03/02/2015 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
1ª Instancia e Instrucción Muros
Edicto judicial

FAML. GUARD, CUSTDO ALI. HIJ MENOR NO MATRI NO C 0000248 /2014 Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS DEMANDANTE D/ña. ELENA LACRAMIOARA FRANCISCO CELESTINO RIANDE ZUKAUSKAS Procurador/a Sr/a. ALBERTO ALEJANDRO MANGUI BOUTALLISS Abogado/a Sr/a. FRANCISCO TAVERNIER SARGEANT, GUILLERMO LEON D/ña. MARIA ANTONIETA BOTELHO GONÇALVES, MINISTERIO FISCAL Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. D./Dª. DOLORES ROLLE INSUA, Secretario/a Judicial, del XDO.1A. INST. E INSTRUCIÓN N.1 de MUROS, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento seguido a instancia de MANUEL ROMERO OUTON frente a MARIA ANTONIETA BOTELHO GONÇALVES, MINISTERIO FISCAL se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA N° 8/2015 En Muros, a 19 de enero de 2015 Vistos por Doña Carmen López Moure, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Muros, los presentes autos de Juicio de medidas relativas a la guarda custodia y reclamación de alimentos de menores, seguidos con el n° 248/14, a instancia de D. Kamrul Ramon Dario Alfama Motero y D.ª Pio Manuel Baddene Cachinero Botelho, mayor de edades, representados por el Procurador Sr. Fernández Lestón y bajo la dirección letrada del Sr. Tajes Sendón, contra Dª. María Antonieta Botelho Gonçalves, mayor de edad, la cual no compareció pese a su citación en legal forma, interviniendo el Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO- El Pelagio El Assouli Aucacama, en la representación ya indicada, presentó demanda en solicitud de medidas paterno filiales y reclamación de alimentos contra DªEmilia Rosa Khalafi Herreros, ante este Juzgado en fecha 21 de julio de 2014, y alegando en su escrito los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes y aplicables al caso, finalizando con el suplico de que se dictase sentencia estimatoria. SEGUNDO- Se tuvo por parte al citado Procurador, en la representación que acreditaba, con quien se entenderían las sucesivas diligencias en el modo y manera que la Ley previene, admitiéndose a trámite la demanda formulada, que se sustanciaría por los trámites del Juicio Verbal con las especialidades previstas en el art.753 de la LEC, tras lo cual se dio traslado de la citada demanda a la parte demandada y al Ministerio Fiscal para que la contestasen en el plazo de 20 días, habiendo sido declarada en situación procesal de rebeldía la demandada al no haber contestado a la misma. TERCERO- Al acto de la Vista comparecieron demandantes y Ministerio Fiscal, ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y contestación a la misma, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, consistente en documental, testifical y exploración de menor, con el resultado que obra en las actuaciones, quedando el procedimiento visto para sentencia. La demandada fue declarada en situación de rebeldía procesal conforme a lo previsto en el artículo 442.2 de la LEC, al no haber comparecido al acto de la vista representada por Procurador y asistida por Abogado. CUARTO- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción para la adopción de medidas relacionadas con la menor Ammar Vinues Samasa, nacida el día 18 de febrero de 1999. Establece el art.154 del Código Civil que los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1° Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Establece ese artículo las funciones de los padres en el ejercicio de la patria potestad conforme a la declaración constitucional del art 39 de la CE. Es producto, el citado precepto, de la reforma llevada a cabo por la Ley 11/1981 de 13 de mayo, siguiendo las orientaciones doctrinales más modernas y la tendencia de los ordenamientos contemporáneos, que configuran la patria potestad como el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y sobre los bienes de sus hijos no emancipados, constituyendo a la vez un conjunto de deberes que, como inherentes a dicha patria potestad debe asumir y cumplir los padres respecto de sus hijos -STS 30 abril de 1991; 20 de enero de 1993 y 25 de junio de 1994. Nos encontramos ante la institución protectora del menor por excelencia, fundada en la relación de filiación, que se configura más como conjunto de deberes que de derechos, así los padres deben prestar a sus hijos asistencia de todo orden (art 39.3 de la CE), velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral (art 154.1 del CC), precisamente, entre otros motivos, porque, como dice la STS de 15 de noviembre de 1990, su filiación y su condición de hábitos dentro o fuera del matrimonio es el resultado de decisiones ajenas a los mismos. Por su parte el art.159 del mismo texto legal determina que si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de que progenitor quedarán los hijos menores de edad. El Juez, oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de 12 años. El art.769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes establecen el trámite a través del cual se ventilarán los procesos relativos al establecimiento de la guarda y custodia de los menores, así como los que verse sobre alimentos. SEGUNDO.- Interesa el actor la atribución de la guarda y custodia de la menor. Dicha cuestión debe resolverse conforme a los establecido en el artículo 92 del Código Civil, en el artículo 1 y 2 y 11-2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 15 de enero de 1996, relacionado todo ello con la normativa internacional, a la sazón, Declaración de los Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1959, pues en todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial en los procedimientos relativos a la custodia sobre los mismos. Por ello, se debe atender, para resolver la medida sobre la custodia, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en la familia, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo en cuenta criterios orientadores y elementos individualizados en relación con cada sujeto de la familia, sopesando las necesidades de cariño y de atención, de alimentación, de educación y ayuda escolar, y buscando el adecuado clima de sosiego y equilibrio para su desarrollo, resultando determinante las pautas de conductas del entorno de los progenitores, y sin olvidar que el menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo judicial en que se encuentre directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal y familiar (artículo 9 de la Ley 1/1996, 15 de enero). En el caso que nos ocupa, debemos considerar que lo más idóneo para la hija común, es que la guarda y custodia sea otorgada al padre, es decir al demandante, pues la misma lleva conviviendo con él y su abuela paterna desde el mes de mayo de 2014, después de que la madre abandonara el domicilio conyugal, sin que durante los últimos meses, la madre, haya ido a verla. Así lo manifestó en la exploración realizada a Vanesa, quie afirmó que su madre sólo le manda wattsaps cada quince días, desconociendo donde reside en la actualidad. Tal extremo resultó confirmado por su hermana Alexandra en el acto de la Vista. Asimismo, la consideración que realiza el Ministerio Fiscal en el trámite de conclusiones de la vista, es que lo más adecuado para la menor es que la guarda y custodia sea atribuida al padre. En consecuencia, se atribuye la guarda y custodia de Ammar Vinues Samasa, al padre, debiendo ejercer conjuntamente ambos progenitores la patria potestad. TERCERO.- La atribución de la guarda y custodia al padre exige necesariamente determinar un régimen de visitas a favor de la madre. De acuerdo con lo dispuesto en el art.94 del Cc el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho a visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía. Se establece, por tanto el siguiente régimen de visitas, a la vista de que la menor declaró que no tiene inconveniente en que se establezca el interesado en la demanda, y partiendo de la base de que la Saul Daniel Tal De Mesas ni siquiera acudió al acto del juicio para hacer valer sus intereses: la madre podrá estar en compañía de su hija menor Vanesa los sábados alternos durante tres horas dentro del término municipal de Outes. CUARTO.- Por lo que se refiere a la pensión de alimentos, por un lado la parte actora solicita que la pensión de alimentos para sus hijas Alendra (mayor de edad) y Vanesa quede fijada en la cuantía de 600 euros mensuales (300 euros por cada hija). Es obvio que esta obligación viene impuesta por el artículo 93 del Código civil que determina que “el juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y la acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”. Ha de mencionarse que ésta debe cubrir todo lo indispensable para sustento, vestido, habitación, asistencia médica y gastos de educación e instrucción (artículo 142 del CC), siendo un deber del progenitor dimanante de la patria potestad (artículo 154 del CC). Además, bajo el concepto de pensión de alimentos para los hijos menores no cabe dar cobertura económica a otros gastos familiares generados en el núcleo en el que el menor se halle conviviendo, que no puedan ser considerados, en el marco las circunstancias de cada caso concreto, como gastos destinados al sustento, educación, vestido, atención medica y otros similares del menor; en consecuencia, toda maniobra que pretenda el incremento de la cuantía de la pensión alimenticia más allá de lo que sería razonable para cubrir los gastos propios del menor según su edad y circunstancias, con el fin de dar soporte económico a gastos propios del progenitor conviviente con el menor o a otras cargas existentes en el matrimonio, no puede ser acogida por el juzgador puesto que implicaría una clara desnaturalización del concepto y finalidades propios de la pensión alimenticia que establece el legislador a favor de los menores y a cargo del progenitor no conviviente. Para resolver esta cuestión debe tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los progenitores, pues, dichos ingresos son los que permiten fijar la proporcionalidad en la determinación de la cuantía de los alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales, además conforme a lo dispuesto en los artículo 142, 144, 146 y 147 del Código civil, la cuantía de los alimentos debe ser proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 6 de junio de 2008, Audiencia Provincial de Madrid de 16 de octubre de 2008, de 13 de noviembre de 2008, entre otras). En cuanto a los ingresos de los progenitores, se desconoce la capacidad económica de la madre, toda vez que se halla en situación procesal de rebeldía, mientras que el actor carece de ingresos, se encuentra en situación de desempleo y percibe una pensión mensual de 426 euros. Asimismo indicar que se reclama pensión de alimentos a favor de la hija mayor de edad, Alexandra. Los progenitores tienen por ello legitimación para reclamar los alimentos del artículo 93.2 CC, sin que ello suponga ni impedir, ni negar la posibilidad de que tales hijos mayores de edad no independientes económicamente y que conviven con sus progenitores puedan actuar voluntariamente como coadyuvantes de la demanda en que se reclaman los alimentos. En la Vista, Alexandra manifestó que vive aún con su padre y que está estudiando la E. S. O. La prestación alimenticia a favor del hijo comprende también los gastos de educación e instrucción del alimentista, aún después de alcanzada la mayoría de edad, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable (art.142, párrafo segundo CC). Como ha indicado la Sentencia de la audiencia Provincial de A Coruña de fecha 21 de diciembre de 2006 “la obligación alimenticia de los padres respecto de los hijos no cesa ni se extingue por el simple hecho de haber llegado éstos a la mayoría de edad, teniendo un contenido amplio que abarca todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia, médica del alimentista, así como su educación e instrucción, según se desprende de la remisión al art.142 del CC que, con carácter general, se hace en el citado art.93, párrafo segundo, si bien, de acuerdo con la limitación prevista en el art.142, párrafo segundo, del Código sustantivo, el derecho de alimentos solamente durará mientras se mantenga la situación de necesidad o no haya terminado la formación del hijo por causa que no le sea imputable (SS. TS 24 de abril 2000 y 28 noviembre 2003) “. Como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 16 de mayo de 2007, la pensión a favor de los hijos mayores de edad tiene como presupuesto necesario la convivencia en el domicilio familiar y la carencia de ingresos propios (artículo 93 del Código Civil). Los alimentos para los hijos mayores de edad que convivieren en el domicilio familiar y carecieren de ingresos propios serán los debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, según remisión expresa del artículo 93. Dispone el art.152.3 del Código Civil que “cesará también la obligación de dar alimentos: cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia”. En el presente caso consta que la hija Alexandra cuenta con 22 años, está estuadiando la E. S. O y que en la actualidad se encuentra residiendo con su padre, como ha reconocido la propia hija, carece de ingresos propios ya que se encuentra formándose, por lo que se estima que la misma es merecedora de percibir una pensión de alimentos a su favor y a costa de su madre. En virtud de lo expuesto, se considera conveniente que la madre abone una pensión mensual de alimentos de 300 euros a favor de sus hijas (150 euros por cada hija), pensión que se actualizará anualmente de acuerdo con el incremento del IPC y que deberá ser abonada dentro de los cinco primeros días de cada mes en el número de cuenta corriente que indique el demandante. Asimismo los gastos extraordinarios que las menores generen deberán ser abonados por mitad por ambos progenitores. A tal fin el progenitor custodio deberá comunicar el gasto correspondiente al progenitor no custodio y justificarlo documentalmente al objeto de que aquel pueda cumplir con la obligación que aquí se le impone. QUINTO.- No cabe hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales, a tenor de la causa del pro-cedimiento. FALLO Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por D. Kamrul Ramon Dario Alfama Motero contra Dª. María Antonieta Botelho, con la adopción de las medidas siguientes: - Se atribuye la guarda y custodia de la menor Ammar Vinues Samasa al padre, con quien convivirán, ostentando ambos progenitores la patria potestad. - Se establece el siguiente régimen de visitas a favor de la madre: Dª. María Antonieta Botelho podrá estar en compañía de su hija menor Vanesa los sábados alternos durante tres horas dentro del término municipal de Outes. - La madre abonará la cantidad de 300 euros mensuales a favor de sus hijas (150 euros por cada una), como pensión de alimentos. Dicha cantidad se abonará dentro de los cinco primeros días del mes en la cuenta corriente o libreta de ahorros que el demandante designe al efecto y se revalorizará en enero de cada año conforme al IPC que publique el INE u organismo que legalmente le sustituya. - Ambos padres al 50% los gastos extraordinarios que en atención a sus hijas se produzcan. Se considerarán extraordinarios los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social, matrículas universitarias y libros de texto que han de adquirir en septiembre de cada año para el inicio de la actividad académica, las actividades extraescolares y los campamentos de verano que previamente ambos padres acuerden. A tal fin el progenitor custodio deberá comunicar el gasto correspondiente al progenitor no custodio y justificarlo documentalmente al objeto de que aquel pueda cumplir con la obligación que aquí se le impone. - No hacer especial pronunciamiento en materia de costas. Firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la misma al Encargado del Registro Civil competente Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación para ser resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña, siendo necesario que para ello se proceda a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado el Depósito establecido por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre. Así lo acuerdo mando y firmo, D.ª Carmen López Moure, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Instrucción Único de Muros y los de su Partido Judicial. Y encontrándose dicho demandado, ESTELVINA ERIK ALEJANDRO LOPEZ CORONA MAAI, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. MUROS a veinte de Enero de dos mil quince. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, Santos Jesus Arzelus Morrone