22/02/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 5 Ferrol
Procedimiento: separación contenciosa 122/2010

Procedimiento: SEPARACION CONTENCIOSA 0000122 /2010 Sobre SEPARACION CONTENCIOSA De D/ña. MERCEDES FE FERREIRA PICOS Procurador/a Sr/a. COVADONGA ELISIO ALSIRA CASE BELLERINO Contra D/ña. JOSIP MCKENNA MARTIN DE LA VEGA Procurador/a Sr/a. Dª. REBECA DELGADO MARZAN, Secretario del JDO.1A. INSTANCIA N.5 de los de FERROL POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de separación 122 /2010 ha recaído SENTENCIA, del tenor literal: SENTENCIA: 00182/2011 Procedimiento: Separación Contenciosa 122/2010 SENTENCIA En Ferrol, a veinte de septiembre de dos mil once. Vistos por mí, Dña. Marina Carmen Palomo Moreno, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de los de esta localidad, los presentes autos de SEPARACIÓN CONTENCIOSA n° 122/2010 seguidos ante este Juzgado, a instancia de Dña. Mercedes Fe Ferreira Picos, representada por la Procuradora Sra. González-Irún Rodríguez y asistida por la Letrado Sra. Pedro Anastasio Servet Sanchez Monge, contra D. Alex Mincheva Ayter, en rebeldía. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La papeleta de demanda que da inicio a este procedimiento se presentó en fecha 03/02/10 y por turno de reparto correspondió a este Juzgado. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 12/02/10 se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestase en el plazo de veinte días, lo cual no efectuó, siendo declarada en rebeldía mediante providencia de fecha 16/05/11. TERCERO.- Con fecha 18/07/11 se celebró la vista, a la cual asistió la demandante debidamente asistida y representada, y sin que compareciera el demandado, con el resultado que obra en autos. CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el presente procedimiento se interpuso demanda de separación contenciosa por parte de Judith Maria Estefania Elizabeth Montilla Got contra D. Alex Mincheva Ayter, en la que, además, de solicitar que se decrete la separación matrimonial de los mismos, con la consiguiente inscripción en el Registro Civil, peticionaba, como medidas reguladoras de los efectos derivados de la separación, lo siguiente: 1.-Que se acuerde la atribución a la demandante del uso de la vivienda conyugal sita en la calle Villa Soledad, n° 22-24, 5° D, de Ferrol; 2.- Que el demandando abone a favor de la demandante una cantidad de 400 euros mensuales para la contribución de las cargas familiares y alimentarias, que deberá ser ingresada en los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria 2091-0226-21-3000059778, y que será revisada anualmente en función de las circunstancias personales de cada una de las partes; y 3.- Que el demandado abone a favor de la demandante una pensión compensatoria de 300 euros mensuales, que deberá ser ingresada en los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria 2091-0226-21-3000059778, y que será revisada anualmente. Ello con fundamento jurídico en el artículo 81.2 del Código Civil. El demandado se encuentra en situación de rebeldía procesal, lo que no implica ni allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, de conformidad con el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SEGUNDO.- Examinada la certificación del Registro Civil de Fene, acompañada por la parte actora con la demanda, se considera acreditado que los litigantes contrajeron matrimonio en fecha 11/10/1969 en dicha localidad, por lo que procede declarar la separación del matrimonio, con todos sus efectos legales, cuales son que: 1º.- Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal; 2º.-Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Ello de conformidad con los artículos 83 y 102 del Código Civil. Y ello por la concurrencia de la causa referida en el artículo 81.2 del Código Civil, esto es, el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio. TERCERO.- En cuanto a las medidas reguladoras de los efectos derivados de la separación: -Por lo que se refiere al uso de la vivienda conyugal sita en la calle Villa Soledad, n° 22-24, 5° D, de Ferrol, la parte actora alega que no dispone de otra vivienda y carece de ingresos suficientes para afrontar un alquiler. Además, en el acto del juicio añadió que vive sola en dicha vivienda, la cual es de carácter ganancial; y que la única hija del matrimonio es mayor de edad y vive en Madrid, aunque le ayuda económicamente en lo que puede. Establece el artículo 96 del Código Civil que en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella, corresponderán a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. No habiendo hijos habidos del matrimonio, como sucede en el supuesto que ahora se somete a nuestra consideración, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieren aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. En una primera aproximación al referido precepto podría concluirse que en los supuestos concernientes a matrimonios sin descendencia no es necesario que el juez atribuya el uso de la vivienda a ninguno de los cónyuges salvo que circunstancias especiales lo hicieran aconsejable. Sin embargo, es de observar que esa facultad a la que parece referirse tal artículo queda constreñida a los supuestos en los cuales, el uso del domicilio conyugal, por las razones antedichas, vaya a ser atribuido al cónyuge no titular del mismo, es decir, a aquellos casos en los cuales el matrimonio haya fijado su domicilio en la vivienda propiedad (privativa) de uno solo de los cónyuges, circunstancia que, desde luego, no aparece acreditada en este caso. No obstante, el hecho cierto es que la separación matrimonial produce como efecto consustancial a su declaración el cese de la obligación de convivencia entre los cónyuges, por lo que ningún objeto podría tener la declaración judicial de separación matrimonial si tras ella los cónyuges hubieran de permanecer conviviendo en un mismo domicilio, en cuyo caso quedaría frustrado el fin perseguido por ambos. Por eso, resulta necesario atribuir a uno de ellos el uso del que hubiera venido siendo domicilio conyugal, lo que necesariamente comporta la salida del otro, a fin de permitir que desde ese momento cada uno de los cónyuges desarrolle su vida con la necesaria independencia y separación física del otro. Sentado lo anterior, el citado artículo 96 ha venido a establecer las reglas que en este sentido deberán ser atendidas: en primer lugar, se tendrá en cuenta el acuerdo de los cónyuges que deberá ser aprobado por el Juez, siempre que el mismo satisfaga adecuadamente los intereses en conflicto; a falta de ese acuerdo, el uso de la vivienda conyugal será atribuido a los hijos habidos del matrimonio y al cónyuge en cuya compañía queden; no existiendo, como sucede en este caso, hijos menores, si la vivienda fuera privativa de uno solo de los cónyuges el uso de la misma deberá ser atribuido a éste, salvo que concurran circunstancias, más o menos excepcionales, que justifiquen la atribución del uso de la vivienda al cónyuge no titular de la misma por resultar su interés el más necesitado de protección. Finalmente, en aquellos supuestos en los cuales la vivienda ostentara una naturaleza ganancial, como parecer ser es el caso que nos concierne, deberá también el Juzgador pronunciarse acerca de cuál de los cónyuges dispondrá de su uso, en atención al interés familiar más necesitado de protección, es decir, atendiendo a la situación económica (al menos, principalmente económica) de cada uno de los interesados, por más que este uso pueda y deba limitarse en el tiempo. En atención a las consideraciones anteriores, debe atribuirse a la demandante Florin Liviu Boka El Achouchi el uso de la vivienda que hasta la fecha de la separación había venido constituyendo el domicilio familiar, si bien limitando ese derecho de uso exclusivo en el tiempo, hasta el momento en que se procede a la disolución y liquidación posterior del patrimonio ganancial. Y ello sobre la base de considerar que su interés familiar es el más necesitado de protección como lo acredita el hecho de que no consta que perciba salaio o pensión, sino sólo lo que el esposo tiene a bien en ingresarle desde la ruptura sentimental de la pareja hace aproximadamente tres años (300 euros mensuales desde Enero de 2008 hasta Octubre de 2009 y 100 euros mensuales desde Noviembre de 2009 hasta Marzo de 2010, según resulta de la certificación emitida por BBVA en fecha 04/03/10), y la ayuda económica que le presta la hija, según indicó en el interrogatorio practicado el día de la vista. Además de que padece una minusvalía del 47 % desde el 28/02/05 (documental, certificado de la Xunta de Galicia), que unida a su estado de salud actual, pues padece un “meningioma occipital izquierdo”, que está pendiente de valoración en neurocirugía (documental médica de 20/05/11), y a su edad de 64 años, sin experiencia laboral, imposibilitan su acceso al mercado laboral a fin de disponer de una independencia económica. Ello a diferencia de la capacidad económica del demandado, la cual se intuye superior, y decimos se intuye porque realmente no consta en las actuaciones cuál es el importe de las pensiones que percibe, pero lo que no cabe duda es de que las recibe, pues, por un lado, el Ministerio de Defensa le abona una pensión, tal y como se deduce de los oficios de dicho organismo remitidos al Juzgado, cuando trataba de averiguarse su domicilio, y parece ser que en la cuantía de 492’21 euros mensuales (hecho sexto de la demanda); y, por otro lado, recibe otra del Seguro de Pensiones alemán, según se desprende de la carta remitida al mismo al que fue su domicilio conyugal, lo que denota que dispone de unos ingresos económicos mensuales, que, aunque desconocidos en su importe, serán, en cualquier caso, superiores a los de la esposa, que no percibe nada. Además, consta que el demandado, en fecha 09/11/07, vendió por un precio de 84.000 euros, una finca privativa sita en la calle Pontevedra, n° 9-11, piso 3°, de Ferrol (documental, certificación del Registro de la Propiedad de Ferrol). -Por lo que se refiere a la concesión a favor de la parte actora de una pensión de 400 euros mensuales en contribución a las cargas familiares y alimentarias y otra de 300 euros mensuales como compensatoria, señalar lo siguiente: Primera.- El artículo 97 del Código civil establece una compensación para aquel cónyuge que sufra “un desequilibrio económico en relación a la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio”, redacción dada por la ley 15/2005, pero que no hace más que aclarar lo que decía la redacción de 1981. Ambas disposiciones parten de la base del desequilibrio económico, que implique un empeoramiento en la situación anterior en el matrimonio. Por lo que, según reiterada doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el referido precepto legal concibe legalmente este derecho como reequilibrador para aquel cónyuge a quien la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio en relación a las circunstancias económicas de que gozaba constante matrimonio y sólo se acreditará cuando se pruebe la existencia de dicho desequilibrio patrimonial. Doctrina mantenida, por ejemplo, en la Sentencia de 10 febrero 2005, repetida en las de 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009, diciendo que “La pensión compensatoria es pues, una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras razones, porque el artículo 97 C. c. no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación), y del carácter estrictamente alimenticio que tendría si la prestación viniera determinada por la situación de necesidad en que se encontrara el cónyuge perceptor, lo que hace que la Sala Primera del Tribunal Supremo haya venido admitiendo la compatibilidad de la pensión alimenticia y de la compensatoria. Y es que la pensión de alimentos y contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio, amparada en los artículos 90 y 91 C. C., obedece a la satisfacción de otra necesidad económica, fundada en los gastos de sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como los gastos que sean de cargo de la sociedad matrimonial. Segunda.- Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, una vez examinadas las actuaciones, las valoraciones efectuadas en los párrafos anteriores que acreditaban que la demandante se encontraba en una situación más necesitada de protección, fundamentan, a su vez, la concesión de una pensión alimenticia a su favor (que no de levantamiento de cargas del matrimonio, pues no se ha probado la existencia de alguna, tal y como podía ser un préstamo bancario), hasta la extinción del régimen económico mediante su liquidación. Ahora bien, se plantea la cuestión controvertida del quantum, pues, tal y como se dijo anteriormente, desconocemos realmente la cuantía de las pensiones que percibe el demandado, no obstante, a la vista de que no se ha opuesto a la demanda que nos ocupa y de que durante más de un año desde la ruptura de la relación conyugal ha estado abonando a favor de la demandante la cantidad mensual de 300 euros (documental, certificado del BBVA), es por lo que se estima oportuno otorgar esta cantidad en tal concepto. Asimismo, por lo que se refiere a la concesión de una pensión compensatoria a favor de la demandante, teniendo en cuenta la prolongada duración del matrimonio (más de 40 años), del que nació una hija, a la que prestó sus cuidados la esposa, quien también se encargaba de atender el hogar familiar, pues no consta que hubiera tenido empleo alguno durante el matrimonio, y la superior capacidad económica del demandado frente a la de la demandante, que es prácticamente nula, es por lo que también procede conceder una pensión compensatoria a favor de la esposa. Sin embargo, también se plantea la disyuntiva del quantum. La parte actora solicita la cantidad de 300 euros mensuales, la cual, realmente, no se estima desorbitada atendiendo a los más de 40 años de matrimonio, durante los cuales la mujer nunca trabajó y la situación económica del matrimonio debía ser bastante cómoda en consideración a que el demandado tenía un puesto de trabajo fijo en el Ministerio de Defensa y a que debió de realizar otros trabajos remunerados en Alemania por los que ahora recibe una pensión. Sin embargo, ignoramos el total mensual que percibe en la actualidad; si bien, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, se trata de dos pensiones y de que percibió hace tres años aproximadamente 84.000 euros producto de la venta de un bien privativo, parece oportuno otorgar los 300 euros mensuales peticionados por este concepto, a los que, por otro lado, no se ha opuesto compareciendo en las actuaciones, pues, a pesar de haber sido emplazado por edictos, lo que hace difícil que, en la práctica, tenga conocimiento del pleito, no lo hace imposible, pues, para empezar, es un medio de emplazamiento legal; y, además, se intentó el emplazamiento en un domicilio en el que vive un familiar. Tercero.- Las anteriores pensiones deberán ser abonadas por el demandado a favor de la demandante en los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria 2091-0226-21-3000059778. Cuarto.- Por último, respecto a la petición actora de revisión anual de las referidas pensiones, concretando en lo que se refiere a la pensión de alimentos que ello sea “en función de las circunstancias personales de cada una de las partes (documentos acreditativos que resulten necesarios)”, no es posible atender a la misma, pues si existe alguna modificación en las circunstancias personales de las partes ello deberá dar lugar a otro procedimiento judicial de modificación de medidas, a instancia de parte, en que se examinarán las mismas, junto con los documentos que, en su caso, se aporten. CUARTO.- No se hace expresa imposición de costas. Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que estimando parcialmente la demanda contenciosa de separación interpuesta por Judith Maria Estefania Elizabeth Montilla Got, representada pór la Procuradora Manuel Leonardo Orense Carballares, contra D. Alex Mincheva Ayter, en rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO la separación matrimonial de ambos litigantes, que se regirá por los siguientes efectos: 1°.- Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.2°.- Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. En cuanto a las medidas reguladoras de los efectos derivados de la separación.1º.- El uso de la vivienda conyugal, sita en calle Villa Soledad, n° 22-24, 5º D, de Ferrol, se atribuye a favor de la demandante hasta el momento en que se proceda a la disolución y liquidación posterior del patrimonio ganancial.2º.- Se fija una pensión de alimentos a favor de la demandante de 300 euros mensuales que deberá abonar el demandado hasta la extinción del régimen económico mediante su liquidación.3°.- Se fija una pensión compensatoria a favor de la demandante de 300 euros mensuales. Las referidas pensiones deberán ser abonadas por el demandado a favor de la demandante en los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria 2091-0226-21-3000059778. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación en el término de los cinco días siguientes al de su notificación. Para lo que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en cuanto al depósito de determinada cantidad de dinero, en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la cual fue añadida mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Una vez firme la presente resolución, expídase testimonio para su anotación marginal en la inscripción de matrimonio de los cónyuges en el Registro Civil de Fene. Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado-juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe. Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste, y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde JOSIP MCKENNA MARTIN DE LA VEGA extiendo y firmo el presente testimonio en FERROL, a 1 de febrero de 2013. El Secretario Judicial.