25/11/2020 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 2 Ferrol
Despido/ceses en general 977/2019

EDICTO D./D.ª JOSE REYNALDO GUINOT BENEDE, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 002 de FERROL, HAGO SABER: Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000977/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª MARIA CANDELA VELASCO GARRAN contra ELINCO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S. L. U., INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. U., MAGARRILUZE CONCURSAL, S. L., FONDO GARANTIA SALARIAL, GRUPO ELINCO 1999, S. L., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL GRUPO ELINCO 1999, S. L.-ADLER CONCURSAL, S. L. P., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 144/2020 En Ferrol, a 30 de julio de 2020 Vistos por mí, Doña Lucía de la Fuente Seoane, Magistrada titular del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ferrol, los presentes autos 977/2019 sobre DESPIDO, seguidos a instancia de D. EDISON GONZALO EL ARGUIOUI NEWTON, asistido del Letrado Hector Salvador Rousset North, frente a GRUPO ELINCO 1999, S. L.; su administración concursal ADLER CONCURSAL, S. L. P; ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U.; su administración concursal MUGARRILUZE CONCURSAL, S. L.; INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. U y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL; de ellos se desprenden los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–La demanda origen de estas actuaciones tuvo entrada ante Decanato el día 2.10.2019, en la que tras alegar los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, suplicaba se dictase una sentencia por la que se declarase la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración. SEGUNDO.–Admitida a trámite la demanda, señala día y hora para la celebración de los actos de conciliación y del juicio. TERCERO.–Llegado el día 30.7.2020, tras haber sido intentada sin efecto la conciliación, tiene lugar la vista, a la que comparece la actora no haciéndolo las demandadas. Abierto el acto, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda. Recibido el pleito a prueba, la actora propuso el interrogatorio de las codemandadas, la documental interesada, la que aporta en el acto consistente en 28 documentos. Se admite toda la prueba. Tras el trámite de conclusiones, en que la actora solicita la extinción de la relación laboral, quedó el juicio visto para dictar sentencia. SERGIO RAFAEL DE GEA HMAM PRIMERO.–Don José Moisés Fernández Martínez, con DNI n.º XXXXXXXXX, prestó servicios retribuidos bajo la dependencia de ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U, con una antigüedad de 26.10.2008, categoría profesional de oficial de 1.ª y salario bruto diario de 61,31 euros, incluida la prorrata de pagas extras. El actor es miembro del comité de empresa desde el 27.12.2018. SEGUNDO.–En fecha 31.7.2019 la empresa notificó al actor carta de despido con el siguiente tenor literal: “La presente es para ponerle de manifiesto que tras el periodo de consultas realizado en el ERE que se ha llevado a cabo entre Elinco Construcciones Eléctricas S. L y los representantes de los trabajadores y que ha finalizado el pasado día 22 de Julio de 2019 sin acuerdo, le comunicamos: La empresa ha tornado la decisión de extinguir su contrato de trabajo dentro del despido colectivo arriba referenciado. A tal efecto, le indicamos las condiciones del mismo: 1.–Fecha efectiva de la decisión. Los efectos de esta decisión extintiva será efectiva el 16 de Agosto de 2019. Se le reconoce una antigüedad de 26 de octubre de 1998.2.–Indemnización. Importe: conforme a lo establecido en el artículo 53.1 b) del ET, le corresponde una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 prorrateándose por meses los periodos inferiores indemnización de refleja en el correspondiente se anexa a esta comunicación y que asciende a 22.737,60 €. Puesta a disposición: Debido a la situación económica por la que atraviesa la empresa y expuesta en el ERE, en este momento no resulta posible poner a su disposición la citada indemnización. Justificación de la imposibilidad de pago: La justificación de la imposibilidad de poder abonarle en este momento la indemnización viene dada por la carencia absoluta de fondos de tesorería en metálico como ya se ha acreditado en el expediente y que nos ha llevado a proceder a aplazar impuestos, cotizaciones a la seguridad social, así como no poder hacer frente al pago de la nómina de todos los trabajadores desde el mes de Junio y a cantidades vencidas con proveedores. Asimismo esta decisión extintiva ya ha sido comunicada previamente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral”. TERCERO.