27/03/2019 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 1 Ferrol
Notificación de la sentencia a doña Ana Isabel López Fernández, con DNI 32678781j, como parte en el procedimiento JVB 1041/2017 y como administradora de la empresa López y Marín, S. C.

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.º 1 DE FERROL CALLE CORUÑA, N.º 55, 3.ª PLANTA (CIF S1513008A) Teléfono 981 33 72 54 Fax 981 33 72 56 Equipo/usuario: MQ Modelo: 76000J N. I. G.: 15036 42 1 2017 0005713 JVB JUICIO VERBAL 0001041/2017 Procedimiento origen: / Sobre OTROS VERBAL DEMANDANTE: D./ña. ALONA SILBERMAN MATTIA Procurador/a Sr./a. MARIA ELOINA PEREZ DE PIPAON MITU Abogado/a Sr./a. DEMANDADO, DEMANDADO, DEMANDADO D./ña. BORGO OFFERRALL, NATALIA VALENTINA Y MARIN, S. C., ROSA ESTRELLA PASAMON AGIRRETXE Procurador/a Sr./a. GABRIELA ADRIANA RANI TAHA REXA Abogado/a Sr./a. E D I C T O CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: SENTENCIA En Ferrol, a 19 de diciembre de 2017. JUAN FRANCISCO RIOBÓ FERNÁNDEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Ferrol, ha visto los presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este Juzgado con el número 1041/2017, sobre reclamación de cantidad, en el que son: parte demandante D. JESUS MARIA JOSE ALVIZ DE SAN FELIX, representado por la Procuradora D.ª LUIS PATRICIO ES HOUL NANKOV; y parte demandada LÓPEZ Y MARÍN, S. C., D.ª VICTOR JOAQUIN CALZON ZUGAZABEITIA, en situación de rebeldía procesal, y D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA, representado por el Procurador D. EDUARDO FARIÑAS SOBRINO y asistido por el Letrado D. GERMAN AGUSTIN MOHATAR DOMINA UBED. Habiendo recaído la presente resolución con base en los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la petición inicial de juicio monitorio interpuesta, en fecha 10 de mayo de 2017, por D. JESUS MARIA JOSE ALVIZ DE SAN FELIX, contra LÓPEZ Y MARÍN, S. C., D.ª VICTOR JOAQUIN CALZON ZUGAZABEITIA y D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA, en reclamación de la cantidad de tres mil doscientos setenta y seis € con cuarenta y cinco céntimos (3.276,45 €). SEGUNDO.–Admitida a trámite la anterior solicitud, por Diligencia de ordenación de fecha 22 de mayo de 2017, se acordó sustanciar el procedimiento por los trámites del juicio monitorio previstos en los artículos 812 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y se practicó el requerimiento de pago al deudor. Presentándose por el Hector Nicolas Elisabeth Marie Biko Saez de la Torre, en nombre y representación del demandado D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA, en tiempo y forma, el día 15 de septiembre de 2017, escrito de oposición en los términos que constan en las actuaciones, por lo cual, se dictó Decreto dando por terminado el procedimiento monitorio y dar traslado de la oposición al actor, para su impugnación el plazo de diez días; presentando el correspondiente escrito de impugnación la Procuradora D.ª LUIS PATRICIO ES HOUL NANKOV, en nombre y representación del demandante el día 17 de noviembre de 2017. Acordándose seguir la tramitación conforme a lo dispuesto para el juicio verbal, al ser la cuantía inferior a 6.000 €. TERCERO.–No habiendo solicitado ninguna de las partes la celebración de vista, por Diligencia de ordenación de fecha 18 de diciembre de 2017, se dio cuenta para dictar sentencia. CUARTO.–En la sustanciación de este procedimiento se han observado los términos y prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción de reclamación de cantidad que se tramita por los cauces del juicio verbal en aplicación de la regla general por razón de la cuantía prevista en el art.250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de una acción de cuantía inferior a 6.000 €. A través de la acción ejercitada, la parte actora reclama a la demandada la suma de 3.276,45 €, en concepto de principal, sobre la base del supuesto impago de dos facturas por dicho importe total derivadas de las relaciones comerciales entre las mismas consistentes en la venta de un vehículo y unas mercaderías que constituían las existencias de que disponía el actor para su actividad mercantil, para que los demandados continuasen con dicha actividad. Frente a ello, por el demandado D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA en el escrito de oposición al proceso monitorio, admitiendo que ha existido relación comercial con la actora consistente en la referida compraventa, se alegó que no se debe cantidad alguna puesto que, en fecha 21 de diciembre de 2016, se disolvió la sociedad civil que formaba con la codemandada, adjudicándose ésta tanto el activo como el pasivo de la sociedad y sucediendo a la misma en tráfico mercantil continuando con su misma actividad. Alegación que es impugnada por la parte actora, alegando que las operaciones entre los socios no le vinculan, que el documento de disolución sólo tuvo acceso a la AEAT por cuestiones fiscales, pero no a ningún registro público, como el Mercantil; y, que, además, previo a la interposición del proceso monitorio, se requirió vía burofax al deudor, sin que éste plantease ninguna objeción. Añadiéndose que, incluso, la deuda que la sociedad mantenía con el actor no se incluyó el pasivo de la sociedad, ni, por lo tanto, se hizo cargo de la misma la otra socia. SEGUNDO.–Debidamente concretado, según lo expuesto, tanto el objeto del proceso como los términos del debate entre las partes, con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, hemos de partir de la correcta delimitación de la naturaleza jurídica y normas aplicables a la relación negocial existente entre las partes. Así, tratándose de una compraventa, le serán de aplicación, en primer lugar, los arts.1.445 y ss. del Código Civil relativos a dicho contrato, disponiendo el primero de los mismos que, por dicho contrato “…uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”, y al respecto ha de tenerse en cuenta que, según reitera la jurisprudencia, el contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento y no requiere como elemento estructural la entrega de la cosa, generando únicamente la obligación de entregarla, según dispone el artículo 1.461 del Código civil. Y, por otra parte: “El art.1.445 CC requiere para la existencia de un contrato de compraventa la existencia de un precio cierto, en dinero o signo que lo represente, pero la determinación del precio puede quedar establecida inicialmente por las partes en el momento de perfección del contrato, o deferirse, para un momento posterior, siempre que para ello no sea precisa la celebración de un nuevo contrato, sino bastando unos puntos de referencia en base a los cuales pueda establecerse la cuantía del precio”, STS, Sala 1.ª, de 14 de marzo de 2000. Y, concretando más aun, resulta de aplicación el art.1.500 Cc, según el cual: “El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijado por el contrato. Si no se hubiesen fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo en que se haga entrega de la cosa vendida”. Precepto aplicable como supletorio a las compraventas mercantiles, según jurisprudencia reiterada, por ejemplo, STS de 23 de junio de 1981. Que, además explica que: “la obligación fundamental del comprador de pago del precio (art.1.500 del Código Civil) no puede desligarse del resto de obligaciones prefijadas en el contrato que afectan al vendedor…”, STS, Sala 1.ª, de 9 de octubre de 2007; y, por ello, “…al no establecerse en la oferta de enajenación el tiempo en que habría de efectuarse el pago, éste habría de hacerse al tiempo de la entrega de la cosa vendida; se establece así una simultaneidad, a falta de pacto en contrario, entre la entrega de la cosa vendida y el pago del precio”, STS, Sala 1.ª, de 4 de marzo de 2005. Y, por lo demás, con carácter supletorio, serán de aplicación a la compraventa las reglas generales sobre obligaciones y contratos contenidas en el Código Civil. TERCERO.–De la prueba documental aportada a autos y por admisión de ambas partes resultan acreditados y, por tanto, exentos de prueba a tenor de lo dispuesto en el art.281.3 LEC, los siguientes extremos: a) En primer lugar, que las partes mantuvieron una relación negocial, consistente en un contrato de compraventa, en cuya virtud, en síntesis, la parte actora entregó un vehículo y las existencias de su negocio a la sociedad demandada a fin de que ésta continuase su actividad comercial, quien, a su vez, se comprometía a abonar por ellas el precio estipulado. b) Asimismo, que, en virtud de dicha relación contractual, el actor entregó las mercancías comprometidas y emitió las correspondientes facturas:  Número 1, de fecha 2 de enero de 2015, por un importe total de 2.420,00 €.  Número 2, de fecha 13 de marzo de 2015, por un importe total de 1.456,45 €. Representando el total de los importes de dichas facturas 3.876,45 €, cantidad de la cual el actor reconoce haber recibido la suma de 200 €, y el resto, 3.276,45 € que se adeuda y que se corresponde con la suma objeto de reclamación en la demanda. CUARTO.–Debidamente concretados, según lo expuesto, tanto los hechos que se consideran probados como las reglas de derecho aplicables al caso, para la resolución de la cuestión controvertida, ha de tenerse en cuenta que, en el presente caso, ni se niega la existencia de la relación contractual, ni se alega el pago del precio o la inexacta cuantificación de la cantidad reclamada; siendo el único extremo controvertido la legitimación pasiva, esto es, quien ha de responder de la deuda contraída. En el presente caso, el demandante D. JESUS MARIA JOSE ALVIZ DE SAN FELIX celebró un contrato de compraventa con la sociedad LÓPEZ Y MARÍN, S. C., tratándose de un hecho admitido por ambas partes y, por tanto, exento de prueba ex art.281.3 LEC. Asimismo, dicha sociedad LÓPEZ Y MARÍN, S. C. fue constituida por D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA y D.ª ANA ISABEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, en virtud de documento privado de fecha 16 de diciembre de 2014; siendo presentado en la Oficina Liquidadora (documento 2 de la demanda). En dicho documento privado se hace constar que se constituye como Sociedad civil particular, conforme a los artículos 1.665 y siguientes del Código Civil, que se regirá por lo dispuesto en el contrato y, en lo no previsto, por lo dispuesto en el artículo 1.665 del Código Civil y demás disposiciones legales de aplicación. La sociedad se constituye con un capital inicial de 6.000 €, aportando cada uno de los socios la mitad del mismo; la administración y representación de la sociedad será confiada a los dos socios como administradores mancomunados; y se indica, como objeto de la sociedad, “la actividad de industria del pan, bollería y pastelería, y comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas”. Y, no habiéndose probado que la sociedad civil constituida se haya inscrito en el Registro Mercantil, estamos en presencia de una sociedad irregular. La cuestión ha de centrarse en si estamos ante una sociedad civil irregular o bien ante una sociedad mercantil irregular. “La distinción doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza de una sociedad civil irregular o la mercantil del mismo tenor, (en ambos casos no se ha elevado a escritura pública ni se ha inscrito en el Registro público correspondiente), viene entendiendo con criterio pacífico que para determinar cuál sea la normativa aplicable, si el Código Civil o el Código de Comercio, ha de atenderse al objeto de la sociedad. Si está en el tráfico mercantil con proyección externa que trasciende a terceros, deberá ser considerada como sociedad mercantil. Si por el contrario no tiene más proyección que la interna entre los socios que no ha trascendido a terceros, la sociedad deberá ser tildada de civil. Ya no sirve la finalidad lucrativa puesto que puede ser común en ambas sociedades, (art.116 del C de C y art.1665 CC), ni su personalidad jurídica cuando cumplen los requisitos legales, (art.119 C de C y art.1669 CC); ni la voluntad de los socios constituyentes de acogerse a una u otra normativa; como tampoco es válida la previsión sobre la forma de la sociedad como podría desprenderse del art.116 del C de C, porque el art.1670 del CC que ese posterior, admite la existencia de sociedades civiles con forma mercantil…”, SAP de Girona, Sección 2.ª, de 29 de marzo de 2017. Volviendo al caso que nos ocupa, nos encontramos ante una sociedad LÓPEZ Y MARÍN, S. C. que, por su objeto se dedica a “la actividad de industria del pan, bollería y pastelería, y comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas”, así pues, ha de calificarse como de sociedad mercantil irregular. Sentado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la vigente LEC admite, en su art.6, la capacidad para ser parte de determinados entes sin personalidad jurídica (comunidades de propietarios, sociedades irregulares, uniones sin personalidad), admitiendo, en su apartado 2, que podrán ser demandadas “las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado”, entre las que se incluye la sociedad particular demandada. Ahora bien, como dice ab initio el citado precepto legal: “Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los socios o a los partícipes”. Y ello puesto que aun cuando en nuestro ordenamiento positivo no existe norma expresa que regule con carácter general la responsabilidad de los socios y gestores de la sociedad irregular, la jurisprudencia mantiene que al tener una actividad mercantil, ha de regirse por las normas de la sociedad colectiva, respecto de terceros, y, por sus pactos, entre los socios o, en su defecto, las normas de la copropiedad. Y, de conformidad con lo regulado en el art.127 del Código de Comercio, “Todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla”. Consecuencia a la que también se llegaría por aplicación analógica de los arts.36 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y, en particular del art.39 relativo a la “sociedad devenida irregular” por falta de solicitud de inscripción, según el cual: “Una vez verificada la voluntad de no inscribir la sociedad y, en cualquier caso, transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin que se haya solicitado su inscripción, se aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la sociedad civil si la sociedad en formación hubiera iniciado o continuado sus operaciones”. En resumen, habida cuenta que el carácter irregular de la sociedad mercantil demandada: de una parte: en lo referente a la legitimación pasiva, la misma la ostentan tanto la sociedad como sus socios, esto es, que los socios pueden ser demandados sin tener que dirigir también la demanda, conjunta o principalmente, contra la sociedad; y de otra parte, que no puede ser invocado el carácter social de la deuda por los socios para impedir el cumplimiento de las