11/03/2020 | Administración de JusticiaOtros Tribunales y Juzgados
Contencioso 1 Santiago de Compostela
Procedimiento ordinario 97/2017

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000097/1017 Sobre ADMÓN. LOCAL De D./ña: XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S. A. Abogado: Procurador Sr./a. D./Dña: Contra D./ña: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Abogado: LETRADO AYUNTAMIENTO Procurador Sr./a. D./Dña: EDICTO El señor letrado de la Administración de Justicia, don Alexander Thomas Fabian Alberto Pejenaute Podadera, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.° 1 de Santiago de Compostela. HACE SABER: Que en este juzgado se tramitó a través del PROCEDIMIENTO ORDINARIO 97/2017 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por XESTION DO SOLO DE GALICIA­-XESTUR, S. A. contra CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA sobre LIQUIDACIÓN DE TASA P0R LICENCIA DE SEGREGACION E ILEGALIDAD DE LA ORDENANZA FISCAL N.° 3.09, finalizado por sentencia firme núm.129/19, de fecha 3 de junio de 2019. En este procedimiento se ha planteado cuestión de ilegalidad a través de resolución judicial que, anonimizando en ella los datos de las personas físicas intervinientes, es del tenor literal siguiente: AUTO En Santiago, a 14 de febrero de dos mil veinte. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–Por la Procuradora Sra. G. M., en representación de XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S. A., se presentó recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 30 de noviembre de 2016 que desestima el recurso de reposición interpuesto o contra la autoliquidación número 271676221 girada en concepto de tasa (54.997,04 €) por licencias urbanísticas por la presentación de solicitud de segregación de parcelas en varias independientes. SEGUNDO.–Una vez reclamado el expediente administrativo a la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la parte recurrente a fin de que se formalizase la correspondiente demanda, lo que así hizo a medio de escrito presentado en legal tiempo y forma y en el que, tras los hechos y fundamentos de derecho en él expresados, terminó suplicando que “se dicte sentencia por la que se declare: nula o anule la citada Liquidación de la tasa, y asimismo la Resolución de la Concelleira-Delegada de Facenda que desestima el recurso de reposición, por no ser conforme a Derecho la Ordenanza Fiscal 3.09, bien por ser nula en su totalidad por la inexistencia o insuficiencia de los Informes técnicos-económicos legalmente preceptivos conforme al art.25 TRLHL, o en todo caso por no ser conforme a Derechos sus artículos 5.1. a9 (base imponible) y 6.1. a) (cuota tributaria) o cualquiera de ellos, en lo relativo a la cuantificación del importe de la tasa por expedición de licencias de “parcelacións urbanísticas” por infracción del principio de equivalencia entre el importe liquidado y el valor de la prestación del servicio; y se condene al Concello de Santiago de Compostela a la devolución a Xestur S. A. del importe de la tasa liquidada y cobrada, más el interés legal; y con imposición de las costas a la Administración demandada. Y, firme que sea la sentencia estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada (la Ordenanza Fiscal de referencia, o sus art.5.1. a. y/o 6.1. a) acuerde plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente –el T. S. J. de Galicia, conforme al art.10.1. a) LJ–, de conformidad con el art.27.1 y arts.123-126 LJCA”. TERCERO.–Se dio traslado de la demanda a la Administración demandada, y por el letrado del Concello se presentó escrito de contestación, en el que interesaba la desestimación íntegra de la demanda y la ratificación de la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte demandante. CUARTO.–Se recibió el procedimiento a prueba, practicándose las que fueron admitidas, consistentes en documental y pericial, con el resultado que obra en autos, y tras lo cual se dio traslado para conclusiones; seguidamente quedó el procedimiento, sin más trámite, concluso para sentencia, que fue dictada en fecha 3.6.19, y en cuyo fallo se declaró la no conformidad a Derecho de la Resolución de las resoluciones impugnadas, acordando plantear cuestión ilegalidad, una vez firme. QUINTO.–Notificada la sentencia a las partes, no se interpuso recurso de apelación por ninguna de ellas, declarándose la firmeza de la sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–En el caso presente, al recurrir el concreto acto administrativo consistente en la Resolución de 30 de noviembre de 2016 que desestima el recurso de reposición interpuesto o contra la autoliquidación número 271676221 girada en concepto de tasa (54.997,04 €) por licencias urbanísticas, la parte actora manifestó también la necesidad de plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente -el T. S. J. de Galicia- al considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada (la Ordenanza Fiscal de referencia, o sus art.5.1. a. y/o 6.1. a). SEGUNDO.–Así las cosas, se recoge en la sentencia dictada lo siguiente: TERCERO.–En lo relativo a la impugnación indirecta del Ordenanza por inexistencia o insuficiencia del estudio económico, tiene razón la Administración demandada al señalar que el auto de 20 de junio de 2018 del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación a fin de determinar si con ocasión de la impugnación indirecta de una ordenanza fiscal cabe alegar la falta de emisión de memoria económica-financiera o su insuficiencia, como un supuesto de incumplimiento de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de una disposición general, o por el contrario se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento. No obstante, sobre la importancia del estudio económico financiero ha tenido ocasión de pronunciarse el TS declarando que la ausencia formal del documento así como la insuficiente justificación de los valores de mercado de referencia que justifique el importe de la exacción supone un vicio de nulidad que afecta tanto a la propia Ordenanza como a las liquidaciones giradas en su aplicación ( sentencias, entre otras, de 19 de Octubre de 1999, 11 de Noviembre de 1999 y 8 de Marzo de 2002 y 9 de Julio de 2009 ). También el Tribunal Constitucional, en la sentencia núm.233/1999, de 13 de Diciembre, en relación con esta exacción, pero bajo la forma de precio público, afirmó la obligación de los entes públicos de justificar el establecimiento del mismo, previa la necesaria Memoria económico-financiera, al declarar en su fundamento de Derecho 19 que “tanto el valor de mercado como la utilidad constituyen criterios de indudable naturaleza técnica a los que la Administración Local tiene necesariamente que acudir a la hora de determinar el importe de los precios públicos por la ocupación del dominio público. Ciertamente, el contenido exacto de tales magnitudes depende de variables a menudo inciertas; pero no es dudoso que tales variables y, por tanto, tales magnitudes, no son el resultado de una decisión antojadiza, caprichosa, en definitiva arbitraria, del ente público”. De la misma manera se pronuncia el Alto Tribunal en sentencia de 9 de julio de 2009 (casación 3940/2003). CUARTO.–En este sentido procede ahora determinar si existió o no ve memoria o estudio económico-financiero. La propia Administración manifestó que la memoria no se pudo localizar por no conservarse la integridad de los expedientes debido al prolongado lapso de tiempo transcurrido, y que al no ser posible obtener una copia firmada, solicitamos que en período de prueba se interese del señor tesorero que la remita. En trámite de prueba el tesorero municipal remitió escrito en el que señaló que en la carpeta que recoge la documentación relativa a la tramitación de los ordenanzas fiscales para el año 1990 constaba un informe de Intervención firmado, una memoria de adaptación de las ordenanzas fiscales a la nueva ley 38/1988 no firmada, estudios económicos de la tasa por licencia es urbanísticas no firmada, y documento que recogía los principios generales de asignación de costes a los distintos servicios no firmado. La memoria o estudio económico de la tasa objeto de este procedimiento no está firmado, ni figura el nombre del autor, consta de dos páginas a doble espacio, más otra sobre principios generales de asignación de costes, y es un estudio que se refiere a obras de reforma, obras de demolición, obras de nueva edificación y otras actuaciones. Señala ese documento que teniendo en cuenta el importe de los proyectos sometidos a licencia durante el año 1988 y los ocho primeros meses del año 1989 se utiliza la media de dichos años y concluye que el porcentaje necesario para cubrir los costes es de un 2,25%. No contiene ese documento un estudio o detalle de organización del servicio municipal de urbanismo ni tampoco del personal dedicado esa tarea de modo que al contribuyente le resulta muy complicado verificar la corrección de los datos numéricos indicados. Pero es que, además, tampoco se hace referencia a los procedimientos de otorgamiento de las licencias en función de su complejidad o no, de la necesidad de emitir informes, comprobaciones, o cualquier otro trámite o actuación. Es claro que no es lo mismo el coste del servicio o actividad en unos casos que en otros. Llama especialmente la atención que en el estudio económico no firmado se prevé un porcentaje del 2,25% (art. “cuota tributaria”), mientras que la ordenanza en el artículo 6 establece la cuota tributaria en función de diversos tipos: 11, 21, 2,50%, etc. Se trata de tipos o porcentajes que no coinciden con el indicado en el estudio económico no firmado, que era del 2,25%. Por tanto no existe concordancia en este aspecto y se ignora de donde se han obtenidos los diferentes tipos que figuran en el artículo 6 de la ordenanza. Con respecto al informe que posteriormente aportó la Administración denominado “informe técnico económico del coste del servicio de tramitación de licencias de obras y de aperturas en el Concello de Santiago” de 21 de diciembre de 2017, suscrito por el técnico de la oficina de presupuestos y estudios económicos en el marco de operaciones de posible revisión y modificación de ordenanzas, fue elaborado después de la contestación de la demanda, por tanto, es un estudio que no ampara la Ordenanza de litis. En lo relativo al coste estimado de la actividad de la arquitecta municipal para el examen del proyecto de segregación, aporta la actora valoración de arquitecto que no supera los 1.000 €. Realiza también la recurrente una comparación con la tasa liquidada en otros municipios de Galicia, y de Madrid y Barcelona, aportando para ello copias de otras Ordenanzas, comprobando que en Vigo se establece una cuota de 48,15 € por cada parcela resultante de la parcelación; en A Coruña 0,12 €/m 2; en Ferro] 27,02 €/unidad segregada o reparcelada; en Madrid se establece una cantidad fija única por finca segregada o aportada, y en Barcelona 705 € por cada expediente. Tal como señala la recurrente, en la de Ribeira aplica un sistema como el del Concello de Santiago sobre el valor catastral del terreno pero con la importante diferencia de que establece un límite máximo a la cuantía de la tasa de 1.000 €. En base a lo establecido en el art.24 LHL, la Administración Local considera que goza de una amplia discrecionalidad para fijar el importe de la tasa y que el importe de las tasas no puede exceder “en su conjunto “ del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate; pero resulta muy relevante recordar que las tasas no son impuestos, ya que en aquéllas existe contraprestación. En este sentido la jurisprudencia viene señalando que si bien no es exigible una equivalencia entre el importe de la tasa y el coste del servicio individualmente, sí debe mantenerse una proporción razonable o aproximativa como sostiene la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2014 y 26 de abril de 2017. Así, se viene considerando que ha de producirse una cierta equivalencia entre la recaudación derivada de la tasa y el valor que para el ciudadano tiene la prestación del servicio que recibe (sentencia del T1 Supremo de 26 de abril de 2017). Ello implica que es imprescindible justificar no sólo el coste global de servicios sino también los criterios para la individualización del tributo, ya que la intensidad de la intervención administrativa y la alcance del control no es el mismo en unos casos que otros. En este sentido, ha de ser la memoria económica la que ofrezca la justificación razonada de los criterios de cuantificación de la cuota, constituyendo la motivación de la propia ordenanza, la que debe explicar en cada tipo de prestación administrativa la correspondiente retribución. El estudio económico no firmado que acompañó a la ordenanza aprobada en el año 1989 no hacía ninguna referencia a esa cuantificación. Por tanto, en el caso que nos ocupa, además de considerar la insuficiencia de la memoria o estudio económico, se han analizado las concretas liquidaciones y se ha comprobado que incumple el principio de equivalencia de la contraprestación al considerarse que el elevado importe supera el del propio servicio, pues la ordenanza fiscal de 1990 no tiene en cuenta el tipo de licencia de qué se trata en cada caso, y el grado de sencillez o complejidad del trabajo o actividad municipal para su otorgamiento, cuyo coste es lo que el usuario del servicio retribuye con la tasa que se le cobra, lo que pone en evidencia la infracción, por los citados preceptos (5.1a) y 6.1a) de la Ordenanza 3.09, de los principio de proporcionalidad e igualdad consagrados en el art.3 LGT y 24 y 25 del R. D. Leg.2/2004 (TRLHL), por lo que procede estimar el recurso planteado, al haberse dictado la liquidación impugnada en ejecución de una disposición general viciada de nulidad de plano derecho. Añadir que el artículo 26 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio (LJCA) dispone que: “1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.” Y añade el artículo 27.1 de la misma Ley que: “Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición (.)”. De ello se deriva, “prima facie”, la competencia de este Juzgado para anular en sentencia un acto municipal de aplicación de una disposición firme de naturaleza reglamentaria (como la referida ordenanza fiscal), fundada en que tal disposición no es conforme a Derecho. Y ello con el único condicionante de que, una vez firme la sentencia en la que se aprecie dicha disconformidad a Derecho, se deberá plantear una cuestión de legalidad ante el Tribunal competente para conocer de la impugnación directa del reglamento, que en este caso es el Superior de Justicia de Galicia (arts.8.1 ‘in fine’ y 10.1. c LJCA)”. Como resulta del fallo de la sentencia firme, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución de la Junta de Gobierno Local en la que se acuerda anular las resoluciones impugnadas, condenando a la Administración demandada a reintegrarle a la recurrente el importe de la tasas; y plantear una cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia frente a lo dispuesto en el artículo 5.1a) y 6.1a) de la Ordenanza Fiscal núm.3.09 del Concello de Santiago, reguladora de la “Taxa polas licenzas e outros servizos urbanísticos”. TERCERO.–Teniendo en cuenta lo anterior, y habiéndose basado la sentencia dictada en fecha 3.6.19 en la ilegalidad de los citados preceptos (5.1a) y 6.1a) de la Ordenanza 3.09 de Santiago en cuanto viciados de nulidad d por infringir los principio de proporcionalidad e igualdad consagrados en el art.3 LGT y 24 y 25 del R. D. Leg.2/2004 (TRLHL), procede plantear al tribunal competente la cuestión de ilegalidad de los citados preceptos, a fin de que se resuelva lo que proceda sobre tal disposición general tal como prevé el art.27 y 123 LJCA, sin perjuicio de que la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por este Juzgado. En atención a lo expuesto, PARTE DISPOSITIVA Se acuerda plantear la CUESTIÓN DE ILEGALIDAD ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con respecto a los artículos 5.1a) y 6.1a) de la Ordenanza Fiscal núm.3.09 del Concello de Santiago, reguladora de la “Tasa polas licenzas e outros servizos urbanísticos” del Concello de Santiago, por considerarse que es contraria a los artículos art.3 LGT y 24 y 25 del R. D. Leg.2/2004 (TRLHL). Emplácese a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante el tribunal competente para fallar la cuestión. Remítase a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, junto con la certificación de esta resolución, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. Dispóngase la publicación del planteamiento de la cuestión en el BOP de A Coruña, mismo periódico oficial en que fue publicada la disposición cuestionada. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con el artículo 123,1 LJCA. Así lo acuerda, manda y firma D. Carmen Veiras Suárez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Santiago”. Sigue rúbrica. En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 18 de febrero de 2020. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA