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Efectos de la quiebra en los contratos de trabajo

Actualmente nuestra legislación no contempla un tratamiento especial y unificado para con los trabajadores, sólo encontramos normas sueltas e innumerables vacíos legales que la jurisprudencia ha debido llenar, sin embargo, esta labor jurisprudencial ha sido vacilante y contradictoria a lo largo del tiempo. Es por ello que el objetivo de la presente obra es dilucidar la situación en que queda el trabajador frente a la quiebra de su empresa. Nos abocaremos a estudiar que pasa con los contratos de trabajo al declararse la quiebra, que causal de terminación corresponde aplicar, que pasa con sus indemnizaciones en atención a establecer si constituyen créditos privilegiados o no, cómo y en qué plazo se les paga sus créditos, teniendo presente el régimen de recursos procesales con que se puede impugnar la resolución que declara la quiebra, qué ocurre en el evento que las cotizaciones quedan impagas y la eventual aplicación de la Ley 19.631, también conocida como Ley Bustos, y, por último, ver como el nuevo procedimiento laboral ampara o protege a los trabajadores que se enfrentan a la quiebra de su empleador. Consideramos que es necesario legislar al respecto, para que exista certeza jurídica sobre la causal que se debe aplicar para despedir a los trabajadores, las indemnizaciones que se deben pagar, los topes de estas y los procedimientos para realizar estos pagos. Solo de esta manera se logrará una real protección a los trabajadores y se da seguridad a los demás acreedores del fallido.
Discapacidad y derecho del trabajo

De acuerdo al último informe de la OIT referido a las formas de discriminación en el empleo, de mayo de 2007, a lo menos un 10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, y de ellos, unos 470 millones se encuentran en edad de trabajar. Por su parte, en lo que respecta a nuestro país, el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, publicado por el FONADIS en 2004, arrojó que en Chile existen alrededor de 2.068.072 de personas discapacitadas (12% de la población). De ellos, un 51% se encuentra en edad plenamente productiva (de 30 a 64 años), mientras que un 8,3% se halla en el rango etario que va de los 15 a 29 años, es decir, aunque gran parte de ellos deberían encontrarse aún insertos en el mundo educacional, un número no menor se habrá ya incorporado o podría incorporarse al mercado laboral. Aunque en su informe de 2007, la OIT reconoce que en el mundo se han dado pasos importantes en torno a eliminar las formas de discriminación en el trabajo —opinión que en cierta forma es extrapolable a nuestro país—, también hace notar que así como las formas más tradicionales de discriminación han ido remitiendo en favor de la integración, existen otras, que no se hayan expresamente contempladas en las formas de discriminación a que se refiere el Convenio Nº 111, —como la discriminación por discapacidad— en torno a las cuales aún es necesario realizar ingentes esfuerzos para avanzar a su erradicación. Aunque en Chile existe texto constitucional expreso que prohíbe toda forma de discriminación arbitraria —que se ve reforzado por numerosas normas internacionales que van en el mismo sentido—, y no obstante la ley laboral dispone especialmente la prohibición de la discriminación en el trabajo, las anteriores cifras dan cuenta de que aún estamos muy lejos de contar con un medio social que acepte e integre de forma sistémica a quienes sufren algún tipo de discapacidad —aún en los casos más leves de esta—, situación que por una parte se traduce en el desperdicio de una buena fuente de fuerza laboral que podría cooperar al desarrollo económico del país, y por otra trae aparejado que quienes sufren de discapacidad se vean afectados de manera negativa en sus posibilidades de desarrollo económico y social, debiendo contentarse la mayoría de las veces con recibir una ayuda asistencial obtenida de manos del gobierno, que además de ser monetariamente muy baja, también les afecta en su dignidad como persona, ya que pudiendo desempeñarse en algún trabajo, se ven relegados a mantenerse en la inactividad, aumentando en ellos el sentimiento de «inutilidad» que ya de por sí les provoca la condición que les aqueja.
De los recursos en materia laboral en especial de la nulidad

Desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal han venido sucediéndose diversas modificaciones al sistema procesal. El legislador tomando en consideración las diversas modificaciones que han sucedido en Europa y en algunos países americanos ha estimado que el sistema procesal chileno debe descansar en los principios de oralidad, inmediación, oficialidad, publicidad y concentración, entre otros. En consideración a lo expuesto, la presente Memoria, haciéndose cargo de la trascendencia y complejidad del tema, tiene como objeto particular analizar la Ley N° 20.260, específicamente en lo relativo al párrafo 5º De los Recursos. Para ello, en la primera parte de este trabajo, pretendemos entregar una visión general de la normativa que regula a los recursos procesales y un análisis de los recursos judiciales en general. Luego analizaremos brevemente las principales modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.087 y particularmente en cuanto a las modificaciones introducidas en materia de recursos, para luego estudiar la historia de la Ley Nº 20.260 y analizar cada uno de los recursos que esta nueva ley incorpora al ordenamiento jurídico laboral. Concluimos este trabajo con un estudio de la nulidad en general, para terminar analizando el recurso de nulidad laboral introducido por la Ley Nº 20.260 y sus semejanzas y diferencias con el tradicional Recurso de Casación. En definitiva, este trabajo, pretende ser una herramienta útil para comprender en su conjunto, las modificaciones que en materia laboral se han introducido al régimen de recursos procesales existente en materia laboral.
La independencia unilateral de un estado y el derecho internacional vigente : independencia de Kosovo

Como primer paso en nuestra búsqueda nos ocuparemos de establecer un marco teórico general, a fin de poder situarnos adecuadamente en el contexto dentro del cual se desarrollará la investigación. Así en el primer capítulo se indica a rasgos generales qué es un Estado, entendido como sujeto de derecho internacional, y de qué manera éste llega a ser tal. En particular cuáles son las vías conocidas y aceptadas como formativas del mismo y cuál es el rol que juega hoy en día la institución del reconocimiento de nuevos Estados. A continuación, en los capítulos segundo y tercero, analizaremos la secesión como vía de nacimiento de un Estado. Bajo este acápite, más allá de establecer qué es la secesión y cómo es que ésta llega a constituir una vía formativa del Estado, discutiremos la eventual existencia de un derecho por parte de un grupo o sector de la población de un Estado, consagrado jurídicamente, que les permita, si esa es su voluntad, separarse de la entidad a la que política y jurídicamente pertenecen, a fin de crear una nueva, en plena libertad e independencia. Ello nos llevará a estudiar la relación entre dos principios fundamentales del derecho internacional vigente, los que con el paso de los años, y en particular durante el período posterior a la segunda guerra mundial, se han perfilado como piedras angulares del orden internacional y su normativa positiva. Nos referimos a los principios de la libre determinación y la integridad territorial de un Estado. Por último en el cuarto capítulo nos avocaremos a discutir la situación particular de Kosovo y sus efectos. En él y a base tanto del análisis jurídico y normativo precedente, así como en atención a las circunstancias concretas que rodearon la decisión adoptada en Pristina, buscaremos dilucidar cuál es la posición concreta del derecho internacional en relación a la independencia unilateral de esta pequeña región de los Balcanes.
Análisis crítico de la propuesta de tipificación del femicidio en Chile

La introducción del concepto de femicidio en el debate social y político en Chile ha marcado uno de los avances más significativos hacia el reconocimiento por la ciudadanía de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Los diversos actores que se han involucrado en el debate concuerdan es que es indispensable emprender medidas legislativas tendientes a erradicarla y sancionarla, pero no hay consenso en cuanto a la herramienta más adecuada para hacerle frente. Hasta el momento, la violencia contra las mujeres se ha abordado legalmente dentro de la noción de violencia intrafamiliar, lo cual ha resultado insuficiente e inapropiado al tratarse de un tipo de violencia de orígenes complejos y que reviste caracteres particulares. La presente investigación aborda el concepto de Femicidio y pretende ser un análisis crítico del Proyecto de Ley que incorpora la figura dentro del delito de parricidio y establece una figura de homicidio agravado, lo que permitirá visualizar, entre otros aspectos, si la propuesta presentada por nuestros legisladores significa tratar al femicidio como un fenómeno estructural que encuentra sus fundamentos en razones de género y que abarca actos de violencia extremos cometidos tanto al interior de los hogares de las mujeres como en el ámbito público en el cual se desenvuelven, o si se trata de una reforma producto de un legislador que pretende mostrarse diligente ante las demandas de la opinión pública que producirá sólo efectos meramente simbólicos. Cabe hacer presente que el Proyecto de Ley ha sido objetos de diversas modificaciones, las cuales han repercutido en la presente investigación.
Evolución histórico jurídico del derecho de alimentos

La presente Memoria, trata como punto central la evolución del Derecho de Alimentos en nuestro país, analizado a través de distintas épocas, partiendo del Derecho Indiano hasta llegar a la primera Ley que se refirió al Derecho de Alimentos en forma particular y separada del Código Civil, la Ley 5.750 de 1935. El tema me pareció muy interesante por la escasa información que existe al respecto, el que siempre fue tratado y estudiado de manera dispersa y tangencial, de manera tal que con esta memoria pretendo reunir toda la información posible en un solo cuerpo, haciendo así posible la comprensión de esta materia de una forma más acabada. De esta forma, siendo el principal beneficiario de este derecho de alimentos los hijos, la presente obra parte por hacer un amplio análisis de ellos, y en especial de los hijos ilegítimos, prestándole gran atención a la evolución que ellos tuvieron en el período comprendido en el estudio de esta Memoria. Al respecto, en el estudio de los hijos y sus diversas calidades, recurrí, entre otras, a obras de tanta importancia para la Historia del Derecho como son las VII Partidas de Alfonso X, el sabio o las XII Leyes de Toro, obras que también trataron el Derecho de Alimentos y que fueron fundamentales para entender sus principios. En cuanto al Derecho de Alimentos propiamente tal, cabe destacar que no es materia profundamente estudiada por los autores de las distintas épocas, ni con el cuidado que se emplea en el caso de los Hijos Ilegítimos, siendo tratado de manera tangencial en el Derecho de Familia y frecuentemente como parte de los derechos del hijo ilegítimo, pero nunca tratado ni estudiado de forma acuciosa e independiente, por lo menos en una primera época. Es con la entrada en vigencia del Código Civil en nuestro país, cuando por primera vez se regula de forma directa e independiente esta materia y no, como un derecho más al cual pueden optar determinadas personas, todo lo cual podrá ser comprendido a lo largo de esta obra. Por último, una vez analizado en profundidad lo anteriormente señalado, es imprescindible hacer una exhaustiva revisión de los procedimientos para hacer exigible este Derecho de Alimentos, así como su evolución, durante los diversos periodos comprendidos en este estudio, tarea que tiene su causa en la necesidad de comprender cómo en la práctica se exigía este derecho y que tampoco es sencilla por cuanto, tal que en el caso del Derecho de Alimentos, se comienza por hacer un análisis de los procedimientos utilizados en el Derecho Indiano hasta finalizar con los introducidos por la Ley nº 5.750.
El derecho a la propia imagen: naturaleza jurídica y sus aspectos protegidos

La tesis que se desarrolla forma parte de las investigaciones de las que este derecho ha sido objeto, tanto en el derecho nacional como comparado, poniendo especial énfasis en este último ámbito en el caso español, teniendo como finalidad crear conciencia en las personas acerca de la existencia, contenido, delimitación y medios de protección del derecho a la propia imagen, a través de un examen crítico del concepto, tanto doctrinario como jurisprudencial, abordando el estado actual del debate jurídico, lo que se realiza principalmente por medio de su relación con los otros derechos con los que se le asocia. En el mismo sentido, se contribuye a que se desarrolle un ejercicio responsable de las labores de información, publicidad, arte, entre otras. Así podremos distinguir la imagen en su valor individual, comunicacional y comercial
Estudio de la evolución en Chile de la legislación procesal laboral en su aspecto orgánico

