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El trabajo a través de empresas de servicios transitorios: causas de una nueva modalidad empresarial y descripción del suministro de trabajadores de la ley no. 20.123

La principal razón que motivó el presente estudio de la figura de suministro de trabajadores deriva de la inquietud en dilucidar cómo una figura de existencia pretérita ilegal y admisibilidad prohibida, es hoy en nuestro país, a contar de la vigencia de la Ley N° 20.123, una modalidad de contratación de trabajo perfectamente lícita y además conveniente para los ofertores de trabajo del mercado laboral. El suministro de trabajadores se refiere a la cesión temporal de trabajadores por parte de quien se asume como su empleador, a otro sujeto que se beneficia de las labores de ese trabajador sin asumir casi ningún tipo de responsabilidad legal y evadiendo así su calidad de empleador. A través de este trabajo, se pretende un estudio integral y directo, tan general como específico de sus instituciones propias. Además, y en atención a mi desempeño profesional, ha sido redactando pensando no sólo ser un documento de corte académico que proponga dudas y respuestas jurídicas con un enfoque responsable, sino también un útil y accesible consulta para quienes en el desenvolvimiento de su actividad necesiten contar con un texto que les sistematice y explique el marco normativo que permita acceder legalmente esta figura de suministro de mano de obra
Evolución de la judicatura del trabajo con especial mención en los juzgados de cobranza laboral y previsional

El Derecho del Trabajo y de Previsión Social es una rama del Derecho que regula las relaciones entre los individuos basadas en un contrato de trabajo, y que compromete al Estado para que éste, en virtud de tales convenios, asegure a los trabajadores la protección a ese vínculo y una adecuada y pronta previsión y seguridad social. Por ello es que nuestra Constitución Política considera la relación laboral dentro de las garantías constitucionales, en la que se asume como idea básica el rol protector que compete al Estado en esta materia. Dado lo anterior, resulta evidente que debe existir una preocupación por el conocimiento y juzgamiento de los conflictos que provengan de la aplicación o interpretación de las normas del trabajo y previsión social, y esta preocupación pasa naturalmente porque el Estado asegure a los intervinientes del conflicto la existencia de una jurisdicción especializada en la materia de que se trata, con un procedimiento sumario y concentrado, que otorgue las garantías de un justo y racional procedimiento. Por lo tanto, frente al conflicto laboral, se debe contar con una jurisdicción adecuada y con un procedimiento que asegure, de la mejor manera y con la rapidez necesaria, el mejor resultado del conflicto. Los tribunales del trabajo en nuestro país han tenido una historia bastante contradictoria y su incorporación al Poder Judicial se ha logrado después de varias modificaciones legales. No obstante, señalaremos que en la actualidad sólo existe jurisdicción especial laboral en primera instancia, con escaso número de tribunales, instalados en aquellas ciudades de mayor densidad poblacional; en las restantes, la competencia laboral continúa entregada a los Juzgados de Letras de competencia común. Es por ello la importancia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional creados por la Ley 20.022 de 2005, ya que tiende a otorgar especialización al conocimiento y juzgamiento de causas que dicen relación con una parte importante del Derecho del Trabajo: la seguridad social
Sociedades anónimas deportivas en Chile, implementación, funcionamiento y fiscalización al amparo de la ley 20.019

En nuestros días el deporte se avizora como una de las realidades más complejas que existen en la sociedad actual chilena, siendo cada vez más difícil definir el termino deporte como concepto, por que es algo que cambia sin cesar ampliando continuamente sus significados. Así el deporte, queramos o no, involucra los mas diversos y diferentes ámbitos de nuestro quehacer diario, no solo circunscribiéndose a la realización de un actividad especifica y determinada, sino que hoy mas que nunca, afectando las diversas relaciones sociales que nos rodean. Es por lo anterior que el deporte necesita diversas herramientas para regular los diferentes escenarios en que se ve involucrado, ya que las normas que regulan su propio desarrollo no bastan para poder ordenar los diversos ámbitos en que el deporte se desenvuelve en el mundo moderno. Desde una perspectiva sociológica, derecho y deporte, son ineludiblemente conceptos socialmente trascendentes que van desarrollándose y ampliándose conforme nuestra cultura y sociedad van cambiando, teniendo ambas instituciones un rol permanente sobre las personas o individuos que son parte de la actividad deportiva. El rápido cambio de las sociedades contemporáneas, la diversificación de las practicas deportivas, la motivación creciente en aspectos como la salud o la recreación, el deporte como instrumento de marketing, el incremento del mercado laboral y profesiones relacionadas con el deporte y un conjunto de otros ejemplos mas, nos hacen hoy pensar cuan importante es tener en nuestro país una regulación sólida, bien pensada y que se condiga con la realidad y fines que buscamos en la practica del deporte
Las nuevas causales de nulidad en la ley de matrimonio civil

Durante las últimas décadas, nuestra sociedad ha experimentado profundos cambios culturales, los cuales se han visto reflejados en diversos ámbitos, entre los cuales se encuentra el ámbito familiar, cuyo sustento es el matrimonio. La tendencia actual ha sido la disminución de las uniones matrimoniales, la ruptura de éstas, la proliferación de uniones de hecho, el aumento de grupos familiares monoparentales, entre varias problemáticas relacionadas con la familia. Por este motivo, frente a esta preocupante situación, el legislador elaboró numerosos proyectos con el objeto de crear una Ley de Matrimonio Civil más acorde con la realidad imperante, buscando minimizar los daños producto de las rupturas matrimoniales, y regulando sistematizadamente la nulidad, la separación y el divorcio. Este arduo trabajo rindió frutos, después de casi una década de discusión en el Congreso del proyecto que, en definitiva, dio vida a la Nueva Ley de Matrimonio Civil, la cual entró en vigencia el 17 de noviembre del año 2004. Nuestro objetivo es abordar la nulidad matrimonial y sus nuevas causales a través de su fuente histórica, es decir, el Derecho Canónico
El cambio de la naturaleza jurídica de las aguas en Chile, paso de aguas privadas a públicas. Un proceso jurídico especial

Especial, ese es el adjetivo que más se ajusta para definir el cambio de que trata este trabajo. Es especial por la materia particular en que se enmarca, el derecho de aguas, pero lo es aún más por las características específicas que tuvo. El tema sobre que versa este trabajo es el cambio de la naturaleza jurídica de las aguas en Chile. Dicho cambio se produce a fines de la década del sesenta, y su contexto está dado por las modificaciones originadas en el proceso de la Reforma Agraria. Debido a que se trata de un cambio, menester es que exista un antes y un después de él, y algún elemento que lo produzca, que es a la vez referencia de este antes y después. Son éstos los principales aspectos aquí analizados. El antes y el después está constituido por la diferencia en la naturaleza jurídica de las aguas, antes privadas, después públicas. El elemento que lo produce, la legislación respectiva, una particular convergencia de la ley de reforma agraria y una ley de reforma constitucional. Para analizar cómo se produjo este cambio en la naturaleza jurídica de las aguas, en un primer capítulo haremos una breve referencia de cuál ha sido esta naturaleza jurídica en los diferentes cuerpos normativos desde el Código Civil. Posteriormente, en el capítulo segundo se analizará en detalle cómo se produjo este cambio, la legislación relevante respectiva, y el mecanismo jurídico especial empleado para ello. Finalmente, en el capítulo tercero se verán cuales han sido las características principales de los derechos de aprovechamiento en las distintas normativas
Discriminación laboral por origen racial y nacionalidad

Nuestro trabajo se dividirá en 4 capítulos; en el primero señalaremos los derechos fundamentales en el trabajo, a fin de establecer su eficacia, a nivel normativo y de aplicabilidad; en el capítulo segundo presentaremos el principio de igualdad y el derecho fundamental de la no discriminación, analizaremos su concepto y ámbito de protección, tanto a nivel nacional como internacional; en el capítulo tercero, analizaremos extensamente la discriminación por origen racial y nacionalidad, estableciendo un concepto propiamente tal, compararemos distintas realidades, en América Latina, Unión Europea, Estados Unidos y en Chile, para terminar con su reconocimiento legal, tanto a nivel propio como supranacional; y por último, en el capítulo cuarto, analizaremos el nuevo procedimiento de Tutela, introducido por la Ley 20.087, con sus posteriores modificaciones (Ley 20.260), a fin de establecer la real protección judicial del derecho a la no discriminación en nuestro país. Para nuestro análisis, usaremos la metodología de investigación jurídica descriptiva teórica y explicativa, investigación que será de tipo trasversal y aplicada, puesto que el fin de nuestro trabajo, es determinar como es, en la actualidad el derecho aplicable, al principio de la no discriminación laboral por el origen racial y nacionalidad y como se ha plasmado esto, en el ámbito legal.
El empleador ante los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aspectos civiles, penales, administrativos y procesales

