02/07/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
Juicio verbal 219/2012

Procedimiento: JUICIO VERBAL 0000219 /2012 Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD De D/ña. TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, S. L. Procurador/a Sr/a. WALTER JESUS ZARAUZA SANSINENEA Abogado/a Sr/a. ANGELA ALEJANDRA ORRILLO RATIBI Contra D/ña. OBRECER, S. L. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. Dª. CARMEN CARBALLO RAMOS, Secretario/a Judicial, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.11 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento JVB-219/2012 seguido a instancia de TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, S. L. frente a OBRECER, S. L. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA N° 30/2013 En A Coruña, a siete de Marzo de dos mil trece. Vistos por mí, César González Castro, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado con el número 219/2012, en los que han sido partes: Demandante/s: la entidad mercantil TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, SLU, con CIF B-15495302, representada por el procurador de los tribunales D. Cristian Raul Ewan Delmiro Saquinga y defendida por el letrado D. Richard Steven Atta Gutierrez de Pando Calvera. Demandando/s: la entidad mercantil OBRECER, SL, con CIF N° B-70003751, en situación de rebeldía. Objeto: reclamación de cantidad. Se procede, en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La parte demandante presentó escrito de demanda que se repartió a este juzgado, en la que, después de relatar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitó que, previos los trámites legales, se dicte sentencia en que se condene a la demandada al pago de la cantidad de 2.911,06 euros y los intereses de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a la celebración del correspondiente juicio verbal, al que compareció la parte actora, no compareciendo la demandada, siendo declarada en rebeldía. TERCERO.- Abierto el acto del juicio, se ratificó la actora en su escrito inicial. CUARTO.- Que solicitado por la actora el recibimiento del pleito a prueba, se acordó la apertura del correspondiente periodo probatorio, practicándose aquellas pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia. QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado todas las prescripciones legales, salvo con excepción de los previstos para el señalamiento de vistas y plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que penden sobre este juzgado. HECHOS PROBADOS La entidad mercantil TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, SLU instaló por encargo de la entidad OBRECER, SL 33 metros cuadrados de tarima en madera de eldondo africano de 1ª calidad en medidas 12x2,2, colocada sobre reartel de 4x3, clavado a masa, pulida y barnizada con tres manos de barniz de poliuretano en la obra que realizaba la demandada en la Zapateira, en el número 15 de la calle Martín Códax, en A Coruña, Urbanización Xesteira, chalet n° 60 de dicha urbanización, según numeración de la vivienda. Le fue encargada asimismo la realización de remates; en concreto 36 m/l de remate de elondo de 3x3, colocado alrededor del salón y escalón. El valor de dichos trabajos ascendió a 2.911,06 euros, IVA incluido, que no fue abonado por la demandada FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Estimo la demanda formulada por la entidad mercantil TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, SLU contra la entidad OBRECER, SL, y, en consecuencia, condeno a esta última a que abone a dicha actora la suma total de 2.911,06 euros. Los motivos son los siguientes: 1.- El contrato de arrendamiento de obra es aquel contrato por el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra por precio cierto; concepto de obra que se reconduce al resultado de la actividad humana. También se define como contrato bilateral por el que una parte se obliga a pagar una remuneración o precio a la otra por la realización de una obra. La esencial obligación, pues, del comitente o dueño de la obra es el pago del precio, “precio cierto” según la expresión del art.1544 del Código Civil, que puede ser predeterminado, determinado o determinable, admitiendo diversas variedades para su fijación y pago. Por su parte el contratista asume la obligación principal de ejecutar la obra y alcanzar con ella el resultado pretendido, conforme al proyecto y en orden a su habilidad y utilidad según su fin o destino. El contrato de obra es bilateral, produce para ambas partes obligaciones recíprocas o sinalagmáticas: cada una de las partes, es al tiempo acreedora y deudora de sendas obligaciones, enlazadas entre sí por una relación de reciprocidad o sinalagma. La doctrina científica complementa la definición del artículo 1544 del Código Civil al decir que en ese contrato el empresario o contratista promete el resultado y su buena ejecución técnica, siendo indiferente, a efectos de este contrato, que quien la ejecute ponga solamente su trabajo o industria o que también suministre el material, como dice el art.1588 del Código Civil.2.- Es doctrina jurisprudencial plenamente consolidada que la carga de la prueba tan sólo es de aplicación cuando, ante la falta de prueba de un hecho fundamental o relevante para la decisión judicial, sigue siendo éste incierto o dudoso para el tribunal y debe en sentencia resolver para quién han de producirse las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria, por lo que la «regla de juicio», recogida en su día en el artículo 1214 del Código Civil y hoy en el artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede estimarse vulnerada, ni su infracción denunciarse en casación, cuando los juzgadores de instancia obtienen su convicción decisoria de cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia del litigante que las haya suministrado, pues, a virtud del principio de «adquisición procesal», los resultados de las pruebas se logran para el proceso y se producen en beneficio indistinto de ambas partes y no sólo de la que las aporta a él. La infracción de la regla de juicio es apreciable cuando, ante la total carencia de prueba sobre un hecho relevante para la resolución judicial, el tribunal desatendiendo o invirtiendo las reglas distributivas del onus probandi, hace recaer los efectos desfavorables de su ausencia o insuficiencia al litigante a quien no incumbía la carga de su probanza; pero no lo es, frente una apreciación en conjunto de la prueba practicada. En concreto, la sentencia de 12 junio 2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes términos: “1.- Para que se produzca la infracción del artículo 1214 (precedente del actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material.2.- No cabe aducir infracción de la carga de la prueba -artículo 1214 del Código Civil - para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad - incoherencia- pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.- El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007 “. 3.- Conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la circunstancia de que la parte demandada no se hubiese personado en plazo para contestar a la demanda, y que, por ello, hubiera sido declarada en situación de rebeldía procesal, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos. Baste reiterar aquí los términos de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 2004, conforme a la cual “la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -arts.281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 y 29 de marzo de 1980 ( RJ 1980, 1143) tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el onus probandi, no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda -sentencia de 4 de mayo de 1909-”. Esta regla procesal ha sido recogida de forma positiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario”. 4.- Sin embargo, no se puede ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el demandante, pues lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2007 establece que la falta de oportuna contestación a la demanda, sin que exista excusa legal para ello, determina la imposibilidad por parte del demandado de oponer hechos impeditivos, extintivos o excluyentes frente a la pretensión actora, con las consiguientes consecuencias sobre la limitación de los medios probatorios, que tiendan a justificar extremos de una oposición que la preclusión procesal impide formular, pues la rebeldía voluntaria no se compagina con la exigencia de agotar toda la diligencia necesaria para evitar la indefensión.5.- La jurisprudencia no excluye el valor probatorio del documento no reconocido, pues el art.1225. del Código Civil, no impide su relevancia aún no adverado, ya que su autenticidad, en suma, podrá quedar acreditada por medios distintos del reconocimiento. Es reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la falta de reconocimiento o adveración de un documento privado no le priva en absoluto de valor, y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate.6.- De la documentación aportada con la demanda, en factura (documento n° 1), no impugnada en el acto del juicio, y la testifical de Juan Carlos Rodríguez López, resulta acreditado que la actora realizó los trabajos descritos en el los hechos probados, con suministro de material. No se ha demostrado que la actora hubiese realizado su trabajo de forma incorrecta. La demandada no ha acreditado el pago de la obra realizada. En consecuencia, procede estimar íntegramente la demanda. SEGUNDO.- Respecto al pago de los intereses moratorios, hemos de partir que tratándose de un contrato entre empresas mercantiles (calificación que no ha sido discutida y que resulta de lo actuado), se condena a la demandada al pago de los intereses que se hayan devengado, de conformidad con lo dispuesto en los arts.5, 6 y 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el importe de la factura reclamada desde la fecha de su respectivo vencimiento hasta su completo pago, al concurrir los presupuestos necesarios que establece dicha ley para el devengo de los intereses. TERCERO- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deberán ser abonadas por la parte demandada, al haberse producido la íntegra estimación de la demanda. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Estimo la demanda formulada por la entidad mercantil TARIMAS Y PARQUETS GALPAR, SLU contra la entidad OBRECER, SL, y, en consecuencia, condeno a esta última a que abone a dicha actora la suma total de 2.911,06 euros y al pago de los intereses que se hayan devengado de dicha cantidad, de conformidad con lo dispuesto en los arts.5 a 7 de la Ley 3 / 2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el importe de la factura reclamada (la n° 25, de fecha 6/5/2010) desde la fecha de su respectivo vencimiento hasta su completo pago. Procede la condena en costas a la parte demandada. Inclúyase la presente en el libro de sentencias. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y es firme. Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo. Y encontrándose dicho demandado, OBRECER, S. L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a veintiocho de Mayo de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,