04/06/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 3 Las Palmas de Gran Canaria
Procedimiento: despidos/ceses en general

Sección: STA Procedimiento: despidos/ceses en general N.° procedimiento: 0000182/2012 NIG: 3501644420120001975 Materia: despido disciplinario EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. magistrado-juez de este Juzgado, en resolución de esta fecha cuya copia se adjunta, dictada en los autos de referencia, que en este Juzgado se siguen a instancia de ALINA CLAUDIA ALGARRADA CADAFALCH, frente a PAVIMENTO COMPAVI, S. L. Y FOGASA, sobre DESPIDO, por la presente se le notifica a vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto.263/2012 En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2012. M.ª del Rosario Arellano Martínez, magistrada-juez del Juzgado de lo Social número tres de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, ha visto los precedentes autos número 182/12, seguidos a instancia de ALINA CLAUDIA ALGARRADA CADAFALCH, representado por la letrada Alicia Milagros Wichmann Rodriguez de Lope, frente a PAVIMENTO COMPAVI, S. L. Y FOGASA, que no comparecen, sobre DESPIDO Y CANTIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.–En fecha 2/3/12 tuvo entrada en el Decanato, siendo repartida a este Juzgado, demanda suscrita por la parte actora, en la que alegando venir prestando servicios para la demandada, la empresa le ha despedido, por lo que solicitaba se dictara sentencia por la que se declarase la improcedencia del mismo, así como al abono de las cantidades adeudadas. SEGUNDO.–Admitida a trámite la demanda y señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, los mismos tuvieron lugar en el día 10/5/12. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda; no compareciendo la demandada a pesar de estar debidamente citada. Propuestas por la actora la prueba que le interesó, la cual fue admitida en su totalidad, se practicaron a instancia de la misma la prueba documental y de interrogatorio de parte, con la resultancia fáctica que a continuación se dirá. En conclusiones la parte actora mantuvo sus peticiones iniciales y solicitó de este Juzgado se dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones. TERCERO.–En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales. HECHOS PROBADOS PRIMERO.–La parte actora ha venido prestando servicios para la demandada con categoría profesional de oficial de tercera, antigüedad de 20/7/11 y con salario prorrateado de 40,46 euros diarios brutos. SEGUNDO.–Con fecha 13/1/12 la demandada comunicó al actor su despido con efectos desde el 27/1/12, invocando como causa la finalización de los trabajos en la obra o servicio para los que fue contratado. TERCERO.–La demandada adeuda a la actora las siguientes cantidades: – Diciembre: 1.253,95 € – Enero: 1.092,15 € – Paga Navidad: 1.213,50 € – Vacaciones: 606,75 € CUARTO.–La parte actora no ostenta ni ha ostentado en el año anterior, la condición de representante legal o sindical de los trabajadores. QUINTO.–Se agotó la vía previa sin efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.–El art.91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la parte demandada que no compareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la sentencia sobre los hechos que fundan la pretensión de la demanda, siempre que conforme al art.83.2 TRLPL no hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan. Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 1.ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art.1214 del Código Civil (actualmente art.217 LEC), que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la aplicación de este principio a las demandas de despido determina que el reclamante venga obligado a demostrar la existencia de relación laboral entre los litigantes y la decisión empresarial de poner fin a la relación laboral y que al demandado incumba demostrar la causa que lo origina (STSJ Cataluña Sala de lo Social 10 de abril de 2002). De acuerdo con lo establecido en el art.97.2 de la LPL, ha de establecerse que los hechos se deducen: la existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales, por el contrato de trabajo, así como el hecho del despido, por la carta de despido, siendo el salario derivado de las tablas salariales contenidas en el convenio colectivo del sector. SEGUNDO.–Asimismo y conforme a lo dispuesto en el art.105.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, corresponde a la parte demandada en materia de despido o en los supuestos de extinción del contrato de trabajo la carga de probar los hechos justificativos de la relación extintiva, lo que no se ha producido en la presente litis dada la incomparecencia de la demandada a los actos de conciliación y juicio. En el caso de autos, no habiendo quedado acreditada la causa justificativa de la extinción contractual, por la confesión de la empresa demandada, que debe ser tenida por confesa, por su incomparecencia pese a su citación en forma, conforme señala el art 108 de la LPL, procede la declaración del despido como improcedente. TERCERO.–En cuanto a las consecuencias jurídicas del despido improcedente vienen contempladas en los arts.56 y 57 ET, en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en atención a que la fecha del cese se produjo con anterioridad a su entrada en vigor, y es éste el hecho constitutivo de la extinción examinada, y, en aplicación de la disposición transitoria II del C. C., de aplicación en defecto de disposiciones transitorias específicas sobre esta materia en la nueva normativa. Conforme a esta regualción, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir, manteniéndole en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspondiente periodo, y el pago de la indemnización prevista en el art.56.2II ET, igualmente con abono de los salarios dejados de percibir, ya que la empresa no ha puesto a disposición del trabajador indemnización alguna y no ha procedido a consignarla en el juzgado a disposición del mismo, ni ha solicitado limitación de salario de tramitación alguno. La indemnización debe ser igual al importe de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado con prorrateo de los periodos inferiores al año y con un máximo de cuarenta y. dos mensualidades. En nuestro caso, atendiendo al salario y a los días trabajados, la indemnización a percibir es de: 1.062,07 €. CUARTO.–De otro lado, en la demanda, la actora acumula la acción de reclamación de los salarios adeudados, al amparo de lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Conforme al art.4.2 f) en relación con el art.29 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, al margen de los que tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral o de aquellos otros importes indemnizatorios que legalmente correspondan (art.26 ET). En el presente caso, acreditándose la existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales derivadas de la misma, así como la falta del abono de los cantidades devengadas, que se deduce de la confesión en que debe tenerse a la demandada, procede estimar la demanda. QUINTO.–Procede condenar, asimismo, al demandado al abono de una indemnización por mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas (TS 15-2-88 y 9-2-90), o en su caso los intereses legales del art.1108 del Código Civil en importes distintos de salarios, así como a los intereses al tipo legal incrementado en dos puntos desde el momento de la presente resolución hasta el total pago (art.921.2 LEC). SEXTO.–A tenor de lo prevenido en el art.191 de la Ley de la Jurisdicción Social, el recurso procedente contra esta sentencia es el de suplicación, de lo que se advertirá a las partes. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente observancia FALLO Que estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por ALINA CLAUDIA ALGARRADA CADAFALCH, frente a PAVIMENTO COMPAVI, S. L. Y FOGASA, sobre DESPIDO Y CANTIDAD, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA del despido producido el 27/1/12, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, y a que a su opción, readmita al actor, en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la suma de 1.062,07 €, debiendo abonar en ambos casos los salarios de tramitación desde el día siguiente al de la fecha de despido y hasta la notificación de la presente sentencia, a razón del salario/día declarado probado en el hecho primero, y manteniéndoles en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspondiente periodo; debiendo advertir por último a la empresa demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS SIGUIENTES a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión, condenando así mismo al Fogasa a estar y pasar por esta declaración, así como al abono de la cantidad de 4.166,35 euros, en concepto de los salarios impagados, condenando al Fogasa a estar y pasar por esta declaración, condenando así mismo a la demandada al abono de los intereses de mora al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas, de conformidad a lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero de esta resolución. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts.194 y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena en el banco BANESTO, en la cuenta de este Juzgado, cta. n.° 0030-1846-42-0005001274 y clave de procedimiento n.° 3488/0000/65/0182/12 o presentar aval solidario de entidad financiera por el mismo importe. Asimismo deberá constituir otro depósito por importe de 300 € en la citada cuenta del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a este último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido. Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y firmo. M.ª del Rosario Arellano Martínez, magistrada-juez del Juzgado de lo Social n.° 3 de Las Palmas de Gran Canarias. PUBLICACIÓN.–Leída y publicada fue la anterior sentencia por el magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública. Doy fe. Y para que sirva de notificación de sentencia a PAVIMENTO COMPAVI, S. L., con domicilio en CALLE PABLO IGLESIAS, 8-4.° F (CULLEREDO) A CORUÑA, haciéndole los apercibimientos del art.59 de la LPL, expido la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2012. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Fdo.: Carmen Sagrario Melián del Pino