Autor: Anna deAbrãoMerij | Publicado: 2010-10-20T03:34:00-07:00

En cinco años, mil 780 mujeres asesinadas
 en Guatemala, 462 en Honduras...  EL FEMINICIDIO
 EN LA REPUBLICA MAQUILADORA&nbsp;&nbsp;Francesca GargalloCentroamérica ųen especial Guatemala y  Hondurasų se ha convertido en el área del continente americano donde es  más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades,  condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. La autora liga  estos crímenes con el pasado de guerras civiles en esos países y sugiere  que el feminicidio puede ser una política expresamente diseñada para  aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio destino y  del cambio social y económico, una suerte de "acción de ablandamiento"  para disuadir a las mujeres de participar política, sindical y  culturalmente  
 
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Tenía 23 años y era supervisora de  maquila con estudios secundarios. Acababa de cumplir 39 y trabajaba en  la policía. Era una de las 20 niñas que apareció desmembrada en un  tonel. Tenía 18 años y vendía cosméticos durante las vacaciones para  financiar sus estudios. Era hija de familia. Era soltera. Estaba casada y  cuidaba a tres hijos. Eran activistas que promovían talleres sobre la  violencia intrafamiliar. O profesoras, campesinas, dirigentes  sindicales, trabajadoras domésticas, comerciantes, profesionales. Todas  ellas asesinadas de 2001 a mayo de 2005: mil 780 en Guatemala, 462 en  Honduras, 117 en Costa Rica, alrededor de cinco al mes en El Salvador.  De Panamá, Belice y Nicaragua no hay datos, porque una forma de omitir  la procuración de justicia es no reconocer el delito. Sólo existen  pistas; en Nicaragua, por ejemplo, cada diez minutos hay una situación  de maltrato intrafamiliar: en 2003 se reportaron 51 mil niñas y mujeres  víctima de abuso en un país de 5 millones 400 mil habitantes, 79% de los  cuales vive en estado de pobreza. Asimismo, en Panamá, en 2004, la  Alianza del Movimiento de Mujeres se organizó ante el incremento del  feminicidio y, en palabras de la feminista y filósofa Urania Ungo, "por  la indiferencia y negligencia de los poderes públicos".  Centroamérica ųen especial Guatemala y  Hondurasų se ha convertido en el área del continente americano donde es  más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades,  condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. Es también el  área que protagonizó una guerra civil extendida y prolongada, con altos  índices de violaciones a los derechos humanos, masacres y procesos de  pacificación que, por su propia dinámica de exclusión de las bases  sociales, terminaron por convertir a las otrora repúblicas bananeras en la "zona" de las repúblicas maquiladoras.  ƑHay alguna relación entre los dos hechos?  ƑSon manifestaciones de un mismo fenómeno? ƑEs una política expresamente  diseñada para inculcar el miedo a las mujeres, para que dejen de  reivindicar y defender sus derechos recién obtenidos, que se extiende en  el mundo a partir de los puntos más débiles y poco consolidados de las  democracias occidentales?  Radhika Coomaraswamy, relatora especial  para la violencia contra las mujeres de la ONU, afirmó en 1999 que la  "naturaleza al parecer endémica de la violación en guerra ha sido  institucionalizada por medio de la prostitución forzada y la esclavitud  sexual de las mujeres a manos de civiles". La diputada guatemalteca Alba  Estela Maldonado, en 2004, agregó: "El feminicidio se conforma por el  ambiente ideológico y social de la violencia normalizada contra las  mujeres". Esto es, entre guerra (entendida también como represión  sistemática) y violencia contra las mujeres hay un nexo que debe  esclarecerse. La mayoría de los asesinatos de mujeres  centroamericanas se cometen en zonas urbanas, donde en los últimos años  se ha incrementado la violencia delincuencial ųincluyendo el tráfico de  drogas, de armas y los secuestros perpetrados para pedir rescatesų, así  como las actividades de bandas de jóvenes callejeros, las maras.  Éstas, conformadas por varones en su mayoría, han captado casi toda la  atención de los especialistas en la intensificación de la violencia que  se vive actualmente en Centroamérica.  Sin lugar a duda, las maras delatan  la realidad de carencias sociales, de falta de oportunidades educativas,  de aumento del tráfico y consumo local de drogas ilegales, y de la  facilidad para conseguir armas que se vive en los países del istmo.  Asimismo, en Honduras, El Salvador, Guatemala y en la zona fronteriza  meridional de México, las maras han sido y son responsables de  algunos de los más espeluznantes (y evidentes) casos de asesinatos de  mujeres jóvenes, generalmente muchachas que habían pertenecido a maras,  o que se habían involucrado sentimentalmente o por tráfico de drogas  con algunos de sus miembros, o que vivían en las zonas que éstas  controlan (barrios enteros en San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador,  Ciudad de Guatemala, Talismán). No obstante, es muy peculiar el intento  de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación del área de  achacar a las maras todos los actos delictivos, incluida la totalidad de los asesinatos de mujeres, sin realizar las debidas investigaciones. La mayoría absoluta de las mujeres y las  niñas centroamericanas viven con una violencia específica a cuestas,  ligada a la pobreza y a la ubicación que la sociedad les impone en su  ordenamiento familiar, religioso y laboral ųla así llamada violencia de  género. Desde los pocos meses hasta la vejez, las mujeres son víctimas  de maltrato familiar, amenazas a su seguridad, discriminación e  irrespeto a sus decisiones, violación, acoso sexual en el trabajo y la  escuela. En este contexto ųcomo en México y en cualquier otro lugarų, el  incremento de la violencia delincuencial fragiliza aún más el derecho a  la vida y el bienestar de las mujeres. Si esta violencia está  acompañada por la omisión sistemática en la procuración de justicia por  parte de las instancias judiciales en el seguimiento de los casos ųy  cuando semejante omisión implica dar menor importancia a la persecución  de los delitos contra las mujeresų el feminicidio se convierte en un  síndrome donde todos los factores intervienen.  Marcela Lagarde define el feminicidio como  "el genocidio contra las mujeres" que se perpetúa cuando las condiciones  históricas generan prácticas sociales que permiten atentar contra la  integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y las vidas de las  mujeres. Lo que equivaldría a decir que el feminicidio se comete con la  intención de destruir a un grupo social, que se identifica por su sexo,  para someterlo intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean  su destrucción, según la interpretación de genocidio que dio la  Asamblea General de la ONU en 1948.  No puede haber feminicidio sin complicidad  de las autoridades con los autores de los crímenes, nos recuerda la  investigadora y feminista Mirta Kennedy del Centro de Estudios de la  Mujer de Honduras (CEM-H), ya que éstos gozan de "una impunidad que  persiste en los crímenes contra las mujeres y la responsabilidad  cómplice del Estado y los organismos competentes, que no dan respuestas  para frenar esa violencia, tanto por la debilidad del sistema de  seguridad y justicia, como por la falta de voluntad política, la  lentitud para procesar las reformas legales solicitadas y el manifiesto  desinterés en abordar el problema". La violencia no es un fenómeno nuevo En 2002, en Costa Rica se redactó el primer  informe sobre feminicidios en el área centroamericana, a raíz de una  campaña iniciada en México un año antes por la Red Feminista  Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual.  Asimismo, en 2004, Costa Rica presentó la primera ley en el mundo sobre  penalización de la violencia contra las mujeres donde se establece el  delito de feminicidio, aunque lo limite al asesinato de mujeres dentro  de una relación de pareja. Las feministas centroamericanas critican la  idea de exigir algo imposible: "Ni una muerte más", pues la muerte es  un fenómeno natural. Encuentran que hablar de muerte y muertas, y no de  asesinato, es profundamente equívoco y lleva a cierta despolitización de  la denuncia de la privación de la libertad, la tortura y la  desaparición que culminaban en el homicidio con alevosía, premeditación y  ventaja de las mujeres. Por sus aportes, el informe costarricense de  2002 definió, por lo tanto, al feminicidio como "el asesinato de mujeres  por razones asociadas con su género", entendiendo por tal la violencia  ejercida por los hombres contra las mujeres, en su deseo de obtener  poder, dominación o control, incluidos tambien los asesinatos producidos  por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual y la muerte en la  llamada "línea de fuego". En México, esta última expresión nos  sorprende. ƑQué es la línea de fuego en el caso de la violencia de  género? Edda Gabiola, feminista y directora ejecutiva del Centro para la  Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de Guatemala, considera que  "la violencia contra las mujeres es una expresión no sólo de las  relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino también  refleja los patrones de conducta de una sociedad en donde el conflicto  se resuelve de forma violenta". En Guatemala, las explicaciones sociales  sobre las causas de los asesinatos de mujeres y su tendencia al aumento  en los últimos años han variado desde la delincuencia común, la  violencia intrafamiliar hasta "la existencia de un plan de exterminio de  las mujeres o feminicidio". Desde esta perspectiva, la "línea de fuego"  es cualquier momento de la vida de una mujer que se asume a sí misma  como dueña de sus actos y cuyas decisiones entran en contradicción con  los planes explícitos o implícitos de los hombres de su familia, su  sociedad o el Estado. La violencia en Guatemala no es un fenómeno  nuevo, como tampoco lo es la violencia en contra de las mujeres.  Gabiola insiste al respecto: "En los últimos 70 años se han registrado  casos 'políticos' de feminicidio y violencia de género, como cuando  María Chinchilla, del Magisterio Nacional, fue asesinada el 25 de junio  de 1944, por las fuerzas de seguridad, o cuando detuvieron ilegalmente y  torturaron a María Antonia Carrillo Dávila, dirigente de la Central  Única de Campesinos. Sin embargo, la violencia  silenciosa, la  intrafamiliar, también se ha manifestado históricamente". La defensora de derechos humanos ųque hace  un año fue amenazada de muerte, junto con otros integrantes de CALDH,  mediante llamadas telefónicas anónimas y cuya oficina fue allanada en  dos ocasionesų, está impulsando una investigación sobre las muertes  violentas de mujeres en Guatemala, porque pretende analizar el asesinato  de género en el marco de la transición a la democracia.  Según Gabiola, "en el caso de la violencia  de género, es un hecho reconocido que ésta expresa las relaciones  desiguales de poder en el marco del contexto socioeconómico y político  de las sociedades. Sin embargo, el continuo de violencia entra en  ebullición en dos ocasiones, con el agravamiento de la situación de las  mujeres. El primero de estos momentos fue el  conflicto armado interno,  en particular durante la década de 1980 cuando más de 200 mil personas  fueron asesinadas en ocho meses y las mujeres se convirtieron en las  víctimas preferentes de la violencia de las unidades especiales del  ejército en el campo, y el segundo corresponde al periodo actual". Durante las guerras civiles  centroamericanas que concluyeron en la década de 1990, una de cada  cuatro víctimas era una mujer (25%). El porcentaje es apenas más alto  para Guatemala, donde la contrainsurgencia atacó sobre todo zonas  indígenas y campesinas, y sirve igual para El Salvador en la década de  1980, que para Nicaragua, en los años de 1970-1979. La violencia tuvo  diversas características, aunque una de cada cinco víctimas fue  asesinada de forma arbitraria y una de cada siete fue torturada como  acto de intimidación, como instrumento de "reducación" o para obtener  información. Todas las mujeres torturadas fueron violadas.  Un rasgo específico de los asesinatos de  mujeres fue el particular ensañamiento, en las zonas agrarias que el  ejército consideraba de influencia o control guerrillero, contra las  niñas de dos a cinco años, así como la violación y tortura de las  mujeres embarazadas. Entre las más pequeñas, la proporción de  ejecuciones fue de dos niñas por cada niño. Estos asesinatos fueron  comunes también en las acciones de la "contra" cuando incursionaba en  territorio nicaragüense y atacaba las comunidades y las cooperativas  agrarias.  Muchas mujeres entre los 18 y los 23 años y  entre los 30 y los 35 (la mayoría de las mujeres eran activas  políticamente tanto antes como después de la etapa de los primeros  cuidados materno-infantiles) fueron asesinadas ya fuera por su  participación político-militar, religiosa o en asociaciones civiles y de  derechos humanos. También, hubo mujeres ejecutadas por las actividades  de su padre, marido, hermanos o hijos. En otros casos, cayeron víctimas  de ejecuciones masivas o masacres. En la actualidad, Centroamérica está muy  diversamente habitada, yendo de la zona más densamente poblada de  América (El Salvador, con casi ocho millones de habitantes en un  territorio de 23 mil kilómetros cuadrados) a la menos (Belice, con 250  mil habitantes en un territorio apenas inferior), de zonas agrícolas y  silvícolas a nuevas ciudades organizadas alrededor de la industria  maquiladora (Santa Ana en El Salvador y San Pedro Sula, en Honduras, son  los casos extremos), de población indígena, negra y de diversos  mestizajes socialmente estratificados. En todo su territorio, a  principios de milenio, empezaron a emerger a la opinión pública tres  fenómenos: 1) el fin de la guerra no implicaba el fin de la violencia;  2) la policía pública y privada seguía asesinando, ahora jóvenes  pandilleros; y 3) un número siempre creciente de mujeres eran  asesinadas. En 2003, en Guatemala, el Estado reconoció  la persistencia de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de  seguridad que funcionaron durante el enfrentamiento armado interno,  aunque su existencia se volvió clandestina. Sin embargo, en esa misma  época las agresiones a defensores de derechos humanos y a más de 70  periodistas fueron descalificadas como provenientes de la delincuencia  común. En 2001, la policía guatemalteca empezó a  desagregar el registro de muertes por sexo, porque un año antes el Grupo  Guatemalteco de Mujeres (GGM) había iniciado un registro propio frente a  la evidencia de los crímenes, mismo que les permitió detectar la  existencia de patrones similares entre los homicidios, tanto por el  grado de ensañamiento como por la edad de las mujeres.  En mayo de 2005, el GGM presentó un Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas de Mujeres en Guatemala,  que incluye una gráfica de su número creciente  por año: 307 en 2001,  317 en 2002, 383 en 2003, 527 en 2004, y 255 en los primeros cinco meses  de 2005. El Diagnóstico apunta a que la violencia se concentra en las  zonas metropolitanas y que, al igual que otros tipos de criminalidad, la  noche parece ser el horario preferido para delinquir contra las  mujeres, tanto en la calle como en el propio domicilio. Asimismo, da cuenta que para la mayoría de los familiares de las mujeres asesinadas, los victimarios son mareros,  narcotraficantes, policías o militares; esto es, que para la gente  común involucrada el ataque proviene de un "ente" que, con maldad,  planifica la acción contra una víctima impotente ante el acto. Por el  contrario, las autoridades afirman que los asesinatos no son planeados y  que ocurren de manera accidental o espontánea, lo cual demuestra cierta  indiferencia frente a las personas responsables. Ambas percepciones  contribuyen a generalizar el miedo entre las mujeres, y en la población  en general, disminuyendo su participación social. La demanda principal de las familias es el  esclarecimiento de los hechos y el castigo de los asesinos; no obstante,  muchas desisten de continuar con los procesos legales por las amenazas  de muerte que reciben. A la vez, un número importante de familiares no  realizan denuncias por la desaparición de una mujer por la mínima  respuesta de las autoridades, una generalizada desconfianza en el  sistema, problemas con la burocracia, temor a represalias, faltas de  recursos o tiempo, y porque se ve impedida por la discriminación racial o  la pobreza. Estos son patrones comunes a Guatemala, El  Salvador, Nicaragua y Honduras, puesto que las muertes violentas de  mujeres tienen elementos comunes con los conflictos sociomilitares  recién pasados: el ensañamiento contra las víctimas, la frecuencia de  los asesinatos, y el miedo que generan. Asimismo, la violencia contra  las mujeres delata que la policía puede emprender acciones de represión  tan duras como las que en el pasado cometía el ejército. De hecho, en  todos los países se han reportado agentes de policía implicados en casos  de violencia sexual. Durante las guerras civiles que sacudieron  Centroamérica, la represión estatal necesitaba de una política del  terror que literalmente paralizara a la población: ese era el principal  objetivo de la tortura y los tratos crueles. Entonces como en la  actualidad, las mujeres que sufrían violencia sexual, tortura extrema y  ejecuciones arbitrarias eran dejadas en la vía pública, en lugares de  reunión, a orillas de las carreteras o en los mercados para demostrar al  conjunto del pueblo qué puede pasarle si desafía a las autoridades. La  vulnerabilidad en que están las mujeres por las relaciones desiguales de  poder en la sociedad, las hace propensas a ser objeto de la violencia  más descarnada, a la vez que esa misma violencia se vuelve un  instrumento de control social que promete la impunidad a sus aliados y  el terror a las víctimas que se organizan para enfrentarlo. ƑPor qué se mata a las mujeres? "Mi hija María Isabel de 15 años era  estudiante y trabajaba en una boutique en vacaciones. La noche del 15 de  diciembre fue secuestrada en la capital y apareció poco antes de  navidad violada, amarrada de pies y manos con alambres de púas,  acuchillada y estrangulada, metida en una bolsa y su cara desfigurada a  golpes, tenía hoyitos en el cuerpo, una soga al cuello y las uñas  volteadas. Cuando me entregaron el cuerpo, yo me tiré al piso a gritar y  llorar y todavía me decían que no exagerara". El testimonio de la madre  de María Isabel Veliz Franco, secuestrada y asesinada en diciembre de  2001, encabeza el extenso informe de Amnistía Internacional titulado "Ni  protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala". El símil  que tiene con las demandas y testimonios de los familiares de las  mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, salta a la vista para  cualquier lector mexicano: violencia descarnada contra el cuerpo de una  mujer joven y trabajadora y ridiculización y menosprecio hacia el dolor  de su madre. No obstante, la brutal violencia sexual de  la cual fue objeto María Isabel tras ser secuestrada y antes de que  fuera asesinada es característica no sólo de los centenares de  homicidios de mujeres y niñas a lo largo de toda la franja maquiladora  de América (de la frontera méxico-estadunidense hasta Panamá)  registrados en los últimos años, sino también de la represión que  sufrieron las mujeres durante la época de los conflictos armados. Últimamente, el Centro de Acción Legal en  Derechos Humanos ha confrontado los testimonios de violaciones masivas y  asesinatos de mujeres recogidos por la Comisión de Esclarecimiento  Histórico (CEH), de Guatemala, con las narraciones que aparecen en la  prensa y en el informe de Amnistía Internacional, para subrayar la  continuidad de la violencia sexual como un acto de poder ejercido contra  aquel que se considera inferior. Durante las guerras, las mujeres son  particularmente vulnerables, y en el caso de las indígenas y negras, la  discriminación racista las lastima todavía más.  Es igualmente cierto que la violación  sexual fue practicada sistemáticamente en El Salvador y en Guatemala en  los casos de represión selectiva de mujeres líderes; es decir, cuando  las mujeres eran consideradas "peligrosas". Las autoridades, tal y como  el machismo (entendido como una institución que rige las relaciones  entre los sexos desde un poder ilegal que sabe que puede ser derrocado),  se ensañaron contra todo síntoma de cuestionamiento de las relaciones  desiguales de poder: las mujeres líderes de organizaciones de lucha de  trabajadores, y con mayor razón si eran negras e indígenas, debían ser  castigadas porque enfrentaban al mismo tiempo el machismo, el clasismo y  el racismo, poniéndolos en riesgo como sistema multipolar de opresión. Hoy en día se desconoce el número exacto de  mujeres asesinadas. La cifra varía según las instituciones y se  establece según criterios distintos. En este contexto confuso, las  autoridades de los países centroamericanos manifiestan una tendencia a  dar respuestas superficiales e inadecuadas a las demandas de justicia,  semejantes a las que daban a los familiares de las víctimas de la  represión y a los defensores de derechos humanos en el pasado. ƑEstán,  como entonces, coludidas con los victimarios? En Guatemala, sólo 7% de los asesinatos  cometidos en centros urbanos tienen investigaciones que establecen el  posible victimario; en El Salvador, el porcentaje sube a 8%, y en  Honduras baja a 6%. En el caso de los asesinatos de mujeres, sólo 26% de  ellos son investigados. Las autoridades y los sectores más  conservadores de la sociedad afirman que el feminicidio no existe, que  hay más asesinatos de hombres que de mujeres y que la impunidad es igual  en ambos casos. En otras palabras, plantean que las "muertes" de  mujeres tienen que ver con violencia intrafamiliar, "líos con maras", delincuencia común y que no existe intencionalidad de matar mujeres ni una acción del Estado que favorezca esta situación. Por el contrario, defensores de derechos  humanos y feministas avanzan en la hipótesis de que el feminicidio es  parte de una conspiración a favor de un orden conservador y neoliberal  para generar miedo mediante el uso de patrones de violencia. De ser así,  la política del terror utilizaría la tendencia a agredir a las mujeres y  las niñas por parte de una sociedad con relaciones de poder desiguales,  para aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio  destino y del cambio social y económico. El feminicidio sería entonces  una especie de "acción de ablandamiento" para disuadir a las mujeres de  participar política, sindical y culturalmente, que contara con todo el  apoyo de los sectores más violentos y conservadores de la sociedad. ENCUESTA DE PARAMETRíA  Los asesinatos de mujeres en Juárez, tema de opinión pública Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son un asunto  del que, a diferencia de otros temas de interés público, cuentan con un  nivel de conocimiento muy alto de los ciudadanos: nueve de cada diez  mexicanos están enterados de lo que ocurre en la ciudad fronteriza. Una buena parte piensa que la  responsabilidad de resolver los crímenes es del gobierno federal y otra  que le corresponde al gobierno local. La mayoría sigue pensando que no  se ha hecho lo suficiente para resolver los feminicidios y un alto  porcentaje está de acuerdo en la intervención de organismos extranjeros  con tal de que estos se resuelvan. Alto conocimiento A pesar de la insistencia gubernamental de  que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se han ido esclareciendo,  una buena parte de la sociedad sigue cuestionando la capacidad del  Estado para resolverlos. La Carta Paramétrica, que aquí se ofrece  por adelantado, muestra un primer dato revelador: el conocimiento de los  crímenes de Ciudad Juárez es muy elevado. En mayo de 2003, siete de  cada diez mexicanos estaban enterados del tema. Actualmente, nueve de  cada 10 lo conocen. ƑQuién debe resolver el problema? Es de llamar la atención, señala  Parametría, "que desde hace dos años la población piensa que el  principal responsable de aclarar los homicidios de mujeres en Ciudad  Juárez es el gobierno federal (34% en 2003 y 37% en 2005). En segunda  instancia los mexicanos ubican al gobierno del estado de Chihuahua  (25%). No obstante, abunda Parametría, para casi  una cuarta parte de las personas entrevistadas en 2003 y 2005, todos  estos actores son responsables en cierta forma de ayudar a resolver los  asesinatos. Un dato que resultó sorprendente en la  medición de 2003 fue que 76% de los ciudadanos se manifestaban a favor  de la intervención de instancias extranjeras con tal de que se  solucionara el problema. Esta postura cuestiona la capacidad de las  autoridades mexicanas. En la medición reciente continuó siendo elevada:  todavía seis de cada diez personas apoya la idea de que organismos  extranjeros intervengan en el caso, mientras que tres de cada diez no lo  hacen. (La nota metodológica puede consultarse en www.parametria.com.mx)