate sobre una cuestión en la que entran en juego diversos derechos constitucionalmente consagrados. Lo anterior, pues es grande la posibilidad de que se genere un conflicto entre el poder de dirección empresarial y su derecho de propiedad sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en su empresa, y el ejercicio de los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Mariano Egaña y la codificación procesal en Chile. Las instituciones de los fueros, implicancias y recusaciones, conciliación y fundamentación de las sentencias

El estudio de las fuentes del derecho es sin duda una tarea que debe ser llevada a cabo. Conocerlas es necesario tanto para comprender el origen y los fundamentos de las instituciones jurídicas que nos rigen como para proyectar las modificaciones legislativas futuras que los cambios de época exigen constantemente. Los códigos que hoy rigen en Chile son, como en gran parte del mundo occidental, la vía fundamental de expresión del Derecho. Han sido el resultado de todo un camino recorrido en pos de lograr la mejor forma de regulación de la vida en sociedad y de contar con una herramienta eficaz para el progreso de los pueblos. Es por esto que, a pesar de todas las críticas y reparos que puedan hacerse al analizar esta técnica legislativa y de que ya se haya empezado a hablar del fin de la era codificadora , las investigaciones sobre el proceso codificador en nuestro país tienen especial importancia. Los trabajos al respecto son escasos y han sido desarrollados fundamentalmente en el campo del Derecho civil , siendo aún necesarios en otras áreas del saber jurídico, en particular en materia procesal . Este trabajo tiene por objeto completar en alguna medida los vacíos referidos intentando el estudio sistemático de los primeros pasos que se dieron en nuestro país en orden a lograr la codificación de las leyes procesales. Para esto, se analizará la labor codificadora del jurista Mariano Egaña a quien en el año 1834 fue encomendada la misión de elaborar un proyecto de ley de administración de justicia y organización de tribunales, trabajo que culminó con la promulgación de las llamadas "Leyes Marianas" en el año 1837.
Autorregulación y operaciones con información privilegiada. Sección primera : panorama actual de la autorregulación y el concepto de información privilegiada

El objetivo de este trabajo es intentar establecer el aporte que significa la introducción en nuestro país de prácticas autorregulatorias al interior de las empresas, intermediarios y bolsas de valores, que propendan a la prevención y limitación del uso de información privilegiada en su interior, señalando cual de los modelos de implementación de las mismas existentes es el mejor se adapta a nuestras necesidades, señalando cuáles serían las modificaciones necesarias para su éxito. Para ello, en dividiremos el trabajo en dos partes. En la primera se tratan los conceptos entorno a los cuales gira esta obra, cuales son autorregulación e información privilegiada, para posteriormente en la segunda parte, evaluar los esfuerzos que en nuestro país se han hecho para la consecución del objetivo señalado, tanto a nivel legislativo, regulatorio, en el ámbito de la intermediación como a nivel de emisores de valores, finalizando con una propuesta de modelo autorregulatorio adaptado a las necesidades y características de nuestro mercado.
La reforma procesal laboral chilena desde la nueva jurisprudencia

“FUNDAMENTOS DE LA REFORMA AL PROCEDIMIENTO LABORAL” El viejo procedimiento laboral tenía ciertas características que hicieron necesario un proyecto de reforma. Nuestros juzgados laborales registran un ingreso anual de más de cien mil juicios, y eso involucra un gran número causas que hay que tramitar y administrar. Esta realidad fue lo que llevó en su oportunidad al gobierno, a examinar otras experiencias extranjeras para ver si esta situación podía tener una visión distinta.
Las tendencias de reforma a los sistemas previsionales en América Latina: el sistema de reparto versus el sistema de capitalización individual

Dentro de los estudiosos de la política, en su concepción conciliadora de los “asuntos públicos”, se encuentra la Escuela Institucionalista; la cual plantea que el Estado existe en la medida que sus instituciones son capaces de responder a las demandas de la población. En tanto los deontológicos señalan en sus planteamientos que el Estado existe en tanto es capaz de orientar su accionar a la consecución del bien común. En este sentido, el rol del Estado, entendido como el modo, ámbito y grado en el que el Estado y sus instituciones participan en el desarrollo, es fundamental. Esta participación se ve influenciada por la comunidad, el gobierno de turno, el contexto económico y la política internacional. Llevando este concepto al Estado chileno, se puede ver, como señala el profesor Eduardo Araya Moreno, que “sin duda los antecedentes inmediatos existentes muestran un relativo consenso en torno al rol del Estado en Chile. La construcción de un Estado llamado subsidiario, en el contexto de una dictadura de larga duración, con un poder concentrado de los medios de comunicación y represión al disenso, probablemente impidió que esta discusión tuviera lugar de manera ampliada. Sumado a ello los razonables éxitos en el manejo macroeconómico y la generación de una nueva estabilidad social y política neutralizaron la posibilidad de una discusión sobre el rol del Estado. Simplemente se lo redujo de manera ostensible, tanto en lo referente a su papel, a sus capacidades y a sus recursos”1. Ahora bien, el problema se orienta hacia cómo las políticas públicas, entendiendo por tales los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objeto público definido en forma democrática y desarrollados por el sector público2, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado, reflejan un ejercicio adecuado de las funciones que tiene el Estado.
Los recursos en el nuevo procedimiento laboral

El presente estudio, tuvo por objetivo realizar una sistematización de los recursos procesales aplicables en materia laboral, tras las reformas introducidas por la Ley N° 20.260. Para un correcto análisis diferenciamos entre aquellos recursos expresamente reglados en el Código del Trabajo, a saber, reposición; apelación; nulidad y unificación de jurisprudencia, los cuales se regirán supletoriamente en todo lo no previsto por dicho código por el Código de Procedimiento Civil, y aquellos respecto de los cuales no exista norma alguna que los regule en el Código del Trabajo, siéndoles así aplicable íntegramente lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, siendo los de aclaración, rectificación o enmienda y recurso de hecho. Siendo nuestra metra lograr la sistematización de los recursos procesales laborales, y encontrándonos hoy ante un proceso que presenta las características de oralidad, publicidad y concentración, hemos dedicado el primero de nuestros capítulos, al estudio de los principios que informan el nuevo procedimiento laboral. En cuanto a la realidad de los recursos en el ámbito del derecho comparado, hemos procedido a efectuar un somero análisis.