19/05/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 2 A Coruña
Número autos: despido/ceses en general 746/2010 F

N° AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000746 /2010 F DEMANDANTE/S: LLANDRICH TINAHONES, SOLANGE ANDREA, SAÑAY NEGRILA, WALDINA PATRULESCU RAHMOUNI, ROSITSA ABOGADO/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A: DEMANDADO/S: VICTOR MANUEL VALIÑA BLANCO-PILAR VICTORIA RUIZ DE CASTROVIEJO KARADZHOVA/A: PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL: OTRO/A: D/Dª MARIA ADELAIDA EGURBIDE MARGAÑON, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social no 002 de A CORUÑA, HAGO SABER: Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000746 /2010 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª LLANDRICH TINAHONES, SOLANGE ANDREA, SAÑAY NEGRILA, WALDINA PATRULESCU RAHMOUNI, ROSITSA contra la empresa VICTOR MANUEL VALIÑA BLANCO-TALLERES VALIÑA sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución: JDO. DE LO SOCIAL N.2 A CORUNA SENTENCIA: 00048/2011 JDO. DE LO SOCIAL N.2 A CORUÑA C/ MONFORTE S/N- EDF. JUZGADOS Tfno: 981-185.126/127 Fax: 981-185.125 NIG: 15030 44 4 2010 0004062 NO2050 N° AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000746 /2010 F DEMANDANTE/S: LLANDRICH TINAHONES, SOLANGE ANDREA, SAÑAY NEGRILA, WALDINA PATRULESCU RAHMOUNI, ROSITSA ABOGADO/A: CLAUDIA FABIOLA VICENTA JOSEFA TORLA MAROTTA. DEMANDADO/S: MARIA KRISTINA GORRO MITOSERIU VALIÑA ABOGADO/A: En la ciudad de A CORUÑA a veintiuno de Febrero de 2011. D/ña. JORGE HAY ALBAMagistrado-Juez del Juzgado de lo Social n° 002del Juzgado y localidad o provincia A CORUÑA, tras haber visto los presentes autos sobre DESPIDO entre partes, de una y como demandante D/ña. LLANDRICH TINAHONES, SOLANGE ANDREA, SAÑAY NEGRILA, WALDINA PATRULESCU RAHMOUNI, ROSITSA, que comparecen y asistidos del letrado CLAUDIA FABIOLA VICENTA JOSEFA TORLA MAROTTA, y de otra como demandado, VICTOR MANUEL VALIÑA BLANCO-TALLERES VALIÑA, que NO COMPARECE. EN NOMBRE DEL REY Ha dictado la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO UNICO.- Presentada la demanda en fecha 17-08-2010, correspondió su conocimiento a este Juzgado de lo Social, dándose traslado al demandado y citando a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de conciliación judicial en fecha 16-02-2011, en que tuvieron lugar las actuaciones, compareciendo las partes, solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes y elevando finalmente a definitivas sus conclusiones. II HECHOS QUE SE DECLARAN PROBADOS PRIMERO.- Los actores vienen prestando sus servicios para la empresa VICTOR MANUEL VALIÑA BLANCO con la siguiente antigüedad, categoría y salario mensual, con inclusión de prorrateo de pagas extraordinarias: PETRA FRANCISCA DANILO FERNANDO COLQUHOUN LLECHES, 19-9-88, administrativo y 1651,23 € ALBERTO SUAREZ GARCIA, 13-11-98, soldador y 1467,88 € JOSE MANUEL ABRUÑEDO BARBEITO, 11-7-00, soldador y 1471,93 € FILIPE ILE JANECZKO, 8-9-97, soldador y 1467,88 € RICARDO LOURO VILARIÑO, 29-11-99, soldador y 1467,88 €. SEGUNDO.- La empresa ha dejado de abonar a los actores las retribuciones de los periodos que se exponen en el hecho 2° de la demanda, que se tiene aquí por íntegramente reproducido. TERCERO.- Se celebró acto de conciliación ante el SMAC el día 13-8-10 con el resultado de sin efecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La anterior relación fáctica ha sido probada en virtud de la prueba documental aportada por la parte actora y por la aplicación de la ficta confessio, valorada en su conjunto. SEGUNDO.- La parte actora solicita, en definitiva, la resolución contractual, por falta de abono salarial. TERCERO.- El día de la celebración del acto de conciliación ante el SMAC es el momento en el que hay que verificar la existencia del impago o retraso a efectos extintivos (S. T. S. de 4-2-91), sin que puedan valorarse retrasos en nóminas posteriores. Sentado lo anterior, la situación económica de la empresa, la cual, además, no se acredita e incluso el estado de suspensión de pagos (hoy concurso) no es causa justificativa del impago o retraso continuado de salarios, (SSTCT 13-3-84, 2-2-82 y 8-9-87) acreditándose reiteración y prolongación en el retraso durante varios periodos de liquidación de salarios. En este sentido, como dice la S. T. S. de 22-12-08, en la resolución del contrato por la causa del artículo 50.1 b) ET se confirma la línea objetiva de la jurisprudencia al entender que la culpabilidad del empresario no es requisito para generarlo. El concurso no constituye un factor que module la situación de impago constatado, hasta el punto de entender que el mismo prive del requisito de gravedad a la conducta empresarial. Se indica: “La evolución de la jurisprudencia de esta Sala en materia de resolución del contrato de trabajo por la causa descrita en la letra b) del número primero del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores no ha sido siempre uniforme, como se evidencia en una primera fase de la lectura de alguna sentencia como la de 7 de abril de 1987, con cita de la doctrina anterior contenida en las sentencias de 26 de marzo, 24 de abril y 30 de noviembre de 1985, así como en las de 5 de mayo, 3 de noviembre y 4 de diciembre de 1986, en la que se afirma que en «la aplicación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores deben ser valoradas las circunstancias concurrentes, por lo que ha de examinarse al igual que en el supuesto de despido del trabajador, si existe incumplimiento contractual grave y culpable», añadiendo que la norma del artículo 50.1 b) no es susceptible de aplicación extensiva, pues los retrasos en el abono de la remuneración del trabajador han de merecer como presupuesto o condición esencial la conceptuación de gravedad y trascendencia continuadas, y que el retraso en el pago de los salarios ha de ser motivado por culpa del empresario, pues si «no concurre alguna de estas circunstancias, no se produce el incumplimiento grave y culpable requerido para que se pueda dar lugar a la resolución de la relación laboral por voluntad o a instancia del trabajador». Por su parte, la sentencia de 24 de octubre de 1988 pondera a efectos del artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores la situación económica cuando señala que «la conducta de la cooperativa no ha respondido a una voluntad deliberada de incumplir sus obligaciones, sino que ha venido impuesta por su adversa situación económica», por lo que no es lícita la posición de privilegio y de insolidaridad adoptada por el actor en perjuicio de los demás socios cooperativistas y en consecuencia carece del derecho de solicitar la resolución del contrato mediante indemnización al amparo del artículo 50 del Estatuto. Y en la misma línea, las sentencias de 13 de febrero de 1984 y 16 de junio de 1987, en las que se valora especialmente la existencia de un acuerdo de la empresa con los trabajadores para el abono con retraso, lo que hacía que la deuda fuese exigible y, por tanto, no se apreciaba la existencia de incumplimiento encuadrable en el repetido precepto. Esta línea jurisprudencial fue rectificada a partir de la sentencia de 24 de marzo de 1992 (recurso 413/1991) que, ya en el marco del recurso de casación para la unificación de doctrina, inicia lo que pudiera denominarse una línea objetiva clara, afirmándose que «la extinción del contrato por la causa del artículo 50 no se produce por el dato de que el incumplimiento empresarial sea culpable, sino que la culpabilidad no es requisito para generarlo», precisándose que «si el empresario puede amparar sus dificultades económicas, a efectos de la suspensión o de la extinción del contrato de toda o de parte de su plantilla, en el seguimiento del expediente administrativo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, no puede eludir el deber principal que le incumbe con base en la difícil situación económica por la que atraviesa». De ahí se concluye que «es indiferente dentro del artículo 50, que el impago o retraso continuado del salario venga determinado por la mala situación económica empresarial». Este criterio ha sido reiterado en las sentencias posteriores de 29 de diciembre de 1994 (recurso 1169/94), 25 de noviembre de 1995 (recurso 756/1995) -aunque en este caso el retraso de tres meses no tenía gravedad y continuidad suficientes para la extinción-, 28 de septiembre de 1998 (recurso 930/1998) y 25 de enero de 1999 (recurso 4275/1997), especificándose en esta última que para determinar tal «gravedad» del incumplimiento «debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex artículos 4.° 2 f) y 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado)». La sentencia de 5 de abril de 2001 señala incluso que ni siquiera la iniciación por la empresa de un expediente de regulación de empleo es susceptible de enervar la acción resolutoria fundada en el artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, argumentado que ninguna previsión existe en este sentido en nuestro ordenamiento y que confiere esta acción sin ninguna limitación. CUARTO.- Todo anterior y, ponderando las circunstancias objetivas y temporales, hace que el incumplimiento sea de tal gravedad que hace necesario sea aplicable el art.50.1. b) del E. T, pues la jurisprudencia ha establecido que tanto la falta de pago del salario como los retrasos continuados en su abono constituyen un incumplimiento contractual del empresario por violación del derecho laboral básico del trabajador a la percepción puntual de la remuneración pactada (art.29 Estatuto de los Trabajadores) por todo lo cual, lo que procede es estimar la demanda. FALLO Que, estimando la demanda interpuesta por los actores, debo declarar y declaro la extinción de la relación laboral que les unía con la empresa VICTOR MANUEL VALIÑA BLANCO en la fecha de la presente resolución, condenando a ésta a que les abone en concepto de indemnización la siguiente cantidad: JOSE MANUEL INSUA GOMEZ, 55.522,61 € ALBERTO SUAREZ GARCIA, 27.155,78 € JOSE MANUEL ABRUÑEDO BARBEITO, 23.550,09 € JOSE MANUEL CURROS AMBOAGE, 29.724,57 € RICARDO LOURO VILARIÑO, 24.770,47 € NOTIFIQUESE esta resolución a las partes a las que se hará saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE SUPLICACION ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS a contar a partir de la notificación de esta Sentencia, y en el propio término si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al anunciar el recurso entregar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto de condena en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” que este Juzgado tiene abierta en BANESTO de esta ciudad E igualmente deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de 150 euros en concepto de depósito especial para recurrir Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación en legal forma a DE ROSSELLO, LUZ MARGARITA GHEORGHICA BLANCO, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Provincia de LA CORUÑA. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En A CORUÑA, a 3 de MAYO de dos mil once. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL Ana Lucila Baenas Alogo