PROCEDEMENTO ABREVIADO 14/2017, CUESTIÓN DE ILEGALIDADE
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA — Xulgados do Contencioso-Administrativo — De Pontevedra (Edictos xudiciais, 13/07/2018)

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Pontevedra. AUTO: Pontevedra, 13.06.2018.1.—En sentencia de 14.05.2018 dictada en los autos de Proceso Abreviado nº 14/2017 (y PA 60/17 acumulado proveniente del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Pontevedra), seguidos a instancia de Ramiro Vicente Achalandabaso Urrizalqui y Perla Yechou Olar. frente al ORAL y el Concello de Tui, este juzgado ha estimado el recurso formulado contra las resoluciones de 10.10.2016 y 11.01.2017 del Tesorero del Organismo de Recaudación de la Administración local (O. R. A. L.) desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones giradas a cargo de los demandantes en concepto de tasa de recogida de basuras para los 2º, 3º y 4º trimestre del año 2013, 4º trimestre del año 2014; 1º, 2º, 3º y 4º trimestre del año 2015 así como para el 1º trimestre del año 2016 y, por otra parte, del recurso de reposición formulado contra la liquidación por el 2º trimestre de 2016. El fallo de la sentencia dictada acoge dicho recurso al entender ilegal el punto 3 del Anexo de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras (cuadro tarifario) del Concello de Tui por cuya aplicación se han dictado las liquidaciones frente a las que se ha formulado dicho recurso. Asimismo, en el fallo se acuerda, una vez declarada la firmeza de la sentencia, que este Juzgado planteará una cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia relativa al punto 3 del Anexo de tarificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras del Concello de Tui.2.—La sentencia dictada en dicho recurso, frente a la que no cabe interponer recurso de apelación, ha sido recientemente declarada firme, en diligencia de ordenación de 05.06.2018.3.—Dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a la constancia en los autos de la declaración de firmeza de dicha Sentencia, se acuerda el planteamiento de la cuestión de ilegalidad a que hace referencia su fallo. PRIMERO: El artículo 27.1. LJCA dispone que “cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes (que recogen las excepciones a la regla general: cuando el Juez sí sea competente para conocer de la impugnación directa, así como la potestad del TS para plantear cuestión de ilegalidad sobre cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma). El artículo 123.1. LJCA exige al Juez o Tribunal que haya de plantear la cuestión de ilegalidad que lo haga mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. Según establece dicho precepto, “la cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda.” SEGUNDO: En el Procedimiento Abreviado seguido con el número 14/2017 (y Proceso abreviado nº 60/2017 en origen tramitado ante el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Pontevedra), de que trae causa la incoación del presente procedimiento, en que han intervenido como partes, por un lado, como recurrentes, Ramiro Vicente Achalandabaso Urrizalqui y Perla Yechou Olar.; y por otro, el ORAL y el Concello de Tui, se dictó Sentencia cuyo Fallo reza del siguiente tenor literal: “Estimo el recurso contencioso administrativo seguido ante este juzgado como Proceso Abreviado nº 14/2017 (y Proceso abreviado nº 60/17 en origen tramitado ante el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Pontevedra) a instancia de Fanny Beatriz Mueses Hortensi y Perla Yechou Olar contra las resoluciones de 10.10.2016 (expediente nº 39160000018565) y 11.01.2017 (expediente nº 3916000001909) del Tesorero del Organismo de Recaudación de la Administración Local (O. R. A. L.) dependiente de la Diputación Provincial de Pontevedra desestimatorias, respectivamente, de los recursos de reposición interpuestos contra las liquidaciones giradas a su cargo por la tasa de recogida de basura para los 2º, 3º y 4º trimestres del año 2013, 4º trimestre del año 2014; 1º, 2º, 3º y 4º trimestre del año 2015 así como para el 1º trimestre del año 2016; por otra parte, del recurso de reposición formulado contra la liquidación por el 2º trimestre de 2016. Declaro dichas resoluciones no conformes a derecho al entender ilegal el punto 3 del Anexo de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras (cuadro tarifario) del Concello de Tui por cuya aplicación se han dictado. Con condena a cargo de la Administración demandada a devolver (el ORAL en su condición de Administración ejerciente por de delegación del Concello de las labores de gestión de la tasa) a los recurrentes el importe de lo abonado en virtud de dichas liquidaciones a su cargo, con más el interés legal desde la fecha en que se hubieran abonado.” Como resulta de la parte dispositiva de la Sentencia dictada en el procedimiento de referencia, se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto en aquél al entender que se ha aplicado en el expediente administrativo una disposición general como es la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras del Concello de Tui que en el particular contenido en el punto 3 de su Anexo (donde se describe el cuadro tarifario a aplicar) se ha considerado ilegal. Las razones que llevan al juzgado a considerar ilegal el punto 3 del Anexo de dicha ordenanza se recogen en la sentencia en su Fundamento Jurídico Quinto de acuerdo con el siguiente tenor literal: QUINTO: Entrando ya en lo que ha sido el debate sustancial en los presentes autos, y a fin de dar una respuesta congruente a las pretensiones articuladas ante este juzgado por las partes en conflicto, precisamente para ahondar en las cuestiones que ya se han intentado tratar en el FJ tercero de esta misma sentencia, al menos parcialmente a la hora de declarar o no admisible el recurso, tiene interés hacer alusión a la misma Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en que el propio representante del ORAL y del Concello de Tui, durante su exposición oral en Sala, se apoyó para defender que el ataque indirecto pretendido en este recurso contencioso con respecto a la Ordenanza fiscal de aplicación no era posible; es decir, a la Sentencia de 7 de febrero de 2017. Todo ello porque, a entender de quien suscribe, salvo mejor criterio, no es posible considerar tan taxativa la decisión o solución alcanzada en esa sentencia acerca de las dudas suscitadas en torno a lo que sería el debate sustancial aquí. Por más que haya que reconocer que sus conclusión son más fácilmente capaces de servir a la fundamentación de las demandadas. La STS de 07.02.2017 ya referida se dictó en fecha reciente en respuesta al recurso de casación nº 3700/2015, interpuesto contra la sentencia de 1 de septiembre de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pronunciada en el recurso contencioso-administrativo nº 66/2014, sobre modificación de la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Santander reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua; porque en buena parte lo que se indica por el TS en esa resolución aclara los casos en que cabe o no, por qué defectos concretos, y en qué condiciones de procedibilidad, y por tanto de admisibilidad del recurso, una impugnación indirecta de una Ordenanza fiscal en su condición de disposición general para cuya aplicación se han dictado los actos liquidatorios que se tratan de recurrir en forma directa. En la sentencia a casar, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó el recurso nº 66/2014, interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santander, adoptado en sesión plenaria de 20 de diciembre de 2013, en que se desestiman las alegaciones a la modificación de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua y se aprueba definitivamente la ordenanza reguladora de la tasa, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 31 de diciembre de 2013; y lo hace abordando en primer lugar la cuestión relativa a la determinación del estricto objeto impugnatorio, que suscitaba dudas en cuanto a su extensión pues, de un lado, el escrito de interposición de recurso, así como el suplico de la demanda, identificaron lo que se recurría de un modo claro y preciso, como la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal de suministro del agua para 2014, prescindiendo por tanto de la impugnación de las anteriores y en particular, de la relativa a 2012, en que se introdujeron cambios sustanciales en la estructura tarifaria que las sucesivas arrastran o incorporan a su contenido. A partir de esa constatación, la Sala considera que el hipotético recurso directo contra la ordenanza reguladora de la tasa correspondiente a 2012 habría sido deducido fuera de plazo, computando éste a partir de su publicación, según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley de esta jurisdicción. No obstante lo cual la sentencia entra explícitamente a abordar el examen de los motivos y argumentos en que se discute, precisamente, esa estructura tarifaria -la proveniente de la Ordenanza de 2012-, y analiza la prueba propuesta al respecto por cada una de las partes contendientes, si bien para dar a la pretensión una respuesta negativa, desestimatoria. Dice el TSJ cántabro en su resolución: '[.] PRIMERO: El recurso se interpuso el día 18 de febrero de 2014 contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander de 20 de diciembre de 2013 por el que se acuerda desestimar las alegaciones presentadas frente a las modificaciones de la Tasa de suministro de Agua y Alcantarillado de 2014 y se acuerda aprobar definitivamente las citadas Ordenanzas Fiscales de Tasas para el año 2014, publicadas en el BOC de 31 de diciembre de 2013. Los hechos de los que trae causa el pleito derivan del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa demandada en fecha 31 de marzo de 2006, por el que según las Cláusulas Administrativas Particulares la retribución del concesionario se haría según las tarifas aprobadas y esta cantidad se podría incrementar anualmente hasta un máximo del IPC de los últimos doce meses. Pero la Cláusula 21 dice que la estructura tarifaria se podrá modificar en determinadas circunstancias. En este caso, el 29 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Santander en Pleno aprobó una nueva estructura tarifaria. Esta se empezó a aplicar en fecha 1 de julio de 2012, y fue la base para el incremento de las tasas de 2013 (aprobada a finales de 2012) y para la del año 2014 (aprobada a finales del año 2013). Para el caso de la Tasa de 2014, se realizó un estudio económico por Don Nazario en fecha 16 de octubre de 2013, se supuso la base para la aprobación provisional de la Tasa de 2014, por acuerdo de 31 de octubre de 2013, frente al que el actor presentó alegaciones, en fecha 9 de diciembre de 2013, y que se desestimaron por 'el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander de 20 de diciembre de 2013 por el que se acuerda desestimar las alegaciones presentadas frente a las modificaciones de la Tasa de suministro de Agua y Alcantarillado de 2014 y se acuerda aprobar definitivamente las citadas Ordenanzas Fiscales de Tasas para el año 2014, publicadas en el BOC de 31 de diciembre de 2013', que es la resolución ahora impugnada. En cuanto al objeto del pleito, a pesar de la dificultad que ha tenido la Sala para entender cuáles eran las resoluciones impugnadas por el recurrente, porque parecía que la demanda tenía una extensión superior a la del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, pero entendiendo que la interposición del recurso en esta Sala (no en los juzgados de primera instancia) desde el inicio del procedimiento judicial, dejaban claras las intenciones del actor, y a la vista de las alegaciones formuladas por todas la partes, en el plazo extraordinario concedido por la Sala al final de la tramitación del procedimiento, e intentando dar al recurso y pretensiones de la actora la mayor amplitud posible, siempre dentro de los límites del derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución para todas la partes en el procedimiento, se concluye que la actora tuvo la intención inicial de impugnar directamente el cambio de estructura tarifario de 2012 y las tasas de 2013 y 2014, pero que finalmente renunció a la impugnación de la Tasa de 2013 por habérsele pasado el plazo de impugnación, tal y como pone de relieve en le escrito de demanda en la página 7 (último párrafo). SEGUNDO: Respecto al recurso directo contra la Disposición General relativa a la modificación de la estructura tarifaria, la misma se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de febrero, se publicó en el Diario Oficial correspondiente el día 15 de mayo de 2012 para su aplicación a partir del día 1 de julio del mismo año. Establece el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa que: '1ª. El recurso contencioso- administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos'. Continúa el artículo 26 de la ley rituaria diciendo: '1ª. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.2º. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior'. Por lo que estos preceptos interpretados a la luz del artículo 46.1 que dice: 'El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto'. Por lo que con relación a la impugnación directa del cambio de estructura tarifaria, vemos que nos encontramos con un claro ejemplo de extemporaneidad ya que las alegaciones sobre el mismo realizadas en vía judicial superan con mucho el plazo de los dos meses descritos en el párrafo anterior, y se debe confirmar, por tanto, la resolución administrativa de inadmisibilidad impugnada, en este extremo. En todo caso, de haber considerado que la pretensión estaba ejercitada en plazo, habríamos tenido que examinar el óbice procesal apuntado por el Ayuntamiento de Santander, relativo a que no se alega contra la disposición impugnada ninguna causa de las descritas en el artículo 62.2º de la Ley 30/1992, relativa a la nulidad de la disposición impugnada, recordando a las partes que no se pueden alegar ilegalidades genéricas, o infracción de normas en abstracto, de principios generales, etcétera. TERCERO: Al haber admitido la Sala que el recurrente estuviera realizando una impugnación directa de la Disposición General relativa al cambio de estructura tarifaria de los servicios contratados con Aqualia, realizada en el año 2012, y haber entrado a conocer del mismo, para concluir su extemporaneidad, se ha arrogado competencia para conocer de las acciones acumuladas a la anterior, relativa a la impugnación de la Tasa de 2014, que en este caso, a la vista de las fecha de impugnación en vía administrativa, de resolución del recurso administrativo, y de interposición del recurso judicial hemos de declarar su temporaneidad, y entrar a conocer del fondo del asunto, examinado las posibles causas de impugnación que se podrían realizar y examinando las alegadas por el actor [.]'. A partir de las anteriores consideraciones y al margen del juicio que nos pueda merecer ese razonamiento, la Sala a quo analiza los motivos de la demanda proyectados sobre la estructura tarifaria, que es de repetir fue introducida en la ordenanza correspondiente a 2012, pero mantenida y reproducida en la realmente impugnada, la de 2014, que se limita en su artículo 6 a la actualización de las tarifas, establecidas sobre cada una de las categorías que, en función de los distintos usos doméstico o industrial, las circunstancias personales y familiares y, dentro de cada uno de tales epígrafes, los distintos grados de consumo -con parte de la cuota fija y parte variable, incrementada progresivamente en función del exceso de consumo-, se fijaron en la primera de ellas. Señala lo siguiente la sentencia sobre tales motivos: '[.] Con relación a este extremo, agrupamos en dos grupos las alegaciones relativas al cambio de estructura tarifaria, cuya ilegalidad predica el actor, para arrastrar la ilegalidad de la Tasa de 2014, y que de ser estimadas afectarían, exclusivamente, a la validez de ésta, ya que respecto a la Disposición General ya hemos resuelto la extemporaneidad de su impugnación: 1º.—Las relativas a los perjuicios que este nuevo sistema produce a los consumidores. El hecho quinto de la demanda, en la página 4 de ésta, describe las cuotas a pagar por los consumidores hasta 2011 y las resultantes después del cambio de 2012. Se trata de unos cálculos realizados por el propio actor y explicados en la página 19 de la demanda, basándose en un informe pericial, acompañado con la misma. Tal informe, redactado por don Carlos José, Ingeniero de Caminos, en fecha 29 de agosto de 2014, realiza un estudio de cuotas de consumo por el servicio de abastecimiento de aguas y basuras relativo al año 2011 y a los posteriores. Concluye el perito que la modificación del sistema encubre un notable incremento de tarifas que supone un gran beneficio para Aqualia y un gran perjuicio para los consumidores. Para ello se basa en unos datos estadísticos publicados en el Diario Montañés por el que dos asociaciones de consumidores cifraban el aumento de la cuota en un 15,5% y en un 40%. La forma que tiene el perito de justificar esta enorme diferencia de datos es la imposibilidad que tiene él mismo de fijar una cifra concreta por la no posible comparación directa de cifras al haber cambiado el sistema. Por otra parte, en la página tercera del informe el perito dice que la repercusión en los ingresos de Aqualia tampoco se puede cifrar en este momento al no tener datos comparativos completos de un año entero, basándose en los datos de la página 44 del Expediente administrativo. Por lo que no se puede tener en cuenta lo manifestado por el perito de la parte actora al tratarse el informe de un estudio aproximado, no concreto, basado en datos aparecidos en periódicos, cuya fuente desconocemos. El propio perito dice que los datos que maneja son aproximados y que los cálculos no los hace directamente. Se basa en un consumo medio publicado por el INE para 2011 y ese consumo lo arrastra a los demás años, ajustando esas cifras a lo que él entiende que puedan ser viviendas vacías, secundarias y principales y reconociendo, que no conoce el dato exacto de consumo registrado por persona y día, aplica lo publicado por el INE para 2011, considerando la diferencia de unos 20 litros diarios por persona que reconoció el Gobierno de Cantabria, para los cántabros (no santanderinos) en 2005, y recogiendo también la diferencia con los datos facilitados por la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (A. E. A. S). No se puede por tanto, encontrar un fundamento sólido para los argumentos del actor, pero la Sala no sólo encuentra dificultades en atender a un informe que concluye que no se puede dar un resultado exacto del incremento de la tarifa pero que en todo caso sería de entre un 23% a un 28% más o menos, sino que además, el informe recoge un enorme número de cuadros y cálculos que son refutados por los informes presentados por los peritos de las otras partes. Así, con la contestación a la demanda, el Ayuntamiento de Santander adjunta un informe pericial redactado por doña Inocencia, Ingeniero de Caminos, redactado el 23 de septiembre de 2014 que concluye que la cuota a pagar por los abonados, tras la modificación de 2012, se redujo para el 70% de los mismos y que en la anualidad de 2013 se produjo un déficit tarifario del 2,64%. Critica el informe pericial de la parte actora por utilizar datos de encuestas, datos de años antiguos, o limitar su estudio de comparación a dos años, periodo muy corto cuando hablamos de una concesión por 25 años. Refuta los resultados dados por su colega al informar para la actora por no haber tenido en cuenta la caída del agua registrada entre el año 2004 al 2011 (del 12,22%) y el aumento de la caída en las últimas anualidades produciéndose, sólo entre 2011 y 2013 un descenso del consumo de agua de un 4,7%. Por otro lado, la parte codemandada, presenta un informe elaborado por la Universidad de Cantabria, por el Catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos, Don Bernardino quien critica los resultados de la pericial de parte por calcular erróneamente los ingresos de Aqualia, ya que éstos, dice, no dependen exclusivamente de las tasas. Concluye además, que según su criterio no se han producido variaciones significativas de los resultados (ingresos-gastos) de la concesión y dice que todos los datos del citado informe habrían de corregirse porque no tiene en cuenta los datos de descenso de consumo o acoge datos que derivan de encuestas, etcétera (página 21 de su informe). Por lo que debe desestimarse esta alegación de la demanda.2º.—Entrando en la forma o causas de la modificación de la estructura tarifaria, se ha cambiado un sistema de cuota por consumo mínimo y un plus por el exceso a un nuevo sistema de cuota fija más un plus por el exceso dividido en cinco tramos y tarificando de forma diferente cada uno de los tramos. Se justifica el cambio por varios motivos: Facturar el consumo real y no unos mínimos. Fomentar el consumo racional del agua, incentivando consumos por debajo del anterior mínimo. Adaptarse a la normativa europea en el ámbito de la Directiva Marco del Agua, con principios como quien contamina paga–quien más consume más paga- bonificar el consumo de familias numerosas o con todos sus miembros en paro. No se justifica ilegalidad en el cambio, que no se apoya en ninguna de las circunstancias de nulidad previstas en la Ley de Régimen Jurídico. Y la parte demandada, además intenta justificar su legalidad.3º.—Alegaciones relativas a la de ruptura del equilibrio financiero, en este caso existe un informe elaborado por don Felix, de fecha 25 de septiembre de 2014, interventor del Ayuntamiento. Tal informe, que se adjunta como documento número dos de la contestación a la demanda, afirma que no existe tal ruptura, pero en todo caso, la concesión no lleva ni ocho años en vigor, de los 25 previstos, y para estimar esta ruptura de equilibrio financiero habría que examinar periodos amplios de tiempo y no uno o dos años como hace la actora. Dato que también apuntan los dos peritos de las partes demandadas y codemandadas.4º.—En lo relativo a la insuficiencia del estudio económico elaborado por Don Nazario en fecha 16 de octubre de 2013, la demanda afirma su insuficiencia a la luz de la normativa aplicable. Pero tal norma que no es otra que la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, ha sido modificada y a la entrada en vigor de la modificación de la estructura tarifaria el artículo 25.2 º de la Ley, alegado por el actor, ya incluía un segundo párrafo que dice: 'no resultará preciso acompañar el informe técnico- económico a que se refiere al párrafo anterior cuando se trate de la opción de acuerdo motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente'. Pero en todo caso, vemos como lo que hace el informe impugnado y examinado es fijar la nueva tasa según el incremento del IPC de los últimos 12 meses, cuantificado en un 1,8%. De este índice no se alega incorrección, por lo que parece que no sería necesario ningún informe técnico-económico, pero de serlo bastaría éste y lo único que se podría alegar en contra es la incorrección en el cálculo del citado índice IPC, caso que no se alega. Y continúa la Sala de lo contencioso del TSJ de Cantabria: “Pero, en puridad, la Tarifa de 2014, si no hace referencia al cambio de estructura tarifario, que ya se ha examinado en el fundamento anterior, sólo puede ser atacada en relación a una incorrecta subida anual por haberse superado el coste del servicio, que es el máximo previsto en el punto 21 del Pliego de Condiciones Particulares, es decir, al IPC de los últimos doce meses, lo que parece que no ha ocurrido, ya que de la lectura de las alegaciones de la parte actora en la página 17 de la demanda, se deduce que sus cálculos arrojan el resultado de un incremento superior porque le suma al aumento de un 1,8% correspondiente al IPC, un aumento por la modificación de la estructura tarifaria. Pero esta suma no se puede realizar, en primer lugar por lo que hemos dicho y nos remitimos nuevamente al fundamento anterior, y en segundo lugar porque la segunda cifra que el actor suma resulta de unos cálculos realizados por él no refrendados por informe pericial alguno, como hemos dicho también con anterioridad, por lo que se debe concluir la íntegra desestimación del recurso [.]'. De manera que la sentencia en cuestión entiende que al no haberse impugnado en su día la nueva estructura tarifaria (aprobada en una versión anterior de la misma ordenanza que no había sido objeto de ataque alguno) y haber transcurrido, en cualquier caso, el plazo de dos meses desde la aprobación de aquélla, no cabría ahora discutir la legalidad de la estructura tarifaria incorporada a las Ordenanzas para el año 2014, al ser coincidente con la aprobada en 2012. La sentencia contiene un voto particular que viene a defender lo que sigue: no es extemporáneo el Recurso que se interpone, en cuanto a las Ordenanzas aprobadas el 20 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que mantengan articulado de Ordenanzas anteriores, constituyen una disposición general nueva susceptible de Recurso directo, que puede afectar íntegramente al contenido de la Ordenanza. Lo decidido por la Sala de Cantabria suscita la interposición, ante la Sala 3ª, de un recurso de casación formulado por la parte promovente del recurso contencioso. Ante el Supremo el recurrente defiende que la publicación de una disposición general, aunque sea por modificación parcial, reabre la vía de la impugnación directa del precepto tras su modificación, por cuanto que cuando se trate de disposiciones generales no cabe proyectar la doctrina del acto consentido y menos aún del acto consentido y firme, y ello no solo porque dicha doctrina no se compadece con la posibilidad de impugnación indirecta que contempla el artículo 26.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino porque, de ser así, habría que dilucidar si el actual recurrente pudo haberlo sido a la fecha de incorporación a una disposición general del precepto que recoge la disposición general objeto del recurso. También se invoca una infracción de los arts.24 y 25 Ley de Haciendas locales que se habría producido con esa Sentencia del TSJ de Cantabria entendiendo el recurrente en casación que '[.] del texto del artículo 25 del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004 vigente en la fecha en que se aprueban las Ordenanzas señaladas, bien puede concluirse que el Informe Técnico Económico al que se refiere la norma citada no resulta preciso 'cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general, ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente'. Resultando a su entender evidente que la referencia a considerar a los efectos de que resulte o no de aplicación el párrafo tercero del artículo 25 del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004 lo es la consideración de la estructura tarifaria existente al inicio de la Concesión y la estructura tarifaria que contemplan las Ordenanzas recurridas con vigencia a partir del día 1 de enero de 2014. Si ello fuera así, estaría fuera de toda duda, que las Ordenanzas recurridas deberían haber incorporado el Informe Técnico Económico a que alude el artículo 25 del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004, y dado que no es objeto de discusión que dicho Informe Técnico Económico no se emitió, resultaría patente la vulneración del precepto anteriormente señalado y por ello la nulidad de las Ordenanzas impugnadas. En respuesta a ese recurso de casación, dice el TS en su sentencia de febrero de 2017: “… la cuestión sustancial que aquí se suscita, presupuesto de todas las restantes pretensiones y motivos, es si la parte recurrente tenía la facultad de impugnar, con ocasión del recurso entablado frente a la ordenanza reguladora de la tasa para 2014 -la cual se limita, como ya hemos visto, a actualizar las cuotas- aspectos de ésta en que se reproducen los de versiones anteriores de la ordenanza -en lo relativo a la nueva estructura tarifaria introducida en 2012- y, aun si damos a tal pregunta una respuesta positiva (el uso de la negrita y el subrayado son enteramente propios de esta resolución judicial, no aparecen en la originaria, del TS), cabe la incógnita de si esa facultad impugnatoria es absoluta e ilimitada o puede ser reducida atendiendo a la materia regulada, a la índole de la innovación y a otros aspectos como la posibilidad de rebatir los informes y datos económicos que justificaron en su día ese cambio en el esquema de las tarifas. Pues bien, cabe decir que este motivo de casación, que parece nuclear en la dinámica del recurso, globalmente considerado, sin embargo carece de efecto útil para obtener la invalidación de la sentencia y condigna anulación de la ordenanza que se postula, por lo que resulta ineficaz o inútil, puesto que los preceptos mencionados y sobre los que el motivo se desarrolla se limitan a combatir sólo algunos aspectos parciales de la sentencia, dejando incólumes otros de igual transcendencia que la Sala de instancia tuvo en cuenta como base para alcanzar su fallo. En otras palabras, aun cuando considerásemos que se han infringido los preceptos que se aducen, la sentencia se mantendría en sus mismos términos desestimatorios. Ello es así porque la alegada vulneración de los artículos 25.1 y 46.1 de la Ley Jurisdiccional, aun unida a la de los artículos 24 y 106.1 de la Constitución, a lo sumo conduciría a la consecuencia de que la ordenanza aprobada en 2012 -de la que arranca la incorporación de la nueva estructura tarifaria- podía ser examinada en todas sus facetas y sin restricciones, pero tal actividad ya la llevó a cabo la sentencia, al margen de la extemporaneidad sobre la que razona -pero que no declara ni lleva a la parte dispositiva-. Ya hemos señalado más arriba que, con razones o sin ellas para hacerlo, la Sala de instancia ha abordado de hecho la impugnación acometida en la demanda, para rechazar que, materialmente, concurriesen razones de nulidad específicas en el hecho de introducirse un nuevo modelo tarifario en la ordenanza de 2012. Ésta, desde luego, no es que fuera recurrida fuera de plazo, sino que no fue en absoluto impugnada, tal como acertadamente observa el voto particular, que con razón descarta la posibilidad de la impugnación directa y también de la indirecta de la ordenanza de 2012, por motivos jurídicos en que no es dable detenerse ahora. Pero tal obstáculo procesal, al que esta Sala ya se ha referido en diversas sentencias -tales como las de 3 de mayo de 2016 (recurso de casación nº 2117/2014 ) y aquéllas a las que se remite, de 10 y 14 de mayo de 2012 ( recursos de casación nº 1622 y 2188/2008 ); y 30 de mayo de 2015 (recurso nº 850/2014 )-, no impide de suyo analizar la disposición general nueva en la medida en que reproduce o incorpora, en su regulación del artículo 6, la misma estructura de tarifas, con las cuotas actualizadas. De hecho, la Sala las ha analizado, con lo que no hay infracción posible de los preceptos invocados en el motivo, pues el artículo 25.1 LJCA tiene una aplicación meramente marginal en el caso, pues se refiere a la actividad administrativa impugnable, que no está en pugna; el artículo 46.1 LJCA tampoco ha sido quebrantado, pues en realidad no debió entrar en juego ni ha privado al actor en la instancia del debate que pretendía; ni tampoco ha habido vulneración de los artículos 24 y 106.1 de la Constitución -ciertamente ayunos de desarrollo argumental- bastando al efecto con señalar que ninguna indefensión se ha ocasionado al demandante, por las razones expuestas. Dicho lo anterior, las normas jurídicas cuya conculcación sostiene el tercer motivo de casación no son suficientes para abatir la sentencia sin el necesario complemento de otras que se omiten, pues ni en éste ni en ningún otro motivo se controvierte la conclusión cardinal que alcanza la sentencia para rechazar la impugnación en lo relativo al fondo de la cuestión, esto es, respecto a la procedencia o no de la estructura tarifaria nueva, cuál es la indeterminación de la causa legal que, conforme al artículo 62.2 de la Ley 30/1992, se pretendía hacer valer como base para la pretendida nulidad. Cabe reproducir lo que al efecto argumenta la sentencia, sin que el recurso de casación haya polemizado sobre ese primordial aspecto del debate: '[.] En todo caso, de haber considerado que la pretensión estaba ejercitada en plazo, habríamos tenido que examinar el óbice procesal apuntado por el Ayuntamiento de Santander, relativo a que no se alega contra la disposición impugnada ninguna causa de las descritas en el artículo 62.2º de la Ley 30/1992, relativa a la nulidad de la disposición impugnada, recordando a las partes que no se pueden alegar ilegalidades genéricas, o infracción de normas en abstracto, de principios generales, etcétera [.]'