22/12/2015 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
Notificar a Miguel Anxo Cotelo Pose la Sentencia de fecha 30 de junio de 2015 juicio verbal 263/2015

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.11 DE A CORUÑA - C/ CAPITÁN JUAN VARELA, S/N, EDF. ANEXO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A CORUÑA Teléfono: 981-18-25-98/97 Fax: 981-18-25-99 76000J N. I. G.: 15030 42 1 2015 0003847 JVB JUICIO VERBAL 0000263 /2015 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. AXA SEGUROS GENERALES, S. A. Procurador/a Sr/a. LOUISE ANN PASTUKH LLITERAS Abogado/a Sr/a. ACISCLO RUKHSAR SABIRON DEMANDADO D/ña. MIGUEL ANXO COTELO POSE Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: SENTENCIA: 00105/2015 - C/ CAPITÁN JUAN VARELA, S/N, EDF. ANEXO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A CORUÑA Teléfono: 981-18-25-98/97 Fax: 981-18-25-99 N04390 N. I. G.: 15030 42 1 2015 0003847 JVB JUICIO VERBAL 0000263 /2015 Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE D/ña. AXA SEGUROS GENERALES, S. A. Procurador/a Sr/a. LOUISE ANN PASTUKH LLITERAS Abogado/a Sr/a. ACISCLO RUKHSAR SABIRON DEMANDADO D/ña. ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. SENTENCIA En A Coruña, a treinta de Junio de dos mil quince. Vistos por mí, César González Castro, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado con el número 263/2015, en los que han sido partes: Demandante/s: La entidad mercantil AXA, SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF A-60917978, representado por la procuradora de los tribunales D. ª Marta Díaz Amor y defendida por el letrado D. Joan Salvador Munawar Baudor. Demandando/s: D. ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS, con DNI XXXXXXXXX, en situación de rebeldía. Objeto: reclamación de cantidad. Se procede, en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución. Antecedentes de hecho PRIMERO.- La parte demandante presentó escrito de demanda que se repartió a este juzgado, en la que, después de relatar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitó que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que se condene al demandado a abonar a la actora la suma de 1189,23 euros, más los intereses legales, así como al pago de las costas devengadas en el presente procedimiento. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a la celebración del correspondiente juicio verbal, al que compareció la parte actora, no compareciendo el demandado, siendo declarado en rebeldía. TERCERO.- Abierto el acto del juicio, se ratificó la actora en su escrito inicial. cuarto.- Que solicitado por la actora el recibimiento del pleito a prueba, se acordó la apertura del correspondiente periodo probatorio, practicándose aquellas pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia. quinto.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado todas las prescripciones legales, salvo con excepción de los previstos para el señalamiento de vistas y plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que penden sobre este juzgado. Fundamentos jurídicos Primero.- Estimo la demanda formulada por la procuradora de los tribunales D. ª Christian John Diviu Hanoun, en nombre y representación de la entidad mercantil AXA, SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra D. ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS, y, en consecuencia, condeno a este último a que abone, como principal, a dicha actora la suma total de 1189,23 euros. Los motivos son los siguientes: 1.- La aplicación de los arts.1.902 y 1.903 del Código Civil precisa para la prosperabilidad de las demandas en que se exige responsabilidad por culpa extracontractual la concurrencia de tres requisitos: a) una acción u omisión voluntaria no maliciosa pero culposa o negligente; b) producción, como consecuencia lógica de aquella actuación u omisión del agente, de un resultado dañoso, susceptible de ser resarcido; c) nexo causal entre la actuación u omisión y el resultado dañoso, de modo que la conducta desplegada por el agente sea la adecuada para producir el resultado, relación de causalidad que quiebra y da lugar a su no responsabilidad si el daño es debido a culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, siempre y cuando éste último actúe libremente, no condicionado por el agente, fuerza mayor o caso fortuito. En su origen, conforme a la tradición histórica y a la regulación legal, la exigencia de responsabilidad extracontractual tenía un marcado carácter subjetivista al exigir la culpabilidad del agente causante del daño pero la realidad social, condicionante de las normas que rigen un Estado y criterio interpretador para la integración del Derecho en la realidad espacial y temporal, ha determinado que los tribunales, en uso de la función de complementación del ordenamiento jurídico que le atribuye el art.1.6 del Código Civil haya establecido, con superación del concepto subjetivista originario soluciones cuasi objetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico y por el principio de poner a cargo de quienes obtienen el provecho o beneficio la indemnización del quebranto sufrido por el tercero y así, reiterada doctrina del Tribunal Supremo establece que cuando en el ejercicio de una actividad objetivamente peligrosa, generada de riesgos, se produce un resultado dañoso, es a quienes se beneficien de ella a los que por inversión de la carga de la prueba corresponde acreditar que el evento lesivo ocurrió sin culpa suya si quieren exonerarse de responsabilidad, esto es, que observaron toda la diligencia posible y socialmente adecuada para evitar el resultado dañoso, diligencia que no sólo habrá de corresponderse con las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art.1.104 del Código Civil) sino también con la naturaleza de la obligación a cumplir, con el sector del tráfico o de la vida social en que la conducta se proyecta, acreditando haber obrado con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria para evitar el perjuicio de bienes ajenos y, en aquellos casos en los que, aun cumpliendo los requisitos reglamentarios, la prueba practicada pone de relieve la existencia de descuidos, negligencias o abandonos en el curso de la actividad, deber o servicio en cuyo desarrollo se produce el evento dañoso indemnizable, la persona física o social correspondiente deberá responder de ellos al amparo del art.1.902 o 1.903 del Código Civil, entendiéndose así que no hay exoneración de responsabilidad cuando las medidas para evitar los daños previsibles y evitables no han ofrecido resultado positivo, lo que revela la insuficiencia de las mismas.2.- Conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la circunstancia de que la parte demandada no se hubiese personado en plazo para contestar a la demanda, y que, por ello, hubiera sido declarada en situación de rebeldía procesal, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos. Baste reiterar aquí los términos de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 2004, conforme a la cual “la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -arts.281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 y 29 de marzo de 1980 ( RJ 1980, 1143), tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el onus probandi, no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda -sentencia de 4 de mayo de 1909-”. Esta regla procesal ha sido recogida de forma positiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario”. 3.- Sin embargo, no se puede ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el demandante, pues lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2007 establece que la falta de oportuna contestación a la demanda, sin que exista excusa legal para ello, determina la imposibilidad por parte del demandado de oponer hechos impeditivos, extintivos o excluyentes frente a la pretensión actora, con las consiguientes consecuencias sobre la limitación de los medios probatorios, que tiendan a justificar extremos de una oposición que la preclusión procesal impide formular, pues la rebeldía voluntaria no se compagina con la exigencia de agotar toda la diligencia necesaria para evitar la indefensión.4.- Señala el artículo 43 de la ley de Contrato de Seguro: “El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés.” 5.- En el presente caso, conforme a la documental aportada con la demanda y la pericial practicada en el acto del juicio, han sido acreditados los hechos primero a cuarto de la demanda. En consecuencia, siendo responsable D. ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS de los daños descritos por no cerrar bien un codo durante una reforma de la instalación de fontanería en un piso superior, debe indemnizar a la aseguradora que indemnizó al propietario de dicho piso, en la suma reclamada, 1.118,23 euros. SEGUNDO.- Vista la reclamación de intereses realizada por la parte demandante y de conformidad con los artículos 1101 y 1108 del Código Civil, procede condenar a la demanda a que abone los intereses legales de la suma 1.118,23 euros desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha de sentencia, y desde esta, de conformidad con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al pago del interés anual de dicha suma igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos hasta su completo pago. TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deberán ser abonadas por la parte demandada, al haberse producido la íntegra estimación de la demanda. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación FALLO Estimo la demanda formulada por la procuradora de los tribunales D. ª Christian John Diviu Hanoun, en nombre y representación de la entidad mercantil AXA, SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra D. ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS, y, en consecuencia, condeno a este último a que abone, como principal, a dicha actora la suma total de 1189,23 euros y los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la presentación de la demanda rectora de los presentes autos hasta la fecha de sentencia, y desde esta, de conformidad con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al pago del interés anual de dicha suma igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos hasta su completo pago. Procede la condena en costas a la parte demandada. Inclúyase la presente en el libro de sentencias. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y es firme. Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo. Y como consecuencia del ignorado paradero de ALEJANDRO MAXIMILIAN BOZOMALA FONTANILLS, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. En A CORUÑA, a veinte de Octubre de dos mil quince. FIRMADO: CARMEN LOPEZ CARBALLO LA SECRETARIA JUDICAL