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Actividad llevada conjuntamente por la corporación Penca de Sábila en la ciudad de Medellín y por la asociación Endacol en la ciudad de Bogotá.
Derecho reconocido pero no garantizado.
Aunque fue reconocido en 2010 por la ONU como un derecho fundamental, el derecho de acceso al agua está lejos de estar garantizado en Colombia, país sin embargo signatario de la resolución de Naciones Unidas. De hecho, actualmente hasta el 50% de la población colombiana tiene dificultades para acceder al agua.
Según la ley 142, puesta en marcha en 1994, los ayuntamientos tienen la obligación de servir agua potable a toda la población. Las tarifas aplicadas deben ser modulables en función de la clase social de los consumidores, las más favorecidas subvencionando a las más desfavorecidas. Paralelamente, la ley alienta la libre competencia y la privatización de la red y por lo tanto desde 1995 las empresas privadas o estatales dirigen parte de la red que suministra a las zonas urbanas.
En las zonas urbanas estos cambios han dado lugar a un aumento significativo de los precios (entre 1990 y 2001, el precio medio de agua y de saneamiento aumentó a 0,32 dólares / m3, lo que equivale a un aumento del 152%) y un enorme descontento popular.
9 millones de personas de las cuales alrededor de 1 millón de niños entre 0 y 4 no tienen acceso a la red.
Actualmente solo el 52% de los municipios son capaces de proporcionar el acceso al agua de forma continua. 222 municipios de la zona rural no aseguran el suministro de agua y 593 no proporcionan alcantarillado. En un 43% de los casos el tratamiento de las aguas residuales es malo y las aguas residuales se mezclan con las fuentes de agua potable. Por este hecho 9 millones de personas de las cuales aproximadamente 1 millón de niños de 0 a 4 años no tienen acceso a la red.
La falta de acceso al agua y al saneamiento provoca la propagación de enfermedades relacionadas con el agua y a la malnutrición. El dengue clásico, la malaria y la diarrea afectan a la población y la mortalidad aumenta en los prenatales.
Refuerzo de las infraestructuras
En las zonas rurales y más desfavorecidas del país, asociaciones comunitarias llamadas acueductos gestionan la red de agua. A partir de 1920, los habitantes de las zonas rurales pusieron en marcha estas asociaciones comunitarias de acueductos, construyendo las infraestructuras necesarias para asegurar el suministro del agua y asumiendo ellos mismos la gestión de estas infraestructuras.
Las asociaciones comunitarias de los acueductos son una alternativa para los habitantes desfavorecidos con respecto a las empresas estatales y privadas de distribución del agua. Funcionan sin subvención del municipio o ni del estado, pero gracias a grupos de dirigentes voluntarios que coordinan los trabajos de construcción y mantenimiento, obtienen escasos ingresos de las cotizaciones de los usuarios. (Estos ingresos están constituidos esencialmente por el importe de los abonados y por impuestos diversos).
Este modelo de gestión alternativa encuentra dos dificultados mayores. Por una parte los ingresos obtenidos son insuficientes para mantener las infraestructuras y la gestión de ellas y por otra parte, las asociaciones se encuentran bajo la amenaza de una toma de control del sector privado, alentado por políticas nacionales de comercialización de los servicios de agua. De la privatización del sistema resulta un aumento importante de las tarifas y un empobrecimiento mayor de la población que ya por si carece de medios.
Denuncia de la situación y influencia en las políticas.
Las acciones tienen como objetivo fortalecer aún más la capacidad de gestión, la movilización y el impacto de la sociedad civil para influir en las políticas públicas. Se llevan a cabo campañas a favor de “la defensa del agua como derecho humano fundamental”.
Se realizan evaluaciones de la política de privatización del servicio del agua y saneamientos básicos para perseguir los conflictos jurídicos y las violaciones de los derechos. Los asociados aconsejan también legalmente a las familias y a las organizaciones comunitarias de Medellin a emprender acciones legales con el fin de poder ejercer sus derechos fundamentales de acceso al agua potable.