07/11/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
1ª Instancia e Instrucción 1 Corcubión
Sentencia: 93/2013

SENTENCIA: 00093/2013 APELACION DE FALTAS JDO. PAZ 0000001 /2013 Procurador/a:, ZHELYAZKO OLAETA YAGUE Abogado:, Representado: SEMERARO BEHRENS, FABIEN Corcubión, 16 de octubre de 2.013. D. IVÁN BARALLOBRE SÁNCHEZ, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de Corcubión y su Partido Judicial, tras conocer del recurso de apelación interpuesto en el Juicio de Faltas 2/2012 seguido ante el Juzgado de Paz de Zas en el que figuraba como denunciante ROCIO CARMEN ANAYANSI AOUSSAR BERTRAND, asistida por el Vanessa Gabriela Reddad Lalueza y representada por el Assetou Bouaouda Oqueranza; y como denunciados YUHONG SAN LUCAS ARLA, y MIGUEL LAGO SILVA, asistido éste último por el Escolastico Kerboub Moratin; vengo en dictar la siguiente Sentencia en nombre de S. Jon Koldo Etxezabal Sikka. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el Juicio de Faltas arriba reseñado recayó Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2.012 dictada por la Jueza de Paz de Zas con el siguiente Fallo: “Condenar a MIGUEL LAGO SILVA y YUHONG SAN LUCAS ARLA como autores de una falta de vejaciones a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 53 del Código Penal para el caso de impago. Ambos condenados deberán indemnizar a ROCIO CARMEN ANAYANSI AOUSSAR BERTRAND la cantidad de cuatro mil euros (4.000 €), conjunta y solidariamente en concepto de daños al honor de ésta”. SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de apelación por el Stefania Alexandra Geras Mesesan, con el contenido reflejado en escrito obrante en autos. El Juzgado tuvo por interpuesto el recurso en tiempo y forma, y de conformidad con la Ley, dio traslado a las demás partes, contestando la apelada a medio de escrito de 9 de noviembre de 2.012. Tras diversas dificultades para la notificación de la Sentencia y el traslado del recurso de apelación al condenado Martín Abalo (finalmente resueltas con la citación edictal), se elevaron las actuaciones a este Juzgado, para resolución del recurso con el número 1/2013. TERCERO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales. HECHOS PROBADOS UNICO.- Se revocan los de la sentencia apelada, los cuales son sustituidos por los siguientes: “Se declara probado que el día 30 de junio de 2.009 se presentó en el Juzgado Atestado del Puesto de la Guardia Civil de Vimianzo en el que se recogía la denuncia de ROCIO CARMEN ANAYANSI AOUSSAR BERTRAND a causa de la conducta seguida por dos trabajadores de la empresa de cobro de deudas “ALCOBROS”, que le reclamaban una supuesta deuda de 8.000 euros que tendría su marido con una carpintería de Cabana de Bergantiños. Dicho Atestado dio lugar a la incoación por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Corcubión del Juicio de Faltas 105/2009, cuya tramitación ha quedado paralizada durante más de seis meses, al menos, en el período comprendido entre el 16 de febrero de 2.010 y el 14 de septiembre dé 2.010”. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto se fundamenta principalmente en que los hechos denunciados y por los que se ha condenado a los denunciados estarían prescritos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 131.2 y 132.2 del Código Penal las faltas prescriben a los seis meses, quedando interrumpido y sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena. En el caso de autos, puede observarse al menos una paralización del procedimiento con eficacia prescriptiva. En concreto, la paralización de la causa por un período superior a 6 meses se habría producido de forma clara e indubitada entre la providencia del día 16 de febrero de 2.010 y la diligencia de ordenación y simultánea providencia de 14 de septiembre de 2.010 (por un período de casi siete meses). Entre ambos períodos no se efectuó ninguna decisión de carácter sustantivo que tuviera la eficacia de interrumpir la prescripción, sin que pueda atribuirse dicho carácter a la mera estampación de un sello de entrada del juzgado al escrito presentado por la parte dando cumplimiento a un requerimiento (1 de marzo de 2.010) o a la documentación remitida por la Guardia Civil (2 de marzo de 2.010). Y ello por cuanto si jurisprudencialmente se niega eficacia interruptiva de la prescripción a las resoluciones de trámite que se limitan a acordar la unión a los autos de la documental recibida, tampoco podrá atribuirse dicha eficacia a la mera recepción de echa documentación sin ni siquiera dictar una resolución. En cualquier caso, entre dichos actos y la diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2.010 habrían transcurrido igualmente más de seis meses. SEGUNDO.- Sentadas las anteriores premisas no puede más que concluirse que en el presente procedimiento penal procede declarar la extinción de la responsabilidad criminal de los denunciados por prescripción de las faltas que se les imputaban al haber permanecido paralizada la tramitación de la presente causa por un período superior a los seis meses, por causas no imputables a los denunciados. Constituye Doctrina del Tribunal Constitucional que la aplicación razonada de la prescripción de una falta por paralización del procedimiento es una garantía cuya apreciación es de orden público, de la que no puede privarse al acusado cuando no consta que dicha paralización fuera imputable al mismo, precisando que la aplicación del instituto de la prescripción no resulta tampoco ajena a la finalidad de dicha institución consistente en una autolimitación del Estado en la persecución de los delitos o faltas en los supuestos típicos en que se produce una paralización de las actuaciones procesales por causas sólo imputables al órgano judicial. En estos casos, una vez transcurrido un determinado plazo, la ley desapodera a dicho órgano judicial de su potestad de imposición de la correspondiente pena, lo cual no contradice el derecho concedido en el art.24.1° de la C. E., puesto que este precepto constitucional reconoce el derecho a la acción, y en concreto, a la acción penal, pero no garantiza el éxito de la pretensión punitiva de quien ejercita la acusación, ni obliga al Estado, titular del ius puniendi, a imponer sanciones penales con independencia de que concurra o no en cada caso alguna causa de extinción de la responsabilidad ni implica, que la paralización procesal imputable al órgano judicial haya de ser irrelevante a tal efecto, no pudiendo aceptarse que como consecuencia de una demora en el procedimiento pretenda perjudicarse un derecho a la interrupción del plazo de prescripción si el proceso estuvo efectivamente paralizado durante el tiempo que la ley señala para entender extinguida la responsabilidad penal del acusado. En aplicación de la anterior línea Jurisprudencial compartida por este juzgador y, en aras de garantizar el principio pro reo imperante en el proceso penal, en el caso que nos ocupa debe ser apreciada la prescripción al haberse cumplido las exigencias de derecho sustantivo sin que en modo alguno quepa admitir en esta materia interpretaciones restrictivas que pudiesen operar en contra del acusado, so pena de vulnerar principios elevados a la categoría de informadores del proceso penal. TERCERO.- La extinción de la responsabilidad penal derivada de la prescripción resulta igualmente extensible al condenado YUHONG SAN LUCAS ARLA con independencia de que el mismo no hubiese interpuesto recurso de apelación invocando la prescripción. Así resultaría tanto del efecto extensivo del contenido de la Sentencia respecto de los no recurrentes que se encuentre en la misma situación de hecho que los recurrentes; cuanto de la obligatoriedad de la apreciación de la prescripción incluso de oficio en el caso de que no haya sido invocada por la parte, razón por la que cabe apreciarla también en los casos de rebeldía del reo (como sucede en el caso que nos ocupa respecto de Martín Abalo, el cual no compareció a contestar al recurso de apelación interpuesto). CUARTO.- La apreciación de la prescripción ha de conllevar la extinción de la responsabilidad criminal de ambos condenados, y con ella, la revocación de la sentencia apelada, ante la obligación de absolver a los penados de la falta que se les imputaba. La absolución de dichos condenados también implica que no pueda hacerse pronunciamiento, en sede penal, de una eventual responsabilidad civil derivada de delito o falta; debiendo revocarse también en este punto la Sentencia apelada. Así, el artículo 116 de la LECrim anuda la responsabilidad civil a la condición de responsable de un delito o falta, de modo que negando la segunda condición (incluso en el caso de apreciación de la prescripción) no sería posible efectuar un pronunciamiento resarcitorio de carácter civil; todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que puedan asistir a los perjudicados y que deberán ejercitar ante la jurisdicción ciivil. QUINTO.- Lógico corolario de todo lo anterior ha de ser que se estime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por MIGUEL LAGO SILVA, revocando la Sentencia dictada en su día, y absolviendo a ambos acusados de la falta que se les imputaba por extinción de su responsabilidad criminal a causa de prescripción, sin que por lo tanto proceda efectuar declaración alguna de responsabilidad civil. Todo ello, con declaración de oficio de todas las costas procesales (al amparo de lo previsto por el artículo 240 LECrim), las causadas en primera instancia y las derivadas del presente recurso de apelación. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso de apelación interpuesto por D. Miguel Lago Silva frente a la sentencia de 12 de septiembre de 2.012 dictada por el Juzgado de Paz de Zas en los autos de Juicio de Faltas número 2/2012, REVOCANDO la misma y ABSOLVIENDO a MIGUEL LAGO SILVA y a YUHONG SAN LUCAS ARLA de la falta de vejaciones injustas que inicialmente se les imputaba, por haberse extinguido su respectiva responsabilidad criminal por PRESCRIPCIÓN de la citada falta, sin que por lo tanto deba efectuarse ningún pronunciamiento en materia de responsabilidad civil, y con declaración de oficio de las costas procesales (tanto las causadas en instancia como en apelación). Notifíquese esta Sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. D. DECLAN DIMITAR DIMITROV LOPIZ BENGHACHOUA. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Corcubión y su Partido Judicial.