Autor: Revista Literária | Publicado: 2011-02-03T13:09:00-08:00

Argentina. Despenalizar el placer: Sobre el aborto no punible     
Martha Rosenberg&nbsp;(FORO POR LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS)Vamos  a hablar, entonces, del aborto legal. Hay una negación insistente en  amplios sectores de nuestra sociedad de los hechos relacionados con el  aborto: por un lado el carácter masivo de su práctica, y las  consecuencias de la clandestinidad y, por otro, que hay en nuestro país  aborto legal, que el aborto no punible (ANP), pertenece desde hace más  de ochenta años a las alternativas que tiene una argentina -sin  transgredir la ley- frente a un embarazo causado por violación y frente a  la amenaza a su salud o a su vida por un embarazo. Dijimos hace ya seis años, en la declaración inaugural de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el 2005:“La  clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos  y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No  queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”.Desde entonces, 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres enfrentando la criminalización que las amenaza.
Ya han muerto en ese período alrededor de 500 mujeres.
Hace  pocos días se dieron a conocer las estadísticas vitales  correspondientes a 2009. La tragedia de la muerte materna vuelve a ser  noticia, dice Mariana Romero “(con una tasa de 5,5 muertes por 10 mil  nacidos vivos, superior a la del año anterior de 4,0). En primer lugar,  porque el número absoluto de muertes maternas aumentó (a 410), no sólo  por las mujeres embarazadas afectadas por la Gripe A H1N1 que  fallecieron, sino también por las otras causas. En segundo lugar, porque  aún si no se consideran estas muertes de mujeres, la razón de  mortalidad materna continúa sin mostrar cambios. Y en tercer lugar  porque cuando se sustraen las mujeres fallecidas por enfermedades del  sistema respiratorio, la proporción de muertes maternas atribuibles al  aborto vuelve a alcanzar los niveles históricos (28 por ciento) y es  nuevamente la primera causa de muerte materna, como desde hace tres  décadas. Los países que han logrado reducir las muertes maternas por  complicaciones de abortos inseguros lo han hecho combinando tres  estrategias:
• Educación sexual integral,  adecuada a cada etapa del ciclo evolutivo, con docentes capacitados y  acciones articuladas con otros sectores.
•  Programas de salud sexual y reproductiva universales, con provisión de  métodos anticonceptivos de acuerdo con la decisión y preferencia de  mujeres y varones.
• Ampliación de las causales  de despenalización del aborto y mejoramiento de la calidad de la  atención de las mujeres en situación de aborto.
Esta  última estrategia no sólo la avala la experiencia internacional, sino  también el informe Mujeres y Salud: la evidencia de hoy, la agenda del  mañana, publicado por la Organización Mundial de la Salud: a medida que  los países amplían las causales para que las mujeres accedan a un aborto  legal y seguro, las tasas de mortalidad materna disminuyen.”
Esto  hace patente una afirmación de Marianne Mollmann en la jornada  parlamentaria de discusión sobre el aborto convocada por el presidente  de la Comisión de Legislación Penal el 30 de noviembre: la ilegalidad  del aborto crea un problema de salud pública que puede ser resuelto por  su despenalización y legalización y por el conjunto de estrategias  políticas mencionados por M. Romero, transcriptas más arriba. Las  mujeres que recurren al aborto en la clandestinidad y la pobreza están  privadas no solo de la protección adecuada de su salud, sino del goce de  los adelantos tecnológicos y científicos, del acceso a la información,  de la seguridad que se proclama uno de los bienes sociales que debe ser  amparado por el estado, de una vida libre de violencia, discriminación y  tortura, y la lista no termina aquí. Entramado de derechos que forman  parte del plexo de los derechos humanos bajo cuyo paraguas nos amparamos  y que decimos respetar y promover. Esta es, entonces, una deuda social  que debe ser saldada.
En este contexto  histórico, hablar solo del aborto no punible es tomar un fragmento  cuantitativamente poco significativo de la problemática del aborto en  nuestra sociedad. La práctica del aborto se caracteriza por su extendida  difusión (alrededor de 500.000 abortos anuales) y por su pertinacia:  desde hace tres décadas es la primera causa de MxG (MM) y significa por  lo menos dos cosas:
a) que las mujeres no dejan de recurrir al aborto porque sea ilegal 
b)  que los gobiernos no ejecutan políticas eficaces para disminuir las  muertes de mujeres de los sectores más pobres, ocasionadas por la  clandestinidad, ni tampoco para el acceso universal a la anticoncepción y  la educación sexual integral para disminuir los embarazos  involuntarios.
Esto significa que no se encara  este problema como una prioridad política que asegure la vigencia de los  derechos humanos de las humanas. Parecería que sí se da prioridad a los  derechos de los potenciales ciudadanos y ciudadanas que resultarían de  que se pudiera imponer obligatoriamente la maternidad. Es un hecho que  la significación de la maternidad se enriquece cuando es libremente  elegida por la mujer y no impuesta por circunstancias ajenas a su deseo y  voluntad. 
El aborto no punible
Voy  a tratar el ANP como problema sintomático. No como una excepción, en  circunstancias frecuentemente trágicas, a la condena penal y social del  aborto, sino como una instancia en la que no se logra solucionar el  conflicto ideológico antagónico que se plantea acerca de quién decide  sobre los embarazos que se excluyen de la pena en las excepciones del  artículo 86 del Código Penal: ¿Será la mujer, el estado, el cura, el  médico, el marido si lo hay, la comunidad?
El  “quién decide” es el meollo del problema ético del aborto, que hace de  la crisis subjetiva que genera un embarazo involuntario (o imposible),  una oportunidad de ejercicio de autonomía personal o por el contrario,  un acontecimiento que profundiza el sometimiento al orden de género que  hace de la maternidad una obligación para todas las mujeres. 
Se entiende que el aborto es declarado “no punible” en situaciones extremas:
a)  cuando ha sido enajenada la facultad de consentir la relación sexual,  como en la violación y también en el abuso deshonesto de mujer idiota o  demente, y a consecuencia de esta expropiación, la capacidad  reproductiva de la mujer queda a merced de la voluntad violenta del  violador o abusador.
b) cuando el proceso del  embarazo amenaza la salud y la vida de la mujer (aquí el Código Penal  es muy amplio y no hace ninguna especificación).Lo  que se autoriza en las excepciones de los incisos 1 y 2 del artículo 86  es que la vida y la salud de la mujer tengan prioridad sobre la del  embrión o feto que está gestando. Que su derecho a la vida prevalezca  sobre el que se podría adjudicar al embrión o feto que está en  gestación.
Este privilegio ha sido tradicional  en las conductas obstétricas en situaciones de riesgo: se salva a la  gestante aun a costa de la vida del feto.El  sentido supuesto de las tres situaciones previstas por el legislador  (Vélez Sarsfield, el Congreso de la Nación en las sucesivas reformas) es  que el poder reproductivo de la mujer no puede ser usado en contra de  su voluntad y su propio proyecto de vida. Que el embarazo y la  maternidad no pueden ser impuestos por la fuerza y el sometimiento, y  que no puede significar una amenaza para la salud o un riesgo de muerte  para la mujer.Evidentemente, estos supuestos  constituyen una fuerte base argumentativa a favor del derecho a la  interrupción voluntaria del embarazo. La maternidad debe ser la  materialización de un deseo personal de la mujer y no una imposición  ajena a su voluntad y a su bienestar. Es un derecho y una vocación  posible, no una obligación. Una expresión de creatividad gozosa, no un  sacrificio en aras de un mandato heterónomo, ni pretendidamente natural,  ni sobrenatural. Esta condición es también un elemento indispensable  para la salud de la descendencia, entendida de manera integral: que su  llegada al mundo sea un plus de vida para la madre y no un agobio  insostenible, sea cual sea el motivo de que adquiera esa significación.La  depresión, la angustia, el miedo, el dolor, el odio, la derrota y  humillación de una mujer por una violación, o por la conciencia de que  no desea tener un hijx, no solo la afectan a ella: los pagan sus hijxs  con la precariedad y el deterioro de su inserción social y subjetiva.  (La esclavitud de la madre -de cualquier índole que sea- se transmite a  lxs hijxs como resentimiento o ineptitud social. Lo nuevo que implica  todo nacimiento no siempre es de carácter angelical y bienaventurado.  También la desdicha toma cuerpo cuando el embarazo no consigue captar el  investimento esperanzado específico de la llamada “dulce espera”. Es  por eso que ya hace muchos años escribí: “no hay “expertos” en la  valoración subjetiva de lo que puede resultar mortífero en la situación  de una maternidad forzada. El voto de muerte que pesa sobre un embarazo  causado por violación no se origina autónomamente en ella, sino que es  un efecto de su sometimiento a un poder que la niega como persona. Ella  no hace más que transferirlo. Transmite la muerte que le ha sido  infligida en una relación actual o pretérita. Cuando un embarazo  adquiere para la mujer que lo porta la significación de atentar contra  su vida, su integridad y su identidad, la situación se homologa a la  violación: irrupción de un cuerpo extraño inasimilable, presencia de un  deseo irreductiblemente ajeno y hostil.Para  aceptar un embarazo es necesario poder otorgarle a éste el sentido de  trascendencia deseada de la propia sexualidad y la propia vida y no el  de su avasallamiento por individuos o condiciones mortificantes. La  salud, como la vida, excede ampliamente el campo de la medicina.” Me  interesa señalar aquí que es artificial separar el ANP del aborto en  general. El no punible -que antes denominé aborto legal- es el aborto  del que se puede hablar porque no está penado por la ley. Sin embargo,  muchas veces, lo que se dice sobre el aborto no punible son argumentos  ideológicos que buscan restringirlo o impedirlo. Tratándose de la  gestión de la reproducción y la sexualidad, se pone en juego y en  cuestión los bio-poderes que las ordenan o que así lo pretenden. Entre  los cuales algunos grupos corporativos como los médicos y el clero  pretenden imponer sus convicciones por encima del Código Penal Nacional.  La ley se demuestra insuficiente para despenalizar la conducta  condenada por la tradición religiosa, especialmente la católica, que  confunde pecado con delito. Las transgresiones ocurren por la omisión de  garantías legales que padecen las derechohabientes y no por el lado  -siempre sospechoso para lxs agentes de la salud y de la justicia- de  las mujeres que desean hacerse un aborto. Es seguro que cualquier mujer  que no desea o no puede tener un hijo y queda embarazada contra su  voluntad, está en riesgo para su salud y su vida (inc. 1º del art. 86).
Los  médicos que se oponen al derecho a decidir de las mujeres argumentan el  juramento hipocrático para eximirse de la práctica del aborto  terapéutico, reivindicando principios escasamente observados en su  práctica cotidiana, con diversas implicancias graves para la salud y los  derechos de sus pacientes. Cuando se trata, por ejemplo, de “Velar ante  todo por la salud de mi paciente”; el juramento se quiebra en los casos  de consulta por un embarazo rechazado. Velan, ante todo, por la vida  del embrión o feto (que no es su paciente ni tiene capacidad de serlo) y  no les importa tanto la salud de su paciente como no contravenir las  presiones de la iglesia local, y/o descartar la amenaza de un juicio por  mala praxis que la criminalización del aborto instala como posible. El  caso Ana María Acevedo, ocurrido en 2007 en Santa Fe es paradigmático de  los costos criminales del fundamentalismo de los derechos del “niño por  nacer” como eje de conducción de la atención durante el embarazo. Allí  se reveló que sin la mujer que lo haga madurar y nacer, el producto de  un embarazo no siempre es un niño vivo. Que nada sino el compromiso de  la madre asumida tal, garantiza que un feto nazca con vida, aunque  necesite auxilio médico para lograrlo. A su vez, el clero argumenta en  contra del aborto -igual si punible que si no- postulando el origen  divino de la vida humana, origen que, sin embargo, no los exime de  bendecir las armas y las prácticas criminales en guerras y dictaduras,  ni de mantener en sus filas a curas condenados por crímenes contra los  derechos humanos de prisionerxs ilegales o por abuso sexual de menores,  como Von Wernich y Grassi.
La ley restrictiva  reduce a la insignificancia el deseo y la capacidad ética de las mujeres  para decidir sobre sus embarazos: estos siempre deben ser aceptados. Lo  dice el mandato social, que desconoce que en ciertas condiciones las  mujeres pueden y desean hacerse cargo de transformar un embarazo  involuntario en un hijo, y en otras no.
Involuntario  significa que el embarazo ocurre en un cuerpo de-subjetivado por causas  diversas y con variable peso de la violencia implicada: pasión sexual,  ignorancia, violencia, ineficacia de los MAC, relaciones de poder  desfavorables en la negociación del coito y la prevención del embarazo,  variabilidad de los eventos hormonales, inestabilidad emocional,  carencias materiales. Cuerpo femenino, presa de su biología no asumida  como objeto de autocontrol, y presa de una heterosexualidad matrizada en  estereotipos de género que naturalizan la violencia. Todas  circunstancias en la que el sometimiento a órdenes causales heterónomos,  se pena-castiga con el embarazo. El embarazo involuntario se plantea  como una crisis subjetiva, pero pocas veces se menciona como  acontecimiento traumático. Y lo es en muchos casos, en este momento  histórico en que la anticoncepción eficaz forma parte desde hace más de  medio siglo, no solo de los recursos, sino también del superyó femenino.
Parecería  que a lo único que se le adjudica carácter traumático es al aborto que  viene a reparar y detener el efecto violatorio de un embarazo impuesto.
El  aborto es la acción de rechazo del embarazo como castigo, la maternidad  como destino inexorable, el sacrificio como pauta obligada del  comportamiento femenino. Recupera la agencia de la mujer sobre su vida y  su sexualidad. Asume responsabilidad por lo que le ha ocurrido y lo que  le puede ocurrir. Afirma también que ha tenido relaciones sexuales sin  que su objetivo sea la reproducción. 
¿Por qué el aborto no punible? En  la experiencia de su aplicación concreta en casos recientes, el aborto  no punible enfrenta las mismas dificultades que el aborto provocado  clandestino, punible por el mismo Código. Los abortos no punibles que  han cobrado estado público son un laboratorio experimental de la  relación de fuerzas que se miden en las posturas enfrentadas sobre el  aborto: crimen o derecho básico. 
Es  inquietante que en un estado democrático las instituciones públicas de  salud ignoren e intenten esquivar la práctica del aborto no punible, a  la que los obliga la demanda de interrupción de los embarazos que  cumplen con las situaciones mencionadas en los inc. 1 y 2 del art. 86  del Código Penal. La ley existente es clara, y,  sin embargo, se esgrimen distintas lecturas para no aplicarla. Es decir  que la situación real del aborto no punible no respeta la ley.
Ni  siquiera cuando es legal (ANP) se valida socialmente la decisión de  abortar de la mujer. En el caso de una niña de 12 años violada por su  padre en Santiago del Estero, que pedía abortar, se publicó una noticia  que advertía: “Hay que probar la violación, no nos olvidemos que hay una  vida indefensa de por medio.” ¿La vida indefensa que no se debe olvidar  es la de la chica/mujer violada? No, es la del embrión inoculado con  odio en el endometrio de una niña que quiere “sacárselo”, para usar la  palabra más usada por las mujeres que buscan abortar un embarazo que no  cuenta con su deseo de hijo y que la invade con el deseo de muerte de su  violador.
“Hay una vida indefensa de por  medio.” Paradigma de la judicialización. El no reconocimiento de los  derechos adquiridos de una mujer/niña sobre su integridad corporal y  sobre su embarazo violatorio como algo que la pone en peligro si no se  detiene, interrumpiendo el resultado de la violación.
¿Qué  significa esta embestida de los “guardianes-de-la-vida” contra la vida  propia de las mujeres o niñas violadas? ¿Que han sido violadas en buena  ley? ¿Que la suya no es vida? ¿Que se lo merecían?
El  derecho a la vida de los seres humanos requiere la previa humanización  de la vida, pasar de la zoología a la biografía. Ese pase, llamado “dar  la vida” lo realiza una mujer cuando acepta el embarazo como hijo, como  sujeto de una biografía ajena a la propia, aunque originado en ella.  Ella no es sustituible. Es la única que puede hacerlo, aunque necesite  de otro(s) que la acompañen y la sostengan en su deseo de hijo. 
No  es vano que cuando hablamos, por ejemplo, del derecho al aborto, nos  apoyemos en la práctica masiva del procedimiento: es el suelo de  transgresión muda del mandato de maternidad por parte de las mujeres de  todas las condiciones, la fuerza social en la que se afirma la defensa  de sus derechos.
