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Compatibilidad entre el sistema de sanciones y los fines de la pena establecidas en la nueva ley de responsabilidad penal juvenil

En nuestro primer capítulo analizaremos cada una de las sanciones establecidas en la LRPJ, tanto en lo que se refiere su orientación político-criminal y naturaleza jurídica, como en lo relativo al detalle de su regulación. En segundo término, en el capítulo 2, analizaremos el sistema de determinación de sanciones, instituciones novedosas de aplicación post-condena y las salidas alternativas susceptibles de aplicación en los procedimientos juveniles, todo a efectos de poder vislumbrar con claridad las reales características del sistema de sanciones de nuestra ley penal juvenil, sobre todo en lo relativo a la importancia que tiene la privación de libertad en esta normativa. En el capítulo siguiente trasladaremos nuestro centro de atención a lo que constituyen los fines de la pena en el Derecho penal juvenil, análisis que se referirá no sólo a los fines de la pena declarados en la LRPJ, sino que también y principalmente a las orientaciones doctrinarias en la materia, la normativa internacional pertinente y las críticas que a este respecto puedan formularse. En el capítulo cuarto esbozaremos un examen crítico respecto de ciertas formulaciones doctrinarias, que pese a contar con la aquiescencia de la normativa internacional en la materia, no dejan de ofrecer reparos a los ojos del mandato de restricción en el uso del internamiento y a la vez porque se ven frustrados los objetivos de igualdad que prescribe la doctrina de la protección integral, dicho razonamiento se torna urgente considerando que dicha orientaciones dogmáticas fueron, en cierta medida, incorporadas en la LRPJ, y éstas a la vez forman parte del eje central del sistema de sanciones de la citada ley. En nuestro último capítulo (conclusiones), a la luz de las características previamente analizadas del sistema de sanciones que establece nuestra ley penal juvenil, ofrecemos nuestra posición respecto a la idoneidad de dicho sistema en cuanto a la consecución de los fines de la pena que la propia ley declara, especialmente en lo que a integración socio-educativa se refiere
Nociones sobre integración energética en Sudamérica

El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales aspectos que determinan la hasta ahora frustrada aspiración de integrar energéticamente a nuestra región sudamericana. Dicho análisis se hace en base a un estudio primeramente teórico sobre los recursos energéticos y la noción de Integración, para continuar escudriñando, ya en un marco más bien jurídico – político y con una visión regional muy actual, los principales obstáculos, beneficios y desafíos vinculados a un proceso de esta naturaleza en Sudamérica. Finalmente sus conclusiones se dan en orden a aprovechar la oportunidad insuperable que se nos presenta hoy, para en base a la implementación de una serie de cambios, algunos inspirados en experiencias de otra regiones del Globo, se logre consolidar un proceso integrativo real y eficaz en materia energética. Así, culminamos observando, que esa misma institucionalidad proveerá los cimientos para alcanzar una integración más extensiva y profunda en Sudamérica.
Responsabilidad de intermediarios y prestadores de servicios en Internet

Con la llegada de la nuevas tecnologías digitales, hablando derechamente de Internet, se han ampliado aún más las posibilidades de explotación de obras protegidas por el derecho de autor, explotaciones que, por el imperante anonimato de la Web, suelen no estar autorizadas. En efecto, Internet no tiene Constitución, reglamentos ni nada parecido. No existe allí algún organismo central de control, por el contrario, la regla general es la libertad para hacer: desde grandes compañías hasta simples usuarios, con o sin fines de lucro, se transforman simultáneamente en emisores y receptores de información y a través de las hiperuniones es posible llegar (queriéndolo o no) a alguna obra protegida por derecho de autor. Sin embargo, a pesar de las múltiples explotaciones que pueden realizarse en el nuevo entorno digital, el derecho de autor se ha mantenido coherente debido a que los principios básicos pueden y deben seguir aplicándose sin modificaciones: todas las explotaciones protegidas por propiedad intelectual, por regla general, deben ser realizadas previa autorización, las excepciones siguen siendo las mismas
Problemas jurídico penales que plantea la criminalidad de empresa y responsabilidad penal de las personas jurídicas como posible modelo de solución

En esta investigación se expondrá el estado actual de la discusión jurídico penal relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abordando las tres preguntas esenciales que plantea este tema. Según SCHÜNEMANN la cuestión central es determinar si es político-criminalmente imprescindible, dogmáticamente construible y constitucionalmente legitimable un Derecho Penal de entidades colectivas bien desarrollado .
Apropiación indebida de cotizaciones previsionales

Atendiendo a la gravedad que representa para un trabajador, percatarse al final de su vida laboral, que posee grandes lagunas en el pago de sus cotizaciones, lo que redundará en una menor pensión cuando se jubile; o el hecho de que no pueda acceder a determinadas prestaciones de salud sólo porque no se han pagado las cotizaciones correspondientes a su ISAPRE, es que la ley ha establecido diversos mecanismos, cuya misión es evitar la ocurrencia de estos escenarios, disuadiendo por la vía legal a los empleadores a fin de que no incumplan sus obligaciones previsionales. Dentro de estos mecanismos que contempla la ley, sin duda los que representan un mayor gravamen para el empleador son aquellos que importan la posibilidad de verse privado de libertad en caso de no dar cumplimiento a las disposiciones legales que le imponen ciertas cargas relacionadas con el pago de las cotizaciones, las cuales, dicho sea de paso, no recaen sobre dineros de su propiedad, sino respecto de aquellos que han sido previamente retenidos de la remuneración del propio trabajador, y que por tanto le pertenecen sólo a este último. La tipificación del delito especial de apropiación indebida, responde precisamente a esta búsqueda del legislador para, por una parte, disuadir al empleador a fin de que entere los dineros que retenga por concepto de cotizaciones en las instituciones previsionales respectivas; y a su vez, sancionar a aquellos que dolosamente hacen apropiación de estos dineros, manifestando por signos externos su total falta de voluntad de hacer entrega de ellos, tal y como le impone la ley
Excepciones a la regla de exclusión de prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales

Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas
La discriminación contra las personas discapacitadas visuales

En la presente memoria, abordaré la discriminación que deben enfrentar los discapacitados visuales, para quienes el Estado no crea las condiciones necesarias para su incorporación en igualdad de oportunidades en la vida nacional. En efecto, nuestra hipótesis consiste en que el Estado no da cumplimiento a sus obligaciones legales en orden a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y la integración de las personas con discapacidad visual en la sociedad en un pie de igualdad. Este incumplimiento se traduce, por una parte en que el Estado omite deliberadamente proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo integral de este colectivo. Y por la otra en que el Estado tolera esta discriminación cuando no sanciona debidamente las conductas discriminatorias provenientes tanto del sector público como del sector privado. Todo lo anterior importa una violencia estatal que proviene de la estructura de las instituciones del Estado constituyendo una manifestación de control social que incide directamente en las condiciones de vida de estos discapacitados. Durante el desarrollo de la presente tesis, profundizaré en las manifestaciones más palpables de esta violencia. Para ello, describiré las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y asimismo, analizaré los principales instrumentos internacionales ratificados por Chile, que contienen las obligaciones que el Estado debe asumir en relación con esta materia. Por último, examinaré la legislación nacional relativa al tema incluyendo las prohibiciones legales que atentan contra la integración social de estos discapacitados y que constituyen otra manifestación de violencia estatal y de control social. Todo lo anterior con el fin de confirmar o desmentir nuestra hipótesis
Contrato temporal y fuero maternal: conflicto jurídico entre ambas instituciones

