22/12/2015 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
Notificar a Habitalia Viviendas Modulares de Hormigón, S. L. en el juicio verbal 900/2014

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.11 DE A CORUÑA - C/ CAPITÁN JUAN VARELA, S/N, EDF. ANEXO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A CORUÑA Teléfono: 981-18-25-98/97 Fax: 981-18-25-99 76000J N. I. G.: 15030 42 1 2014 0016296 JVB JUICIO VERBAL 0000900 /2014 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE GALICIA, S. L. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. CORNELIA MIHAELA BELASRI VERGEZ DEMANDADO D/ña. HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGON, S. L. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: SENTENCIA: 00081/2015 - C/ CAPITÁN JUAN VARELA, S/N, EDF. ANEXO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A CORUÑA Teléfono: 981-18-25-98/97 Fax: 981-18-25-99 N04390 N. I. G.: 15030 42 1 2014 0016296 JUICIO VERBAL 0000900 /2014 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. DISTRIBUIDORA DE CARNES DE GALICIA, S. L. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. CORNELIA MIHAELA BELASRI VERGEZ DEMANDADO D/ña. HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGON, S. L. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. SENTENCIA nº81 En A Coruña, a veintinueve de mayo de 2015 Vistos por mí, César González Castro, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado con el número 900/2014, en los que han sido partes: Demandante/s: la entidad mercantil DISTRIBUIDORA DE CARNES DE GALICIA, SL, con CIF nº B15955214, representada por D. Henrique Jose Ucin Ravenscroft y defendida por la letrada D. ª Jenny Argiles Maseli Demandando/s: la entidad mercantil HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGÓN, SL, con CIF B-70286521, en situación de rebeldía. Objeto: reclamación de cantidad. Se procede, en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución. Antecedentes de hecho PRIMERO.- La parte demandante presentó escrito de demanda que se repartió a este juzgado, en la que, después de relatar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitó que, previos los trámites legales, se dicte sentencia en que se condene a la demandada al pago de la cantidad de 611,77euros, más intereses, con expresa imposición de costas a la demandada. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a la celebración del correspondiente juicio verbal, al que compareció la parte actora, no compareciendo la demandada, siendo declarada en rebeldía. TERCERO.- Abierto el acto del juicio, se ratificó la actora en su escrito inicial. cuarto.- Que solicitado por la actora el recibimiento del pleito a prueba, se acordó la apertura del correspondiente periodo probatorio, practicándose aquellas pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia. quinto.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado todas las prescripciones legales, salvo con excepción de los previstos para el señalamiento de vistas y plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que penden sobre este juzgado. Fundamentos jurídicos Primero.- Estimo la demanda formulada por la entidad mercantil DISTRIBUIDORA DE CARNES DE GALICIA, SL contra la entidad HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGÓN, SL, y, en consecuencia, condeno a esta última a que abone a dicha actora la suma total de 611,77 euros. Los motivos son los siguientes: 1.- El contrato de suministro, aunque doctrinalmente se considere como una variante de la compraventa mercantil, tiene especificidades respecto de la misma. Por él, el vendedor se obliga a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periódica determinadas contra el pago de su precio que puede ser de forma unitaria (por la suma total de todas las prestaciones) o por cada prestación periódica. Señala la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 13 de junio de 200, que tal contrato es aquel por el que una de las partes se obliga a cambio de un precio a realizar a favor de otras prestaciones periódicas y continuas, cuya función es satisfacer las necesidades y el interés duradero del acreedor.2.- Tanto si se considera que tal contrato es una variante de la compraventa, como si se lo califica como contrato distinto pero afín al mismo, se deben aplicar normas de éste, del Código de Comercio si es mercantil. Tal como dice la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 2002, «la calificación jurídica de la situación fáctica descrita parte del concepto de contrato de suministro, que, como dice la sentencia de esta Sala de 8 de julio de 1988, no puede identificarse con el de compraventa, aunque es afín a la misma. Se regula por lo previsto por las partes, en aras al principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil) y, en su defecto, por la normativa de la compraventa (artículos 1445 y ss. del Código Civil y, en su caso, si es mercantil, 325 y ss. del Código de Comercio) y en último lugar, por las normas generales de las obligaciones y contratos. En la compraventa, la cosa vendida se entrega de una sola vez o en actos distintos, pero se refieren en todo caso a una cosa unitaria y en el contrato de suministro, la obligación de entrega se cumple de manera sucesiva; las partes se obligan a la entrega de cosas y al pago de su precio, en entregas y pagos sucesivos y en períodos determinados o determinables. En este sentido, son de ver las sentencias de 20 de mayo de 1986, 10 de septiembre de 1987, la citada de 8 de julio de 1988 y, por último, la de 28 de febrero de 1996 ». Es esencial la obligación del suministrado-comprador de pago del precio, conforme al artículo 339, con los intereses, artículo 341. Asimismo, los artículos 336 y 342 imponen unos breves plazos con relación a la obligación de saneamiento por vicios ocultos, que se aplican igualmente al contrato de suministro.3.- La doctrina jurisprudencial creada en torno a la figura del reconocimiento de deuda configura éste como un negocio jurídico válido y lícito, permitido por el principio de la autonomía de la voluntad que consagra el art.1.255 del Código Civil, y por el que se considera existente una deuda contra el que la reconoce, permitiendo al acreedor exigir el pago sin necesidad de alegar y justificar la causa, presumiéndose su existencia y licitud al amparo del art.1.277 en relación con el art.1.275, ambos del Código Civil, de forma que tiene efecto probatorio si se hace de manera abstracta, sin expresar la causa -en cuyo caso el acreedor se ve favorecido por la no exigencia de prueba alguna sobre la deuda- y, también, si se hace de manera constitutiva, esto es, si se expone su causa justificativa - en cuyo caso la carga de la prueba sobre la inexistencia del contrato originario recae sobre quien la alega- de forma que, reconocido el documento, tiene entre las partes la eficacia, virtualidad y vinculación que impone el art.1225 del Código Civil, siendo el demandado quien debe probar la versión contenida en la contestación a la demanda ya que si el contenido del documento no queda desvirtuado por otras pruebas, ha de protegerse lo dispuesto en él, en virtud de la acción ejercitada. La Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencia de 22 de julio de 1996, expone que: “Según la más autorizada doctrina científica, no es defendible, en nuestro ordenamiento positivo, la tesis que atribuye valor constitutivo al reconocimiento de deuda a manera de fundamento autónomo de la obligación, suficiente para que el acreedor así proclamado reclame sin controversia posible la efectividad de la prestación por atribuírsele al negocio carácter abstracto, antes bien ha de entenderse que el reconocimiento de deuda sin expresión causal se rige por el artículo 1277 del C. Civil, pero asimismo le es aplicable el artículo 1277, lo que en definitiva se traduce en una abstracción meramente procesal -no material- de la causa, cuyo efecto consiste en la inversión de la carga probatoria, por lo que es obvio que no cabe prescindir de lo imperativamente dispuesto en los artículo 1261.3 y 1275, ya citado, sobre la necesidad de la causa para la existencia del contrato, de manera que su falta sería el de la ineficacia negocial, una vez destruida por cualquier medio de prueba la presunción que el artículo 1277 establece; y en sentencia de 21 de julio de 1994, señaló, la doctrina científica y la jurisprudencia ha venido atribuyendo al citado artículo 1277 el valor de una regla de carácter procesal, que supone la inversión de la carga de la prueba en beneficio del acreedor, a quien se la exime, en principio, de probar la causa que subyace en el reconocimiento de deuda, sin perjuicio de que el deudor pueda demostrar que la misma no existe o es ilícita, acreditado el verdadero origen de la obligación. Bajo otro punto de vista, también se ha entendido que el precepto legal contiene más bien la formulación de una presunción “iuris tantum”, que ampara su existencia, al suponer la ley que realmente existe y es lícita, relevando al acreedor de especificar su verdadero contenido. De cualquier forma que, doctrinalmente, se entienda el sentido del citado artículo 1277, lo incuestionable es que la ley desplaza de la causa al deudor, en contra de lo que sucede con los demás requisitos esenciales del contrato, cuya carga probatoria corresponde a quien reclama su cumplimiento (SS 1 de mayo de 1952; 25 de septiembre de 1983 y 17 de mayo de 1986)”. 4.- Es doctrina jurisprudencial plenamente consolidada que la carga de la prueba tan sólo es de aplicación cuando, ante la falta de prueba de un hecho fundamental o relevante para la decisión judicial, sigue siendo éste incierto o dudoso para el tribunal y debe en sentencia resolver para quién han de producirse las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria, por lo que la «regla de juicio», recogida en su día en el artículo 1214 del Código Civil y hoy en el artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede estimarse vulnerada, ni su infracción denunciarse en casación, cuando los juzgadores de instancia obtienen su convicción decisoria de cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia del litigante que las haya suministrado, pues, a virtud del principio de «adquisición procesal», los resultados de las pruebas se logran para el proceso y se producen en beneficio indistinto de ambas partes y no sólo de la que las aporta a él. La infracción de la regla de juicio es apreciable cuando, ante la total carencia de prueba sobre un hecho relevante para la resolución judicial, el tribunal desatendiendo o invirtiendo las reglas distributivas del onus probandi, hace recaer los efectos desfavorables de su ausencia o insuficiencia al litigante a quien no incumbía la carga de su probanza; pero no lo es, frente una apreciación en conjunto de la prueba practicada. En concreto, la sentencia de 12 junio 2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes términos: “1.- Para que se produzca la infracción del artículo 1214 (precedente del actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material.2.- No cabe aducir infracción de la carga de la prueba -artículo 1214 del Código Civil - para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad - incoherencia- pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.- El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007 “. 5.- Conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la circunstancia de que la parte demandada no se hubiese personado en plazo para contestar a la demanda, y que, por ello, hubiera sido declarada en situación de rebeldía procesal, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos. Baste reiterar aquí los términos de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 2004, conforme a la cual “la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -arts.281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 y 29 de marzo de 1980 ( RJ 1980, 1143), tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el onus probandi, no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda -sentencia de 4 de mayo de 1909-”. Esta regla procesal ha sido recogida de forma positiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario”. 6.- Sin embargo, no se puede ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el demandante, pues lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2007 establece que la falta de oportuna contestación a la demanda, sin que exista excusa legal para ello, determina la imposibilidad por parte del demandado de oponer hechos impeditivos, extintivos o excluyentes frente a la pretensión actora, con las consiguientes consecuencias sobre la limitación de los medios probatorios, que tiendan a justificar extremos de una oposición que la preclusión procesal impide formular, pues la rebeldía voluntaria no se compagina con la exigencia de agotar toda la diligencia necesaria para evitar la indefensión.7- La jurisprudencia no excluye el valor probatorio del documento no reconocido, pues el art.1225 del Código Civil, no impide su relevancia aún no adverado, ya que su autenticidad, en suma, podrá quedar acreditada por medios distintos del reconocimiento. Es reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la falta de reconocimiento o adveración de un documento privado no le priva en absoluto de valor, y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate.8.- Al respecto, es criterio común en la doctrina que las especiales características del tráfico mercantil -rapidez y masificación-, comportan que en la contratación mercantil, sobre todo en la compraventa y el suministro, haya de prevalecer el antiformalismo y la buena fe en su génesis a tenor de lo dispuesto en los arts.51 y 57 del Código Comercio. En estos casos, es habitual que las partes no firmen ningún documento en el que se plasme la celebración del negocio jurídico, de forma que tras la entrega de la cosa vendida, que podrá o no encontrar reflejo plasmado en un albarán, el vendedor procede a emitir una factura por duplicado o triplicado, entregando una copia al comprador, pagando el comprador su importe, bien en el mismo acto, bien en un momento posterior. Es por ello, por lo que a la hora de dilucidar los posibles conflictos entre las partes habrá de tenerse en cuenta el sistema de contratación que han llevado en ocasiones anteriores ante la falta de elementos acreditativos de la realidad contractual y de su contenido procurando descartar interpretaciones rígidas, propias de los sistemas de prueba tasada, para atender a criterios de flexibilidad y disponibilidad probatoria sin que ello de otra parte conculque los principios de distribución de la carga de la prueba. En consecuencia y en principio, han de servir como prueba “prima facie” de la venta cuyo precio se reclame, las facturas que el vendedor emite cuando el cliente efectúa el pedido, salvo que se demuestre la irrealidad de dicho suministro. Es cierto que la factura es un documento privado, emitido por una sola de las partes y, por lo tanto en principio carente de eficacia probatoria, ahora bien, no puede olvidarse que el Tribunal Supremo, como ya se ha dicho, de forma reiterada ha venido sosteniendo que el artículo 1.225 del Código Civil no impide otorgar la debida relevancia a un documento privado impugnado, aunque no haya sido adverado, conjugando su contenido con los demás elementos probatorios obrante en autos y lo mismo se puede decir de los albaranes impugnados o no reconocidos de contrario, máxime teniendo en cuenta los principios de buena fe y seguridad en el tráfico mercantil a los que hicimos referencia, en el que es normal que los albaranes o notas de entrega se firmen por empleados o dependientes del receptor, e incluso que, en ocasiones, por la celeridad de las relaciones mercantiles, no se firmen, lo que supondría que la simple negación de la firma o el no poder localizar al empleado que lo ha firmado sería suficiente para evitar el reconocimiento de que el suministro se ha recibido o el servicio ha sido prestado y, por tanto, para evitar el pago. En definitiva, nada impide que un documento privado sea adverado por otros medios probatorios que permiten su valoración en concordancia con el resto de la prueba y asimismo puede tener significación para formar la convicción sobre la materia necesaria de prueba, a modo de fuente de datos indiciarios de complemento o refuerzo, valorados conforme a la sana crítica y el comportamiento procesal de la parte (artículo 326 LEC). 9.- Así, en el caso que nos ocupa, la parte demandante, en apoyo de su pretensión, tiene en su poder factura (documento nº 2) en cuya confección nada inusual se ha percibido. También aporta albaranes de entrega (documento nº 3). Frente a ello, ninguna prueba ha realizado la parte demandada para justificar la irregularidad o falsedad de tales documentos, y comprobar el posible autor de los mismos, sin efectuar iniciativa alguna al respecto en la presente litis. En consecuencia, cabe entender demostrado que se han entregado las mercancías y el comprador no ha abonado el precio reclamado. Por tanto, el suministrador cumplió con las obligaciones que para el mismo dimanaban del contrato suscrito, poniendo a disposición del comprador el material que éste había adquirido. Sin embargo, la demandada no ha acreditado el abono de la cantidad reclamada. SEGUNDO.- Vista la petición de intereses realizada, conforme a lo prevenido en el 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse a la parte demandada al pago del interés anual igual al del interés legal de la suma estimada incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. TERCERo.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deberán ser abonadas por la parte demandada, al haberse producido la íntegra estimación de la demanda. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación FALLO Estimo la demanda formulada por la entidad mercantil DISTRIBUIDORA DE CARNES DE GALICIA, SL contra la entidad HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGÓN, SL, y, en consecuencia, condeno a esta última a que abone a dicha actora la suma total de 611,77 euros y al pago del interés anual de dicha suma igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. Procede la condena en costas a la parte demandada. Inclúyase la presente en el libro de sentencias. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme, y contra ella no cabe ningún recurso. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. EL MAGISTRADO-JUEZ Y como consecuencia del ignorado paradero de HABITALIA VIVIENDAS MODULARES DE HORMIGÓN, S. L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. En A CORUÑA, a veintiuno de Octubre de dos mil quince. FIRMADO: DOÑA MARIA DALIA BICARREGUI CANDORCIO LA SECRETARIA JUDICAL