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Del 17 al 21 de abril de 2023, una delegación de ICoCA participó en la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas encargado de elaborar un marco normativo internacional sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de las empresas militares (EMP) y de seguridad (ESP) privadas. Este instrumento pretende basarse en la reafirmación del Documento de Montreux de la obligación de los Estados de supervisar las actividades de las EMP y de las ESP, garantizando la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El grupo de trabajo, dirigido por el Presidente-Relator Mxolisi Sizo Nkosi, de Sudáfrica, fue establecido por la resolución 36/11 del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017 y renovado para un nuevo debate en octubre de 2020. Esta última conferencia modificó el borrador basándose en las aportaciones de la sesión anterior, celebrada el pasado mes de mayo, y en las consultas entre sesiones. El grupo de trabajo aún no ha llegado a un consenso sobre el marco normativo, y las negociaciones continuarán.
En todo el mundo, los Estados dependen cada vez más de las empresas militares y de seguridad privadas para su protección. Sin embargo, los cambios considerables en el sector de la seguridad privada y la evolución de las funciones de las EMP y de las ESP han dado lugar a mayores riesgos y violaciones de los derechos humanos en el contexto mundial actual. A medida que el sector sigue creciendo, este grupo de trabajo presenta una oportunidad para que los Estados refuercen la protección de los derechos humanos exigiendo responsabilidades a las empresas y proporcionando protección a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Un marco actualizado puede ofrecer una mayor universalidad, al tiempo que complementa las orientaciones del Documento de Montreux y del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada («el Código»).
ICoCA trabaja para garantizar que los proveedores de seguridad privada cumplan el Código y respeten activamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La Asociación reconoce que los Estados son los principales responsables de exigir responsabilidades a los autores de abusos contra los derechos humanos y el derecho humanitario. ICoCA cree que si se adoptara un marco regulador, ICoCA ofrece a los Estados un mecanismo importante para permitirles aplicar sus obligaciones jurídicas internacionales preexistentes, incluido el elemento pertinente del proyecto de instrumento regulador. Durante la sesión de abril de 2023, los representantes de ICoCA reafirmaron el apoyo de la Asociación a las iniciativas tanto nacionales como internacionales para elevar los estándares de la industria a través de un mecanismo de rendición de cuentas más fuerte y el acceso a la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Asociación reconoció que, aunque unos procedimientos adecuados de supervisión y diligencia debida para las empresas militares y de seguridad privadas son esenciales para mitigar los riesgos para los derechos humanos, es imperativo evitar generalizaciones que condenen al sector de las EMSP en su conjunto. Antes de que finalizara la conferencia de cinco días, el grupo de trabajo aceptó la recomendación de ICoCA de incluir una formación obligatoria sobre prevención de la explotación y los abusos sexuales.
Durante diez años, ICoCA ha demostrado su compromiso con la defensa de los valores consagrados en el Documento de Montreux y trata de apoyar a los Estados en su supervisión de los contratistas militares y de seguridad privados en todo el mundo.