25/04/2014 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Juicio verbal 786/2013-MJ

JUICIO VERBAL 0000786 /2013-MJ. Procedimiento origen: / Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD DEMANDANTE, DEMANDANTE D/ña. HARAK TEIGEIRO, CRISTINA INES MALKEET EL Procurador/a Sr/a. JUAN PEDRO CIARSOLO MIZHQUERO, CARMELO JUAN DE PINNICK ZALBA Abogado/a Sr/a. TECKCHANDANI CUBIAN, WENDY JANE DEMANDADO D/ña. GRZEGORZ JAN SOFRONEA KOBER Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. Dª. CARMEN CALVO ALONSO, Secretaria Judicial, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.9 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento seguido a instancia de HARAK TEIGEIRO, CRISTINA INES MALKEET EL frente a GRZEGORZ JAN SOFRONEA KOBER se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: S E N T E N C I A PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL N° 786/13 En A Coruña, a 11 de febrero de 2014. Vistos por el Ilmo. Sr. D°. Ramón Méndez Tojo, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de los de A Coruña y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio verbal n° 786/13 sobre reclamación de cantidad, promovido a instancia de Dª. MARIA AGRIPINA LARRASOAIN ORTIZ DE URBINA y D.ª MERCEDES LÓPEZ JOGLAR, representadas por el Procurador D°. Juan Pedro Perreau de Pinninck y Zalba y asistidas por el Letrado Dennis Michael Kathleen Marie Pobre Soms, figurando como demandada D. CARMEN GONZÁLEZ MÍGUEZ, en situación de rebeldía procesal, se ha dictado en nombre de S. M. el Rey la siguiente ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 1 de octubre de 2013, por el Procurador Yesica Carmen Lopez Quesada Alvarez Hevia y Zalba, actuando en nombre y representación de D. HILDA LÓPEZ JOGLAR y D. DAVID IGNACIO ORGAMBIDEZ LANGAS, se presentó demanda de juicio verbal contra David Angel Willett Gonzalez Vallinas, que fue turnada a este juzgado, en la que alegaba cuantos hechos estimaba pertinentes a sus intereses y los fundamentos de derecho que en aras a la brevedad se dan por reproducidos, para terminar por suplicar se dictase sentencia por la que, estimando la demanda, se condenara a la demandada a abonar a las demandantes la cantidad de 2.939,50 euros, en concepto de rentas y cantidades debidas a fecha de la demanda; las renta periódicas dimanantes del contrato a que se refería la demanda, que se devengaran con posterioridad y los intereses de demora fijados en la estipulación sexta del contrato, con imposición de costas. SEGUNDO.- En fecha 16 de octubre de 2013 se dictó Decreto por el que se admitía a trámite la demanda y se señalaba para la celebración del juicio verbal el día 11 de febrero de 2014, a las 11,30 horas. En la fecha señalada compareció la parte actora debidamente representada por su Procurador y asistida de su Letrado, no compareciendo la demandada, a pesar de estar legalmente citada, declarándose su rebeldía procesal. En dicho acto la parte demandante se ratificó en su demanda, ampliando la misma a las cantidades devengadas hasta el presente mes (5.459,76 euros en total) proponiendo como prueba documental e interrogatorio de la demandada, dándose por finalizado el juicio y quedando los Autos vistos para Sentencia. TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación, incluido el plazo para dictar la presente resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción en reclamación de la rentas devengadas derivadas del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, referido a la vivienda ubicada en la Avenida Alfonso Molina, 2, 6° izda., de A Coruña, aportando el contrato de arrendamiento, antes mencionado, donde figura una renta inicial de 600 euros mensuales. Por otra parte hay que mencionar que aunque la demandada no compareció, deben determinarse las consecuencias de esta incomparecencia y la declaración de rebeldía procesal. Pues bien, la rebeldía consiste tan sólo en la incomparecencia del demandado en forma en la fecha o plazo señalado en la citación o emplazamiento, o la falta de contestación a la demanda, tal y como resulta de lo dispuesto en el art.496.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso y de acuerdo con el apartado segundo del propio art.496 de la LEC “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario”. En este sentido, el Tribunal Supremo tiene declarado que la rebeldía no implica allanamiento ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, pudiendo el rebelde después de comparecido, si el estado del proceso lo permite, probar la inexactitud de las alegaciones adversas. Así, se considera que los Tribunales deben resolver en derecho según el resultado de los autos, subsistiendo en el demandante la obligación de probar lo que le incumbe, sin que el silencio del rebelde implique confesión de los hechos contenidos en la demanda. Por ello y en atención a lo dispuesto en el art.217.2 de la LEC, podemos señalar que “corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. En este caso se reclaman las cantidades debidas, en concepto de renta, desde enero de 2011 hasta el presente mes, y la documental unida a la demanda acredita los hechos relatados en la misma, al no haber sido impugnada, y habiendo aportado la actora el contrato de arrendamiento, no constando el pago de la renta del periodo reclamado y constando la comunicación a la demandada de las actualizaciones de la renta, que se ajustan a lo pactado en el contrato, siendo el cálculo de dichas rentas correcto, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 y 326 de la LEC, y los artículos 17, 20 y 27.1 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, estimar la pretensión de la parte actora, al no constar en forma prueba alguna de la parte demandada sobre el pago o cualquier otro hecho impeditivo o extintivo de los constitutivos de la pretensión deducida en demanda, así como condenar a dicha demandada al pago de los intereses especificados en el contrato de arrendamiento, en su cláusula sexta. SEGUNDO.- En relación con la petición de condena a las cantidades en concepto de renta que se devenguen con posterioridad a la fecha de la vista procede su desestimación, atendida la clara, inequívoca y terminante dicción del art.220 LEC, precepto que únicamente permite acumular esta petición no a cualquier pretensión de condena pecuniaria, sino única y exclusivamente en los casos en que esta pretensión se formule en régimen de acumulación simple con la de condena no pecuniaria a la recuperación de la posesión cedida en arrendamiento (desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo). La exigencia procesal de que las cantidades que se reclamen se afirmen adeudadas efectivamente en el momento en que se formule la reclamación, o en el momento de celebración de la vista, conduce derechamente a desestimar las pretensiones relacionadas con la satisfacción de adeudos potenciales -y, la mayor parte de las ocasiones altamente probables- que aún no se han patentizado, sin perjuicio, claro, del derecho que asiste a la parte -siempre que no haya renunciado a dicho derecho o sea objeto de cosa juzgada- a reclamar posteriormente estas sumas si, finalmente, llegan a materializarse. En este sentido, y con carácter general, puede señalarse, primero, que no cabe la reclamación judicial de deudas o perjuicios de posible, aunque no seguro, acaecimiento, resultando, consecuentemente, contraria a derecho toda condena de futuro dictada en previsión de un daño que no se sabe si llegará o no a producirse, y en segundo lugar, que los daños y deudas que se reclamen deben ser tales en el momento de interponer la demanda, o, en su caso, de celebración de la vista, sin que resulte aceptable, con carácter general, y so pena de dar lugar a indefensión, plantear la reclamación de cantidades distintas y adicionales a los que ya vencidas objeto de demanda y contestación que conformaron, en consecuencia, el objeto de la controversia judicial. En consecuencia, se estima parcialmente la demanda. TERCERO.- En cuanto a las costas, dada la estimación parcial de la demanda y de conformidad con el art.394 LEC, no se imponen a ninguna de las partes. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª. MARIA AGRIPINA LARRASOAIN ORTIZ DE URBINA y Dª. DAVID IGNACIO ORGAMBIDEZ LANGAS, representadas por el Florin Calin Benjana Albisua y Zalba contra Dª. CARMEN GONZÁLEZ MÍGUEZ, sobre reclamación de cantidad, se condena a la demandada a abonar a las demandantes la cantidad de 5.459,76 euros, en concepto de rentas y cantidades debidas y los intereses de demora fijados en la estipulación sexta del contrato, sin efectuar expresa imposición de costas a ninguna de las partes. Notifíquese la presente resolución a las partes. MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo. Y encontrándose dicho demandado, GRZEGORZ JAN SOFRONEA KOBER, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a cuatro de Abril de dos mil catorce. LA SECRETARIA JUDICIAL