La propiedad social y la reforma energética bajo la perspectiva de los derechos humanos 
Autor: José Reyes Santiago Antonio
Año: 2021
Carrera: Derecho

El paquete de reformas estructurales establecidas en el sexenio pasado buscaron un replanteamiento del Estado mexicano, en materia energética se reformaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con ello se permite ahora a la iniciativa privada que participe en labores de extracción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sin embargo, una decisión como estaha afectado no solo la dinámica de negociación de los hidrocarburos sino a las comunidades agrarias que se encuentran asentadas en territorios donde existenestosrecursos naturales. Los derechos humanosson el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyesdel derecho reglamentarias. Los derechos humanosson derechos inherentes a todos los hombres en sentido amplio, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Sin embargo, el pluralismo natural del ser humano hace que su aplicación tenga que ser realizada bajo el principio de equidad, es decir, el tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales, en este contexto, aquellos grupos humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad deben de tener formas especiales de aplicación, ya que el estado de desigualdad que guardan los pone en clara desventaja de otros grupos humanos. Los grupos originarios y los campesinos que son parte de los núcleos agrarios, que muchas veces comparten estas dos características, se encuentran enestado devulnerabilidad por el poco apoyo estatal al campo, por los obstáculos geográficos, por carencias históricas, falta de educación, salud, transporte, marginación y discriminación. La reforma energética vino a agudizar estaproblemática al establecer cambiosen la exploración y distribución del petróleo y la energía eléctrica, con el nuevo texto se legitiman mecanismos a través de la negociación y mediación con los titulares de derechos agrarios o propietarios ancestrales de las tierras en las que se encuentra el petróleo. El octavo transitorio del Decreto (Decreto) por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, considera de interés social y de orden público las actividades de exploración y extracción del petróleo, teniendo preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas, en otras palabras, estas actividades tienen el permiso de llevarse a cabo sin importar los intereses de los grupos humanos que se afecten directa e indirectamente. En este trabajo se busca, primero, dar un contexto histórico de la propiedad social en México, haciendo hincapié en el reconocimientode los derechos humanos, casi inexistente en las diferentes etapas del desarrollo de México y que justo cuando nuestro país ha ratificado tratados internaciones que tutelan éstos derechos, un solo párrafo de un artículo transitorio de un decreto estatal da lugar a la vulneración de esas prerrogativas de la dignidad humana. El procedimiento de mediación y negociación para el acceso a las tierras indígenas y agrarias sin tomar en cuenta los derechos humanos, simplemente por ser actividades prioritarias, es la muestra clara. Le queda al campesino afectado recurrir a figuras como el amparo en el derecho interno y en esa secuencia de ideas, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte)cuando asíse requiera, para combatir las violaciones a sus derechos que se puedan dar en la aplicación delcitado artículo octavo transitorio del Decreto, siendo esta una de las alternativas para la defensa de los núcleos agrarios afectados con el paquete de reformas estructuralesdel sexenio pasado, tomando como premisa que cualquier decisión estatal debe de ser bajo el principio de no afectación de los derechos humanosde los afectados y que, cuando se realiza de otra forma, claramente es ilegítima. De esta forma se establece la hipótesis de que la aplicación del mencionado decreto en materia de energía, viola derechos humanosde los núcleos agrarios establecidos en los sitios de exploración y extracción al dejar en segundo plano lasnecesidades básicas y los derechos de las comunidades para llevar a cabo esta actividad. La metodología atiende a una investigación de carácter social, recurriendo al método cuantitativo y cualitativo principalmente, atendiendo al análisis documental de textos y legislación tanto históricos como en la actualidad.