17/09/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 2 A Coruña
Procedimiento ordinario 1536/2009-L

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001536 /2009-L Sobre: RECLAMACION DE CANTIDAD De D/na. BANCO SANTANDER, S. A. Procurador/a Sr/a. TSVETANA WILLCOX BOUHAMMOU Contra D/ña. ANA ELSY RAMOS PIMENTEL Procurador/a Sr/a. En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: SENTENCIA: 00127/2012 Procedimiento: Juicio Ordinario 1536/2009 - L SENTENCIA A Coruña, 12 de julio de 2012 Vistos por Mª Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 2 de A Coruña, los autos de Juicio Ordinario N° 1536/2009, seguidos en virtud de demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Sr. de Uña Piñeiro, en nombre y representación de Banco de Santander, S. A., bajo la dirección letrada de D. José Alberto Simón Sánchez, en sustitución de D. Jorge Castro Díaz, frente a Dª Ana Elsy Ramos Pimentel, en situación procesal de rebeldía ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2009, el Carla Irene Evensen Lapeña, en nombre y representación de Banco de Santander, S. A., presentó escrito de demanda en el Decanato para su reparto, cuyo conocimiento fue turnado a este Juzgado. En la demanda, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraba aplicables y que damos por reproducidos, solicitaba que, previos los trámites legales oportunos, se dictara en su día sentencia por la que, estimando la demanda, se declare el derecho de la actora a percibir las cantidades reclamadas, por principal, intereses y costas, y se condene a la demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 4.944,47 euros de principal, más los intereses de demora pactados al 20,95% y devengados desde la fecha de cierre de la cuenta, 3/10/2008, hasta el completo pago del principal, con imposición a la demandada de todas las costas causadas. SEGUNDO.- Por Auto de 30 de septiembre de 2009, se admitió a trámite la demanda y se acordó dar traslado de la misma a la demandada. TERCERO.- Mediante Providencia de 8 de junio de 2012, y no habiendo comparecido la parte demandada dentro del plazo para contestar a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art.496.1 LEC, se le declaró en situación de rebeldía procesal, y se convocó a las partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 9 de julio de 2012, a la que no comparece la demandada. La actora, tras afirmarse y ratificarse en su escrito de demanda, solicitó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo únicamente documental, y solicitando se dictase sentencia sin previa celebración del juicio, al amparo de lo dispuesto en el art.428 LEC. Tras el trámite de conclusiones, quedan los autos vistos para sentencia. CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas y prescripciones legales, excepto las relativas a los plazos dado el número de asuntos pendientes en este Juzgado. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Ejercita la actora, mediante la demanda rectora del presente procedimiento y al amparo de lo dispuesto en los arts.1089, 1091, 1254 y 1255 del CC, y 312 y 316 del Cód. Com., una acción de reclamación de la cantidad de 4.944,47 euros como saldo a su favor resultante de la liquidación de la póliza de préstamo formalizada con la hoy demandada, Dª Ana Elsy Ramos Pimentel, en fecha 27 de diciembre de 2006, así como los intereses de demora pactados al 20,95% y devengados desde la fecha de cierre de la cuenta (3/10/2008), y hasta el completo pago del principal. Reclamación frente a la que nada alega la demandada al haberse colocado en situación procesal de rebeldía. SEGUNDO.- Con carácter general, el artículo 1.091 del Código Civil dispone que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Por consiguiente, la imperatividad del contrato no descansa en la voluntad de los contratantes, sino que resulta impuesta por el ordenamiento jurídico, ya que lo acordado puede imponerse coactivamente a las partes si éstas no se someten voluntariamente a ello. Conforme a las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.981 y 9 de julio de 1.986, la fuerza obligatoria del contrato deriva de la voluntad concurrente de las partes, inspirada en el principio “pacta sunt servanda”, en aras del valor y eficacia de lo libremente estipulado, en servicio de la seguridad jurídica, del público interés para el mantenimiento del orden social y también del orden privado, que se basa en la eficacia de las relaciones que ligan a los ciudadanos. Así, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.254 del Código Civil, “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”, sin más límites que el de no contravenir las normas imperativas, la moral o el orden público (artículo 1.255 del Código Civil), de tal manera que, perfeccionado el contrato mediante la prestación del mutuo consentimiento, obliga no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1.258 del Código Civil), siendo obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hubieren celebrado (artículo 1.278 del Código Civil). Hemos de recordar que el préstamo de dinero, por virtud de su naturaleza real y al crear en el prestatario la obligación de devolver una suma igual a la recibida del prestamista (arts.1.740 y 1.753 del CC y 312 Cód. Com.), estando determinado su importe desde el momento mismo de perfeccionarse el contrato, mediante la entrega del dinero efectivamente prestado, conlleva para aquél una obligación esencialmente líquida. Este carácter de liquidez no queda desvirtuado por el hecho de que se haya convenido el pago de intereses o que la devolución del capital haya de hacerse en amortizaciones parciales por cuanto la previsión contractual de cuotas mensuales fijas, comprensivas del principal e intereses, permite determinar, con una simple operación aritmética y en base a los datos proporcionados por el propio título, cuál es el importe adeudado o cantidad exigible en el momento del vencimiento. Por otra parte, en virtud del principio de la carga material de la prueba es a la parte actora a quien, a tenor del art.217 de la LEC, le corresponde demostrar los hechos en los que se fundamenta su pretensión, y así, el párrafo 2 del citado precepto dispone que “corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”, siendo de cuenta del deudor la acreditación del hecho extintivo conforme al párrafo 3 del citado precepto que establece que “incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”. TERCERO.- En el caso presente, teniendo en cuenta que la demandada se ha colocado voluntariamente en situación de rebeldía, por lo que no formula oposición alguna a los argumentos de la actora, de la prueba practicada, -consistente en la documental unida a autos y no impugnada, ni desvirtuada por prueba alguna-, resulta acreditado que en fecha 27 de diciembre de 2006, la entidad actora, Banco Santander, S. A., formalizó con la hoy demandada, D. Ana Elsy Ramos Pimentel, una póliza de préstamo (n° 00490819881430144997), modalidad “Supercrédito Fijo”, por la que concedió a la demandada un préstamo por importe de 6.000,00 euros, con vencimiento en fecha 27 de diciembre de 2011. La prestataria habría de reembolsarlo mediante el pago de 60 cuotas mensuales por importe, cada una de ellas, de 130,30 euros, comprensivas de capital e intereses, pactándose que el capital del préstamo devengaría a favor del Banco un interés del 10,950% y un interés de demora del 20,950%, en los términos recogidos en la condición particular 3a (“El capital del préstamo devengará a favor del Banco el interés nominal indicado en los apartados iniciales, que se devengará día a día y se liquidará y pagará según se indica en dichos apartados. Los intereses se devengarán diariamente, se liquidarán y pagarán vencidamente con la periodicidad pactada, señalada anteriormente, y se calcularán multiplicando el principal pendiente del préstamo, por el tipo de interés nominal en vigor, por el número de meses comprendido en cada período de liquidación y dividiendo el resultado por 1.200. Las cantidades adeudadas por cualquier concepto no satisfechas en las fechas estipuladas, así como en el caso de que vencido el préstamo por cualquiera de las causas previstas contractualmente, la parte prestataria no reintegrase la cantidad adeudada, más sus intereses y demás conceptos que procedan, estará obligada a satisfacer intereses de demora sin necesidad de previo requerimiento, que se devengarán diariamente, liquidándose el día en que la parte prestataria efectuara el pago o hubiera saldo disponible suficiente en la cuenta que se refiere la condición particular segunda, quedando el Banco autorizado para proceder al oportuno adeudo en la cuenta, y ello sin perjuicio de la liquidación que proceda, que podrá realizar el Banco, a efectos de la reclamación judicial o extrajudicial. El tipo de interés de demora aplicable será el indicado en los apartados iniciales). Dicha Póliza fue intervenida por el Notario D. Roberto Javier Sempere Hacker (doc. N° 1). Practicada la liquidación del citado préstamo, según certifican D. Rodrigo Xavier Arpirez Lueza y D. Jose Edilberto Alsua Konieczny, -apoderados del Banco Santander, S. A.-, el mismo presentaba, a fecha 3 de octubre de 2008, un saldo deudor a favor de Banco Santander, S. A., de 4.944,47 euros, que se desglosa de la siguiente forma: - 4.259,94 euros por capital pendiente de reembolsar - 651,50 euros correspondientes a cuotas impagadas - 25,26 euros correspondientes a intereses de demora - 7,77 euros correspondientes a intereses ordinarios s. ppal. pdte 6 días Dicho saldo deudor resulta también de la diligencia de cierre de cuenta del préstamo realizada por dichos apoderados (doc. N° 2). Mediante burofax remitido en fecha 28 de octubre de 2008, la entidad actora comunicaba a la demandada que, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en la póliza de préstamo 0049 0819 881430144997 suscrita el 27 de diciembre de 2006, ha dado por vencido anticipadamente el préstamo y ha liquidado y cerrado su cuenta el día 3 de octubre de 2008, con un saldo exigible a favor del Banco de 4.944,47 euros, que devenga intereses de demora al tipo pactado desde la fecha de cierre hasta su definitivo pago, requiriéndole para su pago bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. De dicho burofax se dejó aviso al no ser entregado (doc. n° 3). Por lo expuesto, y habiéndose acreditado el hecho constitutivo de la pretensión (mediante la documental indiscutida), la acreditación del hecho extintivo sería de cuenta de la deudora (art.217.3 LEC), lo que no ha hecho dada la postura procesal por ella mantenida, por lo que ha de ser condenada al abono de la cantidad que, en concepto de principal e intereses pactados, se le reclama en la demanda. CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los arts.1100, 1101 y 1108 del CC, y a lo pactado en el contrato, la demandada deberá abonar los intereses de demora pactados (20,95%) y devengados desde la fecha de cierre de la cuenta, el 3/10/2008, hasta el completo pago del principal. QUINTO.- El art.394.1 de la LEC establece que, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, por lo que procede imponer las costas a la demandada. FALLO DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. de Uña Piñeiro, en nombre y representación de Banco de Santander, S. A., frente a Zacarias Bonson Cubela, en situación procesal de rebeldía, y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a abonar a la actora, la cantidad de 4.944,47 euros, más los intereses de demora pactados al tipo del 20,95% y devengados desde la fecha de cierre de la cuenta (3/10/2008), hasta el completo pago del principal. Todo ello con imposición a la demandada de las costas causadas. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación ante este tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de su notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art.458.1 y 2 LEC, en redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal). Asimismo, deberá acreditar haber consignado el depósito de 50 euros en la oportuna entidad de crédito y en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre del Juzgado, conforme establece la disposición adicional decimoquinta de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Así lo acuerdo, mando y firmo, Ma Estefanía Cambón Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Y como consecuencia del ignorado paradero de ELSY RAMOS PIMENTEL, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 497 de la LEC. A CORUÑA a 3 de septiembre de 2012. EL/LA SECRETARIO Carlota Fernandez Ambros