Debate: Digital Green Certificate - Union citizens - Digital Green Certificate - third country nationals - The accessibility and affordability of Covid-testing
Date: WEDNESDAY, 28 APRIL 2021
Speaker: Juan Fernando López Aguilar
Country: Germany
Language: ES

Está claro que los cambios a los que hemos asistido no han sido ciertamente a mejor. No, han sometido a un test de resistencia a las estructuras constitucionales de los Estados miembros y al propio Derecho de la Unión Europea. Muchos Estados miembros han adoptado medidas de emergencia cuya coherencia con sus arquitecturas constitucionales ha sido muy controvertida, pero en la Unión Europea hemos asistido a una embestida sin precedentes contra el acervo más preciado de la integración europea, que es Schengen.  Schengen es la libre circulación de personas, un derecho fundamental de la ciudadanía europea, el más apreciado de lejos de la experiencia europea. Hemos dicho aquí, en este Parlamento Europeo, que, como consecuencia de las medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los Estados miembros, a menudo en contradicción con el Derecho europeo —con el código Schengen, que es Derecho legislado, que es un Reglamento vinculante para los Estados miembros—, Schengen ha estado como nunca en riesgo — Hemos urgido una y otra vez a la Comisión a tomar la iniciativa para garantizar una restauración ordenada de la libre circulación, convencidos como estamos de que, sin libre circulación, no hay Unión Europea. Además, el argumento se refuerza, porque, sin libre circulación, no habrá recuperación económica ni social después de los destrozos causados por la pandemia de la COVID-19, que ha golpeado durísimamente a aquellas economías muy dependientes de la conectividad, que descansa en la libre circulación de personas, pero no solamente a aquellas en las que el turismo tiene un peso superlativo en su producto interior bruto, sino al conjunto de las economías abiertas.  Por eso, la Comisión ha adoptado esta iniciativa para relanzar Schengen y la libre circulación, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, solicita el procedimiento de urgencia. La base jurídica alegada es la libre circulación, derecho fundamental. Por tanto, la comisión competente es la que tengo el honor de presidir, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y agradezco también el honor de ser el ponente, acompañado de un excelente equipo negociador con los y las portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios.  Hemos trabajado deprisa, porque hemos respaldado el procedimiento de urgencia, y hemos apoyado no solamente el procedimiento de urgencia, sino también el objetivo: intentar coadyuvar, ayudar a la restauración de la libre circulación. Pero a nadie le extrañará que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior haya puesto un acento en los derechos fundamentales, en los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su aplicación en los Estados miembros. Lo que significa, en este caso, que los datos que se incorporen en el certificado tendrán que ser los mínimos estrictamente necesarios para producir su efecto, que es la acreditación de la autenticidad, integridad y validez de los datos que identifican al portador o portadora de cara a la libre circulación en las fronteras interiores de los Estados miembros, lo que es una buena noticia para los trabajadores transfronterizos, para los trabajadores temporales..., pero, en general, para los transportistas y para quienes aspiran de nuevo a revitalizar el turismo en la Unión Europea, del que hablamos ayer en el Pleno del Parlamento Europeo.  Exigimos también otras condiciones que son coherentes con nuestra preocupación, con los derechos fundamentales de la confidencialidad y de la privacidad, consagrados como derechos fundamentales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto significa, en este caso, que los datos no podrán ser almacenados por ninguna base central europea, solo podrán ser almacenados por la administración sanitaria que expida el certificado, que deberá ser entregado automáticamente a su portador en el caso de las vacunas y en el caso de los test PCR. Además, esos datos no podrán ser utilizados para ningún otro efecto —limitación del propósito, que es regarantizar la libre circulación— y, por tanto, no podrán ser utilizados internamente por los Estados miembros ni para ir a un restaurante, ni para ir a un teatro, ni para acudir a espacios públicos. El efecto es estimular la libre circulación de personas. Garantizamos, además, que exista una accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad, coherente con la Directiva que aprobamos en 2019 y que permite de forma homogénea que aquellos certificados, en papel o digitales, sean accesibles también para las personas con discapacidad.  Nos importa que el instrumento esté temporalmente acotado —un año— y que, regularmente, periodizadamente, tres meses antes de la caducidad del año de vigencia, la Comisión deba informar al Parlamento Europeo sobre su rendimiento, porque somos conscientes de que hay una dimensión epidemiológica a la que este Parlamento no puede responder, porque le corresponde a la ciencia y a la farmacología, en su caso. Pero sí puede este Parlamento establecer las condiciones legales en las que podamos ponderar cuál ha sido el rendimiento de este instrumento en su vigencia de un año.  Del mismo modo, nos importa que todo el esquema legal de esta certificación acabe con la situación caótica de la que venimos —esa acumulación de medidas contradictorias y discriminatorias entre sí—, de modo que el efecto sea un certificado homogéneo, unitario, válido en todos los Estados miembros, que acabe por tanto con esta cacofonía de medidas que retraen a tantas y tantos de tomar la iniciativa, de reemprender la libre circulación, temiendo estar expuestos a medidas restrictivas adicionales, además del certificado.  Por tanto, subrayo —dos puntos más y concluyo, señora presidenta—: en primer lugar, el certificado tiene que ser gratuito y los test también, porque los test son prohibitivos en algunos Estados miembros, y no puede ser que tenga un precio prohibitivo y discriminatorio un test que es obligatorio; y, en segundo lugar, los Estados no deben imponer medidas restrictivas adicionales, el certificado debe bastar para restimular la libre circulación.  Hemos corrido la media distancia hacia la Comisión y hacia el Consejo. Solo esperamos que, en la fase de negociación interinstitucional y diálogo tripartito, el Consejo recorra la media distancia hacia el Parlamento Europeo y seamos capaces de llegar a un entendimiento o a un acuerdo para que el certificado entre en vigor en junio, como ha planteado la Comisión con el procedimiento de urgencia.