Debate: The creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget
Date: TUESDAY, 6 JULY 2021
Speaker: Eider Gardiazabal Rubial
Country: Romania
Language: ES

Desde el primer momento fuimos muy claros y advertimos que no eran necesarias estas directrices. Acabábamos de cerrar un acuerdo y en ningún momento se nos dijo que no fuera lo suficientemente claro y, por lo tanto, no entendemos qué podemos aportar con estas directrices. Pero, en cualquier caso, y lo he dicho en varias ocasiones, el Parlamento siempre está dispuesto a trabajar con la Comisión para garantizar una aplicación rigurosa del Reglamento. Y, en este sentido, varios mensajes clave por nuestra parte. El primero de todos, y que define claramente el contexto en el que trabajamos, es que las directrices no son jurídicamente vinculantes y que, además, no pueden ni alterar, ni ampliar, ni limitar el texto del Reglamento. Segundo mensaje: la Comisión no ha cumplido el plazo que le pedimos desde el Parlamento, lo que evidentemente lamentamos, pero es que, además, no es muy comprensible, porque había tiempo de sobra para haber presentado unas orientaciones, un borrador en marzo y haber recogido las aportaciones del Parlamento y del Consejo, y habríamos llegado de sobra al 1 de junio. Tercer mensaje: queremos más información, porque está bien que la Comisión nos diga que están trabajando y que están estudiando los casos, pero necesitamos más información. Respecto a las directrices propiamente dichas, nuestro informe no hace más que reiterar, evidentemente, el Reglamento que negociamos. De hecho, el propio borrador de la Comisión se limita a retomar lo que acordamos en el Reglamento, lo que refuerza todavía más la no necesidad de hacer estas directrices. Pero, en cualquier caso, aprovechamos para repetir cuál es nuestra posición, y lo hemos estructurado en torno a cuatro apartados. Uno: vulneración de los principios del Estado de Derecho. Recordamos que se deben considerar tanto las vulneraciones individuales de los principios del Estado de Derecho como las vulneraciones sistémicas o generalizadas. Y también recordamos que, en el artículo 3 del Reglamento, hemos incluido una lista no exhaustiva sobre indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho, y que, por supuesto, la Comisión Europea puede y debe utilizar cualquier información disponible y proveniente de una institución reconocida. Y, además, también creemos que debemos dar la oportunidad a la sociedad civil y a las ONG para que puedan facilitar esa información a la Comisión. Segundo apartado de nuestro informe: protección del presupuesto de la Unión. Porque como instituciones somos responsables de la buena gestión financiera, es decir, de una gestión eficaz y eficiente, tal y como lo define el Reglamento Financiero. Evidentemente, hay una clara relación entre esa buena gestión financiera y el respeto al Estado de Derecho, un Estado de Derecho que debe entenderse en su relación con otros valores y principios incluidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esto también estaba en el Reglamento. Discriminación a las minorías, ataques contra la libertad de prensa, libertad de asociación o reunión, independencia del poder judicial, correcto funcionamiento de las instituciones para combatir el fraude, la corrupción, etcétera: todo eso puede tener un impacto directo y suficiente en el presupuesto de la Unión. Una vez aclarado lo que consideramos vulneración del Estado de Derecho y el impacto que puede tener en el presupuesto, hablamos sobre las medidas, y aquí el Reglamento es clarísimo. Artículos 6 y 7: se establecen todas las etapas y un calendario preciso. Se establece que tenemos que respetar principios de objetividad, de no discriminación y de igualdad de trato, y que, además, las medidas adoptadas tienen que ser proporcionadas teniendo en cuenta la naturaleza, la duración, la gravedad. Está todo clarísimo. Y, por último, terminamos nuestra contribución con la protección de los destinatarios y beneficiarios finales. Probablemente —y aprovecho para felicitar no solo a mi coponente, sino también al resto de los grupos de esta Cámara, y para agradecer su trabajo—, la primera idea que pusimos encima de la mesa fue la protección de los beneficiarios finales. Porque el mecanismo no puede penalizar ni perjudicar a estos beneficiarios, y los Estados miembros tienen la obligación, incluida la obligación de pago, de respetar todos los acuerdos. En el acuerdo que alcanzamos con el Consejo, y evidentemente con la Comisión, a finales del año pasado, la Comisión se comprometió a establecer un sistema en el que los beneficiarios pudieran acceder a toda la información y, sobre todo, un sistema que les permitiera, si fuera necesario, denunciar irregularidades. Y, además de este sistema, espero que la Comisión también esté trabajando en cómo utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los fondos van a llegar efectivamente a sus destinatarios. Así que, señor comisario, este debate es un buen momento para explicarnos cómo están trabajando en ese portal de información y de denuncias, para explicarnos, también, su punto de vista sobre esa necesidad de las directrices y de su contenido, pero yo creo que esta es la mejor ocasión para que nos cuenten exactamente qué es lo que están haciendo y para que puedan contestar a esa primera pregunta que hacía en mi intervención: ¿para cuándo las primeras actuaciones?