PR Laws tit. 1, § 8 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 4 - Apéndices Reglas del Tribunal|XXXVIII. Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico|Parte III - Determinación de Indigencia y Asignación de una Representación Legal de Oficio|Regla 8. Proceso de determinación de indigencia, selección de representación de oficio y notificación de la orden de asignación; deberes del tribunal

 (a) Cuándo procede la determinación de indigencia.— Se requerirá una determinación de indigencia para que proceda una asignación de oficio por parte del tribunal al amparo de las disposiciones de este reglamento. En todo procedimiento a tenor con este reglamento, será deber del tribunal evaluar la capacidad económica de una persona que comparezca sin abogado o abogada alegando indigencia. La determinación de indigencia del tribunal deberá descansar en los estándares de indigencia establecidos por la Oficina de Administración de los Tribunales, y así constará en su resolución. Como regla general, cuando una persona comparezca sin abogada o abogado y alegue su indigencia en un procedimiento de naturaleza penal según definido en este Reglamento, el tribunal la referirá a las oficinas de la Sociedad para Asistencia Legal, o una entidad análoga, para que la entreviste y evalúe si cualifica para recibir servicios gratuitos de representación legal. Al realizar el referido, se dará cumplimiento a las normas siguientes: (1) Cuando la Sociedad para Asistencia Legal o una entidad análoga acepte representar la persona imputada o acusada de delito deberá notificarlo al tribunal mediante la presentación de una moción el día que asuma la representación legal o a más tardar al día siguiente. (2) Cuando la Sociedad para Asistencia Legal o una entidad análoga no asuma la representación legal de la persona imputada o acusada de delito, el día de la entrevista o a más tardar al día siguiente, deberá presentarse una moción donde se indique si la persona es indigente y las razones por las cuales la persona no cualifica para recibir los servicios de la entidad, ya sea por conflicto de intereses o justa causa. Si se alega que no se asumirá representación por razón de un conflicto de intereses, será necesario explicar en qué consisten las circunstancias que dan lugar al conflicto alegado, conforme dispone el inciso (g) de esta regla, salvo que se trate de un conflicto en la defensa de personas coacusadas de delito en un mismo procedimiento. La persona que no cualifique para recibir los servicios de la Sociedad para Asistencia Legal o de la entidad análoga podrá solicitar al tribunal que realice una determinación de indigencia independiente para la asignación de representación de oficio. Esta determinación del tribunal deberá descansar en los estándares de indigencia establecidos por la Oficina de Administración de los Tribunales, y así deberá constar en su resolución. (b) Procedimiento para la determinación de indigencia.— Al realizar la determinación de indigencia, el tribunal deberá requerirle a la persona que reclama la representación legal de oficio que presente evidencia jurada, so pena de perjurio, de su estado de insolvencia y su imposibilidad de obtener los recursos económicos para pagar los servicios de un abogado o de una abogada. Además, le requerirá la información exigida bajo los estándares de indigencia establecidos por la Oficina de Administración de los Tribunales, así como cualquier otra evidencia que el tribunal considere necesaria para determinar la indigencia y constatar la veracidad de lo declarado. El tribunal que atienda el procedimiento entregará a la persona indigente copia del formulario que adopte la Oficina de Administración de los Tribunales para la determinación de estado de indigencia. Este contendrá los criterios básicos para determinar el estado de insolvencia de la persona y se unirá al expediente una vez se haya completado en todas sus partes. Cuando se trate de una solicitud presentada por una persona confinada, se permitirá que la Secretaría reciba el formulario sin juramentar. No obstante, en la próxima fecha de señalamiento ante el tribunal, se le tomará el juramento en sala. Cuando se entregue el formulario, el tribunal advertirá a la persona solicitante que proveer información falsa bajo juramento sobre su situación económica y sobre su posibilidad de obtener recursos económicos para sufragar los costos de su representación legal podría configurar el delito de perjurio y constituir desacato al tribunal. Le advertirá, además, sobre las sanciones legales aplicables de encontrarse incurso en desacato y de su deber de informar al tribunal si sus circunstancias económicas han cambiado de tal manera que tuviera la capacidad de pagar por los servicios de representación legal. El tribunal evaluará la información provista a la luz del ingreso máximo permitido en conformidad con la directriz emitida por la Oficina de Administración de los Tribunales, con el fin de determinar si la persona cumple con los parámetros económicos mínimos. El tribunal emitirá su determinación oportuna mediante resolución. La información provista para la determinación de indigencia al amparo de esta regla no podrá utilizarse en contra de la persona que alega su estado de indigencia, salvo en un procedimiento de perjurio o desacato por un acto cometido en el ofrecimiento de información falsa al tribunal o en un proceso al amparo de la Regla 19 de este reglamento. Además, no se entenderá que la persona se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal por la mera presentación del formulario de indigencia. (c) Selección de la representación legal de oficio.— Determinada la indigencia de la persona a este reglamento, y tras considerar los factores dispuestos en la Regla 5(d) para los procedimientos judiciales de naturaleza civil, el tribunal realizará la asignación de representación legal de oficio a través del Módulo de Asignaciones de Oficio, seleccionando al abogado o la abogada cuyo nombre esté próximo en turno en el banco de abogados y abogadas de oficio. Sin embargo, no podrá asignar ningún abogado o ninguna abogada que haya cumplido con el número de horas requeridas por la Regla 11 hasta tanto se haya agotado el banco de abogados y abogadas de oficio en la zona judicial correspondiente. El Módulo de Asignaciones de Oficio dividirá el universo de profesionales del Derecho disponibles para recibir asignaciones de oficio por orden de antigüedad y en zonas judiciales. Al agotarse este banco en la zona judicial aplicable, se comenzará nuevamente con el primer abogado o la primera abogada en turno, conforme sugiera el Módulo de Asignaciones de Oficio, y así, sucesivamente, según sea necesario. No obstante, se faculta a la Oficina de Administración de los Tribunales a emitir las directrices necesarias para viabilizar que abogados y abogadas soliciten voluntariamente figurar en los primeros turnos del banco de abogados y abogadas de oficio, sin sujeción al orden de antigüedad. En tales casos, la compensación por honorarios se proveerá luego de acumular un mínimo de quince (15) horas de representación legal de oficio. (d) Obligación de seguir el orden de asignaciones sugerido por el Módulo de Asignaciones de Oficio.— El tribunal deberá seguir el orden de asignaciones que produzca el Módulo de Asignaciones de Oficio para asegurar la uniformidad en el proceso de asignación de representación legal, salvo que: (1) Un abogado o una abogada se ofrezca a representar de oficio a la parte indigente, conforme lo dispuesto en la Regla 10 sobre la representación voluntaria pro bono ante el tribunal; (2) se den las circunstancias presentadas en el inciso (i) de esta regla sobre la prohibición de fraccionamiento en la representación legal; (3) exista otro procedimiento judicial contra la persona indigente en el que se le haya asignado un abogado o una abogada de oficio y el tribunal determine conveniente asignar la representación legal en el nuevo procedimiento judicial al mismo abogado o la misma abogada. En el ejercicio de su discreción, el tribunal deberá evaluar si el asunto ante su consideración guarda relación con el otro procedimiento judicial, además de los criterios enumerados en el inciso (e) de esta regla, o (4) se trate de dos o más casos consolidados en los cuales la misma persona indigente es parte. El tribunal deberá detallar en el Módulo de Asignaciones de Oficio las razones por las cuales no confirmó la recomendación de asignación del sistema. (e) Criterios para la selección de un abogado o una abogada de oficio.— Conforme con la obligación establecida en el inciso anterior, la discreción del tribunal para evaluar si la recomendación inicial que produce el Módulo de Asignaciones de Oficio es apropiada para el caso particular, se limitará a los elementos siguientes: (1) La complejidad particular del caso y el conocimiento especializado mínimo necesario para atender de manera competente el procedimiento específico ante su consideración; (2) los años de experiencia, el historial de práctica jurídica que surja en el RUA y el historial de casos que ilustre el tipo de procedimiento que atiende con regularidad el abogado o la abogada; (3) el período de tiempo que se estima que tomará el proceso, y (4) la cantidad de asignaciones u horas ofrecidas en la representación de oficio que el tribunal haya certificado en el año fiscal en curso al amparo de este reglamento. Si existe alguna de estas circunstancias, el tribunal documentará las razones para diferir la asignación de un abogado o una abogada particular en el Módulo de Asignaciones de Oficio. El efecto del diferimiento no alterará el orden de asignaciones posteriores. Por lo tanto, el abogado o la abogada, cuyo diferimiento se autorice, mantendrá su turno en el banco de abogado y abogadas de oficio. Autorizado el diferimiento para el caso particular, el tribunal evaluará la próxima recomendación que produzca el Módulo de Asignaciones de Oficio, siempre tomando en consideración los elementos anteriormente enumerados, hasta tanto realice la asignación correspondiente. (f) Notificación de la orden de asignación de representación legal.— Al seleccionar el abogado o la abogada a través del Módulo de Asignaciones de Oficio, el tribunal le notificará electrónicamente y por vía telefónica la orden de asignación de representación legal en un periodo no mayor de veinticuatro (24) horas. El abogado o la abogada que se seleccione asumirá la representación legal de la persona indigente desde su notificación. La notificación de la orden de asignación se enviará al abogado o a la abogada de forma electrónica acompañada de la correspondiente resolución de determinación de indigencia emitida por el tribunal. La orden de asignación indicará, como mínimo, el nombre y la dirección postal y física del abogado o de la abogada, su correo electrónico y número de teléfono, la información de contacto de la persona indigente, así como la fecha del señalamiento más próximo. Dicha orden formará parte del expediente judicial y se indicará que procederá in forma pauperis. En los procedimientos de naturaleza penal, la orden de asignación informará, además, si la persona imputada está en libertad bajo fianza, sumariada o confinada, en cuyo caso deberá indicar el nombre de la institución carcelaria en la que se encuentra. Junto con la orden se acompañará también copia de la denuncia y cualquier información o documentación adicional que ordene el tribunal. En los procedimientos civiles, además, se acompañará con la orden de asignación cualquier información o documentación adicional que ordene el tribunal para brindar un aviso adecuado sobre la controversia y la naturaleza del caso. Cuando se trate de un procedimiento de ingreso involuntario, se notificará también copia de la orden de ingreso y el lugar donde está hospitalizada o recluida la persona. El tribunal advertirá al abogado seleccionado o a la abogada seleccionada en la orden de asignación sobre el término de cinco (5) días que dispone la Regla 9(a) para que presente cualquier objeción fundamentada mediante moción al tribunal. (g) Conflictos éticos.— Cuando el abogado o la abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, o cualquier entidad análoga, o un abogado o una abogada de oficio alegue que no puede asumir o continuar con la representación legal por razón de un conflicto ético, lo advertirá de inmediato al tribunal para que se dirima el asunto ante otro juez u otra jueza. La vista ex parte será confidencial y deberá celebrarse dentro de un término no mayor de cinco (5) días. En un periodo no mayor de dos (2) días contados a partir de la celebración de la vista, el juez o la jueza que presida la vista deberá resolver si existe o no justa causa para no asumir representación legal o solicitar relevo por razones éticas o solicitar relevo por razón de conflictos de intereses, según aplique. La información divulgada por el abogado o la abogada en la vista solo será la necesaria para que el tribunal dirima el conflicto y no implicará una violación al ordenamiento ético, siempre que sea pertinente. Cuando el impedimento para la representación legal surja por motivo de una representación sucesiva o simultánea adversa, el abogado o la abogada deberá informarlo al tribunal, pero no se requerirá la celebración de la vista ex parte. (h) Criterios para autorizar el relevo de representación legal.— Realizada la asignación de oficio, solo podrá relevarse al abogado o la abogada que presente una moción al tribunal y demuestre una causa justificada conforme con lo dispuesto en el ordenamiento ético. El tribunal deberá evaluar si, conforme dispone la Regla 9(b) de este Reglamento, existe justa causa para conceder el relevo de representación legal y diferimiento. De proceder el relevo de representación legal, el tribunal asignará el caso a la siguiente persona en turno del banco de abogados y abogadas de oficio. La indigencia sobrevenida por parte de una persona con representación legal privada no constituirá justa causa para conceder el relevo, conforme el inciso (i) de esta regla. Como regla general, los conflictos en calendario tampoco serán fundamento para autorizar el relevo de representación legal y diferimiento del caso particular. Sin embargo, de manera excepcional, el tribunal podrá tomar en consideración el calendario de señalamientos cercanos del abogado o de la abogada y la necesidad de evitar una dilación irrazonable en el trámite del procedimiento particular para determinar si procede el relevo y diferimiento solicitado. El tribunal deberá considerar la oposición que pueda argüir la persona indigente que recibirá representación legal de oficio. En este caso, el tribunal celebrará una vista para evaluar la prueba en apoyo a la oposición. Cuando la intimidad de la persona indigente u otras razones de justicia así lo requieran, podrá celebrarse una vista confidencial ex parte. El relevo y diferimiento autorizado al inicio de la representación legal no alterará el orden de asignaciones posteriores ni afectará el turno correspondiente del abogado o de la abogada. No obstante, si se autorizara el relevo de representación legal durante el curso del procedimiento judicial, el tribunal podrá diferir al abogado o a la abogada, quien tendrá la obligación de asumir la próxima asignación de oficio que sugiera el Módulo de Asignación de Oficio. Si el tribunal concluye que los servicios prestados por el abogado o la abogada de oficio en esta etapa resultaron suficientes y que cumplió con su obligación de representación al amparo de este reglamento, podrá conceder el relevo sin ordenar su diferimiento. Se permitirán los diferimientos por periodos de duración específica, debidamente acreditados por el abogado o la abogada a satisfacción del tribunal y autorizados por el Juez Administrador o la Jueza Administradora conforme el inciso (k) de esta regla. (i) Evaluación sobre fraccionamiento en la representación legal.— El tribunal desalentará la representación legal fraccionada por etapas. Cuando una persona que cuenta con representación legal privada en determinado proceso de naturaleza civil o penal alega ser indigente, el tribunal evaluará si procede reconocer la continuidad de su representación legal como una asignación de oficio conforme a los parámetros establecidos en este reglamento, luego de emitida la determinación de indigencia. A quien se asigne de oficio al amparo de este inciso le aplicarán los beneficios y deberes que establece este reglamento a partir de la orden de asignación que regula la Regla 8(f). Por otro lado, cuando el tribunal determine que una parte que recibió el beneficio de una asignación de oficio ya no reúne los criterios de indigencia, podrá ordenar que la persona y su representante legal intenten de buena fe llegar a un acuerdo respecto a los honorarios por devengarse a partir de la determinación del tribunal. Si no se lograra un acuerdo, el tribunal deberá relevar al abogado o a la abogada de la representación legal y permitir que la parte continúe el procedimiento por derecho propio, o concederle un periodo razonable para que comparezca con una representación legal privada. (j) Asignación de un abogado o una abogada auxiliar.— El tribunal podrá asignar un abogado o una abogada auxiliar para que asista al abogado o a la abogada de oficio cuando la complejidad del caso lo amerite o cuando sea necesario para una adecuada representación en etapas apelativas. Ambas asignaciones estarán sujetas a las normas establecidas en este reglamento, según aplique. Como norma general, el tribunal deberá tomar en consideración los criterios establecidos en el inciso (e) de esta regla al momento de seleccionar un abogado o una abogada auxiliar. Sin embargo, podrá considerar una recomendación particular que le provea el abogado o la abogada de oficio para esta asignación. La asignación de un abogado o una abogada auxiliar para que represente de oficio a una persona indigente en la etapa apelativa no tendrá el efecto de relevar al abogado o a la abogada sobre quien recayó inicialmente la asignación. En tal caso, el abogado o la abogada de oficio principal tendrá la obligación de preparar la exposición narrativa de la prueba o el resumen de los hechos relevantes a la petición, así como con cualquier otro método reconocido como válido para la reproducción de la prueba oral, según aplique, cuando se le requiera, y asistirá en la prestación de sus servicios al abogado o a la abogada auxiliar que se asigne. (k) Deberes del Juez Administrador o de la Jueza Administradora.— Cuando el abogado o la abogada solicite: (1) Un diferimiento por duración específica a tenor con la Regla 8(h), (2) el relevo de la representación legal de oficio por falta de competencia para llevar un recurso a nivel apelativo, o (3) la asignación de un abogado o una abogada auxiliar al amparo de la Regla 9(c), el tribunal referirá el asunto al Juez Administrador o la Jueza Administradora. Será responsabilidad del Juez Administrador o la Jueza Administradora determinar, en un término no mayor de dos (2) días, si procede la solicitud referida para su consideración. Cuando el Juez Administrador o la Jueza Administradora sea el juez o la jueza de sala que recibe una petición de las enumeradas en este inciso, el referido se hará al Juez Subadministrador o a la Jueza Subadministradora, a quien le corresponderá disponer del asunto en el mismo término. Si se autorizara un diferimiento por duración específica, anotará la causa y la duración del diferimiento en el Módulo de Asignaciones de Oficio y ordenará al tribunal a realizar una nueva asignación, si procede. Si se autorizara la petición de relevo o asignación de abogado o abogada auxiliar para fines apelativos, asignará un abogado o una abogada de oficio, ya sea como principal o auxiliar, según corresponda, considerando los criterios establecidos en el inciso (e) de esta regla. No obstante, podrá referirse el asunto a una entidad que ofrece representación legal gratuita a nivel apelativo siempre que no menoscabe el derecho de la parte apelante.