Fortalecimiento económico de las haciendas locales como mecanismo que consolide el federalismo 
Autor: Jessica Denisse García Hernández
Año: 2021
Carrera: Derecho

Vivimos en una República democrática, constitucional y representativa, por medio de la cual el pueblo ejerce su soberanía, es “el gobierno del pueblo”, en donde los derechos políticos son el primer instrumento que tiene la ciudadanía para participar activamente en la democracia y política del país. Para la suscrita, garantizar el ejercicio del derecho político a votar de todos y todas las gobernadas es indispensable si realmente somos una sana democracia y nos queremos tomar los derechos y sus principios en serio. Esta investigación surge del precepto jurídico comprendido en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); disposición que enuncia restricciones a los derechos políticos de los ciudadanos contenidos en el artículo 35 constitucional, entre ellos y como base de este trabajo, el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. El objetivo principal es resaltar que el derecho al voto, sea activo o pasivo, debe entenderse como un derecho humano que no puede ni debe ser suspendido o restringido por estar sujeto a un proceso penal por delito que amerite pena corporal, desde la fecha en que se dicta el auto de vinculación a proceso (fracción II del artículo 38 constitucional); ni durante la extinción de la pena corporal (fracción III del artículo 38 constitucional). Aunque se trata de una costumbre normativa, no parecen existir argumentos lo suficientemente fuertes para mantener dicha exclusión que, además, viola la prohibición de acciones de discriminación. La suspensión del derecho al sufragio representa hoy en día una indebida y anacrónica restricción a los derechos políticos de las personas que se encuentran en prisión preventiva a la espera de una sentencia y de quienes se encuentran purgando una pena. La justificación que sirvió al legislador de 1917 (sin reforma hasta la fecha) para excluir del voto a las personas privadas de libertad, se construyó en un contexto de exclusión y marginación de aquellas personas que faltaran al contrato social establecido; por el contrario, hoy lo mejor que podemos hacer es formar una política inclusiva para que todos aquellos que quieran participar políticamente, tengan la posibilidad de hacerlo. Primero, explicaré lo que conlleva un derecho humano, sus principios rectores y cómo es reconocido en nuestra carta magna para abrir paso a la discusión sobre los derechos políticoelectorales y aterrizar en el derecho al voto. De esta forma, podré afirmar que el derecho al voto es un derecho humano y debe ser tratado como tal. Después, intentaré familiarizar al lector con los conceptos de restricción y suspensión, entender la diferencia es clave para el desarrollo del trabajo y hacer un análisis del artículo 29 constitucional ampliará la perspectiva sobre el tema. Más adelante, examinaré la historia, evolución e impacto de la suspensión del derecho al voto activo en el artículo 38 de la CPEUM y en las Constituciones Locales, la suspensión desde la óptica penal en el artículo 20 de la CPEUM de la mano con la presunción de inocencia y la población carcelaria, quienes son los perjudicados directos del problema. Así, podremos analizar el panorama internacional y establecer cómo se ha desenvuelto el derecho al voto activo en conferencias o documentos globales desde que aparece por primera vez, tomando casos concretos de países como España, EUA y Colombia, que nos ayude a entender dedónde partimos y hacia dónde vamos en la esfera internacional. Para ahondar en la postura actual del país y conforme a la interpretación que se le ha dado al derecho al voto de las personas privadas de libertad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cito, analizo y determino el alcance de los últimos criterios emitidos que, afortunadamente, parecen ir en un sentido distinto al que prevaleció por años en nuestro país. Lo anterior, se enfatiza de manera particular ya que estamos en un punto crítico del tema, pues la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE en 2018, garantizar el derecho al voto de todas las personas que se encuentran en prisión preventiva para el 2024. El problema del mandato recae en que el INE no ha puesto ningún proyecto en marcha para implementar la orden y según cifras del último presupuesto de egresos, el INE tuvo un recorte importante y la tarea será aún más complicada, más aún considerando que el INE tiene nuevas tareas que cumplir adicionalmente a la organización de los comicios nacionales, tales como la consulta popular o la revocación de mandato. A manera de conclusión, desarrollo una propuesta de mecanismo viable para que sea implementada por el Instituto Nacional Electoral y garantice el derecho al voto activo de las personas que se encuentran privadas de libertad a espera de sentencia y, en un futuro no muy lejano, logre ser aplicado a las personas recluidas con sentenciadas.