02/05/2013 | Administración Central
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Dependencia Provincial de Agricultura y Pesca
Resolución expediente administrativo sancionador nº 62/2012/SVIZ

Visto el expediente administrativo sancionador n° 62/2012 instruido en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya a D. EMILIO RAMON HOHA SILLERO, patrón del pesquero “TONIÑO SEGUNDO”, CO-7-3571, y a CHRISTIAN GIOVANNY MARIA LAVINIA BUGANU HRISTOFOROVA Y BEGOÑA ISABEL AMPARO VICENTA CUJI COITO., como armador, se dicta esta resolución en base a los siguientes PRIMERO. Con fecha de 30 de enero de 2012, se formalizó Acta de inspección n° 146168, por inspectores de pesca marítima del Centro de Seguimiento de Pesca de esta Secretaría General, al citado responsable por Salir a la mar con el equipo de localización de buques vía satélite(caja Azul) inoperativa desde el día 21 al 27 de enero de 2012. Lo que determinó el inicio del citado expediente por Acuerdo del Delegado del Gobierno en el País Vasco con fecha de 03 de septiembre de 2012. SEGUNDO. El órgano instructor del procedimiento considera la existencia de una infracción grave en materia de pesca marítima exterior, tipificada en el artículo 96, apartado 1°, letra j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, por no llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza, establecido en la normativa vigente, por causas imputables al interesado, proponiendo una sanción de 3.000€ en base a los criterios de proporcionalidad recogidos en su propuesta. TERCERO. No se presentan alegaciones en ningún momento procesal. CUARTO. En el momento de la comisión de los hechos el interesado había sido sancionado con anterioridad por la comisión de infracciones administrativas graves en materia de pesca marítima exterior, en virtud de Resolución de 18 de octubre de 2010, dictada en el seno del expediente 33/2010/SCOR y firme desde el 18 de diciembre de 2010, por la comisión de una infracción de las tipificadas en el artículo 96.1. h) de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Que de lo actuado durante el desarrollo de la instrucción ha quedado acreditado y probado documentalmente en el expediente y así se contiene en la propuesta de resolución, que el patrón al mando del pesquero “TONIÑO SEGUNDO” salió a faenar durante la marea correspondiente a los días 21 al 27 de enero de 2012 sin tener la Caja Azul operativa. Sin ulteriores trámites ha de resolverse este expediente, ya que para ello no han de tenerse en cuenta nuevos hechos ni documentos que no se hallen incorporados a las actuaciones, dado que se han cumplimentado todos los trámites esta-blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el Reglamento del Régimen Sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores, aprobado por el Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo; en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en las demás disposiciones de general y pertinente aplicación. Esta Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura es competente para entender del presente expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107-b) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. Los hechos probados vulneran lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento CE 404/2011, de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento CE 1224/2009, que establecen que “los buques pesqueros de la UE no podrán abandonar un puerto, una vez detectado un fallo técnico o la ausencia de funcionamiento del dispositivo de localización por satélite, antes de que dicho dispositivo instalado a bordo vuelva a funcionar plenamente y a satisfacción de las autoridades competentes del Estado del pabellón. Sin embargo, el CSP del Estado miembro del pabellón podrá autorizar a sus buques pesqueros para abandonar el puerto con un dispositivo de localización por satélite averiado para que sea reparado o sustituido”. Asimismo suponen un incumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Orden APA 3660/2003, de 22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización en los buques pesqueros, que indica que “en caso de fallos técnicos o de no funcionamiento del dispositivo de localización de buques vía satélite instalado a bordo, el buque no podrá salir de puerto hasta que haya sido reparado y comprobado el correcto funcionamiento del mismo desde el Centro de Seguimiento de Pesca, o haya obtenido una autorización expresa de la Secretaría General de Pesca Marítima para salir con el equipo averiado” Los hechos probados constituyen una infracción administrativa grave en materia de pesca marítima exterior, de acuerdo al artículo 96, apartado 1°, letra j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, por no llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza, establecido en la normativa vigente, por causas imputables al interesado.1°) Que el artículo 131 de la Ley 30/1992, establece el principio de proporcionalidad, lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora de establecer las multas con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo, y a guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción a imponer.2°) En cuanto a la gravedad de la infracción, en el presente caso, del patrón responsable del pesquero, con independencia de la inobservancia de la norma, y teniendo en cuenta la obligación del patrón-armador de dar cumplimiento a la normativa de control y seguimiento de los pesqueros por vía satélite, supone interferir en el seguimiento, control e inspección de la actividad pesquera por parte de las autoridades competentes, en relación con las normas y medidas de la política de pesca en aguas exteriores de protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros (artículos 5 y 39 de la Ley 3/2001), pudiendo dejar sin efectos buena parte de la normativa reguladora de la actividad dirigida a la protección del medio y de los recursos pesqueros, dado que los dispositivos de seguimiento por satélite son uno los principales instrumentos con los que cuenta la administración pesquera para garantizar su cumplimiento.3°) Que la presente infracción tiene el carácter de continuada, ya que se cometió a lo argo de una marea de varios días (del 21 al 27 de enero de 2012), cumpliéndose con los requisitos y circunstancias indicados en el artículo 5.3 del Real Decreto 747/2008.4°) Que se aprecia una evidente intencionalidad en el hecho de que el buque salió a faenar a pesar de que la Secretaría General de Pesca le había comunicado en repetidas ocasiones que no podían hacerlo dado que la Caja Azul del buque no se encontraba operativa. Resulta, por lo tanto, de aplicación la agravante prevista en el artículo 13.2. a) del Real Decreto 474/2008.5°) Que se observa la existencia de reiteración, ya que en el momento de la comisión de los hechos el patrón ya había sido sancionado por la comisión de infracciones administrativas graves en materia de pesca marítima exterior, en virtud de Resolución de 18 de octubre de 2010, dictada en el seno del expediente 33/2010/SCOR y firme desde el 18 de diciembre de 2010, por la comisión de una infracción de las tipificadas en el artículo 96.1. h) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.6°) Que, en atención al principio de proporcionalidad, esta Dirección General estima, que la cuantía que se establece como sanción propuesta por el instructor no resulta proporcional de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la citada Ley 30/1992 y 13 del vigente Reglamento de régimen sancionador en materia de pesca marítima, dado no se ajusta a la gravedad de la infracción cometida, a su carácter continuado y a la existencia de antecedentes.6°) Que es criterio de los tribunales suficientemente reiterado en diferentes sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa, el que la variación, y en el presente caso el aumento de la sanción respecto de la propuesta por el Instructor, no implica que se haya de dar nueva audiencia al particular, por cuanto la propuesta no es vinculante y en el presente caso no ha existido variación de los hechos imputados ni de la calificación de la infracción y la elevación de la cuantía de la sanción se encuentra dentro de los límites legalmente establecidos. (STS Sala de lo contencioso administrativo Sección 3ª de fecha 23/04/1998). 7°) Que como complemento de lo anteriormente expresado la doctrina jurisprudencial es coincidente respecto de la plena validez de lo dispuesto por el órgano competente para sancionar, sin necesidad de abrir una nueva fase de alegaciones, en el caso de imponer una sanción distinta a la recogida en la propuesta de resolución, siempre que la relación de hechos se mantenga inalterada (la calificación de la infracción no se modifique) y la sanción sea una de las específicamente previstas en la Ley para ese concreto y determinado tipo de infracción (TS Sala 3ª 07/06/1997). Por todo ello esta Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Imponer, de forma solidaria a D. EMILIO RAMON HOHA SILLERO y a MARINA CARMEN FERO GARCIA DE VIEDMA Y OTRO C. B., como patrón y armador, las siguientes sanciones una sanción principal consistente en multa de 12.000€, por la comisión de una infracción grave y continuada en materia de pesca marítima y exterior, de las tipificadas en el artículo 96.1. j) de la Ley 3/2001. Asimismo, en atención a las circunstancias del presente caso y de acuerdo a lo previsto en el artículo 92 del Reglamento CE 1224/2009, así como en el Anexo XXX del Reglamento CE 404/2011, de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) 1224/2009, la comisión de la presente infracción lleva aparejada la imposición de 3 puntos. Notifíquese la presente resolución a los interesados, advirtiéndoles que la misma no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de Pesca, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 en relación con el 107.1 de la Ley 30/1992. Madrid, 25 de Febrero de 2013 EL DIRECTOR GENERAL Ignacio Escobar Guerrero SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN VIZCAYA DEPENDENCIA DE AGRICULTURA Y PESCA.