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Dr. Kerem Altiparmak (Universidad de Ankara), Dr. Richard Carver y Dra. Lisa Handley (Oxford Brookes University)
Turquía constituye un estudio de caso particularmente interesante de la interacción entre los factores políticos y la prevención de la tortura. La disminución de la incidencia de la tortura durante el período de 30 años que cubre el estudio estuvo claramente influida por una serie de factores políticos: el declive de la laicidad kemalista, las fluctuaciones de la lucha política kurda y las aspiraciones de Turquía de adherirse a la Unión Europea.
La incidencia de la tortura en los casos tanto políticos como no políticos fue sumamente elevada en los años ochenta y noventa. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI la confluencia de los tres factores políticos llevó a una serie de reformas procesales, en concreto una mejora significativa de las salvaguardias ofrecidas en los primeros días de detención. La incidencia de la tortura mostró una disminución constante durante la primera década del siglo XXI, aunque los malos tratos infligidos a manifestantes empezaron a aumentar de nuevo hacia el final del período de estudio, a medida que la disidencia pública informal se extendió. Ha vuelto a aumentar desde que concluimos la investigación y las autoridades han vuelto a utilizar la seguridad nacional como pretexto para emplear medidas severas.
Turquía también representa un claro estudio de caso del sometimiento voluntario de un Estado a un mecanismo regional de derechos humanos. Ha sido objeto de visitas casi anuales del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde principios de los años noventa y ha recibido muchos fallos desfavorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aunque el Estado turco ha sido lento a la hora de cumplir las sentencias del TEDH, parecen haber desempeñado un papel particularmente importante en el establecimiento de la inaceptabilidad política de la tortura.