PR Laws tit. 1, § 1066 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 21 - Municipios|Subtítulo 3 - Disposiciones Generales|Capítulo 97 - Cuerpo de Policía Municipal|§ 1066. Poderes y responsabilidades

 Además de los otros deberes que se impongan en virtud de otras leyes, el Cuerpo de la Policía Municipal tendrá, dentro de los límites territoriales del municipio correspondiente, los deberes que en virtud de este capítulo se autoricen y de conformidad a la reglamentación adoptada en virtud del mismo. A esos fines la Policía Municipal tendrá los siguientes poderes y responsabilidades: (a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y realizar investigaciones de conformidad a la jurisdicción que se les concede en este capítulo. Además, podrán en el desempeño de sus funciones y efectuar arrestos sin orden judicial como funcionarios del orden público, según establecido en la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal vigentes. (b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el orden público. (c) Hacer cumplir las disposiciones de las secs. 5001 et seq. del Título 9, conocidas como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, exceptuando casos de accidentes fatales o cuando hubiere grave daño corporal, y expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de tránsito en caso de infracción a dichas disposiciones y relativas a los límites de velocidad. (d) Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la propiedad municipal, sus edificios, oficinas y dependencias. (e) Establecer un servicio de patrullaje preventivo. (f) Mantener la debida vigilancia en las áreas de estacionamiento y zonas de cruces de escolares y dirigir el tránsito en las áreas de mayor congestión vehicular. (g) Prestar la debida protección al público reunido en las actividades recreativas, deportivas, sociales, cívicas y religiosas que se celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del orden en tales actividades. La Policía Municipal no podrá intervenir ni prestar servicios como tal en ningún conflicto huelgario u obrero patronal, excepto cuando el Superintendente de la Policía Estatal requiera sus servicios o a tenor con lo dispuesto en la sec. 1076 de este título. (h) Hacer cumplir las disposiciones de las secs. 1401 et seq. del Título 33, que impone penalidades por arrojar basura a las vías públicas o privadas. En todo caso en que un Policía Municipal expidiere una infracción bajo este inciso, el setenta y cinco por ciento (75%) del total de las multas que se impongan por virtud de este delito se remitirán al municipio que originó la infracción. (i) No obstante lo dispuesto en las secs. 5001 et seq. del Título 9, conocidas como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y sus reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier miembro de la Policía Municipal, de ser necesario a su juicio para despejar el tránsito congestionado de una vía pública, podrá variar lo que en las mismas se indicare, y será la obligación de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal. (j) Los miembros de la Policía Municipal podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitan por las vías públicas. (k) Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en este capítulo por un miembro de la Policía Municipal con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito. Toda persona que incumpla con esta disposición incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil [dólares] ($1,000), o cárcel por un término que no excederá los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. (l) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia doméstica en Puerto Rico, contenidas en las secs. 601 et seq. del Título 8, conocidas como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, conforme los parámetros dispuestos en las mismas. (m) Los municipios podrán crear divisiones de investigaciones internas y en aquellos casos en que como resultado de una investigación surja un motivo fundado en cuanto a la comisión de un delito, deberán someter el asunto a la Policía de Puerto Rico y/o a cualquier otra agencia pertinente. (n) Realizar investigaciones criminales en los delitos de violencia doméstica, conforme a las secs. 601 et seq. del Título 8, investigar en todas sus modalidades los delitos de acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos graves conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de posesión de sustancias controladas bajo la sec. 2404 del Título 24, parte de la ley conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”. A tales efectos, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, en conjunto con los Comisionados de los Policías Municipales establecerán un protocolo en el cual se dispondrán los acuerdos de intervención e investigación de los delitos enumerados. (o) Establecer acuerdos de colaboración con la Policía de Puerto Rico, y/o las agencias de seguridad pública del gobierno federal (task force) para efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles. Disponiéndose, que en dichas circunstancias, los miembros de la Policía Municipal estarán cubiertos por los mismos derechos y garantías que le asisten a los Policías Estatales, y el Gobierno de Puerto Rico vendrá obligado a responder por las actuaciones de estos, conforme a lo establecido en esta sección, los beneficios que les conceda el Gobierno de Puerto Rico no afectará cualquier otro beneficio al que éstos tengan derecho en el municipio donde presten servicios. (p) Los municipios podrán contratar recursos técnicos que faciliten la labor de investigación de los Policías Municipales. Previo a la realización de los poderes y responsabilidades contenidas en esta sección, los miembros de la Guardia Municipal tendrán que haber completado los cursos básicos del adiestramiento que ofrece el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico. Una vez completado el adiestramiento, el Superintendente de la Policía certificará dichos miembros de la Guardia Municipal como Policías Municipales. La Policía Municipal podrá ejecutar las nuevas facultades y poderes contenidas en este capítulo, en el reglamento que se promulgue al efecto excepto en las áreas en las que explícitamente estén excluidos por este capítulo y/o por el reglamento que se promulgue, una vez completados todos los requisitos de adiestramientos igual al de la Policía Estatal y el Superintendente de la Policía certifique tal hecho al alcalde. Cuando los miembros de un Cuerpo de la Guardia Municipal hayan cumplido, y así lo hagan constar, con todos los requisitos vigentes con antelación al otorgamiento de las mismas facultades y autoridad de la Policía Estatal, el Superintendente de la Policía Estatal podrá convalidar los adiestramientos y certificar, o en su lugar, requerirá que se completen los mismos antes de certificar. Aquellos Policías Municipales con cinco (5) o más años de servicio en labores de supervisión y que ostenten un rango, a solicitud del alcalde serán certificados sin necesidad de tener que tomar algún curso adicional. Será responsabilidad del municipio cubrir todos los gastos relacionados con el adiestramiento inicial, y subsiguientes para capacitar los miembros de la Policía Municipal que ingresen en dicho Cuerpo a partir de la aprobación de esta ley, los cuales recibirán un adiestramiento igual al de la Policía de Puerto Rico. Igualmente, se dispone que todos los miembros de las policías municipales existentes cumplan con un requisito mínimo de doce (12) horas anuales de educación continua a ser brindados por el Colegio Universitario de Justicia Criminal. Como parte del ofrecimiento de los cursos a ser brindados, se incluirán los siguientes tópicos: ética, manejo y control de la fuerza, destrezas de defensa personal que eviten o minimicen los daños hacia los ciudadanos intervenidos, funciones del trabajo policial, regulación y estándares del uso de la fuerza, corrupción y mal comportamiento policial, derecho penal aplicable, derechos humanos, derechos civiles y otros temas, con el propósito de mejorar el desempeño de dichos agentes del orden público. Los mismos serán costeados por los municipios correspondientes, tomando en consideración las disposiciones de las secs. 4001 et seq. de este título conocidas como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”.