10/03/2020 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 3 Ferrol
Juicio verbal 802/2019

JVB JUICIO VERBAL 0000802/2019 Procedimiento origen: / Sobre OTROS VERBAL DEMANDANTE: D./ña. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE NUEVA DE CARANZA, 169, FERROL Procurador/a Sr./a. MANUEL PEDRO PEREZ SAN MARTIN Abogado/a Sr./a. LAURA RUTH ARROUB CEBOLLO DEMANDADOS: D./ña. NYBERG DORADOR, MARIE DAMIR, KASSEN TAFAOUI, MONICA JESUS RODRIGUEZ Procurador/a Sr./a. Abogado/a Sr./a. WYSOCKI WORTLEY, GEORGE GARCIA E D I C T O D.ª SNEZHANA BERTRAN MARTYNIUK ERREJON, letrado de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.3 de FERROL, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento de JVB 802/2019 seguido a instancia de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE NUEVA DE CARANZA, 169, FERROL frente a MANUEL PEREZ LOSADA, CARMEN LOSADA CALVO, MARIA ANGELES CASTRO PENA, JUAN JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA En Ferrol, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos por DOÑA AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.3 de Ferrol, y su partido los autos de juicio verbal, seguidos ante este Juzgado, con el número 802 del año 2019, sobre reclamación de cantidad, a instancias de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EIFICIO CALLE NUEVA DE CARANZA, NÚM.169 del municipio de Ferrol, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Pérez San Martín, y asistida por el letrado Sr. Luis Galo Algarte Latreche contra RAYCO ANTONIO PAPIS PERDICES, mayor de edad, titular del NIF XXXXXXXXX; DOÑA MARÍA CARMEN LOSADA CALVO, mayor de edad, titular del NIF XXXXXXXXX, ambos en situación de rebeldía procesal, y contra DOÑA ÁNGELES CASTRO PENA, mayor de edad, titular de NIF XXXXXXXXX, y DON JOSE CARLOS HUIRACOCHA BLANEY, mayor de edad, provista de NIF XXXXXXXXX. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–Por la representación procesal de la parte actora, se presentó, en fecha 3 de junio de 2019, ante la oficina de registro y reparto civil del Decanato de los Juzgados de Ferrol solicitud de procedimiento monitorio, en reclamación de cantidad frente a la ahora demandada, por importe de 1.891,61 €, cantidad que se refiere debidas por impago de cuotas ordinarias o gastos generales, así como por remisión de burofax en reclamación de la deuda. De forma que, admitida a trámite la pretensión monitoria, por Diligencia de Ordenación, de fecha 14 de junio de 2019, se acordó requerir a los presuntos deudores bien de pago bien para que manifestara, en el término de 20 días, por qué consideraba que no debía, en todo o en parte, la cantidad reclama. Consta en los autos que, la pretensión monitoria, documentos adjuntos y diligencia de ordenación de fecha 14 de junio de 2019, fueron notificadas a los presuntos deudores: doña María de los ángeles Castro pena en fecha 19 de junio de 2019, a don JOSE CARLOS HUIRACOCHA BLANEY, en fecha 20 de junio de 2019, y a don Edison Rolando Tangara Bossy y a doña Carmen losada Calvo en fecha 26 de junio de 2019, por el SCA del Juzgado de Ferrol en fecha 11 de junio de 2019, efectuándole el requerimiento prevenido en la resolución judicial. Por escrito registrado en el Decanato de los Juzgados de Ferrol con el núm.21.544/2019, el 17 de julio de 2019, se presentó por los presuntos deudores en nombre propio, sin asistencia de letrado ni representación procesal, escrito oponiéndose a la pretensión monitoria, señalando, expuestos ahora en síntesis, respecto de lo que constituye el objeto de litigio, que: 1. Desconocen la deuda reclamada, la cual no les fue notificada.2. Todo lo acontecido es debido a un engaño de los vendedores. La parte hoy demanda no solicitó la celebración de vista. SEGUNDO.–Por Decreto de fecha 30 de octubre de 2019, se acordó proseguir la tramitación del presente procedimiento por los trámites del juicio verbal habida cuenta de la cuantía de la demanda, emplazándose a la parte actora para que, por término de 10 días, procediera a impugnar la oposición a la pretensión monitoria presentada por la adversa. En fecha 20 de noviembre de 2019 se registró con el núm.31.966/2019, telemáticamente, el escrito, presentado por la parte actora, de impugnación a la oposición ratificándose en las pretensiones de su solicitud monitoria, señalando, de igual modo en su escrito, que entendía necesaria la celebración de vista. Así que, por diligencia de ordenación, de fecha 20 de noviembre de 2019, pasaron los autos a la vista para resolver. No estimándose necesaria la celebración de juicio, en atención a la documental aportada quedaron los autos sobre la mesa para dictar sentencia. TERCERO.–En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–En el procedimiento la Comunidad de Propietarios accionante, formuló demanda contra don Edison Rolando Tangara Bossy y doña Noralba Sierra Haffoud, así como contra doña María de los ángeles Castro Pena y don JOSE CARLOS HUIRACOCHA BLANEY, en reclamación de cantidad por importe de 1.891,61 € que se desglosan en: cuotas impagadas de la comunidad de propietarios devengadas desde el mes de febrero de 2015 hasta el mes de octubre de 2017, ambas mensualidades inclusive, así como gastos de evolución por importe de 76,61 €. Solicitando su condena al pago de la cantidad debida por cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios, más los gastos de reclamación extrajudicial y gastos de devolución, así como los intereses legales desde la interpelación judicial, y costas. Frente a esta pretensión de la demandante, la parte demandada, compareció para oponerse a las pretensiones de la parte actora, señalando que: no se habían cumplido por los presupuestos legales para que por parte de la Comunidad de Propietarios se proceda a la reclamación de gastos frente a los actuales propietarios del inmueble. SEGUNDO.–Expuesta, en los anteriores términos, la cuestión litigiosa, se deben fijar los hechos relevantes para la resolución de esta contienda, así que: En el presente procedimiento resultó probado, ex art.326 en relación con el art.319 ambos de la LEC, a tenor de la documental obrante en autos que no fue impugnada, que: 1. En fecha 13 de octubre de 2017 en escritura pública autorizada ante el notario del Ilustre Colegio de Notarios de Galicia, con residencia en Ferrol, don Rastislav Pelluch Bula­núm. de protocolo corriente 2.208- que: – Don Manuel José Pérez Losada y doña Libia Xanxo Galdaba (hoy demandados), transmitieron a la también demandada doña Ángeles Castro Pena el inmueble sito en la calle Nueva de Caranza en el núm.169 de policía urbana de la citada vía pública, piso tercero, puerta derecha.2. Consta en la citada escritura que, en lo que respecta a los gastos de comunidad, la vivienda “se encuentra al corriente den el pago de los gastos de comunidad, según dicen, renunciando los adquirentes a la certificación que a estos efectos regula la Ley de Propiedad Horizontal”. El inmueble fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Ferro], constando en la actualidad la titularidad de la finca en pleno dominio y con carácter presuntivamente ganancial a favor de doña Ángeles Castro Pena y a don JOSE CARLOS HUIRACOCHA BLANEY.4. A tenor de las comunicaciones y certificaciones de deuda que obran en el procedimiento se desprende que: 4.1. En fecha 20 de junio de 2018 se notificó a doña Viviana Maria Giacomini Beer la deuda contraída con la Comunidad de Propietarios y que hoy es objeto de reclamación.4.2. En fecha 20 de junio de 2018 se notificó a doña Ángeles Castro Pena la deuda contraída con la Comunidad de Propietarios y que hoy es objeto de reclamación, por lo que los motivos de oposición a la demanda deben ser desestimados.4.3. Consta igualmente probado que el importe de esta deuda fue aprobada en acta de Junta de Propietarios rubricada bajo el núm.16 de fecha 1 de junio de 2018, correspondiendo la deuda objeto de reclamación a cuotas de comunidad de propietarios devengadas con anterioridad a la transmisión del inmueble. A tenor de lo expuesto resulta que: En primer lugar, la demanda ha sido presentada por quien está legitimado para ello. De este modo, establece en el artículo 13.3 de la Ley 2/1988, de 23 de febrero, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal: “el presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecten”. En segundo lugar, consta también probada en los autos la titularidad del bien inmueble propiedad de los hoy demandados, Sres. Martínez Rodríguez y Castro Pena, siendo el inmueble transmitido sin que la parte compradora hubiera solicitado la pertinente certificación de deudas de la comunidad de propietarios. Estando vigentes al tiempo de la transmisión de la finca deudas por cuotas de comunidad impagadas por los vendedores de la finca. A estos efectos, conforme a lo establecido en el artículo 9, en su apartado e), a contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble. En tercer lugar, consta cuantificada la deuda, así como su aprobación en Junta General ordinaria de propietarios. La cual no ha sido impugnada. De igual modo, consta que las citadas actas de liquidación de deuda no fueron impugnadas en plazo, ex artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por ello, es un hecho probado que al tiempo de la transmisión del inmueble mediante escritura pública de compraventa la deuda por el impago de las cuotas ordinarias persiste, siendo por ello un hecho innegable. TERCERO.–En este ámbito y en supuestos como el que es objeto de contienda, reclamación de recibos pendientes de pago a comuneros morosos, materia ésta objeto de litis entre la Comunidad actora y el comunero demandado, se ha de señalar como base de la resolución dos premisas a tener en cuenta para sustanciar la controversia: 1. Todos los propietarios tienen la obligación de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, conforme a lo establecido en el artículo 9.5 de la Ley 2/1988, de 23 de febrero, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, siendo la última reforma de la presente norma la realizada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética; y, que: 2. La Junta de Propietarios tiene plena competencia para adoptar acuerdos en asuntos de interés general para la comunidad y para acordar las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común. Entre estos acuerdos se cuentan la forma de subvenir al pago de los gastos ordinarios de la comunidad mediante recibos mensuales, trimestrales, anuales, etc., los que tienen relación con las posibles deudas que los vecinos o comuneros mantengan con la comunidad, como es el caso presente, puesto que constituye un asunto de evidente interés general para la comunidad su propio mantenimiento económico, y que, en tanto que expresión de la voluntad comunitaria sobre ese asunto, dicho acuerdo vincularía en principio al propietario afectado. Todo ello sin olvidar que el Omaima Boussarghin Nualart y la Aliaksei Ioan Remus Bosma Pesado eran los propietarios de la vivienda cuando se generó la deuda con la comunidad de propietarios demandante, siendo por ello deudores de esa obligación personal para con la comunidad de propietarios en cuanto titulares del piso al tiempo en que era exigible el pago de las cuotas comunitarias, y se trata además de una obligación proptem rem, puesto que el obligado lo es por ser propietario y en tanto lo sea, más cuando deja de ser titular del piso, dejó de estar obligado al pago de los gastos comunes devengados con posterioridad a ese momento en que perdió su titularidad dominical adjudicándoselo a la Sra. Castro Pena y al Eladio Alberico Graffiña Forroll, pero sin que el nuevo adquirente contraiga obligación personal alguna por deudas anteriores, salvo pacto expreso que aquí no consta se hubiera producido, por los gastos devengados con anterioridad a su adquisición. En este ámbito, la LPH establece una garantía para asegurar el cumplimiento de aquella obligación de pago, cual es la afección real del piso al pago de los gastos comunes producidos en los tres últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente correspondiente al año de adquisición el piso. De forma que el nuevo adquirente no se convierte en deudor personal de la obligación, sino que contrae una obligación