13/12/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 5 Ferrol
Divorcio contencioso 994/2012

SENTENCIA: 00246/2013 DIVORCIO CONTENCIOSO 994/2012 SENTENCIA Ferrol, 6 de noviembre de 2014. Vistos por mí, Dña. Omaira Carmen Ochaita Cugota del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de los de esta localidad, los presentes autos de DIVORCIO CONTENCIOSO N° 994/2012 seguidos ante este Juzgado, a instancia de Maria Amor Terrer Ipinza, representada por el Procurador Concepcion Belen Goebel Alvarez Buylla y asistida por el Letrado Wioleta El Mezouri Colquhoun, sustituido en la vista por la Anton Maria Jesper Anduix Gimenez Arnau, contra D. Emilio Alejandro Camillo Belhaji, en rebeldía; con la intervención del Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La papeleta de demanda que da inicio a este procedimiento se presentó en fecha de 10 de diciembre de 2012 y por turno de reparto correspondió su conocimiento a este Juzgado en fecha de 12 de diciembre de 2012. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, por decreto de 17 de diciembre de 2012, se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestase en el plazo de veinte días, lo cual no efectuó, siendo declarada en rebeldía mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de julio de 2013. TERCERO.- Con fecha de 5 de noviembre de 2013 se celebró la vista, a la cual asistió la parte demandante debidamente asistida y representada, y sin que compareciera la parte demandada, con el resultado que obra en autos. CUARTO. - En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el presente procedimiento se interpuso demanda de divorcio contencioso por parte de Maria Amor Terrer Ipinza contra D. Cristofer Harpa Hadou, con fundamento jurídico en los artículos 86 y 81.2 del Código Civil. Solicitando, además de la declaración de la disolución del matrimonio por divorcio, con todos los efectos legales inherentes, la adopción de las siguientes medidas definitivas: 1.- Que la guardia y custodia de las hijas menores sea para la madre; 2.- Que se fije una pensión alimenticia que el padre deberá abonar a favor de las menores de 400 euros mensuales (200 euros por cada hija); y 3.- Que se establezca en concepto de pensión compensatoria para la esposa de 100 euros mensuales. Siendo las cantidades correspondientes a los alimentos de las hijas y la pensión compensatoria revisables anualmente según los índices que establezca el Instituto Nacional de Estadística u organismo asimilado. Por su parte, el demandado se encuentra en situación de rebeldía. SEGUNDO.- Queda acreditado mediante certificación del Registro Civil de Pontecesures, aportada por la parte actora, que los litigantes contrajeron matrimonio en fecha 14 de junio de 2003. Lo que determina que, de conformidad con los artículos 86 y 81.2 del Código Civil, proceda declarar la disolución del matrimonio, con todos sus efectos legales, por la concurrencia de la causa referida en dichos preceptos legales; esto es, el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio. TERCERO.-Respecto a las medidas definitivas solicitadas por la parte demandante: En cuanto a la guarda y custodia de las hijas menores del matrimonio, Katherine e Curt Iliarte Morga, a la vista de la falta de oposición del demandado, pese a haber sido debidamente emplazado, y a las especiales circunstancias concurrentes, en que las hijas apenas tienen relación con el padre, y de conformidad con lo manifestado por el Ministerio fiscal, se debe atender a lo solicitado por la demandante y conceder a la madre la guarda y custodia de las mismas, siendo la patria potestad compartida, pues no existe causa alguna acreditada que permita privar de la patria potestad al padre. Por otro lado, a pesar de que la madre no interesó régimen de visitas alguno para el progenitor no custodio, el Ministerio Fiscal solicitó que se fijara un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos con entrega y recogida en el domicilio materno. El interés de las menores y el derecho del progenitor no custodio de relacionarse con sus hijas exigen, siempre que no exista motivo acreditado para denegar un régimen de visitas, que éste se acuerde. Las declaraciones de la madre de las menores y demandante de este procedimiento sobre la falta de relación del padre con sus hijas, no son óbice para fijar un régimen de visitas que, en su caso, pueda ejercitar el progenitor no custodio. Eso sí, en caso de desacuerdo, se determina un régimen de visitas restringido sin pernoctas por ser este sistema más adecuado a la edad de las menores y a que en la actualidad dichas menores no tienen relación con su padre. Así se fija un régimen de visitas del progenitor no custodio consistente en: a) el padre podrá estar en compañía de las hijas cuando ambos progenitores estén de común acuerdo; y b) a falta de acuerdo, el padre podrá estar en compañía de las menores los de fines de semana alternos, sábados y domingos desde las 11:00 de la mañana a las 20:00 horas, sin pernocta, debiendo recoger y entregar el progenitor no custodio a las menores en el domicilio materno. En cuanto a la pensión alimenticia a favor de las menores, solicita la demandante 400 euros mensuales (200 euros por hija). Dicha pensión se fija según las posibilidades del alimentante y las necesidades de las menores. A la falta de la versión ofrecida por el demandado, la demandante manifestó que el Esteban Pedro Planisi Garcia Bernardo tenía unos ingresos mensuales de 1.500 euros al mes aproximadamente y que los gastos de las menores ascendían, cada una, a 300 euros al mes aproximadamente. Siendo, por tanto, obligación de ambos progenitores el prestar alimentos a sus hijos, se fija la pensión alimenticia en 400 euros mensuales (200 euros por hija) de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Dicha cuantía se abonará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que la madre designe al efecto, y se actualizará anualmente según las variaciones porcentuales del IPC. No manifiesta nada la demandante respeto de los gastos extraordinarios originados por las menores, ni tampoco hace petición expresa el Ministerio Fiscal al respecto, no obstante, dicha materia ha sido definida por la jurisprudencia como de ius cogens y por tanto pueden y deben ser fijadas de oficio por el juez. Así, por ejemplo, la Sentencia de Audiencia Provincial de Asturias de 23 de mayo de 2006 establece claramente la posibilidad de que el juez o tribunal fije la contribución de los progenitores a estos gastos extraordinarios, aunque ninguno de ellos solicite esa medida, dado el carácter de “ius cogens” de la misma. También, entre muchas otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de mayo de 2010 establece expresamente la obligación de manifestarse al respecto de oficio: La Sala debe integrar de oficio, al estar en juego los intereses de menores, el concepto y regulación de los gastos extraordinarios y su distinción de los extraescolares. Efectivamente, los gastos extraordinarios deben ser entendidos rectamente como aquellos que son necesarios, no periódicos e imprevisibles (como gastos médicos, odontológicos, etc. no incluidos en la Seguridad Social o seguro privado) y no requieren acuerdo, por su condición de necesarios, sino comunicación suficiente al otro progenitor, y deben costearse por mitad, salvo razones especiales que determinen otra distribución, que no es el caso. Solo los gastos no necesarios, como los extraescolares (que no son extraordinarios) requieren ese acuerdo, que debe incluir la proporción de pago y que, en caso de desacuerdo, puede ser suplido por decisión judicial. En consecuencia, el padre deberá abonar la mitad de los gastos extraordinarios de las menores, respecto a los cuales conviene precisar que por tales se entenderán los que son puntuales, excepcionales o imprevisibles o que no se producen con cierta periodicidad, como, por ejemplo, los gastos médico-farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social. Y, en cualquier caso, los gastos extraordinarios deben ser decididos por los dos progenitores y previo consentimiento del no custodio, a no ser que respondan a situaciones de urgente necesidad, en cuyo supuesto y, a falta de acuerdo, pueden ser autorizados judicialmente. CUARTO.- Por último solicita la demandante, 100 euros en concepto de pensión compensatoria. El artículo 97 del Código Civil establece una compensación para aquel cónyuge que sufra “un desequilibrio económico en relación a la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio”, según la redacción dada por la Ley 15/2005, pero que no hace más que aclarar lo que decía la redacción de 1981. Ambas disposiciones parten de la base del desequilibrio económico, que implique un empeoramiento en la situación anterior en el matrimonio. El artículo 97 C. C. concibe legalmente este derecho como reequilibrador para aquel cónyuge a quien la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio en relación a las circunstancias económicas de que gozaba constante matrimonio y sólo se acreditará cuando se pruebe la existencia de dicho desequilibrio patrimonial. No supone un mecanismo igualatorio de las economías conyugales, porque su presupuesto esencial es la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de que un cónyuge gozaba durante el matrimonio y las de después de la ruptura. Esta doctrina ha sido mantenida de forma reiterada y unánime por Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia de 10 febrero 2005, repetida en las de 5 noviembre 2008, 10 marzo y 17 Julio 2009, señalándose que “La pensión compensatoria es pues, una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras razones, porque el artículo 97 del Código Civil no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación), y del carácter estrictamente alimenticio que tendría si la prestación viniera determinada por la situación de necesidad en que se encontrara el cónyuge perceptor, lo que hace que dicha Sala haya admitido la compatibilidad de la pensión alimenticia y de la compensatoria (Sentencia de 2 de diciembre de 1987: «. todo ello con independencia de la facultad de pedir alimentos si se cumplen los requisitos legales como derecho concurrente (arts 142 y ss. CC )»). En consecuencia, el derecho a percibir esta pensión descansa en dos presupuestos o requisitos objetivos esenciales: a) la existencia de un claro desequilibrio patrimonial entre los esposos; y b) que esta situación económica desventajosa para uno de los cónyuges sea consecuencia directa y esté vinculada casualmente al hecho de la separación o del divorcio, y no a cualesquiera otras circunstancias, preexistentes al matrimonio y ajenas o sobrevenidas a la crisis matrimonial. Por lo que respecta a la temporalidad de la pensión compensatoria, la Sala de lo civil del Tribunal Supremo declaró como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 10 febrero 2005, seguida por las de 28 abril y 19 diciembre del mismo año y las de 9, 14 y 17 de octubre y 21 noviembre de 2008, que en las condiciones y circunstancias que se describían, era posible la atribución de la pensión compensatoria con carácter temporal. Concretamente, la sentencia de 10 febrero 2005 dice que: “De lo dicho se deduce que la ley -que de ningún modo cabe tergiversar- no prohibe la temporalización, se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Ergo, debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación”. Además, el artículo 97.1 del C. C. fue modificado en este sentido por la Ley 15/2005, de 8 de julio, y a partir de aquel momento se admite que la pensión pueda constituir en “una pensión temporal o por tiempo indefinido”. Dicha doctrina jurisprudencial vino a establecer que «para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad -«ratio»- de la norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia». Siendo los elementos a ponderar «numerosos, y de imposible enumeración», debiendo destacarse «la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etcétera. Es preciso que conste una situación de idoneidad o, aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión «ex ante» de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado «futurismo o adivinación». El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección». Atendiendo, por tanto, a la documental obrante en autos, que determina un matrimonio de diez años de duración, ya las declaraciones vertidas en el escrito de demanda que fijan una situación de desempleo de la demandante desde hace dos años, sin que cobre en la actualidad cantidad alguna, frente al trabajo de marinero del demandado por el que cobraría unos 1.500 euros mensuales, se aprecia el desequilibrio patrimonial entre los esposos que permite estimar la pensión solicitada por la demandante de 100 euros mensuales, cantidad que deberá abonar el demandado en la cuenta que al efecto determine la demandante dentro de los 5 primeros días de cada mes y que deberá actualizarse anualmente según las variaciones del IPC o índice equivalente. Ahora bien, por lo que respecta a la temporalidad o no de la pensión alimenticia, lo expuesto en el anterior párrafo nos debe servir para valorar la procedencia de limitar la misma. Y es que, aun cuando sea cierto que Dña. Karen Elisa de 32 años, sea una persona joven, con buena salud, la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo no es el único factor a considerar, sino que hay que analizar todas las circunstancias concurrentes, entre ellas los medios económicos del esposo, asimismo, Dña. Karen Elisa va a continuar dedicándose durante algunos años más al cuidado de los hijas en común; también ha de considerarse la duración del matrimonio, que no ha sido breve (10 años de vida en común). Por ello, resulta procedente en este caso limitar temporalmente la pensión compensatoria a 5 años, sin perjuicio de que si en el futuro concurrieran los supuestos de los artículos 100 y 101 del Código Civil, pueda pedirse su modificación o su extinción en su caso. QUINTO.- No se hace expresa imposición de costas. Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que estimando la demanda contenciosa de divorcio interpuesta por Dña. Karen Elisa Valencia Hurtado, representada por el Procurador Concepcion Belen Goebel Alvarez Buylla, contra D. Cristofer Harpa Hadou, en rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO la disolución por causa de divorcio del matrimonio formado por los anteriormente mencionados cónyuges con todos los efectos legales, fijándose las siguientes medidas definitivas: 1.-Que la guardia y custodia de las hijas menores se otorga a favor de la madre, siendo compartida la patria potestad.2.-Que el régimen de visitas a favor del padre será el siguiente: a) Que el padre podrá estar en compañía de las hijas cuando ambos progenitores estén de común acuerdo; y b) A falta de acuerdo, el padre podrá estar en compañía de las menores los fines de semana alternos, el sábado y el domingo, desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas del sábado; y desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas del domingo, sin pernocta, debiendo recoger y entregar a las menores en el domicilio materno.3.-Que la pensión alimenticia que el padre deberá abonar a favor de las hijas menores será de 400 euros mensuales (200 euros por hija), a abonar dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante transferencia bancaria a la cuenta y entidad que la madre indique. Dicha cuantía se actualizará anualmente según las variaciones del IPC. Asimismo, el demandado se hará cargo del 50% de los gastos extraordinarios de las hijas, cuales son los puntuales, excepcionales o imprevisibles o que no se producen con cierta periodicidad, como, por ejemplo, los gastos médico-farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social. Y, en cualquier caso, los gastos extraordinarios deben ser decididos por los dos progenitores y previo consentimiento del no custodio, a no ser que respondan a situaciones de urgente necesidad, en cuyo supuesto y, a falta de acuerdo, pueden ser autorizados judicialmente.4.- Se fija una pensión compensatoria a favor de la demandante de 100 euros mensuales durante cinco años, con efectos desde la fecha de la sentencia, la cual deberá ser ingresada en la cuenta corriente que se señale al efecto, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y por adelantado No se hace expresa imposición de costas. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoseles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación en el término de los veinte días siguientes al de su notificación. Para lo que deberá detenerse en cuenta lo dispuesto en cuanto al depósito de determinada cantidad de dinero, en la disposión adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la cual fue añadida mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Una vez firme la presente resolución, expídase testimonio para su anotación marginal en la inscripción de matrimonio de los ex cónyuges en el Registro Civil de Pontecesures (Pontevedra). Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe. DIVORCIO CONTENCIOSO 0000994 /2012 Procedimiento origen: Sobre DIVORCIO CONTENCIOSO DEMANDANTE D/ña. KAREN ELISA VALENCIA HURTADO Procurador/a Sr/a. AÑATERVE SCHARFHAUSEN LOUZA Abogado/a Sr/a. ANDREA CARINA BASS VELLERINO DEMANDADO D/ña. Cristofer Harpa Hadou Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. A U T O JUEZ Dª. MÓNICA FERREIRO QUINTAS. En FERROL, veintidós de Noviembre de dos mil trece. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.-En el presente procedimiento se ha dictado Sentencia, que ha sido notificada a las partes litigantes. SEGUNDO.- En la referida resolución figura como fecha de la sentencia la de “6 de noviembre de 2014”. TERCERO.- Por el procurador Concepcion Belen Goebel Alvarez Buylla, se ha interesado la rectificación de la fecha de la sentencia, puesto que se ha hecho constar el “6 de noviembre de 2014”, cuando la correcta es “6 de noviembre de 2013”. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 214.1 de la L. E. C., establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Las aclaraciones podrán, según establece el apartado 2 del mismo precepto, de oficio, por el tribunal o secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. SEGUNDO.- En el presente caso la petición ha sido formulada dentro de plazo y se estima procedente acceder a la misma. PARTE DISPOSITIVA ACUERDO: Estimar la petición formulada por el procurador Sr. MANIVESA PANTÍN, de rectificar el error cometido en la fecha de la sentencia dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: La fecha de la sentencia es la de “6 de noviembre de 2013”, y no la que se hizo constar por error. Líbrese certificación de esta resolución, que quedará unida a estas actuaciones, y llévese su original al libro de resoluciones definitivas. MODO DE IMPUGNACION: contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración. Así lo manda y acuerda S. Sª.; doy fe.- EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ, EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,