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La prueba electrónica y su valor probatorio en materia civil

La prueba, entendida como aquella actividad necesaria para formar la convicción del juez y acreditar los hechos que en un proceso se controvierten, constituye un aspecto fundamental en el juicio civil. A través de ella el legislador permite a las partes convencer al juez que los hechos se han desarrollado de una determinada manera y en consecuencia obtener en último término la pretensión que han deducido en juicio. Tradicionalmente los medios de prueba se encuentran establecidos en los Códigos de Procedimiento de los distintos ordenamientos jurídicos de modo uniforme, es decir, se repiten constantemente, salvo diferencias menores en sus apelativos. De esta manera, sea en Argentina, Francia, Chile, Uruguay o México, si analizamos el cuerpo legal respectivo de cada cual, nos encontraremos con el instrumento, la confesión, la prueba testimonial, pericial, la inspección personal del Tribunal y las presunciones como principales medios probatorios. Cada uno de ellos posee una larga tradición pues existen desde hace siglos y afortunadamente el desarrollo de la doctrina, jurisprudencia y por supuesto la ley han resuelto gran parte de los problemas que se han suscitado, pero al mismo tiempo han instaurado nociones que parecen invariables, por ejemplo el concepto de documento identificado con el soporte papel firmado manuscritamente o la confesión que debe provenir directamente de la persona, hasta que determinados fenómenos obligan a replantear los conceptos.
Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal adoptados por las Naciones Unidas

Desde hace casi medio siglo resulta habitual en doctrina encontrar voces que afirman que el sistema jurídico-penal formal, en su conjunto, se encuentra en crisis , siendo una de sus manifestaciones la creciente expansión que el sistema punitivo tiene hacia sectores cada vez más amplios del acontecer social. Pareciera que ante cierto tipo de problemas, la única respuesta posible es un aumento de la criminalización, endureciendo un modelo que privilegia como medio para enfrentar a quienes cometen delitos, la pena de privación de libertad. Es un tema que se encuentra vigente en el debate actual. Ante este panorama, surgen voces que sostienen la necesidad de reducir el sistema represivo a sus justos límites, frenando las tendencias autoritarias mediante la búsqueda de mecanismos alternativos, no necesariamente punitivos, que cumplan los fines que el sistema penal formal no está satisfaciendo. Una de estas propuestas va dirigida hacia la reducción del sistema penal mediante la descriminalización de facto producida a través de formas alternativas de resolución de los conflictos generados por la actividad delictiva, que incluya directamente a las partes involucradas en él, centrándose más en la reparación del daño y la reconstrucción de los vínculos de convivencia pacífica, que en el castigo del infractor. Dentro de este marco es que se ha desarrollado la teoría y práctica de lo que se conoce como Justicia Restaurativa, entendiendo por ésta a una respuesta sistemática frente al delito en donde se habilita a la víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad, para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, con mecanismos legales adecuados a un sistema que apunta a la responsabilización del infractor, la reparación a la victima, y la total participación de esta, el infractor y la comunidad.
La buena fe en el procedimiento civil

En el Capítulo I de la presente memoria de prueba se intenta una aproximación conceptual de carácter objetivo al principio de buena fe procesal, basada en la realidad del proceso y completamente distinta a las ambiguas concepciones tradicionales que se limitan a definirlo como un mero comportamiento honesto o leal. En este sentido, y en la búsqueda de los distintos factores de orientación que nos permitan dotar de contenido a la aproximación intentada en la primera parte, en el Capítulo II se estudian tres manifestaciones de actuaciones o comportamientos contrarios a la buena fe procesal, a saber: el fraude de ley (procesal) y fraude procesal, el abuso aparente del derecho y la contradicción con los propios actos, haciendo mención, en cada caso, a la jurisprudencia nacional y comparada que ha resuelto en conformidad a las categorías antes señaladas. Finalmente, en el Capítulo III de este trabajo, se señalan las principales manifestaciones positivas de la buena fe procesal tanto en la Carta Fundamental, como en el Código Penal, en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil y las consecuencias jurídico-procesales que la infracción del principio en estudio trae aparejada en materia civil.
La factura, el mérito ejecutivo y la cesión de créditos: revisión crítica de la ley no. 19.983 actualizado a marzo de 2009, su regulación complementaria y la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores

Esta investigación tuvo su origen en la dictación de la ley N°19.983 del año 2004 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Tercera Copia de la Factura” (Anexo 1), en adelante también “la Ley”, y en un principio pretendió sólo cubrir los aspectos regulados por ella. Sin embargo, debido a la importancia de la factura en el comercio chileno, se ha extendido de manera de crear un documento que pretende abarcar los aspectos más relevantes de su configuración en el derecho chileno. Sin perjuicio de lo cual se hace un especial énfasis en sus aspectos procesales que facilitan su cobro y simplifican la cesión del crédito contenido en ella, lo cual constituye las principales innovaciones de la Ley. Para estos efectos analizaré el significado y consecuencias en nuestra legislación del mérito ejecutivo y de la cesión de derechos personales o créditos; la factura y su naturaleza jurídica, particularidades como nuevo título ejecutivo, la cesión simplificada de ella a terceros; el cumplimiento de los objetivos de la Ley de disminuir el costo del financiamiento de pequeñas empresas mediante su factorización; sus posteriores modificaciones; el derecho comparado; y la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Así, a lo largo de este trabajo ira quedando sentado el significado y consecuencias de la nueva regulación que tuvo por objeto dotar de una mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas (PyMes) eliminando por un lado trabas innecesarias y estableciendo, por el otro, incentivos económicos y procesales que favorecieran a los comerciantes responsables y profundizaran el mercado del factoring. Las principales herramientas que utilizó el legislador para alcanzar dichos fines, como lo señala el título de la Ley, fueron la regulación del mecanismo de cesión del crédito contenido en la factura mediante una modernización de la legislación aplicable, y el establecimiento de un modelo que permite dotar a la factura de mérito ejecutivo para facilitar su cobro.
El estado empleador, derechos del trabajador y el trabajo decente

En el mes de diciembre del año 2008, mientras visitábamos el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nos llamó la atención un afiche relacionado con el paro de los empleados fiscales que hacía poco había terminado , éste señalaba lo siguiente: "Trabajo decente = mejor función pública". El afiche era llamativo para alguien interesado en realizar una memoria en Derecho Laboral ya que hacía alusión al "Trabajo Decente", concepto acuñado por la Organización Mundial del Trabajo, pero que siempre se relaciona con el personal que labora en la empresa privada, sin que uno asocie que los principios que conforman este concepto son una aspiración relevante también para el personal que labora para el Fisco. De esta manera, basándonos en la escueta declaración del afiche comenzamos a buscar información al respecto, encontrándonos de paso con la compleja problemática del Estado empleador, el trabajo decente y los derechos esenciales de los trabajadores fiscales, lo que en definitiva nos abrió un mundo de propuestas e ideas para mejorar el sistema, las cuales recogimos en esta Memoria.
El delito de omisión impropia

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo realizar un acercamiento al tema de los delitos de omisión en general, y especialmente, a los llamados delitos de omisión impropia. Para esto se comenzará brindando al lector una visión general del concepto de acción y su relación con la omisión, profundizando en la problemática que tanto ha preocupado a la doctrina penal sobre la posibilidad de brindar un concepto de acción que englobe tanto a la acción en sentido estricto como a la omisión. Con posterioridad se intentará otorgar una definición de omisión y establecer una clasificación de los delitos omisivos en base a los últimos avances de la doctrina penal, especialmente extranjera. Luego de esto, se centrará el estudio en el delito de omisión impropia para lo cual se procederá a estudiar la parte objetiva del tipo de omisión impropia, continuando con la parte subjetiva del éste. Dentro del estudio de la parte objetiva de este delito se analizará detalladamente la exigencia de una posición de garantía como requisito para imponer a una persona el deber de proteger el bien jurídico amparado por el tipo legal, para lo cual se estudiaran las diversas fuentes que la doctrina señala para establecer que una persona tiene el carácter de garante de los bienes jurídicos de otra. En este tema la evolución doctrinal ha sido notoria y muy abundante en los últimos años, lo cual ha contribuido a su complejidad e imprecisión, por lo cual su estudio demandará un análisis profundo y detallado, para intentar brindar al lector una síntesis clara de la evolución doctrinal en este tema y la orientación que ha seguido la doctrina penal, especialmente alemana, que propone una nueva sistematización en el tema antes señalado. Posteriormente, como es tradición en la doctrina, se analizará la antijuridicidad y la culpabilidad en el delito de omisión impropia para concluir éste estudio con referencias al principio de legalidad en relación a la omisión impropia para intentar justificar que éste delito no viola el principio de legalidad penal sino que se estructura como una figura que debe ser completada por el juez recurriendo a un tipo de acción expresamente tipificado por la ley.
Borrachos, libertinos y sodomitas. La tolerancia de John Locke como antecedente del pluralismo valorativo

El presente trabajo tiene como propósito central investigar los antecedentes del pluralismo valorativo en el principio de tolerancia defendido por el filósofo John Locke. En particular, propone que los argumentos esgrimidos por este autor a favor de la tolerancia no han perdido su vigencia en la actualidad. Para ello, se discute la literatura secundaria que plantea la hipótesis contraria, esto es, quienes señalan que los postulados del filósofo oxoniense no serían aceptables en una sociedad occidental contemporánea. El método que se emplea para este análisis se fundamenta en la tesis según la cual para entender un autor hay que considerar no solo la esfera conceptual de sus argumentos, sino también una institucional y otra política. Conforme lo anterior, en el primer capítulo se procede a elaborar el contexto político en el que Locke desarrolló su filosofía, el cual consiste en un conjunto de prácticas y argumentos que promovían la persecución religiosa en la Europa del siglo xvii. Luego se expone la esfera institucional de la filosofía de Locke. Este ámbito fue determinante para la elaboración de sus argumentos a favor de la tolerancia, puesto que el círculo de autores denominado como ‘república de las letras’ fue el contexto en el cual pudo discutir sus ideas con filósofos como Limborch, Bayle y LeClerc, entre otros. Por último, los capítulos cuarto y quinto se ocupan de la discusión conceptual. En este ámbito, se analizan los límites del principio de tolerancia, en especial, determinar si musulmanes, católicos, judíos, ateos, borrachos, libertinos y sodomitas debían considerarse excluidos de la tolerancia. Lo anterior se realiza mediante la discusión de literatura secundaria reciente. La memoria proporciona una interpretación amplia del principio de tolerancia defendido por el filósofo inglés, otorgándole vigencia a sus argumentos, de manera tal que ellos bien podrían disuadir a cualquiera en la actualidad a utilizar la fuerza por motivos religiosos o con el propósito de destruir formas de vida que se consideran peligrosas.
Sindicalización: construcción de un estado social y democrático de derecho

El proceso sobre el cual trataremos es reciente, aun cuando siempre ha existido el trabajo y los sistemas políticos, ya sea más o menos sofisticados, unos y otros, el problema de la participación en materia política y en el proceso productivo, no se plantea en términos amplios, sino ya en el siglo XX, pues anteriormente las estructuras económicas y políticas, diferían sustancialmente de las de la actualidad y eran reacias a la democracia (entendida en un sentido moderno, de participación social y de protección de derechos fundamentales por parte del Estado, no en el sentido historicista que hace ver su existencia desde hace más de 2.500 años). Lo determinante en la materia que tratamos es sin duda el cambio en la manera de producción llamado “Revolución Industrial” que vive la humanidad hacia el siglo XVIII, ya que a través de éste el estilo de vida tradicional y sus formas de representación cambiaran drásticamente. A finales del Medioevo la estructura económica de Europa comenzó a cambiar, el renacimiento de las ciudades, el progreso de la técnica y los nuevos inventos, aceleraron el cambio de la estructura autárquica y feudal al intercambio comercial y financiero de las ciudades
Historia de la Escuela de Derecho a través de su malla curricular

