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La posición del gobierno ecuatoriano respecto a la explotación minera a gran escala en el Ecuador ha sorprendido y preocupado a los sectores afectados. Los bloqueos de carreteras organizados por la “Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía” la semana pasada enfrentaron una fuerte represión policial [1], de igual manera las nuevas declaraciones del gobierno están en contradicción con las demandas de las comunidades.
Si bien Ecuador ha sido un país productor de petróleo durante 40 años [2], nunca ha sido un productor minero importante. Sin embargo, las reformas legales que favorecen a la inversión privada y los estudios que revelan la riqueza de los depósitos minerales en los Andes ecuatorianos y en el sur de la región amazónica [3] han hecho que el país sea muy atractivo para los inversionistas extranjeras y en particular para los intereses canadienses [4]. Hasta la fecha, se han entregado más de 4.000 concesiones de explotación minera, cubriendo aproximadamente [5] el 20% del territorio, incluyendo muchas áreas, cultural y biológicamente diversas [6]. Toda vez, los proyectos actuales aún no inician la producción.
Las miles de personas que respondieron a la convocatoria de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía están convencidas de que existen mejores alternativas para el futuro de sus comunidades y del país. En vista de que las comunidades afectadas ya están sufriendo los efectos de la división social [7], y conociendo del deterioro de la salud y el medio ambiente registrado en otros países [8], aspiran a que el Ecuador se eche para atrás y sea declarado “un país libre de la explotación minera a gran escala”.
La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía: (full text).