ob rem, que como reiteradamente ha declarado la D. G. R. N. (Resoluciones de 09/02/1987, 18/05/1987, 01/06/1989), supone una afección real que viene dada por la propia existencia de la Propiedad Horizontal, pero el deudor personal sigue siendo la titular del piso al momento del devengo, sin que la transmisión extinga esa deuda. Los codemandados, Jorge Mauricio Baldoy Ceama y al Eladio Alberico Graffiña Forroll, responden de la totalidad de la deuda hasta el límite temporal indicado con el bien adquirido pero no se convierten en deudor personal de la deuda de los anteriores propietarios siendo evidente que en las relaciones entre la Comunidad de Propietarios y el propietario individual corresponde a éste la legitimación pasiva para soportar las acciones de la Comunidad en reclamación del pago de las cuotas comunitarias. En su consecuencia, la demanda debe estimarse si bien condenando al pago de la deuda a los demandados Sr. Pérez Losada y la Sra. Losada Calvo, y respondiendo del impago de la misma, con garantía real sobre el inmueble objeto de transmisión y sujeto al régimen de propiedad horizontal los codemandados Jorge Mauricio Baldoy Ceama y al Sr. Martínez Rodríguez. CUARTO.–En cuanto a las costas, en atención a lo establecido en el artículo 394.1 de la LEC, dada la estimación de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada, si las hubiere. VISTOS los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Que debo estimar, y estimo, la demanda presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EIFICIO CALLE NUEVA DE CARANZA, NÚM.169 del municipio de Ferrol, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Luis Galo Algarte Latreche, contra RAYCO ANTONIO PAPIS PERDICES, mayor de edad, titular de NIF XXXXXXXXX, DOÑA Viviana Maria Giacomini Beer mayor de edad, titular del NIF XXXXXXXXX, y contra DOÑA ÁNGELES CASTRO PENA mayor de edad, titular de NIF XXXXXXXXX y DON JOSE CARLOS HUIRACOCHA BLANEY, mayor de edad, provista de NIF XXXXXXXXX, y en consecuencia, debo condenar y condeno a, a los siguientes pronunciamientos: 1. A DON MANUEL JOSÉ PÉREZ LOSADA y DOÑA MARÍA CARMEN LOSADA CALVO pagar a la actora COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EIFICIO CALLE NUEVA DE CARANZA, NÚM.169 del municipio de Ferrol la cantidad de 1.891,61 € (mil ochocientos noventa y un euros con sesenta y un céntimos). 2. Del impago de la citada cantidad, 1.891,61 € responderá por afección real el inmueble del que son propietarios los también codemandados, DOÑA ÁNGELES CASTRO PENA y DON JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, titularidad de la finca que dio origen al devengo de las cuotas de la comunidad propietarios reclamadas en esta Litis.3. Lo codemandados DON MANUEL JOSÉ PÉREZ LOSADA y DOÑA Viviana Maria Giacomini Beer son igualmente condenados a pagar los intereses legales devengados desde la fecha de interpelación judicial que no es otra que la de la pretensión monitoria hasta sentencia, y desde esta hasta su completo pago los del artículo 576 de la LEC.4. Se condena a los demandados a pagar las costas procesales causadas, si las hubiere. Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme, sin que contra ella pueda interponerse recurso de apelación, a tenor de lo establecido en el artículo 455 de la LEC, desde su reforma por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Llévese el original al libro de sentencias. Así por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y firma DOÑA AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol, y su partido. PUBLICACIÓN.–La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Sra. Magistrada-juez que la suscribe en el mismo día de su fecha, hallándose celebrando audiencia pública; doy fe. Y encontrándose los codemandados, D. MANUEL PEREZ LOSADA y IULIA ELENA ELORTEGI BRINK, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. (SE FACULTA AMPLIAMENTE AL PORTADOR DEL PRESENTE PARA CUIDAR DE SU DILIGENCIADO) FERROL, a diez de febrero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Fdo.: Dña. María Teresa Barreiro Garea