XUIZO VERBAL 818/2018. NOTIFICACIÓN A MIGUEL JARDÓN SAANTANA, ALBA JUSTE BARGIELA
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA — Xulgados de Primeira Instancia e Instrución — De Vigo (Edictos xudiciais, 06/03/2020)

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: La Ilma. Sra. D ª Susana Álvarez García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de los de Vigo, ha visto los autos señalados con el n o 818/2018, seguidos por los trámites del Juicio Verbal a instancia de don Gaston Wen Voronina Dawes, representado por la Procuradora doña M a Paola Michelle Flujas Juanola y asistido del Letrado don Juan Adolfo Edgley Loos, contra don Thomas Paul Mimenza Moniz y D ª Alba Juste Bargiela, en rebeldía, y dicta la siguiente Primero.- La Procuradora doña M a Paola Michelle Flujas Juanola, en nombre y representación de don Antoni Joan Tornil Keenan, presentó demanda de Juicio Verbal contra don Thomas Paul Mimenza Moniz y doña Alba Juste Bargiela por la que solicita el pago de 330,38 € con intereses, como indemnización por los daños sufridos a consecuencia de filtraciones de agua, y la condena de los demandados a realizar las obras necesarias para que dejen de producirse las filtraciones en su local. Segundo.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a los demandados a través de edictos publicados en el Tablón de Anuncios del Juzgado, y al no contestar la demanda fueron declarados en situación de rebeldía procesal por Decreto de 19 de septiembre de 2019, tras lo que se señaló día para la celebración dc Juicio. Al acto compareció la parte actora, que se ratificó en su escrito de demanda y propuso prueba, que se practicó con el resultado que obra en autos, quedando así los autos conclusos para sentencia. Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. Primero.- A medio de demanda interpuesta con fecha 7 de noviembre de 2018, don Antoni Joan Tornil Keenan reclama de don Thomas Paul Mimenza Moniz y doña Alba Juste Bargiela el pago de 330,38 € como indemnización por los daños sufridos en su local consecuencia de filtraciones de agua procedentes del piso superior, y la condena de los demandados a realizar las obras necesarias para que dejen de producirse, con imposición de las costas procesales causadas. Consta acreditada la titularidad de don Miguel Angel Prada Alvarez del local situado en el bajo de la avda. García Barbón n o 93 de Vigo, mediante aportación de la escritura pública de aceptación y adjudicación parcial de herencia de 4 de febrero de 2016; así como la de don Manuel Jardón Santana y doña Alba Juste Bargiela del piso 1 0 D del mismo edificio, tal y como consta en la nota informativa del Registro de la Propiedad de Vigo, acompañada con la demanda. Segundo.- El art.217.2 LEC determina que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, de tal forma que, cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. El art.9.1, apartado b) de la Ley de Propiedad Horizontal exige a los propietarios de pisos sometidos a dicho régimen el mantenimiento en buen estado de conservación de su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que se ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder, concretando así la obligación general de mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, impone a los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones y que se traduce, en lo que al supuesto que nos ocupa, en la exigencia de la diligencia necesaria en el mantenimiento de los inmuebles, a fin de evitar daños a terceros. Con carácter nnás general, el art.1902 cc regula la acción para exigir la reparación de los daños causados por culpa extracontractual, cuyos presupuestos, que deben ser probados por quien reclama, son los siguientes: a) Acción u omisión representada por un comportamiento humano voluntario e imputable b) Culpa del agente por un actuar doloso o negligente, en todo caso no ausente de la necesaria previsibilidad y evitabilidad c) Daño patrimonial o moral y d) Relación de causalidad entre el hecho y el daño producido (entre otras coincidentes sentencias, SS TS de 1 octubre 1985, 31 enero y 2 abril 1986, 19 febrero 1987, 19 octubre 1988 y 8 mayo 1990, 21 marzo 2001, 14 mayo y 15 julio 2002). Concretamente en materia de daños causados por filtraciones de agua desde los pisos superiores, ha venido estableciendo el Tribunal Supremo que debe procederse a incardinarlos en el artículo 1910 del Código Civil, conforme al cual "el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma". Así, en la S TS de 12 abril 1984 se afirma que este precepto utiliza unas expresiones («cosas que se arrojaren o cayeren») que son susceptibles de interpretación extensiva, por lo que perfectamente pueden comprenderse en ellas las filtraciones de agua procedentes del piso superior; y también enseña en la misma resolución que dicho precepto constituye, juntamente con el art.1905 cc, una clara muestra de responsabilidad objetiva o por riesgo, por lo que el hecho de mediar o no culpa por parte del cabeza de familia, no impide su deber de resarcir a quien sufrió el daño, sin perjuicio de su posible derecho a repetir sobre quien pudiera haber sido el causante directo del mismo. En similares términos se pronuncia la STS de 5 julio 1989, al imponer la responsabilidad que hace derivar de todo daño acaecido, aun cuando se deba al normal uso de las cosas o instalaciones de la vivienda. Tercero.- El demandante aporta informe pericial elaborado el 1 de octubre de 2018 por doña Valeria Pilar Delemus Gomez Trenor (obrante a los folios 27 ss. de los autos), que ha sido ratificado y aclarado en el acto de la vista, en el que la perito reseña que tras haber visitado el local del demandante en dos ocasiones comprueba la existencia de filtraciones puntuales y esporádicas que proceden de algún elemento privativo del piso superior. Manifiesta no haber podido examinar el inmueble del que procede el agua porque no se le ha franqueado la entrada, pero tras hablar con el Presidente de la Comunidad y con un fontanero, considera que el origen de las filtraciones se encuentra en un plato de ducha que no está correctamente impermeabilizado, o en su defecto, en algún otro desagüe privativo. Valora la reparación de los daños sufridos por el local de don Antoni Joan Tornil Keenan en 330,38 € (IVA incluido). Los demandados no han contestado la demanda, no han formulado oposición a la reclamación de la parte actora, ni han impugnado la autenticidad de los documentos aportados por el demandante, lo que permite entender acreditada la existencia del siniestro, la responsabilidad de don Thomas Paul Mimenza Moniz y doña Alba Juste Bargiela como propietarios del elemento privativo del que provinieron las filtraciones, y la realidad de los daños causados, por lo que procede estimar la demanda interpuesta, condenando a los demandados a abonar a la parte actora la suma reclamada de 330,38 € y a realizar las obras necesarias para que dejen de producirse las filtraciones en el local de don Antoni Joan Tornil Keenan. La suma objeto de condena deberá incrementarse con el interés legal del dinero desde la fecha de presentación dc la demanda, por aplicación de lo dispuesto en los arts.1 100 y 1 108 cc. Cuarto.- Por aplicación del criterio del vencimiento objetivo consagrado en el art.394 LEC, las costas se imponen a la parte demandada. VISTOS los mencionados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, Que estimando la demanda formulada en autos de juicio verbal n o 818/2018 por la Procuradora doña M a Paola Michelle Flujas Juanola, en representación de don Antoni Joan Tornil Keenan, contra don Thomas Paul Mimenza Moniz y doña Alba Juste Bargiela, sobre responsabilidad extracontractual, debo condenar y condeno a los demandados a abonar al demandante la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CENT IMOS (330,38 G) incrementada con el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, y a realizar las obras necesarias para que dejen de producirse las filtraciones al demandante, con imposición a los demandados de las costas procesales causadas. Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el art.455.1 LEC. Unase esta resolución al libro de su clase, autos testimonio de la misma, y notifíquese a las partes. Así por esta mi sentencia, fallando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo en Vigo, a doce de febrero de dos mil veinte Y como consecuencia del ignorado paradero de CASTRO GIL, FRANCISCO MODESTO PHILIPPS, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación; En Vigo, a dieciocho de febrero de dos mil veinte- La letrado de la Adminsitracion de Justicia.