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El Consejo de Derechos Humanos debe establecer un mecanismo para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones en Nicaragua
A medida que se agrava la crisis de derechos en el país, los informes de la Alta Comisionada de la ONU y la documentación de las organizaciones de la sociedad civil señalan la necesidad urgente de sentar las bases de futuros procesos de rendición de cuentas en Nicaragua. En su actual 49º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos debe crear un mecanismo mandatado por la ONU para investigar las violaciones graves, identificar a los autores y preservar las pruebas.
En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, que refuerza el mandato de supervisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El 7 de marzo, Bachelet presentó al Consejo el informe escrito de su Oficina (la OACNUDH), en el que concluye que existe un “patrón de graves violaciones de los derechos civiles y políticos que tiene como resultado la supresión arbitraria de las opiniones políticas disidentes”. Recomienda 13 medidas al Gobierno, entre ellas que :
- ponga en libertad sin demora a todas las personas detenidas arbitrariamente;
- cese y sancione los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas
- restablezca la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación
- restablezca el Estado de derecho, modificando toda la legislación restrictiva y reformando a fondo sus sectores judiciales y de seguridad;
- reanude la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluso facilitando el acceso al país a la OACNUDH y a las organizaciones regionales.
Durante un intercambio de opiniones con la Alta Comisionada, 19 delegaciones -entre las que se encontraban actores regionales como Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay y Argentina- expresaron su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, y llamaron a las autoridades Nicaragüenses a que reanuden sin demora su cooperación y liberen a las personas detenidas arbitrariamente. La delegación nicaragüense no respondió a las preocupaciones de la Alta Comisionada, y en su lugar denunció una “manipulación” derivada de los “intereses económicos y políticos de los países imperialistas”. El Gobierno recibió el respaldo de 11 aliados diplomáticos -entre ellos Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Siria, China y Rusia- acostumbrados a prestarse apoyo mutuo para evitar el escrutinio de la ONU sobre graves violaciones a los derechos humanos.
Durante el debate, Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán, joven estudiante asesinado durante las protestas masivas de abril de 2018, leyó una declaración conjunta de ISHR y la Asociación de Madres de Abril (AMA), en la que se pide al Consejo de Derechos Humanos que establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas durante esta sesión.
Declaración completa en inglés aquí, en español aquí.
Una necesidad urgente de rendición de cuentas a largo plazo
El Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones nacionales, regionales e internacionales -de la que forma parte ISHR-, ha documentado a lo largo del último año, con base en la información disponible públicamente de los sistemas de la ONU e interamericano, la ausencia de cualquier medida por parte del Gobierno de Nicaragua para implementar cualquiera de las 14 recomendaciones que recibió en la resolución 46/2.
Dichas evidencias apuntan a la absoluta falta de cooperación del Gobierno de Nicaragua con los organismos de derechos humanos de la ONU y de la región, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional intensifique sus acciones. Además, el Gobierno de Nicaragua :
- Se ha negado a responder a cualquier pregunta durante su examen por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en septiembre de 2021, incumpliendo sus obligaciones derivadas de los tratados;
- Ha rechazado todos los ofrecimientos de asistencia técnica por parte de la OACNUDH, incluida su Oficina Regional en Panamá, como indicaron la Alta Comisionada y su Adjunta en los Diálogos Interactivos con el Consejo en diciembre de 2021 y marzo de 2022;
- Denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que sigue teniendo jurisdicción sobre Nicaragua durante el lapso de dos años hasta que la decisión del Gobierno surta efecto;
- No ha aceptado el regreso de las presencias de la OACNUDH y de la CIDH sobre el terreno desde que las expulsó a finales de 2018.
Desde la reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021, tras un proceso electoral profundamente defectuoso, Nicaragua ha demostrado que no teme estar aislada diplomáticamente: esto disminuye la influencia sobre el Gobierno de los esfuerzos de supervisión de la ONU en curso y la presión política a corto plazo en el Consejo de Derechos Humanos. Por ello, es fundamental intensificar la acción sentando las bases para la rendición de cuentas a más largo plazo por las graves violaciones de los derechos humanos, en forma de futuros procesos de justicia a nivel nacional e internacional.
En su informe escrito, Bachelet reiteró su anterior llamado para que el Consejo de Derechos Humanos refuerce el mandato de supervisión e información pública de la OACNUDH, y “considere nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos”.
Los Estados están actualmente negociando un proyecto de resolución en el Consejo de Derechos Humanos, presentado por un grupo de países -Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay- que establecería un grupo de tres expertos en derechos humanos con el mandato de investigar las violaciones graves de los derechos humanos desde 2018, identificar a los autores, recopilar y preservar las pruebas, y proporcionar recomendaciones al Gobierno de Nicaragua. El proyecto de resolución también refuerza el mandato de la Alta Comisionada, cuya flexibilidad, y enfoque en la supervisión, lo hace complementario al del grupo de expertos en derechos humanos.
En una carta abierta publicada el 4 de marzo ISHR, junto con el Colectivo 46/2, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras 13 organizaciones, instó al Consejo de Derechos Humanos a establecer dicho mecanismo en su actual sesión 49ª.
ISHR pide a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que apoyen la adopción del actual proyecto de resolución por el que se crea un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, y se refuerza el mandato de supervisión y presentación de informes del Alto Comisionado. ¡Únase a la campaña!