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La Oficina Federal de Migraciones (ODM) obligó a dos parejas de solicitantes de asilo rechazados a vivir en forma separada durante cinco años. Un acto contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea condenó a Suiza a pagar 5.000 euros a cada una de las esposas por daño moral.
La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) determinó que Suiza incurrió en violaciones al artículo 8 del Convenio (derecho al respeto de la vida privada y familiar). La Corte indicó que la “separación prolongada constituyó una restricción grave a la vida familiar”.
Las dos solicitantes y sus futuros cónyuges, todos de Etiopía, ingresaron ilegalmente en Suiza de manera independiente y presentaron solicitudes de asilo entre 1994 y 1998, narra la CEDH.
Las dos mujeres fueron ubicadas en los cantones de Berna y San Gall, mientras que los dos hombres, en el cantón de Vaud. Tras el rechazo de sus solicitudes de asilo, y luego de que las autoridades etíopes imposibilitaran su repatriación, las cuatro personas fueron asignadas a centro suizos de acogida.
En 2003 y 2004 en Lausana, las parejas contrajeron matrimonio. Sin embargo, la ODM denegó a las mujeres la solicitud de una transferencia administrativa al cantón de Vaud. La razón: es imposible un cambio de cantón de los solicitantes de asilo rechazados una vez que el período de expulsión ha caducado.
Una de las dos esposas decidió permanece en Lausana de manera ilegal, pero fue expulsada (esposada) al cantón de San Gall y se le privó de la ayuda social. La otra dio a luz a un hijo en 2005 y siguió separada del padre.
No fue sino hasta 2008 cuando las dos mujeres obtuvieron el permiso de residencia en el cantón de Vaud, sobre la base del derecho a la unidad familiar.
swissinfo.ch y agencias