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Un número adecuado de personal sanitario suficientemente capacitado debe asignarse a cada prisión. Las personas que componen este cuerpo profesional deben ser seleccionadas por sus competencias profesionales y por su integridad personal. El pago y los beneficios deben ser equivalentes a los del personal sanitario que trabaja en la comunidad con el fin de atraer al personal adecuado. En general, el personal sanitario asignado a las prisiones debe incluir, como mínimo, médicos y médicas generales y personal de enfermería. Debe estar disponible en todo momento del día o de la noche con el fin de responder a las emergencias médicas, así como a otros problemas de salud. El resto de miembros del personal, tales como psiquiatras, psicólogos y psicólogas, dentistas, fisioterapeutas, etc. deberán estar de manera continua en la prisión o visitarla periódicamente en función del volumen de la población penitenciaria.
El número y el tipo de especialización del personal sanitario, de facto, dependerán de la población total y del perfil general de las personas detenidas en cada prisión. Por ejemplo, donde haya una alta rotación de personas detenidas con problemas de dependencia a las drogas o el alcohol, se deberá garantizar la presencia de especialistas en terapia de sustitución/rehabilitación de drogas. Debe haber un número suficiente de profesionales de la salud femenina en las prisiones, en especial en aquellos centros penitenciarios en los que hay mujeres detenidas.
Las personas detenidas deben poder tener acceso a estudios médicos y a cuidados que no estén disponibles en la prisión. Esto se lleva a cabo normalmente mediante la remisión de la persona detenida a la clínica u hospital local aunque, en algunos contextos, especialistas de los hospitales pueden tener la opción de visitar el centro de detención regularmente. Esto puede ayudar a la administración de la prisión en términos de reducción de la demanda de seguridad y transporte a los establecimientos de salud del exterior.
Las personas detenidas, incluso las que tienen una formación previa en el cuidado de la salud, no deben llevar a cabo ninguna función del servicio de atención médica de la prisión. Esto crea el riesgo de brechas en la confidencialidad médica y en la confianza de la independencia del servicio de atención médica.