29/06/2016 | Administración LocalMunicipal
Cerceda
Secretaría
Contratación mediante procedemento aberto (cun único criterio de valoracion: factor prezo) de tres obras comprendidas no PAI

Unico criterio factor prezo. A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no presente prego. En tanto que este es un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada podra ser declarado nulo en los supuestos relacionados en el art.37.1 del TRLCSP, con las expecciones señaladas en los apartados segundo y tercero del citado precepto. La declaración de nutidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjuciación, cuando sea firme, llevará consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que se hubiesen recibido, en virtud del mismo, y si esto no fuese posible su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que sufriera. La cuestión de nulidad se planteará ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano competente para su conocimiento, en caso de las entidades locales gallegas, al amparo de la Cláusula tercera, párrafo primero del convenio de colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos contractuales (BOE de 25 de noviembre de 2013) Están legitimadas para interponer cuestión especial de nulidad toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se viesen perjudicados o puedan quedar afectados por los supuestos de nulidad del art.37. No obstante el órgano competente podrá indamitirla cuando el interesado interpusiese recurso especial en materia de contratación sobre el mismo acto, respetando el órgano de contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada. El plazo para la interposición de la cuestión será de seis meses a contar desde la formalización del contrato, excepto en los supuestos del art.39.3 del TRLCSP en que el plazo será de treinta días hábiles. El procedimiento será será el recurso especial en materia de contratación que se establece en el art.44 del TRLCSP y siguientes, con las salvedades señaladas en el art.39.5 del TRLCSP. Por referirse a un contrato de servizos sujeto a regulación armonizada concertado por una Administración Pública, son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo, los siguientes actos.: i. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que deban regir la contratación. ii. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposiblidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos. Se consideran actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los de la Mesa, por los que se acuerda la exclusión de los licitadores. iii. El acuerdo de adjudicación. Sin embargo no serán susceptibles de recurso especial los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego, que de conformidad con los dispuesto en los arts.105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos, tando si acuerdan comi si no, la ersolución y celebración de una nueva licitación. El recurso especial en materia de contratación se planteará ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano competente para su conocimiento, en caso de las entidades locales gallegas, al amparo de la Cláusula tercera, párrafo primero del convenio de colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencias de recursos (BOE de 25 de noviembre de 2013) Están legitimadas para interponer recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se viesen perjudicados o pueda quedar afectados por las decisiones objeto de recurso. Quien se proponga interponer recurso especial en materia de contratación deberá anunciarlo, previamente, mediante escrito, ante el órgano de contratación, especificando el acto del procedimiento que se pretende recurrir, en el pazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en el que se reciba la notificación del acto impugnado, salvo en elos supuestos relacionados en el segundo párrafo del art.44.2 del TRLCSP. El procedimiento para la resolución del recurso especial en materia de contratación se establece en el art.44 y siguentes del TRLCSP. Contra la resolución dictada en este procedemento especial en materia de contratación sólo podrá interponerse en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1 k. y 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Cerceda, 22 de xuño de 2016 El Alcalde-Presidente, José García Liñares