–El día 11/07/2019 Elinco Construcciones Eléctricas, S. L. había comunicado al Comité de Empresa su intención de presentar un ERE extintivo, habiéndose iniciado el periodo de consultas del ERE el 15/07/2019 para extinción de la totalidad de la plantilla, ERE afectante a la relación laboral de 64 trabajadores. Durante el periodo de consultas por la representación de los trabajadores se reiteró solicitud de aportación, entre otra, de la siguiente documentación: cuentas anuales durante los dos últimos ejercicios debidamente auditadas, cuentas provisionales al inicio del procedimiento en curso debidamente firmadas por los administradores, documentación fiscal o contable que acreditara la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante los tres trimestres anteriores y los mismos trimestres del año anterior, plan de recolocación externa, previsión de entrega de cotizaciones al personal mayor de 55 años, y de cuentas del grupo. En las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo en relación al ERE con fecha de salida de 20/08/2019, se expresan, entre otras que: – La empresa no ha aportado los informes de auditoría preceptivos a pesar de estar obligada a auditar sus cuentas, tanto por número de trabajadores, cifra anual de negocios y total de partidas del activo en 2017 y 2018». – La parte social refiere incumplimientos en el suministro de información, como la relativa a las cuentas provisionales de 2019, los informes de auditoría preceptivos y la documentación económica del resto de empresas del grupo». – La empresa reconoce pertenecer a un grupo de empresas. Tanto el objeto social como la participación de los socios y administradores evidencia que las empresas del grupo participan en el mismo sector y se encuentran bajo la misma dirección, sin que se haya aportado documentación económica alguna relativa al resto de empresas que conforman el grupo». CUARTO.–ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U pertenece a un grupo de empresas, siendo la empresa matriz GRUPO ELINCO 1999, S. L. y del que también forma parte INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. GRUPO ELINCO, S. L. tiene por objeto social “actividades de holding”, con mismo domicilio social que ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. en carretera de Cedeira km 2, Narón. Su administrador social único es Luis Manuel Pérez Gómez. ELINCO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S. L. tiene por objeto social “instalaciones eléctricas en general, instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión, instalación de sistemas de balización en puertos y aeropuertos, instalaciones de fontanería, calefacción, gas, acondicionamiento de aire, fabricación de aparatos y equipos electrónicos, construcción, reparación y conservación de edificaciones, albañilería y pequeños trabajos de construcción”. Como socio único y administrador figura GRUPO ELINCO 1999, S. L. INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. tiene por objeto social instalaciones eléctricas en general: montaje e instalación de sistemas de energías renovables, tales como energía solar, fotovoltaica, térmica, eólica, hidráulica, biomasa y similares, CNA 4321 (actividad principal). 2. Instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Su domicilio social se ubicada en P. I: As Lagoas 9, Narón. Su socio único y administrador social único es GRUPO ELINCO 1999, S. L. Las ofertas a clientes se realizaban siempre en nombre del grupo. Los trabajadores de INNAIN y ELINCO trabajaban de forma indistinta en las mismas obras y con los mismos equipos y materiales. QUINTO.–GRUPO ELINCO 1999, S. L. presentó declaración censal de baja en el censo de empresarios con fecha efectiva de cese el 31.12.2019. La empresa fue declarada en concurso voluntario por auto de 22.1.2020 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de A Coruña que nombró administrador concursal a ADLER CONCURSAL, S. L. P. INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. dio la última baja a trabajador en la Seguridad Social en fecha 4.3.2020 y carece de trabajadores en alta. ELINCO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S. L. también fue declarada en concurso siendo nombrado administrador concursal MUGARRILUZE CONCURSAL, S. L. SEXTO.–El inició un proceso de incapacidad temporal el 12.6.2019. Mediante resolución del INSS de 11.6.2020 se acordó reconocer una prórroga de la IT por plazo máximo de 180 días. SÉPTIMO.–La parte actora promovió acto de conciliación ante el servicio de conciliación correspondiente en fecha 12.9.2019 por despido, que fue celebrado el 1.10.2019 con el resultado de intentado sin efecto. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.–A los efectos de lo dispuesto en el art.97.2 LRJS, los hechos declarados probados resultan acreditados con el examen y valoración conjunta de la prueba practicada. En concreto: – Hecho probado primero: de los doc.2 a 14 de la actora y la antigüedad reconocida en la carta de despido (doc.1). – Hecho probado segundo: de la carta de despido (doc.1). – Hecho probado tercero: de los doc.15 a 23, 24 y 28. – Hecho probado cuarto: de los doc.24, y anticipados por la empresa (escrituras de constitución en folios 31 y 70 de autos, doc.1 y doc.1). – Hecho probado quinto: del doc.28 y 27. – Hecho probado sexto: de los doc.5 y 6. – Hecho probado séptimo: del acta de conciliación aportado por la actora con la demanda. SEGUNDO.–En el presente procedimiento, la parte actora pretende que se declare la nulidad del despido, alegando que la actora durante el periodo de consultas no se entregó la documentación preceptiva, por no ajustarse el despido a derecho y producirle indefensión. Las demandadas no han comparecido. TERCERO.–En relación a la pretensión de la actora de que se declare su despido nulo, conforme al artículo 124.13, letra a, 3.ª “El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de esta ley, únicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista”. En este caso, el despido colectivo debe iniciarse por comunicación a los representantes de los trabajadores que deberá acompañar según el art.51.2 ET de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. Dicho desarrollo reglamentario se contiene en el art.4 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, conforme al cual: “1. En los despidos colectivos por causas económicas, la documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa que acredite, en la forma señalada en los siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.4. Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.5. Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas cuya sociedad dominante tenga su domicilio en España, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el periodo señalado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento”. Por tanto, constando acreditado del relato de hechos probados que la empresa no acompañó cuentas anuales durante los dos últimos ejercicios debidamente auditadas, cuentas provisionales al inicio del procedimiento en curso debidamente firmadas por los administradores, documentación fiscal o contable que acreditara la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante los tres trimestres anteriores y los mismos trimestres del año anterior, plan de recolocación externa, previsión de entrega de cotizaciones al personal mayor de 55 años, y de cuentas del grupo, debe concluirse que procede declarar el despido nulo, máxime si se tiene en cuenta que la empresa forma parte de un grupo de empresas cuya documentación tampoco fue entregada a los representantes de los trabajadores para su examen y consideración en el periodo de consultas. CUARTO.–En cuanto a las consecuencias de la declaración de nulidad del despido, y teniendo en cuenta la petición de la actora de que se extinga la relación laboral dada la imposibilidad de readmisión, procede aplicar de forma analógica lo dispuesto en el art.286 de la LRJS, y declarar la extinción de la relación laboral con fecha de esta sentencia con la consiguiente condena al abono de la indemnización por despido improcedente de acuerdo con la antigüedad de 26.10.1998 reconocida en carta de despido y que resulta del informe de vida laboral. Para el cálculo de la indemnización se ha de partir de que el salario regulador diario es de 61,31 euros de promedio anual conforme a las doce últimas nóminas aportadas, y teniendo en cuenta que hasta el 12 de febrero del año 2012 la indemnización debe ser de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades y a partir de dicha fecha en que entró en vigor el real Decreto Ley 3/2012, la indemnización debe ser de 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, resulta una indemnización de 44.143,20 euros. No procede el abono de los salarios de trámite por encontrarse en situación de IT desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia. QUINTO.–Por último, cabe examinar la responsabilidad que alcanza no sólo a la empleadora formal ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U. sino al resto de codemandadas GRUPO ELINCO 1999, S. L. e INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. U. Pues bien conviene recordar los requisitos exigidos por la jurisprudencia para poder apreciar la existencia de grupo de empresas a efectos laborales, siendo de destacar la STS de 20.10.2015 (recurso de casación, que en su fundamento de derecho cuarto expone: “2.