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El cantón de Ginebra prohíbe a Uber continuar sus operaciones en las condiciones actuales. La empresa californiana debe pagar salarios y prestaciones sociales a sus conductores para poder continuar su funcionamiento.
El jefe del gobierno cantonal, Mauro Poggia, explicó a diversos medios de prensa que un análisis jurídico del caso de Uber determinó que se trata de una empresa de transportes y que, por lo tanto, los choferes deben ser tratados como empleados y no como socios.
El servicio de transporte de pasajeros está sujeto a la ley de taxi, lo que significa que Uber no está cumpliendo con sus obligaciones legales y tendrá que contratar a sus conductores y pagar sus beneficios sociales, como las pensiones, al igual que otras compañías de taxis.
“El cantón de Ginebra prohíbe la operación de Uber hasta que la empresa rectifique las violaciones y cumpla con la ley”, dijo Poggia.
Las autoridades temen que los conductores de Uber se jubilen sin cotizar a la seguridad social y queden atrapados en la trampa de la pobreza.
Uber tiene 30 días para apelar. Hasta entonces, la empresa puede seguir operando, pero a finales de noviembre, debe contratar a sus conductores y pagar prestaciones sociales o acudir a los tribunales para apelar la decisión.
SRF/ac