17/06/2014 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Penal
Penal 1 A Coruña
Publicación da sentenza núm.130/2014 do Xulgado do Penal núm.1 da Coruña en cumprimento do previsto no art.288 do Código Penal

XULGADO DO PENAL NÚM.1 DA CORUÑA r/ Monforte s/n, 4.º planta 15071 A Coruña Teléfono 981 185 158 – Fax 981 185 168 Penal1. coruna@justicia. es RODRIGO OSORIO GUERRERO, o secretario xudicial do Xulgado do Penal Núm.1 da Coruña DOU FE E TESTEMUÑO DE QUE o 24.03.2014 o maxistrado deste órgano dictou a seguinte resolución: XDO. DO PENAL N.1 A CORUÑA SENTENCIA: 00130/2014 Procedimiento Abreviado número 256/2013 EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO UNO DE A MORCUENDE CALINA, DIMAS JESUS FCO. PIN PAQUI, ZENAIDA PINO ELORA PRESENTE: sentencia En A Coruña, a 24 de marzo de 2014. Vistos por mí, en juicio oral y público los autos de Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado 276/2008, procedente del Juzgado de Instrucción Número 2 de Carballo, por un delito del art 255,3 del código penal, o de un DELITO CONTEMPLADO EN EL ART.286,3 CP (ó subsidiariamente del 255 CP) en cualquier caso, en concurso medial con un DELITO CONTINUADO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL del artículo 270 del Código Penal, en relación con el artículo 272, con las agravantes recogidas en el artículo 271.1 a) y b) seguidos contra José Carlos Mancebo DNI, XXXXXXXXX contra Cristian Leonardo Del Prisco Onila, DNI XXXXXXXXX, mayores de edad y sin antecedentes penales, cuyas demás circunstancias personales constan en autos, de inacreditada situación económica y en situación de libertad provisional por esta causa, representado por el Conrado Jose Munte Pauls./a. Maria Aldara Ncogo Ascunce y Aitana Maria Rife Habela, y asistidos por el/la Letrado/a Sr./a. Pichel García de Searez y Álvarez del Campo, y la Comunidad de propietarios del edificio Inpoga, representada por el Procurador Sr./a. López Valcárcel, y asistidos por el/la Letrado/a Sr./a. Carolina Sofia Bresca Quijeiro, como responsable civil subsidiaria, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal y Canal Satélite digital SL, representado por el Conrado Jose Munte Pauls./a. German Pedro Echapare Gorun y asistido por el/la Letrado/a Sr./a. Hector Alexis Pinasco Escue. antecedentes de hecho PRIMERO.- Las diligencias penales de referencia se incoaron por auto de fecha 14 de mayo de 2008, que dictó el instructor, y fueron declaradas conclusas y elevadas a este Juzgado, en el que se señalaron para la celebración del juicio oral el día 20 de marzo de 2014, celebrándose en dicha fecha con la asistencia de las partes, practicándose en el mismo las pruebas propuestas y admitidas y grabada en soporte audiovisual. SEGUNDO.- En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal solicitó la condena del acusado, como autor responsable de un delito del art.255,3 del C. P., a la pena, para José Carlos Mancebo en concepto de autor y para Camilo Cancela en concepto de cooperador necesario, la pena de 10 meses multa a raz6n de 12 euros diarios con responsabilidad personal en caso de impago. Costas. RESPONSABILIDAD CIVIL: Ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa Canal Satélite Digital S. L. en 25.046,42 euros por el beneficio dejado de percibir a la misma, siendo responsable civil subsidiaria la comunidad de propietarios del edificio Inpoga sito en la calle Carballo Calero 9-11 de la localidad de Carballo (art 120.3 CP), con intereses legales. La acusación particular solicita la condena de José Carlos Mancebo en concepto de autor y para Camilo Cancela en concepto de cooperador necesario, como autores y cooperador de un DELITO CONTEMPLADO EN EL ART.286,3 CP (ó subsidiariamente del 255 CP) en cualquier caso, en concurso medial con un DELITO CONTINUADO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL del artículo 270 del Código Penal, en relación con el artículo 272, con las agravantes recogidas en el artículo 271.1 a) y b), a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION Y MULTA DE VEINTICUATRO MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 30 EUROS y arresto sustitutorio de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfecha, accesorias y costas, incluyéndose las de la acusación particular. Publicación de la sentencia condenatoria en un periódico oficial, a costa de los acusados, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal. Asimismo, procederá a la indemnización en la cantidad de veinticinco mil cuarenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos (25.048,42.-€), con intereses legales. La defensa, en el mismo trámite, solicitó la libre absolución de los acusados, y de forma subsidiaria, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en caso de condena. hechos probados Valorada la prueba practicada en el acto del juicio oral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declara probado que José Carlos Mancebo, durante los años 2001 a 2008 residió en el inmueble sito en la calle Carballo Calero, 9-1 1 “Edificio Inpoga” de la localidad de Carballo ostentando la presidencia de la comunidad, cuando menos, durante el año 2004. Firmó un contrato con la empresa prestadora de los servicio, Canal Satélite Digital S. L, a los efectos de que esta le suministrase el descodificador oportuno y realizase la instalación necesaria para acceder a la programación de digital plus desde su domicilio. De este modo, José Carlos, con el fin de que toda la comunidad accediese a los servicios de digital plus y así prorratear la cuota anual entre todos los vecinos, lo que se aprobó en diversas juntas de propietarios como gasto de la comunidad, y por tanto siendo ésta perfecta conocedora de lo que estaba sucediendo, solicitó los servicios del también acusado, Cristian Leonardo Del Prisco Onila, quien profesionalmente se dedica a instalar productos de telecomunicaciones, para que realizase las conexiones oportunas y así conseguir el fin anterior, lo que Camilo Cancela realizó con perfecto conocimiento de que el acceso a digital plus debía limitarse al domicilio de José Carlos que era quien lo tenía contratado. El inmueble está compuesto por 15 viviendas las cuales tenían el acceso a digital plus antes descrito por lo que lo que la empresa Canal satélite digital dejó de percibir es el importe correspondiente a la cuota de alta de las 14 viviendas más las cuotas mensuales de esas catorce viviendas que no tenían contrato suscrito desde diciembre de 2001 hasta enero de 2008, lo que asciende a un total de 25.046,42 euros, que esta empresa reclama. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia viene consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial, en cuanto que permita declarar probados unos hechos y la participación del acusado en ellos. SEGUNDO.- La prueba practicada ha consistido en testifical y la documental obrante en autos. El artículo 286,3 del código penal dice que: 1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado como servicio independiente, mediante: 1.º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso.2.º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos mencionados en el párrafo 1º. 2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el número identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan sufrido alteración fraudulenta.3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista. El artículo 255 del código penal castiga al que Será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: 1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. De la prueba documental practicada resulta que el acusado José Carlos Mancebo, durante los años 2001 a 2008 residió en el inmueble sito en la calle Carballo Calero, 9-1 1 “Edificio Inpoga” de la localidad de Carballo ostentando la presidencia de la comunidad, cuando menos, durante el año 2004, y que firmó un contrato con la empresa prestadora de los servicio, Canal Satélite Digital S. L, a los efectos de que esta le suministrase el descodificador oportuno y realizase la instalación necesaria para acceder a la programación de digital plus desde su domicilio. Lo primero ha sido probado por la propia confesión del acusado, y lo segundo, resulta probado por el contrato de suscripción entre este acusado y Digital plus, obrante al folio 167 de las actuaciones. Ahora bien, este contrato tiene fecha de 25 de noviembre de 2005, y es un contrato de migración, de forma que, como ha relatado el acusado, tenía contratados los servicios de esta empresa en otro domicilio anterior. Consta en autos el contrato inicial, en otro domicilio anterior del acusado, firmado el 17-10-1998. Además, constan en autos, en los folios 67 a 78, acta de la comunidad de propietarios, siendo presidente de la comunidad el acusado, en la que se aprueban como gasto común las cuotas de canal plus desde diciembre de 2001 hasta noviembre de 2003 y en los folios 225 a 227 consta copia del acta de la junta de propietarios en que se aprueba el gasto de la comunidad para el pago de canal plus para el mes de diciembre de 2003 y todo el año 2004. En los folios 79 a 95 de las actuaciones consta un acta de la junta de la comunidad en la que aparece el gasto de canal plus como TVC para el año 2005, y el importe de este gasto coincide con el de la junta anterior donde ponía que iba destinado al pago de canal plus. En el acta de la junta de fecha 28-5-2007, se acuerda también el gasto común de canal plus para el año 2006. Por último, en los folios 245 a 254, consta copia del acta de la junta efectuada con fecha 27 de mayo de 2008, en la que se aprueba como gasto común el pago de TVC de todo el año 2007. Los importes coinciden con los gastos que originarían la suscripción de un solo contrato individual. El acusado ha reconocido que en una asamblea del año 2005 los vecinos le dijeron si no le importaría compartir la señal de canal plus, y les contestó que no tenía inconveniente, siempre que no le perjudicara, y que el gasto se estableció como un gasto más en la comunidad. Dos vecinas que han comparecido como testigos afirman que sobre el año 2004 o 2005 acordaron en junta compartir la señal de canal plus, y una de ellas, Mohamed Anouar Bonelli Ruiz de Clavijo, está completamente segura de que quien realizó la instalación fue el acusado Camilo. Asimismo, ha declarado que la llave del decodificador la tenía el presidente de la comunidad, que por aquel entonces era José Carlos Mancebo. También ha declarado que no pagaron canal plus hasta que no lo tenían disponible. De la prueba practicada resulta que la comunidad pagó las cuotas que correspondían a un contrato individual desde el año 2001, y carece de lógica que pagaran unas cuotas de años anteriores si no veían el canal, por lo que hay que concluir que lo veían desde el año 2001, fecha que coincide con el traslado del acusado a vivir en esa comunidad. En una inspección técnica realizada en enero de 2008 se comprobó que en el armario destinado a telecomunicaciones se encontraba un descodificador conectado a un modulador, que emitía la señal de canal plus de forma fraudulenta a todos los vecinos, de forma que con un solo decodificador lo veían todos, aun cuando no se ha acreditado que fue con el descodificador ni la tarjeta que recibió de canal plus el acusado José Carlos, ni en el primer contrato del año 1998 ni en el segundo, de migración, del año 2005, por cuanto los números del decodificador y la tarjeta que tenía insertada, que se intervino en la inspección llevada a cabo en el año 2008, no coinciden, tienen distinta identificación. Sin embargo, en el acta extendida por los policías nacionales que intervinieron los aparatos consta que se efectuó llamada telefónica a la central de digital plus para averiguar el titular asociado al decodificador y modulador y resultó ser el acusado José Carlos, de forma que queda claro, a juicio de este juzgador, que los aparatos de descodificación eran los suyos, lo que tampoco ha negado el acusado. Independientemente de lo anterior, lo que ha quedado sin duda acreditado es que la comunidad de propietarios decidió compartir los gastos ocasionados por el contrato establecido entre José Carlos y Canal plus, desde el año 2001, y que los vecinos recibían la señal decodificada en sus domicilios. José Carlos, posteriormente, acudía al administrador de la comunidad, que le libraba unos talones a su nombre. Lo cierto es que José Carlos, sin ánimo de lucro, facilitó a terceros, sin consentimiento del prestador de servicios, el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva. La SAP Madrid, sección 29, en sentencia de fecha 23-12-2013, dice que: “la acción típica exige la facilitación del acceso inteligible a un servicio de radiodifusión televisiva. Para conocer el alcance de esta expresión cabe partir de la definición contenida en el artículo 2 a) de la Directiva 98/84/CE, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, que a su vez se remite a la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/252/552/CEE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Según este último artículo, la “radiodifusión televisiva” se define como “la emisión primaria, con o sin hilo, por tierra o por satélite, codificada o no, de programas televisados destinados al público. Comprenderá la comunicación de programas entre empresas con miras a la radiodifusión televisiva destinada al público.”. La referencia del artículo 286.1 CP al servicio de radiodifusión televisiva ha de ser interpretado de conformidad con una realidad social actual (artículo 3.1 del Código Civil) en la que el avance tecnológico permite también la emisión de programas de televisión en streaming a través internet, de tal forma que su difusión también se realiza a través de la web. De esta forma, la radiodifusión televisiva ha de referirse no solamente a la emisión y difusión de programas a través de las ondas; sino también a la emisión y difusión a través de internet. En definitiva, se trata de un servicio consistente en la puesta a disposición del público de un programa de televisión emitido con dicha finalidad, independientemente de la vía que se utilice para dicha emisión. La emisión para el territorio español de los concretos eventos deportivos se realiza por plataforma “Digital +” a través del sistema de pago por visión; y no puede ser realizada por ninguna otra entidad o empresa. El artículo 286.1 CP también exige que la facilitación del acceso inteligible se realice sin consentimiento del prestador del servicio. Corresponde a la plataforma “Digital +” la prestación del servicio de radiodifusión o emisión para España de los programas cuya titularidad le corresponde en exclusiva para este país; sin que la citada plataforma haya consentido que el acusado facilitara el acceso al contenido de dichos programas de televisión. El acceso inteligible al programa de televisión se ha de facilitar a través de alguno de los medios enumerados en el propio artículo 286.1 CP, cuyos amplios términos vienen a incluir todas las distintas posibilidades de acceso. Téngase en cuenta que este precepto del Código Penal viene a recoger en este extremo los términos del artículo 4 de la Directiva 98/84/CE que dispone que los Estados miembros prohibirán en su territorio la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos; la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito; y el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos. La definición de “dispositivo ilícito” se contiene en la letra e) del artículo 2 de la Directiva 98/84/CE como “cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del proveedor de servicio”. Como puede observarse, los amplios términos utilizados por la Directiva están destinados a incluir cualquier forma de facilitación del acceso al servicio protegido. Cabe recordar que en el Considerando (20) de la Directiva 98/84/CE se afirma que “la distribución de dispositivos ilícitos incluye la transferencia por cualquier medio y la puesta en el mercado de los mismos para su circulación dentro y fuera de la Comunidad”. El acusado cometió, pues el delito tipificado en el artículo 286,3 del código penal, puesto que puso a disposición del resto de los copropietarios del inmueble los aparatos recibidos de canal plus para que, compartiendo los gastos de su contrato, y por ello sin ánimo de lucro, o por lo menos sin fines comerciales, accedieran a la señal descodificada de canal satélite digital y pudieran ver la programación codificada para el resto de usuarios no abonados. El acusado ha alegado que esta práctica era común en Carballo, que lo hacían muchas comunidades de vecinos, y que no sabía que era delito. El error, no puede ser apreciable en este caso, porque es claro, y así lo ha reconocido, que sabía que lo que estaban haciendo no se podía hacer, aunque no sabía que era delito. Para tener por no producido el error es suficiente que el sujeto activo sepa que está realizando una actividad prohibida, aunque no sepa exactamente el tipo de delito que está cometiendo. Pudo haberse asesorado acerca de ello, y no lo hizo, de forma que no puede alegar error de prohibición. Por todas, las STS de 2-3-2006, respecto de los requisitos, entre los que está que su invocación no es aceptable en aquellas infracciones cuya ilicitud sea notoriamente evidente y de comprensión generalizada, y las STS de fechas 27-2-2003, 21-7-2005 o 26-6-2006, que dice que la conciencia de antijuridicidad, o su reverso, el error de prohibición, se refiere al simple conocimiento genérico de que lo que se hace está prohibido por las leyes, sin mayores concreciones, sin que se requiera conocer las consecuencias jurídicas que de su incumplimiento pudieran derivarse. Por último, el delito cometido es el del artículo 286,3 y no el genérico del artículo 255, de defraudación de fluido eléctrico y análogos, porque el artículo 8,!º del código penal establece que el precepto especial se aplicará con preferencia sobre el general, y el artículo 286 constituye un precepto especial sobre el general del artículo 255, tipificado expresamente a raíz de una directiva de la comunidad europea, para la introducción específica de estas conductas en los códigos penales de los países miembros de la misma. TERCERO.- Ahora hay que tratar la responsabilidad penal exigida como cooperador necesario a Camilo Cancela, por haber sido el técnico que instaló los dispositivos necesarios para poder ofrecer al resto de los vecinos la señal decodificada. En derecho penal es absolutamente preciso que los hechos que se imputen a una persona aparezcan perfectamente probados, sin posibilidad de explicaciones alternativas. En este caso, ha quedado debidamente probado que Camilo realizaba trabajos de telecomunicaciones por encargo de la comunidad, que les instaló un cofre, que les vendió un modulador, que les ajustó según la factura en el taller, y algún otro trabajo, que consta en las facturas obrantes a los folios 114 a 116, presentados por el propio acusado. Este manifiesta que él era instalador de Canal plus desde 2002, y que esta instalación se hizo en 2006, aunque él solo entregó a José Carlos el terminal y que este se encargaba del mantenimiento de la instalación general que se instaló en obra. Reconoce que instaló un cofre, y que el modulador lo ajustó en el taller para ajustarlo a un canal concreto de salida. Por la inspección llevada a cabo por técnicos de la empresa y de la policía nacional sabemos que el canal que estaba ajustado era el 42, que corresponde a canal plus, lo que ya da un principio de prueba de que sabía lo que estaba haciendo y la utilidad que iba a darse al aparato que ajustó. Pero es que, además, tanto el acusado como la testigo Mohamed Anouar Bonelli Ruiz de Clavijo, también propietaria de un piso en la comunidad, dicen que el que realizó la instalación fue Camilo. Esta testifical se refuerza con el hecho de que el perito que ha comparecido en el acto del juicio ha dicho que esta instalación no la puede realizar cualquiera, que tiene que ser un técnico, cualidad que recae en Camilo. Este dice que se dio cuenta de que la instalación estaba manipulada en 2007, cuando fue a hacer una reparación para una cafetería que está en el mismo edificio, pero de los datos expuestos anteriormente se deduce con toda claridad que ello no es así, y que fue quien vendió los aparatos necesarios para dar señal a todos los propietarios del inmueble y quien realizó la instalación, de forma que responde como cooperador necesario del delito del artículo 286,3, porque su aportación fue decisiva para la comisión del hecho punible, teniendo, además, el dominio del hecho, porque fue quien materializó que se viera el canal de pago por todos los vecinos. Por otra parte, hay que considerar que la instalación la hizo él desde el principio, puesto que, además de ser instalador de canal plus, es reconocido por los vecinos como el único que ha realizado la instalación, que como se ha razonado antes, estaba hecha desde el año 2001, en diciembre, que es cuando se empezaron a prorratear los recibos entre todos los copropietarios. Coincide, por otra parte, la fecha en la que dice que empezó a ser instalador de canal plus con la fecha en que los vecinos empezaron a sintonizar el canal en abierto. Las facturas que el mismo presentó no aseveran otra cosa que desde el año 2006 queda documentada su relación con la comunidad, pero ello no es óbice para aceptar la declaración calara y sin ambages del acusado y la testigo de que era él quien efectuó la instalación. Por otra parte, no consta ninguna causa de animadversión hacia este acusado que pudiera empañar el testimonio prestado respecto de la testigo y el otro acusado, quien además no gana nada implicando a Camilo como instalador, pues no le sirve para eludir su responsabilidad como autor del delito, del que hay que considerar que era plenamente consciente, porque era profesional del ramo, y sabía que con su actuación estaba incurriendo en un ilícito. CUARTO.- Además, por la acusación particular se ha acusado por los delitos del artículo 270 del código penal, por un delito contra la propiedad intelectual. Este delito exige, en primer lugar, el ánimo de lucro, lo que no se da en este caso, y en segundo lugar, la difusión pública. Entiende este juzgador que esta difusión se tiene que hacer en un local público o entre el público en general, de forma que pueda acceder cualquiera, y en este supuesto los únicos que podían acceder eran los vecinos, miembros de una comunidad de propietarios, con lo que tampoco se cumple este requisito del tipo del delito, y procede la absolución respecto de este delito. La jurisprudencia reserva este delito a las infracciones de mayor gravedad (STS 20-12-2006), y si bien el párrafo segundo castiga conductas de menor entidad, lo cierto es que exige que haya una distribución al por menor, lo que implica una publicidad y generalidad en la oferta que en este caso no se produce. QUINTO.- Por los razonamientos anteriores, se va a dictar una sentencia condenatoria, al cumplirse todos los elementos objetivos y subjetivos del delito del artículo 286,3 del código penal. Como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, se ha solicitado por las defensas la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. No se ha señalado periodo concreto en que se hayan producido, y el estado actual de la jurisprudencia al respecto es el siguiente, (Anuario de jurisprudencia de la Sala 2ª del TS: “En la STS 15-04-2013 (Rc 1083112012) el recurrente había solicitado la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas, y. La Sala de lo Penal no estimó la concurrencia de ninguna de ellas. Respecto de las dilaciones indebidas, la sentencia efectúa un examen de esta atenuante. Señala que exige una duración de las actuaciones que exceda notablemente de lo prudencial, salvo que existan razones que pudieran justificarlo, como supuestos de rebeldía, o de continuas suspensiones provocadas por el acusado. Sin que la misma pueda equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. Se incide en que el concepto de «dilación indebida» (o el «plazo razonable») es, por naturaleza, un concepto abierto o indeterminado, por lo que habrá de estarse a cada caso concreto; y, cuando se alegue, deberán señalarse las concretes paralizaciones que hayan tenido lugar en la causa, es decir, no es admisible una alegación abstracta o genérica. En el supuesto de autos no se apreció por la Sala de lo Penal una duración exagerada, y se considera además, la complejidad de la cause, y que el recurrente no había concretado los periodos de inactividad procesal que pudieran haber producido un retraso injustificado de las actuaciones. También sobre la atenuante de dilaciones indebidas versa la STS 1004-2013 (Rc 1098/2012). En este caso, se alegó por el recurrente que habían transcurrido 16 años desde la comisión del primer hecho delictivo hasta el enjuiciamiento. Al respecto declara la Sala de lo Penal que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no puede identificarse con el derecho a que los hechos se descubran con prontitud. Se trate de conceptos distintos. El fundamento material de la atenuante cuya aplicación reivindicaba el recurrente no puede vincularse al mero transcurso del tiempo. Existe un derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable, pero no un derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud. Así se había declarado ya en resoluciones anteriores (SSTS 106/2009, 4 de febrero y 553/2008, 18 de septiembre). En este caso, no se han señalado las concretas paralizaciones en que supuestamente se habría incurrido. No obstante, al tratarse de una atenuante puede ser apreciada de oficio, y lo cierto es que las actuaciones estuvieron paralizadas en el juzgado de instrucción desde el 11/9/2009 hasta el 10/1/2011, y desde el 28/8/2011 hasta el 9/4/2012 (folios 165 a 200 y 308 a 309 respectivamente), sin actividad procesal aparente, por lo que, aun teniendo en cuenta que se pueden justificar por la gran acumulación de procedimientos que pesan sobre los juzgados de instrucción, hay que considerar que se han producido unas dilaciones indebidas, que no deben afectar a los acusados. Se van a acoger con el carácter de simples, y determinar que la pena se imponga en el grado mínimo para los dos acusados, esto es, multa de seis meses, con cuota de seis euros diarios, teniendo en cuenta que no consta la situación patrimonial de los mismos, y que la cuantía se encuentra en la parte inferior de las cuantías señaladas en el artículo 50,4 del código penal. SEXTO.- En cuanto a la responsabilidad civil indemnizarán los acusados a Canal satélite digital SL en 25046,42 euros, que es el importe de las cantidades que hubiera percibido esta empresa de haber tenido contratado el paquete que estaba abonando entre todos, más la cuota de inscripción, como consta en el peritaje efectuado y que consta en los folios 158 a 160 de las actuaciones, por entender que, de conformidad con el artículo 109 y 110 del código penal, a esta cantidad asciende el importe de los perjuicios sufridos por la empresa perjudicada, ocasionado por la actuación de los acusados. Además, la Comunidad de propietarios del edificio Inpoga sito en la calle Carballo Calero 9-11 de la localidad de Carballo responderá como responsable civil subsidiario de la indemnización en favor de Canal Satélite Digital S. L., en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del código penal, que prevé que el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. En este supuesto, la comunidad de propietarios acordó, por unanimidad, según ha resultado de la prueba testifical y documental aportada, compartir los gastos del contrato que José Carlos y Canal plus mantenían, y establecerlo como un gasto fijo más de la comunidad, por lo que no hay duda de que todos los propietarios se han aprovechado de los efectos del delito cometido por Maria Cristal Inchaurrandieta Cuyas, a título lucrativo, y deben responder de los perjuicios ocasionados a canal satélite por ello, de forma subsidiaria respecto de los autores del delito, en el importe de las cuotas defraudadas y de establecimiento de contrato, en el importe expuesto anteriormente. SÉPTIMO.- El artículo 123 del código penal determina la condena en costas en caso de condena del acusado. Respecto a las de la acusación particular, también se incluyen, como consecuencia de la condena, pero en la mitad de su cuantía, al haber absuelto de uno de los delitos que se acusaba. Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación. fallo Que debo CONDENAR Y CONDENO a Ricardo Javier Miliano Chendri, como autor penalmente responsable de un delito del art.286,3 C. P., a la pena de seis meses de multa, con cuota diaria de seis euros, y responsabilidad personal subsidiara del artículo 53 del código penal en caso de impago. Y debo CONDENAR Y CONDENO a Cristian Leonardo Del Prisco Onila, como cooperador necesario (art.28 del CP), de un delito del art.286,3 C. P., a la pena de seis meses de multa, con cuota diaria de seis euros, y responsabilidad personal subsidiara del artículo 53 del código penal en caso de impago. Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a Canal satélite digital SL en 25046,42 euros, con los intereses legales del artículo 576 de la LEC, y también son condenados a pagar la mitad de las costas de la acusación particular y de las comunes, declarando la otra mitad de oficio. Quedará subsidiariamente obligada al pago de dicha suma la Comunidad de propietarios del edificio Inpoga sito en la calle Carballo Calero 9-11 de la localidad de Carballo, en virtud de lo previsto en el artículo 122 del Código Penal, con aplicación de los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, se procederá a la publicación de la sentencia condenatoria en el boletín oficial de la provincia de A Coruña, a costa de los acusados, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal. Y debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Ricardo Javier Miliano Chendri y a Cristian Leonardo Del Prisco Onila de ser autores de un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270 del código penal, declarando el pago de la mitad de las costas de oficio, incluídas la mitad de la acusación particular. Pronúnciese la presente sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña, por medio de escrito autorizado con firma de Letrado y Procurador, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. A antedita sentenza, que aínda non é firme, concorda co seu orixinal. Expido este testemuño para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña de acordo co previsto no artigo 288 do código penal. A Coruña, 09 de xuño de 2014 Rochelle Yevgeniy Parazuelo Atou O secretario xudicial