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Entrevista con Alexandra Mackenzie, Directora de la División de Organizaciones Humanitarias y Asistencia Alimentaria de la Oficina de Asistencia Humanitaria Internacional de Global Affairs Canada.
¿Qué hace el gobierno canadiense como regulador para promover una seguridad privada responsable?
Como defensor de la consolidación del orden internacional basado en normas, Canadá apoya los esfuerzos internacionales para garantizar que los estados territoriales, contratantes y de origen implicados en los servicios de las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) comprendan, respeten y actúen de forma coherente con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
En 2008, Canadá fue uno de los 17 signatarios originales del Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas para los estados en relación con las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados, que establece una amplia gama de obligaciones jurídicas internacionales y buenas prácticas para los Eestados en relación con las operaciones de las EMSP en entornos complejos.
Canadá participó activamente en la elaboración del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (Código de conducta), una iniciativa de múltiples partes interesadas facilitada por el gobierno suizo, destinada a producir un código para toda la industria que complemente el Documento de Montreux, en 2010.
Canadá también participó en varias conferencias de redacción en los años previos a la creación de ICoCA, y se convirtió en miembro en 2016. Promovemos y destacamos constantemente estos marcos normativos en nuestras políticas sobre conducta empresarial responsable (RBC) en el extranjero.
El gobierno de Canadá respalda y promueve los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV) como un marco útil para las empresas de recursos naturales que buscan reducir los riesgos de violencia o abusos de los derechos humanos relacionados con los despliegues de seguridad. Canadá es miembro de la Iniciativa de Principios Voluntarios (IPV), un foro internacional de múltiples partes interesadas que reúne a gobiernos, representantes de la sociedad civil y del sector privado para compartir información, ideas y buenas prácticas sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de proyectos sobre recursos naturales. Junto con UNICEF Canadá, Barrick Gold y otros miembros del la IPV, Canadá ayudó a redactar la Lista de verificación de los derechos y la seguridad de los niños y el manual que la acompaña, que ayuda a las empresas a evaluar y mitigar las repercusiones que las fuerzas de seguridad privadas pueden tener sobre los niños.
En abril de 2019, Canadá anunció el primer Defensor canadiense de la empresa responsable (CORE). Este anuncio refuerza el marco canadiense de RBC, cuyo objetivo es fomentar y promover prácticas empresariales responsables entre las empresas canadienses, trata de detectar los problemas en una fase temprana antes de que se agraven y, en caso de problemas graves, ofrece mecanismos voluntarios de resolución de litigios para alcanzar soluciones.
También se creó un órgano consultivo sobre RBC, compuesto por múltiples partes interesadas, para asesorar al gobierno federal sobre la aplicación efectiva y el desarrollo ulterior de sus leyes, políticas y prácticas relativas a la conducta empresarial responsable de las empresas canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores.
Además, un elemento clave de la Estrategia de diversificación comercial de Canadá es un enfoque inclusivo del comercio en el que las empresas mitiguen los riesgos en los nuevos mercados y en el que todos los segmentos de la sociedad puedan beneficiarse de las oportunidades de comercio e inversión. El gobierno de Canadá espera que las empresas canadienses que operan en el extranjero respeten los derechos humanos, actúen de forma legítima y lleven a cabo sus actividades de forma responsable desde el punto de vista social y medioambiental, de acuerdo con las normas de conducta empresarial responsable reconocidas internacionalmente, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; previendo mecanismos de resolución de conflictos accesibles, de bajo coste y constructivos que no excluyan las vías legales en los países de acogida o en los tribunales canadienses.
¿Puede decirnos algo más sobre el recién nombrado Defensor de la Empresa Responsable y cómo este podría complementar iniciativas internacionales que promuevan la empresa responsable como ICoCA?
Buscando fortalecer el compromiso de conducta empresarial responsable (RBC) de Canadá, el gobierno de Canadá anunció el nombramiento de Sheri Meyerhoffer como la primera defensora del pueblo canadiense para la empresa responsable el 8 de abril de 2019.
La defensora del Ppueblo promoverá la aplicación de las directrices sobre derechos humanos aprobadas internacionalmente y asesorará a las empresas canadienses sobre las mejores prácticas. En concreto, su mandato consiste en promover la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre conducta empresarial responsable, y asesorar a las empresas canadienses sobre las mejores prácticas. Este asesoramiento podría incluir, por ejemplo, orientaciones relacionadas con el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada.
Tiene la tarea de examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos derivadas de operaciones de empresas canadienses en el extranjero en los sectores de la minería, el petróleo y el gas y la confección, y de formular recomendaciones para ayudar a resolver los conflictos. En este contexto, podrá examinar una denuncia de violación de los derechos humanos, incluidos incidentes en las operaciones de una empresa canadiense o en torno a ellas, cometidos por personal de seguridad (ya sea canadiense, contratado localmente o estatal local) e investigar los hechos para ver si puede haber habido abusos y si, efectivamente, existe algún vínculo con la empresa canadiense.
La defensora del Ppueblo complementará la función del Punto Nacional de Contacto (PNC) canadiense para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el actual mecanismo canadiense de resolución de conflictos y facilitación del diálogo formal.
Una conducta empresarial responsable en el extranjero es una ventaja competitiva para las empresas canadienses. Canadá es reconocido como socio preferente en los mercados internacionales y el nombramiento de la defensora del pueblo es otro paso adelante para reforzar la marca y la reputación de Canadá.
¿Cuáles son algunos de los retos a los que se enfrenta el gobierno canadiense a la hora de contratar empresas de seguridad privada en entornos complejos?
Algunos de los retos a los que se enfrenta el gobierno canadiense son:
a) Mercados locales: en determinadas regiones en las que prosperan las ESP más pequeñas y los mercados locales, faltan proveedores que cumplan las normas internacionales para las ESP, que pueden incluir formación obligatoria sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario en contextos de conflicto armado. En tales circunstancias, cuando las opciones son limitadas, resulta difícil determinar los criterios para contratar los servicios de las empresas de seguridad privada.
b) Formación y certificaciones para el personal de la empresa: las empresas difieren en términos de cumplimiento a la hora de mantener o renovar la formación o /las certificaciones de su personal. Estos problemas pueden descubrirse durante los procesos de verificación o auditoría y requieren una supervisión y un seguimiento adicionales para garantizar que la empresa, que normalmente tiene la responsabilidad de asegurarse de que todo el personal asignado al contrato cuenta con las certificaciones y la formación especificadas en el pliego de condiciones, se encarga de abordarlos.
c) Hiperinflación/fiabilidad de la moneda local: los costes de la hiperinflación a veces afectan directamente a los salarios del personal de seguridad en ciertas regiones donde, por ejemplo, negociamos los contratos de servicios de seguridad con la empresa de seguridad en dólares estadounidenses como moneda universalmente reconocida para mitigar la hiperinflación, pero los empleados de las ESP cobran sus salarios en la moneda local, lo que no les protege de la hiperinflación. Esto puede crear problemas logísticos o posibles desacuerdos entre el cliente y los proveedores.
¿Qué está haciendo el gobierno canadiense para animar a más países a unirse a ICoCA?
A través de nuestra misión en Ginebra, Canadá participa de forma activa en actividades destinadas a aumentar la visibilidad de la Asociación y demostrar el valor de la pertenencia a ICoCA a las distintas partes interesadas, incluso planteándolo formalmente en diversas negociaciones multilaterales en el Consejo de Derechos Humanos y en conversaciones bilaterales informales. Seguimos comprometidos a utilizar nuestros canales de defensa para promover la importante labor de ICoCA y explorar vías para una mayor cooperación y divulgación.
¿Qué papel considera Canadá que debe desempeñar ICoCA para garantizar la prestación de una seguridad privada responsable en todo el mundo?
La ICoCA tiene la responsabilidad principal, a través de sus tres funciones básicas de certificación, supervisión y tramitación de reclamaciones, de garantizar que las ESP cumplan las normas internacionales más estrictas, compartiendo las mejores prácticas con todas las partes interesadas y asegurándose de que se seleccionan EPS responsables y minuciosamente investigadas.