Honduras: Derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas.
Autor: ➔ Sill Scaroni | Publicado: 2016-11-16T23:34:00-02:00



Por abuso de autoridad fue enviado a la 
penitenciaría nacional el Sr. Darío Cardona Valle, exviceministro de 
Recursos Naturales, al cual el Ministerio Público le revocó las medidas 
sustitutivas otorgados el pasado 11 de octubre dictándole un auto de 
formal procesamiento y prisión preventiva.

Cardona se le sindica de haber autorizado el aumento de capacidad de 
generación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sin que se hubiera 
efectuado la consulta previa con las comunidades Lencas afectadas.

Los pueblos indígenas de Honduras venimos padeciendo un 
recrudecimiento de la ofensiva neoliberal destinada a apropiarse de 
nuestros territorios y bienes comunes. El asesinato de Berta Cáceres, 
ventiló la ofensiva neoliberal que existe en contra de los pueblos 
indígenas además de la violencia y la impunidad imperante en Honduras.

Desde el año de 1995 -cuando fue ratificado el Convenio 169 de la 
OIT- se dio inicio a una serie de reclamos por parte de los pueblos 
indígenas sobre el derecho a la consulta,. previa libre e informada, 
como un mecanismo de protección, ante el saqueo sistemático de los 
hábitats funcionales de las comunidades y el paulatino desplazamiento 
poblacional, motivado por las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos.

Con el advenimiento de la dictadura en el año 2009, se inicia una 
ofensiva sobre los bienes comunes en los territorios indígenas, y tanto 
en el régimen de facto de Roberto Micheletti Como el de sus sucesor 
Porfirio Lobo, se efectuó una piñata con las cuencas hidrográficas, y la
 plataforma marítima además de entregar bastos sectores del país para la
 minería; desdeñando el derecho a la consulta previa que poseemos los 
pueblos indígenas, ante los proyectos de ¨desarrollo¨ que puedan 
afectarnos¨. 
 Desde la Secretaría de Recursos Naturales -conocido actualmente como el
 Ministerio del Ambiente- se otorgaron licencias ambientales a doquier, 
con el supuesto propósito de facilitar la inversión; al mismo tiempo que
 con la creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afrohondureños 
(SEDINAFROH) se reciclaron algunos líderes indígenas en empleados 
estatales neutralizando de esta forma, los posibles reclamos ante los 
despojos propiciados por empresarios y funcionarios. 
 El saqueo extractivista llegó hasta el punto de la entrega de 35 mil 
kilómetros cuadrados de la plataforma continental sin haber efectuado 
las consultas previas con el pueblos Miskito y Garifuna. La compañía 
British Gas (BG) firmó un convenio con el Estado, el que fue 
posteriormente ratificado a matacaballo por el Congreso Nacional. 
Posteriormente inicia SERNA un proceso de socialización al cual 
denominaron consulta. Además de la licencia ilegal otorgada a 
DESA -compañía constructora de Aguaza Zarca, implicada en el asesinato 
de Berta- SERNA pretendió que sus socializaciones con organizaciones 
adeptas al Estado eran Consultas, y de está forma aparentar que honduras
 se apegaba al Convenio 169 de la OIT. 
 El Estado presionado por el Programa ONUREDD, comienza en el año 2012 a
 dar señales de intentar crear una marco jurídico en relación a la 
consulta previa. Para la implementación del Programa REDD, se requiere 
suplir una serie de salvaguardas, entre ellas el requerimiento de la 
consulta previa. De ahí que el PNUD hubiera asumido el rol de 
“acompañante” de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras 
(CONPAH) en la elaboración del anteproyecto de ley. La CONPAH 
socializó su versión de proyecto a inicios del año pasado. 
Intempestivamente el PNUD y la CONPAH abjuraron de la versión de ley que
 trabajaron para plegarse a una versíon elaborada por el Estado, en la 
cual la consulta previa se convierte en una simple socialización. 
 Pasado el tsunami mediático desatado por el asesinato de Berta, se 
viene dando una campaña de desinformación por parte de la empresa DESA, 
la que pretende finalizar la hidroeléctrica de Agua Zarca. El caso 
interpuesto en contra de Dario Cardona, sirve para exculpar al otrora 
ministro de SERNA y actual Fiscal Adjunto, el Sr. Rigoberto Cuellar, el 
que parece ser un personaje siniestro además de intocable. 
 Hasta la fecha los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres
 han sido protegidos por el Estado y sus instituciones, al mismo tiempo 
que el derecho a la Consulta previa, Libre e Informada viene siendo 
tergiversado por el Estado, PNUD y el grupúsculo de supuestos líderes 
indígenas al servicio de la actual administración gubernamental.  Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Texto completo en: http://www.lahaine.org/honduras-derecho-a-la-consulta