24/04/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 4 A Coruña
Ejecución de títulos judiciales 31/2013-E

XDO. DO SOCIAL N.4 A CORUÑA C/MONFORTE S/N.(TLF. REFUERZO 881881670) Tfno: 981185145-6 Fax: 981185147 NIG: 15030 44 4 2012 0000474 N81291 Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000031 /2013 E DEMANDANTE/S: MARTIN IVANOV ULIED NARBAIZA ABOGADO/A: YACINE CERTUCHE AARON LOPEZ PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: DEMANDADO/S: IML GRUPO INDEGA, S. L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: D/Dª ENCARNACION MERCEDES TUBIO LARIÑO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 4 de A CORUÑA, HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 31/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª MARTIN IVANOV ULIED NARBAIZA contra la empresa IML GRUPO INDEGA, S. L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución: A U T O Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/Dª. ERIKA ELISABETH FIDANKA SENHAJI JAULAR En La Coruña a 9 de abril de 2013 ANTECEDENTES DE HECHO Único: Por la representación de Dª YONGZHEN RELAÑO SAGAZ ha sido presentado escrito el 24 de enero de 2013 por el que se solicita la ejecución de la sentencia dictada por este Juzgado el 15 de mayo de 2012 por la que se declaraba la improcedencia del despido de la ejecutante solicitando la extinción de la relación laboral, así como el abono de la indemnización legal correspondiente y la condena al empresario al abono de los salarios dejados de percibir. Por Auto de 30 de enero de 2013 se despacha ejecución frente a la empresa IML GRUPO INDEGA, S. L. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Por Diligencia de Ordenación de 30 de enero de 2013 se convoca a las partes a comparecencia señalando para su celebración el 4 de abril de 2013. Llegado el día señalado la comparecencia se celebra con el resultado que es de ver en soporte apto en el que quedó grabado y que aquí se da por reproducido. HECHOS PROBADOS Primero: Por sentencia dictada por este Juzgado el 15 de mayo de 2012 en autos nº 99/2012 en el que figura como demandada la empresa IML GRUPO INDEGA, S. L. se declara improcedente el despido de la actora condenando a dicha empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de 34.562´95 euros en concepto de indemnización y la de 5.267´28 euros en concepto de salarios de tramitación desde el despido hasta la misma, así como los que se devenguen hasta su notificación a razón de 38´73 euros diarios. Segundo: La anterior sentencia ha sido comunicada por fax a Dª YONGZHEN RELAÑO SAGAZ el 1 de junio de 2012, siendo declarada firme por Diligencia de Ordenación de 12 de julio de 2012, notificándose dicha firmeza el 17 de julio de 2012. Tercero: La ejecución de la anterior ha sido solicitada por escrito de 24 de enero de 2013. Cuarto: No consta que la empresa haya readmitido al trabajador. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS Primero: Frente a la ejecución de la sentencia dictada por este Juzgado y solicitada por la ejecutante se alega por parte del FONDO DE GARANTIA SALARIAL la excepción de prescripción señalando que de conformidad con el artículo 279.2 de la LRJS, siendo negada la existencia de la misma sin perjuicio de que no se devenguen salarios a partir de los tres meses. Dispone el artículo 279.2 de la LRJS que no obstante y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes a los días transcurridos ente el último de cada uno de los plazos señalados en las letras a), b) y c) del apartado anterior y aquél en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción para instar esta última habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, plazo que, según el apartado siguiente, será de prescripción. En el presente caso resulta claro que, habiéndose dictado Diligencia de Ordenación el 12 de julio de 2012 la cual fue comunicada a la ejecutante el 17 de julio, y habiéndose solicitado la ejecución el 24 de enero de 2013, ha transcurrido con creces el plazo de tres meses que el precepto establece, debiendo en consecuencia entenderse prescrita la ejecución ejecutiva. Ahora bien, en el presente supuesto, a la comparecencia señalada únicamente ha acudido, además de la ejecutante, el FOGASA, sin hacerlo el empresario, por lo que cabría cuestionarse si dicha prescripción alegada por dicha entidad puede aprovechar al empresario. El artículo 23.5 de la LRJS establece, en su párrafo tercero: “La estimación de la caducidad o prescripción de la acción dará lugar a la absolución del empresario y del propio Fondo de Garantía, si hubieran alegado la prescripción o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. No obstante, si se apreciase interrupción de la prescripción por haber existido reclamación extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por éste de la deuda, éstos no surtirán efectos interruptivos de la prescripción frente al Fondo de Garantía y se absolverá a este.” Lo que implica que la alegación puede ser realizada por cualquiera de los dos (empresario o FOGASA) aprovechando al otro, sirviendo de argumento, además del propio tenor literal del precepto, lo establecido en el siguiente apartado en relación a la interrupción de la prescripción que si establece dicha diferencia en cuanto a resultado respecto de ambos sujetos. En este sentido señala la STSj de Galicia de 27 de julio de 2012: “QUINTO.- En cuanto a la firmeza de la sentencia de despido, la resolución será firme cuando transcurra el plazo legal para interponer el recurso pertinente, sin que sea necesaria una declaración expresa de firmeza, como parece entender el recurrente, al pretender que la sentencia quedó firme cuando, por diligencia de ordenación de fecha 1-9-11, se declara firme y se acuerda el archivo, pues la diligencia solo puede hacer constar el transcurso del plazo para interponer los recursos procedentes pero no la fecha en que se entiende que es firme. Por tanto, la Sala coincide con el juzgador de instancia cuando estima que la sentencia fue firme el día 4-8-11, momento en que se cumplió el plazo para interponer recurso. En consecuencia, la alegación de prescripción por el FOGASA, afectará también el empresario, dando como consecuencia la absolución también de éste pues, de conformidad con el art.23 de la LJS, en los supuestos del apartado 2 de este artículo, así como cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Fondo de Garantía Salarial deberá alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación, clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes. La estimación de la caducidad o prescripción de la acción dará lugar a la absolución del empresario y del propio Fondo de Garantía, si hubieran alegado la prescripción o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. SEXTO. - Resta por analizar si la prescripción comprende sólo la indemnización por despido o también la cantidad que corresponda por salarios de tramitación y, al respecto, la S. T. S. de 21-1-12indica que: “ en las sentencia de despido improcedente se contienen dos condenas distintas, una referida a una obligación de hacer, que es la readmisión del trabajador cuando, como en el caso que nos ocupa, la empresa no ejercita la opción legal que se le concede en ella, y otra de abono de una cantidad concreta, líquida, que son los salarios de tramitación comprendidos entre la fecha del despido y la de notificación de la sentencia. En esa situación, el artículo 277 LPLexige que la ejecución de la parte correspondiente a la obligación de hacer, la readmisión, si se entiende incumplida, se lleve a cabo en la forma que exige el artículo 226 LPL, esto es, a través de la solicitud del incidente de no readmisión, devengándose salarios de tramitación distintos de los inicialmente fijados en la sentencia. Sólo para éstos y para la propia acción de ejecución referida a la readmisión, el artículo 277 LPL establece la forma y plazos en los que esa acción ejecutiva ha de plantearse, limitándose esos salarios de tramitación cuando se ejercita dicha acción dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, entendiéndose ésta producida “por ministerio de la Ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el término para interponerlos, con independencia a éstos efectos de cuándo sea declarada la firmeza y cuándo sea notificada ( STS 4ª, 5 de julio de 2.011, recurso 2603/2010)”. Por lo que no procede, al ser acogida la excepción formulada y por lo tanto entender que ha prescrito la acción ejecutiva, acordar la extinción de la relación laboral, ni la fijación de indemnización, ni de los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia, procediendo, por el contrario la continuación de la ejecución por los salarios fijados en sentencia, respecto de los que la prescripción es de un año, tal y como establece el artículo 243.1 de la LRJS, y que se fijan en 5.267´28 euros. PARTE DISPOSITIVA Se estima la excepción de prescripción de la acción ejecutiva opuesta por el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y, en consecuencia: -No se accede a la pretensión de extinción de la relación laboral solicitada por Dª MAGDA MARIA VADAN SANTAEULALIA. -Se acuerda la continuación de la presente ejecución por los salarios de tramitación previstos en sentencia y que alcanzan la cantidad de 5.267´28 euros, así como por la cantidad de 526 euros presupuestada para intereses y costas. Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS. Así lo acuerda, manda y firma NICOLÁS E. PITA LLOVERES, Juez del Juzgado de Social nº 4 de La Coruña. EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En A CORUÑA, a quince de Abril de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL