12/06/2017 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
Notificar sentencia juicio verbal 480/2016

JDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.11 A CORUÑA SENTENCIA: 00078/2017 C/ CAPITÁN JUAN VARELA, S/N, EDF. ANEXO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A CORUÑA Teléfono: 981-18-25-98/97 Fax: 981-18-25-99 Equipo/usuario: ML Modelo: N04390 N. I. G.: 15030 42 1 2016 0004863 JOSEFA PETRA CHATTOU ROGINA VERBAL 0000480 /2016 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. C. PROP. C/VIA ARTABRA, 14 (A CORUÑA). Procurador/a Sr/a. EDUARDO PARDO COLLANTES Abogado/a Sr/a. EL MADANY, MONALISA SCHUTTE D/ña. BORNACHEA LLANSO, IKER FERNANDO Procurador/a Sr/a., Abogado/a Sr/a. SENTENCIA Nº 78 En A Coruña, a veintiocho de abril de 2017 Vistos por mí, César González Castro, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado con el número 480/2016, en los que han sido partes: Demandante/s: la Comunidad de Propietarios GARAJES VÍA ÁRTRABA Nº 12-14-16, PLANTA BAJA, en la ciudad de A Coruña, representada por el procurador de los tribunales D. Amen Achaba Danouni y defendida por la letrada D ª Maria Lizeth Moeller Asencio. Demandando/s: D. Manuel Dopazo Carreira y D. Abdou Karim Tadmiri Rodil, ambos en situación procesal de rebeldía. Objeto: reclamación de cantidad. Se procede, en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La parte demandante presentó escrito de demanda que se repartió a este juzgado, en la que, después de relatar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitó que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se condene a la demandada al pago de 1249,32 euros en concepto de principal, con los intereses que para dicha cantidad legalmente correspondan, así como al pago de las cuotas que se vayan generando durante la tramitación del procedimiento hasta el completo pago y todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento a los demandados. SEGUNDO.- Admitida la demanda, se acordó el emplazamiento de los demandados para que dentro del término legalmente establecido comparecieran en forma y contestaran a la demanda. Transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado se declararon los mismos en situación procesal de rebeldía. TERCERO.- Ninguna de las partes solicitó la celebración de vista, quedando los autos vistos para sentencia. CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado todas las prescripciones legales, salvo con excepción de los previstos para el señalamiento de vistas y plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que penden sobre este juzgado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. Amen Achaba Danouni, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios GARAJES VÍA ÁRTRABA Nº 12-14-16, PLANTA BAJA, en la ciudad de A Coruña, contra D. Manuel Dopazo Carreira y D. Abdou Karim Tadmiri Rodil, y, en consecuencia, condeno a estos últimos a que abonen a dicha actora, como principal, la suma total de 1249,32 euros. Desestimo los demás pedimentos formulados en la demanda por dicha parte y, en consecuencia, absuelvo a los mencionados demandados de los mismos. Los motivos son los siguientes: 1.- Establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal que, entre otras, son obligaciones de cada propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.2.- Es doctrina jurisprudencial plenamente consolidada que la carga de la prueba tan sólo es de aplicación cuando, ante la falta de prueba de un hecho fundamental o relevante para la decisión judicial, sigue siendo éste incierto o dudoso para el tribunal y debe en sentencia resolver para quién han de producirse las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria, por lo que la «regla de juicio», recogida en su día en el artículo 1214 del Código Civil y hoy en el artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede estimarse vulnerada, ni su infracción denunciarse en casación, cuando los juzgadores de instancia obtienen su convicción decisoria de cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia del litigante que las haya suministrado, pues, a virtud del principio de «adquisición procesal», los resultados de las pruebas se logran para el proceso y se producen en beneficio indistinto de ambas partes y no sólo de la que las aporta a él. La infracción de la regla de juicio es apreciable cuando, ante la total carencia de prueba sobre un hecho relevante para la resolución judicial, el tribunal desatendiendo o invirtiendo las reglas distributivas del onus probandi, hace recaer los efectos desfavorables de su ausencia o insuficiencia al litigante a quien no incumbía la carga de su probanza; pero no lo es, frente una apreciación en conjunto de la prueba practicada. En concreto, la sentencia de 12 junio 2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes términos: “1.- Para que se produzca la infracción del artículo 1214 (precedente del actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material.2.- No cabe aducir infracción de la carga de la prueba -artículo 1214 del Código Civil - para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad - incoherencia pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.- El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007“. 3.- Conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la circunstancia de que la parte demandada no se hubiese personado en plazo para contestar a la demanda, y que, por ello, hubiera sido declarada en situación de rebeldía procesal, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos. Baste reiterar aquí los términos de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 2004, conforme a la cual “la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -arts.281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 y 29 de marzo de 1980 ( RJ 1980, 1143), tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el onus probandi, no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda -sentencia de 4 de mayo de 1909-”. Esta regla procesal ha sido recogida de forma positiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario”. 4.- Sin embargo, no se puede ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el demandante, pues lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2007 establece que la falta de oportuna contestación a la demanda, sin que exista excusa legal para ello, determina la imposibilidad por parte del demandado de oponer hechos impeditivos, extintivos o excluyentes frente a la pretensión actora, con las consiguientes consecuencias sobre la limitación de los medios probatorios, que tiendan a justificar extremos de una oposición que la preclusión procesal impide formular, pues la rebeldía voluntaria no se compagina con la exigencia de agotar toda la diligencia necesaria para evitar la indefensión.5.- La jurisprudencia no excluye el valor probatorio del documento no reconocido, pues el art.1225 del Código Civil, no impide su relevancia aún no adverado, ya que su autenticidad, en suma, podrá quedar acreditada por medios distintos del reconocimiento. Es reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la falta de reconocimiento o adveración de un documento privado no le priva en absoluto de valor, y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate.6.- En el presente caso, conforme a la documental acompañada con la demanda, queda acreditado que los demandados adeudan a la actora la suma 1249, 32 euros por cuotas comunitarias hasta el 17 de diciembre de 2015.7.- Las condenas de futuro previstas en el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refieren a cantidades que no son exigibles sino con posterioridad a la presentación de la demanda, pero que se derivan de una obligación ya nacida, producida y consumada con anterioridad, de modo que la deuda es ya líquida cuando se presenta la demanda y su exigibilidad depende única y exclusivamente del transcurso del tiempo. Estos requisitos no concurren en las cuotas mensuales a través de las cuales se articula usualmente en las comunidades de propietarios sometidos al régimen de propiedad horizontal la obligación de todos los integrantes de las mismas de contribuir a los gastos comunes. En primer lugar, tales cuotas no se fijan teniendo en cuenta gastos ya realizados y devengados, sino sobre la base de una previsión de gastos que debe ser liquidada a final de año. En el curso del mismo es perfectamente posible por tanto que la comunidad, en función de los gastos reales que se vayan produciendo, suba o baje la cuota inicialmente fijada. En segundo lugar, y en razón de responder las cuotas no a gastos reales, sino a un presupuesto, las reclamaciones basadas en el impago de esas cuotas usualmente parten de una liquidación de la deuda que realiza la Junta de Propietarios y/o de una certificación emitida por los órganos de la comunidad que fija la cantidad realmente adeudada, siendo además dicha junta la que ha de autorizar la reclamación judicial de las cantidades que resulten adeudadas. Así se hizo en el caso de autos, aprobando la junta de propietarios de 10 de junio de 2014 los saldos deudores que aparecen reflejados en el acta y la reclamación judicial de los mismos, siendo fijado el de los demandados por certificación expedida por la secretaria - administradora de la comunidad, el día 17 de diciembre de 2016. No cabe, por todo ello, condenar a otras cuotas que las expresamente fijadas y determinadas por los órganos de la comunidad como efectivamente adeudadas, dependiendo las futuras de los gastos realmente realizados y de las decisiones que con respecto a los mismos adopte la comunidad de propietarios. En tal sentido, por ejemplo, se manifiestan: - La sentencia nº 619/2016 de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 7 de diciembre: “No procede estimar la demanda, sin embargo, en cuanto a la condena de futuro pretendida, que se extendía a las «cantidades que sean devengadas hasta la ejecución de sentencia para caso de impago». Al margen de lo impreciso y confuso de esta redacción (no se sabe hasta cuándo se reclaman las cuotas), no cabe una condena de futuro como la solicitada, dado que no está amparada por el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este precepto solo la contempla, por un lado (artículo 220.1), en los casos de reclamación de intereses o prestaciones periódicas que se devenguen después de la sentencia, cantidades que se pueden concretar con certeza, evitando toda indefinición (argumento de la STS de 22 de abril de 2013 (nº 293/2013), que a su vez cita las SSTS de 19 de septiembre de 2007, RC n.º 3548/2000, y la de 26 de diciembre de 2010, RIPC n.º 901/2007); por otro (artículo 220.2), se admite en los casos de reclamaciones de rentas periódicas arrendaticias, si bien «tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda». Cuando se trata de cuotas de propiedad horizontal, en cambio, como señala la SAP Barcelona, sección 19, de 14 de mayo de 2014 (Sentencia: 184/2014), « no nos encontramos ante cantidades líquidas, prefijadas y que se pueden adicionar por una simple operación aritmética. Las cuotas a satisfacer por la propiedad a la comunidad estarán en función del acuerdo que al efecto, conforme a la normativa legal y estatutaria, se acuerden por la Junta de propietarios debidamente convocada y sometida al régimen de impugnación de acuerdos ».” - La sentencia número 252/2016 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga, de 28 de abril: “2.- Esto último suscita una cuestión jurídica, cual la posibilidad de la condena de futuro prevista en el art.220 LEC en el ámbito de la reclamación de gastos de comunidad. Cuestión que ha sido resuelta anteriormente por esta Sala (sentencia de fecha 25 de octubre de 2011, Rollo de Apelación nº 28/2010 y sentencia de fecha 26 de marzo de 2013, Rollo de Apelación nº 63/2012) en los términos que a continuación se expresan. El párrafo 1º del art.220 LEC establece lo siguiente: Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte. En principio, el carácter periódico de las prestaciones en concepto de contribución de los propietarios a la satisfacción de los gastos comunes, en el marco de la propiedad horizontal, permitiría a la Comunidad de propietarios solicitar la ampliación de su pretensión a aquellos gastos aun no devengados en el momento de la interposición de la demanda, justificando su imposición en la sentencia como condena de futuro, ex art.220 LEC. Sin embargo, la posibilidad de la condena de futuro comporta una exigencia que, a juicio de esta Sala, se erige en obstáculo para su admisión con carácter general en materia de gastos de comunidad de propietarios. Así, ha de tratarse de prestaciones que, además de periódicas, se encuentran perfectamente determinadas (liquidez) en el momento del inicio del proceso, a falta sólo de su vencimiento, sin que requieran de una posterior actividad liquidatoria, más allá de una mera operación aritmética. Esta exigencia no se cumple en el caso de las deudas de comunidad de propietarios, cuya exacta determinación requiere el desarrollo de un proceso liquidatorio, concretado en las siguientes actuaciones: a) aprobación por parte de la Junta de propietarios de un plan de ingresos y gastos previsibles y las cuentas correspondientes, así como del presupuesto anual, que ha de servir de base para el cálculo de la contribución de cada propietario a los gastos generales; y b) liquidación de la deuda del propietario moroso, mediante el correspondiente acuerdo de la Junta de propietarios, notificado al interesado. Es así que la propia variabilidad y falta de liquidez del importe de los gastos de comunidad no devengados impide su inclusión en el ámbito de la condena de futuro, la que sólo cabe respecto de prestaciones que, además de periódicas, sean constantes en su importe, o su liquidación se obtenga mediante una simple operación aritmética. Lo expuesto encuentra reflejo en la propia LEC, con referencia al único supuesto de condena de futuro, distinto de los intereses, que se contempla de forma expresa (reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo), en cuyo caso, si el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Se trata así de mantener la invariabilidad del importe de las sucesivas prestaciones tras la interposición de la demanda, mediante una suerte de congelación de las rentas futuras. En el caso de las deudas comunitarias devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda y a su contestación por el demandado, su inclusión en el contenido de la condena cercenaría las posibilidades de oposición del propietario afectado, ante las posibles vicisitudes del proceso de liquidación de la deuda, habida cuenta la restricción de los motivos de oposición sobre el fondo en el ámbito de la ejecución de títulos judiciales, limitados al pago o cumplimiento de lo ordenado, ampliados por la Ley 37/2011 a la caducidad y a los pactos o transacciones convenidos para evitar la ejecución, plasmados en documento público ( art.556.1 LEC). Es así que los mecanismos de oposición del propietario ante una eventual liquidación incorrecta de la deuda, incluida en la condena de futuro sin posible contradicción procesal (preclusión de la fase de alegaciones y restricción de las causas de oposición a la ejecución), comportaría una inadmisible infracción del derecho de defensa. El criterio de legislador no parece favorable a la admisión de la condena de futuro de deudas comunitarias, si se tiene en cuenta la expresa distinción que hace respecto de las rentas periódicas, las que sí son especialmente contempladas como susceptibles de condena futura ( inclussio unius, exclussio alterius ). Lo que, además, se corresponde con un distinto tratamiento en materia de recursos, habida cuenta el distinto alcance de la exigencia de la satisfacción de la deuda como presupuesto para la preparación (actualmente interposición, en virtud de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, que en el caso de las rentas se extiende a las vencidas o las que deba pagar adelantadas, en ese momento, y a las que venzan o deba de adelantar en el futuro, hasta la decisión de los recursos; requisito que, en el caso de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, se limita a la satisfacción o consignación de la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria ( art.449 LEC); modificándose así la previsión antes establecida en el art.21.12 LPH, que exigía la consignación de las cuotas que fueran venciendo durante el recurso de apelación. Las consideraciones expuestas nos llevan a excluir la posibilidad general de aplicar la condena de futuro en el ámbito de las deudas comunitarias, limitando en cualquier caso dicha posibilidad a la reclamación de las cuotas de comunidad que, siendo líquidas, por corresponder al mismo ejercicio anual, venzan con posterioridad a la interposición de la demanda, siempre que en la misma medie expresa solicitud en tal sentido; hipótesis esta última que no concurre en el caso enjuiciado, habida cuenta que la cantidad líquida reclamada comprende las cuotas vencidas al 31 de diciembre del año 2009. Remitiéndose a la Comunidad de propietarios a deducir reclamación por las restantes deudas vencidas con posterioridad a la interposición de la demanda mediante el cauce del juicio monitorio o directamente a través del correspondiente proceso declarativo. Resaltándose la posibilidad que la actual LEC brinda a las Comunidades de propietarios para acudir a un proceso ágil y expeditivo, cual el juicio monitorio, para obtener la satisfacción de la deuda por gastos comunes.” - La sentencia número 117/2012 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Jaén, de fecha 7 de mayo: “CUARTO.- Comenzando por la solicitud ni tan siquiera analizada en la instancia de esa condena de futuro, habremos de plantearnos si realmente el art.220 LEC, permite con carácter general tal posibilidad en el ámbito de la reclamación de gastos de comunidad. Así, el citado artículo en su pfo.1º, establece que cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte. En principio, el carácter periódico de las prestaciones en concepto de contribución de los propietarios a la satisfacción de los gastos comunes, en el marco de la propiedad horizontal, permitiría a la Comunidad de propietarios solicitar la ampliación de su pretensión a aquellos gastos aun no devengados en el momento de la interposición de la demanda, justificando su imposición en la sentencia como condena de futuro, ex art.220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, la posibilidad de la condena de futuro comporta una exigencia que entendemos, se erige en obstáculo para su admisión con carácter general en materia de gastos de comunidad de propietarios y es que, ha de tratarse de prestaciones que, además de periódicas, se encuentren perfectamente determinadas y sean líquidas en el momento del inicio del proceso, a falta sólo de su vencimiento, sin que requieran de una posterior actividad liquidatoria, más allá de una mera operación aritmética y es así, que esta exigencia no se cumple en el caso de las deudas de comunidad de propietarios, cuya exacta determinación requiere el desarrollo de un proceso liquidatorio, concretado en la aprobación por parte de la Junta de propietarios de un plan de ingresos y gastos previsibles y las cuentas correspondientes, así como del presupuesto anual, que ha de servir de base para el cálculo de la contribución de cada propietario a los gastos generales, así como la liquidación de la deuda del propietario moroso, mediante el correspondiente acuerdo de la Junta de propietarios, notificado al interesado. Es así que la propia variabilidad y falta de liquidez del importe de los gastos de comunidad no devengados impide su inclusión en el ámbito de la condena de futuro, la que sólo cabe respecto de prestaciones que, además de periódicas, sean constantes en su importe, o su liquidación se obtenga mediante una simple operación aritmética. Su inclusión en el contenido de la condena, como mantiene la doctrina de muchas AA. PP. cercenaría las posibilidades de oposición del propietario afectado, ante las posibles vicisitudes del proceso de liquidación de la deuda, habida cuenta la restricción de los motivos de oposición sobre el fondo en el ámbito de la ejecución de títulos judiciales, limitados al pago o cumplimiento de lo ordenado, ampliados por la Ley 37/2011 a la caducidad y a los pactos o transacciones convenidos para evitar la ejecución, plasmados en documento público (art.556.1 LEC). Es así que los mecanismos de oposición del propietario ante una eventual liquidación incorrecta de la deuda, incluida en la condena de futuro sin posible contradicción procesal (preclusión de la fase de alegaciones y restricción de las causas de oposición a la ejecución), comportaría una inadmisible infracción del derecho de defensa. Lo expuesto encuentra reflejo, como resaltan las SSAP de Málaga, Secc.4 de 25-10 y 1-12-11 en la propia LEC, con referencia al único supuesto de condena de futuro, distinto de los intereses, que se contempla de forma expresa (reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo), en cuyo caso, si el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Se trata así de mantener la invariabilidad del importe de las sucesivas prestaciones tras la interposición de la demanda, mediante una suerte de congelación de las rentas futuras. Añaden además las citadas resoluciones, que el criterio de legislador no parece favorable a la admisión de la condena de futuro de deudas comunitarias, si se tiene en cuenta la expresa distinción que hace respecto de las rentas periódicas, las que sí son especialmente contempladas como susceptibles de condena futura (inclussio unius, exclussio alterius). Lo que, además, se corresponde con un distinto tratamiento en materia de recursos, habida cuenta el distinto alcance de la exigencia de la satisfacción de la deuda como presupuesto para la preparación (actualmente interposición, en virtud de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, que en el caso de las rentas se extiende a las vencidas o las que deba pagar adelantadas, en ese momento, y a las que venzan o deba de adelantar en el futuro, hasta la decisión de los recursos; requisito que, en el caso de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, se limita a la satisfacción o consignación de la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria (art.449 LEC); modificándose así la previsión antes establecida en el art.21.12 LPH, que exigía la consignación de las cuotas que fueran venciendo durante el recurso de apelación. En el mismo sentido se pronuncia, entre otras, la SAP de Baleares de 21-7-06, razonando que además de que los mismos exigen una previa liquidación por parte de la comunidad, pueden incluir conceptos que no sean de devengo periódico como sucede con los gastos extraordinarios. No obstante admite dicha resolución que las deudas generadas con posterioridad a la presentación de la demanda, pudieran haber sido objeto reclamación concreta, a través de una ampliación de la demanda presentada, siempre con anterioridad a la contestación de la demanda por el demandado. Así lo entienden también las resoluciones antes citadas de la AP de Málaga, al admitir finalmente, que en cualquier caso dicha posibilidad habría que limitarla a la reclamación de las cuotas de comunidad que, siendo líquidas, por corresponder al mismo ejercicio anual, venzan con posterioridad a la interposición de la demanda, siempre que en la misma medie expresa solicitud en tal sentido; remitiéndose a la Comunidad de propietarios a deducir reclamación por las restantes deudas vencidas con posterioridad a la interposición de la demanda mediante el cauce del juicio monitorio o directamente a través del correspondiente proceso declarativo. Resaltándose la posibilidad que la actual LEC brinda a las Comunidades de propietarios para acudir a un proceso ágil y expeditivo, cual el juicio monitorio, para obtener la satisfacción de la deuda por gastos comunes. A la luz de dicha doctrina, habremos de estimar la pretensión analizada en el sentido expuesto, esto es en el de incluir la condena de las cuotas vencidas y no abonadas con posterioridad a la demanda y hasta el final de la anualidad de 2.011, pues de la propia documental aportada por la actora consta se abonan las cuotas hasta el mes de agosto de ese año, luego lógicamente habrá de convenirse es clara la liquidez de las mismas. Por lo que respecta a los intereses también reclamados, desestima el Juzgador de instancia tal petición por infundada por ausencia de precepto que determine que la cantidad reclamada genera interese. Pues bien, también habrá de ser estimado dicho motivo de impugnación, toda vez que resulta claro pese a la omisión de su mención expresa en la demanda, que lo solicitado en la misma es la imposición de los intereses moratorios previstos en los arts.1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, los ya vencidos a la fecha de la interpelación judicial y los que pudieran devengarse a partir de la misma respecto del importe de las cuotas reclamada. Es claro, que sobre tal extremo, es reiterada la jurisprudencia que exige la petición expresa a virtud del principio dispositivo que rige el proceso civil, no obstante, si bien es cierto que el suplico de la demanda adolece de la claridad y precisión que serían deseables, reclamando sólo los intereses moratorios sin más, una interpretación racional y sistemática del escrito de demanda, precisamente por la petición inicial de los intereses moratorios ya vencidos, nos lleva a concluir que en ella se explicita la voluntad de la parte demandante de que se condene al demandado al pago de los intereses de mora materiales y no procesales en base a los preceptos antes citados, por entenderse siquiera mínimamente satisfecha la exigencia de previa solicitud de la actora. Finalmente y por lo que se refiere a la reclamación de los gastos de requerimiento previo, dicha impugnación habrá de culminar con igual éxito de los anteriores, toda vez que si bien es cierto que con carácter general dichos gastos tienen una clara ubicación en los gastos del proceso a través de una eventual condena en costas, en el supuesto en que nos encontramos el art.21.3 LPH, ciertamente contiene una previsión específica que permite la inclusión de los mismos sumándolos, al importe de las cuotas comunitarias, y si bien es cierto que tal previsión se contiene sólo para el juicio monitorio, no sería lógico dejar de incluirlo en procesos como el presente, aun siendo por aplicación analógica o extensiva toda vez que también se cumple con ello la finalidad que el legislador ha querido con la inclusión de tales gastos, esto es, que la comunidad reclamante que con tal requerimiento previo ha tratado de evitar los gastos de un proceso, no se vea más empobrecida, a causa de la pasividad de los comuneros morosos, atendiendo a que en una mayoría de supuestos el importe de cuotas reclamado habrá de exigirse en procedimientos que no exigen postulación, intención que se corrobora el apartado sexto de dicho precepto, que igualmente como excepción dispone la exigibilidad de los honorarios y derechos de abogado y procurador tanto en el monitorio, como en el proceso posterior caso de oposición, si se estimara la reclamación formulada aunque no fuese necesaria su intervención. Procede pues, por todo lo expuesto la estimación en parte de la apelación interpuesta.” SEGUNDO.- Conforme a lo prevenido en el 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse a los demandados al pago del interés anual igual al interés legal de la suma estimada incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo parcial la estimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación FALLO Estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. Amen Achaba Danouni, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios GARAJES VÍA ÁRTRABA Nº 12-14-16, PLANTA BAJA, en la ciudad de A Coruña, contra D. Manuel Dopazo Carreira y D. Abdou Karim Tadmiri Rodil, y, en consecuencia, condeno a estos últimos a que abonen a dicha actora, como principal, la suma total de 1249,32 euros y el interés anual igual al interés legal de la suma estimada incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. Desestimo los demás pedimentos formulados en la demanda por dicha parte y, en consecuencia, absuelvo a los mencionados demandados de los mismos. Condeno al demandado al pago de las costas procesales. Inclúyase la presente en el libro de sentencias. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y es firme. Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo