04/07/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 2 Ferrol
Medidas cautelares 946/2012 0001 C

Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES 0000946 /2012 0001 C Sobre OTRAS MATERIAS (ORD 946/12) De D/ña. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ NOGUEIRA °, FERROL Procurador/a Sr/a. BERTA SOBRINO NIETO Letrado: CORA MARIA BASOA LAMAS Contra D/ña. FRANCA HAMZI, SOL MARIA LOPEZ EBEL ARBELAITZ, MONTSERRAT ROSA MACELARU CHAOUKI, LAURA ESTEFANIA NOVO Procurador/a Sr/a. Letrado: En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: AUTO Ferrol, diecisiete de junio de dos mil trece. HECHOS ÚNICO: Con fecha 19/11/2012 la Procuradora Sra. Sobrino Nieto, en representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Nogueira 1 de Ferrol, presentó demanda de juicio ordinario contra don José Luis y doña Jenny Alejandra Garcia Almonacid Pauwels, que fue turnada a este Juzgado. En dicha demanda solicitaba la adopción de medidas cautelares. Posteriormente presentó demandada ampliatoria contra don Jose Francisco Javier Araiztegi Valov y doña Maria Perpetua Benhlima Erreguerena. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS ÚNICO: Solicita la parte actora la adopción de la siguiente medida cautelar: cesación inmediata de los ruidos y demás actividades molestas realizadas en la vivienda bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Para determinar si procede o no la adopción de la medida cautelar solicitada ha de analizarse la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art.728 LEC: apariencia de buen derecho y peligro por la mora procesal. En relación con la apariencia de buen derecho cabe señalar que de la documental aportada con la demanda se desprenden los siguientes datos: -Los vecinos han presentado diversas denuncias contra los inquilinos u ocupantes del piso primero derecha del inmueble sito en la calle Nogueira n° 1 de Ferrol. Entre ellas: denuncia presentada el día 26/09/2012 por don Jesús Gutiérrez Ruiz contra don José Luis Leira Novo por causar daños a la puerta del portal; el día 27/07/2012 este mismo vecino y doña Dora Alba Fernández Ospina denunciaron a los ocupantes del primero derecha por amenazas, insultos, el mal olor que desprende la casa, la existencia de hormigas y ratas en el edificio porque traen basura de los contenedores, tiran botellas de vidrio por la ventana y todo tipo de objetos y porque tienen miedo a que prendan fuego al edificio; el día 07/08/2012 doña Dora Alba Fernández Ospina denuncia amenazas de contenido xenófobo; el día 19/11/2012 denuncian que Laura y José Luis prendieron fuego al piso que ocupan en la madrugada del día 30/10/2012 y seguidamente abandonaron el edificio sin avisar a los vecinos que quedaron atrapados en sus pisos sin poder salir por las escaleras que estaban invadidas por el humo; unos días después volvieron a prender fuego al piso. En las fotografías del recorte del periódico del día 12/01/2013 que aportaron los demandantes en la vista se aprecian los efectos del fuego tanto en la vivienda como en los elementos comunes del edificio. -En la vista la vecina del 2° izquierda, doña Dora Alba Fernández Ospina declaró que llevan año y medio soportando todo tipo de actos: los hermanos Leira Novo tiran bombonas de butano por las escaleras; golpean la puerta del piso que ocupan con las bombonas; rompieron a patadas la puerta del portal; por la noche gritan, se insultan, se agreden; orinan en las escaleras, a veces han llegado a defecar en las escaleras; han agredido a un vecino; a ella la han insultado; tienen la puerta del piso destrozada y las ventanas rotas; prendieron fuego al piso que ocupan. Como consecuencia del incendio la hija de la testigo inhaló humo y estuvo una noche en el hospital. Doña Dora declaró que desde el incendio tiene miedo de vivir en su casa así que se ha visto obligada a vivir de alquiler al tiempo que sigue abonando la hipoteca de su casa. Dice la SAP de Burgos de fecha 11/07/2008: “El artículo 7.2 de la LPH dice que “al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”. Caso de que se ejercite la acción de cesación prevista en este artículo la propia Ley señala que la demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local”. Como quiera que el precepto concede a la Comunidad de propietarios acción directa contra el ocupante o arrendatario que realiza las actividades prohibidas, su llamada a juicio es necesaria ante un hipotético pronunciamiento de condena. En tales casos la doctrina señala que se impone un litisconsorcio de origen legal, ya que el artículo 7.2 de la LPH así lo exige, al utilizar la expresión “ y” para referirse al propietario como legitimado pasivamente siempre en estos procesos y al ocupante como legitimado eventual. Pero, cierto sector doctrinal matiza que en el supuesto de que el cese de la actividad no interfiera en la relación establecida entre propietario y ocupante, en este caso la cesación en nada afectará al propietario y tampoco la resolución que recaiga en el pleito, careciendo de sentido la traída al litigio de aquél a quien ni le va ni le viene lo que en el mismo se ventila, es decir, la razón que fundamenta el litisconsorcio pasivo necesario no existirá”. Indica la SAP de Navarra de fecha 15/02/2005: “de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4° del apartado 2 del Art.7 de la LPH, la acción de cesación aparte (“en su caso”) de dirigirse contra el ocupante de la vivienda, de ser persona distinta al propietario, debe dirigirse contra el propietario de la vivienda, aunque él no sea quien ejerza la actividad prohibida, ya que el pronunciamiento puede alcanzar al mismo, pues aparte de la cesación de la actividad prohibida puede acordarse la privación del derecho de uso, que evidentemente afecta la propio derecho de propiedad, lo que otorga legitimación pasiva ad causam al propietario de la vivienda donde se ejerce la actividad prohibida, por lo que procedente fue la demanda articulada frente a los mismos”. En este caso se ha llamado a juicio a los ocupantes y a los propietarios del piso. La llamada a estos últimos está justificada porque se desconoce la relación entre éstos y aquéllos (si los hermanos Leira Novo son arrendatarios u ocupantes sin título) y en la demanda se pide la privación del derecho de uso de la citada vivienda por lo que la sentencia que se dicte sí afectará a los propietarios. Indica la SAP de Palma de Mallorca de fecha 07/05/2005: “Conforme razona la Juez “a quo” en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia de instancia, con cita de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 29 de noviembre de 2000, los requisitos de prosperabilidad de tal acción son esencialmente: a) Que se acredite la realidad de las molestias permanentes; b) que las incomodidades producidas a los vecinos sean significativas y superiores a las habituales de las relaciones de vecindad; c) que se haya practicado el requerimiento para su subsanación; y d) que no se hayan subsanado las deficiencias dentro de un plazo razonable”. En este caso, la prueba practicada permite efectuar un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión de la demandante sin prejuzgar lo que se resuelva en la eventual sentencia pues el contenido de ésta dependerá de las pruebas que se practiquen en el acto del juicio. Se estima que concurre el presupuesto por la mora procesal puesto que durante la pendencia del proceso pueden continuar produciéndose el mismo tipo de actividades. La medida cautelar solicitada es adecuada y proporcionada y está prevista legalmente pues el artículo 7 LPH dispone que el Juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. SEGUNDO: El artículo 733 LEC establece que como regla general el Tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado. No obstante, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días. En este caso concurren razones de urgencia que justifican la adopción de la medida cautelar in audita parte tal y como ya se ha razonado al tratar el presupuesto de la mora procesal. TERCERO: De conformidad con lo previsto en los artículos 735 y 737 LEC y en consideración a los mínimos perjuicios que puede provocar al demandado la medida cautelar se fija el importe de la caución en la cantidad de 20 euros. CUARTO: No se hace expresa imposición de costas dado que la medida cautelar se adopta in audita parte y, por tanto, sin oposición de la parte demandada. En consideración a todo lo expuesto PARTE DISPOSITIVA Se estima la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuradora Sobrino Nieto, en representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Nogueira n° 1 de Ferrol, contra don José Luis Leira Novo, doña María Laura Leira Novo, don Dario Andres Alvaro Jesus Bruño Zulaika y doña Maria Perpetua Benhlima Erreguerena, con los siguientes pronunciamientos: 1-Se acuerda que los demandados don Antonio Lino Yale Onetto y doña Jenny Alejandra Garcia Almonacid Pauwels cesen de forma inmediata en las actividades molestas que llevan a cabo en el inmueble sito en la calle Nogueira n° 1 de Ferrol y en la vivienda (primero derecha) que ocupan en dicho edificio consistentes en tirar objetos por las ventanas, tirar objetos por las escaleras, defecar y orinar en los elementos comunes, hacer hogueras o prender fuego, romper elementos comunes, acumular basura, hacer ruidos excesivos especialmente en horario nocturno y otras análogas. Todo ello bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial.2- Se fija en la cantidad de 20 euros el importe de la caución que deberá prestar la parte demandante. En tanto no ingrese esta cantidad en la cuenta del Juzgado no se llevará a cabo ningún acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de que los demandados puedan formular oposición el plazo de 20 días a contar desde la notificación de este auto. Así lo acuerda, manda y firma doña Elvira Méndez Ibias, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Ferrol. Doy fe. Y como consecuencia del ignorado paradero de HENRIQUES VENKOVA, ANRI CUMBAJIN HAMPEL, FRANCISCO CLEMENTE MUIÑOS Y GEORGINA MARY ADRIAN ROBERT AZHAF VIÑAMATA, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. FERROL a dieciocho de Junio de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Fdo. Fernando Vázquez Boyero