19/06/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 5 Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento 187/2012

Procedimiento: Despidos / Ceses en general Nº Procedimiento: 0000187/2012 NIG: 3501644420120001969 Materia: Despido disciplinario Intervención: Interviniente: Procurador: Demandado AINHOA CARMEN JAN MICHAEL ANSIN PERABA Demandado PAVIMENTO COMPAVI S. L. Demandado DRAGADOS Demandado COMSA EMTE Demandado FONDO DE GARANTIA SALARIAL En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts.59 de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se notifica a PAVIMENTO COMPAVI S. L. la Sentencia de fecha 29 de mayo de 2012, bajo apercibimiento de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Insértese un extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de 2012. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Fdo.: Gloria Alonso Santana SENTENCIA En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2012. Habiendo visto el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Limón Luque, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Social N° 5 de esta Ciudad y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre despido, seguido ante este Juzgado bajo n° 0000138/2012, promovido a instancia de D. Diego Montero Melián contra Pavimentos Compavi, S. L., Dragados, S. A., Comsa, S. A. y Fondo de Garantía Salarial, ha pronunciado en NOMBRE DEL REY, la siguiente sentencia. I.-ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que en fecha 2 de marzo de 2012 la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones, declarando el despido producido improcedente, condenando a la empresa a que opte por la readmisión o la indemnización, así como a los pertinentes salarios de tramitación. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se señaló para el acto del juicio el día 29 de mayo de 2012. Comparecida únicamente la parte actora y dada cuenta de los autos, la actora se afirmó y ratificó en los pedimentos y suplico de su demanda, si bien aclaró que por escrito anterior había ya desistido de Dragados, S. A. y Comsa, S. A., manteniendo su acción contra PAVIMENTO COMPAVI, S. L. y FOGASA. Se ratifica asimismo de las cantidades reclamadas en la demanda, señalando que se le adeudan 1.285,26 euros correspondientes al mes de diciembre de 2011, 1.119,42 euros correspondientes a enero de 2012, 621,90 euros correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad, y 414,60 euros correspondientes a las cantidades adeudadas en concepto de parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, ascendiendo el total reclamado a la cantidad de 3.441,18 euros, y manteniendo asimismo la improcedencia del despido. Recibido el pleito a prueba, esta fue admitida y practicada con el resultado que obra en las actuaciones y seguidamente se elevaron las conclusiones a definitivas, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia. TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos. II.- HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Que D. Piotr Jan Iker Francisco Funcasta Magallanes ha venido prestando sus servicios a tiempo completo mediante un contrato para obra o servicio determinado para la empresa demandada, dedicada a la actividad de la construcción, desde el 9 de agosto de 2011, con la categoría profesional de oficial de 2ª, y percibiendo un salario diario con prorrata de pagas extraordinarias de 41,46 euros. El trabajador había prestado servicios para diversas obras. SEGUNDO.- Que el día 13 de enero de 2012 la empresa le entrega una carta al actor donde se le comunica que el 27 de enero siguiente finaliza su contrato por finalizar la obra para la que fue contratado. TERCERO.- Que al actor se le adeudan 1.285,26 euros correspondientes al mes de diciembre de 2011, 1.119,42 euros correspondientes a enero de 2012, 621,90 euros correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad, y 414,60 euros correspondientes a las cantidades adeudadas en concepto de parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, ascendiendo el total reclamado a la cantidad de 3.441,18 euros. CUARTO.- Que no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la cualidad de representante unitario o sindical de los trabajadores. QUINTO.- Que en fecha 29 de febrero de 2012, tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el resultado de intentado sin efecto, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el día 14 de febrero de 2012. III- FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El art.91.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social vigente dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia sobre los hechos que fundan la pretensión de la demanda, siempre que conforme al art.83.2 LRJS no hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan, en los términos que más adelante se mencionan. Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art.217 LEC, que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión. De acuerdo con lo establecido en el Art.97.2 de la LRJS, y en relación con el despido, ha de señalarse que se ha acreditado con la documental la finalización del contrato de trabajo, que tuvo lugar el 27 de enero de 2012, así como la antigüedad postulada en la demanda, mediante la correspondiente nómina y, a pesar de que el salario postulado es algo superior al que se acredita mediante nómina, es acorde con lo previsto en convenio colectivo para la categoría. Habrá de estarse a la confesión judicial en cuanto a tener como ciertos que el trabajador prestó servicios en obras diferentes, razón por la que el contrato ha de considerarse indefinido. SEGUNDO.- En el presente, y conforme a lo dispuesto en el Art.105.1 de la LRJS, corresponde a la parte demandada en materia de despido o en los supuestos de extinción del contrato de trabajo la carga de probar los hechos justificativos de la relación extintiva, lo que no se ha producido en la presente litis dada la incomparecencia de la demandada a los actos de conciliación y juicio. En el presente caso, no ha quedado probada la causa de la extinción contractual, sin que la parte demandada haya probado la causa de finalización del contrato, inválida, además, teniendo en cuenta el carácter indefinido de la relación, acreditándose estas circunstancias por la prueba documental practicada y por la confesión de la empresa demandada, que debe ser tenida por confesa, por su incomparecencia pese a su citación en forma. Por todo ello, conforme al art.105 y 108 LRJS, procede declarar la improcedencia del despido efectuado. TERCERO.- Las consecuencias jurídicas del despido improcedente vienen contempladas en el art.56 y 57 ET, por la redacción dada a los mismos por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir, manteniéndole en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspondiente periodo, y el pago de la indemnización prevista en el art.56.2. ET. Por otra parte, la actora tendrá derecho asimismo a los salarios de tramitación devengados hasta el día de la fecha de extinción de la relación laboral, a saber, la de notificación de esta sentencia, caso de optar por la indemnización. La indemnización debe ser igual al importe de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado con prorrateo de los periodos inferiores al año y con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. En nuestro caso, el actor fijó en su demanda el salario diario en 41,46 euros, con prorrata de pagas extraordinarias, cantidad que se corresponde con la que se desprende del convenio colectivo de aplicación. En consecuencia, la indemnización a percibir es, a día de la fecha de publicación de la sentencia, de cuatrocientos catorce euros con sesenta céntimos (414,60 euros). Ha de recordarse que la DT 5ª RDLey 3/2012 sólo puede tener efectos respecto de los despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, puesto que sólo establece reglas transitorias en función de que el contrato de trabajo fuera o no firmado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, debiendo aplicarse el art 2.3 del Código Civil, de tal forma que no cabe apreciar efectos retroactivos si la norma no lo prevé de forma expresa, y está claro que la disposición transitoria mencionada no hace mención expresa de los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley. CUARTO.- Por lo que se refiere a las cantidades reclamadas de contrario, ha de reconocérsele el total reclamado en la demanda, por valor de 3.441,18 euros, y teniendo todas las partidas reclamadas carácter salarial, ha de procederse a incrementar las mismas con el 10% de mora, en función de lo previsto en el art.29.3 ET, desde la fecha en que por primera vez se reclamaron dichas cuantías, a saber, 14 de febrero de 2012. Al respecto, ha de recordarse que la obligación laboral regulada en el art.29.1 del Estatuto de los Trabajadores, relativa a que la retribución salarial se pague por la empleadora puntual y documentalmente, y la aplicación de las reglas probatorias establecidas en el art.217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conducen en este caso a que se declare probado que no le fueron abonadas a la parte demandante las retribuciones salariales que reclama, siendo éste un hecho que podía haber desvirtuado su empleadora en el acto de juicio, al no haber comparecido en el mismo, no aportando por tanto prueba alguna que demuestre el pago efectivo de las cantidades reclamadas, siendo esa parte quien soporta la carga procesal de acreditar la extinción de la deuda salarial afirmada en la demanda o en su caso los hechos que impidan o enerven la eficacia jurídica de los que la constituyen. Además, la parte actora solicitó interrogatorio en el acto del juicio, por lo que ha de tenerse a la parte demandada como confesa en cuanto a la falta de abono de las cantidades adeudadas, en virtud de lo dispuesto en el art.91.2 LRJS. QUINTO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.97.3 LRJS en relación con el art.66.3 de dicho Legal, no habiendo comparecido la parte demandada al acto de conciliación celebrado ante la Secretaria Judicial, estando notificado en forma, y coincidiendo lo otorgado en sentencia con lo pretendido por la parte en su demanda, tal y como fue aclarada en el acto del juicio, procede imponer de oficio las costas a la parte demandada, fijando los honorarios del Letrado de la parte actora en 200 euros. Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art.117 de la Constitución Española y 1 de la Ley Orgánica del Poder judicial, FALLO Que estimando en su totalidad la demanda promovida por D. Piotr Jan Iker Francisco Funcasta Magallanes contra Pavimentos Compavi, S. L. y Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido de que fue objeto la demandante, y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por esta decisión, debiendo la empresa demandada readmitir al trabajador o, alternativamente, abonar al actor la cantidad de cuatrocientos catorce euros con sesenta céntimos (414,60 euros), en concepto de indemnización, debiendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado, con la advertencia que de no optar expresamente dentro de ese plazo, se entenderá obligatoria la readmisión, con abono en ambos casos, sea cual sea el sentido de la opción, así como la cantidad de 41,46 euros diarios desde el 27 de enero de 2012 –día siguiente al del despido producido- hasta la fecha de notificación la sentencia, en concepto de salarios de tramitación. Condeno igualmente a la empresa al abono de 3.441,18 euros en concepto de salarios adeudados, debiéndose incrementar los mismos un 10% anual desde 14 de febrero de 2012. Se condena en costas a la empresa demandada, fijando como honorarios del Letrado de la parte actora la cantidad de 200 euros. Asimismo, condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta resolución, asumiendo las responsabilidades que le puedan corresponder. Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación de la Sentencia y con expresa advertencia de que de ser el recurrente la parte demandada a la que no se apliquen las excepciones previstas en el art.229.4 LRJS, deberá exhibir ante este Juzgado el resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social n° 5, n° de identificación: 0030/1846/42/0005001274, y al concepto clave 3500/0000/65/0187/12, abierta en el Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina sita en la C/ Triana de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito, y acreditar también haber depositado en la indicada cuenta la cantidad de 300 euros preceptiva legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se tendrá por anunciado dicho recurso. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.