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Nataly Herrera (investigadora independiente) y Dr. Tom Pegram (University College, Londres)
Este estudio exhaustivo sobre la prevalencia y la prevención de la tortura en Perú ofrece un informe excelente desde el punto de vista fáctico sobre la incidencia de la tortura (frecuencia, gravedad y distribución geográfica) durante el período de 1985 a 2014. Examina una serie de dimensiones fundamentales de análisis, p. ej. la legislación y la práctica en materia de detención, el enjuiciamiento por acusaciones de tortura, y mecanismos de denuncia y prácticas de monitoreo ante casos de tortura. Basándose en un amplio abanico de fuentes primarias, el estudio demuestra que la práctica de la tortura ha sido y continúa siendo utilizada ampliamente en Perú durante este período de 30 años. Hoy en día, la tortura representa la violación de los derechos humanos más grave y extendida en el país.
El estudio documenta varias etapas diferentes en la historia reciente de Perú que son pertinentes a la hora de explicar la evolución de las prácticas de tortura. Se presta una atención particular al impacto del conflicto armado interno brutal que azotó al país de 1980 a 2000. Sin embargo, también se trata de diferenciar analíticamente la violación de la tortura, una práctica arraigada históricamente, de las violaciones de derechos humanos masivas experimentadas en el contexto del conflicto. El regreso a la democracia en el año 2000 destacó un proceso de renovación significativa de las instituciones y el estado de derecho. Sin embargo, como revela este estudio, esto no supuso el fin de los abusos y la tortura sino más bien un cambio de perfil de las víctimas, los métodos empleados y las circunstancias en las que ocurrían. La policía se identifica como un centro neurálgico del fracaso en materia de prevención de la tortura. De manera similar, los sistemas judicial, procesal y penal profundamente disfuncionales constituyen deficiencias estructurales graves que continúan poniendo en peligro la prevención de la tortura y los derechos de las víctimas en Perú.
La Defensoría del Pueblo, que recientemente ha sido designada oficialmente como el Mecanismo Nacional de Prevención de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, es una esperanza de eficacia dentro del marco nacional deficiente en materia de derechos humanos de Perú. Sin embargo, como este estudio deja claro, es importante calibrar las expectativas puestas en los mecanismos de prevención de la tortura teniendo en cuenta las condiciones operativas.