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97. El Comité examinó el informe inicial y el segundo y tercer informes periódicos combinados de la República de Guinea (CEDAW/C/GIN/1 a 3 y Corr.1) en sus sesiones 520a, 521a, y 524a, celebradas el 12 y el 16 de julio de 2001 (CEDAW/SR.520, 521 y 524).
98. Al presentar el informe inicial y el segundo y tercer informes periódicos combinado, la representante de Guinea informó al Comité de que había facilitado información adicional al Comité que abarcaba el período de 1998 a 2001. La representante indicó que Guinea había obtenido la independencia en 1958, y que la Constitución de la Segunda República de Guinea había sido aprobada el 23 de diciembre de 1990. El Preámbulo de la Constitución, que se había inspirado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamaba la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. La Constitución protegía los derechos de todos los guineanos, y las mujeres estaban facultadas para presentar denuncias de discriminación por razón del sexo ante los tribunales civiles, penales y administrativos, así como ante la Corte Suprema. La Constitución garantizaba también el derecho al trabajo, y disponía que el Estado debía establecer las condiciones necesarias para ejercer este derecho. Una ordenanza disponía asimismo la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, sin distinciones de origen, sexo o edad.
99. La representante informó al Comité de que, aunque la definición de discriminación contra la mujer formulada en el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no estaba integrada explícitamente en la legislación del país, el principio de la igualdad entre mujeres y hombres no bastaba para modificar los comportamientos y la mentalidad adquiridos a lo largo de siglos de tradición, habida cuenta de la coexistencia de las leyes escritas y las costumbres en el marco jurídico de Guinea. Sin embargo, la discriminación persistía aún en muchas disposiciones del código civil. El marido estaba considerado como el jefe de la familia y podía decidir la ubicación del domicilio familiar; el nacimiento de un hijo tenía que ser declarado por el padre, cuando no por los doctores o enfermeros o las personas presentes en el parto; y los hijos estaban bajo la guarda del padre a partir de los 7 años de edad, a menos que hubiese un acuerdo especial entre las partes. La representante indicó también que las viudas sin hijos eran objeto de discriminación, y que se daba preferencia al tío de un niño con respecto a la madre si el padre estaba incapacitado o no podía ejercer su autoridad paterna.
100. La representante indicó que si bien los artículos 285 a 287 del código penal establecían severas penas para los delitos de violencia sexual, la legislación todavía no había abordado el problema del acoso sexual. La representante observó que, pese a algunos avances a este respecto, el disfrute de los derechos por la mujer seguía estando limitado por diversos factores, en particular unos procedimientos administrativos complicados, la falta de conocimiento de los procedimientos judiciales, una información y unos datos estadísticos insuficientes y la persistencia de actitudes negativas hacia la mujer. La representante indicó que el Gobierno era consciente de las prácticas discriminatorias y estaba adoptando medidas más favorables para combatirlas, en particular mediante la creación de una red de centros de coordinación sobre la mujer en numerosos ministerios e instituciones a través del país.
101. La representante indicó que en 1996 se había establecido el Ministerio de Asuntos Sociales, de la Promoción de la Mujer y de la Infancia con el fin de coordinar las políticas nacionales para el avance de la mujer, la protección social, la educación preescolar y la protección de la infancia. La representante declaró que los objetivos del Programa marco del Gobierno sobre el género y el desarrollo incluía un enfoque del desarrollo participativo, equitativo y humano destinado a reducir las diferencias en el disfrute de los derechos y a fortalecer la justicia social.
102. La representante indicó que la violencia contra la mujer en el seno de la familia revestía muchas formas diferentes, como la violencia psicológica, las palizas, el repudio, el levirato, el sororato, los matrimonios forzados y precoces y la mutilación genital de la mujer. El Gobierno había iniciado campañas de sensibilización para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Desde 1985, se celebraba el 27 de agosto como Día Nacional de la Mujer Guineana. Esta fecha era motivo de muchas actividades para promover el adelanto de la mujer y había sido una ocasión para que el Gobierno evaluase los progresos realizados durante el año anterior en materia de derechos de la mujer.
103. La representante indicó que una de las lacras sociales del país era la prostitución, a la que contribuían los problemas de pobreza y la degradación de los valores morales. La prostitución era ilegal y la sociedad la rechazaba y condenaba.
104. La representante declaró que, después de las elecciones de 1995, las diputadas ocupaban 10 de los 114 escaños en la Asamblea Nacional. Indicó también que de los 25 ministros y tres secretarios de Estado, cuatro eran mujeres, y que de los 14 magistrados de la Corte Suprema tres eran mujeres. La representante declaró que el escaso número de mujeres en el Gobierno demostraba la marginación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones públicas.
105. La representante informó al Comité de que el 85% de las mujeres eran analfabetas, en comparación con un 62% de los hombres. El Gobierno había introducido medidas especiales pera combatir el analfabetismo de las mujeres y las niñas, en particular mediante la creación de órganos y programas especiales, como el Comité de Igualdad del Departamento de Educación para el adelanto de las muchachas.
106. La representante señaló que el Código de Trabajo regulaba el trabajo de la mujer, y que las cuestiones relacionadas con la maternidad, la salud y la seguridad eran objeto de otros reglamentos. El objetivo de estos reglamentos era permitir a la mujer conciliar sus diversos papeles como madres, esposas y trabajadoras.
107. La representante indicó que la situación de las mujeres con VIH/SIDA era un grave motivo de preocupación. En 1987 hubo ocho hombres infectados con VIH/SIDA, en comparación con una mujer. En 1996, la proporción de personas infectadas fue de tres hombres por una mujer, y en 1997 de dos hombres infectados por cada mujer. La representante añadió que no había discriminación por motivo del género en relación con la atención de salud y el acceso a los servicios sanitarios, pero que en la práctica existían disparidades entre géneros en esta esfera.
108. La representante declaró que se había creado un Fondo Nacional de Seguridad Social para los asalariados, y que los servicios sociales y de seguridad se ofrecían a las personas sin carácter discriminatorio. Sin embargo, la legislación disponía actualmente que los subsidios familiares se pagasen a los varones jefes de familia, mas que a las mujeres. La discriminación también limitaba el acceso de las mujeres al crédito, y se reflejaba en la negativa de los empleados a contratar mujeres porque podían quedar embarazadas, y en la preferencia para dar educación a los hijos más que a las hijas.
109. Para concluir, la representante informó al Comité de que diversos factores impedían al Gobierno cumplir su deseo de aplicar plenamente la Convención: la escasa asignación de fondos a los sectores sociales y, en particular para el adelanto de la mujer; la fuerte deuda exterior y el servicio de la deuda; y la reciente llegada de refugiados de Liberia y Sierra Leona. La representante indicó que su Gobierno acogería complacido el apoyo internacional en sus esfuerzos para aplicar la Convención y mejorar la posición de las mujeres en Guinea.
Introducción
110. El Comité expresa su agradecimiento al Gobierno por su informe inicial y su segundo y tercer informes periódicos combinados que, aunque recibidos con retraso, se ajustaban a las directrices del Comité para la presentación de informes. El Comité elogia al Gobierno por su extensa exposición verbal y la documentación escrita de antecedentes, en la que se actualizaba la situación en el país desde la presentación del informe en 1997 y se daban más detalles sobre la aplicación de la Convención.
111. El Comité elogia al Gobierno por haber enviado una nutrida delegación de alto nivel encabezada por la Ministra de Asuntos Sociales, de la Promoción de la Mujer y de la Infancia. Agradece la franqueza con que se ha preparado el informe y la clara presentación del Estado parte, que ha permitido al Comité entablar un diálogo constructivo, y acoge complacido el deseo de la delegación de llevar a cabo actividades de seguimiento en el actual período de sesiones.
112. El Comité acoge favorablemente el hecho de que Guinea ratificase la Convención sin reservas y acoge complacido los esfuerzos realizados por el Gobierno para aplicar la Convención.
113. El Comité acoge complacido la aprobación del Programa marco sobre el género y el desarrollo para 1997-2001, que integra las perspectivas del género en la legislación, las políticas y las estructuras de poder, la economía y la reducción de la pobreza, la educación y el alfabetismo, y la salud y los mecanismos institucionales. El Comité acoge complacido, en particular, la creación por el Estado parte del Ministerio de Asuntos Sociales, de la Promoción de la Mujer y de la Infancia, encargado de la aplicación y seguimiento de la política oficial sobre las mujeres y los niños.
114. El Comité elogia al Gobierno por las numerosas reformas introducidas en la legislación desde la ratificación de la Convención en 1982, en particular la reforma de la Constitución, del código penal, del código civil y del código del estatuto personal y el derecho de familia, que actualmente es objeto de nuevas enmiendas para promover los derechos de la mujer.
115. El Comité elogia al Gobierno por sus esfuerzos para poner en vigor normas que castiguen la mutilación genital femenina así como por las medidas adoptadas para que los médicos puedan ganarse la vida de otra forma. También acoge complacido el establecimiento de centros de asistencia legal para difundir información sobre los derechos de las mujeres.
116. El Comité observa que la persistencia de prejuicios y estereotipos con respecto al papel de la mujer en la familia y la sociedad, basados en la idea de la superioridad del varón y la consiguiente subordinación de las mujeres a los hombres, así como las prácticas discriminatorias y tradicionales y una alta tasa de analfabetismo entre las mujeres, son obstáculos graves para la aplicación de la Convención y el disfrute por las mujeres de sus derechos.
117. El Comité reconoce que la difícil situación económica, el alto grado de pobreza, la presencia de 1 millón de refugiados y personas desplazadas y los conflictos armados en los países vecinos repercuten negativamente en los esfuerzos del Estado parte para aplicar la Convención.
118. El Comité manifiesta su preocupación por que, si bien la Constitución establece la igualdad de todos los ciudadanos, no contiene una definición de lo que constituye la discriminación contra la mujer según el artículo 1 de la Convención, que prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta. El Comité nota con preocupación que, si bien la Convención, que garantiza el derecho a la igualdad, prevalece en principio sobre el derecho interno, existen muchas disposiciones discriminatorias en la legislación general y los usos refuerzan la discriminación contra la mujer en Guinea.
119. El Comité insta al Gobierno a que modifique la Constitución para que incluya una definición de la discriminación contra la mujer, concebida según el artículo 1 de la Convención. Ruega al Estado parte que adopte medidas para eliminar la contradicción entre las garantías constitucionales por una parte y las demás leyes discriminatorias por la otra, emprendiendo un plan global de acción de reforma legislativa y adoptando un mecanismo que permita a la mujer oponerse a la discriminación y hacer valer sus derechos garantizados por la Constitución ante los tribunales.
120. El Comité manifiesta preocupación por el desfase actual entre la igualdad de jure y de facto de la mujer y del hombre y la perduración de prácticas discriminatorias que siguen discriminando contra la mujer.
121. El Comité alienta al Gobierno a garantizar la plena aplicación de leyes y políticas que implanten la igualdad de jure y tiendan a eliminar la discriminación contra la mujer, así como a establecer un sistema de vigilancia para garantizar la aplicación de esas leyes. Recomienda que el Gobierno procure que todos los responsables de la aplicación de estas leyes y políticas en todos los niveles estén plenamente apercibidos de su contenido y que emprendan campañas de educación de la opinión pública y de alfabetización jurídica para difundir el conocimiento de estas políticas y leyes.
122. El Comité observa con preocupación que, a pesar de las disposiciones legales, usos tales como la mutilación genital femenina, la poligamia y los matrimonios forzosos, inclusive el levirato y el sororato, y la discriminación en la custodia de los niños y la herencia, gozan de una amplia aceptación social y no son castigados. También expresa preocupación por las disposiciones de derecho de familia incluidas en el Código Civil que discriminan contra la mujer y consolidan prácticas sociales discriminatorias. También preocupa al Comité el hecho de que el Gobierno se apoye en usos y costumbres sociales para justificar la no aplicación del Código Civil.
123. El Comité recomienda al Gobierno que desarrolle un plan de acción, con inclusión de una campaña de información de la opinión pública, dirigida tanto a los hombres como a las mujeres, con el apoyo de la sociedad civil y los interlocutores sociales, de suerte que se eliminen el desajuste entre el ordenamiento jurídico y los usos y costumbres sociales, especialmente en lo que respecta al derecho de familia. Alienta al Estado parte a colaborar con los ministerios competentes y con las organizaciones no gubernamentales, con inclusión de colegios de abogados y agrupaciones femeninas, para crear un entorno favorable a la reforma legislativa y a la aplicación efectiva de la ley. El Comité pide al Gobierno que facilite a la mujer el conocimiento de sus derechos y explore y aplique métodos innovadores para llegar a las mujeres analfabetas.
124. Al Comité le preocupa que el concepto del predominio masculino siga arraigado en algunas disposiciones de la ley de nacionalidad.
125. El Comité recomienda que los cónyuges de ambos sexos que contraigan matrimonio con extranjeros sean tratados del mismo modo en las normas que rigen la nacionalidad. El Comité insta también al Gobierno a que garantice la aplicación de la noción del jus sanguinis para que los hijos de matrimonios mixtos nacidos fuera del país puedan adquirir la nacionalidad a través de su madre guineana.
126. El Comité expresa su preocupación por el alto grado de analfabetismo entre mujeres y niñas y el bajo nivel de escolarización de niñas, especialmente en zonas rurales. Observa que la enseñanza es la llave de la potenciación de la mujer y que el bajo nivel de la enseñanza de la mujer y de la niña sigue siendo uno de los más graves impedimentos al pleno goce de sus derechos humanos y al desarrollo nacional sostenible.
127. El Comité insta al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para elevar el nivel de alfabetización de niñas y mujeres y mejorar el acceso de la niña y de la joven a todos los grados de la enseñanza y evitar que abandonen la escuela. Alienta al Gobierno a introducir nuevas medidas especiales en materia de educación, tales como incentivos a los padres para que manden sus hijas a la escuela y contratación de maestras.
128. Aunque el Gobierno ha progresado en la satisfacción de las necesidades básicas de salud de la población, preocupa al Comité la incidencia de mortalidad maternoinfantil, la persistente práctica y el alto índice de mutilación genital femenina, la falta de acceso de la mujer a los servicios de atención de salud y la falta de acceso a servicios de planificación familiar.
129. El Comité recomienda al Gobierno que oriente sus políticas y recursos a la mejora de la situación de la salud de la mujer, en particular por lo que corresponde a la mortalidad maternoinfantil. Asimismo insta al Gobierno a incrementar el acceso de la mujer a los servicios de asistencia sanitaria y planificación familiar.
130. El Comité se declara alarmado ante el creciente índice de VIH/SIDA y la falta de medidas de tratamiento de mujeres y niñas infectadas y afectadas por el VIH/SIDA.
131. El Comité insta al Gobierno a que adopte medidas integrales de lucha contra la pandemia del VIH/SIDA, e incremente las medidas prácticas de prevención distribuyendo condones entre mujeres y hombres. Insta también al Gobierno que evite la discriminación contra mujeres y niñas infectadas por el VIH/SIDA a las que se debe prestar la ayuda adecuada. El Comité subraya el hecho de que la recogida de datos fidedignos sobre el VIH/SIDA es decisiva para un entendimiento adecuado de la pandemia.
132. El Comité manifiesta preocupación por las actitudes estereotipadas sobre la función de la mujer y el hombre en la sociedad, lo que prueba la escasa representación de la mujer en órganos decisorios, tales como la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Poder Judicial. El Comité observa que el Gobierno no ha aplicado las medidas especiales de carácter temporal establecidas en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.
133. El Comité recomienda al Gobierno que aplique la noción de las medidas especiales de carácter temporal para ampliar el número de mujeres en puestos directivos de todas las categorías y en todos los sectores. Recomienda al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para promover a la mujer a puestos de poder organizando programas especiales de capacitación de mujeres y desarrollando campañas de adoctrinamiento sobre la importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos los niveles.
134. El Comité expresa su preocupación por la violencia existente contra la mujer y la niña, con inclusión de la violencia en el hogar, los malos tratos de obra, el repudio, los matrimonios prematuros y forzados y el abuso de viudas y mujeres menopáusicas.
135. El Comité insta al Gobierno a que dé la máxima prioridad a la cuestión de la violencia contra la mujer y reconozca que esa violencia, incluida la violencia en el hogar, constituye una violación de los derechos humanos de la mujer en virtud de la Convención. A la luz de su recomendación general 195, el Comité pide al Gobierno que promulgue una legislación sobre la violencia en el hogar lo antes posible, en la que se tipifique como delito penal la violencia contra la mujer y las niñas y se dote a las víctimas de la violencia medios inmediatos de preparación y protección. El Comité recomienda asimismo la formación en cuestiones de género de todos los funcionarios públicos, en particular los encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial, así como el personal sanitario, para que tengan una formación sobre todos los tipos de violencia contra mujeres y niñas.
136. El Comité observa con preocupación que, a pesar de la prohibición legislativa, la prostitución va en aumento a un ritmo alarmante y que la incidencia de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual entre las prostitutas también va en aumento.
137. El Comité insta al Gobierno a que aplique rigurosamente leyes que prohíban la explotación de la prostitución pero no castigue a las mujeres que prestan servicios de carácter sexual y, además, conceda plena atención a la prestación de servicios sanitarios a las prostitutas para atajar el aumento de casos de VIH/SIDA.
138. Preocupa al Comité la situación de la mujer campesina, que constituye la mayoría de la población femenina del país. Le preocupa también que las costumbres y convicciones que impiden a la mujer heredar y recibir en propiedad tierras y bienes, gocen de una aceptación generalizada en zonas rurales.
139. El Comité insta al Gobierno que preste la máxima atención a las necesidades de las campesinas y garantice que se beneficien de las políticas y los programas adoptados en todas las esferas, así como que participen en la adopción de decisiones y tengan pleno acceso a los servicios sanitarios y crediticios. Además, insta a la eliminación de la discriminación en el ámbito de la propiedad y herencia de la tierra.
140. El Comité se congratula de los esfuerzos del Estado parte por acoger a los refugiados y personas desplazadas de los países limítrofes y además se congratula de la legislación promulgada para proteger los derechos de los refugiados, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, pero no deja de expresar preocupación por la limitada capacidad del Estado parte de proteger y garantizar los derechos de los refugiados.
141. El Comité recomienda al Gobierno que siga prestando ayuda a los refugiados y a las mujeres y niñas desplazadas a la vez que adopta medidas de rehabilitación en su favor. El Comité recomienda al Estado parte que recabe mayor asistencia y colaboración de organismos internacionales competentes en materia de protección de refugiados, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
142. El Comité insta al Gobierno a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención y deposite lo antes posible su instrumento de aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la duración de las reuniones al Comité.
143. El Comité ruega al Gobierno que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes conclusiones en su próximo informe periódico presentado de conformidad con el artículo 18 de la Convención. También insta al Gobierno a que mejore la recogida y el análisis de datos estadísticos, desglosados por sexos y los presente al Comité en su próximo informe.
144. El Comité ruega la amplia difusión en Guinea de las presentes conclusiones con objeto de que la población de este país, en particular los funcionarios del Gobierno y los políticos, estén informados de las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer, así como de todas las ulteriores medidas requeridas a este respecto. Se ruega asimismo al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales al Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los resultados del decimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “Las mujeres en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.