19/12/2018 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Notificar sentencia Filtrasaúde, S. L., en juicio verbal 506/2016-S

CALAP AGEL, MERCEDES EUGENIA ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE A CORUÑA, por el presente. En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: S E N T E N C I A: 00119/2018 En A Coruña, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. EL ILMO SR. D. LUIS JAVIER RODRÍGUEZ VIDAL, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de A Coruña, ha dictado la presente en autos juicio verbal 506/2016-S en los que es parte demandante Dª MARÍA NESTOR JUAN CACIULA IDOWU, representada por el procurador D. SEGUNDO JORGE JORGE PAULO MUJICO BOUZOUF VÁZQUEZ y asistida de la letrada Dª ELISA EUGENIA EL QARFAOUI EL HIRECH, y partes demandadas FILTRASAUDE S. L, en rebeldía, CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SAU- antes FINCONSUM EFC, SA, representada por la procuradora Dª VANESSA SOFIA PILAR YOLANDA SOLDEA HANDLER y asistida de la letrada Dª ANA NATIVIDAD ESPOT BEN SADDIK TORRE, y TTI FINANCE S. R. A. U, representada por el procurador D. SELAM ZAID NONIDE ANDREA JANE CARMEN ASUNCION AIT ICHOU GIL DE BERNABE y asistida de la letrada Dª ARIAN VILLARTE VINGUT. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se interpuso por la actora demanda de juicio verbal. SEGUNDO.- Las demandadas personadas contestaron a la demanda. Celebrada la vista, practicadas las pruebas y formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La parte actora solicita, con carácter principal, la nulidad de la oferta de venta fuera de establecimiento mercantil de fecha 24 de octubre de 2007 concertado entre FILTRASAUDE SL y la actora.- documentos nº 2 y 3 de la demanda-. A pesar de que en el encabezamiento de la demanda se dice que ésta se interpone contra el representante legal de FILTRASAUDE S. L, se debe entender que la misma se dirigió y se interpuso contra esa mercantil porque contra ella se solicita la condena, porque así se estableció en el Decreto de admisión a trámite de la demanda, que no fue recurrido, y porque así lo confirmó la actora cuando fue planteada la cuestión. Algo similar cabe decir en relación con la pretensión que se dirige contra FINCONSUM EFC SA- ahora CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SAU- quien contestó a la demanda teniéndose por demandada y sólo después, durante el transcurso del juicio y advertida la cuestión por este Juzgador, alegó el hecho de que la demanda sólo se dirigía contra su representante legal por lo que debía desestimarse dicha demanda, pero esto lo hizo después de haber dicho momentos antes que entendía que la demanda se dirigía contra la sociedad mercantil. La parte actora manifestó con claridad en la vista que la intención era demandar a la sociedad mercantil y la condición de demandada de la sociedad se hizo constar también en el Decreto de admisión a trámite de la demanda, que no se recurrió. SEGUNDO.- El art.3 de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, que es la norma de aplicación dada la fecha de celebración del contrato, establecía en sus artículos 3 y 4 lo siguiente: Art.3. Documentación del contrato.1.- El contrato o la oferta contractual, contemplados en el artículo 1, deberán formalizarse por escrito en doble ejemplar, acompañarse de un documento de revocación e ir fechados y firmados de puño y letra por el consumidor.2.- El documento contractual deberá contener, en caracteres destacados e inmediatamente encima del lugar reservado para la firma del consumidor, una referencia clara y precisa al derecho de éste a revocar el consentimiento otorgado y a los requisitos y consecuencias de su ejercicio.3. El documento de revocación deberá contener, en forma claramente destacada, la mención documento de revocación, y expresar el nombre y dirección de la persona a que ha de enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.4. Una vez suscrito el contrato, el empresario o la persona que actúe por cuenta suya, entregará al consumidor uno de los ejemplares y el documento de revocación.5. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este artículo se refiere. Artículo 4.- Consecuencias del incumplimiento. El contrato celebrado o la oferta realizada con infracción de los requisitos establecidos por el artículo anterior podrá ser anulado a instancia del consumidor. En ningún caso podrá ser invocada la causa de nulidad por el empresario, salvo que el incumplimiento sea exclusivo del consumidor. Pues bien, a pesar de que en el contrato de 24 de octubre de 2007 se decía, en negrita, que “ Xunto co presente contrato faise entrega do documento de revogación…”, lo cierto es que, negada la entrega del documento por la parte actora, no se ha probado debidamente dicha entrega por el empresario- que es quién tenía la carga de la prueba, según la ley-. Es más, desconocemos el contenido de ese supuesto documento de revocación y, por consiguiente, si el mismo, de existir, cumplía las especificaciones legalmente exigidas. Sobre la trascendencia o las consecuencias de este incumplimiento, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de fecha 10 de abril de 2012, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha 13 de junio de 2011, que, en lo que aquí interesa, transcribo a continuación: “… La falta de cumplimiento del expresado requisito (esto es, de la facilitación del derecho de revocación en los términos exigidos en el art.3 de la Ley 26/91 y actualmente recogidos en el art.111 del RD Legislativo 1/07 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) determina la nulidad del contrato, que puede ser apreciada incluso de oficio por el órgano jurisdiccional por cuanto que la nulidad deviene de la infracción de una norma de orden público dirigida a la protección del consumidor frente a formas agresivas de contratación, como es la que se celebra fuera del establecimiento mercantil, de modo que la citada STJCE de 17 de diciembre de 2009 ha declarado, en el fallo de la sentencia que resuelve la cuestión prejudicial que le planteó la Audiencia Provincial de Salamanca, que “el artículo 4 de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, no se opone a que un órgano jurisdiccional nacional declare de oficio la nulidad de un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva por no haberse informado al consumidor de su derecho de rescisión, aun cuando éste no haya invocado en ningún momento esa nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes”, por cuanto que, como razona en el apartado 28 de la sentencia, la disposición de la directiva (traspuesta a la legislación nacional) relativa al derecho de información al consumidor sobre el derecho de revocación “encierra un interés público que, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 20 de la presente sentencia, puede justificar una intervención positiva del juez nacional con el fin de subsanar el desequilibrio existente entre el consumidor y el comerciante en el marco de los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales…”. Nulidad de pleno derecho derivada de la infracción de una norma de orden público que está dirigida a la protección del consumidor, que determina que la acción para declarar tal nulidad no esté sujeta plazo de prescripción ni de caducidad. CAIXABANK CONSUMER FINANCE alega prescripción de la acción invocando un artículo del Real Decreto Legislativo de la Ley General de los Consumidores y Usuarios que no es de aplicación- ni el artículo ni la propia norma, que entró en vigor con posterioridad a la celebración del contrato-. Extensión de la nulidad al contrato de financiación. Existen numerosas sentencias de Audiencias Provinciales sobre este tipo de contratos instrumentales, de financiación y compraventa, entre otros en el caso de ejercicio de la facultad de desistimiento de contratos vinculados a financiación. Y así en supuestos en que se confirma la nulidad de los contratos de servicios vacacionales y de financiación, suscritos entre las partes litigantes, condenando a las entidades codemandadas a la devolución de las cantidades cobradas, considerando que la nulidad de la compraventa acarrea la del préstamo de financiación y la de cualquier otra relación contractual vinculada con aquella, pues no cabe hablar de dos contratos autónomos sino de la existencia de un ligamen muy estrecho entre ellos. Por tanto, la nulidad del contrato principal se extiende automáticamente a la relación accesoria, habiendo quedado acreditada la identidad del proveedor de los servicios en el contrato de consumo y la del prestamista en el contrato de crédito La sentencia de la AP. de Málaga de 17 de septiembre de 2003, con cita de las sentencias de la AP. de Sevilla de 19 de abril de 1999, de la AP. de Valladolid de 23 de julio de 2001 (JUR.2001, 251.216 ), y de la AP. de Huelva de 29 de septiembre de 2000, declara que la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, pone de manifiesto que el contrato de financiación o préstamo resulta accesorio e instrumental respecto del contrato de compraventa, o, en general, respecto del contrato de consumo. Con esta Ley se incorpora al Derecho interno español, la Directiva 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986 (L. C. Eur.1987, 471). Esta Ley extiende la protección del consumidor en lo que se refiere a la ejecución de los contratos, en el sentido de permitir a éste oponer excepciones derivadas del contrato que ha celebrado, no sólo frente al otro empresario contratante, sino frente a otros empresarios que hubieran estado vinculados con el primero para financiar el contrato mediante la concesión de un crédito al consumidor. La vinculación del financiador al contrato de consumo se establece en los arts.14 y 15 de la citada Ley, de manera que la ineficacia del contrato cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad del consumo, determinará también la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación. Por tanto, no cabe hablar de dos contratos autónomos, pues existe un ligamen muy estrecho entre ambos, en condiciones tales que sería de aplicación el principio “accesorium sequitur principale”. En tales supuestos, la nulidad del contrato principal se extiende automáticamente a la relación accesoria. Esa ineficacia contractual es relevante tenerla en cuenta toda vez que la actora solicita en la demanda que se declare improcedente o inexistente cualquier obligación derivada de la misma, entre las que están, lógicamente, las que se pudieron contraer frente a la empresa financiera. El contrato de financiación- préstamo al consumo- se aporta con la contestación a la demanda de TTI, y es de fecha 25-10-2007. El contrato de crédito fue cedido por FINCONSUM EFC, SA- ahora CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SAU- a TTI FINANCE S. A. R. L- lo que se admite por las partes cedente y cesionaria. Luego, con independencia de que, en la relación entre ambas partes cedente y cesionaria, deba responder el cedente de la existencia y validez del crédito, notificada o comunicada la cesión al deudor cedido durante el transcurso del procedimiento, dicho deudor quedaría únicamente obligado al pago de la deuda al nuevo acreedor- TTI FINANCE S. A. R. L-, que sería así el afectado por la declaración de inexistencia o improcedencia de cualquier obligación derivada de los contratos anulados. La cesión de créditos no provoca la sucesión procesal toda vez que parte del suplico de la demanda, en lo que se refiere a la realización de los trámites oportunos para eliminar a la actora de cualquiera de los registros de morosos existentes en España, se dirige contra todas las demandadas. TERCERO.- La parte actora solicita la condena de FILTRASAUDE S. L a la devolución de 200 euros. Consecuencia de la nulidad contractual declarada- art 1303 del Código Civil- es la devolución de lo entregado en virtud del contrato- 100 euros-. La devolución por duplicado no se puede aplicar pues estaba prevista en una redacción de un texto normativo que no es aplicable por razones temporales- TRLGDCS y otras leyes complementarias- y, además, sólo para el caso de desistimiento. También solicita la actora la condena de FILTRASAUDE S. L al pago de los gastos de taxi derivados de la devolución del aspirador- purificador comprado. No resulta procedente pues tal abono no es consecuencia derivada de la nulidad contractual- art.1303 del Código Civil-. Como también resulta improcedente la petición de condena a la cantidad que estime pertinente el juzgado en cuando a los daños y perjuicios causados, petición que está proscrita por la ley procesal- art.219 LEC-. Tampoco prospera la demanda en cuanto a la petición de condena de todas las demandadas a la realización de los trámites oportunos para eliminar a la actora de cualquiera de los registros de morosos existentes en España, toda vez que no se ha acreditado que, en efecto, la actora se encuentre dada de alta en alguno de los ficheros de solvencia a causa de la deuda litigiosa. La afirmación contenida en el documento nº 17 de la demanda por parte del despacho de abogados encargado de la gestión para cobro de la deuda no es suficiente a tal efecto. Fácilmente pudo la parte actora proponer prueba para acreditar este hecho. CUARTO.- La demanda se desestima frente a FINCONSUM EFC, SA- ahora CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SAU-, a pesar de lo cual, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas toda vez que la actora sólo fue conocedora de la venta o cesión del crédito tras la interposición de la demanda. La estimación parcial de la demanda interpuesta contra FILTRASAUDE S. L y TTI FINANCE S. A. R. L. determina que no se haga especial pronunciamiento en materia de costas- ART.394 LEC-. Son de aplicación los intereses moratorios y legales respecto de la cantidad dineraria a la que se condena a FILTRASAÚDE S. L. FALLO Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por Dª TRINIDAD CARMEN EDESA ANDRIANOV contra FINCONSUM EFC, SA- ahora CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SAU-. Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Dª MARÍA ROSA BARBOSA VÁZQUEZ contra FILTRASAUDE S. L Y TTI FINANCE S. A. R. L, debo declarar la nulidad de la oferta de venta fuera de establecimiento mercantil de fecha 24 de octubre de 2007, declarar improcedente o inexistente cualquier obligación derivada de la misma, condenar a FILTRASAUDE S. L a la devolución de la cantidad de 100 euros más intereses moratorios y legales, absolviendo a las demandadas de los demás pedimentos efectuados en su contra. En cuanto a las costas, se está a lo dispuesto en el último fundamento de derecho. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación para ante la AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, recurso que deberán interponer, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de los 20 días siguientes al en que se les notifique esta sentencia. Así lo acuerdo, mando y firmo. Y como consecuencia del ignorado paradero de la mercantil FILTRASAUDE, S. L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. En A CORUÑA, a trece de diciembre de dos mil dieciocho. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA