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Modelo chileno de tratados sobre inversión

En mayo de 2004, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado de Chile al pago de casi 6 millones de dólares más intereses, por haber violado el estándar de trato justo y equitativo dispuesto en el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones (APPI) celebrado entre Chile y Malasia. Dicho tribunal sostuvo que Chile había frustrado las expectativas del inversionista al aprobar una inversión que luego no podría concretarse en conformidad a la regulación urbana interna. En mayo de 2008, otro tribunal CIADI condenó a Chile al pago de un poco más de 10 millones de dólares más intereses por haber incumplido, nuevamente, la obligación asumida en el APPI Chile-España de tratar a los inversionistas de forma justa y equitativa. Este último caso se relacionaba con la expropiación, llevada a cabo durante el régimen militar, de una empresa periodística que en esos años estaba a cargo de la circulación de un famoso diario de tendencia contraria a la dictadura (El Clarín). En este caso, el tribunal arbitral se declaró competente para conocer de dichos hechos, a pesar de que el APPI Chile-España había entrado en vigencia en el año 1994. Casi un año antes de esta última decisión, un tercer tribunal CIADI había decidido que no era competente para conocer de una disputa cuyos hechos centrales -la denegación de un permiso de pesca en aguas exteriores y posterior negativa a modificarlo- habían ocurrido antes de la entrada en vigencia del citado APPI Chile-España. En estos tres casos, los tribunales arbitrales basaron su competencia en acuerdos sobre inversión. Estos acuerdos son tratados internacionales que establecen una serie de principios de promoción y protección para la inversión extranjera, imponen diversos estándares de trato que se traducen en obligaciones y deberes respecto de la inversión y del inversionista, y establecen mecanismos para la solución de conflictos entre Estados y entre Estados e inversionistas.
El derecho de acceso a la información pública frente a las autonomías constitucionales: el caso del Banco Central y la Contraloría General de la República.

En la presente investigación se sistematiza la información relativa al derecho de acceso a la información pública a nivel de nuestra normativa interna, desde una perspectiva histórica y conceptual, de manera que analizamos el tratamiento de este derecho desde un escenario anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 20.285 y su posterior implementación hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hemos planteado como objetivo general el elaborar un juicio crítico respecto de si el desarrollo legal que realiza la ley 20285, respecto del actual artículo 8 de la Constitución Política de la República es suficiente desde la óptica de los requerimientos que nuestra sociedad y sistema democrático. Para dar cumplimiento a este objetivo, en una primera instancia se realiza un análisis doctrinario en la materia, principalmente los desarrollados en torno al concepto del derecho de acceso a la información pública. Luego se intenta delimitar su ámbito de acción mediante el estudio de otros derechos colindantes como lo son el derecho a la libertad de expresión, la probidad pública, principalmente en cuanto a los factores que los diferencian con el propio derecho de acceso a la información. Una vez conceptualizado el derecho de acceso a la información pública se realiza un análisis del marco normativo interno y comparado, para contextualizar esta temática, observando claro la ley Nº 20.285, sus principios, aplicaciones e instituciones. En lo posterior, se procederá a realizar un estudio de fondo acerca las autonomías constitucionales, desde una faceta tanto conceptual como funcional, para identificar luego la relación entre este tipo de entidades y el Banco Central y la Contraloría General de la República, analizando necesariamente a cada uno de los órganos reseñados, para así determinar si la aplicación diferenciada de la ley Nº 20.285 es necesaria o no, y de que forma se protege el derecho de acceso a la información pública, cuando se encuentra en poder de estos dos importantes órganos.
Presupuestos para una concepción jurisprudencial del derecho del trabajo en una teoría social y sistémica del derecho del trabajo

Esta investigación plantea una revisión metodológica al estudio de los fenómenos sociales envueltos en el Derecho del Trabajo, con especial referencia a tres características prevalentes en la postmodernidad y sus crisis: la complejidad, la legitimación por procedimientos y la racionalidad funcional. Se intenta mostrar la relación entre procesos micro-societales como las comunicaciones y los órdenes macro-societales como Derecho y Trabajo. Para ello se utiliza una teoría sistémica de sistemas sociales, de base sociológica y adjudicatoria, en que Derecho y Trabajo son vistos como órdenes emergentes de comunicación diferenciada que coexisten con multiplicidad de otros sistemas. El Derecho, el Trabajo y demás sistemas sociales se otorgan prestaciones recíprocas como variabilidad que permite su reproducción, aprendizaje y evolución. Pero es al Derecho al que le toca generalizar y estabilizar expectativas normativas en medio de una complejidad hostil. Como resultado de este estudio reconocemos que existe sólo un sector del Derecho del Trabajo capaz de mantener la coherencia de un sistema pluralista muy diferenciado creando sentido y al mismo tiempo posibilitando su evolución: los Tribunales del Trabajo a través del ejercicio de la jurisdicción.
De la falta de probidad como causal de despido

Una de las causales más graves de término de la relación laboral, es el despido por falta de probidad, pues es de aquellas que autorizan al empleador para poner término al contrato de trabajo sin pagar indemnización alguna al trabajador. En este trabajo realizamos un profundo estudio de la falta de probidad, reuniendo y sistematizando los aspectos jurídicos más relevantes de esta causal, contemplada en el artículo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo. De este modo, luego de una breve síntesis y explicación del sistema de Término del Contrato de Trabajo y del sistema adoptado por nuestra legislación en dicha materia, analizamos la evolución histórica que ha tenido la causal de despido por falta de probidad en nuestra legislación. Cuál es el sentido y alcance de la falta de probidad y cómo ha sido entendida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es una de los temas que en forma extensa analizamos en el presente trabajo. Saber qué ocurre en los casos en que el hecho que originó la falta de probidad es motivo además de una investigación penal, la influencia recíproca que pueden tener los diversos procesos (laboral como penal), en cuanto a determinar la configuración de la causal y la forma en que lo resuelto en sede penal pueda afectar la decisión en sede laboral, como así mismo la procedencia y los requisitos de una eventual indemnización por el daño moral producido como consecuencia del despido por falta de probidad, si ésta causal no se logra acreditar en juicio, son parte de este completo estudio que ha quedado plasmado en la presente obra.
Tipos de señoríos jurídicos en el derecho romano clásico

Durante la historia de Roma, el derecho evolucionó desde el Iure quiritium, rígido y resguardado en una primera época a través de los pontífices; luego logra su máximo esplendor en la época clásica con el Pretor y los jurisprudentes, quienes lo imaginaron y desarrollaron hasta lograr identificarlo con la sociedad romana, a través de la figura del derecho bonitario. Posteriormente en la época postclásica, observamos la pérdida de autonomía y libertad de los jurisprudentes comenzando a consolidarse la cancillería imperial. Todas estas circunstancias, crearon los cimientos de las dos grandes tradiciones jurídicas conocidas en la actualidad como son, la continental y el common law. Respecto al objetivo de este trabajo, se examinarán y analizarán lo que hoy en día se conoce, como derechos reales, siendo el más importante de ellos, el dominio y sus desmembraciones; en base a la importancia que tienen a todo nivel dentro de una sociedad.
Evolución del sistema de subsidios por incapacidad en Chile con especial énfasis en el sistema de licencias médicas. Historia del sistema. Uso, abuso y fraudes

El siguiente trabajo representa un análisis formal del sistema de Subsidios por Incapacidad Laboral por Enfermedad de Origen Común en Chile, con especial hincapié en el sistema de Licencias Médicas. Desde los inicios del sistema hasta el día de hoy. Los abusos para los que se presta el sistema de Licencias Médicas, así como los vacíos que permiten que se presenten por un lado, fraudes al sistema y por otro, casos de indefensión para el trabajador. En este sentido es imposible no destacar el nulo desarrollo legal que tiene el rol del Médico Tratante que emite la Licencia Médica, pues pese a ser un documento de un valor importantísimo y que significa al Estado una inversión de miles de millones de pesos, la ley no tiene desarrollado ni tipificado como delito específicamente la emisión de licencias médicas que contengan declaraciones falsas o excesivas, ni la presentación y el consecuente beneficio monetario para quien presente una licencia médica fraudulenta, sino que debe asimilarse a otras figuras legales genéricas y dispersas en la legislación. En el desarrollo del presente estudio, mostraré la evolución que ha tenido el sistema de protección al trabajador en casos de incapacidad para realizar sus funciones, el rol que juega el empleador, el Estado y el mismo trabajador. Un gran avance en lo que dice relación con el control, la fiscalización y la disminución de los fraudes en el sistema, es la Licencia Médica Electrónica, tema que también será desarrollado. Junto con lo anterior, también es mi intención analizar el procedimiento aplicable al momento de emitirse una licencia médica, desde el momento en que es cursada por un profesional o una institución competente. Finalmente, también analizaré Jurisprudencia Administrativa y Judicial, y el rol de la Superintendencia de Seguridad Social pronunciándose sobre rechazos, revisiones o reducciones en el plazo de Licencias Médicas.
Principios formativos en el nuevo procedimiento laboral

El objeto de la presente tesis es enseñar una visión crítica de los principios que infundan el procedimiento laboral y que, por vez primera en la normativa del trabajo, se encuentran explicitados en la ley, en el artículo 425 del nuevo código laboral. De esta forma, la finalidad última, es concluir si la aplicación de los principios favorece la concreción de las metas planteadas por la reforma del trabajo. Al respecto, el proyecto original de reforma contemplaba un mejor acceso a la justicia para posibilitar así la efectividad del derecho sustantivo, conocido como derecho a la tutela efectiva, que no sólo supone el acceso a la jurisdicción, sino que también a una justicia proporcionada de forma eficaz y oportuna. Otro objetivo de la reforma fue la agilización de los juicios del trabajo para superar la situación preexistente caracterizada por la lentitud de dichos juicios y que se traducía en una denegación de justicia, en especial para los trabajadores. Además se estimó que el procedimiento laboral debiese actuar como forma de pacificación social, en relación a solucionar de forma certera para las partes los conflictos judiciales. Por otro lado la modernización del sistema procesal laboral, potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral y el modelo de tutela de derechos fundamentales dentro de las relaciones de trabajo –sin duda, uno de los grandes avances, fueron también directrices para la reforma.
Migraciones internacionales y derechos humanos: desafíos normativos que plantea para Chile esta nueva perspectiva

La globalización de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, el incremento de las desigualdades sociales y económicas a nivel mundial, así como la creciente interdependencia entre los países y sus economías, generan condiciones que favorecen los movimientos migratorios. Al estar insertos en esta realidad global, los Estados no pueden mantenerse al margen de este proceso. Por ello, la presente investigación tiene por objeto estudiar los desafíos normativos que el fenómeno migratorio impone al Estado chileno, los que se derivan, principalmente, de la utilización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como nuevo enfoque para aproximarse al mismo y, en consonancia con ello, de la ratificación, y posterior entrada en vigencia, del más importante tratado internacional de derechos humanos aplicable a las personas migrantes: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. De esta manera, para determinar adecuadamente cuáles son estos desafíos abordaremos las premisas básicas que utiliza el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para que los Estados protejan los derechos fundamentales de los migrantes, así como el contenido de dicha Convención, para luego, desde esa óptica, abordar las fortalezas y debilidades del marco normativo nacional que regula las materias de extranjería y migración en nuestro país.
Análisis dogmático y jurisprudencial de la atenuante de irreprochable conducta anterior del delincuente

El estudio de la irreprochable conducta anterior del delincuente, como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, es un tema abordado someramente por la doctrina, a pesar de ser la atenuante que registra mayor aplicación por parte de nuestros tribunales ante delitos de mayor connotación social. La escasa investigación existente carece de una perspectiva político criminal que analice la institución a la luz de la teoría de los fines de la pena y los principios limitadores del ius puniendi estatal. La relevancia de estos principios radica en que, sólo mediante su estudio y aplicación, será posible desarrollar apropiadamente una fundamentación de la atenuante coherente con un Derecho Penal de Garantías. La hipótesis planteada en esta investigación consiste en que la Irreprochable Conducta Anterior del Delincuente constituye un indicio de menor o nula necesidad de inocualización, intimidación y corrección o resocialización del sujeto, en consideración a que, con anterioridad al delito, ha mantenido un comportamiento acorde a la ley penal y las expectativas ético sociales imperantes, constituyendo el delito una excepción a su conducta habitual. Es decir, la irreprochable conducta anterior del delincuente fundaría la atenuación de la pena, basándose en exigencias preventivo especiales y en los principios limitadores del ius puniendi estatal: Subsidiariedad del Derecho Penal, Resocialización y Necesidad de la Pena. A fin de establecer la efectividad de esta hipótesis será necesario analizar, desde un punto de vista crítico, dogmático y jurisprudencial, la justificación de la existencia de la atenuante de responsabilidad penal contenida en el artículo 11 número 6 del Código Penal, siendo éste el objetivo principal de la presente investigación.
La responsabilidad por el mando en el derecho penal internacional

El presente trabajo analizará el estado actual de la figura de la responsabilidad por el mando en el Derecho Penal Internacional, de modo de ser una guía en la reciente recepción de la institución que hace el artículo 35 de la ley 20.357 de 18 de Julio de 2009 en los siguientes términos: “Serán sancionados como autores de los delitos previstos en esta ley las autoridades o jefes militares o quienes actúen efectivamente como tales, en su caso, que teniendo conocimiento de su comisión por otro, no la impidieren, pudiendo hacerlo. La autoridad o jefe militar o quien actúe como tal que, no pudiendo impedir el hecho, omitiere dar aviso oportuno a la autoridad competente, será sancionado con la pena correspondiente al autor, rebajada en uno o dos grados.”
Aspectos generales de la tributación del contrato de asociación o cuentas en participación.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de los aspectos generales de la tributación que afecta al contrato de asociación o cuentas en participación. La principal motivación para emprender esta tarea es el poco conocimiento que se tiene de esta institución, lo que se acentúa aún mas, cuando nos referimos a sus aspectos tributarios. Si bien no contamos con datos que nos puedan dar indicios acerca de la real aplicación práctica de este contrato, creemos que por sus características esenciales, se presenta como una alternativa válida en tiempos en que se requiere especial celeridad en la concreción de los negocios. La asociación o cuentas en participación es un contrato que se encuentra escuetamente regulado en el Código de Comercio y cuyo desarrollo conceptual, en el ámbito de la doctrina, ha sido igualmente escaso. Lo mismo ocurre en el ámbito de derecho tributario. Para realizar una adecuada aproximación al objeto de estudio, en el primer capítulo abordamos el análisis de la regulación comercial del contrato de participación, su concepto y principales características, para luego, en los capítulos posteriores, hacernos cargo de los aspectos tributarios que inciden tanto en la constitución como en la operatoria del mismo. Es nuestro deseo, que el presente trabajo constituya una herramienta de consulta para quienes se vean enfrentados al estudio del derecho tributario, y especialmente enfocado en los aspectos tributarios del contrato de asociación o cuentas en participación, aportando una visión esquemática de la forma como las normas de tributación interna afectan a este contrato.
El panel de expertos del sector eléctrico

Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el sector eléctrico para su desarrollo nacional ha sido la estabilidad jurídica necesaria para garantizar la operación pacífica y eficiente de grandes proyectos eléctricos. Entre las modificaciones legales que se establecieron se halla la creación de un órgano llamado “Panel de Expertos”, el cual ha revolucionado la solución de conflictos del sector, pasando de un sistema basado en los tribunales de justicia ordinarios, los órganos de la administración del Estado y las comisiones periciales. Así, se establece un mecanismo rápido y de alta calificación técnica para resolver las discrepancias surgidas en el sector. El presente trabajo comienza con el desarrollo del contexto histórico-legal dentro del cual fue creado el Panel de Expertos, para luego abocarse a estudiar la normativa orgánica del mismo, sus competencias y procedimiento.Luego de este análisis orgánico, nos dedicaremos a estudiar el Panel de Expertos en cuanto a su naturaleza jurídica, como órgano creado por la legislación e inmerso en un sistema constitucional del cual no puede abstraerse. Analizaremos las distintas problemáticas que esto ha ocasionado, incluidas las acciones constitucionales que se han presentado contra el mismo. Finalmente, se comentarán algunas críticas que se le han deslizado a la institución, particularmente en la discusión del proyecto de ley para establecer otro panel de expertos en otro sector de la economía
La relación de causalidad en la responsabilidad civil y en la responsabilidad de las sociedades concesionarias de obras públicas : doctrina y jurisprudencia

Han aparecido una gran cantidad de estudios a través de los cuales se ha pretendido explicar la forma en que se configura la responsabilidad, cuales son sus elementos y la manera en que ha ido evolucionado en el tiempo. En mérito de lo dicho, nace la idea de este trabajo, el cual tiene por objetivo principal hacer un análisis práctico de uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil; la relación de causalidad. Para cumplir con este objetivo nos abocaremos fundamentalmente a la investigación y al análisis de sentencias pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema durante el periodo comprendido entre abril del año 2003 y hasta enero del año 2009. A su vez, a través de dicho estudio buscaremos vislumbrar cual ha sido la postura de la Corte Suprema, y consecuencialmente, identificar y establecer la existencia de ciertos criterios o tendencias jurisprudenciales en esta materia. Por otra parte, analizaremos la responsabilidad civil de las sociedades concesionarias de obras públicas con relación a los usuarios de las mismas, especialmente en lo referido a la relación de causalidad. A su respecto también analizaremos algunas sentencias dictadas, preferentemente por algunas Cortes de Apelaciones que sirven para ilustrar algunos criterios en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad civil de estas personas jurídicas, lo que se vincula estrechamente con la relación de causalidad que se exige para establecerla. Para cumplir con estos objetivos nuestro trabajo se dividirá en tres principales capítulos: Parte general, referida a generalidades, conceptuales y doctrinarias, acerca de la Relación de Causalidad. Del régimen de Responsabilidad Civil de las Sociedades Concesionarias de Obras Públicas frente a terceros y en especial de la relación de causalidad. Análisis de jurisprudencia y en particular los fallos dictados por la Excelentísima Corte Suprema a partir de abril del año 2003 hasta enero de 2009 respecto de la parte general y de fallos de diversas Cortes en materia de responsabilidad de las Sociedades Concesionarias.
Responsabilidad ambiental. ¿Es posible construir en Chile un sistema de responsabilidad objetiva, sobre la base del principio contaminador-pagador?

Teniendo en cuenta que el sistema de responsabilidad ambiental objetivo ha sido considerado en la esfera internacional y en el derecho comparado como el régimen de responsabilidad más adecuado para la reparación y prevención de los daños ambientales, este trabajo pretende analizar si nuestro ordenamiento jurídico está o no preparado para consagrar un régimen de responsabilidad ambiental de carácter objetivo, fundamentado en el principio contaminador pagador. Para esto se analizarán los distintos regímenes de responsabilidad ambiental y la aplicación del principio de quien contamina paga como fundamento normativo de la responsabilidad ambiental objetiva. Los sistemas de responsabilidad ambiental operan desde distintas áreas del derecho, en el ámbito penal estableciendo los delitos ecológicos, desde el derecho administrativo imponiendo los órganos del Estado sanciones al verificar la transgresión de ciertas normas ambientales y finalmente desde el derecho civil, estableciendo sistemas de responsabilidad ambiental o por daños ambientales. Este análisis se efectuará a partir de la experiencia de la Unión Europea en la materia, ya que ésta ha realizado un proceso de investigación, normativo y empírico, acerca de las posibilidades de implementar este tipo de responsabilidad a través de la incorporación de la Directiva 2004/35/CE, sobre Responsabilidad Ambiental en relación a la prevención y reparación de los daños ambientales en el derecho interno de los países miembros. En el mismo sentido para comprender la realidad nacional analizaremos el caso de contaminación por plomo de Arica, ya que es el primero en Chile en indemnizar daños de carácter ambiental y nos permitirá conocer las dificultades que representa la litigación de la acción de responsabilidad instaurada en la Ley 19.300
Nueva ley no. 19.925: sobre expendio consumo de bebidas alcoholicas y su relación con el nuevo proceso penal y con el cumplimiento de la pena

El presente trabajo tiene por objeto conocer y entender con toda claridad y precisión las disposiciones de la Nueva Ley N° 19.925, el funcionamiento de ésta, su sentido, alcance y ámbito de aplicación, los procedimientos y sanciones aplicables a sus infractores, así como, su relación con el nuevo proceso penal y con el cumplimiento de la pena, para poder detectar de esta forma posibles defectos que aún pudieran persistir.