AMNISTIA INTERNATIONAL - Declaración Pública (Belo Monte)
Autor: Sociologia da Educação | Publicado: 2011-05-07T05:57:00-07:00

&nbsp;AMNISTIA INTERNATIONAL
&nbsp;Declaración Pública



Índice: AMR 19/006/2011
6 de mayo de 2011

EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE QUE SE CONSIDERE SACRIFICAR LOS DERECHOS
&nbsp;HUMANOS EN NOMBRE DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Amnistía Internacional expresa su más profunda preocupación por
&nbsp;declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados
&nbsp;Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en una entrevista realizada por
&nbsp;la BBC en Brasil, que sugieren que los derechos humanos de los pueblos
&nbsp;indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad
&nbsp;que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones
&nbsp;derechos humanos ocurridas en el pasado y que la Comisión
&nbsp;Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería “asesorar” a los
&nbsp;Estados en estos temas en lugar de tratarlos como potenciales
&nbsp;violaciones de derechos humanos.

Asimismo preocupa a Amnistía Internacional que dichas declaraciones
&nbsp;parecen sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso
&nbsp;Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante
&nbsp;interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e
&nbsp;independencia del sistema interamericano de derechos humanos. Estas
&nbsp;desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios
&nbsp;Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían
&nbsp;interpretarse como represalias contra decisiones de la CIDH que ellos
&nbsp;consideran contrarias a sus intereses.

Las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas protegen
&nbsp;derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y
&nbsp;culturales de manera indivisible. Junto con la prohibición de la
&nbsp;tortura, por ejemplo, las normas de derechos humanos protegen también
&nbsp;a personas y comunidades frente a nuevos desafíos que se presentan en
&nbsp;la región, en particular los impactos causados por los planes de
&nbsp;desarrollo económico.

Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o
&nbsp;la Mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos
&nbsp;humanos de personas y comunidades. Ese impacto puede ser positivo -
&nbsp;por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y los mayores ingresos
&nbsp;fiscales pueden contribuir al desarrollo social. Sin embargo, los
&nbsp;megaproyectos también pueden dar lugar a violaciones de derechos
&nbsp;humanos incluidos daños al medio ambiente, lo que en general afecta
&nbsp;desproporcionadamente a los más pobres y marginados. En numerosos
&nbsp;países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a
&nbsp;abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han
&nbsp;caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos
&nbsp;relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la
&nbsp;creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a
&nbsp;cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados.

Por esta razón, el derecho internacional de los derechos humanos ha
&nbsp;desarrollado una serie de estándares y mecanismos para proteger los
&nbsp;derechos humanos de las comunidades locales y en especial de los
&nbsp;pueblos indígenas. En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas
&nbsp;aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que
&nbsp;cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este
&nbsp;instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización
&nbsp;Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
&nbsp;Pueblos Indígenas, James Anaya, ha puesto especial atención a este
&nbsp;tema, documentado violaciones contra los derechos de los pueblos
&nbsp;indígenas y ha recomendado a los Estados medidas para evitarlas en el
&nbsp;futuro. Entre esas medidas se cuenta la obligación de los Estados de
&nbsp;consultar de buena fe con los pueblos indígenas con anterioridad a la
&nbsp;aprobación de un proyecto, con el fin de obtener su consentimiento
&nbsp;previo, libre e informado, cuando el proyecto tenga la potencialidad
&nbsp;de afectar sustancialmente los derechos de estos pueblos. Este mismo
&nbsp;estándar ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos
&nbsp;Humanos en el caso Saramaka vs. Surinam. La Corte ha establecido que
&nbsp;cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala
&nbsp;que podrían afectar la integridad de las tierras y los recursos
&nbsp;naturales del pueblo indígena en cuestión, el Estado tiene no sólo el
&nbsp;deber de consultar con el pueblo indígena afectado sino también
&nbsp;obtener su consentimiento libre, previo e informado, según sus
&nbsp;costumbres y tradiciones.

La medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte está en
&nbsp;conformidad con esta tendencia de derecho internacional y solamente
&nbsp;recuerda a Brasil que debe detener las obras hasta tanto no realice
&nbsp;las consultas correspondientes. Preocupa a Amnistía Internacional que
&nbsp;Brasil haya calificado las medidas como “injustificadas y
&nbsp;precipitadas” y que haya retirado su candidato a la CIDH para las
&nbsp;próximas elecciones. Es igualmente preocupante que el Secretario
&nbsp;General de la OEA no sólo no condene esta actitud de Brasil sino que
&nbsp;además sugiera que por ser un proyecto de desarrollo de gran
&nbsp;envergadura en un país como Brasil, la CIDH debería tomarse la
&nbsp;situación con “más calma”, incluso si la subsistencia y otros derechos
&nbsp;de pueblos indígenas pudieran estar en riesgo. Esto es particularmente
&nbsp;incomprensible cuando un año atrás, en ocasión de la inauguración del
&nbsp;138° período de sesiones de la CIDH y en clara alusión a los ataques
&nbsp;dirigidos por otro país a la legitimidad y autoridad de la CIDH, el
&nbsp;mismo Secretario General de la OEA subrayara la necesidad de "acatar"
&nbsp;las decisiones de la CIDH para fortalecer esta institución de derechos
&nbsp;humanos y sostuviera que para ello es necesario también un "diálogo
&nbsp;permanente" con el organismo.

El escrutinio internacional de la situación doméstica de derechos
&nbsp;humanos nunca es agradable para los países involucrados. Sin embargo,
&nbsp;los Estados crearon la Comisión Interamericana como un órgano
&nbsp;principal y autónomo de la OEA porque entendieron la importancia de la
&nbsp;existencia de órganos competentes e independientes para la supervisión
&nbsp;del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que
&nbsp;voluntariamente adoptaron. De acuerdo a la Convención Americana de
&nbsp;Derechos Humanos, los miembros de la CIDH son elegidos por los propios
&nbsp;Estados miembros de la OEA en la Asamblea General y son personas de
&nbsp;“alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos
&nbsp;humanos” (artículo 34), y sirven en la Comisión “a título personal”
&nbsp;(artículo 36.1).

La actitud del Estado de Brasil frente a la medida cautelar emitida
&nbsp;por la CIDH en el caso Belo Monte, erosiona la fortaleza y efectividad
&nbsp;de un sistema que históricamente ha demostrado ser un elemento
&nbsp;catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la
&nbsp;región. El sistema de protección regional pasó de cuestionar los
&nbsp;abusos cometidos por gobiernos dictatoriales a advertir las fallas
&nbsp;estructurales y los abusos que ocurren en democracia. Los nuevos
&nbsp;desafíos de derechos humanos, especialmente en contextos de proyectos
&nbsp;de desarrollo, deben ser tomados con la misma seriedad que los demás.

El continente americano ha avanzado en materia de protección de los
&nbsp;derechos humanos en las últimas décadas pero todavía falta mucho por
&nbsp;hacer para proteger los derechos de los más vulnerables y marginados.
&nbsp;La protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo
&nbsp;económico no son mutuamente excluyentes y su armonización es uno de
&nbsp;los desafíos más importantes de la región. De hecho, las normas de
&nbsp;protección de los derechos humanos se reflejan cada vez más en las
&nbsp;políticas y los parámetros de préstamos de las instituciones
&nbsp;financieras internacionales.

Sería extremadamente preocupante que se estuviera considerando
&nbsp;sacrificar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de otros
&nbsp;grupos vulnerables en nombre del desarrollo económico. Amnistía
&nbsp;Internacional exhorta a todos los gobiernos de la región, y a los
&nbsp;funcionarios nombrados por dichos gobiernos para servir en el sistema
&nbsp;regional, a comprometerse públicamente a proteger todos los derechos
&nbsp;humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo, y a
&nbsp;cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema
&nbsp;interamericano de derechos humanos.

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Hugo Relva

Legal adviser | Consejero jurídico

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