22/07/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 3 Ferrol
Procedimiento ordinario 243/2008

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000243 /2008 Sobre OTRAS MATERIAS De D/ña. HIDROCARBUROS DEL NORTE Procurador/a Sr/a. GUILLERMO ALONSO GUIMO LAPUENTE Contra D/ña. UNICEN, S. L. Procurador/a Sr/a. En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA: 00075/2011 Juicio Ordinario 243/2008 SENTENCIA Ferrol, 25 de marzo de 2011 ANA RODRÍGUEZ PIORNO, magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Ferrol, dictó esta resolución en los autos de Juicio Ordinario 243/2008 seguidos por este juzgado, en el que actuó como demandante HIDROCARBUROS DEL NORTE, con la representación procesal del procurador Sr. Rubín Barrenechea, bajo la dirección letrada del Sr. Sánchez Campos, y como demandada UNICEM, S. L., en situación de rebeldía procesal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 19 de febrero de 2008 fue turnada a este juzgado de primera instancia demanda de juicio ordinario presentada por parte del procurador Sr. Luz Melida Boiza Carneala, actuando en nombre y representación de HIDROCARBUROS DEL NORTE, contra la entidad demandada referida en el encabezamiento de la presente resolución, interesando el seguimiento de los trámites que la ley prescribe en orden a la estimación de las pretensiones formuladas en la misma. SEGUNDO.- Mediante auto de 11 de abril del mismo año, se admitió a trámite la demanda y se dispuso el emplazamiento de la demandada a fin de que, en el término legal, compareciera en autos. Una vez llevado a efecto el emplazamiento acordado, finalmente, mediante la publicación de edictos y transcurrido el tiempo señalado para contestar a la demanda sin que la referida comparecencia hubiera tenido lugar, por providencia de 9 de marzo de este año, tras ser declarada la demandada en situación de rebeldía procesal, se señaló el pasado día 23 de los corrientes para la celebración del acto de audiencia previa al juicio. TERCERO.- Llegada la fecha prevista, tuvo lugar la realización de la misma con la sola comparecencia de la parte actora, la cual, una vez manifestada la subsistencia del litigio, solicitó que las actuaciones quedaran vistas para sentencia, toda vez que la única prueba que pretendía proponer era la documental aportada con la demanda. En el mismo acto quedaron, en efecto, los autos conclusos para resolver. CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas y cada una de las prescripciones de legal y pertinente aplicación, incluido el plazo para dictar sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La parte actora, HIDROCARBUROS DEL NORTE, ejercita acción dirigida a que se condene a la entidad demandada a abonar la cantidad de 5.383,63 euros, más los correspondientes intereses legales. El origen de la deuda se encuentra en el incumplimiento por parte de esta última de la obligación de pago contraída con la actora, una obligación derivada de la relación comercial consistente en la venta y suministro de gasóleo entre las dos empresas litigantes y que habría desembocado en la emisión de la factura cuyo importe se reclama en este procedimiento. Pues bien, en el presente caso, el primer dato que hay que tener en cuenta se centra en la patente inactividad de la demandada en el proceso, una circunstancia que, en todo caso, debe ser interpretada en su justa medida, ya que no podemos olvidar que la rebeldía consiste, solamente, en la incomparecencia del demandado, pero no implica allanamiento, ni tampoco la admisión de los hechos de la demanda (artículo 496.2 de la Ley de enjuiciamiento civil), es decir, que no libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión. La cuestión fundamental, por lo tanto, se centra en la valoración de los hechos probados por la actora. En este sentido, la demanda se formula en los siguientes términos: 1) Que se formalizó por la demandada un pedido de suministro de gasóleo con la parte actora, en concreto, se le habrían suministrado un total de 10.177 litros el día 2 de mayo de 2005 y 2) Que el carburante, una vez suministrado, no llegó a ser abonado por la peticionaria del mismo. De esta manera, resulta clara la existencia de una concreta relación comercial entre la actora y la demandada, una relación comercial dirigida al suministro de gasóleo que se describe en los documentos presentados por la demandante con el escrito inicial, con el nacimiento de la correspondiente responsabilidad. Y es, precisamente, en este punto en el que se centra, a tenor de los términos de la demanda, la cuestión fundamental a probar en el presente procedimiento, un ámbito, considera esta juzgadora, en el que resultan los hechos perfectamente acreditados. De lo anterior se deduce, de este modo, que nos encontramos ante un verdadero y propio incumplimiento, y ello porque no existe razón alguna para no concluir que la parte demandada no se hubiese mostrado conforme con los términos de la negociación concluida con la parte actora. Pero es que, ante todo, hay que partir de la base de que, de especial relevancia para decidir el pleito, además de la existencia de relación contractual entre los litigantes, incontrovertida, por lo demás, como decíamos, es que, perfeccionado el contrato consensual, la documentación en la que terminó por plasmarse y lo querido por las partes de la relación jurídica material (artículos 1258, 1281, 1282, 1278 y concordantes del Código civil) han de interpretarse en favor de lo que se ha demostrado verdadera intención de los contratantes y lo que, desde luego, no tiene sentido es que, si el carburante se hubiera servido en estado defectuoso, por ejemplo, o hubiera mediado cualquier otra contingencia de similar índole, no se hubiera comunicado oportunamente esta circunstancia a la empresa suministradora. Y tales postulados son los que, meridianamente, surgen del examen de la prueba que se somete a la consideración de esta juzgadora, la cual evidencia los extremos siguientes: 1°) Que es un hecho cierto que la relación comercial con la entidad actora cristalizó en la cantidad de 5.383,63 euros y 2°) Que la demandada, tras haber recibido la gasóleo peticionado, no se mostró disconforme con el resultado de la operación o con el estado del carburante recepcionado. Y poco más hay que decir. En este sentido, analizadas las actuaciones y teniendo en cuenta la legislación específica que regula esta materia, resulta claro que, tras la presentación de la correspondiente factura, el comportamiento de la parte demandada consistió tan sólo en no abonar la misma, sin que conste que hubiera reclamado frente a la entidad actora en base a cualquier disconformidad. A mayor abundamiento, cabe mencionar el artículo 1254 del Código civil en sede de disposiciones generales de los contratos, un precepto que, en su generalidad, pone de relieve que los contratos se perfeccionan y conforman su obligatoriedad y contenido con existencia jurídica, si se produce el consentimiento de los intervinientes, es decir, que la oferta va seguida de la aceptación y que existe en el contratante, que conoce el contenido del contrato que suscribió, una verdadera intención de infringir el mismo, poniendo en práctica una clara voluntad rebelde al pago de la cantidad adeudada. A mayor abundamiento, cabe mencionar el artículo 1254 del Código civil, en sede de disposiciones generales de los contratos, un precepto que, en su generalidad, pone de relieve que los contratos se perfeccionan y conforman su obligatoriedad y contenido con existencia jurídica, si se produce el consentimiento de los intervinientes, es decir, que la oferta va seguida de la aceptación y que existe en el contratante, que conoce el contenido del contrato que suscribió, una verdadera intención de infringir el mismo, poniendo en práctica una clara voluntad rebelde al pago de las cantidades adeudadas. En definitiva, la prueba expuesta constituye justificación cumplida de la existencia del mentado contrato y de la contraprestación a la que quedó obligada la parte demandada en virtud del mismo. Por el contrario, ésta no aportó ningún medio de prueba acreditativo de haber abonado, en todo o en parte, las cantidades estipuladas o de haberse extinguido la obligación de pago contraída por ninguna otra de las formas que nuestro ordenamiento jurídico prevé en orden a la legal extinción de las obligaciones (artículo 1156 del Código civil). Por todo ello, tomando como base lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento civil en materia de carga de la prueba, hay que tener en cuenta que la prueba del pago debe corresponder a quien excepcione o diga haber pagado, una premisa que, conforme a la doctrina jurisprudencial debe interpretarse en el sentido de que las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba han de recaer en quien tenga la carga probatoria de la misma, entrando en juego solamente cuando hay inexistencia probatoria (sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero y de 13 de mayo de 1993), así como que, en la línea desarrollada, quien alega el pago debe probarlo(sentencia del Tribunal supremo de 3 de junio de 1993). Por lo expuesto, se impone la estimación de la demanda que inicia las presentes actuaciones. SEGUNDO.- En materia de costas procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, al haberse resuelto la estimación íntegra de la demanda rectora de los presentes autos, las costas se imponen a la parte demandada. FALLO Que debo estimar y ESTIMO la demanda interpuesta por la representación de HIDROCARBUROS DEL NORTE contra UNICEM, S. L. y, en consecuencia, CONDENO a la entidad demandada a que abone a la entidad actora la cantidad de 5.383,63 euros que adeuda, además de los intereses legales correspondientes desde la fecha de la interposición de la presente demanda, así como los del articulo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil. Las costas se imponen a la parte demandada. Contra esta sentencia cabe RECURSO DE APELACIÓN que se interpondrá, en su caso, en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de A Coruña, a través de su presentación en este mismo juzgado. Por exigirlo así la Disposición adicional 15° de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, la interposición de recurso contra la presente resolución exige la constitución de un depósito de 50 euros mediante ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria Banesto en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial. El depósito de la expresada suma deberá acreditarse con la interposición del recurso, a cuyo escrito se acompañará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir depósito para recurrir las partes que en el procedimiento tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita. Notifíquese la presente sentencia a las partes. Inscríbase en el Libro Registro de su clase. Así lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la secretaria judicial, doy fe. Y, para que sirva de notificación a UNICEN, S. L. se expide la presente en FERROL a treinta de Marzo de dos mil once. EL/LA SECRETARIO