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A un año de la histórica huelga de mujeres del 14 de junio de 2019, un total de 55 organizaciones y más de un centenar de figuras de la política, la medicina, la cultura y la jurisprudencia exigen que los delitos sexuales sean sancionados de manera adecuada.Este contenido fue publicado el 12 junio 2020 - 14:38
Piden la revisión del Código Penal suizo para que todos los actos sexuales no consentidos “puedan ser castigados adecuadamente”. Concretamente, “los delitos previstos en los artículos 189 (coacción sexual) y 190 (violación) deben ser modificados”, advierten los firmantes en una declaración divulgada este viernes.
“La autodeterminación sexual es un derecho humano fundamental. El sexo requiere el consentimiento de todas las personas involucradas”, subrayan. “¡La ley debe proteger mejor la autodeterminación sexual!”
Hoy en día, la ley solamente reconoce como delito un acto sexual contra la voluntad de una persona si la víctima ha sido coaccionada para ello, por ejemplo, mediante la violencia o la amenaza. Un “no” en sí mismo no es suficiente, señalan las organizaciones signatarias, incluida Amnistía Internacional Suiza.
“La ley actual es una reliquia de un tiempo que queremos dejar atrás. Los actos sexuales contra la voluntad de la víctima deben ser reconocidos como un delito grave, aunque no haya habido coacción”, subrayó Lisa Mazzone, senadora suiza por el Partido Verde.
La situación en Suiza
Una encuesta realizada por gfs.berne en nombre de Amnistía Internacional en 2019 reveló que el 22% de las mujeres de Suiza había experimentado actos sexuales no deseados durante su vida y el 12% había sufrido relaciones sexuales contra su voluntad. Solamente el 8% de las afectadas acudió a la policía.
El Ministerio de Justicia examina la forma en que el derecho penal suizo debe abordar los actos sexuales contra la voluntad de una persona sin empleo de la violencia y/o las amenazas.
Nueve países de Europa ya penalizan la violación basada en la falta de consentimiento: Alemania, Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Suecia y Gran Bretaña. Se están debatiendo reformas en España, Dinamarca, los Países Bajos y Finlandia.