El siguiente trabajo se basa en tres partes: En Primer Lugar una perspectiva histórica desde los inicios de la Universidad de San Felipe, pasando por la creación del Instituto Nacional, La inauguración de la Universidad de Chile, la Dictación del Código Civil, la Universidad del Siglo XX, con las reformas de 1935, 1946, 1966 y 1970, la contrarreforma de la Dictadura y la Reforma de 1998. En cada una de ellas se toma en primer lugar los antecedentes Históricos, para luego desarrollar la Malla Académica y los Procesos de Titulación, terminando con la Evolución Histórica del Periodo. El Segundo Capítulo analiza en profundidad los 5 grandes procesos de Reforma del Siglo XX, el proceso de 1931-36, de 1939-46, de 1964-66, de 1970 y de 1996-2001, en ellos se describe en profundidad el trabajo de las comisiones de elaboración, sus perspectivas de enseñanza, los principales cambios y la idea central de su trabajo. El Tercer y Último Capítulo se encarga de dar una perspectiva del proceso de Revisión que se desarrolla actualmente en la Facultad, donde se busca repasar y mejorar los cambios que se impulsaron en la Reforma que culminó el año 2001. Todo termina con conclusiones sobre todo el desarrollo académico de la Escuela, los grandes hitos, los desarrollos y mejoras, los errores del Proceso y las áreas que quedan por perfeccionar.
Delito de almacenamiento de pornografía infantil

Este trabajo tiene por objeto analizar, a través de la metodología de investigación jurídico-dogmática, el delito de almacenamiento de pornografía infantil, tipificado en el inciso segundo del artículo 374 bis, introducido por la ley 19.927. Para ello, se realizó una síntesis del origen y las bases del Derecho penal moderno de corte liberal –posición iuspenalista que se defiende-, así como de las actuales nuevas tendencias de esta rama jurídica que representan un quiebre respecto de la filosofía que la sustenta. A su vez, se precisa el sentido y alcance del concepto de pedofilia a la luz de la psiquiatría, y las modalidades de conducta psicológica que presentan los sujetos que padecen aquella parafilia. Al mismo tiempo, se analizan las fuentes materiales y la discusión legislativa que dio origen a este artículo, con la finalidad de demostrar la ausencia de un carácter jurídico en su tratativa y la asunción de consideraciones profanas en su génesis. En el capítulo III, -fondo de la obra- se desnuda la contradicción del tipo penal respecto a la concepción material de bien jurídico, habiéndose derivado en un formalismo extremo en su adecuación típica, lo que se comprueba en la falta de garantismo que, en los hechos, han tenido los Tribunales de Justicia respecto al delito -cuyas principales sentencias se exponen-. Finalmente se concluye que el objeto verdaderamente protegido es una atávica concepción de moral sexual, lo que conlleva una expansión disfuncional del Derecho penal. Esto implica que, además de soslayar la voluntad válida de un menor que ya está en condiciones de disponer de su libertad sexual, se rompe con una serie de principios penales, en una expresión de Derecho penal simbólico. Junto a esto, se determina que la figura es un caso de delito de peligro abstracto formal y de Derecho penal de autor, además de ser una variante del denominado “Derecho penal del enemigo” –dejando en evidencia la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 374 bis del Código Penal-.
El derecho laboral como fuente de privilegio marítimo

“El mar mercantiliza los actos”: esta expresión ha sido dada a conocer por los doctrinarios del derecho comercial. Es cierto, los actos jurídicos en el mar adquieren esa especialidad, pero, acto seguido, es necesario enumerar una serie de importantes excepciones. Por ejemplo, el matrimonio celebrado en una nave o el testamento otorgado frente al capitán jamás pierden su naturaleza civil, como tampoco pierde su naturaleza laboral la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia. Es por ello que se puede expresar mejor, sin miedo a equivocarse, que: “El mar especializa los actos” y esto es de tal manera cierto que tanto el matrimonio celebrado como el testamento otorgado en la nave o el contrato de embarco, así como también el contrato de transporte de mercaderías por mar, constituyen actos especiales frente al derecho civil y especialísimos frente al derecho del trabajo y mercantil. Dos grandes razones podemos dar para esta especialidad. La primera, se debe a que el derecho marítimo gira en torno a la noción de Fortuna de Mar, concepto íntimamente ligado a la temática de los privilegios marítimos y la limitación a la responsabilidad del naviero y que, básicamente, puede definirse como el patrimonio de afectación a la actividad navegatoria, en torno al cual, el legislador ha construido un sistema de créditos privilegiados y establecido, en ciertos casos, el derecho del naviero a limitar su responsabilidad. La segunda razón por la cual los actos jurídicos que se desenvuelven en el ambiente marino adquieren esta especialidad se debe simplemente a que el hombre es un ser o una criatura terrestre. La vida del ser humano se desenvuelve naturalmente en la tierra y de esa manera se moviliza caminando y respira obteniendo el oxígeno del aire sin un esfuerzo adicional que el acto, casi reflejo, del diafragma y de los músculos intercostales. Generalmente habita, refugiado, en construcciones ubicadas en tierra. Primitivamente, el mar fue un obstáculo natural, una barrera y un peligro infranqueable. Para desplazarse en él, se requiere de un esfuerzo físico mayor que al caminar o de la utilización de ingenios que significan un mayor desgaste intelectual. El hombre es un ser que vive en tierra firme. El desenvolverse fuera de ese ambiente constituye una excepción a esa regla general, por lo tanto, toda relación social que nazca entre dos sujetos fuera de ese ambiente estará rodeada de una especialidad, de un fundamento distinto, de situaciones diferentes y los conflictos serán otros, así como también las soluciones. Así, el aviador, el cosmonauta o el hombre de mar son seres humanos que no se encuentran en su ambiente natural y, por eso, deben desarrollar capacidades y aptitudes excepcionalesNote1. . Los océanos nos unen, alimentan, entretienen y hasta se prestan para el romance y la inspiración artística.
Clotario Blest, la ANEF y la formación de la CUT: antecedentes para una historia sindical (1943-1953)

Trata sobre el desarrollo histórico de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, cuerpo que reúne a la generalidad de los funcionarios estatales de la Administración Pública, desde su constitución en el año 1943 hasta el año 1953. Busca dar luces sobre la influencia que habría tenido la federación funcionaria en la constitución de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y su rol en la década estudiada. Metodológicamente, está construida a partir de la recopilación de fuentes secundarias y primarias de la antedicha Agrupación y de trabajos realizados sobre historia sindical chilena. Concluye con la ponderación de los principales resultados obtenidos, tanto respecto de la evolución de la ANEF, como de su influencia en la formación de la CUT.
La emergencia del problema de la legitimidad del poder político: una contribución al estudio de la formación del discurso sobre el problema de la legitimación del estado

Esta investigación está dedicada al estudio del contexto de la emergencia del discurso jurídico sobre el problema de la legitimación. Con el propósito de delimitar su objeto se procede, en primer lugar, a precisar lo que se entiende por ‘discurso jurídico sobre el problema de legitimación’ (Primera Parte, Sección 1). A continuación se aclara lo que se entiende por formas modernas y premodernas de legitimación, con el fin de examinar su relación con el derecho y las transformaciones del derecho (Sección 2). Estas consideraciones preliminares permiten introducir la concepción tradicional sobre el tránsito de las formas premodernas a las formas modernas de legitimación, uno de cuyos supuestos tradicionales este trabajo prentede someter a crítica. La concepción tradicional sostiene que, hasta la ruptura de la unidad religiosa de Europa occidental, el poder o dominación política legítima sería aquella que obedece a un fundamento sacro. Sobre esta base se ha supuesto una sustancial homogeneidad en las formas de pensamiento o mentalidades político-jurídicas ‘premodernas’. Este supuesto será cuestionado por la vía de afirmar una radical discontinuidad entre dos formas ‘premodernas’ de legitimación: la mentalidad ‘mágico-mítica’ y la mentalidad ‘teológico-política’ (Sección 3). Se contribuye al estudio de esta tesis mediante una revisión de los pasos iniciales del tránsito de la mentalidad mítico-religiosa a la teológico-política. Con tal objeto se hace, primero, un repaso de la caída del mundo romano y una descripción de la mentalidad política que traían consigo los pueblos de los reinos germánicos fundados en el territorio de la antigua parte occidental del imperio romano (Segunda Parte, Sección 1). Este repaso se complementará con un análisis del lugar del poder monárquico en la estructura jurídico-social de estos reinos (Sección 2). Luego, se exponen las fuentes del pensamiento cristiano y sus transformaciones (Sección 3), y el aparecimiento de la teología política como discurso legitimatorio de la formación política altomedieval más impresionante e influyente (Sección 4). Finalmente, se ofrece una descripción de los rasgos característicos de la ‘feudalidad’ medieval, mediante una breve exposición del derrumbe y desintegración de esta formación política (Sección 5).