06/03/2017 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 1 Ferrol
Procedimiento ordinario 667/2016

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000667 /2016 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. FGA CAPITAL SPAIN ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO S. A. Procurador/a Sr/a. ISIDRA CASTAÑIZA ORNAT Abogado/a Sr/a. JESUS LEONARDO BACHES DE ROQUE VILLARRUBIA DEMANDADO D/ña. CLAUDIA CELMIRA LUIS FELIPE CARCAJO SAAVEDRA Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. NACIMIENTO JOAN A DASWANI SERRALBO, Letrado de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.1 de FERROL, doy fe y testimonio que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000667 /2016 consta SENTENCIA, que literalmente se pasa a transcribir a continuación: SENTENCIA: 00014/2017 PROCEDIMIENTO: ORDINARIO N° 667/2016 OBJETO: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD En Ferrol, a 24 de enero de 2017. JUAN FRANCISCO RIOBÓ FERNÁNDEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Ferrol, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 667/2016, sobre reclamación de cantidad, en el que son parte demandante FCA CAPITAL ESPAÑA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S. A., representada por la Procuradora Dª. HADJIRA HARRAM COSMESCU y asistida por el Letrado D. ANTONIO ISIDRO EL MEZOUAK LEGANES; y parte demandada Dª. CLAUDIA CELMIRA LUIS FELIPE CARCAJO SAAVEDRA, en situación de rebeldía procesal. Habiendo recaído la presente resolución con base en los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda de juicio ordinario -dimanante de Monitorio Número 297/2016- interpuesta, en fecha 2 de septiembre de 2016, por la Procuradora DªHADJIRA HARRAM COSMESCU, en nombre y representación de FCA CAPITAL ESPAÑA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S. A., contra Dª. OPRICA MONTSENY VERHEYEN ZAPATA; en la que después de alegar los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos en fundamento de su pretensión, terminaba solicitando que, previos los trámites legales pertinentes, se dictase sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda condene a los demandados solidariamente al pago de las siguientes cantidades a mi patrocinada: La cantidad de siete mil cuatrocientos setenta y ocho euros con diez céntimos (7.478,10 €). Intereses generados desde el cierre de la cuenta hasta el total y efectivo pago a mi mandante de las cantidades adeudadas. Costas devengadas en el presente procedimiento”. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 14 de septiembre de 2016, se acordó sustanciar la misma por los trámites del juicio ordinario previstos en los arts.399 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y, con traslado de la demanda, se emplazó a la parte demandada para que compareciese en el proceso y contestase a la misma en el plazo de veinte días hábiles. Y, transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, se declaró a la demandada, por resolución de fecha 9 de enero de 2017, en situación procesal de rebeldía. TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, ésta se celebró el día señalado 24 de enero de 2017, a la que compareció únicamente la parte actora, representada por la Procuradora DªHADJIRA HARRAM COSMESCU y asistida por el Letrado D. NATANAEL EVERS XARGAY en sustitución de D. ANTONIO ISIDRO EL MEZOUAK LEGANES. Acto en el cual, tras ratificar su demanda la parte actora con la rectificación de que además del pago parcial de 400 € e n noviembre de 2016, se reconoce haber recibido otro pago por 301,25 €, con lo cual la reclamación en concepto de principal se reduce a la suma de 6.776, 85 €-, se recibió a su instancia el pleito a prueba, admitiéndose la misma de entre la propuesta: exclusivamente la documental acompañada con la demanda, por reproducida. Y, de conformidad con lo previsto en el art.429.8 LEC, tras la formulación oralmente de sus conclusiones por el Letrado de la parte actora, se declararon los autos vistos para sentencia. Habiéndose registrado dicho acto en soporte audiovisual apto para la grabación y reproducción de la imagen y del sonido. CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado los términos y prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción de reclamación de cantidad que se tramita por los cauces del juicio ordinario en aplicación de la regla general por razón de la cuantía prevista en el art.249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de una acción de cuantía superior a 6.000 C. A través de la acción ejercitada, la parte actora reclama a la demandada la suma de 6.776,85 €, tras la rectitificación en el acto de audiencia previa, sobre la base del supuesto impago del saldo resultante del extracto de cuentas emitido por la entidad demandante, certificado de cierre y liquidación de la cuenta de préstamo, derivado de las relaciones comerciales entre los mismos consistentes en la suscripción de un contrato de crédito al consumo. SEGUNDO.- Debidamente concretado, según lo expuesto, el objeto del proceso con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, hemos de partir de la correcta delimitación de la naturaleza jurídica y normas aplicables a la relación negocial de que se trata en el presente caso. El crédito al consumo aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC) que tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2008/48/CE y que deroga la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. Siendo, conforme al art.1 de dicha LCCC, el crédito al consumo, un contrato por el cual un prestamista, en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, “. concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito u cualquier medio equivalente de financiación”. Entendiéndose por consumidor la persona física “. que actúa con fines que están al margen de su actividad empresarial o profesional”. Si es un tercero en que concede el crédito al consumo, estamos ante la figura del contrato vinculado, contemplada en el art.29 de dicha Ley como: “. aquel en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo a un suministro de bienes específicos o a la prestación de bienes específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial desee un punto de vista objetivo”. Ahora bien, la LCCC no contiene una regulación sustantiva de los distintos sistemas de financiación al consumidor -apertura de crédito, venta a plazos, préstamo, etc.-, únicamente supone una regulación general de cada uno de estos mecanismos con el fin de asegurar la defensa y protección del consumidor. Por tanto, al contrato de financiación le serán de aplicación, en primer término, las normas propias de cada figura contractual empleada y, subsidiariamente, las reglas generales contenidas en el Código Civil sobre las obligaciones y contratos, o si se trata de un contrato mercantil, las reglas específicas para cada uno de los tipos contractuales previstos en el Código de Comercio. Además, ha de tenerse en cuenta que el artículo 2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a plazos de bienes muebles, dispone que: “Los contratos sujetos a esta Ley que también se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo se regirán por los preceptos de esta última. La presente Ley se aplicará con carácter supletorio a los contratos a que se refiere el párrafo anterior”. Así, serán de aplicación los arts.1.740 y ss. del Código Civil relativos al contrato de préstamo; y subsidiariamente, las reglas generales sobre obligaciones y contratos. Así, según el art.1.740 del Código civil, el préstamo es un contrato en virtud del cual “una de las partes entrega a la otra o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo”. Y sobre su naturaleza jurídica ha declarado la jurisprudencia que: “el Cc parece asignar carácter real tanto al préstamo de uso (comodato), como al préstamo de consumo (mutuo), puesto que en el art.1740 se menciona la entrega de la cosa como elemento de especial significación en la formación y perfección de los contratos de comodato y mutuo. La jurisprudencia ha interpretado este precepto en el sentido de considerar que la entrega de la cosa en estos contratos es uno de sus requisitos esenciales, juntamente con el consentimiento, objeto y causa (SSTS 4 de mayo de 1943, 12 de febrero de 1946, 26 de febrero de 1957, 8 de julio de 1974 y 28 de febrero de 1983). La más reciente doctrina jurisprudencial insiste en el carácter real del contrato de préstamo, aunque alguna resolución no descarta la posibilidad del contrato consensual.”, STS, Sala 1ª, de 11 de julio de 2002. Y en este último sentido se ha dicho que: “. Sin embargo, esa consideración de la entrega como requisito de la perfección del préstamo en nuestro Código Civil y la falta de toda regulación de su fase consensual no constituyen obstáculo para admitir la validez y eficacia del contrato por el que, en ejercicio de su autonomía de la voluntad (art.1255 del Código Civil), una de las partes se obligue a entregar en préstamo y la otra a devolver lo prestado, claro ésta, en el caso de recibirlo”, STS, Sala 11, de 26 de marzo de 2007. Por otra parte, el contrato de préstamo tiene dos modalidades, que son recogidas en el art.1.740 Cc, y que se denominan comodato y mutuo o simple préstamo, estando regulados separadamente, el primero en los arts.1.741 y ss. y el segundo en los arts.1.753 y ss. del mismo Texto Legal. En consecuencia, en el presente caso, al consistir el objeto del contrato en una suma de dinero, bien fungible por naturaleza, estamos ante la segunda modalidad, esto es, un simple préstamo y, de conformidad con lo dispuesto en el art.1.753 del mismo cuerpo legal, “el que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere la propiedad y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad”, es decir, este precepto impone al deudor la obligación de satisfacer la cantidad prestada, en los términos convenidos, devolviendo otro tanto al acreedor, precisamente la obligación del deudor de devolver al acreedor la cantidad total resultante es la obligación característica de este contrato. TERCERO.- Dispone el artículo 429.8 LEC, que: “Cuando la única prueba propuesta que resulte admitida -en la Audiencia Previa-sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados,. el tribunal procederá a dictar sentencia sin previa celebración del juicio, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que termine la audiencia”. Como explica la jurisprudencia: “el art.429 LEC prevé que una vez constatados los hechos controvertidos, el Juez debería dar traslado a las partes para que propongan sus pruebas, y es a la vista de esta proposición cuando realiza el juicio de pertinencia y después de suficiencia de prueba. Y sólo una vez constatado qué la única prueba propuesta y admitida es la documental aportada a autos, es cuando el Juez acuerda dejar los autos para sentencia.”, SAP de Madrid, Sección 101, de 19 de diciembre de 2006. Y, en el mismo sentido, se ha afirmado que: “. Tampoco es cierto que no se diera a los litigantes la oportunidad de proponer pruebas, las cuales obran unida a los autos. Cosa distinta es que el Juez a quo, sometido al control jurisdiccional del sistema de recursos, no considerase las mismas necesarias, por entender que la cuestión litigiosa era de naturaleza estrictamente jurídica, por existir sustancial conformidad con respecto a los hechos, por lo que, con las pruebas documentales y periciales aportadas al proceso, que expresamente admitió, se consideró debidamente ilustrado para la resolución del litigio, sin necesidad de prolongar la contienda temporalmente, incrementando además los gastos de las partes litigantes, y en ello no apreciamos error alguno, sino actuación dentro del marco de la legalidad procesal art.429.8”, SAP de A Coruña, Sección 4ª, de 13 de julio de 2005. En el presente procedimiento, habiéndose propuesto únicamente prueba documental por la única parte personada en las actuaciones, procede por aplicación del citado art.429.8 LEC y de la jurisprudencia que lo interpreta, el dictado de la presente sentencia inmediata, sin necesidad de celebración del acto del juicio. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la parte demandada se encuentra en rebeldía, pero es doctrina consolidada, que la rebeldía del demandado no puede interpretarse como allanamiento o aceptación tácita de los hechos constitutivos de la demanda (artículo 496.2 LEC) ni, por tanto, exime al actor de probar los hechos constitutivos de su pretensión, conforme al principio de distribución de la carga de la prueba recogido en el artículo 217 de la misma Ley, equiparándose la rebeldía a una oposición tácita a las pretensiones del actor deducidas en la demanda (SSTS de 3 de abril de 1987 y 8 de mayo de 2001, entre muchas otras), de modo que aun no habiendo oposición formal, el actor no queda liberado de probar los hechos de su pretensión (SSTS de 22 de septiembre de 1990 y 16 de marzo de 1993, entre otras muchas). Por consiguiente, para la resolución de las cuestiones controvertidas procede partir de las reglas sobre la carga de aportación de pruebas contenidas en el art.217.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según las cuales, corresponde al actor “. la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda.” y al demandado “la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos.” que deba probar el demandante. Es decir, al demandado le incumbe la prueba de los hechos contemplados en las normas cuya aplicación resulta para él liberadora, mientras que al actor o demandante le atañe probar lo que fundamenta la acción por él ejercitada. En este sentido, de la prueba practicada en autos, únicamente la documental adjunta a la demanda, resultan acreditados varios extremos: a) En primer lugar, la existencia de una relación contractual, entre las partes, en virtud de la cual ambas FCA CAPITAL -antes TARCREDIT E. F. C., S. A.-y Dª. CLAUDIA CELMIRA LUIS FELIPE CARCAJO SAAVEDRA, suscribieron, el día 20 de marzo de 2013, un contrato de préstamo. Ello resulta acreditado por el doc. N° 2 aportado con la demanda, copia de dicho contrato con el plan de amortización del préstamo y condiciones generales por el que se habría de regir el mismo. b) En dicho contrato, se especificaba que el importe del préstamo se destinaba a la finalidad de la compra de un automóvil marca FIAT, modelo PUNTO 1.2 BV EASY 69CV GAS, con n° de chasis ZFA1990000924850. siendo el importe total del préstamo el de 12.000 €; estableciéndose el pago en 84 mensualidades de 158,75 € cada una de ellas, destinadas a la amortización de capital e intereses a un tipo fijo del 9,97 % nominal anual y los intereses de demora del 24 % anual; siendo el coste total del crédito 3.631,93 € y el importe total adeudado de 13.335,00 €. Y en su cláusula 71, denominada incumplimiento, vencimiento anticipado y documentación de la deuda”, se contempla la facultad de resolución anticipada del préstamo por falta de pago. c) Finalmente, se acredita por dicha documental (doc. N° 3 adjunto a la demanda) certificado de cierre y liquidación de cuenta, expedido por la propia entidad actora, que, a fecha 1 de febrero de 2016, la citada operación presentaba un saldo deudor de 1.781,85 €, correspondiendo a 14 cuotas impagadas -las nº 9, 14, 17 a 19, 21 y 22, 24 y 28ª 33-, y 8.096,25 € al capital anticipadamente vencido. Reconociendo la parte actora en su demanda un pago parcial de 2.400 €, por escrito de 15 de noviembre de 2016 otro pago parcial de 400 € y en el acto de audiencia previa otro pago parcial de 321,25 €. Y, una vez hecha deducción de dichos pagos parciales resulta como cantidad objeto de reclamación la de 6.776,85 €. De tal forma que, si los contratos son fuente de obligaciones con fuerza de ley entre las partes, existiendo desde que uno consiente en obligarse con otro respecto de un objeto y causa, cualquiera que sea su forma (en el presente caso documental), quedando constreñidos los contratantes a su cumplimiento bajo la correspondiente responsabilidad, según resulta de los artículos 1.089, 1.091, 1.101, 1.124, 1.254 y siguientes y 1.911 y demás concordantes del Código Civil, no impugnándose los documentos adjuntos a la demanda, concretamente el contrato firmado por la demandada, jurídicamente se presume la exactitud y veracidad de su contenido, así como el conocimiento y la conformidad de los firmantes, salvo que se pruebe otra cosa o la existencia de variaciones posteriores (STS de 3 de abril de 2003, entre otras). “Ello es del todo punto lógico dado que, en principio, los documentos se redactan y firman para dejar constancia del hecho, acto o negocio jurídico al que se refieren, dotando así a las partes de un medio de prueba preconstituido para utilizar en todo momento y tratar de evitar discusiones posteriores judiciales o extrajudiciales”, SAP de A Coruña, Sección 41, de 30 de Noviembre del 2011. En conclusión, el documento titulado “Contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles”, de fecha 20 de marzo de 2013, tiene, según la jurisprudencia, el valor de documento de prueba, como “medio idóneo mediante el que se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente” (STS de 24 de abril de 2004); salvo la carga de la prueba, “que se traslada a la otra parte (es decir, al firmante), de su impugnación, en orden a su inexistencia” (STS 31 de marzo de 2005). Y como quiera que nada se ha probado respecto de la invalidez de dicho documento ni se ha acreditado el hecho del pago, la conclusión no puede ser otra que, haciendo una valoración conjunta de la prueba practicada y teniendo en cuenta las reglas sobre la carga de la aportación de prueba, que la plena exigibilidad de las cantidades objeto de reclamación. En resumen, habiendo sido acreditados por la parte actora todos los presupuestos fácticos de la acción ejercitada, mientras que la parte demandada, al permanecer en situación de rebeldía, no ha acreditado ningún hecho que impida, extinga o enerve la eficacia jurídica de los probados de adverso debe procederse a la estimación íntegra de la demanda. CUARTO.- En lo referente a los intereses, de conformidad con lo dispuesto en los arts.1.100 y 1.108 del Cc, al no acreditarse requerimiento extrajudicial de pago, deberá la demandada abonar, además del principal, los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, el 2 de septiembre de 2016, hasta la presente resolución. A ello debe añadirse la imposición de los intereses moratorios, legalmente previstos en el art.576 de la LEC desde la fecha de la presente resolución. QUINTO.- En materia de costas procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse sustancialmente la demanda, pues sólo varía el término inicial para el cómputo de los intereses, procede la imposición de las mismas a la parte demandada. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO QUE ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora DªHADJIRA HARRAM COSMESCU, en nombre y representación de FCA CAPITAL ESPAÑA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S. A., contra Dª. CLAUDIA CELMIRA LUIS FELIPE CARCAJO SAAVEDRA: 1. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada al abono a la actora de la suma de seis mil setecientos setenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos (6.776,85 €), en concepto de principal.2. Al abono de los intereses legales que haya generado dicha cantidad desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la presente resolución; y los intereses moratorios del art.576 LEC desde esta última fecha hasta el completo pago a la actora del indicado principal.3. Con imposición de costas a la parte demandada. MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña que deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. (Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) Se advierte a las partes que la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 € mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al interponer el recurso de apelación, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- En el día de la fecha se dio lectura, en vista pública a la anterior resolución, doy fe. Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, extendiéndose el presente en FERROL, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,