La violación de los derechos fundamentales de la sociedad anónima con la atribución de su responsabilidad y el establecimiento de la sanción administrativa en la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave, de conformidad con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y el artículo 81, fracción II, inciso d) y tercer párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Autor: Edna Itzel Montoya Pastrana
Año: 2022
Carrera: Derecho

El combate a la corrupción ha sido uno de los temas con mayor auge, relevancia y trascendencia sobre todo para la actual Administración Federal 20182024 de la 4ta Transformación; tan es así que el actual Ejecutivo Federal ha enfatizado, en gran parte de sus discursos y conferencias, los esfuerzos de su gobierno en atacar frontalmente los actos de corrupción que originan la mayor parte de los demás problemas económicos y sociales que nuestro país ha venido arrastrando desde administraciones pasadas. La Transparencia Internacional (Transparency International) en su estudio denominado “Exportando Corrupción 2020”, en el cual analizólas acciones de47 países que ratificaron la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1997, refirió que México forma parte de los 34 gobiernos que “actúan poco o nada en casos de cohecho internacional”1. Laorganización internacional refiere que, de conformidad con lainformación pública disponible en fuentes oficiales como de laFiscalía General de la República, en el periodo de reporte (20162019), México únicamenteinició tres investigacionesrelacionadas con el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de las cuales, a la fecha, no han sido impuestas las sanciones correspondientesporel Poder Judicial, tampoco se han recuperado los activos desviados o fruto de estos posibles ilícitos ymucho menosse hanidentificado posibles responsables. Lo anterior tiene relevancia, no solo por la falta o nula actividad de investigación y de sanción a cargo de las autoridades para prevenir y combatir la corrupción, lo cual se vereflejado de forma negativaen el estudio realizado por la organización antes referida, sino también por las cifras que demuestran el real costo económico de la corrupción que, incluso, ha llegado a serconsiderada por expresidentes de nuestro país como una “debilidad de orden cultural”2. En ese sentido, en el “Informe de Evaluación Mutua” realizado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), publicado en enero de 2018, se hacer referencia a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha valuado el monto de evasión y fraude fiscal en México en la cantidad que asciende aproximadamente a $483, 875, 000. 00(cuatrocientos ochenta y tres mil, ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N. )3. Sin embargo, se ha demostrado con el paso del tiempo que, en la mayoría de los casos, los servidores públicos que incurren en conductas de corrupción, han actuado de la mano de particulares que buscan obtener un beneficio de estas. Según la encuesta de fraude y corrupción elaborada por KPMG Cárdenas Dosal, S. C (KPMG), el 44% de las empresas en México han realizado pagos “extraoficiales” a servidores públicos en el año de 2008; el 47% de los emprendedores y dueños de dichas empresas consideran que existe una “necesidad” de realizar dichos pagos extraoficiales para operar correctamente y solo cada 4 de 10 fraudes detectados son denunciados ante las autoridades, pero solo el 12% de las empresas mexicanas han adoptado medidas preventivas y modelos de control interno, el 36% ha adoptado medidas parciales y el 52% no lleva acabo ningún tipo de control y prevención de conductas de corrupción que pudieran afectar la imagen y los intereses de las empresas. Por otro lado, al18 de junio de 2020, el SAT ha incluido a más de 9, 663 contribuyentes dentro de la lista definitiva de las personas que emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI) sin haber demostrado contarcon los activos, personal, infraestructurao capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación (CFF)4. El tema de responsabilidadesadministrativasde servidores públicos ha sido considerado por el constituyente desde la Constitución de Apatzingán de 1814 y regulado de formaexpresa en la Constitución de 1857 al incluir su Título IV “De la responsabilidad de los funcionarios públicos”; no obstante, fue hasta la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 27 de mayo de 2015 cuando se propuso, discutió y aprobó “una transformación integral del sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México”5, ante los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano con la firma y ratificación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde el año de1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. El paquete de reformas a la Constitución Federal de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción dio inicio ala creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3, misma que fue, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, fue denominada como Ley General de Responsabilidad Administrativas, en la cual se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: la patrimonial, deconflicto deintereses y fiscal. Otro de los grandes y significativos cambios que se implementaron con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidad Administrativas que abrogó a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fue el establecimiento de actos de particulares vinculados a las faltas administrativas graves (tales como el soborno, la participación ilícita en procedimientos, el tráfico de influencias, conclusión, entre otros), cuya comisión, vinculación y/o participación facultan a las autoridades atribuir responsabilidad tanto a las personas físicas como a las morales, así como de imponer sanciones administrativas a su cargo. Elartículo 81, fracción II, incisos c) y d) y tercer párrafo de dicha ley, establece la posibilidad de imponer a cargo de las personas morales las sanciones que consisten en: c)La suspensión de sus actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios;y d)La disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave. ”Asimismo, el tercer párrafo del precepto normativo citado dispone que, sólo serán procedentes las sanciones c) y d) cuando la persona moralobtenga un beneficio económico y se acredite participaciónde sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación se analizará si es correcta o no la forma en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite que las autoridades competentes le puedan atribuir responsabilidad administrativa a las personas morales y, por consecuencias, aplicar las sanciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 81. En el Capítulo 1° se abordará la naturaleza jurídica de esos entes ficticios a los que la ley les reconoce personalidad jurídica propia e independiente; la correcta forma en la que debemos referirnos a ellas, ya sea como personas morales, personas jurídicas o colectivas; los atributos de su personalidad; el procedimiento para su constitución; y los elementos necesarios para su existencia y validez. Posteriormente, en el Capítulo 2° se estudiarán las características esenciales de la sociedad anónima; su constitución; los distintos órganos que la representan; las facultades de cada uno de ellos y el exceso en el que podrían incurrir en el caso de ir más allá de lo que están realmente facultados; asimismo, se desarrollarán las figuras de disolución (total o parcial) de las personas morales hasta su liquidación, de tal forma que se logre diferenciar una de la otra y determinar si la definición adoptada por la sanción prevista en el inciso d) del numeral antes señalado, coincide con la naturaleza y los efectos jurídicos propios de la disolución. En el Capítulo 3° se determinará si las personas morales son sujetos de derechos fundamentales y garantías constitucionales, así como la jurisprudencia adoptada por la Suprema Corte de Justicia en el cual aborda el criterio y resuelve sobre dicho tema; se desarrollarán los derechos y garantías respecto de las cuales las personas morales podrán ser titulares, tales como el derecho de libre asociación, de petición y las garantías de seguridad y certidumbre jurídica, así como en qué consisten cada una de ellas. Finalmente, en el Capítulo 4° se estudiarán las faltas administrativas y sus sanciones;su naturaleza jurídica;así como los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionadory si estos también son aplicables al derecho disciplinario, en específico:los principios de:legalidad, proporcionalidad, tipicidad, imputabilidad y culpabilidad. En ese sentido, será abordado el concepto de responsabilidad, así como la forma en que la comunidad internacional y los sistemas jurídicos de distintos países le atribuyen responsabilidad a las personas morales, del cual destaca el modelo adoptado con motivo de la resolución 154/2016 emitidapor el Tribunal Supremo Español, respecto a lo que deberá entenderse por “control organizativo”en términos del principio de “cultura corporativa de respecto a la ley” o “cultura de ética empresarial” con la finalidad de determinar cuándo un acto puede ser reprochable directamente a una corporación o persona moral, independientemente si las personas que la representan incurren en la comisión de faltas graves o delitos. De esta forma, se analizarán todas las conductas que, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son considerados como actos vinculados a las faltas administrativas graves incurridas por los particulares, las sanciones que podrán ser impuestas en el supuesto de incurrir con alguno de dichos actos, entre ellas, las previstas en el artículo 81, fracción II, incisos c) y d) y tercer párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Graves. Con la investigación realizada se podrá concluir si ha sido correcta la manera en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas Graves le atribuye responsabilidad a las personas morales, esto es, si con dicha modalidad se garantizan y se respetan sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; asimismo, si los principios generales de derecho que rigen alderecho administrativo sancionador son observados en la creación de las normas que les son aplicables, pues si bien, como se ha expuesto en párrafos anteriores, existe una necesidad de controlar la participación, comisión y vinculación de los particularesen los actos de corrupción, no puede desconocerse que al estar reconocida su personalidad jurídica propia e independiente, atendiendo al principio de culpabilidad y presunción de inocencia recogidos por el derecho penal, solo podrán ser responsables de los actos y conductas de las que exista una real convicción sobre su autoría y directa vinculación.