Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05131.jsonl.gz/26

OSAKA – Disputas territoriales y marítimas entre China, Taiwán y varios países del sudeste asiático agitan la región del mar de China Meridional, y no hay solución a la vista. La situación es difícil, pero puede mantenerse en el tiempo, siempre que los actores involucrados adopten medidas serias para fortalecer la confianza a través de foros multilaterales y, al mismo tiempo, mantengan un poder de disuasión eficaz de cara a China y se comprometan a evitar el uso ofensivo de la fuerza.
Naturalmente, China está muy interesada en evitar la interferencia de grandes potencias extrarregionales (particularmente Estados Unidos) y prefiere negociar en forma bilateral con contendientes regionales más débiles, a los que puede dominar más fácilmente. Pero las potencias extrarregionales justifican su participación citando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en concreto, lo referido a la libertad de navegación y el derecho a paso inocente).
Las disputas en el mar de China Meridional surgen de la existencia de reclamos superpuestos sobre “zonas económicas exclusivas” (no sobre el océano abierto), de modo que la convención de las Naciones Unidas no es del todo pertinente. Pero hay otro tratado internacional que sí ofrece pistas para la solución de estas disputas: el Tratado de Paz de San Francisco, vigente desde 1952, que marcó el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial en la región de Asia y el Pacífico.
Por este tratado, Japón renunció a la soberanía sobre las islas Spratly y Paracel, pero no las entregó a ningún país en particular. De modo que estas islas siguen legalmente bajo custodia de los otros 48 firmantes del tratado (entre ellos, dos países que las reclaman para sí: Filipinas y Vietnam).
China (que entonces se encontraba en el tercer año de gobierno de Mao Zedong) ni siquiera fue invitada a participar de la conferencia de paz. A pesar de que los maoístas habían resultado claros vencedores de la guerra civil y se habían asegurado el control de China continental, los organizadores de la conferencia no se pusieron de acuerdo respecto de cuál de los dos gobiernos era representante legítimo de China: el de la República Popular China de Mao, en Beijing, o el de la República de China de Chiang Kai-shek, en Taipei. Por eso, la República Popular considera que ese tratado no tiene fuerza legal sobre ella.
Pero el tratado es indirectamente aplicable a la República Popular a través del acuerdo de paz bilateral entre la República de China y Japón. Este acuerdo también se firmó en 1952, horas antes de que entrara en vigor el Tratado de San Francisco, que ratificó los términos del acuerdo de paz, especialmente, la renuncia de Japón a Taiwán. De hecho, el Tratado de San Francisco estipulaba que el acuerdo de paz entre la República de China y Japón no podía contener nada que le fuera contrario, de modo que Japón estaba impedido de asignar derechos adicionales a otros países que no fueran parte firmante del Tratado de San Francisco. Por eso Japón no puede reconocerle a la República Popular China soberanía territorial sobre Taiwán.
El Tratado de San Francisco, en sí mismo, no es legalmente vinculante para la República Popular. Pero es evidente que para Japón, la República Popular es la sucesora de la República de China radicada en Taiwán, como quedó demostrado en 1972 mediante el Comunicado Conjunto entre los gobiernos de Japón y la República Popular China, en el que se basó la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones, seis años después. Cuando Japón trasladó el reconocimiento diplomático de la República de China a la República Popular, reconoció a esta última como “único gobierno de China conforme a derecho”. Pero Japón no reconoció a China como un estado nuevo (ya que el país contaba con reconocimiento internacional ininterrumpido desde la formación del gobierno de la República de China en 1912), de modo que, en la práctica, la República Popular tomó para sí los derechos y obligaciones del gobierno anterior.
Al mismo tiempo, Japón no reconoció a Taiwán como parte de China, con el argumento de que el Tratado de San Francisco se lo impedía. Si bien Japón “comprendía” y “respetaba” plenamente la declaración de la República Popular en el sentido de que Taiwán es parte “inalienable” de su territorio, no reconoció dicho reclamo de conformidad con el derecho internacional. Los dos países simplemente admitieron que estaban en desacuerdo respecto de la situación legal de Taiwán. O sea que Japón renunció a Taiwán pero no entregó la soberanía sobre la isla a ningún otro país.
Hasta el día de hoy, China no ha dicho una sola palabra sobre las implicaciones del Tratado de San Francisco respecto de sus pretensiones en el mar de China Meridional. Esto puede ser reflejo de una simple falta de experiencia legal internacional en este campo o del estado segmentado y compartimentalizado de los grupos de formulación de políticas en China. Pero también puede surgir del temor a que aplicar a las disputas territoriales actuales el razonamiento jurídico de aquel tratado (que choca contra la posición de China respecto de Taiwán) reste credibilidad a China y debilite su postura.
Si se le da vía libre, China puede usar las disputas del mar de China Meridional para obtener hegemonía efectiva sobre otros pretendientes más débiles. Todas las partes en disputa (China incluida) pueden justificar sus reclamos citando conexiones geográficas e históricas con las islas, pero ninguna tiene un derecho legal establecido de acuerdo con el Tratado de San Francisco.
Estados Unidos y otras potencias extrarregionales deberían aprovechar esto, invocar la custodia colectiva latente que, de acuerdo con el Tratado de San Francisco, les corresponde sobre las islas Spratly y Paracel y así internacionalizar lo que actualmente son procesos diplomáticos bilaterales separados entre China y otros pretendientes regionales. Se podría incluso celebrar una conferencia internacional sobre el tema, con la presencia de los firmantes de aquel tratado. Puesto que China no participaría, la sola convocatoria a la reunión bastaría para cambiar por completo la situación.
Traducción: Esteban Flamini
Copyright Project Syndicate
Masahiro Matsumura es profesor de política internacional en la Universidad de San Andrés (Momoyama Gakuin Daigaku) de Osaka.
For additional reading on this topic please see: