Los riesgos del derecho europeo al olvido para la libertad de expresión en México 
Autor: Agneris Sampieri Ortega
Año: 2022
Carrera: Derecho

A raíz de la reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 06 de junio del año 2011 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicionesde los artículos 94, 103, 104 y 107 de nuestra Constitución Federal, hubo un fortalecimiento jurídico en materia de amparo ampliando su protección como medio de defensa constitucional ante los actos de autoridad. Esta ampliación de tutela en el juicio de amparo impera contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que atentan a las garantías sustantivas que tutelan Derechos Humanos del gobernado y garantías procesales para su protección, establecidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esto por la reforma constitucional de 10 de junio del año 2011. Cabe mencionar la implementación de nuevas figuras jurídicas con la reforma en materia de amparo entre las cuales encontramos: el interés legítimo en su carácter individual o colectivo, la parte procesal del tercero perjudicado es abandonada y ahora denominada tercero interesado, los actos de autoridad también son emitidos ahora por particulares siempre y cuando actúen con funciones propias de un ente gubernativo de manera unilateral y obligatoria, el juicio de amparo directo adhesivo, la creación de Plenos de Circuito y la novedosa figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derivada de la revisión de los juicios de amparo indirecto. Sin embargo, cabe destacar que con fecha 11 de marzo del año 2021 se implementó una nueva reforma en materia de amparo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación destacándose la adición de un párrafo décimo segundo al artículo 94 de nuestra Carta Magna, donde se inserta una nueva vía de creación de jurisprudencia: Jurisprudencia por precedentes obligatorios. Quedando derogado el sistema de sustitución para la integración de jurisprudencia que consagraba hasta entonces la ley de amparo en el Capítulo V. En atención a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad motivo de análisis de la presente investigación, analizaremos su correcta procedencia, aplicación y procedimiento en virtud de que, diversos tratadistas desacertadamente han señalado una inapropiada interpretación del precepto 107, fracción II, párrafo segundo y tercerode nuestra Constitución Federal, dando lugar a confusiones tanto en la doctrinacomo en su aplicación jurídicaen casos concretos, lo anterior, debido a su novedosa emisión y escaza indagación. En ese tenor, dado lo innovador de la referida institución jurídica para su comprensión, fue necesario hacer un análisis partiendo del juicio de amparo, por lo que:En el capítulo I, se enfoca en el estudio de su concepto, con la finalidad de conocer sus elementos constitutivos, su fundamento constitucional y la naturaleza jurídica que en muchas ocasiones los tratadistas difieren en torno aconsiderar al amparo como un juicio o recurso. Además, se abordan los principios rectores que dan forma y esencia al juicio, las partes procesales detallando la figura del tercero interesado quien puede ser o no afectado con la emisión de la sentencia o incidir los efectos del acto de autoridad en su esfera de derechos. Y, por último, en el apartado final concierne a la sentencia de amparo, sus tipos de fallo y la ejecutoria para su cumplimiento efectivo. En el capítulo II, de la presente investigación se estudia la jurisprudencia en México, en la inteligencia que es entendida como una fuente formal de la ciencia del derecho y también como enseñanza y catedra en nuestro sistema jurídico, además de conocer los sistemas de creación de la jurisprudencia conla nueva inclusión de lavía de precedentes obligatorios a nuestra ley deamparo, y por ende, sus características y principios que distinguen la jurisprudencia de una ley, pues no puede ser considerada de la misma manera, aunque ambas se interrelacionan para la creación de normas jurídicas. Por lo que concierne al capítulo III, es el contenido medular de la presente tesis, pues se analizala Declaratoria General de Inconstitucionalidad, partiendo en principio con su conceptualización al considerar que esta institución se actualiza contra normas generales a excepción de la materia tributaria, la diferencia de los procedimientos que existen entre un aviso previo y la propia Declaratoria de mérito; pues en este punto los tratadistas tienen confusiones lo que ocasiona una errónea interpretación de los artículos constitucionales que sustentan el procedimiento y sus bases. Advirtiendo además que para su procedencia se requiere la presencia de jurisprudencia en vía de reiteraciónde criterios establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito o por precedentes obligatorios formuladas por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se estime inconstitucional una norma generalno tributariapor ser contraventora a la Constitución Federal. Además, comprender una característica distintiva que, en contraposición a los efectos relativos de una sentencia, esta tiene efectos generales a los gobernados cuando es emitida y vigente. Conocer los órganos facultados para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la emisión de la propia Declaratoria, y la respuesta a la interrogante ¿Porque la atribución de estafigura solo es encomendada al Pleno del Alto Tribunal de Justicia?, respuesta derivada del artículo 107 fracción II párrafo segundo y tercerode nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El capítulo IV y último de la presente tesis abordamos la aplicación material de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es decir, la primera emisión de la Declaratoria tras 10 años de su inserción con la reforma constitucional, acontecimiento histórico en el sistema normativo jurídico mexicano, pues por primera vez una resolución es declarada fundada con efectos generales hacia los gobernados al ser inaplicable una norma general no tributaria que violentaba los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Federal. Ahora bien, una vez comprendido el capítulo anteriormente descrito se analiza la causa de porque dentro de los quince expedientes en trámite de Declaratoria, no se ha emitido la misma(a reserva de que uno exitosamente fue resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), pues dentro de ellos depende tanto la materia como el número de votos inalcanzados o la falta de legitimación o integración de jurisprudencia. También se desprende la argumentación de la causal de improcedencia del juicio de garantías contra la aplicación de una norma general declarada inconstitucional, y para garantizar el cumplimiento de la Declaratoria, se alude a la Denuncia por la posible violación a su observancia, su ejecución y el procedimiento a tramitar, con la sanción correspondiente por desacato a un mandamiento de carácter constitucional.