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La Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo, acusa a Suiza de violar el derecho a la vida familiar de un argelino casado con una suiza. Tras un violento atraco de éste, las autoridades helvéticas competentes decidieron no renovarle el permiso de residencia.Este contenido fue publicado el 03 agosto 2001 - 13:08
El argelino en cuestión tiene 36 años, vivió mucho tiempo en Italia antes de llegar a Suiza en 1992. En marzo de 1993 contrajo matrimonio con una ciudadana suiza y un año después, en abril de 1994, cayó en manos de la justicia por posesión ilegal de un arma de fuego.
En el mismo mes cometió un robo reprochable por la extrema brutalidad que él y su cómplice emplearon para reducir a su víctima, un anciano, a quien dieron puntapiés en la cara antes de arrebatarle 1.200 francos.
La Corte Superior de Zúrich aquilató la gravedad del hecho y condenó al argelino a dos años de cárcel por los delitos de robo y perjuicios materiales en segunda instancia. El fallo difiere del dictamen distrital que se limita a 18 meses de prisión bajo fianza.
Considerando la seriedad del delito, las autoridades de Zúrich decidieron, a principios de 1997, no renovar el permiso de residencia del argelino. La medida fue ratificada por el gobierno cantonal y la corte administrativa de Zúrich, así como por el Tribunal Federal, con sede en Lausana.
Según la apreciación del Tribunal Federal, la gravedad del hecho y el poco tiempo que vivió el argelino en Suiza antes de delinquir, justifican la decisión de no renovar su permiso de residencia. Además, señala, después de la expulsión a Argelia, Italia u otro país, no es inaceptable pensar que la esposa siga a su cónyuge. Aún durante el juicio pendiente, el argelino partió de Suiza y vive en Italia.
En virtud del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, todos tienen derecho al respeto a la vida familiar. Los funcionarios pueden intervenir en este derecho sólo si existe una base jurídica pertinente y la medida es necesaria para evitar actos criminales en una sociedad democrática.
En su decisión unánime, la Corte Europea de Derechos Humanos juzga que negar la renovación del permiso de residencia es una medida desproporcionada.
Según las averiguaciones, dice la instancia judicial europea, el comportamiento del argelino ha mejorado mucho desde el delito cometido. Hizo un aprendizaje de camarero y desde su liberación condicional, en mayo de 1998, trabajó de jardinero y electricista, precisa.
En opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo, tampoco es aceptable que la esposa siga a su cónyuge a Argelia, ya que si bien habla francés no entiende árabe ni tiene relación alguna con aquel país.
Dispone además que Suiza pague al argelino 5.350 francos por los costos del proceso ante el Tribunal Federal y la Corte Europea de Derechos Humanos.
swissinfo y agencias
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