El objeto de la presente Memoria es abordar el conflicto jurídico que se origina a partir de la coexistencia de dos instituciones en el Derecho del Trabajo; por una parte el contrato temporal de trabajo, que contempla las modalidades de contrato a plazo fijo y por terminación de obra o faena que tienen una duración limitada en el tiempo, sea por un plazo prefijado o implícito respectivamente, diferenciándose así de la regla general dada por la contratación laboral indefinida, y, por otra parte el fuero laboral maternal, instituto que cuenta con una larga trayectoria de reconocimiento en la legislación, y que a grandes rasgos otorga una inamovilidad temporal en el trabajo a sus beneficiarias y beneficiarios. Ambas instituciones tienen vigencia en nuestra legislación nacional, así como también se encuentran latamente reconocidas por el derecho internacional y la doctrina. Sin embargo, la aplicación conjunta de ambas instituciones a un caso específico, genera conflictos prácticos y jurídicos que intentaremos dilucidar a través del presente estudio. En Chile, la incompatibilidad entre la posibilidad que otorga nuestra legislación laboral en atención a permitir la celebración de contratos temporales y por otro lado la institución del fuero laboral, también reconocida en nuestro Derecho Laboral se resuelve por medio de una norma de rango legal a favor de la preeminencia del contrato temporal. En efecto, y según lo consagra el artículo 174 del Código del Trabajo, una persona beneficiada por el fuero laboral puede ser despedida en virtud del término del contrato a plazo fijo o culminación de obra o faena, previa autorización judicial
Reforma al sistema previsional

En forma similar a lo que ocurrió en diversos aspectos de la realidad chilena, el gobierno militar introdujo importantísimas reformas a la Seguridad Social, en términos tales que se puede sostener que la estructura, principios y bases del actual sistema previsional se presentan como una verdadera revolución respecto de los regimenes que existían en forma exclusiva hasta el año 1980 . Las innovaciones que el D.L. N° 3500 introdujo al régimen de pensiones, constituyen una de las reformas mas trascendentes de las que se han implementado en el ámbito social durante los últimos 28 años, la cual se ha traducido en una reforma completa en materia previsional, reemplazando el antiguo régimen de reparto por un sistema basado en la capitalización individual de los fondos, en el que la afiliación es la relación Jurídica entre el Trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejes, Invalides y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que el D.L N° 3500 establece en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización. Es de esta manera como esta transformación radical se materializo a partir del 1° de mayo de 1981, fecha de entrada en vigencia de D.L N° 3500, de 1980 que estableció en Chile el Régimen de Previsión Social derivado de la Capitalización Individual efectuada y administrada por organismos privados denominados Administradoras de Fondos de Pensiones cuyo objeto único y exclusivo es el de administrar los fondos de pensiones, otorgar y administrar los beneficios y prestaciones establecidos en el referido cuerpo legal, la naturaleza jurídica de estos organismos corresponde a Sociedades Anónimas Especiales que se constituyen de conformidad a los artículos 130,131 y 132 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cuya autorización de existencia la otorgaba la Superintendencia de de Administradoras de Fondos de Pensiones, que era el Organismo Fiscalizador, creado por el mismo D.L N° 3500 como la autoridad técnica de supervigilancia y control de estas entidades, en la actualidad esta función es de cargo de la Superintendencia de Pensiones tras la implantación de la reforma previsional a la cual se referirá el capitulo respectivo, sus funciones básicamente comprenden los ordenes financieros, actuarial, administrativo y jurídico.
Acciones y remedios legales en caso de incumplimiento en la compraventa internacional de mercaderías

La tesis versa sobre las acciones y remedios legales en caso de incumplimiento en la compraventa internacional de mercaderías, piedra angular de la Convención de Viena de 11 de abril de 1980. En el primer capítulo, se analizan aquellas nociones preliminares de este contrato y su relación con la legislación chilena, incluyendo su definición, ámbito de aplicación, derechos y obligaciones de sus contratantes, la reserva efectuada por Chile y la evolución e importancia de este tipo de contrato. El capítulo segundo, examina la normativa aplicable en miras a la solución de un conflicto internacional, contemplando mecanismos tales como: el Derecho Internacional Privado, la Convención de Viena de 1980, el Arbitraje Comercial Internacional, la Cámara de Comercio Internacional, la Legislación Nacional y una propuesta de armonización normativa, en virtud del Derecho del Comercio Internacional, conjuntamente con un breve análisis a los principios que informan la compraventa internacional, con énfasis en el incumplimiento, como el principio de la autonomía de la voluntad, buena fe contractual y continuidad del contrato. El capítulo tercero, se centra en el tema del incumplimiento y sus diversas sistematizaciones; el incumplimiento esencial-no esencial, previsible, parcial, anticipado, por entrega excesiva y las posibles alternativas que se deducen del mismo. El capítulo cuarto, analiza las diversas acciones y remedios legales que contempla la Convención para reaccionar ante el incumplimiento, a saber: el cumplimiento específico, la resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios, además del examen de figuras jurídicas como el nachfrist, el stopagge, más un conjunto de acciones y remedios en particular, destinados a preservar el contrato; sustitución de mercaderías, reparación de mercaderías, reducción del precio, la suspensión del cumplimiento de las obligaciones, acción del comprador en caso de entrega incompleta, acción directa al vendedor para subsanar su propio incumplimiento, acción directa del vendedor para realizar especificaciones de las mercaderías, en caso de silencio, acción de cobro de intereses, retención de las mercaderías, con opción de reventa o de reembolso. Y por último, el capítulo quinto, examina dos casos jurisprudenciales, con el propósito de advertir el criterio al fallar de un Tribunal nacional y otro del extranjero.
Análisis de la actividad de inteligencia del estado y su control público jurídico

La labor de Inteligencia, como toda actividad del estado, debe estar definida y controlada por el derecho, sobre todo si constituye un despliegue conductual de jerarcas y entes públicos que deben ser necesariamente delimitados en sus atribuciones e instrumentos de ejecución. Ahora bien, tanto en Chile como en el sistema comparado hay legislación sobre la materia con distintos niveles de desarrollo; pero tal estado de cosas no soslaya la inquietud: ¿existe un control jurídico efectivo que limite la actividad de inteligencia del Estado, o solamente existe un aparente control legal de reducida aplicación? Conforme a la Ley N° 19.974, vigente desde 2004, se supone que la actividad de inteligencia no vulnera garantías constitucionales. Históricamente analizado, en base a conocida jurisprudencia tanto nacional como internacional sobre la materia, en demasiados casos se genera la duda sobre la real legitimidad de la actividad en cuestión, llegándose a la conclusión de que solamente existiría un freno solo por decisión de las mismas entidades que realizan las operaciones de inteligencia, lo cual supone a su vez, una elusión al control público y jurídico esperados.
Los daños punitivos y sus posibilidades en el derecho chileno

El trabajo que se presenta pretende aportar nuevas ideas en su ámbito. Se considera, en primer término, que veintiún artículos redactados en el siglo XIX no son capaces de reflejar todas las dimensiones y el grado de complejidad que presenta el derecho de daños tanto en el contexto chileno como en el Derecho Comparado. Por lo mismo, se plantea como necesaria una revisión del Título XXXV del Libro IV del Código Civil que permita introducir criterios doctrinarios más actualizados. Esto porque, si bien algunos de esos criterios ya están ampliamente arraigados en la cultura jurídica chilena –como la procedencia de la indemnización por daño moral en sede extracontractual- otros verían radicalmente modificado su tratamiento tanto jurisprudencial como dogmático si contaran con un reconocimiento legal expreso. Por lo mismo, es útil plantear el tema de los daños punitivos en el sistema de responsabilidad extracontractual. Como es sabido, esta institución proviene del Common Law. A pesar de ello la adopción de esa categoría de daños ya está siendo discutida en países con estructuras de responsabilidad similares al nuestro, como España, y en otros ha sido incorporada, como Argentina. Por lo mismo, no cabe descartar a priori su discusión argumentando la incompatibilidad de ambas tradiciones jurídicas. Los daños punitivos como institución de derecho privado pueden cumplir un rol importante en determinados asuntos propios de esa rama del derecho. Por ello, se sostiene que existen buenos argumentos para adoptar la inclusión de estos daños en el sistema de responsabilidad chileno y que en ciertos casos y bajo determinados presupuestos, los daños punitivos son no sólo beneficiosos sino necesarios en la obtención de algunos fines que suelen atribuirse a las reglas de responsabilidad en general
Mecanismos contemplados en la ley no. 20.255 para promover el aumento de las cotizaciones previsionales y mejorar las pensiones

El presente trabajo pretende estudiar el sistema de pensiones vigente en Chile desde la década de 1980 y desarrollar las principales reformas que introdujera en nuestro sistema de pensiones la Ley Nº 20.255. Este análisis se iniciará con el estudio del Sistema de Pensiones imperante en nuestro país, introducido por el D.L. Nº 3.500, y que constituye el Pilar Contributivo Básico del mismo, con un breve desarrollo de su funcionamiento y beneficios. Posteriormente se analizara el Pilar Solidario, instaurado por la Ley Nº 20.255, la que contempla una Pensión Básica Solidaria, tanto de vejez como de invalidez, como así el Aporte Básico Solidario, para los mismos pensionados. Luego trataremos algunos de los nuevos instrumentos que la Ley Nº 20.255 establece con el fin de aumentar la cobertura de las cotizaciones, de tal manera de que el trabajador, llegado el momento de requerir las prestaciones de pensiones, necesite del menor aporte por parte del Estado. Estos instrumentos se materializan por medio del perfeccionamiento del Pilar Contributivo y la profundización del Pilar Voluntario. Para la realización de este estudio, se procedió a analizar la Ley Nº 20.255 y su complemento normativo, constituido por reglamentos, circulares y resoluciones de todos los organismos públicos involucrados en la materia. Finalmente será posible apreciar la importancia de la Reforma Previsional en tanto viene a establecer nuevos mecanismos con el fin, de que, terminada la vida laboral del individuo, las pensiones a las que acceda sean fruto de su esfuerzo, y el monto de las mismas suficientes para satisfacer sus necesidades
Chile y el foro de cooperación económica Asía - Pacífico, Apec : presente, posibilidades y proyecciones

Esta investigación se concentrará en la relación de Chile frente al Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, APEC, del cual el país es miembro desde 1994, formando parte del área de mayor comercio mundial. Este estudio rescatará en su primera parte, titulada “El Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, APEC”, una breve introducción a los modelos de integración económica y los antecedentes de cooperación económica e integración alrededor del mundo y una reseña introductoria y detallada de APEC. El segundo capítulo, titulado “Chile en APEC” se centrará en el ingreso de Chile a APEC, haciendo un análisis de los detalles de su inclusión, las motivaciones para ingresar a APEC y la importancia de APEC para nuestro país. Una segunda parte de este capítulo estará enfocada a revisar con detalle la reunión de APEC celebrada en 2004, y una revisión a la Declaración de Líderes de Santiago. El tercer capítulo, denominado “APEC: camino hacia un Área de Libre Comercio en el “Anillo de Fuego” ”, se apartará del ámbito nacional y atenderá a la vinculación existente entre la Ronda de Doha de la OMC y APEC. Por último, el capítulo cuarto, titulado “Chile, Tratados Internacionales y APEC”, se desarrollará en torno a Chile y todas las variables posibles que puedan originarse a partir de su calidad de miembro de APEC. Se estudiará una reseña al derecho de los tratados internacionales, y cuál es el estatus que Chile otorga a APEC dentro de su sistema jurídico. Finalmente, en este capítulo se hará una mención a la globalización y la estabilidad política de nuestro país en la región, como pilar en un trabajo a largo plazo de apertura y total liberalización del mercado con sus socios de la cuenca del Pacífico, y como un miembro activo y estable del comercio internacional, y cómo ha jugado Chile con dichos factores en los últimos años en miras a un trabajo a largo plazo en el ámbito Asia - Pacífico