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La investigación incluye 14 capítulos sobre países que proporcionan un análisis detallado de la incidencia de la tortura entre 1985 y 2014 en los siguientes países:
- Chile
- Etiopía
- Georgia
- Hungría
- India
- Indonesia
- Israel
- Kirguistán
- Perú
- Filipinas
- Sudáfrica
- Túnez
- Turquá
- Reino Unido
Estos resúmenes fueron redactados individualmente por cada investigador/a.
Karinna Fernández (University of Essex) y Dr. Par Engstrom (University College, Londres)
En Chile, la tortura constituye uno de los métodos que el Estado ha utilizado para hacer frente a los conflictos políticos y sociales y controlarlos, especialmente cuando cuestionan el régimen institucional. Como se ha documentado ampliamente, durante el régimen militar de Chile (1973-1990), las prácticas de tortura extrema se utilizaron de forma habitual y sistemática contra los y las oponentes al régimen. Aunque la transición a la democracia llevó a una disminución notable de la incidencia de la tortura, al comienzo del período democrático las denuncias de tortura eran numerosas, graves y frecuentes, especialmente porque la tortura se utilizaba contra miembros de grupos subversivos y para extraer confesiones de los y las prisioneras políticas. Cuando se consolidó la democracia política en Chile, el país experimentó una reducción de las denuncias por tortura en las prisiones, pero el Estado continuó utilizando la violencia en el marco del conflicto mapuche en el sur de Chile y la policía como respuesta para reprimir las protestas sociales.
La prevención de la tortura nunca ha constituido una política coordinada del Estado chileno. Las autoridades no han priorizado el enjuiciamiento y el castigo de los y las responsables de las prácticas de tortura. Como consecuencia, el sistema chileno de justicia penal carece en concreto de una tipificación penal adecuada de los delitos de tortura. Las acusaciones e investigaciones relativas a incidentes de tortura se clasifican como otros delitos, p. ej. tormento, apremio ilegítimo, maltrato o violencia innecesaria.
Sin embargo, las reformas en el sistema judicial durante la última década han tenido un impacto significativo en la protección jurídica ofrecida en particular a las personas detenidas. Los diferentes cambios jurídicos efectuados por gobiernos democráticos (p.ej. las Leyes Cumplido, las leyes sobre los derechos de las personas detenidas, la Reforma Procesal Penal) han mejorado las garantías jurídicas en relación con los derechos de las personas detenidas, especialmente en lo que respecta al período permitido de detención en los establecimientos policiales antes de comparecer ante un/a juez/a (24 horas), aunque siguen existiendo restricciones importantes en materia de derechos de personas s detenidas por medio de la Ley de Drogas y Estupefacientes y la Ley Antiterrorista. La existencia en Chile de un sistema de justicia penal reformado, que se caracteriza desde el año 2000 por su naturaleza oral basada en las garantías e incorpora a nuevos actores – fiscales, abogados/as de oficio y jueces/juezas de garantía –, contrasta con un sistema paralelo de justicia militar cuya naturaleza es escrita e inquisitiva. El sistema de justicia militar retiene la autoridad de investigar delitos cometidos por las fuerzas armadas y los carabineros contra civiles.
Chile carece de mecanismos adecuados y autónomos para denunciar casos de tortura, así como para monitorear centros de detención y prisiones. Aunque el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), creado en 2010, ha ayudado a denunciar los incidentes de tortura y enjuiciar a los y las responsables (e incluso ha impartido formación en derechos humanos a la policía y los gendarmes), esta nueva institución no satisface los requisitos establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura relativos al Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura.
La evidencia indica claramente que, como consecuencia de las limitaciones inherentes a estos procesos de reforma, ciertos grupos de la sociedad chilena siguen siendo muy vulnerables a la tortura a manos de agentes del Estado. Ejemplos de ello son las personas encarceladas y detenidas, los y las pertenecientes a algunas comunidades indígenas mapuche involucradas en conflictos de tierras y personas que participan en protestas sociales a las que la policía responde de forma violenta.
Yonas Mebrahtu y Dr. Sam Ponniah (anteriormente Universidad de
Dire Dawa)
Este capítulo examina la legislación y la práctica de los procedimientos de detención, el enjuiciamiento de los y las autoras de actos de tortura, las medidas para poner fin a la impunidad y, por último, los mecanismos de denuncia y monitoreo. Se realizaron entrevistas exhaustivas a jueces/juezas, fiscales, abogados/as, diferentes ONG, periodistas, miembros del partido político de la oposición y supervivientes de la tortura en diferentes partes del país. Además, se analizaron diversos informes de ONG internacionales y locales.
La investigación ha confirmado que, debido al carácter dictatorial del gobierno del Derg en los años ochenta y el conflicto y la inestabilidad en el país, la incidencia de la tortura era elevada, frecuente y generalizada en los cinco primeros años del período del estudio. Reinaba la impunidad y Etiopía estaba totalmente excluida de los sistemas de derechos humanos internacionales y regionales. Sin embargo, tras el derrocamiento del régimen en 1991, las reformas políticas y jurídicas declaradas por el gobierno de transición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) no dieron lugar a un progreso práctico en materia de tortura. El conflicto con grupos disidentes, la tensión técnica y la purga de órganos encargados del cumplimiento de la ley en los años noventa tuvieron un impacto negativo en los derechos humanos. La falta de profesionalismo entre los órganos encargados del cumplimiento de la ley, la impunidad y la ausencia de mecanismos de monitoreo y quejas (tanto internacionales como nacionales) socavaron las reformas. Los actos de tortura continuaron siendo graves y frecuentes, aunque menos generalizados que durante el régimen del Derg.
Entre 2000 y 2010 se registraron ligeras mejoras en las prácticas de detención, en particular el acceso a un tribunal en un plazo de 48 horas, que se pueden atribuir a la formación continua proporcionada a los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Sin embargo, los efectos de los mecanismos de enjuiciamiento y denuncia en la prevención de la tortura siguieron siendo insignificantes. La exclusión de sistemas de denuncia y monitoreo internacionales, combinada con la ineficacia de las instituciones de derechos humanos, frustró el proceso de prevención, en particular cuando se trataba de detenidos/as con afiliaciones políticas.
Los cinco últimos años del período de estudio revelaron que la tortura seguía siendo grave y frecuente, pero no extendida geográficamente, en particular en casos políticos y terroristas. En general, el acceso a asistencia letrada, la notificación a la familia y el acceso rápido a un tribunal no se han implementado en la práctica. No obstante, ha habido una ligera mejora en las prácticas de detención marginal y los mecanismos de denuncia en relación con delitos comunes.
La frecuencia, la gravedad y la cobertura geográfica de los actos de tortura han aumentado durante episodios políticos importantes, como los conflictos armados, tanto nacionales como internacionales, las elecciones nacionales de 2005 y las tensiones étnicas.
Etiopá. Foto: Andrew Heavens
Bakar Jikia (Penal Reform International) y Moris Shalikashvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)
Georgia constituye un caso particularmente interesante en el área de la prevención de la tortura por dos motivos principales. En primer lugar, el país experimentó una serie de transformaciones durante el período examinado de 1985 a 2014. Estos acontecimientos incluyeron el dominio soviético en los años ochenta, el caos postsoviético a principios de los años noventa, las emergentes, y corruptas, instituciones estatales durante la última parte del siglo XX, el control férreo del Movimiento Nacional Unido durante nueve años (de 2004 a 2012) y el enfoque más orientado hacia los derechos humanos del nuevo gobierno, que todavía debe ser probado adecuadamente. Estos cambios no solo afectaron al panorama político, sino que influyeron directamente en las prácticas de detención y la situación de prevención de la tortura en el país.
En segundo lugar, el Estado georgiano experimentó una serie de amenazas internas y externas, como un golpe de estado que logró derrocar al Gobierno y una “revolución pacífica”, conflictos armados separatistas respaldados por Rusia en regiones secesionistas y una guerra declarada contra Rusia. Por consiguiente, al examinar las áreas relacionadas con la prevención de la tortura, el capítulo también tiene en cuenta los acontecimientos políticos, los cuales en varias ocasiones tuvieron un efecto directo en las prácticas de los servicios encargados del cumplimiento de la ley en el contexto de las prisiones y la custodia policial.
