22/09/2014 | Administración de JusticiaOtros Tribunales y Juzgados
Mercantil 2 A Coruña
Procedimiento ordinario 0000177/2011

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000177/2011 Procedimiento origen: Sobre OTRAS MATERIAS DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE, DEMANDANTE D./ña. PANCHAME BUGEAC, MERCEDES ISABEL, RAIGADA CARBON, AMARFIL JARAICES IKEN, JUANA DOMINGA ANDRA MARIA, ROKDI TOROLLO, FRANCISCA CLARA, MIGUEL PICON COTOS, MARTINEZ ECHEVARRIA, JOSEP TOMAS CONDURAT, JOSE LUIS GARCIA MAHR SEVDALINOV, FRANCISCO ALFONSO VITALINO REY. Procurador/a Sr./a. IGUAZ WROBEL, ANA MARIELA NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, ANA MARIA TEJELO NUÑEZ. Abogado/a Sr./a. PEÑACORADA ZAITI, NICUSOR FLORIN, PEÑACORADA ZAITI, NICUSOR FLORIN, AKKI LONGDEN, SANTIAGO BENITO WILSON RODRIGO, JORGE FENANDEZ LOPEZ, JORGE FENANDEZ LOPEZ, JORGE FENANDEZ LOPEZ, PEÑACORADA ZAITI, NICUSOR FLORIN. DEMANDADO, DEMANDADO, DEMANDADO D./ña. FINANZAS PRIVADAS, SL, MANOBANDA SECLEN, YOLANDA ROSARIO PAULA TATIANA Procurador/a Sr./a. LIDIJA CODA LOI EDICTO D./Dña. ELENA MARIA VARELA LUACES, secretario/a judicial de XDO. DO MERCANTIL N.º 2 de A CORUÑA, Hace saber: SENTENCIA A Coruña, a dos de setiembre de dos mil catorce. Rafael García Pérez, juez sustituto del Juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario Número 177/2011, sobre responsabilidad de administradores sociales y solicitud de disolución de entidad mercantil promovidos por Alberto Alfonso Gramary Videa, Mateo Gabriel Khouja Acedos, Adriana Emilia Raimondi Tieb, Pedro Marcelino Veintemilla Adeba, Arturo Vicente La Rocca Plamadeala, Peter Klaus Marius Sorin Atou Iturregi, Charles Thomas Silvia Alexandra Obenza Moranta, Jose Nolberto Troyano Quingles, Deriman Mazaira Sellas, Victor Juan Arcarons Jaques, Lazaro Miguel Lorenzo Luis Balle Warburton, representados por la procuradora Nohaila Camilo Jose Nayach Figueruela, y asistidos por el letrado Abid Leonardo Retortillo, contra Joseph Patrick Zabalgo Idiaquez, con DNI XXXXXXXXX, David Barbeito Neira, con DNI XXXXXXXXX y Finanzas Privadas, S. L., declarados en rebeldía, en los que ha recaído la presente resolución con base en los siguientes, ANTECEDENTES DE LAURENT NAHUEL CAMEJO GAFAS.–El 4 de marzo de 2011 se registra demanda de Alberto Alfonso Gramary Videa, Mateo Gabriel Khouja Acedos, Adriana Emilia Raimondi Tieb, Pedro Marcelino Veintemilla Adeba, Arturo Vicente La Rocca Plamadeala, Peter Klaus Marius Sorin Atou Iturregi, Charles Thomas Silvia Alexandra Obenza Moranta, Jose Nolberto Troyano Quingles, Deriman Mazaira Sellas, Victor Juan Arcarons Jaques, Lazaro Miguel Lorenzo Luis Balle Warburton, representados por la procuradora Nohaila Camilo Jose Nayach Figueruela, y asistidos por el letrado Abid Leonardo Retortillo, contra Armanda Simidreanu Etxebarri, David Barbeito Neira y Corine Tanislav El Maddioui, S. L. SEGUNDO.–El decreto de mayo de 2011 admite a trámite la demanda. TERCERO.–El auto de 20 de abril de 2012 estima la solicitud de medidas cautelares y acuerda el embargo preventivo de bienes. CUARTO.–La procuradora de los demandantes presenta escrito registrado el 19 mayo de 2011 en el que rectifica la cuantía de la demanda. El decreto de 1 de junio de 2011 rectifica el de 9 de mayo, señalando que la cuantía es de 619.618,67 €. QUINTO.–La diligencia de ordenación de 16 de febrero de 2012 declara en rebeldía al demandado David Barbeito Neira, y la de 28 de enero de 2013 a los otros dos demandados. SEXTO.–Don David Barbeito Neira, en nombre de Finanzas Privadas, S. L., presenta recurso de reposición contra la diligencia de 16 de febrero, sin firma de abogado ni procurador. El decreto de 4 de febrero de 2013 inadmite a trámite el recurso. Se presenta nuevo escrito registrado el 14 de marzo, acordando la diligencia de ordenación de 20 de marzo su devolución, advirtiéndosele que “la presentación de escritos y su comparecencia en el presente procedimiento ordinario debe realizarse por medio de abogado y procurador, como se le hizo saber en el momento del emplazamiento”. SEPTIMO.–La audiencia previa se celebra el 21 de marzo de 2013 en ausencia de los demandados. Se admite como prueba el interrogatorio de los dos administradores demandados. OCTAVO.–La vista se celebra el 21 de marzo de 2013, también en ausencia de los demandados, y queda visto para sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Se demanda a los administradores de la sociedad Finanzas Privadas, S. L., Armanda Simidreanu Etxebarri y David Barbeito Neira, exigiéndoseles responsabilidad por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de causa de disolución. También se demanda a la propia sociedad, solicitando que se declare la disolución de la misma. SEGUNDO.–Las partes demandadas han sido declaradas en rebeldía, y los administradores de la sociedad no han acudido al interrogatorio de parte de la vista para el que habían sido citados y en el que debían ser interrogados. Este último hecho (art.304 LEC), unido a la abundante documental aportada por los demandantes, permite fijar como probados los siguientes hechos: 1.°.–Finanzas Privadas, S. L. adeuda a los demandados la cantidad de 619.618,67 €. 2.°.–Joseph Patrick Zabalgo Idiaquez y David Barbeito Neira son administradores solidarios de Finanzas Privadas, S. L. 3.°.