27/04/2018 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
Instrucción 3 A Coruña
LEV 1170/2017. Notificar sentencia a Rubén Ascariz Cabado

XDO. INSTRUCIÓN N.3 A CORUÑA SENTENCIA: 00249/2017 Procedimiento: JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0001170/2017 SENTENCIA En A Coruña, a 30 de octubre de 2017. Vistos los presentes autos de los que son partes como denunciante Angeles Dolores Oñorbe Bunuar y como denunciado Miguel Omar Heyes Massanas, sobre delito leve de maltrato y amenazas, ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.–Convocadas las partes a juicio que tuvo lugar en el día y hora señalado; por el denunciante se solicitó la condena; el denunciado solicitó su absolución. HECHOS PROBADOS Que el día 25 de julio de 2017 se interpuso denuncia por parte de Angeles Dolores Oñorbe Bunuar en la que manifestaba que se trasladó al domicilio del denunciado para reclamarle unos objetos que denunció como sustraídos por él y su pareja Carla, agarrándole Rubén del cuello diciéndole “te voy a matar”. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–De conformidad con el principio de presunción de inocencia, que ha venido a ser desde su reseña Constitucional en el art.24 de la Constitución Española, un auténtico derecho fundamental, exige que la acusación demuestre la culpabilidad del acusado como prueba de cargo. De lo actuado en el juicio no existe prueba de cargo alguna para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. No existe prueba alguna de los hechos denunciados. Nos encontramos en el presente procedimiento con una declaración del denunciante que no se apoya en medio de prueba alguno, y totalmente contradictoria con lo manifestado por el denunciado. Rubén declaró que fue el propio denunciante quien amenazó e intentó agredirle con una piedra. A pesar de manifestar que había otras personas presentes, testigos de los hechos, no se propone a ninguna de ellas para declarar en el acto de la vista y poder así corroborar lo afirmado en la denuncia. SEGUNDO.–La presunción de inocencia que en, su formulación latina del in dubio pro reo ha estado presente en nuestro ordenamiento y en la propia Jurisprudencia penal como principio general (S. T. S.23-5-64, 4-2-65,24-1-63,10-10-62…) ha venido a ser desde su constitucionalización en el artículo 24.2 de la Constitución española, un auténtico derecho fundamental, vinculante para los Tribunales de Justicia respetando el integro contenido de la Ley Penal. Así la valoración de la prueba, y por tanto, el pronunciamiento sobre si ha quedado desvirtuada la presunción iuris tantum de inocencia del acusado en un proceso concreto es una operación necesaria para la fijación de la premisa fáctica de la Sentencia penal, la cual forma parte del juicio. De este modo no es al acusado al que corresponde demostrar su inocencia, sino que como valor probatoria corresponde a la acusación demostrar la culpabilidad del acusado como prueba de cargo, correspondiendo al órgano sentenciador según su conciencia y convicción de lo actuado estimar si dicha prueba es suficiente para desvirtuar el principio antes señalado. Siendo constante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la Sentencia de 8 de Junio de 1981 que exige para destruir la presunción de inocencia: que la carga de prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde a las acusaciones, que solo debe entenderse como prueba la practicada en el acto de juicio y que la valoración conjunta de la prueba es potestad del Juzgador. TERCERO.–Dispone el artículo 123 del Código Penal que las costas se entienden impuestas por Ley a todo responsable criminalmente de delito o falta, dictándose Sentencia absolutoria procede declararlas de oficio. Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación FALLO Que debo absolver y absuelvo Miguel Omar Heyes Massanas como autor de un delito leve de maltrato y amenazas, con imposición asimismo de las costas procesales de oficio. Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme, se puede interponer Recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, debiéndose formular por escrito con los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Doña Margarita de Ron Cambón, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de A Coruña.