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La cláusula de garantía general hipotecaria

La presente memoria de prueba, tiene como objetivo, exponer lo que se entiende en nuestra legislación por cláusula de garantía general hipotecaria. Esto quiere decir, que se estudia su definición, su historia, los conflictos doctrinales que ha suscitado su práctica y los argumentos que los resuelven, la visión que tienen distintas ramas de derecho y la jurisprudencia respecto de su uso, su tratamiento en legislaciones extranjeras, todo ello con el fin de determinar si es o no válida, ya que es ese punto precisamente, el de mayor discusión en nuestro derecho. Para lograr los objetivos trazados, el método que se sigue es el de investigación bibliográfica y jurisprudencial, lo que implica trabajo en bibliotecas, el que se traduce en estudio de libros, tratados, manuales revistas, etc. y también el uso de recursos digitales y en línea. Se utilizan los textos clásicos que en nuestro derecho existen respecto de la hipoteca, los que corresponden a ilustres profesores de nuestra área y se utiliza también material reciente, sobretodo en el ámbito de la jurisprudencia. Todo lo anterior bajo el ojo crítico del autor, que desecha o concuerda con el material investigado a través de fundamentación y opinión. El resultado de esta investigación ha sido fructífero en cuanto al material bibliográfico. Existe en abundancia, especialmente con anterioridad a la década de 1950, se reduce en cantidad hacia nuestros días conforme la cláusula ha sido aceptada definitivamente por la práctica y la jurisprudencia. Sin embargo existe material muy valioso en la década de 1990, el que ha impulsado un renacimiento del debate acerca de la validez doctrinal de la cláusula. Si bien existen buenos argumentos en contra de la validez de la cláusula, la investigación de este trabajo ha obtenido buenos resultados en la búsqueda de fundamentos de doctrina y jurisprudencia para sustentar definitivamente su validez
Alberto Hurtado Cruchaga (S.J.) : la dignidad del trabajo

El objetivo del presente trabajo es examinar la visión del Sacerdote Jesuita Alberto Hurtado Cruchaga sobre el trabajo dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia católica. Para exponer adecuadamente su pensamiento, en la primera parte de nuestro trabajo, hemos abordado el tema de la dignidad del trabajo desde la óptica del cristianismo en general y de la doctrina social de la Iglesia Católica en particular, haciendo revisión de las distintas concepciones que han existido a lo largo de la historia, desde el mundo griego hasta la conformación del sistema económico que actualmente nos rige. En la segunda parte, nos adentramos ya de lleno al análisis su pensamiento. Para ello, consientes de nuestras limitaciones por no tener la adecuada formación, analizamos, no obstante, en primer término, los fundamentos teológicos de la mística social de Hurtado, de su espiritualidad ignaciana y la piedra angular de su pensamiento, la teología del Cuerpo Místico de Cristo. A continuación, profundizando ya en los temas, exponemos la marcada evolución que se advierte en el pensamiento de Alberto, pasando desde una moral individual centrada en la reforma del individuo a una moral social centrada en la reforma de las estructuras sociales que permita terminar con la pobreza antievangélica y poner al elemento trabajo en su justo lugar junto al capital. Dentro de este contexto expondremos su visión sobre el trabajo, sus regímenes, el salario y el sindicalismo. Finalmente, pasaremos revista a la creación de la Asich, órgano parasindical, encargado de prestar ayuda y asesoramiento a los sindicatos, haciendo alusión a los pormenores que rodearon su fundación, a los inconvenientes y críticas que ello le valió, y a los objetivos que tuvo en vista al crearla
Autorregulación y operaciones con información privilegiada - sección segunda: la autorregulación en Chile y sus posibles efectos

El objetivo de este trabajo es intentar establecer el aporte que significa la introducción en nuestro país de prácticas autorregulatorias al interior de las empresas, intermediarios y bolsas de valores, que propendan a la prevención y limitación del uso de información privilegiada en su interior, señalando cual de los modelos de implementación de las mismas existentes es el mejor se adapta a nuestras necesidades, señalando cuáles serían las modificaciones necesarias para su éxito. Para ello, en dividiremos el trabajo en dos partes. En la primera se tratan los conceptos entorno a los cuales gira esta obra, cuales son autorregulación e información privilegiada, para posteriormente en la segunda parte, evaluar los esfuerzos que en nuestro país se han hecho para la consecución del objetivo señalado, tanto a nivel legislativo, regulatorio, en el ámbito de la intermediación como a nivel de emisores de valores, finalizando con una propuesta de modelo autorregulatorio adaptado a las necesidades y características de nuestro mercado
Revisión jurisprudencial y doctrinaria del efecto de la nulidad del despido contemplada en la Ley 19.631 aplicada a las relaciones laborales declaradas por sentencia judicial

La investigación que se exponemos en las líneas siguientes tiene entre sus objetivos más importantes determinar si a futuro se puedan dar criterios jurisprudenciales uniformes que puedan ayudar a dar una clara y justa interpretación a las regulaciones anteriormente descritas, y así determinar si realmente existe en esta situación un problema de técnica legislativa o de índole casuística. Todo este análisis introductorio también nos inclina a señalar una gran pregunta en torno a la cual nos enfocaremos en la parte conclusiva de la investigación en la presente obra, y sobre la cual pretendemos establecer una respuesta clara y precisa. La respuesta que podamos dar al final de la presente investigación tiene como objetivo central poder servir de guía a la doctrina laboral sobre los mecanismos y los criterios jurídicos que deben de abordarse al momento de tratar las instituciones en comento, así como poder aclarar e identificar los problemas concretos que pueden surgir de la aplicación simultanea de estas mismas
Cuerpo humano y derecho

La ciencia y la tecnología van avanzando con descubrimientos que permiten hacer cosas que antes eran inimaginables. Su aplicación al cuerpo humano está modificando la forma en que entendemos y valoramos el cuerpo humano. Nuestro ordenamiento no regula en forma orgánica el cuerpo humano, sino que contempla normas en distintos estatutos legales que lo regulan de forma parcelada y sin armonía, lo que trae falta de claridad sobre los conceptos para interpretar y aplicar las normas jurídicas en caso de conflicto. En nuestra opinión, los conceptos legales en torno a los cuales debe ser entendido el cuerpo humano son persona, propiedad y privacidad y deberá determinarse caso a caso cuál de ellos predomina. Luego, analizamos las situaciones legales en que está el cuerpo, las que podemos dividir para efectos explicativos en dos grupos: casos en que se enfoca el cuerpo como un todo y aquellos que se refieren a partes de él. En los casos en que se considera el cuerpo humano como un todo, nos referimos al derecho a la vida, el cuerpo humano antes del nacimiento, la muerte y el cadáver. Los casos que se refieren a partes del cuerpo son la donación de órganos, muestras biológicas y otras partes del cuerpo.
Los derechos de la empresa en el nuevo procedimiento laboral

Es objetivo de este trabajo, realizar un análisis del nuevo procedimiento laboral chileno, y como este incide positiva o negativamente en el balance entre los derechos de los trabajadores y de las empresas, en específico respecto de las empresas de menor tamaño conocidas como PyMES. Para ello, en un primer instante, nos es imperativo conocer el marco legal y normativo en el que se desenvuelve el nuevo procedimiento laboral, y respecto de este, en especial el funcionamiento de la Defensoría Laboral, y así de esta manera analizar concretamente el mayor impulso dado a los derechos de los trabajadores. En una segunda instancia, nos convoca el interés de contrastar la situación antes mencionada, con los derechos que ostentan las empresas, realizando un análisis de ellos y de las obligaciones que a su vez los limitan, contemplando en definitiva el resultado e impacto que los empleadores (Empresas) han obtenido con la aplicación del nuevo procedimiento. Se hace necesario advertir, que la aplicación de este nuevo sistema procesal laboral, puede provocar un claro desbalance en desmedro de aquellas empresas de menor producción y tamaño (PyMES), por lo que es preciso, atender y analizar sus especiales características, sobre todo, como se relacionan en el sistema laboral, con sus respectivas desventajas, complementando esto las políticas de aligeramiento que se han implementado por el Estado, para disminuir dichas desventajas. Por último, se hace necesario recurrir a la experiencia extranjera en materias de aligeramiento o flexibilidad laboral, para poder concluir correctamente, si los esfuerzos legislativos son o han sido suficientes o significativos para disminuir las desventajas económicas que presentan las PyMES, siempre en el entendido que no se puede precarizar la situación de los trabajadores.
Licencias creative commons y la posibilidad de generar obras derivadas, en relación al derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura

El actual escenario mundial, revolucionado por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, presenta una serie de desafíos tanto a los derechos de propiedad intelectual como a los derechos que garantizan a toda persona el acceso a la cultura. El paradigma de la creación monopolizada por un sector que podríamos denominar “profesional” da paso a uno nuevo, en el cual, dadas las herramientas de la era digital, cada persona tiene en sus manos la posibilidad de crear y difundir una obra de su autoría con contenido creativo. Gran parte de estas creaciones pueden ser clasificadas como obras derivadas, las que resultan de la transformación de una obra primigenia u originaria. Esta democratización de la creatividad se ha visto constreñida por la intensificación de la protección de los derechos de propiedad intelectual, generada por el cada vez más importante rol de tales derechos en el comercio internacional. Es claro que la creatividad como valor social es algo deseable por toda nación, para su desarrollo cultural, social y económico, como lo es también la defensa y protección de los intereses morales y patrimoniales derivados de la producción cultural. Si bien ambos conceptos se encuentran intrínsecamente relacionados, el devenir de la normativa sobre propiedad intelectual ha provocado un desequilibrio entre aquello que reconocemos como los intereses públicos y privados, de acceso y protección, respectivamente. Las obras derivadas son un ejemplo claro de esto, pues si bien los avances tecnológicos facilitan la generación de contenido creativo a partir de obras preexistentes, el estricto régimen de autorizaciones que imponen las normas sobre propiedad intelectual dificulta dicha tarea. Iniciativas como las licencias Creative Commons buscan reestablecer el equilibrio que debe existir en la normativa sobre derecho de autor, facilitando el acceso a contenido creativo y posibilitando la producción de nuevas obras, empoderando a los autores para que sean estos quienes definan aquello que puede o no ser realizado con su obra. Sin embargo, resulta vital el definir si dicho equilibrio es suficientemente garantizado con las decisiones particulares de los autores.
Consideraciones teóricas y prácticas sobre la relación entre proceso prueba y verdad

El objeto principal de esta memoria, es poder dar respuestas a preguntas fundamentales del Derecho Procesal, cómo lo son :(i) ¿Cuál es la función del proceso civil ?; (ii) ¿Para qué sirven las pruebas en un proceso?; y (iii) Cuando hablamos de la verdad en estos contextos, ¿Qué entendemos realmente por verdad? Determinar qué es una decisión justa, es algo no menor. En efecto, encontrar el significado de la palabras “justicia” ya es algo complejo, en tanto está cargado de simbolismos y de diferentes maneras de interpretar qué es lo justo pero trataremos brevemente de desarrollar qué elementos debe tener una decisión para qué la consideremos justa, dejando en claro desde ya que no nos parece suficiente criterios de igualdad procesal para definir a una decisión como justa, por provenir de un proceso justo. Así las cosas, nuestra primera conclusión ha de ser que para que el proceso, culmine en una decisión justa, necesariamente ha de fundarse en una ideología de la justicia que reconozca a la verdad un valor positivo. Ahora bien, eso no nos responde de manera positiva, qué es una decisión justa. Sobre este tema, seguimos la tesis planteada por el profesor Taruffo, quien sostiene que este problema relativo a la escogencia de la mejor decisión, debe ser resuelto acudiendo a un conjunto de tres criterios, y solamente de su combinación podrá brotar un esquema de valoración que permita determinar si y cuándo la decisión es justa”. Dichos criterios son: (i) corrección de la escogencia y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; (ii) comprobación confiable de los hechos importantes al caso; y (iii) empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Estos requisitos, son todos necesarios y para que una decisión sea justa es preciso que ninguno de los tres valores sea inferior a un nivel mínimo que se considere aceptable
Autonomía progresiva: el niño como sujeto de derechos

