PR Laws tit. 1, § 1063 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 21 - Municipios|Subtítulo 3 - Disposiciones Generales|Capítulo 97 - Cuerpo de Policía Municipal|§ 1063. Facultades y obligaciones generales

 Cualquier municipio podrá establecer un cuerpo de vigilancia y protección pública que se denominará “Policía Municipal”, cuya obligación será prevenir, descubrir e investigar los delitos de violencia doméstica, conforme a las disposiciones de las secs. 601 et seq. del Título 8, conocidas como “Ley Para la Intervención con la Violencia Doméstica”, investigar y procesar en todas sus modalidades los delitos de acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos graves conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de posesión de sustancias controladas bajo la sec. 2404 del Título 24, parte de la ley conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, y perseguir los delitos que se cometan dentro de los límites jurisdiccionales del municipio correspondiente o aún fuera de éstos cuando sea necesario para culminar una intervención iniciada en el municipio de su jurisdicción, y de conformidad a la jurisdicción que se les concede en este capítulo; y compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente. Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a emitir la certificación correspondiente a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal que cumplan o hayan cumplido con los requisitos de adiestramiento que se le ofrece a la Policía Estatal, ya sea mediante la convalidación de todos los adiestramientos o cursos que equiparen con estos requisitos. Entendiéndose, que la certificación que emitirá el Superintendente no implicará responsabilidad para el Gobierno de Puerto Rico por actos u omisiones cometidos por un miembro del Cuerpo. El Superintendente no acogerá solicitud alguna de certificación de aquellos municipios cuyas Guardias Municipales y demás componentes relacionados con la salud, seguridad y protección pública, no estén integrados a las disposiciones de las secs. 1911 et seq. del Título 25. Una vez certificados, los Guardias Municipales por el Superintendente se conocerán como Policías Municipales y podrán actuar con la misma autoridad y facultad como agentes del orden público que tiene la Policía Estatal en todos aquellos poderes y responsabilidades contenidos en este capítulo. Además, los Policías Municipales estarán facultados para realizar investigaciones de conformidad a la jurisdicción que se les concede en este capítulo. Los municipios que al momento de aprobarse esta ley tengan operando Cuerpos de Guardias Municipales tendrán dos (2) años para someter a éstos al adiestramiento establecido en esta medida, de tenerse que extender este término el mismo deberá ser hecho por el alcalde con el consejo del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Aquellos Guardias Municipales que no estén certificados como Policías Municipales tendrán las facultades, responsabilidades, funciones, deberes y derechos que ostentaban antes de la creación de los Cuerpos de la Policía Municipal. Hasta tanto no sean certificados por el Superintendente, les serán de aplicabilidad las disposiciones reglamentarias vigentes antes de las enmiendas contenidas en este capítulo. Entendiéndose, que tales disposiciones se harán formar parte del reglamento que por virtud de este capítulo se promulgue. El descargo de las nuevas autoridades y funciones del Cuerpo de la Policía Municipal, una vez certificados, serán las establecidas en este capítulo y se incluirán en el reglamento de la Policía Municipal. Una vez aprobado dicho reglamento, los Policías Municipales podrán ejercer las facultades que este capítulo les concede. Las divisiones de investigación especializada serán de competencia exclusiva de las Unidades de la Policía Estatal, el Departamento de Justicia u otras agencias y el gobierno federal. No obstante, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico estará facultado para autorizar la creación de divisiones especializadas en los Cuerpos de la Policía Municipal, previa solicitud del municipio, el cual deberá acreditar la necesidad de la creación de la misma y que cuenta con el personal y los recursos necesarios para su funcionamiento. Los poderes y facultades adjudicados a la Policía Municipal no restringen los poderes y obligaciones de la Policía de Puerto Rico, por lo que en casos de conflicto de jurisdicción o competencia, siempre prevalecerá la Policía Estatal. Disponiéndose, que bajo ningún concepto la Policía Municipal podrá crear unidades de agentes encubiertos para el desempeño de los deberes y obligaciones que este capítulo le impone. El municipio que interese contar con una unidad especializada previa autorización de la Legislatura Municipal, deberá someter la petición por escrito al Superintendente. Este tendrá treinta (30) días, contados a partir del recibo de la solicitud, para aceptar o denegar la misma. En caso de que deniegue la misma, deberá explicar las razones para tal denegatoria y los municipios adoptarán las recomendaciones y someterán nuevamente su solicitud para la aprobación del Superintendente. Estos cuerpos denominados “Policía Municipal” se establecerán a solicitud del alcalde mediante resolución aprobada al efecto por la Legislatura Municipal. Todo cuerpo de “Policía Municipal” que se establezca a partir del requisito de certificación y otorgamiento de los poderes y responsabilidades como Guardia Municipal requerirá la ratificación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Lo establecido en esta sección no afectará derechos adquiridos conforme a los reglamentos adoptados por legislación. Respecto a la administración de los recursos humanos el Cuerpo de la Policía Municipal, se regirá por lo dispuesto en este capítulo y la reglamentación que en virtud del mismo se adopte. Cualquier municipio podrá establecer programas preventivos similares a los de la Policía Estatal, tales como la Liga Atlética Policiaca, Calidad de Vida Escolar, De Vuelta a la Vida, Los Patrulleritos, Comunidad y otros. A los fines de garantizar que los municipios cuenten con los mejores recursos disponibles se dispone que: (a) Ninguna persona realizará acto alguno que impida el nombramiento imparcial del personal de la Policía Municipal, ni la aplicación de las disposiciones de este capítulo, ni las reglas adoptadas con relación a los nombramientos. Tampoco hará ni aceptará declaración, certificación o informe falso con relación a cualquier examen, certificación o nombramiento hecho bajo las disposiciones de este capítulo o de los reglamentos adoptados en relación con lo mismo. Ninguna persona se hará pasar por otra o permitirá o ayudará de modo alguno a que otra persona se haga pasar fraudulentamente por ella en relación con cualquier examen, prueba oral o escrita que se requiera para ingreso o ascenso en la Policía Municipal de Puerto Rico. (b) Cualquier persona que violare el inciso (a) de esta sección será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil [dólares] ($1,000), o cárcel por un término que no excederá los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. Además, dicha persona será considerada inelegible para nombramiento y prestación de servicios de cualquier otra naturaleza en los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico por un término de cinco (5) años a partir de la fecha en que la sentencia sea final y firme. Si fuere un empleado o funcionario, o prestare servicios de cualquier naturaleza en cualesquiera de las dependencias antes mencionadas, quedará cesante tan pronto sea final y firme la sentencia. (c) Constituirá delito menos grave la intervención indebida de cualquier persona ajena a la Policía Municipal que carezca de autoridad o facultad supervisora o nominadora en la Policía Municipal, que utilizando ventaja político partidista o influencias indebidas pretenda por motivos ajenos a los mejores intereses de la Policía Municipal obtener ingreso, reingreso, ascenso, traslado, despido, descenso o cualquier acción para el beneficio o perjuicio de algún miembro de la Policía, y convicta que fuere, será sancionada con pena de multa no menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil [dólares] ($1,000), o cárcel por un término que no excederá los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. No se entenderá como intervención indebida el hacer recomendaciones o sugerencias en relación con asuntos de carácter humanitario, social, de justicia o de administración.