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Garantías jurídicas y procesales para prevenir la tortura
Una garantía jurídica o procesal es un derecho o una medida que contribuirá de un modo concreto a la reducción del riesgo de tortura o malos tratos.
Se han de ofrecer garantías jurídicas y procesales básicas a todas las personas que hayan sido privadas de libertad. Una buena práctica para que existan garantías jurídicas y procesales básicas es redactar una ley o incluir un artículo en la constitución o en otros proyectos de ley sobre derechos.
Puesto que el riesgo de tortura y malos tratos es mayor durante las primeras horas de privación de libertad, las garantías fundamentales incluyen, desde el primer momento:
- la posibilidad de informar a los miembros de la familia o a una tercera persona,
- el derecho de acceso a un abogado y, si posible, a contar con la presencia de un abogado durante el interrogatorio,
- el acceso a un médico.
La persona detenida ha de ser informada de estos derechos en un idioma que pueda comprender.
Otras garantías esenciales para la prevención de la tortura son:
- el derecho a permanecer en silencio,
- el derecho a ser llevado ante un magistrado o un juez en un plazo de tiempo razonable (para aquellas personas detenidas por causa penal), y
-
el derecho a impugnar la legalidad de su detención y el trato recibido durante la misma.