Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05085.jsonl.gz/19

El derecho a consultar de forma confidencial, comunicarse y reunirse con la asistencia legal no puede suspenderse ni restringirse, salvo en "circunstancias excepcionales". Estas circunstancias se deben especificar en la ley o en los reglamentos (por ejemplo, algunos regímenes nacionales permiten restricciones en el acceso a un abogado o abogada cuando esto interfiere en una investigación en curso o cuando la seguridad pública esté en riesgo). Estas restricciones deben ser aprobadas como indispensables para un objetivo justificado y de manera individual, preferiblemente por autoridades judiciales (u otras autoridades competentes). En cualquier caso, la comunicación confidencial no será negada más allá de unos cuantos días.
En algunas jurisdicciones, si las autoridades tienen una razón legítima para sospechar que el correo confidencial entre la persona detenida y su representante legal está siendo utilizada para enviar artículos ilegales o peligrosos, se podrá abrir la correspondencia, en presencia de la persona detenida, para comprobar el contenido. Sin embargo, las autoridades no deben, en ningún caso, leer la correspondencia.
Cualquier restricción sobre el derecho de acceso a la asistencia legal no debe eludir la protección de los derechos irrevocables, ni siquiera en circunstancias excepcionales. Así pues, las garantías, incluyendo el derecho de acceso a asistencia legal, no pueden restringirse hasta tal punto que se facilite la aparición de tortura u otros malos tratos. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura (2003) recomienda que cuando las restricciones en el acceso a la asistencia legal sean judicialmente aprobadas en respuesta a una alarma de seguridad genuina, se debe permitir a la persona detenida reunirse con un o una representante legal independiente, por ejemplo, bajo recomendación del colegio de abogados local.