Autor: Leandra Ribeiro | Publicado: 2011-11-22T07:24:00-08:00

La subordinación de los derechos humanos al poder estatal: el caso boliviano 
Noviembre 21, 2011Por Oscar Balderas, abogado del CEJIS

Hasta hace unos años el genocidio, la esclavitud y la tortura, eran expresiones &nbsp;“legítimas” y “fortalecedoras” de un ilimitado ejercicio del poder. La Revolución francesa, las Guerras Mundiales, la creación de las Naciones Unidas e innumerables luchas en ámbitos internacionales de decisión, finalmente permitieron a la humanidad consagrar un marco universal para garantizar y proteger su vida, integridad y dignidad. De esta manera, se establecieron formalmente los derechos humanos como límites a los alcances del poder estatal.Estos límites a la omnipotencia estatal, suponen un imaginario obstáculo infranqueable en el ejercicio de los derechos humanos, determinado o estructurado primero por la misma naturaleza y el contenido implícito de cada derecho; y segundo, en relación con los anteriores, por la posible complementariedad, congruencia o no contradicción en el ejercicio de los distintos derechos, de manera que el ejercicio de un derecho no restrinja o impida el ejercicio de otro u otros.
En el ámbito nacional, el cumplimiento o vigencia de los derechos, emana por un lado de su reconocimiento en las normas jurídicas estatales, lo que significa además la instauración de un sistema de garantías y un correspondiente aparataje normativo para su cumplimiento. Igualmente, su cumplimiento tiene tambien como fuente la ratificación de los Estados en Tratados Internacionales referidos a los derechos en cuestión. Por lo tanto el hecho de reconocer o positivizar los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos estatales, les otorga el carácter de derechos fundamentales automáticamente.
En ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH afirma que: “Todo el sistema de protección de los Derechos Humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación internacional básica en materia de Derechos Humanos y es contra él, que se presentan las denuncias por violaciones de derechos reconocidos en la Convención”.

En virtud que el Estado, como detentador legal del poder constituido, ha suscrito instrumentos internacionales a través de los cuales se obliga a sí mismo a respetar los derechos en ellos proclamados y medios internacionales para su tutela en caso de incumplimiento. El hecho de haber reconocido estos derechos en sus normas positivas internas, le genera obligaciones como directo responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, consecuentemente, en sentido estricto, solo él puede violarlos. Es importante aclarar además, que las infracciones cometidas por sujetos particulares no sonviolaciones de los Derechos Humanos, sino más bien delitos.
La Octava Marcha Indígena: la lucha por el cumplimiento de los derechos constitucionalizados

Nuestra CPE en su Título II de la parte primera reconoce los derechos fundamentales y garantías.&nbsp; Su artículo 9 p.II señala que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y comunidades, y fomentar el respeto intracultural, intercultural y plurilingüe.En esa dirección, el art. 13 de la CPE proclama el deber del Estado de promover, proteger y respetar todos los derechos reconocidos por la misma, señalando además que éstos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. También, en su art. 30 se enumeran derechos de tercera generación de los que son sujetos los pueblos indígenas bolivianos.
Por casi 70 días, la octava marcha de los indígenas del oriente, chaco y amazonía junto a originarios de tierras altas, recorrió de oriente a occidente el territorio boliviano, exigiendo al Gobierno Central que atienda los 16 puntos de su plataforma de demandas, vinculadas al cumplimiento y respeto de la Constitución Política del Estado y los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano en lo que respecta a los derechos colectivos, particularmente aquellos vinculados al territorio y al medio ambiente.

