27/06/2012 | Administración Central
Ministerio de Fomento
Autoridad Portuaria de A Coruña
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de A Coruña de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a instancias de don Jesús Vargas Novoa

Intentada la notificación en el domicilio facilitado en su momento, por el presente se da publicidad a la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial, en la forma prevista por el articulo 59.5 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADO A INSTANCIAS DE D. JERONIMO ANGEL GAVETE LOPEZ AMOR. Finalizada la instrucción del expediente iniciado por resolución de la Dirección de fecha 8 de abril de 2011, a instancias de D. Jesús Vargas Novoa, y a la vista de los siguientes, HECHOS 1. D. JERONIMO ANGEL GAVETE LOPEZ AMOR presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por un importe estimado de 500 € en concepto de indemnización por los daños que, según manifiesta, fueron causados en el vehículo su propiedad, marca Volkswagen, modelo Golf, matrícula 0469-FTL como consecuencia de la retirada de la grúa.2. Se han incorporado al expediente los siguientes documentos resultantes de la instrucción: – Parte de Incidencias n.º 2010/17351, redactado por el Policía Portuario de servicio el día 23 de septiembre 2010. – Reclamación de daños por parte D. JERONIMO ANGEL GAVETE LOPEZ AMOR. – Notificación de inicio de expediente. – Informe solicitado a Grupo Vendex (responsable de la retirada de vehículos con grúa) – Notificación de trámite de audiencia. Se ha cumplimentado el preceptivo trámite de audiencia a los interesados previsto en el artículo 11 del Real Decreto 429/1993, del 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial. CONSIDERACIONES DE DERECHO I Esta Autoridad Portuaria es competente para instruir y resolver la reclamación planteada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, del 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, el Real Decreto 429/1993, del 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, y el Real Decreto Legislativo 2/2011, del 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La competencia para incoar y tramitar el expediente está atribuida al Director de la Autoridad Portuaria por el art.33.2 del citado Real Decreto Legislativo 2/2011. El artículo 65 de la Ley 14/2000, del 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (intitulado “Resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en determinadas Entidades de derecho público”) establece que corresponde a los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 142 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial fue delegada en la Presidencia de la Autoridad Portuaria por acuerdo del Consejo de Administración del fecha 22 de febrero de 2006, para los supuestos en que el importe reclamado fuese inferior a seis mil euros (6.000,00 €). II El sistema de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL de las Administraciones Públicas es OBJETIVA, al margen de cualquier tipo de dolo o culpa de sus gestores o servidores, con las dos únicas excepciones de los supuestos de fuerza mayor o intervención de conducta del perjudicado si ha sido causa determinante exclusiva del daño producido. De acuerdo con lo señalado, los requisitos necesarios para que exista responsabilidad patrimonial de una Administración Pública son los siguientes: 1. Efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que no tengan la obligación de soportarlo por no existir causa alguna que lo justifique.2. Que el daño o lesión patrimonial en los bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.3. Que exista nexo causal, es decir, que exista una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, sin intervención extraña que pudiera influir en el citado nexo.4. Que no exista fuerza mayor, que podemos definirla, como dice la STS de 7 de marzo de 1988, como “aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado”. III Procede analizar, antes de entrar en el fondo de la cuestión, si la solicitud ha sido presentada en el plazo establecido. El artículo 142.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, del 13 de enero, estipula que la reclamación debe presentarse en el plazo de un año desde que se haya producido el hecho o el acto que motive la indemnización o desde que se hubiere manifestado el acto lesivo. Dicho plazo es de prescripción y su cómputo arranca desde que se establezcan los efectos lesivos en el patrimonio del reclamante, que es cuando hay conocimiento suficiente para valorar su extensión y alcance, siguiendo así el principio de la “actio nata” al que se consagra el Código Civil que dispone en su artículo 1969 que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no hay disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que el perjudicado tuvo conocimiento del daño que sufrió. En este caso se considera que se ha presentado en el plazo preceptivo. IV Sentado lo actual procede analizar, en primer lugar, la legitimación activa del reclamante. El artículo 31.1. a) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, del 13 de enero, establece que ostentan la legitimación para incoar el procedimiento “quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos”. Asimismo el artículo 139 del mismo texto legal establece que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,.” Así pues, el sujeto activo con derecho a percibir la indemnización, en el caso de que proceda, habrá de ser el perjudicado, que en el caso presente pretende ser D. JERONIMO ANGEL GAVETE LOPEZ AMOR. V En materia de responsabilidad patrimonial la prueba es fundamental y, por lo tanto, también conocer a quién incumbe la misma. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la carga de la prueba se reparte del siguiente modo: – Al reclamante le corresponden las pruebas de la efectividad del daño y de su evaluación económica, así como de que el daño se produjo a consecuencia del funcionamiento de un servicio de la Administración. – A la Administración le corresponde la prueba de que el daño se produjo por causa de fuerza mayor, así como la intervención extraña que afectó al nexo causal y la existencia de dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. Corresponde pues al interesado acreditar la causa del accidente y su relación directa o nexo causal con el funcionamiento normal o anormal de un servicio público, tal y como viene manteniendo en una nutrida jurisprudencia. En el caso que nos ocupa, el reclamante no ha probado la evaluación económica del daño que pretende que se le ha producido, limitándose a señalar en su escrito de alegaciones que “la estimación económica de esta reparación es de 500 euros, estimada en una chapistería en el Tarabelo (Sada)”. En ningún momento se aporta factura de dicha reparación, ni presupuesto formal de la misma, ni informe pericial de ninguna compañía aseguradora. En modo alguno puede entenderse probada, por tanto, la evaluación económica del supuesto daño. Por otra parte, solicitado informe al Grupo Europeo de Servicios DOAL, S. A., empresa que presta el servicio de retirada de vehículos mediante grúa en la zona de servicio del Puerto, el jefe del servicio del citado Grupo informa que en el acta de retirada levantada por el agente con número profesional 332, se indicaban en el croquis del vehículo como daños anteriores a la retirada del mismo, los daños ahora reclamados. Se indica, asimismo, que se trata de daños evidentemente producidos por el impacto o roce con elementos tales como un bolardo o similares, y no teniendo relación alguna con el acto de enganche del vehículo, que se produce de forma frontal, de tal modo que la zona afectada por los supuestos daños, esto es, el lateral del vehículo que se encontraba del lado de la acera, no habría podido ser golpeada de ningún modo por el vehículo grúa. Se añade, además, que en todo momento estuvieron presentes los agentes actuantes, que no hicieron constar incidencia alguna durante la retirada. Por todo ello, el citado informe concluye que los daños reclamados no pueden ser debidos a la acción de la grúa, sino que se trata de daños ya existentes con anterioridad a la retirada del vehículo, tal y como queda reflejado en el acta levantada con ocasión de dicha retirada. En base a todo lo expuesto, y haciendo suya la propuesta del Instructor del expediente, esta Dirección RESUELVE: Desestimar la reclamación presentada por D. Jesús Vargas Novoa, por importe de 500 €, en concepto de pago por los daños sufridos en el vehículo matrícula 0469-FTL en el incidente producido el día 23 de septiembre de 2010 en la rotonda exterior San Diego del Puerto de A Coruña. Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos, indicándole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria, en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo previsto en el art.58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A Coruña, a 18 de junio de 2012. El presidente Fdo.: Enrique Losada Rodriguez