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Observaciones finales del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial
1. El Comité examinó los informes periódicos cuarto a octavo de la República Dominicana (CERD/C/331/Add.1) en sus sesiones 1364ª y 1365ª (véase CERD/C/SR.1364 y 1365), celebradas los días 23 y 24 de agosto de 1999 y, en su 1369ª sesión (véase CERD/C/SR.1369), celebrada el 26 de agosto de 1999, aprobó las siguientes observaciones finales.
B. Aspectos positivos
4. El Comité toma nota de que el Estado parte ha aceptado recientemente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de que la Corte Suprema ha adoptado una decisión por la que se reglamenta el procedimiento para ejercer el derecho de amparo en casos de violación de derechos fundamentales por las autoridades públicas.
6. También se expresa preocupación por la situación del gran número de haitianos que residen en el país, en su mayor parte ilegalmente, puesto que según se ha informado, esas personas, en particular las mujeres y los niños, se ven privadas con frecuencia del goce de la mayor parte de los derechos económicos y sociales básicos, como los derechos a la vivienda, a la educación y a la atención sanitaria.
7. También preocupan al Comité los informes recibidos sobre la existencia de prejuicios raciales no sólo contra los haitianos, sino también contra los dominicanos de tez oscura.
8. Otro motivo de preocupación son las deficiencias de la legislación vigente, incluido el Código Penal, por cuya causa el Estado parte no puede cumplir plenamente sus obligaciones dimanantes del artículo 4 de la Convención.
10. El Comité recomienda que en el actual proceso de reforma del Código Penal se tengan en cuenta las disposiciones del artículo 4 de la Convención.
11. El Comité recomienda que el Estado parte adopte con urgencia medidas para garantizar que las personas de origen haitiano puedan gozar sin discriminación de sus derechos económicos, sociales y culturales. En particular, es preciso que se hagan esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de esas personas en los “bateyes” (barrios de viviendas precarias).
12. El Comité recomienda que el Estado parte cumpla las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Convención facilitando a las víctimas de actos de discriminación racial el acceso a los tribunales y a otras instituciones competentes, garantizando el enjuiciamiento de los autores de actos de esa índole y velando por que las víctimas obtengan reparación o satisfacción adecuada.
13. El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas apropiadas para aplicar las disposiciones del artículo 7 de la Convención, con miras a combatir los prejuicios raciales en la sociedad y promover la comprensión y la tolerancia entre las personas y los grupos que tengan características diferentes, ya sea por su raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico.
14. Es preciso que se adopten medidas para garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban formación apropiada sobre cuestiones relativas a la Convención. A este respecto, el Comité recuerda su recomendación general XIII.
15. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información sobre las consecuencias del sistema de seguridad social propuesto para la prevención de la discriminación racial. También solicita información sobre la reforma en curso del Código Penal, en particular, con respecto a las cuestiones relativas a la Convención.
16. El Estado parte debería adoptar todas las medidas apropiadas para familiarizar a la población con la Convención y publicar los informes periódicos así como las observaciones finales del Comité.
17. El Comité recomienda que el Estado parte ratifique las enmiendas al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención, aprobadas el 15 de enero de 1992 en la Decimocuarta Reunión de los Estados partes.
18. Se observa que el Estado parte no ha hecho la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención y algunos miembros del Comité piden que se estudie la posibilidad de hacer esa declaración.
19. El Comité recomienda que el siguiente informe periódico del Estado parte, cuya fecha de presentación es el 24 de junio de 2000, sea un informe amplio, se ajuste a las directrices en materia de presentación de informes y tome en cuenta las cuestiones planteadas en las presentes observaciones.