18/09/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 11 A Coruña
Procedimiento: juicio verbal 614/2011

Procedimiento: JUICIO VERBAL 0000614 /2011 Sobre LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL De D/ña. C. PROP. PZA. MIGUEL ANGEL BLANCO, 3.4 (CAMBRE). Procurador/a Sr/a. MARJORIE ALEXANDRA EL BOUDOUHI MARTINEZ TOLEDANO Abogado/a Sr/a. AMIDOU ZIMMERMANN ZHUMA Contra D/ña. AMARJIT PALADINEZ OUFLI Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. Dª. LOURDES VILLEGAS CASTRILLO, Secretaria Judicial, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.11 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento JVB 614/2011 seguido a instancia de BATOUL OMEDAS LLANERAS, 3.4 (CAMBRE), frente a AMARJIT PALADINEZ OUFLI se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA: 00031/2012 PROCEDIMIENTO: juicio verbal 614/2011 SENTENCIA N° 31/2012 En A Coruña, a nueve de Febrero de dos mil doce. Vistos por mí, César González Castro, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado con el número 614/2011, en los que han sido partes: Demandante/s: la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la Plaza Miguel Ángel Blanco, 3 y 4, El Temple, Cambre, A Coruña, con CIF H-15685225, representada por la procuradora de los tribunales D. ª Lucimara Duwison Stefanyshyn y defendida por el letrado D. Angel Diego Zubero Solea. Demandando/s: D. AMARJIT PALADINEZ OUFLI, con DNI XXXXXXXXX, en situación de rebeldía. Objeto: reclamación de cantidad. Se procede, en nombre de DANAY ESCALONA COSA. el Rey, a dictar la presente resolución. Antecedentes de hecho PRIMERO.- La parte demandante presentó escrito de demanda que se repartió a este juzgado, en la que, después de relatar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitó que, previos los trámites legales, se dicte sentencia en la que se condene al demandado al pago de 543,88 euros más todos los recibos pendientes adeudados y no pagados hasta la total liquidación de la deuda, con expresa condena en costas e intereses. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a la celebración del correspondiente juicio verbal, al que compareció la parte actora, no compareciendo el demandado, siendo declarado en rebeldía. TERCERO.- Abierto el acto del juicio, ratificado el actor en su escrito inicial. CUARTO.- Que solicitado por la actora el recibimiento del pleito a prueba, se acordó la apertura del correspondiente periodo probatorio, practicándose aquellas pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia. QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado todas las prescripciones legales, salvo con excepción de los previstos para el señalamiento de vistas y plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que penden sobre este juzgado. Hechos probados D. Diego Serantes Puente es propietario del piso 4°, centro-izquierda, del portal n° 3 de la Plaza Miguel Angel Blanco, n° 3, 4°, centro-izquierda, El Temple, Cambre (A Coruña). Dicho propietario adeuda a la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la Plaza Miguel Ángel Blanco, 3 y 4, El Temple, Cambre, A Coruña, la suma de 543,88 euros, por cuotas desde marzo de 2010 a mayo de 2011 y gastos de devolución bancarios. Fundamentos jurídicos PRIMERO.- Estimo parcialmente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales D. ª Laura Carnero Rodríguez, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la Plaza Miguel Angel Blanco, 3 y 4, El Temple, Cambre, A Coruña, contra D. Diego Serantes Puente, y en consecuencia condeno a este último a que abone a dicha actora como principal la suma total de 543,88 euros. Los motivos son los siguientes: 1.- Establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal que, entre otras, son obligaciones de cada propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.2.- Es doctrina jurisprudencial plenamente consolidada que la carga de la prueba tan sólo es de aplicación cuando, ante la falta de prueba de un hecho fundamental o relevante para la decisión judicial, sigue siendo éste incierto o dudoso para el tribunal y debe en sentencia resolver para quién han de producirse las consecuencias derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria, por lo que la «regla de juicio», recogida en su día en el artículo 1214 del Código Civil y hoy en el artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede estimarse vulnerada, ni su infracción denunciarse en casación, cuando los juzgadores de instancia obtienen su convicción decisoria de cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia del litigante que las haya suministrado, pues, a virtud del principio de «adquisición procesal», los resultados de las pruebas se logran para el proceso y se producen en beneficio indistinto de ambas partes y no sólo de la que las aporta a él. La infracción de la regla de juicio es apreciable cuando, ante la total carencia de prueba sobre un hecho relevante para la resolución judicial, el tribunal desatendiendo o invirtiendo las reglas distributivas del onus probandi, hace recaer los efectos desfavorables de su ausencia o insuficiencia al litigante a quien no incumbía la carga de su probanza; pero no lo es, frente una apreciación en conjunto de la prueba practicada. En concreto, la sentencia de 12 junio 2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes términos: “1.- Para que se produzca la infracción del artículo 1214 (precedente del actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material.2.- No cabe aducir infracción de la carga de la prueba -artículo 1214 del Código Civil - para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad - incoherencia- pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.- El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007 “. 3.- Conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la circunstancia de que la parte demandada no se hubiese personado en plazo para contestar a la demanda, y que, por ello, hubiera sido declarada en situación de rebeldía procesal, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos. Baste reiterar aquí los términos de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 3 de junio de 2004, conforme a la cual “la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -arts.281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 y 29 de marzo de 1980 ( RJ 1980, 1143), tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el onus probandi, no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda -sentencia de 4 de mayo de 1909-”. Esta regla procesal ha sido recogida de forma positiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de enero, cuyo artículo 496.2 establece que “la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario”. 4.- Sin embargo, no se puede ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el demandante, pues lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde. En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2007 establece que la falta de oportuna contestación a la demanda, sin que exista excusa legal para ello, determina la imposibilidad por parte del demandado de oponer hechos impeditivos, extintivos o excluyentes frente a la pretensión actora, con las consiguientes consecuencias sobre la limitación de los medios probatorios, que tiendan a justificar extremos de una oposición que la preclusión procesal impide formular, pues la rebeldía voluntaria no se compagina con la exigencia de agotar toda la diligencia necesaria para evitar la indefensión.5.- La jurisprudencia no excluye el valor probatorio del documento no reconocido, pues el art.1225 del Código Civil, no impide su relevancia aún no adverado, ya que su autenticidad, en suma, podrá quedar acreditada por medios distintos del reconocimiento. Es reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la falta de reconocimiento o adveración de un documento privado no le priva en absoluto de valor, y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del debate.6.- Así, en el caso que nos ocupa, conforme a la documental aportada con la demanda por la actora (en concreto nota informativa del Registro de la Propiedad sobre la titularidad de la vivienda, copia de acuerdo de junta de propietarios, certificación del secretario y requerimiento de pago no impugnado), queda acreditado que el demandado adeuda a la actora la suma de 543,88 euros. No han sido impugnados por el demandado dichos documentos. Como acertadamente se razona en la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 20 de septiembre 1999 “nos hallamos en un ámbito probatorio en el que no pueden pretenderse mayores rigores acreditativos al ser las Comunidades de Propietarios ajenas a otros tecnicismos o garantías en sus pautas de actuación ordinarias, y debiendo ser a su vez conscientes de la necesidad de agilizar el funcionamiento de las mismas al constituir estas el organigrama básico de la organización de la vivienda en nuestro país, sin que esté justificada la pasividad de los titulares de bienes inmuebles de este tipo en lo que al conocidamente periódico pago de sus correspondientes cuotas de la comunidad se refiere, no resultaría por ello prudente aplicar un desmesurado celo en la valoración de la prueba que pudiera desembocar en una inoperatividad del funcionamiento de las Comunidades de Propietarios frente a los morosos e incumplidores del pago de sus devengos, con evidente perjuicio y agravio comparativo respecto de los copropietarios cumplidores; y ello especialmente en supuestos como el presente, en los que no consta impugnación ni reserva alguna de los demandados frente a las partidas reclamadas por la Comunidad actora.” 7.- No procede estimar la petición de que se incluyan “todos los recibos pendientes adeudados y no pagados hasta la total liquidación de la deuda”. Tal y como está formulada la petición, no es de aplicación al caso lo previsto en el art.220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la inclusión en la condena de las cantidades devengadas con posterioridad a la demanda cuando se trate de prestaciones periódicas, y ello por entender que en tal petición se incluyen conceptos que pueden no ser de devengo periódico, como los gastos extraordinarios (“todos los recibos”), además no se concreta a que recibos se refiere y cuál sería su contenido. SEGUNDO.- Conforme a lo prevenido en el 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse a la parte demandada al pago del interés anual de 543,88 euros igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo parcial la estimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Estimo parcialmente la demanda formulada por la procuradora de los tribunales D. ª Laura Carnero Rodríguez, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la Plaza Miguel Angel Blanco, 3 y 4, El Temple, Cambre, A Coruña, contra D. Diego Serantes Puente, y en consecuencia, condeno a este último a que abone a dicha actora como principal la suma total de 543,88 euros y al pago del interés anual de dicha suma igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo pago. Condeno a cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Inclúyase la presente en el libro de sentencias. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y es firme. Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el magistrado-juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe que obra en autos. Y encontrándose dicho demandado, AMARJIT PALADINEZ OUFLI, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a treinta y uno de Julio de dos mil doce. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,