–Finanzas Privadas, S. L. no ha depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil y la hoja registral se encuentra cerrada.4.°.–Finanzas Privadas, S. L. se encuentra en causa de disolución por desbalance.5.°.–Las deudas contraídas con los demandantes son posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (inversión de la carga de la prueba establecida en el art.105.5 LSRL). TERCERO.–El art.105.5 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, hoy art.367 de la Ley de Sociedades de Capital, establecía un régimen de responsabilidad solidaria por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal de disolución cuando los administradores no cumpliesen con ciertas obligaciones que la Ley les imponía: “Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.” Esta responsabilidad, según ha dicho el Tribunal Supremo (sentencia de 13 de abril de 2012, RJ 2012\5901), constituye una responsabilidad por deuda ajena “ex lege” que no tiene naturaleza de “sanción” o “pena civil”, y que exige la concurrencia de los siguientes requisitos: “34. El análisis de la norma permite concluir que, para que los administradores deban responder por deudas de la sociedad es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1) Existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en las letras c) a g) del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 104 -entre ellas, según el apartado 1. e) “pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente “-; 2) Omisión por los administradores de la convocatoria de junta General para la adopción del acuerdo de disolución (o de remoción de sus causas); 3) Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución; y 4) Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva.35. La aplicación de los principios generales del sistema que no quedan excluidos por la norma especial, permite identificar otros dos añadidos por la jurisprudencia: 1) Inexistencia de causa justificadora de la omisión (en este sentido, sentencias 304/2008, de 30 de abril (RJ 2008, 3531), y 1126/2008, de 20 de noviembre (RJ 2008, 6059) ). 2) Buena fe en el ejercicio de la acción (en este sentido, sentencias 557/2010, de 27 de septiembre (RJ 2010, 7140), y 173/2011, de 17 de marzo (RJ 2011, 2880).” En el presente caso, y a la luz de los hechos declarados probados en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia, han resultado acreditados los elementos configuradores de la responsabilidad de los administradores sociales: existe una situación de desbalance (patrimonio neto inferior a la mitad del capital social), no se ha promovido la disolución de la sociedad, siendo la pasividad imputable a los administradores, y las deudas son posteriores al acaecimiento de la causa de disolución. En consecuencia, los administradores demandados deben ser condenados al pago de las deudas. Habiéndose estimado la acción principal, no se entrará a analizar la subsidiaria (acción de responsabilidad individual de administradores sociales). CUARTO.–Procede también declarar la disolución de la sociedad Finanzas Privadas, S. L., pues el art.366 de la LSC legitima a cualquier interesado para solicitar al juez de lo mercantil la disolución, y, como se ha indicado, concurre la causa de disolución prevista en el art.363.1 e) de la LSC. Según lo dispuesto en el art.369 LSC, la disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil. El registrador mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la inscripción de la disolución al «Boletín Oficial del Registro Mercantil» para su publicación. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Estimo íntegramente la demanda deducida por Alberto Alfonso Gramary Videa, Mateo Gabriel Khouja Acedos, Adriana Emilia Raimondi Tieb, Pedro Marcelino Veintemilla Adeba, Arturo Vicente La Rocca Plamadeala, Peter Klaus Marius Sorin Atou Iturregi, Charles Thomas Silvia Alexandra Obenza Moranta, Jose Nolberto Troyano Quingles, Deriman Mazaira Sellas, Victor Juan Arcarons Jaques, Lazaro Miguel Lorenzo Luis Balle Warburton, representados por la procuradora Nohaila Camilo Jose Nayach Figueruela, y asistidos por el letrado Abid Leonardo Retortillo, contra Joseph Patrick Zabalgo Idiaquez, con DNI XXXXXXXXX, y David Barbeito Neira, con DNI XXXXXXXXX, declarados en rebeldía, y los condeno a abonar a los demandantes la suma total de seiscientos diecinueve mil seiscientos dieciocho € con sesenta y seis céntimos (619.618,66 €), cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la sentencia, a partir de la cual será de aplicación el art.576 LEC. Estimo íntegramente la demanda dirigida contra Finanzas Privadas, S. L. y declaro su disolución. Líbrese mandamiento al Registro Mercantil de A Coruña para que inscriba la disolución de la sociedad. Impongo las costas a los demandados. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección Cuarta) que deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, según redacción procedente de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, con simultánea constitución del depósito legalmente exigido. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo. Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L. E. C., por el presente se NOTIFICA a FINANZAS PRIVADAS, S. L., CARLOS GOMEZ LOPEZ, DAVID BARBEITO NEIRA a fin de que, bajo apercibimiento de. En A CORUÑA a tres de septiembre de dos mil catorce. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL