26/05/2014 | Administración LocalMunicipal
A Coruña
Servizo de Persoal
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Teniente de Alcalde Delegada de Personal, por la que se desestima la denuncia de D. Enrique Rivadulla Patricio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, se notifica la resolución de la Teniente de Alcalde delegada de personal ya que, intentada cuatro veces la notificación en el domicilio facilitado por el interesado, ésta no pudo realizarse La Silvia Virginia Salud Maria Urries La Porta, por delegación de la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de abril de 2014, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: - Vista la propuesta del Biel Chima Safi, que dice: Don Antonio Felipe Bugia Saci, mediante escrito de 23 de enero de 2014, presenta denuncia contra la Jefa del Departamento de Licencias, doña Adelina Elena Taubmann Escacho, por quebranto de los deberes de los empleados públicos derivado de su actuación por presunta negligencia indisculpable. El interesado fundamenta su denuncia en la intervención de la denunciada en dos expedientes de licencias urbanísticas (621/2349/20 (sic, aunque parece que es de 2013) y 621/2553/2013, procediendo a emitir un informe-propuesta sin argumentación legal. Añade, además, que dicho informe es parcial y que ha vulnerado los principios de objetividad, neutralidad, responsabilidad e imparcialidad; y que también se han ignorado otras normas aplicables al caso. La denuncia presentada se fundamenta en los hechos siguientes: El Hecho I formulado en la demanda se fundamenta en que la demandada «…ha procedido a emitir un informe-propuesta conjuntamente sobre ambos expedientes en fecha 19 de diciembre de 2013 y que se elevó al Director de Urbanismo de manera torticera e interesada… ayuno de argumentación legal alguna.» La falta de argumentación legal es una cosa, pero la elevación del informe-propuesta de forma torticera e interesada es un mero juicio de valor, pues el denunciante no dice en ningún momento en qué consiste la injusticia o el interés de la denunciada en la adopción de dicho informe. En cuanto a la falta de argumentación legal, esto se verá más adelante. Señala el denunciante en el Hecho II de la demanda que «dicho informe-propuesta ha sido emitido indudablemente haciendo caso omiso de todas las normas legales aplicables al caso, con evidentes matices de parcialidad y en perjuicio indudable, tanto del denunciante como del propio Municipio y que, dada su condición de funcionaria… está en la inexcusable obligación de conocer y aplicar, sin excusa ni pretexto alguno, el ordenamiento jurídico que regula expresamente la materia sobre la cual se ha pronunciado, por lo cual ha vulnerado a sabiendas los principios de objetividad, neutralidad, responsabilidad e imparcialidad, así como los propios intereses del Municipio.» Conviene desglosar el contenido de este hecho, pues aborda cuestiones dispares: Por un lado, la suspensión de la obras de mantenimiento del ascensor se produjo en aplicación del artículo 209.1 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, aplicable a las obras sin licencia o sin comunicación previa en curso de ejecución, pues así consta en el informe del J. de Sec. de Licencias, a raíz del informe del técnico de urbanismo y edificación, según el cual «las obras ejecutadas superan el alcance de las solicitadas de actuaciones no sujetas a licencia…». Por otro lado, la reanudación de las obras otorgada por la J. de Dpto. de Licencias se produce como consecuencia de un informe favorable por parte de otra técnica de urbanismo y edificación, que señala que «…se ha podido comprobar que las obras se ajustan a la comunicación de actuación no sujeta a licencia presentada en el registro general de entrada.», comunicación presentada el 18 de diciembre de 2013 por la empresa Shindler S. A. encargada de la ejecución de las obras. Parece evidente que el precepto legal al que se refiere el levantamiento de la suspensión no puede ser otro que el mismo artículo 209.1 de la Ley 9/2002, mencionado en la resolución de suspensión de las obras. La diferencia de criterio de los respectivos técnicos de urbanismo y edificación es la que origina las dos resoluciones de diferente alcance pues, en este caso concreto, los técnicos jurídicos emiten sus informes vinculados por los técnicos de urbanismo y edificación. Si bien es cierto que no se menciona expresamente en el informe el artículo mencionado en el párrafo anterior, sí se menciona tácitamente cuando señala que «La técnico municipal inspeccionó las obras el 19 de diciembre para comprobar que las mismas se ajustan a lo comunicado, y evacua informe favorable en tal sentido. Por lo tanto, procede dictar una resolución por la que se levante la suspensión de los efectos de la comunicación previa acordada por Resolución de 10 de diciembre de 2013 y se autorice la reanudación de las obras». Si el artículo 209.1 es aplicable a las obras sin licencia o sin comunicación previa en curso de ejecución, que era la situación jurídica existente desde la Resolución de 10 de diciembre de 2013, y ahora se dice que “se ajustan a lo comunicado”, quiere decir que se ha superado el obstáculo que motivó la aplicación de dicho artículo. Por si eso fuera poco, se menciona expresamente la suspensión previa acordada por resolución de 10 de diciembre de 2013, en donde sí figura el artículo que la fundamenta. No hay, por tanto, omisión de normativa aplicable porque ésta se deduce tácitamente del contenido de la segunda Resolución. Posiblemente la segunda Resolución hubiera sido más perfecta si contuviera una mención expresa, pero ello no implica que no haya mención alguna de normativa aplicable, puesto que el denunciante tiene toda la información en su poder al haber sido notificadas ambas resoluciones. En realidad no se explica el motivo de por qué se denuncia a la J. de Dpto. de Licencias, cuando la disparidad de criterio se produce entre los dos técnicos de urbanismo y edificación. No consta en el expediente en qué estado estaban las obras en la primera visita, pero sí en la segunda que dio lugar al levantamiento de la suspensión, pues hay fotografías. Antes que nada conviene hacer una delimitación conceptual de los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad, pues la responsabilidad administrativa, es decir, la reparación de daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la actividad administrativa es algo que se delimita a posteriori, lo cual sería objeto de un procedimiento disciplinario, objetivo del denunciante que todavía está por dilucidar. · La imparcialidad de la Administración en tanto en cuanto ésta ha de velar por la satisfacción de los intereses generales, no existe propiamente como tal, identificándose con la objetividad y protegiendo la buena apariencia de la Administración. O sea, hay que ver el siguiente principio. · La objetividad es el modo característico de la interpretación y aplicación de la Ley por parte de la Administración, que opera imponiendo al funcionario el deber de realizar dicha labor hermenéutica y aplicativa adecuándose a la voluntad normativa y prescindiendo de cualquier tipo de fin o interés subjetivo. No se aportan pruebas del posible interés personal o subjetivo de la denunciada en el informe emitido ni en la resolución adoptada. · La neutralidad es la prohibición del carácter político de la Administración, que opera imponiendo al funcionario el deber de colaboración con cualquier Gobierno, con independencia de la opción política de éste. No se aportan pruebas de que el informe presentado esté dirigido o sugerido por algún miembro de la Corporación o inspirado en una ideología política concreta. Se cita la vulneración de todos los principios que deben regir la actuación de los funcionarios públicos, pero no se acredita en qué consiste esa vulneración, salvo lo ya tratado en el apartado 2.1. sobre la omisión de la normativa aplicable. La acusación se hace sin aportar ningún tipo de prueba o indicio que permita colegir que la denunciada pudiera haber cometido algún tipo de infracción administrativa. Señala el escrito en el Hecho III que «La denunciada… ha arrinconado intencionadamente con pleno conocimiento de causa lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Municipal [PGOM], lo que clara e irrefutablemente le señala en su artículo 1.1.4, apartado 3: 3.- En ningún caso podrá entenderse que la eventual ausencia de una norma determinada implique la inaplicación de ésta. La legislación urbanística y sectorial ha de aplicarse conforme a derecho, con independencia de su cita expresa en estas normas de planeamiento. Sin carácter exhaustivo, se relacionan a continuación las referencias legislativas que se contienen en estas normas:…». De acuerdo con la trascripción del apartado 3 del artículo 1.1.4. del PGOM, resulta que significa todo lo contrario de lo que afirma el demandante de manera contundente, pues se señala claramente que la eventual ausencia de una norma determinada (la eventual omisión de normativa aplicable vista en el apartado 2.1.), en ningún caso podrá entenderse que implica la inaplicación de ésta, es decir, que no implica que no se esté aplicando norma alguna pues, como ya se explicó en dicho apartado 2.1., la única norma de todo el ordenamiento jurídico a que puede referirse la resolución de levantamiento de la suspensión de las obras es el mismo artículo 209.1 que dio lugar a su paralización. El apartado 3 del artículo 1.1.4. del PGOM hay que interpretarlo conjuntamente con el apartado 1 del mismo artículo dedicado a la legislación y regulaciones de naturaleza urbanística y sectorial. Así, el apartado 1 del artículo 1.1.4 dice: 1.- El PGOM, como norma de carácter general, ha de ser aplicado en concurrencia con la legislación urbanística y sectorial vigentes en cada momento, de acuerdo con los principios de jerarquía y especialidad normativas. Si no se tiene en cuenta ese primer apartado, el apartado 3 queda fuera de contexto y podría dar pié para que se interpretase con carácter absoluto. Sin embargo, a la vista del apartado primero resulta que la eventual ausencia de una norma determinada a la hora de aplicar el PGOM, “en ningún caso implica la inaplicación de ésta”, dando por hecho que siempre hay norma aplicable, en contra de la afirmación del denunciante en el Hecho II sobre omisión de normativa aplicable. En el Hecho IV se denuncia que «La aquí denunciada subestima, y lo soslaya osadamente, el informe obrante en las actuaciones del Jefe de la Sección de Licencias y se olvida conscientemente de la existencia, entre múltiples normas legales, de la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles del Ayuntamiento de La Coruña; del Reglamento de aparatos Elevadores y Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985; de la Instrucción Técnica complementaria AEM-1 de dicho Reglamento y aprobada por el Real Decreto 88/2013; de que las obras superan ampliamente a unas simples sustituciones en el ascensor que no tienen el amparo de la Ley 8/1997, de 20 de agosto de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia; de que el nuevo ascensor que se pretende instalar en el edificio litigioso, bajo el subterfugio de mantenimiento no cumple con las características que exige la normativa legal; de que ha hecho caso negligente y descuidadamente de la existencia obrante en las actuaciones de dos informes técnicos contradictorios lo que, de conformidad con el precepto legal, le obliga a solicitar un tercer informe técnico dirimente, debidamente motivado y fundado, a otro perito que ostente grado superior de los actuantes, y cuya actuación es por la indicada funcionaria concientemente marginada y querida». No hay olvido ni soslayo puesto que la situación jurídica antes del informe de la denunciada era la de suspensión de las obras decretada a raíz del informe del Per Carbunaru Fernandez Amigo. Lo que sucede es que los realmente perjudicados por esa situación reaccionan ante esa paralización de las obras y presentan nueva documentación. Esas actuaciones obligan a que el Ayuntamiento se pronuncie de nuevo sobre la nueva situación, para lo cual se hace un nuevo informe técnico de urbanismo y edificación y un nuevo informe jurídico. El informe de la técnica de urbanismo y edificación efectuado el 19 de diciembre de 2013 es claro al respecto: «Girada visita de inspección con fecha 18/12/2013 (a la calle Alcalde Sanjurjo Carricarte, 9) se ha podido comprobar que las obras se ajustan a la comunicación de actuación no sujeta a licencia presentada en el registro general de entrada». Una vez subsanado el obstáculo que, de acuerdo con el artículo 209.1 de la Ley (9/2002, producía la suspensión de las obras, la denunciada no tiene otra opción que levantar aquella suspensión. Hacer lo contrario hubiera acarreado un claro perjuicio a la Comunidad de Propietarios lo cual, ahora sí, hubiera supuesto una actuación parcial por parte de la denunciada. En la extensa y prolija retahíla legislativa enumerada por el denunciante no se dice en ningún caso qué precepto o preceptos han sido vulnerados de cada una de ellas, ya por acción u omisión. No basta con enumerar aquellas normas que supuestamente se han infringido, sino que es necesario concretar los preceptos exactos que han sido vulnerados y de qué manera. Admitir lo contrario supondría que la denunciada estaría sujeta a la denominada “prueba diabólica”, es decir, que tendría que demostrar que no ha infringido ninguno de los artículos de todas las normas citadas, lo cual no es lógico ni tiene sentido e iría contra el principio de presunción de inocencia y del no menos conocido “incumbit probatio qui dicit, non qui negat” (la prueba incumbe a aquél que afirma, no al que niega). La petición de un tercer informe que dirima dos que son contradictorios solamente se aplica cuando los informes discrepantes versan sobre el mismo asunto y son aportados simultáneamente en el mismo trámite del procedimiento que se trate, ya sea administrativo o judicial. En este caso la discrepancia no es simultánea, sino sucesiva pues ambos informes técnicos son aportados en momentos procesales diferentes. La diferencia de criterio entre el primer técnico de urbanismo y edificación, que juzga que las obras ejecutadas superan el alcance de las solicitadas, y la segunda técnica, que dice que se ajustan a la comunicación de actuación no sujeta a licencia presentada en el registro general de entrada es una más de las tantas que suceden a la hora de evaluar cualquier situación desde el punto de vista que sea. Dentro del Hecho V se dice que: «Autorizó “per se” para en su caso burlar los efectos de una posible denegación del levantamiento de la suspensión una nueva posible denegación del levantamiento de la suspensión una nueva solicitud de “comunicación – actuación no sujeta a licencia”, y que ella se permite calificar, diera de sus competencias, como de “realización de pequeña obra de albañilería como consecuencia de la sustitución de puertas del ascensor actual por las nuevas”, con cuyo efugio se ha dado viabilidad a una obra no ajustada a su desarrollo reglamentario y, en consecuencia, se viene a privar de la recaudación de las correspondientes tasas a percibir por el Municipio por la ejecución de la obra, extremo que la denunciada deberá responder por los daños y perjuicios que por su actuación ha causado y que por ello, además, tendrá que explicar en debida forma esta irregularidad manifiesta.» La calificación que figura en el informe de la denunciada y que el denunciante le atribuye, no es de la propia denunciada, sino que es de la empresa que ejecuta las obras y presenta mediante escrito de 18/12/2013. Lo que sucede es que, como ya se ha dicho más arriba, la técnica jurídica (en este caso la denunciada) está vinculada por el informe que hace la técnica de urbanismo y edificación, que concluye que las obras solicitadas (realización de pequeña obra de albañilería como consecuencia de la sustitución de puertas del ascensor actual por las nuevas) «se ajustan a la comunicación de actuación no sujeta a licencia…». Por lo tanto, si las obras comunicadas eran de pequeña albañilería… y la técnica de urbanismo y edificación informa que se ajustan a la comunicación, no cabe otra solución jurídica que levantar la suspensión de unas obras que, inicialmente se habían calificado como no adecuadas pero que, vistas las alegaciones presentadas, resultó que sí lo eran. Se insiste en que la denunciada no califica por sí misma, sino que describe unas obras de acuerdo con unas alegaciones, obras que un informe técnico declara adecuadas, que es lo que se refleja en su informe y, consecuentemente, en la posterior resolución. En la solicitud final, el denunciante exige «la incoación del correspondiente expediente disciplinario contra la Jefa del Departamento de Licencias, Doña Adelina Elena Taubmann Escacho, nombrando Instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a cuerpo o escala superior al grupo de la denunciada y al propio tiempo decretar de manera inmediata como medida cautelar la suspensión provisional de empleo de la denunciada entretanto se sustancia el expediente disciplinario». La solicitud de incoación de expediente disciplinario se hace sin más prueba que el relato de los hechos desde un solo punto de vista, y el informe emitido por la denunciada que orientó la resolución de levantamiento de la suspensión de las obras. Si eso es todo lo que se puede aportar, la respuesta es que, una vez examinados los hechos resulta difícil iniciar un procedimiento disciplinario contra la denunciada por falta de indicios suficientes. Lo único que se puede apreciar es la indignación del denunciante con una medida adoptada que parece no ser del agrado del denunciante. La denuncia presentada ante este Ayuntamiento por don Antonio Felipe Bugia Saci, en relación con los hechos que relata no puede ser tenida en cuenta puesto que adolece de muchos de los requisitos necesarios para dar lugar a la incoación de un expediente disciplinario, especialmente a los medios encaminados a probar la existencia de indicios suficientes de la comisión de una infracción administrativa por parte de la denunciada. Examinada la documentación sobre el asunto planteado, todo lo más que se pone de manifiesto es una discrepancia de criterio entre dos técnicos jurídicos, condicionados respectivamente por los informes de sendos técnicos de urbanismo y edificación. Además de la falta de pruebas que permitan apreciar indicios de la comisión de una infracción, algo que se ha recalcado varias veces a lo largo de este informe, no parece justo que se incoe un expediente disciplinario a una empleada pública por el mero hecho de no estar de acuerdo con un informe que no es del agrado del denunciante. -- A la vista de lo expuesto, esta Tenencia de Alcaldía de Personal, en virtud de las facultades delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2011 (BOP nº 122, de 28 de junio), Primero y único.- Desestimar la petición de don Antonio Felipe Bugia Saci sobre la incoación de expediente disciplinario a la funcionaria doña María Hernández García, Jefa del Departamento de Licencias de este Ayuntamiento, por falta de pruebas que permitan apreciar indicios suficientes sobre la comisión de una infracción administrativa, y menos la de “quebrantamiento de los deberes de los empleados públicos por presunta negligencia indisculpable”, tal y como solicita el denunciante. A Coruña, 4 de abril de 2014 La Junta de Gobierno Local, P. D. La Tte. de Alcalde de Hacienda y Admón. Pública Fdo.: Rosa María Gallego Neira _________________________________ Contra la presente resolución puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (artículo 117.1 de la Ley 30/1992), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en ambos casos los plazos serán contados desde el día siguiente al de esta notificación. A Coruña, 15 de mayo de 2014 El Director de Área de Hacienda y Administración Pública Martín González Rodríguez