Debate: Parliament's right of inquiry
Date: TUESDAY, 8 JUNE 2021
Speaker: Domènec Ruiz Devesa
Country: Malta
Language: ES

En cuanto al punto que nos ocupa hoy —el derecho de investigación del Parlamento Europeo—, como sabemos todos, el marco actual es un marco que podríamos considerar relativamente anticuado. Es un acuerdo interinstitucional del año 1995, por tanto, muy anterior al Tratado de Lisboa, y, ciertamente, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 226, el que establece una base jurídica para las comisiones de investigación del Parlamento Europeo y le otorga al Parlamento la iniciativa. Señala, en su último párrafo, que el Parlamento Europeo determinará las modalidades de ejercicio del derecho de investigación mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, previa aprobación del Consejo y de la Comisión. Previa aprobación del Consejo y de la Comisión. En el año 2014, el Parlamento Europeo aprueba una propuesta de Reglamento, conocida como «informe Martin», sobre el ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo, que es un derecho que consideramos muy importante en el marco de una democracia europea reforzada, al igual que un derecho de iniciativa legislativa también reforzado por parte del Parlamento Europeo. O eventualmente también a la luz del Plan de Recuperación de la UE, se propone una mayor codecisión del Parlamento asimismo en los asuntos fiscales y de emisión de deuda. Pero en este informe se establecía lo que parece de alguna manera normal si atendemos al Derecho comparado, a cómo funcionan las comisiones de investigación en la mayoría de los Parlamentos nacionales: establecía la capacidad de disponer con carácter obligatorio que aquellos llamados a comparecer tuvieran que hacerlo, la capacidad de realizar visitas en los Estados miembros en el marco de la investigación que se estuviera conduciendo, el derecho también de acceso a la documentación relevante, y también un marco de sanciones en el caso de que alguna de estas obligaciones, concretamente la de comparecer por parte de personas físicas, se viera incumplida. Desafortunadamente, desde el año 2014 —ya han pasado muchos años, siete años— nos encontramos con que el Consejo hasta el día de hoy rechaza abrir una negociación formal con el Parlamento Europeo, porque muchos de estos elementos, si no todos los que he citado, hasta seis o siete, son considerados líneas rojas por el Consejo que deben ser levantadas y retiradas del informe antes de abrir un proceso de negociación. Obviamente, desde nuestra posición nos parece que no se estaría en este caso actuando de acuerdo con un principio de cooperación leal y de buena fe con el Parlamento. Me sabe mal decirlo, pero es así como lo entendemos. Y, en cualquier caso, yo creo que también hay que tener muy presente en este contexto que el Parlamento Europeo lo que tampoco puede hacer es ir hacia atrás, es decir, mantener el marco de una supresión, de una amputación —digamos— general e indiscriminada, y además fuera de un marco de negociación del informe citado, lo que conduciría a una situación en la que estaríamos igual que en el año 1995. Yo creo que esto es importante que se entienda por parte del Consejo. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo y conviene encontrar la manera de acercar posiciones, de, por lo menos, abrir un diálogo más sustantivo sobre el fondo y ver cuáles de esas objeciones pueden encontrar algún tipo de articulación.