. Expresado lo anterior, resulta conveniente añadir que, si bien es factible proyectar la queja sobre la ordenanza efectivamente recurrida, la de 2014, discutiendo la conformidad a Derecho de cualesquiera normas de su regulación, aun cuando fueran réplica o traslación de otras idénticas contenidas en versiones anteriores de la ordenanza que no fueron impugnadas, no por ello el examen sobre la procedencia en derecho de esa nueva estructura tarifaria puede efectuarse ahora del modo integral pretendido por la parte recurrente. Basta al efecto con las siguientes consideraciones: a) Los datos, informes y antecedentes que sirvieron de base para la aprobación de la ordenanza de 2012 forman parte del procedimiento de elaboración de ésta y no pueden ser ahora, tardíamente, objeto de contradicción, pues si tal proceder es inviable, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en el ámbito de la impugnación indirecta de las disposiciones generales con ocasión de la de sus actos de aplicación -que deben dejar intangible los vicios de procedimiento que afecten a los interna corporis de éste -, con mayor razón debe quedar excluido ese enjuiciamiento cuando ni siquiera sería procedente una impugnación indirecta, sino la impugnación de otra norma reglamentaria, la ordenanza, fruto de otro procedimiento de elaboración. b) También han de quedar extramuros de nuestro análisis, con carácter absoluto, los vicios de legalidad que la recurrente sitúa, tanto en la instancia como en esta casación, en pretendidas infracciones del pliego de cláusulas de la concesión del servicio a la empresa adjudicataria de su prestación, pues tal cuestión no sólo excede de la legitimación reconocida al recurrente en el proceso como usuario del servicio sino que, objetivamente, no constituyen un parámetro para enjuiciar la conformidad a Derecho de la tasa configurada en la ordenanza de 2014 -ni tampoco en la de 2012, de la que nace la tan controvertida estructura tarifaria innovadora-. Al margen de toda otra consideración y aunque admitiéramos a efectos polémicos que con la recaudación global obtenida de la tasa se altera el equilibrio económico de la concesión o se ve injustamente enriquecido el concesionario, no por ello cabría anular, con ese solo dato, la ordenanza fiscal, que es manifestación del ejercicio de la potestad tributaria que la ley asigna a las entidades locales, sin que conste, ni se haya alegado por el recurrente, la existencia de infracción alguna en el ejercicio de tal potestad. c) En relación con lo anterior, ni la demanda, ni tampoco la sentencia, se hacen eco de la distinción entre los aspectos discrecionales de los puramente reglados en la configuración normativa de la tasa impugnada, pues los primeros, inequívocamente presentes en la elección por el Ayuntamiento de Santander de un modelo o esquema tarifario nuevo, con exclusión de otros posibles e igualmente lícitos, no son susceptibles de control de legalidad, salvo a través de alguna de las técnicas de fiscalización de los actos discrecionales, que en ningún caso han sido aquí desplegadas, mientras que respecto a los segundos, no se denuncian en casación defectos de legalidad que concurran en la disposición recurrida, salvo en lo relativo al informe técnico-económico exigido en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-. También tiene interés citar aquí, en forma literal, el razonamiento de la Sala 3ª en su sentencia de febrero relativo a la procedencia de invocar, en un caso muy parejo al de autos, una supuesta infracción derivada de la ausencia de informe técnico económico financiero: “… por lo que respecta al informe técnico-financiero, cuya infracción canaliza la parte recurrente a través del cuarto motivo de casación, articulado a través del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional, tiene razón la sentencia al aplicar al caso el artículo 25.1 de TRLRHL, en la redacción aplicable ratione temporis al caso, anterior a la conferida al precepto por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, conforme al cual '. No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente'. Tal es, obviamente, el caso. La nueva estructura tarifaria incorporada al régimen de las tasas municipales de Santander en 2012 ya dio lugar al correspondiente informe técnico-económico que, como hemos señalado más arriba y ahora repetimos, sólo podía ser rebatido en su contenido y conclusiones en el ámbito de un recurso directo contra el reglamento -la ordenanza- que no se produjo. Siendo ello así, la limitada modificación de la ordenanza de 2014, ceñida únicamente a la actualización de las cuantías de las cuotas en función del IPC, hacía innecesaria la emisión del informe, conforme a la ley, no obstante lo cual tal informe fue presentado, si bien obviamente constreñido, en su objeto, a los aspectos estrictamente innovadores de la regulación, no a los incorporados en ediciones anteriores de la ordenanza. A tal respecto, es indiferente que '. las Ordenanzas de Tasa de Suministro de Agua y Alcantarillado para el año 2014 mantenían una estructura tarifaria plenamente distinta de la estructura tarifaria establecida en el contrato administrativo de 31 de marzo de 2006.', pues no es tal contrato de concesión, como hemos razonado más arriba, el canon de legalidad para enjuiciar la ordenanza fiscal, ni en sus aspectos sustantivos ni en los procedimentales” Volviendo sobre la procedibilidad de una impugnación indirecta, por los motivos que se dicen en la demanda, de una versión actual de la misma Ordenanza, cuando se limita a una modificación acorde con el incremento del IPC de unas tarifas cuya forma de ser fijadas se deducirían de un cuadro o estructura tarifarios aprobados sin objeción o recurso alguno en contra en una versión anterior de esa misma Ordenanza, entiendo que lo que argumenta el TS en esa su sentencia de febrero de 2017 no cierra del todo, para todos los casos, la vía en cuestión. No hay duda de que en un buen número de ocasiones se ha cerrado esa vía, en la jurisprudencia de la propia Sala 3ª que se cita en la de febrero de 2017. Y se ha cerrado esa vía de una forma que podríamos llamar doble: tanto para el caso de que no se hubiera atacado en su momento la versión de la propia Ordenanza donde se venía a aprobar el cuadro tarifario de partida, del que no constituiría más que una simple modificación automática, de acuerdo con el IPC, la segunda versión de acuerdo con cuya aplicación se giran las liquidaciones discutidas; como en lo relativo a la alegación de que se ha producido la última modificación sin antes disponerse de un informe o memoria económico-financieros por resultar innecesario cuando el objeto de la versión nueva de la ordenanza se haya limitado a la actualización de tarifas según el IPC (SsTS de 14.05.2012, RJ 2012, 8052; de 20.07.2009, RJ 2010,675; de 10.05.2012, RJ 2012, 6637, de 27.11.2012, RJ 2012,11014, recurso de casación nº 989/2010). Lo declarado por el propio TS en esas sus sentencias, sin embargo, se “relativiza” por la Sala 3ª con motivo de la de febrero de 2017 (al menos parece que se podría alcanzar esa conclusión) cuando se indica lo siguiente: “Pero tal obstáculo procesal, al que esta Sala ya se ha referido en diversas sentencias -tales como las de 3 de mayo de 2016 (recurso de casación nº 2117/2014 ) y aquéllas a las que se remite, de 10 y 14 de mayo de 2012 ( recursos de casación nº 1622 y 2188/2008 ); y 30 de mayo de 2015 (recurso nº 850/2014 )-, no impide de suyo analizar la disposición general nueva en la medida en que reproduce o incorpora, en su regulación del artículo 6, la misma estructura de tarifas, con las cuotas actualizadas. De hecho, la Sala las ha analizado, con lo que no hay infracción posible de los preceptos invocados en el motivo, pues el artículo 25.1 LJCA tiene una aplicación meramente marginal en el caso, pues se refiere a la actividad administrativa impugnable, que no está en pugna; el artículo 46.1 LJCA tampoco ha sido quebrantado, pues en realidad no debió entrar en juego ni ha privado al actor en la instancia del debate que pretendía; ni tampoco ha habido vulneración de los artículos 24 y 106.1 de la Constitución -ciertamente ayunos de desarrollo argumental- bastando al efecto con señalar que ninguna indefensión se ha ocasionado al demandante, por las razones expuestas.” Tal parece que el Supremo, en ese párrafo literal de su sentencia de febrero de 2017, permite abrir la vía a aquellos casos en que a pesar de que la impugnación indirecta de una Ordenanza fiscal tiene lugar con motivo de la directa de actos de aplicación de una de sus versiones en que se ha limitado la Administración a modificar las tarifas, manteniendo su anterior estructura y cuadro tarifario, con un simple incremento del IPC, sin embargo lo que se trata de conseguir con tal impugnación es un análisis de la disposición general aplicada en la medida en que viene a incorporar idéntica estructura tarifaria (no cuantías) aunque actualizada con el incremento oportuno. De hecho la Sala 3ª hace mención, en el mismo párrafo, a su propia jurisprudencia obstativa de este tipo de impugnaciones indirectas (anudadas a la impugnación directa de actos de aplicación de una Ordenanza cuando los mismos se basen en una versión simplemente actualizada con el IPC de las tarifas cuyos criterios de fijación se hubieran aprobado previamente) para terminar señalando que su propia respuesta a estas dudas no impediría tal impugnación indirecta en supuestos concretos. Entiende esta juzgadora, salvo mejor criterio, que en este caso la nulidad grosera, radical, y por ende ilegalidad, que se predica en el escrito de demanda a cargo de la Ordenanza en su cuadro tarifario, y se demuestra por la recurrente a la hora de atacar la forma en que se elaboró en su día y se aprobó el cuadro o estructura tarifaria de la Ordenanza fiscal, debería conducir a mantener la vía, o si se quiere, tener por reabierta la opción de acudir a un impugnación indirecta de esa Ordenanza, en su versión actual, precisamente por los motivos por los que se trata de articular tal impugnación por más que en la versión de tal disposición general con motivo de las liquidaciones impugnadas por la vía directa el Concello se hubiera limitado a un incremento del IPC de las tarifas previamente fijadas. Esa declaración se desarrolla a continuación, en el entendido de que dentro de la encomienda legal en términos de estricta competencia que se hace cuando se atribuyen las oportunas funciones a los órganos que componen esta jurisdicción contencioso administrativa, se halla la de intentar desterrar del ordenamiento jurídico, de la aplicación dentro del mismo, de disposiciones generales manifiestamente contrarias a la Ley pero también a principios básicos, incluso consagrados por el texto constitucional, como el de prohibición o interdicción de la arbitrariedad. Distinto sería si el defecto sufrido durante la elaboración originaria, de partida, de la Ordenanza, donde se fijaron los actuales cuadros o estructuras tarifarias, reincorporados al texto aprobado en su versión de 2008, fuera menos esencial, o se limitara a una cuestión puramente formal (ausencia de informe o documento técnico económico), pero es que no puede pasar por alto esta Juzgadora, una vez practicada la prueba que se desarrolló en el plenario, las consecuencias que ha tenido, en la práctica, esa elaboración de la versión de la Ordenanza en lo tocante a su “tarificación” (los criterios destinados a tarificar) así como la condición de “esencialidad” que el defecto denunciado, y demostrado a juzgar por la escasez de explicaciones (en los documentos de que ha dispuesto este juzgado con motivo de la práctica de la prueba, incluido el estudio de costes de 2008 que parece “reafimar”, aunque sólo a efectos de actualización por IPC, el anterior cuadro o estructura tarifarios), tiene en este caso. Consecuencias que, además, combinadas con la falta de concreción de dicho estudio de costes, al que es cierto que no se le podría exigir especial profundidad o análisis en lo tocante al cuadro o estructura tarifario incorporados porque se limitaría a documentar una decisión municipal tendente, en exclusiva, a modificar tarifas según IPC, pero en el que parece que el Concello trata de algún de modo de “volver a apoyarse” para mantener o si se quiere reincorporar idéntica estructura, revelan a las claras la insuficiencia de su análisis y valoración. Hay que convenir con la parte demandada en que para la aprobación del nuevo importe de las tarifas que se produjo por el Concello de Tui en las últimas versiones de su propia Ordenanza fiscal, aquellas que provocaron la aplicación de los importes que se contienen en las 13 liquidaciones aquí discutidas, en tanto lo aprobado se limitó a un incremento en el IPC de tarifas previamente fijadas, no era necesario en modo alguno ni un informe económico-financiero ni una memoria de idénticas características destinada a demostrar que se cumplirían los más elementales principios en materia de desarrollo reglamentario de la normativa tributaria siendo además sólo posible, propiamente, atacar esa última modificación por no ajustarse al verdadero incremento en el IPC aplicado, o en el incremento en el coste del servicio. Esto es cierto. Sin embargo, como se ha dicho más arriba, a entender de quien firma esta sentencia, en casos de flagrante ilegalidad, o, si se quiere, de nulidad tan grosera como la que aquí se viene a denunciar con el recurso indirecto intentado frente a la Ordenanza, tal parece que podrían considerarse atacables aquellas disposiciones originarias de la Ordenanza fiscal, de partida, las que se aprobaron en su día y que constituyeron una verdadera modificación esencial en el régimen, cuadro o estructura tarifarios, en tanto podría entenderse que con la aprobación de la nueva versión –la que propició la aprobación de las liquidaciones aquí discutidas— se estaría también “incorporando”, o “reincorporando”, con tal aprobación por el Concello, la misma “estructura o cuadro de tarifas”, aunque fuera sólo con el fin de actualizar tarifas según el IPC. Por otra parte, y aunque no sea exigible propiamente en el caso la elaboración de un informe económico-financiero, debido básicamente a las reglas de aplicación temporal de la norma, que pueda verse sustituido por otro documento (que puede figurar titulado “Estudio de costes”, como sucedió aquí) del que se deriven propiamente los criterios de tarificación, de lo que no hay duda es de que para que ese documento, se llame como se llame, sirva de base a la tarificación, respetando con ello los más elementales principios de elaboración reglamentaria en materia tributaria (uno de ellos es precisamente que se demuestre que la imposición de la tasa se ha hecho acorde con el valor o coste efectivo del servicio), debe contener una indicación suficiente no sólo acerca del coste del servicio (esos datos sí aparecen en el estudio) sino también acerca de la forma en que se “redistribuye” entre los diversos contribuyentes obligados tributarios. Y parece imposible, una vez analizado el conjunto documental que ha constituido la prueba vista por este juzgado durante la tramitación de este asunto llegar a la convicción de que el concello, en su aprobación de la versión de la ordenanza por la que fijó el cuadro o estructura tarifarios ahora incorporados a la versión aplicada al caso, hubiera realmente cumplido con las exigencias de la doctrina jurisprudencial constante al respecto de su especificidad mínima a la hora de establecer los criterios de interés. Según el art.2.2 a) de la vigente Ley 58/2003 General Tributaria, son tasas “los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado". A su vez dice el art.20.4 de la Ley de Haciendas Locales, que "tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la prestación de un servicio público en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción cuando los servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante, o cuando no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Se entenderá que el servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras". El art.24.2 del mismo texto (la Ley de Haciendas Locales, en adelante LHL) señala, además, que "en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.” Y sigue: “Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente". Por último, el art.25 de la misma ley, relativo al informe técnico-económico, dispone que "los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente". La trascendencia de dicho informe o memoria económica financiera deriva directamente de su finalidad, que no es otra que la de justificar que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no exceda, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida, de conformidad con lo previsto en el art.20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y el art.24.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales. Es decir, la especificidad y suficiente motivación en lo relativo a la valoración del coste para cada caso que implica la tarificación de la tasa en cuestión que figure en ese informe o memoria económica es el fundamento del respeto, de la Ordenanza que se aprueba con base al mismo, a principios básicos en materia de tributación, tales como el de equivalencia (rendimiento tasa-coste del servicio) que supone la principal garantía del contribuyente en orden a la cuantificación de la tarifa de la tasa. Aunque es cierto que en el caso de la tarificación, por parte de cada Concello o municipio, de una tasa como la de recogida de basuras, no se exige con idéntico rigor la adecuación de la misma al principio básico en materia de tributación (y de desarrollo reglamentario de la ley tributaria) del necesario respeto a la capacidad económica del contribuyente (cosa que sí sucede con la mayoría de los impuestos), sin embargo, tal y como viene declarando el TS en Sentencias como la de 08.03.2002 de su Sala 3ª, "la elaboración de un estudio económico-financiero del coste de los servicios es pieza clave para la exacción de las tasas. por ello, aun reconociendo las dificultades de llevar a cabo una contabilidad analítica de costes, más difícil a medida que la Administración municipal de que se trate es más reducida en medios materiales y personales, por la concentración ineludible en la prestación de los servicios, es menester, no obstante, un mínimo rigor en su planteamiento y formulación (.)". Y añade: "no es misión (del Tribunal Supremo) elaborar un modelo económico- financiero, pero sí recoger y sintetizar aquellos datos que se han considerado precisos por la doctrina jurisprudencial sobre la materia, como respuesta a las críticas formuladas por numerosos contribuyentes en relación a la justificación de la cuantía de la tasa.": obviamente, la memoria justificativa debe contener la previsión de costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad para cuya prestación o realización se exige la tasa". Asimismo, sobre la trascendencia de dicho informe-memoria viene declarando la Sala 3º del TS en sus sentencias de 12-3-97, 23-5-98, 6-3-99 y 1-7-03, entre otras, que "el estudio económico financiero. no puede merecer la calificación de mero requisito formal que debe preceder a la aprobación de una Ordenanza Fiscal y que, por tanto, es perfectamente subsanable, pues, por el contrario, se trata de un instrumento de principal importancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria, como resultado de la valoración de la relación costes globales e ingresos referentes a la prestación del servicio de que se trate, de modo que tal informe o elemento que coadyuva directamente a la determinación de la deuda tributaria está sometido al principio de reserva legal ( arts.10. a ) de la LGT y 31.3 de la CE ) y, por tanto, si falta en la Ordenanza, ha de convenirse que la misma carece de un elemento esencial determinante de su validez y no responde a los criterios legalmente establecidos para la cuantificación de la Tasa". En cuanto a la necesaria ponderación, en la tarificación de la tasa, que hay que presumir que debe hacer el Concello para mantener la misma en condiciones de “igualdad” de manera que no propicie, al menos no groseramente, situaciones de claro trato desigual entre establecimientos de idéntica condición, hay que decir que la LGT permite la diferenciación entre sujetos pasivos sobre la base de la distinta capacidad económica, la cual ha de quedar evidenciada y sustentada en datos objetivos que la propia norma de imposición del tributo ha de expresar o indicar y justificar en razones objetivas. Y por más que una posible desigualdad de trato por sí misma, en estos casos, no está proscrita, como tiene dicho abundante jurisprudencia en interpretación de los principios básicos en materia tributaria cuando se aplican a las tasas (que no se apoyan propiamente en el nivel de capacidad económica del obligado como otros elementos impositivos); sin embargo, idéntica jurisprudencia ha declarado que esa desigualdad sí deberá estar fundada en razones objetivas no pudiendo ser nunca arbitraria. En este caso, del resultado de la prueba que se ha practicado en estos autos se deduce lo exorbitado, si