22/07/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Procedimiento ordinario 336/2010-P

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000336 /2010 -P Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD De D/ña. ANDREAS CHRISTIAN SAKERA SAIMOUK Procurador/a Sr/a. EDWIN GEOVANNY SANDRA JANETH MAKKOR TORRIJO Contra D/ña. VICTOR JAMES MEDIOUNI SIMONSEN Procurador/a Sr/a. SECRETARIA JUDICIAL CARMEN ALONSO En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: Juzgado de 1ª Instancia n° 9 A Coruña Autos de Juicio Ordinario n° 336/2010-P SENTENCIA N° En A Coruña a 23 de septiembre de 2010 Vistos por mí, Rosa Agrasso Barbeito, magistrada - jueza del juzgado de 1ª Instancia n° 9 de A Coruña y su partido, los autos de juicio ordinario n° 336/2010 de este juzgado, promovidos por Doña Juana Rocha López, representado por el procurador Don Luís A. Painceira Cortizo y bajo la dirección del letrado Don Alejandro Sexto Sexto, frente a Doña Nuria Ríos Cotera, en rebeldía, ejercitando una acción de reclamación de cantidad. HECHOS Primero.- Por el procurador Don Ruben Enrique Nicolae Mihai Schettini Troy, en la representación acreditada en autos, se presentó en fecha 24 de febrero de 2010 escrito por el que se promovía juicio ordinario contra Doña Francisca Elizabeth Carelli Dumitru, en el que se exponía, que su mandante, ha mantenido relaciones comerciales con la demandada, consistentes en la venta a ésta última de artículos de bisutería. Que debido a que se ha ido generando una deuda por impago de facturas, la demandada otorgó a favor de su mandante un documento de reconocimiento de una deuda por importe de 35.207,18 euros, que se obligaba a pagar antes del día 29 de junio de 2009, y para el caso de que en dicha fecha no pudiera pagar la totalidad de la deuda, el pago de la cantidad restante se haría mediante un pagaré con vencimiento a un plazo máximo de un mes desde el 29 de junio de 2009. Que la demandada no ha abonado cantidad alguna de la deuda que tenía reconocida. Tras alegar los fundamentos de derecho de aplicación, termina solicitando se dicte sentencia condenando a la demandada al pago de la cantidad de 35.207,18 euros, más lo que representen los intereses y, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada. Segundo.- Turnada en este juzgado la demanda, con sus documentos y copias, fue admitida a trámite por auto de 15 de marzo de 2010. Ha sido dado traslado de la demanda junto con sus documentos a la demandada, para que en el plazo de veinte días, comparezca en autos, personándose y conteste a la demanda, y en su caso, formule reconvención. Por providencia de 5 de julio de 2010, no habiendo comparecido la parte demandada Doña Francisca Elizabeth Carelli Dumitru dentro del plazo para contestar a la demanda, se le declara en situación de rebeldía procesal. Tercero.- Convocada la audiencia para el día 19 de julio de 2010 a las 11’45 horas, comparece la parte demandante con su letrado, manifestando la subsistencia de la cuestión litigiosa. Por la actora se propone prueba consistente en interrogatorio de la parte demandada, documental, pericial, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta. Por la demandada no se propone prueba. Se señala el juicio para el día 23 de septiembre de 2010 a las 11 horas. Celebrada la vista en día y hora señalada se practica toda la prueba propuesta con el resultado que consta en autos. Cuarto.- En la tramitación del este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.-Ejercita la actora una acción de reclamación de cantidad que fundamenta en las relaciones comerciales existentes entre las partes, consistentes en compraventa de bisutería y en el reconocimiento de deuda suscrito por la demandada que aporta como documento n° 1. La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30.5.1992 ( RJ 1992\4830), en que se afirma: “El reconocimiento de deuda es válido y lícito mediante dicho pacto obligacional el deudor admite, comprometiéndose, como existente contra él que reconoce, y asimismo respecto a terceros, la realidad de un crédito pendiente, instrumentándose a efectos de que el acreedor cuente con un medio idóneo de prueba o se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente respecto al que la aprueba, de manera que viene a adquirir fuerza vinculativa y, como dice la sentencias de 27.11.1991 ( RJ 1991\8497), con efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutivo si se expresa su causa justificativa. En este caso el reconocimiento se concretó el origen de la deuda, esto es la relación comercial existente entre las partes, consistente en compraventa de bisutería por parte de la demandada para la explotación de su negocio. Cito la STS de 21 de julio de 1994 ( RJ 1994\6573), según la cual la doctrina científica y la jurisprudencia ha venido atribuyendo al citado art.1277 el valor de una regla de carácter procesal que supone la inversión en la carga de la prueba en beneficio del acreedor a quien se exime, en principio, de probar la causa que subyace en el reconocimiento de la deuda, sin perjuicio de que el deudor pueda demostrar que tal causa no existe o es ilícita, acreditando el verdadero origen de la obligación. También se ha entendido que el precepto legal contiene una presunción iuris tantum que ampara la existencia de la causa al suponer la Ley que realmente existe y es lícita, relevando al acreedor de alegar y especificar su verdadero contenido. La Ley desplaza la prueba de la causa al deudor, en contra de lo que sucede con los demás requisitos esenciales del contrato, cuya carga probatoria corresponde a quien reclama su cumplimiento ( STS de 1 de mayo 1952 [ RJ 1952\1224], 3 de febrero de 1973 [ RJ 1973\403], 25 de septiembre de 1983 y 17 de mayo de 1986 [ RJ 1986\2730] ). Segundo.-En la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no se admite una actitud procesal meramente pasiva en el demandado, así con referencia al juicio ordinario, se impone al demandado en el artículo 405.2 la positiva obligación de negar o admitir los hechos aducidos por el actor (por esto se han de narrar de manera ordenada y clara) no basta ya la simple negación; en el nuevo juicio verbal, al emplazar al demandado ya se le cita de comparecencia a efectos de que pueda absolver el interrogatorio de preguntas (art.440.1 LECiv) que oralmente le formule la actora, con la prevención de que si no comparece y se propusiera y admitiera su declaración, podría considerarse que admite los hechos del interrogatorio en que hubiera intervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales (art.304-1 LECiv). Por su parte el artículo 217 LECiv al determinar la carga de la prueba recoge en su apartado 6, el principio de la facilidad probatoria, en virtud del cual para la aplicación de lo dispuesto en sus apartados anteriores de tal artículo, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. De todo ello se deduce, como venimos diciendo, que la nueva Ley ha acabado con la absoluta pasividad que se permitía al demandado en el régimen de la anterior legislación. La actora ha acreditado la existencia de la deuda que reclama mediante el documento n°1 que aporta con su demanda y correspondía a la demandada negar los hechos expuestos en la demanda por la parte actora y desvirtuar los mismos, y no ha hecho ni una cosa ni la otra, pues ha recibido personalmente la demanda y habiendo sido citada para su interrogatorio ha dejado caducar en correos la citación. Por lo expuesto en los anteriores fundamentos ha de prosperar la acción ejercitada. Tercero.-Establece el artículo 1100 del Código Civil que incurren en mora lo obligados a entregar alguna cosa, desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. El artículo 1108 del cuerpo legal antes citado, establece que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal. Por lo anterior, la demandada ha de abonar los intereses legales de la cantidad adeudada desde que ha sido requerida de pago judicialmente. Cuarto.-En virtud del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil se imponen las costas a la demandada al ser estimada en su totalidad la demanda Vistos los artículos precitados y demás de general y preceptiva aplicación FALLO Estimo la demanda interpuesta por Doña Cathaysa Pino Florenzano Proca, representado por el procurador Don Ruben Enrique Nicolae Mihai Schettini Troy frente a Doña Francisca Elizabeth Carelli Dumitru, en situación de rebeldía procesal y condeno a esta última a abonar a la actora la suma de de 35.207,18 euros, más los intereses que se recogen en el fundamento de derecho tercero de esta resolución y, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde el siguiente a su notificación, mediante escrito ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial. Así por esta mi sentencia, dictada en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en A CORUÑA 23 de septiembre de 2010. Y como consecuencia del ignorado paradero de VICTOR JAMES MEDIOUNI SIMONSEN, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. A CORUÑA a veinticinco de Mayo de 2011. EL/LA SECRETARIO