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La APT promueve un marco jurídico y político legal que permita condenar y prevenir, tanto en las leyes como en la práctica, la tortura y otros malos tratos. Apoyamos los esfuerzos realizados en todos los países del mundo para redactar, adoptar y aplicar una legislación anti-tortura. Nuestra labor puede abarcar, dependiendo del país, desde el realizar recomendaciones para la redacción de las leyes por parte de los actores nacionales, facilitar la comunicación entre los actores nacionales e internacionales, o entre los actores nacionales de diferentes países, hasta la participación en actividades formativas o en la redacción de materiales pedagógicos.
¿Qué aspectos deberían de incluir las leyes anti-tortura?
Los Estados pueden recurrir al marco jurídico internacional y regional mediante la ratificación de los tratados pertinentes y la integración de los mismos en su legislación nacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, por ejemplo, contiene numerosas disposiciones para prevenir, prohibir y ofrecer remedios contra la tortura.
La aplicación exhaustiva supondrá inevitablemente un análisis de las leyes y políticas vigentes con el fin de determinar si el Estado cumple con sus obligaciones, así como la enmienda de las leyes existentes, o el decreto de leyes completamente nuevas.
A fin de lograr una aplicación adecuada de la Convención contra la tortura, la legislación nacional debería, como mínimo:
- incluir una definición de la tortura de conformidad con los estándares mínimos establecidos por la Convención contra la Tortura,
- prohibir los actos de tortura y controlar que no sea invocada ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura,
- tipificar la tortura como delito específico contemplado por el derecho penal,
- establecer sanciones adecuadas para el delito de tortura que tengan en cuenta la gravedad de su naturaleza,
- afirmar que no se puede invocar la orden de un superior para justificar la tortura,
- excluir las amnistías, las inmunidades y las prescripciones de los delitos de tortura,
- proceder a una investigación pronta e imparcial siempre que existan razones para creer que se ha cometido un acto de tortura, independientemente de si se ha presentado una queja o no,
- hacer inadmisibles en los procedimientos jurídicos aquellas declaraciones obtenidas a través del uso de la tortura,
- prohibir la extradición a aquellos Estados en donde la persona corre el riesgo de ser sometida a tortura (principio de no-expulsión), y
- ofrecer remedios y reparaciones eficaces para las víctimas de la tortura.
Una vez se haya establecido el marco jurídico, los Estados deben garantizar su aplicación en la práctica.