se compara con el posible coste del servicio que se viene a intentar cubrir, de las tarifas previstas, al menos para el supuesto de autos, cuando la Ordenanza fiscal de interés fija el cuadro o estructura correspondientes, simplemente actualizada después según el incremento del IPC en la versión que hay que reconocer que es aquella que se viene a aplicar con motivo de las liquidaciones aquí discutidas por la vía del recurso directo. La demanda cita, en forma muy gráfica, las consecuencias que a la hora de fijar las tarifas de establecimientos hoteleros tienen los criterios empleados en el cuadro tarifario a la hora de distinguir en los puntos 2 y 3 del Anexo entre locales con una u otra superficie. Y tales diferencias, ostensibles, evidentes, y groseras junto con las evidentes carencias del estudio de costes en su descripción concreta de los criterios empleados para la redistribución del coste efectivo y real del servicio entre los diversos contribuyentes, revelan la falta de análisis mínimo que hubo de padecer dicho documento a la hora de hacer una verdadera valoración, para cada caso, para cada tipo de contribuyente, del coste real del servicio. Es cierto que esa valoración no tiene que ser exhaustiva, específica, hasta puntos insospechados o exigir de extensas indicaciones suficientes a la hora de distinguir correctamente a los diversos sujetos pasivos. Por otra parte, es cierto que es perfectamente válido, a tal fin, el uso de parámetros como la remisión a la base imponible de un impuesto, la categoría fiscal de la calles o las vías urbanas o incluso la superficie del establecimiento, así como su superficie habitada, que son criterios que sirven, es cierto, para que se pueda hacer efectiva la naturaleza tributaria de la tasa a través de instrumentos de medición del presupuesto de hecho pero para que se puedan considerar atinentes a los principios básicos en materia de elaboración de este tipo de reglamentación tributaria es obligado que exista “cierta proporción entre el coste generado por la actividad del ente público y la prestación recibida por el beneficio de aquélla”; tiene dicho el TS que en la utilización de este tipo de parámetros nunca se puede perder de vista el límite legal del coste global del servicio; y si se respeta dicha cifra global tope, pueden establecer una amplísima dispersión de cuotas, incluso con carácter no proporcional, con introducción de algún factor de progresividad. A modo de muestra del detalle preciso para alcanzar el nivel de justificación requerido en la fijación de la tasa, se tiene advertido constantemente por los Tribunales de lo contencioso que cuando en el estudio económico de que se trate, el que sirve de base a la ordenanza o su modificación, aparecen los conceptos de costes de retribuciones de personal, debería incluirse el detalle de las cantidades singulares; pero también que, a nivel de previsión de ingresos, el informe debería referirse a cantidades de servicios, actos, informes, etc. Que habrían de fijarse en la propia previsión, tarea que parce posible en términos de la experiencia de años anteriores y es muy coherente con el concepto de “coste efectivo” de la Ley de Racionalización de la Administración local. Siendo además idea central en estos casos la “necesidad de justificar lo más ampliamente posible las cifras de costes e ingresos previstos”, debiendo incorporarlos al informe técnico económico de que se trate. Por otro lado, el informe económico está sólo destinado a justificar el equilibro en la determinación de costes-ingresos en un momento determinado, el de aprobación de la ordenanza, pudiendo ocurrir, y esto es asumido constantemente por los tribunales, que después se compruebe que en la liquidación de determinado Presupuesto municipal las cantidades realmente recaudadas han superado significativamente el coste de los servicios; en este punto los tribunales han reconocido que el equilibrio no tiene por qué darse en cada ejercicio y que los ingresos pueden superar en un año el coste de los servicios siempre que el exceso esté de algún modo justificado. Asimismo, de un repaso a la doctrina del TS al respecto de la forma en que debe respetarse en estos supuestos el llamado principio de equivalencia resulta una interpretación flexible; sin embargo, tal cosa no impide lo que se dirá a continuación. En este caso, aún asumiendo lo que se ha dicho en párrafos anteriores, sacado de la jurisprudencia contenciosa constante de la que se deduce una interpretación flexible de los principios de equivalencia, pero también asumiendo que la redistribución efectiva del coste del servicio a que hay que aspirar con la aprobación de un cuadro tarifario de este tipo de tasa en una ordenanza municipal no puede observarse en una forma aritmética y absoluta sino que también permite cierta flexibilidad, sin embargo, del análisis de la documentación de que ha dispuesto este juzgado en los presentes autos se revela una ausencia prácticamente absoluta, una vez estudiado el contenido del estudio de costes de referencia (que, como se dijo, no tenía por qué ser exhaustivo por los motivos ya referidos, pero en que el Concello parece reafirmar su postura de partida en cuanto a la forma de elaborar el cuadro), de criterios claros de tarificación en términos mínimamente proporcionales que puedan servir para hacer una valoración también mínima de si se han incorporado, no los costes del servicio (que sí se contemplan con cierta claridad y distinguiendo los directos, de los indirectos, amortización del inmovilizado, costes necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio), sino la cifra de ingresos en forma proporcional al uso de ese servicio por los diversos obligados. Al respecto de la determinación del grado de uso del servicio, el Estudio en cuestión se limita a indicar que se parte del padrón del 1º trimestre de 2008, indicando que se entiende por tal el importe calculado cuando se remite dicho Padrón al ORAL para su cobro. Añade que el porcentaje se deriva de la información por el ORAL y se calcula utilizando la siguiente formula: Importe recaudado/importe Padrón remitido x 100 =. Por importe recaudado en el Concello, según expone, se entienden aquellas liquidaciones adicionales que se hacen desde el Concello con motivo de las altas de suministro de agua, en las que se descubre que dicho local o vivienda no estaba dado de alta en el padrón de basuras. Finalmente el estudio señala que de los resultados anteriores (después de una aplicación de un porcentaje de variación de tarifas para el que se fija la fórmula de cálculo en Costes—Rendimiento / Rendimientos x 100), se desprende la posibilidad de aumentar las cuantías de las tarifas de la tasa de recogida de basuras como máximo en un 41% consiguiendo con ello un rendimiento igual al coste de la prestación del servicio. No es posible observar o deducir de dicho estudio de costes, que se reproduce mínimamente en el documento titulado “Memoria” que le sigue, fechado el mismo día 15.10.2008, firmado por la Tesorera Municipal, a salvo indicaciones acerca de cuánto habría que aumentar el importe de la tasa (muy por encima del IPC, en aquel año de 3,5%), para evitar que el servicio resultara deficitario, ningún parámetro concreto, criterio de cuantificación destinado a la redistribución de lo que habría de ingresar entre los diversos contribuyentes o sujetos obligados tributarios. Aunque sea posible hacer uso de factores de progresividad o en su caso relativos, como se ha visto más arriba, a la superficie del establecimiento, la superficie habitada en su caso, u otros, como parece que debieron ser en parte los que se introdujeron con motivo de la aprobación en 2008 de la versión de la Ordenanza de acuerdo con la cual se habría practicado las liquidaciones, con la que se habría “reincorporado” el cuadro o estructura tarifarios de la tasa, todo indica que se dejó todo a expensas del cálculo derivado del nº concreto de m2 (superficie) que pudieran tener un buen número de establecimientos con destinos y usos muy diversos y dispares, permitiendo además una distribución por tramos con serísimas diferencias no amparadas, con un mínimo necesario, en criterios de proporcionalidad que, si bien no necesariamente en forma absoluta, sí al menos en forma relativa o ponderada debería emplearse a tal fin. Todo indica que la distribución del importe a abonar en concepto de tasa, en lo tocante a determinados establecimientos como el de interés, se produjo clasificándolos en tramos de acuerdo con su superficie pero causando una seria y grosera disparidad de criterios y cuantías pues si comparamos los importes previstos para diferentes tipos de locales dedicados a la hostelería. Entre locales contemplados en el punto 1º del Anexo (cuadro tarifario) y en su punto 3º, la diferencia de tarificación tiene lugar debido al nº de m2 de superficie, cuando tal cosa no sucede en los demás casos. Si bien en el punto 1.7 del Anexo de la ordenanza los hoteles con una superficie de 90 hasta 250 m2 tienen una tasa anual de 945,33 euros, sin embargo si tienen 1 m2 más pasan a estar regulados de acuerdo con el punto 3.2. del Anexo de la Ordenanza, en que el siguiente tramo de 50 m2 (hoteles con una superficie de 250 a 300 m2) abonan 3.786,60 € lo que supone un incremento de 2.847,27 € en el importe a abonar como tasa por exceder de la superficie contemplada para los del anterior tramo entre 1 y 50 metros, sin distinción; al llegar a la superficie de 1.000 m2, a partir de ese parámetro, el importe asciende ya a 8.835,37 €; desproporción que sin embargo no es posible predicar, por ejemplo, de los puntos 1 y 2 del Anexo de la Ordenanza en relación al resto de actividades cuando se pasa a otro tramo en función de los m2 de superficie, pues en estos casos, a excepción del punto 2.4. b), se establece una cuantía fija a partir de 250 m2. Y no se deduce del estudio de costes referenciado o la memoria adjunta al mismo, ambos fechados en octubre de 2008, exactamente por qué se dividió en esos tramos y se redistribuyó además, para cada tramo, la consiguiente carga tributaria atinente a la tasa en una u otra proporción. Como se ha visto más arriba, no tendría por qué deducirse del mismo tal cosa, por los motivos expuestos; pero es que no es posible deducir tampoco eso mismo del resto de la documentación analizada, examinada, atinente a la aprobación de partida de la versión de la Ordenanza en que se aprobó el cuadro tarifario después incorporado a su versión de 2008. Asimismo, en el tramo correspondiente a establecimientos que dispongan de una superficie hasta 250 m2 (punto 1.7 del Anexo de la Ordenanza), el Concello equipara a hoteles y a entidades financieras; sin embargo, según aumenta la superficie contemplada, las entidades financieras tributan de acuerdo con los criterios de tarificación del punto 1.8 del anexo (o 2.3. si están situadas fuera del casco urbano) mientras que los hoteles pasan a tributar de acuerdo con el punto 3 del anexo. Esos desequilibrios, que se deducen a las claras de la simple lectura del Anexo de la Ordenanza fiscal de referencia en tanto incluye el cuadro-estructura tarifarios ordenando, al menos en lo tocante al punto 3º del anexo, a los locales como el de autos de acuerdo con una superficie con asignación (no justificada ni razonada, tampoco concretada) de unas determinadas cantidades en concreto de importe de tasa, junto con la falta de especificación suficiente acerca de los motivos concretos (relativos a verdadera redistribución del coste total del servicio prestado) que hay que decir que sufre, en forma también clara si se está a su lectura, el estudio de costes en su día empleado por el Concello para la aprobación de la versión de la ordenanza que se publicó en el año 2008, que habría venido a reincorporar el cuadro tarifario original, modificando sólo las cuantías con arreglo al IPC correspondiente, entiendo que demuestran la ilegalidad o nulidad denunciada en la demanda. Sobre la cuestión, el informe jurídico del profesor Rajwinder Dalmau Gomez de Quero que se hizo valer por la parte actora, aunque indicando el dato con una finalidad si se quiere diferente a la línea argumental que ahora se ha seguido en estos párrafos por este Juzgado, venía a indicar, describiendo lo sucedido con el acuerdo plenario de 2008 de aprobación de la versión de la ordenanza con modificación de tarifas por IPC pero reincorporando su originario cuadro: “…la exigencia de una cuota que resulta ser sensiblemente superior (7.000,52%) a la que resultaría de aplicar estrictamente la revalorización producida por el incremento del Índice de precios al consumo en el período 1989-2015 (121,80%) sin que se haya realizado un nuevo informe económico financiero que justifique o indique suficientemente cuáles son los motivos del incremento en los costes, y, especialmente, cuáles han sido los criterios empleados para la distribución de la carga tributaria entre todos los beneficiarios O no ha habido informe o el contenido del mismo es insuficiente, lo que conlleva irremediablemente la nulidad de la ordenanza, así como de sus sucesivas modificaciones, al tratarse de un vicio de carácter insubsanable.” Aunque no es posible convenir en todo con tales conclusiones, por lo que se ha apuntado más arriba, en tanto sí consta en los autos que para la aprobación de la ordenanza en su versión de 2008 se elaboró un estudio de costes acompañado de un informe de la Intervención—Tesorería municipal, y resulta cuanto menos dudoso que en estos momentos, gracias a la impugnación directa de liquidaciones de la misma tasa que han constituido actos de aplicación de una disposición general que conteniendo aquella Ordenanza sin embargo se limitara a incrementar sus tarifas de acuerdo con el IPC, se pueda realmente atacar el cuadro tarifario originario, el verdaderamente discutido, no sin que se hubiera producido en su momento la impugnación directa de aquel acuerdo plenario; sin embargo, entiendo que la clarísima y esencial afección que para la estructura o cuadro tarifario originariamente aprobado por el Concello con su modificación, de 2008 (aunque la misma formalmente sólo fuera para variar tarifas de acuerdo con el IPC), de la Ordenanza de referencia, tuvo la falta de claridad y de verdadero ajuste a los principios básicos (especialmente la necesaria redistribución, mínimamente proporcional, del coste aproximado y real del servicio a prestar con la recogida de basuras) que habrían de respetarse en este tipo de tarificación (para la de una tasa, a girar por la prestación de un servicio) el estudio de costes empleado por dicho ente local a la hora de llegar a esa estructura tarifaria concreta, lo grosero del defecto –que no se puede calificar de formal sino de defecto material esencial e insubsanable—-tanto si se acude a la lectura literal de la Ordenanza en aquella versión, como si acudimos a los efectos prácticos que tal cosa ha tenido a la hora de fijar definitivamente las tarifas de diversos usuarios en casos limítrofes entre sí incluso acudiendo a los diversos tramos contenidos en el Anexo de la ordenanza, al menos para su punto 3º, lo que confirma una serísima desigualdad o falta de rigor a la hora de hacer un análisis del coste a efectos de su posterior redistribución (ingresos), debe permitir que se estime el recurso, se anulen las liquidaciones impugnadas y, en el ejercicio de una obligación que le compete a este juzgado, una vez sea firme esta resolución, se eleve cuestión de ilegalidad a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en su condición de órgano única y verdaderamente competente para declarar, de considerarlo oportuno, y salvo mejor criterio en el ejercicio de esa competencia exclusiva, una posible ilegalidad definitiva de la Ordenanza en el punto 3 de su Anexo. Debiendo recordar aquí que también la demanda ofrece una comparación en lo relativo a cuadros tarifarios aplicados por Concellos, pertenecientes a la misma provincia, de Pontevedra, del que parece deducirse, aún más, lo grosero de la ausencia o insuficiencia que hubo de sufrir el estudio de costes empleado por la Administración municipal aquí demandada a la hora de analizar con un mínimo detalle y también de acuerdo con una mínima proporción acorde a la necesaria redistribución efectiva del coste del servicio cubierto por la tasa a cargo de los diversos obligados tributarios a su exacción; pues se hace referencia a que mientras un local con una superficie superior a 250 m2 y hasta 300 m2 que pueda estar ubicado en el término municipal de Tui habrá de abonar un importe proporcional de 3.786,60 € en concepto de tasa por recogida de basuras, en cambio otros que lo puedan estar en otros concellos de la misma provincia (Gondomar, Tomiño, Salvaterra o Porriño) abonaría, por idéntico servicio –cuyo coste puede ser diverso pero no tan disparejo—cantidades que oscilarían entre los 240 y los 580 €; en el caso de locales dedicados a idéntico objeto (hoteles, entre otros), de más de 300 m2 y hasta 400 m2, la diferencia es aún mayor, pues en Tui abonaría el importe de 5.679,85 € mientras que en los demás concellos, las cantidades oscilarían entre 240 € de Tomiño y 580 € de Gondomar) Junto con la demanda se aportan, como documentos 5 a 11, las ordenanzas reguladoras de la tasa por recogida de basura de tales Concello; así como, como documento nº 2, copia del Acta de sesión extraordinaria del Concello de O Porriño de 29.03.2016, en la que se aprueba la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos. Aunque es evidente que no se puede hacer aquí ninguna comparativa entre diversos procedimientos que se hubieran podido seguir por diferentes Administraciones con idénticos fines, porque lo único a estudiar es la actuación administrativa que constituye objeto de este recurso, hay que decir que el contenido de las Ordenanzas de referencia, aprobadas por esos otros Concellos, con los resultados de fijación de la cuantía de las tarifas de la misma tasa para establecimiento de idéntica condición y superficie que el que aquí interesa en esos otros términos municipales, parangón cuya realidad no se ha discutido por la Administración en su oposición a su estimación del recurso, sí viene, sin embargo, a reforzar la conclusión de que la estructura tarifaria empleada por el Concello demandada para la tarificación de su tasa de recogida de basuras no se apoyó en un análisis ponderado, a la hora de redistribuir la carga tributaria contemplada y desde luego para los establecimientos contemplados en el punto 3 del Anexo de la Ordenanza, y por tanto ajustado a los principios repetidamente mencionados en esta sentencia, que hay que intentar respetar –dentro de un orden y margen razonable—con motivo de la aprobación de este tipo de modificación de un cuadro o estructura de tarifas. Hasta podría tomarse en consideración, con todas las reservas posibles, por supuesto, a la hora de calificar de “grosero” el defecto material esencial que se dice aquí cometido por el Concello en la elaboración del documento que dio base a la aprobación de la modificación según IPC de las tarifas con reincorporación del originario cuadro o estructuras tarifarios en la Ordenanza fiscal ya a partir del año 2008, lo que literalmente recogen algunos de los artículos publicados en prensa acerca de lo que al parecer se había llegado a denominar, en el término municipal de Tui, como un auténtico “tasazo” para referirse, fueran los responsables municipales, fueran los obligados tributarios, o en su caso el autor de dichos artículos, cuya copia figura unida a la demanda como documental, a lo sucedido con motivo de tal modificación. Resulta especialmente descriptivo al respecto de la evidencia de lo sucedido dos párrafos literales a los que alude la demanda, que se citan en ella, contenidos en dos artículos publicados en el Faro de Vigo, en su edición para ese término municipal, los días 30.05.2014 y 06.12.2014, a saber: en el primero, se indica literalmente que el edil competente “reconoció que se debe revisar la ordenanza de recogida de basuras, para lo cual hay que hacer un estudio de costes, pues hay empresas que están pagando hasta 9.000 euros al año por el servicio”; el segundo, que “El Concello pasa al cobro dos trimestres juntos del tasazo de recogida de basuras… El alcalde no quiso pronunciarse y derivó cualquier valoración al concejal de Facenda, quien dio una aplicación de las razones por las que no se habían modificado los precios de las tasas: no dio tiempo a publicar previamente esas publicaciones dentro del plazo establecido por la Ley” En lo que afecta a la decisión a adoptar por este juzgado, y dentro de las competencias que sí le son propias, se alcanza la estimación del presente recurso, con la consiguiente anulación de liquidaciones, en el entendido de que una solución diversa a la actual llevaría consigo que se perpetuara en el tiempo, con las consiguientes consecuencias perniciosas para los ciudadanos afectados, la aplicación de una disposición general que sufre de un defecto esencial por no responder, en forma también esencial y grosera, al menos en la parte que aquí interesa, a un verdadero análisis del coste del servicio prestado a cubrir con la tasa de recogida de basuras, pues describe consecuencias y tarifas absolutamente alejadas de una mínima proporcionalidad a respetar en estos supuestos. Y es que aunque se pueda hacer uso, a tal fin, de parámetros como el de la superficie y la actividad desarrollada en el local de que se trate, de todos modos a la hora de hacer uso de los mismos, que es perfectamente posible, la Administración encargada de aprobar este tipo de disposiciones generales no sólo ha de ocuparse de cumplir con las exigencias formales (como la elaboración de un informe económico financiero o una memoria destinada a fijar los criterios de tarificación de acuerdo con un cálculo expreso del coste real del servicio) sino que, precisamente en lo tocante a la fijación de los criterios de tarificación de este tipo de concepto tributario (las tasas), tiene que asegurarse, de que fija esos criterios, dentro de los límites del coste real del servicio prestado y de acuerdo con una mínimamente proporcional redistribución del coste efectivo del servicio entre los sujetos obligados tributarios. Esa proporcionalidad no tiene por qué ser matemática, aritmética; pero sí debe guardar un mínimo en su motivación o fijación que en este caso, a pesar de que existió en su día una aprobación de la Ordenanza en 2008 amparada en un “estudio de costes”, parece que estuvo ausente de la tramitación del procedimiento destinado a tal aprobación. Es consciente quien suscribe de que el recurso se habría interpuesto, en puridad, frente a actos de aplicación de una versión de la Ordenanza fiscal que no se correspondería con el acuerdo plenario que aprobó el cuadro tarifario cuya proporcionalidad y ajuste a los criterios a exigir se discute aquí; también lo es de que ni siquiera el acuerdo plenario de 2008 fue recurrido en su día, ni por vía directa a través de los oportunos recursos (ni por los aquí demandantes ni, que se sepa, por terceros), ni tampoco por la vía indirecta en ataque de posibles actos de aplicación de esa tasa adoptados entre la fecha en que comenzó a estar vigente y aquella en que se practicó sobre dicha versión de la Ordenanza la primera modificación limitada a incrementar las tarifas de acuerdo con el incremento del IPC; también es consciente de la respuesta jurisprudencial ofrecida, entre otras, en Sentencias de la Sala 3ª del TS como la del pasado febrero (de este año), que además incluso cita esa misma resolución en su fundamentación, a las dudas acerca de la posibilidad, o no, de impugnar por la vía del recurso directo o indirecto disposiciones de una Ordenanza fiscal que se incorporaron a ella y se aprobaron antes de la versión de la misma de acuerdo con la cual se hubieran podido practicar las liquidaciones tributarias que se puedan estar impugnando a través de un recurso directo. Sin embargo, entiendo que se puede y debe estimar el presente recurso después de observar la nulidad, o, si se quiere, la ilegalidad –sólo declarable en firme por el órgano competente a tal fin, no por este juzgado—de la Ordenanza fiscal del Concello de Tui en el punto 3 de su Anexo de tarificación por lo siguiente: - el defecto material advertido aquí (no formal, pues existió un informe o estudio de costes que cubriría formalmente las exigencias de motivación y de análisis del coste), consistente en la ausencia de una verdadera valoración o análisis a la hora de la tarificación de la tasa, se deduce incluso a las claras casi de la simple lectura del Anexo la Ordenanza e incluso del estudio de costes en que se amparó en su modificación por el Concello sucedida en el año 2008 de la Ordenanza que llevó a reincorporar definitivamente lo que ya había sido en su día un cuadro o estructura tarifarios aprobados por la Administración sobre cuya forma de ser fijados (parámetros) y ajuste a los criterios necesarios en este caso no se habría llegado a demostrar que se hubiera actuado correctamente; - se trata de un defecto que tiene la característica de “esencial” y también es, por otra parte, evidente; declarado insistentemente como insubsanable por la jurisprudencia contencioso administrativa aunque en sede de otro tipo de impugnaciones; - existe un parecer mostrado por parte de la doctrina administrativista e incluso por parte de la jurisprudencia contenciosa menor –hasta en alguna ocasión sugerido por el propio TS—según el cual hay que distinguir a la hora de permitir o no la impugnación tanto directa como indirecta de la Ordenanza en que se fijó el cuadro tarifario (por más que la misma no hubiera sido objeto de ninguno de ambos en períodos o ejercicios anteriores a la actual versión) cuando es con motivo de la aprobación de ese período previo cuando se fijó definitivamente la estructura tarifaria por la que se protesta, entre si el defecto denunciado es de carácter formal o de carácter material pudiendo incluso asumirse la impugnación directa no existiendo extemporaneidad porque la última versión de la ordenanza puede calificarse como una disposición general nueva susceptible de ese recurso que en parte reincorporaría el cuadro o estructura tarifarios originariamente implantados, aunque los modificara en exclusiva incrementándolos en cuanto al IPC; tiene interés en este punto hacer mención de una STS de 30.03.2015, que despeja en tono negativo las dudas acerca de si es o no posible impugnar (por la vía directa es cierto) una ordenanza fiscal en la versión de la misma por la que se actualizar las tarifas al IPC –limitada a tal cosa—cuando señala que “las disposiciones administrativas de carácter general, que se integran en el ordenamiento jurídico, conformándolo e innovándolo (a diferencia de los actos, que se limitan a aplicarlo), son, en efecto, susceptibles de recurso ante los tribunales de lo contencioso…en el plazo de dos meses desde su publicación” sin que a partir de dicho plazo queda “su discusión directa” lo que conlleva que “si así se intentare, el desenlace previsto en la Ley es la inadmisión del recurso por haber caducado el plazo de interposición” y a continuación añade: “Con este desenlace en nada padece su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto garantiza el acceso a la jurisdicción para reclamar el control de legalidad de las disposiciones y actos administrativos…pues ese control sigue vivo y ella puede demandarlo, pero de forma indirecta, con ocasión de los actos de aplicación de la Ordenanza que le afecten y para cuya impugnación esté legitimada. Cuando se dicte un acto de aplicación de la ordenanza que incida sobre sus derechos e intereses legítimos (v. gr. una liquidación de la tasa), podrá recurrirlo con sustento en la disconformidad a derecho de la disposición general que aplica, cuya falta de impugnación en su momento no impide su discusión indirecta (artículo 26 de la Ley 39/1998), obteniendo la declaración de nulidad de la disposición general, bien inmediatamente, si el órgano jurisdiccional que conoce del recurso es el competente para expulsarla del mundo del derecho bien a través de la promoción por este último de una cuestión de ilegalidad ante el que lo sea (artículo 27). Como se ve, el legislador no ha dado la espalda a los particulares en la defensa de sus derechos e intereses susceptibles de verse afectados por disposiciones administrativas de carácter general, imponiéndoles la carga de informarse de su existencia y contenido y de discutirlos en el plazo perentorio de dos meses desde que son publicada. Ha arbitrado un mecanismo, plenamente respetuoso con la garantía que incorpora al artículo 24.1. de la Constitución y la cláusula de control jurisdiccional de los productos administrativos del art.106.1. de la misma, para que puedan discutirlos cuando se les notificar los actos de aplicación de los mismos.” - tiene dicho repetidamente jurisprudencia constante, al menos para los casos de impugnaciones directas de Ordenanzas, que la doctrina del acto consentido y firme no es trasladable a las disposiciones generales pues tal cosa no se compadece en modo alguno con su posible impugnación indirecta, contemplada en el art.26.2. LRJCA, porque de ser así habría que entrar a valorar si el recurrente, el que ataca la resolución actual, pudo realmente haberlo hecho a la fecha de incorporación a la disposición general del precepto que recoge la disposición general objeto de su recurso (pudiendo sumar a esto que ese recurso pueda ser tanto directo como indirecto). Todo ello conduce, al menos en lo tocante a esta única y primera instancia, a la estimación, en conciencia, del presente recurso con anulación de las resoluciones recurridas; a lo que habrá de seguir, una vez declarada firme esta sentencia, el planteamiento de la consabida cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al respecto del punto 3º del Anexo de tarificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras del Concello de Tui. Pues no puede ser sino el órgano competente para conocer de un eventual recurso directo a formular frente a esa Ordenanza el que definitivamente decida si procede o no desterrar del ordenamiento jurídico, en un control directo de la legalidad, las disposiciones contenidas en ella que puedan considerarse ajenas a dicha legalidad.” Una vez expuesta la argumentación (que aparece literalmente en idénticos términos en el FJ 5º de la sentencia dictada en los autos de interés) de acuerdo con la cual dicha resolución judicial estima el recurso contencioso administrativo de que trae causa este procedimiento, y en tanto la misma ya ha sido declarada firme por este juzgado y además frente a ella no cabe recurso de apelación dada la cuantía fijada al recurso (inferior a 30.000 euros), como quiera la estimación de dicho recurso se apoya en la declaración de ilegalidad del punto 3 del Anexo de la ordenanza reguladora de la tasa del Concello de Tui que describe el cuadro tarifario, procede el planteamiento de la cuestión de ilegalidad del artículo 27.1. LJCA que deberá tener lugar por los cauces de los artículos 123 a 126 LJCA. A fin de someter la cuestión al mejor criterio de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJG, en tanto órgano competente para conocer de una posible impugnación directa frente a esa Ordenanza. ACUERDO: PLANTEAR la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1. LJCA ante la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJ de GALICIA con respecto al punto 3 del anexo de tarificación de la ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basura del Concello de Tui, publicada en el BOPP de 26.12.2008. Emplácese a las partes para que en el plazo de quince días puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Remítanse urgentemente a la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJ de Galicia, junto con la certificación de esta resolución, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. Dispóngase la publicación del planteamiento de la cuestión en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra, al tratarse del mismo periódico oficial en que fue publicada la disposición cuestionada. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con el artículo 123.1. LJCA. Así, por este auto, lo manda y firma María Dolores López López, Magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 3 de Pontevedra. La Magistrada Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.