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El 24 de septiembre los suizos decidirán si amplían sus derechos ciudadanos dentro del singular sistema de democracia directa helvética. Emitirán su voto sobre la iniciativa popular que aboga por el denominado "referéndum constructivo".
Suiza es uno de los pocos países a escala mundial donde la ciudadanía participa tan activamente en las decisiones del Estado a través de derechos políticos que demuestran una larga tradición democrática. El referéndum es uno de estos derechos que someten a la aprobación pública una decisión gubernamental.
Actualmente existen dos tipos de referéndum
Todas las modificaciones de la Constitución Federal o la adhesión de Suiza a ciertas organizaciones internacionales son objeto de referéndum obligatorio.
La ciudadanía puede pronunciarse sobre las decisiones del Parlamento, sobre leyes y decretos federales de índole general, y sobre tratados internacionales de duración indeterminada a través del referéndum facultativo.
Para poder convocar a este tipo de veto popular, es necesario que 50.000 ciudadanos lo soliciten a través de la unión de sus firmas en un plazo no mayor a los 100 días después de presentada la solicitud del referéndum.
El pueblo dispone así de un "freno" que le permite oponerse íntegramente a un proyecto federal.
Tercer referéndum propuesto
La iniciativa popular "Más derechos ciudadanos a través del referéndum con contrapropuesta" que se vota este 24 de septiembre busca ampliar las facultades populares a través del voto.
Comparado con el referéndum facultativo, el nuevo instrumento permitiría evaluar sólo parcialmente una acta legislativa, sin oponerse al documento completo. Concretamente se trata de poder rescatar propuestas que no alcanzaron el eco suficiente dentro del Parlamento, al momento de discutir un tema determinado.
Por ello el nombre de "constructivo". Este tipo de referéndum, de ser aceptado, daría la oportunidad a la ciudadanía de pronunciarse sobre un contraproyecto debatido en el Parlamento, pero finalmente no apoyado por la mayoría de los legisladores, y por consecuencia, no incluido en la ley.
Una condición para llevar a cabo la votación es que la contrapropuesta a evaluar debió al menos ser apoyada por un 5 por ciento de los miembros de una de las dos cámaras de la Asamblea Federal. Es decir, bastaría que el contraproyecto haya sido apoyado por tres miembros del Consejo de los Estados (senadores) o diez del Consejo Nacional (diputados) para poder ser sometido al voto popular.
Para llevar a cabo el referéndum con la contrapropuesta escogida se requeriría que 50.000 ciudadanos u ocho cantones soliciten su realización. En las urnas la ciudadanía tendría dos opciones a elegir. Ya sea la ley u orden federal que obtuvo el voto mayoritario en la Asamblea Federal, o la misma ley pero con la modificación que enuncia la contrapropuesta.
Partidarios de la iniciativa
Para los precursores de la iniciativa popular sobre este referéndum constructivo - socialistas, ecologistas y otras organizaciones, entre ellas la Unión Sindical Suiza - esta nueva opción del sistema democrático permitiría evitar una negativa sistemática sobre una ley federal.
El veto popular no significaría un rechazo total a una ley, sino la aceptación del texto legislativo, pero con la modificación estipulada en el contraproyecto. Sería, dicen sus seguidores, una oportunidad para que las voces minoritarias sean escuchadas.
Adversarios de la iniciativa
Precisamente esa posibilidad de dar paso a las posiciones minoritarias rechazadas ya en su momento en el aparato legislativo molesta a los enemigos de la iniciativa sobre el referéndum constructivo. Sus críticos aseguran que esta iniciativa no aportaría mejoría alguna en el discurso político nacional y que sólo debilitaría la tarea fundamental de consenso del Parlamento.
Argumentan además que se complicaría el proceso político al momento de las votaciones ya que una o más contra propuestas podrían ser sometidas a referéndum constructivo sobre una misma ley. La coherencia de la legislación también estaría en riesgo ante una modificación posterior a las conclusiones de la Asamblea.
El Parlamento y el Gobierno rechazan la iniciativa presentada en 1997 con el apoyo de 123.000 firmas, así como los partidos políticos mayoritarios, a excepción de uno de sus precursores, el Partido Socialista.
Patricia Islas Züttel