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La protección de denuncias de hechos de corrupción: la regulación del whistleblowing en el derecho comparado

En los diversos contextos o circunstancias de la vida de una persona, sea en el desempeño de su trabajo, en sus relaciones con otros individuos, o con instituciones públicas o privadas, ésta puede percatarse, en forma inesperada o espontánea, de la evidencia de hechos o actos que podrían estimarse potencialmente irregulares, ilícitos o corruptos. Esta persona, aún sin contar necesariamente con la evidencia completa de que efectivamente exista una conducta irregular o ilícita, puede sospechar que el hecho o acto que ha llegado a su conocimiento no se ajuste a las normas o fines propios de la actividad en cuyo contexto tiene lugar el hecho o acto, o que genere un riesgo o daño a los derechos e intereses de otros. La persona que presencia o se percata de tales hechos podría decidir revelar, comunicar o denunciar la ocurrencia de ellos a alguna otra persona, a su jefe o al superior jerárquico en la organización donde ocurren, a una determinada autoridad, o darla a conocer al público general. El hecho de efectuar tal revelación, comunicación o denuncia, si ésta es admitida, podría tener el efecto de que se emprendan acciones o se 2 adopten las medidas que sean necesarias para detener o corregir los efectos negativos del hecho o acto denunciado. Este tipo de revelaciones, comunicaciones o denuncias, se ha identificado en lengua inglesa con el término “whistleblowing”; en idioma castellano, “soplar el silbato”, que significa la idea de dar la alerta sobre uno o más hechos potencialmente irregulares o ilegales.
Los ilícitos de responsabilidad civil por competencia desleal en la jurisprudencia sobre libre competencia

El objetivo de esta investigación consiste en recopilar y analizar la jurisprudencia anterior a la aplicación de la Ley N° 20.169 relativa a los tipos ilícitos de competencia desleal, dictada por la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, ya que pese a que hace sólo tres años existe una norma que regula específicamente la competencia desleal en Chile, hacía treinta años que nuestros tribunales resolvían sobre la materia, en fallos que hoy pueden sorprender por la actualidad y vigencia de sus criterios y la semejanza de los actos desleales ejecutados en esa época y hoy en día. En otras palabras, la jurisprudencia que se recoge en este trabajo caracteriza en forma precisa al ilícito de competencia desleal, el cual es uno de los elementos de la responsabilidad civil derivada de esta conducta. Respecto a la forma de la exposición del trabajo, esta tesis se compone de dos partes. Una primera, en que se entrega al lector una pequeña reseña acerca del panorama de la competencia desleal en nuestro país, desde 1973 hasta la actualidad. La segunda parte, consiste en el análisis de jurisprudencia y consta de siete capítulos; uno por cada conducta desleal contemplada en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 20.169, con la excepción de la inducción a incumplimiento contractual, puesto que este ilícito desleal sólo ha sido conocido dos veces por nuestros tribunales, rechazándose en ambos casos las respectivas acciones. Existe, además, un capítulo relativo a competencia desleal e infracción a la propiedad industrial, materia esta última que, pese a no haber sido contemplada expresamente en la ley como uno de los tipos ilícitos, cabe dentro de la descripción genérica del tipo efectuada en el artículo 3°. El capítulo presenta interés, pues se trata de dos ordenamientos que se superponen y se complementan, produciéndose un eventual cúmulo de ilícitos. Cada capítulo contiene citas pertinentes de la jurisprudencia, comentarios a las decisiones y finaliza con un pequeño acápite de conclusiones. La tesis cuenta con un índice de conductas, en donde pueden buscarse todos los fallos que fueron extractados para efectos de esta investigación, asociados con alguno de los actos desleales. Finalmente, se acompañan todas las fichas jurisprudenciales, en calidad de anexos, con la intención de acercar los fallos al lector y permitir que éste acuda a la fuente cada vez que lo estime conveniente, para formar su propio concepto.
La función de la CNUDMI en el desarrollo del comercio internacional

A continuación, el presente trabajo resume de modo breve y didáctico la importancia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, su rol dentro de la regulación del comercio internacional y las distintas áreas que regula, abarcando casi completamente el abanico de escenarios legales que presenta un Derecho tan dependiente del mundo globalizado en que vivimos, como es el caso del que regula el comercio internacional. Por último, señala y a modo de reseña el contenido de los más importantes textos legales elaborados por la Comisión. Por medio de este trabajo, espero poder colaborar informando y educando a los futuros abogados de nuestro país presentando a la CNUDMI como una herramienta de trabajo fantástica que es poco conocida y no muy utilizada en nuestro país. Espero que con este manual, más profesionales y futuros profesionales chilenos del área del Derecho logren acercarse a esta organización y así colaborar con el desarrollo e integración comercial de nuestro país al mundo
El iter criminis en la jurisprudencia

En específico, el presente trata sobre el Iter Criminis en la jurisprudencia, establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 7 del Código Penal, el que define las distintas fases del delito y les otorga la punibilidad. A pesar de la basta aplicación que tiene el artículo 7 del Código Penal en la práctica judicial, la determinación de la fase de desarrollo del delito, realizada por los tribunales nacionales, no es unívoca, encontrándose diferentes criterios jurisprudenciales al aplicar dicho artículo. El presente trabajo se realizó recopilando y seleccionando las sentencias dictadas por los tribunales nacionales entre los años 2003 e inicios de 2010. La recopilación se llevó a cabo utilizando la base de datos en línea del Ministerio Público, la que reúne sentencias dictadas por Jugados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Cada sentencia se esquematizó mediante la elaboración de una ficha, que informa sobre los aspectos más relevantes de ella. Este trabajo contiene un total de 86 fichas, ordenadas de acuerdo a la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y clasificadas de acuerdo a las consideraciones relevantes efectuadas por el tribunal. Cada ficha tiene asignado un número, al que el índice de clasificación se remite. Es de esperar que este trabajo sirva como fuente de información a quien desee consultarlo, al tratarse de una investigación seria, práctica y actualizada sobre el tema.
Eficiencia y legitimidad del procedimiento abreviado desde el punto de vista de la práctica punitiva del Estado.

El objeto de esta memoria es, al menos, introducir a ciertos temas específicos que implica asumir una discusión tal. Ello tiene que hacerse, necesariamente, en dos niveles. El primer nivel implica reflexionar en torno a la utilidad del Procedimiento Abreviado para los órganos encargados de la persecución penal. Es decir el análisis aquí asume la racionalidad utilitarista del Estado y la explícita, de forma de aclarar la conveniencia de la institución. La introducción y mantención del plea bargaining siempre se ha justificado mayormente desde esa perspectiva. Pero no es indiscutible que una evaluación de la adecuación medio – fin, como herramienta fuerte de la política criminal moderna, resulte favorable al plea bargaining e instituciones afines. El segundo nivel implica hacer un análisis a partir de la legitimación de la potestad punitiva y de las restricciones consecuentes que resultan de los principios limitadores. Un análisis tal no presupone el que no existan, como podría eventualmente aparecer en el primer nivel, deficiencias instrumentales en una institución como el Procedimiento Abreviado. Pero en cualquier caso el segundo nivel de análisis se centra precisamente en las limitaciones que reconoce el ordenamiento jurídico a un derecho penal de pura conveniencia. Aquí no se asume sólo el nivel de la racionalidad de fines del Estado, sino que se confronta ésta con una comprensión de la corrección que requiere su acción. Por cierto no es evidente, tampoco, que las limitaciones al ius puniendi no tengan, a su vez, al menos parcialmente justificaciones de racionalidad de fines. Ello implica que los conflictos con los principios limitadores, que serán analizados en una segunda parte, también sean conflictivos desde el primer nivel de análisis. Todo esto será analizado en su momento Luego de esta reconstrucción, y a la luz de ésta, siguiendo los dos pasos necesarios para llevar un análisis como el que se pretende, se explicará el Procedimiento Abreviado como forma atenuada de plea bargaining y la utilidad que presenta para el Estado en la persecución penal. Finalmente se llevará a cabo un análisis limitado de la adecuación de este medio para coadyuvar al cumplimiento del fin que se pretende con la aplicación de la pena. En una tercera parte se analizarán los problemas de legitimidad que el Procedimiento Abreviado pueda tener en el derecho chileno, en particular en lo relativo al principio de culpabilidad procesal penal, a la prohibición de auto-incriminación como manifestación del principio del debido proceso, y a la comprensión que se tiene de la separación de funciones en la política criminal del Estado
Críticas al seguro de desempleo chileno

Para los objetivos trazados, abordaremos el contenido del trabajo a partir del análisis de tres capítulos: El primero de ellos estaría referido, específicamente, al seguro de desempleo en Chile. En él abordaremos la historia de la protección legal al desempleo, incorporando, dentro de ésta, la regulación histórica de las indemnizaciones por años servidos, toda vez que no son pocos los autores que le otorgan a ésta una función jurídica, social y económica similar a la de los seguros de cesantía. Analizaremos también los datos estadísticos que comprenden el período de funcionamiento del seguro hasta antes de la propuesta de perfeccionamiento (2008) para indagar, a través de ellos, las razones que justificaron la promulgación de la ley 20.328. Conjuntamente con lo anterior, revisaremos los principales aspectos modificados, para finalizar el capítulo con la descripción de lo que constituye el seguro de desempleo actualmente vigente en Chile, que es, en el fondo, lo prescrito por la ley 19.728 modificada por la 20.328. En segundo término, hemos decidido realizar una comparación con otros seguros de desempleo existentes en América Latina, por corresponder a la realidad más cercana a la de nuestro país. En tercer lugar y por la importancia que el análisis ofrece para las conclusiones personales a las que han arribado los autores, realizaremos un análisis conceptual entre las temáticas de desempleo, flexibilidad laboral y trabajo decente. Dichos elementos permitirán, a nuestro juicio, evaluar si el seguro de desempleo chileno contribuye o no a los objetivos sociales, políticos y económicos que se ha trazado para sí. Por lo mismo, importancia central adquirirán las conclusiones personales a las que, humildemente, hemos arribado en tanto postulantes a la Licenciatura en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Chile, conclusiones con las que finalizaremos el trabajo que a continuación presentamos
Recopilación y análisis de normas de infancia para el trabajo en clínica jurídica

El siguiente trabajo se encuentra dividido en cuatro ejes fundamentales: En Primer Lugar se parte por un análisis de los temas de familia en que se ven involucrados los niños y niñas, de forma separada cada uno de ellos, indicando los cuerpos normativos en donde se regulan, partiendo desde la Normativa Internacional general referente a los temas en que se ven involucrados los derechos de infancia, específicamente sobre los tratados y convenciones aprobados por nuestro país, continuando luego con la Constitución Política de la Republica hasta decretos en donde pueda existir referencia a cada tema, de esta forma se obtendrá una esquematización de las normas en cuanto a lo que al derecho se refiere respecto de cada tema en particular, logrando con ello dar un orden de aplicación de normas a los alumnos de clínica . El Segundo Capítulo analiza el procedimiento establecido por el legislador para el conocimiento judicial de cada uno de los temas tratados en el capítulo primero, estableciendo un procedimiento ordinario, la existencia de diversos procedimientos especiales y la identificación de auto acordados dictados por nuestra Corte Suprema relativos a materia de Familia. En este capítulo los alumnos podrán distinguir las materias que se tramitan en procedimiento ordinario, y procedimiento especial; y como son estos procedimientos. El Tercer capítulo se mencionan las Instituciones Administrativas que eventualmente intervienen en los procesos de Familia, en especial en aquellos procesos que recaen sobre los temas analizados en el Capítulo Primero, se describen estas instituciones y se señalan las normas por las cuales regulan su actuar, logrando con ello que los alumnos identifiquen de manera correcta dichas instituciones y las funciones de las mismas, para así dirigirse a la institución correcta al momento de ofrecer, o bien solicitar la prueba necesaria para cada caso en cuestión
El Trade Dress en Chile; su regulación en el derecho de marcas chileno y su aplicabilidad como objeto de los contratos.

Si bien sólo desde los siglos XVIII - XIX se protegen las marcas comerciales en el Derecho Occidental, son cientos de años, si no milenios, los que llevan los fabricantes y comerciantes buscando identificar sus productos, señalando signos distintivos que permitan evitar la confusión en sus consumidores. De esta forma, a pesar de que el Derecho de Marcas moderno se desarrolló con posterioridad al del Derecho de Autor y el de patentes , es posible distinguir en el mundo antiguo distintos signos distintivos en productos de diversa especie. Así, sabemos que los romanos ocupaban marcas para distinguir ollas, tubos de estaño y diversas mercaderías, como vinos y quesos, imprimiéndoles figuras distintivas como un pez, iniciales de nombres y en el caso de ciertos artesanos, la huella de su dedo pulgar. En imperios del Lejano Oriente, por su parte, también se ocupaban signos distintivos para reconocer al fabricante de cierta mercadería. En China, por ejemplo, se escribía en las piezas de porcelana el nombre del fabricante y su lugar de origen, y en Egipto y Mesopotamia, los materiales ocupados en la construcción - industria muy importante en ambas zonas – poseían ciertos signos distintivos unos con otros. Luego, ya en la Edad Media, diversos signos fueron adoptados no sólo por artesanos y productores, sino también por prestadores de servicios. Incluso en nuestro tiempo, es posible en varios lugares encontrar estos signos en construcciones, documentos y artículos de la más diversa índole. Estos signos distintivos muchas veces incluso traspasaban fronteras, siendo homogéneos en distintas localidades de Europa. También en la Edad Media, se comienza con la utilización de signos para otros propósitos, como es el caso de marcas en el ganado, o en aquellos bienes que debían recorrer grandes distancias. De esta forma, poco a poco el uso de marcas en productos o servicios comienza a ser cada vez más recurrente en la sociedad occidental, siendo su uso algo común en los comerciantes, que veían que sus consumidores identificaban claramente una marca con cierto fabricante, su fama y prestigio. Ya en la Edad Media, era usual entre fabricantes y artesanos marcar los productos y servicios con un logotipo o letras determinadas, no limitándose esta práctica sólo a comerciantes, sino también a imperios, ejércitos y organizaciones. Así, hasta campesinos analfabetos distinguían el Águila de Absburgo, la Flor de Lis en Francia, el Crisantemo Imperial en Japón y la Concha del Peregrino en España
Nueva ley de matrimonio civil ¿y su armonía internacional?

El objetivo de este trabajo será señalar cuales son estas graves trabas que impone nuestro legislador en materia de matrimonio, específicamente respecto a sus requisitos de forma y fondo; graves trabas porque se alejan de uno de los principios esenciales del DIPr que es la armonía internacional y el respeto por los actos jurídicos que se celebran en el extranjero. Y junto con señalarlas, indicar cual sería una adecuada solución a éstas, llevando así a que nuestras normas de DIPr concuerden con la tendencia moderna de reciprocidad en la validez de nuestros actos, y fomenten lo que ya se ha vuelto una necesidad mundial: las relaciones privadas internacionales y su validez en todo país. De igual forma, en este trabajo se analizará el reciente hito histórico en nuestro país en el cual la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección a favor del matrimonio homosexual; éste señala que las normas que prohíben el matrimonio homosexual serían inconstitucionales, recurso que actualmente se encuentra tramitándose en el Tribunal Constitucional. La finalidad de esta memoria será dar a entender que “la intención no es lo que vale” y que si bien nuestro legislador intentó adecuarse a la tendencia mundial sobre normas de DIPr, el camino a seguir fue otro, incluso en algunos casos precisamente el opuesto, tal como se expondrá a continuación.
Acoso moral laboral o mobbing : análisis de la jurisprudencia chilena

El actual modelo económico imperante a nivel mundial, ha implicado importantes transformaciones al mercado del trabajo y dichos cambios han afectado también a las relaciones de trabajo al interior de los establecimientos o empresas. En efecto, muchas empresas –concepto que hasta ahora es discutido por la doctrina y los abogados laboralistas- tanto públicas como privadas, en su búsqueda incesante por mejoras productivas y aumento sostenido de sus utilidades, se han despreocupado de su obligación de mantener un clima laboral adecuado en el que efectivamente se respeten los derechos constitucionales y laborales de sus trabajadores.
Análisis de la responsabilidad por el hecho de los animales en Chile.

