15/06/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 1 Ferrol
Procedimiento: procedimiento ordinario 2076/2009

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0002076 /2009 Sobre OTRAS MATERIAS De D/ña. LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. Procurador/a Sr/a. YON MOUSATI SOMOGYI Contra D/ña. TECNIFONT AREA NORTE S. L. Procurador/a Sr/a. D/Dª OHIANA MINTEH MANAUTE TORRE, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 001 DE FERROL, DOY FE Y TESTIMONIO de que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0002076 /2009, que se tramita en este Juzgado a instancia de LEASE PLAN SERVICIOS, S. A., frente a TECNIFONT AREA NORTE S. L., se ha dictado con esta fecha resolución, uno de cuyos apartados es del tenor literal siguiente: SENTENCIA: 00124/2012 PROCEDIMIENTO: ORDINARIO N° 2076/2009 OBJETO: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. SENTENCIA En Ferrol, a 8 de mayo de 2012. JUAN FRANCISCO RIOBÓ FERNÁNDEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Ferrol, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 2076/2009, sobre reclamación de cantidad, en el que son parte demandante LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. representada por el Diana Jacqueline Kostadinova Serantes y asistida por el Letrado D. ALEJANDRO MOISES JIMA BEL HAJ, y parte demandada TECNIFONT AREA NORTE, S. L., en situación procesal de rebeldía; habiendo recaído la presente resolución con base en los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda de juicio ordinario interpuesta, en fecha 14 de diciembre de 2009, por el Diana Jacqueline Kostadinova Serantes, en nombre y representación de LEASE PLAN SERVICIOS, S. A., contra TECNIFONT AREA NORTE, S. L., en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos en fundamento de su pretensión, terminaba solicitando que, previos los trámites legales pertinentes, se dictase sentencia por la que: 1. “Se declare resuelto con fecha 25 de noviembre de 2009 el contrato de alquiler suscrito por la demandante y TECNIFONT AREA NORTE, S. L. relativo al vehículo con matrícula 6064FXS, condenando a la demandada a restituir a LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. el vehículo con matrícula 6064FXS.2. Se condene a TECNIFONT AREA NORTE, S. L. a: a) Pagar a LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. la cantidad de diecisiete mil novecientos setenta y cuatro euros con veinticinco céntimos (17.974,25 e), más los intereses de demora pactados, cuya liquidación se dejará para ejecución de sentencia. b) Abonar a LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. en concepto de daños y perjuicios, una cantidad equivalente a las rentas mensuales de alquiler dejadas de percibir por la actora desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el día en que LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. consiga la posesión efectiva del vehículo con matrícula 6064FXS.3. Se condene expresamente a la demandada al pago de las costas causadas a mi mandante”. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Auto de 12 de enero de 2010, se acordó sustanciar la misma por los trámites del juicio ordinario previstos en los arts.399 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y, con traslado de la demanda, se emplazó a la parte demandada para que compareciese en el proceso y contestase a la misma en el plazo de veinte días hábiles. Y, no habiendo comparecido la parte demandada dentro de dicho plazo, fue declarada por Providencia, de fecha 17 de marzo de 2012, en situación de rebeldía procesal. TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, prevista en los artículos 414 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ésta se celebró el día 7 de mayo de 2012, a la que compareció únicamente la parte actora, representada por la Procuradora Dª. STEFANY CAROLINA BALTAT ENASSIRI, en sustitución de D. JOSÉ MARÍA ONTAÑÓN CASTRO, y asistida por la Letrada D. NELSON GUSTAVO RIAZ SEALL DE LA SOTILLA, en sustitución de D. ALEJANDRO MOISES JIMA BEL HAJ; y en la que, tras ratificarse la parte actora en la demanda, se admitió la prueba de entre la propuesta -únicamente la documental acompañada con la demanda por reproducida-; y, finalmente, de conformidad con lo previsto en el art.429.8 LEC, se declararon los autos vistos para sentencia. Dicho acto se documentó en soporte audiovisual apto para la grabación y reproducción de la imagen y del sonido. CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado los términos y prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción de reclamación de cantidad, que se tramita por los cauces del juicio ordinario en aplicación de la regla general por razón de la cuantía prevista en el art.249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de una acción de cuantía superior a 6.000 €. A través de la acción ejercitada, la parte actora reclama a la demandada, según ha concretado en el acto de la audiencia previa, una vez recuperado el vehículo el día 27 de julio de 2010, la cantidad de 17.974,25 € a lo que debe añadirse la suma de 3.955,36 € correspondiente al incremento hasta la fecha de recuperación del vehículo; sobre la base del supuesto impago de unas facturas, derivadas de las relaciones comerciales entre las mismas, consistentes en el arrendamiento de vehículos por la actora a la demandada a cambio del correspondiente precio o renta. Asimismo, se le reclaman los intereses legales y las costas del procedimiento. SEGUNDO.- Debidamente concretado, según lo expuesto, el objeto del proceso, con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto, hemos de partir de la correcta delimitación de la naturaleza jurídica y normas aplicables a la relación negocial existente entre las partes. Tratándose de un arrendamiento de bienes muebles -vehículos-le serán de aplicación, en primer lugar, de las reglas generales sobre obligaciones y contratos. Así, respecto al nacimiento de la obligación ha de tenerse en cuenta que, en desarrollo del art.1089 del Código Civil, según los arts.1.091 y 1.157 del mismo cuerpo legal, “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos” y “no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”. En relación con el desenvolvimiento de la obligación, partiendo de que, según dispone el art.1254 del Código, “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. Precepto que con sus concordantes consagra el principio de libertad contractual y de autonomía de la voluntad de las partes para obligarse, por ello, el art.1255 del mismo texto legal establece que: “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”, precepto que consagra en nuestro ordenamiento jurídico el principio del “pacta sunt servanda”. Y, finalmente, previendo para el caso de incumplimiento, el art.1.101 que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas”. Siendo, además, de aplicación los arts.1101 y 1108 del mismo cuerpo legal respecto de la obligación de abonar intereses. En particular, resultan de aplicación al presente supuesto los arts.1542 y ss. del Código Civil relativos al contrato de arrendamiento, especialmente el art.1543 de dicho texto legal, según el cual: “en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una por tiempo determinado y precio cierto”. TERCERO.- De la prueba practicada en autos -únicamente la documental aportada por la actora adjunta con su demanda-resultan acreditados varios extremos: a) En primer lugar, según resulta acreditado por el documentos 1 a 3 adjuntos a la demanda, la existencia de una relación comercial entre las partes, consistente en la suscripción de tres contratos de alquiler de vehículos: * En fecha 13 de diciembre de 2005 un vehículo marca PEUGEOT, matrícula 4068DSP, por un mes prorrogable de duración y a razón de una renta mensual de 405,00 €, más el IVA correspondiente. * En fecha 10 de octubre de 2007 un vehículo marca SEAT, matrícula 0504FPB por un mes prorrogable de duración y a razón de una renta mensual de 419,00 €, más el IVA correspondiente. * En fecha 12 de diciembre de 2007 un vehículo marca FIAT, matrícula 6064FXS, por un mes prorrogable de duración y a razón de una renta mensual de 419,00 €, más el IVA correspondiente. b) También se acredita por dicha documental, documentos 4 a 42 aportados con la demanda, que, en virtud de dicha relación comercial, la actora emitió una serie de facturas a la demandada, sumando el importe de las impagadas la cifra de 17.974,25 €. c) Resulta, asimismo, acreditado por dicha documental, documento n° 43 adjunto a la demanda, que, para comunicar la resolución del contrato de alquiler del vehículo marca FIAT, matrícula 6064FXS, solicitando su restitución y en reclamación de dichas facturas impagadas, se remitió el correspondiente burofax a la demandada el cual fue efectivamente entregado el día 25 de noviembre de 2011. d) Finalmente, ha de tenerse en cuenta que consta, asimismo, acreditado por admisión de la parte actora que el vehículo marca FIAT, matrícula 6064FXS le fue devuelto por la demandada en fecha 27 de julio de 2010 y que ya con anterioridad había obtenido la restitución de los otros dos vehículos. CUARTO.- Debidamente concretados, según lo expuesto, tanto los hechos que se consideran probados como las reglas de derecho aplicables al caso, para la valoración de la prueba practicada al objeto de subsumir el supuesto en las normas aplicables al caso, hemos de tener en cuenta las reglas sobre atribución de la carga de la prueba contenidas en el art.217.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según las cuales, corresponde al actor “. la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda.” y al demandado “la carga de probar los hechos que conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos.” que deba probar el demandante. De dicho precepto resulta que la carga de la prueba no se reparte atribuyendo al demandante o actor la de todos los hechos de los que depende el efecto jurídico correspondiente a la tutela por él solicitada, dado que en tal caso, el demandante se enfrentaría a una auténtica prueba diabólica o, como mínimo, a una labor, ímproba, de muy difícil o imposible consecución si se le atribuyese tal onus probandi. Sino que, por el contrario, la carga de la prueba se establece en torno a dos criterios: a) Suponer que dándose los hechos constitutivos, no concurren -salvo que aleguen y prueben- hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. De ahí que, sin alegación y prueba de estos últimos, sea suficiente la alegación y prueba de los constitutivos para obtener la tutela jurisdiccional solicitada. b) Debe distribuirse la carga de la prueba, de ordinario, atribuyendo a cada parte la que, según la experiencia, suele estar más próxima a ella. Es decir, se atiende al criterio de la facilidad probatoria. En resumen, al demandado le incumbe la prueba de los hechos contemplados en las normas cuya aplicación resulta para él liberadora, mientras que al actor o demandante le atañe probar lo que fundamenta la acción por él ejercitada. En el caso concreto que nos ocupa resulta acreditado en autos tanto el hecho de la suscripción entre las partes de los tres contratos de alquiler relativos a los tres vehículos y las condiciones de los mismos, así como el hecho del impago parcial por la demandada de las rentas mensuales y, finalmente, la devolución tardía, posterior a la interposición de la demanda, del vehículo PEUGEOT. Ello resulta suficiente para entender cumplida la carga de la prueba de la entidad actora sobre la cantidad líquida adeudada que es el objeto de su reclamación, al haber obtenido ya la restitución del último de los vehículos arrendados, sin que la deudora haya presentado prueba alguna sobre hechos impeditivos o extintivos que motivaran la procedencia de desestimar la reclamación. En definitiva, resultan acreditados por la actora todos y cada uno de los presupuestos fácticos de la acción ejercitada, mientras que la entidad demandada, al no comparecer al acto de la vista, en legal forma cumpliendo el requisito de postulación procesal y, por tanto, ser declarado en rebeldía procesal, no ha podido proponer prueba alguna y, por consiguiente, no ha acreditado ningún hecho que impida, extinga o enerve la eficacia jurídica de los probados de adverso, esto es la parte demandada no ha acreditado el pago, la compensación, ni ninguna otra causa que le eximiera del pago de dicha deuda oponible a la actora. Por todo ello, procede la estimación íntegra de la demanda. QUINTO.- Respecto de los intereses, de conformidad con lo dispuesto en los arts.1.100 y 1.108 del Cc, deberá el demandado abonar, además del principal, el interés moratorio pactado desde la fecha de la imposición del burofax reclamando el pago, 25 de noviembre de 2009, hasta la presente resolución. Ya que, de conformidad con el primero de los preceptos citados, para que el deudor incurra en mora, es preciso que el acreedor le reclame “judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación” y dicho burofax equivale al requerimiento extrajudicial de pago y, según el segundo de dichos preceptos, “si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”. A ello debe añadirse la imposición de los intereses moratorios, legalmente previstos en el art.576 de la LEC desde la fecha de la presente resolución. SEXTO.- En materia de costas procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse íntegramente la demanda, procede la imposición de las mismas a la parte demandada. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO QUE ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por el Diana Jacqueline Kostadinova Serantes, en nombre y representación de LEASE PLAN SERVICIOS, S. A., contra TECNIFONT AREA NORTE, S. L., 1. DEBO DECLARAR Y DECLARO resuelto con fecha 25 de noviembre de 2009 el contrato de alquiler suscrito por la demandante y TECNIFONT AREA NORTE, S. L. relativo al vehículo con matrícula 6064FXS.2. DEBO CONDENAR Y CONDENO a TECNIFONT AREA NORTE, S. L. a: a) Abonar a LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. la cantidad de diecisiete mil novecientos setenta y cuatro euros con veinticinco céntimos (17.974,25) €. b) Abonar a LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. en concepto de daños y perjuicios, la suma de 3.955,36 €, equivalente a las rentas mensuales de alquiler dejadas de percibir por la actora desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el día 27 de julio de 2010, en que LEASE PLAN SERVICIOS, S. A. ha recuperado la posesión efectiva del vehículo con matrícula 6064FXS.3. Y al abono del el interés moratorio pactado que generen tales cantidades desde la fecha de la reclamación extrajudicial de pago, 29 de noviembre de 2009, hasta fecha de la presente resolución y los intereses legales previstos en el art.576 LEC desde la fecha de la misma y hasta su completo pago.4. Con imposición de costas a la parte demandada. Notifíquese la presente resolución a las partes, a quienes se hará saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Se advierte a las partes que la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 € mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al preparar el recurso de apelación, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- En el día de la fecha se dio lectura, en vista pública, a la anterior resolución, doy fe. Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el original al que me remito y, para que conste, libro el presente, en FERROL, a treinta y uno de Mayo de dos mil doce. EL/LA SECRETARIO