03/03/2020 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Edicto de sentencia JVB 791/2018-S

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.º 9 DE A CORUÑA RUA MONFORTE, S/N - 4.ª PLANTA CIF S1513091G Teléfono 981.18.52.69/70 Fax 981.18.52.59 Correo electrónico: Equipo/usuario: CC Modelo: N28040 N. I. G.: 15030 42 1 2018 0013167 JVB JUICIO VERBAL 0000791/2018 S Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE: D./ña. BANCO CETELEM Procurador/a Sr./a. EDUARDO MARCOS NEYEN ATSERIAS KOVACI Abogado/a Sr./a. JORGE JOAQUIN BOULBEN HORCAJADA DEMANDADO: D./ña. ARTEMISA DEMIGUEL VILLARRUBIA Procurador/a Sr./a. Abogado/a Sr./a. E D I C T O D./D.ª. IRENE MONTSERRAT MOTILLA STOIAN, letrado de la Administración de Justicia del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.º 9 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento JVB 791/2018-S seguido a instancia de BANCO CETELEM frente a ARTEMISA DEMIGUEL VILLARRUBIA se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA n.º 41/2020 En A Coruña, a 24 de febrero de 2020. Vistos por S. S.ª. Ilma. doña Ana Fernández-Porto Vázquez, Magistrada-Juez en comisión de servicio de refuerzo transversal en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña, los presentes autos de juicio verbal registrados bajo el número 791/2018-S de los de este Juzgado, tramitado a instancia del demandante Banco Cetelem, S. A., con domicilio social en Madrid, provisto del código de identificación fiscal número A-78.650348, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Ángel Painceira Cortizo, con la dirección del Abogado don Juan Carlos Franco Piñeiro; siendo demandada doña María Begoña Fernández Pena, mayor de edad, vecina de A Coruña, provista del documento nacional de identidad número XXXXXXXXX, en situación de rebeldía procesal; versando la litis sobre reclamación de cantidad derivada de relación contractual. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–El procurador don Rabih Escalon Diaz de Yela, en nombre y representación de Banco Cetelem, S. A., presentó el 5 de septiembre de 2018 ante el Juzgado Decano demanda en juicio verbal, posteriormente turnada a este Juzgado, fundando la misma en los hechos que a sus intereses correspondieron, alegó fundamentos legales y terminó suplicando que se dicte sentencia por la que estimando la demanda en todas sus partes, se condene a la parte demandada al pago de la suma reclamada de 866,13 euros, con más los intereses legales desde la interpelación judicial y al pago de las costas del presente procedimiento. SEGUNDO.–Se tuvo por personado y parte al citado procurador, en la representación que acreditaba, con quien se entenderían ésta y sucesivas diligencias en el modo y forma que la Ley previene, admitiéndose a trámite la demanda formulada, que se substanciaría por las normas procesales previstas para el juicio verbal en los artículos 437 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se dio traslado de la demanda al demandado emplazándole para que en el plazo de 10 días compareciera y contestara a la demanda, con los correspondientes apercibimientos legales. Dentro del término del emplazamiento no se personó doña María Begoña Fernández Pena, por lo que mediante diligencia de ordenación de fecha 6 de noviembre de 2019 fue declarada en situación de rebeldía procesal. TERCERO.–Ninguna de las partes ha solicitado la celebración de vista. Por providencia de 18 de noviembre de 2019 se acordó convocar a las partes a juicio, con las prevenciones legales en caso de incomparecencia de cualquiera de ellas. Al acto del juicio compareció la parte actora. No compareció la parte demandada, en situación de rebeldía procesal. Abierto el acto por la parte demandante se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, e interesó el recibimiento a prueba. No planteándose cuestiones procesales, y fijada la cuestión litigiosa, se recibió el juicio a prueba. Se practicaron las pruebas declaradas pertinentes, documental obrante en autos. A continuación la parte actora procedió a realizar sus conclusiones; quedando las actuaciones conclusas para dictar sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–En las presentes actuaciones, por la parte actora se ejercita una acción de reclamación de cantidad como consecuencia de impago de las cantidades dispuestas en base al contrato de préstamo mercantil: tarjeta euro crédito, que ha sido aportada a las actuaciones como documento número 2 de la demanda, cuyo importe asciende a 866,13 euros (documentos números 3 y 4 de la demanda). La demandada no ha comparecido en legal forma, por lo que de conformidad con el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha sido declarado en situación de rebeldía procesal. Si bien la situación procesal de rebeldía no implica la conformidad con las pretensiones de la parte actora (artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y subsiste en ésta la obligación de probar la acción planteada, ya que conforme al artículo 217.2 del citado texto, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.–De la documental aportada con la demanda por la parte actora y que no ha sido impugnada por la demandada, con los efectos previstos en los artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta acreditado que ambos han mantenido tratos comerciales relativos a la contratación de una tarjeta euro crédito por parte de la demandada. De esta forma, ha quedado acreditada la certeza de la deuda sin que la demandada haya acreditado la extinción de su obligación de pago tal y como le correspondía conforme al artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, regula el artículo 1.156 del Código Civil las causas de extinción de las obligaciones, si bien no se trata de una enumeración completa sino que como ha declarado la jurisprudencia de manera reiterada, la lista del citado precepto no es limitativa ni excluyente. El primero de los modos extintivos que enumera el artículo 1.156 es el pago o cumplimiento, y el más importante en la práctica. Debiendo entender por tal la plena o absoluta realización de lo convenido por las partes al contraer la obligación. Por ello el cumplimiento dependerá de la naturaleza de la obligación en adecuación a lo pretendido por las partes, al convenirlo en cuanto a tiempo, lugar y modo. Desde el punto de vista objetivo el cumplimiento tiene que realizarse exactamente en el acto constitutivo de la obligación. A ello se refiere el artículo 1.157 del Código Civil al decir que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Por lo que en atención a lo expuesto, procede la estimación de la demanda interpuesta. TERCERO.–En relación con la petición de abono de los intereses legales debe recordarse la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil. Entre los principales efectos de derecho material de la demanda se encuentra la constitución en mora del deudor, conforme a lo establecido en el artículo 1.100 del Código Civil, por lo que el inicio de la mora debe situarse a la presentación de la demanda, y no al emplazamiento, o en su caso citación para juicio, del demandado (en este sentido las ya clásicas sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1981, 20 de diciembre de 1985, 10 de octubre de 1986, 7 de junio de 1989, 30 de diciembre de 1994, 5 de noviembre de 2003 y 29 de junio de 2004). El interés se devenga desde la interposición de la demanda aunque en sentencia se condene a menor cantidad de la inicialmente solicitada, siempre que ésta no venga a constituir el derecho que se impone al litigante, sino que se limite meramente a declarar derechos que asistían al acreedor, y que sólo se concreta en su extensión cuantitativa, existiendo ya el derecho, superando así la tradicional interpretación del principio «illiquidis non fit mora». CUARTO.–En materia de imposición de las costas del procedimiento devengadas en esta instancia, rige el principio objetivo del vencimiento; siendo de preceptiva imposición a la parte cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; no apreciándose la existencia de circunstancias que merezcan el calificativo de excepcionales que justificasen su no imposición. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, F A L L O ESTIMANDO la demanda formulada en nombre de Banco Cetelem, S. A., contra doña Estanislada Jinyun Gomez de Salazar Loarte, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TRECE EUROS (866,13 €); importe que devengará el interés legal desde la interpelación judicial (5 de septiembre de 2018) y el previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a contar desde la presente resolución. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandada. Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno, según lo establecido en el artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así por esta mi sentencia, que será archivada en el libro de sentencias de este Juzgado, y de la que se llevará testimonio a los autos, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio mando y firmo. Y encontrándose dicho demandado, ARTEMISA DEMIGUEL VILLARRUBIA, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a veintiséis de febrero de dos mil veinte. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA