PR Laws tit. 1, § 24 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 3 - Poder Ejecutivo Apéndices|XIX. Administración de Servicios Generales|Parte IV - Compras del Gobierno|Artículo 24. Compras mediante subasta pública

 Será necesario utilizar el mecanismo de subasta pública cuando el monto de la compra exceda de cien mil dólares ($100,000.00). Disponiéndose, que cada dos (2) años, este monto será revisado por el Administrador mediante reglamentación aprobada conforme a las secs. 9601 et seq. del Título 3, conocidas como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y será ajustado al índice de precio al consumidor redondeado al millar de dólares superior más cercano. Los procedimientos de compras de bienes y servicios no profesionales mediante subasta pública podrán incluir, de así determinarse necesario y cumpliendo con los requisitos establecidos por el Administrador mediante reglamento, las solicitudes de cualificaciones (Request for Qualifications o RFQ), solicitudes de información (Requests for Information o RFI) y solicitudes de propuestas (Requests for Proposals o RFP). El Administrador determinará, en cumplimiento con las disposiciones de este Plan y del reglamento de subastas que adopte al amparo del mismo, cuándo procede la utilización del mecanismo de subasta para efectuar compras de bienes y servicios no profesionales y establecerá el procedimiento a seguirse para la misma incorporando al mayor grado posible los avances tecnológicos. El Reglamento de Subastas, deberá incluir, entre otras cosas: (a) Los requisitos, obligaciones y responsabilidades que deberá cumplir cada licitador para participar de una subasta pública o de cualquier otro procedimiento relacionado con esta. (b) Las condiciones generales de toda oferta para ser aceptada y evaluada, además de las guías para la adjudicación de una subasta pública al postor responsable y responsivo de la oferta más baja en compras o al postor responsable y responsivo más alto en ventas, siempre que esté dentro de los términos, condiciones y especificaciones de la subasta pública. (c) Los parámetros que la Junta de Subastas utilizará para rechazar ofertas, entre otras circunstancias, cuando el licitador carece de responsabilidad, su oferta es irrazonable, la naturaleza, calidad o descripción de los bienes o servicios no profesionales no cumplen con los términos, condiciones y especificaciones de la subasta constituyendo una irregularidad o informalidad grave de la oferta, o cuando así lo requiera la protección del interés público. La adjudicación o rechazo de tal licitación a base de las razones antes relacionadas se formulará con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, para que el expediente quede debidamente acreditado y se garantice el debido proceso de ley a impugnar la decisión. (d) Las garantías o fianzas que se le requerirán al licitador o postor a quien se le adjudique una subasta pública. Las garantías deben ser del tipo y cantidad que se determine conveniente para asegurar el cumplimiento de la orden de compra o contrato, incluyendo pero sin limitarse fianzas de ejecución y licitación. (e) Todo licitador, que comparezca a la Agencia a participar de alguna subasta, o para proveer servicios de conformidad con la intención de la presente legislación, deberá someter cada seis (6) meses ante el Administrador una declaración jurada haciendo constar, que no ha cometido ninguno de los siguientes delitos: (1) Apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades; (2) extorsión; (3) fraude en las construcciones; (4) fraude en la ejecución de obras de construcción; (5) fraude en la entrega de cosas; (6) intervención indebida en los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del Gobierno; (7) soborno, en todas sus modalidades; (8) soborno agravado; (9) oferta de soborno; (10) influencia indebida; (11) delitos contra fondos públicos; (12) preparación de escritos falsos; (13) presentación de escritos falsos; (14) falsificación de documentos; (15) posesión y traspaso de documentos falsificados. (f) Con el propósito de mantener la pureza de los procedimientos, limitar al máximo las controversias y atender responsablemente el cumplimiento de las secs. 8661 a 8666 de este título, conocidas como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, será requisito indispensable la celebración de una pre-subasta para definir entre otros los siguientes asuntos: (1) Corroborar que el licitador esté al día en cuanto a todos los requerimientos exigidos por la Administración referentes al Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales. (2) Asegurarse que los productos que cualifican de conformidad a la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña le sean aplicables los por cientos de preferencia y las enmiendas que puedan surgir por parte del Administrador, en caso de surgir una controversia al respecto y la concesión de por cientos de preferencia adicionales si aplican, y otros que pueda implementar el Administrador mediante enmiendas de cualquier naturaleza en ley. Puntualizar cuando se confunden productos locales con los productos del exterior de Puerto Rico de conformidad con la jurisprudencia aclarando conceptos. (3) Advertirle a los licitadores participantes acerca de las consecuencias de incumplir con los requerimientos de la subasta, en caso de que se le adjudique la buena pro, así como la utilización de otros licitadores en orden descendente para cumplir las necesidades de las agencias y otros asuntos de intereses público. (4) Explicar todo lo relacionado con las especificaciones, sus características, calidad, servicio, tiempo de entrega, facturación, sanciones por incumplimiento, consecuencias de utilizar precios sobre el precio al detal sugerido por el manufacturero y otros. La Administración no aceptará licitación alguna que contenga precios en exceso del precio de venta al detallista sugerido por el manufacturero (manufacturer’s suggested retail price). Además, la Administración deberá establecer una política de precios para los suplidores, deberá adquirir bienes y servicios a precios justos y razonables en el mercado y determinará si el precio es justo y razonable tomando en consideración la competencia en el mercado, información sobre la razonabilidad del precio según catálogo de precios o precio en el mercado y un análisis de precio a base de la adquisición de productos similares en el pasado. Se deberá evitar la requisición de información que sea impertinente para obtener un análisis de precio justo y razonable. Con el propósito de mantener la pureza de los procedimientos, la Administración, mediante reglamento a tales fines, implantará y formalizará la transmisión en vivo por la Internet de toda vista de adjudicación de subasta pública que realice la Junta de Subastas conforme a este artículo.