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PR Laws tit. 1, § 1882 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo II - Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental|§ 1882. Conducta de los servidores y ex servidores públicos

 La conducta de los servidores y ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva se regirá por lo dispuesto en las secs. 1854 et seq. de este título.
PR Laws tit. 1, § 1883b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883b. Contratos

 Este subcapítulo será de aplicabilidad a toda persona que en su vínculo con las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo económico. Será requisito indispensable para contratar con el Gobierno que toda persona se comprometa a regirse por las disposiciones de este Código de Ética. Tal hecho se hará constar en todo contrato entre las agencias ejecutivas y contratistas o suplidores de servicios, y en toda solicitud de incentivo económico provisto por el gobierno. Además, la persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o en el otorgamiento de algún contrato, con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la Rama Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que informará si la persona natural o jurídica o cualquier presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la sec. 1472h de este título, conocidas como “Ley Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, o por cualquiera de los delitos contenidos en este Código.
PR Laws tit. 1, § 1883c (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883c. Inhabilidad para contratar con el Gobierno

 Cualquier persona, sea natural o jurídica, que haya sido convicta por: infracción a las secs. 1857a, 1857b o 1858f de este título, conocidas como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, por infracción a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en las secs. 5341 a 5357 del Título 33, conocidas como “Código Penal de Puerto Rico”, por cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la sec. 1472h de este título, estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico por el término aplicable bajo la sec. 1472h de este título. Cuando no se disponga un término, la persona quedará inhabilitada por diez (10) años contados a partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia. Todo contrato deberá incluir una cláusula de resolución en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas resultare convicta, en la jurisdicción estatal o federal, por alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar bajo el inciso anterior. En los contratos se certificará que la persona no ha sido convicta, en la jurisdicción estatal o federal, por ninguno de los delitos antes dispuestos. El deber de informar será de naturaleza continua durante todas las etapas de contratación y ejecución del contrato.
PR Laws tit. 1, § 1883d (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883d. Procedimiento

 Le corresponde a cada agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Ética que aquí se establece. Conforme a tal obligación, las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico poseen la facultad de llevar a cabo investigaciones para determinar si algún contratista, suplidor o solicitante de incentivos económicos ha actuado en violación al presente Código de Ética. Dicha facultad investigativa será ejercida por cualquier funcionario designado por la agencia a tales fines, según se establezca en la reglamentación que cada agencia apruebe para implementar las disposiciones de este capítulo.
PR Laws tit. 1, § 1883e (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883e. Publicidad

 Se ordena a las agencias ejecutivas a notificar al Secretario de Justicia de toda orden o resolución final que recaiga por violaciones al Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos de las agencias Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. Así mismo, cuando los hechos que dieron lugar a la orden o resolución final involucren a un empleado de la Rama Ejecutiva, las agencias deberán notificar copia de la misma a la Oficina de Ética Gubernamental.
PR Laws tit. 1, § 1883f (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883f. Sanciones y penalidades

 El incumplimiento por parte de cualquier persona de cualquiera de las disposiciones de la sec. 1883a de este título será causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el contrato. Además, el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, podrá reclamar indemnización al amparo de la sec. 1885a de este título. Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones establecidas en los incisos (f), (j) (k) (l) (o), y (p) de la sec. 1883a de este título será culpable de delito grave con pena de reclusión por un fijo de tres (3) años y multa de cinco mil (5,000) dólares. Además, el tribunal podrá imponer las penas de restitución, prestación de servicios comunitarios, de suspensión o de revocación de licencia, permiso o autorización. La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o empleo público, sujeto a lo dispuesto en la sec. 1472h de este título, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Las sanciones impuestas por este subcapítulo no excluyen la imposición de cualquier otra sanción o medida disciplinaria que determine la asociación o colegio profesional al que pertenezca el contratista. Tampoco impide la imposición de sanciones penales por la participación en un acto constitutivo de delito.
PR Laws tit. 1, § 1883g (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo III - Código de Ética para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico|§ 1883g. Código de ética para contratistas de las Ramas Judicial y Legislativa

 La Rama Legislativa y la Rama Judicial, así como, la Oficina del Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y cualquier otra oficina o dependencia adscrita a estas, deberán aprobar códigos de ética para contratistas, proveedores de bienes y servicios, o enmiendas a la reglamentación en vigor incorporando los principios aquí enunciados, en protección del interés público y de conformidad con la política pública del Gobierno de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 1884 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884. Definiciones

 Para fines de este subcapítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: (a) Funcionario público.— Aquella persona que está investida de parte de la soberanía del Estado, por lo que interviene en la formulación e implantación de política pública, y ocupa un cargo, o está empleada, en el Gobierno de Puerto Rico. (b) Empleado público.— Aquella persona que ocupa un cargo o está empleada en las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial y no está investida con parte de la soberanía del Estado, comprende a los empleados públicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio. (c) Gobierno de Puerto Rico.— El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus organismos, agencias y entidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas, instrumentalidades y los municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos; el Contralor de Puerto Rico; y la Rama Judicial, así como las dependencias y las oficinas adscritas a ésta. (d) Persona.— Cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación, así como cualquier otra entidad jurídica o agente de éstos.
PR Laws tit. 1, § 1884a (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884a. Prohibición de represalias contra personas que denuncien actos de corrupción

 (a) Ninguna persona podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio, derecho o protección a otra persona por el hecho de que ésta provea información, coopere o funja como testigo en cualquier investigación que conduzca a alguna denuncia, acusación, convicción, acción civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos públicos. (b) Ninguna persona podrá despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra otra persona con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios, protecciones o privilegios del empleo porque éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información sobre alegados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos públicos o actos constitutivos de corrupción ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones no sean difamatorias, infundadas o frívolas ni constituyan información privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o alguna ley. (c) Ningún funcionario o empleado público que tenga autoridad para influir, recomendar o aprobar cualquier acción, podrá tomar decisiones adversas o discriminatorias con respecto a cualquier empleado o funcionario público por: (1) Ofrecer o intentar ofrecer cualquier información o declaración verbal o escrita en contra de un funcionario o empleado ante cualquier otro funcionario o empleado público con funciones investigativas, o cualquier foro administrativo, legislativo o judicial, estatal o federal, que el funcionario o empleado público que ofrece la información o el testimonio razonablemente pueda creer que es evidencia de violación a una ley, regla o reglamento, mal uso de fondos públicos, uso ilegal de propiedad pública, pérdida de fondos, abuso de autoridad, o violaciones a las leyes y reglamentos que rigen la conducta ética en el servicio público, aunque de dicha conducta no se constituya un delito de corrupción propiamente. (2) Ejercer el derecho de denunciar, querellarse, demandar o apelar, garantizado por cualquier ley, regla o reglamento vigente en nuestro ordenamiento jurídico. (3) Ejercer el derecho de solicitar y recibir asesoramiento y/o representación legal gratuita por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según lo dispuesto en la sec. 1884e-1 de este título. (4) Rehusar obedecer una orden para realizar una acción u omisión que conllevaría la violación de una ley o reglamento.
PR Laws tit. 1, § 1884b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884b. Excepciones

 No serán de aplicación las disposiciones de la sec. 1884a de este título ni de la sec. 1884e-1 de este título cuando el denunciante, querellante o testigo de alegados actos constitutivos de corrupción ha sido acusado o convicto como coautor de los mismos actos ilegales sobre los que ofrece información o presta declaración, y se inician o se han iniciado los procedimientos administrativos para imponerle medidas disciplinarias, separarlo del servicio público o destituirlo del cargo conforme a las normas y reglamentos que rigen la administración de recursos humanos y el debido proceso de ley. Además, el denunciante, querellante o testigo no podrá invocar las protecciones y garantías que se le reconocen mediante este Código, cuando ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información sobre alegados actos impropios o ilegales ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones sean difamatorias, infundadas, frívolas o constituyan información privilegiada establecida por ley.
PR Laws tit. 1, § 1884c (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884c. Penalidades

 (a) Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de la sec. 1884a de este título, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal. Este delito no prescribirá. (b) Toda persona que suministrare información verbalmente o por escrito, u ofreciere cualquier testimonio sobre actos impropios o ilegales que por su naturaleza constituyen actos de corrupción, a sabiendas de que los hechos son falsos, o cuando dichas declaraciones sean de carácter difamatorio, infundadas o frívolas, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) meses, pena de multa de mil (1,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal.
PR Laws tit. 1, § 1884d (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884d. Acciones de naturaleza civil

 Cualquier persona que alegue una violación a las disposiciones de la sec. 1884a de este título, podrá instar una acción civil en contra de la persona que actúe contrario a lo allí dispuesto y solicitar de éste que le compense por los daños, las angustias mentales, el triple de los salarios dejados de devengar, así como cualquier otro beneficio que haya dejado de recibir, y honorarios de abogados. La acción que aquí se autoriza deberá ser incoada dentro del periodo de tres (3) años contado desde la fecha en que ocurrió dicha violación o desde que la persona afectada advino en conocimiento de tal hecho. Esta acción deberá ser tramitada ante el tribunal con competencia y será independiente a cualquier procedimiento administrativo relacionado no siendo necesario el agotamiento de remedios administrativos antes de incoar la acción civil. La parte demandante en la causa de acción aquí dispuesta podrá probar la violación de sus derechos mediante evidencia directa o circunstancial. Por otro lado, la persona podrá establecer un caso prima facie de violación a las disposiciones de la sec. 1884a de este título, probando que coopera o cooperó con alguna investigación sobre corrupción gubernamental que afecta o afectó a alguna persona con quien la parte demandada tuviese algún vínculo o relación, sea directa o indirecta, y que subsiguientemente a dicha cooperación fue despedido, hostigado, discriminado, amenazado o le fue suspendido cualquier derecho, beneficio o protección. Una vez establecido lo anterior, la parte demandada deberá alegar y fundamentar el hecho de que no fue la persona causante del daño, que no existe el daño alegado o que hubo una razón legítima para su actuación. En caso de que la parte demandada presente prueba robusta y convincente para rebatir la presunción de violación a la sec. 1884a de este título, el demandante deberá probar por preponderancia de la prueba que las defensas exculpatorias alegadas por la parte demandada no son realmente excluyentes de su responsabilidad.
PR Laws tit. 1, § 1884e (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884e. Acciones de naturaleza administrativa

 Además de cualquier otro remedio administrativo o judicial que en derecho proceda en contra de cualquier funcionario o empleado público que viole cualesquiera de las disposiciones de este subcapítulo, la convicción penal o la determinación de responsabilidad civil por un tribunal con jurisdicción y competencia constituirá causa suficiente para la formulación de cargos conforme a las normas y reglamentos que rigen los procedimientos administrativos aplicables.
PR Laws tit. 1, § 1884e-1 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884e-1. Representación legal a funcionarios y empleados públicos

 Cualquier funcionario o empleado público que alegue una violación a las disposiciones de la sec. 1884a de este título tendrá derecho a recibir y podrá solicitar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que le provea de forma gratuita asesoramiento y/o representación legal adecuada y necesaria para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones otorgadas en este capítulo. El Gobierno de Puerto Rico proveerá el asesoramiento y/o representación legal hasta culminar todos los procedimientos antes mencionados.
PR Laws tit. 1, § 1884f (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo IV - Protecciones Contra Represalias|§ 1884f. Aplicabilidad

 Las disposiciones de este subcapítulo se aplicarán en protección de toda persona que denuncie actos de corrupción incluyendo, sin limitación, a todos los empleados y funcionarios públicos de las agencias e instrumentalidades públicas, de los municipios, de las corporaciones públicas, y de cualesquiera dependencias de la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 1885 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo V - Acciones Civiles por Daños Ocasionados al Estado|§ 1885. Definiciones

 Para fines de este subcapítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: (a) Foro competente.— Todo tribunal con autoridad de ley en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a nivel federal, estatal o cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América. (b) Persona natural.— Toda persona definida como tal en cualquier ley aplicable, incluyendo el Código Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no se limita, a todo presidente, vice-presidente, director, director ejecutivo, o a todo miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes. (c) Persona jurídica.— Incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona jurídica, sus afiliadas o subsidiarias. (d) Daño económico.— Se refiere a la cuantificación, en su equivalente dinerario, del daño producido por el demandado mediante la acción u omisión negligente, culposa o ilícita de que trata este capítulo, mientras se propicia la consumación del objetivo ilegítimo. (e) La acción u omisión negligente.— Significa la desviación del estándar de cuidado que una persona prudente y razonable ejerciera si se encontrara en la situación del demandado.
PR Laws tit. 1, § 1885a (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo V - Acciones Civiles por Daños Ocasionados al Estado|§ 1885a. Reclamación del Estado

 Se dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Secretario de Justicia, podrá presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le adjudique una indemnización monetaria equivalente al triple del daño económico ocasionado al erario mediante dicha conducta.
PR Laws tit. 1, § 1885b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 66 - Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico|Subcapítulo V - Acciones Civiles por Daños Ocasionados al Estado|§ 1885b. Remedios provisionales

 En cualquier momento posterior a la presentación de la demanda para la reclamación que se autoriza en esta sección, el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda como una limitación el embargo, el embargo de fondos en posesión de tercero y la prohibición de enajenar. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dispondrá según lo requiera la justicia sustancial. No se requerirá que el Estado preste fianza para que se conceda algún remedio provisional para asegurar la sentencia. La parte demandada podrá levantar el embargo mediante la prestación de una fianza suficiente a satisfacción del tribunal.