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Sana crítica : un sistema de valoración racional de la prueba

Un estudio de la valoración de la prueba según las reglas de la sana crítica y sus límites, se justifica en razón de la necesidad de marcar el camino y hacer las aclaraciones conceptuales pertinentes. Esto permitirá que la comunidad jurídica y los tribunales puedan comprender cabalmente la trascendencia del cambio de sistema de valoración y así evitar incurrir en equívocos en la práctica de la apreciación de las pruebas. Con esto se busca impedir que la huida del sistema de la prueba legal tasada nos lleve a otro extremo, como sería aplicar en la práctica un sistema de la íntima convicción, al confundir este último con el sistema de la sana crítica si no se respetan los límites previstos por éste. La hipótesis que se desarrollará en esta tesis es que el sistema de valoración de la sana crítica implica una valoración racional de la prueba que se basa en el uso de criterios y parámetros objetivos y racionales. Esto se opone a la concepción de la valoración de la prueba en base a criterios como la convicción entendida como creencia o en un sentido subjetivo, que corresponde al sistema de valoración de la prueba de la íntima convicción. Por ello, se estima que la valoración de la prueba tiene por finalidad una determinación verdadera de los hechos y si bien esto se confía al juez, al liberarlo de la prueba legal tasada, esta confianza radica en que tal utilizará razones para determinar los hechos, y no se basará en una creencia que se opone a la idea de control por los tribunales superiores. Además, se estima que el juez, para la determinación de los hechos, debe por mandato del legislador acudir a las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia. Por ello la contradicción con estos parámetros racionales habilita el control de la valoración por los tribunales superiores de justicia, incluso a nivel de nulidad o casación, porque una sentencia que determine hechos en contradicción a tales conceptos constituye una infracción de ley. Por último, se estima que la adopción de un sistema de sana crítica tiene una relación primordial con la fundamentación de la sentencia, afectando la forma en que ella debe desarrollarse al enmarcarse en una visión democrática del poder judicial. Esto implicaría un fuerte deber de justificación que debe extenderse al análisis de toda prueba y razonamiento sobre los hechos, condición que de faltar acarrearía la nulidad de la sentencia
El error y el dolo como vicios del consentimiento : análisis en torno a los deberes de información

El derecho de los contratos es una de las ramas más ricas en contenido doctrinario y su evolución se observa desde las sociedades más arcaicas hasta nuestros días. Su sustento se encuentra en lo que denominamos autonomía de la voluntad, en el sentido de que las personas, en condiciones totales de libertad, tienen el derecho a contratar con quienes deseen, bajo las reglas que estimen convenientes. Si bien en un primer momento el objetivo de nuestro trabajo era revisar, por un lado, el rol de la excusabilidad en el error, y por otro, proponer argumentos para acercarnos a una visión objetiva del dolo; durante el avance de la investigación advertimos que ambos vicios encontraban un punto de conexión en la información. De esta forma, la revisión de la excusabilidad del error y la subjetividad del dolo encontraron como eje principal el grado de conocimiento de que disponen las partes al momento de contratar. En la medida que un sujeto obtenga mayor información se encontrará en mejor pie para representarse fielmente la realidad, por lo que los criterios para determinar si es procedente la existencia de error o dolo pueden realizarse a partir de la información como un bien que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad toda. Al intentar conjugar la información con los principios de que “nadie puede beneficiarse de su propia negligencia”, en el caso del error, y la “buena fe”, en el caso del dolo, derivamos en la idea de que los deberes de informarse y de informar al momento de contratar pueden ser la piedra angular para solucionar los problemas de indeterminación que presentan estos vicios en el caso concreto. En directa relación con lo anterior, pensamos que el desarrollo de la economía y los negocios en materia de contratación ameritan este intento de abrir un debate en torno a las exigencias previas que se pueden imponer a las partes al celebrar un contrato.
Responsabilidad penal juvenil, exclusión y democracia

El presente trabajo versa sobre la implementación del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente en Chile, el cual es analizado desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La relevancia de este tema radica en que las modificaciones legales en comento pretenden, entre otras cosas, cumplir con los compromisos adquiridos por Chile en materia de Derechos Humanos de los y las adolescentes, contenidos en los tratados internacionales pertinentes. Si bien, lo reciente de estos cambios legislativos no permiten realizar una evaluación práctica acabada de sus efectos, sí posibilita un análisis crítico de la técnica legislativa utilizada así como de las ideas que sustentaron los cambios, para poder determinar si efectivamente con ellas se cumple con las obligaciones internacionales de Chile o aún es necesario perfeccionar la institucionalidad legal para poder alcanzar dicho objetivo. La hipótesis que aventuramos al realizar esta investigación consiste en que las y los adolescentes que son juzgados bajo el nuevo sistema de responsabilidad por infracción a la ley penal, pasan a ser un grupo excluido en la sociedad, ya que la ejecución y aplicación de este sistema no posibilita su plena reinserción social, ni cumple con los estándares mínimos de respeto y goce de sus derechos fundamentales. En relación a la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación, el contexto del problema planteado se abordará desde una perspectiva teórica, mediante la revisión y análisis de literatura relativa a la justicia juvenil, en general, y a la interrelación de ésta con los Derechos Humanos, en particular. Se examinarán también experiencias comparadas en esta problemática. Para abordar la justificación de la hipótesis se utilizará también la investigación de campo, a través de entrevistas cualitativas y la participación en seminarios, con operadores del sistema de justicia juvenil y personas dedicadas al estudio o trabajo en estas materias.
El debido proceso en el actual procedimiento ordinario laboral y el procedimiento laboral monitorio

El presente estudio tiene como objetivo establecer el vínculo entre una de las instituciones pilares de nuestra legislación, como es el debido proceso, y los nuevos procedimientos laborales, en particular, el de aplicación general y el de carácter monitorio. Uno de los objetivos en la gestión del nuevo procedimiento laboral es otorgarle herramientas a los trabajadores para tener un acceso más expedito a la justicia, evitando mayores demoras y formalismos que iban en claro desmedro de la parte que a priori resulta más indefensa en un procedimiento extremadamente formal y costoso. Sin embargo, han existido críticas respecto a si se cumplen dichos objetivos, siendo ese el punto primordial de la presente investigación. Para aquello se hará un estudio respecto al Debido Proceso, su evolución histórica y la contingencia en que desarrolló dicha evolución, para luego ahondar en el derecho laboral, en particular, su aspecto procedimental, visto primero desde un contexto global, para luego focalizarse en el derecho del trabajo nacional Una vez establecido el contexto de la investigación, estudiaremos la génesis del actual procedimiento laboral, los objetivos planteados en dicha reforma, haciendo un particular análisis del procedimiento ordinario laboral y el procedimiento monitorio, en donde quizá se ha realizado un mayor cuestionamiento respecto a si las disposiciones establecidas, y las facultades inquisitivas otorgadas al juez del trabajo, a fin de favorecer a la parte considerada a priori, más desvalida, como es el trabajador, han implicado una clara vulneración a los principios de establecen un justo y racional proceso. En efecto, existen pequeños empresarios ( como en el caso de las PYMES) y comerciantes que no gozan de aquellas prerrogativas procesales, encontrándose en desmedro respecto a los trabajadores, lo cual ha implicado un detrimento en sus posibilidades de defensa, dado que su calidad de empleador no siempre se condice con una situación de superioridad respecto a los trabajadores. El presente estudio busca entonces establecer parámetros realmente justos respecto de las partes involucradas en conflictos de índole laboral, ya sea mediante la dotación de una defensoría para las PYMES o bien instancias preventivas que permitan evitar llevar los conflictos suscitados a Tribunales, los cuales, a razón de la eventual inequidad procesal, pueden resultar mas gravosos e injustos para empleadores sin la solvencia económica necesaria, desvirtuando el debido y justo proceso que en principio se pretendió establecer mediante la reforma procesal laboral.
La doctrina de las facilidades esenciales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

El presente trabajo pretende hacer un análisis amplio de la doctrina de las facilidades esenciales, tanto en su papel de teoría dogmática como en el desarrollo que ha encontrado en la jurisprudencia. Para tales efectos, se ilustrará primera y sucintamente en lo qué ella consiste y cuáles son sus planteamientos, reseñando luego su historia en la jurisprudencia comparada (capítulo I). En seguida, se presentarán los presupuestos que se estiman como necesarios para que la doctrina en comento reciba aplicación, integrando las distintas posiciones y argumentos que se han generado en el debate. Lo anterior exigirá exponer las posturas a favor y en contra de la misma (capítulo II). Sobre ese precedente, se procederá a revisar la doctrina a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, determinando el lugar que la doctrina de las facilidades esenciales ocupa en el derecho antimonopolios nacional, particularmente en el Decreto Ley Nº 211. De este modo, se pretenderá determinar si es que existen argumentos normativos para que ésta reciba aplicación por nuestros organismos de defensa de la libre competencia, y en definitiva, si es que efectivamente ésta ha tenido o no recepción en la práctica jurisprudencial (capítulo III). Con lo expuesto precedentemente, debe señalarse que la principal intención contenida en este trabajo es recoger con la mayor fidelidad posible los diversos conceptos y argumentos elaborados en el derecho comparado, a fin de contribuir a su promoción y a la mejor calidad de su examen
Los principios consagrados en la ley no. 19.968, que rigen los procedimientos ante los tribunales de familia

Pensamos, que la Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia, en adelante LTF, publicada en agosto de 2004 y que entró a regir en todo el territorio nacional en octubre de 2005, reviste la transcendencia jurídica y social antes señalada, puesto que instauró una judicatura especializada para hacer frente a los conflictos de naturaleza familiar -incluidas las materias de infancia y adolescencia- y dotó, a la misma, de procedimientos cuyas características particulares tienen por objeto otorgar respuestas adecuadas a este tipo de conflictos que afectan a una institución tan trascendente, como lo es la familia. La intención detrás de esta labor, que se desarrolla en los diez capítulos que a continuación se referirán, es mirar el procedimiento de familia desde la óptica de sus principios formativos, con el fin de determinar la forma en que estos principios actúan, e indagar cómo la decisión en cuanto a la elección e implementación del principio respectivo termina afectando al procedimiento en su conjunto, determinando su éxito, o en el caso contrario, incluso amenazando aspectos sensibles del mismo debido a la mala interpretación y desarrollo de estos principios formativos, lo que finalmente puede redundar en una deficiente administración de justicia en estas materias y tornar estériles las reformas que se han emprendido al respecto. El primer capítulo contiene una revisión de los motivos o razones que dieron origen y que justifican las modificaciones introducidas en la administración de justicia en materia de familia, infancia y adolescencia. El segundo capítulo revisa aquellas reformas que introdujeron modificaciones procedimentales de fondo en la LTF. El tercer capítulo contiene un análisis de las nociones generales relativas a los principios formativos del procedimiento. En los siguientes capítulos (IV a X) se expone sobre cada uno de los principios consagrados en la LTF, procurando hacer una labor analítica a su respecto, al clasificarlos, agruparlos y revisar sus expresiones normativas directas como indirectas; junto con la revisión crítica de los límites y la aplicación que recibe actualmente cada de ellos. A titulo de conclusión, se enumeran las fortalezas y deficiencias del nuevo sistema de la justicia de familia a las cuales se puede arribar, luego del acabado estudio de los diversos principios procesales consagrados por el legislador en la LTF.
Aspectos relevantes de la prueba en el nuevo proceso laboral

Las reformas del proceso penal y el de familia marcaron el inicio de un camino sin retorno que busca adecuar la forma de impartir justicia a las nuevas necesidades de una sociedad que demanda una oportuna y eficaz protección de sus derechos. Con esta finalidad se comienza la investigación y reflexión sobre la misma, partiendo con un primer capítulo donde se explican los fundamentos de la reforma, el desarrollo de este proceso legislativo y los fines perseguidos con las modificaciones legales que se introdujeron al Código del Trabajo en materia de justicia laboral. Creemos imprescindible conocer el contexto que dio origen a la modificación de los procedimientos del trabajo para entender y valorar de manera adecuada la labor desarrollada por el legislador. El segundo capítulo, expone la nueva configuración de los procedimientos del trabajo, analizando aquellos aspectos que necesitan un tratamiento más profundo para lograr un cabal entendimiento de los mismos. Ejemplo de lo anterior, es el estudio que se hace de la incompatibilidad entre la acción de tutela laboral y acción de protección constitucional en cuanto se produce una duplicidad de protección de derechos fundamentales. Los principios formativos del procedimiento, como criterio de análisis procesal, son la luz que se ha elegido en el tercer capítulo para estudiar la etapa de prueba y darle relieve a sus principales características. Esto nos permite evaluar si las reformas introducidas apuntan en la dirección correcta de hacer de los procedimientos del trabajo mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos y protección de derechos, anticipando posibles inconvenientes prácticos. El cuarto capítulo nos invita a analizar el objeto de la prueba, la carga de prueba y las limitaciones que afectan a cada medio de prueba en particular. En el transcurso de la investigación se hizo necesario abordar con profundidad tanto el estudio de la prueba ilícita en materia laboral y el alcance de la regla de exclusión a la prueba derivada, como el análisis de la prueba indiciaria y la determinación del estándar probatorio que deben satisfacer las partes. Estos dos temas fácilmente pueden constituir objetos de investigación que den origen a trabajos independientes, dada su extraordinaria riqueza doctrinaria y jurisprudencial, sin embargo, en consideración a que el centro de este trabajo es otro se hizo un análisis tan profundo como fue posible. Así llegamos a las conclusiones, las que nos permitirán evaluar la reforma en estudio, haciendo hincapié en la verificación del cumplimiento de los objetivos perseguidos con la misma y, valga la redundancia, concluyendo si la regulación prueba constituye o no un real aporte en este sentido
La excesiva onerosidad sobreviniente en materia contractual

El presente trabajo surge con la idea de plantear el tema de la imprevisión de una manera novedosa, proponiendo y exponiendo consideraciones históricas, conceptuales, jurisprudenciales y prácticas que permitan obtener una visión global y un poco más actual del tema objeto de estudio. En el primer capítulo destacamos al contrato como una fuente de las obligaciones que se independiza de las otras por tener presente el elemento de la voluntad de quiénes lo generan. En base a lo anterior, se analiza el principio de lafuerza obligatoria de los contratos y sus fundamentos, así como también el incumplimiento del contrato a la luz de la teoría del injusto. El capítulo segundo se encarga de analizar el caso fortuito. Los elementos del mismo y el análisis de cada uno de ellos, determinar situarlo en sede de culpabilidad o de causalidad, los casos en que el deudor igualmente deberá responder, así como consideraciones prácticas y doctrinarias, serán los temas que se podrán encontrar en tal parte de la presente tesis. Dejando sentados conceptos de gran utilidad en los dos primeros capítulos, el tercero se encarga, en un principio, de realizar una aproximación general al tema de la imprevisión haciendo un enlace con los conceptos consignados en los primeros capítulos. Este tercer capítulo hace un análisis conceptual, histórico y de derecho comparado para establecer consideraciones útiles para nuestra tesis. En este sentido, los puntos anteriores son tomados en consideración para analizar los requisitos o condiciones para que se plantee el problema de la imprevisión, tema que igualmente se analiza en el mismo capítulo, para posteriormente pasar al análisis de los efectos que produce la imprevisión, una vez cumplidos los requisitos y la delimitación que existe entre el objeto de estudio y otras instituciones afines. Hechas las consideraciones teóricas, el capítulo cuatro busca acercar a la práctica y a la realidad el tema de estudio, realizando un análisis de los argumentos considerados en la ley o proyectados por la doctrina para acoger o rechazar la teoría de la imprevisión, para luego analizar lo que nuestros tribunales ordinarios, arbitrales y administrativos han señalado en torno a la imprevisión. Teniendo en cuenta la estructura anterior, la tesis que se presenta busca realizar un recorrido por el estado actual de la doctrina, tanto nacional como comparada, en materia de imprevisión. Sin perjuicio de ello, hemos procurado adicionalmente esbozar algunas conclusiones generales en torno al tema, a efectos de plasmar sintéticamente nuestra postura y contribuir al desarrollo dogmático en la materia.
Ambito de aplicación en Chile de la Convención de Viena de 1980

El 11 de abril de 1980, una conferencia diplomática compuesta por 62 países aprobó por unanimidad en la ciudad de Viena, el proyecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (de ahora en adelante la Convención de Viena o simplemente la Convención El 3 de octubre de 1990 la Convención fue promulgada en Chile como ley de la República por el Decreto No. 544 y constituye desde entonces ley especial para los contratos internacionales de compraventa de mercaderíasNote1. . Así, en palabras de un conocido autor nacional, “la Convención de Viena ha sustituido al Código de Comercio en esta materia, incorporando de esta manera este texto propio del derecho uniforme del comercio internacional”. Actualmente más de 75 países forman parte de este TratadoNote2. . Ello significa que más de 2/3 del total de la población mundial dispone del mismo conjunto de normas sustantivas para regir al contrato de compraventa internacional. Más aun, sobre 2/3 del conjunto del comercio internacional se encuentra supletoriamente gobernado por la ConvenciónNote3. . Además, los principios básicos en los cuales ésta descansa han influenciado diversas reformas legales domésticas, proyectos de armonización del derecho y proyectos internacionales de unificación. La Convención de Viena establece un conjunto de normas sustantivas que regulan el contrato de compraventa internacional. Por esta vía, la Convención ha contribuido a la previsibilidad del derecho mercantil internacional, superando, en gran medida, los ya conocidos problemas de indeterminación y desorden de las normas de derecho internacional privado y fomentando, a su vez, el comercio transfronterizo toda vez que los costos asociados a las operaciones internacionales se han visto reducidos
Discapacidad, derechos de autor y nuevas tecnologías

En Chile, la población con algún tipo de discapacidad, ya sea mental, física o psíquica, bordea los dos millones de personas. Sin lugar a dudas, uno de nuestros principales deberes como sociedad es velar por la plena integración de los discapacitados, dejando de lado la discriminación y diseñando medidas que garanticen su independencia, participación, y el ejercicio de sus derechos inherentes a la calidad de ser humano. Partiremos dando una visión general relativa a la discapacidad, el derecho de autor y las nuevas tecnologías, para luego dar paso a ciertos cuestionamientos que nos pareció fundamental responder; ¿Era realmente necesario y beneficioso para los discapacitados incorporar la excepción a nuestro ordenamiento, con que argumentos es posible justificarla? ¿Cómo se ha manejado el tema en otros países? ¿Es óptimo el modelo adoptado? Preguntas que iremos resolviendo y desentrañando a lo largo del desarrollo del la memoria. Podemos adelantar que la incorporación de una norma dedicada a la comunidad discapacitada, sumado a un cada vez más desarrollado entorno digital, promete un avance importante en lo referido al acceso a la información y al pleno aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, justificándose a primera vista la necesidad de dicha excepción.
Garantías constitucionales y principios formativos en los nuevos procedimientos laborales génesis, regulación y proyecciones

El presente trabajo tiene por finalidad, en un primer lugar, presentar en una perspectiva global y unitaria los derechos constitucionales sustanciales y procesales de tipo laboral, en segundo lugar, se pretende, a través de un análisis detallado de la relación y vinculación de las reformas laborales procesales y los nuevos procedimientos laborales y de los principios formativos en que se inspiran, con las garantías que comprende el debido proceso, establecer la eficacia normativa y practica del derecho procesal laboral, en su función de mecanismo instrumental idóneo para hacer operativos los derechos laborales sustanciales. En nuestro medio laboral, es trascendente, contestar la siguiente interrogante, que pretende ser respondida, por medio de la presente memoria, a saber: si el rol tutelar y de protección del derecho laboral respecto del trabajador, especialmente, respecto a sus derechos constitucionales sustanciales y procesales, se aplica y cumple de forma relevante en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la consagración normativa de dichos derechos fundamentales, como también, si se cumple de manera relevante dicho rol tutelar, a través de la implementación y consagración de procedimientos y normas procesales inspiradas en principios que respetan y fortalezcan las garantías del debido proceso, y que por tanto, permiten la vigencia y materialización efectiva en la práctica de los derechos sustanciales laborales. Posteriormente, se procedió a estudiar y analizar las distintas leyes que reformaron de manera sustancial nuestro derecho procesal laboral, en su parte orgánica y funcional, en conjunto con los aspectos fundamentales de su génesis y tramitación legislativa, relacionando en un análisis crítico e interpretativo, dichas leyes y su génesis, especialmente en lo concerniente, a los objetivos de la reforma, a los principios formativos del procedimiento y la normas que regulan los nuevos procedimientos laborales, con las derechos constitucionales y especialmente con las distintas garantías que comprende el Debido Proceso, con el objeto de determinar en que medida la reforma laboral da un paso relevante en la protección de los derechos sustanciales de los trabajadores