20/01/2011 | Administración Central
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de A Coruña
Administración 15/05
Resolución anulación aplazamiento n.º 62 15 10 00074126

Ignorándose el domicilio actual del responsable, y resultando desconocido o ausente en el que facilitó en su momento, por la presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B. O. E de 27-11-92), que con fecha 29-09-010 se ha dictado la siguiente resolución: Tipo/Identificador: 10 15113560603 Régimen: 0111 Nº Aplazamiento: 62 15 10 00074126 DNI/CIF/NIF: 0B70188271 Razón Social: REMATEC APLICACIONES REFORMAS MONTAJES Domicilio: CL VILA DE NOYA 5 4 A (15705 SANTIAGO) En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable citado en el encabezamiento, y con base a los siguientes: PRIMERO.- Por Resolución de la Dirección de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 24/3/2010, se le concedió el aplazamiento de las deudas correspondientes al período 05 2009 AL 01 2010 por importe de 11.683,91 euros. SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado octavo de la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAGO VENCIMIENTO. TERCERO.- Según los datos obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social, se ha comprobado que esa empresa no ha ingresado la totalidad de los plazos del aplazamiento devengados en esta fecha. PRIMERO.- Esta Dirección de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente para dictar la presente resolución conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio de 2004 (B. O. E. del 14 de agosto), según modificación introducida por la Resolución de 4 de julio de 2005, (B. O. E. del 20 de julio). SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B. O. E del día 25). En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, esta Dirección de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social DECLARAR SIN EFECTO el aplazamiento concedido por Resolución de fecha 24/3/2010 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% o del 35%, según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate de recursos distintos a cuotas. Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese períodos posteriores a junio de 2004. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art.46 del mencionado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga Resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la citada Ley 30/1992. La directora de la administración, Adriana Beade Almirón