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El 29 de marzo de 2023, el ISHR, el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Race & Equality emitieron una declaración conjunta sobre la discriminación institucional y las prácticas policiales de la República Dominicana contra los nacionales de ascendencia haitiana, durante el Debate en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El asesinato de Nahel Merzouk a manos de la policía francesa el 27 de junio se suma a innumerables asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden en todo el mundo, motivados por la criminalización de las vidas de personas africanas y afrodescendientes y la discriminación racial.
Tras analizar los efectos de la discriminación contra personas Africanas y afrodescendientes, las comunidades negras de todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos hacen un llamado a los Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que tomen a favor de la justicia racial mediante la implementación total de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (DDPA) y garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras, incluida la recopilación de datos desagregados, un tema de vital importancia para la toma de decisiones y la visibilidad.
El debate con la Relatora Especial sobre Racismo, Ashwini K.P, fue una oportunidad para discutir las diferentes formas de discriminación racial y las manifestaciones interseccionales del racismo estructural y sistémico, al mismo tiempo que se destacaron los continuos asesinatos de personas africanas y afrodescendientes como resultado de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y otras formas correlativas de violencia estatal. La Relatora Especial también reiteró su apoyo al DDPA y al Decenio Internacional para los Afrodescendientes de la ONU.
En su declaración conjunta, ISHR, UNARC y Geledés – Instituto de la Mujer Negra destacaron la historia de resistencia y de lucha contra el racismo estructural y sistémico como parte esencial para la realización de los derechos humanos a nivel mundial y la adquisición de reconocimiento, justicia y desarrollo para las personas afrodescendientes.
La declaración subrayó la necesidad de una mayor colaboración entre la Relatora Especial y el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés) para desarrollar respuestas coordinadas y significativas de la ONU para la justicia racial.
Vea y lea la declaración conjunta a continuación:
Gracias, señor presidente.
Esta es una declaración conjunta. Hace veintiún años, la histórica Declaración y Programa de Acción de Durban (DDPA) declaró la necesidad urgente de abordar el racismo, la xenofobia y las formas de intolerancia relacionadas con ellas con más humanidad y eficiencia. Como lo expresa el documento, la declaración de Durban debe verse como un comienzo y no como un final de este viaje.
De igual manera, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a los Estados a implementar acciones concretas bajo los pilares de Reconocimiento, Justicia y Desarrollo para que las personas afrodescendientes puedan gozar plenamente de sus derechos.
Sin embargo, las formas de discriminación y otras manifestaciones correlacionadas e interseccionales del racismo estructural, no solo continúan existiendo sino creciendo a nivel mundial.
Damos la bienvenida a Ashwini K. P. a su nuevo papel como Relatora Especial y seguimos apoyando el mandato de la Relatora Especial sobre el Racismo.
Honramos la resistencia y la resiliencia de las comunidades negras en todo el mundo; desde quilombos en Brasil hasta sociedades cimarronas en Honduras, Colombia, Jamaica y más allá, hasta el movimiento Black Lives Matter en los EE. UU., pasando por las luchas del apartheid en Sudáfrica hasta la resistencia haitiana y la resistencia de las personas dominicanas apátridas de ascendencia haitiana en la República Dominicana.
Condenamos las violaciones interseccionales contra personas africanas y afrodescendientes, la violencia de Estado y el abandono de políticas públicas, como salud, vivienda, educación y programas socioeconómicos.
No importa dónde, la antinegritud tiene sus raíces en los legados del colonialismo y el comercio transatlántico de personas africanas esclavizadas. Desde personas migrantes negras que intentan huir de las guerras creadas por los mismos países que ahora les niegan asilo, hasta les ciudadanes negres que no son bienvenides en su propio país por sus rasgos africanos, hasta los trágicos asesinatos diarios en todo el mundo de personas africanas y jóvenes afrodescendientes por aplicación de la ley, como el asesinato más reciente de Nahel Merzouk por parte de la policía francesa, como resultado de la caracterización racial y la criminalización.
Alentamos a la Relatora Especial a seguir colaborando con el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER), para desarrollar respuestas coordinadas y significativas de la ONU a favor de la justicia racial.
Acogemos con beneplácito el enfoque declarado por la Relatora Especial de integrar las perspectivas de los legados del colonialismo en toda la labor del mandato y le pedimos que siga comprometida con las personas defensoras de los derechos humanos y los movimientos sociales que trabajan por la justicia racial, incluso considerando los desafíos específicos que pueden enfrentar en su trabajo como poblaciones racializadas que trabajan por la justicia racial.
Instamos a todos los Estados a demostrar voluntad política a favor de la justicia racial mediante la implementación total de la DDPA y la garantía de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras, incluida la recopilación de datos desglosados, un tema de vital importancia para la toma de decisiones y la visibilidad.Download as PDF
The 47 State Members of the UN Human Rights Council must decide whether to support or oppose a UN debate on human rights in Xinjiang. Hundreds of Uyghur and international rights groups, as well as over 40 UN experts, have long called for the establishment of a UN-mandated monitoring mechanism on China.
Más de dos años después del horrible asesinato de George Floyd, los organismos de derechos humanos de la ONU dan la voz de alarma por la falta de avances en la lucha contra la violencia policial y el racismo sistémico en todo el mundo.