PR Laws tit. 1, § 2 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo Apéndices|XIX. Administración de Servicios Generales|Parte I - Disposiciones Preliminares|Artículo 2. Declaración de política pública.

 Este Plan de Reorganización dispone para la reorganización de la Administración de Servicios Generales (en adelante la Administración). El mismo se presenta al amparo de las disposiciones de las secs. 8821 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009”, con el propósito de promover una estructura gubernamental que responda a las necesidades reales y contribuya a una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esta reorganización persigue la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental, la agilización de los procesos de prestación de servicios mediante el uso de los avances tecnológicos, la reducción del gasto público, la asignación estratégica de los recursos, una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos, la simplificación de los reglamentos que regulan la actividad privada sin menoscabo del interés público y la reducción de la carga contributiva de los puertorriqueños. La Administración fue creada mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971 con la intención de integrar servicios auxiliares que se encontraban dispersos en distintas agencias, para que conforme a normas que simplifican y aligeran los trámites, poder mejorar la calidad de los servicios y controlar los costos de operaciones. Sin embargo, con el pasar de los años, la Administración se ha vuelto cada vez más inefectiva debido a, entre otros factores, no incorporar los avances tecnológicos en los procesos de compras de bienes y servicios no profesionales y a la continua aprobación de leyes que han eximido a las distintas agencias gubernamentales de la obligación de someterse a los procesos establecidos por la Administración. Esto ha generado una falta de uniformidad en los procesos de adquisición, evaluación y revisión de las subastas, que amerita ser subsanada mediante la presente Ley. Es política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reestructurar los procesos de compras en el sector gubernamental, con el fin de dotar a la Administración de las herramientas necesarias para que pueda cumplir a cabalidad con su misión de facilitar los procesos de adquisición de bienes y servicios no profesionales para las distintas agencias públicas. Mediante la uniformidad en sus procesos de adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales, se promueve la competencia entre los proveedores, se adquiere la más alta calidad en bienes y servicios al menor costo posible y se garantiza el máximo rendimiento de los fondos públicos. También se garantiza que su uso se efectúe de forma justa, imparcial y con total apertura y transparencia para el Pueblo en general. De igual forma, es menester establecer los mecanismos necesarios para identificar oportunidades de negociación con proveedores a partir de altos volúmenes de compras que permitan reducir costos conforme a economías de gran escala que permitan reducir costos, garantizar mayores eficiencias en la ejecución de los procesos de compras, definir roles y responsabilidades de los actores del proceso de compras y garantizar la integración de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al sistema de compras que habrá de establecerse. La implantación de herramientas tecnológicas de vanguardia que habrán de utilizarse para ejecutar este Plan, permitirá a la Rama Ejecutiva acceder a catálogos, previamente aprobados por el Comité de Asesoramiento Técnico de la Administración de Servicios Generales, que cumplan con las especificaciones formuladas por éste. También podrán recibir cotizaciones a través de las redes cibernéticas y realizar compras por medios electrónicos. De esta manera se logrará reducir el lapso de tiempo que le toma a una agencia completar todas las etapas del proceso de compra actual, es decir, desde que la agencia compradora determina que existe una necesidad hasta el momento en que se emite el pago. Este sistema permitirá que las compras se lleven a cabo de forma más rápida y precisa, a la vez que facilita los procesos para hacerlos transparentes y fácilmente auditables. Al implantar sistemas que han sido exitosos en otras jurisdicciones, se podrá reducir los costos relacionados a la adquisición de bienes y servicios no profesionales, permitiendo al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico invertir la mayor cantidad de sus fondos en servicios directos a los ciudadanos y reducir los gastos operacionales del sector gubernamental con cargo al Fondo General. Con el fin de continuar fortaleciendo nuestra economía, el sistema a ser implantado conforme a este Plan también resultará en uno más ágil y eficiente para aquellos que hacen negocios con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este sistema les permitirá responder electrónicamente a los requerimientos de compras de bienes y servicios que efectúe la Rama Ejecutiva, reduciendo así la cantidad de trámites necesarios para poder hacer negocios con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los proveedores potenciales podrán participar de todos los procesos por medio de las redes cibernéticas, lo cual permitirá que éstos tengan acceso inmediato a los requerimientos de compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y puedan suministrar prontamente sus cotizaciones de forma y manera costo eficiente. Se reafirma, además, la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico enunciada en las secs. 2301 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los Proveedores de Bienes y Servicios al Gobierno”, a través de la cual se establece un sistema de pronto pago que permita a las agencias e instrumentalidades gubernamentales, cumplir con las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios. Este Plan crea la Junta de Subastas, adscrita a la Administración, la cual tendrá naturaleza cuasi judicial y estará facultada para evaluar y adjudicar mediante un procedimiento uniforme, todas las subastas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se realicen en cumplimiento con las disposiciones de este Plan. De otra parte, con el fin de brindar certeza y transparencia a los procesos de subastas, se crea la Junta Revisora de Subastas, como una entidad adscrita a la Administración, pero con autonomía adjudicativa. La Junta Revisora de Subastas tendrá la encomienda de revisar las adjudicaciones hechas por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales y de la Rama Ejecutiva, que sean objeto de impugnación. El sistema de compras establecido en este Plan conserva y reafirma la política pública sobre las reservas de compras creadas bajo las secs. 930 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”, las secs. 8641 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y las secs. 8661 et seq. del Título 3. Finalmente, los procesos a ser reformulados deberán permitir que el sector público pueda cumplir a cabalidad con aquellas leyes que si bien fueron aprobadas en su momento, no pudieron implantarse ni oportuna ni efectivamente. Esto nos permitirá reducir costos y participar de los beneficios que otorgan los suplidores de bienes y servicios no profesionales, como resultado del pago oportuno de las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual habrá de redundar en economías al Fondo General. Disponiéndose, que el Administrador de la Administración tiene el deber de cumplir y salvaguardar todo mandato, directriz, norma, reglamento o ley que contenga disposiciones dirigidas a fomentar el desarrollo de las PyMes. A tales efectos, la inobservancia o el menoscabo a cualquier disposición que favorezca a las PyMes en cualquier proceso de compras del Gobierno, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios, constituye una negligencia en el cumplimiento del deber por parte del funcionario público que violente las mismas y estará sujeto a sanciones disciplinarias. Disponiéndose, además, que toda entidad pública que venga obligada o voluntariamente realice los procesos de compras a través de la Administración debe acatar toda acción dirigida a cumplir un mandato en favor de las PyMes. Sin limitación a la legislación o normas vigentes que favorecen a las PyMes en el proceso de compras gubernamentales, el Administrador deberá garantizar que: (1) Las PyMes tengan acceso real, efectivo y simple a los procesos de compras en el Gobierno y establecerá directrices que así claramente lo dispongan, tanto internas como dirigidas a las entidades públicas que realizan compras a través de la Administración. (2) Se simplifique, se provean alternativas o se dispense a las PyMes, de aquellas normas o requisitos para acceder a los procedimientos de compras públicas que les resulten onerosos en términos de costos. (3) Cuando no se disponga otra cosa por mandato de ley, el Administrador garantizará a las PyMes una participación no menor al veinte por ciento (20%) de las compras que realicen las entidades públicas a través de la Administración, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios. (4) En aquellos procesos de compras que no pueda garantizarse la participación efectiva a las PyMes, el Administrador deberá fundamentar por escrito las causas que así lo impiden. (5) Toda entidad gubernamental que reciba una autorización de la Administración para llevar a cabo sus procedimientos de compras estará obligada a certificar que ha cumplido con las disposiciones del presente artículo y con todo otro mandato legal pertinente a favor de las PyMes. Disponiéndose, que el Administrador deberá preparar, a más tardar al inicio de cada año fiscal, un “Plan Anual General de Proyección de Compras del Gobierno”, el cual determinará, entre otras cosas, el alcance de participación previsto de las PyMes, en los procesos de compra. Además, presentará, al menos dos (2) veces al año, un informe al Presidente de la Cámara de Representantes y al Presidente del Senado que detalle las compras hechas a las PyMes. El Administrador también diseñará y pondrá en funcionamiento en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la aprobación de la presente Ley, un registro de PyMes a través del Portal de Cotizaciones y Adjudicaciones, clasificado por tipo de bienes, servicios u obras, que deberá ser utilizado como fuente de información principal por las entidades públicas al momento de requerir los servicios de compras de la Administración o al realizar los procedimientos por ellas mismas cuando así sean autorizadas por ésta. Toda interpretación que fuera menester realizar para el cumplimiento con las disposiciones del presente artículo debe liberalmente favorecer la política pública que beneficia las PyMes por cuanto revista de un interés público legítimo que el Estado proteja y fomente a los pequeños y medianos comerciantes en aras de incentivar el crecimiento económico del País.