Georgia también constituye un ejemplo muy positivo del impacto de las medidas de prevención en dos sectores separados. La mejora radical de los procedimientos de detención en la primera década del siglo XXI dio lugar a una mejora notable de las condiciones de las personas detenidas en custodia policial. Más tarde, cuando el problema de la tortura se trasladó a las prisiones, el monitoreo eficaz y las consiguientes reformas llevaron a una mejora en esta área también.
Georgia
Borbala Ivany, Andras Kadar, y Andras Nemes (Hungarian Helsinki Committee)
El caso de Hungría ilustra el gran impacto que el contexto político y las expectativas generales pueden tener en la prevención de la tortura. En Hungría existe una discrepancia interesante entre el desarrollo constante del marco jurídico por una parte y las tendencias en cuanto a la frecuencia de los malos tratos por otra.
Esta discrepancia se debe principalmente a la influencia del contexto político en las prácticas implementadas por las autoridades. Debido al aumento drástico de los índices de delincuencia tras la transición democrática, las mejoras innegables del marco jurídico tuvieron un efecto limitado: la frecuencia de los casos de malos tratos ha seguido siendo relativamente elevada. La mejora del marco jurídico ni tuvo un impacto ni redujo de manera significativa el número de denuncias por tortura hasta que disminuyó la agitación de los primeros años de transición y se instauró una política penal menos restrictiva que se centraba más en las salvaguardias.
En Hungría, se observa en pocos casos la enmienda manifiesta de la legislación para reducir el grado de prevención de la tortura. Sin embargo, en algunos casos las enmiendas legislativas dispersas que introducen cambios positivos no han podido remediar los problemas centrales de un área concreta. No obstante, desde el período en el que se hacía más hincapié en el orden público que en la defensa de los derechos (es decir, en la época posterior a las elecciones de 2010, cuando el número de denuncias por malos tratos alcanzó un nuevo nivel máximo tras los primeros años de la transición), incluso podemos citar ejemplos de enmiendas destinadas expresamente a debilitar ciertos mecanismos de prevención de la tortura reconocidos.
La voluntad política también se ha manifestado en las declaraciones políticas y las instrucciones dadas a la dirección de la policía, que reducen el nivel de implementación de las salvaguardias. El número récord de denuncias por malos tratos registrado en 2010 parece indicar que a pesar de contar con un marco jurídico relativamente bien desarrollado y sofisticado, las autoridades húngaras no son lo suficientemente fuertes tras dos décadas de democracia para evitar cambiar sus prácticas si una motivación política repentina muy fuerte las presiona a obtener resultados, aunque se tenga que pagar un precio elevado por ello.
Dr Amar Jesani (Indian Journal of Medical Ethics) y Dra. Jinee Lokaneeta (Drew University)
Durante las tres últimas décadas, la India se ha caracterizado por una falta casi absoluta de cambios con respecto a la incidencia (elevada) de casos de tortura y malos tratos y una disparidad marcada entre las protecciones jurídicas relativamente bien desarrolladas para las personas detenidas y las prácticas reales de los servicios policiales y penitenciarios.
El gran tamaño del país hace que sea difícil generalizar. La tortura ha sido peor en las áreas afectadas por conflictos persistentes, como Jammu y Cachemira, así como partes del país azotadas por la violencia comunitaria. Sin embargo, sería engañoso considerar que la tortura es algo conectado únicamente a la inestabilidad política o el conflicto. La tortura y los malos tratos son endémicos en el sistema de justicia penal indio. Esto refleja en parte fenómenos sociales como la naturaleza extremadamente jerárquica de la sociedad india y la violencia sistémica contra las mujeres; esto también se perpetúa por la falta de reforma en el sistema policial colonial heredado al independizarse el país en 1947. La policía se comporta como una fuerza ocupante en su propio país.