obligaciones contraídas respecto de terceros, pues los socios tienen una responsabilidad solidaria en aras del interés jurídico Es decir, en el presente caso, los socios que integraban la sociedad civil, cuando se suscribió el contrato de compraventa responden de las deudas que se hayan generado lo que ha motivado que el actor haya demandado a la sociedad y a todos los socios, que inicialmente conformaban la sociedad civil, cuando se suscribió el contrato, y los que finalmente formaban parte de la sociedad cuando se resolvió el contrato. En este sentido, el demandado que se ha opuesto a la reclamación aporta el documento privado de fecha 21 de febrero de 2016 de disolución de la referida sociedad civil, otorgado por ambos socios. Ahora bien, aunque la sociedad civil ha cambiado de socios, subrogándose en las obligaciones de la sociedad únicamente la socia D.ª ANA ISABEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, el acto posterior al contrato, en virtud del cual, el socio D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA haya dejado de parte de la sociedad, no puede afectar al actor. Y así lo ha declarado la jurisprudencia fundamentándolo en que: “…teniendo además en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1705 del C. Civil, la consecuencia de apartarse un socio de la sociedad determina sólo internamente la extinción parcial de dicho contrato, sin relevancia jurídica para terceros contratantes de buena fe, porque no concurre publicidad registral con eficacia “erga omnes”. Por ello, y con independencia de las relaciones internas ente los codemandados, en virtud de los negocios o acuerdos existentes entre los mismos, la sociedad queda obligada en el momento de la firma del contrato de arrendamiento, y con los socios que estaban en aquel momento, de manera que las posteriores vicisitudes afectantes a la sociedad irregular constituida, no pueden afectar al actor en calidad de arrendador”, SAP de Madrid, Sección 19.ª, de 4 de octubre de 2017. En definitiva, volviendo al presente caso, debe considerarse que los obligados en virtud del contrato de compraventa, lo son tanto la propia sociedad irregular parte en el contrato de compraventa, como los dos socios de la misma, y estos responderán de forma solidaria de las deudas generadas por aquel contrato; sin que pueda perjudicar al actor, el haberse separado uno de los socios codemandados de la sociedad, y sin perjuicio de las relaciones particulares entre los socios. Por todo ello, procede la estimación íntegra de la demanda. QUINTO.–Respecto de los intereses, de conformidad con lo dispuesto en los arts.1.100 y 1.108 del Cc, deberá la demandado abonar, además del principal, el interés legal del dinero desde el día de interposición de la solicitud de procedimiento monitorio el 10 de mayo de 2017, hasta la presente resolución. A ello debe añadirse la imposición de los intereses moratorios, legalmente previstos en el art.576 de la LEC desde la fecha de la presente resolución y hasta el completo pago. SEXTO.–En materia de costas procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse íntegramente la demanda, procede la imposición de las mismas a la parte demandada. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO QUE ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por D. JESUS MARIA JOSE ALVIZ DE SAN FELIX, contra LÓPEZ Y MARÍN, S. C., D.ª VICTOR JOAQUIN CALZON ZUGAZABEITIA y D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA: 1. DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados LÓPEZ Y MARÍN, S. C., D.ª VICTOR JOAQUIN CALZON ZUGAZABEITIA y D. VICTOR ARTURO GARAI IGUÑA TIERRA a abonar al actor D. JESUS MARIA JOSE ALVIZ DE SAN FELIX la cantidad de tres mil doscientos setenta y seis € con cuarenta y cinco céntimos (3.276,45 €), en concepto de principal.2. Así como a abonar a la parte actora el interés legal del dinero que haya devengado dicho principal desde la fecha de interposición de la solicitud de procedimiento monitorio el 10 de mayo de 2017, hasta la presente resolución; y los correspondientes intereses moratorios, legalmente previstos en el art.576 de la LEC, que devengue dicha cantidad, desde la fecha de la presente resolución hasta el completo pago.3. Con imposición de costas a la parte demandada. MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes, a quienes se hará saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Se advierte a las partes que la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 € mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al preparar el recurso de apelación, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Y como consecuencia del ignorado paradero de AFZAAL SPINELLA SELLAK como Representante legal de la entidad LÓPEZ Y MARÍN S. C., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. En FERROL, a quince de febrero de dos mil diecinueve. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BENJAMIN JOHN CORI WITTMANN