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El primer procurador Yves Bertossa solicitó este miércoles cadena perpetua para el ciudadano suizo-guatemalteco Erwin Sperisen, otrora director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, por los asesinatos de siete reos en la prisión de Pavón en 2006.
En caso de que la Cámara de Revisión del Cantón de Ginebra decidiese sostener solo la complicidad de Sperisen en esas ejecuciones extrajudiciales, y no su coautoría, solicitó una pena de 15 años de prisión.
Por otra parte, Yves Bertossa resolvió dejar a la apreciación de la corte la evaluación sobre el asesinato de tres prófugos de El Infiernito, en 2005.
El magistrado tuvo la palabra este miércoles durante la primera parte de las audiciones frente al juzgado de segunda instancia del cantón de Ginebra. Citó pasajes puntuales del expediente presentado ante la justicia ginebrina para reiterar que existen todos los elementos necesarios para demostrar la culpabilidad del exdirector de la PNC de 2004 a 2007 en Guatemala de la muerte de los siete reos en el penitenciario de Pavón, ubicada cerca de la capital del país centroamericano.
La versión oficial indica que los hechos sucedieron durante una operación en la que el presidente Óscar Berger y sus subalternos intentaron recuperar el control del centro de reclusión, en el que, desde hacía más de diez años imperaba la ley de un grupo de reos que coordinaba actos delictivos, incluido el narcotráfico.
Durante la operación, denominada Pavo Real, un comando oculto y paralelo ejecutó a siete reos, entre ellos un líder del narcotráfico. Bertossa sostuvo que esos hechos se realizaron bajo la dirección del propio Sperisen.
De acuerdo con las pruebas enviadas desde Guatemala, estas muertes fueron producto de una operación secreta y no fruto de un enfrentamiento, como indicó la cúpula en el poder local en esa época.
Ante la Corte, compuesta por siete jueces, Bertossa cuestionó de nuevo sobre un caso que defiende por tercera ocasión en tribunales: ¿Quién estaba en el terreno? ¿Quién tomaba las decisiones? La historia de un “comando loco” que actúo sin el conocimiento de Sperisen no es creíble. “Esos se llama crímenes de Estado”.
En Guatemala, recordó el fiscal, el caso llegó a los tribunales en 2013 y la única persona que quedó en ese país de la cúpula en el poder, Víctor Hugo Soto Diéguez, subalterno de Sperisen, fue condenada a 33 años de prisión por esos crímenes en Pavón y por las tres muertes de prófugos de El Infiernito, en 2005.
La abogada Alexandra López, que representa en el juicio a la querellante María Socorro Vásquez, madre de uno de los reos ejecutados en Pavón en 2006, también tomó la palabra esta tarde frente al jurado. Desmenuzó los puntos retenidos en el fallo del Tribunal Federal, la máxima instancia judicial helvética, que aceptó parcialmente un recurso de Sperisen para que fueran revisados fallos en el procedimiento del juicio pasado.
Este jueves corresponde a los abogados del exalto mando policial guatemalteco dirigirse a la corte. Pedirán el retiro de todos los cargos contra su cliente.
Entre tanto, el abogado Bénédict de Moerloose de la ong TRIAL advierte que si efectivamente es un reto este juicio sobre hechos ocurridos hace más de 10 años a 9 000 km de distancia, sobre todo para la opinión púbica, hay elementos muy fuertes del expediente acusatorio para condenar a los culpables: