SEGURIDADE SOCIAL 1189/2012, NOTIFICACIÓN A MIGUEL ANGEL PÉREZ ROMERO
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA — Xulgados do Social — De Vigo (Edictos xudiciais, 11/01/2016)

Hago saber: Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0001189 /2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO contra la empresa MIGUEL ANGEL PEREZ ROMERO, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: SENTENCIA Nº 598/2015. En Vigo, a 2 de diciembre de 2015 Vistos por mí, Susana Junquera Romero, Juez sustituta del Juzgado de lo Social Número Tres de esta ciudad, los presentes autos seguidos a instancia de MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ROMERO y contra la entidad CELSO PÉREZ BERNÁRDEZ, procede dictar la presente en base a los siguientes, PRIMERO.- Con fecha 19 de noviembre de 2012 se presentó por MUTUA GALLEGA demanda frente a la demandada manifestada que por turno correspondió a este Juzgado de lo Social en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminaba suplicando que se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de la misma. SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda se convocó a las partes a juicio, celebrándose este, tras varias suspensiones por los motivos expresados en las resoluciones que obran en autos, el día 13/10/2015, con comparecencia de las partes que constan en la grabación, quedando los autos conclusos para sentencia.1.- D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ROMERO fue declarado en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta para todo trabajo derivada de enfermedad profesional, en virtud de resolución del INSS de fecha 01/08/2012. En dicha resolución se declara responsable del pago de la prestación económica a la MUTUA GALLEGA.2.- Disconforme con dicha resolución, MUTUA GALLEGA formuló reclamación previa que fue desestimada por resolución de 09/11/2012.3.- El Wieslaw Pauliuc Tazouti ha venido prestando servicios en empresas dedicadas a canteras desde el año 1993 hasta el año 2007. A partir de agosto de 2007 pasa a situación legal de desempleo hasta junio de 2011. Tras causar alta en la empresa Celso Pérez Bernárdez con fecha 17/01/2012, cuya cobertura de contingencias profesionales corresponde a Mutua Gallega, el servicio de prevención de la empresa lo remite a la Mutua por sospecha de silicosis. El Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo le diagnosticó de silicosis de tercer grado con fecha 10/04/2012 (vida laboral, informe de valoración médica, informe del Instituto Nacional de Oviedo). PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, los anteriores hechos declarados probados resultan de la libre valoración de la prueba practicada en el acto de juicio e individualizada en cada uno de ellos, atendiendo fundamentalmente a la prueba documental aportada por ambas partes. SEGUNDO.- La Mutua Gallega impugna la resolución del INSS de fecha 09/11/2012 solicitando que se declare al INSS como entidad responsable del abono de la prestación reconocida a D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ROMERO por ser la entidad aseguradora de las contingencias profesionales en las empresas en las que se generó la enfermedad profesional. El INSS y la TGSS se oponen a la demanda por los mismos fundamentos recogidos en la resolución impugnada. TERCERO.- El debate planteado ha sido resuelto por el Tribunal Supremo. La STS de 15 de enero de 2013 RJ 2013/3804 recoge la doctrina jurisprudencial consolidada sobre la materia: “…2.- La respuesta a la cuestión que se suscita viene dada por la doctrina que hemos fijado en torno a determinar la entidad aseguradora responsable en los supuestos de accidente de trabajo [AT] y que -«mutatis mutandis» también ha de ser aplicada al presente caso de enfermedad profesional. Doctrina que parte la STS 01/02/00 ( RJ 2000, 1069 ) [-rcud 200/99 -], dictada por el Pleno de la Sala, y que ha sido reproducida en multitud de ocasiones [últimamente en las sentencias de 19/01/09 ( RJ 2009, 658 ) -rcud 1172/08 -; 14/04 / 10 ( RJ 2010, 2485 ) -rcud 1813/09 -, también de Sala General]. Se mantiene en aquella inicial decisión -y en las muchas que la reiteran- que la responsabilidad corresponde a quien asegurase la contingencia en la fecha del accidente, porque la cobertura se establece en función del riesgo asegurado, aunque proteja el daño indemnizable derivado de éste, el cual puede manifestarse con posterioridad al siniestro.3.- Los argumentos utilizados por la STS 01/02/00 (RJ 2000, 1069) [-rcud 200/99 -], son básicamente los siguientes: 4.- Como más arriba adelantamos, este planteamiento doctrinal referido al AT es igualmente aplicable -hay plena identidad de razón- a los supuestos de EP, pudiendo hacerse también la trascendente distinción -en relación a una actividad de evolución tan insidiosa como la silicosis- entre el riesgo asegurado [únicamente existente mientras se realiza una actividad con riesgo pulvígeno] y su actualización [con la declaración de IP], en términos que incluso se derivan de la propia Resolución de 27/Mayo/2009 [Dirección General de Ordenación de la Seguridad Socia] que el recurso argumenta, aunque con alcance pretendidamente diverso. Lo que comporta que la responsabilidad haya de atribuirse a la entidad -el INSS- que por prescripción legal tenía asegurada -en exclusividad- la responsabilidad correspondiente a las prestaciones de IP en el periodo en el que se generó la EP [01/04/69 a 27/01/98]; y no a la Mutua, que se limitaba a cubrir la contingencia profesional de IT y que sólo pudo asegurar las prestaciones de IP tras la Ley 51/2007, que no contiene mandato alguno de retroactividad y en cuya interpretación siempre ha de partirse de la razonabilidad que siempre es presumible en los mandatos del legislador. TERCERO 1.- Por lo que se refiere a la invocación que el recurso hace respecto de la precitada Resolución del MTE, en primer lugar hemos de indicar que las instrucciones administrativas -como las contenidas en aquélla- no constituyen norma jurídica, sino un acto administrativo contemplado en el art.21 LRJ-PAC ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), por lo que carecen de todo valor normativo o reglamentario aun para el caso de que hubiesen sido objeto de publicación oficial en el BOE ( SSTS 09/03/94 -rco 2574/92 (RJ 1994, 2219) -; 19/11/01 ( RJ 2003, 5958 ) -rec.3083/00 -; y 24/05/05 -rco 188/03 (RJ 2005, 5843) -). Y si bien en alguna ocasión la Sala ha admitido que las Resoluciones de la Seguridad Social -pese a esa ausencia de valor vinculante- sí pueden calificarse como ejemplo de «medio auténtico de interpretación» [ SSTS 30/10/72 (RJ 1972, 5432); y 15/04/02 (RJ 2002, 5288) -rec.2320/01 -), tal afirmación únicamente puede hacerse -como es lógico- cuando las usuales reglas hermenéuticas sean insuficientes para determinar el sentido de la norma; lo que no es el caso, como veremos.2.- De otra parte, la Instrucción Tercera contenida en aquella Resolución es relativa a la «responsabilidad de las prestaciones económicas por enfermedad profesional» y dispone que para la IP declarada «en los supuestos de situación asimilada al alta a que se refieren» los arts.20.4 y 22.5OM 3/Abril/1973 y art.36.9 del Reglamento General sobre Inscripción de empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos [ RD 84/1996, de 26/Enero ( RCL 1996, 673 y 1442) ], «[l]a responsabilidad de las prestaciones corresponderá a la entidad gestora o mutua que tuviera la cobertura de las contingencias profesionales en el momento del cese en el último puesto de trabajo en el que existiese riesgo de la enfermedad profesional que motivase la incapacidad permanente». Y una lectura literal y finalística de esa Instrucción [en inusual -pero necesaria- interpretación de la interpretación] no puede sino llevar a entender que esa aseguradora a la que la DG alude -la del último trabajo con riesgo de EP- no puede ser otra sino aquella que cubría el correspondiente riesgo de cuya acción protectora se trata [Incapacidad Permanente], sin que sea mínimamente razonable imputar la responsabilidad -sin base legal alguna y contra toda lógica- a quien no aseguraba el riesgo ni por él percibía cotización alguna [la Mutua, que protegía tan sólo la IT] y excluir precisamente a quien sí cubría la contingencia de IP y recibía las correspondientes cuotas [el INSS]. Lo contrario resultaría insólito desde la perspectiva de técnica del aseguramiento de las contingencias y determinante de claro enriquecimiento injusto para la Entidad Gestora, que pese a lucrar las primas correspondientes al aseguramiento de la IP, pretende desplazar a un tercero -Mutua- la responsabilidad por la correspon diente prestación, una vez que el riesgo se actualiza.” (estos criterios han sido seguidos por SSTS 18/02/2013, 12/03/2013, 19/03/2013 y 26/03/2013). Aplicando al presente caso la doctrina jurisprudencial expuesta, debe concluirse que la responsabilidad exclusiva del abono de la prestación corresponde al INSS. El trabajador contrajo la enfermedad durante los periodos que prestó servicios como cantero, entre 1993 y 2007. A partir de este último año y hasta 3 meses antes de que el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo emita informe en que se hace constar que el actor padece una silicosis de tercer grado, el trabajador no ha estado expuesto a riesgo pulvígeno al permanecer en situación de desempleo. En consecuencia, siendo notorio que la silicosis es una enfermedad de evolución insidiosa y lenta implantación, que se genera a lo largo de los periodos en que el trabajador se encuentra sometido a riesgo pulvígeno y siendo tales periodos anteriores al año 2007, durante los cuales era el INSS en exclusividad el que aseguraba la responsabilidad correspondiente a las prestaciones de IP, por más que la enfermedad haya sido diagnosticada en 2012, tras 3 meses, un brevísimo periodo de tiempo de exposición a riesgo pulvígeno a efectos de incidir en la evolución de la enfermedad y sus efectos incapacitantes, debe aplicarse la distinción que hace el Tribunal Supremo entre riesgo asegurado y daño derivado del mismo, concretado en el presente caso en el efecto invalidante que determina el reconocimiento de la incapacidad permanente. Por lo expuesto, la demanda debe ser estimada. CUARTO.- Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de suplicación (art.191 LRJS) de lo que se advertirá a las partes. Vistos los preceptos citados y por las razones expuestas; ESTIMO la demanda interpuesta por MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ROMERO y contra la entidad DE RIBOT, EXUPERIO GEMA FRANCISCA AINSWORTH la exención de la responsabilidad de la demandante MUTUA GALLEGA en relación con pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida a D. SAUVAGE CHECHERITA, LAHASEN al INSS y a la TGSS como responsables de la pensión de incapacidad permanente total y del pago de la misma, ABSOLVIENDO al resto de los demandados de todas las pretensiones deducidas en su contra. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación en legal forma a HAYAT MAMADOU SADIO ORCERA PELIZ, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En Vigo, a veintitrés de Diciembre de dos mil quince.—La Secretaria Judicial.