27/04/2018 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
Instrucción 3 A Coruña
LEV 815/2017. Notificar sentencia a Catalina Georgia Iliceanu

XDO. INSTRUCIÓN N.º 3 A CORUÑA SENTENCIA: 00190/2017 Procedimiento: JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000815/2017 SENTENCIA En A Coruña, a 19 de septiembre de 2017. Vistos los presentes autos de los que son partes como denunciante Jean Galiza Aquizu y como denunciada Eloy Alberto Appleton Alonso de Linaje, sobre delito leve de amenazas, ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.–Convocadas las partes a juicio que tuvo lugar en el día y hora señalado; por la parte denunciante se solicitó la condena de la denunciada y un alejamiento de su persona. La denunciada no compareció estando debidamente citada. HECHOS PROBADOS Que el día 31 de mayo de 2017 se interpuso denuncia por parte de Leticia Diéguez en la que manifestaba que la denunciada le dijo que fuese la última vez que iba diciendo por ahí que no le pagaba y que por 500 euros la dejaba en silla de ruedas. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–De conformidad con el principio de presunción de inocencia, que ha venido a ser desde su reseña Constitucional en el art.24 de la Constitución Española, un auténtico derecho fundamental, exige que la acusación demuestre la culpabilidad del acusado como prueba de cargo. De lo actuado en el juicio no existe prueba de cargo alguna para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. No existe prueba alguna de los hechos denunciados. Nos encontramos en el presente procedimiento con una declaración de la denunciante no corroborada con prueba objetiva alguna, no compareciendo el testigo, su marido, para ratificar, al menos, lo manifestado por ésta. No resulta posible condenar a una persona por un delito que no consta debidamente acreditado y únicamente basándonos en la mayor o menor credibilidad de una declaración de parte, dado que, de este modo, se estaría vulnerando el principio fundamental de presunción de inocencia. SEGUNDO.–La presunción de inocencia que en, su formulación latina del in dubio pro reo ha estado presente en nuestro ordenamiento y en la propia Jurisprudencia penal como principio general (S. T. S.23-5-64, 4-2-65,24-1-63,10-10-62…) ha venido a ser desde su constitucionalización en el artículo 24.2 de la Constitución española, un auténtico derecho fundamental, vinculante para los Tribunales de Justicia respetando el integro contenido de la Ley Penal. Así la valoración de la prueba, y por tanto, el pronunciamiento sobre si ha quedado desvirtuada la presunción iuris tantum de inocencia del acusado en un proceso concreto es una operación necesaria para la fijación de la premisa fáctica de la Sentencia penal, la cual forma parte del juicio. De este modo no es al acusado al que corresponde demostrar su inocencia, sino que como valor probatoria corresponde a la acusación demostrar la culpabilidad del acusado como prueba de cargo, correspondiendo al órgano sentenciador según su conciencia y convicción de lo actuado estimar si dicha prueba es suficiente para desvirtuar el principio antes señalado. Siendo constante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la Sentencia de 8 de Junio de 1981 que exige para destruir la presunción de inocencia: que la carga de prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde a las acusaciones, que solo debe entenderse como prueba la practicada en el acto de juicio y que la valoración conjunta de la prueba es potestad del Juzgador. TERCERO.–Dispone el artículo 123 del Código Penal que las costas se entienden impuestas por Ley a todo responsable criminalmente de delito o falta, dictándose Sentencia absolutoria procede declararlas de oficio. En cuanto a la deducción de testimonio por posible delito de denuncia falsa, no se estima procedente, dado que no existen motivos para entender la existencia de este tipo delictivo, sino que, lo que se produce aquí, es una falta de poder probar los hechos que se denuncian, pero no dato objetivo alguno que acredite que estos sean falsos. Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación FALLO Que debo absolver y absuelvo Eloy Alberto Appleton Alonso de Linaje como autora de un delito leve de amenazas, con imposición asimismo de las costas procesales de oficio. Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme, se puede interponer Recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, debiéndose formular por escrito con los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Doña Margarita de Ron Cambón, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de A Coruña.