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En el momento de la pandemia de Covid-19, las medidas coercitivas unilaterales siguen causando estragos. Este hecho es aún más preocupante en el contexto actual, marcado por una profunda crisis económica que, tras la pandemia, se está agudizando.
Las medidas coercitivas unilaterales son instrumentos utilizados por algunos gobiernos con fines políticos. Estas medidas pueden tomar la forma de sanciones económicas y financieras, embargos comerciales u otras medidas de ese tipo. Su objetivo es establecer barreras comerciales y bancarias para impedir, por ejemplo, la compra de medicamentos, equipo médico, alimentos y otros bienes esenciales. Las consecuencias nefastas de esas medidas son dramáticas, especialmente en el contexto de la pandemia de Covid-19, y afectan prácticamente a todos los derechos humanos, en particular al derecho a la vida. En este sentido, su mantenimiento es simplemente criminal.
Hoy en día, muchos países están sujetos a múltiples formas de sanciones[1]. Si bien algunas de ellas son decretadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (embargos de armas, por ejemplo, para ciertos países en conflicto armado), la mayoría de esas sanciones son impuestas unilateralmente por los Estados Unidos de América y apoyadas por sus aliados más próximos, como la Unión Europea. Contrariamente a las declaraciones oficiales, el objetivo de estos Estados, aprovechando de su posición dominante en la escena internacional, es desestabilizar el aparato económico del país en cuestión que no se somete a su voluntad y crear las condiciones para provocar un cambio de gobierno.
Entre los ejemplos de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos se encuentra el caso de Cuba, sometida a sanciones que tienen el triste récord de ser las más largas (desde 1962) y crueles (bloqueo total). Este pequeño país insular tiene por sí solo todas las características y consecuencias adversas de las medidas coercitivas unilaterales, que afectan prácticamente a todos los sectores: energía, industria, tecnología, inmobiliaria, infraestructura, agricultura, construcción, turismo, banca y finanzas. Además, Cuba está privada de ingresos en divisas y encuentra grandes obstáculos en el suministro de productos de primera necesidad, incluidos alimentos y medicinas, así como en la exportación de sus productos.
Recientemente, algunas empresas se han negado a suministrar a Cuba aparatos respiratorios, que son esenciales para salvar las vidas de las personas afectadas por el Covid-19, para evitar de ser sancionadas por Estados Unidos. Mas grave aún, un país como Suiza, que se considera neutro, contribuye a estas sanciones unilaterales. De hecho, además de los bancos privados suizos, PostFinance Suiza (una institución financiera pública) también ha suspendido recientemente todas las transferencias de dinero hacia Cuba[2], impidiendo así que las asociaciones suizas colaboren con las entidades sanitarias cubanas.
Este bloqueo constituye el principal obstáculo para el desarrollo de todo el potencial de la economía cubana. Como hemos subrayado en varias ocasiones, estas medidas “cuestan sobre todo incontables sacrificios al pueblo cubano, privado del goce de sus derechos humanos elementales, incluidos el derecho a la autodeterminación y al desarrollo.”[3].
Se pueden observar repercusiones similares en otros países que son objeto de medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos, como Venezuela, Irán y Siria.
Las medidas coercitivas unilaterales son, en toda circunstancia, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y violan sus disposiciones, en particular la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos. Los órganos de las Naciones Unidas (Asamblea General[4] y Consejo de Derechos Humanos[5] entre otros) han condenado repetidamente tales medidas.
Recientemente, un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron a los Estados Unidos “que levanten su embargo económico y financiero contra Cuba, el cual obstaculiza las respuestas humanitarias para ayudar al sistema de salud del país a combatir la pandemia del COVID-19”[6].
Por su parte, la nueva Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, subrayó que en el contexto de la actual pandemia, “para afrontar la crisis del COVID-19 es preciso disponer de una estrategia sensitiva de derechos humanos y eso incluye el levantamiento de todas las sanciones coercitivas establecidas entre los Estados“. En su declaración individual publicada anteriormente, recordó que “los países sancionados sufren severas repercusiones, porque no pueden usar sus ingresos para adquirir equipos, medicinas, sustancias antivirales y alimentos en los mercados internacionales“[7].
Nos enfrentamos a una crisis de magnitud excepcional, que afecta a todos los aspectos de la vida y el funcionamiento de las sociedades de todo el mundo. La lucha contra el Covid-19, que no conoce fronteras, requiere un espíritu de respeto mutuo, cooperación internacional y solidaridad entre los pueblos y los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Según Alfred de Zayas, antiguo Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, los Estados Unidos y todos los demás Estados que recurren a medidas coercitivas unilaterales tienen responsabilidad civil y penal, y como tal la Corte Penal Internacional debe condenar esas prácticas como crímenes de lesa humanidad, con arreglo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional[8].
Las medidas coercitivas unilaterales socavan la capacidad de los países interesados para hacer frente a la pandemia y el modelo de desarrollo elegido, de conformidad con el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Por esta razón, el CETIM reitera su demanda para el levantamiento inmediato y completo de todas las medidas coercitivas unilaterales sin condiciones.
[1] Estos países incluyen: Bielorrusia, Burundi, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia, Myanmar, Palestina, Pakistán, Rusia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen, Venezuela, Zimbabwe…
[4] Véase, entre otras, la resolución 74/200, adoptada el 19 de diciembre de 2019.
[5]Véase, entre otras, la resolución 40/3, adoptada el 21 de marzo de 2019.
[6] Traducción del CETIM. Fuente: Declaración conjunta, “US must lift its Cuba embargo to save lives amid COVID-19 crisis, say UN experts”, 30 de abril de 2020, firmada por la Sra. Alena Douhan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sr. M. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, la Sra. Catalina Devandas-Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Sr. Livingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Sr. Obiora Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
[8] Véase la entrevista con el Sr. Alfred de Zayas, publicada en Horizons et débats, Nº 7, 14 de abril de 2020.