La principal demanda indígena hacía referencia a que una mega carretera -componente de la Iniciativa de Integración Regional Sud Americana IIRSA- no atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure TIPNIS, tomando en cuenta los invaluables impactos socioculturales y ambientales que acarrearía su construcción; y, además, por la adjudicación de la obra a una empresa brasilera sin haber realizado el procedimiento consultivo a sus legales propietarios colectivos de acuerdo a la CPE, con carácter previo.
En ese peregrinaje, bajo el fútil argumento de evitar enfrentamientos con los pobladores locales (colonos) de un punto por el que circunstancialmente la marcha pasaría, el 24 de septiembre la policía atacó brutalmente a hombres, mujeres, ancianos y niños que eran parte de la aludida Marcha en proximidades de Yucumo, Beni. Pese a los daños físicos que sufrieron, los indígenas permanecieron moralmente intactos y con el agregado de una conmovedora solidaridad del pueblo boliviano la VIII Marcha llegó a la sede de gobierno.
Previo a iniciar un dialogo y recibir en Palacio de Gobierno a los representantes de la movilización indígena, el Presidente del Estado Plurinacional Sr. Evo Morales, unilateralmente realizó enmiendas al proyecto de ley sobre la protección del TIPNIS, aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional días antes. Resaltamos que tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo, no existió un debido debate con los marchistas indígenas, por lo que el proyecto normativo sobre el TIPNIS finalmente aprobado no es reflejo de concertación entre partes, ni encarna la dimensión propuesta por los indígenas, omitiendo de hecho las disposiciones constitucionales para que los pueblos aseguren y desarrollen su vida en armonía con su cosmovisión y ejerzan su libredeterminación.
Con estos antecedentes, el Órgano Ejecutivo y los marchistas, de manera escrita acordaron el 22 de octubre de 2011, que a la brevedad posible se construirá coordinadamente un reglamento&nbsp; interpretativo de la ley mencionada.
De poesía jurídica a hechos concretos&nbsp; 
El artículo 23 del Reglamento de Áreas Protegidas (Decreto Supremo 24781) señala que “En el área que comprenden los parques están prohibidas las obras de infraestructura”. Pese a la categoría de TCO y Parque Nacional del TIPNIS además de la ley protectora recientemente aprobada que prohíbe la construcción de la carretera, el pasado 10 de noviembre en el aniversario de San Ignacio de Moxos, el Presidente de Bolivia públicamente manifestó a los presentes, principalmente cocaleros y migrantes “que pidan carretera para que ésta sea construida”.
Frente a una evidente indiferencia política así como la ausencia de respeto a la integralidad del territorio indígena, y falta de garantías para la autogestión territorial de los Pueblos yuracare, moxeño y tsimane como titulares del TIPNIS; hasta ahora no se ha avanzado en la reglamentación de la ley protectora. Los legales propietarios colectivos del TIPNIS son flagrantemente condenados al etnocidio, cuando las esferas gubernamentales con estas acciones delimitativas promueven su expulsión de las áreas a las que tradicionalmente han accedido y pretenden frenar inconstitucionalmente la relación milenaria con la naturaleza que los descendientes de aquellos hombres y mujeres preexistentes a la conformación estatal todavía mantienen en sus espacios territoriales.&nbsp;
Sin embargo, al margen de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, la vanguardia gubernamental ecologista y amistosa con la Madre Tierra proyectada en el nivel internacional, es contradictoria en nuestro propio país y cada vez se torna más sumisa al capital extranjero y transnacional.&nbsp;&nbsp;
Precisamente, el Estado de derecho se basa en el ejercicio del poder con apego a las normas y principios relativos a los derechos humanos por parte del Estado, y el ejercicio de los derechos y deberes por parte de las personas. Mínimamente consideramos, que esta sería una fórmula básica para tener como resultado “el gobernar obedeciendo”, que hasta ahora es un simple cliché vacío, generador de aplausos, pero carente de identidad y coherencia con la realidad.Nuestra CPE vigente, a la que los indígenas de tierras bajas le dieron contenido durante todo el proceso constituyente, y que fue impulsada precisamente por el actual Gobierno Nacional, expresa un nuevo pacto social y político, como fundamento jurídico político del Estado Plurinacional, que responde sobre todo a una necesidad de transformarlo y refundarlo.
Bajo la premisa de que no se puede reducir el histórico proceso constituyente a un solo &nbsp;actor político y, considerando que el pueblo boliviano otorgó la responsabilidad indelegable al Gobierno Nacional de materializar la nueva Carta Magna, éste debe garantizar su implementación en conformidad con sus contenidos declarativos, instaurando además de manera real e inmediata, la descolonización de los derechos humanos. ¿Será posible?
Roberto Menchaca Morales (enviado)