El rol de los animales en nuestra sociedad no se reduce sólo a su carácter instrumental tradicional, sino que también han adquirido la calidad de compañeros del ser humano. Los animales, especialmente los perros, se han convertido en buenos acompañantes, salvadores de vidas, parejas de caza, colaboradores en la prevención de delitos, y lazarillos para las personas no videntes. Es ampliamente discutido el criterio según el cual debería regularse la responsabilidad por este tipo de animales: si se debería determinar las razas de mascotas peligrosas que deben ser objeto de una especial regulación, o si se debe atender a la conducta del animales o sus características físicas, o bien, simplemente regularse la tenencia de todos los animales de compañía que pudieran causar este tipo de daños. Si bien en la discusión misma del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, el doctor Luis Godoy Oyarzún, representante del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G., señaló que ninguna raza de perro es agresiva per se, y en ese sentido, la Comisión definió que el énfasis de una legislación de este tipo debe estar en la responsabilidad de los dueños y tenedores de los perros, por cuanto son ellos, con la crianza y adiestramiento de estos animales los que generan los riesgos para la población, la manera de definir el concepto de animal potencialmente peligroso no es un tema pacífico tanto a nivel nacional como internacional, por lo cual es interesante observar y analizar las distintas soluciones y medidas que se toman dentro de las diversas legislaciones a esta problemática de gran actualidad y relevancia. Finalmente, siendo la “tenencia responsable de mascotas” la forma por excelencia de responsabilidad preventiva por el hecho de los animales de compañía, en el presente trabajo se intentará demostrar que este concepto en el derecho comparado también implica un tipo de responsabilidad prácticamente estricta por los daños efectivamente causados por este tipo de animales. Ésta sería una falencia en nuestra legislación, ya que no existe un estatuto normativo especial relativo a la responsabilidad por el hecho de las mascotas vigente en nuestro país. No obstante ello, Chile no está tan atrasado en este ámbito, ya que veremos que efectivamente existen normas jurídicas en vigor relativas a la tenencia responsable de animales. De esta forma, se pretende comprobar que más que normativas específicas y detalladas, lo que se requiere es el compromiso por parte de los dueños y tenedores para cumplir las normas de tenencia responsable ya existentes, disminuyendo así las situaciones de riesgo y los casos en que opera la responsabilidad por el hecho de los animales.
Tortura y terrorismo : acerca de la relativización de la prohibición internacional de la tortura en casos de terrorismo global

La prohibición de la tortura en el Derecho Internacional es ubicua. Es tal su presencia y consagración jurídica que podríamos decir que es al Derecho Internacional lo que la prohibición del incesto a la antropología social. Pocas veces ha existido un consenso tan generalizado en la comunidad internacional para institucionalizar, en términos prohibitivos, un tipo de conducta en el campo jurídico. A primera vista, la prohibición de la tortura concita la adhesión de todos los sectores políticos y de todos los regímenes institucionales, se trate o no de democracias, expresándose, en dicho consenso, un umbral que define una suerte de límite de civilización. Sin embargo, el consenso y consagración que encontramos a nivel jurídico no siempre encuentra un correlato efectivo en la práctica de todos los gobiernos. Particularmente, en ciertos períodos cruciales, cuando las crisis políticas o sociales se despliegan con toda su fuerza, se abre una brecha entre legislación y práctica. Es por ello que nos vemos obligados, de tanto en tanto, a volver sobre el consenso, sobre los supuestos, y a revisar, una vez más, aquello que dábamos por sentado. La dificultad de esta revisión radica en que enfrentarse a la tortura es siempre complejo, ya sea por las diversas aristas conceptuales que contiene dicho fenómeno, como por las consecuencias que tienen estas últimas en el campo de la ética. Y es que la tortura compromete al analista en el campo del valor, puesto que cualquier esquema conceptual que elabore en el plano teórico, tendrá consecuencias directas en los principios a través de los cuales entendemos la justicia y, con ella, el valor de la vida misma. No hay lugar pues para el observador distante, para el astrónomo de las cosas humanas, para entender la tortura desde el extrañamiento y la imparcialidad.