Ahora bien, a pesar de la abundancia de cifras, es difícil obtener datos fidedignos y precisos sobre la incidencia de la tortura. Las cifras relativas a las muertes acaecidas durante la detención – lo que constituye un problema social enorme – normalmente se emplean como indicador de la tortura, cuya incidencia exacta sigue siendo desconocida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India ha intentado documentar y abordar el problema de la tortura, sin conseguir resultados significativos. Varias decisiones progresistas del Tribunal Supremo indio casi no están reflejadas en la práctica en el ámbito local.
Dr. Budi Hernawan (Universitas Indonesia) y Profesor Chris Sidoti (investigador independiente)
Indonesia es un país muy extenso y muy diverso. Con 250 millones de personas, es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a población, un Estado archipelágico cuya vasta población se extiende a lo largo de más de 6.000 islas habitadas que cubren 5.000 km de este a oeste y 1.800 km de norte a sur. En un país de este tipo, la adopción de cualquier política es muy diferente de su implementación. Lo mismo ocurre con la prevención de la tortura. Incluso con la más firme determinación, prevenir la tortura en Indonesia será una tarea muy difícil. Es cierto que el trabajo ha avanzado y ha habido progresos, pero todavía queda mucho por hacer.
Para Indonesia, el período que cubre los últimos 30 años se divide claramente en dos partes casi iguales: el período autoritario del Nuevo Orden, que empezó en 1965 y duró hasta el levantamiento popular en 1998, y el período posterior denominado era reformasi, que empezó ese año y continúa. Durante el período del Nuevo Orden la tortura era generalizada, frecuente y grave. Las mejoras no llegaron inmediatamente después de derrocar al régimen del Nuevo Orden, sino de forma gradual cuando se resolvieron dos conflictos internos prolongados, en Timor-Leste y Aceh, y se redujo la intensidad de un tercero, en Papua. La mayor transparencia y la rendición de cuentas pública, principalmente a través del trabajo de la sociedad civil, y conflictos menos violentos dieron lugar a un cambio significativo y redujeron tanto la incidencia de la tortura como su gravedad en general.
Sin embargo, el fin del Nuevo Orden no puso fin a la tortura. El propio sistema no cambió lo suficiente para conseguirlo. Se sigue caracterizando por la deficiencia de sus leyes, del cumplimiento de ley, de su justicia, de sus dirigentes, de la formación, de la rendición de cuentas, de los procedimientos y de la transparencia.
Este capítulo examina la prevención de la tortura en Indonesia a través del contexto, la historia, la situación actual de la legislación y los procedimientos indonesios, las prácticas del ejército y la policía y los mecanismos internacionales y nacionales de monitoreo e investigación de las supuestas violaciones. Indica caminos a seguir para que las medidas de prevención de la tortura sean planeadas e implementadas de manera estratégica en lugar de ser medidas fortuitas o para fines específicos. La prevención de la tortura en Indonesia es difícil pero no imposible.
Indonesia. Foto: UNAMID
Irit Ballas (Public Committee Against Torture in Israel)
Ha habido cambios radicales con respecto a los actos de tortura cometidos por las autoridades israelíes en Israel y los territorios palestinos ocupados. A menudo se atribuyen al fallo polémico del Tribunal Superior de Justica en 1999, que prohibió ciertos métodos de tortura, pero facilitó al mismo tiempo su legalización. Después de la decisión del Tribunal, se redujo drásticamente el uso de prácticas de tortura grave, pero la tortura sigue existiendo, con el respaldo de cuadros judiciales y políticos.
El capítulo examina estos cambios significativos en las prácticas en materia de tortura, teniendo en cuenta el desarrollo y la implementación de los mecanismos de prevención de la tortura y su posible relación tanto con la cantidad como la gravedad de las prácticas de tortura. Un examen detenido de estos mecanismos revela que, en los años noventa, Israel experimentó cambios importantes en cuanto a la calidad y la cantidad de mecanismos diseñados para aumentar la supervisión de las personas que controlan a los y las detenidas. Estos cambios incluyen, entre otras cosas, el establecimiento de la Oficina del Defensor Público, la nueva Ley de detención y el establecimiento de un Departamento de Investigación Policial independiente.
Sin embargo, un examen más a fondo de estos mecanismos revela un tema recurrente: aunque ofrecen mecanismos que funcionan bastante bien para garantizar el bienestar de las personas detenidas, están diseñados de tal forma que impiden su eficacia en los casos de tortura más sistemáticos y graves. Esto se consigue, entre otras cosas, limitando el ámbito de aplicación de la legislación, excluyendo a establecimientos en los cuales es más probable que se cometan actos de tortura del mandato de estos mecanismos y creando una barrera institucional que impide el enjuiciamiento.
Un ejemplo es el de la supervisión judicial de los arrestos. La Ley de detención de 1996 incorpora cambios importantes en lo que respecta a la supervisión jurídica de los arrestos, como la obligación de llevar a la persona detenida rápidamente ante un/a juez/a. Sin embargo, la ley se aplica solamente a los y las detenidas ordinarias; los y las detenidas por motivos de seguridad son detenidas con arreglo a un régimen de excepción que permite períodos prolongados de detención antes del examen judicial. Además, a muchos/as detenidos/as palestinos/as se les aplica el derecho militar, otra forma de excepción, que permite que pasen períodos de tiempo todavía más largos. Así, la supervisión judicial de la detención es más débil en las circunstancias en las que es más necesaria.
Aida Baijumanova (American University of Central Asia), Moritz Birk (Insituto Ludwig Boltzmann Institute, Universidad de Viena) y Lira Ismailova
La tortura siempre ha sido una preocupación en Kirguistán y actualmente se reconoce que es una práctica extendida y rutinaria en el sistema de justicia penal. Se convirtió en algo particularmente preocupante en los años posteriores a la independencia, marcados por el declive económico, el aumento de la delincuencia y la emigración de investigadores/as experimentados/as. Mientras que las metas de desempeño en cuanto a casos resueltos establecidas para los y las agentes de policía se mantuvieron, el control y la supervisión internos disminuyeron e investigadores/as sin la preparación adecuada recurrían con mayor frecuencia a la violencia para obtener confesiones. El problema recibió una atención particular después de los enfrentamientos étnicos en junio de 2010 y los consiguientes actos de tortura sistemática cometidos por agentes de seguridad.
La República Kirguisa ha llevado a cabo numerosas reformas jurídicas para tipificar como delito la tortura y reforzar las garantías procesales, como la notificación a la familia o el acceso rápido a un/a abogado/a, un/a juez/a y un examen médico. Sin embargo, las reformas jurídicas no han dado los resultados necesarios. Esto se atribuye por un lado a una normativa insuficiente que especifique el acceso a las salvaguardias y el funcionamiento de las mismas. Un problema particular es la falta de una definición de la propia detención, lo que hace que no quede claro desde qué momento debe aplicarse la salvaguardia. Como consecuencia, la detención no oficial está generalizada y la mayoría de los casos de tortura ocurre antes del registro oficial de la persona detenida. Por otro lado, las partes interesadas responsables, como abogados/as, jueces y juezas y médicos/as, a menudo no son independientes de las fuerzas del orden y no tienen la capacidad suficiente, tanto personal como institucionalmente, para desempeñar las funciones pertinentes.
Esta situación es posible gracias a la falta de supervisión y rendición de cuentas. A pesar de la tipificación como delito de la tortura desde 2003, casi no ha habido condenas debido a la falta de un mecanismo de investigación independiente y eficaz y un poder judicial que no actúa frente a las acusaciones de tortura. La lentitud de las reformas y la ausencia total de rendición de cuentas por los actos de tortura y malos tratos cometidos después de los sucesos de junio de 2010 ponen en entredicho la voluntad del gobierno de luchar contra la impunidad.
Los grandes esfuerzos realizados durante los últimos años para establecer un sistema de monitoreo independiente y sistemático todavía no han mejorado la situación. En cambio, la independencia de laDefensoría del Pueblo y del Mecanismo Nacional de Prevención, recién establecido, cada vez se ve más amenazada. Asimismo, hasta ahora no han resultado eficaces y han dependido en gran parte del apoyo de ONG. Aunque el refuerzo del sistema de monitoreo es posible, no se podrá conseguir sin reformas jurídicas e institucionales adicionales y una compromiso verdadero de investigar todos los casos de tortura y enjuiciar a los y las responsables.
Kyrgyzstan. Foto: Etienne Combier
Nataly Herrera (investigadora independiente) y Dr. Tom Pegram (University College, Londres)
Este estudio exhaustivo sobre la prevalencia y la prevención de la tortura en Perú ofrece un informe excelente desde el punto de vista fáctico sobre la incidencia de la tortura (frecuencia, gravedad y distribución geográfica) durante el período de 1985 a 2014. Examina una serie de dimensiones fundamentales de análisis, p. ej. la legislación y la práctica en materia de detención, el enjuiciamiento por acusaciones de tortura, y mecanismos de denuncia y prácticas de monitoreo ante casos de tortura. Basándose en un amplio abanico de fuentes primarias, el estudio demuestra que la práctica de la tortura ha sido y continúa siendo utilizada ampliamente en Perú durante este período de 30 años. Hoy en día, la tortura representa la violación de los derechos humanos más grave y extendida en el país.
El estudio documenta varias etapas diferentes en la historia reciente de Perú que son pertinentes a la hora de explicar la evolución de las prácticas de tortura. Se presta una atención particular al impacto del conflicto armado interno brutal que azotó al país de 1980 a 2000. Sin embargo, también se trata de diferenciar analíticamente la violación de la tortura, una práctica arraigada históricamente, de las violaciones de derechos humanos masivas experimentadas en el contexto del conflicto. El regreso a la democracia en el año 2000 destacó un proceso de renovación significativa de las instituciones y el estado de derecho. Sin embargo, como revela este estudio, esto no supuso el fin de los abusos y la tortura sino más bien un cambio de perfil de las víctimas, los métodos empleados y las circunstancias en las que ocurrían. La policía se identifica como un centro neurálgico del fracaso en materia de prevención de la tortura. De manera similar, los sistemas judicial, procesal y penal profundamente disfuncionales constituyen deficiencias estructurales graves que continúan poniendo en peligro la prevención de la tortura y los derechos de las víctimas en Perú.
La Defensoría del Pueblo, que recientemente ha sido designada oficialmente como el Mecanismo Nacional de Prevención de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, es una esperanza de eficacia dentro del marco nacional deficiente en materia de derechos humanos de Perú. Sin embargo, como este estudio deja claro, es importante calibrar las expectativas puestas en los mecanismos de prevención de la tortura teniendo en cuenta las condiciones operativas.
Filipinas – Ricardo Sunga III (University of the Philippines)
¿Cuál es la relación entre las leyes filipinas contra la tortura y la incidencia de la tortura en las Filipinas? ¿Han logrado su propósito las medidas adoptadas para frenar la tortura? Estas son las preguntas a las que intenta responder esta investigación.
Este capítulo examina de forma crítica la tortura en las Filipinas de 1985 a 2013. Estudia la elevada incidencia de la tortura durante todo el período examinado. La tortura se encontraba en un punto máximo al principio del período, al final del régimen del Presidente Ferdinand Marcos, que había declarado la ley marcial y utilizaba la tortura como arma contra sus opositores/as. La tortura disminuyó ligeramente al final del régimen de Marcos, aunque su frecuencia, gravedad y extensión geográfica siguieron siendo altas.
Este capítulo también explora la legislación y la práctica en materia de detención y toma en consideración los progresos legislativos que culminaron en la promulgación de la Ley contra la tortura de 2009 de las Filipinas. El capítulo también examina la trayectoria de las Filipinas en cuanto al enjuiciamiento por casos de tortura antes y después de la promulgación de la Ley contra la tortura. Antes de que se promulgara la ley, se condenaba a los y las responsables de actos de tortura por una serie de delitos que iban del asesinato a la coacción. Después de su promulgación, se han presentado cargos por violaciones de la Ley contra la tortura de 2009, pero hasta el momento no ha habido ninguna condena.
El capítulo también tiene en cuenta el potencial creciente de la Comisión Filipina de Derechos Humanos, establecida en 1987 por la Constitución filipina, como mecanismo independiente de denuncia y monitoreo que tiene competencia para investigar denuncias de tortura y visitar los lugares de detención.
