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Para conseguir una estrategia eficaz en materia de prevención, se deben analizar cuidadosamente y tratar de raíz las causas del problema:
El entorno político general
La falta de voluntad política para prohibir la tortura, la falta de transparencia por parte de los gobiernos, la falta de respeto por el estado de derecho y los altos niveles de corrupción pueden aumentar el riesgo de tortura.
El entorno social y cultural
El riesgo de que se produzcan casos de tortura aumenta en aquellos lugares donde la violencia forma parte de la cultura, o existe un gran apoyo público a la política de “mano dura” contra la delincuencia.
El marco jurídico nacional
En los países donde la tortura está prohibida por la Constitución y en las leyes, además de ser un delito específico según el Código Penal, el riesgo de tortura es generalmente más bajo que en los países donde no existe regulación jurídica. El análisis debe centrarse también en las normas y reglamentos aplicables a los lugares de privación de libertad, así como en la existencia de las debidas garantías jurídicas.
El sistema de justicia penal
La organización y el funcionamiento del sistema de justicia penal es otro factor importante a tener en cuenta. El nivel de independencia del poder judicial, así como la importancia dada a las confesiones dentro del sistema de justicia penal, tendrán una influencia directa sobre el riesgo de tortura. Se debe prestar especial atención a las autoridades policiales ya que el riesgo de tortura es mayor durante el período inicial de la detención. El papel y el funcionamiento de la policía y los procesos de reclutamiento y formación de los oficiales pueden influir en el riesgo de tortura de forma positiva o negativa.
El entorno institucional
El nivel de responsabilidad y transparencia de las autoridades, la existencia de políticas públicas en materia de prevención de delitos y la eficacia de los mecanismos de denuncia, son factores que pueden reducir el riesgo de tortura, junto con actores externos independientes y eficaces, como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.