09/05/2017 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 4 A Coruña
Procedimiento ordinario 1137/2015-N

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001137 /2015-N Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. C. PROP. C/ SAN ANTONIO N 16 (A CORUÑA). Procurador/a Sr/a. BEATRIZ CASTRO ALVAREZ Abogado/a Sr/a. ALENCAR ARRIBASPLATA, VERANIA, DEMANDADO D/ña. GENERALI ESPAÑA, S. A. DE SEGUROS Y GIACOMINI YURRAMENDI, DIANA VALENTINA E IMPORTACIONES ATLANTICAS, S. L., MANUEL BEIRO CASTRO Procurador/a Sr/a. EMERENCIANA NAKMOUSSI FORNOS, Abogado/a Sr/a. EDWIN ALFREDO MOMO ALCELAY, Dª. KARLA VALERIA GALATI PUFULETE, Letrado de la Administración de Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.4 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento seguido a instancia de C. PROP. C/ SAN ANTONIO N 16 (A CORUÑA). frente a GENERALI ESPAÑA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, INVERSIONES E IMPORTACIONES ATLANTICAS, S. L., MANUEL BEIRO CASTRO se ha dictado Sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: “SENTENCIA A Coruña, seis de febrero de dos mil diecisiete. Vistos por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de A Coruña, D. Famory Cargol Wren, los presentes autos de Juicio ORDINARIO núm.1137/15-N, seguidos a instancia de la entidad C. P. SAN ANTONIO N°16 DE A CORUÑA representada por el procurador Sra. ANGEL CLAUDIO TORRALVA ALVITE, asistida por el letrado Sr. Rosalind Bourkhis Affani, contra TERIBIA APAZA, MANUEL CESAREO, S. A. e INVERSIONES E IMPORTACIONES ATLÁNTICAS, S. L. representada por el procurador Sra. Iker Joel Silvia Rebeca Castander Stoean, asistida por el letrado Sr. Amparo Dolores Terradas Hernanez en reclamación de responsabilidad contractual e indemnización de daños y perjuicios. ANTECEDENTES DE HECHO I.-Por la parte demandante, representada por el procurador Sra. ANGEL CLAUDIO TORRALVA ALVITE, se presentó demanda a seguir por el trámite del juicio ordinario, contra los demandados arriba reseñados, basándola en los hechos y fundamentos de derecho que son de ver en autos y aquí se dan por enteramente reproducidos, en la que termina suplicando se dicte sentencia por la que condene a los demandados a que abonen al demandante el importe de 8.966,23 euros más los intereses legales correspondientes y que se resuelva el contrato suscrito el 6 de mayo de 2015, con expresa imposición de las costas causadas. Subsidiariamente interesa se condene a D. Manuel Beiro Castro e Inversiones e Importaciones Atlánticas, S. L. a realizar las obras necesarias para subsanar los trabajos efectuados. Condenando solidariamente a Inversiones e Importaciones Atlánticas, S. L, D. Manuel Beiro Castro y a la aseguradora Generali España S. A. de Seguro y Reaseguros a abonar el importe al que ascienden las obras de reparación de cubierta, 7.460,00 euros más los intereses legales correspondientes; para el supuesto de que estas obras no se realicen en el plazo de 1 mes desde la fecha de notificación de la sentencia. II.-Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada, compareciendo en legal forma, contestó a la demanda a medio de escrito cuyos hechos, fundamentos de derecho y suplico, son de ver en autos y aquí se dan por enteramente reproducidos. III.-Señalados día y hora para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes personadas, ratificándose la actora en su demanda y el demandado en su contestación; propusieron prueba y el día del juicio oral se practicó la declarada pertinente con el resultado que obra en autos. IV.- En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de plazos, por imposibilidad, debido al cúmulo de asuntos que pesan sobre este Juzgado. HECHOS PROBADOS El 6 de mayo de 2014, don José Luis Vázquez, actuando en nombre y representación de la comunidad de propietarios demandante suscribió contrato de obras con Tejados Galicia, quien actuaba representada por Inversiones e Importaciones Atlánticas, S. L. En el citado contrato se fijaba que las obras comenzarían el 16 de mayo de 2014 y finalizarían un mes después y se pactó que se realizaría una entrega a cuenta por inicio de obra de 2.955,90 euros. En el mismo constaba una cláusula en la que se estipulaba que los trabajos realizados tenían una garantía completa de 10 años a cargo de la empresa que incluía “material, mano de obra, desplazamientos y posibles gastos añadidos (excepto parcheo y limpieza de canalones que serán de 2 años)”. Asimismo junto al contrato don Manuel Beiro facilitó a la demandante una póliza de seguros con una cobertura completa de los trabajos realizados durante 24 meses. Además del retraso en la ejecución de las obras pactadas, éstas fueron ejecutadas de forma totalmente deficiente y defectuosa ya que al poco tiempo de finalizar los trabajos la lámina vulcanizada utilizada en la reparación se desprendió por varios puntos provocando filtraciones que ocasionan daños en el interior de las viviendas. El informe pericial elaborado por el arquitecto técnico Diego Vázquez Domínguez, concluye que el conjunto de los trabajos se considera deficiente. La correcta ejecución de las obras pactadas exigen la retirada de la lámina vulcanizada y la recolocación de la misma cuyo coste ascendería a 7.460 euros. Puesto en contacto telefónicamente con don Manuel Beiro Castro, así como remitido una carta a su atención, ninguna de las reclamaciones efectuadas han sido contestadas ni atendidas por el demandado. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el presente procedimiento la parte actora instó la resolución de un contrato de obra suscrito entre la Comunidad de Propietarios sita en la calle San Antonio número 16 de A Coruña y don Manuel Beiro Castro (que gira en el tráfico bajo el nombre comercial de Tejados Galicia), al haber incumplido este último las prestaciones convenidas. Indicó que dicho contrato se suscribió en fecha 6 de mayo de 2014, pactándose que las obras se llevaran a cabo entre el 16 de mayo y el 16 de junio de 2014 y que tenía por objeto la reparación del tejado del edificio, comprometiéndose la Comunidad a abonar un total de 11.922,13 € (IVA incluido). Alegó la parte actora que el contratista no ejecutó bien y completamente la obra, produciéndose filtraciones en las viviendas superiores del inmueble a causa de una defectuosa ejecución de los trabajos. Por ello, junto con la resolución del contrato de obra, solicitó que don Manuel Beiro e Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L. fueran condenados a abonar a la Comunidad de Propietarios la cantidad de 8.966,23 euros, más los intereses legales desde el primer requerimiento extrajudicial de fecha 20 de mayo de 2015. Subsidiariamente, interesó la condena de los mencionados y de la aseguradora Generali (entidad con la que don Manuel tenía concertada una póliza de seguro de responsabilidad civil) a abonar a la Comunidad de Propietarios la cantidad de 5.407,19 euros (aclaración practicada en el acto de la audiencia previa), más los intereses legales desde la fecha 22 de agosto de 2016. Dicha cuantía se refiere al coste de las obras que tuvo que afrontar la Comunidad para reparar la cubierta, al no haber podido esperar al resultado del presente procedimiento por la urgencia en la realización de dichas reparaciones. Todo lo anterior con expresa condena en costas de la parte actora. De los tres demandados tan solo Generali España, S. A. de Seguros y Reaseguros formuló contestación en plazo, por lo que don Manuel Beiro Castro y la mercantil Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L. fueron declarados en rebeldía mediante diligencia de ordenación de fecha 1 de septiembre de 2016. En su contestación Generali se opuso a las pretensiones deducidas de contrario. En primer lugar, alegó que en la fecha de los hechos no tenía suscrita ninguna póliza con la mercantil Inversiones e Importaciones Atlánticas. Indicó que sí suscribió un contrato de seguro con don Manuel, cuya vigencia expiró en fecha 10 de julio de 2014 cuando, según la demanda, todavía no habían concluido las obras causa de este pleito por lo que las mismas no estarían cubiertas por dicha póliza. Por si dicho razonamiento no fuera suficiente, añadió que don Manuel no consta personalmente como parte en el contrato de obras litigioso. También alegó que para el caso de estimarse que sí existía aseguramiento en vigor en la fecha de los hechos, el contenido de la póliza y de las exclusiones de aseguramiento recogidas en la misma impedirían apreciar la responsabilidad de Generali en el supuesto de autos, además de existir una franquicia de 500 euros. Finalmente, alegó que solo la estimación de la pretensión subsidiaria permitiría una eventual condena de Generali al no haberse dirigido contra ella la pretensión principal. Por todo lo anterior solicitó la desestimación de las pretensiones deducidas en su contra con expresa imposición de costas a la parte actora. SEGUNDO.- Sentadas de este modo las pretensiones de las partes resultan las siguientes cuestiones controvertidas. En primer lugar, el cumplimiento o incumplimiento de la prestación objeto del contrato de obra por el contratista; en segundo lugar, la determinación del obligado en virtud de dicho contrato; y en tercer lugar, el alcance de la cobertura de la póliza suscrita por Generali. Cabe recordar que la situación de rebeldía de dos de los demandados no puede entenderse como allanamiento ni admisión de hechos (artículo 496 LEC), por lo que subsiste en su integridad la obligación de la actora de probar los hechos que alegó en aras a la estimación de sus pretensiones. A la vista de las personas demandadas, las alegaciones de Generali, y que la pretensión principal se circunscribe a la resolución del contrato de obra, la primera cuestión que debe ser resuelta consiste en determinar quién contrato con la Comunidad de Propietarios. Dicho contrato fue aportado como documento número 5 de la demanda, que literalmente reza: “Reunidos de una parte la empresa con nombre comercial TEJADOS GALICIA, representada por INVERSIONES E IMPORTACIONES ATLÁNTICAS S. L. (.)”. Este encabezamiento, por su literalidad, y a falta de otras pruebas, que no existen, debe interpretarse en el sentido de que la mercantil Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L. solo intervino como representante voluntario y que verdaderamente se otorgó el contrato por la empresa que responde al nombre comercial “TEJADOS GALICIA”. No consta en las actuaciones documento alguno que determine cuál es esa empresa, razón por la que adquiere especial relevancia la declaración de don José Luis Vázquez Vázquez, presidente de la Comunidad al tiempo de otorgar el contrato de obra y cuya firma obra en dicho documento -su condición de presidente resulta también de la certificación acompañada como documento número uno de la demanda-. Este testigo indicó sin vacilación alguna que el contrato litigioso lo suscribió don Manuel Beiro Castro, que además fue quien realizó las anotaciones manuscritas que constan en dicho documento. También afirmó que don Manuel fue quien entregó los presupuestos a la Comunidad, que todos los contactos por razón de las obras se mantenían con él y que al mismo se remitieron las quejas de los vecinos por las deficiencias observadas en la obra. Esta declaración permite tener por acreditado que en el tráfico mercantil era don Manuel quien actuaba bajo el nombre comercial TEJADOS GALICIA y, por tanto, fue quien suscribió el contrato de obra y quedó obligado al cumplimiento de su contenido. Esta circunstancia también resulta del hecho de que con dicho contrato se adjuntara el resumen de una póliza de seguro contratada con Generali (documento dos de la demanda, que siendo solo una parte de dicha póliza, fue aportada en su totalidad por Generali como documento número uno de su contestación) en la que aparece como tomador el Nuria Marina Alexandra Villasenin Gaio y como riesgo asegurado las actividades profesionales desarrolladas por él (“trabajos de pintura, reparación, reforma y/o acondicionamiento de edificios, tanto interior como exterior, sin afectar a elementos estructurales o de carga”). TERCERO.- Una vez determinado quién fue parte contratante, debe darse respuesta a la pretensión principal de la demanda, a saber, la resolución de la relación jurídica contractual y la condena del contratista a abonar a la Comunidad demandante la cantidad de 8.966,23 euros; pretensión que la parte actora fundamenta en el artículo 1.124 CC. Dicho precepto señala que “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”. En aplicación de dicho precepto y para entender que uno de los contratantes ha hecho un adecuado uso de esta facultad y puede prosperar su pretensión, la jurisprudencia ha venido estableciendo los siguientes requisitos: a) El contrato cuya resolución se pretende debe consignar obligaciones recíprocas, es decir, que la causa de cada una de ellas se encuentra en la obligación que pesa sobre la contraparte. b) El incumplimiento debe ser grave y esencial, frustrando las legítimas expectativas de la parte que insta la resolución. c) La parte que ejercita la acción de resolución debe haber cumplido la prestación a la que recíprocamente venía obligado en virtud del contrato, salvo que su incumplimiento se fundamente en un incumplimiento previo de la contraparte. d) No se requiere una reiterada y demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, o una voluntad obstativa al cumplimiento, sino tan solo un incumplimiento no justificado y no imputable a la contraparte. En primer lugar, debe indicarse que el contrato de obra base del presente pleito tenía por objeto el arreglo del tejado del edificio de la Comunidad. Así se infiere del contenido de todos los presupuestos presentados a la Comunidad por Tejados Galicia que incluyen conceptos como la eliminación y desescombro del tejado existente, reparación de grietas en la placa y colocación de un nuevo tejado. Resulta, a la vista de las manifestaciones de la Comunidad y del informe pericial de la actora -documento 10-, que se optó por la colocación de una lámina vulcanizada que, según el presupuesto, fue la opción recomendada por Tejados Galicia a consecuencia de las especiales características de dicha material. Como contraprestación, la Comunidad se comprometió al pago de 11.922,13 euros -documento 4 de la demanda- a abonar en tres plazos -documento número 5-; por lo que efectivamente se trata de un contrato bilateral con obligaciones de naturaleza recíproca. En segundo lugar, la prueba practicada en el supuesto de autos permite apreciar que el contratista incumplió las prestaciones convenidas. El informe pericial aportado por la actora recoge que en la primera visita al inmueble en fecha 22 de abril de 2015 ya podía apreciarse como la lámina vulcanizada estaba desprendida en algunos puntos y también estaban desprendidos o mal solucionados los remates de las juntas y el perímetro, produciendo filtraciones en los paramentos de las viviendas superiores del edificio. Además y según el criterio pericial, los desperfectos observados en el estado de la lámina vulcanizada no pueden atribuirse exclusivamente a la acción del viento, sino a una imperfecta ejecución y acabado de los trabajos de colocación y remate de la lámina vulcanizada, como claramente refirió el perito en el acto del juicio. Además, gracias a la ampliación de dicha pericial, consta que el transcurso del tiempo agravó los problemas humídicos hasta el punto de que la Comunidad tuvo que contratar a una nueva empresa para reparar nuevamente la cubierta, procediendo a levantar la lámina defectuosamente colocada por el demandado y a la recolocación de una nueva (trabajos contratados y pagados por la Comunidad según consta en los documentos aportados como más documental en el acto de la audiencia previa). Esta actuación ya fue apreciada como necesaria por el perito en su primera visita al inmueble y un año después (abril de 2016) valoró que dicha intervención era urgente. Por otra parte, la finalidad del contrato se infiere claramente de las características de la obra contratada. Según las manifestaciones de la demanda y los presupuestos remitidos por don Manuel a la Comunidad, se pretendía la reparación de la cubierta, dándole un nuevo acabado que evitara filtraciones, con previsión de que dicha cubierta permaneciera en buen estado a lo largo del tiempo, único motivo que permite explicar una garantía voluntaria por los servicios prestados de diez años de duración. Se buscaba mejorar el estado de la cubierta de manera que su cubrieran debidamente las necesarias condiciones de habitabilidad del inmueble, objetivo que no se consiguió con las obras ejecutadas por el demandado. El Sr. Vázquez manifestó claramente en el acto del juicio que desde el comienzo de las obras los vecinos tenían quejas sobre las mismas y en menos de un año ya se había solicitado una pericia acerca del estado de la cubierta y remitido reclamaciones formales al demandado, debido a las filtraciones que procedían de la cubierta. Por tanto, los defectos alegados por la parte actora no son meras imperfecciones constructivas o defectos de escasa importancia dentro del conjunto de la obra sino que revisten entidad suficiente como para estimar que la obra ejecutada es inaceptable y resulta totalmente inidónea para el fin pretendido. En este sentido procede mencionar la STS 781/2013, de 4 de diciembre, que señala que un incumplimiento tendrá carácter resolutorio cuando se produzca “La frustración del fin del contrato, que a veces se expresa con otras fórmulas, como la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico (sentencias 19 de noviembre de 1990, 21 de febrero de 1991, 15 de junio y 2 de octubre de 1995). Tales criterios para la determinación de la entidad o esencialidad del incumplimiento han sido resumidos por autorizada doctrina señalando varios parámetros, como la importancia para la economía de los interesados, la entidad del incumplimiento como obstáculo para impedir la satisfacción o para provocar la frustración, que ha de predicarse del fin o fin práctico del contrato, a lo que equivale la llamada “quiebra de la finalidad económica”. Pero, en definitiva, ha de tratarse de un incumplimiento esencial, caracterizado por producir una insatisfacción de las expectativas o generar la frustración del fin”. (STS, Civil sección 1 del 10 de Noviembre del 2011, recurso: 271/2009)“. Pues bien, ha quedado acreditado que la obra realizado por don Manuel no solo no ha mejorado el estado de la cubierta, sino que ha provocado filtraciones en el interior del inmueble cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo, con lo que el interés de la Comunidad ha quedado totalmente insatisfecho y frustradas sus legítimas expectativas contractuales al no obtenerse la finalidad para la que la obra fue contratada -evitar filtraciones -; de manera que dicho incumplimiento tiene gravedad suficiente para motivar una acción resolutoria. En tercer lugar, tal y como hemos señalado con anterioridad, uno de los presupuestos habilitantes para el ejercicio de la facultad resolutoria prevista en el artículo 1.124 CC radica en el cumplimiento de las propias obligaciones por la parte solicitante de la resolución, pero dicha regla general admite una excepción. A este respecto, la Sección la del Tribunal Supremo señaló en su sentencia número 657/2013, de 22 de octubre que “con relación al ejercicio de la facultad resolutoria contemplada en el artículo 1124 CC, se ha dicho constantemente por esta Sala que, quien incumple como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, se encuentra legitimado para interesar la resolución contractual (STS de 20 de diciembre de 1993 y las que en ella se citan), o, al menos, queda eximido de seguir atendiendo simultáneamente sus obligaciones, pues si no fuera así se produciría un desequilibrio de prestaciones (SSTS de 13 de mayo de 1985, 24 de octubre de 1986, 10 de mayo de 1989,12 de julio de 1991 y 17 de febrero de 2003 y 22 de diciembre de 2006)”. En el supuesto de autos ha quedado acreditado que la Comunidad no realizó el pago del tercer plazo pactado: así lo reconoció el Sr. Vázquez en el acto del juicio. Sin embargo, dado que desde el primer momento la Comunidad estaba disconforme con la ejecución de la obra por parte de don Manuel y que efectivamente la misma no se ejecutó en debida forma, la falta de pago de dicho plazo no puede considerarse arbitraria, injusta o sin causa sino que viene determinada por un previo y principal incumplimiento de la contraria. Carecería de sentido exigir a alguien que pague, cuando acto seguido va a ejercitar una acción para obtener la restitución de lo indebidamente satisfecho. Por su parte, sí consta acreditado que la Comunidad de Propietarios efectuó dos pagos, en fecha 16 de mayo de 2014 y 1 de agosto de 2014 por valor de 8.966,23 euros -documentos siete, ocho y nueve de la demanda-. No puede desconocerse que en dichos pagos consta como beneficiario la mercantil Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L., pero el mismo debe tenerse por válidamente realizado, dado que don Manuel -según declaración del Sr. Vázquez y el estado de la cubierta apreciado por el perito- inició y ejecutó las obras -aunque fuera defectuosamente-, sin que conste reclamación alguna por falta de pago o pago realizado indebidamente, de manera que los pactos, tratos o relación interna entre el contratista y dicha mercantil en nada debe perjudicar a quien cumplió bien y puntualmente su obligación de pago. Por todo lo dicho se estima que la Comunidad de Propietarios cumple todos los requisitos jurisprudencialmente indicados para poder ejercitar la acción de resolución por incumplimiento contractual. CUARTO.- De todo lo anterior resulta que el contratista no cumplió las prestaciones a que voluntariamente se había obligado, sin que exista causa acreditada que justifique dicho incumplimiento, y, además, el mismo tiene relevancia bastante para entender frustradas las legítimas expectativas de la Comunidad de Propietarios demandante. Por tanto, procede resolver el contrato de obra litigioso y condenar a don Manuel Beiro Castro a restituir a la Comunidad demandante la cantidad de 8.966,23 euros - sin indemnización de daños y perjuicios dado que ninguna pretensión se ha ejercitado en este sentido-. En atención a la petición de condena de intereses, consta en las actuaciones que la primera reclamación formal remitida al demandado tuvo lugar en fecha 20 de mayo de 2015. Por tanto, y de conformidad con el artículo 1.108 CC, la cantidad antes determinada devengará el interés legal desde dicha fecha, que se verá incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución, según determina el artículo 576 LEC. Al haberse estimado la pretensión principal, huelga pronunciamiento alguno acerca de la pretensión formulada como subsidiaria en el escrito rector del presente procedimiento. QUINTO.- En materia de costas debe apreciarse que la estimación íntegra de la pretensión principal tan solo se produce frente a don Manuel Beiro Castro, no así frente a Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L., resultando también absuelta la aseguradora Generali de todos los pedimentos cursados en su contra. De conformidad con el artículo 394 LEC, don Manuel deberá abonar a la demandante las costas ocasionadas en el presente procedimiento. Sin embargo, y atendiendo el principio de vencimiento objetivo consagrado en dicho precepto, al haberse desestimado las pretensiones de la actora en cuanto a los otros dos demandados, a ella corresponde abonar las costas causadas en este pleito tanto a la aseguradora Generali como a la entidad Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. El Rey, FALLO Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la Cesar Abel Aires Artiagoitia doña Beatriz Castro Álvarez, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios sita en la calle San Antonio número 16, de A Coruña, y DECLARO la RESOLUCIÓN del contrato de obra suscrito entre la demandante y Tejados Galicia de fecha 6 de mayo de 2014 y CONDENO a don Manuel Beiro Castro a abonar a la demandante la cantidad de 8.966,23 euros, más los intereses legales desde la fecha 20 de mayo de 2015, que se verán incrementados en dos puntos desde la fecha de dictado de la presente resolución. Todo ello con expresa imposición de costas al demandado. Y debo absolver y absuelvo a Inversiones e Importaciones Atlánticas S. L. y a Generali España S. A. de Seguros y Reaseguros de todos los pedimentos cursados en su contra. Con imposición de las costas causadas a estos demandados a la parte actora. Así, por esta mi sentencia, contra la que se podrá interponer recurso de apelación dentro del plazo de los veinte días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Silvia Matilde Dachary Chavarrias que la dictó, cuando celebraba audiencia pública en el día de hoy, que es el de su fecha. Doy fe. A Coruña, seis de febrero de dos mil diecisiete.” Y encontrándose dicho demandado, MANUEL BEIRO CASTRO, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a veinte de abril de dos mil diecisiete. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,