La necesaria actualización de las normas en materia de salarios mínimos 
Autor: Mitsi Lili Morales Mirafuentes
Año: 2021
Carrera: Derecho

La presente investigación tiene como propósito señalar la importancia y los alcances de la sustitución del vocablo “cuerpo del delito” por “hecho delictivo”, esto, atento a la reforma constitucional en materia de justicia penal, publicada el dieciocho de junio del dos mil ocho. Ello implica, la modificación de los elementos de fondo, tanto para que se conceda una orden de aprehensión o bien, se dicte un auto de vinculación a proceso, esto, en virtud de que antes de dicha reforma el Ministerio Público debía “acreditar” los elementos del cuerpo del delito para ejercitar acción penal ante el órgano jurisdiccional y éste, a su vez tenía que acreditar esa figura para emitir un acto de molestia, por lo que con esta reforma, ya no se acredita plenamente el delito, sino que únicamente se requiere que obren datos con los que se establezca que se ha cometido un hecho delictivo. Es de observarse, que la disminución de los requisitos para la emisión de tales resoluciones, no implica transgresión a los derechos de los gobernados, pues en contra posición a ello, debemos ponderar, que en el sistema acusatorio se respeta cabalmente el principio de inocencia, elevado a rango constitucional. En el primer capítulo, se abordan, entre otros temas, el de derechos humanos, en el cual se modificó el capítulo I del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustituyendo el concepto de las Garantías Individuales a los Derechos Humanos y sus Garantías, se sustituye también, la palabra individuo por el de persona, incorporándose así el término “persona”, estimándose como tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y obligaciones, teniendo alcance a las personas jurídicas. Otro de los puntos que se abordan en este subtema, es la importancia de los derechos humanos, garantías y principios constitucionalesen el proceso penal acusatorio. En el capítulo segundo, se aborda, la estructura del proceso penal acusatorio, en ella se hace un estudio delas tres etapasque substancian dicho proceso: lade investigación, la intermedia y la deljuicio oral. La primera etapa, denominada de investigación, tiene como objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Esta etapa se subdivide en dos fases, la investigación inicial y la investigación complementaria; esta última a su vez contiene la audiencia inicial ante el Juez de control y el periodo de cierre de la investigación. La segunda etapa, es la intermedia o de preparación al juicio oral, ésta se subdivide en la fase escrita y en la fase oral. Su objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Hasta antes de concluir dicha etapa se puede actualizar: 1. La suspensión condicional del proceso; 2. El procedimiento abreviado; 3. Los criterios de oportunidad; o bien, 4. Los acuerdos reparatorios. La tercera etapa es la del juicio oral, que culmina el proceso de cognición y cuyo objeto es llevar a cabo el enjuiciamiento penal. Dicha etapa cuenta con tres fases que son: audiencia de debate, y audiencia de individualización de las sanciones penales y reparación del daño. La dinámica de esta etapa estará dirigida a valorar la prueba con el propósito de determinar la culpabilidad o inocencia del autor o partícipe. En el capítulo tercero, se retoman las reformas del proceso penal de 1993 a la de 2008, haciendo un análisis y diferenciación del tipo penal, del cuerpo del delito y del hecho delictivo, (en esta última se profundiza, con el fin de determinar su contenido, alcance, y la repercusión que tiene en el sistema de justicia penal actual), y de los requisitos para conceder una orden de aprehensión y/o dictar, un auto de formal prisión, hoy, auto de vinculación a proceso. Finalmente, en el capítulo cuarto, se hace mención a diversos estándares de prueba, esto, debido, a que en el proceso penal se establecen cargas de prueba distintas en cada una de sus fases, lo que quiere decir que las partes, dependiendo del momento en que se encuentren, deberán satisfacer en mayor o menor grado las hipótesis que sometan al análisis del órgano jurisdiccional, de manera que, durante las etapas previas al juicio oral se tenga un estándar probatorio aceptable, tendente a evitar pruebas formalizadas como sucedía durante la averiguación previa, y fortaleciendo la relevancia del proceso penal acusatorio.