29/11/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 2 Ferrol
Edicto judicial

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000981 /2011 Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD De D/ña. SANTANDER CONSUMER, E. F. C., S. A. Procurador/a Sr/a. MAE EL AMINE URETA Abogado/a Sr/a. MARIA FRANCESCA GAUDIZA BOSTON Contra D/ña. PIRON HAYANE, DAMIAN ENRIQUE JORGE ABRAHAM RIVAS Procurador/a Sr/a. ANGEL FERNANDO MOT GHENESCU, Abogado/a Sr/a. D./Dª. FERNANDO VAZQUEZ BOYERO, Secretario/a Judicial, delJDO.1A. INSTANCIA N.2 de FERROL, por el presente, ANUNCIO: En el presente procedimiento JUICIO ORDINARIO 981/11 seguido a instancia de SANTANDER CONSUMER, E. F. C., S. A. frente a PIRON HAYANE, DAMIAN ENRIQUE JORGE ABRAHAM RIVAS se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: JDO.1A. INSTANCIA N.2 FERROL SENTENCIA: 00273/2012 JUICIO ORDINARIO N° 981/2011 SENTENCIA Ferrol, doce de noviembre de dos mil doce. Vistos por doña Elvira Méndez Ibias, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Ferrol los presentes autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado con el n° 981/2012, a instancia de Santander Consumer SA (reconvenida), representada por la Procuradora Sra. Oscar Emilio Luisa Magdalena Guigo Aldama y asistida del Josefina Antonia Diliz Erdaide, contra doña Darling Kaddari Aouadi (en rebeldía) y don Ricardo Couceiro Freire (reconviniente), representado por el Aliona Eguilior De Urrutia y asistido del Margret Soley Kelsall; se dicta la presente sentencia. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha 21/12/2011 la Regalada Rezzouk Porrinas, en representación de Santander Consumer SA, presentó demanda de Juicio Ordinario contra doña Darling Kaddari Aouadi y don Ricardo Couceiro Freire, que fue turnada a este Juzgado. La demanda se basaba, en síntesis, en los siguientes hechos: -El día 04/11/2010 Santander Consumer SA suscribió con los demandados un contrato de préstamo de financiación para la adquisición del turismo Suzuki Swift matrícula 1348GZL. El préstamo debía pagarse en 96 mensualidades de 198,87 euros cada una. -Los demandados no abonaron las cuotas de enero a mayo de 2011 por importe de 735,95 euros. La cantidad anticipadamente vencida asciende a 13.247,54 euros. Tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación terminó solicitando que en su día se dicte sentencia estimatoria con los siguientes pronunciamientos: -Se condene a los demandados a abonar a la actora la cantidad de 13.983,49 euros más los intereses moratorios pactados, subsidiariamente, el interés legal desde la primera reclamación extrajudicial y subsidiariamente el interés legal desde la parte demandada al pago de las costas. SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a los demandados. El demandado don Ricardo contestó alegando, en síntesis, lo que sigue: - El demandado firmó el contrato pero su consentimiento está viciado porque fue engañado por la codemandada. - El demandado padecía a la firma del contrato, y padece en la actualidad, un trastorno de personalidad y trastorno depresivo del cual está a tratamiento en la Unidad de Salud Mental de Caranza con la Yenny Patricia Magdalena Sofia Hamidallah Bisellach. Tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación terminó solicitando que, en su día, se dicte sentencia por la que se desestime la demanda Seguidamente formuló demanda reconvencional solicitando se declarase nulo el contrato por haber prestado el demandado el consentimiento por error. Se dio traslado al demandante de la demanda reconvencional y éste contestó alegando, en esencia, que la incapacidad permanente absoluta que presenta el demandado no le impide comprender el alcance del contrato. No hay error en el consentimiento. Con fecha 19/19/2012 se dictó diligencia de ordenación por la que se declaró a la demandada doña María Beatriz en situación de rebeldía procesal. TERCERO: La audiencia previa se celebró el día 09/11/2012. La parte actora propuso prueba documental y testifical. La parte demandada propuso documental y pericial Judicial. Esta última no fue admitida. La parte actora renunció a la testifical propuesta. No habiendo más prueba que la documental, previo traslado a las partes para conclusiones, se declararon los autos vistos para sentencia. CUARTO: En el presente procedimiento se han respetado todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Reclama la actora la suma de 13.983,49 euros con base en el contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles suscrito el día 04/11/2010 con los demandados. De la lectura del contrato se desprende que éste tenía por objeto la financiación del vehículo Suzuki Swift 1.3 G. L. matrícula 1384-GZL, ascendiendo la cantidad adeudada a 18.471,36 euros a pagar en 96 plazos (el primero el 05/12/2010 y el último el 05/11/2018) por importe de 147,19 euros las 12 primeras cuotas y de 198,87 euros las 84 restantes. La demandante alega que los demandados dejaron de abonar a su vencimiento las cuotas números 2 a 6 por importe cada una de ellas de 147,19 euros lo que hace un total de 735,95 euros más la cantidad anticipadamente vencida por importe de 13.983,49 euros. En las condiciones generales del contrato se indica que la falta de pago de dos cualesquiera de los plazos facultará al financiador para exigir de inmediato del prestatario el abono de la totalidad de la deuda pendiente extinguiéndose el aplazamiento. Así, el financiador podrá reclamar, además de los plazos vencidos e impagados, el capital pendiente de los plazos pendientes de vencimiento, según resulta del plan de amortización del contrato. La cantidad resultante tendrá el carácter de líquida y exigible y devengará el interés general de demora previsto en la condición general 4a (se remite a la condición particular en la que se hace referencia a un 2% mensual). Conforme a la referida condición general y al plan de amortización del préstamo la entidad financiadora podría reclamarle los plazos vencidos e impagados (cuotas de enero 2011 a mayo 2011) por importe de 735,95 euros más los plazos pendientes de vencimiento que ascienden a 17.588,22 euros (6 cuotas por importe de 147,19 euros cada una y 84 cuotas por importe de 198,87 euros cada una), lo que sumaría un total pendiente de pago de 18.324,17 euros. Esto es, el importe total del préstamo (18.471,36 euros) menos el importe de la primera cuota que es la única que la parte actora reconoce abonada (147,19 euros de la cuota de 05/12/2010). No obstante, como solo se reclaman 13.983,49 euros, a esta cantidad ha de estarse. SEGUNDO: Alega el demandado don Ricardo que él firmó el contrato pero que su consentimiento está viciado por error debido a sus padecimientos psiquiátricos que limitan su percepción de la realidad. Indica que la codemandada, que entonces era su pareja, le engañó. Señala que en el momento de la firma del contrato padecía y aún padece una patología de tipo psiquiátrico: trastorno de la personalidad y trastorno depresivo del cual está a tratamiento y con seguimiento en la Unidad de Salud Mental de Caranza por la Yenny Patricia Magdalena Sofia Hamidallah Bisellach. Tiene reconocida por el INSS una incapacidad permanente absoluta. El artículo 1261 del Código Civil establece como requisitos esenciales para la existencia de un contrato: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. A diferencia la nulidad, la anulabilidad de un contrato sólo podrá obtenerse si un contrato que tiene todos los elementos del art.1261 CC tiene algún vicio invalidante. En relación con la nulidad de los contratos, es doctrina reiterada (sentencias del Tribunal Supremo de 15/02/1980, 25/05/1987, 06/10/1988, 07/06/1990 y 22/12/1992), que, a diferencia de la nulidad radical de un contrato, la cual puede aducirse tanto por vía de acción como de excepción, la nulidad relativa o anulabilidad, a la que se refieren los artículos 1300 y siguientes del Código Civil, no puede hacerse valerse por vía de excepción, sino exclusivamente a través del ejercicio de la correspondiente acción, en la demanda principal o mediante la reconvención. En este caso el demandado insta mediante demanda reconvencional la nulidad del contrato al estar viciado su consentimiento por error (artículo 1265 CC) debido a las patologías de carácter psiquiátrico que padece. El artículo 1263.2° del Código Civil prevé que no pueden prestar consentimiento los incapacitados, pero el problema se plantea respecto de aquellas personas que no han sido declaradas judicialmente incapaces, como es el caso del aquí demandado. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estado mental originador de una disminución de la aptitud volitiva e in-telectiva para contratar en que se encuentre una persona antes de ser declarada incapaz puede dar lugar a considerar que no se ha prestado un consentimiento valido, debiendo estarse siempre a las circunstancias del supuesto concreto y a las posibles interferencias que la enfermedad haya podido causar en el proceso intelectivo y volitivo previo a la formación del contrato al tiempo de su formalización, (sentencias del Tribunal Supremo de 10/11/1969, 24/05/1996 y 24/09/1997). Declara también la jurisprudencia que, tratándose de una persona no declarada incapaz en virtud de sentencia dictada en proceso de incapacitación, se presume su capacidad y quien la niega ha de acreditar cumplidamente su ausencia en el momento de prestar el consentimiento que, por ello, habría sido una simple apariencia (STS 14/02/2006). En definitiva, el principio general es que se presume que la persona mayor de edad, no incapacitada judicialmente, ostenta plena capacidad de obrar, pues como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 26/04/1995 “toda persona debe suponerse en su cabal juicio como atributo normal de su ser” y, en consecuencia, ha de presumirse su capacidad en tanto no se demuestre inequívoca y concluyentemente que al tiempo de realizar la declaración de voluntad tenía enervadas las potencias anímicas de raciocinio y de querer con verdadera libertad de elección. Ciertamente, el estado jurídico de plenitud de capacidad de obrar no es incompatible con situaciones en las que, de modo transitorio o permanente, la persona se halle mermada en sus facultades intelectivas y/o volitivas, careciendo, por ello, de la capacidad de realizar válidamente declaraciones de voluntad; pero tal concreta situación ha de ser plenamente probada por quien la alegue”. “La capacidad del no incapacitado se presume, debiendo interpretarse restrictivamente las causas o hechos limitativos de la misma, así como exigir prueba clara e inequívoca de la incapacidad, sin que pueda concluirse por meras presunciones. Las dudas hay que resolverlas a favor de la capacidad (SSTS 24/09/1997 y 28/06/1990). El demandado don Ricardo tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta por el INSS por padecer Trastorno de personalidad y Trastorno depresivo. Se trata de una incapacidad que tiene efectos en la esfera laboral de la persona y que supone el reconocimiento de una prestación económica pero que no implica, por sí misma, una incapacidad con relevancia civil. En el dictamen propuesta figuran como limitaciones orgánicas y funcionales las siguientes: “apatía, con déficit de iniciativa. Deterioro marcado en nivel de funcionamiento sociolaboral rendimiento/eficacia”, es decir, limitaciones que inciden en su capacidad laboral pero no implican una limitación de sus capacidades intelectivas. Para determinar el grado de discernimiento del demandado han de examinarse los informes médicos aportados a los autos. De ellos resulta que el demandado está a tratamiento en la Unidad de Salud Mental de Caranza desde noviembre de 2008. Tiene alteraciones de conducta, bajo control de impulsos o personalidad impulsiva pero no hay ningún informe del que se desprendan indicios de que tenga limitada la capacidad de comprensión del alcance de sus actos actualmente ni en la fecha en que se suscribió el contrato. Al contrario, en el informe de 26/11/2008 se hace constar entre otras cosas: “Interconsulta Psquiatría 08/11/2008: desde el punto de vista psiquiátrico no presenta cuadro confusional ni productividad con juicio de la realidad conservado, capacidad analítica mantenida (.)”. “ausencia de patología neurológica o psquiátrica actual que le imposibilite la comprensión de su situación se procede a entregar el alta voluntaria (.)”. La parte demandada solicitó como prueba la designación judicial de un Perito Psiquiatra para, tras el examen de la documentación médica que obra en los autos y, en su caso, el examen de don Ricardo, se determinase su capacidad mental para entender el contenido del contrato. La prueba fue denegada por considerarla inútil (art.283.2 LEC). El examen del demandado permitiría determinar su situación actual pero no la existente en el momento en que se suscribió el contrato para lo cual el Perito designado tendría que basar fundamentalmente su informe en la documentación médica incorporada a las actuaciones y de esa documentación no se desprende ningún indicio de que el demandado tuviese limitada la capacidad de obrar en el momento en el que el contrato fue firmado. Los demandados adquirieron un vehículo y, para pagar su importe, solicitaron un préstamo. La principal obligación adquirida (abonar las cuotas pactadas en los periodos indicados en el cuadro de amortización) es fácilmente comprensible. No hay prueba alguna de que el demandado don Ricardo no hubiera entendido el alcance de las obligaciones asumidas. Don Ricardo no ha alegado su patología psiquiátrica para instar la nulidad del contrato mientras ha estado disfrutando del vehículo adquirido a cambio del pago de la primera cuota. Ha esperado a alegar tal patología al momento en que la entidad demandante le ha reclamado judicialmente el cumplimiento de la obligación de pago. Por todo lo expuesto la demanda reconvencional debe ser desestimada. TERCERO: Con base en la documentación aportada con la demanda principal se estima probada la deuda reclamada cuyo pago no ha sido acreditado por los demandados. La parte actora, además de la cantidad de 13.983,49 euros, solicita los intereses moratorios pactados. Los intereses moratorios tienen una naturaleza esencialmente indemnizatoria ya que tienen por objeto resarcir los daños y perjuicios que pueda sufrir el acreedor como consecuencia de un retraso en el cumplimiento de una obligación pecuniaria (STS de 13/04/1992). Vienen a constituir una cláusula penal típica, accesoria al contrato de préstamo, tratándose de pactos con finalidad disuasoria del incumplimiento y, a la vez, de liquidación anticipada de los daños y perjuicios. Los intereses moratorios tienen, frente a los retributivos, una naturaleza más propiamente sancionatoria o penal, en el sentido señalado por la STS 02/20/2001, que dice: “los intereses de demora no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones”. Por tanto, la diferencia conceptual entre los intereses remuneratorios y los moratorios conduce a considerar lógico que la cláusula moratoria sea más onerosa o que se establezca en ella un tipo de intereses más elevado (SAP Pontevedra 29/12/2009). En el presente caso estamos ante un contrato de consumo ya que se trata de un préstamo destinado a la financiación de un turismo, tal como resulta de la propia póliza. En consecuencia, el supuesto entra de lleno en el ámbito de la legislación protectora de los consumidores. El artículo 85.6 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dice que tienen la consideración de cláusulas abusivas las que impongan una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones. Interesa destacar el hecho de que el régimen al que se someten los contratos con condiciones generales abusivas es el de la nulidad de pleno derecho, lo que responde a la tendencia a considerar las normas relativas a la protección de los consumidores como normas de derecho imperativo, integradoras del orden público económico, como lo demuestra la radical nulidad que se predica de la renuncia por el consumidor a los derechos reconocidos por la Ley. Nulidad, por otra parte, que tiende a configurarse como parcial, en aras de la adecuada protección de los mismos consumidores, en la medida en que la subsistencia del contrato, privado de la cláusula calificada como abusiva, no implique una situación no equitativa de las posiciones de las partes. La cláusula relativa a intereses moratorios no se refiere a las prestaciones principales derivadas del contrato, dado el carácter eventual de su aplicación, que sólo procederá en el caso de que el desarrollo de la relación contractual entre en una fase patológica. Ello justifica que las mismas puedan y deban ser objeto de control para determinar su posible carácter abusivo, ya que es indudable que la relevancia que tales cláusulas tienen para el adherente en el momento de contratar es muy inferior a la que asumen las condiciones relativas a los intereses remuneratorios, plazos de amortización, etc., lo que redundará en una menor reflexión a la hora de manifestar la adhesión. Obviamente, el hecho de que las partes prevean un tipo de interés superior al legal no debe considerarse necesariamente abusivo, ya que ello puede venir justificado, bien por los riesgos especialmente elevados que para el acreedor, en razón de sus circunstancias, pueda suponer el retraso del deudor en el pago, bien por el deseo de atribuir a los intereses moratorios una cierta función disuasoria respecto al citado retraso, muy próxima a la que podría cumplir una cláusula penal. Sentado lo anterior, resulta necesario entrar a determinar si en el presente caso puede considerarse abusiva la cláusula relativa a los intereses moratorios. La posibilidad de examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor ha sido declarada de forma reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (sentencias 21/11/2002, 26/10/2006, 04/10/2007, 04/06/2009, 06/10/2009, 09/11/2010, 17/12/2009, entre otras). El límite a la posibilidad de establecer un tipo de interés moratorio superior al legal debe venir constituido, a la vista de las normas sobre protección de los consumidores, por la constatación de tratarse de un interés desproporcionado, teniendo en cuenta las circunstancias. Son numerosas las sentencias de las Audiencias Provinciales que aplican como criterio para determinar si un interés es o no abusivo el de si supera o no 2,5 veces el interés legal del dinero y ello por aplicación analógica del art.19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (actualmente derogada por la Ley 16/2011, de 24 de junio cuyo artículo 20.4 establece una previsión análoga). El referido artículo prevé que en ningún caso se podría aplicar a los créditos que se concedieran en forma de descubiertos en cuentas corrientes “un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”. El apartado V29 de la disposición adicional 1ª de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, introducida por la Ley de Condiciones generales de la Contratación de 1998, vino a atribuir expresamente el carácter de cláusula abusiva a “la imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo”. Otras sentencias, en cambio, no aplican de forma automática este criterio y valoran las circunstancias concurrentes para, en su caso, moderar el tipo de interés moratorio aplicable (SSAP Pontevedra 29/12/2009, Santa Cruz 04/02/2009, Toledo 19/12/2005 o Asturias 07/03/2005). Hay incluso sentencias que aplican otros criterios orientativos como el interés moratorio más alto previsto por el legislador (20% del art.20 de la Ley de Contrato de Seguro) o aplicar como límite el de 2,5 veces el interés remuneratorio pactado en cada caso. Este último criterio fue aplicado por ejemplo por el AAP Barcelona 04/12/2003 con cita de la SAP de Coruña 04/07/1998. Fue aplicado también por la SAP de Barcelona 11/07/2007 y SAP de Coruña de fecha 02/06/2009. Se considera adecuado el criterio expuesto, entre otras, en la SAP de Asturias de fecha 07/03/2005 que no considera acertado aplicar de forma generalizada y automática como límite de los intereses abusivos el de que superen en 2,5 veces el interés legal sino que “ha de determinarse en cada caso si los intereses moratorios pactados son o no abusivos, teniendo en cuenta su cuantía y las circunstancias del mercado, ya que esa posibilidad moderadora en la aplicación de los que se hubieran pactado viene limitada a los supuestos en los que los mismos no se acomoden a una adecuada equivalencia de las prestaciones”. En relación con la cuestión que nos ocupa dice el auto de la AP de Barcelona de fecha 01/06/2007: “El tipo moratorio no puede ser desorbitado porque, en tal caso, no cumple su función indemnizatoria, sino una función de sobre retribución (contraria al sinalagma contractual). Cuando la tasa de interés retributivo pactada por un préstamo es baja, ésta es compatible con una cláusula moratoria de estabilización más elevada (que corrija los efectos de la inflación) pero si la tasa remuneratoria es elevada no puede admitirse la compatibilidad de una cláusula moratoria estabilizadora mucho más alta porque se daría una duplicidad compensatoria (STS 15 de febrero y 8 de marzo de 1997) y ello puede producir un efecto usurario (STS 12 julio 2001 y 7 de mayo de 2002), que lo recoge de un interés del 5% mensual, y SAP Lleida 14 de enero de 2002, referido a un interés del 34% nominal y moratorio). Por tanto, cuando más elevados sean los tipos de interés remuneratorio (especialmente en los créditos de filiales financieras de ventas al consumo, concedidos con menos garantías y a mayor riesgo) menor deberá ser el diferencial de los tipos de interés remuneratorio y moratorio, porque, en otro caso, puede ser abusivo. En el mismo sentido, en operaciones bancarias habituales de crédito empresarial o al consumo, regladas por el Banco de España y sometidas a mayores controles que reducen el riesgo, no pueden aceptarse tipos moratorios extremados, con un amplio diferencial respecto a los tipos retributivos, porque exceden del interés de confianza. En tales casos, o estamos ante un interés usurario, nulo de pleno derecho, o ante una cláusula penal, siempre moderable, o ante una cláusula nula (art.10 bis y Disposición Adicional 1ª de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y art.8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de Contratación) sin perjuicio de la posible “integración” del contrato (art.10.2 de la última norma citada). El hecho de que los impagos provoquen diversos gastos derivados de la acción judicial, de la persecución de los bienes que se hayan declarado como garantía de solvencia o la posible persecución de bienes enajenados en fraude no puede justificar un mayor tipo moratorio, sin perjuicio del derecho al devengo de costas procesales”. En el caso de autos los intereses de demora pactados son del 2% mensual lo que supone un interés anual de 24%. Cuando se firmó el contrato de préstamo (04/11/2010) el interés legal del dinero era del 4%. El interés de demora pactado es ciertamente más elevado que el resultado de aplicar 2,5 el interés legal (10%) si bien no puede reputarse de abusivo ni desproporcionado atendiendo a los que son usuales en el mercado de crédito, así como al tipo de interés remuneratorio pactado (6,70%) que no fue impugnado y atendiendo finalmente al resto de circunstancias concurrentes: los demandados dejaron pendientes de abono 95 de las 96 cuotas pactadas. En definitiva, la demanda principal debe ser estimada. CUARTO: Habiéndose estimado la demanda principal, las costas se imponen a los demandados (art.394.1 LEC). Habiéndose desestimado la demanda reconvencional las costas se imponen al reconviniente don Ricardo Couceiro Freire (artículo 394.1 LEC). Por todo lo expuesto, FALLO A) Se estima íntegramente la demanda principal presentada por la Procuradora Sra. Oscar Emilio Luisa Magdalena Guigo Aldama, en representación de Santander Consumer SA, contra don Ricardo Couceiro Freire y doña Darling Kaddari Aouadi, con los siguientes pronunciamientos: - Se condena a los demandados a abonar a la entidad demandante la cantidad de 13.983,49 euros más los intereses moratorios pactados en el contrato. - Las costas se imponen a la parte demandada. B) Se desestima la demanda reconvencional presentada por el Aliona Eguilior De Urrutia, en representación de don Ricardo Couceiro Freire, contra Santander Consumer SA, con imposición al Luis Fermin Martinez de Castilla Curta de las costas causadas. Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Coruña, que podrán presentar por escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación. Se advierte a la parte que desee recurrir que deberá constituir un depósito de 50 euros en la cuenta del Juzgado (salvo que goce de justicia gratuita) bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, no se le dará trámite al recurso. Así lo acuerdo, mando y firmo. Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha por la misma Juez que la dictó constituída en audiencia pública. Doy fe. Y encontrándose dicho demandado, TAMARA ALEJANDRA ASSAF SEBBANE, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. FERROL a trece de Noviembre de dos mil doce. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,