PR Laws tit. 1, § 4 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 4 - Apéndices Reglas del Tribunal|XXXVIII. Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico|Parte I - Interpretación del Reglamento|Regla 4. Definiciones

 (a) Abogado o abogada auxiliar.— Se refiere al abogado o a la abogada que se asigna de oficio para asumir una representación legal juntamente con otro abogado u otra abogada de oficio. El abogado o la abogada auxiliar tiene la misma obligación con relación a su representado o representada que quien se asignara de oficio inicial o simultáneamente en el mismo caso. (b) Abogado o abogada de oficio.— Se refiere a los abogados y las abogadas con autorización para ejercer la abogacía en Puerto Rico a quienes un tribunal asigna para asumir la representación legal de una persona indigente al amparo de este reglamento. Incluye la persona asignada como “abogado o abogada auxiliar”. Excluye a los abogados y las abogadas que se hayan admitido por cortesía al amparo de la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo. (c) Año fiscal.— Se refiere al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio de un año calendario hasta el 30 de junio del año calendario siguiente. (d) Certificación.— Resolución que emite el tribunal, a petición del abogado o de la abogada de oficio, para aprobar las horas trabajadas de oficio en conformidad con las gestiones realizadas en la etapa del procedimiento que tuvo ante su consideración. (e) Declaración annual.— Se refiere a la certificación que presentará anualmente y de forma electrónica todo abogado y toda abogada en Puerto Rico para solicitar una de las causas de exenciones establecidas en la Regla 7(b) de este reglamento. (f) Declaración especial.— Se refiere a la certificación que presentarán los abogados y las abogadas al solicitar una causa de exclusión establecida en la Regla 7(a) de este reglamento o para notificar cambios en las circunstancias personales o profesionales de un abogado o una abogada que puedan justificar la revisión de una exclusión concedida, acorde con lo requerido en la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. (g) Diferimiento.— Se refiere a la facultad del tribunal para relevar a un abogado o a una abogada de una asignación de oficio en un caso particular, con el efecto de conservar su turno para una asignación posterior. Incluye el diferimiento por duración específica, el cual tiene el efecto de aplazar una asignación durante el término concedido, luego del cual retornará a la posición que le correspondía en el banco de abogados y abogadas de oficio al momento de solicitar el relevo. (h) Empleado o empleada.— Se refiere a una persona que rinde servicios a un patrono y a cambio recibe de este un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, adehala o cualquier otra forma de compensación. Se distingue de “contratista” quien, dada la naturaleza de su función y la forma en que presta servicios, resulta ser su propio patrono. (i) Empleado o empleada en el servicio público.— Se refiere al abogado o a la abogada que ocupa un puesto en el gobierno de Puerto Rico o en la jurisdicción federal en cualquiera de las ramas de gobierno, agencias, corporaciones públicas, municipios, organismos o dependencias públicas, entre otras entidades análogas. (j) Entidades u organizaciones autorizadas.— Se refiere a las escuelas de derecho, bufetes, las asociaciones o los colegios que agrupan el gremio, las dependencias de la Rama Judicial, las organizaciones sin fines de lucro, las agencias gubernamentales, entre otras entidades análogas, que ofrecen servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos económicos en Puerto Rico, mediante programas o proyectos supervisados, en cumplimiento con los criterios que la Oficina de Administración de los Tribunales disponga mediante directriz. (k) Exclusión.— Se refiere a las causas que liberan al abogado o a la abogada de su responsabilidad de figurar en el banco de abogados y abogadas de oficio indefinidamente o por un periodo específico, conforme este reglamento. (l) Exención.— Se refiere a las causas que liberan al abogado o a la abogada de figurar en el banco de abogados y abogadas de oficio durante el año fiscal determinado. (m) Factura.— Requerimiento de pago o recibo expedido según se acostumbra comercialmente, el cual precisará el servicio prestado o los artículos comprados, la fecha en que se hizo el pago y la firma de la persona que lo recibió. De ser posible, tendrá impreso el membrete de la persona o compañía que provee el servicio (n) Fondos del Estado.— Se refiere a los recursos fiscales que financian el pago de honorarios y gastos razonables y necesarios para la representación de oficio asignada por un tribunal, los cuales serán desembolsados por el Departamento de Hacienda o la dependencia gubernamental a quien se le asignen. (ñ) Gastos extraordinarios.— Se refiere a los gastos razonables que, por su naturaleza o cuantía, requieren autorización previa del tribunal o el Juez Administrador o la Jueza Administradora, según aplique, en conformidad con las disposiciones del Parte V de este reglamento, para que proceda su rembolso. Se considerará que un gasto es extraordinario cuando exceda de $ 250 o esté relacionado a la contratación de servicios profesionales de una persona perita, intérpretes, traductores o traductoras, investigadores o investigadoras, entre otros u otras especialistas similares. (o) Gastos razonables.— Se refiere a los gastos necesarios e indispensables para la efectiva representación de la persona indigente, cuyo rembolso podrá solicitarse mensualmente. (p) Incapacidad permanente o indefinida.— Se refiere a una enfermedad o incapacidad de tal naturaleza y magnitud que impide al abogado o a la abogada ejercer la profesión o le obliga reducir sustancialmente su práctica. Cuando haya duda sobre el elemento de temporalidad, se entenderá que una enfermedad o incapacidad es permanente o indefinida si se extiende por un periodo de seis (6) meses o más. La concesión de una exclusión por esta causa no releva al abogado o a la abogada de su deber de notificar oportunamente al Tribunal Supremo mediante moción cuando cese el estado de incapacidad. (q) Indigencia.— Estado de insolvencia económica determinado en conformidad con los estándares establecidos por la Oficina de Administración de los Tribunales a base del proceso dispuesto en este reglamento. (r) Indigente.— Se refiere a una persona natural sometida a un procedimiento judicial de naturaleza civil o penal aplicable que demuestre su estado de indigencia. (s) Juez Administrador o Jueza Administradora.— Se refiere al Juez Administrador o la Jueza Administradora de la región judicial donde ubica la sala del tribunal en que se celebra el procedimiento civil o penal, según definido en la Regla 5 de este reglamento. Comprende, además, al Juez Administrador o a la Jueza Administradora del Tribunal de Apelaciones. (t) Jueza Presidenta o Juez Presidente.— Se refiere a la Jueza Presidenta o al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. (u) Módulo de Asignaciones de Oficio.— Se refiere al sistema electrónico que ordena el banco de abogados y abogadas de oficio, el cual le provee al tribunal los parámetros para asignar a un abogado o una abogada, según la naturaleza del procedimiento, la complejidad del caso, los años de experiencia del abogado o de la abogada y su historial de práctica jurídica. (v) Necesidades fundamentales del ser humano.— Se refiere a los procedimientos judiciales de naturaleza civil dispuestos en este reglamento en que estén implicados asuntos sobre vivienda, sustento, salud, seguridad y los derechos de los padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores de edad, tales como patria potestad, custodia, filiación, relaciones materno- y paterno-filiales, incluidas aquellas que se puedan establecer mediante directriz por la Oficina de Administración de los Tribunales. (w) Pro bono.— Aquellos servicios legales que se ofrecen gratuitamente y sin la expectativa de recibir compensación a personas o comunidades de escasos recursos económicos, o a personas jurídicas con limitados recursos para sufragar honorarios y cuya misión primordial es proveer servicios que benefician directamente a personas en estado de insolvencia económica. Las horas pro bono serán acreditadas por las entidades u organizaciones autorizadas, o mediante resolución del tribunal, cuando se brinde servicio de asesoramiento, a tenor con la Regla 5(e), o de representación voluntaria pro bono, según dispuesto en la Regla 10(b) de este reglamento. Cuando se trate de una asignación de oficio, las primeras treinta (30) horas ofrecidas en la representación de personas indigentes se reputarán como horas de oficio pro bono, en cumplimiento del deber ético de ofrecer servicios legales a personas de escasos recursos económicos. (x) Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).— Se refiere a la base de datos centralizada que recoge la información de las personas autorizadas por el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico. (y) Tribunal.— Se refiere al juez o a la jueza de la sala del Tribunal de Primera Instancia que tuvo ante su consideración un procedimiento al amparo de este reglamento, ya sea en una etapa o en su totalidad. Se refiere, además, al panel de jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones o al Pleno del Tribunal Supremo que tuvo ante su consideración un procedimiento en etapa apelativa o de forma interlocutoria. (z) Zona judicial.— Se refiere a la agrupación de regiones judiciales que asegura una distribución equitativa del banco de abogados y abogadas de oficio en el ámbito penal y civil a base de los criterios que establezca el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales en conformidad con la facultad que le confiere este reglamento.