PR Laws tit. 1, § 636 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 23 - Planificación y Fomento Público|Parte II - Fomento Economico|Capítulo 36 - Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico|§ 636. Designación, facultades, deberes y funciones del Comisionado

 La Comisión de Desarrollo Cooperativo estará dirigido por un Comisionado, quien será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y tendrá el rango de un Secretario del Gabinete Ejecutivo del Gobernador. La remuneración del cargo del Comisionado, quien desempeñará el cargo a voluntad del Gobernador, también la fijará éste tomando en consideración lo establecido para las Secretarias y Secretarios de Departamentos Ejecutivos. La persona designada deberá ser de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa del cooperativismo y de la economía social y que cuente con experiencia en el desarrollo de iniciativas cooperativas, comunitarias o educativas. Además, no podrá tener intereses económicos en ninguna institución financiera privada que no sea la tenencia de acciones y/o depósitos de una cooperativa de ahorro y crédito asegurada o depósitos en otra institución depositaria. El Gobernador, sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, podrá solicitar y recibir recomendaciones del Movimiento Cooperativo y del sector de la economía social sobre posibles candidatos para ocupar el cargo. Además de las facultades, deberes y funciones conferidas por otras leyes, incluyendo este capítulo, el Comisionado de Desarrollo Cooperativo tendrá todos los poderes, deberes, facultades, atribuciones y prerrogativas inherentes a su cargo, entre los cuales se enumeran, sin que ello constituya una limitación, los siguientes: (a) Ser el brazo ejecutivo de la Comisión y [ejercer] todas las funciones, deberes y facultades que ejercía el Administrador de Fomento Cooperativo al amparo de la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1966, según enmendada, y de otras leyes aplicables; Disponiéndose, que todo ejercicio de definición de reglamentos y política pública corresponderá a la Junta Rectora de la Comisión y requerirá el voto afirmativo de al menos siete (7) de los diez (10) miembros. (b) [Presidir] la Junta Rectora de la Comisión y la Junta de la Corporación. (c) Ser responsable de la coordinación y supervisión de la gestión gubernamental relativa al cooperativismo. (d) Coordinar la administración y las operaciones de las entidades adscritas, así como las comunicaciones, las relaciones públicas y las campañas promocionales de la Comisión y sus componentes, conforme a las normas, metas, objetivos y política pública establecidas por la Junta Rectora. (e) Realizar, por encomienda de la Junta Rectora o por iniciativa propia, estudios e investigaciones económicas, sociales y de otra índole relacionados con el cooperativismo y su desarrollo. (f) Coordinar, planificar y desarrollar proyectos especiales que promuevan el cooperativismo. (g) Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en todos los asuntos relacionados con la misión y funciones de la Comisión. (h) Procurar el funcionamiento efectivo y eficiente de la Comisión y el de las entidades adscritas como un conjunto armonioso. (i) Celebrar convenios con las organizaciones del movimiento cooperativo y otras de naturaleza afín, incluyendo instituciones educativas públicas y privadas, con miras a llevar a cabo, en colaboración con estas, actividades educativas y prestar servicios técnicos a dichas organizaciones, en armonía con los objetivos de este capítulo. (j) Promover, mediante los mecanismos que estime necesarios, la participación ciudadana y del Movimiento Cooperativo en las funciones de la Comisión. (k) Salvo por el manejo de los asuntos administrativos de la Comisión, cualquier delegación en funcionarios o empleados de la Comisión, y/o las entidades adscritas, de poderes, facultades, deberes o funciones que le hayan sido conferidos al Comisionado, podrá llevarse a cabo solamente sujeto a parámetros previamente definidos por determinación o reglamentación debidamente adoptada por la Junta Rectora. (l) Recopilar, interpretar y publicar estadísticas relacionadas al cooperativismo. (m) Requerir de las entidades adscritas y/o de las cooperativas la información que sea necesaria, pertinente y especializada para ejercer sus responsabilidades. (n) Expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de documentos, datos u otra información pertinente para llevar a cabo los propósitos de este capítulo. El Comisionado podrá, además, por sí o mediante su representante debidamente autorizado por escrito, tomar juramentos y recibir testimonios, datos o información. Si una citación o requerimiento de documentos, datos o información no fuere cumplida, se comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia para solicitar la orden de cumplimiento de tal citación o requerimiento so pena de desacato. Toda información oral o escrita obtenida por el Comisionado bajo sus órdenes se mantendrá en estricta confidencialidad. El interés apremiante del Gobierno para mantener la confidencialidad de esta información recae en que la información sometida por alguna entidad o persona que pueda considerarse como secreto de negocio o pueda lesionar algún derecho de ese tercero que suministra la información, o por algún otro supuesto en que se pueda reclamar válidamente la secretividad de la información suministrada al Comisionado. El uso de esta información será únicamente para los propósitos de estudio, encuesta, investigación o en aras de cumplir con la ley. Será ilegal sin la previa autorización escrita de la persona que la suministró el divulgar o dar a conocer datos que fueron obtenidos con el propósito de llevar a cabo un estudio, encuesta o investigación bajo estas disposiciones y cualquier infracción a esta disposición constituirá delito que se castigará con una multa no mayor de diez mil dólares ($10,000) o cárcel por no menos de un (1) año; si el convicto es un funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico será, además, destituido de su cargo. (ñ) Promover, coordinar y gestionar la conversión de Cooperativas de Vivienda bajo el Régimen de Titulares, según establecido en las secs. 4590 a 4640 de Título 5, conocidas como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, y en la Sección 8 del Reglamento Núm. 7659, conocido como el “Reglamento General del Régimen de Vivienda Cooperativa de Titulares”, administrado por la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Además, asegurará y garantizará que todo socio esté debidamente informado sobre los alcances de dicho Reglamento y Ley. (o) A instancias de la Junta Rectora, el Comisionado podrá adquirir cualquier clase de bienes y derechos sobre los mismos en cualquier forma legal, incluyendo sin que se entienda una limitación, adquisición por compra, bien sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, arrendamiento, manda, legado o donación y poseer, conservar, arrendar, usar, pignorar, hipotecar o de cualquier otra manera gravar, ceder y explotar cualesquiera subsidiarias y/o afiliadas o parte de éstas. A tales efectos, se establece lo siguiente: (1) Se declaran de utilidad pública todos los bienes muebles o inmuebles y todo derecho o interés sobre los mismos que la Comisión considere necesario adquirir para llevar a cabo sus fines y propósitos, de modo que puedan ser expropiados a solicitud y para uso y beneficio de ésta con sujeción al requisito de previa declaración de utilidad pública que disponen la Ley de Procedimientos Especiales del 12 de marzo de 1903, según enmendada. (2) Cuando el Gobernador estime necesario y conveniente que el título sobre los bienes y derechos así adquiridos o por adquirirse deba ser inscrito directamente a favor de la Comisión, podrá así solicitarlo al tribunal en cualquier momento dentro del procedimiento de expropiación forzosa y éste así lo ordenará. (3) La Comisión deberá anticipar los fondos necesarios y estimados como el valor de los bienes o derechos que se vayan a adquirir. Cualquier suma adicional a la consignada que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Expropiaciones, fije mediante sentencia como la justa compensación a pagarse por la propiedad tomada o perjudicada para beneficio de la Comisión, deberá ser pagada por la Comisión o en su defecto por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero la Comisión estará obligado a reembolsarle tal diferencia. Una vez hecha la totalidad del reembolso, el título de la propiedad o derecho en cuestión será transferido a la Comisión por orden del tribunal mediante constancia al efecto.