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La fachada de una de las sucursales del banco BNP Paribas en París, el 31 de enero de 2008(afp_tickers)
Tres asociaciones anunciaron que este jueves presentarán en Francia una demanda contra el banco BNP Paribas por "complicidad de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad" en el genocidio de Ruanda de 1994.
La asociación anticorrupción Sherpa, el Colectivo de Partes Civiles para Ruanda (CPCR) y la ONG Ibuka France acusan al banco de haber permitido la "financiación de la compra de 80 toneladas de armas, que sirvieron para perpetrar el genocidio", según un comunicado.
"El banco no podía tener dudas sobre las intenciones genocidas de las autoridades del país para el que autorizó la transferencia" de fondos, en junio de 1994, indica el texto.
Al ser contactado por la AFP, un portavoz de BNP Paribas dijo que se habían enterado a través de la prensa de la presentación de la demanda. "En estos momentos no disponemos de elementos suficientes para poder comentarla", señaló.
Las tres asociaciones afirman que BNP -que luego pasó a llamarse BNP Paribas-, "autorizó en junio de 1994 dos transferencias de fondos de una cuenta que tenía el Banco Nacional de Ruanda (BNR) en su entidad a una cuenta en el banco suizo UBP", a nombre de Willem Tertius Ehlers, un intermediario sudafricano "propietario en aquel momento de una empresa de armas llamada Delta Aero".
Las asociaciones denunciantes afirman que estas transferencias, del 14 y el 16 de junio y por un monto de más de 1,3 millones de dólares (1,14 millones de euros), se realizaron un mes después de que la ONU hubiera decretado un embargo de armas a Ruanda, donde había comenzado el genocidio de los tutsi.
Según la ONU, el conflicto dejó entre abril y julio de 1994 unos 800.000 muertos, principalmente entre la minoría tutsi.
Después, Ehlers y el coronel Théoneste Bagosora, un militar ruandés hutu -que más tarde sería condenado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda- habrían concluido una venta de armas en Seychelles junto a intermediarios de Zaire, según las asociaciones demandantes.
AFP