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de un concepto jurídico que no ha sido mayormente abordado por nuestra legislación interna y que se encuentra establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño , tratado que ha sido debidamente ratificado por nuestro país. Es así como en un comienzo nuestro Primer Capítulo tratará la evolución del estatus jurídico de la infancia y adolescencia, ya que evidentemente la situación infantil del mundo no puede ni debe ser la misma del siglo XIX, época en que se promulgó el Código Civil Chileno, ya que los niños, niñas y adolescentes se encuentran sujetos a nuevos y diversos estímulos externos que, si bien implican mejores herramientas para su desarrollo, por otro lado, los convierten en un segmento de la población vulnerable a los mismos, y que por tanto, los hace requerir de una protección jurídica especial. En el Segundo Capítulo trataremos los fundamentos del concepto de Autonomía, la comprensión e importancia de su contenido, pues como sabemos, la autonomía de la voluntad es un principio jurídico fundamental que inspira transversalmente todo nuestro derecho privado. Se trata, en consecuencia del pilar básico sobre el que descansa todo nuestro ordenamiento civil, el cual se sustenta sobre la libertad individual, donde el hombre está llamado a orientar su destino, en virtud de su inteligencia y de su capacidad de discernir. Nuestro tercer capítulo denominado “Progresivamente hacia la Autonomía”, tratará en profundidad la problemática del cambio de estatus jurídico de niños, niñas y adolescentes desde simple “objeto de protección” hacia “sujeto de derecho”, lo cual implica la posibilidad de exigir el cumplimiento de estas garantías establecidas en su favor. Sin embargo, veremos como la práctica de éstas se encuentra limitada por el ordenamiento jurídico interno, a través por ejemplo, del requisito jurídico de la capacidad. Finalmente, el Cuarto y último Capítulo propone dos casos de jurisprudencia en que la problemática señalada se manifiesta en la práctica en criterios que pueden ser fundamentados en distintos sentidos, lo cual nos llevará a observar como esta colisión de derechos requiere de una orientación que propenda la búsqueda del Interés Superior del Niño, concepto tan abierto como el de Autonomía Progresiva, razón por la cual el ejercicio de ambos quedarán entregados a criterio de quien posee la función de aplicar la norma.
La judicatura de familia a la luz de la Ley No. 20.286, que introduce modificaciones a la ley que crea los Tribunales de Familia

La creación de una judicatura propiamente familiar se encuentra indisolublemente ligada al desarrollo de un nuevo conflicto, a saber, el conflicto de familia. Este contencioso reúne una serie de particularidades, que hacen del todo necesario la creación de tribunales especializados cuyos procedimientos procuren una efectiva tutela de los derechos en disputa. El presente trabajo consta de dos partes: La primera tiene un carácter fundamentalmente introductorio, y tiene por objeto que el lector pueda apreciar de forma global los aspectos que se desarrollarán a continuación. Se estudiarán los antecedentes históricos de la judicatura de familia, centrándonos para ello en la evolución experimentada por los Tribunales de Menores. Acto seguido, revisaremos someramente tanto aspectos normativos de la Ley Nº 19.968, en su estructura original, como la praxis que se hizo de ella en tribunales, lo que nos proporcionará valiosos elementos de juicio para determinar los problemas que se verificaron con la puesta en marcha de los Tribunales de Familia. La segunda parte -y más extensa- corresponde al desarrollo central de este trabajo, en el que se analizan profusamente los diversos aspectos que a nuestro juicio se deben considerar acerca de la Ley Nº 20.286. Acá se entra a estudiar y analizar pormenorizadamente la Ley Nº 20.286, deteniéndonos en las modificaciones orgánicas y procedimentales introducidas a la Ley de Tribunales de Familia, y su incidencia en el conjunto de la ley procesal. Mención especial en esta parte la tendrá el capítulo dedicado a la mediación familiar, por ser ésta una de las materias que experimentó notables modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.286, y además porque creemos que las reformas en esta materia han tenido un gran impacto en el funcionamiento general del sistema de justicia familiar. Continuando con el análisis general que implica esta importante reforma y así entender cabalmente la trascendencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Tribunales de Familia, revisaremos el impacto de las mismas en los principios formativos que informan sus procedimientos, trabajo del todo necesario si se tiene en cuenta que una adecuada comprensión de dichos principios constituye un elemento primario en cualquier trabajo hermenéutico de la ley procesal. Para concluir, se destinará un capítulo para examinar las situaciones en que la Ley de Tribunales de Familia presenta aspectos obscuros -ya sea porque existían desde el comienzo de su vigencia, o porque se derivaron de las imprecisiones del legislador en la dictación de la Ley Nº 20.286- o derechamente contradictorios, tanto en su cuerpo normativo, como en relación con otras leyes. Aquí efectuaremos un análisis lato sobre los diversos elementos a considerar para realizar una interpretación satisfactoria de tales pasajes, y señalaremos cuál creemos es la posición correcta, proponiendo, en su caso, las reformas legales que correspondan.
La negligencia médica ante la doctrina y jurisprudencia nacionales

El avance y las transformaciones de la actividad médica, junto con sus evidentes progresos, éxitos y beneficios, ha traído consigo también un considerable aumento de las situaciones en que los médicos se ven expuestos a cometer errores o torpezas que generan daños a los pacientes, ocasionando con ello un sostenido crecimiento de las reclamaciones en su contra por mal praxis profesional. Ante tal escenario, conocer cuál es el nivel de diligencia que se le puede exigir al médico en su actuar profesional adquiere plena relevancia, toda vez que la infracción de tal nivel determinará que su autor tenga que responder por sus actos y reparar los perjuicios causados. En el derecho de la responsabilidad civil, la culpa cumple precisamente la función de definir cuál es el umbral mínimo y general de cuidado y prudencia que nos debemos recíproca y mutuamente en el tráfico social. Desde el punto de vista de la práctica médica, la culpa plantea la pregunta por el estándar de cuidado a que se encuentra obligado el médico en su actuación profesional, cuya infracción puede dar lugar a la reparación de los daños ocasionados. Determinar cuál es dicho estándar de cuidado en el derecho chileno es el objetivo primordial de este trabajo. Para ello, proponemos la revisión y análisis de la doctrina chilena más relevante sobre la materia así como la jurisprudencia más reciente de nuestros tribunales en el ámbito de la responsabilidad médica. Es ese el marco conceptual y jurisprudencial básico de la presente memoria. Para el logro del objetivo propuesto, esta investigación aborda los principales tópicos relativos a la definición de los deberes de cuidado (culpa) a los que se encuentran sujetos el médico y los demás intervinientes de la actividad terapéutica, tales como la calificación de la responsabilidad médica y sus consecuencias en el ámbito de la culpa médica, la obligación del médico y su contenido, la prueba de la culpa, el estándar de cuidado, entre otros. Se concluye, luego del análisis efectuado, que en el derecho chileno el nivel de diligencia a que se encuentra sujeto el médico en el ejercicio de su profesión es el de la culpa leve, esto es, el estándar objetivo dado por un profesional competente y diligente, considerando las circunstancias particulares en que intervino. Se colige, asimismo, que dicho nivel es idéntico independientemente de cómo se califique la relación entre el médico y su paciente (contractual o extracontractual).
El conflicto constitucional entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza: propuestas para la corrección de las asimetrías

El presente trabajo intentará reforzar la premisa de que la educación, en su sentido amplio, constituye quizás el instrumento constitucional más trascendente para la construcción del “capital humano”, como medio idóneo para lograr cambios sociales y culturales en nuestra comunidad. Luego, desde esta concepción, la educación se erige como el único medio eficaz y legítimo para hacer frente a la pobreza de los pueblos dentro del modelo económico capitalista-liberal imperante en la actualidad, de modo que se hace imperativo considerar las distintas propuestas regulatorias que se erigen frente a este tema, sobre todo si tomamos en cuenta la profunda crisis del sistema educacional de nuestro país, dónde a simple vista se constatan profundas y preocupantes diferencias entre el modelo público de educación y el modelo privado. Con todo, creemos que la solución a la problemática acá planteada, no sólo se encuentra en los planteamientos que proponen profundas reformas constitucionales, legales y reglamentarias al sistema educacional, sino que también estimamos esta debiera forjarse a través de una nueva conceptualización doctrinaria y jurisprudencial de la estructura y fundamentación de ambos derechos actualmente configurados, especialmente en cuánto a sus alcances respecto a la titularidad, objeto, y finalidad de estos, todos elementos que se pasarán a analizar en los capítulos siguientes.