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Los derechos de la mujer-madre trabajadora en el magisterio de S.S. Juan Pablo II

Esta memoria se divide en 3 capítulos y un anexo. En el primero de ellos trataremos la visión y sentido del trabajo según la doctrina social de la Iglesia Católica enfocándonos en el Magisterio de Juan Pablo II. En el segundo capítulo abordaremos la visión que nos presenta Juan Pablo II sobre la mujer, su dignidad, y su rol en la sociedad y en el trabajo. En el tercer capítulo, una vez revisados la visión de la Iglesia sobre el trabajo y la mujer, entraremos a desglosar los derechos de las madres trabajadoras según Juan Pablo II y su contenido; y en paralelo revisaremos el contenido de estos mismos derechos en el derecho internacional y en la legislación nacional y el aporte que el magisterio eclesial puede traer a nuestra legislación. Y en el anexo mostraremos los resultados de un estudio del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) en el que se acredita la desigualdad que existe en nuestro país respecto a los menores ingresos que percibe una mujer en comparación a un hombre por la realización de un trabajo del mismo valor, y la influencia que tiene dicha discriminación en la plena realización de los derechos de la mujer-madre trabajadora. La realización de este trabajo se basó en la recolección y análisis de textos. Para ello se revisaron los documentos del magisterio pontificio de Juan Pablo II (cartas apostólicas, encíclicas, exhortaciones apostólicas, etc.), también la edición semanal en lengua española del L` Osservatore Romano desde el año 1978 hasta el año 2005 (período que comprende el pontificado de Juan Pablo II) donde se encuentran todos los discursos, mensajes y otros realizados durante dicho período. Y por último se revisó los Convenios y Recomendaciones de la OIT que hablan sobre la maternidad y los derechos de la mujer, así como también la legislación nacional referente al tema de análisis
Escuela Santa María de Iquique : relación periódica de la huelga

La historia del salitre de nuestro país ha estado marcada por continuas diferencias de opinión entre empleadores y obreros, diferencias que muchas veces terminaron en violentos enfrentamientos. Uno de estos, que se mantiene presente hasta el día de hoy en el inconsciente colectivo , es la huelga originada en la pampa salitrera a finales del año 1907, recordada como la huelga de los 18 peniques o como la masacre de la escuela Santa María. Cuesta entender como una huelga que se desarrolló de manera totalmente pacifica y que no contó con una organización previa o con el auspicio de algún partido político, terminara tan dramáticamente y mediante intervención militar. Aun ahora, después de 100 años de ocurridos los sucesos, no se ha establecido con claridad lo que realmente ocurrió aquella fatídica tarde del 21 de diciembre, mientras los huelguistas se mantenían alojados en la escuela Santa María. Dentro del pliego de peticiones de los obreros, lo que se pedía con mayor fervor, estaba referido a estabilizar el tipo de cambio con el que eran pagados sus salarios para así, apalear las malas condiciones de vida que se daban en la pampa. Los alimentos escaseaban y cada vez costaba mantener más a las familias. Los trabajadores así, luchaban por lo que ellos consideraban su legítimo derecho. Este trabajo pretende por tanto, entregar una narración de lo ocurrido sin ningún tipo de prejuicio, relatando lo acontecido de la manera más fiel posible a como sucedió en realidad. Para cumplir dicho objetivo, tendremos como principal base de información diversos periódicos y diarios de la zona norte del país, de Santiago y de Valparaíso, fuentes bibliográficas que circulaban en el país en la época en que sucedieron los hechos
El daño moral y la reforma procesal laboral

Esta obra tiene como objetivo hacer un recorrido de la evolución del concepto de daño moral y su indemnizabilidad en nuestro modelo jurídico, advirtiendo que esta institución es una creación jurisprudencial y doctrinaria a partir de escasas normas propias de la época de la codificación; para luego analizar su tratamiento en el ámbito específico laboral, tanto contractual como extracontractual y, finalmente, presentar las diversas alternativas de su reclamo en el nuevo escenario procesal establecido a partir de la reforma de la ley Nº 20.087 de 2006. En suma, en esta obra nos encaminamos a descubrir el daño moral laboral, definiendo las bases necesarias para la comprensión y análisis del tema, y finalizando con escudriñar y proponer principios o bases transversales de legitimación activa para resarcir daños morales que se originen mas allá de una lesión física laboral, y así por medio de la tutela laboral existente en el nuevo sistema oral laboral poder generar una mayor protección estatal legislativa para el más vulnerable de la relación laboral, entiéndase éste como el trabajador respecto de su empleador-remunerador. Otra parte de esta obra conlleva revisar la materia probatoria de la responsabilidad laboral por daño moral, en cuanto al procedimiento que se tramita en la actualidad, considerando los distintos medios de prueba que se permite presentar en juicio. Así también, veremos referencias a legislaciones comparadas y como éstas han abordado el resarcimiento y reparación efectiva de los daños morales laborales; tema importante es el probatorio, ya que es primordial para que el juez tome un cabal conocimiento de los autos, y depende mayoritariamente de esta formación de convicción el resultado de la acción interpuesta, esto ligado a la admisibilidad de pruebas en la audiencia preparatoria de juicio, y la posibilidad que eventualmente tendrán las partes de ser contestes con sus declaraciones durante la audiencia de juicio, por tal es necesario presentar en forma estructurada la figura del daño moral laboral, logrando así un trabajo sistematizado que a la fecha poco existe y, por supuesto, analizar los resultados de éstos en base a una determinación más esclarecedora del daño moral y el principio de tutela de los derechos fundamentales del trabajador.
Las potestades de fiscalización y sanción administrativas en materia ambiental : estudio práctico

En el contexto de la evaluación del desempeño ambiental de nuestro país, el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental vigente y la reforma propuesta por el Ejecutivo a través del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cobra concreta importancia analizar la institucionalidad vinculada a las funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental, así como el estudio del desempeño de los organismos que hasta la fecha detentan dichas potestades. Con el objeto de comprender los marcos normativos que determinan las competencias de los diversos organismos y de hacer un examen analítico del ejercicio de éstas, es necesario identificar y entender los elementos de una política pública adecuada para lograr un óptimo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental. La exigencia de cumplimiento de las regulaciones se justifica en la búsqueda del bien común, que se supone ha sido considerado al determinar el contenido de dichas regulacionesNote1. , y que en este caso se desprende del propósito de asegurar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 8° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. De esta forma, el Estado debe tomar las decisiones correspondientes para dar una garantía real en el ejercicio de dichos derechos, para lo cual debe diseñar e implementar la estructura institucional y normativa que así lo permita. La estructura nacional se caracteriza por la distribución sectorial de competencias y la dispersión normativa, la que ha determinado en gran medida los pobres resultados en relación a la protección del medio ambiente. La evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada en el año 2005 conjuntamente por la OCDE y la CEPAL señala que “Una política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para asegurar su cumplimiento”, indicando como recomendación: “desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos (normas, entre otros) para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental.” Esto significa que el modelo chileno, caracterizado por la multiplicidad de entidades con competencias relacionadas con las acciones de fiscalización y sanción, no contaría con la estructura apropiada para lograr el cumplimiento ideal de la normativa ambiental que permita una adecuada protección del medio ambiente y la salud
Los establecimientos permanentes y sus implicancias tributarias

El tema de la doble tributación internacional y, por consecuencia, el derecho tributario internacional ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor durante los últimos años, debido al notable incremento del comercio mundial, producto de las políticas imperantes en la actualidad, lo que ha llevado a la llamada globalización de la economía. Hay acuerdo en señalar que existe doble tributación internacional cuando una misma materia imponible o hecho gravado es objeto de varias obligaciones tributarias, impuestas por distintos titulares del poder tributario, respecto de un mismo sujeto y en el mismo período de tiempo. El origen del problema se encuentra en que la potestad tributaria, es decir, la facultad de establecer tributos, es propia de los Estados y constituye uno de los pilares fundamentales para afirmar la presencia de soberanía política. En una primera mirada al concepto en sí, debemos destacar que en nuestra legislación no aparece taxativamente consagrada una definición de establecimiento permanente, por lo tanto, debemos necesariamente recurrir a distintos cuerpos normativos, tanto nacionales como internacionales, con el objeto de establecer cada uno de los elementos que constituyen dicha institución. Lo anterior produce importantes efectos jurídicos al momento de enfrentar la tributación de la empresa que opera con un establecimiento permanente, en virtud de la gran gama de interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que se presentan en los distintos países. En este sentido, esta memoria de grado está orientada a resolver las cuestiones relativas a la delimitación conceptual del Establecimiento Permanente lo que produce importantes efectos jurídicos al momento de enfrentar la tributación de la empresa que opera con ellos, en especial en lo referente a la doble tributación internacional, tanto de la empresa constituida en Chile que opera con un establecimiento permanente en el extranjero, como la situación inversa.
Después de la República : la política y el derecho en los tiempos del escepticismo

La Modernidad, entendida como el marco teórico y práctico bajo el cual se entendieron el Derecho y la Política, está en crisis. Esa crisis se desencadena por la imposibilidad de dar con la racionalidad interna de la práctica moderna y desemboca en el escepticismo generalizado que hoy prima en la teoría política y, dramáticamente, en la teoría del derecho. Por un lado, la teoría política ha asumido, como lugar común, una postura “liberal” ante el problema de la justicia política. Ello representa la evolución teórica de John Rawls que ha traído aparejada la crítica “comunitarista” encabezada por Michael Sandel, Charles Taylor, Michael Walzer y Alasdair McIntyre. La primera parte de este libro intenta dar una respuesta distinta de ese conflicto mediante el “republicanismo cívico”. En seguida, este escepticismo ha desdibujado la línea divisora entre política y derecho. El problema es la discrecionalidad como pretensión de darle sentido estructural al derecho: una racionalidad interna basada en la normatividad. El punto de este capítulo es mostrar que la crisis del derecho es en realidad una crisis de la identidad moderna y que el derecho como práctica normativa encerrada en la modernidad se encuentra en una fuerte crisis identitaria por la pérdida de sentido colectivo y general –la ley- y la relevancia exagerada e hipertrofiada del caso. La tercera parte pretende relacionar los conceptos anteriores con la evolución política en Chile y mostrar que la única época “republicana” transcurrió entre 1891 y 1925 y lo que vino después no fue sino la constante lucha entre una fundamentación del poder en sentido político y otra en sentido técnico. Es decir política versus eficiencia. 1973 y el proceso constitucional siguiente no fue sino un triunfo “tecnócrata” que percibía el derecho como una herramienta para asegurar seguridad y garantías para los inversionistas y para el proceso político. La evolución posterior a la Dictadura no es sino la lucha constante de lógicas de fundamentación que se aparecen en cada debate mientras el discurso político se traslada a escenarios jurídicos
La anatomía del derecho de daños

En el Capítulo I, explicamos la relación existente entre el enfoque tradicional que se ha dado al estudio del derecho de daños y nuestro enfoque de «responsabilidad personal» y damos cuenta de la estructura básica del derecho de daños en términos de correlatividad, intereses protegidos, conductas sancionadas y sanciones. En los Capítulos 2, 3 y 4 respectivamente, ofrecemos explicaciones acerca de los diversos tipos de conductas que el derecho de daños sanciona, de las diversas clases de intereses que protege, y de las sanciones mediante las cuales se materializa dicha protección y sanción. En el Capítulo 5, hilamos los cabos de los tres Capítulos precedentes y mostramos la forma en que los diversos intereses protegidos y las varias clases de conductas sancionadas por el derecho de daños se combinan en supuestos de responsabilidad, definidos en términos de intereses protegidos y conductas sancionadas que gatillan las diversas sanciones disponibles en el derecho de daños. Como es evidente, el derecho de daños no es el único que puede ser descrito en función de la ética de la responsabilidad personal, como tampoco es el único que cuenta con una estructura correlativa. El Capítulo 6 se hace cargo de dos complejas preguntas que surgen a propósito de nuestro enfoque: qué cosa, si acaso existe, es la que cohesiona lo que tradicionalmente se conoce como derecho de daños, qué es lo que le da «unidad»; y, en qué forma, de haberla, es que se distingue ese cuerpo normativo de otros que también abordan la responsabilidad personal (como el derecho contractual). El argumento básico de este Capítulo consiste en que las categorías jurídicas, como ilícito civil y contrato, sólo sirven, si es que sirven para algo, para efectos pedagógicos y para facilitar el acceso a materiales jurídicos. Esta conclusión no será bien recibida por aquellos que pretenden, por las razones que sea, preservar la precisión conceptual en las divisiones de las diversas áreas del derecho civil. Entre otras cosas, tiene consecuencias relevantes a propósito de la concurrencia de responsabilidades y en cuanto al análisis del denominado «derecho de las obligaciones». Por último, en el Capítulo 7, exploramos las implicancias de nuestro enfoque para la relación entre doctrina, reglas y principios del derecho de daños, por una parte, y las funciones y efectos del derecho, por la otra. Esta relación es compleja porque los abogados que ejercen la profesión y sus clientes frecuentemente pretenden invocar el derecho de daños con finalidades pragmáticas, lo que muchas veces entra en conflicto con los principios de responsabilidad personal que subyacen a esa doctrina. La tesis central de este Capítulo consiste en que tanto el sentido como el valor del derecho de daños, visto como un conjunto de reglas éticas y principios de responsabilidad personal, solamente pueden ser comprendidos adecuadamente en tanto se consideren sus funciones y efectos. Lo anterior se debe a que existe una relación simbiótica entre las reglas y principios del derecho de daños y sus funciones y efectos.
El mecanismo de desarrollo limpio programático: ¿constituye un instrumento idóneo para formar parte de una estrategia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en Chile?

La presente investigación tiene por objeto definir si el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Programático es un instrumento idóneo para formar parte de una estrategia de reducción de gases efecto invernadero (GEI) en Chile. La pregunta de investigación surge al constatar que Chile, país líder a nivel latinoamericano en el desarrollo del MDL, no cuenta a su haber con proyectos de MDL Programático, ya sea en validación o registro ante la Junta Ejecutiva. Por ello, se consideró relevante definir si éste es un instrumento apropiado en base a dos criterios: la factibilidad de implementar este tipo de proyectos en el país, y si dicha implementación es considerada como beneficiosa, en atención a si responde a los intereses o necesidades, tanto del sector público como privado. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se realizaron entrevistas a seis especialistas que han estado ligados a este instrumento económico. La interpretación de los resultados obtenidos, contrastados con literatura especializada, permite concluir que es factible desarrollar estos proyectos en el país, y que los motivos por los cuáles Chile no cuenta a su haber con proyectos de MDL Programático radican – más bien – en características propias del instrumento y del sistema normativo que le da soporte, antes que a circunstancias propias del país. En relación a los beneficios de implementar estos proyectos, se concluye que una estrategia nacional de reducción de emisiones debiese contemplar una coexistencia entre instrumentos de mercado, como el MDL Programático, con acciones atribuibles a esfuerzos de mitigación nacionales, a efectos de prever escenarios en que Chile deba asumir compromisos vinculantes de reducción de emisiones de GEI. De tal modo, se armonizan los beneficios sociales, económicos y ambientales derivados de la implementación de estos proyectos con una protección de los intereses del país. Se concluye señalando que el MDL Programático es un instrumento idóneo para formar parte de una estrategia de reducción de GEI en Chile.
Impulso dado por los compromisos internacionales contraídos por Chile a la modificación del artículo octavo de la constitución política de la república

Los derechos fundamentales se consideran como el principal componente de un Estado de Derecho construido sobre las bases de una democracia consolidada, lo cual queda evidenciado al analizar su importancia como contrapeso a la soberanía estatal. El capítulo primero de la memoria, llamado “Estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública”, intenta describir, brevemente, la historia y desarrollo de la consagración de los derechos humanos, el acceso a la información pública como derecho fundamental, los tratados internacionales en la materia y el contenido del derecho. El capítulo segundo, titulado “Valor en el derecho interno de los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derecho a la información”, aborda la dicotomía entre el derecho internacional y el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos como límite de la soberanía estatal y la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento. El capítulo tercero, denominado “Chile frente a la jurisdicción internacional por vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública”, describe el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos, la jurisdicción de los Estados y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sentencias sobre el tema a nivel nacional e internacional. Finalmente, el capítulo cuarto, intitulado “Suficiencia de la regulación jurídica chilena sobre acceso a la información pública, en atención a los estándares internacionales vigentes en la materia”, trata los principales aspectos de la reforma al artículo 8° de la Constitución Política de la República, la consagración del acceso a la información pública.
Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros : la Convención de Nueva York y la jurisprudencia chilena actual

La ejecución de un laudo siempre ha sido un tema principal en el mundo del arbitraje; probablemente uno de los aspectos más relevantes al decidir si se somete un conflicto a arbitraje se refiere a las posibilidades de ejecutar la sentencia arbitral. Esta cuestión se vuelve incluso más importante en materia de arbitraje internacional, especialmente porque antes de solicitar la ejecución del laudo, debe presentarse una solicitud de reconocimiento del mismo. Es en esos casos en que la parte vencedera se pregunta qué requisitos debe cumplir el laudo en el Estado en que esta desea ejecutar. La principal normativa internacional en esta materia es la Convención de Nueva York, la cual presenta reglas para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Sin embargo, su aplicación no ha sido del todo clara ni uniforme, por lo cual para su correcta interpretación es necesario hacer un análisis jurisprudencial que de más luces sobre los reales alcances de esta. Este trabajo tiene por objeto mostrar las líneas de decisión de la Corte Suprema en referencia a la Convención de Nueva York; y de la problemática que surge o puede surgir de la misma
Reformas y tendencias recientes de la legislación bancaria chilena

El propósito de este estudio es, en primer lugar hacer revista de los cambios que ha experimentado la legislación bancaria en Chile, partiendo desde los inicios de la regulación bancaria hasta la fecha actual. En segundo término, tal como lo sugiere el título, el objetivo es estudiar y dar una visión sinóptica desde la perspectiva legal y económica de las mayores reformas y tendencias adoptadas por la legislación bancaria chilena. Sobre el particular nos detendremos en la historia reciente de Chile, periodo que coincide efectivamente con las reformas más relevantes en la materia, que son las modificaciones a la Ley General de Bancos introducidas por la Ley Nº 18.576 de 1986, dictada con posterioridad a la crisis de la deuda externa en la década de los ochenta, y las modificaciones al mismo cuerpo legal introducidas por la Ley Nº 19.528 de 1997, dictada como resultado de la apertura de la economía chilena al mundo y de la recepción de tendencias imperantes en materia de regulación y supervisión bancaria. Estas dos reformas antedichas son las principales modificaciones objeto de nuestro estudio, con mayor importancia la reforma de 1997, ya que es la reforma más importante de la historia bancaria reciente, y porque asentó nuevas bases en diversos aspectos de la normativa bancaria. La metodología es un estudio en base a capítulos sucesivos en los cuales se aportarán las nociones elementales para comprender la actividad bancaria, su origen, sus principales características y la importancia de su regulación. Luego haremos un análisis detallado de la evolución de la Ley General de Bancos en el tiempo junto a sus principales modificaciones, dando al mismo tiempo un contexto de la realidad económica y política, que por cierto marcan el ritmo de la evolución referida. Acotaremos luego el estudio a la reforma introducida por la Ley Nº 19.528 de 1997, para estudiar las tendencias recientes en materia de regulación bancaria y cómo éstas han sido recibidos en nuestra legislación nacional. Para finalizar y para asegurar el carácter práctico de este estudio, haremos revisión y comentarios sobre las modificaciones en materia bancaria que se han experimentado desde la modificación de 1997 hasta la fecha actual, de manera tal que se cuente con referencias actualizadas sobre la materia.