05/01/2018 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 1 Ferrol
Procedimiento ordinario 215/2017

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000215 /2017 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. NATALIE SHENG AKAROUCH Procurador/a Sr/a. BERTA SOBRINO NIETO Abogado/a Sr./a. DEMANDADO D/ña. MARIO JORGE SIGNORET PEÑO Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. NAIRA BARASCU KANDIL, Letrado de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.1 de FERROL, doy fe y testimonio que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000215 /2017 consta SENTENCIA, que literalmente se pasa a transcribir a continuación: SENTENCIA: 00234/2017 PROCEDIMIENTO: ORDINARIO N° 215/2017 OBJETO: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS En Ferrol, a 17 de Octubre de 2017. JUAN FRANCISCO RIOBÓ FERNÁNDEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Ferrol, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 215/2017, sobre resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento contractual, en el que son parte demandante D. NATALIE SHENG AKAROUCH, representado por la Adrian Teodor Sanchez Friera Bamala y asistido por el Letrado D. LUÍS AMADOU BAILO URIZARBARRENA PROCTOR; y parte demandada D. EDUARDO LOUZAO VÁZQUEZ, en situación de rebeldía procesal. Habiendo recaído la presente resolución con base en los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda de juicio ordinario interpuesta, en fecha 7 de marzo de 2017, por la Procuradora Dª. BERTA SOBRINO NIETO, en nombre y representación de D. GABRIEL ADOLFO FERNANDEZ VILLAMIL COOX, contra D. JORN ALEGRIA OAR; en la que después de alegar los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos en fundamento de su pretensión, terminaba solicitando que, previos los trámites legales pertinentes, se dictase sentencia por la que estimando íntegramente la demanda: condene al demandado “a que devuelva al demandante 250 € de la puerta, 251 € de la mampara, 10 € de yeso de cornisa, y 500 € de IVA, así como proceda a colocar el material que falta por instalar en el baño y proceda a reparar la instalación de agua que está mal realizada al haber instalado agua caliente en el wc y en la lavadora y en la ducha sólo hay agua fría, así como al corrimiento del tabique a los 40 cms contratados para permitir la capacidad de maniobra; o al abono del importe de los trabajos a realizar; todo ello con los intereses legales y las costas”. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 21 de marzo de 2017, se acordó sustanciar la misma por los trámites del juicio ordinario previstos en los arts.399 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y, con traslado de la demanda y documentos acompañados, se emplazó a la parte demandada para que compareciese en el proceso y contestase a la misma en el plazo de veinte días hábiles. Y, no habiendo comparecido la parte demandada, dentro de dicho plazo, por Diligencia de ordenación de 23 de mayo de 2017, se declaró a la misma en situación procesal de rebeldía. TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, ésta se celebró el día señalado 6 de junio de 2017, a la que compareció únicamente la parte actora, con la indicada representación. Y en la que, tras ratificarse la parte actora en la demanda, a su instancia, se recibió el pleito a prueba, admitiéndose la misma de entre la propuesta: documental por reproducida y pericial. Y, finalmente, se señaló fecha para el acto del juicio. Dicho acto se documentó en soporte audiovisual apto para la grabación y reproducción de la imagen y del sonido. CUARTO.- Al acto del juicio, que tuvo lugar el día señalado 16 de octubre de 2017, compareció únicamente la parte actora, con la indicada representación. En el cual, se practicaron las pruebas admitidas y declaradas, pertinentes en la audiencia previa, con el resultado que obra en las actuaciones. Y, finalmente, tras la formulación oralmente de sus conclusiones por el Letrado de la parte actora, se declararon los autos vistos para dictar Sentencia. Habiéndose documentado el acto del juicio en soporte audiovisual apto para la grabación y reproducción de la imagen y del sonido. QUINTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado los términos y prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la defectuosa ejecución de un contrato de obra con, que se tramita por los cauces del juicio ordinario en aplicación de la regla general por razón de la cuantía prevista en el art.249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al resultar la cuantía del procedimiento superior a 6.000 €, concretamente, al fijarse la misma como indeterminada. A través de la acción ejercitada, la parte actora insta la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la defectuosa ejecución del contrato de obra con suministro de materiales concertado entre las partes, en virtud del cual el demandante le encargó a al demandado la obra para la reforma completa del cuarto de baño de su vivienda, para su adaptación para uso por persona minusválida. Solicitando tanto la devolución de determinadas cantidades abonadas por materiales para partidas de obra que resultaron defectuosamente ejecutadas, como la reparación “in natura”, esto es, la terminación de las obras comprometidas y la reparación de lo defectuosamente ejecutado o, subsidiariamente, el abono del importe de los trabajos a realizar a tales fines. SEGUNDO.- Debidamente concretado, según lo expuesto, el objeto del proceso con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, hemos de partir de la correcta delimitación de la naturaleza jurídica y normas aplicables a la relación negocial existente entre las partes. El contrato de obra aparece regulado, con deficiente terminología y sistemática, en nuestro Código Civil dentro del Título dedicado al contrato de arrendamiento, en el que se engloba el de cosas (arts.1.546 y ss.), el de servicios (arts.1.583 y ss.) y el de obra (arts.1.588 y ss.). Siendo definido, conjuntamente con el de servicios en el artículo 1.544 de dicho Cuerpo Legal, al afirmar que “en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. Ahora bien, nuestro Código Civil incluye el contrato de obra como subtipo del contrato de arrendamiento; pero no le aplica ninguna regla del mismo, pese a que lo denomina “arrendamiento de obra” como al “arrendamiento de servicios” y, por la misma razón que en éste: por la tradición romana de que todo trabajo, como actividad -prestación de servicios- o como resultado - ejecución de una obra- era propio de los esclavos con la consideración jurídica de cosa; por ello, aunque parte de la doctrina y la jurisprudencia sigan empleando la denominación de arrendamiento de obra, la denominación más adecuada es la de contrato de obra. Como resume la STS, Sala 1ª, de 9 de enero de 2006, al afirmar que: “el contrato celebrado por las partes fue el denominado en el Código Civil arrendamiento de obra, aunque en la doctrina se prefiere denominarle contrato de obra o de ejecución de obra, el cual se distingue del arrendamiento de servicios, según criterio que viene prevaleciendo en la doctrina jurisprudencial (SSTS, entre otras, de 4 de febrero de 1950, 23 de noviembre de 1964, 10 junio 1975, 3 noviembre 1983, 14 junio 1989, 4 septiembre 1993, 12 julio 1994, 7 febrero y 17 octubre 1995, 30 enero, 17 marzo y 10 mayo 1997, 13 abril 1999, 8 octubre 2001, 24 octubre 2002 y 6 mayo 2004) por el objeto inmediato de la obligación del contratista - arrendador, empresario-, de modo que la especialidad de la prestación no radica en el trabajo o actividad a desplegar, sino en su resultado. Y de la realización y perfección de este resultado -opus consumatum et perfectum: S 7 febrero 1995-depende que el contratista haya o no cumplido. O lo haya hecho defectuosamente, pues la parte llamada contratista está obligada, como resalta la sentencia de 30 de enero de 1997, a realizar y entregar la obra y que ésta sea la prevista, correcta y adecuada, siendo ello determinante del derecho al pago o retribución”. El contrato de obra se caracteriza por ser un contrato meramente consensual que se perfecciona por el consentimiento expreso o tácito de las partes, tal y como se desprende del articulo 1.544 en relación con el art.1.254, ambos del Código Civil, cuando el primero afirma que: “las partes se obligan a ejecutar una obra por un precio cierto”, sin que exista obligación alguna en cuanto a la necesidad de forma (arts.1.278 y 1.279), pudiendo por tanto concertarse verbalmente (SSTS de 11 de abril de 1964 y 4 de septiembre de 1993, entre otras). Sus elementos reales son: de una parte la obra, con o sin suministro de materiales, pues en el art.1.588 Cc se admiten dos variedades del contrato de obra: el simple contrato de obra y el contrato de obra con suministro de material: “puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o industria, o que también suministre el material”; y de otra parte, el precio cierto (arts.1.543 y 1.545 Cc) que el comitente debe satisfacer en el momento de recibir el encargo encomendado o en el tiempo y forma prevenidos (art.1.599 Cc, requisito que constituye un factor fundamental del contrato si bien no es preciso que el mismo se concrete de antemano o en el instante de celebrar el contrato, siendo pues suficierte que su determinación pueda llevarse a efecto con posterioridad; por los propios interesados, por un tercero. Y, finalmente, ha de tenerse en cuenta que en este tipo de contratos cobra especial relevancia la excepción de contrato no cumplido “exceptio non adimpleti contractus” (incumplimiento total), que faculta al deudor para eximirse del pago si la prestación de los servicios no tuvo lugar, o si fue tan defectuosa que resultó inútil. Igualmente la “exceptio non rite adimpleti contractus” (cumplimiento anormal o defectuoso), modalidad de la más amplia y previamente citada, que, aunque no regulada expresamente en nuestro Código Civil - siguiendo el modelo del francés-, está implícitamente admitida en los arts.1.157, 1.100 apartado final y 1.154 del mismo. y ha sido desarrollada ya desde hace tiempo fundamentalmente por la jurisprudencia. Sobre esta cuestión, por ejemplo, la SAP de A Coruña, Sección 4ª, de 5 de diciembre de 2013, cuando afirma que: “la excepción de cumplimiento inadecuado o de contrato no cumplido regularmente (excepcio non rite adimpleti contractus) constituye una variante de la excepción general de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus), con idéntica apoyatura legal, esto es, en los arts.1100, 1124 y 1308 (SSTS de 10-1-91, 9-7-91, 3-12-92, 15-11-93, 21-3-94, 8-6-96, entre otras muchas), así cuando el demandante sólo ha cumplido la prestación a su cargo parcialmente o de manera defectuosa, el demandado puede rehusar su propia prestación hasta que la primera haya sido cumplida totalmente o ejecutada de forma rigurosa, rectificando de modo pertinente los defectos que la prestación presentaba”. En principio, de la variante non rite adimpleti contractus no se derivan consecuencias sustantivas y procesales distintas de las que determina la excepción general. En una y otra, la ejecución de la prestación reclamada al demandado queda en suspenso, diferida o condicionada a la total y exacta realización simultánea por parte del actor de la prestación que correlativamente le incumbe. La diferencia entre ambas excepciones radica en sus presupuestos, pues, mientras la exceptio non adimpleti contractus supone que el actor no ha cumplido ni ofrecido su prestación, la non rite adimpleti contractus supone que la ha realizado, pero inexactamente, de manera parcial o defectuosa. La identidad de efectos y diversidad de presupuestos aparece clara en la sentencia de 19 de noviembre de 1994, cuando señala, en relación al arrendamiento de obra que <el dueño o comitente puede rehusar el pago del precio que se le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega o no le pone la obra a su disposición (exceptio non adimpleti contractus), como si solamente ha cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de entrega (exceptio non rite adimpleti contractus)>. En esencia, el demandante corre con la carga de probar el cumplimiento integro que se le cuestiona, y al demandado incumbe la prueba de las deficiencias o irregularidades que la prestación del actor presenta. Además, ha de quedar claro que la exceptio non rite adimpleti contractus es tan sólo procedente cuando la parte de la prestación omitida o los defectos que la realizada presenta son de tal entidad que frustran las legitimas expectativas de su destinatario o la finalidad económica del contrato; pero que cuando las insuficiencias o deficiencias de la prestación son de escasa significación e importancia y no impiden la satisfacción del interés del acreedor, la buena fe contractual hace rechazable aquella excepción. Así la STS de 23-12-93, tras poner de relieve que <no hay propio incumplimiento por la mercantil constructora, sino cumplimiento defectuoso por dicha entidad, que no alcanza a impedir el fin normal del contrato>, declara <la obligación de ésta de reparar, en los términos en que se reconoce lo defectuosamente hecho, sin que ello releve al dueño de la obra del cumplimiento a su vez de lo que le incumbe conforme a lo pactado>; la STS 8-6-96 establece que, tiene declarado esta Sala (S 27-1-92) que aunque el Código Civil español (art.1588) no determina cuales sean los derechos que asisten al dueño de la obra cuando la entregada no reúne las condiciones pactadas o las adecuadas a su finalidad, claramente se deduce de las normas generales sobre obligaciones y contratos, incluido el de compraventa, que tiene derecho a que se subsanen por el contratista los vicios y defectos sin abono de cantidad suplementaria alguna o a la reducción del precio en proporción a dichos defectos, o a pedir la nueva realización o la resolución del contrato cuando hay una absoluta imposibilidad de reparar o esencial inadecuación al fin”. Y, en cuanto a los efectos que se derivan de estas dos excepciones, explica la SAP de A Coruña, Sección 3ª, de 26 de marzo de 2015, que: “(a) La excepción de contrato incumplido tiene un efecto meramente temporal, limitada a suspender provisionalmente la exigibilidad de la obligación del deudor demandado o, si se quiere, a neutralizar por el momento la efectividad del derecho del acreedor. Pero es una excepción inadecuada cuando se trate de liquidar definitivamente una relación (STS de 4 de noviembre de 2013) (b) En el supuesto de cumplimientos defectuosos. La excepción de cumplimiento defectuoso de la prestación no podía justificar la inexigibilidad de la obligación de pago del precio pendiente de satisfacción, sino que se dedujera de este precio pendiente de pago el valor de los daños y perjuicios derivados de estos incumplimientos. (STS de 19 de diciembre de 2013)“. TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, ha de tenerse en cuenta que en el presente caso la parte demandada se encuentra en rebeldía, pero es doctrina consolidada, que la rebeldía del demandado no puede interpretarse como allanamiento o aceptación tácita de los hechos constitutivos de la demanda (art.496.2 LEC) ni, por tanto, exime al actor de probar los hechos constitutivos de su pretensión, conforme al principio, de distribución de la carga de la prueba recogido en el artículo 217 de la misma Ley, equiparándose la rebeldía a una oposición tácita a las pretensiones del actor deducidas en la demanda (SSTS de 3 de abril de 1987 y 8 de mayo de 2001, entre muchas otras), de modo que aun no habiendo oposición formal, el actor no queda liberado de probar los hechos de su pretensión (SSTS de 22 de septiembre de 1990 y 16 de marzo de 1993, entre otras muchas). Por tanto, se ha de partir de las reglas sobre atribución de la carga de la prueba contenidas en el art.217.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según las cuales, corresponde al actor “. la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda.” y al demandado “la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos.” que deba probar el demandante. De dicho precepto resulta que la carga de la prueba no se reparte atribuyendo al demandante o actor la de todos los hechos de los que depende el efecto jurídico correspondiente a la tutela por él solicitada, dado que en tal caso, el demandante se enfrentaría a una auténtica prueba diabólica o, como mínimo, a una labor, ímproba, de muy difícil o imposible consecución si se le atribuyese tal onus probandi. Sino que, por el contrario, la carga de la prueba se establece en torno a dos criterios: a) Suponer que dándose los hechos constitutivos, no concurren -salvo que aleguen y prueben- hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. De ahí que, sin alegación y prueba de estos últimos, sea suficiente la alegación y prueba de los constitutivos para obtener la tutela jurisdiccional solicitada. b) Debe distribuirse la carga de la prueba, de ordinario, atribuyendo a cada parte la que, según la experiencia, suele estar más próxima a ella. Es decir, se atiende al criterio de la facilidad probatoria. En resumen, al demandado le incumbe la prueba de los hechos contemplados en las normas cuya aplicación resulta para él liberadora, mientras que al actor o demandante le atañe probar lo que fundamenta la acción por él ejercitada. En el caso concreto que nos ocupa resulta acreditado en autos, por la documental aportada -al no haber sido impugnada la misma-, el hecho de la relación negocial habida entre las partes.1. En primer lugar, resulta acreditada la existencia de una relación comercial entre las partes, que hemos caracterizado anteriormente como un arrendamiento de obra. a) Así, entre el actor y el demandado, que opera en el tráfico con el nombre comercial de CONSLOUZAO, se concertó verbalmente un contrato de obra con suministro de materiales, en virtud del cual el demandado, como contratista, se obligó a realizar una reforma completa de un cuarto de baño para su adaptación para uso por persona minusválida, en la vivienda del actor, sita en la Avenida Cooperación, Torre II-12B de San Valentín en Fene, con aportación de los materiales necesarios y a cambio del correspondiente precio a abonar por el ahora demandante. b) También resulta acreditado que los términos concretos en que había de desarrollarse la obra fueron los contenidos en el presupuesto de fecha 18 de mayo de 2015, en el que se hace un resumen de los trabajos y del coste de los mismos, por un total de 2.879 €. c) Finalmente, se aporta con la demanda como justificante de pago un documento rotulado como presupuesto, de fecha 7 de marzo de 2016, en el que figura la anotación de “pagados” firmada por “LOUZAO VÁZQUEZ”, del cual lo único que cabe deducir es que el actor abonó la suma de 3.000 € al demandado como precio de los trabajos, tal como se alega en la demanda. Puesto que el resto de anotaciones manuscritas ni se comprende el concepto a que corresponden y evidencian errores en el cálculo matemático. De tal forma que de la documental aportada se desprende tanto el hecho de la suscripción del contrato como su contenido. En este sentido, se ha pronunciado, por ejemplo, la SAP de A Coruña, Sección 5ª, de 3 de junio del 2010, cuando declara que: “. en lo relativo a la prueba documental presentada por la demandante, y en concreto a las facturas y faxes aportados, dado que su autenticidad no ha sido impugnada por la parte demandada a quien perjudican, podemos decir que hacen prueba plena en los términos previstos en los arts.319.1 y 326.1 de la LEC. Conforme a una constante jurisprudencia, incluso la falta de reconocimiento sobre la autenticidad de un documento privado por aquellos a quienes afecta no Ie priva íntegramente de valor probatorio, ni quiere decir que dicho reconocimiento sea el único medio de acreditar su legitimidad, pues ello equivaldría a dejar aI exclusivo arbitrio de la parte a quien perjudique la fuerza y validez del documento, lo cual podría comprometer gravemente las exigencias de justicia y respeto al lo pactado, dado que la mayoría de las relaciones jurídicas se formalizan a través de esta clase de documentos. Por ello, el carácter privado o unilateral de los documentos presentados como prueba en el juicio no impide considerar acreditada la realidad documentada cuando en el proceso existen otros elementos de juicio o medios probatorios susceptibles también de ser valorados, conjugando así su contenido con el resto de la prueba o ponderando su grado de credibilidad atendidas las circunstancias del debate (SS TS 27 junio 1981, 29 mayo 1987, 23 noviembre 1990, 19 junio 1995, 3 abril 1998, 25 enero 2000, 30 octubre 2002, 22 noviembre 2004 y 1 junio 2005). Pero tal complemento probatorio o valoración circunstancial de la autenticidad del documento no será siquiera necesaria cuando el mismo no haya sido oportunamente impugnado por la parte a quien perjudique, en cuyo caso, y como ya se ha dicho, hará prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documente, de la fecha en que se produce la documentación, y de la identidad de las personas que intervengan en ella (art.319.1 LEC) “. 2. En segundo lugar, de la pericial practicada, a cargo del Arquitecto D. JAVIER AURENTINA PRODANOV MELCON, se desprende igualmente la defectuosa ejecución por la parte demandada de las obras encargadas. a) Así, en primer lugar, el perito informa que faltan por realizar partidas de obra en el cuarto de baño para su adaptación al uso por persona minusválida, según el presupuesto convenido entre las partes: suministro y montaje de lavabo; remate y puesta en funcionamiento de instalación eléctrica; suministro y montaje de elementos de ayuda adaptados; pintado de pared de salón y pasillo; y accesorios necesarios para el montaje del lavabo, esto es, grifería monomando, sifón y válvula de desagüe. Reputando correctos el perito los presupuestos aportados por la parte actora, pero especificando que habría de añadirse los gastos de mano de obra para su instalación y puesta en funcionamiento. Y, por todo lo anterior, se valoran los trabajos pendientes de ejecutar antes descritos en la suma total de 1.162,14 €. b) Por otra parte, se constata por el perito la existencia de partidas de obra contratadas defectuosamente ejecutadas: – En primer término, se ha realizado mal la conexión de las tuberías generales de agua fría y caliente, confundiendo éstas; siendo necesario realizar correctamente el enganche, para lo que son precisos trabajos de albañilería, al ir la instalación de fontanería empotrada en paredes y suelo. Valorando el coste total de la reparación en 1.030,00 € – Asimismo, la puerta de entrada al aseo no se ha realizado con la misma altura que las del resto de la vivienda y tiene un ancho de 82 cms, en lugar de los 90 cms presupuestados; aunque no es posible la colocación de una puerta de dicho ancho por la existencia de un pilar estructural a un lado de la misma. Valorando los trabajos precisos para la sustitución de la puerta existente y el suministro y montaje de una nueva en 340 €. – Respecto a la mampara se considera que el valor de la factura es correcto, aunque habría de añadirse el importe de los trabajos de instalación de la misma, lo que valora en total en 321,00 €. – Igualmente, el perito estima que el valor de la cornisa del salón indicado en la demanda es correcto, pero que habría de añadirse el coste de su instalación, lo que hace un total de 55,00 €. c) En cambio, el perito no ha podido pronunciarse con rotundidad en orden a si se ha cumplido con el desplazamiento del tabique del baño a 40 cms de su posición original, al estar el baño parcialmente reformado; y, haciendo una comparación con la vivienda 9°-B similar a la del actor, que no se ha reformado, resulta que en ésta la distancia entre tabiques del aseo es de 1,05 ms, mientras que en la del actor es de 1,60 ms, pero con ello resultaría un desplazamiento del tabique en cuestión de 55 cms, en lugar de los 40 cms contratados y de los 30 cms a que se alude en la demanda. De tal forma que no puede tenerse por acreditado el desplazamiento del tabique indicado en la demanda. En conclusión, de la valoración en conjunto de la prueba practicada, ha resultado acreditada la existencia de un contrato de obra entre las partes procesales y el cumplimiento por el actor de su obligación de abonar el precio convenido, mientras que el demandado ha dejado partidas de obra sin ejecutar y otras están defectuosamente ejecutadas. Y, finalmente, la relación de las partidas de obra sin ejecutar o defectuosamente ejecutadas y la estimación del importe necesario para subsanar las deficiencias realizada por el perito designado, no ha sido impugnada ni desvirtuada por ningún otro medio probatorio al permanecer la demandada en situación procesal de rebeldía. Por consiguiente, si el contrato constituye ley entre las partes conforme al art.1.091 del Código Civil, cumplida por el actor la prestación a que contractualmente se había obligado, el abono del precio convenido, tiene acción para reclamar el cumplimiento por el demandado de la prestación a que, a su vez, se había comprometido, la correcta ejecución de la totalidad de las obras presupuestadas. En este sentido, Ia jurisprudencia ha declarado que: “el artículo 1.101 regula la acción de indemnización procedente del incumplimiento imputable de una obligación y no persigue el logro de la efectividad de la prestación, ni la finalización del vínculo obligacional, sino reequilibrar la economía del acreedor tras el daño patrimonial sufrido por causa del incumplimiento y, además, exige que la inobservancia sea imputable al deudor; y en este sentido esta Sala ha declarado que los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 1.101 son la preexistencia de una obligación, su incumplimiento debido a culpa o negligencia o falta de diligencia del demandado y no a caso fortuito o causa mayor, la realidad de los perjuicios y el nexo causal eficiente entre aquella conducta y los daños producidos”, STS, Sala 1ª, de 3 de julio de 2001. En definitiva, resultan acreditados por la actora los presupuestos fácticos de la acción ejercitada, mientras que la entidad demandada, al permanecer en situación de rebeldía procesal, no ha podido proponer prueba alguna y, por consiguiente, no ha acreditado ningún hecho que impida, extinga o enerve la eficacia jurídica de los probados de adverso. Por todo ello, procede la estimación sustancial de la demanda, ya que se estiman todas las pretensiones salvo la relativa al corrimiento del tabique del baño en 40 cms. Si bien, debe procederse a la ordenación del suplico de la demanda, en el sentido de que procede la condena del demandado al cumplimiento de lo convenido, esto es, a la reparación “in natura” de los daños y perjuicios causados mediante la ejecución de las partidas de obra pendientes y la reparación de las mal ejecutadas; y, subsidiariamente, para caso de incumplimiento de dicha obligación, la condena del demandado a la indemnización de los daños y perjuicios causados mediante el abono al actor del importe en que pericialmente han sido tasadas las partidas sin ejecutar y las defectuosamente ejecutadas. CUARTO.- En materia de costas procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, como regla general, “en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.”, al estimarse sino íntegramente, sí sustancialmente la demanda, procede la imposición de las mismas a la parte demandada. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO QUE ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora Pedro Abelardo Cristo Jesus Dine Millet, en nombre y representación de D. NATALIE SHENG AKAROUCH, contra D. EDUARDO LOUZAO VÁZQUEZ debo CONDENAR Y CONDENO a la demandada: 1. DEBO CONDENAR Y CONDENO al demandado a la realización de las obras precisas para la terminación del baño del actor adaptado a su finalidad de uso por minusválido; así como a la reparación de los defectos de ejecución, de conformidad con lo descrito en el informe pericial aportado a autos.2. Subsidiariamente, al abono al actor en concepto de indemnización de daños y perjuicios de la suma de dos mil novecientos ocho euros con catorce céntimos (2.908,14 €), en que se valoran las partidas sin ejecutar y las defectuosamente ejecutadas. Con el abono a la actora del interés legal del dinero que genere dicho principal desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la presente resolución; y los intereses legales previstos en el art.576 LEC desde la fecha de la misma y hasta su completo pago.3. Con expresa imposición de costas a la parte demandada. MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes, a quienes se hará saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Se advierte a las partes que la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 € mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al preparar el recurso de apelación, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- En el día de la fecha se dio lectura, en vista pública, a la anterior resolución, doy fe. Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, extendiéndose el presente en FERROL, a doce de diciembre de dos mil diecisiete. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,