15/12/2016 | Administración LocalProvincial
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería e Xestión de Tributos
Publicación íntegra de las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia/Publicación íntegra das bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia

En la sesión plenaria celebrada el día 30 de septiembre de 2016, la Corporación Provincial acordó modificar el texto de la base cuarta de las Bases para la Prestación de Servicios Tributarios a los Ayuntamientos de la Provincia. En el Boletín Oficial de la Provincia número 190, del 5 de octubre de 2016, se publicó el anuncio de la apertura del plazo de reclamaciones. El plazo señalado remató sin que se hubiera presentado ninguna, por lo que el acuerdo se convirtió en definitivo. La modificación acordada entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. La Diputación Provincial de A Coruña asume, por delegación expresa, las competencias en materia tributaria que se concretan más adelante, en relación con tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público de carácter municipal, mediante la adhesión particular y expresa del Ayuntamiento titular de los mismos a las presentes Bases. El ejercicio de las competencias en materia tributaria delegadas por los Ayuntamientos se regirá, en primer término, por lo dispuesto en las presentes Bases y además por: a) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales b) La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria c) El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria d) La ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes e) El Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación f) El Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos g) La Ordenanza Fiscal General de la Diputación Provincial de A Coruña h) Las normas específicas de cada recurso, si las tuviere i) Las normas que desarrollen, complementen o modifiquen a las anteriores j) Las demás normas de obligada aplicación a la materia Los Ayuntamientos que deseen delegar en la Diputación competencias en materia tributaria habrán de delegar, al menos, las siguientes:  Gestión y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza Rústica como Urbana o del impuesto municipal que lo complemente o sustituya en el futuro.  Gestión y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Actividades Económicas o del impuesto municipal que lo complemente o sustituya en el futuro, así como la facultad para, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, solicitar de la Administración Tributaria del Estado la delegación de las funciones de gestión censal e inspección, y establecer con dicha Administración las oportunas fórmulas de colaboración en materia de inspección en relación con este mismo impuesto.  Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o del impuesto municipal que lo complemente o sustituya en el futuro, salvo que lo impidan compromisos ineludibles adquiridos con anterioridad por el Ayuntamiento o éste gestione el tributo directamente y no desee delegarlo. Los Ayuntamientos que hayan delegado el contenido mínimo podrán, además, delegar en la Diputación las siguientes otras competencias:  La facultad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para establecer acuerdos o convenios con la Administración Tributaria del Estado en materia de colaboración e inspección en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  Recaudación voluntaria y ejecutiva de tasas y precios públicos de carácter periódico anual y notificación colectiva mediante padrón. Dicho padrón anual podrá fraccionarse en dos cuotas semestrales, siempre que el Ayuntamiento titular de la tasa o precio público recoja esta circunstancia en la correspondiente ordenanza fiscal municipal. En cualquier caso, la determinación de los períodos de cobro será competencia de la Diputación Provincial.  Recaudación voluntaria y ejecutiva de las sanciones municipales por infracciones de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incluyendo la colaboración previa con los Ayuntamientos para la identificación de los propietarios de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones.  Recaudación en período ejecutivo de tributos, precios públicos y cualquier otro ingreso de derecho público de carácter no periódico o de periodicidad inferior al año.  Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros e interés general. La gestión que puede ser objeto de delegación tanto puede afectar al supuesto general del artículo.24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, basado en el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos en el término municipal, como al supuesto especial de la telefonía móvil.  La liquidación, recaudación y revisión tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de los ingresos de Derecho Público resultantes de la instrucción de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero, realizado por la Diputación como consecuencia de la delegación de esta función. Durante el período de vigencia de la delegación, los Ayuntamientos que lo deseen podrán ampliar el contenido de la misma, dentro del marco establecido en esta Base. Para ello, deberá seguirse el mismo procedimiento de tramitación utilizado inicialmente. Esta ampliación surtirá efectos desde la fecha de su aceptación por la Diputación hasta la finalización de la vigencia de la delegación inicial. La delegación de competencias supondrá que la Diputación asumirá la totalidad de las funciones y atribuciones necesarias para llevar a cabo el ejercicio de las competencias de gestión, inspección y recaudación en cada caso. En particular, será competencia de la Diputación el ejercicio de las siguientes funciones:  Tramitación, concesión y posterior seguimiento de aplazamientos y/o fraccionamientos de pago.  Declaración de insolvencias y de créditos incobrables.  Representación del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales de quiebra o suspensión de pagos en los que resulte afectado algún expediente ejecutivo. Los Ayuntamientos podrán avocar para sí, mediante comunicación escrita y razonada dirigida a la Diputación, la tramitación de determinados expedientes recaudatorios en curso, debido a circunstancias tales como la repercusión económico-social que su ejecución pueda tener en el municipio. En este supuesto, la Diputación formulará data de las liquidaciones afectadas y quedará exenta de cualquier responsabilidad que pudiese producirse en el futuro con respecto a las mismas. Dichas liquidaciones no podrán ser cargadas de nuevo a la Diputación para continuación del procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el objeto de facilitar el ejercicio de las competencias delegadas a la Diputación, los Ayuntamientos deberán prestar a ésta la colaboración necesaria, especialmente en los siguientes aspectos:  La localización de sujetos pasivos, contribuyentes, obligados al pago o deudores, certificando o informando respecto de su vecindad o no en el término municipal, la posesión o carencia de bienes y el ejercicio o no de actividades  Poner a disposición de los Servicios Tributarios de la Diputación sus registros y bases de datos que contengan información de interés tributario, respetando en todo caso lo que establecen la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas que la desarrollan  La exposición pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y otros lugares de costumbre, de los Edictos que se dicten en el ejercicio de las competencias delegadas  Informar dentro del plazo, en los expedientes de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago y en otros en que se les solicite Los ayuntamientos u otros entes locales podrán formalizar convenios con la Diputación Provincial con el fin de colaborar con esta en la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas y de cualquiera otro tributo o ingreso de derecho público en los que el ente local asuma entre otras funciones las de: 1) Colaborar, mediante trabajos desarrollados por funcionario público, en la realización de visitas de inspección tributaria y emisión de informes de tipo técnico, en las actuaciones que lo exijan, en los expedientes tramitados en el marco del convenio de colaboración y siempre dentro de sus competencias, pudiendo desarrollar las tareas no reservadas legalmente a los funcionarios mediante los contratos de servicios previstos en la legislación de contratos del sector público.2) Estas funciones consistirán, ente otras, en proponer actuaciones a la Diputación, recogida de documentación e información a los obligados tributarios, control de los requerimientos no atendidos o atendidos de una manera incompleta o incorrecto, actuaciones en el local donde se desarrolla la actividad, elaboración de modelos y realización de tareas administrativas, informáticas. etc, bajo la dirección de la Unidad de Inspección de la Diputación o del servicio provincial que corresponda. En el primer semestre del ejercicio siguiente, la Diputación enviará a los Ayuntamientos los Estados Demostrativos de la Gestión Recaudatoria del ejercicio anterior, para su conformidad o reparos. La facturación y justificantes que dan origen a los Estados Demostrativos será puesta a disposición de los Ayuntamientos para su examen en las Oficinas Centrales del Servicio de Recaudación, dado el elevado volumen de la documentación; no obstante, a petición del Ayuntamiento interesado, se podrán facilitar copias en casos concretos. También se hará llegar anualmente a los Ayuntamientos, además de los padrones de los impuestos cuya gestión esté delegada en la Diputación, un listado comprensivo de las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo y de contraído simultáneo y de las anulaciones de liquidaciones aprobadas. La Diputación establecerá un procedimiento informático que permita a los Ayuntamientos que hayan delegado competencias tributarias hacer un seguimiento global de la gestión que realicen los distintos Servicios Tributarios de la Diputación, así como el acceso a las Bases de Datos de dichos Servicios para obtener la información individualizada que cada Ayuntamiento precise para el ejercicio de sus funciones, todo ello dentro del marco definido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de las normas generales que la desarrollen y de la normativa específica que en su cumplimiento tenga aprobada la propia Diputación. Las tasas a abonar por los Ayuntamientos que hayan delegado competencias serán recogidas en la Ordenanza Fiscal número 5 de la Diputación. Su importe no podrá superar los siguientes límites:  El 5% del importe de las cuotas recaudadas en período voluntario.  El 75% del importe de los recargos de apremio recaudados en período ejecutivo.  El 50% del importe de las sanciones que se deriven de la gestión e inspección de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros e interés general, recaudadas en período voluntario y ejecutivo. En el caso de que dichos importes fuesen recaudados en período ejecutivo, se cobrará también el 75% de los recargos del período ejecutivo recaudados. La Diputación realizará entregas mensuales a cuenta de la recaudación de cada ejercicio de los tributos comprendidos en el contenido mínimo de la delegación, así como de la tasa por recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos a aquellos ayuntamientos que deleguen su recaudación. El importe de las entregas a cuenta será del 95% de la recaudación en el período voluntario de las liquidaciones de contraído previo y notificación colectiva por padrón estimada para el ejercicio por los tributos arriba mencionados, repartido en once mensualidades. Para el cálculo de la recaudación estimada se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de cada Ayuntamiento y concepto. En el supuesto de que la Diputación tuviese que realizar operaciones de Tesorería para atender al pago de dichas entregas a cuenta, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De la recaudación en período voluntario por liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, liquidaciones de contraído simultáneo y autoliquidaciones se practicarán liquidaciones provisionales de periodicidad trimestral. Con la misma periodicidad, se practicarán liquidaciones provisionales de la recaudación en período ejecutivo.1. En el mes de diciembre, una vez formalizados los ingresos en período voluntario procedentes de las liquidaciones de notificación colectiva, se procederá a practicar un anticipo de la liquidación anual.2. En el primer trimestre del ejercicio siguiente, se practicará la liquidación anual y definitiva del ejercicio anterior. El importe a entregar a cada Ayuntamiento se calculará deduciendo de la recaudación íntegra los siguientes importes:  Entregas a cuenta, liquidaciones provisionales y anticipo de la liquidación definitiva.  Devoluciones de ingresos indebidos.  Tasas por prestación de los servicios objeto de estas Bases.  Otros importes que procedan, relacionados con las competencias delegadas, debidamente justificados. Si a algún Ayuntamiento le resultase una liquidación definitiva con importe negativo, se le practicarán deducciones de las posteriores entregas mensuales y anticipos de la recaudación. La delegación por los Ayuntamientos de competencias en materia tributaria en la Diputación Provincial de A Coruña que se regula en estas Bases entrará en vigor el 1 de enero de 2002 y tendrá un período de vigencia de 10 años, contados a partir de dicha fecha. En el caso de que posteriormente algún Ayuntamiento acuerde su adhesión a las presentes Bases, el período de vigencia de la delegación de competencias será igualmente de 10 años, contados a partir de la fecha de formalización del acuerdo y hasta el 31 de diciembre del año en que se cumpla dicho período de vigencia. Este plazo inicial de delegación podrá prorrogarse tácitamente por períodos iguales, si ninguna de las partes comunica a la otra, con un mínimo de un año de antelación a su vencimiento, su deseo de dejar sin efecto la delegación, lo que deberá formalizarse por el mismo órgano y procedimiento que llevó a cabo la delegación. En los casos de aquellos Ayuntamientos que, en la mencionada fecha del 1 de enero de 2002 tuviesen todavía en vigor convenios de delegación de competencias en materia tributaria con la Diputación y no acepten las presentes Bases, se seguirán aplicando dichos convenios, en sus propios términos, hasta su finalización. En el caso de aquellos Ayuntamientos que durante la vigencia de las presentes Bases, acuerden un nuevo período de delegación de diez años contados a partir del fin de la vigencia de las mismas, deberán acordar esta modificación con los mismos trámites y procedimiento establecido en la Base novena. Cuando dicho acuerdo de delegación sea definitivo y, por lo tanto, estén cumplidos todos los trámites establecidos en dicha base novena., se hará efectivo a partir del mes siguiente con relación al Ayuntamiento o Ayuntamientos que así lo acuerden, lo previsto en la Base séptima en cuanto a que el porcentaje de las entregas a cuenta pasarán del 80% al 90% de la recaudación estimada de acuerdo con los criterios de dicha Base. La delegación de la liquidación, recaudación y revisión tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de los ingresos de Derecho Público resultantes de la delegación del control financiero de los ayuntamientos y la correspondiente instrucción de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados de los mismos estará vigente mientras lo esté dicha delegación del control financiero en la Diputación y en tanto no se culminen los procedimientos de recaudación afectados. El procedimiento para formalizar la delegación en la Diputación las competencias y funciones que se detallan en las presentes Bases será el siguiente: 1.º- Acuerdo provisional de delegación de competencias, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento delegante.2.º- Publicación del acuerdo anterior en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un plazo mínimo de 30 días hábiles, para general conocimiento y presentación de alegaciones.3.º- Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento delegante, resolviendo las alegaciones recibidas o elevando a definitivo el acuerdo provisional si no hubiese ninguna.4.º- Traslado del acuerdo definitivo de la delegación a la Diputación, mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento delegante.5.º- Acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación, aceptando la delegación si el acuerdo municipal se ajusta a las presentes Bases.6.º- Publicación del acuerdo anterior en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de Galicia, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los acuerdos municipal de adhesión y provincial de aceptación de la delegación deberán estar definitivamente aprobados antes del 1 de enero de 2002 o, en su caso, del ejercicio en que deba entrar en vigor la misma, para posibilitar así la elaboración por la Diputación de los padrones de los tributos que se recaudan por ese sistema. Se faculta al Presidente de la Diputación para aprobar, mediante Resoluciones, las normas que fuesen necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las presentes Bases. A Coruña, 9 de diciembre de 2016 El Presidente El Secretario General Valentín González Formoso José Luis Almau Supervía Na sesión plenaria celebrada o día 30 de setembro de 2016, a Corporación provincial acordou modificar o texto da base cuarta das Bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia. No Boletín Oficial da Provincia número 190, do 5 de outubro de 2016, publicouse o anuncio da apertura do prazo de reclamacións. O dito prazo rematou sen que se tivese presentado ningunha, polo que o acordo converteuse en definitivo. Procédese agora á publicación do texto íntegro das Bases. A modificación acordada entrará en vigor ao día seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. A Deputación Provincial da Coruña asume, por delegación expresa, as competencias en materia tributaria que se concretan máis adiante, en relación con tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público de carácter municipal, mediante a adhesión particular e expresa do concello titular dos mesmos ás presentes Bases. O exercicio das competencias en materia tributaria delegadas polos concellos rexerase, en primeiro termo, polo disposto nas presentes Bases e ademais por: a) A Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais b) A Lei 230/1963, de 28 de decembro, xeral tributaria c) O Real decreto lexislativo 1091/1988, de 23 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral orzamentaria d) A Lei 1/1998, de 26 de febreiro, de dereitos e garantías dos contribuíntes e) O Real decreto 1684/1990, de 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación f) O Real decreto 939/1986, de 25 de abril, polo que se aproba o Regulamento xeral da inspección dos tributos g) A Ordenanza fiscal xeral da Deputación Provincial da Coruña h) As normas específicas de cada recurso, se as tivera i) As normas que desenvolvan, complementen ou modifiquen ás anteriores j) As demais normas de obrigada aplicación á materia Os concellos que desexen delegar na deputación competencias en materia tributaria terán que delegar, polo menos, as seguintes:  Xestión e recadación voluntaria e executiva do Imposto sobre bens inmóbeis, tanto de natureza rústica como urbana ou do imposto municipal que o complemente ou substitúa no futuro.  Xestión e recadación voluntaria e executiva do Imposto sobre actividades económicas ou do imposto municipal que o complemente ou substitúa no futuro, así como a facultade para, de acordo co previsto no artigo 92 da Lei reguladora das facendas locais, solicitar da Administración Tributaria do Estado a delegación das funcións de xestión censal e inspección, e establecer coa devandita Administración as oportunas fórmulas de colaboración en materia de inspección en relación con este mesmo imposto.  Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica ou do imposto municipal que o complemente ou substitúa no futuro, salvo que o impidan compromisos ineludibles adquiridos con anterioridade polo concello ou este xestione o tributo directamente e non desexe delegalo. Os concellos que deleguen o contido mínimo poderán, ademais, delegar na deputación as seguintes outras competencias:  A facultade, de acordo co previsto no artigo 78 da Lei reguladora das facendas locais, para establecer acordos ou convenios coa Administración Tributaria do Estado en materia de colaboración e inspección en relación co Imposto sobre bens inmóbeis.  Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva do Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.  Recadación voluntaria e executiva de taxas e prezos públicos de carácter periódico anual e notificación colectiva mediante padrón. Dito padrón anual poderá fraccionarse en dúas cotas semestrais, sempre que o concello titular da taxa ou prezo público recolla esta circunstancia na correspondente ordenanza fiscal municipal. En calquera caso, a determinación dos períodos de cobranza será competencia da deputación.  Recadación voluntaria e executiva das sancións municipais por infraccións da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, incluíndo a colaboración previa cos concellos para a identificación dos propietarios dos vehículos cos que se cometeron as infraccións.  Recadación en período executivo de tributos, prezos públicos e calquera outro ingreso de dereito público de carácter non periódico ou de periodicidade inferior ao ano.  Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral. A xestión que pode ser obxecto de delegación tanto pode afectar ao suposto xeral do artigo.24 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, baseado no 1,5% dos ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial da telefonía móbil.  A liquidación, recadación e revisión tanto en período voluntario como en período executivo dos ingresos de Dereito Público resultantes da instrución dos expedientes de reintegro e sancionadores derivados do control financeiro, realizado pola Deputación como consecuencia da delegación desta función. Durante o período de vixencia da delegación, os concellos que o desexen poderán ampliar o contido da mesma, dentro do marco establecido nesta Base. Para iso, deberá seguirse o mesmo procedemento de tramitación utilizado inicialmente. Esta ampliación terá efectos dende a data da súa aceptación pola deputación ata a finalización da vixencia da delegación inicial. A delegación de competencias suporá que a deputación asumirá a totalidade das funcións e atribucións necesarias para levar a cabo o exercicio das competencias de xestión, inspección e recadación en cada caso. En particular, será competencia da deputación o exercicio das seguintes funcións:  Tramitación, concesión e posterior seguimento de aprazamentos e/ou fraccionamentos de pago.  Declaración de insolvencias e de créditos incobrábeis.  Representación do concello nos procedementos xudiciais de quebra ou suspensión de pagos nos que resulte afectado algún expediente executivo. Os concellos poderán avocar para si, mediante comunicación escrita e razoada dirixida á deputación, a tramitación de determinados expedientes recadatorios en curso, debido a circunstancias tales como a repercusión económico-social que a súa execución poida ter no municipio. Neste suposto, a deputación formulará data das liquidacións afectadas e quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese producirse no futuro con respecto ás mesmas. Ditas liquidacións non poderán ser cargadas de novo á deputación para continuación do procedemento. De conformidade co disposto nos artigos 106.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 8 da Lei reguladora das facendas locais, e co obxecto de facilitar o exercicio das competencias delegadas á deputación, os concellos deberán prestar a esta a colaboración necesaria, especialmente nos seguintes aspectos:  A localización de suxeitos pasivos, contribuíntes, obrigados ao pago ou debedores, certificando ou informando respecto da súa veciñanza ou non no termo municipal, a posesión ou carencia de bens e o exercicio ou non de actividades.  Pór ao dispor dos servizos tributarios da deputación os seus rexistros e bases de datos que conteñan información de interese tributario, respectando en todo caso o que establecen a Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e as normas que a desenvolven.  A exposición pública no taboleiro de anuncios do concello e outros lugares de costume, dos edictos que se diten no exercicio das competencias delegadas.  Informar dentro do prazo, nos expedientes de solicitude de aprazamento ou fraccionamento de pago e noutros en que se lles solicite. Os concellos ou outros entes locais poderán formalizar convenios coa Deputación provincial co fin de colaborar con esta na inspección do imposto sobre actividades económicas e de calquera outro tributo ou ingreso de dereito público nos que o ente local asuma entre outras funcións as de: 1) Colaborar, mediante traballos desenvolvidos por funcionario público, na realización de visitas de inspección tributaria e emisión de informes de tipo técnico, nas actuacións que o esixan, nos expedientes tramitados no marco do convenio de colaboración e sempre dentro das súas competencias, podendo desenvolver as tarefas non reservadas legalmente aos funcionarios mediante os contratos de servizos previstos na lexislación de contratos do sector público.2) Estas funcións consistirán, ente outras, en propoñer actuacións á Deputación, recollida de documentación e información aos obrigados tributarios, control dos requirimentos non atendidos ou atendidos dun xeito incompleto ou incorrecto, actuacións no local onde se desenvolve a actividade, elaboración de modelos e realización de tarefas administrativas, informáticas. etc, baixo a dirección da Unidade de inspección da Deputación ou do servizo provincial que corresponda. No primeiro semestre do exercicio seguinte, a deputación enviará aos concellos os estados demostrativos da xestión recadatoria do exercicio anterior, para a súa conformidade ou reparos. A facturación e xustificantes que dan orixe aos estados demostrativos será posta ao dispor dos concellos para o seu exame nas oficinas centrais do Servizo de Recadación, dado o elevado volume da documentación; no entanto, a pedimento do concello interesado, poderanse facilitar copias en casos concretos. Tamén se fará chegar anualmente aos concellos, ademais dos padróns dos impostos cuxa xestión estea delegada na deputación, unha listaxe comprensiva das liquidacións de contraído previo e ingreso directo e de contraído simultáneo e das anulacións de liquidacións aprobadas. A deputación establecerá un procedemento informático que permita aos concellos que deleguen competencias tributarias facer un seguimento global da xestión que realicen os distintos servizos tributarios da deputación, así como o acceso ás bases de datos dos devanditos servizos para obter a información individualizada que cada concello precise para o exercicio das súas funcións, todo iso dentro do marco definido pola Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, das normas xerais que a desenvolvan e da normativa específica que no seu cumprimento teña aprobada a propia deputación. As taxas a abonar polos concellos que deleguen competencias serán recollidas na Ordenanza fiscal número 5 da deputación. O seu importe non poderá superar os seguintes límites:  O 5% do importe das cotas recadadas en período voluntario  O 75% do importe das recargas de prema recadadas en período executivo  O 50% do importe das sancións que se deriven da xestión e inspección da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións e interese xeral, recadadas en período voluntario e executivo. No caso de que devanditos importes fosen recadados en período executivo, cobrarase tamén o 75% das recargas do período executivo recadadas A deputación realizará entregas mensuais a conta da recadación de cada exercicio dos tributos comprendidos no contido mínimo da delegación, así como da taxa por recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos a aqueles concellos que deleguen a súa recadación. O importe das entregas a conta será do 95% da recadación no período voluntario das liquidacións de contraído previo e notificación colectiva por padrón estimada para o exercicio polos tributos arriba mencionados, repartido en once mensualidades. Para o cálculo da recadación estimada teranse en conta as circunstancias particulares de cada concello e concepto. No caso de que a deputación tivese que realizar operacións de tesourería para atender ao pago das devanditas entregas a conta, estarase ao disposto no artigo 149.2 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Da recadación en período voluntario por liquidacións de contraído previo e ingreso directo, liquidacións de contraído simultáneo e autoliquidacións practicaranse liquidacións provisionais de periodicidade trimestral. Coa mesma periodicidade, practicaranse liquidacións provisionais da recadación en período executivo.1. No mes de decembro, unha vez formalizados os ingresos en período voluntario procedentes das liquidacións de notificación colectiva, procederase a practicar un anticipo da liquidación anual.2. No primeiro trimestre do exercicio seguinte, practicarase a liquidación anual e definitiva do exercicio anterior. O importe a entregar a cada concello calcularase deducindo da recadación íntegra os seguintes importes:  Entregas a conta, liquidacións provisionais e anticipo da liquidación definitiva  Devolucións de ingresos indebidos  Taxas por prestación dos servizos obxecto destas Bases  Outros importes que procedan, relacionados coas competencias delegadas, debidamente xustificados Se a algún concello lle resultase unha liquidación definitiva con importe negativo, practicaránselle deducións nas posteriores entregas mensuais e anticipos da recadación. A delegación polos concellos de competencias en materia tributaria na Deputación Provincial da Coruña que se regula nestas Bases entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2002 e terá un período de vixencia de 10 anos, contados a partir de dita data. No caso de que posteriormente algún concello acorde a súa adhesión ás presentes Bases, o período de vixencia da delegación de competencias será igualmente de 10 anos, contados a partir da data de formalización do acordo e ata o 31 de decembro do ano en que se cumpra dito período de vixencia. Este prazo inicial de delegación poderá prorrogarse tacitamente por períodos iguais, se ningunha das partes comunica á outra, cun mínimo dun ano de antelación ao seu vencemento, o seu desexo de deixar sen efecto a delegación, o que deberá formalizarse polo mesmo órgano e procedemento que levou a cabo a delegación. Nos casos daqueles concellos que, na mencionada data do 1 de xaneiro de 2002 tivesen aínda en vigor convenios de delegación de competencias en materia tributaria coa deputación e non acepten as presentes Bases, seguiranse aplicando ditos convenios, nos seus propios termos, ata a súa finalización. No caso daqueles concellos que durante a vixencia das presentes Bases, acorden un novo período de delegación de dez anos contados a partir do fin da vixencia das mesmas, deberán acordar esta modificación cos mesmos trámites e procedemento establecido na Base novena. Cando dito acordo de delegación sexa definitivo e, por tanto, estean cumpridos todos os trámites establecidos na devandita base novena., farase efectivo a partir do mes seguinte con relación ao concello ou concellos que así o acorden, o previsto na Base sétima no canto a que a porcentaxe das entregas a conta pasará do 80% ao 90% da recadación estimada de acordo cos criterios da dita Base. A delegación da liquidación, recadación e revisión tanto en período voluntario como en período executivo dos ingresos de Dereito Público resultantes da delegación do control financeiro dos concellos e a correspondente instrución dos expedientes de reintegro e sancionadores derivados destes estará vixente mentres o estea a dita delegación do control financeiro na Deputación e en tanto non se culminen os procedementos de recadación afectados. O procedemento para formalizar a delegación na deputación as competencias e funcións que se detallan nas presentes Bases será o seguinte: 1.º- Acordo provisional de delegación de competencias, adoptado polo Pleno do concello delegante.2.º- Publicación do acordo anterior no Boletín Oficial da Provincia, abrindo un prazo mínimo de 30 días hábiles, para xeral coñecemento e presentación de alegacións.3.º- Acordo adoptado polo Pleno do concello delegante, resolvendo as alegacións recibidas ou elevando a definitivo o acordo provisional se non houbese ningunha.4.º- Traslado do acordo definitivo da delegación á deputación, mediante certificación expedida polo Secretario do concello delegante.5.º- Acordo adoptado polo Pleno da deputación, aceptando a delegación se o acordo municipal axústase ás presentes Bases.6.º- Publicación do acordo anterior no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia, para xeral coñecemento, de acordo co previsto no artigo 7.2 da Lei reguladora das facendas locais. Os acordos municipal de adhesión e provincial de aceptación da delegación deberán estar definitivamente aprobados antes do 1 de xaneiro de 2002 ou, no seu caso, do exercicio en que deba entrar en vigor a mesma, para posibilitar así a elaboración pola deputación dos padróns dos tributos que se recadan por ese sistema. Facúltase ao Presidente da deputación para aprobar, mediante resolucións, as normas que fosen necesarias para o cumprimento e desenvolvemento das presentes Bases. A Coruña, 9 de decembro de 2016 O Presidente O Secretario Xeral Valentín González Formoso José Luis Almau Supervía