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El senador Dick Marty, que efectuó investigaciones para el Consejo de Europa sobre las actividades ilegales de la CIA, estima que hubo presión estadounidense sobre Berna para la destrucción de documentos sensibles relacionados con un tráfico de tecnología nuclear. Entrevista.
Samuel Schmid y Christophe Blocher rechazaron la idea de que Suiza habría obedecido a Washington.
El ministro de Defensa y el ex ministro de Justicia se manifestaron en torno a una hipótesis que el Consejo Federal (Gobierno) se rehusó a comentar durante la conferencia de prensa del pasado 23 de mayo.
Pero el senador radical (PRD, derecha) Dick Marty, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara Alta y autor en 2006 de un informe que hizo mucho ruido sobre las prisiones secretas de la CIA en Europa, se muestra muy crítico en cuanto a la actitud del Gobierno en este asunto.
Para él, la intervención del Consejo Federal en un procedimiento jurídico no era deseable. Por lo menos no sin una consulta previa al Tribunal Federal.
swissinfo: Samuel Schmid y Christophe Blocher destacaron el interés del país y algunos expertos consideran que el gobierno tenía buenas razones para actuar como lo hizo. ¿La tesis de una presión estadounidense no pierde dinamismo?
Dick Marty: Es fácil decir que se actuó en interés del país cuando nadie está en condiciones de verificar que ese es realmente el caso. En este asunto se habría tenido que implicar al Tribunal Federal, que está en las mismas condiciones de mantener el secreto que el Consejo Federal o el Ministerio Público de la Confederación.
Así, por lo menos habríamos tenido la garantía de una autoridad independiente sobre el hecho de que los intereses de Suiza exigían la destrucción de esos documentos. Durante el procedimiento, éstos se encontraron en las manos de simples individuos. Me parece, pues, completamente ingenuo pensar que una sola versión de estos documentos estaba en circulación.
swissinfo: En nombre del Consejo Federal, Pascal Couchepin declaró que Berna había respetado las obligaciones de Suiza que emanaban del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. ¿Esto es creíble según usted?
D.M.: Que yo sepa, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) no pidió la destrucción. Habríamos podido respetar este tratado impidiendo la difusión de esos documentos y guardándolos sellados en un lugar seguro.
Esto habría sido preferible porque el procedimiento penal del que constituían una pieza exigirá quizá que presentemos un recurso. Pero la destrucción es irremediable. Puede impedir la conclusión de un procedimiento penal.
swissinfo: Para usted ¿hubo violación de la separación de los poderes?
D.M.: Me parece manifiesta. El Consejo Federal tiene una competencia de intervención extraordinaria cuando los intereses vitales del país están en juego, pero estos intereses habrían podido perfectamente ser salvaguardados de modo eficaz y correcto asociando el Tribunal Federal a la decisión de destrucción. Es, por otra parte, la autoridad superior del Ministerio Público.
swissinfo: El diputado ecologista Geri Müller declaró que este asunto escondía otra cosa, como acuerdos con Estados Unidos incompatibles con la neutralidad suiza. ¿Opina lo mismo?
D.M.: No sé. De cualquier forma me parece probable que haya habido presiones de la administración estadounidense. Me parece incluso la única versión creíble. Si no, no me explico la diligencia con la que se destruyeron esos documentos. Ni siquiera se pensó en implicar al Tribunal Federal. Es un signo de que la presión sobre las autoridades suizas fue muy fuerte.
En cuanto a eventuales acuerdos con Estados Unidos, el secreto está bien guardado. Todo lo que pude comprobar es que en el marco de la lucha contra el terrorismo, efectivamente hubo acuerdos secretos con la mayor parte de los Estados europeos bajo la égida de la OTAN. Sabemos que esos acuerdos también fueron firmados por países no miembros de la Alianza atlántica, pero miembros del Acuerdo sobre la Colaboración para la paz. Según las autoridades, Suiza no firmó nada, pero nadie sabe nada sobre eso.
swissinfo: Usted atacó en particular al ex ministro de Justicia, Christoph Blocher, acusándole de haber dirigido ese expediente en forma poco respetuosa de las instituciones. Pero Exteriores también fue consultado y la decisión era colegial...
D.M.: No estoy distribuyendo puntos. Para mí, es efectivamente el Consejo Federal el que decidió, pero a petición del ministro de Justicia, que poco antes había estado en Washington...
swissinfo: La Delegación de las Comisiones de Gestión prometió un informe sobre el tema. ¿Qué espera usted al respecto?
D.M.: Es muy pronto para decirlo. Lo que compruebo es que el Señor Couchepin dijo que la delegación había sido puesta al corriente de lo que pasaba mientras que los miembros de la misma delegación declararon públicamente que fueron informados después de la destrucción. Ese único punto me parece muy preocupante.
Entrevista swissinfo: Carole Wälti
(Traducción, Marcela Águila Rubín)
Contexto
El Consejo Federal es criticado desde hace algunas semanas por haber ordenado la destrucción de documentos sensibles vinculados con un asunto de tráfico secreto de tecnología nuclear, hacia Libia particularmente.
Estos documentos formaban parte de un expediente penal constituido en el marco del asunto Tinner.
Este último concierne a tres ingenieros suizos - un padre y sus dos hijos – sospechosos de haber participado en ese tráfico. Ambos hijos Tinner, detenidos en 2004 y 2005, están bajo detención preventiva.
El pasado 23 de mayo, el Consejo Federal reconoció y justificó la destrucción de esos documentos arguyendo que representaban un riesgo "considerable" para la seguridad de Suiza. También invocó las obligaciones que emanan del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP).
Esta decisión fue, sin embargo, muy criticada. Al nivel jurídico, varios expertos reprocharon al Gobierno haber violado la separación de los poderes.
En el campo político, los socialistas exigieron explicaciones. Los Verdes pidieron una Comisión de investigación parlamentaria.
Por su parte, la Delegación de las comisiones de gestión manifestó su desaprobación al Consejo Federal y debe entregar un informe sobre el asunto en otoño.
UNA QUEJA SERÁ PRESENTADA
El asunto fue evocado el lunes (02.06) en la Cámara Baja del Parlamento.
En total, 11 parlamentarios interrogaron a la ministra Justicia y Policía, Eveline Widmer-Schlumpf, al respecto.
Esta última dijo que el ministerio a su cargo presentaría una denuncia por violación del secreto de función. Manifestó, además, su intención de entregar el expediente a un fiscal especial.
Empero, no ofreció precisiones suplementarias sobre el fondo del asunto, sino que se limitó a releer la declaración que el presidente de la Confederación hizo ante la prensa el pasado 23 de mayo.