INCOACIÓN EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS A Mª DEL CARMEN VICENTE PÉREZ EN EL INMUEBLE SITO EN ALFEREZ BARREIRO, 19
ADMINISTRACIÓN LOCAL — Municipal — Baiona (Outros documentos, notificacións e informacións públicas, 22/10/2015)

Intentada la notificación a Teresa Magdalena Mendonca Angoloti de la resolución de alcaldía de fecha 28.09.2015 y al no resultar posible su práctica efectiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar mediante publicación en el BOP de Pontevedra y en el tablón de edictos de Ayuntamiento de Vigo donde radica el último domicilio a efectos de notificaciones, la siguiente resolución: Resultando que con fecha 09.09.2015 la policía local informa: “Que realizada inspección en la mañana de hoy al inmueble sito en la C/ Alférez Barreiro 19, pude comprobar que en la fachada trasera tiene un cierre de piedra de mampostería, el cual tiene tramos de piedras movidas y la puerta abierta, pudiendo acceder al interior de la finca que se encuentra llena de malezas. Al tratarse de una zona de acceso a la Urb. Las Palomas y de concentración de alumnos de la escuela de música, es necesario comunicar a los propietarios que a la mayor brevedad procedan a subsanar las deficiencias observadas.” Considerando que en virtud de lo establecido en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, en su artículo 9 que dice: “Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones deberán: b) -Mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, y con arreglo a las normas de protección del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la rehabilitación”. Considerando que en virtud de lo establecido en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia en su artículo 199 dice: “1.—Los propietarios de toda clase de terrenos, urbanización de iniciativa particular, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en las condiciones establecidas en el art.9 de la presente Ley.2.—Los Ayuntamientos ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier interesado, mediante el correspondiente expediente y previa audiencia de los interesados, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización. Cuando la entidad de las obras lo requiera, el Ayuntamiento exigirá al obligado la solicitud de licencia acompañada del proyecto técnico correspondiente.3.—Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios que estuviesen dentro del límite del deber de conservación que les corresponde.4.—En caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la Administración Municipal procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas.” Considerando que el art.84.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local estable que: “Las Corporaciones Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de ordenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición de este”. En virtud de lo expuesto y en base a las facultades atribuidas en la legislación vigente, PRIMERO.—Ordenar a Mª del Carmen Vicente Pérez, la realización inmediata de los trabajos de protección necesarios para garantizar la seguridad de los peatones, vehículos y propiedades. SEGUNDO.—Conceder, audiencia por un plazo de DIEZ DÍAS, previa al requerimiento de presentación de la solicitud de licencia municipal para la realización de las obras que garantice la seguridad, peligrosidad, salubridad y ornato público de la misma. TERCERO.—Advertir que en caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la Administración Municipal procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas. CUARTO.—Notificar a los interesados la presente resolución. Baiona, 28 de septiembre de 2015.—El alcalde-presidente, Jesús Vázquez Almuiña.