20/12/2012 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 3 Las Palmas de Gran Canaria
Número procedimiento 220/2012

N° Procedimiento: 0000220/2012 Procedimiento: Procedimiento ordinario Materia: Reclamación de Cantidad Demandante: ELENA TATIANA FLOAREA BOTOS Demandante: MARCOS JAVIER LABUENA ARTUS Demandado: PAVIMENTO COMPAVI S. L. Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada-Juez de este Juzgado en resolución de esta fecha cuya copi se adjunta, dictada en los autos de referencia, que en este Juzgado se siguen a instancia de YOKIN RIDDA GARCIA RAYO Y MARCOS JAVIER LABUENA ARTUS, frente a PAVIMENTO COMPAVI S. L O Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre CANTIDAD, por el presente se notifica a PAVIMENTO COMPAVI S. L la sentencia, expresiva de su tenor literal y recurso que contra la misma cabe interponer, órgano y plazo al efecto. SENTENCIA En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2012. VISTOS por D. José Manuel Díaz Pavón, Juez sustituto del Juzgado de lo Social n° 3 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los presentes autos N° 220/12, sobre juicio ordinario por reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por D. ELENA TATIANA FLOAREA BOTOS y D. ZHONGYI ZEBAIR MOACA, frente a la empresa PAVIMENTOS COMPAVI S. L. y el FOGASA, que no comparecen pese a haber sido debidamente citadas, se procede a dictar sentencia de acuerdo con los siguientes. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 16 de marzo de 2012 tuvo entrada en este juzgado demanda suscrita por los actores en la que, después de alegar los hechos y fundamentos que consideró oportunos y pertinentes en derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de la misma. SEGUNDO.- Señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio tuvieron lugar con el resultado que obra en autos. En trámite de conclusiones la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda y no compareció la parte demandada. Practicada prueba documental e interrogatorio y dado traslado a la parte actora para evacuar conclusiones, quedó el juicio concluso para sentencia. TERCERO.- Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este juicio salvo el sistema de plazos dada la carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado. HECHOS PROBADOS PRIMERO.- Los actores D. Víctor Manuel Pichardo Castro y D. Cesar Alexis Callejero Bereau, han prestado servicios por cuenta y dependencia de la empresa demandada, con antigüedad de fecha 4.10.11, categoría profesional de peón de la construcción, y salario mensual prorrateado de 1.050 euros. SEGUNDO.- Con fecha 3.2.2012 se extinguió la relación laboral entre las partes. TERCERO.- La empresa demandada adeuda a cada uno de los actores la suma total de 2.047,38 euros por los siguientes conceptos: diferencias salario mes de diciembre de 2011, diferencias del mes de enero de 2012, y parte proporcional de vacaciones no disfrutadas y paga extra. CUARTO.- Los actores no son ni han sido durante el año anterior representantes legales o sindicales de los trabajadores. QUINTO.- Se agotó el trámite de conciliación previa. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El art.91.2 de la Ley de la Jurisdicción Social dispone que si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se la haya hecho, podrán considerarse como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte; con lo que se establece una confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” y por lo tanto destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan. Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga de la prueba, contenida con carácter general en el art.1214 del Código Civil, (actualmente art.217 LEC), que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios determina que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, así como el devengo del importe solicitado y que al demandado incumba demostrar su pago (STS 2/3/93, en unificación de doctrina). SEGUNDO.- Conforme al art.4.2 f) en relación con el art.29 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador tiene como derecho básico la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, al margen de los que tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral o de aquellos otros importes indemnizatorios que legalmente correspondan (art.26 ET). Por ello, en el presente caso, acreditándose la existencia de la relación laboral, el salario y las circunstancias profesionales por la prueba documental practicada a instancia de la parte actora, así como la falta del abono de las cantidades devengadas por el reconocimiento en que debe tenerse a la demandada, procede estimar la demanda. TERCERO.- Procede condenar, asimismo, al demandado al abono de una indemnización por mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas (TS 15-2-88 y 9-2-90) CUARTO.- Se citó como parte al FOGASA, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la L. J. S., sin que quepa su condena o su absolución en el presente momento procesal por cuanto el artículo 33.4 del ET exige la previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, una vez decretada la insolvencia provisional de la empresa. QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el Art.191.1 g) de la Ley de la Jurisdicción Social, contra esta Sentencia no cabe Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes, dado que la cuantía litigiosa no supera los 3.000 euros. Vistos los preceptos citados y demás de general observancia. FALLO Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. ELENA TATIANA FLOAREA BOTOS y D. ZHONGYI ZEBAIR MOACA, frente a la empresa PAVIMENTOS COMPAVI S. L. y el FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a cada uno de los demandantes la cantidad de 2.047,38 euros, más el 10% en concepto de mora, debiendo estar y pasar el FOGASA por el pronunciamiento presente con respecto a las responsabilidades que pudieran acontecer. Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la misma no cabe recurso. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez, que la dicta en su fecha, estando celebrando Audiencia ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. Y para que sirva de notificación de sentencia PAVIMENTO COMPAVI S. L. haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la LPL, expido la presente. En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2012, EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL