Debate: European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States
Date: MONDAY, 18 JANUARY 2021
Speaker: Javier Zarzalejos
Country: Croatia
Language: ES

Hablamos de un instrumento esencial de cooperación judicial y, en consecuencia, de uno de los cimientos del espacio de libertad, seguridad y justicia. La orden, que fue introducida por la Decisión Marco de 13 de julio de 2002, es, sin duda, el logro más destacado en materia de cooperación judicial que hemos alcanzado en la Unión y ha abierto el camino a otros instrumentos que después han permitido continuar esa senda de progreso. Sustituir el procedimiento clásico de extradición, basado en la desconfianza entre sistemas jurídicos, por un procedimiento de entrega basado en la confianza y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales constituyó un verdadero salto cualitativo en beneficio del imperio de la ley y de la reparación de las víctimas mediante la eliminación de los espacios de impunidad. A lo largo de la discusión de este informe —del que he tenido el honor de ser ponente— he insistido en que la trayectoria de la orden europea de detención y entrega es, en conjunto, un éxito notable. Pero, al mismo tiempo, creemos que hay margen para mejorar. A explorar estas vías de mejora se ha dedicado este debate ciertamente complejo desde el punto de vista jurídico, pero conveniente y oportuno. La orden ha suscitado cuestiones importantes a lo largo de su vigencia que han sido en buena medida aclaradas por una valiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal ha fortalecido este instrumento de cooperación en una dirección doble. Por un lado, ha situado claramente el procedimiento de entrega en el marco de los derechos fundamentales y de las garantías procesales que debe respetar. Por otro, ha reafirmado las obligaciones de cooperación de los Estados, evitando que se produzcan desviaciones en su aplicación y en la transposición al Derecho interno de la Decisión Marco, desviaciones alejadas del espíritu y de la letra de esta Decisión. Creo que la Comisión es consciente de esta situación, como se desprende del informe que presentó recientemente, y le animamos a que esas desviaciones sean corregidas, también, si es necesario, a través de los procedimientos de infracción pertinentes. El informe que presento se ha construido sobre este equilibrio entre cooperación eficaz y garantías. El texto es claro a la hora de proponer que la utilización de la orden debe responder a criterios de proporcionalidad y de coherencia con otros instrumentos de cooperación judicial ya vigentes y menos intrusivos, de modo que, cuando con esos instrumentos se pueda conseguir el mismo resultado, se utilicen estos. Quiero señalar, de una manera clara y concluyente, que la preocupación por incorporar un marco de garantías exigente con el respeto de los derechos fundamentales está presente con toda claridad en el texto y ha sido el objeto central de nuestras discusiones. No hemos eludido los factores objetivos que hoy están afectando a la confianza entre los Estados, pero, en la línea de interpretación establecida por el Tribunal de Justicia, queremos mantener una actitud de extraordinaria prudencia para no dañar este instrumento crucial de cooperación. La entrega es el principio general, y el rechazo a la ejecución de una orden debe ser la excepción, interpretada de manera restrictiva y debidamente fundamentada. El informe propone ampliar la actual lista de los treinta y dos delitos o categorías delictivas que no requieren control de la doble incriminación para incorporar diez nuevas categorías que van desde determinados tipos de evasión fiscal, violencia contra la mujer, delitos específicos de la web, delitos de odio, actos de contaminación masiva, delitos contra el orden público en caso de amenaza grave o utilización de la violencia o contra la integridad constitucional de los Estados que implique el uso de la violencia, así como delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entendemos que la lógica de la cooperación debe llevar a nuevos espacios en los que esta cooperación se produzca de manera más fluida entre Estados que protegen bienes jurídicos esenciales, entre Estados que forman parte y que se reconocen como miembros de una comunidad de derecho. Precisamente para que esta cooperación sea más fluida, no pasamos por alto los aspectos prácticos que aconsejan reforzar el papel y los medios de Eurojust, así como mejorar la formación de los operadores jurídicos, especializar a los órganos nacionales que deben tratar con los procedimientos de entrega y mejorar también la información disponible sobre la aplicación de la orden. Quiero agradecer sinceramente a todos los grupos sus aportaciones. Hemos podido discutir este tema con el mejor ánimo, y personalmente he procurado hacer un esfuerzo especial para facilitar un amplio acuerdo que se reflejó en el voto de la Comisión LIBE a primeros del pasado mes de diciembre. Me gustaría resaltar en este sentido que los compromisos ampliamente acordados cubren la gran mayoría de las 235 enmiendas que fueron presentadas. Espero que ese consenso se mantenga y espero también que quienes no se incorporaron a ese acuerdo inicial lo puedan hacer hoy. Señor presidente, señorías, señor comisario, nadie negará que la seguridad y la libertad —ese binomio que se envuelve en lo que llamamos Estado de Derecho— se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevas formas de criminalidad, a poderosos medios tecnológicos utilizados en su contra, a nuevas amenazas de desestabilización violenta, a nuevas formas de victimización. La única alternativa a la impunidad es la cooperación. La mejor seguridad para defender los derechos fundamentales es precisamente una cooperación judicial efectiva contra el delito. Este informe quiere contribuir a esa reflexión, quiere contribuir a fortalecer esta cooperación con todas las garantías que forman parte del acervo jurídico de la Unión Europea, y para ello pido el apoyo del Parlamento al texto que hoy se propone.