10/03/2021 | Administración de JusticiaOtros Tribunales y Juzgados
Mercantil 1 A Coruña
Sentencia procedimiento ordinario 573/2019

XDO. DO MERCANTIL N.1 A CORUÑA - SENTENCIA: 00057/2021 C/CAPITAN JUAN VARELA, S/N, 2ª PLANTA - A CORUÑA - (EDIFICIO ANTIGUA AUDIENCIA PROVINCIAL) Teléfono: 981182166/881881135 Fax: 981182134 Correo electrónico: mercantil1. coruna@xustiza. gal Equipo/usuario: MS Modelo: N04390 N. I. G.: 15030 47 1 2019 0001161 ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000573 /2019 Procedimiento origen: / Sobre SOC. MERCANTILES Y COOPERATIVAS DEMANDANTE D/ña. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMON CABANILLAS 38 DE A CORUÑA Procurador/a Sr/a. JORGE BEJERANO PEREZ Abogado/a Sr/a. ANA NOEMI OLVERA MILIANO DEMANDADO D/ña. NICOLAU SANTORCAZ SOULTANA Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña ha dictado la siguiente SENTENCIA nº 57/2021 En A Coruña, a 8 de febrero de 2021. Vistos por Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña, los autos del Juicio Ordinario 573/19, sobre RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADOR, en el que son partes la demandante la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA, asistida por la Letrada Sra. López Paz y representada por el Ives Julia Margarita Catota Wallner, y el demandado Bernadeta Levano Mania, en situación de rebeldía procesal. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- En fecha 1 de septiembre de 2019 la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA presentó demanda de Juicio Ordinario contra Bernadeta Levano Mania, con base en los siguientes hechos: · La demandante mantuvo relaciones comerciales con VIDA ASCENSORES S. L. Se ejercitaron acciones judiciales y se declaró la resolución del contrato de arrendamiento de obra suscrito entre las partes el día 17 de agosto de 2011. · El total adeudado asciende a 19.223´49 euros. · No se ha obtenido el cobro de lo adeudado. · Bernadeta Levano Mania ostenta la condición de administrador único de la sociedad. · La sociedad ha desaparecido de su domicilio social. La sociedad no ha sido disuelta ni liquidada. No se ha procedido al depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y siguientes. Por todo ello, el actor interesa que se condene al demandado al pago de la suma de 19.223´49 euros, más los intereses legales, e imposición de las costas procesales.2.- El demandado no contestó a la demanda ni se personó en autos, por lo que fueron declarados en situación de rebeldía procesal.3.- Se citó a las partes al acto de la audiencia previa, que tuvo lugar el día 8 de febrero de 2021. A dicho acto compareció la parte demandante, debidamente asistida y representada. La parte actora propuso prueba documental. Formuladas las conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La demandante la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA presenta demanda de Juicio Ordinario contra Bernadeta Levano Mania en la que se interesa la condena del demandado al pago de la suma de 19.223´49 euros. Se invoca la Sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña en la que se estimó la demanda formulada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA y se declaró resuelto el contrato de arrendamiento de obra suscrito con VIDA ASCENSORES S. L. en fecha 17 de agosto de 2011 y se condenó a la demandada al pago de la suma de 19.223´49 euros. En la demanda se ejercita la acción del art.367 LSC y, acumuladamente, la acción del art.236 en relación al art.241 LSC. La sociedad VIDA ASCENSORES S. L. ha desaparecido de hecho del tráfico jurídico y económico, dejando insatisfechos a los acreedores sociales. No se ha procedido al depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y siguientes. El demandado Bernadeta Levano Mania es administrador único de VIDA ASCENSORES S. L. El demandado no contestó a la demanda ni se personó en autos, por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal. Por ello, no se niega que se adeude cantidad alguna con origen en las relaciones comerciales mantenidas entre las partes. SEGUNDO.- ACERCA DE LA EXISTENCIA Y REALIDAD DE LA DEUDA SOCIAL IMPAGADA La parte actora acredita a través de la prueba documental que se aporta con la demanda que mantuvo relaciones comerciales con VIDA ASCENSORES S. L. y reclama la suma total de 19.223´49 euros. Con la demanda se aporta la Sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña en la que se estimó la demanda formulada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA y se declaró resuelto el contrato de arrendamiento de obra suscrito con VIDA ASCENSORES S. L. en fecha 17 de agosto de 2011 y se condenó a la demandada al pago de la suma de 19.223´49 euros. Consta acreditado que se despachó ejecución frente a VIDA ASCENSORES S. L. por Auto de 29 de abril de 2014 y que no fue posible obtener el cobro de lo adeudado. Dado que no se niega la existencia de la realidad comercial, ni se discute la cantidad reclamada, debe considerarse acreditado con la prueba documental aportada a autos que se adeuda a la actora la cantidad de 19.223´49 euros en virtud del título judicial aportado con la demanda. TERCERO.- ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEUDAS Debe examinarse si concurren en el presente caso los presupuestos legales que condicionan la posible estimación de la acción de responsabilidad por deudas e individual de responsabilidad que se han entablado en el escrito rector. Dispone el artículo 367 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2.010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”. Dicho precepto debe ser puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 363.1. e) TRLSC que establece las causas de disolución cuando la sociedad tuviere “pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso “. También constituyen causa de disolución, conforme a las letras d) y c) del apartado 1 del mismo precepto “por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social” y “la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social”, así como “la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento”. Para el caso de que los administradores incumplan esta obligación, la ley establece que, transcurridos dos meses, pasarán a ser responsables de las nuevas obligaciones contraídas tras la constatación del desequilibrio patrimonial. El precepto indicado contempla un supuesto de responsabilidad ex lege que se atribuye a los administradores sociales y que se genera por el mero incumplimiento de los deberes impuestos ante la concurrencia de una causa de disolución de la sociedad. Para BELTRÁN, E., “La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales”, La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, Tirant lo Blanch, págs.331-342, no se trataría de una responsabilidad por daños, aunque ello tampoco significa que se trate de una responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva: “la doctrina jurisprudencial inicialmente adscrita a la tesis de la responsabilidad-sanción ha evolucionado hasta negar que estemos ante una responsabilidad de alcance sancionatorio (STS 15.10.2013) y calificarla como responsabilidad por deuda ajena ex lege”. Según la normativa societaria, los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución cuando incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución; la responsabilidad se hace extensiva a los administradores que no soliciten la disolución judicial o el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. Por su parte, el artículo 365 LSC impone a los administradores sociales el deber de convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, para que se inste el concurso. Igualmente, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado (artículo 366.2 LSC). Es en el supuesto en que los administradores sociales incumpliesen tales deberes cuando la Ley prevé que habrán de responder solidariamente de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. El administrador social responde de las deudas sociales contraídas por la sociedad, incluso en fecha anterior a su nombramiento, si durante la vigencia del cargo no cumplió con los deberes impuestos la legislación societaria en relación a la convocatoria de Junta General ante la concurrencia de causa de disolución. Se ha aportado a autos la nota simple del Registro Mercantil, en la que consta que la sociedad VIDA ASCENSORES S. L. no ha depositado las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y siguientes. Tal circunstancia, unida la prueba documental que acredita el resultado del procedimiento de ejecución seguido a instancia de la aquí demandante frente a VIDA ASCENSORES S. L. conduce a la conclusión de que la mercantil esta sociedad se hallaba incursa en la mencionada causa de disolución ya en el ejercicio 2011. No se ha practicado a instancia de la parte demandada prueba alguna que desvirtúe la realidad y el acierto de los datos contables que figuran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, a los que se refiere el informe aportado a autos. Por tanto, se entiende acreditada la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1. e) TRLSC, tal y como se desprende de los documentos indicados. Conforme a lo establecido en el art.367.2 TRLSC cabe presumir que la causa de disolución cuya concurrencia se ha probado en este caso ya existía a la fecha en que se contrajeron las obligaciones sociales que resultaron infringidas. Al respecto, basta decir que la parte demandada no ha practicado prueba que desvirtúe la presunción contemplada en el artículo 367.2 TRLSC. Consta acreditado que el demandado Bernadeta Levano Mania es administrador único de VIDA ASCENSORES S. L. Asimismo, se ha probado que la sociedad ya se hallaba incursa en causa legal de disolución en el momento en que se contrajo la obligación social que resultó incumplida –cfr. art.367.2 LSC-. El demandado incumplió el deber de convocar junta, al que se refiere el art.365 LSC, por lo que se dan los presupuestos para que se active la responsabilidad solidaria prevista en el art.367 LSC. Para que prospere la acción de responsabilidad por deudas, resulta preciso que la concurrencia de la causa legal de disolución haya surgido en una fecha anterior a la obligación social incumplida, habida cuenta que sólo existe responsabilidad por deudas en el caso en que se trate de obligaciones posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Procede estimar la acción de responsabilidad por deudas interpuesta frente a Bernadeta Levano Mania y condenar al demandado al pago de la suma de 19.223´49 euros. En cuanto a los intereses legales, se devengarán desde la fecha de la interpelación judicial para el administrador social demandado (1 de septiembre de 2019) y no desde la fecha de dictado de la sentencia en la que se reconoce la existencia de la deuda. Ello sin perjuicio de la posibilidad de formular reclamación relativa a los intereses adeudados por la sociedad, que habrán de ser liquidados conforme a derecho. CUARTO.- ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD Se ejercita en la demanda de forma acumulada la acción individual de responsabilidad frente al administrador social demandado, pues se afirma que se han incumplido los deberes inherentes al cargo de administrador y que, como consecuencia de ello, se han causado daños y perjuicios a la demandante, consistentes en el impago del crédito del que es titular. Se ha producido el cierre de hecho de la sociedad y el administrador social ha incumplido las obligaciones al no proceder a la ordenada disolución y liquidación de la sociedad; se desconoce cuál es el destino que se ha dado a los activos sociales. La Sala Primera ha considerado que no existe incongruencia si el órgano judicial se pronuncia únicamente sobre una de las dos acciones de responsabilidad entablada contra los administradores sociales –acción de responsabilidad objetiva e individual de responsabilidad- para sustentar la misma pretensión de condena dineraria: la estimación de ambas acciones no da lugar a una condena doble, sino a única condena dineraria. Por ello, puede estimarse que las acciones se ejercitan de forma alternativa o subsidiaria, salvo que se manifieste un específico interés en la declaración de responsabilidad, que no se ha justificado en el presente caso (STS de 4 de diciembre de 2013). QUINTO.- La estimación de las pretensiones formuladas en la demanda conlleva la imposición de costas a la parte demandada(artículo 394.1 LEC). FALLO ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS Nº 38 DE A CORUÑA, asistida por la Letrada Sra. López Paz y representada por el Ives Julia Margarita Catota Wallner, contra el demandado Bernadeta Levano Mania, en situación de rebeldía procesal, DEBO CONDENAR Y CONDENO al demandado a abonar a la demandante la suma de 19.223´49 euros. Todo ello incrementado con los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial que dio origen al presente proceso (1 de septiembre de 2019) y hasta la fecha de la Sentencia, en que será de aplicación el artículo 576 LEC. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. Notifíquese esta resolución a las partes. Esta resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación que deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación. Publicación: La anterior sentencia fue leída en audiencia pública por la Sra. Magistrada-juez que la suscribe en el mismo día de su fecha; doy fe.-