14/12/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Procedimiento: procedimiento ordinario 673/2011 E

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000673 /2011 E Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD De D/ña. ROMANE BULDO ABBIH Procurador/a Sr/a. PATRICIA BEREA RUIZ Letrado: FERRIOL VALLAURE PERNIL Contra D/ña. FIPOR 2000, S. L. Procurador/a Sr/a. Letrado: CEDULA DE NOTIFICACION En el procedimiento de referencia se ha dictado la Sentencia del tenor literal siguiente: SENTENCIA En A Coruña, a 10 de mayo de 2012. MARÍA SÁNCHEZ GALINDO, Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de A Coruña, ha dictado la presente en autos juicio ordinario 673/2011 en los que es parte demandante ROMANE BULDO ABBIH, representada por la Procuradora BEREA RUIZ y asistida por la letrada ROMALDE CORRAL, y parte demandada la persona jurídica FIPOR 2000, S. L. declarada en situación de rebeldía procesal. HECHOS PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Patricia Berea Ruiz, en nombre y representación del demandante ROMANE BULDO ABBIH, se presentó en fecha 13 de junio de 2011 escrito por el que se promovía juicio ordinario contra la Mercantil FIPOR 2000, S. L., aduciendo los hechos y fundamentos de derecho para pedir, en definitiva, Sentencia por la que se declare la resolución del contrato de compraventa que une a las partes litigantes y, en consecuencia, se condene al demandado al pago, a favor de ROMANE BULDO ABBIH, en concepto de restitución, en la cantidad de 12.861,66 euros y junto con todo ello se condene al demandado igualmente al pago de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento. SEGUNDO.- Turnada en este Juzgado la demanda, con sus respectivos documentos y copias, fue admitida a trámite mediante Decreto dictado en fecha 05 de julio del año 2011. Ha sido dado traslado de la demanda junto con sus documentos a la parte demandada, para que en el plazo de veinte días, comparezca en autos, personándose, y conteste a la demanda y, en su caso, formule reconvención. Por medio de Diligencia de Ordenación de fecha 07 de septiembre de 2011 se pone en conocimiento de la parte actuante la diligencia negativa de emplazamiento del demandado remitida a este Juzgado por parte del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Siendo así, en fecha 14 de septiembre de 2011 la parte demandante solicita, en vista de la diligencia negativa de requerimiento del demandado anteriormente descrita, se dirija correspondiente Oficio al INE (a la AEAT), en concreto a la atención del Sr. Inspector Jefe de la Brigada Judicial adscrita a estos Juzgados de A Coruña con el fin de practicar las gestiones tendentes a la averiguación del actual domicilio de la mercantil ahora demandada. Que, tras haber procedido a la práctica de todo tipo de gestiones y/o trámites tendentes a obtener un resultado positivo en la obtención del emplazamiento del demandado, el mismo es declarado en situación de rebeldía procesal, de acuerdo con lo previsto para supuestos como el presente por el dictado del artículo 418.3 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. TERCERO.- Convocada la celebración de la Audiencia Previa para el día 09 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, comparece únicamente la parte demandante, siendo así que dicho acto se celebra igualmente acorde con lo dispuesto en el artículo 414.3.2° in fine de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el desarrollo del presente acto de Audiencia Previa y solicitando la parte presente la aplicación analógica del artículo 428.3 LEC, esta Juzgadora declara los autos vistos para sentencia (sin que sea necesario la celebración de un posterior acto de juicio) por entenderse que la parte demandada no comparece y, en consecuencia, no se opone a los hechos del escrito de demanda rector. CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales. HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Que en fecha 26 de septiembre de 2005 Pablo Casal Buyo suscribió un contrato privado de compraventa de vivienda futura (con inclusión de plaza de garaje y trastero), cuya construcción iba a ser ejecutada por la Empresa demandada Fipor 2000, S. L. sobre la finca de solares edificables sitos en el Lugar de Lagos y que hoy corresponde con la denominación de Calle Concepción Arenal de la localidad de Ares (A Coruña). Que la vivienda objeto de compraventa correspondía al piso 1°, letra E, junto con plaza de garaje y trastero (como se indica en el correspondiente contrato de compraventa que consta unido a los autos y cuyo contenido íntegro se da ahora por expresamente reproducido). Que el precio de la compraventa ascendía a 111.187,23 euros. Que la forma de pago es la que consta en el contrato unido a los autos y cuya remisión expresa ya se ha mencionado en el anterior párrafo de la presente resolución judicial. Que el actor abonó, con anterioridad a la interposición de la demanda rectora, la cantidad total que asciende a 12.861,66 euros. SEGUNDO.- Que al vencimiento de la fecha 26 de febrero de 2008 (fecha convenida contractualmente entre las partes en litigio para proceder la vendedora a la entrega del objeto de la compraventa) la vivienda con plaza de garaje y trastero no estaba construida y ante el incumplimiento contractual por parte del vendedor, el ahora demandante y comprador requiere la entrega ene 1 plazo de 10 días. Al no hacerse dicha entrega tampoco con los 10 días de prórroga, el comprador en el mes de enero del año 2011 decide rescindir unilateralmente el contrato (renuncia expresa). TERCERO.- Que a consecuencia de la rescisión contractual, el demandante ha requerido en múltiples ocasiones al demandado la devolución del dinero entregado en su día. Que con fecha 178 de abril de 2011 -tras múltiples requerimiento verbales por vía telefónica- ROMANE BULDO ABBIH remite un burofax a la mercantil demandada (comunicación que consta también unida a los autos y cuyo contenido íntegro se da por expresamente reproducido) reclamando la devolución de la citada cantidad. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si las partes que comparecen al acto de juicio - en este caso, exclusivamente la parte demandante- están conformes en todos los hechos -en este caso, los recogidos en el escrito de demanda rector- y la única discrepancia entre los mismos -en el presente supuesto, ninguna- se reduce a una/s cuestión/es jurídica/s, el tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a partir del siguiente al de la terminación de la Audiencia Previa. En el presente supuesto, esta Juzgadora en aplicación de los parámetros legales que se ajustan al supuesto de autos, dicta la presente resolución y ello por no comparecer al acto de la Audiencia Previa el demandado al resultar el mismo declarado previamente en situación de rebeldía procesal y, siendo así, no oponiéndose en nada a los pronunciamientos en su contra aducidos en el escrito de demanda rector. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.445 y 1.450 del Código Civil, resulta del todo acreditado que la parte vendedora -y ahora demandado- no cumplió con su obligación contractual y ello teniendo en cuenta que la misma pasaba por entregar la cosa objeto de la compraventa -en este caso, vivienda con plaza de garaje y trastero, esto es, anexos- en la fecha 26 de septiembre de 2005. Ante dicha situación el ahora demandante concedió a la vendedora una prórroga totalmente beneficiosa para la Mercantil y de carácter voluntario para cumplir su obligación en el plazo de los 10 días siguientes. No efectuó la entrega tampoco la mercantil en dicho plazo y queda acreditado (ante la oposición a dicho extremo también por parte del demandado rebelde) que en numerosas ocasiones se comunicó el demandante con la ahora demandada para que la misma cumpliese con su obligación contractual. Ante las evasivas de la empresa vendedora el comprador y ahora demandante solicita, con carácter unilateral, la rescisión del contrato (esto es, una suerte de “renuncia” a la compraventa) por cumplir éste con sus preceptivas obligaciones de pago (acorde con el dictado de los artículos 1.445 y 1.461 Cc) y no cumplir la contraparte con la obligación de la entrega (según el rezado de los artículos 1.445 y 1.500 Cc). Es evidente que el demandante actuó conforme a la posibilidad que la Norma le brinda, ex artículo 1.124 del Código Civil en aras a que le sea concedida la declaración judicial de resolución del contrato de compraventa. Esta Juzgadora entiende del todo correcto aceptar la citada solicitud de la parte actora y en consecuencia ha de ser dictada la declaración de resolución contractual. TERCERO.- Teniendo en cuenta lo anterior, la consecuencia lógica, de naturaleza jurídica, que sucede a la declaración de rescisión contractual es la condena, en este caso, al demandado Mercantil FIPOR 2000, S. L. a la devolución íntegra del precio entregado -en cumplimiento de sus obligaciones contractuales- por parte del vendedor a éste y que asciende a un total de 12.861,66 euros. La doctrina jurídica impuesta al respecto por nuestro Alto Tribunal viene exigiendo como obligación sine qua non para acceder a la petición de restitución dineraria, que con carácter previo al inicio de la vía judicial, el reclamante haya solicitado formalmente al vendedor la devolución de la misma cantidad y en el mismo concepto de pagos fraccionados ya entregados en virtud de sus obligaciones contractuales como comprador. En el supuesto de autos es precisamente al demandado a quien correspondía la prueba de su cumplimiento tanto en las obligaciones contractuales como en la restitución dineraria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 217 de la LEC respecto de la carga de la prueba, por lo que esa falta de prueba de la entrega y de la restitución sólo a él ha de perjudicar, es decir, no cabe otra sentencia de acuerdo con este precepto, que la que declara la resolución contractual por incumplimiento del vendedor en la entrega a plazo del objeto de la compraventa y su obligación de devolución de la cantidad de 12.861,66 euros. También habrá de abonar los intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1108 del Código Civil. Dichos intereses, claro está, serán calculados sobre la cantidad del principal que debería haber abonado el vendedor (en concepto de restitución o devolución) al comprador ROMANE BULDO ABBIH (esto es, los 12.861,66 euros). CUARTO.- En materia de costas, al estimarse íntegramente la demanda, de acuerdo con lo que establece el artículo 394 LEC, se imponen las mismas al demandado, es decir, a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones (si bien, en el presente procedimiento, no llegó a plantear ninguna). Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por ROMANE BULDO ABBIH, representado por la Ekiñe William Orlando Ruiz de Leon Sanchez Blanco, frente a la Mercantil FIPOR 2000, S. L., declarada en situación de rebeldía procesal, con las siguientes consecuencias: a.- DECLARO la resolución del contrato privado de compraventa de vivienda en construcción suscrito en fecha 26 de septiembre de 2005 entre FIPOR 2000, S. L. (como mercantil vendedora) y ROMANE BULDO ABBIH (como comprador) a causa del incumplimiento del vendedor en su obligación contractual de entrega del objeto de la compraventa en la fecha estipulada (Cláusula Octava del referido contrato). b.- CONDENO a la Mercantil FIPOR 2000, S. L. al pago (en concepto de devolución dineraria) a favor de ROMANE BULDO ABBIH de la cantidad que asciende a 12.861,66 euros, junto con la obligación de pago a favor de ROMANE BULDO ABBIH de los intereses legales por mora en el pago que correspondan. c.- CONDENO a la Mercantil FIPOR 2000, S. L. al pago de las costas causadas. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, desde el siguiente a su notificación, mediante escrito ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Así por esta mi sentencia, dictada en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Y como consecuencia del ignorado paradero de FIPOR 2000 S. L, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. A CORUÑA a veintitrés de Noviembre de dos mil doce. LA SECRETARIA JUDICIAL CARMEN CALVO SOTELO