Un cambio de paradigma en la salud mental
Autor: Projeto Cartografia | Publicado: 2010-12-12T11:39:00-02:00

Senado Argentino aprova nova Lei de Saúde MentalSegue abaixo reportagem do jornal Pagina 12Por Pedro LipcovichSe sancionó la nueva Ley de Salud Mental, por la cual “queda  prohibida la creación de nuevos manicomios o instituciones de  internación monovalentes, públicos o privados”. La ley promueve  dispositivos alternativos como “casas de convivencia y hospitales de  día”. Modifica el Código Civil para impedir las internaciones de  personas por su “peligrosidad”. Las internaciones involuntarias quedan  restringidas y sujetas a control por un órgano de revisión en el que  participarán organismos de derechos humanos. Se propicia que las  internaciones, siempre por lapsos breves, se efectúen en hospitales  generales: éstos –si se cumple la ley– no podrán negarse a recibir a  estos pacientes porque esto “será considerado acto discriminatorio”.  También se modifica el sistema de inhabilitaciones: hasta ahora, una  persona que, en el marco de una crisis, perdiera capacidad para  administrar sus bienes, podía quedar privada para siempre de todos sus  derechos. Además los profesionales y empleados en instituciones  psiquiátricas serán “responsables de informar, al juez y al órgano de  revisión, sobre cualquier trato indigno o inhumano”.Las instituciones monovalentes que ya existen “se deben adaptar a los  objetivos y principios” de la ley, “hasta su sustitución definitiva por  los dispositivos alternativos”. A diferencia de otras leyes en el mundo,  ésta no llega a prohibir lisa y llanamente la internación en estas  instituciones.Para facilitar las externaciones, la normativa requiere “promover  servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta  institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a grupos  familiares y comunitarios; casas de convivencia, hospitales de día,  cooperativas de trabajo, centros de capacitación y familias sustitutas”.Las internaciones involuntarias requerirán una evaluación  interdisciplinaria; según el régimen anterior, era suficiente el  dictamen del psiquiatra. El juez debe autorizar cada internación, pero  pierde la facultad de ordenar internaciones; también se suprime el  requisito de pedir autorización del juez para dar el alta. “En distintas  provincias hay muchos pacientes cuya alta se demora porque el juez no  la autoriza”, comentó Leonardo Gorbacz, quien, como diputado, presentó  el proyecto original, y hoy es asesor en la Jefatura de Gabinete de la  Nación.Conceptualmente, se modificó el Código Civil para reemplazar el criterio  de internación, que obedecía a la noción de “peligrosidad para sí o  para terceros”, por la constatación de “riesgo cierto e inminente”. Esto  ha sido requerido en dos oportunidades por la Corte Suprema de  Justicia.Transcurridos noventa días de una internación involuntaria, si la  institución insiste en mantener a la persona bajo encierro, la ley exige  una segunda opinión, a cargo del órgano de revisión que la propia ley  establece. Si este organismo se expide en contra, la institución deberá  dejar en libertad al paciente. Además, “los asistidos, sus abogados o  familiares tienen derecho a acceder a las historias clínicas y a tomar  decisiones relacionadas con su tratamiento”.Se propicia que las internaciones se efectúen en hospitales generales.  En éstos, “el rechazo de la internación de pacientes por el solo hecho  de tratarse de problemática de salud mental será considerado acto  discriminatorio”.La ley también ordena realizar un censo nacional de las personas  internadas en instituciones públicas y privadas. “Las clínicas privadas  son las que están menos controladas, ya que las inspecciones se limitan a  condiciones edilicias: el censo determinará si hay personas  secuestradas de hecho”, observó Gorbacz.El órgano de revisión incluirá representantes de asociaciones de  usuarios y familiares, de los profesionales y otros trabajadores de la  salud, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las  defensorías oficiales y del Poder Ejecutivo. Sus funciones incluirán  “supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de  internaciones por salud mental en el ámbito público y privado”.Además, “los integrantes, profesionales o no, del equipo de salud, son  responsables de informar al órgano de revisión y al juez sobre cualquier  trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento. Dicho  procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad”.Se modifica el sistema de inhabilitaciones: “Hasta ahora –señaló  Gorbacz–, una persona que, en una circunstancia de crisis, no estaba en  condiciones de administrar sus bienes inmuebles, podía quedar  inhabilitada, generalmente de por vida, para todos sus derechos  personales, como casarse o votar”. La nueva ley dice que la  inhabilitación “no podrá extenderse por más de tres años y deberá  especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la  afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.La ley es “de orden público”, lo cual implica que debe ser cumplida en  todas las jurisdicciones del país sin requerir adhesión específica.  Tenía media sanción de Diputados desde el año pasado y fue aprobada en  la madrugada de ayer en la Cámara de Senadores con una sola abstención,  la del radical Nito Artaza. La ley fue explícitamente apoyada por la  Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la  Salud (OMS). © 2000-2010 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos ReservadosSitio desarrollado con software libre GNU/Linux.