13/06/2018 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 4 Santiago de Compostela
Juicio verbal 690/2015

JVB JUICIO VERBAL 0000690 /2015 Procedimiento origen: / Sobre OTROS VERBAL DEMANDANTE D/ña. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EIDIFCIO MAHIA 1. PLAZA DO CONCELLO, N° 5. BERTAMIRANS Procurador/a Sr/a. ANA MARIA FERNANDEZ DURAN Abogado/a Sr/a. GOMEZ ULLA, HIRAM BOUCHARAB D/ña. PERINI HEREDERO, ASAAD, S. A. Procurador/a Sr/a., Abogado/a Sr/a., Dª. SHAOQIN NAVALPOTRO MUNOA, Letrada de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.4 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, por el presente, A N U N C I 0: En el presente procedimiento JUICIO VERBAL 690/2015 seguido a instancia de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EIDIFCIO MAHIA 1. PLAZA DO CONCELLO, N° 5. BERTAMIRANS frente a MERCEDES BUSTELO VILAS y PARQUETS TROPICALES, S. A. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA: 00037/2018 Juicio Verbal n° 690/2015 En Santiago de Compostela a 2 de mayo de 2018 SENTENCIA Vistos por mí, Ana Belén López Otero, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Santiago de Compostela, las presentes actuaciones de juicio verbal tramitados con el número 690/2015, en el que han intervenido como demandante la Comunidad de Propietarios del Edificio Mahia 1, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Fernández Durán y asistido por el Irene Lucia Laura Ioana Vaz Romero El Houdaifi, y como demandados Dª Mercedes Bustelo Vilas y Parquets Tropicales SA en situación de rebeldía, en virtud de las siguientes consideraciones, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Fue turnada a este Juzgado demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios del Edificio Mahia 1, en la que se afirmaba que los demandados, como propietarios de sendas viviendas y plaza de garaje sitas en el edificio de la comunidad de propietarios, adeuda a la actora la suma de 2813,05 y 610,9 euros en concepto de cuotas de la comunidad de propietarios. Por todo ello solicita se dicte sentencia por la que se condene a la Gladys Socorro Santiago Miguel Baus Brime al pago de la suma de 2813,05 euros y a Parquets Tropicales SA al pago de 610,9 euros, todo ello con los intereses legales e imposición de costas. SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se emplazó a los codemandados sin que se presentase escrito de contestación, tras lo cual, y al no haberse interesado la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Se ejercita en el presente procedimiento por la actora una acción de reclamación de cantidad frente a los codemandados, como propietarios de una vivienda y plaza de garaje integrante de la comunidad demandante, que trae su causa del impago de cuotas comunitarias, solicitando se imponga a los mismos su abono ( art.9.1 de la LPH). Para la resolución de la cuestión planteada, y valoración de la prueba practicada, hemos de partir del hecho de la situación de rebeldía en la que se situaron los demandados, siendo así que en nuestro ordenamiento jurídico la rebeldía no supone ( salvo en los supuestos legalmente previstos como es el caso del desahucio en el art.440 de la LEC) allanamiento a las pretensiones de la actora ni reconocimiento de los hechos alegados de contrario ( art.496 de la LEC), sino simplemente perdida de las posibilidades de alegación y prueba que en el procedimiento le corresponden, de manera que sigue recayendo sobre el actor la obligación de acreditar los hechos en los que funde su pretensión. Si lo expuesto es cierto no lo es menos que ello tampoco puede traducirse en un aumento de la exigencia probatoria del actor, pues la propia rebeldía del demandado se traduce en ocasiones en un aumento de la dificultad probatoria, de manera que en caso contrario se favorecería a quien voluntariamente asume la posición de inactividad procesal. Teniendo en cuenta todo lo expuesto ha de valorarse la prueba obrante en autos. SEGUNDO. Se ha aportado con la demanda información registral relativa a la vivienda y plaza de garaje a las que corresponden las cuotas reclamadas, y de las que resulta la titularidad que de los codemandados se predica en la demanda, así como acta de la junta de la comunidad de propietarios de fecha 11 de noviembre de 2014 en cuyo punto primero del orden del día, relativo a la liquidación de deuda de morosos a 6 de noviembre de 2014, aprobando la correspondiente al piso 1° B en la suma de 2458,06 euros y la de la plaza de garaje 16 en la suma de 534,55 euros. Se une asimismo certificaciones emitidas por el secretario administrador de la comunidad de propietarios en las que se indica el importe de la deuda aprobada en la junta antes reseñada, incluyendo asimismo en su certificación cuotas devengadas con posterioridad al mencionado acuerdo. Siendo esta la prueba con la que contamos ha de concluirse que la misma resulta ser hábil y suficiente para tener por acreditada la realidad de los hechos en los que la actora basa su pretensión. Así de la documental aportada resulta tanto la propiedad que a los demandados corresponde respecto a los inmuebles integrantes de la comunidad de propietarios demandante, y por ende obligación de pago de las cuotas reclamadas ex artículo 9 de la LPH, resultando asimismo el importe de las sumas adeudadas de la documental antes expuesta, siendo la misma hábil y suficiente para tener por acreditada su realidad, sin que a ello obste el que en la certificación del administrador se recojan cuotas devengadas con posterioridad al acuerdo de la junta de propietarios en la que se liquidó la deuda, pudiendo destacar al respecto la SAP de La Coruña, sección sexta, de fecha 19 de diciembre de 2013 en la que se indica que “ La sentencia apelada da por buena la liquidación de las cuotas devengadas y pendientes de pago por los comuneros demandados realizada en junio de 2010. En esa liquidación, que comprende los intereses correspondientes, basa su decisión. Esta decisión no ha sido impugnada. En lo que excede de lo previsto en esa liquidación la sentencia apelada desestima de la demanda, argumentando que no se ha explicado la divergencia entre lo pedido y lo aprobado en esa liquidación. La parte apelante expone en el recurso de apelación una explicación clara y convincente de esa divergencia. En la liquidación realizada en junio sólo se incluyen las cuotas correspondientes a las mensualidades devengadas hasta abril. No se incluyeron las cuotas de junio, mensualidad que se devenga a finales de mes, ni la de mayo, por cuanto aun habiendo sido remitido el recibo no habían transcurrido los quince días del mes previstos en los Estatutos para considerar impagado dicho recibo. La deuda reclamada se corresponde con los recibos pendientes e impagados a fecha de presentación de la demanda. Es obvio que los recibos se siguen devengando desde la liquidación. Carece de sentido, conocido el importe de los recibos y sus impagos reiterados, posponer su reclamación a una fecha posterior, condicionándola a nuevas liquidaciones aprobadas en la Junta de Propietarios. La Gerencia de la Comunidad complementa con su certificación los actos de liquidación y la reclamación extrajudicial de la deuda da la posibilidad a los copropietarios de realizar salvedades o manifestar su oposición. En definitiva, la apelante ha explicado la divergencia entre lo reclamado y la cantidad que figuraba en la liquidación. El hecho constitutivo de su pretensión es la existencia de una deuda, que se devenga mes a mes como corresponde a las previsiones de los estatutos sobre las cuotas de la comunidad. El importe de las cuotas mensuales que se reclaman es el mismo en todos los meses correspondientes al ejercicio de 2010. Con estos datos y los documentos que los soportan la comunidad demandante demuestra el devengo de la deuda que reclama”. Por todo ello, y acreditada la realidad de la deuda que a cada uno de los codemandados corresponde, ha de serle impuesto su pago, así como la condena al pago de los intereses legales, ex artículos 1100 y 1108 del CC, si bien no desde la fecha de adopción del acuerdo de liquidación, como interesa la actora, por cuanto tal momento no puede fijarse como aquel en que tiene lugar una efectiva reclamación extrajudicial, comprendiendo por demás como se ha indicado incluso la suma reclamada cantidades devengadas con posterioridad, por lo que imponiendo el pago de intereses legales ha de serlo desde la fecha de interposición de la demanda. TERCERO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, y al haber sido sustancialmente estimada la demanda, procede hacer expresa imposición de costas a la parte demandada. Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, DISPONGO Estimar sustancialmente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios del Edificio Mahia 1 y, en consecuencia, se condena a Dª Mercedes Bustelo Vilas al pago de la suma de 2682,84 euros y a Parquets Tropicales SA al pago de la suma de 582,62 euros, en ambos casos con los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación, para su ulterior resolución por la Illma. Audiencia Provincial, previo depósito de la suma de 50 euros. Así lo acuerdo, mando y firmo. Y encontrándose el demandado, PARQUETS TROPICALES, S. A., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. SANTIAGO DE COMPOSTELA a dos de mayo de dos mil dieciocho. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA