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1. El Comité examinó los informes inicial y segundo periódico de Belice (CEDAW/C/BLZ/1–2) en sus sesiones 432ª, 433ª y 438ª, celebradas los días 14 y 18 de junio de 1999.
a) Presentación del Estado parte
1. Al presentar los informes primero y segundo periódicos, la representante destacó que la ratificación de la Convención en 1990 había actuado como agente catalítico para producir cambios encaminados a lograr la igualdad de género en Belice. A partir de esa fecha, se han dado pasos cortos pero coherentes a fin de respetar los artículos de la Convención. La oradora observó también que en el informe se incluían los esfuerzos combinados del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales.
2. La representante ubicó a la aplicación de la Convención en el contexto de la diversidad étnica del Estado parte, destacando que la realidad multicultural de Belice tenía repercusiones importantes en la elaboración y aplicación de leyes y políticas encaminadas a poner fin a la discriminación contra la mujer. La mayor parte de la población de Belice vive en zonas urbanas y se estima que el 14% de la población son inmigrantes. La tasa de fecundidad del país es de 4,6 nacimientos por mujer, una de las más altas de la región, y aproximadamente el 19% de los niños nace de madres adolescentes. El 59% de los niños nace fuera del matrimonio, lo que refleja un amplio espectro de relaciones aceptadas entre los géneros y que obliga a contar con políticas y leyes que sean eficaces en ese entorno cultural. La tasa de crecimiento económico del país ha disminuido, de un máximo de 10,9% entre 1987 y 1990 al 1,4% en 1996. La oradora mencionó que el sistema educativo de Belice se caracteriza por la participación de la Iglesia y el Estado y que la Iglesia tiene gran influencia en las actitudes relativas al género.
3. Al presentar la situación de la aplicación de la Convención, la representante observó que la Constitución brinda protección contra el trato discriminatorio y exige que se promulguen políticas estatales encaminadas a eliminar los privilegios y las disparidades económicas y sociales entre los nacionales, entre otras razones, basadas en el sexo. La oradora subrayó que el actual Gobierno ha sido el primero en establecer un programa dedicado a la mujer. No había en el país leyes o políticas de acción afirmativa, medidas temporales especiales ni cuotas y las mujeres seguían teniendo acceso desigual a las oportunidades y los recursos. El objetivo del Gobierno es lograr que por lo menos el 30% de los cargos superiores de la administración pública sean ocupados por mujeres. Se espera que la Comisión de Reforma Política presente recomendaciones sobre la reforma política en Belice a fines de año, incluso medidas de acción afirmativa y medidas temporales especiales.
4. La representante señaló a la atención el Plan estratégico nacional sobre la equidad y la igualdad en cuestiones de género, que se elaboró para promover la aplicación por el Gobierno de los compromisos contraídos en virtud de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Plan centró su atención en cinco esferas prioritarias, a saber, violencia en la familia, empleo, salud, adopción de decisiones y pobreza. Uno de los principales componentes del plan es que Belice adoptará a la brevedad el Sistema del Commonwealth de gestión de las cuestiones de género. Se ha establecido un equipo de tareas sobre la violencia en el hogar y se está elaborando un plan nacional para encarar de manera integrada y coordinada la violencia en el hogar y en la familia. Se ha promulgado legislación dedicada al hostigamiento sexual y a la violencia en el hogar y se presentará en la Cámara de Representantes un proyecto de ley sobre violación marital. Se ha preparado un plan de acción para establecer un sistema de gestión de las cuestiones de género en el sector de la salud. La oradora observó que preocupaba cada vez más el nivel de prostitución, habida cuenta de que Belice cuenta con la tasa más alta de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en América Central.
5. Si bien las mujeres representan el 52% de los votantes empadronados y cada vez más hay candidatas para cargos públicos, la representación de la mujer en el plano parlamentario y del gobierno local sigue siendo baja. Por ejemplo, de los 29 miembros de la Cámara de Representantes, dos son mujeres, y de 58 representantes municipales, ocho son mujeres. El número de mujeres que ocupa cargos en puestos por designación es también inferior al de los hombres. La Comisión Nacional de la Mujer ha realizado un estudio sobre las oportunidades de participación política de la mujer y se presentaron recomendaciones al Gabinete, así como a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.
6. En Belice, la educación es obligatoria en el nivel primario para los niños de 5 a 14 años de edad. Si bien en los niños de menos de 14 años de edad se observa una tasa de matriculación más alta para los varones (70,1%) que para las mujeres (67,2%), la tasa de transición de mujeres de la escuela primaria a la secundaria es en general más alta (90%) que la de los varones (78,8%). Esa pauta se invierte en las zonas rurales y además existen diferencias regionales. En la educación terciaria se inscriben más mujeres y en la Universidad de Belice el 65% de los estudiantes son mujeres. Se observó que el embarazo es la principal causa por la cual las menores abandonan la educación. Como las escuelas que se encuentran sujetas al régimen estatal de educación religiosa pueden expulsar a las menores en razón del embarazo, el Gobierno reconoce que es necesario adoptar una política nacional relativa al embarazo en la adolescencia.
7. Si bien no hay leyes laborales discriminatorias, las actitudes discriminatorias persisten, de manera que la fuerza de trabajo femenina está mejor educada que la masculina, pero su remuneración media es menor. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es inferior a la de los hombres y se concentra en trabajos menos remunerados, su tasa de desempleo es el doble de la de los hombres y tienen más posibilidades de estar desempleadas por períodos largos. Se aplican distintas normas relativas a los sueldos mínimos a distintos tipos de trabajo y algunos tipos de trabajo, en que predominan las mujeres, no se incluyen en las leyes relativas a los sueldos mínimos. Se está tratando de mejorar la situación de empleo de la mujer, incluso mediante capacitación en trabajos no tradicionales. En contravención de las normas laborales existentes, las escuelas que funcionan según el sistema de la Iglesia y el Estado pueden despedir a las mujeres embarazadas que no están casadas antes de que reúnan los requisitos para solicitar licencia de maternidad.
8. La representante observó que la tasa de embarazo en la adolescencia es alta, ya que el 23% de los nacimientos se producen en mujeres de menos de 19 años de edad. El aborto es ilegal en Belice y si bien no se prohíbe el uso de anticonceptivos, los datos sugieren que es alta la necesidad insatisfecha de anticonceptivos. La tasa de infección de VIH/SIDA en las mujeres es más alta que en los hombres y las mujeres que sufren de SIDA son uno de los principales grupos a quienes se dirigen los programas de concienciación y prevención del Equipo de Tareas sobre el SIDA del Gobierno.
9. En Belice hay un gran número de uniones consensuales y de commonlaw, en oposición a uniones conyugales, pero los cónyuges de facto no pueden pedir alimentos después de la finalización de la relación y es limitado lo que pueden reclamar en cuanto a bienes conyugales, incluso después de la muerte del cónyuge de facto.
10. La representante observó que el hostigamiento sexual, el acceso a la educación permanente para las madres jóvenes, la igualdad de pago por trabajo de igual valor, los materiales de enseñanza neutros en relación con el género y los servicios sanitarios para la mujer son temas que exigen un gran esfuerzo. También es necesario mejorar el cumplimiento de las leyes y políticas existentes en distintas esferas, incluso la violencia en el hogar y los delitos sexuales. La variedad de los tipos y estructuras familiares en Belice exige que todos los segmentos de la sociedad se encarguen de disminuir las diferencias entre las leyes sobre la familia y la práctica al respecto. Al concluir, la representante indicó que el proceso de presentación de informes había permitido al Estado parte detectar esferas en que es prioritario adoptar medidas a fin de eliminar todas las formas de descriminación contra la mujer.
b) Observaciones finales del Comité
Introducción
1. El Comité expresó su agradecimiento al Gobierno de Belice por haber ratificado sin reservas la Convención en 1990 y por haber presentado sus informes inicial y segundo periódicos, así como información complementaria a fin de actualizar los informes hasta 1999. El Comité felicita al Gobierno por su presentación oral y por las amplias respuestas dadas a las preguntas formuladas por el Comité. Agradece la manera abierta en que se preparó y presentó el informe y, en particular, el proceso de consultas con organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones durante la preparación del informe.
2. El Gobierno encomia al Gobierno de Belice por haber enviado una importante delegación, encabezada por el Ministro de Desarrollo Humano, la Mujer y la Juventud y que incluyó a la Primera Dama en su condición de Presidenta de la Comisión Nacional de la Mujer y a una representante de la Red de Cuestiones de la Mujer. Su participación en la presentación del informe y en las respuestas a las preguntas formuladas por el Comité mejoró la calidad del diálogo constructivo celebrado entre el Estado parte y el Comité. El Comité toma nota de que en el informe se mencionan las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing.
Aspectos positivos
1. El Comité observa que la Constitución de Belice establece, en su capítulo dedicado a la protección de los derechos y las libertades fundamentales, la protección contra el trato discriminatorio con fundamento en el sexo. Encomia al Gobierno por su compromiso de lograr la igualdad para la mujer y la plena aplicación de la Convención, según se refleja en su Programa para la Mujer de 1998 sobre la situación jurídica, sociopolítica y económica de la mujer. Acoge con beneplácito el objetivo del Gobierno de lograr que por lo menos el 30% de los puestos superiores de la administración pública sean ocupados por mujeres.
2. El Comité encomia el hecho de que se han encargado a un ministro del gabinete las cuestiones relativas a la igualdad de la mujer. Acoge complacido el nombramiento de una Comisión Nacional sobre la Mujer y un organismo asesor para el Ministro del Gobierno encargado de las cuestiones de la mujer, como mecanismo principal para supervisar el cumplimiento de la Convención por el Gobierno. También encomia la cooperación entre mecanismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales para aplicar la Convención.
3. El Comité acoge con beneplácito las medidas legislativas y de política ya adoptadas, así como las que se han previsto a fin de traducir en la práctica su compromiso con la igualdad entre los géneros. También observa complacido la preparación del Plan Estratégico Nacional sobre la equidad y la igualdad en cuestiones de género, a fin de aplicar los compromisos asumidos por el Gobierno en virtud de la Plataforma de Acción de Beijing. También acoge complacido la Ley sobre la violencia en el hogar (1993), la Ley de protección contra el hostigamiento sexual (1996) y la Ley sobre la familia y los niños (1998). Toma nota con agradecimiento del establecimiento de un equipo de tareas dedicado a la violencia en el hogar y la preparación continua por el Gobierno de un plan nacional multisectorial sobre la violencia en la familia.
4. El Comité felicita al Gobierno por el alto nivel de los logros educativos de niñas y mujeres, según se observa en la tasa de transición de mujeres de la escuela primaria a la secundaria y en la alta tasa de matriculación (65%) en la Universidad de Belice.
Factores y problemas que afectan a la aplicación de la Convención
1. El Comité considera que el sistema estatal de educación religiosa perpetúa la mezcla de los ámbitos secular y religioso, que es un obstáculo grave para la plena aplicación de la Convención. A raíz de este sistema, se afectan gravemente los derechos de niñas y mujeres a la educación y a la salud, incluso la salud reproductiva, protegidos en virtud de la Convención.
2. El Comité observa que la naturaleza multiétnica y multicultural de la población de Belice y la influencia de la religión en los asuntos públicos representan un reto particular para el Gobierno en la aprobación y aplicación de la legislación encaminada al logro de la igualdad para todas las mujeres de Belice y la aplicación cabal de la Convención.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones
1. Preocupa al Comité la falta de legislación para incorporar en el código civil la disposición constitucional que brinda protección contra la discriminación. En particular, le preocupa el hecho de que el artículo 1 de la Convención, donde figura una definición de "discriminación" que abarca la discriminación directa e indirecta tanto por agentes públicos como privados, no se refleje plenamente en la legislación.
2. El Comité insta al Gobierno a velar por que la definición de "discriminación" de la Convención se incorpore plenamente en la legislación de Belice y, en particular, por que la mujer cuente con recursos efectivos para luchar contra la discriminación indirecta y la discriminación de agentes no estatales.
3. El Comité está muy preocupado por las consecuencias del sistema estatal de educación religiosa en el derecho de las niñas y las jóvenes a la educación. En este sentido, preocupa al Comité el hecho de que las escuelas sean libres de expulsar niñas debido a su embarazo y de que solamente unas pocas escuelas secundarias autoricen a las niñas que se han quedado embarazadas a continuar sus estudios. El Comité hace notar que esto no sólo viola la Convención sino también la Constitución de Belice. Preocupa también al Comité el que este sistema faculte a las escuelas para despedir a las maestras solteras que se quedan embarazadas. El Comité estima que esto viola también la Convención. El Comité ha tomado nota con aprecio del compromiso del Ministro, expresado en el curso del diálogo, de promover cambios en este sentido, pero señala la falta de toda política o iniciativa legislativa para rectificar esta situación.
4. El Comité exhorta al Gobierno a que asigne máxima prioridad a la eliminación de la discriminación contra la mujer y la niña en la enseñanza a causa del embarazo adoptando disposiciones legislativas y medidas de política eficaces. Pide al Gobierno que refuerce el papel del Consejo Nacional de Educación en la protección de los derechos de las niñas y las maestras en la enseñanza. El Comité insta al Gobierno a que formule las medidas legislativas y políticas necesarias para garantizar la observancia de facto de los artículos 10, 11 y 12 de la Convención.
5. Si bien celebra el compromiso del Gobierno de establecer un salario mínimo único, el Comité expresa su preocupación porque el sueldo mínimo correspondiente a los empleos predominantemente femeninos está muy por debajo del de los empleos predominantemente masculinos. Preocupa también al Comité la situación económica de la mujer y sobre todo el índice bajo y cada vez menor de participación de ésta en la fuerza de trabajo, lo que demuestra que carece de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. El 60% de las mujeres no forman parte de la fuerza de trabajo y el índice de desempleo de la mujer es el doble del del hombre. La falta de guarderías hace que la situación de la mujer en el mercado de trabajo se vuelva más desventajosa aún.
6. El Comité alienta al Gobierno a que instituya un salario mínimo único. Recomienda que se elabore una política nacional de puericultura para respaldar a las mujeres que trabajan. Insta también al Gobierno a evaluar las razones por las que las mujeres perciben ingresos más bajos y se retiran voluntariamente del mercado de trabajo con miras a la adopción de medidas eficaces para invertir esta tendencia. El Comité alienta también al Gobierno a fortalecer sus programas para las empresarias, incluido el acceso a préstamos, créditos y a servicios de perfeccionamiento, así como para garantizar que las oportunidades educativas y de capacitación profesional ofrecidas a las niñas abarquen las esferas no tradicionales e incipientes de la economía, como el sector de la información y las comunicaciones. El Comité invita también al Gobierno a velar por que la mujer pueda ejercer plenamente su derecho a afiliarse a sindicatos y por que se haga cumplir toda la legislación aplicable en este sentido, incluso en las zonas económicas especiales. El Comité insta al Ministerio encargado de las cuestiones de la mujer a iniciar un diálogo con el Ministerio del Trabajo con miras a velar por la aplicación y vigilancia apropiadas de las leyes laborales en vigor, para que las mujeres puedan beneficiarse de la protección en el empleo que esas leyes disponen.
7. Preocupa al Comité la elevada incidencia de embarazos en la adolescencia (en 1998 el 23% de los nacimientos correspondieron a hijos de mujeres menores de 19 años), que, sumada a la práctica de impedir que las madres adolescentes prosigan sus estudios, no puede por menos de reducir las oportunidades económicas de la mujer y aumentar de esa manera su pobreza. El hecho de que el 60% de los nacidos de mujeres jóvenes corresponda a nacimientos no planificados pone en evidencia la falta de información adecuada sobre la planificación de la familia y el empleo de anticonceptivos. Preocupan también al Comité las leyes restrictivas del aborto vigentes en el Estado parte. Le preocupa el hecho de que, en 1998, los denominados "abortos no determinados" (los abortos iniciados al margen del sector formal de la salud) constituyeron la quinta causa de hospitalización y de que los hospitales discriminen a estas mujeres en la prestación de servicios y cuidados. En este sentido, el Comité observa que la mortalidad materna causada por abortos clandestinos puede indicar que el Gobierno no está cumpliendo plenamente su obligación de respetar el derecho a la vida de sus súbditas. Al Comité le preocupa el hecho de que si bien la ley no pone trabas al empleo de anticonceptivos, las necesidades de anticonceptivos siguen sin satisfacer.
8. El Comité insta al Gobierno a que revise sus leyes sobre la interrupción del embarazo, en particular teniendo en cuenta que según la información disponible, la legislación en vigor que penaliza el aborto no se hace cumplir estrictamente. Insta también al Gobierno a que incorpore actividades de educación sexual acordes con la edad en los programas de estudio y lleve a cabo campañas de sensibilización para reducir los índices de embarazo en la adolescencia e incrementar las opciones de vida de las niñas y las mujeres. El Comité insta además al Gobierno a que aplique programas y políticas conducentes a incrementar los conocimientos sobre los distintos tipos de anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento de que la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja.
9. Preocupa al Comité la elevada incidencia de infecciones con el VIH/SIDA en el país.
10. El Comité recomienda que el Gobierno impulse campañas y programas de sensibilización respecto de la prevención del VIH/SIDA y promueva el empleo de preservativos.
11. El Comité invita al Gobierno a evaluar el estado de salud mental de las mujeres de Belice y a incluir información al respecto en su próximo informe.
12. Si bien ha tomado debida nota de la reciente revisión del Código Penal por la que se abolió el requisito de pruebas corroborantes en los casos de delitos sexuales, incluida la violación, preocupa al Comité el hecho de que las prescripciones relativas a la prueba enunciadas en la disposición en vigor sigan siendo más estrictas en estos casos que en los previstos para otros delitos. Preocupa al Comité el hecho de que esto represente un obstáculo importante para las mujeres que piden justicia en los casos de delitos sexuales y por ende para la eliminación de la discriminación.
13. El Comité recomienda que el Código Penal se siga revisando con vistas a equiparar los delitos y la violencia sexuales con otros delitos penales. Insta también el Gobierno a velar por que los casos de violación y de delitos sexuales sean objeto de investigaciones y acciones tan rigurosas como los demás asuntos penales. El Comité exhorta al Gobierno a que procure derogar con carácter prioritario la disposición del Código Penal que consagra la inmunidad conyugal respecto de la violación.
14. Preocupa al Comité el trato distinto dispensado por el derecho común a la mujer casada y a la que establece relaciones consensuales o de "visita" en lo que atañe al reparto de los bienes matrimoniales después de la disolución del vínculo.
15. El Comité recomienda que se revise esta situación teniendo en cuenta algunos sistemas de derecho civil y regímenes de comunidad de bienes matrimoniales.
16. El Comité hace notar la falta de datos desglosados por sexo y edad, incluido un desglose por categorías urbanas y rurales, sobre los problemas sanitarios, los índices de analfabetismo y la situación de las mujeres inmigrantes.
17. El Comité recomienda que el Gobierno recoja mejores datos mediante su censo a fin de sentar las bases para elaborar políticas teniendo en cuenta las diferencias por razones de sexo y que, a tal efecto, solicite asistencia técnica y financiera a organismos internacionales.
18. El Comité encomia al Gobierno por instituir el sistema administrativos del Commonwealth para velar por que todas las políticas y programas oficiales tengan en cuenta la perspectiva de género y pide que en el próximo informe se incluya una evaluación de los progresos alcanzados en este sentido.
19. El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe periódico se refiera a las cuestiones específicas mencionadas en estas observaciones finales.
20. El Comité pide que se dé amplia difusión en Belice a estas observaciones finales a fin de que el pueblo y en particular los administradores gubernamentales y los políticos beliceños tomen conciencia de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer, así como de las medidas nuevas que es preciso adoptar en ese sentido. Pide también al Gobierno que siga dando amplia difusión a la Convención, a las recomendaciones generales del Comité y a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos.