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Legalmente, nada impedía a las autoridades helvéticas sumarse a las sanciones de la ONU contra el régimen del apartheid en África del Sur.
Un estudio del Fondo Nacional para la Investigación Científica afirma que la política suiza hacia el régimen racista de Pretoria fue dictada por intereses económicos.
En el marco del Programa Nacional de Investigación 42 +, el jurista bernés Jörg Künzli examinó el margen de maniobra jurídica del que disponía la política exterior suiza hacia el régimen sudafricano de segregación entre 1976 y 1994.
Según el estudio Zwischen Recht und Politik (Entre el derecho y la política) que acaba de ser publicado, ni el derecho internacional, ni el respeto de la neutralidad, ni la legislación suiza prohibían al Consejo federal (gobierno) reaccionar a las violaciones de los derechos humanos en África del Sur.
Es decir, las autoridades helvéticas de la época habrían podido estabilizar los cambios o participar en las sanciones de la ONU en la misma medida que los principales socios comerciales de Suiza.
Prioridad a la economía
La sistemática negativa de las autoridades federales a aplicar medidas eficaces contra la segregación en África del Sur únicamente se explica por una voluntad puramente económica, afirma el jurista. Se trataba, en toda la medida de lo posible, de "no obstaculizar el comercio con el país del apartheid, sino de promoverlo".
Para Jörg Künzli, el Consejo federal y la mayoría del Parlamento mantuvieron deliberadamente lagunas en la legislación sobre el comercio exterior para no perjudicar los intereses de empresas suizas.
Así, la transferencia de tecnologías, la exportación de bienes de uso doble (militar y civil) y la cooperación en materia de investigación nuclear no fueron reglamentadas.
El gobierno se opuso con éxito a las intervenciones parlamentarias que tendían a solucionar esas carencias de la ley. Sólo al final del régimen del Apartheid, y bajo la presión de la comunidad internacional, sometió la exportación de bienes de uso doble a un verdadero control.
Estas lagunas eran incompatibles con el embargo de la ONU sobre las armas. Suiza no estaba directamente vinculada al embargo, pero tenía que respetarlo en virtud de sus obligaciones de solidaridad derivadas del derecho consuetudinario, según el estudio.
Otra política posible
El autor del estudio presume que se efectuaron exportaciones en violación del embargo. La entrega de avión PC-7 en Bophutatswana (territorio nativo creado por Pretoria), así como el abastecimiento de explosivos y de productos químicos en África del Sur eran claramente contrarios al embargo.
El reciente caso de Irak demuestra que otra política era posible, subraya el estudio. Las autoridades federales colmaron las lagunas legislativas y Suiza se sumó a las sanciones de la ONU.
Neutralidad violada
En cuanto al derecho de la neutralidad, la colaboración de los servicios de inteligencia de Berna y Pretoria es el solo caso demostrado de violación. Pero la actitud general de Suiza hacia el gobierno sudafricano de la época era contraria a una política de neutralidad digna de crédito, anota el investigador.
Suiza reconoció el derecho del pueblo namibio a la autodeterminación y condenó la creación del 'homelands’ (territorios nativos). Pero, explícitamente no reprobó la ocupación de Namibia por parte de África del Sur y fue el único país europeo en reconocer los documentos de identidad de los Bantustanos u 'homelands’.
"Profundamente envarada en la óptica de la Guerra Fría, Suiza dio prueba de una gran comprensión hacia la óptica sudafricana y con ello relativizó las violaciones del derecho internacional cometidas por este Estado", escribe Jörg Künzli.
swissinfo y agencias
Contexto
El estudio Zwischen Recht und Politik (Entre el derecho y la política) se inscribe en el marco del Programa Nacional de Investigación 42+.
Su autor, el jurista bernés Jörg Künzli, examinó el margen de maniobra jurídica del que disponía Suiza hacia el régimen sudafricano de segregación (1976-1994).
El investigador estima que la política suiza hacia el régimen racista de Pretoria fue dictada por intereses económicos.