12/02/2014 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Procedimiento ordinario 0000979/2010-E

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000979/2010e Procedimiento origen: Sobre RECLAMAC. DE DAÑOS Y PERJUICIOS DEMANDANTE D./ña. BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Procurador/a Sr./a. PATRICIO DAVID MAÑOS DE ROSENDE Abogado/a Sr./a. BETZAIDA JADE SAGRISTA ALVAREZ DE MON-CAMARO ARREAZA, ELBA MARIA, DEMANDADO, DEMANDADO D./ña. FONZ GARRASTACHU, VERGINA, ARTURO YEUNG TURCAS, SAMUEL JAVIER RÍO Procurador/a Sr./a. GUENNOUNI AMONDARAIN, GISLAINE EL, CATALUÑA RUFIAS, ALBERT WILLIAM Abogado/a Sr./a. E D I C T O CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia de fecha 22 de abril de 2013 del tenor literal siguiente: SENTENCIA En A Coruña, a veintidós de abril de dos mil trece. LUIS JAVIER RODRÍGUEZ VIDAL, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.° 9 de A Coruña, ha dictado la presente en autos juicio ordinario 979/2010-E en los que es parte demandante BANCO VITALICIAO DE ESPAÑA C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la procuradora PITA URGOITI y asistida del letrado DAVID BENITO AISPURO MONTORE, y partes demandadas ELIZABETH PELÁEZ MENDOZA, representada por el procurador ESTÉVEZ DOAMO y asistida de la letrada DOLORES JOSEFA PEROJO LORBADA, y PILAR LARRAMENDI DEL RÍO Y MARTIRIAN BERGAMASCHI SCHMOLL, representados por el procuradora RAMOS CÓRDOBA y asistidos del letrado PEDRO GUSTAVO TISNADO IGUALADA, y FORTADO JOVELL, VIRGINIA TERESA PATTERSON ALAPONT, DANIEL BOGDAN DE FIGUEROA, GHEORGHE ALIN GABRIELA SOFIA EZZAROILI SUAREZ EL GOURARI, GABIJA DOGLIO DOMINA LUISES, DIANA MILENA BEBESELEA CALVELLIDO, HORACIO MANUEL LOPEZ GONZALEZ, NELLY MARIA PORTUS THOMSON DOMOSTEGUI, JOSE MARCIAL COSTA, Y ALFONSO LARRAMENDI DA COSTA, en rebeldía, todos ellos como sucesores de la fallecida JULIA LARRAMENDI DEL RÍO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–Se interpuso por la parte actora demanda de juicio ordinario en la que, tras citar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba solicitando el dictado de sentencia, de conformidad a su suplico. SEGUNDO.–Tras el emplazamiento de las partes demandadas, por ésta se contestó a la demanda. Celebrada la audiencia previa y el juicio, en el que se practicaron las pruebas previamente declaradas pertinentes, se formularon conclusiones y quedaron los autos vistos para sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–Ejercita la parte actora acción del 43 de la Ley de Contrato de Seguro contra, al amparo de los arts.1907 y 1910 del Código Civil, la propietaria del inmueble- después sus sucesores- cuya instalación, al producirse el atasco, causó los daños que en el pleito se reclaman y contra, al amparo de lo dispuesto en el art.1910 del Código Civil, la inquilina y poseedora del inmueble causante del siniestro y de sus instalaciones. Según la parte demandante, el día 9 de mayo de 2009, debido a un atasco en el canal de aguas pluviales y en la arqueta de la terraza del piso 1.° derecha del n.° 49-51 de la Avenida de Finisterre, se produjeron filtraciones de agua en el local ocupado por el negocio del Sr. Lourido Tuñas- bajo del edificio-, ocasionando daños al mismo. Estos daños fueron abonados por la entidad demandante al Sr. Maria Elita Sanchez Palencia Gotera, en virtud del contrato de seguro concertado por ambos, y ahora se reclaman, lo que resulta acreditado con los documentos n.° 4 a 6 de los aportados con la demanda. SEGUNDO.