ralzate/ner-legal-colombia-silver huggingface dataset:
el artículo 313 . 9 , por cuanto se estaba ante un asunto que era competencia de las entidades territoriales ;
Al resolver el caso , la Sala reiteró que el traslado docente no sujeto al proceso ordinario tiene como finalidad preservar la integridad física y mental del trabajador , y que la exigencia del dictamen del comité de medicina laboral puede flexibilizarse excepcionalmente cuando se acrediten situaciones de especial vulnerabilidad del núcleo familiar ;
( iii ) la gravedad del perjuicio , grado o impacto de la afectación del derecho ;
[ 55 ] Corte Constitucional , sentencias T - 659 de 2003 y T 490 de 2020 .
 03Sentencia76001310500720251011501 . pdf  .
Por su parte , la accionante registra diagnósticos psiquiátricos de trastorno mixto de ansiedad y depresión , así como de trastorno de pánico , con síntomas somáticos , angustia severa , insomnio y pensamientos intrusivos .
e ( iii ) inscritos y citados fuera de los Centros mencionados para presentar las pruebas Saber 11 ° , calendario A 2025 - 2 .
REVOCAR la sentencia de segunda instancia del 24 de julio de 2025 , proferida por la Sala de Casación Civil , Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia , que confirmó la sentencia de primera instancia dictada el 12 de junio de 2025 por la Sala de Decisión de Tutelas Nro .
Vladimir Fernández Andrade Bogotá D . C . , veintinueve ( 29 ) de mayo de dos mil veintiséis ( 2026 ) .
En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe , que ha sido derogada , o que ha sido declarada inconstitucional .
( ii ) carta de solicitud de visa suscrita por el progenitor colombiano o , en ausencia de consentimiento de este , el solicitante de visa aportará certificación de autoridad de familia competente en la que se precise que no existe medida de protección o restablecimiento de derechos y que el extranjero ha estado cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones ;
La acción de tutela se dirigió contra la EPS Sanitas .
190 .
Por otro lado , este Tribunal ha señalado que , pese a la declaratoria de la carencia actual de objeto , el juez puede emitir un pronunciamiento de fondo o tomar medidas adicionales , dadas las particularidades del caso .
Agregó que el juez no puede sustituir la valoración médica sin una justificación suficiente .
( ii ) establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación ;
89 .
Indicó que Colpensiones no había adelantado gestiones para el cobro de un periodo laborado que no obraba en su historia laboral , pero que se había reconocido en proceso previo , lo que impedía el reconocimiento de la pensión de vejez que reclamaba .
Consideró que  al haberse presentado la acción de tutela a nombre de un tercero sin acreditarse poder de representación ni la imposibilidad real de actuar directamente , se configura una falta de legitimación en la causa por activa , lo cual constituye un defecto sustancial que vulnera el debido proceso  [ 12 ] .
asimismo se ordenó remitir copia de la acción de tutela a las autoridades accionadas y a las partes intervinientes en el proceso laboral para que se pronunciaran en un término perentorio [ 28 ] .
16 .
Sanitas EPS añadió que ha actuado de conformidad con la normativa aplicable y que no ha vulnerado derecho alguno .
Revisión por la Sala Plena .
Máxime si se tiene en cuenta que el primer contacto que estableció para elevar su reclamación fue a través del servicio de Chat Central que , como se vio , atiende las inquietudes de los usuarios de ambas plataformas .
A su vez , el deterioro de la salud de la accionante durante aproximadamente cinco años ha acarreado una vulneración del derecho fundamental a su dignidad humana , puesto que se han afectado las condiciones materiales de existencia de la paciente .
Tales determinaciones se soportaron demostrativamente en el dictamen médico legal UBIBA - DSTO - 07847 del 8 de agosto de 2024 , el cual concluyó que :
En este contexto , la actora no pudo acceder al Registro Único de Migrantes Venezolanos para obtener el Permiso de Protección Temporal .
T - 148 - 26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Octava de Revisión Sentencia T - 148 de 2026 Referencia :
Legitimación por amenaza o afectación iusfundamental .
cuando se cometen actos sexuales con animales , cuando la conducta punible es difundida por cualquier medio de comunicación , cuando existan evidencias de daños permanentes , mutilaciones o lesiones que alteren de manera irreversible la salud del animal , entre otras .
[ 113 ] Si bien estas reglas no corresponden a un tratado internacional de derechos humanos , en palabras de esta Corte , son  un instrumento internacional adoptado en el seno de las Naciones Unidas , que tiene una finalidad compiladora de las garantías reco [ g ] idas en tratados , la costumbre , los principios generales , la doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia , al cual la jurisprudencia constitucional de manera reiterada le ha reconocido un carácter vinculante cuando se trata del examen de constitucionalidad de las leyes que regulan la investigación y el juzgamiento de menores  .
[ 26 ] El 19 de mayo de 2010 , la señora [PERSONA] [PERSONA] [PERSONA] [PERSONA] remitió a la seccional del Atlántico del ISS las primeras copias del acta de la audiencia de juzgamiento del 18 de septiembre de 2006 emitida por el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Barranquilla y del acta de la audiencia de juzgamiento del 31 de agosto de 2009 con el objetivo que la entidad procediera con el recaudo de las cotizaciones y se consolidaran sus aportes para pensión .
De igual forma , en las historias clínicas aportadas por la EPS Sanitas se señala que la paciente fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión [ 61 ] y que aún continúa la necesidad identificada desde 2024 en cuanto a la realización de la intervención quirúrgica por las secuelas de su condición médica [ 62 ] .
En ese sentido , la Sala concluye que la conducta que generaba la posible afectación del derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes sancionados por el SRPA privados de la libertad en los Centros de Formación Juvenil Dos y Uno e inscritos y citados para presentar las pruebas Saber 11 ° , calendario A 2025 - 2 , se modificó completamente , pues ya se procedió a realizar lo pretendido por la defensora de familia .
SEGUNDO .
Asimismo , el 18 de febrero de 2026 , la Institución Educativa Técnica indicó que , el 20 de septiembre de 2025 , el ICFES le informó la reprogramación de las pruebas Saber 11 ° en los sitios de reclusión así :
Sin embargo , constató que no se cumplieron los de carácter especial , por lo que procederá a confirmar las sentencias de instancia en cuanto negaron el amparo de los derechos a la vida , salud , dignidad humana y debido proceso , por las razones expuestas .
el traslado ordinario , que se realiza dentro de un cronograma establecido , y el traslado extraordinario , que puede efectuarse en cualquier momento del año bajo circunstancias excepcionales , por ejemplo , problemas de salud [ 44 ] .
En su calidad de entidad encargada de liderar los ejes de prevención y atención de las violencias en contra de los animales en el ámbito departamental , la Sala estima que cumplió sus funciones en el plano estrictamente asistencial .
[ 29 ] Expediente digital , archivo  0015Memorial . pdf  , p .
Esto va en línea con la pacífica jurisprudencia de esta Corte que advierte que , en presencia de sujetos de especial protección constitucional , el análisis del presupuesto de subsidiariedad debe flexibilizarse  .
A este respecto , esta Corte ha establecido que es el juez constitucional quien determina los derechos fundamentales violados .
148 .
En esta oportunidad , la Sala Sexta de Revisión considera que se satisface el requisito de relevancia constitucional .
CONSIDERACIONES A .
Esto , porque , como se vio en los antecedentes de esta providencia ( párrafos 52 a 57 supra ) , al momento de proferir esta decisión , la cuenta de Picap Rent del accionante ya había sido restablecida .
Segundo . - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de julio de 2025 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo , Valle del Cauca , que a su vez confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de ese municipio .
Actuaciones en sede de revisión .
Al estudiar el fondo del asunto , la Sala reiteró la jurisprudencia sobre el derecho de petición ante particulares destacando que este procede cuando se utilice como medio para garantizar otros derechos fundamentales .
Adicionalmente , impone la obligación de  realizar al menos 1 jornada trimestral de promoción de adopción y una jornada bimestral de esterilización de los gatos y perros que transcurridos treinta ( 30 ) días calendario , hayan sido declarados en condición de abandono , a efectos de su entrega en adopción .  202 .
Sin embargo , la providencia del 2025 se incluye dentro del cuadro porque adoptó un remedio similar al del fallo T - 289 de 2024 frente al pago de la suma que arroja el cálculo actuarial .
Serán protegidos contra toda forma de abandono , violencia física o moral , secuestro , venta , abuso sexual , explotación laboral o económica y trabajos riesgosos .
La condición de debilidad en la que se encuentra una persona que está recluida en prisión , con limitaciones y restricciones legítimas y razonables de sus derechos fundamentales , genera consenso en torno a la protección especial que estas personas merecen  .
En especial en lo que tiene que ver con la oferta de servicios de transporte , ya sea de personas o de objetos , y la imposición de sanciones a sus usuarios .
Por lo tanto , solicitó al juez de segunda instancia revocar la decisión de primer grado .
En virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 7º del Decreto 1265 de 1970 , le corresponde asumir y concluir los trámites de este proceso .
En el caso concreto , ello se ve agravado por la situación económica precaria de la accionante , quien se encuentra en un contexto de informalidad migratoria y laboral y quien tiene a su cargo el cuidado de su hijo .
En la Sentencia T - 622 de 1995 se recordó que las autoridades , en virtud de competencias dadas como policía sanitaria y de intervención en la economía , tienen la obligación de controlar la explotación de recursos naturales para que se no cause efectos nocivos sobre los derechos de los terceros , debiendo preservar la vida de la comunidad y el medio ambiente .
La Sala señaló que no existe desconocimiento del precedente , puesto que la Sala de Casación Laboral ha indicado que , en los casos de reconocimiento pensional en los que no existe afiliación del trabajador al sistema general de pensiones , el cálculo actuarial es una solución adecuada de cara a los intereses del trabajador y no afecta la estabilidad financiera del sistema .
9 . 2 . 2 .
( ii ) a la Alcaldía Municipal de Roldanillo para que realice jornadas trimestrales de adopción , con el fin de propiciar progresivamente la ubicación de los animales en hogares que garanticen su bienestar ;
Esto , en cuanto existe mayor probabilidad de transmisión directa , aérea o por fómites de enfermedades .
En consecuencia , la Sala confirmó las decisiones de instancia que ampararon el derecho fundamental de petición del accionante ;
Lo anterior , con el propósito de que :
Relató que el refugio cuenta con 400 animales entre perros y gatos , los cuales consumen diariamente 100 kg de comida para perro y 16 kg de comida para gato .
( ii ) que la afectación a la salud sea de entidad importante ;
[ 80 ] A partir de ello , también ha advertido que el mandato constitucional de prohibición del maltrato animal y los estándares de su bienestar obligan tanto al legislador y demás autoridades , así como a los particulares a garantizar que los animales :
165 .
A su juicio , esto vulnera sus derechos al debido proceso , a la familia y el derecho de los niños a no ser separado de su familia .
En concreto , refirió que el mecanismo sustitutivo por enfermedad exige dictamen oficial y que , en el caso del accionante , dicho peritaje concluyó que , aunque el condenado presenta patologías , éstas no cumplen el estándar requerido para el otorgamiento del beneficio en tanto el estado derivado no es grave .
En este caso al 2003 , correspondía a $ 180 . 000 ( el monto de los aportes en una sociedad limitada ( Ltda . ) no se actualiza automáticamente cada año ) , en tanto el valor del cálculo actuarial insoluto es superior al límite de capital que es responsabilidad de cada socio  .
De acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241 . 9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 , la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el presente proceso .
Finalmente , solicitó los datos registrados en la DIAN y se procedió a remitir el cobro .
Ello es así por varias razones fundamentales .
[ 64 ] Corte Constitucional , Sentencia SU - 355 de 2020 , en la que se precisó que  [ l ] a acción de tutela es improcedente por regla general para controvertir sentencias proferidas por el Consejo de Estado en ejercicio del control de nulidad por inconstitucionalidad , salvo cuando el fallo dictado por esa Corporación ( i ) desconoce la cosa juzgada constitucional ;
Esto al no cumplirse los requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y no advertir irregularidad alguna que obligue la intervención del juez constitucional .
Con corte al 27 de febrero de 2026 , la accionante se encuentra afiliada en salud a EPS Sanitas , en el régimen contributivo y en calidad de cotizante , con estado activo .
Tener antecedentes penales .
( i ) el proceso ordinario de traslado [ 28 ] , que está sujeto a un cronograma anual definido por el Ministerio de Educación Nacional , condicionado a la disponibilidad de vacantes definitivas y ( ii ) el traslado no sujeto al proceso ordinario [ 29 ] , aplicable de manera excepcional en cualquier época del año por razones de seguridad o por motivos de salud , exigiendo en este último evento un dictamen previo del comité de medicina laboral .
( ii ) el derecho a la unidad familiar ;
Señaló que estas necesidades se ven afectadas por los traslados permanentes , los horarios extendidos y las limitaciones de acceso a servicios médicos en la zona rural donde presta sus servicios como docente .
no satisfizo las acreencias laborales con su patrimonio empresarial , el trabajador / Colpensiones puede reclamar directamente a los socios .
Por otra parte , informó que en pacientes con antecedentes de sleeve gástrico y pérdida masiva de peso pueden derivarse complicaciones físicas y afecciones en la salud mental , incluyendo trastornos depresivos y ansiedad .
[ 74 ] Evolución médica de la Clínica y Droguería Nuestra Señora de Torcoroma S . A . S , visible a folios 24 a 27 de la demanda de tutela .
Y , los juzgados efectuaron una valoración consecuente con la realidad del caso .
Dicha respuesta , además , no cumplió con las características antes señaladas porque no fue clara ni congruente con lo solicitado por el accionante , es decir , se trató de una respuesta evasiva , como se explica a continuación .
[ 59 ] Expediente digital , archivo  16_76001311800420250005500 - ( 2025 - 11 - 10 17 - 13 - 28 ) - 1762812808 - 15 . pdf  , p .
En consecuencia , cualquier orden que pudiera dictar esta Sala en relación con esa pretensión , más allá de prevenir a las accionadas para que en el futuro no incurran en las vulneraciones que alega el accionante , caería en el vacío .
Por su parte , el lugar es una casa que cuenta con una bodega , cocheras y dos solares que fueron adecuados rústicamente por la representante legal .
iv ) se conciben las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda presentada , a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no les es aplicable ;
y ( iv ) subsidiariedad , dado que el actor interpuso los recursos ordinarios que procedían contra la providencia que le negó el mecanismo sustitutivo , vale decir , el principal de reposición y el subsidiario de apelación .
Hechos probados .
y ( iii ) llamará la atención de las accionadas para que , en el futuro se abstengan de desplegar conductas o de incurrir en omisiones que puedan vulnerar este derecho .
21 y 24 .
Esto implica que los ciudadanos pueden demandar del Estado y de la sociedad el respeto de su dignidad , así como el acceso a condiciones materiales que aseguren una existencia digna , tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional [ 63 ] .
Se trata de una emergencia sanitaria en curso , no de un riesgo hipotético y futuro que pueda gestionarse en los tiempos ordinarios de un proceso que busca el amparo de derechos colectivos .
Ahora bien , en el caso concreto de la aplicación Picap Rent , los términos y condiciones de uso de esa plataforma establecen lo siguiente :
La Gobernación del Valle del Cauca , por su parte , tiene el deber de reglamentar las funciones , la constitución e integrantes de la mesa institucional de protección y bienestar animal del Valle del Cauca , como un organismo asesor del gobierno en el seguimiento y puesta en marcha de la ejecución de la política pública de protección y bienestar animal .
Encontró que esa aplicación es propiedad de la sociedad Portales de Contacto LATAM S . A . , y que , en la Política de Tratamiento de Datos Personales de Picap , disponible en su página web , se establece que esta es una sociedad comercial , legalmente constituida bajo las leyes panameñas y con domicilio en la Ciudad de Panamá .
( iii ) Garantizar el cumplimiento del principio de imparcialidad , es decir , exponer con suficiencia las razones para la imposición de la consecuencia negativa que corresponda .
Adicionalmente , vinculó al proceso al señor Javier , a la Procuraduría Judicial para la defensa de los derechos de la Infancia , Adolescencia y Familia y Mujer de la Ciudad 1 , a la Defensoría de Familia de Bienestar Familiar y a la Comisaria Primera de Familia - Terrón Colorado .
Y , por otro lado , porque es el ente que presuntamente impuso barreras que obstaculizaron la posibilidad de que los adolescentes y jóvenes del SRPA privados de la libertad en los Centros de Formación Juvenil Dos y Uno inscritos y citados para presentar las pruebas Saber 11 ° , calendario A 2025 - 2 , realizaran el examen mencionado dentro de los Centros en los que se encuentran recluidos , hecho que se alega como la base de la vulneración al derecho alegado por la defensora de familia .
173 .
En especial , el juez tiene la posibilidad de decretar medidas cautelares , con fundamento en los artículos 25 de la Ley 472 de 1998 , [ 35 ] y 229 [ 36 ] y 230 [ 37 ] del CPACA .
Ministerio de Relaciones Exteriores [ 16 ] Sostuvo que , el artículo 8 de la Resolución 5744 de 2022 , reglamento de visas , establece que  los solicitantes que se encuentren en Colombia deberán presentar su solicitud a través de la plataforma digital , eligiendo en el menú de opciones  oficina en Bogotá  , la cual solo conocerá de solicitudes de visa de extranjeros que se encuentren en el país con situación migratoria regular  .
Determinó que no existía una orden médica ni pertinencia en el procedimiento , de acuerdo con lo dictaminado por la junta médica .
Así , este documento tendrá dos versiones .
Al respecto , señaló que , al menos desde 2019 , se registró una situación de sobrepeso y obesidad y que , para septiembre de 2024 y febrero de 2026 continuó tratándose a la accionante con nutricionista .
88 .
47 .
Por último , manifestó que la solicitud de cambio presentada ante el ICFES no fue extemporánea .
[ 30 ] Expediente digital , archivo  SENTENCIA 2DA INST .
Por último , la representante legal del refugio animal Coquena intervino durante el trámite de la tutela , coadyuvando lo estimado por el personero municipal .
Expediente T - 11 . 336 . 232 Acción de tutela interpuesta por [PERSONA] contra la Secretaría de Educación de Norte de Santander Magistrado ponente :
[ 109 ] Artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 .
Tercero , se dispondrá que Migración Colombia prorrogue el salvoconducto SC - 2 a la accionante por el evento :
[ 14 ] Expediente digital , archivo  Intervención ciudadana Exp .
Con todo , dichos fines no autorizan a la administración a desconocer de manera absoluta la situación particular de la docente y de su núcleo familiar ni a sacrificar , sin una ponderación cuidadosa y detallada , la salud mental de la accionante , la unidad familiar y el desarrollo integral de sus hijas .
Por su parte , Migración Colombia también vulneró los derechos al debido proceso administrativo y a la unidad familiar de la accionante y su hijo por cuanto decidió no prorrogar su salvoconducto bajo el supuesto de que la solicitud de visa había sido inadmitida .
En relación con la sociedad Portales de Contacto LATAM S . A . , el Juzgado dio aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y tuvo por ciertos los hechos de la tutela .
[ 74 ] Corte Constitucional , Sentencia SU - 298 de 2015 .
Con esto descartó el requisito legal previsto en el numeral 4º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal .
Estos atributos llevan a la Sala Plena a concluir que las mencionadas Senit proferidas de oficio o a solicitud de los distintos órganos de la JEP también se catalogan como actos de carácter general , impersonal y abstracto , y , por lo tanto , se deben regir por la regla de improcedencia del amparo en su contra establecida en el artículo 6 . 5 del Decreto Ley 2591 de 1991  .
Adicionalmente , conforme a la Resolución 675 de 2019  [ l ] a inscripción para la presentación del examen es un proceso donde confluyen responsabilidades del examinando , las IES , las instituciones educativas , los padres de familia o representantes legales tratándose de los menores de edad y el Icfes  .
12 . 1 .
2021 - 00101 ) para que se ordenara a la administradora de pensiones consolidar su historia laboral y , en consecuencia , se le reconociera y pagara su pensión de vejez .
De esta manera , esta Sala de Revisión encuentra que la autoridad judicial accionada , al estudiar el recurso extraordinario de casación , acató el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional pues , para el estudio del reconocimiento de la pensión de vejez , tuvo como válido el periodo comprendido entre el 1 ° de febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 2003 relacionado con la omisión de afiliación [ 99 ] .
Por lo anterior , se concluye que la condición migratoria de la señora [PERSONA] en el país es irregular  [ 15 ] .
Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas , so pena de incurrir en sanciones y / o multas por parte de las autoridades competentes ( énfasis añadido ) .
Por último , ( vi ) se analizará el caso concreto .
A su juicio , el condenado no padecía de grave enfermedad incompatible con la prisión intramural .
Los poderes se presumirán auténticos .
[ 5 ] Expediente T - 11 - 471 . 093 .
 Cuando ha sido demostrado el vínculo laboral entre un empleador y una persona afiliada al régimen pensional de prima media con prestación definida , Colpensiones tiene el deber legal y constitucional de reconocer las semanas que no fueron declaradas ni canceladas por el empleador , ya sea por la ausencia de afiliación o por la mora en el pago de las cotizaciones , tal como lo señala el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 , modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003 parágrafo 1 literal d ) habilitándose a perseguir el pago del cálculo o título actuarial correspondiente  .
Por su parte , el artículo 655 del Código Civil define a los animales como bienes muebles .
[ 79 ] Esto , conforme a lo dispuesto en el inciso primero del mismo artículo que señala que  [ p ] ara efectos de la prestación del servicio educativo en estos Centros , la entidad territorial certificada en educación reconocerá como sedes de las instituciones educativas oficiales de su jurisdicción a los Centros de Atención Especializada y a los Centros de Internamiento Preventivo , cuando estos últimos no funcionen dentro de la infraestructura de los Centros de Atención Especializada .