30/06/2017 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 2 Ferrol
Procedimiento ordinario 9/2016

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000009/2016 Procedimiento origen: / Sobre ORDINARIO DEMANDANTE/S: D./ña. PEÑA VALEBONA, MARIA VILLAR LA SALCEDA TORRENTALLE, BONIFACIO JOSE KASSIMI CAGIDE, JOSE WILMAR ABOGADO/A: HUERGO AMAKRAN, NOELIA VANESA BAYAN, HUERGO AMAKRAN, NOELIA VANESA BAYAN PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: DEMANDADO/S: D./ña. FOGASA, CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL, CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL, CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, CONCELLO DE FERROL, CONCELLO DE FERROL, CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL ABOGADO/A: MOLITERNI MUSIAL, NUNO FILIPE SARAH CATHERINE, LA HERMOSA, GABRIEL GUILLERMO MARA RUIZ DE PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: EDICTO D./D.ª JESUS EUSEBIO OBIOLS PREVOSTI, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.° 002 de FERROL, HAGO SABER: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000009/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª PEÑA VALEBONA, MARIA VILLAR LA SALCEDA TORRENTALLE, BONIFACIO JOSE KASSIMI CAGIDE, JOSE WILMAR, contra la empresa FOGASA, CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL, CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, CONCELLO DE FERROL, CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL, sobre CANTIDADES, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: En la ciudad de Ferrol, a 7 de junio de 2017. Doña Lara Munín Sánchez, Juez sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de Ferrol, tras haber visto los presentes autos sobre CANTIDADES, a instancia de don JOSÉ LÓPEZ FRAGA, don MATIAS NICOLAS ZUCCA ROSCO, doña MARISA ISABEL ERROCHDI GUIJAR y doña JOSEFA IGNACIA LETICIA CAROLINA GRIGORAS NAUDIN, que comparece representado por el Letrado Aura Elisa Anaguano Sendon, contra la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL, que comparece representada por el Letrado Rafael Ernesto Flaminzeanu Jahan, el CONCELLO DE FERROL, que comparece representada por el Letrado Yunaida Sanchez Brunete Acaiñas, la CONSELLERÍA DE INDUSTRIA (XUNTA DE GALICIA), que comparece representada por el Letrado de la Xunta de Galicia Raul Santiago Paraluta Moglan, el CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL (FIMO) y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecen, ha dictado la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–Por la parte demandante, don JOSÉ LÓPEZ FRAGA, don MATIAS NICOLAS ZUCCA ROSCO, doña MARISA ISABEL ERROCHDI GUIJAR y doña JOSEFA IGNACIA LETICIA CAROLINA GRIGORAS NAUDIN, se presentó en fecha 30/12/16 demanda, que por turno correspondió a este Juzgado de lo Social número Dos de Ferrol, en la que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminaba suplicando que se dictase sentencia conforme a lo pedido. SEGUNDO.–Admitida a trámite dicha demanda, se señaló para la celebración del acto de juicio el día 24/05/17 y el mismo se celebró en la fecha señalada en todas sus fases con el resultado que consta en la correspondiente grabación audiovisual. Una vez concluso el acto del juicio, quedaron los autos vistos para dictar sentencia. TERCERO.–En la tramitación de los presentes autos se han observado las normas legales de procedimiento. HECHOS PROBADOS. PRIMERO.–Don José López Fraga, don MATIAS NICOLAS ZUCCA ROSCO, doña MARISA ISABEL ERROCHDI GUIJAR y doña JOSEFA IGNACIA LETICIA CAROLINA GRIGORAS NAUDIN han venido prestando servicios para el Consorcio Proferias y Exposiciones de Ferrol (FIMO) con las siguientes categorías, salarios mensuales prorrateados y antigüedades: Los actores fueron despedidos con efectos del día 13/03/15. SEGUNDO.–La empresa demandada no les ha abonado los salarios correspondientes a los siguientes meses: TERCERO.–Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ferrol de 23/06/15 Asunto 867/14, dictada respecto del despido de los Sras. Díaz y Rodríguez se declaró improcedente el despido y se condenó solidariamente a FIMO y al Concello de Ferrol, al estimar la existencia de-una sucesión empresarial; recurrida la resolución, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29/01/16 Rec. núm.4552/15 se revoca dicha Sentencia y se absuelve al Concello al entender que no concurre dicha sucesión. Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ferrol de 10/09/15 Asunto 868/14, dictada respecto del despido de los Sres. López y Bello se declaró improcedente el despido y se condenó solidariamente a FIMO y al Concello de Ferrol, al estimar la existencia de una sucesión empresarial; recurrida la resolución, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14/10/16 Rec. núm.2305/16 se confirma dicha Sentencia. CUARTO.–Los Sres. López y Bello han estado en IT desde 24 y 21/11/14, respectivamente, hasta 12/03/15. Las Sras. Rodríguez y Díaz han estado en IT desde el 13 y 16/02/15 hasta el 12/03/15 [Sentencias firmes]. QUINTO.–Mediante escritura notarial otorgada con fecha 16-1164 se constituyó el Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones de Ferrol por parte del Concello de la ciudad y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol, con entrega de los Estatutos, ratificándose en la misma las escrituras de compraventa de los terrenos destinados al Recinto Ferial. Conforme al artículo 6 de aquéllos, la participación en el capital del Consorcio era del 45% del Concello y del 55% de la Cámara de Comercio. La participación en euros era en el año 1999 de 299.8521,91 euros el primero y 280.9311,35 euros la segunda. SEXTO.–Por resolución de la Xunta de Galicia de 28/01/14 se designó una Comisión Gestora para la Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ferrol ante la imposibilidad de funcionamiento normal de sus órganos de gobierno; por resolución de 16/10/15 de la Dirección Xeral de Comercio, se acordó iniciar el procedimiento de disolución de la Cámara; y por resolución de 11/01/16 de la Dirección Xeral se acordó el inicio de la fase de liquidación de la Cámara [doc. núm.4 a 6 del ramo de prueba de la Xunta]. SÉPTIMO.–Por Acuerdo de relaciones laborales y económicas entre los trabajadores y el Consorcio proferias y exposiciones de Ferrol se establece que, en supuesto de incapacidad temporal, la empresa complementará el salario hasta el 100%, conforme a su artículo 12 [doc. núm.1.6 del ramo de prueba de los actores]. OCTAVO.–Se ha agotado la vía administrativa previa y la preprocesal. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Los hechos declarados como probados lo son con apoyo en la prueba practicada en el acto del juicio; y en exclusiva, de la documental aportada, valorada conforme al artículo 97.2 LJS. SEGUNDO.–En primer punto a tratar es el relativa a la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de la Cámara de Comercio y de la Xunta de Galicia. En este aspecto, se puede recordar que la legitimación es la relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión de suerte que de estimarse ésta se produce un beneficio o eliminación de un perjuicio, no necesariamente patrimonial (SSTC 65/1994, de 28/Febrero; 105/1995, de 03/Julio; 122/1998, de 15/Junio; 171/02, de 30/Septiembre; 203/2002, de 28/Octubre; y 164/2003, de 29/Septiembre); de forma tal que «la doctrina científica entiende por legitimación pasiva la cualidad específica de un sujeto, derivada de hallarse, dentro de una relación jurídica determinada, en una posición de ser obligado o deudor. Así se diferencian los conceptos de legitimación - derecho/deber de figurar como parte en un proceso- de la responsabilidad, de modo que el legitimado para ser parte demandada en un proceso, no necesariamente ha de ser condenado en el mismo» (STS 19/11/07 -rcud 1669/06-). En otras palabras, «la legitimación ad causam o legitimación en sentido estricto se ha definido como “una aptitud específica determinada, mediante la justificación necesaria para intervenir en una litis especial y concreta por obra de una relación en que las partes se encuentran respecto a la cosa objeto del litigio” [STS -Sala 1.ª- 20/12/89 Ar.8851, con cita de la sentencia de la misma Sala 18/05/62 Ar.2250]» o esa legitímatio ad causara se localiza en la noción de interés profesional o económico, que es concepto diferente y más amplio que el interés directo (STC 164/2003, de 29/Septiembre); por ello, «la legitimación se configura como la cualidad de un sujeto consistente en encontrarse dentro de la relación jurídica material deducida en el juicio en la situación activa o pasiva que justifica la asunción de la correspondiente posición procesal» (SSTS 14/10/92 -rco 2500/91 y Sala General-; y 15/11/05 -rcud 4772/04-). Y aquí sí debe estimarse, porque el artículo 58 de la Ley gallega 5/2004, de Cámaras prevé expresamente que, aunque la Xunta ejerza la tutela sobre las Cámaras de comercio, «Las relaciones laborales quedan fuera de la tutela por parte de la Administración y están sujetas al ámbito de gestión de las cámaras», por lo que no hay responsabilidad de la Administración por los impagos de salarios producidos; sin embargo, sí hay responsabilidad respecto de la Cámara Oficial de Comercio, que ha constituido FIMO y participa en su accionariado, cuestión que ya se ha resuelto en las dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a las que hace referencia el ordinal segundo, en las que se condena a la Cámara por los despidos efectuados respecto de los actores, por lo que es una cuestión ya resuelta. TERCERO.–1.–Acreditada la existencia de la relación laboral durante un determinado período de tiempo corresponde al empresario la carga de la prueba del pago del salario y de todos los conceptos que se deriven de dicha relación, ex artículo 1214 CC [actual artículo 217 LEC] (STS 12/07/94 Ar.6553); por lo que, ausente esa prueba de descargo, ha de estimarse la demanda [artículos 4.2. f) y 29.3 ET]. Conforme a lo ya expresado, su propia incomparecencia al acto del juicio supone la falta de prueba del hecho del pago, lo que habrá de conllevar la condena de la empresa. Y, en consecuencia, estimar que la empresa demanda ha dejado de abonar a las partes actoras las cantidades siguientes: Es cierto que entre dichas cantidades se ha acumulado una mejora voluntaria de Seguridad Social, que, conforme al artículo 26.6 LJS, no pueden serlo, sin embargo, atendido al principio de economía procesal y al momento en que se ha apreciado (juicio oral), resuelvo la cuestión, estimando la pretensión, puesto que el Consorcio tiene un pacto de empresa con sus empleados, denominado Acuerdo de relaciones laborales y económicas entre los trabajadores y el Consorcio proferias-”y exposiciones de Ferrol, en el que se establece que, en supuesto de incapacidad temporal, la empresa complementará el salario hasta el 1001, conforme a su artículo 12; por lo que habría que hacerlo en los periodos en los que los cuatro actores han permanecido en dicha situación -según los cálculos aportados-, hasta la fecha del despido.2.–En cuanto al interés por mora salarial, se ha de recordar que, actualmente lo producen todas las cantidades que se estimen debidas, «[e]n el sentido de que: a). - No cabe duda que el interés referido por el art.1108 CC tiene una naturaleza claramente indemnizatoria, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que su importe se limite al legal del dinero, garantizando así la cuando menos legal -ya que no real- “actualización” del débito que haya de satisfacerse, fuese o no discutible su posible devengo. Por el contrario, aparentemente, en el contexto económico actual - escasamente inflacionario y próximo a la deflación-, el interés fijado por el art.29.3 ET [diez por ciento de lo adeudado] parece que apunta más directamente -o de forma complementaria- a una finalidad sancionadora para el empresario incumplidor. Pero lo cierto es que a la fecha en que el primitivo Estatuto de los Trabajadores fue promulgado, con el mismo texto que el vigente a fecha de hoy, los datos oficiales proclamaron una inflación considerablemente más alta [15,592 para 1979; y 15,213% para 1980], aunque el interés legal del dinero fuese en las mismas fechas bastante menor [4%], lo que excluye que en el ánimo del legislador pudiera haber influido aquella intención “sancionadora”, sino más bien ofrecer una cierta seguridad jurídica y una compensación por demora que superase la civil. Es más, a esta interpretación llevan los trabajos parlamentarios, [.] b).–Por ello, de igual modo nuestra más reciente doctrina se inclina por la aplicación flexible del interés “indemnizatorio” del Código Civil como regla general en toda clase de deudas laborales, de manera tal que el mismo se devengue siempre desde la reclamación del débito, cualquiera que éste sea y siempre que haya prosperado [bien en todo o bien en parte], en la misma forma la convicción actual de la Sala es que tratándose de concretas deudas salariales la solución ofrecida por el legislador -ex art.29.3ET- ha de operar también de forma objetiva, sin tener en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su pago, ni que en los concretos periodos económicos esa cifra -diez por ciento- sea superior o inferior a la inflación. Y ello es así -consideramos-, tanto porque el mandato legal se expresa de forma imperativa y sin condicionamiento alguno [“El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado”]; cuanto por el importante elemento interpretativo - ya aludido- que significan los trabajos parlamentarios previos “para desentrañar el alcance y sentido de las normas” [SSTC 108/1986, de 29/Julio, FJ 13; 109/1998, de 29/Mayo, FJ 2; 15/2000, de 20/Enero, FJ 7; y 90/2009, de 20/Abril, FJ 6], en los que claramente se pone de manifiesto -en este sentido, la Enmienda 21, de CD- la intención de mejorar para los trabajadores el régimen civil común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones, que contemplaba un interés legal más bajo que la inflación y que además se aplicaba con todas las limitaciones que ofrecía la interpretación tradicional de la regla “in iliiquidis”; y muy probablemente se hizo así por atender a los valores en juego -la relevancia vital que el salario tiene para el trabajador- y por considerar que no sólo era aconsejable ofrecer seguridad jurídica, sino de alguna manera limitar controversias que pudieran comprometer el sustento del empleado» (STS 17/06/14 -rcud 1315/13-). CUARTO.–1.–Sobre la responsabilidad del FOGASA, ha de recordarse que, por imperativo legal (artículo 33 ET) el Fondo es responsable legal subsidiario ante los trabajadores respecto de determinadas deudas del empresario, pero esta proximidad conceptual no permite equipararlo totalmente con quien asume contractualmente el pago de una obligación, en defecto del deudor principal. El FOGASA no puede ser identificado con el fiador definido en el artículo 1.822 CC, por más que su posición jurídica, cuando asume el pago de deudas del empleador sea similar a la del fiador en el mismo caso. En atención a ese carácter de asegurador público, el Fondo es parte, por prescripción legal, en los procesos incoados en los casos previstos en el artículo 23.2 LJS, donde se ordena citarlo como tal, a fin de que «pueda asumir sus obligaciones legales o instar lo que convenga en derecho». Sin embargo, es evidente que, aun en los casos del artículo 23.2, el Fondo es sólo parte formal o procesal, como señala la doctrina, puesto que la titularidad de la única relación jurídico-material discutida en el proceso corresponde en exclusiva al o los trabajadores demandantes y a los empresarios demandados. Su presencia en el proceso obedece a la especial situación en que se encuentra como responsable legal subsidiario del empresario y a su inequívoco interés directo y relevante en el resultado que se produzca, que puede llegar a convertirse en un hecho constitutivo, modificativo o extintivo de su propia relación jurídica. En el presente caso, es claro que no existe responsabilidad del FOGASA en esta instancia, porque no se ha acreditado que se haya condenado a la empresa ni se la haya declarado insolvente. Y ello es así, porque la intervención del Fondo en el proceso, en base al artículo 23 LJS, lo es, no en calidad de demandado «stritu sensu», sino como un privilegio procesal, dado su carácter público, su actividad de seguro como garante de las indemnizaciones reclamadas por los actores y en orden a posibles responsabilidades posteriores.2.–Finalmente, por lo que se refiere a la responsabilidad del Concello de Ferrol, respecto de los actores hay dos pronunciamientos -firmes- que establecen dicha responsabilidad solidaria respecto de los Sres. López y Bello, y otros dos, que la niegan, respecto de las Sras. Rodríguez y Díaz. Porque por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ferrol de 23/06/15 Asunto 867/14, dictada respecto. del despido de los Sras. Díaz y Rodríguez se declaró improcedente el despido y se condenó solidariamente a FIMO y al Concello de Ferrol, al estimar la existencia de una sucesión empresarial; recurrida la resolución, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29/01/16 Rec. núm.4552/15 se revoca dicha Sentencia y se absuelve al Concello al entender que no concurre dicha sucesión -esta sentencia es firme-; y, sin embargo, por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ferrol de 10/09/15 Asunto 868/14, dictada respecto del despido de los Sres. López y Bello se declaró improcedente el despido y se condenó solidariamente a FIMO y al Concello de Ferrol, al estimar la existencia de una sucesión empresarial; recurrida la resolución, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14/10/16 Rec. núm.2305/16 se confirma dicha Sentencia -esta Sentencia también es firme-. Todo lo cual conlleva, al obligarlo la institución de la cosa juzgada, al ilógico resultado de diferenciar los dos supuestos indicados-debido a las distintas soluciones que se han alcanzado en dos recursos ante la misma Sala de lo Social-estableciendo la responsabilidad solidaria respecto de los primeros y negándola respecto de los segundos. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO (1) Que estimando la demanda interpuesta por don JOSÉ LÓPEZ FRAGA y don MATIAS NICOLAS ZUCCA ROSCO contra el CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL (FIMO) (integrado, a su vez, por la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL) y el CONCELLO DE FERROL, los condeno solidariamente a que les abone las cantidades de SEIS MIL DIEZ EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS (6.010,15 €) al Sr. López y de OCHO MIL CIENTO QUINCE EUROS SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.115,68 €) al Sr. Bello, incrementada con el interés por mora del 10%; y con absolución de la CONSELLERÍA DE INDUSTRIA (XUNTA DE GALICIA). (2) Que estimando en parte la demanda interpuesta por doña MARÍA BENEDITA DÍAZ LÓPEZ y doña SILVIA RODRÍGUEZ SERNA, contra el CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL (FIMO) (integrado, a su vez, por la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FERROL), los condeno a que les abone las cantidades de DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.971,47 €) para la Sra. Díaz y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (8.504,61 €), incrementada con el interés por mora del 10%; y con absolución de la CONSELLERÍA DE INDUSTRIA (XUNTA DE GALICIA) y del CONCELLO DE FERROL. Asimismo, absuelvo al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos previstos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en el BANCO SANTADER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm.1501000065000916, debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “36 Social Suplicación”, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En caso de que se realice el ingreso por medio de transferencia electrónica, se efectuará en la entidad BANCO SANTANDER, en la cuenta bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando como beneficiario JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.2 DE FERROL, y en el campo OBSERVACIONES o CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, se consignará 1501000065000916. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Graduado social para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación en legal forma a CONSORCIO PROFERIAS Y EXPOSICIONES DE FERROL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En FERROL, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA