Autor: ARR | Publicado: 2010-07-13T00:22:00-07:00

 		LUIS CARAMÉS    		 		Funcionarios: el falso debate 		No es desprestigiándola como se puede mejorar la práctica de la  Administración pública  		 		 			LUIS CARAMÉS 13/07/2010  			 			 			 	             	 	    	                  				 				                                                                            				 	             Es un deporte compartido, leña al funcionario, bellacos y  ruines donde los haya, vagos sempiternos, beneficiarios de un estatus  privilegiado, siempre dispuestos a la huelga, demasiado numerosos... En  fin, considerar y tratar de manera general esta cuestión es, de por sí,  engañoso e injusto, pues no hay gremio, corporación, oficio, profesión o  empleo, libre de estigmas semejantes. Se trata, entonces, de un  análisis superficial, lleno de prejuicios, con conclusiones facilotas y  demagógicas.                                                          				                                                                El funcionario nace para ser el elemento básico de una forma de  organización sofisticada, con un papel libre de cualquier imposición  arbitraria. La cosa pública ha de ser gestionada por personas elegidas  por su capacidad y méritos objetivos, por eso la aparición de la  burocracia fue un gran avance en la independencia de la administración,  puesto que la función pública ha de distinguirse de la función política.  El empleo de funcionario no puede ser venal, es decir, no ha de estar  expuesto a la venta, cosa frecuente en el Antiguo Régimen. Y ha de  jerarquizarse, con un gobierno reglamentado y un sistema de promoción  adecuadamente concebido, dejando atrás el viejo mundo feudal. Así lo vio  Napoleón, como nos recuerda Balzac, aunque en las páginas de su obra Les  employés ya señalaba muchos de los defectos que, con el tiempo,  habrían de minar los sanos basamentos del funcionariado.Claro que  a día de hoy pueden comprobarse, aquí y allá, degeneraciones del  servicio público, sea por corruptelas en la selección, o por rutinas en  el ejercicio de la función, o debido, entre otras causas, al excesivo  número de funcionarios, frecuentemente ligado a una estructuración poco  eficiente del sector público. Por suerte, ahora sabemos que el Estado  hipertrofiado es garantía de gastos innecesarios, pero también hemos  comprobado que la soberanía del mercado -trufada de imperfecciones-,  ayudada por gobiernos grandes, pero incompetentes, nos ha traído adonde  estamos, con una crisis insoportable.Habrá, y hay, por tanto,  muchos defectos en la práctica de la Administración pública, pero no es  desprestigiándola como se puede mejorar o impedir que se deteriore  todavía más. Y una de las vías más seguras para la descapitalización de  la función pública es juzgarla a toda por igual, no ofrecer salarios  decentes y cerrar el debate con la monserga -cierta, pero parcial- de  que el funcionario tiene el puesto asegurado. No es el refugio en un  ingenuo y banal individualismo, recubierto de soflamas de libertad, la  fórmula para contar con una sociedad moderna y eficaz. Una función  pública capaz, profesional y responsable, es imprescindible, lejos de  las caricaturas de Larra y sus oficinistas de ventanilla cerrada y  vuelva usted mañana.Flaco servicio ha prestado a la causa el  Gobierno al cortar indiscriminadamente el gasto para aplacar la ansiedad  de los mercados. No habiéndolo hecho dos años atrás, más reflexivamente  y con menor impacto social, ahora incurre en la mera contabilidad del  déficit, sin discriminación alguna, que en el caso de los funcionarios  significa que se hace tabla rasa de la competencia y el esfuerzo  individual; aún más, no se aborda el desequilibrio que en la dotación de  puestos existe entre administraciones y dentro de cada una de ellas,  consumándose así una injusticia y la renuncia a la mayor eficiencia de  lo público.El ciudadano debe exigir funcionarios fieles a los  orígenes, que se ocupen del interés general y que garanticen la  imparcialidad del Estado, que no puedan ser removidos de su trabajo por  negarse al las componendas partidarias. Empleados públicos que estén  motivados y se impliquen en el resultado de las prestaciones que  realizan; que se formen de manera continuada en la aplicación de las  nuevas tecnologías, desde estructuras ágiles, sin que, por ello, huyan  de la responsabilidad ante la ley.Amplia es la agenda de reformas  y actualizaciones de la función pública, entre las que no se debe  excluir la de la adecuación del número a las necesidades. Pero todo ello  está muy lejos de los simplistas y despectivos estereotipos con los que  se caricaturiza una realidad de por sí compleja, de la que forman parte  personas a las que les gusta su trabajo, se esfuerzan por hacerlo bien  y, desde sus funciones, contribuyen a garantizar la democracia.