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Distr.
GENERALE/CN.4/Sub.2/1994/25
16 de junio de 1994
ESPAÑOL
Original: ÁRABE/INGLÉS
CHINO/FRANCES
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección
a las Minorías
46º período de sesiones
Tema 10 d) del programa provisional
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS DETENIDOS: EL DERECHO A UN JUICIO IMPARCIAL
Prácticas nacionales relacionadas con el derecho
a un juicio imparcial
Informe del Secretario General
INDICE
INTRODUCCION
OBSERVACIONES DE LOS ESTADOS
1. Alemania
2. Bangladesh
3. Bélgica
4. Canadá
5. Chad
6. China
7. Iraq
8. Italia
9. Jordania
10. Kuwait
11. Myanmar
12. Nepal
13. Níger
14. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
15. República de Corea
INTRODUCCION
1. En su resolución 1992/21 titulada "Derecho a un juicio imparcial", la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías pidió a los Relatores Especiales sobre esta cuestión, Sres. S. Chernichenko y W. Treat, que prepararan un cuarto informe en el que se analizaran las prácticas nacionales con respecto al derecho a un juicio imparcial, incluyendo la información recibida en respuesta a los cuestionarios, para su presentación a la Subcomisión en su 45º período de sesiones. Atendiendo a este pedido, los Relatores Especiales elaboraron su cuarto informe que contenía un resumen de la información recibida, en particular de organizaciones no gubernamentales y colegios de abogados, sobre las leyes y prácticas nacionales relacionadas con el derecho a un juicio imparcial en diversos países (E/CN.4/Sub.2/1993/24/Add.2).
2. En dicho informe, los Relatores Especiales señalaron que no estaban en condiciones de determinar la veracidad del material recibido. Por ese motivo, pidieron al Secretario General que transmitiera el informe a los gobiernos interesados y que solicitara sus observaciones, que tratarían de reflejar en futuros documentos.
3. Cumpliendo con dicho pedido, el 12 de julio de 1993 el Secretario General se dirigió a 59 Estados en nombre de los Relatores Especiales y los invitó a revisar el material relativo a sus países y a comunicar las observaciones o sugerencias que consideraran oportunas.
4. Para el 10 de junio de 1994 se habían recibido respuestas de los siguientes Estados: Alemania, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Chad, China, Iraq, Italia, Jordania, Kuwait, Myanmar, Nepal, Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea y Senegal.
5. En el presente informe se presenta un resumen de las respuestas sustantivas recibidas. Toda otra respuesta que se reciba se reproducirá en adiciones al presente documento.
OBSERVACIONES DE LOS ESTADOS
1. Alemania
[Original: inglés]
[31 de agosto de 1993]
La tercera oración del párrafo 49 debe decir:
"En Alemania, se nombra a un abogado en todos los casos presentados ante el tribunal de distrito; en los casos presentados al tribunal provincial, se nombra a un abogado sólo en las siguientes circunstancias: si se trata de una acusación grave; si puede suspenderse una licencia profesional; si el acusado ha pasado tres o más meses en prisión preventiva; si se examina la posibilidad de dictar prisión preventiva en un hospital psiquiátrico con miras a la preparación de un examen psiquiátrico; si el defensor anterior fue revocado por el tribunal por su presunta participación en el delito en cuestión; si se trata de cuestiones de hecho o de derecho de extraordinaria complejidad; y si resulta evidente que el acusado es incapaz de defenderse a sí mismo."
2. Bangladesh
[Original: inglés]
[27 de octubre de 1993]
1. Párrafo 8: El párrafo 5 del artículo 35 de la Constitución de la República Popular de Bangladesh prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes. En 1991 no se sometió a malos tratos a los reclusos de la cárcel central de Dhaka. Los hechos fueron los siguientes: en diciembre de 1990 los presos que cumplían condenas en la cárcel central de Dhaka ejercieron presiones ilícitas sobre las autoridades penitenciarias para obtener su puesta en libertad. El 29 de diciembre de 1990 atacaron a funcionarios de la cárcel, incendiaron diferentes dependencias y se dieron a la fuga saltando el muro que rodea el establecimiento. En ese momento crucial, las autoridades penitenciarias no tuvieron más opción que abrir fuego. Tres reclusos murieron en el incidente. Con posterioridad el Gobierno examinó reiteradamente con los reclusos sus exigencias ilegales, pero los revoltosos siguieron causando daños, por ejemplo rotura de puertas, ventanas, etc. El 15 de febrero de 1991 tomaron como rehén al Director de la cárcel y prácticamente se apoderaron de la administración del establecimiento. Imperaba la más total ilegalidad. No viendo otra alternativa, el 8 de abril de 1991 los guardias penitenciarios y la policía irrumpieron simultáneamente en la cárcel. Entre el 8 y el 10 de abril de 1991 no murió ningún recluso. Tampoco es cierto que se haya quemado con agua hirviente y gases lacrimógenos a 2.000 presos. La información de que a más de 120 presos se les quebraron los huesos de los miembros en forma sistemática antes de trasladarlos a otro establecimiento es absolutamente falsa.
2. Párrafo 52: La información acerca de los plazos específicos de que disponen los magistrados y los jueces de instancias intermedias para tramitar los casos es correcta. Se ha adoptado esta medida para evitar la dilatación de los procesos, que a veces duran años, con lo cual contradicen el propósito mismo de la justicia.
3. Párrafo 79: En Bangladesh, el Código Penal, la Ordenanza de 1983 sobre los tratos crueles impartidos a la mujer y la Ley sobre sustancias peligrosas de 1988 disponen la pena de muerte por un número muy limitado de delitos de carácter grave. La pena de muerte es pronunciada por los jueces especiales de distrito y la sentencia debe ser examinada y confirmada por el Tribunal Superior. Además, el acusado puede apelar a los tribunales de las instancias superiores. También puede solicitar clemencia al Honorable Presidente. El número de condenas a muerte realmente ejecutadas en Bangladesh es muy reducido. Por ejemplo, entre 1990 y 1992 sólo hubo seis ejecuciones. En Bangladesh la opinión pública en general está a favor de la pena de muerte. Hace muy poco un pequeño grupo de personas cultas e intelectuales y algunas organizaciones han comenzado a hablar de la abolición de la pena de muerte.
4. Párrafo 42: La Ley de poderes especiales de 1974 se promulgó para reducir la frecuencia con que se cometían delitos graves contra intereses económicos y financieros vitales para el Estado y el mantenimiento del orden público en la sociedad. Las personas detenidas en virtud de la ley cuentan con las siguientes salvaguardias jurídicas:
a) Las autoridades deben comunicar al detenido los motivos de la detención en un plazo de 15 días;
b) El detenido tiene derecho a apelar al Tribunal Superior por conducto de un abogado de su elección;
c) El detenido tiene el derecho a designar a un abogado para que interponga ante el Tribunal Superior un recurso contra la orden de detención en virtud del artículo 497 del Código de Procedimiento Penal de 1898;
d) El detenido tiene derecho a apelar al Ministerio del Interior, así como al juez de distrito que entienda en la causa;
e) Según las disposiciones de la citada ley existe una Junta Asesora integrada por tres miembros. El Presidente y otro miembro son jueces del Tribunal Superior y el tercero es un funcionario de muy alto rango del Gobierno. La Junta Asesora oye al detenido en forma individual en un plazo de 170 días a partir de la detención, aplicándose los mismos procedimientos que en una sala común del Tribunal Superior. Una vez examinado cada caso en particular, la Junta Asesora envía al Gobierno sus recomendaciones, que tienen carácter vinculante;
f) El detenido puede ser visitado por su abogado y hasta cinco miembros de su familia una vez cada 15 días.
5. Los datos precedentes demuestran con toda claridad que la Ley de poderes especiales de 1974 no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 33 de la Constitución de la República Popular de Bangladesh.
6. Al 31 de julio de 1993 había en total 1.047 personas recluidas en las cárceles comunes del país en virtud de la Ley de poderes especiales. Desde que el país volvió a la democracia en 1992 el número de detenidos al amparo de esta ley se ha ido reduciendo progresivamente.
3. Bélgica
[Original: francés]
[23 de agosto de 1993]
1. En lo que respecta a las personas que se encuentran en detención preventiva, convendría precisar que la ley establece claramente el principio de la separación de los acusados y los condenados, ya que los primeros deben permanecer en "casas de detención", mientras que los segundos son alojados en "cárceles". Sin embargo, tal como sucede en la mayoría de los Estados, la falta de infraestructuras penitenciarias hace que se obvie este principio: en los hechos, los acusados no están separados de quienes purgan una condena, pero la coexistencia sólo se produce en las instalaciones de uso colectivo (refectorio, patio de paseo, ceremonias religiosas, biblioteca, etc.), ya que acusados y condenados no comparten las mismas celdas.
2. En cuanto a la detención preventiva, no se formula ninguna observación, salvo que el espíritu de la ley se habría reflejado mejor si se hubiera dicho que la detención preventiva entraña la intervención de un juez (ante quien comparece la persona detenida para que le comunique los cargos que pesan en su contra) en un plazo de 24 horas a partir de la detención.
3. No cabe hacer ningún comentario sobre las condiciones exigidas para ser jurado.
4. Canadá
[Original: inglés]
[10 de septiembre de 1993]
1. Párrafo 49: La segunda oración de este párrafo debería decir:
"En el Canadá, por ejemplo, se presta asistencia jurídica a los acusados de determinados delitos graves y cuando existe la posibilidad de que el acusado sea encarcelado o pierda su sustento."
2. Párrafo 107: Se modificará la última parte de la tercera oración, que deberá decir:
"... y garantizar al menor acusado la oportunidad de consultar con un abogado o con sus padres antes de hacer cualquier declaración."
5. Chad
[Original: francés]
[Febrero de 1994]
1. Párrafo 90: Contrariamente a lo expresado en el documento, no se restringe en forma alguna la facultad de todo condenado o demandante de apelar o solicitar la revisión de una decisión adversa de la jurisdicción inferior; menos aún se encontrará en el Código vigente de Procedimiento Penal del Chad de 1967 ninguna disposición por la que se limite el derecho a apelar o solicitar la revisión de la sentencia judicial en los casos de emergencia nacional o inestabilidad gubernamental.
2. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal de 1967, existe en el Chad un solo orden de jurisdicción: el orden judicial de dos niveles:
a) El primer nivel, integrado por jueces de paz, de secciones de tribunales y de tribunales de primera instancia unipersonales que cuentan con la asistencia de un secretario o secretario adjunto. Los jueces de estas jurisdicciones inferiores pronuncian fallos apelables en materia civil en los que determinados daños y perjuicios que se conceden a la parte civil no pueden ser recurridos ante las instancias superiores;
b) Un segundo nivel integrado únicamente por un Tribunal de Apelaciones con sede en N'Djamena que consta de diversas cámaras a cuyo frente se encuentran un Presidente y consejeros. Este Tribunal de Apelaciones juzga de hecho y de derecho las sentencias viciadas de error. Desempeña el papel del Tribunal de Casación en Francia o de la Corte Suprema en el Senegal. El plazo para apelar es de diez días en materia penal y dos meses en materia civil a partir de la fecha de la sentencia.
3. No obstante, existen juzgados penales ordinarios que dictan sentencias no apelables, pero cuya revisión puede ser solicitada por el condenado; asimismo puede solicitar el indulto presidencial, según los casos.
4. Como puede verse, las afirmaciones de que las vías de recurso en el Chad están sujetas a restricciones políticas son falsas y carentes de todo fundamento.
5. En cuanto al tribunal militar que se menciona en el documento de referencia, acaba de suprimirse esta jurisdicción de excepción (Leyes Nos. 3 y 4, de 20 de septiembre de 1993, de supresión de las jurisdicciones de excepción) conforme a las recomendaciones de la Conferencia Nacional Soberana para respetar el espíritu de las atribuciones de los distintos tribunales.
6. Párrafo 104: Es verdad que las nuevas autoridades que asumieron el poder en 1990 suspendieron la Constitución de 1989, pero en el informe no se ha señalado que la impugnación de la detención o prisión por los detenidos que recuperaron la libertad estaba sujeta a ciertas restricciones. Una cosa es segura: algunos reclusos que habían aprovechado los disturbios para huir fueron capturados, pero otros no. Ello provocó entre los primeros un sentimiento de discriminación que llevó al Gobierno a conceder a todos los presos culpables de malversación de fondos una amnistía únicamente en el plano penal, pero no en el civil. Se están tramitando juicios de carácter político y civil contra los autores de detenciones arbitrarias y abusos cometidos contra ciudadanos comunes antes del 1º de diciembre de 1990.
6. China
[Original: chino]
[8 de noviembre de 1993]
1. Respecto de la primera referencia, que aparece en el párrafo 18 del informe, los artículos 38 a 42 del Código de Procedimiento Penal establecen cinco tipos diferentes de medidas coercitivas: comparendo, libertad bajo fianza en espera de juicio, detención domiciliaria, detención y reclusión. Los tres primeros tipos no restringen por completo la libertad de la persona. Las condiciones según las cuales el acusado puede permanecer detenido o recluido están estrictamente descritas en los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Penal.
2. El plazo para oír un caso penal también está prescrito en el mismo Código. Además, el Comité Permanente del Congreso del Pueblo promulgó el 7 de julio de 1984 un Reglamento Suplementario sobre la Duración del Procedimiento Penal. Se dispone que los casos graves en que han participado bandas organizadas o delincuentes prófugos que no pueden tramitarse en el plazo prescrito por el párrafo 1 del artículo 9 y los artículos 125 ó 142, podrían ver ampliado el plazo de la prisión preventiva en un mes si se obtiene la venia de una fiscalía provincial, regional o municipal. El Reglamento Suplementario también establece que si no se puede finalizar la instrucción de un caso en el plazo prescrito y si el detenido puede ser puesto en libertad bajo fianza o permanecer en detención domiciliaria sin poner en peligro a la sociedad, también pueden adoptarse esas otras medidas coercitivas. El plazo dispuesto en este procedimiento alternativo no es parte del período de instrucción legal, que debe continuar sin interrupción.
3. Todo ello demuestra que la legislación china prescribe no sólo plazos concretos sino que establece requisitos muy claros sobre la tramitación de los casos judiciales.
4. Respecto de la segunda referencia, como se señaló en el párrafo 20 del informe, la Constitución y las leyes chinas garantizan el derecho de los ciudadanos a impugnar, acusar o recusar a cualquier organismo o funcionario del gobierno por infracción o abandono de deberes. Ante una queja o acusación ciudadana de ese tipo, la autoridad competente tiene la responsabilidad de iniciar una investigación de los hechos. El caso citado por el informe es sólo un ejemplo de procedimientos judiciales de esta naturaleza que se han llevado a cabo según las disposiciones del Código Penal y la Constitución.
5. En cuanto a la tercera referencia (párrafo 25 del informe) el apartado 2 del párrafo 1 del artículo 110 del Código de Procedimiento Penal establece que el tribunal popular que entienda en un caso debe enviar al acusado una copia de la acusación de la fiscalía popular siete días antes de la iniciación del juicio. Este es el plazo mínimo exigido para que el abogado del acusado pueda preparar la defensa. En la práctica, el tribunal suele notificar al acusado la acusación de la fiscalía inmediatamente después de recibirla y de haber decidido ocuparse del caso, por lo general alrededor de un mes antes de la iniciación del juicio. Si el acusado o su abogado consideran que el plazo no es suficiente para preparar la defensa, pueden solicitar una prórroga. En esas circunstancias, los tribunales normalmente la conceden a condición que no se supere el límite prescrito por la ley.
7. Iraq
[Original: árabe]
[19 de octubre de 1993]
1. Respecto del párrafo 8 del informe, en que se hace referencia a la denuncia de una organización no gubernamental acerca de la utilización generalizada de la tortura contra los presos kuwaitíes y la población curda y chiíta por el Gobierno del Iraq en 1991, deseamos dejar constancia de que el Gobierno de la República del Iraq, al tiempo que deplora este tipo de denuncias y acusaciones infundadas, parcializadas y con motivaciones políticas que tienen por fin mancillar su reputación en los foros internacionales, reitera, como ya lo ha hecho en más de una ocasión, que no tiene en su poder a ningún preso kuwaití. El Gobierno del Iraq ha cooperado plenamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de los Estados Arabes que, por conducto de sus representantes, han visitado el Iraq en reiteradas ocasiones en busca de dichos presos. La denuncia general en el sentido de que se ha utilizado la tortura contra miembros de las poblaciones curda y chiíta no es más que un intento de acumular acusaciones contra el Iraq para alcanzar objetivos políticos concretos. Para que puedan considerarse objetivas y fidedignas, dichas acusaciones deben basarse en datos específicos y mencionar fechas y nombres identificables. El Iraq ya ha solicitado que los órganos que presentan esas acusaciones proporcionen los nombres de los interesados o se refieran a casos específicos para que pueda investigarlos y responder a las alegaciones.
2. Respecto del párrafo 58 del informe, deseamos aclarar que los artículos 53, 54, 55 y 141 del Código de Procedimiento Penal establecen que la competencia para conocer una causa y juzgar al acusado incumbe al tribunal que se encuentra en la jurisdicción geográfica donde se cometió el delito. Sin embargo, el artículo 142 del mismo Código determina que, a modo de excepción, un caso determinado o el juicio de un acusado determinado pueden transferirse por decisión del Tribunal de Casación o por orden del Ministro de Justicia, del tribunal que tiene la jurisdicción geográfica a otro cuando se lo considere necesario por razones de seguridad por ejemplo, para proteger al acusado de posibles represalias o facilitar la investigación y los trámites judiciales en interés de la justicia.
3. Respecto del párrafo 72 del informe, la disposición del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de que las decisiones adoptadas por los tribunales de los fueros penal y civil deben ser fundamentadas significa que los tribunales deben aclarar los fundamentos de sus decisiones, refiriéndose a las disposiciones legales que las sustentan. Este sistema tiene varias ventajas: permite a los tribunales superiores examinar a fondo las sentencias y a las partes en el caso determinar los motivos en los que se basó la decisión desfavorable para que, con pleno conocimiento de causa, puedan ejercer el legítimo derecho de apelación que consagra la ley.
4. En cuanto al párrafo 76 del informe, el párrafo b) del artículo 21 de la Constitución y el párrafo 1 del artículo 2 del Código Penal establecen que ninguna persona será juzgada o castigada dos veces por el mismo delito y que en ninguna circunstancia podrá una persona ser castigada por un delito que no estaba tipificado en el momento de cometerse. Además, está prohibido imponer una pena más estricta que la que prescribía la legislación en vigor en momentos de cometerse el delito, es decir que la legislación no puede aplicarse en forma retroactiva a menos que sea más favorable para el acusado.
5. Respecto del párrafo 78 del informe, la disposición de la Ley de ejecución en el sentido de que se puede encarcelar al deudor para obligarlo a cumplir sus obligaciones contractuales está supeditada a diversas condiciones, como, por ejemplo, que el deudor se haya negado arbitrariamente a cumplir su obligación, en detrimento del acreedor, a pesar de que estaba en condiciones de hacerlo. Esta medida, cuya duración es sumamente breve, sólo puede ser adoptada por un juez y no puede prorrogarse por el mismo motivo.
6. En lo que concierne al párrafo 107 del informe, se aplican procedimientos sencillos y más expeditos en los juicios de menores para evitar los efectos psicológicos adversos que los procedimientos normales podrían tener en los menores. Por ejemplo, un menor no puede ser sentenciado en rebeldía, ni se pueden divulgar su nombre o el carácter del delito cometido, y éste no constituye antecedente al no quedar constancia de él en el legajo del menor. Al aplicarse éstos y otros procedimientos simplificados y más ventajosos se intenta que el menor pueda construirse un futuro sin complejos psicológicos, es decir, que la Ley de menores intenta ayudarlos a olvidar que cometieron un delito en el pasado.
8. Italia
[Original: francés]
[30 de diciembre de 1993 y
5 de enero de 1994]
1. En lo que respecta al sistema italiano, la redacción del párrafo 16 podría inducir a error y, en todo caso, no es del todo exacta:
a) La policía judicial no puede en ningún caso proceder al interrogatorio del detenido;
b) La policía judicial no puede proceder al interrogatorio de la persona investigada que se encuentra en libertad, a menos que el defensor esté presente;
c) La policía judicial además sólo puede interrogar a la persona no privada de su libertad cuando el Ministerio Público encargado de la investigación se lo haya encomendado expresa y específicamente. En todos los casos se exige la presencia del defensor;
d) En cuanto a los puntos a) y b), el acto realizado en violación de estas disposiciones se considerará nulo -a reserva de posibles sanciones disciplinarias (cuando el hecho no constituya también delito) contra el funcionario de la policía judicial que lo realizó- y por lo tanto no puede tomarse en cuenta para dictar sentencia. Por el contrario, cuando el interrogatorio se ha realizado según las normas legales, las declaraciones podrán utilizarse para la impugnación en el curso del juicio;
e) Respecto del punto c), el Ministerio Público y el defensor pueden utilizar las declaraciones formuladas por la policía para impugnar la declaración hecha en el curso del juicio. En ese caso, las declaraciones formuladas por la policía en nombre del Ministerio Público y en presencia del defensor se incorporan en el expediente si se han utilizado para sustentar una impugnación (por ejemplo el juez podrá tomarlas en cuenta para dictar sentencia). Las disposiciones de los puntos c) y e) se introdujeron por Decreto Ley Nº 306 de 8 de junio de 1992. En la versión original del Código (1988-1989) no se aplicaban las disposiciones consignadas en el punto e);
f) La policía judicial puede recibir declaraciones espontáneas de la persona que es investigada (este caso es diferente del interrogatorio). Sin embargo, el juez no puede utilizar estas declaraciones para dictar sentencia; sólo podrán utilizarse para impugnar lo que ha declarado el acusado durante el proceso.
2. Con respecto al párrafo 72, la única observación es que el juez debe exponer los fundamentos de la sentencia a más tardar 15 días después de pronunciarla; si se trata de fundamentos complejos (debido al número de partes involucradas, la gravedad de las acusaciones, etc.), el juez los presentará en un plazo de 90 días (modificación introducida por Decreto Ley Nº 60 de 1º de marzo de 1991).
9. Jordania
[Original: inglés]
[18 de octubre de 1993]
1. El Gobierno de Jordania declara que es falsa la información proporcionada por una organización no gubernamental que aparece en el párrafo 55 del informe de los Relatores Especiales, según la cual en Jordania determinados opositores políticos han permanecido encarcelados sin juicio por plazos de hasta 15 años. En ese sentido se señala que incluso cuando estaba en vigor la ley marcial, la detención no era prolongada, sino que duraba algunos días o semanas. La ley marcial fue suspendida hace ya mucho tiempo.
2. En cuanto al párrafo 102 del informe en el que se mencionaban la ley marcial, la Ley de defensa y la Ley de prevención de los delitos, se dice que en reemplazo de la ley marcial el Parlamento promulgó una nueva Ley de defensa para impedir los abusos de poder, incluida la detención. La Ley de prevención de los delitos prácticamente nunca se aplica, pero cuando se hace es para delitos no políticos y nunca para los de carácter político. Según sus disposiciones la detención es breve y el castigo muy leve.
3. Todo tipo de detención ordenada por un órgano cualquiera puede impugnarse ante los tribunales. La independencia del poder judicial fue establecida hace ya mucho tiempo.
10. Kuwait
[Original: árabe]
[17 de septiembre de 1993]
1. Con respecto al párrafo 8, el Gobierno desea señalar que las denuncias formuladas representan sólo un ejemplo de los delitos cometidos por el régimen iraquí, que ha violado todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y en la legislación interna de los países civilizados, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad y el derecho a un medio ambiente limpio y no contaminado. Ese régimen también cometió el delito de invasión armada del Estado de Kuwait, acto que el derecho internacional prohíbe y cuyos pormenores no pueden describirse adecuadamente en esta nota para reflejar lo que la comunidad internacional presenció y condenó.
2. Según el párrafo 50, una organización no gubernamental denunció que en 1991 los abogados de oficio recibían como promedio 10 dinares kuwaitíes por caso mientras que los que ejercían a título privado recibían hasta 10.000 dinares kuwaitíes por caso. En respuesta a esa afirmación, deseamos señalar que dichos honorarios son simbólicos y corresponden al ámbito de la asistencia jurídica que todo abogado tiene obligación de proporcionar, tal como se lo impone su muy respetable profesión, cuyo nivel es superior al de las actividades comerciales y persigue fines que nada tienen que ver con las ganancias materiales. Todos los abogados cumplen esta obligación. Además, el artículo 27 de la Ley Nº 42 de 1964 por la que se reglamenta el ejercicio de la abogacía ante los tribunales establece que cuando un caso se refiere a un delito grave en que se ha designado un abogado de oficio, el juzgado penal debe fijar los honorarios, que corren por cuenta del Departamento de Tesorería del Ministerio de Justicia. El Estado de Kuwait está redactando un nuevo proyecto de ley sobre asistencia jurídica basándose en algunas leyes promulgadas por otros Estados en ese sentido. Muchos abogados también defienden a los acusados en forma voluntaria y por su propia iniciativa, animados por el deseo de asegurar el imperio de la justicia y el disfrute del derecho a la defensa que el Estado de Kuwait desea fervientemente garantizar a todo acusado.
11. Myanmar
[Original: inglés]
[22 de diciembre de 1993]
1. El Código de Procedimiento Penal promulgado en 1898 y las leyes pertinentes posteriores constituyen el marco jurídico general que proporciona las garantías de un juicio imparcial a todo acusado ante los tribunales. También hay salvaguardias jurídicas que protegen contra la aplicación indebida de los procedimiento, durante el juicio.
2. Después de la asunción del poder por el Consejo de Estado de Restauración del Orden Público se promulgó una nueva Ley del poder judicial (Ley Nº 2/88 de 26 de septiembre). Por ella se crearon una Corte Suprema y otros tribunales civiles a niveles de Estado, división y ciudad.
3. En el artículo 2 de la Ley del poder judicial se dispone que la administración de justicia se regirá por los siete principios siguientes:
a) La justicia se administrará en forma independiente y de conformidad con la ley;
b) Se protegerán y salvaguardarán los intereses del pueblo y se ayudará a restaurar el orden público, la paz y la tranquilidad;
c) Se educará al pueblo para que comprenda y cumpla la ley y se fomentará en el pueblo el hábito de cumplir la ley;
d) Se tratará de alcanzar una solución pacífica de los casos dentro del marco de la ley;
e) Los juicios serán públicos, salvo que la ley disponga lo contrario;
f) Se garantizará en todos los casos el derecho a la defensa y el derecho de apelación de que gozan todos los ciudadanos en virtud de la ley;
g) Se reformará el carácter moral imponiendo castigos a quienes hayan quebrantado la ley.
4. Los juicios en los tribunales de las distintas instancias se celebran estrictamente de conformidad con el Código de Procedimiento Penal (1898); los acusados pueden ejercer libremente el derecho de defensa y el derecho de apelación de que gozan en virtud de la ley.
5. Respecto de la celebración de un juicio imparcial:
a) El artículo 252 del Código de Procedimiento Penal dispone lo siguiente:
"Cuando el acusado comparece ante el juez éste procederá a oír al demandante (si lo hubiera) y aceptará todas las pruebas que puedan presentarse en apoyo de la acusación, y el acusado tendrá derecho a interrogar al demandante (si lo hubiera) y al testigo de cargo."
b) El artículo 253 dispone:
"Si al examinar las pruebas a las que se hace referencia en el artículo 252 el magistrado determina que no se han demostrado las acusaciones formuladas contra el acusado se levantarán los cargos."
c) En los artículos 254 y 255 se dispone que:
"Si una vez examinadas las pruebas el magistrado opina que existen motivos para inferir que el acusado ha cometido un delito ... el juez consignará la acusación por escrito. Se leerá y explicará la acusación al acusado, a quien se preguntará si se declara culpable o si tiene alguna defensa en su favor. Si el acusado se declara culpable, el magistrado dejará constancia de la declaración y lo condenará sobre dicha base."
d) Si el acusado se niega a declararse culpable, tiene derecho a pedir que los testigos de cargo que han prestado declaración vuelvan a comparecer ante el tribunal y él o su defensor podrán interrogarlos o reinterrogarlos en virtud de los artículos 256 y 342. Si después del nuevo interrogatorio del acusado y de los testigos presentados por éste el juez determina que el acusado es inocente, pronunciará una sentencia absolutoria en virtud del párrafo 1 del artículo 258. Si lo declara culpable, lo condenará y dictará sentencia.
6. Los juicios y la administración de justicia se celebran en juzgados públicos donde se observan estrictamente los siete principios mencionados y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Se respeta la independencia del poder judicial y el Consejo de Estado de Restauración del Orden Público no ejerce ningún control sobre la administración de justicia por el poder judicial.
7. Es infundada la acusación de que un tribunal militar juzgó e impuso una estricta sentencia a un juez de división que había absuelto a 50 aldeanos. En la Unión de Myanmar no se ha celebrado ningún juicio de ese tipo.
12. Nepal
[Original: inglés]
[22 de noviembre de 1993]
Disposiciones constitucionales de Nepal relativas
al derecho a un juicio imparcial
"Artículo 14. Derechos respecto de la justicia penal
1. Nadie será castigado por un delito que no estaba tipificado en el momento de cometerse y no se impondrá a nadie un castigo más estricto que el prescrito por la ley en vigor en el momento de cometerse el delito.
2. Nadie será juzgado o castigado más de una vez por el mismo delito.
3. Ninguna persona acusada de un delito será obligada a testificar en su contra.
4. Ninguna persona detenida durante la investigación o para comparecer ante la justicia o por cualquier otro motivo será sometida a torturas físicas o mentales ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona así tratada recibirá la reparación que disponga la ley.
5. Ninguna persona permanecerá detenida sin que se le informe de inmediato de los motivos de la detención, ni será privada del derecho a consultar con el abogado de su elección y a ser defendida por él.
Explicación: A los fines de esta cláusula, la palabra "abogado" significa toda persona autorizada por la ley a representar a otra persona ante un tribunal.
6. Toda persona detenida comparecerá ante la autoridad judicial en un plazo de 24 horas a partir de la detención, sin contar el tiempo requerido para desplazarse del lugar de la detención al lugar donde se encuentre dicha autoridad, y ninguna persona permanecerá detenida por un plazo mayor sin que medie una orden de dicha autoridad.
7. Las disposiciones de las cláusulas 5) y 6) no se aplicarán a los ciudadanos de un Estado enemigo y las de la cláusula 6) no se aplicarán a las personas detenidas en virtud de una ley por la que se autorice la prisión preventiva.
Artículo 15. Derechos contra la prisión preventiva
1. Nadie permanecerá en prisión preventiva a menos que existan motivos suficientes para temer un peligro inmediato para la soberanía, la integridad o el orden público del Reino de Nepal.
2. Toda persona mantenida en detención preventiva en contra de las disposiciones de la ley o por mala fe tendrá derecho a recibir la reparación que disponga la ley.
Artículo 23. Derecho a un recurso constitucional
Se garantiza el derecho a proceder en la forma descrita en el artículo 88 para hacer valer los derechos reconocidos en esta parte.
Artículo 88. Jurisdicción de la Corte Suprema
1. Todo ciudadano nepalés puede solicitar a la Corte Suprema que declare inconstitucional una ley en su totalidad o en parte porque impone restricciones injustificadas al disfrute de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por cualquier otro motivo, y la Corte Suprema tendrá facultades extraordinarias para declarar nula la ley ab initio o a partir de la fecha de la sentencia si se determina su inconstitucionalidad.
2. La Corte Suprema tendrá, con miras al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, el ejercicio de cualquier otro derecho legal respecto del cual no se haya dispuesto ningún otro recurso o respecto del cual los recursos existentes se consideren inadecuados o ineficaces, o para solucionar cualquier cuestión constitucional o jurídica en el marco de una controversia de interés público, facultades extraordinarias para dictar las órdenes necesarias y correspondientes encaminadas al ejercicio de dichos derechos o a la solución de la controversia. Ello incluirá recursos de hábeas corpus, mandamus, certiorari, prohibición y quo warranto, estableciéndose que:
a) la Corte Suprema no estará facultada en virtud de esta cláusula para intervenir en las deliberaciones y decisiones del fuero militar excepto con motivo de falta de jurisdicción o si un civil ha sido procesado o castigado por un acto que no constituye un delito relacionado con el ejército;
b) excepto por motivos de falta de jurisdicción, la Corte Suprema no intervendrá en las deliberaciones y decisiones del Parlamento en relación con las penas impuestas en virtud de sus privilegios.
Artículo 122. Indultos
Su Majestad tiene el poder de indultar y suspender, conmutar o remitir toda sentencia dictada por un tribunal, un tribunal especial, un tribunal militar o cualquier otro órgano o institución judicial, cuasijudicial o administrativo."
13. Níger
[Original: francés]
[4 de octubre de 1994]
Las autoridades nigerinas formulan las siguientes observaciones respecto del párrafo 56 del informe:
a) La legislación penal nigerina consagra el principio de la publicidad de las deliberaciones. Los juicios se celebran a puertas cerradas únicamente si la publicidad de las deliberaciones atenta contra las buenas costumbres o puede perturbar el orden público (artículo 293 del Código de Procedimiento Penal).
b) Ello explica que, por ejemplo, en 1985 las personas acusadas de atentar contra la integridad territorial del Níger hayan sido juzgadas por un tribunal militar, jurisdicción de excepción que en la época había determinado que las deliberaciones se celebrarían a puertas cerradas para impedir la posible perturbación del orden público que pudiera entorpecer el correcto desarrollo del proceso.
14. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
[Original: inglés]
[12 de agosto de 1993]
1. Párrafo 25: Por la forma en que está redactado se podría entender que 24 horas es el período mínimo que una persona puede permanecer detenida sin que se formulen cargos en su contra. De hecho, la mayoría de los sospechosos son puestos en libertad o acusados en un plazo de seis horas. El Gobierno del Reino Unido sugeriría por lo tanto que se incluyera lo siguiente:
"Sin embargo, la detención prolongada en una comisaría no es frecuente. La Comisión Real de Procedimiento Penal, en cuyas recomendaciones se basa en gran medida la Ley de policía y prueba en el fuero penal de 1984, determinó que la policía ponía en libertad o acusaba a tres cuartas partes de los detenidos en un plazo de seis horas y a alrededor del 95% en 24 horas."
2. Párrafo 28: Sugerimos concretamente insertar lo siguiente después de la tercera frase:
"Un magistrado puede autorizar la detención por un máximo de 36 horas por audiencia. Por consiguiente, tienen que celebrarse cuando menos dos audiencias para que el sospechoso permanezca detenido por el período completo de 96 horas."
El párrafo 28 se refiere a la facultad de detención consagrada en el artículo 14 de la Ley de 1989 sobre prevención del terrorismo (disposiciones transitorias). El Gobierno del Reino Unido rechaza categóricamente la sugerencia de que esta facultad se utiliza para lograr la condena de personas sobre la base de confesiones obtenidas durante la prolongada detención y los intensos interrogatorios. Dada la especial gravedad que reviste el peligro terrorista a que hace frente el Reino Unido, el Gobierno considera que es esencial que la policía tenga las facultades adecuadas para detener e interrogar a las personas sospechosas de participar en actividades terroristas. Por su propio carácter, las investigaciones de las actividades terroristas son a menudo complejas y requieren tiempo, entrañan diversas líneas de investigación y exigen mucha dedicación de detectives y médicos forenses. Sin el mayor período de detención que autoriza la Ley sobre prevención del terrorismo la policía tendría grandes dificultades para investigar casos de supuesta participación en delitos terroristas. No obstante, la policía no ejerce estas facultades a la ligera: en el Reino Unido en 1992 sólo se detuvo en virtud de la Ley sobre prevención del terrorismo a 191 personas por más de cuatro días (período de detención máximo autorizado por la Ley de policía y prueba en el fuero penal).
3. La legislación existente confiere a los detenidos diversas salvaguardias. Por ejemplo, el Código de Práctica C de la Ley de policía y prueba en el fuero penal relativo a la detención, el trato y el interrogatorio por funcionarios policiales abarca a todas las personas detenidas por la policía, incluso aquellas detenidas en virtud de la Ley sobre prevención del terrorismo. También existe un sistema que dispone que un funcionario policial superior examinará periódicamente la necesidad de mantener la detención durante las primeras 48 horas, y la medida sólo podrá prolongarse más allá de este período por autorización del Secretario de Estado, y ello hasta un máximo de siete días. En Irlanda del Norte, donde se produce la mayoría de las detenciones en virtud de la Ley sobre prevención del terrorismo, oficiales uniformados controlan permanentemente por un circuito cerrado de televisión todos los interrogatorios celebrados en los centros de detención donde se aloja a los sospechosos detenidos en virtud de la ley. Los interrogatorios se interrumpen durante las horas normales de las comidas; en todo período de 24 horas, 8 transcurrirán sin interrogatorios, viajes u otras interrupciones; no se permiten los interrogatorios después de la medianoche. También existe un Comisionado Independiente de Centros de Detención cuya función es observar las condiciones de detención, informar y formular observaciones al respecto y supervisar en forma independiente las salvaguardias reglamentarias y administrativas que se aplican a los detenidos. Además, una persona independiente examina todos los años el funcionamiento de la Ley sobre prevención del terrorismo y publica informes. La ley debe renovarse todos los años y es objeto de debate en ambas Cámaras del Parlamento.
4. Párrafo 41: En este párrafo se examina la investigación (no especificada) sobre el tema de los interrogatorios de los sospechosos realizados fuera de las comisarías y sin contar con la presencia de un abogado. Los códigos de práctica dictados al amparo de la Ley de policía y pruebas penales de 1984 exigen levantar un acta pormenorizada de todos los interrogatorios a los que se somete a la persona sospechosa de haber cometido un delito, hayan tenido o no lugar en la comisaría. El Gobierno examinará más a fondo la cuestión de los intercambios que se producen entre los oficiales de instrucción y los sospechosos fuera de la comisaría a la luz de las recomendaciones recientes de la Comisión Real de Justicia Penal.
5. En el informe se citan "muchos casos" en que se habría mantenido a los acusados en régimen de incomunicación y se los habría sometido a malos tratos y a interrogatorios apremiantes. En realidad, los códigos de práctica establecen muy precisamente los casos en que se puede demorar el acceso al abogado (cuya violación hace al funcionario pasible de medidas disciplinarias y puede poner en peligro la validez de las pruebas presentadas al tribunal por la fiscalía).
6. El acceso al abogado puede demorarse si la persona detenida por la policía en relación con un delito grave punible con detención aún no ha sido acusada del delito y un oficial con rango de inspector o superior tiene motivos suficientes para creer que el ejercicio de este derecho:
a) dificultará o pondrá en peligro las pruebas relacionadas con un delito grave punible con detención o estorbará o provocará daños físicos a otras personas; o
b) alertará a otra(s) persona(s) sospechosa(s) de haber cometido dicho delito, pero aún no detenida(s) en relación con él; o
c) obstaculizará la recuperación de bienes obtenidos como resultado de dicho delito.
7. En efecto, ello significa que el oficial puede autorizar el retraso del acceso a un abogado determinado sólo si tiene motivos suficientes para creer que ese abogado, a sabiendas o no, transmitirá un mensaje del detenido o creará de cualquier otra manera alguna de las tres situaciones antes mencionadas. En dichas circunstancias el oficial debe ofrecer al detenido la posibilidad de ponerse en contacto con otro abogado.
15. República de Corea
[Original: inglés]
[21 de septiembre de 1993]
Párrafo 43 - Derecho a la asistencia jurídica
1. La información es incorrecta ya que se afirma que "por lo general" el disfrute de ese derecho se ve limitado en casos de seguridad pública y que las restricciones al derecho a la asistencia de un abogado eran "muy frecuentes" en los interrogatorios realizados en la Agencia de Planificación de la Seguridad Nacional y otras instituciones mencionadas en el informe.
2. En los párrafos 4) y 5) del artículo 12 de la Constitución de la República de Corea se garantiza en forma absoluta a todos los ciudadanos el derecho a tener acceso a un abogado. Esta garantía se aplica a todos los casos, incluidos aquéllos abiertos al amparo de la Ley de seguridad nacional. Según se informa, algunas veces se ha diferido la aplicación de este derecho por motivos de extrema urgencia o por dificultades en la programación de actividades. Cualquiera haya sido la práctica del pasado, hace poco un tribunal coreano declaró inadmisible diferir el acceso al abogado.
3. Además, el nuevo Gobierno está dedicado a la realización de los derechos humanos; se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos básicos, como el de contar con la asistencia de un abogado, no vuelvan a violarse en el futuro.
Párrafo 57 - Derecho a un juicio público
4. La información es incorrecta porque da a entender que el Gobierno recurre a la policía antidisturbios con el fin de intimidar al público para que no asista a las audiencias de los casos relacionados con la seguridad pública, y que el Gobierno restringe el derecho del público a asistir a los juicios que "pueden llevarse a cabo" en lugares donde estaba restringido el acceso del público. La única restricción impuesta al público que desea asistir a las audiencias se relaciona con el tamaño de las salas. Cuando las instalaciones son demasiado pequeñas para acoger a todos los que desean asistir a una audiencia determinada, se da prioridad a las familias y a continuación a la prensa, y para los espacios restantes se distribuyen entradas.
5. Sin embargo, es cierto que debido a los disturbios ocurridos durante las audiencias de determinados casos de seguridad pública se ha desplegado a la policía antidisturbios para que mantuviera el orden. Su misión es proteger a la población y no disuadirla de asistir a las audiencias judiciales.
Párrafo 59 - Derecho al juicio y a la apelación
6. Si bien es cierto que la Ley de medidas especiales citada en el informe permite celebrar los juicios en rebeldía, el 29 de julio de 1993 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales el párrafo 1 de los artículos 11 y 13 de la ley, que el Gobierno debe ahora volver a redactar. Sin embargo, la Ley de medidas especiales de la que se habla en el informe se considera necesaria para mantener la seguridad interna y la justicia.
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