06/06/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 5 Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento: despido/ceses en general

Procedimiento: Despido/Ceses en general N.º Procedimiento: 0000138/2012 Intervención: Interviniente: Demandante: OUASSILA ZAMBONINO LO RE Demandado: PAVIMENTO COMPAVI S. L. Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Demandado: DRAGADOS S. A. Demandado: COMSA, S. A. U. En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts.59 de la LRJS y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se notifica a PAVIMENTO COMPAVI S. L. bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Insértese un extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2012. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Fdo.- GLORIA ALONSO SANTANA En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de mayo de 2011. Habiendo visto el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Limón Luque, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Social N° 5 de esta Ciudad y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre despido, seguido ante este Juzgado bajo n° 0000138/2012, promovido a instancia de D. Jonás del Cristo Santana Pérez contra Pavimento Compavi, S. L., Dragados, S. A., Comsa, S. A. y Fondo de Garantía Salarial, ha pronunciado en NOMBRE DEL REY, la siguiente sentencia. I.-ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que en fecha 15 de febrero de 2012 la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones, declarando el despido producido improcedente, condenando a la empresa a que opte por la readmisión o la indemnización, así como a los pertinentes salarios de tramitación. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se señaló para el acto del juicio el día 15 de mayo de 2012. Comparecida únicamente la parte actora y dada cuenta de los autos, la actora se afirmó y ratificó en los pedimentos y suplico de su demanda, si bien aclaró que por escrito anterior había ya desistido de Dragados, S. A. y Comsa, S. A., manteniendo su acción contra PAVIMENTO COMPAVI, S. L. y FOGASA. No obstante, y en función de las cantidades abonadas por las entidades respecto de las que se desistió, procede a modificar las cantidades reclamadas en la demanda, señalando que se le adeudan 1.166,08 euros correspondiente a la paga extraordinaria de verano, 1.052,81 euros correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad, 1.194,65 euros correspondientes a diciembre de 2011, y 983,54 euros correspondientes a las cantidades adeudadas en concepto de parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, sin que nada se deba por el mes de enero de 2012, ascendiendo el total reclamado a la cantidad de 4.397,08 euros, y manteniendo asimismo la improcedencia del despido. Recibido el pleito a prueba, esta fue admitida y practicada con el resultado que obra en las actuaciones y seguidamente se elevaron las conclusiones a definitivas, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia. TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos. II.- HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Que D. Humberto Luis Khanchouf Politi ha venido prestando sus servicios a tiempo completo mediante un contrato para obra o servicio determinado para la empresa demandada, dedicada a la actividad de la construcción, desde el 28 de junio de 2011, con la categoría profesional de oficial de 3ª, y percibiendo un salario diario con prorrata de pagas extraordinarias de 42,43 euros. El trabajador había prestado servicios para diversas obras. SEGUNDO.- Que el día 12 de diciembre de 2011 la empresa le entrega una carta al actor donde se le comunica que el 27 de diciembre siguiente finaliza su contrato por finalizar la obra para la que fue contratado. Posteriormente, se vuelve a remitir carta el 29 de diciembre de 2011, por la que se le comunica que su relación laboral finalizará el 13 de enero de 2012, por ser esta la fecha de finalización de la obra. TERCERO.- Que al actor se le adeuda la parte proporcional de las pagas extraordinarias de Verano y Navidad de 2011, por un total de 13,92 euros la primera, y de 1.052,81 euros la segunda, así como 1.194,65 euros correspondientes a la mensualidad de diciembre de 2011 y la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas, por un total de 668,36 euros. CUARTO.- Que no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la cualidad de representante unitario o sindical de los trabajadores. QUINTO.- Que en fecha 10 de febrero de 2012, tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el resultado de intentado sin efecto, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el día 27 de enero de 2012. III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El art.91.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social vigente dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia sobre los hechos que fundan la pretensión de la demanda, siempre que conforme al art.83.2 LRJS no hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan, en los términos que más adelante se mencionan. Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art.217 LEC, que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión. De acuerdo con lo establecido en el Art.97.2 de la LRJS, y en relación con el despido, ha de señalarse que se ha acreditado con la documental la finalización del contrato de trabajo, que tuvo lugar el 13 de enero de 2012, si bien no la antigüedad postulada en la demanda, que habrá de estarse a la que aparece en el certificado de empresa, así como a este mismo documento en cuanto a la categoría profesional, que coincide con la fijada en la demanda. En cuanto al salario, se está a la tabla salarial del convenio colectivo aplicable, coincidente con la establecida en la demanda, aunque supérior a la que se desprende del certificado de empresa. Habrá de estarse a la confesión judicial en cuanto a tener como ciertos que el trabajador prestó servicios en obras diferentes, razón por la que el contrato ha de considerarse indefinido. Esta conclusión viene además avalada por el hecho de que varias empresas hayan abonado parte de las retribuciones reclamadas por el trabajador con carácter previo a la celebración del presente juicio, según se desprende de los documentos aportados por la parte actora. SEGUNDO.- En el presente, y conforme a lo dispuesto en el Art.105.1 de la LRJS, corresponde a la parte demandada en materia de despido o en los supuestos de extinción del contrato de trabajo la carga de probar los hechos justificativos de la relación extintiva, lo que no se ha producido en la presente litis dada la incomparecencia de la demandada a los actos de conciliación y juicio. En el presente caso, no ha quedado probada la causa de la extinción contractual, tratándose de un despido carente de forma y acreditándose la existencia de la relación laboral indefinida y las circunstancias profesionales, así como el hecho del despido, por la prueba documental practicada y por la confesión de la empresa demandada, que debe ser tenida por confesa, por su incomparecencia pese a su citación en forma. Por todo ello, conforme al art.105 y 108 LRJS, procede declarar la improcedencia del despido efectuado. TERCERO.- Las consecuencias jurídicas del despido improcedente vienen contempladas en el art.56 y 57 ET, por la redacción dada a los mismos por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir, manteniéndole en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspondiente periodo, y el pago de la indemnización prevista en el art.56.2. ET. Por otra parte, la actora tendrá derecho asimismo a los salarios de tramitación devengados hasta el día de la fecha de extinción de la relación laboral, a saber, la de esta sentencia. La indemnización debe ser igual al importe de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado con prorrateo de los periodos inferiores al año y con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. En nuestro caso, el actor fijó en su demanda el salario diario en 42,43 euros, con prorrata de pagas extraordinarias, cantidad que se corresponde con la que se desprende del convenio colectivo de aplicación. En consecuencia, la indemnización a percibir es, a día de la fecha de publicación de la sentencia, de mil ciento trece euros con setenta y nueve céntimos (1.113,79 euros). Ha de recordarse que la DT 5ª RDLey 3/2012 sólo puede tener efectos respecto de los despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, puesto que sólo establece reglas transitorias en función de que el contrato de trabajo fuera o no firmado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, debiendo aplicarse el art 2.3 del Código Civil, de tal forma que no cabe apreciar efectos retroactivos si la norma no lo prevé de forma expresa, y está claro que la disposición transitoria mencionada no hace mención expresa de los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley. CUARTO.- Por lo que se refiere a las cantidades reclamadas de contrario, ha de tenerse en cuenta que no puede reconocerse la paga extraordinaria de Verano en su totalidad porque la antigüedad reconocida es la que consta en el certificado de empresa, a saber, 28 de junio de 2011, por lo que sólo le podrían corresponder 13,92 euros por tal concepto, reconociéndose lo reclamado en concepto de paga extraordinaria de Navidad (1.052,81 euros) y salario de diciembre de 2011 (1.194,65 euros), si bien en cuanto a las vacaciones ha de limitarse lo reclamado a 668,36 euros, en función de la antigüedad ya referida, y no los 983,54 euros reclamados. En consecuencia, ha de reconocérsele un total de 2.929,74 euros, y teniendo todas las partidas reclamadas carácter salarial, ha de procederse a incrementar las mismas con el 10% de mora, en función de lo previsto en el art.29.3 ET, desde la fecha en que por primera vez se reclamaron dichas cuantías, a saber, 27 de enero de 2012. Al respecto, ha de recordarse que la obligación laboral regulada en el art.29.1 del Estatuto de los Trabajadores, relativa a que la retribución salarial se pague por la empleadora puntual y documentalmente, y la aplicación de las reglas probatorias establecidas en el art.217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conducen en este caso a que se declare probado que no le fueron abonadas a la parte demandante las retribuciones salariales que reclama, siendo éste un hecho que podía haber desvirtuado su empleadora en el acto de juicio, al no haber comparecido en el mismo, no aportando por tanto prueba alguna que demuestre el pago efectivo de las cantidades reclamadas, siendo esa parte quien soporta la carga procesal de acreditar la extinción de la deuda salarial afirmada en la demanda o en su caso los hechos que impidan o enerven la eficacia jurídica de los que la constituyen. Además, la parte actora solicitó interrogatorio en el acto del juicio, por lo que ha de tenerse a la parte demandada como confesa en cuanto a la falta de abono de las cantidades adeudadas, en virtud de lo dispuesto en el art.91.2 LPL. Todo ello con los límites de la antigüedad que consta en el certificado de empresa, al no haberse aportado vida laboral u otro tipo de documento que acredite la antigüedad postulada en la demanda. QUINTO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.97.3 LRJS en relación con el art.66.3 de dicho Legal, no habiendo comparecido la parte demandada al acto de conciliación celebrado ante la Secretaria Judicial, estando notificado en forma, pero no coincidiendo lo otorgado en sentencia con lo pretendido por la parte en su demanda, tal y como fue aclarada en el acto del juicio, no procede imponer de oficio las costas a la parte demandada. Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art.117 de la Constitución Española y 1 de la Ley Orgánica del Poder judicial, FALLO Que estimando parcialmente la demanda promovida por D. Humberto Luis Khanchouf Politi contra Pavimento Compavi, S. L. y Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido de que fue objeto la demandante, y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por esta decisión, debiendo la empresa demandada readmitir al trabajador o, alternativamente, abonar al actor la cantidad de mil ciento trece euros con setenta y nueve céntimos (1.113,79 euros), en concepto de indemnización, debiendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado, con la advertencia que de no optar expresamente dentro de ese plazo, se entenderá obligatoria la readmisión, con abono en ambos casos, sea cual sea el sentido de la opción, así como la cantidad de 42,43 euros diarios desde el 14 de enero de 2011 –día siguiente al del despido producido- hasta la fecha de notificación la sentencia, en concepto de salarios de tramitación. Condeno igualmente a la empresa al abono de 2.929,74 euros en concepto de salarios adeudados, debiéndose incrementar los mismos un 10% anual desde 27 de enero de 2012. Asimismo, condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta resolución, asumiendo las responsabilidades que le puedan corresponder. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación de la Sentencia y con expresa advertencia de que de ser el recurrente la parte demandada a la que no se apliquen las excepciones previstas en el art.229.4 LRJS, deberá exhibir ante este Juzgado el resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social n° 5, n° de identificación: 0030/1846/42/0005001274, y al concepto clave 3500/0000/65/0138/12, abierta en el Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina sita en la C/ Triana de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito, y acreditar también haber depositado en la indicada cuenta la cantidad de 300 euros preceptiva legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se tendrá por anunciado dicho recurso. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.