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Además de las garantías asociadas con el derecho de las personas detenidas a tener acceso a un tribunal (discutido anteriormente), el Poder Judicial puede ejercer control sobre las prácticas de detención a través de sus decisiones en relación a:
- Impugnación de la legalidad del trato o de las condiciones de vida en prisión (en virtud del derecho administrativo o constitucional). El Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura ha señalado que el control judicial durante el período de aislamiento solitario - por jueces y juezas distintas de las que determinaron los cargos penales - es crucial para el debido proceso y para asegurar que las personas detenidas pueden invocar las normas que las protegen (SPT 2013 ). En algunas jurisdicciones, existen jueces o juezas especiales con el mandato de recibir denuncias respecto a cualquier aspecto del régimen de privación de la libertad de las personas sentenciadas (conocidos como Juges d'exécution des peines en las jurisdicciones de habla francesa). Puede ser posible que a las personas detenidas, antes de acceder a la vía judicial, se les solicite utilizar recursos administrativos de quejas.
• La aplicación de los derechos relacionados con el debido proceso, que actúan como salvaguardias contra la tortura u otros malos tratos de personas en detención preventiva (por ejemplo, acceso a un abogado o abogada).
• Las demandas de indemnización relacionadas con la detención, por ejemplo, por detención ilegal y malos tratos durante la detención.
• Los cargos criminales relacionados con la conducta del personal penitenciario o de las personas detenidas.
• Además, los jueces y juezas, en algunos países, tienen el mandato de visitar los lugares de detención (ver mecanismos de inspección).
Para que estos distintos tipos de control judicial de la detención sean eficaces, es necesario que el Poder Judicial sea independiente y tome medidas, sin demora, para defender los derechos de las personas detenidas. Hay una serie de razones por las que esto no ocurre en todos los contextos, incluyendo:
• Si el Poder Judicial no tiene el suficiente distanciamiento profesional de las autoridades implicadas en la detención, los jueces y juezas pueden llegar a ser parciales, situándose "del lado de las autoridades" por encima de la palabra y la situación de las personas detenidas.
• Las y los jueces pueden no ser conscientes de la gravedad de la tortura y otros malos tratos.
• El Poder Judicial puede tener problemas por falta de recursos y una sobrecarga de casos, que inciden en su capacidad para tratar los casos a fondo y en plazos adecuados.