19/12/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 9 Madrid
Procedimiento despidos/ceses en general 69/2013

NIG: 28.079.00.4-2013/0001998 Procedimiento Despidos / Ceses en general 69/2013 Materia: Despido DEMANDANTE: D./Dña. DANIELA NOEMI MEDOUAR ARRESTI DEMANDADO: D./Dña. MARIA CAYETANA ASTEFANEI RIOTORTO y otros 22 D./Dña. RAFAEL LOZANO TERRAZAS SECRETARIO JUDICIAL DEL Juzgado de lo Social nº 09 de Madrid, HAGO SABER: Que en el procedimiento 69/2013 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. DANIELA NOEMI MEDOUAR ARRESTI frente a D./Dña. AGUSTIN DE LA TORRE MONTORO, D./Dña. MONICA ESTER HRIDA ZBAKH, D./Dña. JOSEFA ESTRELLA KERMAN LATAILLADE, D./Dña. SOFIA MANUELA SICHES AHAMED, D./Dña. BIRUTE MISARAS REBOLE, D./Dña. ANJARA MUHAMMAD SARRAPIO, D./Dña. DIANA ROXANA MAJKA SULEMAN, D./Dña. CRUZ MERCEDES RIUTORT NOVELLE, D./Dña. ROCIO ALEJANDRA HOLANDA MAJAITI CAMI, D./Dña. BLANCA ALICIA GARCIA DEL CID LOCH, D./Dña. ILZE MARIA ISIDORA SAMIT CABRERA, D./Dña. SMAHANE BEN HAMZA SHAIM KONDO, D./Dña. JUAN MIGUEL PERIANES LOPEZ, D./Dña. LIQUN REIXACH BENAINI, D./Dña. MARIA VALME CATHAYSA MARIA GULLIVER ROHER, D./Dña. JUANA FELISA ADRIANA BELEN SANSA STASI, D./Dña. RAFAEL ROLDAN ROMERO, D./Dña. PAGU LAPIDO, PATRICIA CARLA CCOO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE CSIF DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE UGT DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE USO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID y SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución: NIG: 28.079.00.4-2013/0001998 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº9 AUTOS Nº DEMANDA: 69/2013 SENTENCIA Nº: 423/2013 En Madrid a veintidós de noviembre de dos mil trece. D. JOSÉ MARÍA REYERO SAHELICES Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n° 9 del Juzgado y localidad o provincia MADRID tras haber visto los presentes autos sobre Despidos / Ceses en general entre partes, de una y como demandante D. DANIELA NOEMI MEDOUAR ARRESTI, que comparece asistido del Letrado MARIA JANE YUFANG CAMPOAMOR ECHEVERRIA y de otra como demandados SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S. A. comparece el letrado D. DOGLIO NACIMENTO, BENJAMIN DANIEL Y DE FUNCIONARIOS, (CSIF) representado en la persona de D. JOSE LUIS SAMYRA MOTEA MICHAVILA, Dª DIANA ROXANA MAJKA SULEMAN, que comparece por sí misma, D. JUAN MIGUEL PERIANES LOPEZ que comparece por sí mismo, MINISTERIO FISCAL, que no comparece, SECCION SINDICAL DE USO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE UGT DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE CCOO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, D. MARIA VALME CATHAYSA MARIA GULLIVER ROHER, D. CRUZ MERCEDES RIUTORT NOVELLE, D. BIRUTE MISARAS REBOLE, D. MONICA ESTER HRIDA ZBAKH, D. ANJARA MUHAMMAD SARRAPIO, D. ROCIO ALEJANDRA HOLANDA MAJAITI CAMI, D. RAFAEL ROLDAN ROMERO, D. AGUSTIN DE LA TORRE MONTORO, D. SOFIA MANUELA SICHES AHAMED, D. BLANCA ALICIA GARCIA DEL CID LOCH, D. DIEGO GIRALDEZ JEREZ, D. SANTOS SANCHEZ ALONSO, D. ILZE MARIA ISIDORA SAMIT CABRERA, D. LIQUN REIXACH BENAINI, D. JUANA FELISA ADRIANA BELEN SANSA STASI, D. SMAHANE BEN HAMZA SHAIM KONDO, que no comparecen estando citados en legal forma. EN NOMBRE DEL REY Ha dictado la siguiente UNICO.- Presentada la demanda en fecha 14/01/2013 correspondió su conocimiento a este Juzgado de lo Social, dándose traslado al demandado y citando, a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de conciliación judicial en fecha 20.11.2013 en que tuvieron lugar las actuaciones, compareciendo las partes reseñadas en el Acta, solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes y elevando finalmente a definitivas sus conclusiones. PRIMERO.- D. DANIELA NOEMI MEDOUAR ARRESTI provisto de NIE nº XXXXXXXXX venía trabajando para la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S. A. con una antigüedad de 02.08.2008, ocupando la categoría profesional de Vigilante de Seguridad, y percibiendo una retribución de 1.307,77 € incluida prorrata de pagas extras. SEGUNDO.- El 12.12.2012 es despedido por la empresa mediante la carta de despido que obrante a los folios 20 a 22, se da íntegramente por reproducida. TERCERO.- La empresa demanda inició un proceso de despido colectivo que afectaba inicialmente a 660 trabajadores en todo el ámbito nacional. Tramitado el correspondiente procedimiento el 03.12.2012 se alcanzó Acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores de la comisión negociadora. La empresa comunicó la decisión de despido a la Autoridad Laboral, al SPEE y a la comisión negociadora los días 10-12-2012 a los 2 primeros y 7-12-2012 a la Comisión. El 24-1-2013 la empresa presentó demanda de Conflicto Colectivo contra UGT, USO Y CCOO, en impugnación de despido colectivo, demanda que dio lugar a los autos nº 24/13 tramitados en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictándose Sentencia el 6-3-2013 en cuya parte dispositiva se declaró justificado el despido colectivo decidido por la empresa. Dicha sentencia, hoy firme, al igual que el Acuerdo de 3-12-2012, figuran incorporados a autos teniendo aquí su integro contenido por reproducido. CUARTO.- El actor no ostenta ni ha ostentado la condición de representante del personal ni sindical alguna en el último año. QUINTO.- El 09.01.2012, el 13.12.2011 y el 22.10.2012 fueron registradas demandas de cantidad por horas extraordinarias (folios 282 a 303). SEXTO.- En fecha 14.01.2013 el actor presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto administrativo el 30.01.2013 con el resultado de intentado y sin efecto ante la incomparecencia de los codemandados. Al acto del juicio no comparecieron SECCION SINDICAL DE USO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE UGT DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE CCOO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, D. MARIA VALME CATHAYSA MARIA GULLIVER ROHER, D. CRUZ MERCEDES RIUTORT NOVELLE, D. BIRUTE MISARAS REBOLE, D. MONICA ESTER HRIDA ZBAKH, D. ANJARA MUHAMMAD SARRAPIO, D. ROCIO ALEJANDRA HOLANDA MAJAITI CAMI, D. RAFAEL ROLDAN ROMERO, D. AGUSTIN DE LA TORRE MONTORO, D. SOFIA MANUELA SICHES AHAMED, D. BLANCA ALICIA GARCIA DEL CID LOCH, D. DIEGO GIRALDEZ JEREZ, D. SANTOS SANCHEZ ALONSO, D. ILZE MARIA ISIDORA SAMIT CABRERA, D. LIQUN REIXACH BENAINI, D. JUANA FELISA ADRIANA BELEN SANSA STASI, D. SMAHANE BEN HAMZA SHAIM KONDO, pese a estar citados en legal forma y con apercibimiento expreso de ser tenidos por confesos. PRIMERO.- A efectos del art.97.2 LRJS se hace constar que la relación de hechos probados es pacífica con las documentales unidas a los autos y reconocida por las partes. Del Hecho Primero se discute el salario. El que se fija 1.307,77 € se corresponde al que reflejan los recibos de salario unidos a los autos (folios 304 y ss) cuyo contenido se da íntegramente por reproducido. El resto de hechos probados no se discute y se justifica con la documental que se cita unidos a los autos. SEGUNDO.- Tal como expresa el suplico de la demanda se pide se dicte sentencia que declare la nulidad del despido por incumplimiento de las formalidades del despido o subsidiariamente su improcedencia. A los hechos de la demanda (Séptimo) y tal como precisó en el acto del juicio basa los defectos formales en no haber seguido los criterios de selección y ser consecuencia de la actitud reivindicatoria del demandante con varias demandas interpuestas. La empresa opone se trata de un despido consecuencia del despido colectivo de ámbito nacional tramitado por la empresa que finalizó con el Acuerdo de 03.12.2012, informando favorablemente Inspección de trabajo y que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 06.03.2013 declaró justificado. Que en concreto y por lo que a los criterios de selección se refiere; Que figuran en la memoria explicativa siendo conocidos por la actora (como se extrae del Hecho Quinto párrafo Segundo su demanda) y ratificados en el Acuerdo final. En cuanto a la reclamación por horas extraordinarias, opuso; y es de sobra conocido la litigiosidad a que tal controversia ha dado lugar. TERCERO.- Así planteado el debate comenzaremos por la regulación legal. El art.124 LRJS decía: “El órgano judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el acuerdo empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario, si no se hubiese obtenido la previa autorización administrativa, en los supuestos en que legalmente esté prevista. En tal caso, la condena a imponer será la que establece el artículo 113 de esta Ley.” Tras la redacción dada por el R. D Ley 11/2013, de 2 de agosto dispone: “El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los artículos 120 a 123 de esta Ley, con las especialidades que a continuación se señalan. b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las siguientes reglas: 1.ª) El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.2.ª) La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.3.ª) Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.” El art.51.4 ET dispone: “Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de esta Ley. En todo caso, deberán haber transcurrido como mínimo treinta días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.” El art.53.1 exige como requisitos formales, cuyo incumplimiento conlleva la declaración de improcedencia (53.5) la comunicación escrita al trabajador expresando la causa y la puesta a disposición. La carta de despido se comunica en plazo y sobre su contenido, preciso, extenso y concreto, no remitimos a la misma y que obrante a los folios 20 a 23, se da íntegramente por reproducido. Sobre el percibo de la indemnización en relación al salario que se fija nada se cuestiona y se justifica con los documentos obrantes a los folios 338 y 339 por reproducidos. CUARTO.- En cuanto a los criterios de selección, obran en la memoria explicativa y tras el proceso de ERE se alcanza el acuerdo final de 03.12.2012 con la representación de los trabajadores en la Comisión Negociadora. La propia parte actora al Hecho Quinto de su demanda dice: “Que, en el mencionado Acuerdo de 03 de Diciembre de 2012, el número de trabajadores afectados ascendía a 340, 244 personal operativo, y el resto, personal “indirecto”. En Madrid se han producido 64 extinciones, 22 de personal operativo y 42 de personal de oficinas. Se conviene que “la designación de los trabajadores finalmente afectado, se llevara a cabo en aplicación estricta de los criterios de selección indicados por la empresa en la documentación que dio inicio al presente proceso de despido colectivo, desarrollados y explicados en el curso de las negociaciones, manifestando todas las partes que dichos criterios de designación no son arbitrarios, ni concurren en los mismos criterios alguno que pudiera ser considerado discriminatorio”. Dicho Acuerdo no fue impugnado por los representantes de los trabajadores. La empresa demandada planteó demanda ex art.124.3 dando lugar a los Autos nº 24/13 tramitados en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recayendo sentencia de 06.03.2013 firme, declarando justificando el despido colectivo. Recoge la Sentencia de la Audiencia: “Se ha probado, por otra parte, que la empresa demandada se encuentra en una situación económica negativa, causada esencialmente por la fuerte restricción del mercado, que ha supuesto una fuerte reducción de su volumen de negocios, que pasaron de 526 MM euros en 2008 a 298 MM eros en 2012, habiéndose acreditado una reducción de ingresos en los cuatro últimos trimestres consecutivos de un 20, 94% respecto a los mismos trimestres del ejercicio precedente.- Se ha probado, por otro lado, unos resultados negativos en el ejercicio 2012 por importe de -5.394.590 euros, lo cual acredita de manera clara la concurrencia de causa económica. Se ha probado, por otro lado, la existencia de una plantilla muy superior a la demanda de actividad empresarial, que justifica sobradamente, a nuestro juicio, la concurrencia de causa organizativa, al ser impensable que una empresa, cuyo volumen de negocio e ingresos se ha reducido geométricamente en un contexto recesivo, mantenga la totalidad de su plantilla, planificara para períodos expansivos”. Alega el actor que en su caso no se siguieron los criterios de selección. Al respecto decir, que la decisión pactada por los negociadores del ERE fue de ámbito nacional y por ello tuvo en consideración a todos los centros de trabajo a los que a lo largo de la península prestan su servicios los trabajadores de la demandada. La decisión empresarial no analiza, puesto a puesto, sino que parte de una decisión definitiva desde un punto de vista global. El testigo que depuso en el acto del juicio D. Cayetano Jesus Sinai Belintan Parajes (Director RRHH) testificó que se creó un departamento de Eficiencia para el ERE. Que la plantilla era de más de 10.000. Que se extrajeron los datos del ordenador y sobre una puntuación. En todo caso la decisión de que puesto de trabajo deben ser suprimidos compete a la empresa y solo cabrá cuestionar esta decisión si se acredita que los trabajadores escogidos lo fueron por razones discrecionales, arbitrarias o caprichosas. Como reiteradamente se ha expresado, los criterios fueron fijados en la memoria explicativa y las partes en el Acuerdo final manifestaron que dichos criterios no eran arbitrarios ni concurre criterio alguno que pudiera ser discriminatorio. El informe de IT lo convalidó y la Sentencia de la Audiencia Nacional declaró justificados el despido. En cuanto al motivo de nulidad por la reclamación por horas extraordinarias, decir que no puede ser un indicio cuando la práctica totalidad de Vigilantes de Seguridad de todas las empresas han ejercido dicha pretensión. De todo lo expuesto concluimos que se han observado los requisitos formales en la tramitación del despido colectivo, como la concurrencia de la causa económica y organizativa alegada por la empresa para proceder a los despidos, se encuentra resuelta por la Sentencia de la Audiencia Nacional que declara probado el cumplimiento de los requisitos del art.51 del E. T y la concurrencia de la causa objetiva; por lo que dicha Sentencia produce efectos de cosa juzgada respecto del presente procedimiento individual. Así lo establecía el art.124.3 de la LRJS, ya trascrito. Por ello, en el presente caso, no puede entrarse a discutir sobre los defectos del procedimiento de despido colectivo ni sobre la concurrencia de las causas objetivas, pudiendo únicamente discutir sobre la regularidad procedimiento del despido individual del actor. Se ha cumplido con lo expuesto en los arts.51.4 y 53.1 ambos del ET ya trascrito y por tanto con todos los requisitos formales, lo que conlleva la desestimación de la demanda. QUINTO.- Contra la presente sentencia y por razón de la materia contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación art.191. a) LRJS. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, Que DESESTIMANDO la demanda formulada por D. DANIELA NOEMI MEDOUAR ARRESTI frente a SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S. A., CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, (CSIF), Dª DIANA ROXANA MAJKA SULEMAN, D. ANTOJA QIN, ERIK ANDRES USO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE UGT DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, SECCION SINDICAL DE CCOO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA EN MADRID, D. MARIA VALME CATHAYSA MARIA GULLIVER ROHER, D. CRUZ MERCEDES RIUTORT NOVELLE, D. BIRUTE MISARAS REBOLE, D. MONICA ESTER HRIDA ZBAKH, D. ANJARA MUHAMMAD SARRAPIO, D. ROCIO ALEJANDRA HOLANDA MAJAITI CAMI, D. XOSE LOIS KNIGHT FASSIO, D. AGUSTIN DE LA TORRE MONTORO, D. SOFIA MANUELA SICHES AHAMED, D. BLANCA ALICIA GARCIA DEL CID LOCH, D. DIEGO GIRALDEZ JEREZ, D. SANTOS SANCHEZ ALONSO, D. ILZE MARIA ISIDORA SAMIT CABRERA, D. LIQUN REIXACH BENAINI, D. JUANA FELISA ADRIANA BELEN SANSA STASI, D. SMAHANE BEN HAMZA SHAIM KONDO, debo declarar y declaro PROCEDENTE la decisión extintiva llevada a cabo por la empresa el 12.12.2012 declarando extinguido el contrato de trabajo en tal fecha, absolviendo a los codemandados de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en el BANCO BANESTO c/ Orense, 19 de Madrid a nombre de este Juzgado con el núm.2507, clave 65 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANCO BANESTO c/ Orense, 19 Madrid a nombre de este juzgado, con el n° de cuenta 2507, clave 65 la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. De conformidad con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, Instrucción 5/2012 de 21 de noviembre así como Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (BOE del día 15) la parte o partes que deseen recurrir deberán presentar el Modelo 696 de autoliquidación con el ingreso debidamente validado, teniendo en cuenta que el art 4.3 de la Ley 10/12 establece “En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación”; exención que incluye a los que posean el beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, a las personas con discapacidad en impugnación del grado reconocido, las Organizaciones Sindicales que actúen en defensa de los intereses de los trabajadores, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los Organismos asimilados de la Comunidad Autónoma. Con excepción de la reclamación de derechos fundamentales. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez D. NELSON EFRAIN KOROTKOVA PLUTA que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D./Dña. SOFIA MANUELA SICHES AHAMED, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento. En Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil trece. EL SECRETARIO JUDICIAL