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Maldivas
El Comité examinó la aplicación de la Convención por Maldivas en su 1343ª sesión, celebrada el 9 de agosto de 1999 (véase CERD/C/SR.1343), basándose en el informe anterior de ese país (CERD/C/203/Add.1) y su examen por el Comité (véanse CERD/C/SR.944 y 950). El Comité tomó nota con pesar de que no se hubiera presentado informe alguno desde 1992.
El Comité también lamentó que Maldivas no hubiera respondido a su invitación de participar en la sesión y proporcionar información pertinente. El Comité decidió que se enviara una comunicación al Gobierno de Maldivas en la que se le señalaran sus obligaciones en virtud de la Convención respecto de la presentación de informes y se le exhortara a que reanudara cuanto antes el diálogo con el Comité.
El Comité está enterado de que el 1º de enero de 1998 entró en vigor una nueva constitución que contiene disposiciones relativas a la protección de determinados derechos civiles y políticos, además de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité tiene interés en recibir del Estado parte la información pertinente, muy en especial en lo que respecta a cualesquiera garantías de igualdad y protección contra la discriminación racial.
El Comité reconoce las gestiones realizadas por el Estado parte en la esfera de la educación, en la que se ha alcanzado una tasa de alfabetización del 93,2%, lo que sitúa a Maldivas entre los países más adelantados de Asia a ese respecto.
El Comité pide mayor información respecto de las declaraciones que figuran en el párrafo 1 del cuarto informe periódico (CERD/C/203/Add.1), a los efectos de que “en Maldivas no existe ningún tipo de discriminación por motivos de raza o de cualquier otra diferencia entre la población”, y que “en consecuencia, no se precisa legislación concreta para aplicar las disposiciones de la Convención”.
El Comité también pide al Estado parte que proporcione mayor información sobre la situación de los trabajadores migratorios y los extranjeros y, en particular, sobre si éstos quedan amparados por la Convención.
El Comité sugiere que el Gobierno de Maldivas haga uso de la asistencia técnica que presta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de preparar y presentar un informe sin demora, redactado de conformidad con las directrices sobre presentación de informes.