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Decisión 1 (51) sobre Israel
El Comité reitera su pleno apoyo del proceso de paz entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina y nuevamente manifiesta la opinión de que los principios y obligaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial deben ser parte integrante del proceso de paz. El Comité exhorta a las partes en el proceso de paz a que observen y apliquen fielmente la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, firmada por Israel y la Organización de Liberación de Palestina el 13 de septiembre de 1993, el Acuerdo provisional israelo-palestino sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, de 28 de septiembre de 1995, y otros acuerdos concertados entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina.
El Comité confirma su opinión de que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados no solamente son ilegales en virtud del derecho internacional, sino que también constituyen un obstáculo para la paz y el disfrute de los derechos humanos de toda la población en la región, sin distinción de origen nacional o étnico, de acuerdo con la Convención. El Comité expresa su grave preocupación por las incesantes políticas de expansión de asentamientos, incluido en particular el establecimiento de un asentamiento israelí en Jabal Abu Ghenaim en Jerusalén oriental, todos los cuales modifican el carácter físico y la composición demográfica de los territorios ocupados, incluida Jerusalén, son causa de tirantez creciente en la región y ponen en peligro el proceso de paz.
El Comité condena nuevamente en los términos más enérgicos el terrorismo en todas sus formas. Abomina de actos que tienen como resultado la matanza indiscriminada de inocentes, y reitera que no existe justificación alguna para tales actos. Destaca la necesidad de que se adopten todas las medidas apropiadas, en particular las que se prescriben en el artículo 4 de la Convención, contra organizaciones extremistas y terroristas que fomenten el odio racial, inciten a la violencia y cometan actos terroristas. Además, el Comité insta a todos los Estados Partes a que impidan que dichas organizaciones lleven a cabo actividad alguna, incluido el entrenamiento, reclutamiento y recaudación de fondos, en los territorios bajo su control.
El Comité rechaza los cierres y el bloqueo de reembolsos de cuotas e ingresos a la Autoridad Palestina, impuestos por las autoridades israelíes en los territorios ocupados a raíz de las atroces bombas arrojadas por atacantes suicidas en Jerusalén, el 30 de julio de 1997, pues equivalen a un castigo colectivo que es contrario al artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra4. Los cierres y las medidas conexas limitan gravemente la circulación de las personas y los bienes en Gaza y en la Ribera Occidental y privan a un gran número de palestinos de su empleo lícito, al tiempo que bloquean ingresos esenciales y derechos de aduana adeudados a la Autoridad Palestina. Las medidas adoptadas por Israel tienen efectos devastadores en la vida y el bienestar de la población árabe y son causa de grandes sufrimientos.
El Comité afirma que dichas medidas equivalen a castigos colectivos y constituyen un grave obstáculo para el proceso de paz. Insta al Gobierno de Israel a que levante de inmediato esas medidas.
El Comité acoge con beneplácito la continuación del diálogo constructivo con representantes de Israel, y está dispuesto a contribuir a cualesquier medidas de fomento de la confianza que sean acordes con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.