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Medidas antidumping de Estados Unidos

En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que históricamente ha iniciado mayor número de investigaciones antidumping, antecedido sólo por la India, país reconocidamente proteccionista. ¿A qué obedece tal cifra? ¿Hay abuso en su sistema antidumping? ¿Está tan solo corrigiendo distorsiones o se busca proteger la industria nacional con tasas arancelarias injustificadas? ¿Cuáles son las consecuencias de tales prácticas? Las investigaciones antidumping iniciadas por Estados Unidos y los efectos que produce en la industria exportadora, son una cuestión que no puede ser pasado por alto por los países con los que tiene intercambios de bienes, menos aún en el caso de Chile, quien con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio se vincula de manera más fuerte a su economía. El objetivo de este trabajo es hacer un análisis acabado de la política antidumping en el comercio internacional y específicamente en Estados Unidos, a modo de dar respuestas a las interrogantes antes dadas. Para lograr estos objetivos, conoceremos los fundamentos de la aplicación de las MAD, para lo que deberemos abocarlos primero al concepto mismo de la práctica del dumping. Asimismo, no siendo una materia libre de discusión, nos tomaremos un tiempo en la legitimidad de la aplicación de esta clase de medidas, tomando como principio básico a aquel que dice proteger: el libre mercado
Contratos de trabajo de los trabajadores agrícolas en la legislación chilena

El trabajo agrícola en nuestro país constituye una parte importante fuerza laboral, considerando la apta geografía de Chile para el desempeño de esta actividad en toda época del año, es por ello que la regulación que hace la legislación sobre dicho contrato es de vital importancia en lo relativo a su aplicación a esta específica relación laboral, la que en muchos casos queda entregada a la mera consensualidad y a los usos que son frecuentes en la zona donde la actividad agrícola se lleva a cabo. Asimismo, en el mismo ámbito agrícola existe un subgrupo de trabajadores que laboran de manera estacional y esporádica, estos son los denominados trabajadores agrícolas de temporada, cuya relación laboral con sus empleadores también ha sido regulada por nuestra legislación laboral, debido al auge que ha tenido en nuestro país el área de las exportaciones de varios productos de nuestra agricultura y la apertura de los mercados internacionales, para la cual se hace indispensable la mano de obra de aquel trabajador. Es el auge de nuestra economía y la apertura de los mercados internaciones, los que cada día demandan un mayor número de productos agrícolas, lo que ha llevado a nuestros legisladores a regular el contrato de trabajadores agrícolas como un contrato especial en nuestra legislación laboral, y de dar acogida también en el mismo Código del Trabajo a la regulación de los contratos agrícolas de los trabajadores agrícolas de temporada, a fin de otorgar a éstos una mayor estabilidad en sus relaciones laborales y seguridad en todo ámbito a la hora de desempeñarse como tales
Cuidado personal de los hijo(a)s y orientación sexual de los progenitores.

El objetivo de esta memoria es determinar el rol que la orientación sexual de los progenitores desempeña al momento de atribuir judicialmente el cuidado personal de los hijos. Para ello, se analiza la noción de familia en nuestro ordenamiento jurídico, se delimita el concepto de cuidado personal, y su inserción dentro de los derechos-deberes que comprende la autoridad parental, y se precisan las causas calificadas que podrían hacer indispensable para el interés superior del niño el cambio en la atribución de dicho cuidado personal. Asimismo, se revisa el principio del interés superior del niño, para luego analizar su eventual colisión con los principios de igualdad y de no discriminación. En definitiva, se presentan aquí distintos argumentos que permiten colegir que, inhabilitar a los progenitores para ejercer el cuidado personal de sus hijo(a)s, por el sólo hecho de admitir su orientación sexual homosexual, y de mantener, conforme a dicha orientación, una convivencia con una pareja del mismo sexo, implica la transgresión a las normas de un Estado democrático de Derecho.
La obligación del estado de mantener software seguro en el gobierno electrónico como manifestación de su normativa y en especial de los principios de eficiencia y eficacia administrativa

La hipótesis sobre la que se desarrollará este trabajo es que al Estado le asiste el deber de mantener software seguro, en primer término, como una manifestación de los principios y preceptos constitucionales y legales de aplicación general que lo guían en su actuar, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones de promover el Bien Común y respetar en toda su actuación los principios de eficiencia y eficacia Administrativa; y en segundo término, por la obligación de respetar las normas técnicas específicas para el ejercicio de potestades públicas mediante Gobierno Electrónico, debiendo proveerse para ello herramientas jurídicas adecuadas para el desempeño de esta labor, que al menos compatibilicen los estatutos jurídico - privados de los titulares de derechos sobre el software utilizado por la Administración y los deberes del Estado. Aquí cobran gran relevancia el Derecho de Autor y el Derecho Penal Informático. Como consecuencia de lo anterior, debemos analizar la problemática de la seguridad de los sistemas que sustentan el Gobierno Electrónico desde el punto de vista de los principios que informan el Derecho Público, especialmente los principios de eficiencia y eficacia, debiendo estudiar la normativa general y especial aplicable al Gobierno Electrónico, que está conformada por la Constitución Política de la República, las leyes que regulan la Administración del Estado y los Decretos Supremos sobre Gobierno Electrónico, además de referirnos a derechos de la personas que eventualmente podrían verse vulnerados, como la protección de la vida privada y la protección de datos personales; todo con el fin de incentivar y dar inicio a futuras investigaciones jurídicas sobre seguridad de la información y las comunicaciones en el ámbito del Gobierno Electrónico, ya que este tema se proyecta como una de las grandes problemáticas de la Administración del Estado en la denominada era digital o de la información. Este es nuestro objetivo general. También se pretende establecer el marco jurídico preciso en que se funda la obligación del Estado de mantener software seguro, además de identificar los puntos en que se producen contradicciones entre los derechos de los particulares, de los titulares de derechos sobre el software y los deberes del Estado como garante del Bien Común y ejecutor del Gobierno Electrónico, intentado proponer una interpretación, modificación o creación de reglas y principios que permitan su armonización
El dato sensible: su tratamiento en Chile y en el derecho comparado

La protección de vida íntima o vida privada de las personas se tornó, con el uso masivo y muchas veces malicioso de las técnicas informáticas, en una necesidad de todas las naciones que tenían como fundamento de sus ordenamientos constitucionales proteger la vida privada de las personas. Más aún, desde el momento que puede ser el mismo Estado quien atente contra la dignidad de las personas al usar la información que en las bases de datos de la administración pública existen. Entonces, para proteger la vida privada, o el derecho a la intimidad, es necesario conocer qué tipo de información, o antecedentes personales están en posesión, ya sea de instituciones estatales, ya sea de personas privadas. La información, o para usar el lenguaje de la ley, los datos pueden encontrarse en diversos grados de relevancia: pueden existir datos personales y datos sensibles, cuya diferencia está dada por la relación o cercanía que tengan con el ámbito más íntimo de la persona (dato sensible), o más privado, pero no por ello no importante y no digno de protección (dato personal). En lo que se refiere a los capítulos que conforman esta tesis de grado, en el primero describimos la relación existente entre intimidad, vida privada y autodeterminación informativa, como figuras bases de la protección de los datos personales. En el segundo capítulo hacemos una remisión al derecho comparado, en donde se realiza un análisis de diversas leyes europeas de protección de datos que dan la base para el posterior estudio de la ley chilena, así como también revisamos parte de la legislación existente en Latinoamérica y Estados Unidos, además de un análisis de un Proyecto sobre Convención Americana sobre Autodeterminación Informativa.. Para finalizar, en el tercer capítulo analizamos la ley chilena y la doctrina que ha estudiado dicha ley
La sociedad por acciones en la ley de reforma al mercado de capitales II. Ley no. 20.190

La idea de la Sociedad, como concepto mercantil genérico, históricamente ha operado como un motor de desarrollo que ha provocado en los últimos cien años la formación de organizaciones empresariales complejas que de no ser por la existencia y evolución de este instrumento jurídico no hubiesen permitido concretar el impulso de las economías modernas. Esta aseveración ha sido recogida por la legislación comparada, y también por la nuestra, permitiendo un constante perfeccionamiento de las figuras societarias que tienen lugar en nuestro ordenamiento jurídico, muchas de las cuales se han concretado mediante sucesivas modificaciones a la legislación existente en orden a dar mayor transparencia y flexibilidad a las normas societarias que hasta la fecha existían. Sin embargo, las necesidades de la vida de los pueblos y principalmente la búsqueda constante del desarrollo de la economía han dejado en evidencia que a pesar de las reformas introducidas hasta la fecha, las figuras societarias existentes se muestran muchas veces como instrumentos no aptos para ciertos grupos específicos de nuestro país que requieren de un ordenamiento que responda de manera más flexible a sus requerimientos societarios. Es justamente este el antecedente que el Gobierno del ex Presidente Lagos tuvo presente para que dentro del segundo paquete de Reformas al Mercado de Capitales que fue presentado al Congreso Nacional, se incluyera una serie de normas que dan vida a una nueva figura societaria que es conocida bajo el nombre de Sociedad por Acciones, siendo ella el objeto del presente trabajo. Es en este contexto histórico que tiene lugar el nacimiento de este especial tipo de sociedad con la que se pretende satisfacer la necesidad de desarrollo de empresas emergentes, que requieren de una figura exenta de la excesiva rigidez que envuelven las que actualmente ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
La crisis de 1929. I Antecedentes internacionales

Las crisis económicas también han sido fuente para la elaboración de numerosos estudios y trabajos intelectuales, ya que la necesidad de evitar su aparición o de al menos morigerar sus consecuencias ha llevado a que los estudiosos de la economía centren sus esfuerzos en este tema y teoricen al respecto. Justamente es este apasionante apartado de la ciencia económica al que se avoca esta memoria de grado, pero para ser más exactos debemos señalar que este trabajo está orientado al estudio de una de estas crisis en particular, quizás la más perjudicial y avasalladora de todas, la Gran Depresión de 1929 y su impacto en el mundo, la elección de ésta es sencilla, ya que dentro de las crisis que nuestra civilización ha debido soportar la del año 1929 es aquella que más rápido e inesperadamente se extendió por el mundo, haciendo sucumbir no sólo a pequeños y poco preparados países como el nuestro, sino también a las grandes economías como la de los Estados Unidos o Inglaterra. Ciertamente el establecimiento de los hechos que precedieron a esta crisis como de aquellos que ocurrieron durante su apogeo y posterior término presentan un alto grado de atracción en cuanto su análisis nos lleva a estudiar un período de la historia de la humanidad que estuvo marcada en un primer término por el fin de la Primera Guerra Mundial y el nuevo escenario político-económico que se genera, el que luego se ve alterado por el advenimiento de la Gran Depresión y la transformación a que esta dará lugar en todos y cada uno de los países que se vieron afectados; es decir, pasaremos de ver la destrucción de la guerra y la posterior reubicación estratégica de los países según su condición de derrotados o triunfadores a establecer las posibles causas de la crisis que años mas tarde golpeará al mundo junto con las implicancias que esto trae aparejado
Sistematización jurisprudencial del delito de parricidio, cometidos en el ámbito de una relación afectiva. Período 2000-2008

La realización de una sistematización de la jurisprudencia relativa al delito de parricidio que abarca el período comprendido entre los años 2000 y 2008, se enfocará en aquellos delitos cuyo sujeto pasivo y activo mantenían una relación afectiva emocional. El objetivo general de esta memoria es sistematizar la jurisprudencia relativa al delito de parricidio, poniendo énfasis en los criterios jurisprudenciales de solución en los que estriba la realidad social del país. Para luego arribar a una conclusión y saber si nuestros sentenciadores estiman desde la perspectiva de género las circunstancias que anteceden y circundan el delito en si. Para el cumplimiento de dicho objetivo fueron recopiladas sentencias dictadas por jueces de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales de Garantía y los Tribunales orales en lo penal de nuestro país. La búsqueda de jurisprudencia fue realizada en diversas bibliotecas y centros de documentación. Destacándose la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, así como la Biblioteca y la División de Estudios de de la Fiscalía Nacional, cuyo boletín jurisprudencial y estadístico publicado mensualmente fue una fuente importante de información. Cabe señalar la colaboración prestada por la biblioteca y centro de documentación de la Defensoría Penal Pública; que al contar con una base de dato digital facilitó la tarea de recopilación jurisprudencial. De dicha investigación resulto la selección de 20 sentencias dictadas entre los años 2002 y 2007, relativas al delito de parricidio, las que fueron incluidas en la siguiente sistematización jurisprudencial; siendo sujetas a descriptores comunes, para lograr la identificación de criterios jurisprudenciales. El compromiso de llevar a cabo esta investigación estriba en la posibilidad de que sus resultados sirvan de antecedente para introducir el concepto de perspectiva de genero al momento de conocer, juzgar y resolver este tipo de casos; logrando así ampliar el criterio jurídico de las entidades involucradas y la producción de un cambio de percepción social respecto a la participación de las mujeres en este tipo de delitos, para lo cual también se expondrá el proyecto de ley presentado en el año 2007 al interior del Congreso Nacional y que pretende modificar el Código Penal en lo relativo al delito de parricidio introduciendo el concepto de femicidio; y así analizar dicha propuesta a la luz de la realidad que presentan los casos escogidos.
Historia y comentario de la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente

En esta labor, se trabajó directamente con las fuentes emanadas del Congreso Nacional, es decir, con las actas de las sesiones de ambas Comisiones. También se consideró tratados internacionales y legislación comparado sobre el tema de la responsabilidad juvenil, así como diversos artículos escritos por la doctrina especializada. El objetivo del trabajo es comentar en forma clara, concordada y ordenada, los distintos criterios que estructuran el nuevo sistema y que fueron expuestos durante la discusión parlamentaria. Para ello se seleccionaron los temas más relevantes y se explican los diversos puntos de vista que se manifiestan –entre otros- a través de: indicaciones, supresiones, creaciones de nuevo artículos, comentarios y proposiciones. Luego de exponer la historia de este cuerpo legal, procederemos a desarrollar sus reglas en forma concordada, para una mejor comprensión de la actual ley.
La declaración de ilegalidad de la detención y su efecto contaminante en el proceso penal chileno

Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado
Insolvencia transfronteriza

Este trabajo pretende realizar un análisis de las principales normas internacionales que regulan la quiebra, como un aporte para encontrar sus elementos comunes y sus principales diferencias con el objetivo de avanzar hacia la unificación de la legislación internacional en esta materia. Por otro lado, se analiza también la legislación chilena a la luz de los principios que arrojan los tratados internacionales sobre la quiebra, haciendo hincapié en las diferencias y falencias de nuestro sistema de la insolvencia, y en especial a la internacionalidad de la misma
Análisis de la nueva ley de subcontratación. Ley no. 20.123 (publicada el 16 de octubre del año 2006)

La forma de organización de la empresa ha cambiado y las relaciones laborales se han modificado según ella, de la clásica relación bilateral “un empleador – un trabajador” hemos pasado a las llamados Relaciones Triangulares de Trabajo, manifestadas en las Subcontratación Laboral y el Suministro de Trabajadores. A este nuevo tipo de relaciones laborales se refiere la Ley Nº 20.123 , publicada el 16 de octubre de 2006 que modifica el Código del Trabajo y regula el régimen de Subcontratación y el suministro de trabajadores vía empresas de servicios transitorios. Esta memoria aborda esta ley y la problemática asociada a ella
La duda razonable en el sistema procesal penal

El artículo 340 inciso primero del Código Procesal Penal señala: “Art. 340: Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.” (el destacado es nuestro). En esta disposición resulta patente, que el nuevo sistema de justicia criminal, introduce una modificación fundamental en el estándar de convicción que se exige al Tribunal de Juicio Oral competente, o al Juez de Garantía , según el caso, para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. Esta modificación se ve justificada desde la perspectiva de los principios y garantías fundamentales que subyacen al nuevo sistema, así como desde el punto de vista de la lógica del juicio oral; única instancia en que por regla general será rendida la prueba que servirá de base al tribunal de juicio oral para pronunciar su fallo. Esta importante modificación a su vez introduce un cambio fundamental respecto de nuestro ‘antiguo’ y rígido sistema de procedimiento penal, sistema de corte inquisitivo, que consagraba el sistema de prueba legal o tasada, lo que se traducía en que la exigencia de reconstrucción de la verdad histórica exigía alcanzar la máxima certeza para condenar, tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado
El derecho a tener un padre y una madre. La paternidad y maternidad en los casos de adopción y aplicación de técnicas de reproducción humana asistida

El objetivo de la presente Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales es exponer la forma en que se determina en nuestra legislación actual la paternidad y la maternidad en los casos de Adopción y aplicación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, y analizar cual es la aplicación que reciben actualmente los principios rectores de nuestro estatuto filiativo en los referidos casos. Para esto realizamos una exposición de la legislación vigente que establece la forma de determinación de la paternidad y maternidad en los casos referidos, detectando los vacíos existentes en las leyes que regulan la Adopción y la aplicación de Técnicas de Fertilización Humana Asistida. Expusimos el contenido de cada uno de los tres principios rectores de la filiación a la luz de los Tratados Internacionales que los establecen, y analizamos la aplicación que reciben estos principios en los casos expuestos, comparando la legislación regulatoria de la Adopción y las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y la señalada observancia de los principios, con la legislación extranjera y análisis de jurisprudencia y doctrina internacional. A partir del estudio realizado planteamos soluciones para llenar los vacíos legales detectados en la legislación que regula la Adopción y las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y señalando también ideas para solucionar los casos en donde a nuestro juicio se violaban los principios de nuestro estatuto filiativo, soluciones originales e inspiradas en la legislación, jurisprudencia o doctrina extranjera. De la exposición de la legislación actual, resolvimos como se determina la paternidad y maternidad en los casos de Adopción y aplicación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida en nuestra legislación actual y cuál es la aplicación y efectiva observancia de los principios de Igualdad, Interés Superior del Menor e Identidad