La prohibición del aborto  resulta ineficaz porque hay un sujeto que resiste -muchas mujeres y cada  una- que desmienten que sea peor vivir la condena (social o judicial)  por el aborto, que la condena de una mujer a una maternidad desdichada.  Afirman que es peor ser una mala madre que no ser madre. Es esta  posición subjetiva, sostenida por el cuerpo de las mujeres, la que  ingresa legitimada al código legal cuando se consigue cambiar la ley.
La  transgresión del mandato de maternidad es fecunda cuando una mujer  puede incluirse como sujeto de ese acto y reivindicarlo como derecho,  incorporarlo a su perspectiva de vida como una decisión posible y que,  como todas, tiene consecuencias que tendrá que incorporar a su historia.  Incluso poder descartar un aborto tiene otro valor si no se hace bajo  el imperio del miedo a morir, o a la sanción penal.Así, el derecho diseña sujetos que pueden tener otra relación con sus deseos. 
Por  eso, cuando hablamos de derechos, tenemos que considerar las dos  acepciones de este término: como normativa (lo que debe o no debe  hacerse, el superyó cultural) y como atributo de ciudadanía que otorga  poder para legitimar los actos individuales.
El  derecho habla del goce y disfrute de algo, en tanto es o puede ser  objeto de apropiación, de posesión. Por supuesto que en este caso  (reproducción, sexualidad), ese algo es el cuerpo, “mi” cuerpo, la  primera posesión de cada sujeto y las relaciones que ese cuerpo contrae  con el cuerpo del (los) otro(s), tal como están organizadas en ciertos  discursos que conforman el vínculo social. El derecho es uno de ellos y  es siempre relación con otros, construcción cultural, cristalizada pero  no inmóvil, representación de los intereses y demandas de los diferentes  actores sociales que adquiere diferentes formas según sus relaciones de  poder, el desarrollo histórico de las formas de producción y sus  correlatos ideológicos. N. Braunstein, psicoanalista de quien tomo parte  de esta definición de derecho, menciona el esclavismo, feudalismo,  capitalismo, distintas formas de apropiación del cuerpo del otro  -curiosamente omite el patriarcado- que es el orden de apropiación de  los cuerpos sexuados que atraviesa a todos los regímenes mencionados. 
El  derecho es el discurso que regula las restricciones impuestas al goce  de los cuerpos: el contrato social. Indica qué es lícito hacer con el  cuerpo propio y con el de los demás. Son estas regulaciones las que nos  enfrentamos cada vez que nuestras prácticas del cuerpo transgreden las  normas establecidas y presionamos sobre los límites que han impuesto a  nuestro goce, nos “desclasificamos”. Y es a partir de este desorden que  se produce el concepto de derechos reproductivos, que surge  históricamente de las luchas de las mujeres por su libertad sexual.  Cuando se trata de las mujeres heterosexuales que viven según las normas  patriarcales, la libertad sexual incluye la libertad reproductiva:  derecho a la anticoncepción, al embarazo, al aborto.¿Por  qué hablar de libertad en lugar de derechos? Muchas veces nuestros  orígenes quedan en el olvido. El discurso del movimiento feminista pasó  del paradigma de la libertad reproductiva al de los derechos  reproductivos. Estos derechos son reivindicados a partir de las  aspiraciones de libertad de las mujeres y de igualdad entre los sexos  (participación en el mercado laboral, acceso a la educación, derechos  políticos, etc.), así como del desarrollo de las posibilidades  tecnológicas de control de la fecundidad en las sociedades capitalistas  más avanzadas (la revolución anticonceptiva, como dice Eric Hobsbawm fue  única revolución lograda del siglo XX). También refiriéndose a la  difusión del uso de la tecnología de anticoncepción hormonal en los  mediados del siglo pasado Geneviève Fraisse, habla del habeas corpus de  las mujeres. Y, más tarde, en la década de los 70’s se suman las mujeres  de los países postcoloniales como respuesta política al biopoder  aplicado al control demográfico fundado en el fantasma neomalthusiano  del agotamiento de los recursos del planeta (alimentos, agua,  combustibles) por el crecimiento incontrolable de las poblaciones de los  países pobres del hemisferio Sur.
Cuando la  demanda de libertad sexual y reproductiva es respondida por los  gobiernos, se produce ese deslizamiento semántico desde “libertad” a  “derechos” y se organizan los límites en los que la sociedad puede  negociar el poder de las mujeres sujetándolo a leyes, que permiten y  restringen, al mismo tiempo, su libertad. El vínculo social impone sus  límites a la acción de los sujetos, en eso consiste la ley. No existe  ninguna formación social en la que no exista un orden de derecho que  regule el vínculo social: los seres hablantes viven según los diversos  discursos que organizan sus relaciones. Acatándolos y trasgrediéndolos. 
Desde  hace 6 años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y  Gratuito plantea que el Estado debe garantizar los derechos de las  mujeres a la vida, la salud y las decisiones de la maternidad, haciendo  accesible el aborto en los servicios públicos de salud. 
La  consigna del aborto libre, histórica del movimiento de mujeres, que  algunos grupos actualmente reivindican, remite en nuestro tiempo, mal  que nos pese, a la hegemonía del mercado. La libertad que otorgan leyes  democráticas que garantizan la asistencia del Estado para realizar la  igualdad entre las ciudadanas es éticamente superior a la libertad del  mercado y su ley de la selva. No se construye igualdad en la sujeción a  sus leyes. Por eso se postula la legalización y no solo la  despenalización: Aborto legal, seguro y gratuito en los servicios  públicos de salud. El Estado debe garantizar los derechos de las mujeres  y proveer los servicios necesarios para preservar su salud y su vida. La práctica existente
El  ANP previsto en la ley ¿existe en la práctica? ¿O es igual de no  punible que los abortos provocados clandestinos? Su no punibilidad  ¿depende de que sea provisto en el circuito privado? Tenemos una  legislación que 80 años después de su vigencia, no ha generado políticas  positivas y consistentes para su implementación, aunque sí políticas de  obstrucción: la judicialización fundamentalista y corporativa, y el  ninguneo burocrático, que tienen como consecuencia la inaccesibilidad  del ANP en los servicios públicos, única cobertura de los sectores más  desfavorecidos de la población.Reiteradamente se  presentan proyectos de reglamentación o de reformulaciones para la  operatividad de esta ley, que últimamente se ha protocolizado en varias  de las provincias y de las ciudades más importantes del país: Buenos  Aires, Santa Fe, Neuquén y Chubut. Es permanente la propuesta de  re-legislar sobre los ANP -excepcionales- en lugar de legislar sobre la  despenalización y legalización del aborto en general.El  tema soporta un debate no saldado sobre el derecho al aborto y una  práctica médica y jurídica que no condice con lo que la ley autoriza  desde 1921, ni reconoce excepciones a la penalización. Los cambios  positivos que se registran a nivel del sistema jurídico en los últimos  años, son fallos que responden a los procesos judiciales promovidos por  los sectores fundamentalistas católicos, que obstaculizan la realización  de los abortos legales, y se apoderan de la representación de los  embriones y fetos engendrados por violación. Aportan su deseo, de manera  abusiva e impertinente, a la gestación que se desencadena por la  violencia en el cuerpo de las niñas y mujeres violadas, a costa de su  dignidad de personas. Reclaman el sometimiento. Les exigen inmolarse en  el altar de la violencia sexual y el abuso incestuoso. Reproducen la  violación. Mi hipótesis es que el cambio de  status legal del aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación  tiene potencialidad para cambiar la mentalidad y las prácticas respecto  del ANP, y no al revés, como parecen suponer quienes postulan que hay  que comenzar por reglamentar el artículo 86 del Código Penal.Que  solo excepcionalmente, y en razón de situaciones extremas, las mujeres  puedan ejercer el derecho a decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y su  capacidad reproductiva, hace que ni siquiera tengan soberanía para  hacerlo en dichas situaciones.El derecho al  aborto voluntario es un componente fundamental de la ciudadanía plena de  las mujeres. Es la materialización de la confianza social en su  capacidad de juicio y su poder de tomar autónomamente decisiones éticas  que favorezcan los vínculos sociales creativos, cooperativos y  solidarios. Es reconocer que el deseo de la madre es -para hijos e  hijas- un factor constitutivo de una subjetividad fundada en el respeto  de la alteridad del semejante. Un operador humanizante y personificante,  imprescindible para poner en el mundo un individuo miembro de un grupo  singular y específico, portador y efecto de vínculos vivificantes para  sí y para la familia que lo ampara. Actualmente  los avatares de los casos de ANP y las medidas de acción sobre las  interpretaciones restrictivas del art. 86, concitan la atención pública y  encuentran eco en la prensa, como parte del debate sobre el derecho al  aborto que ya se ha instalado en la sociedad.Extraigo  y resumo de un documento de la Campaña de julio de este año: “En el  reciente reporte al Comité CEDAW, el Estado Nacional indicó como uno de  sus logros que “se elaboró y actualizó la guía de atención integral para  casos de abortos no punibles, aprobada por resolución ministerial  1184/2010 del 12 de julio del corriente año”. (…) desde el Ministerio de  Salud se desmiente la firma de la resolución. Estos vaivenes no son  ingenuos.(…) responden a presiones políticas de los fundamentalismos que  se oponen al cumplimiento del derecho a interrumpir un embarazo por  parte de mujeres, jóvenes y niñas, contemplados en el artículo 86 del  Código Penal (…) estamos hablando de las garantías necesarias para el  ejercicio de derechos humanos de las mujeres. Seguramente los “errores”  generarán especial confusión en el personal de salud y en la población  en general, permitiendo así -por acción u omisión- que se sigan  judicializando innecesariamente los casos de aborto no punible. Esos  “errores” significan atropellos que no podemos dejar pasar. (…)  (Llamamos) a expresarse públicamente ante estos atropellos y a exigir la  vigencia de la Guía publicada, en un estado que se presume laico y  garante de derechos igualitarios. Asimismo, comprometemos nuestros  esfuerzos en seguir trabajando para que se habiliten los debates  necesarios en pos de la despenalización y legalización del aborto.  Reafirmamos nuestros reclamos de “Educación sexual para decidir,  anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Las  políticas públicas necesarias para que el aborto no punible sea  accesible a las mujeres que lo demandan en el sistema público de salud y  que la ley que fija las excepciones deje de ser letra muerta, se  enmarcan en las propuestas que formula Mariana Romero, que consigné al  comienzo de este trabajo y que levantamos también en el triple lema con  el que formulamos la demanda por la legalización del aborto: Educación  sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para  no morir. Cada uno de estos tres puntos implica una política pública  específica. Y ninguna de ellas puede reemplazar la ausencia de alguna de  las otras. Es un trío sostenido por necesidades estructurales de la  problemática del campo de la sexualidad, los embarazos involuntarios y  el aborto.
Con respecto a los ANP,  específicamente, en respuesta al pedido de propuestas de medidas  concretas e inmediatas, las que parecen recomendables, son:
- Que se dé carácter de resolución ministerial a la Guía Técnica de atención de los abortos no punibles.
-  Que se habiliten a nivel nacional servicios piloto de aplicación de  esta Guía, especialmente en las provincias que tienen mayor incidencia  de MxG debida a abortos.- Que se realicen  actividades de capacitación sobre derechos reproductivos y sexuales y  derechos humanos con los equipos asistenciales que deben implementar los  ANP y que estos temas formen parte de la currícula universitaria  regular de los profesionales de la salud.- Que  se sensibilice a los profesionales y se difunda al público sobre las  causales existentes, en los términos de dicha Guía Técnica
-  Que se sensibilice a lxs docentes para detectar abusos y transmitir al  alumnado criterios de respeto y autonomía sexual desde los primeros  niveles de educación.- Que se monitoree los  casos en los que se aplica la Guía y se investiguen aquéllos en los que,  por distintos mecanismos, se niega la práctica solicitada.En  relación al derecho al aborto se juega la democracia y la vigencia  igualitaria de los derechos humanos para el conjunto de la sociedad,  cuyo nivel de civilización se mide -al decir de Sarmiento- por la forma  en que trata a sus mujeres. Para todos y todas, cualquiera sea su  orientación sexual y posición social es un baldón insostenible que las  mujeres pobres paguen con su vida, su salud y su dignidad, la  interrupción de embarazos que no han podido evitar.El  Estado debe garantizar con políticas públicas positivas la libertad  sexual, la integridad corporal y el derecho a la vida digna de las  mujeres, amenazadas por la violencia sexista en complicidad con la  concepción de la sexualidad como una pura escena de la reproducción de  la especie y de la reproducción material de la opresión de género.
   Publicado por ARGENPRESS