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El personal sanitario de la prisión tiene la responsabilidad adicional de asegurar que el entorno de la prisión en lo que respecta a la higiene, saneamiento, abastecimiento de agua, iluminación y ventilación, así como la comida, no son perjudiciales para la salud de las personas detenidas. Así pues, se deben inspeccionar regularmente las instalaciones, en particular, las sanitarias, y de alimentación, incluyendo las cocinas, y hacer las recomendaciones necesarias para su mejora a la administración de la prisión.
Hay numerosos factores que contribuyen a una prevalencia más alta y una mayor incidencia (nuevos casos) de ciertas enfermedades y problemas de salud en las cárceles. La población penitenciaria incluye muchos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las víctimas de abusos físicos y sexuales, dependientes de drogas inyectables, del alcohol y personas con problemas de salud mental. Esto, junto con las condiciones de detención que pueden incluir el hacinamiento, la falta de higiene, el saneamiento y la ventilación, la mala nutrición, la violencia entre las personas detenidas y comportamientos de riesgo tales como la inyección de drogas, los tatuajes y también los contactos sexuales, facilita que las enfermedades como el VIH, la hepatitis B y C, enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis sean más comunes en las cárceles. Muchos de estos factores también pueden contribuir a un aumento en el número de casos de problemas en la salud mental, y a actos de autolesión y suicidio, sobre todo en el caso de personas de nuevo ingreso quienes son especialmente vulnerables.
Los servicios sanitarios, junto con la administración de la prisión y el Ministerio de Salud, tienen la responsabilidad de garantizar que, en particular los programas nacionales contra la tuberculosis y el VIH-SIDA se incluyan en el cuidado de la salud de la prisión. En situaciones en las que la tuberculosis sea reconocida como un problema, el personal sanitario puede realizar una búsqueda activa de casos, examinando directamente a la población penitenciaria y al personal con el fin de identificar, aislar y tratar médicamente los casos encontrados. También tendrán que ser llevadas a cabo campañas de educación e información para aumentar la sensibilización, tanto de las personas detenidas como del personal penitenciario, de los riesgos y de la disponibilidad de tratamiento.
La propagación del VIH entre la población penitenciaria requiere una acción específica, y sin embargo, en muchos países se presta poca atención a esta cuestión. Los países deben implementar el paquete integral de intervenciones para prisiones recomendado por la ONU y la OMS, que incluye el acceso a las pruebas voluntarias, cambio de jeringuillas y agujas, suministro de preservativos, tratamientos de drogodependencias, etc.
En consonancia con un enfoque de salud pública para prisiones, el personal sanitario debe también asegurar que las políticas y programas para la protección y promoción de la salud mental y física se incluyen en las cárceles. Por ejemplo, programas para mejorar las actitudes hacia la nutrición y el ejercicio, para dejar de fumar, contra la intimidación, la identificación y el tratamiento de las víctimas de violencia física y psicológica, incluida la violencia sexual y doméstica.
Si no existiese, el servicio penitenciario debe establecer un sistema de información sanitaria para la recogida de datos epidemiológicos sobre la salud en las cárceles. La base del sistema es el mantenimiento de los historiales médicos individuales en forma conjunta con la recolección sistemática de datos sobre la salud, tales como los tipos y el número de casos de enfermedades específicas, las muertes en custodia, y un registro de los tipos y cantidades de medicamentos prescritos. Los datos deben recogerse en el mismo formato que los datos epidemiológicos nacionales de recolección y se pueden utilizar para ayudar en el cálculo del presupuesto de salud y el mantenimiento del stock en la farmacia central y de la prisión.