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Las oenegés Amnistía Internacional y Solidaridad Sin Fronteras presentaron una petición en Berna para exigir a las autoridades que dejen de tratar como delito la ayuda a los inmigrantes irregulares.
"Las personas que prestan ayuda por solidaridad o compasión, sin comprobar primero los documentos de identidad de los inmigrantes a los que ayudan, no deben ser condenadas", exige Pablo Cruchon, responsable de la campaña de Amnistía Internacional (AI).
El llamamiento se produce tras las múltiples condenas de defensores de los derechos humanos que han ayudado a inmigrantes sin estatus legal. La petición obtuvo el apoyo de casi 30 000 personas y 200 abogados.
En 2018, 972 personas fueron condenadas por violar el artículo 116 de la Ley de Extranjería e Integración. Sin embargo, según el comunicado de prensa de las oenegés, sólo 32 de los casos tenían relación con personas que se beneficiaban de algún modo de la actividad de la persona sin documentos de estancia legal en Suiza.
El artículo 116, que aborda "fomentar la entrada, salida o estancia ilegal", no prevé ninguna exención de la pena, aunque la asistencia se preste por razones honorables. La reducción de la pena a una multa sólo es posible en "casos menores".
La excepción suiza
Con su rígida legislación, Suiza se destaca como un caso especial en la materia.
Alemania, Francia, Italia, Austria, los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Portugal, la República Checa, Polonia, Rumanía, Malta y Chipre prevén una exención de la pena en casos por razones humanitarias, cuando se trata de ayudar a personas que carecen de residencia legal.
Sólo se impone una sentencia en los casos en que la "ayuda" está orientada al beneficio. En Irlanda, esta asistencia no conlleva ningún tipo de castigo.
Llamado solidario
El derecho internacional no obliga en modo alguno a Suiza a interpretar de manera tan general el delito de incitación a la entrada, salida o residencia ilegal, según las oenegés.
Una directiva de la Unión Europea -que es vinculante para Suiza como miembro del espacio Schengen- concede explícitamente a los Estados miembros el derecho a eximir de cualquier sanción a la ayuda a los refugiados o a los inmigrantes indocumentados por motivos humanitarios.
Naciones Unidas también pide la protección de los defensores de los derechos humanos.
"Por ello, Amnistía Internacional solicita al nuevo Parlamento de Suiza, reunido desde este lunes en sesión, que acepte la iniciativa parlamentaria de Lisa Mazzone, para que Suiza respete los principios de libertad y fraternidad, en lugar de criminalizar a las personas que prestan ayuda", sostuvo Pablo Cruchon.
swissinfo.ch/ds