30/01/2018 | Administración LocalMunicipal
Cerceda
Secretaría
Contratación de servizo de Escola Infantil Municipal

Fase I. Criterios cualificables según un juicio de valor. Proyecto educativo y de gestión del centro (35 puntos). Este criterio se valorará de acuerdo con la ponderación siguiente: Fase II. Criterios cuantificables en base a fórmulas matemáticas. Oferta económica (45 puntos). Para la valoración de la oferta económica se utilizará la fórmula diseñada por el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela para la Diputación de A Coruña, que se puede consultar en la siguiente dirección de internet: El Ayuntamiento podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista debe hacer a todos los suministradores que participen en el contrato. El contratista deberá entregar al Ayuntamiento de Cerceda de la relación detallada de subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo aportará, a solicitud de la Adminsitración, justificante del cumplimiento de los pagos a aquéllos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos que establece el artículo 228 del TRLCSP y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Estas obligaciones están consideradas condiciones especiales de ejecución, de las que se refiere el artículo 118 del TRLCSP. Por tanto, su imcumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalidades según lo establecido en la cláusula 39.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas (artículos 118.2 y 212.1 del TRLCSP). Este contrato administrativo sólo podrá ser objeto de modificación en los supuestos recogidos en el artículo 107 del TRLCSP. El procedimiento para la modificación será el previsto en los artículos 108.2 y 211 del TRLCSP. En todo caso, la modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato para que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo o añadir una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el artículo 171 del TRLCSP. En tanto que contrato de servicios incluido dentro de la categoría 25 del Anexo II del TRLCSP y con un valor estimado superior a los 221.000 euros podrá ser declarado nulo en los supuestos relacionados en el artículo 37.1 del TRLCSP, con las excepciones señaladas en los apartados segundo y tercero del citado precepto. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que se hubiesen recibido en virtud del mismo y, si esto no fuese posible, su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Interposición de la cuestión de nulidad. La cuestión de nulidad se planteará ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano competente para su conocimiento en el caso de las entidades locales gallegas, al amparo de la cláusula tercera, párrafo primero del Convenio de Colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos contractuales (BOE núm.282, de 25 de noviembre de 2013); y cuya prórroga tácita ha sido publicada por Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en el BOE núm.285, de 25 de noviembre de 2016. Están legitimadas para interponer esta cuestión especial de nulidad toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se viesen perjudicados o puedan quedar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 37 TRLCSP. No obstante, el órgano competente podrá inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto recurso especial en materia de contratación sobre el mismo acto y el órgano de contratación hubiera respetado la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada. El plazo para la interposición de la cuestión será de seis meses que se contarán desde la formalización del contrato, excepto en los supuestos del artículo 39.3 del TRLCSP, en cuyo caso el plazo será de treinta días hábiles. El procedimiento será el previsto para la tramitación del recurso especial en materia de contratación, que se establece en el artículo 44 del TRLCSP y siguientes, con las salvedades señaladas en el artículo 39.5 del TRLCSP. El presente contrato de servicios tiene carácter administrativo y no está sujeto a regulación armonizada. Las cuestiones litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa y contra las mismas cabrá interponer recurso contencioso administrativo, conforme lo dispuesto en la ley reguladora de esta jurisdición, una vez resuelto el recurso potestativo de reposición o el recurso especial en materia de contratación, según proceda en cada caso. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen procedente. Por ser un contrato de servicios comprendido en la categoría 25 del Anexo II del TRLCSP y con un valor estimado superior a 221.000 euros (ex artículo 40.1 b. TRLCSP), serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo, los siguientes actos relacionados con el mismo: I. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que deban regir la contratación. II. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposiblidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos. Se consideran actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento aquellos dictados por la Mesa de Contratación por los que se acuerda la exclusión de los licitadores. III. El acto administrativo de la adjudicación. Sin embargo no serán susceptibles de recurso especial aquéllos dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego, que, de conformidad con lo dispuesto en los arts.105 a 107 TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos, tanto si acuerdan como si no la resolución y celebración de una nueva licitación. El recurso especial en materia de contratación se planteará ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano competente para su conocimiento en el caso de las entidades locales gallegas, al amparo de la cláusula tercera, párrafo primero del Convenio de Colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos (BOE núm.282, de 25 de noviembre de 2013); y cuya prórroga tácita ha sido publicada por Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en el BOE núm.285, de 25 de noviembre de 2016. Están legitimadas para interponer recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se viesen perjudicados o puedan quedar afectados por las decisiones objeto de recurso. Quien se proponga interponer recurso especial en materia de contratación deberá anunciarlo previamente por escrito ante el órgano de contratación, especificando qué acto del procedimiento se pretende recurrir, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en el que se reciba la notificación del acto impugnado, salvo en los supuestos relacionados en el segundo párrafo del artículo 44.2 del TRLCSP. El procedimiento para la resolución del recurso especial en materia de contratación se establece en el artículo 44 y siguientes del TRLCSP. Contra la resolución dictada en este procedemento especial en materia de contratación sólo podrá interponerse en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1 k. y 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Cerceda, 25 de enero de 2018. El Alcalde-Presidente José García Liñares