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Según el paradigma económico predominante, la liberalización del comercio internacional es un medio de desarrollo. En la esfera de la agricultura, el Acuerdo sobre la Agricultura, aplicado bajo los auspicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC), es la medida más importante que se ha tomado en tal sentido.
Cinco años después de la entrada en vigor de este acuerdo, resulta evidente que sus disposiciones causan un daño enorme a los agricultores y campesinos de todo el mundo, intensifican la explotación, aumentan el número de campesinos sin tierras y agravan la pobreza. En Filipinas, el Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP – Movimiento de Campesinos de Filipinas) ha documentado los efectos nefastos que tiene la liberalización del comercio sobre el campesinado filipino. El CETIM desea compartir sus conclusiones alarmantes con la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un acuerdo injusto e inequitativo
El Acuerdo sobre la Agricultura fue resultado de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Su historia revela muchas de sus verdaderas intenciones. Antes de que el comercio agrícola formara parte de las negociaciones del GATT, los países industrializados, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, competían entre sí aplicando medidas proteccionistas y alentando activamente una sobreproducción siempre en aumento. Sin embargo, durante el decenio de 1980, la mayor competencia y sobreproducción llevó a intensificar los conflictos comerciales entre los países industrializados mientras que los precios mundiales se desplomaban. Más aún, el costo elevado de los programas subvencionados de apoyo a sus sectores agrícolas representaba una pesada carga para los presupuestos de los países industrializados.
El Acuerdo sobre la Agricultura en el marco de la Ronda Uruguay del GATT debía resolver el problema crónico de la sobreproducción agrícola en el mundo industrializado mediante una expansión de sus mercados. Al mismo tiempo, servía para consolidar y fortalecer el control monopolístico de sus empresas transnacionales sobre los sectores alimentario y agrícola.
Como era de esperar, los Estados Unidos y la Unión Europea, que son los mayores exportadores mundiales de productos agrícolas y los principales centros de las empresas transnacionales agroindustriales, resultan los que más han salido ganando con el Acuerdo sobre la Agricultura. Este acuerdo apenas sí ha afectado su capacidad para subvencionar la sobreproducción y el dumping de sus exportaciones, mientras impide que los países del Tercer Mundo adopten ninguna medida encaminada a proteger su agricultura nacional.
Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que una vez que se apliquen plenamente los Acuerdos de la Ronda Uruguay y el TLCAN, en 2005 y 2008, el efecto previsto sobre las exportaciones agrícolas en los Estados Unidos aumentará a más de 10.000 millones de dólares anuales. Según los cálculos del USDA, las exportaciones directamente atribuidas a la liberalización del comercio representarán un 13% de todas las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos.
La liberalización orienta a la agricultura filipina a favor de la gran industria
La agricultura filipina conserva las huellas de casi 500 años de dominación colonial y neocolonial. Aun antes de llevarse a cabo la Ronda Uruguay del GATT, la agricultura filipina estaba orientada a la exportación, dependía de las importaciones y se hallaba dominada por intereses extranjeros. Esto no significa que el Acuerdo sobre la Agricultura tenga consecuencias de poca importancia. En realidad su resultado ha sido intensificar las debilidades fundamentales de la agricultura filipina.
Filipinas no tuvo que reducir los aranceles con arreglo al Acuerdo sobre la Agricultura puesto que los aranceles ya eran inferiores a lo que debían ser. En lugar de ello, se comprometió a no aumentar los aranceles por encima de cierto nivel y a reducir los tipos arancelarios consolidados en un 24% en un plazo de diez años. Sólo se hizo una excepción en el caso del arroz. Si bien la arancelización se ha demorado durante diez años, el país debe permitir que se importe arroz por un volumen equivalente al 2% del consumo interno en 2000 y al 4% a fines de 2004. Se trata del denominado “volumen de acceso mínimo”.
El Gobierno de Filipinas no tuvo que reducir ni eliminar las subvenciones, puesto que nunca había ofrecido ningún apoyo importante a su agricultura nacional. En lugar de ello, asumió obligaciones en nombre de los futuros gobiernos en el sentido de no otorgar subvenciones agrícolas que reanimaran al moribundo sector agrícola nacional.
A fin de aplicar el Acuerdo sobre la Agricultura, el Gobierno de Filipinas dictó la Ley de arancelización agrícola (Ley de la República Nº 8178). Esta ley derogó las leyes existentes por las que se prohibía la importación de cebollas, patatas, ajos y coles (LR Nº 1296) y de café (LR Nº 2712) y se centralizaba la importación de carne de vacuno (LR Nº 1297). La Ley de arancelización agrícola también derogó dos leyes que los pequeños agricultores habían conseguido después de años de lucha: la Magna Carta para Pequeños Agricultores (LR Nº 7607) y la Ley de desarrollo de la industria de semillas (LR Nº 7308). Estas leyes prohibían importar productos y semillas agrícolas cuando ya se producían de manera suficiente en el país.
Se reestructuró la agricultura de conformidad con la creciente liberalización del sector mediante una serie de otras leyes y políticas. Por ejemplo, en virtud de la Ley de la República Nº 7900 se otorgaban incentivos, exoneraciones fiscales y apoyo a la infraestructura a las empresas agroindustriales dedicadas a producir cultivos para la exportación.
En el Plan de Mediano Plazo para el Desarrollo Agrícola 1993-1998 se establecieron nuevos conceptos en torno a la Esfera de Producción Clave, dando prioridad a los cultivos de exportación de valor elevado sobre los cultivos básicos para el consumo interno. Al mismo tiempo, el Gobierno promovió la creación de enclaves industriales y organizó proyectos de desarrollo destinados a atraer a los inversores extranjeros.
Los mismos conceptos son la base de la amplia Ley de modernización agrícola y pesquera (AFMA) de 1997. En el caso de la AFMA, la “modernización” significa promover la producción de cultivos de exportación y dar incentivos a los inversores extranjeros. La ley permite inclusive a las empresas dedicadas a la agricultura que importen insumos y tipos agrícolas sin pagar aranceles ni derechos durante un plazo de cinco años.
En el Plan de Mediano Plazo para el Desarrollo de Filipinas 1999-2004 el actual régimen del Presidente Estrada afirma que la AFMA “permitirá que el sector sea dinámico, orientado en función del mercado, fácilmente accesible a mejores tecnologías e internacionalmente competitivo” mientras que se transforma a los “participantes en el sector, que eran productores de subsistencia, en empresarios”.
Esta declaración de política revela las intenciones del Gobierno de intensificar la actual tendencia a liberalizar el sector agrícola. El Presidente Estrada favorece asimismo los cambios constitucionales que permiten conceder a las empresas extranjeras el 100% de la propiedad de la tierra.
La liberalización es contraria a la soberanía y la seguridad de Filipinas
Debido a los efectos conjuntos de la aplicación por el Gobierno del Acuerdo sobre la Agricultura y de otras políticas agrícolas, los mercados filipinos están inundados por las importaciones agrícolas. En 1994 Filipinas se convirtió en un importador neto de productos agrícolas registrándose en el comercio agrícola un déficit de 42 millones de dólares. El déficit aumentó en casi cuatro veces a 150 millones en 1995. A partir de 1996, el déficit del sector agrícola se ha estabilizado en alrededor de 750 millones de dólares anuales.
Aunque la producción local de arroz, alimento básico de la mayoría de los filipinos, era suficiente para satisfacer la demanda, se importa un volumen cada vez mayor de arroz. Las importaciones de arroz llegarán a un máximo de 2,2 millones de toneladas métricas en 1998, más de 20 veces más que el Volumen de Acceso Mínimo y casi un 40% de la producción local. El arroz fue durante ese año la importación agrícola más importante, y representó un 35% del valor total.
Una comparación de las diez principales importaciones y exportaciones agrícolas indica que las importaciones están aumentando mientras las exportaciones se han estancado o disminuyen. Por ejemplo, de 1993 a 1998, las importaciones de maíz aumentaron en alrededor de 500 veces, de 640 tm a 462.000 tm; las importaciones de carne de vacuno en casi 4 veces y las de carne de porcino 164 veces.
Por otra parte, la producción local aumentó apenas en un 0,23% entre 1994 y 1998. La producción de maíz, azúcar, cacahuetes, tomates, coles, café, cacao y camote ha disminuido constantemente. En 1998, el arroz y el maíz, los dos principales cultivos básicos, registraron la cifra de producción más baja desde 1987 y 1984 respectivamente.
La liberalización afecta a las condiciones de vida de los campesinos filipinos
Desde que empezó a aplicarse el Acuerdo sobre la Agricultura y el país quedó sometido a la OMC, las condiciones de vida de los campesinos filipinos han empeorado. Hasta el Gobierno admite que el número total de familias rurales pobres aumentó en unas 300.000 unidades entre 1994 y 1997.
La liberalización de la economía ha aumentado los costos de producción, afectando así la productividad y los ingresos de los agricultores. Han aumentado considerablemente sobre todo los precios de las semillas y los abonos. Esto es resultado directo de la dependencia de Filipinas en relación con las importaciones puesto que las empresas transnacionales agroindustriales pueden cobrar precios artificialmente elevados debido a su posición de monopolio. Por ejemplo, el precio interno de la urea es, en un promedio de cinco años, más elevado en un 73% que su precio mundial.
Si bien los agricultores pagan precios más elevados por los insumos agrícolas, tienen que vender su producción a precios que han sido deprimidos por la posición monopólica de los grandes comerciantes o los conglomerados de elaboración de alimentos. Las importaciones baratas y subvencionadas procedentes de los países industrializados están reduciendo aún más los precios.
Cargill, Continental y otros gigantes de la producción cerealera de los Estados Unidos, por ejemplo, pueden vender los excedentes de maíz de los Estados Unidos en Filipinas a precios que equivalen a la mitad del costo de la producción local. Sin embargo, el maíz procedente de los Estados Unidos ha sido producido por agricultores que reciben subvenciones equivalentes a 29.000 dólares por persona -más de lo que cualquier cultivador de maíz filipino puede ganar en toda una vida. El resultado es que, según las moderadas estimaciones del Departamento de Agricultura, por lo menos 150.000 toneladas métricas de maíz se pudrieron en los campos en 1998. Debido al incremento de las importaciones en maíz estadounidense, se prevé que los ingresos medios de los cultivadores de maíz filipinos disminuirán en un 15% para el año 2000, y hasta en un 30% para el 2004.
La liberalización empeora la condición de los campesinos sin tierras
Es bien sabido que los programas de reforma agraria, tanto los aplicados en el pasado como los que ahora se aplican, no han permitido dar tierras a los campesinos que no disponen de ellas. Sin embargo, la tendencia actual es a reconcentrar la tierra en manos de los terratenientes y las empresas. En consecuencia, aumenta el número de campesinos sin tierras.
El apoyo que presta el Gobierno a la producción de cultivos para la exportación alienta abiertamente a los terratenientes y empresas a apoderarse de las tierras, puesto que los pequeños agricultores no disponen de medios para dedicarse a la agricultura de gran densidad de capital. La anulación de los certificados de tierras distribuidos anteriormente y los cambios decididos en el uso de las tierras tienen por resultado que se reconcentra en la práctica la propiedad de las tierras en manos de los terratenientes y las empresas.
Los contratos de cultivo son otro sistema que beneficia a la agricultura orientada en función de las exportaciones. Los contratos permiten a las empresas transnacionales controlar las tierras aun cuando no adquieran la propiedad. Los agricultores quedan atrapados por la posición monopólica de la empresa, puesto que tienen que comprarles sus insumos agrícolas y vender su producción a la empresa en las condiciones fijadas por ésta.
Esta evolución ha hecho que más y más campesinos deban abandonar sus tierras y pierdan sus medios de ganarse la vida. En 1996 se perdieron 700.000 puestos de trabajo en la agricultura, con lo cual las estadísticas oficiales de desempleo rural han llegado a 1,3 millones de personas en 1998. Los campesinos están obligados, en proporción cada vez mayor, a trabajar en las granjas y plantaciones de los terratenientes, con salarios bajos que pueden ser sólo de 60 a 90 pesos diarios1. El número de jornaleros y asalariados, como se denomina con un eufemismo a los trabajadores agrícolas en las estadísticas oficiales, aumentó en un 13% entre 1993 y 1997. Por otra parte, el número de trabajadores por cuenta propia, que comprende a los agricultores propietarios de tierras, ha disminuido en una media de un 5% anual durante el mismo período.
Junto con el Movimiento de Campesinos de Filipinas, podemos llegar a la conclusión que la liberalización del comercio agrícola, de conformidad con la OMC y el Acuerdo sobre la Agricultura, ha tenido graves consecuencias para la soberanía alimentaria de Filipinas y las condiciones de vida de los campesinos filipinos. Los derechos básicos de la población a alimentarse y a tener condiciones de vida decentes se han reducido aún más. Sólo una amplia y auténtica reforma agraria, acompañada por políticas económicas justas y democráticas en beneficio de la población, puede garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos filipinos. Por lo tanto, recomendamos lo siguiente:
1. Deben llevarse a cabo investigaciones exhaustivas sobre las consecuencias que tiene la liberalización del comercio agrícola sobre los campesinos. Los campesinos pobres deben participar en este estudio de manera que se escuchen sus voces y tengan en cuenta sus experiencias lamentables.
2. Debe retirarse inmediatamente la agricultura de la OMC. Todos los órganos de las Naciones Unidas deben apoyar esta medida con carácter de urgencia para auxiliar de inmediato a los agricultores pobres del Tercer Mundo. Eventualmente, será preciso suprimir por completo la OMC, ya que es uno de los defensores decididos de la liberalización y la desregulación, políticas que han causado tanto sufrimiento a los campesinos pobres.
3. El principio de “la tierra para quien la trabaja” debe reconocerse como uno de los derechos fundamentales de los agricultores. Las Naciones Unidas deben asegurarse de que se lleve a cabo inmediatamente una auténtica reforma agraria en todos sus Estados Miembros. Esto permitiría liberar al campesinado del yugo de la explotación feudal. Más aún, sería la base para un desarrollo rural fundado en prácticas agrícolas sanas y sostenibles así como para la seguridad alimentaria de la población durante el siglo XXI.