Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05514.jsonl.gz/9

Tras un referéndum popular del mes de mayo pasado, el 62% de los irlandeses decidió aceptar que las uniones entre personas del mismo sexo deberían considerarse matrimonio. Era la primera vez que un país aprobaba este tipo de leyes por vía de referéndum. Unas semanas después, el 13 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) determinó que cualquier ley que prohíba el «matrimonio» entre personas del mismo sexo era anti Constitucional. Apenas unos días más tarde, el 26 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo lo mismo.
La convergencia cronológica con que ha avanzado la aceptación jurídica de las uniones entre personas homosexuales como derecho bajo la denominación de «matrimonio» plantea algunas cuestiones que, en medio del revuelo mediático, aíslan consideraciones de no poco valor común.
La importancia de estas determinaciones radica en que sientan jurisprudencia: a partir de este momento no se puede ir legalmente contra lo decidido por los jueces y cualquier ley anterior o posterior contraria es, por eso mismo, inválida. En el caso de México y Estados Unidos esto es especialmente preocupante. En México había iniciativas estatales de ley que iban camino a referir exclusivamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En los Estados Unidos había 34 estados cuyas legislaciones circunscribían el matrimonio únicamente a la unión entre un hombre y una mujer.