La presente memoria tiene por objeto el estudio de la judicatura laboral chilena, entendiendo por tal a la encargada de hacer cumplir las normas sustantivas del trabajo, sea que tuviese o no el carácter de especializada. El presente estudio pretende hacer un análisis histórico de los órganos encargados de la jurisdicción laboral, desde la dictación del código civil, con una breve referencia al contrato de arrendamiento de servicios y a los tribunales encargados de dirimir los conflictos de relevancia jurídica relacionados con aquel contrato, continuando por el estudio de los tribunales laborales de carácter administrativo, las modificaciones que los volvieron parte integrante del Poder Judicial, los efectos del quiebre institucional de 1.973, la desaparición de la judicatura especializada en 1.980, los tribunales del código del trabajo de 1.987 y los de la ley 20.022. No es mi intención efectuar un estudio de las normas de carácter procedimental que puedan regir a dichos órganos, sino que me enfocaré exclusivamente al estudio de las normas que determinan la organización del órgano jurisdiccional en materia laboral, la forma de nombramiento de sus integrantes, la efectividad de los órganos en la aplicación de la ley y por ultimo un estudio cuantitativo que permita comprender la evolución de la justicia laboral desde la óptica de la aplicación de la ley sustantiva.
Evolución del concepto de responsabilidad de la empresa principal en el sistema de subcontratación chileno: análisis de la jurisprudencia judicial y administrativa

El objetivo de esta memoria, es realizar un análisis de la jurisprudencia laboral y administrativa para determinar la extensión de la responsabilidad de la empresa principal. Para esto, se han identificado tres aspectos problemáticos: En primer lugar, si existió una evolución en la jurisprudencia judicial y administrativa que llevara a un concepto unívoco de “obligaciones laborales y previsionales” por las que debe responder la empresa principal en la subcontratación; en segundo lugar, si la ley 20.123 da cuenta de esta evolución; en tercer lugar, y por último si esta nueva respuesta del estado es suficiente y efectiva para la protección de los trabajadores subcontratados. La metodología utilizada para llevar adelante esta investigación, consistió en determinar y clasificar fallos de los tribunales de justicia y dictámenes de la dirección del trabajo de distintos periodos, para determinar con ellos la evolución de la extensión de la responsabilidad de la empresa principal en el régimen de subcontratación, lo que permitirá realizar un análisis crítico de la regulación en materia de responsabilidad de la empresa principal en la ley 20.123. Esta investigación concluye sosteniendo que no hubo una evolución que llevó a un concepto unívoco en la jurisprudencia judicial, pues los distintos Tribunales de Justicia no han estado de acuerdo en el contenido que debe tener este concepto, al contrario de lo ocurrido en la jurisprudencia administrativa, la que fue resolviendo progresiva y uniformemente los problemas que le eran sometidos a su conocimiento. Es esta última respuesta la que la ley 20.123 viene a recoger. Por último, se concluye que la solución que otorga esta ley no es suficiente para lograr una protección efectiva de los derechos de los trabajadores subcontratados.
La responsabilidad del Estado legislador

Puede afirmarse que a partir de la segunda mitad del siglo XX se consolidó en el mundo entero la idea de que es imprescindible para la democracia modernaNote1. la existencia de un Estado de Derecho, la idea de que el Estado se someta plenamente a las leyes. El Estado de Derecho es un concepto que se construye sobre la base de una serie de principios rectores, como son la supremacía constitucional, el imperio de la ley, la distribución del poder estatal en titulares que desarrollan funciones diferenciadas, la nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes y por supuesto, sobre la base de la responsabilidad de las diferentes magistraturasNote2. . Quien ejerce el poder tiene la obligación de ejecutar sus actos conforme al ordenamiento jurídico. Su actuación al margen de éste permite hacer efectiva la responsabilidad y aplicar las correspondientes sanciones, ya que en rigor los gobernantes no son propiamente representantes del pueblo, sino sus agentes.
El control judicial y administrativo del principio de oportunidad, la facultad de no iniciar la investigación y el archivo provisional en el proceso penal

Con la estricta finalidad de instruir previamente al lector, antes de comenzar a leer esta obra, es necesario advertir que su objetivo consiste en examinar los sistemas de control judicial y administrativo respecto al Principio de Oportunidad, la Facultad de No Iniciar la Investigación y el Archivo Provisional, algunos de los términos facultativos que puede utilizar el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, incluye la definición de cada uno de ellos, como asimismo se destacan sus rasgos esenciales y, asimismo, su similitud con algunas legislaciones extranjeras. Para dichos efectos, se ha dividido esta obra en cuatro partes, cada una de ellas con capítulos y subcapítulos, que tratan por separado cada una de estas instituciones. En cada uno de ellos, se analizó por separado cada característica, a fin de comprender el mecanismo de control judicial y administrativo de cada institución, determinando, en un apartado, las ventajas y dificultades (o desventajas de cada uno de ellos. Asimismo, luego de un extenso examen de bases de datos y textos de consulta, esta obra trae consigo jurisprudencia acerca de dichos temas, un aspecto que se echa de menos en las obras que se han escrito, como asimismo resalta la innovadora perspectiva en la que se aborda dicha temática en esta memoria. Finalmente, a la luz del análisis que se advierte en el cuerpo de esta obra, junto a datos estadísticos utilizados para dichos efectos, se extraen ciertas conclusiones que permiten dar por sentada la existencia efectiva de una dualidad de mecanismos de control que, a la postre, resultan adecuados, no obstante advertir que una reforma legal, a fin de detallar los procedimientos y no dejar así vacíos, se tendría como oportuna y óptima, con la finalidad de evitar contradicciones y vicios en un sistema de frenos y contrapesos necesario para el adecuado ejercicio de esta facultades, no perdiendo de vista, por cierto, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado
Sociedades de garantía recíproca

La carencia de un acceso expedito al crédito en el sistema financiero requerido para las operaciones propias de la mediana y pequeña empresa, creó la necesidad de generar instituciones y un marco normativo que permitiera a estas empresas organizarse para administrar un sistema de garantías de aceptación entre los agentes financieros. Por ello, la Ley Nº 20.179 crea las Instituciones de Garantía Recíproca destinadas a otorgar garantías en favor de sus asociados, las que se respaldarán por un patrimonio colectivo.
El fraude a la ley laboral

En la situación actual, el ilícito laboral se muestra difuso, evasivo, casi inexistente. El no cumplimiento de la norma o del principio, crea el conflicto al agente de Derecho que lo analiza, de establecer si ello se trata de una figura defraudatoria de los fines y objetivos que el sistema normativo custodia, o se trata -en definitiva- de una nueva forma de relación jurídica, anómala, pero válida. La estructura que sostiene al orden normativo legal, contiene una base fundamental de derechos, muchos de ellos ya descritos y conocidos entre nosotros, a los que debemos sujeción y resguardo. Es a aquel mínimo social tutelado, que el Principio del Fraude brinda correcta y oportuna servidumbre, dada su ductilidad para la custodia de los elementos esenciales de la estructura normativa y, además, aparece como la solución justa-equitativa- y correctiva frente a estos actos queridos, pero en prescindencia de su intención refleja (en cuanto a querer provocar o no el daño al tercero) y que inciden, de manera mediata, en perjuicio social. El Fraude a la Ley Laboral, es una noción destinada a sancionar el carácter imperativo de las leyes. Se trata, entonces, de una herramienta correctora de las acometidas que puedan surgir en las premisas y fundamentos del Derecho, por la aplicación de las voluntades de los sujetos. Conservar, entonces, los intereses del Derecho del Trabajo, es la tarea fundamental que presta este instituto y cobra, de esta forma, una relevancia trascendente en lo que toca a la integridad y aplicación coherente (eficiencia) del sistema jurídico del trabajo. En adición, en su fase restringida o específica, el Principio del Fraude custodia cada norma en particular y el bien jurídico contenido en ella (casuística). Por tanto, el Fraude pude ventilarse respecto de cualquier tipo de norma o precepto necesario y por cualquiera de los sujetos que se vinculan, con motivo de la prestación de los servicios, con características laborales.