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La Corte Suprema de Estados Unidos recibió el martes la petición de las compañías Nestlé y Cargill de poner fin a las demandas en su contra por complicidad con el trabajo infantil forzado en las plantaciones de cacao en Costa de Marfil.
El máximo tribunal podría aprovechar este caso para limitar la posibilidad de reclamar una indemnización a empresas estadounidenses por violaciones de derechos humanos cometidas en el resto del mundo.
Seis malienses aseveran que fueron reclutados en su infancia y sometidos a esclavitud en plantaciones de Costa de Marfil, donde la filial estadounidense del grupo suizo Nestlé y el gigante estadounidense del comercio y procesamiento de materias primas agrícolas Cargill compraban cacao.
En 2005, presentaron una demanda en Estados Unidos contra Nestlé USA y Cargill, argumentando que las dos empresas sabían lo que estaba pasando en estas plantaciones.
Después de varios giros, los tribunales federales validaron el procedimiento iniciado bajo una ley de 1789, el "Alien Tort Statute", que permite recurrir a los tribunales civiles estadounidenses en casos de violaciones del derecho internacional.
Esta ley, inicialmente concebida para luchar contra los actos de piratería, cobró nueva vida desde hace unos cincuenta años bajo el impulso de los defensores de los derechos humanos.
Pero la Corte Suprema ha restringido reiteradamente su alcance, y en 2018 prohibió los juicios contra empresas extranjeras. Nestlé y Cargill ahora le piden que excluya también a las empresas estadounidenses y los actos de "complicidad".
Las dos compañías "aborrecen la esclavitud infantil, pero ese no es el punto", argumentó su abogado Neal Katyal en una audiencia telefónica ante la Corte Suprema.
"Si no tenemos cuidado, los juicios de este tipo proliferarán, durarán décadas y socavarán nuestra política exterior".
La administración Trump, que inicialmente apoyó a los demandantes, ha dado un giro a favor de ambas firmas.
"Una decisión que extienda la responsabilidad civil de las personas a las empresas debe ser tomada por el Congreso y no por los tribunales", justificó el abogado del gobierno, Curtis Gannon.
Los dos grupos "han mantenido el trabajo infantil forzado en su cadena de suministro para mantener una ventaja competitiva en el mercado estadounidense", acusó por su parte el abogado de los demandantes Paul Hoffman.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo deben tomar su decisión antes de finales de junio de 2021.