El 1° de mayo de 1968 entró en vigencia la Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Atendidos los cuarenta años transcurridos, la hipótesis fundamental de este trabajo es que el contenido de sus disposiciones en si mismas, y al momento de relacionarlas con las distintas áreas del derecho, ha generado nuevos problemas a los distintos operadores de ella. Así, es necesario revisar la adecuación de esta normativa a los nuevos problemas que han surgido en la sociedad actual, o que de su aplicación han manado, a fin de crear nuevas respuestas a las inquietudes que motivaron su promulgación. En tal sentido, dicha revisión debería efectuarse desde cada aspecto de las ciencias que tengan relación con ella: Desde la medicina preventiva, para determinar cuan efectiva ha sido en la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o si han surgido o disminuido determinadas patologías; desde la sociología y antropología, a fin de indicar si ha habido un nuevo enfoque en las relaciones humanas al interior de la empresa, y de ser efectivo, un incremento en la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc. Por ello, esta memoria pretende ser un aporte, desde una perspectiva jurídica, a dicha revisión, dando respuesta a las nuevas inquietudes dogmáticas surgidas a propósito de la aplicación y armonización de las disposiciones de la Ley 16.744
Interpretación judicial sobre facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo en materia de subcontratación laboral

El 5 de octubre de 2006, S. E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, promulgó y ordenó llevar a efecto la Ley N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios; consecuentemente, la Dirección Nacional del Trabajo, mediante la Circula N°4 de 12 de enero de 2007, instruyó a todos los directores regionales, coordinadores inspectivos e inspectores provinciales y comunales del trabajo, la realización de un programa nacional de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de la nueva normativa laboral. Sin embargo, el organismo estatal encargado de ejecutar dicho programa ha sido sometido a un intenso control judicial, a raíz de los recursos de protección deducidos en su contra por las empresas fiscalizadas. En efecto, desde el 17 de abril de 2007 al 17 de abril de 2008 , de un total de 75 acciones constitucionales en 50 oportunidades los Tribunales Superiores de Justicia han decidido acoger las acciones interpuestas, ordenando al Servicio recurrido adoptar medidas tendientes a dejar sin efecto las actuaciones impugnadas, esto es, el Acta de Constatación de Hechos y/o la Resolución de Multa.
La obligación de cesión de terrenos en materia urbanística

La importancia de la obligación de cesión de terrenos no ha sido menor en el derecho chileno. Aunque sus orígenes se remontan a los primeros años del siglo XX, en los últimos diez años se han tenido lugar controversias sobre sus límites, con especial intensidad, ante órganos administrativos y jurisdiccionales. Así, como se verá a lo largo de este trabajo, particulares han cuestionado ante la Contraloría y ante las Cortes, la legalidad y la constitucionalidad de las actuaciones de las Direcciones de Obras Municipales y los Secretarios Regionales Municipales relativos a las cesiones de terrenos. También se han originado litigios entre vecinos y empresas constructoras por las áreas verdes que éstas últimas deben ceder en su quehacer como agentes urbanísticos.
La comisión ergonómica nacional y el concepto de trabajo pesado en la legislación nacional.

El presente trabajo es un examen de la institucionalidad y normativa que regula los trabajos pesados en la legislación nacional. Lo hemos abordado desde una perspectiva jurídica y ergonómica realizando un análisis de la Comisión Ergonómica Nacional y su funcionamiento. El concepto de trabajo pesado y cómo este último es aplicado en la práctica, la naturaleza jurídica de la Comisión y de sus resoluciones son también objeto de análisis. El trabajo apunta a determinar si esta institucionalidad es apta para dar respuesta a las nuevas formas de trabajo. Para este efecto, nuestra metodología consistirá en un análisis primeramente teórico que presentará al lector el cuadro general de la materia y en la segunda parte se analizarán casos prácticos para verificar en ellos nuestras hipótesis de trabajo. Este análisis práctico consiste en una parte fundamental del trabajo pues nos permite concluir que existe un sistema apto y eficiente cuando es requerido, pero incapaz de actuar de oficio, limitando su ámbito de acción.
El crimen de agresión y la Corte Penal Internacional

Aunque el recurso a la guerra como medio de resolver las disputas entre naciones ha acompañado a la humanidad desde sus albores, y en casi todas las épocas han existido quienes han cuestionado el recurrir a ella, intentado excluirla completamente, o al menos limitar su uso sólo a casos muy justificados, no fue sino hasta entrado el siglo XX que comenzaron a desarrollarse los primeros intentos por estatuir un conjunto de normas internacionales que restringieran al máximo su uso como medio de resolución de conflictos entre los países. En 1928, a través del Pacto Briand-Kellog, se prohibió por primera vez el uso de la guerra como instrumento de política nacional (aunque sin contemplar una sanción específica para el caso de la transgresión a dicha norma). Por su parte el Estatuto de Londres de 1945, que dio cuerpo jurídico al Tribunal de Nüremberg, fue el primero en calificar la agresión como un crimen contra la paz, atribuyendo una sanción penal a sus responsables. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la comunidad internacional comenzaron a realizarse esfuerzos por adoptar un instrumento que permitiera dar fuerza jurídica vinculante a un principio que ya se había asentado en la conciencia de los Estados y de las personas: que la guerra de agresión y los crímenes contra la paz debían ser algo no sólo moralmente reprobable, sino también penalmente sancionable. No obstante, dadas las condiciones geopolíticas existentes en aquella época, con dos bloques claramente definidos en una virtual disputa por el control del mundo, se hizo imposible que estas ideas y principios se plasmaran en un instrumento. No sería sino hasta 1974, cuando Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Resolución 3314, que comenzaría a tomar forma la posibilidad de convertir la agresión, en un verdadero crimen internacional, sancionable como tal
Traducción de la obra "La Doctrine" de Philippe Jestaz y Christophe Jamin

El modelo francés, del cual los otros modelos romanistas son parientes próximos, se basa ampliamente en una construcción intelectual de nuestros juristas quienes de una manera voluntaria o instintiva, dibujaron los trazos de lo que llaman brevemente la doctrina. Ahora bien, bajo la mirada de su propia lógica, este modelo es discutible. Por ejemplo, reserva un rol dominante a la producción escrita descuidando lo que podría llamarse la doctrina oral, expresión que en efecto no ha tenido lugar: y esto puede arbitrario. Y si nos detenemos en los escritos, constatamos – otro ejemplo - que algunos de ellos no son considerados como verdaderamente doctrinales: pero no se trata acá de una verdad objetiva (ni tampoco puramente subjetiva, porque el acuerdo es más o menos unánime para excluir dichas obras), sino que más bien de una verdad relativa al grupo de autores franceses. Estas dificultades de carácter epistemológico serán señaladas en su momento. Pero desde un punto de vista científico, la doctrina francesa debe ser estudiada por lo que es, considerándola como una construcción intelectual y no por lo que – quizás - debería ser… En cuanto a las incursiones en el tiempo y el espacio, ellas serán limitadas, pero de gran importancia. El modelo francés, en efecto, ha sufrido profundamente la influencia de la historia y de una historia que no se resume en la época posterior al código civil: ella encuentra sus raíces en el corazón de la sabia edad media y del derecho romano más antiguo. Además este modelo que la fuerza de costumbre nos hace tomar por evidente y banal, revela su singularidad en comparación con otros: sólo lo conoceremos realmente gracias a una presentación en paralelo con el anti modelo que tiene lugar en los Estados Unidos. Estudiaremos sucesivamente los orígenes históricos del concepto de doctrina (1ª parte), luego el estatus actual de la doctrina en Francia (2ª parte) y finalmente el anti modelo norteamericano (3ª parte)
Energías renovables no convencionales: incentivos regulatorios para la diversificación de la matriz energética en Chile

La política ambiental chilena comienza su desarrollo a partir de la consagración a nivel constitucional del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (en el Art. 19 N° 8 de la CPR) y pasando por la legislación ambiental que se ha desarrollado desde aquel punto de inicio. Si bien se trata de una política ambiental en proceso de maduración y cuya sofisticación dista mucho de la que puede observarse en países desarrollados, la nuestra busca conseguir los mismos objetivos que ambiciona cualquier otra: brindar a los habitantes de la República un medio ambiente sano en el cual desarrollarse. En su cruzada histórica por alcanzar objetivos de crecimiento económico (progresión del PIB, control de la inflación, atracción de la inversión, etc.) y sociales (la erradicación de la pobreza y de las inequidades sociales, el acceso igualitario a la vivienda, a la salud y a la educación) la sociedad chilena dejó muchas veces de percibir la innumerable serie de vínculos que unen a estos objetivos de desarrollo con el medio ambiente, produciéndose su consiguiente deterioro y la merma de la calidad de los servicios que nos otorga la biosfera
El engaño típicamente relevante a título de estafa

La exposición de la discusión sobre cuál sea el bien jurídico protegido en el párrafo VIII del Título IX del Libro II del CP, presenta relevancia en el tratamiento dogmático del engaño en la estafa, toda vez que engaño y perjuicio patrimonial se encuentran relacionados entre sí, formando un círculo cerrado en el que la determinación de uno de sus extremos está insoslayablemente unida a la determinación del otro, de modo tal que la tipicidad de uno no puede determinarse sino en función y en razón del otro. Por lo tanto, sólo si se acredita la concurrencia de un perjuicio patrimonial puede entrar a calificarse la conducta que lo causó como engaño típico. De este modo, atendida esta estrecha relación, es ineludible hacer referencia al bien jurídico protegido que, en este caso, es el patrimonio, porque el perjuicio no es sino la afectación de ese bien jurídico.
La dignidad como base del ordenamiento jurídico

La idea de Dignidad ha sido una constante a lo largo de la historia de toda la humanidad, la cual vino a positivizarse como concepto jurídico en el ordenamiento nacional e internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, que tras los horrores que ella significó, emerge en las conciencias la certeza de la necesidad de la defensa y la protección de los Derechos Fundamentales y de la Dignidad intrínseca del ser humano. Ello implicará el reconocimiento de la naturaleza específica del hombre, que lo hace un ser distinto, según algunos superior, a otras realidades, por lo cual es merecedor de un respeto mayor. Esta positivisación, a lo menos en el papel, vino a significar una protección contra todas aquellas acciones u omisiones del Estado, o de otros particulares, que pusieran en peligro o menoscabaren su integridad física, síquica o moral. Así, este reconocimiento de la Dignidad se configurará para los terceros como una obligación permanente de tratar a todo ser humano según los dictámenes que emanan de su propia naturaleza, conservando su Dignidad no sólo a lo largo de su vida, sino mas allá, cualquiera fuese la situación en que se encontrase o el comportamiento que tuviere. A lo largo de este trabajo veremos la concreción del sueño del reconocimiento y protección jurídica de la Dignidad a través de la historia de la humanidad. La transformación que sufre de ser una idea propia de algunos intelectuales, a una bandera universal de lucha hoy en día cada vez que la barbarie y la hipocresía se apoderan de la escena internacional, avasallando almas desvalidas, arrebatándoles el último bien intrínseco y eterno que poseemos como seres humanos
Régimen de propiedad industrial en la legislación chilena. Análisis comparativo con el ADPIC y tratados de libre comercio suscritos por Chile

La propiedad industrial se define como el derecho de dominio que se ejerce sobre una obra inmaterial, novedosa, que tiene una finalidad industrial definida y útil, o bien sobre un signo o expresión que permite distinguir un producto o un servicio de sus similares. Por regla general, este derecho se protege por un periodo determinado, que al transcurrir hace cesar todas las prerrogativas que de la protección legal emanan. En el caso de las marcas esta situación es diferente, debido a que existe la posibilidad de renovar indefinidamente el registro de las mismas. Una de sus características es aquella que dice relación con la territorialidad. Es decir, el ámbito de lo protegido se refiere sólo al territorio nacional, a menos que un tratado internacional permita de alguna forma la protección fuera del mismo. No obstante lo anterior, es posible advertir como la territorialidad se ha visto mermada por el fenómeno conocido como la “Internacionalización de la Propiedad Industrial”. Mundialmente, la tendencia económica ha estado dirigida al derribamiento de fronteras y a la apertura de los mercados, lo que ha traído aparejado, de una manera u otra, diversos intentos de armonización a nivel internacional de las disposiciones relativas a propiedad industrial. La búsqueda de esta unión de criterios y los diversos tratados que se ocupan de regular estas materias, conforman este fenómeno. Así las cosas, resulta fácil constatar como la propiedad industrial constituye un área obligada en la agenda de las negociaciones internacionales y en la creación de zonas de libre comercio en todo el mundo.