La negativa de beneficios penitenciarios a reincidentes dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
Autor: Jacqueline Belmonte Paredes
Año: 2021
Carrera: Derecho

Este trabajo de investigaciónes el resultado de la experiencia que he tenido en organizaciones dedicadas a la protección dederechos humanos y el trabajo con víctimas de graves violaciones de derechos humanos, lo que me ha permitido aprender del contexto en el que se encuentra la región MéxicoCentroamérica, y los desafíos que representa el acceder a la justicia, verdad y reparación de violaciones graves violaciones de derechos humanos. En verano de 2018 tuve la oportunidad de formarme en derechos humanos al ser pasante de la organización no gubernamental, Amnistía Internacional, cuya sede está en la Ciudad de México, durante mi estancia fui asistente de diversos equipos de la oficina regional de la organización. Inicié en el Equipo de Centroamérica, cuya línea de investigación se enfoca en los países que integran el “Triangulo del Norte”, es decir, Guatemala, Honduras y el Salvador, así como, Nicaragua, cuyo deterioro en la situación de derechos humanos ha sido denunciada durante años. Fue en este periodo de tiempo cuando iniciaron las protestas sociales en el país, violentamente reprimidas por el gobierno en turno. Es en ese contexto que como parte de mis labores se encontraba el constante monitoreo de eventos, lo que me permitió aprender acerca del desarrollo de la crisis. Después de mi estancia en esta organización internacional, trabajé como pasante legal en el Centro Prodh, organización dedicada a las violaciones graves de derechos humanos, que me permitió aprender sobre las detenciones arbitrarias llevadas a cabo en México. En la actualidad, laboro en la organización, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, como acompañante de victimas de desaparición en México, lo que ha cimentado mis conocimientos acerca de las violaciones de derechos humanos, la impunidad y el trabajo por el acceso a la justicia, verdad y reparación. El propósito principal de esta tesis es investigar el uso de las detenciones ilegales y arbitrarias contra los manifestantes, estudiantes, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, personas que se dedican a labores periodísticas, como una herramienta de represión social del Estado, en México y Nicaragua en la actualidad. En México, como parte del Estado de Derecho fallido y la crisis de derechos humanos en la que se encuentra el país. En Nicaragua, como parte de la crisis política y social acontecida a partir de las protestas sociales de abril de 2018 en contra de la reforma a la seguridad social. Esta estrategia de represión, aunque presuntamente ordenada por altas esferas de poder en Nicaragua, es llevada a cabo mediante la participación de la Policía Nacional, principalfuerza de seguridad, encargada del orden público del país; y fuerzas afines al gobierno, conocidas como parapolicías, y que se integran por miembros del principal partido político del país centroamericano, el Frente Sandinista para laLiberación Nacional. En entrevistas con medios de comunicación internacionales, el presidente ha rechazado la participación de estos grupos parapolicias, refiriendo como causantes de la crisis a los manifestantes, a quienes llama “terroristas”; o incluso ha señalado que estosgrupos afines del gobierno son “policía voluntaria”, es decir, ciudadanos nicaragüenses cuyo propósito es defender el orden público. De esta manera, se pretendecontestar a la pregunta de cómo un Estado ejercelarepresión en un contexto de protestas sociales, y cuálesson los principales derechos humanos vulnerados del grupo de personas reprimido mediante acciones derivadas de un uso excesivo de la fuerza. En el caso de las detenciones arbitrarias, se han presentado numerosos casos donde al momento y después de la detención, agentes públicos, es decir, los elementos policiales hacen uso de la práctica de tortura en contra de las personas detenidas, situación que ha sido documentada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan violaciones graves de derechos humanos en México y Nicaragua.