22/02/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 1 Ferrol
Procedimiento: juicio verbal especial relaciones paterno filiales número 612/2010

Procedimiento: FAML. GUARD, CUSTDO ALI. HIJ MENOR NO MATRI NO C 0000612 /2010 Sobre OTROS VERBAL De D/ña. ANA NOELIA CALDEIRA BERROZPE Procurador/a Sr/a. CARLIXTA STORM SUBISAGA Abogado/a Sr/a. Contra D/ña. ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. D./Dña. MARIA DEL MAR CHAS ARES, Secretario/a Judicial de JDO.1A. INSTANCIA N.1 de FERROL, Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L. E. C. por el presente se notifique a ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS la resolución que copiada literalmente dice: “SENTENCIA: 00128/2011 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE FERROL Procedimiento: JUICIO VERBAL ESPECIAL RELACIONES PATERNO FILIALES N° 612/2010 Objeto: Alimentos. SENTENCIA En Ferrol, a 14 de junio de 2011. Vistos por mí, D. JUAN FRANCISCO RIOBÓ FERNÁNDEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Ferrol, los presentes autos de Juicio Verbal especial sobre relaciones paterno-filiales, seguidos ante este Juzgado con el número 612/2010, en los cuales es parte demandante D. RAMIRO ALEJANDRO VIYUELA KNORR, representado por la Procuradora Da. RONNY ALEXANDER CRECEA SUMMERS y asistido por la Letrada Da. CARMEN BERTA GARCIA BOUZA AMEZUA; y parte demandada D. ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS, en situación de rebeldía procesal; versando la litis sobre alimentos. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la Procuradora Dª. RONNY ALEXANDER CRECEA SUMMERS, en nombre y representación de D. RAMIRO ALEJANDRO VIYUELA KNORR, se interpuso, en fecha 7 de mayo de 2010, demanda de juicio verbal especial sobre relaciones paterno-filiales contra D. ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos en fundamento de su pretensión, terminaba solicitando que, previos los trámites legales pertinentes, se dictase sentencia por la que se condenase al demandado “a abonar a mi mandante la cantidad de trescientos (300) € mensuales, más los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda, debiendo ingresarse dicha suma dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta núm.2091 0212 79 3000077119 de la que es titular mi mandante, actualizándose anualmente conforme a la variación experimentada por el IPC que publica el INE, tomando como referencia el mes de presentación de esta demanda; y todo ello con expresa imposición de costas al demandado”. SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 30 de julio de 2010, se dio traslado de la misma al demandado para que la contestase en el plazo de veinte días. No siendo hallado el demandado en el domicilio indicado en la demanda, se practicó averiguación de domicilio y finalmente, ante el resultado negativo se acordó por resolución su citación edictal para la celebración de vista. El día señalado para la celebración de la vista compareció únicamente la parte actora, razón por la cual el demandado fue declarado en situación de rebeldía procesal; a continuación se practicaron las pruebas propuestas y admitidas -documental por reproducida y testifical- con el resultado que consta en las actuaciones y finalmente la Letrada de la actora formuló sus conclusiones, quedando el acto registrado en soporte audiovisual apto para la reproducción de la imagen y del sonido y quedando los autos vistos para sentencia. TERCERO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado los términos y prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En la demanda rectora del presente procedimiento se ejercita una acción por un hijo mayor de edad frente a su padre, solicitando el establecimiento de una pensión alimenticia y, al respecto, dispone el art.753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estos procesos “se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la Ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días.”, precepto que debe ser puesto en relación con el art.770.6ª de la misma Ley cuando señala que “en los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio”. SEGUNDO.- Establecida la corrección del procedimiento, procede el análisis del fondo del asunto y, en este sentido, se reclama por el hijo mayor de edad a su padre una pensión de alimentos de 300 € mensuales, fundada en la limitación por minusvalía para trabajar que padece el demandante lo que provoca su absoluta falta de ingresos y en la imposibilidad de que su madre, con la que convive, haga frente por si sola a los gastos del hijo. Nuestro Código civil regula en sus arts.142 y ss. la obligación legal de alimentos entre parientes, disponiendo en el primero de ellos que se entiende por alimentos “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”, añadiéndose en su segundo párrafo, que los alimentos “comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que le sea imputable”. Los arts.146 -que establece la proporcionalidad entre bienes y necesidades- y 147 -que prevé la variabilidad-completan completan el concepto y contenido de deuda alimenticia entre parientes. Por otra parte, el art.143 del mismo texto legal enumera las personas obligadas “recíprocamente a darse alimentos”, entre la cuales se menciona, en segundo lugar, a los ascendientes y descendientes. De tal modo que la deuda alimenticia de los ascendientes respecto de sus descendientes, cuando éstos son menores de edad no emancipados, queda inmersa en la función de la patria potestad; cuando son menores emancipados o mayores de edad puede darse también la deuda alimenticia si concurren los presupuestos, aunque la educación e instrucción del descendiente alimentista sólo entrará si no ha terminado su formación por causa que no le sea imputable. Así pues, tratándose de una reclamación de alimentos por un hijo mayor de edad es preciso verificar si concurren sus presupuestos para que surja la deuda alimenticia a cargo de su progenitor. Y, en este sentido, la jurisprudencia suele exigir como tales presupuestos o requisitos, que deduce de los preceptos del Código civil, la concurrencia de los siguientes: a) Vínculo de parentesco, como resulta del propio rótulo del título correspondiente del Código civil “de los alimentos entre parientes”. Presupuesto que concurre en el presente caso al ser una reclamación de hijo a padre y acreditada por el documento n° 2 adjunto a la demanda, consistente en la certificación del Registro Civil. b) Estado de necesidad en el alimentista, sin que se exija una necesidad absoluta, sino relativa, en relación con las condiciones personales y sociales del mismo. Pero es preciso que el alimentista no esté en condiciones de proveer por sí mismo a su propia subsistencia, como señalan, entre otras, las SSTS de 23 de febrero de 2000 y 15 de septiembre de 2006. En el presente caso resulta acreditado por la documental 4 y 5 aportada con la demanda tanto el grado de minusvalía del 65 % que padece el actor a consecuencia de habérsele diagnosticado un trastorno de la personalidad, como la percepción de una pensión por este motivo por importe de 339,70 €, lo que ha sido corroborado por la testifical de su madre ANTONIO ANDREI ELVIA MARINA ESSOUBAI HOWELL que afirmó que en 2011 se le ha reconocido a su hijo una pensión de 337-347 € mensuales aproximadamente. Además, resulta probado, por la documental 3 y 6, de una parte, la convivencia con su madre y, de otra parte, la percepción por la misma del subsidio de desempleo por importe de 426 € mensuales, como también reconoció en su testifical, es decir que la madre contribuye a los alimentos de su hijo en ambas formas de prestación, natural y civil, previstas en el art.149 del Código civil. En resumen, se ha probado el estado de necesidad relativa del alimentista. Asimismo, en la testifical se ha manifestado que el actor, además del trastorno de personalidad, padece esquizofrenia y precisa la ayuda de terceras personas para actos de la vida cotidiana tales como bajar escaleras o salir a la calle solo, es decir, se ha acreditado la extrema dificultad o práctica imposibilidad que padece el actor para el trabajo. c) Posibilidad económica del alimentante, la cual es indispensable para cumplir la deuda alimenticia y que en relación con la necesidad del alimentista determina la cuantía de los alimentos. Y respecto del demandado, dada su situación procesal de rebeldía, se desconocen sus ingresos, únicamente la certificación del Registro Civil nos acredita que se encuentra en edad laboral y se afirma por la parte actora que trabaja de guarda de seguridad en el puerto de Ferrol. Acreditada la necesidad de alimentos para el actor, resta fijar su cuantía y para ello debe tomarse como referencia no sólo las efectivas necesidades del hijo (artículos 93 y 146 del C. c.) según los usos y circunstancias de la familia (artículos 1.319 y 1.362 del C. c.), los recursos y disponibilidad del guardador (artículos 93, 145.1 y 1.438 del C. c.) aunque en la contribución de éste haya de computarse la atención del hijos confiado a su guarda (artículos 103 y 1.438 del C. c.), sino, sobre todo, cuales sean los ingresos del progenitor que haya de satisfacerla. Se trata, como afirma la jurisprudencia, del llamado criterio de proporcionalidad que relaciona las necesidades del alimentista con las posibilidades del alimentante, recogido en las SSTS de 21 de noviembre y 30 de diciembre de 1986, entre otras muchas. Teniendo en consideración lo expuesto y a la vista del resultado de las pruebas practicadas, procede establecer como pensión alimenticia a favor del hijo mayor de edad y a cargo de su padre la de doscientos cincuenta (250,00) € mensuales. TERCERO.- Respecto a los intereses, no tratándose de una reclamación de cantidad vencida, líquida y exigible, no procede la estimación de la demanda en este punto. CUARTO.- No procede hacer especial pronunciamiento sobre costas, habida cuenta de la profunda subjetividad que implican las cuestiones derivadas de situaciones de crisis familiares. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO ACUERDO, que debo ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda presentada por la Procuradora Dª. MARÍA TERESA ROCA RODRÍGUEZ, en nombre y representación de D. RAMIRO ALEJANDRO VIYUELA KNORR, y en consecuencia CONDENO a D. ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS a abonar, en concepto de alimentos para su hijo mayor de edad D. RAMIRO ALEJANDRO VIYUELA KNORR, la cantidad de doscientos cincuenta (250) € mensuales, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta núm.2091 0212 79 3000077119 de la que es titular el actor, actualizable anualmente conforme a las variaciones que experimente el índice de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística o el que legamente le sustituya. No procede hacer expresa declaración sobre las costas causadas. Notifíquese esta resolución en forma legal a las partes, a las que se advierte que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá prepararse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, y que se sustanciará conforme a las normas de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Se advierte a las partes que la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución del depósito de 50 Euros mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del BANESTO, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al preparar el recurso de apelación, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.” A fin de que sirva de notificación al demandado en ignorado paradero, DON ZHIMIN ORGUEIRA MOGEDAS. En FERROL a diecinueve de Enero de 2012 EL / LA SECRETARIO/A JUDICIAL. ANGELICA CARMEN MAUND GONZALEZ DEL TANAGO