reglab/housing_qa huggingface dataset:
PR Laws tit. 1, § 8793 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8793. Implantación del Plan de Emergencia de Medidas de Reducción de Gastos

 Las medidas de reducción de gastos dispuestas en este capítulo proveen para la ejecución en tres fases, una de las cuales, la Fase II, entrará en vigor progresivamente, mientras no se alcance el objetivo establecido como política pública en el Artículo 2 de esta Ley.
PR Laws tit. 1, § 8795 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8795. Fase II

 Se establece, como Fase II, un plan de cesantías involuntarias para la eliminación de puestos el cual aplicará a toda las agencias y a todo empleado que no esté excluido por la sec. 8797 de este título.
PR Laws tit. 1, § 8796 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8796. Plan de cesantías

 Este plan de cesantías entrará en vigor una vez la OGP emita su certificación conforme lo dispuesto en el inciso (4) de la sec. 8794 de este título concluyendo que el objetivo establecido como política pública en el Artículo 2 de esta Ley no ha sido alcanzado.
PR Laws tit. 1, § 8797 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8797. Exclusión de la aplicación de la Fase II

 A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brindados por el Gobierno, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de las cesantías de la presente ley los empleados de las agencias que según sus clasificaciones llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar, según serán definidos por la JREF, tales como: (a) Policías y bomberos, agentes del Cuerpo de Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y la Oficina del Fiscal Especial Independiente; (b) oficiales de corrección y oficiales juveniles; (c) maestros asignados al salón de clases, incluyendo los transitorios durante el año escolar; (d) directores, bibliotecarios, orientadores y empleados de comedores adscritos al Departamento de Educación; (e) maestros del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas; (f) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio); (g) trabajadores sociales; (h) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911; (i) patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses; (j) empleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Publico y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público; (k) personal de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio; (l) personal del Registro de la Propiedad; (m) personal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, y (n) consejeros en rehabilitación vocacional y personal de apoyo técnico. Asimismo, la Fase II no aplicará a: (i) aquellos puestos en agencias que son sufragados con fondos federales y cuyo programa condiciona la concesión y recibo de fondos federales a retener tales puestos. Se dispone que en programas sufragados con fondos federales que no condicionen la retención del puesto como requisito para mantener tales fondos, la JREF, a solicitud de la agencia, tendrá la autoridad de evaluar y determinar cual empleado en su correspondiente puesto será excluido de las cesantías por necesidad del servicio; o (ii) a empleados que pertenecen a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: Ejército (Army), Fuerzas Navales (Navy), Infantería de Marinos (Marine Corps), Fuerza Aérea (Air Force), Guardia Costanera (Coast Guard) y las reservas de dichas Fuerzas Armadas, así como a la Guardia Nacional del Ejército (Army National Guard) y la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea (Air National Guard), que presten servicio militar y estén en licencia militar bajo la “Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act”, según enmendada, 38 U.S.C.A. Sección 4301 et seq. (USERRA). Los empleados de confianza también estarán excluidos de la aplicación de esta Fase II.
PR Laws tit. 1, § 8798 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8798. Fecha de comienzo de la Fase II

 De la certificación emitida por la OGP a tenor con el inciso (4) de la sec. 8794 de este título concluir que el objetivo establecido en la Fase I no se ha alcanzado, entrará en vigor inmediatamente esta Fase II.
PR Laws tit. 1, § 8800 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8800. Beneficios

 (a) Los empleados cesanteados en conformidad con lo dispuesto en la sec. 8795 de este título recibirán la liquidación de vacaciones regulares una vez presenten la documentación requerida para tal liquidación. De igual manera, aquellos empleados elegibles para ello, recibirán una liquidación por licencia por enfermedad y por tiempo extraordinario acumulado. (b) A los empleados cesanteados en conformidad con lo dispuesto en la sec. 8795 de este título se les pagará la prima de cobertura médica por un término ininterrumpido de seis (6) meses o hasta que éste sea elegible para cobertura de seguro de salud en otro empleo. (c) Los empleados cesanteados de conformidad con lo dispuesto en la sec. 8795 de este título serán considerados elegibles al Programa de Alternativas para Empleados Públicos según dispuesto en la sec. 8803 de este título. (d) La cesantía en virtud de lo dispuesto en la sec. 8795 de este título no será considerada como que el empleado fue despedido por conducta incorrecta para los fines de que el empleado asegurado no esté descalificado para recibir los beneficios provistos por las sec. 701 et seq. del Título 29, conocidas como de la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico” (desempleo), de éste ser elegible. (e) Los empleados cesanteados podrán elegir el que se les liquide lo acumulado como beneficio de retiro, o se le transfiera, o se adopte cualquier otra alternativa de las dispuestas por, y en conformidad con la ley que regula su retiro, su reglamento y/o el plan correspondiente.
PR Laws tit. 1, § 8801 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8801. Certificación

 Al concluir la Fase II conforme a lo dispuesto en la sec. 8799 de este título, las agencias tendrán un término no mayor de siete (7) días calendario para presentar a la OGP un informe reflejando las economías logradas por las cesantías llevadas a cabo. En un término no mayor de diez (10) días calendario a partir de la fecha límite de la presentación de los informes por parte de las agencias, la OGP certificará al JREF y a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, la economía proyectada como resultado de la implantación de la Fase II, indicando, además, sus conclusiones en cuanto a si el objetivo se alcanzó. La OGP y el Departamento de Hacienda someterán a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos un informe conjunto cada noventa (90) días sobre el progreso de los recaudos y la reducción de gastos como el resultado de la implantación de la Fase II.
PR Laws tit. 1, § 8804 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8804. Negociación de convenios vencidos

 Los convenios colectivos expirados a la fecha de vigencia de esta ley o que expiren durante la vigencia de la misma serán extendidos hasta el 9 de marzo de 2011. Dicha extensión constituirá impedimento para la petición y celebración de elecciones de representación. Disponiéndose, que en los casos antes señalados, las cláusulas no económicas de los convenios colectivos se extenderán por dos (2) años adicionales, desde el 9 de marzo de 2011. Esta extensión constituirá un impedimento para la petición y celebración de elecciones de representación. Asimismo, se dispone que en aquellos casos donde el representante exclusivo solicite, dentro de los primeros sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta ley, la negociación de las cláusulas económicas y no económicas, las agencias estarán obligadas a negociar las mismas considerando primordialmente la situación económica y fiscal de la agencia, y del Gobierno, y la garantía de los servicios a la ciudadanía. Para estas negociaciones, la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá evaluar la situación fiscal y presupuestaria, presente y proyectada, de la agencia y del Gobierno, y expedirá una certificación previa de los recursos disponibles, si algunos, para cada negociación. La certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto será requisito indispensable para proceder con la negociación de las clausulas económicas. En los casos en que se estaba negociando un Convenio Colectivo inicial previo al 9 de marzo de 2009 y en los casos en que se inicie un nuevo proceso de negociación, las agencias estarán obligadas a llevar a cabo las negociaciones. En estos casos, la negociación de las cláusulas con impacto económico estará sujeta a los mismos requisitos del cuarto párrafo de esta sección. En todos los casos, los comités negociadores de las agencias deberán negociar por un tiempo mínimo de cuatro (4) horas semanales. Cualquier parte que considere que se ha violado alguna de las disposiciones de esta sección, podrá solicitar una orden provisional al amparo de las secs. 1451 et seq. de este título, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
PR Laws tit. 1, § 8805 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8805. Traslados

 Durante las Fases I, II y III, y con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios gubernamentales, la JREF podrá autorizar traslados de empleados entre puestos, clases y niveles de puestos, grupos de empleados, unidades apropiadas, de unidades sindicales a no sindicales y viceversa, en una misma agencia o entre agencias; Disponiéndose, que el empleado trasladado deberá cumplir con los requisitos mínimos de preparación académica y experiencia necesaria para ocupar el puesto. El empleado trasladado estará sujeto al período probatorio requerido para el puesto. Quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I, II y III, toda aquella disposición de ley, reglamento, convenio, acuerdo o precepto que sea contrario a lo indicado en este capítulo; Disponiéndose, que existirá total flexibilidad para realizar los traslados.
PR Laws tit. 1, § 8806 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8806. Subcontratación

 Durante las Fases I, II y III, y con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios gubernamentales, la JREF podrá autorizar la transferencia y subcontratación de labores realizadas por empleados, unidades apropiadas o unidades sindicales. Quedará en suspenso, durante la vigencia de las Fases I, II y III, toda aquella disposición de ley, reglamento, convenio o precepto contrario a lo indicado en este capítulo. En todo contrato otorgado por las agencias conforme a esta sección se le requerirá al contratista que, en la prestación de los servicios contratados, emplee empleados cesanteados disponibles, que tengan la preparación y experiencia necesaria para prestar el servicio contratado, conforme a la lista de candidatos a reempleo que habrá de preparar la ORHELA a tenor con lo dispuesto en la sec. 8807 de este título.
PR Laws tit. 1, § 8807 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8807. Normas de reingreso y de contratación de empleados cesanteados

 (a) Los empleados cesanteados serán incluidos en un registro de elegibles a ser preparado por ORHELA, por el término de un (1) año a partir de la fecha de su cesantía. En dicho registro figurarán el nombre del empleado, el puesto que ocupaba al momento de su despido y su antigüedad. (b) Si al implantarse la Fase II existiere la necesidad de llenar una posición vacante, y esto no pudiera lograrse mediante traslado, se podrá reemplear a aquellos que figuran en el registro de elegibles y que al momento de su despido estaban desempeñando labores iguales o similares a las del puesto vacante, siguiendo para ello el criterio de antigüedad. En estos casos se reempleará a estos empleados dándole preferencia a los de mayor antigüedad.
PR Laws tit. 1, § 8808 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8808. Prácticas ilícitas

 La adopción de cualquier medida autorizada por este capítulo, ya sea por la JREF, OGP, el BGF, la ORHELA, las agencias, sus autoridades nominadoras, el Gobernador o por cualquiera de los representantes de éstos, no constituirá una violación a los convenios colectivos existentes. Tampoco constituirá una práctica ilícita.
PR Laws tit. 1, § 8809 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 102 - Medidas de Reducción de Gastos|§ 8809. Establecimiento del Portal Cibernético y Banco de Teléfonos

 ORHELA establecerá un portal cibernético con información sobre las Fases I, II y III. También establecerá un banco de teléfonos para atender preguntas de los empleados afectados y ofrecer información en cuanto a la implantación de las fases arriba descritas.
PR Laws tit. 1, § 8865 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 104A - Ley del Inspector General de Puerto Rico|§ 8865. Título

 Este capítulo se conocerá como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.
PR Laws tit. 1, § 8866 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 104A - Ley del Inspector General de Puerto Rico|§ 8866. Declaración de política pública

 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico: (a) Lograr los más óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público; (b) repudiar y rechazar todo acto, conducta o indicio de corrupción por parte de funcionarios o empleados públicos; (c) señalar y procesar criminalmente, administrativamente y civilmente a aquéllos que incurran en actos de esta naturaleza; (d) establecer controles, así como tomar acción y las medidas pertinentes para detectar, prevenir y actuar de forma proactiva para evitar actividades de corrupción en los organismos gubernamentales; y (e) desalentar las prácticas de malversación, uso indebido, fraude y manejo ilegal de los fondos y propiedad pública. Será responsabilidad de cada Secretario, Director Ejecutivo, Jefe de Agencia o cuerpo rector del Gobierno observar y velar por que se cumpla con esta política pública en cada entidad gubernamental. De la misma manera, establecer los controles y mecanismos adecuados para garantizar su cumplimiento. Será el deber, además, de cada uno de éstos y de los demás funcionarios y servidores públicos, el poner en vigor las normas, prácticas y estándares que promulgue la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, creada mediante este capítulo, así como de las recomendaciones, medidas y planes de acción correctiva que surjan de las evaluaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 8868 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 104A - Ley del Inspector General de Puerto Rico|§ 8868. Creación de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico

 Se crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, en adelante la “OIG”, cuyos propósitos serán fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental; realizar auditorías y consultorías en las entidades gubernamentales dirigidas a lograr niveles óptimos de economía, eficiencia y efectividad de sus sistemas administrativos y de gestión de riesgos, control y dirección; hacer cumplir y sancionar las infracciones a las leyes, los reglamentos y la normativa adoptada por el Gobierno de Puerto Rico sobre la administración de los recursos y bienes públicos; y alcanzar con mayor grado de seguridad posible, información confiable. La Oficina tendrá plena autonomía administrativa, presupuestaria, operacional y fiscal, que le permita, sin que se entienda como una limitación, ejercer la custodia y el control de sus fondos y propiedad pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad para llevar a cabo sus transacciones financieras; preparar, solicitar, administrar y fiscalizar su presupuesto; y reprogramar los fondos asignados o economías de acuerdo a las prioridades de las funciones que lleva a cabo la misma. Esta, operará de forma totalmente autónoma e independiente, con capacidad plena para operar de forma continua, sin intervenciones externas, lo que le permitirá llevar a cabo su función ministerial efectivamente. La OIG tendrá acceso a la información y a los documentos relacionados con el presupuesto de todas las entidades gubernamentales, según definidas en este capítulo. La OIG no tendrá jurisdicción sobre las Ramas Legislativas y Judicial. Tampoco intervendrá con los municipios, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Ética Gubernamental, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña ni la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. No obstante lo anterior, las entidades excluidas podrán entrar en acuerdos colaborativos con la OIG de manera que sus recursos puedan utilizarse al máximo en beneficio del Pueblo y tendrán la obligación de remitir a ésta los resultados de las intervenciones y/o auditorías de las que sean objeto, ya sea por sus respetivas unidades de auditoría interna o de auditorías realizadas por entes externos. Además, las entidades excluidas considerarán dentro de sus planes de trabajo anual de auditorías las peticiones de la OIG.
PR Laws tit. 1, § 8869 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 104A - Ley del Inspector General de Puerto Rico|§ 8869. Cargo del Inspector General

 La persona que ostentará el cargo de Inspector General será nombrada por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes, y su nombramiento será por un término de diez (10) años. Previo a realizar dicho nombramiento, el Gobernador realizará una convocatoria para candidatos a nivel local, nacional e internacional que permanecerá abierta por un mínimo de diez (10) días. En dicho término, o en uno más amplio a discreción del Gobernador, las personas interesadas en ser consideradas para la posición se someterán a la consideración del Primer Ejecutivo. El Gobernador nominará para la confirmación del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico a la persona que entienda más idónea, entre aquellas que hayan participado del proceso abierto y transparente. El cargo del Inspector General sólo podrá ser desempeñado por una persona de reconocida capacidad profesional, probidad moral y con amplios conocimientos sobre auditorías, administración y gestión gubernamental. El Inspector General no podrá hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político-partidista ni participar en actividades de carácter político-partidista. Se le prohíbe al Inspector General participar en cualquier tipo de actividad política o de cualquier forma relacionada con algún partido político, a cualquier nivel, ya sea municipal, local o federal. El Inspector General tampoco podrá ser aspirante o candidato para un cargo electivo mientras trabaje para la Oficina del Inspector General ni podrá haber ejercido un cargo electivo durante los tres (3) años previos a su nombramiento. En el caso que surja una vacante en el cargo, antes de que expire el término del nombramiento, la persona designada por el Gobernador y confirmada por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, ocupará el cargo por el tiempo del término que le faltaba cumplir a su predecesor.
PR Laws tit. 1, § 8870 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo|Capítulo 104A - Ley del Inspector General de Puerto Rico|§ 8870. Prestación de servicios en entidades gubernamentales intervenidas por la OIG, prohibición

 Ningún funcionario o empleado regular, transitorio o por contrato de la OIG podrá, durante los doce (12) meses consecutivos siguientes a la fecha en que deje de prestar servicios en la misma, por sí o a través de cualquier persona jurídica, sociedad, asociación o entidad de la que sea empleado, socio o accionista, prestar servicios a ninguna entidad gubernamental, según se define en este capítulo, en la que dicho funcionario haya realizado cualquier labor de auditoría, ya sea participando directamente en la labor de auditoría o haya supervisado dicha labor de auditoría, salvo que medie dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental. La prohibición antes establecida será de aplicación cuando: (a) La persona haya intervenido directamente con una agencia o haya supervisado dicha intervención en representación de la OIG; o (b) La intervención se haya realizado durante el año anterior a la fecha en que la persona haya cesado en su puesto o a la fecha de terminación de cualquier contrato de servicios con la OIG. Toda persona que viole las disposiciones de esta sección incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término de un (1) año o con pena de multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, el tribunal podrá aumentar la pena anteriormente establecida hasta un máximo de dos (2) años de reclusión o hasta tres mil (3,000) dólares de multa. De mediar circunstancias atenuantes, la podrá reducir hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día de reclusión o hasta mil (1,000) dólares de multa. Asimismo, el tribunal le impondrá la obligación de pagar al Gobierno de Puerto Rico una suma equivalente a tres (3) veces el valor de cualquier beneficio económico que hubiere recibido u obtenido como consecuencia de la violación a las disposiciones de esta sección. Además, toda persona convicta por la violación de esta sección estará impedida de ocupar o desempeñar cualquier cargo o empleo público, sujeto a lo dispuesto en las secs. 1469 et seq. de este título, conocidas como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, según sea enmendada.