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El precio en el contrato de salud

En esta memoria se verá de una forma más bien sucinta los sistema de salud que existen en la actualidad en nuestro país, partiendo desde un punto de vista histórico, analizando cada una de las etapas por las que ha pasado el sistema de salud chileno, para culminar en nuestros días, y así a partir de eso, poder profundizar en lo que es el contrato de salud en la actualidad, sus componentes, partes involucradas y elementos de mayor relevancia, pasando desde este punto a ver con mayor profundidad el tema al que nos avocaremos, esto es el precio en el contrato de salud, analizando cada uno de sus componentes, como son el precio base, el precio del plan complementario y el precio del plan GES, así como, la forma en que puede modificarse o adecuarse este precio una vez que va transcurriendo el tiempo y va ejecutándose el contrato de salud convenido. Para finalizar este trabajo comentaremos brevemente las modificaciones que existen actualmente en pie en el Congreso Nacional, con el objetivo de cambiar la forma en que se puede ir modificando o adecuando en precio del plan de salud contrato, asimismo, también recogemos algunos fallos actuales que tratan sobre esta materia, rescatando lo más relevante que ellos señalan, para hacernos así una idea muy precisa de cómo funciona en la actualidad la adecuación del precio y además hacernos una idea de hacia donde va este tema
Análisis crítico del actual procedimiento de justicia militar y propuesta superadora

El tema de la presente memoria de grado no escapa a esta realidad, pues la justicia militar en Chile (específicamente el Código de Justicia Militar), desde hace ya mucho tiempo necesita tanto una revisión crítica, como una reforma, tanto en su parte procesal como en su parte penal, al tratar de las diversas conductas tipificadas como delito militar. Las razones que nos llevan a realizar este trabajo son de variada naturaleza y obedecen a muchos motivos, las que podemos resumirlas en las siguientes: - Nuestro actual Código de Justicia Militar data del año 1925, y desde aquella fecha no ha sido objeto de reforma sustancial alguna, lo que hace de este cuerpo legal una ley anquilosada, empantanada en viejas doctrinas y que no muestra una consecuencia sistémica con procedimientos similares en cuanto a sus fines y aspiraciones. La evolución que ha experimentado el Derecho después de la segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a la concepción y fines de la pena; las garantías procesales; evolución del llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos; las nuevas ideas del ejercicio de la democracia, así como del rol del Estado en esta, etc. La evolución que el propio Derecho Penal Militar ha experimentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la concepción jurídica actual de delito militar; sus requisitos; personas que pueden cometer delitos militares, etc. Queremos brindar a través del presente texto, una revisión crítica del actual Código de Justicia Militar, contrastarlo con los principios contenidos en nuestra carta fundamental, y examinar cual es el sistema adoptado en derecho comparado
Análisis de la doctrina pontificia sobre propiedad comunitaria entre 1891 y 1961

Este trabajo se propone analizar el tema de la propiedad comunitaria en la doctrina social de la Iglesia Católica, desde su primera Encíclica Social en 1891, la Rerum Novarum, hasta Mater et Magistra publicada en 1961. Conforme a lo anterior, se analiza el origen y evolución de las ideas que permitirían reconocer un concepto de propiedad comunitaria en la doctrina pontificia de 1891 a 1961. El tema planteado se verá a través de una revisión hermenéutica de las Encíclicas Papales Rerum Novarum (1981), Quadraggesimo Anno (1931) y Mater et Magistra (1961); fuentes originales de la doctrina social de la Iglesia Católica. Se analizan los conceptos de propiedad privada y de asociacionismo, en las Encíclicas señaladas, y consiguientemente como confluyen o evolucionan hacia una idea general de Propiedad Comunitaria. También se analizarán tópicos tales como la relación entre el trabajo humano y la propiedad privada; el Estado y la propiedad privada; El Estado y las asociaciones; principios comunitarios y otros. Las conclusiones nos muestran que el anterior, no es un concepto nítido desde los inicios de la Doctrina Social Católica, sino que este se habría ido formando a consecuencia del desarrollo del pensamiento corporativista católico. Precisamente se han estudiado las temáticas de la propiedad privada y del asociacionismo, en cuanto son conceptos desde los cuales se habría ido desarrollando la idea de propiedad (empresa) comunitaria
El agente encubierto ¿peligro o beneficio en estados democráticos?

La complejización que ha sufrido la sociedad se traduce en formas más abstractas de comunicación, así como de modos de producción, ha tocado también el derecho penal, por cuanto han surgido nuevos ámbitos de regulación como en materia de delitos informáticos. A su vez, esta sociedad compleja, interrelacionada, también conoce de fenómenos propios de un mundo globalizado como el narcotráfico, terrorismo, la llamada criminalidad organizada. La tendencia actual es enfrentar estos fenómenos a través de una legislación rápida y decidida, para que provea más instrumentos para enfrentar de manera frontal estos problemas. Todo ello acompañado de una creciente sensación de inseguridad promovida por los medios de comunicación. En respuesta a ello, surgen legislaciones que regulan estos tópicos, que se caracterizan por el adelantamiento de la punibilidad (se sancionan los actos preparatorios), y la elevación de las penas, entre otras. Características que se condicen con el Derecho Penal del Enemigo. Dentro del esquema de estas regulaciones aparece el agente encubierto, como instrumento del Estado en orden a dotar de mayor eficacia a la actividad punitiva del Estado, para poder eliminar a estos problemas de raíz. Si bien el Estado quiere erradicar estos problemas, surge el debate en torno al medio que ocupa para ello ¿será legitimo cualquier medio para lograr los fines que se propone el Estado?
Ley de responsabilidad penal adolescente: juventud, marginalidad y control social

Es así, que en la conformación del mundo actual se han venido- de un tiempo a esta parte- generando nuevos procesos, con características particulares históricamente, lo que trasunta en ámbitos como las nuevas invenciones del progreso tecnológico, la potente masificación del acceso a la información, la hegemonía del mercado en la sociedad; hechos que no hacen sino constituir formas de trabajo y relaciones sociales especiales, determinados por éstas mismas. A consecuencia de ello, emerge una gama de problemáticas ignoradas hasta hoy, generando entonces la necesidad por parte de los Estados de implementar nuevas políticas y respuestas. De esta forma, se ha impuesto un capitalismo capaz de disciplinar desde la diversidad, o bien, dominar en forma sutil y difusa, con nuevos dispositivos y técnicas de control que operan desde ámbitos formales e informales. Y aunque el mundo sea muy distinto al de 20 o 30 años atrás, el Derecho Penal sigue siendo una institución esencial en lo que a control social significa, no obstante sus manifestaciones actuales implican algo más que meras características históricas. Es así, que nuevos paradigmas han entrado en acción, marcados significativamente por el debilitamiento de los principios liberales clásicos, que alguna vez sustentaron una ideología fuertemente reductora del poder punitivo del Estado frente a los particulares. Se relativizan garantías, funciones, objetivos del derecho penal, provocándose con ello un giro radical expresado en el paso de la noción del derecho penal como garantía para los ciudadanos, a un derecho penal erigido en dominio sobre los sujetos. De esta forma, queda el camino abierto para convertir al Derecho Penal en un potente instrumento institucional, capaz de legitimar la represión sobre conductas e individuos que consciente o inconscientemente se despliegan como amenazas al orden establecido. Se pasa así, de un derecho penal del hecho, a uno del autor
Violencia doméstica contra las mujeres en Chile: análisis bajo la óptica del género y el derecho internacional de los derechos humanos