La población filipina tiene una expresión: doble kara. Significa ‘con dos caras’. Es una descripción bastante precisa de la situación en materia de prevención de la tortura en el país, donde la legislación y la práctica siguen difiriendo mucho.
Gwénaëlle Dereymaeker y Dr. Lukas Muntingh (University of the Western Cape)
Al salir del apartheid en 1990, Sudáfrica emprendió un programa amplio de reforma legislativa después de las primeras elecciones democráticas unos cuatro años más tarde. La brutalidad del régimen del apartheid todavía estaba presente en la memoria colectiva. En los últimos años del apartheid se instauró un estado nacional de emergencia que otorgó a las fuerzas de seguridad poderes ilimitados con poca supervisión, lo que dio lugar al uso generalizado de la tortura y la fuerza excesiva. La detención incomunicada y las muertes eran comunes entre las personas arrestadas por su oposición al régimen. El uso de la fuerza excesiva también era frecuente con los y las sospechosas y detenidas en relación con delitos comunes debido a un sistema de justicia penal basado en confesiones y tribunales que no cuestionaban el origen de las pruebas.
Después de 1994, existían grandes esperanzas de que el país se convirtiera en un ejemplo y estableciera una sociedad caracterizada por su constitución liberal y Carta de Derechos. La nueva Sudáfrica sería la clara antítesis de su predecesora. En la primera década de democracia se avanzó rápidamente para desmantelar los marcos jurídicos e institucionales creados bajo el régimen de la minoría blanca. La Constitución otorgó derechos amplios y obligó al Estado a crear una serie de instituciones para promover y proteger la democracia. Así, se crearon instituciones específicas para la supervisión del sistema policial y penitenciario. Como consecuencia, en la primera década de democracia se realizaron avances estructurales importantes para abordar la tortura y otros malos tratos.
Sin embargo, todas las pruebas disponibles muestran que se retrocedió gradualmente aproximadamente a partir de 2005 y que el resultado ha sido el aumento del uso de la fuerza por los servicios de seguridad y, en última instancia, de la incidencia de la tortura. Esto se atribuye a una situación de impunidad de hecho creada por varios factores funcionales. Algunos factores fundamentales son: dirigentes políticos/as mediocres y una reacción alérgica cada vez mayor del Estado a cualquier forma de responsabilidad; la politización de instituciones clave (p. ej. la policía y la Fiscalía Nacional); una estrategia mal planteada para hacer frente a la tasa elevada de delitos violentos respaldada por la retórica provocadora de los y las dirigentes políticos/as; formación deficiente y aplicación débil de la disciplina en la policía y el sistema penitenciario y la falta de enjuiciamiento de los y las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley por violaciones de los derechos. Además, la incidencia de la tortura se debe examinar teniendo en cuenta que Sudáfrica es una sociedad violenta. El estudio de caso sudafricano demuestra claramente los límites de la reforma legislativa como mecanismo para reducir la incidencia de la tortura y otros malos tratos y la importancia de factores sociales y políticos más amplios en la incidencia.
Sudáfrica. Foto: Bistandsaktuelt
Dra. Fatma Raach (Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis)
La realización de este estudio sobre la evolución de la prevención de la tortura en Túnez durante 30 años no habría sido posible si el pueblo tunecino no hubiera decidido romper el silencio y empezar una nueva era. La tortura todavía existe en Túnez, pero la respuesta a esta práctica ha cambiado. Durante el largo período de dictadura, las autoridades solían adoptar reformas jurídicas para satisfacer a la comunidad internacional en todos los sectores, incluido en materia de legislación sobre ladetención y el enjuiciamiento. Se establecieron mecanismos de monitoreo y denuncia y se ratificaron acuerdos internacionales. Sin embargo, los actos de tortura seguían produciéndose. El aspecto jurídico no era un factor determinante en la prevención de la tortura. La práctica sí que lo era. Las disposiciones jurídicas en materia de legislación sobre la detención y el enjuiciamiento contenían lagunas importantes, como la ausencia de comparecencia rápida ante un/a juez/a y el acceso rápido a un/a abogado/a, pero el punto esencial era el incumplimiento incluso de las protecciones existentes.
En Túnez, la evolución del marco jurídico y los mecanismos de prevención fue gradual. La falta de independencia y poder de los mecanismos de monitoreo tiene un efecto importante en la incidencia de la tortura. Además, la debilidad y la falta de independencia del poder judicial colocaban a las personas detenidas en una situación vulnerable. Reforzaban la impunidad y animaban a los y las torturadoras a continuar. Tras el levantamiento en favor de la democracia, las autoridades cambiaron su actitud, se establecieron muchos proyectos de reforma y se creó una autoridad nacional para la prevención de la tortura. La población tunecina espera un verdadero cambio con optimismo, pero también escepticismo. La lucha por el fin de la impunidad y la erradicación de la tortura continúa.
Dr. Kerem Altiparmak (Universidad de Ankara), Dr. Richard Carver y Dra. Lisa Handley (Oxford Brookes University)
Turquía constituye un estudio de caso particularmente interesante de la interacción entre los factores políticos y la prevención de la tortura. La disminución de la incidencia de la tortura durante el período de 30 años que cubre el estudio estuvo claramente influida por una serie de factores políticos: el declive de la laicidad kemalista, las fluctuaciones de la lucha política kurda y las aspiraciones de Turquía de adherirse a la Unión Europea.
La incidencia de la tortura en los casos tanto políticos como no políticos fue sumamente elevada en los años ochenta y noventa. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI la confluencia de los tres factores políticos llevó a una serie de reformas procesales, en concreto una mejora significativa de las salvaguardias ofrecidas en los primeros días de detención. La incidencia de la tortura mostró una disminución constante durante la primera década del siglo XXI, aunque los malos tratos infligidos a manifestantes empezaron a aumentar de nuevo hacia el final del período de estudio, a medida que la disidencia pública informal se extendió. Ha vuelto a aumentar desde que concluimos la investigación y las autoridades han vuelto a utilizar la seguridad nacional como pretexto para emplear medidas severas.
Turquía también representa un claro estudio de caso del sometimiento voluntario de un Estado a un mecanismo regional de derechos humanos. Ha sido objeto de visitas casi anuales del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde principios de los años noventa y ha recibido muchos fallos desfavorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aunque el Estado turco ha sido lento a la hora de cumplir las sentencias del TEDH, parecen haber desempeñado un papel particularmente importante en el establecimiento de la inaceptabilidad política de la tortura.
Dr. Richard Carver (Oxford Brookes University)
El Reino Unido ha hecho avances importantes en la reducción de la incidencia de la tortura durante los 30 años de este estudio. En los años setenta y ochenta, las fuerzas de seguridad de Irlanda del Norte cometían a menudo actos de tortura y malos tratos, lo que culminó en un celebrado fallo contra el Reino Unido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Inglaterra, los malos tratos infligidos por la policía habían llevado a graves errores judiciales basados en confesiones falsas, algunos de las cuales, pero no todos, estaban relacionados con el conflicto irlandés.
De principios a mediados de los años ochenta, se introdujeron varias medidas de prevención: la Ley de policía y medios de prueba en materia penal (PACE, por sus siglas en inglés), que mejoró mucho las protecciones para los y las presuntas delincuentes después de su arresto, una nueva fiscalía independiente y un cuerpo de inspección penitenciaria independiente. Las mejoras procesales introducidas por la PACE dieron lugar a resultados positivos inmediatos en Inglaterra y Gales.
La aplicación de la PACE en Irlanda del Norte también contribuyó a una reducción de los malos tratos, pero fue la concertación de una paz duradera al conflicto civil como parte del Acuerdo de Belfast firmado en 1998 lo que puso fin definitivamente a la tortura y los malos tratos. La reforma de la policía fue fundamental para la solución política, ya que se sustituyó la antigua Policía Real del Ulster por un nuevo servicio de policía aceptable para toda la comunidad. Un nuevo órgano de supervisión, el Ombudsman de la Policía, también resultó ser un medio eficaz para investigar denuncias de malos tratos.
La tortura ha persistido en situaciones que se encuentran fuera del ámbito de actuación de estos mecanismos de prevención, como la ocupación británica del sur de Irak a mediados de la primera década del siglo XXI.
Reino Unido. Foto: Joshua Hayes