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Yonas Mebrahtu y Dr. Sam Ponniah (anteriormente Universidad de Dire Dawa)
Este capítulo examina la legislación y la práctica de los procedimientos de detención, el enjuiciamiento de los y las autoras de actos de tortura, las medidas para poner fin a la impunidad y, por último, los mecanismos de denuncia y monitoreo. Se realizaron entrevistas exhaustivas a jueces/juezas, fiscales, abogados/as, diferentes ONG, periodistas, miembros del partido político de la oposición y supervivientes de la tortura en diferentes partes del país. Además, se analizaron diversos informes de ONG internacionales y locales.
La investigación ha confirmado que, debido al carácter dictatorial del gobierno del Derg en los años ochenta y el conflicto y la inestabilidad en el país, la incidencia de la tortura era elevada, frecuente y generalizada en los cinco primeros años del período del estudio. Reinaba la impunidad y Etiopía estaba totalmente excluida de los sistemas de derechos humanos internacionales y regionales. Sin embargo, tras el derrocamiento del régimen en 1991, las reformas políticas y jurídicas declaradas por el gobierno de transición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF) no dieron lugar a un progreso práctico en materia de tortura. El conflicto con grupos disidentes, la tensión técnica y la purga de órganos encargados del cumplimiento de la ley en los años noventa tuvieron un impacto negativo en los derechos humanos. La falta de profesionalismo entre los órganos encargados del cumplimiento de la ley, la impunidad y la ausencia de mecanismos de monitoreo y quejas (tanto internacionales como nacionales) socavaron las reformas. Los actos de tortura continuaron siendo graves y frecuentes, aunque menos generalizados que durante el régimen del Derg.
Entre 2000 y 2010 se registraron ligeras mejoras en las prácticas de detención, en particular el acceso a un tribunal en un plazo de 48 horas, que se pueden atribuir a la formación continua proporcionada a los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Sin embargo, los efectos de los mecanismos de enjuiciamiento y denuncia en la prevención de la tortura siguieron siendo insignificantes. La exclusión de sistemas de denuncia y monitoreo internacionales, combinada con la ineficacia de las instituciones de derechos humanos, frustró el proceso de prevención, en particular cuando se trataba de detenidos/as con afiliaciones políticas.
Los cinco últimos años del período de estudio revelaron que la tortura seguía siendo grave y frecuente, pero no extendida geográficamente, en particular en casos políticos y terroristas. En general, el acceso a asistencia letrada, la notificación a la familia y el acceso rápido a un tribunal no se han implementado en la práctica. No obstante, ha habido una ligera mejora en las prácticas de detención marginal y los mecanismos de denuncia en relación con delitos comunes.
La frecuencia, la gravedad y la cobertura geográfica de los actos de tortura han aumentado durante episodios políticos importantes, como los conflictos armados, tanto nacionales como internacionales, las elecciones nacionales de 2005 y las tensiones étnicas.