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En ciertos casos, el derecho a la correspondencia puede verse limitado. Las autoridades pueden abrir y leer, censurar, o en casos extremos, retener la correspondencia de una persona detenida. Cualquier interferencia con la correspondencia debe estar justificada por razones claramente establecidas por ley o en la normativa de la prisión; al igual que cualquier otra limitación, debe tener un propósito legítimo. Esto podría incluir la protección de la seguridad de la prisión, evitar volver a traumatizar a la víctima o la interferencia con una investigación o juicio.
Si la apertura de correo se considera necesaria para la seguridad de la prisión, en la mayoría de los casos, una muestra aleatoria debe ser suficiente para abordar esta preocupación, en lugar de abrir todo el correo. Como garantía, un o una supervisora, o gerente, debe tener la función específica de apertura y revisión del correo y debe estar sujeto o sujeta a la obligación de confidencialidad. Cuando se considere necesario leer y censurar o retener la correspondencia particular de una persona detenida, debe ser una autoridad independiente quién tome la decisión, como por ejemplo, un juez o jueza (ver más adelante: sección ‘personas en detención preventiva’).
Toda la correspondencia, ya sea de entrada o de salida, con una persona protegida, como la asistencia legal, debe ser confidencial. Si las autoridades tuviesen razones para creer que se está realizando contrabando o que la carta no es, de hecho, de quién se dice, podrá abrirse la carta, pero esto debe hacerse en presencia de la persona interesada y el contenido no debe ser leído. Debe guardarse un registro de las aperturas de correo protegido.