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Gwénaëlle Dereymaeker y Dr. Lukas Muntingh (University of the Western Cape)
Al salir del apartheid en 1990, Sudáfrica emprendió un programa amplio de reforma legislativa después de las primeras elecciones democráticas unos cuatro años más tarde. La brutalidad del régimen del apartheid todavía estaba presente en la memoria colectiva. En los últimos años del apartheid se instauró un estado nacional de emergencia que otorgó a las fuerzas de seguridad poderes ilimitados con poca supervisión, lo que dio lugar al uso generalizado de la tortura y la fuerza excesiva. La detención incomunicada y las muertes eran comunes entre las personas arrestadas por su oposición al régimen. El uso de la fuerza excesiva también era frecuente con los y las sospechosas y detenidas en relación con delitos comunes debido a un sistema de justicia penal basado en confesiones y tribunales que no cuestionaban el origen de las pruebas.
Después de 1994, existían grandes esperanzas de que el país se convirtiera en un ejemplo y estableciera una sociedad caracterizada por su constitución liberal y Carta de Derechos. La nueva Sudáfrica sería la clara antítesis de su predecesora. En la primera década de democracia se avanzó rápidamente para desmantelar los marcos jurídicos e institucionales creados bajo el régimen de la minoría blanca. La Constitución otorgó derechos amplios y obligó al Estado a crear una serie de instituciones para promover y proteger la democracia. Así, se crearon instituciones específicas para la supervisión del sistema policial y penitenciario. Como consecuencia, en la primera década de democracia se realizaron avances estructurales importantes para abordar la tortura y otros malos tratos.
Sin embargo, todas las pruebas disponibles muestran que se retrocedió gradualmente aproximadamente a partir de 2005 y que el resultado ha sido el aumento del uso de la fuerza por los servicios de seguridad y, en última instancia, de la incidencia de la tortura. Esto se atribuye a una situación de impunidad de hecho creada por varios factores funcionales. Algunos factores fundamentales son: dirigentes políticos/as mediocres y una reacción alérgica cada vez mayor del Estado a cualquier forma de responsabilidad; la politización de instituciones clave (p. ej. la policía y la Fiscalía Nacional); una estrategia mal planteada para hacer frente a la tasa elevada de delitos violentos respaldada por la retórica provocadora de los y las dirigentes políticos/as; formación deficiente y aplicación débil de la disciplina en la policía y el sistema penitenciario y la falta de enjuiciamiento de los y las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley por violaciones de los derechos. Además, la incidencia de la tortura se debe examinar teniendo en cuenta que Sudáfrica es una sociedad violenta. El estudio de caso sudafricano demuestra claramente los límites de la reforma legislativa como mecanismo para reducir la incidencia de la tortura y otros malos tratos y la importancia de factores sociales y políticos más amplios en la incidencia.