–La demandada inquilina niega el acaecimiento del siniestro en los términos anteriormente señalados y dice, al igual que la propietaria, que los daños que presentaba el bajo en el que el Sr. Lourido Tuñas desarrolla su actividad de escuela de baile, tuvieron lugar hace unos cuatro o seis años, al haberse taponado la salida de aguas de los pisos superiores, lo que provocó la inundación del bajo e incluso la salida de las aguas a la calle. La terraza se encontraba en perfecto estado de conservación y mantenimiento; el siniestro, de existir, tiene origen en elementos comunes del edificio sin que el defectuoso dimensionamiento del sumidero de la terraza le sea imputable. Existen otros posibles orígenes de la inundación o filtración como, por ejemplo, otra terraza en el piso primero izquierda o un patio de luces interior. La responsabilidad por los daños, en último término, no es de la inquilina sino de la propiedad o de la Comunidad de Propietarios. TERCERO.–La propietaria demandada dice que los daños que presentaba el bajo en el que el Sr. Lourido Tuñas desarrolla su actividad de escuela de baile, tuvieron lugar hace unos seis años aproximadamente, al haberse taponado la salida de aguas de los pisos superiores, lo que provocó la inundación del bajo e incluso la salida de las aguas a la calle. Desde entonces la arrendataria ha mantenido limpio el desagüe de la terraza. Si se llegase a probar que los daños reclamados fueron provocados por atasco en la terraza, la responsabilidad sería única y exclusivamente de la arrendataria, lo que se corrobora con el contrato de arrendamiento. En ningún momento la arrendataria le comunicó el pretendido atasco, lo que le exime de culpa y responsabilidad. Hace referencia a que el origen de la filtración se encuentra o se puede encontrar en la terraza baja que cubre el local inundado y de mayor extensión que el piso primero y cuya limpieza y mantenimiento corresponde a la propiedad del bajo que se dice dañado. CUARTO.–Se da por probada con base en el Informe de Valoración de los daños que consta en el documento n.° 3 de los acompañados con la demanda, la declaración en el juicio del testigo perito autor del mismo Ruben Emanuel Diaz de Alda Tomicha, y el propio informe pericial aportado por la inquilina c: emandada y elaborado por el perito Luis Horacio Elena Gabriela El Ghoury Haddouchi, la existencia del siniestro en la fecha y con el alcance señalados en la demanda. Resulta revelador que en el propio informe pericial aportado por la codemandada, en los antecedentes, se da por existente el siniestro, en la fecha señalada, con afectación del bajo. Y el origen señalado en ambos informes o pericias es sustancialmente el mismo: defectuoso dimensionamiento del sumidero de la terraza del piso primero derecha del n.° 49-51 de la Avenida de Finisterre y suciedad del canalón o canal de aguas pluviales de la cubierta o cerramiento de la terraza de dicho piso. Existe, por consiguiente, responsabilidad de la inquilina, al amparo de lo dispuesto en el art.1910 del Código Civil, que recoge un supuesto de responsabilidad objetiva que se imputa a quien por cualquier título- arrrendataria en este caso- habita en la vivienda como “principal” o “ cabeza de familia”. Dentro de la expresión “cosas que cayeren de la misma” han de incluirse tanto las cosas sólidas como las líquidas, que de una u otra forma caigan de la expresada vivienda y causen daño a tercero en su persona o en sus cosas. La responsabilidad de la inquilina existe, al amparo de este artículo, por provenir las filtraciones del piso que habita aunque el origen último de las mismas estuviese en deficiencias en elementos comunes, que tampoco es el caso, puesto que se trata de sumidero y cubierta de un elemento privativo cual es la terraza. La dificultad de acceso desde la planta primera a la cubierta y la necesidad de realización material de los trabajos de limpieza de canalón y cubierta por personal especializado, apuntados en la pericial aportada, resultan irrelevantes a unos eventuales efectos exonerativos de responsabilidad. La responsabilidad de la propiedad la fundamenta la parte actora en los arts.1902 y 1907 del Código Civi. En relación al último artículo, dice la sentencia de 9 de marzo de 1998 de la Sala de lo Civil del T. S., citada en la de 29 de septiembre de 2000, que “la responsabilidad de índole predominante subjetiva que proclama el art.1907 del Código Civil, viene logicamente referida al supuesto de que se produzca la ruina de un edificio (entendió este término en sentido amplio, comprensivo de cualquier género de construcción) única y exclusivamente como consecuencia de la falta de las reparaciones necesarias por parte de su propietario”, y la sentencia de 3 de abril de 1996 señala que este art.1907 “hace referencia a los daños que resulten de la ruina del edificio, debiendo entenderse el concepto de ruina -al igual que en el art.389- en su sentido propio sin que puedan incluirse en el mismo los daños causados por inundación consecuente a una obstrucción de tuberías que, en su caso, habría de reconducirse al art.1902”. Asimismo, como dice la sentencia de 6 de abril de 2001, “en primer lugar ha de señalarse la total inaplicación del art.1907 del Código Civil. para resolver la cuestión sometida a debate judicial que no es otra que la indemnización de daños y perjuicios ocasionados en local situado en planta inferior por filtraciones de agua procedentes de un piso superior, supuesto de hecho totalmente distinto del contemplado en el citado art.1907”. Descartada la aplicación del art.1907, debe analizarse si es posible declarar la responsabilidad de la propiedad al amparo de lo dispuesto en el art.1902 del Código Civil. Contemplando supuesto análogo al aquí enjuiciado de filtraciones de agua a local desde piso superior arrendado, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1993, reproducida en la STS de 6 de abril de 2001 a cuyo tenor A) el art.1910 CC, ofreciendo una clara muestra de la denominada «responsabilidad objetiva» o «por riesgo» y refiriéndose exclusivamente al que llama «cabeza de familia» (con el que quiere denominar al que, por cualquier título, habita una vivienda, como personaje «principal» de la misma, en unión de las personas que con el conviven, formando un grupo familiar o de otra índole), responsabiliza a dicho «principal» o «cabeza de familia» de los daños causados «por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma», dentro de cuya expresión, al no tener la misma carácter de «numerus clausus» (sentencia de esta Sala de 12 de abril de 1984, han de incluirse tanto las cosas sólidas como las líquidas que, de una forma u otra, caigan de la expresada vivienda y causen daño a tercero en su persona o en sus cosas. B) la responsabilidad ex artículo 1910 CC se limita exclusivamente al que, por cualquier título (arrendataria, en el caso que nos ocupa) habita la vivienda como “principal” o “cabeza de familia”, no alcanzando al propietario que no habita en ella. C) Si bien podría también exigirse responsabilidad extracontractual o aquiliana al propietario-arrendador de la vivienda, aunque nunca con base en el citado precepto, sino en el genérico artículo 1902 del Código Civil, ello seria en el supuesto de que habiendo sido la causa determinante del daño el mal estado de las instalaciones de la vivienda, el propietario-arrendador conociendo dicha circunstancia, hubiera dejado de cumplir la obligación que le incumbe de repararlas. Así, pues, según razona para supuesto idéntico la SAP de Pontevedra de 15 de junio de 2006 “no acepta el TS la existencia de una responsabilidad solidaria entre el propietario y el inquilino, es más la responsabilidad que nace del artículo 1910 es objetiva y la del 1902 no abandona en el caso (no hay responsabilidad por riesgo) la prueba de la culpa”. En el supuesto de autos, la vivienda propiedad de la parte codemandada se encontraba arrendada desde el ocho de noviembre de 2004. Parece claro el mal estado de las instalaciones de la vivienda ( sumidero y canalón de la cubierta de la terraza de la misma que venían causando atascos reiterados según le relata al Ruben Emanuel Diaz de Alda Tomicha la madre de la inquilina ) y que dicho estado fue causa de los daños que ahora se reclaman. Lo que cabe preguntarse es si esa circunstancia era conocida por la propiedad. A pesar de que, como se dijo, se fundamenta la pretendida responsabilidad de la propiedad también en el art.1902, la argumentación fáctica y jurídica parece prescindir del elemento de la culpa o presumir ésta en la propiedad por la sola existencia del daño, basando su responsabilidad, única y exclusivamente, en las obligaciones dereparación que le competen por su condición de propietaria. Es la propia actora la que dice que de esa responsabilidad sólo se podría eximir la propiedad de llegarse a probar que los daños fueron debidos a la acción dolosa del inquilino o de otra persona, lo que no acontece en el presente caso. No considera, la parte actora, necesaria la comunicación previa y el conocimiento por la propiedad del estado de las instalaciones del piso para imputarle a ésta responsabilidad por los daños causados. Esto sería suficiente ya para desestimar la demanda frente a los sucesores de la propietaria fallecida. Pero, a mayor abundamiento: en las propias conclusiones del letrado de la parte actora señala éste que no existe prueba de que la inquilina hubiese notificado a la propiedad la existencia de daños o deficiencias susceptibles de causarlos. Esa notificación previa es negada, en la contestación a la demanda, por la propiedad. Tampoco la inquilina demandada alude en su contestación a comunicación o notificación previa a la propiedad de la suciedad y mal estado de la cubierta que cubre la terraza y de los desagües o canalizaciones. En último término, la prueba practicada consistente en una referencia del Ruben Emanuel Diaz de Alda Tomicha a que en la segunda visita a la vivienda de la codemandada, el hermano de la inquilina le comentó que llevaban muchos años detrás de la propiedad, y las genéricas referencias de la última de las testigos, es insuficiente para dar probado ese conocimiento previo. Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada contra los sucesores o herederos de la Mariona Feldmann Pellice. QUINTO.–La estimación de la demanda dirigida contra ELIZABETH PELÁEZ MENDOZA determina la imposición a ésta de las costas procesales causadas. La desestimación de la demanda dirigida contra el resto de demandados determina que las costas se impongan, en este caso, a la parte actora. Art.394.1 LEC-. FALLO Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C. A DE SEGUROS Y REASEGUROS contra ELIZABETH PELÁEZ MENDOZA, debo condenar a ésta a indemnizar a la actora con la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS ( 9.759€), con los intereses de esta cantidad que legalmente correspondan. Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por BANCO VITALICIO DE ESPAÑA C. A DE SEGUROS Y REASEGUROS contra y PILAR LARRAMENDI DEL RÍO Y MARTIRIAN BERGAMASCHI SCHMOLL, representados por el procuradora RAMOS CÓRDOBA y asistidos del letrado REDOSINDA MAXIMO RAMON MANNION MACIA, y FORTADO JOVELL, VIRGINIA TERESA PATTERSON ALAPONT, DANIEL BOGDAN DE FIGUEROA, GHEORGHE ALIN GABRIELA SOFIA EZZAROILI SUAREZ EL GOURARI, GABIJA DOGLIO DOMINA LUISES, DIANA MILENA BEBESELEA CALVELLIDO, HORACIO MANUEL LOPEZ GONZALEZ, NELLY MARIA PORTUS THOMSON DOMOSTEGUI, JOSE MARCIAL COSTA, Y KRYSTIAN LUCAS JAVIER DE VALLES HEEMSKERK, en rebeldía, todos ellos como sucesores de la fallecida JULIA LARRAMENDI DEL RÍO, absolviendo a éstos de los pedimentos efectuados en su contra. En cuanto a las costas, se está a lo dispuesto en el último fundamento de derecho. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, recurso que deberán interponer, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de los 20 días siguientes al en que se les notifique esta sentencia. Así lo acuerdo, mando y firmo. Y como consecuencia del ignorado paradero de OTTEN ISALGUE, BARBARA ALEJANDRA DACOSTA Y EMILIO JESUS TATAY BABUGLIA, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. A CORUÑA, a veintiocho de enero de dos mil catorce. LA SECRETARIA JUDICIAL CARMEN CALVO ALONSO