–Nuestra doctrina sobre el «grupo de empresas» como empleador.–Antes de referir nuestra más reciente jurisprudencia sobre la responsabilidad solidaria en el grupo de empresas, nos parece conveniente efectuar una matización terminológica. Hasta la fecha siempre hemos afirmado que son perfectamente diferenciables el inocuo –a efectos laborales– «grupo de sociedades» y el trascendente –hablamos de responsabilidad– «grupo patológico de empresas». Sin embargo, el transcurso del tiempo y la progresiva evidencia de un cierto desfase entre la normativa vigente en materia de sociedades mercantiles y la variada realidad ofrecida por el mundo económico en materia de grupos de sociedades [dominicales, contractuales y personales], en muchas ocasiones absolutamente exteriorizadas y aún mantenidas por iniciativa propia en sede judicial por las propias empresas [incluso con oposición de la parte social], nos ha llevado a la conclusión de que la expresión «grupo patológico» ha de ser reservada para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude, pero cuando los datos objetivos que llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no responden a una actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la terminología más adecuada más bien debiera ser la de «empresa de grupo» o «empresa-grupo», que resultaría algo así como el género del que aquél –el grupo patológico– es la especie, cualificada precisamente por los referidos datos de abuso, fraude u ocultación a terceros. Dicho esto pasemos a referir nuestra vigente doctrina en la materia, expresada en numerosas resoluciones del Pleno de la Sala [ SSTS 27/05/13 (RJ 2013, 7656) – rco 78/12–, asunto «Aserpal»; …; 28/01/14 (RJ 2014, 4343) –rco 16/13–, asunto «Jtekt Corporation»; 04/04/14 –rco 132/13–, asunto «Iberia Expréss»; 21/05/14 –rco 182/13–, asunto «Condesa»; 02/06/14 –rcud 546/13–, asunto «Automoción del Oeste»;…; 22/09/14 –rco 314/13–, asunto «Super Olé»; …; 24/02/15 (RJ 2015, 1370) –rco 124/14–, asunto «Rotoencuadernación»; y 16/07/15 –rco 31/14–, asunto «Iberkake»], que ha ido perfilando los criterios precedentes en orden a la figura de que tratamos y que puede ser resumida –ya que en toda su amplitud ha sido expuesta con cansina reiteración– en las siguientes indicaciones: a) Que son perfectamente diferenciables el inocuo –a efectos laborales– «grupo de sociedades» y la trascendente –hablamos de responsabilidad– «empresa de grupo; b) Que para la existencia del segundo –empresas/grupo– «no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales», porque «los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son». c) Que «la enumeración –en manera alguna acumulativa– de los elementos adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera ser la que sigue: 1.º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo –simultánea o sucesivamente– en favor de varias de las empresas del grupo; 2.º) la confusión patrimonial; 3.º) la unidad de caja; 4.º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa «aparente»; y 5.º) el uso abusivo –anormal– de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores». d) Que «el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad». Asimismo, sobre los referidos elementos adicionales son imprescindibles las precisiones – misma doctrina de la Sala– que siguen: a) Funcionamiento unitario.–En los supuestos de «prestación de trabajo “indistinta” o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos … ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores»; situaciones integrables en el art.1.2. ET (RCL 1995, 997), que califica como empresarios a las «personas físicas y jurídicas» y también a las «comunidades de bienes» que reciban la prestación de servicios de los trabajadores». b) Confusión patrimonial.–Este elemento «no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso»; y «ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que “no pueda reconstruirse formalmente la separación”». c) Unidad de caja.–Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como «promiscuidad en la gestión económica» y que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de «permeabilidad operativa y contable», lo que no es identificable con las novedosas situaciones de «cash pooling» entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes. d) Utilización fraudulenta de la personalidad.– Apunta a la «creación de empresa aparente» –concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas– y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos en los que –a la postre– puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de «pantalla» para aquélla. e) Uso abusivo de la dirección unitaria.