23/10/2015 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 3 Cádiz
Procedimiento: despidos/ceses en general 582/2014

Procedimiento: despidos/ceses en general 582/2014. Negociado: N. I. G.: 1101244S20140001753 De: D./D.ª KEITH JAMES AINES EL BAGHDADI KALALI Abogado: Contra: D./D.ª AUREN CONCURSAL SLP, NAVANTIA, S. A. y ATEIN NAVAL, S. A. Abogado: EDICTO D./D.ª MARIA BOAS CAÑAMERAS, EZEQUIEL NICOLAS ROCIO ANTONIA VILAS/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ. HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 582/2014 a instancia de la parte actora D./D.ª BENITO GARCIA LOPEZ contra AUREN CONCURSAL SLP, NAVANTIA, S. A. y ATEIN NAVAL, S. A., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado RESOLUCION de fecha 30.06.2015 del tenor literal siguiente: “FALLO Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por YOLANDA CRISTINA STEPHEN JOSEPH CONSTANTA BARRIENTO, se hacen los siguientes pronunciamientos: 1.–Se condena a ATEIN NAVAL, S. A. a que abone a Benito la cantidad salarial de: 269,40 + 39,45 + 54,75 + 51 + 93,52 + (6.557,19 - (4 X 109,59) euros; en relación a este importe salarial, NAVANTIA, S. A. responderá solidariamente junto con Atein hasta la cantidad de 159,24 + 642,01 + 583,89 + 431,13 + 117,37 euros; estas cantidades devengarán el interés del 10% anual; 2.–Se condena a ATEIN NAVAL, S. A. a que abone a Benito la cantidad extrasalarial de: 30,60 + (4 X 109,59) euros, cantidad que devengará el interés legal del dinero. Los anteriores tipos de interés se aplicarán desde el intento de conciliación judicial de 20-8-14, sin que puedan ser inferiores al legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia. Se impone a ATEIN NAVAL, S. A. una sanción pecuniaria por importe de 180 euros, así como las costas causadas a la parte demandante. Se dejan IMPREJUZGADAS las acciones de RESOLUCION CONTRACTUAL (DESISTIDA) y la de RECLAMACIÓN DE CANTIDADES devengadas con posterioridad a julio de 2014. La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN. Dicho recurso deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Todo el que anuncie recurso de suplicación, consignará como depósito trescientos euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere dictado la resolución recurrida, estando exento de ello el que tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, Administraciones Públicas, entidades de derecho público, órganos constitucionales, sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. Además, cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el recurso de suplicación haber consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación, hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio del recurso. Además, al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible consistente en la interposición de recurso de suplicación habrá de acompañar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial y que con un mínimo de 500 euros se incrementará con las siguientes cantidades: a) cuando se trate de persona jurídica: el 0,5% de la cuantía del recurso si esta no excede de 1.000.000 euros o del 0,25% si excede de dicha cantidad, sin que el máximo de esta última cantidad variable pueda superar los 10.000 euros; b) cuando se trate de persona física: el 0,10% de la cuantía del recurso, sin que el máximo de esta última cantidad variable pueda superar los 2.000 euros; todo ello con las siguientes excepciones: – Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora; el Ministerio Fiscal; la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. – Los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación. Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.” Y para que sirva de notificación al demandado ATEIN NAVAL, S. A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. En CADIZ, a dos de octubre de dos mil quince. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.