25/01/2021 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 4 A Coruña
Sentencia procedimiento ordinario 655/2019-MA

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.4 SENTENCIA: 00114/2020 ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000655 /2019-MA Procedimiento origen: Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 655 /2019. JUEZ QUE LA DICTA: JHON SEBASTIAN BEDNARCZYK ZULAIKA Lugar: A CORUÑA. Fecha: treinta y uno de julio de dos mil veinte. JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA, Juez sustituto del juzgado de Primera Instancia N°. 4 de A Coruña, ha visto los presentes autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad número 655/2019 promovidos por D. NATXO MORO HARINA HALBOUZ representada por la Silvia Montserrat Alina Georgiana Elizechea Bañuls asistido por el Sr. Pérez-Lema contra la mercantil ADIANTA CONSULTING SL, declarada en rebeldía procesal, habiendo recaído la presente resolución con base en los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 21 de junio de 2019 se presentó por el procurador Aurelia Carmen Andrei Ciprian Pano Monseny, en nombre y representación de D. NATXO MORO HARINA HALBOUZ, juicio ordinario reclamando la cantidad dimanante de los servicios prestados a la demandada, cuantificando la misma en la cantidad de 8.193,55 euros con sus correspondientes intereses legales. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se da traslado a la demandada, sin que se haya contestado ni personado en las actuaciones, siendo declarada su rebeldía procesal en diligencia de ordenación de fecha 9 de diciembre de 2019. TERCERO.- En fecha 11 de julio de 2020 se celebra la audiencia previa en la que la parte demandante se ratifica en sus escrito de demanda, no compareciendo la demandada. Propuestas las pruebas que constan en acta y declarada su procedencia, las partes fueron citadas para la celebración de la vista que tuvo lugar en fecha 31 de julio de 2020. En la citada fecha, compareció, únicamente, la parte actora. practicándose la prueba en los terminos que constan en acta, efectuándose las conclusiones, quedando los autos vistos para dictar sentencia. CUARTO.- Hechos probados: D. Elena M. Rodriguez, fue contratada por la ahora demandada, para realizar trabajos de publicidad y comunicación, trabajos consistentes en 6.000 tripticos, 2.000 planos plegados impresos, rotulacion de furgoneta modelo Peugeot Boxer, incluido montaje, adaptación y preparación de artes finales para impresor de triptico, rotulo de autobús y plano. Creatividad de campaña y desenvolvimiento de línea gráfica. Trasera, impresión plotter montado sobre foam 10 mm 200x150 cm. Diseño y adaptación, artes finales y maquetas para el impresor de trasera. El importe correspondiente a dichos trabajos, fue facturado en factura n° 003/11, con fecha 21 de marzo de 2011, por un importe de 7.627,15 euros y factura n° 004/11 de fecha 25 de marzo de 2011 por un importe de 566,40 euros, sin que hayan sido abonadas. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Conviene recordar que la regulación del arrendamiento de servicios en el Código peca de una importante dosis de generalidad, si es que realmente puede tildarse de regulación la somera descripción que de este contrato se hace en los articulos 1542, 1544 y 1546 del Codigo Civil, unida a las obsoletas disposiciones que sobre el servicio de criados y trabajadores asalariados contienen los articulos 1583 a 1587 del CC. Definido en el articulo 1544 del Codigo Civil como aquél contrato por el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de un precio cierto, podría decirse que si la compraventa es el paradigma de todos los contratos cuyo contenido obligacional se asienta sobre el intercambio de sendas prestaciones de dar, el arrendamiento de servicios es la clase de todos los contratos en los que esta en juego el cumplimiento de una prestación de hacer a cambio de una retribución. Conforme al articulo 1546 del Codigo Civil, se llama arrendador a la persona que presta el servicio, y arrendatario a quien adquiere el derecho al servicio que se obliga a pagar. La prestación de hacer a que queda comprometido el arrendador es, sin duda, la prestación característica del contrato. Suele decirse que se trata de una obligación de mera actividad, es decir, que el arrendatario se obliga a desplegar diligentemente una determinada actividad, a la cual normalmente se dedica con carácter profesional, pero sin asumir contractualmente el compromiso de alcanzar un concreto resultado. Eso no significa que la consecución de ese resultado no interese a la persona que contrata los servicios, ni que la diligencia del arrendador en el cumplimiento de su obligacion no deba medirse según la mayor o menor probabilidad de que sus acciones conduzcan presumiblemente a la obtención de ese resultado. Sin embargo, al arrendador no puede imputársele un incumplimiento por no haber obtenido el resultado, si acaso desplegó una conducta diligente y acorde con los usos del sector en que se encuadre su actividad. Por consiguiente, el arrendador de servicios es un sujeto que se halla en posesión de habilidades (técnicas o no, especiales o comunes), cuya utilización interesa al arrendatario. Desde los servicios médico-sanitarios, hasta los de asesoramiento legal, pasando por los servicios de arquitectos, artistas, enseñantes, empleados domésticos o jardineros, cualquiera de ellos puede constituir el objeto de un contrato de arrendamiento. En todos los casos, aunque la tipología de servicios es muy extensa, la constante vendrá dada por la necesaria adecuación del comportamiento del profesional a la llamada lex artis ad hoc. El contrato de arrendamientos de servicios posee las notas de bilateralidad y onerosidad: ambas partes asumen obligaciones y para ambas el contrato desata sacrificios patrimoniales. En ausencia de precio estaríamos en presencia de servicios prestados en atención a relaciones de amistad o de buena vecindad. Otra cosa es que tales servicios sean eventualmente remunerables a través de una de esas donaciones a las que se hace referencia en el artículo 619 del Código Civil. Sin embargo, por definición, en las donaciones remuneratorias no existe sinalagma alguno que vincule la atribución del donante con los servicios recibidos del donatario. Como dice el artículo 619 del Codigo Civil, semejantes servicios no deben constituirse “deudas exigibles”, y suele ponerse de manifiesto que no tiene por que haber, o mejor que no tiene que haber equivalencia cuantitativa entre el valor de la cosa donada y el de los servicios recibidos. No es el arrendamiento de servicios un contrato que deba revestir especiales formalidades, si bien, como en todo contrato consensual, cualquiera de los contratantes podra normalmente compeler al otro a Ilevar cierta forma (vid. articulos 1278 a 1280 CC), habiendo de recordar lo fundamentado en el expósito que antecede, en cuanto a la absoluta ausencia de documento contractual alguno en el que se especifique el condicionado de dicha vinculacion contractual. Sí es caracteristico del arrendamiento de servicios, aunque con matices, que sea realizado intuitu personae y es que al arrendatario, acreedor de la prestación de hacer, no le es indiferente -o no completamente- la cualificación del arrendador, de este modo, en lo tocante a dicha prestación, tiene plena aplicación lo dispuesto en el artículo 1205 del Codigo Civil. Con todo, si el arrendador es un profesional que aparece dotado de una organización empresarial, el arrendatario suele asumir que el servicio le sea prestado por un auxiliar de aquél, es más, la posibilidad de sustituir al sujeto obligado a prestar el servicio se viene configurando como nota diferenciadora del arrendamiento de servicios frente al contrato de trabajo. Para el arrendador, en cambio, tienen poca o nula trascendencia las cualidades personales del arrendatario, como atestigua la regulación que los artículos 1550 a 1553 del Código Civil hacen subarriendo, no obstante tratarse de disposiciones concebidas para el arrendamiento de cosas. Hemos de precisar la situación procesal en la que nos encontramos toda vez que la demandada ha sido declarada en rebeldía procesal. En este sentido, si bien es cierto, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 496.2 de la LEC, “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisi6n de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario”. También, lo es, que ha declarado de forma reiterada la doctrina jurisprudencial que la rebeldía no implica, en principio, que tal situación tenga reflejo en las cargas y posibilidades del actor, quien “debería encontrarse” en la misma posición procesal que si no existe rebeldía, porque la rebeldía al no significar allanamiento ni admisión de hechos- es una mera negativa “táctica”-, ni implica, por regla general, ficta confessio, y la actora mantiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, conforme al articulo 217 de la LEC, y el Juez tiene, obviamente, la facultad de apreciarlos. No obstante, el propio Tribunal Supremo matiza aquel principio general sobre la carga de la prueba a traves de los principios de normalidad Sentencias de fecha 24 de abril de 1987, 19 de julio de 1991, entre otras,.- de flexibilidad en su interpretacion- en Sentencias de 20 de marzo de 1987, 15 de julio de 1988, 17 de junio de 1989-, y de facilidad probatoria, en funcion de la posibilidad probatoria de las partes, derivadas de la posici6n de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido. Lo anterior da pie para considerar que, ante la rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor, o una limitación de su auténtica naturaleza; y, a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede dificultar la previa del actor. De ahí que, no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales medios probatorios (por ejemplo, en este caso, los movimientos de los saldos dispuestos por el demandado, o falta de certificado de la titularidad de la cuenta bancaria de cargo.) se debe, precisamente, a la incomparecencia y/o inactividad del demandado. Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también, en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en Ia posición de las partes en proceso, constitucionalizado en el aríiculo 14 de la Constitución, así, en algunos casos la eficacia de la prueba quedaría en manos del demandado rebelde, con notoria indefensión de la parte actora. Por lo dicho, esa aptitud apática de la demandada ante el litigio o su intencionada despreocupación ante el mismo, supone que haya de experimentar todos los perjuicios derivados de su incomparecencia, particularmente, la ausencia de prueba practicada a su instancia y de alegaciones que pusieran en tela de juicio lo aducido por Ia actora, máxime cuando habiendo sido instado el interrogatorio de parte, ante la inasistencia del mismo, se ha instado a tenerlo por confeso en cuanto a los hechos relatados en el escrito rector —ex art 304 de la LEC. En todo caso, consta en autos las comunicaciones, via mail, habidas entre las partes, en las que se induce y deduce la existencia de dicha vinculacion contractual y de la prestación efectiva de la misma sin que conste objeción alguna al respecto ni al trabajo mal realizado; de la misma manera, como ya apuntabamos, no se han impugnado las facturas ahora reclamadas, correlacionadas con el susodicho trabajo encargado y realizado postulado este refrendado por la testifical del Sr. Carballo; a la sazón socio de la ahora demandada. Pues bien, lo reiteramos por enésima vez, consta en autos documental que acredita los hechos objeto de reclamacion sin que se haya articulado probatura alguna que desvirtúe dicho aserto, precisando que la orfandad probatoria ha de conllevar que la parte a quien corresponda dicha probatura haya de pechar con la citada carga probatoria habiendo de recodar que corresponde al demandante, normalmente, acreditar los hechos constitutivos de su derecho y al demandado ha de corresponder Ia probatura de los extintivos —STS 24-10-94; 27-7-95-, y las consecuencias perjudiciales de la falta de la prueba han de recaer en quien tenga la carga de la misma, entrando en juego solo cuando hay inexistencia probatoria, pero no cuando hay existencia de la misma —STS 26-1 y 13-5-96-; ello tiene un claro reflejo en el axioma clásico “incumbit probatio qui dicit, non quit negat”, como en el Jurisprudencial de que corresponde al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretension y, actualmente, en el legal del art 217.2 LEC también le imponen las reglas especiales de la carga probatoria de normalidad, disponibilidad y facilidad probatoria (art 217.6 LEC), la probabilidad de que las situaciones se hayan producido conforme a los parámetros de “normalidad” para quien afirma un hecho anormal o excepcional la necesidad de una cumplida justificacion —STS 27-2-90; 13-10-98 en la probanza de hechos negativos “no he recibido, no se me ha entregado Ia mercancía”, ha de atenerse a la mayor “facilidad o disponibilidad” probatoria —STS 17-10-83; 13-12-89. Por mucho que se quiera atemperar el principio de la carga de la prueba con el criterio de normalidad si no ha existido tales modificaciones, ha de acreditarlo la parte demandada quien, en todo caso, está obligado a actuar en el ambito comercial como “un buen y ordenado comerciante”, lo que tendrá aplicación en la facilidad y disponibilidad probatoria, toda vez que si “lleva” la empresa como un buen y ordenado comerciante ninguna dificultad tendra para acreditar o, en su caso, desacreditar la realidad del servicio prestado optando por una actitud pasiva dando por bueno la documental adjuntada a autos que hace prueba plena de las pretensiones articuladas en la presente litis. SEGUNDO.- D’e acuerdo con lo establecido en el art 394 de Ia LEC, se imponen las costas procesales a la parte demandada. Vistos los articulos citados y demas de general y pertinente aplicacion, FALLO Que debo ESTIMAR y ESTIMO, INTEGRAMENTE, la demanda deducida por DªNATXO MORO HARINA HALBOUZ representada por la Silvia Montserrat Alina Georgiana Elizechea Bañuls asistido por el Sr. Pérez-Lema contra la mercantil ADIANTA CONSULTING SL, declarada en rebeldía procesal, a quien, en consecuencia, debo CONDENAR y CONDENO al abono de la cantidad de 8.193,55 euros, cantidad incrementada con los intereses legales devengados desde la fecha de interpelación judicial inicial (11 de septiembre de 2014). Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. Notifíquese a las partes la presente resolución y hagaseles saber que contra la misma puede interponer RECURSO DE APELACION, ante este Juzgado, en el plazo improrrogable de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, presentando al efecto el correspondiente escrito en el que expondrá las alegaciones en que la parte base la impugnación ademas de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, con la obligación de consignar en la CDC la suma de 50 euros en concepto de depósito, bajo apercibimiento de que si no lo constituye, no se admitirá a trámite el recurso (D. A. Decimoquinta de Ia LOPJ). Quede esta Sentencia en el libro correspondiente y Ilévese testimonio a las actuaciones de su razón. Así, por esta mi Sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, lo pronuncio mando y firmo.