29/08/2013 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 4 A Coruña
Ejecución de títulos judiciales 131/2013

XDO. DO SOCIAL N.4 A CORUÑA C/MONFORTE S/N- TLF.981185145-6 Tfno: REFUERZO.881881670 Fax: 981185147 NIG: 15030 44 4 2012 0001291 N81291 Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000131 /2013 DEMANDANTE/S: HORACIO FERNANDO EDUARD STEFAN ZSIGA HUTCHINS ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: DEMANDADO/S: TRANSPORTES ARRIVE IS S-20, S. L., FONDO DE GARANTIA SALARIAL ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: D/Dª ENCARNACION MERCEDES TUBIO LARIÑO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 004 de A CORUÑA, HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 131/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª HORACIO FERNANDO EDUARD STEFAN ZSIGA HUTCHINS contra la empresa TRANSPORTES ARRIVE IS S-20, S. L. sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución: A U T O Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/Dª. NANCY RAQUEL ROSELIN BEATERIO DRIOUACH En A CORUÑA, a veintitres de Julio de dos mil trece. ANTECEDENTES DE HECHO Único: Por la representación de D. ISOLINO BELLA BORRAT ha sido presentado escrito el 25 de abril de 2013 por el que se solicita la ejecución de la sentencia dictada por este Juzgado el 13 de junio de 2012 por la que se declaraba la improcedencia del despido de la ejecutante solicitando la extinción de la relación laboral, así como el abono de la indemnización legal correspondiente y la condena al empresario al abono de los salarios dejados de percibir. Por Auto de 29 de abril de 2013 se despacha ejecución frente a la empresa TRANSPORTES ARRIVE IS S-20, S. L. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Por Diligencia de Ordenación de 30 de abril de 2013 se convoca a las partes a comparecencia señalando para su celebración el 22 de julio de 2013. Llegado el día señalado la comparecencia se celebra con el resultado que es de ver en soporte apto en el que quedó grabado y que aquí se da por reproducido. HECHOS PROBADOS Primero: Por sentencia dictada por este Juzgado el 13 de junio de 2012 en autos nº 258/2012 en el que figura como demandada la empresa TRANSPORTES ARRIVE IS S-20, S. L. se declara improcedente el despido del actor condenando a dicha empresa a optar entre la readmisión del actor o al abono de una indemnización de 739´12 euros, en ambos casos con abono de los salarios de tramitación que hasta dicha resolución alcanzaban la cantidad de 7.144´15 euros, así como los que se devenguen hasta su notificación a razón de 49´27 euros diarios. Segundo: La anterior sentencia ha sido notificada a D. ISOLINO BELLA BORRAT el 21 de junio de 2012 y a la empresa el 21 de junio de 2012, siendo declarada firme por Diligencia de Ordenación de 22 de febrero de 2013. Tercero: La ejecución de la anterior ha sido solicitada por escrito de 25 de abril de 2013. Cuarto: No consta que la empresa haya readmitido al trabajador. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS Único: Frente a la ejecución de la sentencia dictada por este Juzgado y solicitada por la ejecutante se alega por parte del FONDO DE GARANTIA SALARIAL la excepción de prescripción señalando que de conformidad con el artículo 279.2 de la LRJS. Dispone el artículo 279.2 de la LRJS que no obstante y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes a los días transcurridos ente el último de cada uno de los plazos señalados en las letras a), b) y c) del apartado anterior y aquél en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción para instar esta última habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, plazo que, según el apartado siguiente, será de prescripción. En primer lugar para el computo del plazo de prescripción alegado por la parte habrá de determinarse la fecha de la firmeza de la resolución cuya ejecución se pretende pues si bien la sentencia ha sido notificada, respectivamente, al trabajador y a la empresa el 21 y el 28 de junio de 2013, la fecha de la Diligencia de Ordenación relativa a su firmeza es muy posterior, en concreto, el 22 de febrero de 2013. Señala al respecto la STSj de Galicia de 8 de marzo de 2013: Conviene tener presente que, como se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo derivada de diversas resoluciones, de ociosa cita, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye no sólo el derecho a la ejecución de las resoluciones firmes sino también el respeto a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, que, por consecuencia, han de cumplirse no estando permitida su modificación fuera de los casos previstos en el ordenamiento jurídico, en tanto que la obligación de que las sentencias judiciales se cumplan en sus propios términos, se colige también de lo establecido en la propia Carta Magna, artículos 9.3 y 117.3 de la misma y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo, por su parte, el artículo 277.2. in fine de la Ley de Procedimiento Laboral (hoy 279 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) que “la acción para instar esta última (la ejecución del fallo) habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia”, constituyendo el nudo gordiano de la presente controversia la determinación de cuál sea el momento en que se produce la firmeza de la sentencia y, como consecuencia, si está o no prescrita la acción ejecutiva en relación con el Fogasa que la opuso en la comparecencia celebrada el día 2/2/2012 y, así las cosas, la sentencia del Tribunal Supremo de 5/7/2011, dejó patente, entre otras consideraciones, que “es el art.207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria al procedimiento laboral, el que, con acomodo a lo que señala el art.245.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, define qué debe entenderse por resolución judicial firme. A tenor de dicho texto legal, “son resoluciones firmes aquéllas contra la que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la Ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”; del mismo modo el artículo 245.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación a las sentencias, señala que “son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo de revisión u otros extraordinarios que establezca la Ley”; el parámetro de medición para la firmeza se halla en el plazo de recurribilidad de la resolución y transcurrido el mismo y, por tanto, siendo imposible para las partes atacar ya la resolución en cuestión, la misma deviene firme; a dicha firmeza se anuda el efecto de cosa juzgada formal, a la que se refiere el apartado 4 del citado artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que abunda en el mismo criterio al disponer: “Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella”; por consiguiente, es el transcurso del plazo para recurrir el que ha de determinar la firmeza y como ha declarado la Sala 1ª de este Tribunal Supremo, la firmeza “se produce por ministerio de la ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el término sin interponerlos, con independencia a estos efectos de cuándo sea declarada la firmeza y cuando sea notificada” (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 28/21/1983; 8/11/1984; 31/32003, 14/7/2006 y 19/7/2007 pues, “otra cosa, supondría dejar en manos del Juzgador la eficacia de cosa juzgada de la sentencia y, como en este caso, la fijación del «dies a quo» del plazo de prescripción” - sentencia del Tribunal Supremo de 23/5/1998 - añadiendo, la citada resolución del Tribunal Supremo, que “la doctrina correcta es la que luce en la sentencia recurrida, sin que pueda demorarse el inicio del cómputo del plazo para instar la ejecución a la fecha de la providencia o auto que declare la firmeza de la sentencia, ni, en menor medida, a la de notificación de esta interlocutoria”, siendo así que, la aplicación al caso de tal doctrina, determina el rechazo de las pretensiones auspiciadas por la parte recurrente, habida cuenta de que, siendo notificada la sentencia al actor con fecha 26/5/2011 y a la empresa demandada Aixma Obras y Servicios S. L. el día siguiente, esto es, el 27/5/2011, la misma alcanzó firmeza al transcurrir cinco días desde tal notificación sin que hubiese sido impugnada por parte alguna, habiendo transcurrido, con creces, el plazo de tres meses a que se contrae el artículo 277.2 in fine de la Ley de Procedimiento Laboral (hoy 279 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) hasta que el trabajador demandante instó la ejecución, por lo que al oponer el Fogasa la prescripción de la acción ejecutiva, la consecuencia es que, dado que el citado óbice no es acogible de oficio y que no fue invocado sino por la única parte compareciente, esto es, el citado Fondo de Garantía Salarial, a éste únicamente ha de aprovecharle en relación con sus hipotéticas responsabilidades, lo que justifica y determina que la resolución combatida en el presente recurso de suplicación se ajusta a derecho y, en consecuencia, ha de desestimarse el recurso y debe ser confirmado el auto combatido en el mismo. “ Aplicando tal doctrina al presente supuesto, resulta que contados cinco días desde la notificación de la sentencia (21 ó 28 de junio de 2012), ha transcurrido con creces el plazo a que se refiere el artículo 279.2 de la LRJS pues la demanda ejecutiva ha sido interpuesta el 25 de abril de 2013. Ahora bien, en el presente supuesto, a la comparecencia señalada únicamente ha acudido, además de la ejecutante, el FOGASA, sin hacerlo el empresario, por lo que cabría cuestionarse si dicha prescripción alegada por dicha entidad puede aprovechar al empresario. El artículo 23.5 de la LRJS establece, en su párrafo tercero: “La estimación de la caducidad o prescripción de la acción dará lugar a la absolución del empresario y del propio Fondo de Garantía, si hubieran alegado la prescripción o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. No obstante, si se apreciase interrupción de la prescripción por haber existido reclamación extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por éste de la deuda, éstos no surtirán efectos interruptivos de la prescripción frente al Fondo de Garantía y se absolverá a este.” Lo que implica que la alegación puede ser realizada por cualquiera de los dos (empresario o FOGASA) aprovechando al otro, sirviendo de argumento, además del propio tenor literal del precepto, lo establecido en el siguiente apartado en relación a la interrupción de la prescripción que si establece dicha diferencia en cuanto a resultado respecto de ambos sujetos. En este sentido señala la STSj de Galicia de 27 de julio de 2012: “En consecuencia, la alegación de prescripción por el FOGASA, afectará también el empresario, dando como consecuencia la absolución también de éste pues, de conformidad con el art.23 de la LJS, en los supuestos del apartado 2 de este artículo, así como cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Fondo de Garantía Salarial deberá alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación, clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes. La estimación de la caducidad o prescripción de la acción dará lugar a la absolución del empresario y del propio Fondo de Garantía, si hubieran alegado la prescripción o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. SEXTO. - Resta por analizar si la prescripción comprende sólo la indemnización por despido o también la cantidad que corresponda por salarios de tramitación y, al respecto, la S. T. S. de 21-1-12indica que: “ en las sentencia de despido improcedente se contienen dos condenas distintas, una referida a una obligación de hacer, que es la readmisión del trabajador cuando, como en el caso que nos ocupa, la empresa no ejercita la opción legal que se le concede en ella, y otra de abono de una cantidad concreta, líquida, que son los salarios de tramitación comprendidos entre la fecha del despido y la de notificación de la sentencia. En esa situación, el artículo 277 LPLexige que la ejecución de la parte correspondiente a la obligación de hacer, la readmisión, si se entiende incumplida, se lleve a cabo en la forma que exige el artículo 226 LPL, esto es, a través de la solicitud del incidente de no readmisión, devengándose salarios de tramitación distintos de los inicialmente fijados en la sentencia. Sólo para éstos y para la propia acción de ejecución referida a la readmisión, el artículo 277 LPL establece la forma y plazos en los que esa acción ejecutiva ha de plantearse, limitándose esos salarios de tramitación cuando se ejercita dicha acción dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, entendiéndose ésta producida “por ministerio de la Ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el término para interponerlos, con independencia a éstos efectos de cuándo sea declarada la firmeza y cuándo sea notificada ( STS 4ª, 5 de julio de 2.011, recurso 2603/2010)”. Por lo que no procede, al ser acogida la excepción formulada y por lo tanto entender que ha prescrito la acción ejecutiva, acordar la extinción de la relación laboral, ni la fijación de indemnización, ni de los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia, procediendo, por el contrario la continuación de la ejecución por los salarios fijados en sentencia, respecto de los que la prescripción es de un año, tal y como establece el artículo 243.1 de la LRJS, y que se fijan en 7.883´20 euros. PARTE DISPOSITIVA Se estima la excepción de prescripción de la acción ejecutiva opuesta por el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y, en consecuencia: -No se accede a la pretensión de extinción de la relación laboral solicitada por D. ISOLINO BELLA BORRAT -Se acuerda la continuación de la presente ejecución por los salarios de tramitación previstos en sentencia y que alcanzan la cantidad de 7.883´20 euros, así como por la cantidad de 588 euros presupuestada para intereses y costas. Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS. Así lo acuerda, manda y firma NICOLÁS E. PITA LLOVERES, Juez del Juzgado de Social nº 4 de La Coruña. EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En A CORUÑA, a ocho de Agosto de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL