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La jurisprudencia en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la nueva justicia laboral

Nuestro trabajo consistirá en un primer capítulo, sobre el concepto de los derechos fundamentales. También en este capítulo nos centramos en la constitucionalización de los derechos fundamentales laborales, vale decir, el reconocimiento de estos derechos en la constitución y la aplicación de los mismos a las relaciones particulares. Algunos de estos derechos son reconocidos de manera específica en las relaciones laborales y otros de manera inespecífica, que son derechos que se le reconocen a toda persona por ser tal, y por ende aplicables a las relaciones laborales derivadas del contrato de trabajo. Sin embargo nos encontramos con el artículo 485 del Código del Trabajo se remite solo a algunos derechos cuya tutela se ampara por el nuevo procedimiento de tutela de derechos fundamentales. En el capitulo segundo, enumeramos y dimos una explicación a grandes rasgos de los derechos protegidos en el nuevo procedimiento de tutela, según indica el artículo 485 del Código del Trabajo, el cual se remite a ciertos derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y además recalcamos la especial importancia del derecho o garantía de indemnidad, creado especialmente en este artículo, el cual consiste en que los trabajadores puedan ejercer tanto acciones administrativas como judiciales, sin que el empleador pueda realizar actos de represalia como consecuencia de dichas denuncias. En el capítulo tercero analizamos, someramente, el procedimiento de tutela laboral empezando con sus antecedentes previos y la necesidad de la aplicación de un nuevo procedimiento de tutela laboral en Chile. Dentro de este capítulo analizamos algunos principios formativos del nuevo procedimiento laboral aplicables al procedimiento de tutela, ya que este procedimiento en su gran medida se remite al procedimiento ordinario laboral. Por último dentro de este capítulo vimos el procedimiento propiamente tal. Y por ultimo en el capítulo cuarto siendo la parte principal de nuestro trabajo extractamos y comentamos brevemente, tanto la jurisprudencia administrativa y judicial. En esta recopilación se trató de seguir el orden de los derechos fundamentales protegidos en el Código del Trabajo, tal como lo indica el artículo 485
Un sistema más solidario y eficiente de seguridad social : reforma a la previsión social chilena

En consecuencia, el orden de las materias a tratar en la presente memoria será el siguiente: En el primer capítulo, haremos revisión de los principales conceptos desarrollados en el ámbito de la Previsión y Seguridad Social, de sus principios informativos y de los conceptos básicos relacionados a los mismos como marco de referencia para su análisis posterior, haciendo especial énfasis en los principios básicos de Solidaridad y Universalidad, así como en la situación coyuntural en que se encuentran los sistemas de Seguridad Social. En el segundo capítulo, nos avocaremos a la revisión de los problemas que presentaba el sistema previsional con anterioridad a la reforma. Para ello se describirá el Pilar Solidario existente previo a la reforma, las falencias que se presentaba en materia de cobertura y densidad de las cotizaciones la situación previsional de las mujeres y de los trabajadores independientes. Además se pasará revista a las principales propuestas dadas por expertos en seguridad social, para solucionar los problemas que presentaba el sistema previsional chileno de capitalización individual. En el tercer capítulo, nos centraremos en el estudio de los orígenes de la reforma previsional. Para ello revisaremos el análisis y las propuestas que efectúo El Consejo Asesor Presidencial, conocido como “Comisión Marcel”, en los ámbitos de Pilar Solidario, cobertura y densidad de las cotizaciones, situación previsional de las mujeres y trabajadores independientes. Siempre bajo la consideración, que el trabajo desarrollado por la Comisión Marcel significo la base del proyecto y posterior Ley de Reforma Previsional. Bajo la misma premisa anterior, se revisará el contenido del proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, junto a las principales discusiones parlamentarias relacionadas a los aspectos antes descritos, analizándolas desde un punto de vista integral y descriptivo. En el capitulo cuarto, se describirá el texto de la Reforma Previsional y los cambios introducidos a las materias señaladas anteriormente. Por último, en el capitulo quinto, se analizará los cambios introducidos por la Ley 20.255 al sistema previsional chileno. Para ello seguiremos el análisis que han efectuado distintos autores sobre la materia y daremos nuestra propia opinión en todas las materias analizadas
El trabajo decente : Concepto y aplicabilidad en Chile

El trabajo decente ha definido el quehacer del mundo del trabajo en todo el planeta durante el último decenio. Sin embargo, y a pesar de la importancia que ha tenido y los logros que de su impulso se han obtenido, aun queda pendiente un panorama claro respecto de los alcances del concepto. Un primer objetivo de la presente memoria, entonces, es aportar en la conversación que existe en torno a la identidad del trabajo decente y en la fijación de sus límites, de ser necesario. Luego, nos hacemos cargo de observar la realidad nacional justamente a través del filtro del concepto recién tratado. ¿Es Chile un país orientado a mejorar las condiciones laborales de sus ciudadanos a través de los postulados del trabado decente? ¿Considera nuestra legislación argumentos del trabajo decente para dar solución jurídica a los problemas del fenómeno del trabajo? Estas preguntas basan la presentación de la segunda parte de este trabajo
Aplicación, interpretación, jurisprudencia y problemas que plantea la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

La Convención de La Haya está compuesta por 44 artículos precedidos de un prólogo. Su principal objetivo es la inmediata restitución de un menor que fue trasladado o retenido ilícitamente en un estado diferente al de su residencia habitual, vulnerando así los derechos de custodia y visitas. Esto siempre bajo el prisma de que es el menor la verdadera víctima del traslado y se debe buscar siempre el interés superior de este. Según lo visto, intenta abordar un tema sumamente importante y cada día más frecuente como es la sustracción internacional de un menor a manos de uno de sus progenitores o familiares, lo cual será la base y tema principal de esta investigación.
El recurso de unificación de jurisprudencia : un análisis critico

En este trabajo pretendemos abordar el nuevo Recurso De Unificación De Jurisprudencia introducido por la ley Nº 20.260, que modifica el Libro IV del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087 que establece un nuevo procedimiento laboral. En definitiva, se creó un instrumento que garantizara la unificación de la Jurisprudencia, El Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina cuyo fin de evitar la dispersión interpretativa, que supone la existencia de los diversos Tribunales Superiores de justicia, coadyuva a garantizar la uniformidad de la jurisprudencia, aquél principio consagrado en rango Constitucional que hace patente el principio de unidad estatal y nacional que España se ha dotado, y que tan complejas relaciones tiene con la creación identitaria de las distintas comunidades autónomas. . A modo de ejercicio comparativo, nos adentramos en la problemática de la adopción del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, de España, del sentido con que la tramitación práctica del recurso (aún no del todo aclarado, como lo exhibe la discusión doctrinal que en parte mostramos) ha dotado en un sistema de tradición continental, hasta el modo de discurrirse en un amplio sector de la doctrina, de la adopción agrietada y sui generis del common law en el continente. Luego se realiza la descripción práctica del recurso en términos similares a la descripción que se hizo sobre el recurso chileno. Además, la visión valorativa-crítica tendrá que ver, al final del texto, con los roces que el recurso pueda tener con el debido proceso, entendido éste como una serie de garantías con potente arraigo en la lista de derechos fundamentales garantizados, por constituciones, tratados leyes y costumbres
Evolución de la normativa social en Chile durante el período 1950-1973 : breve análisis de las políticas económicas implementadas entre 1950 y 1970, en especial en materia laboral

Este trabajo reúne la normativa dictada en materia social-en nuestro país-entre los años 1950 y 1973, la que ha sido compilada en el primer capítulo, incluyendo áreas tales como educación, salud, seguridad social y vivienda. Los capítulos siguientes contienen un breve análisis de las políticas económicas implementadas en los gobiernos de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, y como estas políticas fueron o pretendieron ser plasmadas en la normativa laboral y de seguridad social del periodo. Este trabajo resulta útil para quienes deseen obtener información respecto a que leyes regularon una determinada materia. Así por ejemplo, el lector podrá identificar como evolucionó el régimen previsional de los empleados particulares, o bien, que cambios experimentó la regulación de la indemnización por años de servicio. Igualmente, podrá identificar a los distintos organismos encargados de actuar en materia de seguridad social, así como su creación, fusión e incluso desaparición. Finalmente, permitirá al lector conocer un poco más acerca de la relación entre las políticas de gobierno, en especial aquellas referidas al ámbito económico, y las leyes dictadas en materia laboral y de seguridad social, y como éstas terminan repercutiendo en la vida del ciudadano común. Ciudadano que, ciertamente, no permanece indiferente ante dicho impacto.
La subcontratación y el suministro de personal : repercusiones sobre el derecho colectivo del trabajo.

El desarrollo de la investigación que se propone para el desarrollo de los objetivos planteados, contempla en primer lugar, el análisis de las bases doctrinarias históricas del derecho laboral en general, y de los procesos y medios de descentralización productiva en particular. En este sentido se hace necesario un previo estudio, aunque breve, de los conceptos y de las formas fácticas de producción y de relación con el mundo laboral, planteados por aquellos hombres que, de una u otra forma, forjaron la realidad laboral de los trabajadores hasta hoy, incluyendo para tal efecto, la ideas y mecanismos introducidos por Frederick Taylor, Henry Ford y John Maynard Keynes. Enseguida, es indispensable analizar, conceptualizar y desarrollar las variantes de la descentralización productiva, sus distintas formas y los sujetos que intervienen en ella. Para este último objetivo, por ser el Derecho Laboral, al menos en sus bases y principios intrínsicos fundamentales, un conjunto de principios y normas que trascienden nuestras fronteras, se analizará también las experiencias, rescatables o no, en el plano internacional. Enseguida, se apreciará la opinión de autores que se hayan abocado al estudio y al desarrollo doctrinario del Derecho Laboral, en lo pertinente a las implicancias de la descentralización productiva en el respeto y promoción de los derechos de sindicalización, negociación colectiva y otros derechos fundamentales, y que son quienes han creado la escasa literatura jurídica nacional existente respecto del ejercicio de los derechos colectivos, por parte de los trabajadores sujetos a regímenes de contratación laboral triangulares. Finalmente, acudiremos a la consulta directa, a través del recurso metodológico de la entrevista, de un grupo de personas ligadas al ámbito del Derecho laboral y al ejercicio de los derechos de carácter colectivo, y que son una voz de autoridad en la materia, producto de sus estudios, sus cargos y sus experiencias. Con este fin, entrevistaremos a María Ester Feres, abogada, directora del Centro de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central y ex Directora del Trabajo; Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos (CONTRAMET); Esteban Hidalgo, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT – MOSICAM); Martín Pascual, cientista político, investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA); Rafael Pereira, abogado, jefe de la división jurídica de la Dirección del Trabajo y José Luis Ugarte, abogado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado
Manual de referencia para el estudio de títulos de personas jurídicas, su constitución y administración. Segunda parte

En el presente trabajo se analizan los requisitos que deben cumplir distintas formas asociativas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para constituirse y actuar válidamente y que se deben tener en consideración al momento de realizar un estudio de sus títulos. Se divide en siete capítulos, donde seis de éstos se dedican al estudio de una forma asociativa distinta, dando para cada una de ellas los elementos fundamentales tanto para determinar la validez de su constitución así como respecto de su administración. El primer capitulo analiza los objetivos y fundamentos de un estudio de títulos y señala los conocimientos prácticos necesarios al momento de realizar esta tarea. Se resuelven en el cuestiones como las formalidades para obtener la copia de una escritura pública y las ventajas de la protocolización de documentos. Las formas asociativas estudiadas en el presente trabajo son la sociedad anónima, la sociedad en comandita, la sociedad por acciones regulada por la Ley 20.190, y la empresa individual de responsabilidad limitada
Las competencias del Gobierno Regional en la doctrina nacional y la jurisprudencia administrativa

Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.
El delito de abigeato en la Ley 20.090

La presente Investigación pretenderá ilustrar el delito de abigeato en su auténtica dimensión, realizando un estudio a la génesis del cuerpo legal que atribuyó al robo o hurto de animales una mayor importancia dentro de los delitos patrimoniales, analizando su contenido y el resultado de la implementación durante su reciente vigencia. Constituyendo el abigeato un delito exclusivamente rural, cuyo porcentaje de comisión aparentemente sería bastante inferior en comparación a otros delitos patrimoniales, es relevante comprender el objetivo del legislador detrás de la regulación especial que se le asigna, verificando si hay consideración suficiente a los principios rectores del Derecho Penal. De esta manera en la creación de la ley 20.090 existiría una contravención al Principio de Legalidad, pues la normativa implantada el año 2006 establecería presunciones de responsabilidad penal reñidas con la esencia de éste principio, en cuanto al deber de descripción de las conductas punibles expresamente en la ley. En segundo lugar constituirá parte de esta investigación un examen al principio rector de ultima ratio, pues no es claro prima facie si la irrupción de la nueva normativa en el año 2006 se hacía estrictamente necesaria en el Código Penal. Se analizará si el legislador ha planteando una modificación que podría adquirir el carácter de meramente simbólica, lo cual se dilucidará a la luz de los antecedentes estadísticos y jurisprudenciales de implementación de dicho cuerpo legal. También será objeto de análisis el aumento exagerado de penalidad, que sin atención al principio rector de proporcionalidad, estaría introduciendo la Ley N°20.090, generando un desajuste entre la gravedad de las penas y la trascendencia que para la sociedad tendría el delito. Finalmente la presente investigación intentará que el análisis de esta ley común sirva de antecedente válido a fin de complementar otros estudios relacionados con la inserción de nuevos delitos en el Código Penal, y los efectos que pueden obtenerse en la instauración de tipos penales más gravosos cuyos fines apuntan a resultados disuasivos que ulteriormente podrían no verificarse.
Legitimidad de la guerra pre-preventiva a la luz del Jus ad Bellum

El objetivo de este trabajo radica en verificar si la guerra pre preventiva, se enmarca dentro de la Carta de Naciones Unidas, para ello se analiza la guerra de Estados Unidos contra Irak, pues a través de este conflicto se desarrollo la hipótesis a nivel internacional de un nuevo tipo de guerra y la interrogante sobre la legitimidad de ésta
Aplicación del procedimiento administrativo a la función fiscalizadora de la Dirección del Trabajo

La razón que me condujo a la elección de este tema es la gran relevancia que ha adquirido el derecho laboral en los últimos años, producto del surgimiento de tópicos tan relevantes como la subcontratación, el salario ético o la semana corrida, entre otros, que han trascendido de la agenda netamente académica o jurídica para convertirse en origen de discusión al interior de ámbitos como la economía o la política en general. Dentro de lo interesante que podría resultar un estudio acabado de la Dirección del Trabajo en el agitado escenario laboral actual, la elección del tema en particular se debe a la poca información con que cuentan los ciudadanos respecto de cómo se lleva a cabo su procedimiento administrativo de fiscalización. En la actualidad, cuando la Dirección del Trabajo ejerce su función fiscalizadora, tanto los trabajadores como los empleadores fiscalizados se encuentran en una situación de incertidumbre frente a su accionar, puesto que existen varias instancias donde, en la práctica, no se siguen con rigurosidad las pautas generales del procedimiento administrativo de aplicación general. Es a raíz de ello que creo que es necesaria una sistematización del tema, para suplir la ausencia de normativa iluminadora al respecto. El objetivo del estudio se delimita a establecer si las normas de derecho administrativo que rigen el procedimiento administrativo de los órganos de la Administración del Estado en general se aplican o no a la Dirección del Trabajo y, específicamente, a su labor fiscalizadora. Esto teniendo en consideración las particularidades de la Dirección del Trabajo como servicio público, principalmente debido al importantísimo rol social que desempeña. La hipótesis que planteo es que las normas generales que rigen el procedimiento administrativo consagrado en la Ley 19.880 efectivamente son aplicables a la Dirección del Trabajo, tal como a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, más cuando éstas, en su mayoría, persiguen el tratamiento justo a los ciudadanos y la transparencia en el accionar de los servicios públicos. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación pueden aparecer matices que nos lleven a afinar esta hipótesis inicial. La metodología propuesta es clara. Debido a la poca información que existe sobre la materia en particular, el sustento de esta tesis será el estudio de textos propios del derecho administrativo que aborden la potestad inspectora de la Administración del Estado en general, el análisis de cuerpos legales y de jurisprudencia. La idea es aplicar el método deductivo, de modo que de lo general arribemos a una conclusión más particular que importe una sistematización de la materia. Para ello abordaré en principio la Dirección del Trabajo como institución, luego profundizaré sobre la potestad inspectora de la Administración y en el procedimiento administrativo de inspección, para terminar con lo medular de la tesis, es decir, ver si éste último se aplica a la primera y por qué
La facultad sancionadora del Consejo Nacional de Televisión a la luz de las garantías constitucionales

En el marco de la sociedad actual, moderna y tecnologizada, los medios de comunicación masiva se han transformado en el mayor vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión. Por esto, es que nos preocuparemos de la regulación de la televisión en nuestro sistema y, particularmente, de la regulación del organismo al que la Constitución le ha encargado velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación: el Consejo Nacional de Televisión (en adelante CNTV). Dentro de este marco general es que nos hemos propuesto responder una serie de interrogantes en orden de determinar si el Consejo Nacional de Televisión, con su regulación y cometido, cumple o no con las garantías fundamentales de la Libertad de Opinión y del Debido Proceso. Estas preguntas, a las que intentaremos dar respuesta por medio del análisis objeto del presente trabajo son: •¿Cuál es el nivel de penetración en la ciudadanía de la televisión como medio de comunicación e información, y cuál es el rol de este medio de comunicación en la formación de la opinión publica? •¿Cumplen las normas prohibitivas sobre emisiones de televisión y las facultades sancionadoras del CNTV con el respeto a la Libertad de Expresión? •¿Ejerce, en el cumplimiento de su cometido, el CNTV la función jurisdiccional? •¿De ejercer la función jurisdiccional, debe cumplir el CNTV con la garantía del Debido Proceso? •¿Cumple, en caso que corresponda, el CNTV con la garantía del Debido Proceso? Para responder estas interrogantes, utilizaremos la Metodología de la Dogmática Jurídica, ocupándonos en el estudio de las siguientes fuentes: normas de derecho vigente referidas a la materia; jurisprudencia, nacional e internacional; doctrina sobre la materia; historia fidedigna del establecimiento del CNTV, y; derecho comparado, específicamente, el caso español. Por último, también no serviremos de estudios de campo en lo referido a la pregunta que indaga sobre el nivel de penetración de la televisión en la sociedad.