reglab/housing_qa huggingface dataset:
PR Laws tit. 1, § 269 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269. Clasificación transitoria de proveedores

 (a) A la fecha de aprobación de esta ley, se presume que el acarreador de servicio conmutado local incumbente tiene dominio de mercado en la prestación de servicio local de telecomunicaciones, servicio de acceso y servicios de larga distancia intraestatal y que no lo tiene en los mercados de telefonía celular y radiolocalizadores (beepers). (b) La Junta podrá, una vez se le solicite y luego de la notificación y comentarios públicos correspondientes, abstenerse (forbear) de aplicar, o eximir parcialmente, a un acarreador de servicio conmutado local sin dominio de mercado en Puerto Rico de aquellas disposiciones de este capítulo de aplicación exclusiva a dicho acarreador de servicio conmutado local, excepto la obligación de contribuir al servicio universal. (c) Transcurridos tres meses luego de haberse constituido la Junta, y a petición del acarreador de servicio conmutado local incumbente, o en todo caso, dentro de los tres años de la fecha de vigencia de esta ley, la Junta iniciará un procedimiento que incluirá notificación y comentarios públicos, para determinar si el acarreador de servicio conmutado local incumbente retiene dominio de mercado sobre la totalidad o parte de los mercados de servicios de telecomunicaciones que se indican en el inciso (a) de esta sección. Si la Junta determina que el acarreador de servicio conmutado local incumbente no mantiene dominio de mercado en cualquier línea de negocios, podrá abstenerse (forbear) de reglamentar a éste o podrá también relevarlo de cualquiera de las disposiciones de este capítulo de aplicación exclusiva al acarreador de servicio conmutado local incumbente en la línea de negocio en que éste no mantenga dominio de mercado.
PR Laws tit. 1, § 269a (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269a. Certificaciones

 (a) A partir de la fecha en que la Junta promulgue el reglamento requerido por esta sección y excepto lo dispuesto en la sec. 332(c)(1) de la Ley Federal de Comunicaciones, toda compañía de telecomunicaciones deberá recibir una certificación válida de la Junta para prestar servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico. La Junta no tendrá autoridad para denegar un pedido de certificación para proveer servicio de telecomunicaciones por razones arbitrarias, discriminatorias o cuyo propósito sea evitar la competencia. (b) La Junta adoptará los reglamentos especificando la forma, el contenido y los procedimientos para radicar solicitudes de certificación que serán de aplicación uniforme. Todo solicitante deberá acreditar su solvencia moral y económica, su experiencia o historial en el área en que solicita certificación. La Junta expedirá la certificación si determina que, aparte de cumplir sustancialmente con los criterios uniformes establecidos, la misma es consistente con el mandato de la Ley Federal de Comunicaciones, los objetivos de interés publico que persigue este capítulo y salvaguarda, además, los intereses de los consumidores. (c) Toda compañía de telecomunicaciones que provea servicios a la fecha de vigencia de los reglamentos descritos en este inciso, tendrá derecho a recibir una certificación para proveer dichos servicios. Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta ley, la Junta adoptará reglamentos especificando la forma y el contenido de las solicitudes para tales certificaciones. Las solicitudes de dichas compañías de telecomunicaciones serán presentadas a la Junta dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento promulgado por la Junta. Toda solicitud presentada se considerará concedida pasados 30 días de la fecha de presentación de la solicitud. No constituirá una violación de este capítulo por parte de una compañía de telecomunicaciones el continuar prestando los servicios que éstas proveían: (1) Antes de la adopción por la Junta de la reglamentación requerida por este inciso. (2) Antes del vencimiento del plazo para radicar la solicitud de certificación o franquicia automática según se dispone en esta sección. (3) Antes de que la Junta actúe sobre la solicitud presentada por dicha compañía de telecomunicaciones para proveer dichos servicios. (d) Todas las certificaciones concedidas por la Junta de acuerdo con lo dispuesto en esta sección podrán ser modificadas, suspendidas o revocadas por la Junta, por justa causa y después de notificación y oportunidad para vista. (e) La Junta no implantará reglamentos, ni dictará órdenes, ni impondrá requisitos que tengan o puedan tener como consecuencia el prohibir o interferir con la capacidad de cualquier persona para proveer servicios de telecomunicaciones, con excepción de lo dispuesto en la sec. 253 de la Ley Federal de Comunicaciones.
PR Laws tit. 1, § 269b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269b. Descontinuación de servicios

 Ningún acarreador de servicio conmutado local podrá descontinuar, reducir o menoscabar el servicio total o parcial de una comunidad sin competencia efectiva por razón de la falta de rentabilidad en la operación de dicho servicio a menos que tenga una autorización válida de la Junta para dicha descontinuación, reducción o menoscabo. La Junta concederá dicha autorización si determina que la misma no violenta los propósitos de este capítulo. Si la Junta negare una solicitud para descontinuar, reducir o menoscabar el servicio total o parcial de una comunidad, el acarreador de servicio conmutado local tendrá derecho a solicitar o continuar recibiendo de la Junta una compensación justa y adecuada bajo el programa de servicio universal para continuar brindando aquellos servicios elegibles para recibir fondos de dicho programa. Cualquier acción que implique o conlleve una violación a esta sección o a los reglamentos adoptados por la Junta será nula ab initio. Las disposiciones de esta sección no aplicarán a servicios sujetos a competencia efectiva.
PR Laws tit. 1, § 269c-1 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269c-1. Imposición de proveedor o sobrecargo adicional

 (a)  (1) Excepto por lo dispuesto en las cláusulas (2) y (3) de este inciso, una compañía de telecomunicaciones no podrá cobrarle ningún cargo a un cliente por servicios de telecomunicaciones no solicitados por éste. (2) Cualquier compañía de telecomunicaciones que imponga un cargo por servicios no solicitados deberá acreditar el monto o la cantidad de dicho cargo a la próxima factura siempre y cuando el suscriptor haya notificado a la compañía de telecomunicaciones que no solicitó el servicio y no lo utilizó. (3) Una compañía de telecomunicaciones que reciba una notificación de un suscriptor, según lo dispuesto en la cláusula (2) de este inciso, tendrá la obligación de informarle a dicha persona que tiene el derecho a limitar o bloquear de futuro uso los servicios, y limitará o bloqueará de futuro uso los servicios en cuestión, si ésta así lo solicita. Si el suscriptor solicita que la compañía no limite o bloquee el servicio, o posteriormente solicita que se cancele la limitación o bloqueo, el suscriptor será responsable de los cargos ocasionados por la futura utilización de dichos servicios. La compañía de telecomunicaciones no podrá cobrar un cargo recurrente por la limitación o bloqueo del servicio. (b) Imposición de proveedor; fraude.—  (1) Constituye fraude imponer, requerir o solicitar un cambio del proveedor de servicio de telecomunicaciones de un suscriptor sin la verificación de su consentimiento. (2) Una persona suscrita al servicio de telecomunicaciones puede acogerse a los remedios que provee este capítulo por violaciones a la cláusula (1) de este inciso. (3) Para propósitos de la cláusula (1) de este inciso se dispone lo siguiente: (A) El consentimiento de la persona suscrita a servicios de telecomunicaciones puede ser verificado mediante cualquier método que sea consistente con las leyes y reglamentos federales y estatales. (B) El cumplimiento con las leyes y reglamentos federales y estatales constituye defensa ante una alegación de fraude, según la cláusula (1) de este inciso. (C) Será responsabilidad de la compañía de telecomunicaciones, que solicita el cambio de proveedor de servicio de telecomunicaciones del suscriptor, la correspondiente verificación del consentimiento. Cualquier compañía de telecomunicaciones que efectúe un cambio de proveedor de servicio de telecomunicaciones será responsable o procesable bajo las disposiciones de esta sección, sólo si participa en el proceso de cambio a sabiendas de que no existía la debida autorización del suscriptor.
PR Laws tit. 1, § 269e-1 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269e-1. Registro

 La Junta creará un sistema de registro de personas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, o compañías incluyendo todas las del gobierno estatal y municipal que no desean las promociones telefónicas, y para ello, promulgará un reglamento a la brevedad posible sobre cómo se llevará a cabo dicha lista. Incluyéndose la manera en la cual se suscribirán al libro y el costo de la suscripción no sobrepasará los cinco dólares ($5) por cada dos años y se multará a toda compañía que [viole] este mandato por la cantidad de mil dólares ($1,000). Además, la Junta establecerá la manera en la cual se le notificará a los concesionarios de la veda de promocionar vía telefónica y por cuánto tiempo permanecerá en efecto la prohibición.
PR Laws tit. 1, § 269e-2 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269e-2. Reglamento “Sistema de Alerta de Emergencia de Puerto Rico”

 La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico aprobará un reglamento que será mandatorio, para que el Sistema de Alerta de Emergencia de Puerto Rico cumpla con todo lo dispuesto en este capítulo. Una vez se active el Sistema de Alerta de Emergencias Federal, las agencias gubernamentales pertinentes comunicarán el mensaje y la información según provista por las agencias federales a las compañías de celulares y proveedoras de servicios de telecomunicaciones y éstas, a su vez, podrán transmitir a sus usuarios, a través de un mensaje de texto, la situación de emergencia.
PR Laws tit. 1, § 269e-3 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269e-3. Creación de Centros de Acceso al Internet e implantación de acceso inalámbrico en las plazas públicas

 Se ordena y autoriza a la Junta a crear Centros de Acceso a la Internet, junto con las agencias gubernamentales pertinentes, los municipios de Puerto Rico y entidades privadas, educativas y comunitarias. Se procederá a establecer un Centro de Acceso al Internet, en las municipalidades donde no exista uno y en aquella área donde se brinde mayor acceso a los ciudadanos. La Junta estará obligada al diseño e implantación inicial de estos Centros de Acceso al Internet, procurando que éstos cuenten con la infraestructura y equipos necesarios para el cumplimiento con las disposiciones de este capítulo. La Junta proveerá un subsidio inicial máximo para la adquisición de las tecnologías de la información y comunicación y el mobiliario, sujeto a las limitaciones de su presupuesto y de manera escalonada, a través del establecimiento de centros pilotos, por los próximos tres (3) años, luego de la aprobación de esta ley. Será obligación de los municipios proveer un local, el personal, el mantenimiento de la planta física, de la infraestructura y los equipos, y el pago de las utilidades, entre otros. Concretamente, la Junta proveerá todo el mobiliario, computadoras, equipo de seguridad, programación y remodelaciones menores a los espacios. Los municipios proveerán el espacio, utilidades, línea telefónica, costos recurrentes y el personal para administrar el Centro. La transferencia de la Junta a los municipios se realizará con la inauguración de los mismos. La Junta estará obligada, a su vez, a establecer acceso al Internet, mediante el uso de la tecnología conocida como WiFi, en las plazas públicas de cada municipio, de tal manera que la densidad de la señal garantice a la ciudadanía un acceso óptimo y adecuado para asegurar un contenido digital de calidad. El establecimiento de acceso inalámbrico en las plazas públicas, estará sujeto a las limitaciones del presupuesto de la Junta y otros factores, como por ejemplo la geografía del lugar, servicio eléctrico, entre otros, y al mismo itinerario escalonado de implantación de los Centros.
PR Laws tit. 1, § 269f (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269f. Información de precios y cargos

 (a) Toda compañía de telecomunicaciones tendrá que someterle a la Junta una relación de sus precios y cargos y cada vez que efectúe un cambio en éstos, tendrá que someterlos simultáneamente con su implantación en el mercado. (b) La Junta podrá, a solicitud de parte interesada y, mediante una querella, evaluar si los precios y/o cargos establecidos no están basados en su costo, [violando] así el principio de una justa y sana competencia. A estos fines, la Junta podrá solicitar de la compañía de telecomunicaciones querellada toda la información pertinente a los precios o cargos establecidos por ella. Esta información estará a la disposición de la parte querellante, excepto que la Junta mantendrá en bases confidenciales y para uso exclusivo de ella aquel material que sea necesario para proteger información propietaria, secretos comerciales o de negocio, según se establece en la sec. 267f de este título. (c) La Junta tendrá un máximo de 30 días para adjudicar querellas bajo esta sección. No obstante, la Junta podrá, a solicitud de la compañía de telecomunicaciones querellante, ordenar una suspensión de la aplicación de los precios y/o cargos en cuestión, hasta tanto se resuelva la querella en sus méritos. Toda solicitud para suspender la aplicación temporal de los precios y/o cargos impugnados tendrá que adjudicarse dentro de un plazo no mayor de 5 días a partir de la fecha de radicación de la solicitud al efecto. (d) Cuando la Junta determine que la estructura de precios y/o cargos no está basada en costos, la Junta podrá ordenar la suspensión permanente de tales precios y cargos y además imponer multas administrativas hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25,000) por cada violación a este capítulo. En el caso de una violación continua, cada día que transcurra constituirá una ofensa por separado, pero el total de la multa impuesta no excederá de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) en ningún caso.
PR Laws tit. 1, § 269f-1 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269f-1. Información de planes de contingencia para emergencias

 Toda compañía que ofrezca servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico tendrá que certificar a la Junta que cuentan con un plan de contingencia y continuidad de servicios, vigente y activo, para responder ante un desastre natural o emergencia debidamente declarado. Mediante este plan, la Compañía establecerá los mecanismos necesarios para, en la medida que sea posible, para mantener la continuidad de los servicios y operaciones que estas le ofrecen a la ciudadanía. Dicho plan debe cumplir con los requisitos necesarios para estar en armonía con el Plan Estatal de Manejo de Emergencias del Gobierno de Puerto Rico, el cual deberá compartirse con las compañías una vez haya sido aprobado. Toda enmienda a dicho plan deberá notificarse oportunamente y por escrito a las compañías. Para que los planes de contingencia y continuidad de servicios que certifique cada compañía de telecomunicaciones puedan ser implantados efectivamente en caso de una emergencia declarada por el Gobernador de Puerto Rico, y en cumplimiento con las secs. 3501 et seq. del Título 25, se ordena al Departamento de Seguridad Pública a coordinar la integración continua de la Junta junto a cada proveedor de servicios de telecomunicaciones debidamente certificados dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, en el desarrollo, manejo e implementación del Plan Estatal para Manejo de Emergencias del Gobierno de Puerto Rico; de forma que se cumpla cabalmente con la Ley 5-2018, en el sentido de que los servicios de telecomunicaciones sean considerados como esenciales; esto con el fin de proveer continuidad en los servicios de telecomunicaciones junto con los servicios de energía eléctrica, agua potable y otros, durante una emergencia declarada. La Junta podrá tomar las medidas administrativas necesarias, incluyendo notificaciones de incumplimiento y, de ser necesario, la imposición de multas hasta un máximo de cinco mil (5,000.00) dólares, para asegurar el fiel cumplimiento con lo aquí establecido.
PR Laws tit. 1, § 269i (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269i. Suspensión de servicios

 Ninguna compañía de cable o de telecomunicaciones certificada por la Junta bajo las disposiciones de este capítulo podrá suspender servicios a sus abonados sin cumplir con los procedimientos establecidos en las secs. 262 a 269f de este título, la cual por la presente se hace aplicable, en lo pertinente, a la suspensión de servicios por compañías o empresas privadas en el área de cable y telecomunicaciones.
PR Laws tit. 1, § 269j (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269j. Querellas de usuarios

 (a) Dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de esta ley, o de la expedición de su certificación o franquicia, las compañías de telecomunicaciones y cable adoptarán y presentarán ante la Junta para su aprobación un procedimiento para la resolución de disputas con sus usuarios. A menos que la Junta actúe, el procedimiento presentado se considerará aprobado pasados 30 días a partir de su radicación ante la Junta. Una vez aprobado, el procedimiento deberá ser notificado a todos los usuarios de la compañía de telecomunicaciones. Deberá ser incorporado además a todo nuevo contrato de servicios con usuarios. Dicho procedimiento incluirá la obligación de la compañía de telecomunicaciones de dar aviso al usuario de su derecho a solicitar a la Junta la revisión de adjudicación de la querella que haya hecho la compañía. (b) La Junta tendrá jurisdicción primaria para revisar la adjudicación por una compañía de telecomunicaciones de querellas de sus usuarios a tenor con el procedimiento de resolución de disputas de la compañía de telecomunicaciones. La Junta no atenderá querellas de usuarios que no hayan sido primero sometidas a la compañía de telecomunicaciones como parte del procedimiento de querella. (c) Toda solicitud de revisión bajo el inciso (b) de esta sección deberá presentarse ante la Junta dentro del término improrrogable de 30 días desde la notificación al usuario de la determinación de la compañía de telecomunicaciones. (d) La Junta establecerá un nuevo expediente al generado por la compañía de telecomunicaciones durante la consideración de la querella al determinar si confirma, revoca o modifica el dictamen de la compañía de telecomunicaciones. (e) Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta ley, la Junta adoptará un reglamento, especificando la forma y el contenido de las solicitudes para que las compañías que prestan servicios de televisión por satélite “DBS” en Puerto Rico se registren en la Junta. Este registro es con el único propósito de proveer aquella información que la Junta entienda necesaria, para resolver las querellas relacionadas con el servicio, y con los términos y condiciones del contrato. Las solicitudes de registro de dichas compañías de servicios de televisión por satélite “DBS”, serán presentadas a la Junta dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento promulgado por la Junta. Dichas compañías adoptarán y presentarán ante la Junta, para su aprobación, dentro de noventa (90) días de registrarse, un procedimiento para la resolución de disputas con sus usuarios. Aplicarán exclusivamente estos procedimientos las disposiciones de esta sección en cuanto a las querellas, así como exclusivamente los relativos a la jurisdicción para la revisión y adjudicación de las mismas, según se dispone en esta sección para las compañías de telecomunicaciones y televisión por cable.
PR Laws tit. 1, § 269j-2 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 27 - Servicio Público|Parte II - Comunicaciones|Capítulo 19 - Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996|Subcapítulo III - Reglamentación y Supervisión|§ 269j-2. Certificación inter-jurisdiccional en pleitos de clase

 En los casos de pleitos de clase que se presenten las secs. 3341 a 3344 del Título 32 ante el Tribunal General de Justicia en atención a la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, según enmendada, por usuarios de servicios de telecomunicaciones, cable televisión o televisión por satélite “DBS” por razón de daños y perjuicios, el tribunal podrá, sua sponte o a solicitud de parte, ordenarle a la Junta que certifique si la compañía demandada en el pleito de clase violó alguna disposición de este capítulo o algún reglamento de la Junta. La orden de certificación que emita el tribunal deberá incluir: (1) la pregunta o preguntas cuya contestación se solicita; (2) una relación de todos los hechos relevantes a las preguntas que demuestre claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen, los cuales deberán surgir de una determinación del tribunal consultor, bien por haber sido estipuladas por las partes o porque hayan sido ventiladas y adjudicadas en el proceso; (3) un apéndice en el que se incluirán el original y la copia certificada de aquella parte del expediente que, en la opinión del tribunal solicitante, sea necesario o conveniente remitir a la Junta para contestar las preguntas. La solicitud de certificación será firmada por el (la) Juez del tribunal solicitante, y remitido a la Junta por conducto del (la) Secretario(a) del tribunal solicitante, bajo su firma y sello del tribunal. La Junta podrá, motu proprio o a solicitud de parte, y con la anuencia del tribunal consultor, recibir alegatos de las partes referentes a la pregunta o preguntas cuya contestación se solicita. La Junta emitirá y notificará su contestación a las preguntas o asuntos ante su consideración al tribunal solicitante y a las partes dentro de un término que no excederá noventa (90) días contados a partir de la fecha en que el (la) Secretario (a) del tribunal notificó a la Junta la solicitud de certificación, salvo que el tribunal conceda una prórroga.