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Al mismo tiempo que Nicaragua escapaba del escrutinio de los Órganos de Tratados de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington adoptaba una resolución en la que afirmaba que “la negativa a cumplir con las medidas de protección y el incumplimiento de lo ordenado en resoluciones anteriores constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones emitidas por esta Corte y un incumplimiento del deber de informar”.
El desafío de Nicaragua al sistema de derechos humanos de la ONU quedó al descubierto cuando no se presentó a la revisión prevista del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), los días 7 y 8 de octubre.
Unos días después, y ante la inminencia de otro examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Nicaragua reiteró e informó al Comité que no asistiría.
Aunque no es del todo inédita, la ausencia de las delegaciones de Estados en los exámenes de los Órganos de Tratados es relativamente rara, y se da sobre todo en casos de Estados pequeños y/o con pocos recursos. Este tipo de situaciones negativas también son mucho menos frecuentes, dada la importante asistencia técnica y la cooperación que ofrece a los Estados la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) como parte de un programa específico de fortalecimiento de capacidad establecido en 2015.
En sus conclusiones, el Comité señaló que en Nicaragua, “numerosos acontecimientos extraordinarios merecían ser abordados”, lo que requería respuestas a la lista de preguntas planteadas por el Comité y la presencia de una delegación gubernamental adecuada para la revisión. Entre ellos, los derechos laborales, la discriminación de grupos vulnerables, la pobreza y la exclusión social que afecta a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la denegación de atención médica a los manifestantes heridos durante las protestas masivas de abril de 2018. Nicaragua falló en ambos aspectos.
A pesar de esta actitud desafiante, el Comité emitió un conjunto de recomendaciones a Nicaragua. El ISHR celebra el fuerte enfoque en el espacio de la sociedad civil, incluyendo la recomendación prioritaria detallada sobre el fin de la violencia y la hostilidad hacia las personas defensoras de los derechos humanos (§10). Las dos otras recomendaciones identificadas como prioritarias por el Comité se enfocan en la necesidad de procesos adecuados para obtener el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas (§12a, §12b), y la gestión de la pandemia de Covid-19 (§43).
Acogemos con satisfacción la recomendación prioritaria adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la que se pide al gobierno que ponga fin a la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos. El gobierno deberá informar al Comité en 24 meses sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta recomendación. Esperamos que el gobierno rinda cuentas.Tania Agosti, Asesora Jurídica del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
La actitud desafiante de Nicaragua hacia los tribunales y órganos supranacionales de derechos humanos debe ser tratada de forma contundente por la comunidad internacional, concretamente mediante el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas de la ONU. No hacerlo no sólo enviaría un mensaje escalofriante a todas las personas que se resisten a la represión en el país, sino que también podría animar a otros regímenes represivos a seguir su ejemplo.Raphaël Viana David, punto focal para América Latina en Ginebra, ISHR
Junto con sus aliados internacionales, las ONG nicaragüenses habían escrito a los presidentes de los cinco comités de la ONU que se espera que examinen a Nicaragua, pidiéndoles que den prioridad a estos exámenes, dados los trastornos inducidos por la pandemia de Covid-19. Como demuestra el precedente del CDESC, los órganos de tratados de la ONU pueden examinar a los países en ausencia de una delegación del Estado y emitir una serie de recomendaciones que los Estados tienen el deber de considerar.