A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres han sido objeto de discriminación y trato desigual, negándoseles sus derechos más básicos: derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad, derecho a educación, a voto, a propiedad, a trabajar, a administrar sus bienes, etc. Esto frecuentemente es fruto de las distintas concepciones de lo que debe ser una mujer, estereotipos asociados al rol femenino en una sociedad predominantemente hecha por y para hombres. Una consecuencia de lo anterior es la violencia contra las mujeres, que constituye un problema vigente y de suma preocupación. Una cultura androcéntrica es el caldo de cultivo para generar actos de violencia contra las mujeres, pues refirma constantemente que la identidad masculina se basa en el poder y control respecto de otros, incorporando la subordinación de la mujer como una forma de revalidar la masculinidad. Esta cultura dominada por lo masculino tiene diversas formas de auto-sustentación y entraña en sí misma actos de violencia que, considerados naturales, son validados como formas de relación entre hombres y mujeres, produciendo y reproduciendo la violencia basada en el género. La violencia, como uso de la fuerza o del poder que tiene como resultado un daño posible o real, se traduce en actos que afectan a las mujeres por el hecho de ser tales . Por ello se habla también de violencia de género, no obstante no existe una definición unívoca. Estos actos de violencia contra las mujeres pueden darse en diversos ámbitos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres distingue tres contextos: comunidad, Estado y familia. Es de mi interés en este trabajo la violencia llamada doméstica o intrafamiliar
Ambito de aplicación de la ley de protección de los derechos de los consumidores

Este trabajo pretende determinar de la forma más precisa posible cual es el universo de relaciones de consumo que ampara le Ley Nº 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores (en adelante también: Ley de Protección al Consumidor o LPC), para esto, analizaremos uno a uno los artículos que tengan relevancia para determinar a que sujetos y a que actos se aplica esta disposición. En primer lugar, revisaremos los requisitos que deben reunir los sujetos de la relación de consumo, estudiaremos los conceptos de consumidor o usuario y de proveedor que nos da el artículo 1º en sus números 1) y 2) para lograr así establecer en forma certera quienes pueden ser considerados como tales. Luego, nos referiremos al elemento objetivo de la relación de consumo revisando como se entrelaza con los requisitos subjetivos, estudiaremos en que consiste el carácter mixto que debe tener todo acto de consumo y que excepciones existen a esta regla. Por último, en el Capítulo IV trataremos la aplicación de la LPC en materias reguladas por leyes especiales, nos referiremos a su carácter supletorio y a los casos contemplados en las letras b) y c) que se refieren a los intereses colectivos y difusos y al tema indemnizatorio
Chile y el convenio 169 de la OIT

Este trabajo se desarrollará de la siguiente manera: en un primer capítulo se verá someramente, cuál es la historia de la legislación laboral en Chile y cuáles son los derechos individuales y colectivos del trabajo, así como la implicancia de los mismos respecto de los trabajadores indígenas; el siguiente capítulo lo constituye un análisis respecto al origen y alcance de las normas internacionales del trabajo, así como la naturaleza e importancia de la Organización Internacional del Trabajo en este campo. En especial, se verá el tema de la recepción por parte del derecho interno nacional de los convenios y recomendaciones de la OIT, así como ciertos casos comparados a nivel latinoamericano; el tercer capítulo trata sobre el Convenio Nº 169 de la OIT, sus orígenes, las principales materias que trata y su proceso de ratificación por parte del Congreso Nacional. El cuarto capítulo lo constituye un análisis respecto de la normativa laboral chilena, los pueblos indígenas, así como las disposiciones reguladoras y protectoras del Convenio en materia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Principio de igualdad y condiciones discriminatorias en la oferta de trabajo

El objeto y finalidad principal del presente estudio consiste en examinar, desde un punto de vista descriptivo, el principio de no discriminación en la oferta de trabajo, fase pre ocupacional de la relación laboral, señalando los recursos de que dispone nuestra legislación para restablecer los derechos conculcados, proveyendo del debido resguardo a las víctimas de la discriminación laboral. En virtud de esto, consideramos preciso dividir nuestro trabajo de la siguiente manera: En el Capítulo I analizamos los Tratados Internacionales y la regulación interna en búsqueda del principio de igualdad y de la no discriminación, profundizando el estudio de lo que ocurre con respecto a la discriminación laboral en sí. En el Capítulo II, ahondamos en el desarrollo del principio de no discriminación en la relación laboral propiamente tal, señalando las formas de discriminación laboral que existen, separándolas en directas, indirectas y acciones positivas y especificando los diferentes momentos en que pueden presentarse conductas discriminatorias durante la relación laboral. En el Capítulo III, realizamos un estudio detallado del principio de no discriminación, en la etapa previa a la relación laboral, incluyendo los motivos, las distinciones, particularidades o excepciones de discriminación reconocidos por la legislación interna y los tratados internacionales. Asimismo, analizaremos los mecanismos discriminatorios más usados en esta etapa y los grupos más propensos a verse afectados con este tipo de actos. Por último, en el Capítulo IV, estudiamos las diferentes formas de impugnación existentes ante hechos de discriminación tanto en la legislación interna como comparada, enfocándonos especialmente en el tratamiento de la viabilidad en la obtención de reparaciones e indemnizaciones en nuestra legislación. Finalmente, el mayor aporte en este sentido será buscar una orientación, en todo caso, denunciando la insuficiencia de las actuales herramientas legales, judiciales y administrativas que permitan garantizar los derechos consagrados en la Constitución y la Ley en atención a la necesidad de resguardar los derechos de los trabajadores y las acciones que pueden iniciar éstos cuando resultan ser víctimas de la discriminación y la desigualdad laboral
Revisión crítica del trato o contratación directa como modalidad de contratación administrativa. Ley 19.886 sobre bases de contratos administrativos y prestación de servicios

El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes
Análisis de la ley de subcontratación y de empresas de servicios transitorios

La relación laboral esta habitualmente determinada por el carácter bilateral, de tal forma que es el propio empleador quien obtiene la mano de obra a través de la selección directa o indirecta que él realiza. De la misma forma, es el trabajador quien recibe las remuneraciones como obligación principal del empleador, en forma directa de la persona que lo contrató y que es a quien presta su servicio. Esto es el contrato de trabajo en que se inspira el Código del Trabajo y casi la totalidad de la legislación laboral. Ahora bien, producto del dinamismo de las relaciones que están determinadas por la economía, el contrato de trabajo, como el antes concebido, ha sufrido diversas mutaciones y es insuficiente para regular la situación actual. Así sucede con empresas que cuentan con un giro de actividades específico, como por ejemplo una empresa minera, cuya actividad principal es la extracción de minerales y no el trazado de caminos para llegar a la mina, los servicios de seguridad, aseo, etc., los cuales desde un punto de vista de costos, no es conveniente adoptarlos como propios, resultando más práctico utilizar otros mecanismos para contar con dichos servicios
Bases de la institucionalidad de la salud ocupacional en Chile y órganos competentes

En el marco de la Seguridad Social, y de la protección de estados de necesidad generados por contingencias sociales, se ha resguardado de aquéllos al trabajador que ha sido víctima de un accidente o enfermedad profesional. El Estado, a través de la ley 16.744, creó un Seguro Social que disminuye el impacto de estos hechos sobre el ingreso y vida del trabajador afectado; esta ley generó el contexto jurídico de las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho y los organismos que las otorgan. La presente memoria trata de las facultades y competencias de los distintos organismos respecto de la Salud Ocupacional, y las sucesivas modificaciones que éstas han tenido en la actualidad, delimitando esta materia ante la existencia de una dispersión normativa importante que ha dificultado su estudio y ha devenido en la confluencia de facultades similares en órganos, que por su naturaleza, tienen diferentes competencias
Análisis económico y beneficios de la responsabilidad social empresarial

En los últimos años existe en nuestro país un marcado interés público y privado por el tema de la responsabilidad social de la empresa. Ello puede explicarse fundamentalmente por dos razones: 1- La primera tiene que ver con la globalización de los mercados. Para competir en mercados globalizados, es necesario elevar los estándares y requisitos mínimos relacionados con políticas ambientales y exigencias de responsabilidad social para las empresas. Dicha globalización produce una mayor competitividad entre los productores y prestadores de servicios, circunstancia que los obliga a implementar estrategias que aporten a sus productos y servicios un valor agregado. 2-La segunda razón se enmarca en el aumento de la conciencia colectiva de los consumidores. En la actualidad los consumidores están en condiciones de rechazar el status vigente y exigir que a la racionalidad empresarial, dinamismo y capacidad para generar riqueza, se agregue un enfoque social y ambiental que logre conciliar el interés privado con el bien común
Reserva de ley e intervención reglamentaria en la práctica constitucional chilena

El objetivo central de esta memoria es exponer el conflicto en la distribución de competencias entre la potestad reglamentaria de ejecución y la potestad legislativa según la práctica constitucional chilena, desde el año 1990 en adelante. Este conflicto tiene como telón de fondo un principio constitucional, de siglos de desarrollo histórico. Se trata del principio de reserva legal, que garantiza que las materias más relevantes para los ciudadanos sean discutidas y ordenadas desde el órgano con mayor grado de deliberación democrática, esto es, el Parlamento. Este principio se encuentra reconocido en forma dispersa en la Constitución Política, y fundamenta el ámbito de competencia de la potestad legislativa, pero no determina, necesariamente, la relación entre esa potestad y el reglamento. Sin embargo, para exponer adecuadamente la relación entre esas fuentes normativas, es necesario tomar como marco el principio constitucional de la reserva de ley. La idea de esta tesis es exponer el problema de manera de dar luces acerca de los criterios que se utilizan o deberían utilizarse para armonizar la relación entre la ley y el reglamento. Por eso, parte fundamental de esta memoria será sistematizar los criterios jurisprudenciales que se han diseñado para abordar el problema en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 1990 hasta el año 2007, y analizar críticamente las tesis que la doctrina constitucional chilena ha diseñado para enfrentar la materia
La costumbre internacional, el Ius Cogens y las obligaciones Erga Omnes. El Ius Cogens como única fuente de las obligaciones Erga Omnes

Las obligaciones erga omnes, dentro del Derecho Internacional Público, son una figura de reciente creación, cuya naturaleza y alcance no han sido todavía delimitados. De lo anterior deriva que, dentro del Derecho Internacional no exista aun una estructura lógica, clara y unánimemente aceptada que permita aclarar una serie de interrogantes a su respecto. Se ha sostenido por algunos autores que las obligaciones erga omnes serían una creación original basada en el acuerdo de los distintos sujetos de Derecho Internacional, fijada a través de Tratados, Acuerdos y Convenciones, cuyas características particulares se deben a la voluntad de los Estados en orden a darles, ya constituidas como obligaciones, una jerarquía superior dentro del ordenamiento internacional. Otros han afirmado que tales obligaciones emanarían de diversas fuentes del Derecho Internacional, las que interactuando entre sí darían origen a una figura que posee sus especiales características por el hecho de basarse en la principal de dichas fuentes, el ius cogens internacional, cuerpo de normas y principios superiores. Ni esta ni otras teorías acerca de la naturaleza y origen de las obligaciones erga omnes explican de manera contundente sus características tan particulares, lo cual, atendidos algunos acontecimientos ocurridos durante los últimos años (v.gr. Invasión en 2003 de Estados Unidos y sus aliados a Irak, Construcción del muro israelí en Cisjordania) hacen vislumbrar los peligros que representa dicha falta de certeza. El presente trabajo pretende conocer el alcance y naturaleza de las obligaciones erga omnes, afirmando que estas no son una creación original ni inédita dentro del Derecho Internacional, sino que, por el contrario, sustentan sus características y su funcionamiento en su naturaleza y origen, esto es, ser la consecuencia de la aplicación práctica del ius cogens internacional, su única fuente. Aunque en comparación con las obligaciones erga omnes, el ius cogens presenta una elaboración jurisprudencial y doctrinaria más avanzada, tampoco existe a su respecto la claridad necesaria para que por su solo intermedio baste para explicar las características de tales obligaciones. Para esto último, más que establecer a la costumbre internacional como única fuente del ius cogens y de ahí explicar sus características, resulta imperativo excluir la voluntad de los sujetos de Derecho Internacional como su fuente directa, limitándola a una función accesoria y prescindible en su creación. Todo lo anterior pese a lo expresado en la letra b) del artículo 1º de la “Resolución acerca de las Obligaciones Erga Omnes en el Derecho Internacional”a, del Instituto de Derecho Internacional, reunido en Cracovia, Polonia, en el año 2005, que viene de cierto modo a desvirtuar la teoría sustentada en este trabajo acerca de la naturaleza y origen de dichas obligaciones