04/05/2011 | Administración Central
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Subdelegación del Gobierno en A Coruña
Oficina de Extranjeros
Edicto por el que se hace público, a efectos de notificación, escrito de contestación a solicitud de revocación de expulsión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27-11-92), en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE nº 12, de 14-1-99), se NOTIFICA escrito de contestación a solicitud de revocación de expulsión, cuyo tenor literal es el siguiente: “En fecha 14/03/2011 tiene entrada en esta Subdelegación del Gobierno su escrito solicitando la revocación de la expulsión decretada contra usted el 10/05/2004 por esta Subdelegación del Gobierno. Indica que la expulsión ha sido decretada como consecuencia de la infracción prevista en el artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, (actualmente artículo 53.1ª)) solicitando que dicha expulsión sea sustituida por una multa o se deje sin efecto, sin alegar circunstancia alguna en que apoyar dicha pretensión. Con referencia al punto en el que manifiesta en que el decreto de expulsión lo ha sido por estancia irregular cabe decir que es incorrecto, puesto que dicho decreto ha sido como consecuencia de la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, “Haber sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de liberta superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”. En su caso en concreto, consta en el expediente sancionador que ha sido condenado a una pena de prisión de 10 años por un delito de homicidio, motivo por el cual se decretó su expulsión y no por encontrarse en España en situación de estancia irregular. Lo que se promueve es la revocación prevenida en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.” Queda claro que la Administración es quien posee la facultad de revisar y, por motivos de oportunidad, revocar sus anteriores actos aunque los interesados puedan instarlo ante ella. La potestad de revisión que el artículo 105 de la Ley 30/1992 concede a la Administración para los actos de gravamen o desfavorables no constituye una forma alternativa para el interesado para impugnar, fuera de plazo, los actos administrativos y firmes, sino que sólo autoriza a la Administración para revisarlos por motivos de oportunidad, lo que no se aprecia en este caso.” Las resoluciones se encuentran a su disposición en Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, sita en C/ Real nº 53 A Coruña, 18 de abril de 2011 El Subdelegado del Gobierno José Manuel Pose Mesura