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El Relator Especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, afirma que España debe implementar plenamente su legislación para garantizar los derechos humanos de las minorías.
“España ha realizado enormes avances en el campo de los derechos humanos desde la transición y ha adoptado un marco legislativo que garantiza muchos de los derechos de las minorías lingüísticas, las comunidades gitanas y los migrantes, así como la protección de las mujeres contra la violencia de género,” dijo el Sr. de Varennes, al presentar una declaración al final de una visita oficial al país.
“No obstante, el nivel de discriminación contra la población gitana sigue siendo motivo de preocupación, al igual que el perfil étnico de las minorías y la aplicación deficiente de ciertos derechos lingüísticos,” agregó el Relator Especial.
“Los grupos minoritarios que conocí, incluidos los gitanos, los afrodescendientes y los migrantes, han expresado vívidamente que no confían y, a veces, hasta temen a la policía e incluso al poder judicial,” dijo.
Además, todavía hay demasiados gitanos que sufren agravios socioeconómicos significativos e incluso exclusión, así como discriminación y prejuicios en áreas como la educación, la vivienda y el empleo. Las tasas de abandono escolar, en particular de las niñas gitanas, son extremadamente preocupantes, al igual que el problema de la segregación de facto en las aulas y las escuelas.
“La segregación en la educación debe ser objeto de un tratamiento específico por parte de los diferentes niveles de gobierno y se debe proporcionar una educación de calidad a los niños y niñas gitanos para garantizar que realmente se les dé igualdad de oportunidades,” insistió el experto.
El Sr. de Varennes también expresó preocupación por una supuesta brecha entre el estado reconocido de los idiomas cooficiales y el alcance de su uso real, así como la implementación de la legislación al respecto. Señaló que los jueces y los agentes de las fuerzas de seguridad, como la policía nacional, en general no están sujetos a ningún requisito de conocimiento de los idiomas cooficiales, incluso cuando ejercen en una comunidad autónoma.
“Las minorías lingüísticas tienen derecho usar su idioma en sus interacciones con las autoridades e instituciones estatales, siempre y cuando sea razonable y justificado, según la proporción de la población que lo hable localmente, pero esto sigue sin cumplirse en algunas regiones,” dijo el Relator Especial.
El reconocimiento oficial de la lengua de signos en 2007 refleja el progreso considerable que se ha logrado en la protección de los derechos de la comunidad de personas sordas. Es fundamental reconocer que la lengua de signos no es meramente una herramienta, sino una lengua de pleno derecho, dijo.
El Sr. de Varennes también expresó su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el origen étnico, la religión o el idioma de las personas que, enfatizó, podrían recopilarse de manera respetuosa con el derecho a la privacidad.
Durante su misión, que ha durado de 12 días, el Sr. de Varennes se reunió con funcionarios de alto rango, tanto a nivel nacional como regional, así como con representantes de instituciones que trabajan en diversos aspectos que afectan a las minorías y la sociedad civil en la capital, Madrid, y en Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia.
El Relator Especial presentará un informe detallado sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2020.
Swisslatin / ONU news (26.01.2019)