24/10/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 5 Las Palmas de Gran Canaria
Número procedimiento: 183/2012

N° Procedimiento: 0000183/2012 Procedimiento: Despidos / Ceses en general Materia: Despido disciplinario Resolución: Sentencia 000341/2012 Demandante: CAMELIA MUSSO LANZAROT Demandado: PAVIMENTO COMPAVI S. L. Demandado: COMSA Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 2012. Habiendo visto el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Limón Luque, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Social N° 5 de esta Ciudad y su provincia, en audiencia pública el juicio sobre despido, seguido ante este Juzgado bajo n° 0000183/2012, promovido a instancia de D./Dña. Francisco López Rodríguez, contra Pavimentos Compavi, S. L., COMSA, S. L., y Fondo de Garantía Salarial, respectivamente, ha pronunciado en NOMBRE DEL REY, la siguiente: SENTENCIA I.-ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que en fecha 2 de marzo de 2012 la parte actora arriba indicada presentó en el Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara una sentencia de conformidad con sus pretensiones, declarando el despido producido improcedente, condenando a la empresa demandada a que opte por la readmisión o la indemnización, así como, en todo caso, a los pertinentes salarios de tramitación. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se señaló para el acto del juicio el día 2 de octubre de 2012. Comparecida únicamente la parte actora, y dada cuenta de los autos, ésta se afirmó y ratificó en los pedimentos y suplico de su demanda, desistiendo de la empresa COMSA, S. A. Recibido el pleito a prueba, ésta fue admitida y practicada con el resultado que obra en las actuaciones y seguidamente se elevaron las conclusiones a definitivas, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia. TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos. II.- HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Que D. Ivan Ruben Blanquez Savall ha venido prestando sus servicios para la empresa Pavimentos Compavi, S. L., desde el 29 de agosto de 2011, con la categoría profesional de vigilante, percibiendo un salario diario de 48,65 euros/día, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias. SEGUNDO.- Que el trabajador inició relación laboral con la empresa el 29 de agosto de 2011, sin que conste que se haya formalizado dicha relación en ningún tipo de contrato de trabajo escrito, pese a que en la nómina figura el código “401”, propio de los contratos de trabajo para obra o servicio determinado. El trabajador ha prestado servicios en dos obras distintas, una en Tauro y otra en Vecindario. TERCERO.- Que por carta de 9 de enero de 2012, la empresa le preavisó al trabajador la resolución del vínculo contractual con fecha de efectos de 23 de enero de 2012. El tenor literal de la carta es el siguiente: “Por medio de la presente, la dirección de esta empresa le comunica que con fecha a efectos del próximo día 23 de enero de 2012, causará usted, baja en esta empresa, al haber dejado de existir la causa que motivaron (sic) su contratación de carácter temporal, por la progresiva disminución en el volumen de trabajo necesario. Dándose por finalizado a todos los efectos con dicha fecha, la relación contractual que mantiene con esta empresa, significándole que tiene a su disposición la correspondiente liquidación salarial (.)”. El 23 de enero de 2012 fue efectivamente dado de baja en la Seguridad Social. CUARTO.- Que la parte actora no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la cualidad de representante unitario o sindical de los trabajadores. QUINTO.- Que al actor se le adeudan las siguientes cantidades, que reclama en concepto de liquidación de la relación laboral: noviembre y diciembre de 2011, a razón de 1.252,88 euros; paga extraordinaria de Navidad de 2011, a razón de 826,92 euros; 23 días de enero de 2012, a razón de 960,54 euros; parte proporcional de la paga extrarodinaria de verano de 2012, por 206,73 euros; y parte proporcional de vacaciones devengadas y no disfrutadas durante 2011 y 2012, por un total de 608,13 euros. El total de la deuda, asciende, en consecuencia, a 5.108,08 euros. SEXTO.- Que en fecha 14 de marzo de 2012, tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el resultado de intentado sin avenencia, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el día 23 de febrero de 2012. III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el presente caso, se discute si la extinción contractual del actor constituye o no despido improcedente, teniendo en cuenta que el trabajador inició su prestación laboral el 29 de agosto de 2011 –según se desprende de la documental obrante en autos–, y que, pese a que probablemente se firmó un contrato para obra o servicio determinado, no consta este en las actuaciones, alegando la parte actora que no firmó contrato alguno, por más que en la nómina aportada figure como código de contrato el propio de la obra o servicio determinado. Además, alega asimismo la parte actora que el actor prestó servicios en al menos dos obras, sin que ninguna prueba de contrato se haya practicado, por lo que ha de tenerse a la parte demandada por confesa de dichos hechos, al haberse solicitado interrogatorio en el acto del juicio (art.91.2 LRJS). Por todo ello, la relación laboral ha de entenderse indefinida, al haberse infringido lo dispuesto en el art.15 ET, sin que, por lo tanto, la extinción efectuada mediante la carta de 9 de enero de 2012 y con efectos el día 23 de enero de 2012 –fecha que se corrobora con la baja en Seguridad Social en dicho día que obra en los autos– haya de considerarse válida a los efectos de evitar una declaración de despido improcedente. SEGUNDO.- La indemnización debe ser igual al importe de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado con prorrateo de los periodos inferiores al año y con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. En nuestro caso, el salario asciende a 48,65 euros/día con prorrata de pagas extraordinarias, tal y como se desprende de la nómina aportada. En consecuencia, la indemnización a percibir es, a día de la fecha de publicación de la sentencia, de novecientos doce con diecinueve euros (912,19 euros), teniendo en cuenta que el despido se materializó el 10 de octubre de 2011. Ha de recordarse que la DT 5ª RDLey 3/2012 sólo puede tener efectos respecto de los despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, puesto que sólo establece reglas transitorias en función de que el contrato de trabajo fuera o no firmado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, debiendo aplicarse el art 2.3 del Código Civil, de tal forma que no cabe apreciar efectos retroactivos si la norma no lo prevé de forma expresa, y está claro que la disposición transitoria mencionada no hace mención específica de los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley. Por la misma razón, ha de reconocerse el derecho a los salarios de tramitación hasta la fecha de notificación de la presente sentencia, al ser el despido anterior a la entrada en vigor de la reforma mencionada. TERCERO.- Por lo que se refiere a las cantidades reclamadas de contrario, ha de reconocérsele el total reclamado en la demanda respecto de los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012, incluida la prorrata de las pagas extraordinarias devengadas y la parte proporcional de las vacaciones, lo que hace en el presente caso un total de 5.108,08 euros, según desglose que consta en los hechos probados. Dado el carácter salarial de todas las cuantías adeudadas, ha de procederse a incrementar las mismas con el 10% de mora, en función de lo previsto en el art.29.3 ET, desde la fecha en que por primera vez se reclamaron dichas cuantías, a saber, 23 de febrero de 2012. Al respecto, ha de recordarse que la obligación laboral regulada en el art.29.1 del Estatuto de los Trabajadores, relativa a que la retribución salarial se pague por la empleadora puntual y documentalmente, y la aplicación de las reglas probatorias establecidas en el art.217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conducen en este caso a que se declare probado que no le fueron abonadas a la parte demandante las retribuciones salariales que reclama, siendo éste un hecho que podía haber desvirtuado su empleadora en el acto de juicio, al no haber comparecido en el mismo, no aportando por tanto prueba alguna que demuestre el pago efectivo de las cantidades reclamadas, siendo esa parte quien soporta la carga procesal de acreditar la extinción de la deuda salarial afirmada en la demanda o en su caso los hechos que impidan o enerven la eficacia jurídica de los que la constituyen. Además, la parte actora solicitó interrogatorio en el acto del juicio, por lo que ha de tenerse a la parte demandada como confesa en cuanto a la falta de abono de las cantidades adeudadas, en virtud de lo dispuesto en el art.91.2 LRJS. CUARTO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.97.3 LRJS en relación con el art.66.3 de dicho Legal, no habiendo comparecido la parte demandada al acto de conciliación celebrado ante la Secretaria Judicial, estando notificado en forma, y coincidiendo lo otorgado en sentencia con lo pretendido por la parte en su demanda, tal y como fue aclarada en el acto del juicio, procede imponer de oficio las costas a la parte demandada, fijando los honorarios del Letrado de la parte actora en 200 euros. Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me confiere el art.117 de la Constitución Española y 1 de la Ley Orgánica del Poder judicial, FALLO Que estimando en su totalidad la demanda promovida por D. Ivan Ruben Blanquez Savall contra Pavimentos Compavi, S. L. y Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido de que fueron objeto los demandantes, y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por esta decisión, debiendo la empresa demandada readmitir al trabajador o, alternativamente, abonar al actor la cantidad de novecientos doce euros con diecinueve céntimos (912,19 euros), en concepto de indemnización, debiendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado, con la advertencia que de no optar expresamente dentro de ese plazo, se entenderá obligatoria la readmisión, con abono, sea cual sea el sentido de la opción, de la cantidad de 48,65 euros diarios desde el 24 de enero de 2012 –día siguiente al del despido producido– hasta la fecha en que se ejercitase o se entendiera ejercitada la opción por la readmisión. Se condena asimismo a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 5.108,08 euros, en concepto de salarios adeudados, incrementándose en un 10% anual desde el día 23 de febrero de 2012. Se condena en costas a la empresa demandada, fijando como honorarios del Letrado de la parte actora la cantidad de 200 euros. Asimismo, condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta resolución, asumiendo las responsabilidades que le puedan corresponder. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación de la Sentencia y con expresa advertencia de que de ser el recurrente la parte demandada a la que no se apliquen las excepciones previstas en el art.229.4 LRJS, deberá exhibir ante este Juzgado el resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social n° 5, n° de identificación: 003011846142/0005001274, y al concepto clave 3500/0000/65/0183/12, abierta en el Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina sita en la C/ Triana de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito, y acreditar también haber depositado en la indicada cuenta la cantidad de 300 euros preceptiva legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se tendrá por anunciado dicho recurso. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.