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La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos define la fragilidad como la combinación de una exposición al riesgo y de una capacidad insuficiente por parte de un Estado, un sistema o una comunidad para gestionar, asumir o mitigar dichos riesgos. La fragilidad se considera generalmente en sus dimensiones económica, ambiental, política, social y de seguridad.
A nivel internacional se reconoce que los países con instituciones estatales débiles o inestables, y cuya población sufre diariamente la pobreza extrema, la violencia, la corrupción y la arbitrariedad política, son clasificados como frágiles. Las estructuras estatales no pueden o no quieren garantizar las funciones básicas del Estado en el ámbito de la seguridad, del Estado de derecho y de los servicios públicos. En estos países, a menudo, no existe una relación constructiva entre las autoridades y la población.