– La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio –determinante de solidaridad– cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante. En el presente caso, el grupo de empresas mercantil debe considerarse patológico a los efectos laborales toda vez que consta acreditada no sólo la unidad de dirección, sino la confusión patrimonial y de plantillas, creándose un entramado societario de forma artificiosa de lo que en realidad forma una unidad empresarial. Por tanto, deben resultar condenadas de forma solidaria las empresas codemandadas. SEXTO.–Frente a esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación de conformidad con lo establecido en art.191 LRJS. FALLO Que, estimando la demanda sobre despido presentada Don EDISON GONZALO EL ARGUIOUI NEWTON frente a GRUPO ELINCO 1999, S. L.; su administración concursal ADLER CONCURSAL, S. L. P; ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U.; su administración concursal MUGARRILUZE CONCURSAL, S. L.; INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. U y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: – Debo declarar y declaro nulo el despido de la actora producido con efectos de 16.8.2019. – Debo extinguir y extingo la relación laboral entras las partes con fecha de efectos de esta sentencia, 30.7.2020. – Debo condenar y condeno de forma solidaria a las empresas GRUPO ELINCO 1999, S. L.; ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. L. U.; e INNAIN TECHNOLOGIES, S. L. U a que abonen al demandante de una indemnización que asciende a 44.143,20 euros y sin que proceda el abono de los salarios de trámite por encontrarse en situación de IT desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia. – Debo absolver y absuelvo a las administraciones concursales y al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sin perjuicio de la responsabilidad de este último conforme al art.33 ET. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en el BANCO SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm.1501000097719, debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “36 Social Suplicación”, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En caso de que se realice el ingreso por medio de transferencia electrónica, se efectuará en la entidad BANCO SANTANDER, en la cuenta bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando como beneficiario JUZGADO DE LO SOCIAL NUM.2 DE FERROL, y en el campo OBSERVACIONES o CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, se consignará 1501000065097719. Remítase el original al libro de Sentencias, dejando testimonio en autos. Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. AUTO En Ferrol, a 19 de agosto de 2020. HECHOS PRIMERO.–En el presente procedimiento ha recaído sentencia n.º 144/2020, de fecha 30.7.2020. SEGUNDO.–La parte actora ha presentado escrito solicitando la aclaración de la sentencia en fecha 11.8.2020. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS ÚNICO.–Conforme a lo dispuesto en los artículos 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmarlas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”. El apartado 2 del citado precepto permite que la aclaración tenga lugar de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo. El mismo precepto en su apartado 4 indica que las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto podrán ser subsanadas, mediante auto. En el presente caso, se aprecia el error material alegado por la actora en su escrito, puesto que no resultando controvertido el hecho probado primero se ha consignado una antigüedad distinta de la que figura en la demanda y que resulta reconocida en la carta de despido, por lo que se ha de corregir el citado hecho probado primero estableciendo como antigüedad la de 26.10.1998 y como indica la parte actora, dicha antigüedad es acorde con la indemnización por despido que se fija en el fallo. PARTE DISPOSITIVA Que debo corregir y corrijo de oficio el error material de la sentencia n.º 144/2020, de fecha 30.7.2020 de este juzgado, de forma que en el hecho probado primero, donde dice “con una antigüedad de 26.10.2008” debe decir “con una antigüedad de 26.10.1998”. El resto de la resolución mantiene su validez y tenor literal. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno. Así lo acuerda, manda y firma, Doña Lucía de la Fuente Seoane, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ferrol. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GRUPO ELINCO 1999, S. L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de A CORUÑA. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En FERROL, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA