Pobreza e institucionalidad en México: un análisis regional, 20082018 
Autor: Carolina Ramírez Padilla
Año: 2022
Carrera: Economía

La pobreza es uno de los mayores problemas a nivel mundial y ha adquirido un papel central en los problemas a combatir a nivel global, particularmente desde el año 2000, cuando la ONU estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio el reducir la pobreza extrema2a la mitad para el 2015 (Medina y Galván, 2014: 7). Desde entonces la comunidad internacional ha actuado con diversas políticas y ha fijado objetivos numéricos. En este sentido, la ONU (2015) destaca a México en términos de que redujo exitosamente el porcentaje de su población cuyo ingreso diario es inferior a 1. 2 dólares —de 9. 3% en 1989 a 3. 7% en 2014—. Sin embargo, estos resultados —aunque son alentadores—solo fueron observables a nivel nacional, más no se generalizaron a nivel estatalni regional; diversos autores explican este hecho mediante un enfoque estatal que atiendelas diferencias estructurales de las 32 entidades federativas de México (HernándezLaos y BenítezLino, 2014; CamposVázquez y MonroyGómezFranco, 2016a). Es de ahí donde surge la motivación para la realización de este trabajo, ya que no existen investigaciones a nivel regional que estimen la reducción de la pobreza en México ni que tomen en cuenta el factor de estado de derecho como medio para combatirla y que además prueben la existencia de los incentivos perversos existentes alrededor de las transferencias monetarias directas, lo cual toma especial importancia en la actualidad ya que el gobierno en turno está utilizando esta herramienta como principal vía para el combate a la pobreza. Las investigaciones sobre pobreza en México destacan que el crecimiento económico es un factor crucial para disminuirla, pero por sí solo, insuficiente para erradicarla (Medina y Galván, 2014). En virtud de ello, la literatura incorpora factores sociales como la violencia (Salama, 2013) e institucionales como la corrupción (Mauro, 1995). Tan relevantes son estos factores que incluso CEPAL (2016) señala que losdesempeños heterogéneos entre estados definen distintas trayectorias de productividad laboral y, por lo tanto, de crecimiento económico; es decir, las brechas económicas, sociales e institucionales entre estados definen la heterogeneidad estructural. Por lo tanto, es plausible sugerir que las políticas enfocadas a reducir la pobreza no generan los mismos resultados en todas las regiones de México. En busca de combatir la pobreza extrema en México, el sector público, al menos desde 1992, comenzó a asignar recursos destinados a atender este problema (Loría, 2020). Y en el sentido de la pobreza estatal, se asigna el presupuesto progresivamente a cada entidad federativa en términos de que los recursos sean proporcionales a sus necesidades (CEFP, 2019: 30). No obstante, otros autores han demostrado que este esquema de centralización y asignación de recursos públicos fomenta la corrupción dentro de las instituciones públicas (Fisman y Gatti, 2000 y 2002), generando diversas externalidades que perpetúan la pobreza (Careaga y Weingast, 2000). En este sentido, los mayores niveles de pobreza en México corresponden a las entidades en donde el sector público destina mayores recursos para combatirla. Los incentivos perversos crean beneficios mutuos para los estados (estadopoblación en pobreza) y hacen que la pobreza persista. Existe la idea de que las autoridades públicas dedicadas a atender los problemas sociales reciben ingresos elevados (entre más pobre sea el estado, mayor será el ingreso) y a su vez la población que vive en situación de pobreza tiene, por elección racional, el incentivo de mantenerse en esta condición socioeconómica para recibir apoyos del gobierno, lo que refleja claramente un problema de incentivos perversos (Ramones y Prudencio, 2014) que deterioranla eficiencia del gasto público en términos de que no siempre reducelos problemas sociales, por el contrario, puede perpetuarlos. Sin duda, estas aseveraciones son controversiales para el manejo de la política social en México, sobre todo porque existe evidencia empírica de que los incentivos perversos la hacen fracasar. Una vía para reducir la pobreza de manera eficiente y a largo plazo es el crecimiento económico, que en México es condición necesaria pero insuficiente para disminuir los rezagos sociales que existen a nivel estatal (Medina y Galván, 2014); por lo que algunos autores brindan explicaciones alternativas que incorporan factores sociales e institucionales al debate. De acuerdo con Mauro (1995) la baja institucionalidad —particularmente la corrupción—disminuye los incentivos para fomentar el crecimiento económico. Esto genera mayor desempleo —asociado a menores ingresos laborales—y por lo tanto, incrementa las tasas de pobreza.