30/03/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 2 A Coruña
Demanda 235/2007 F

N° AUTOS: DEMANDA 0000235 /2007 F. MATERIA: SEGURIDAD SOCIAL. DEMANDANTE/S: RAMIRO FERNANDEZ FRAGA DEMANDADO/S: MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CANDAIRA CORUÑA IVR S. L. D./Dª. MARIA ADELAIDA EGURBIDE MARGAÑON, SECRETARIO DE LO SOCIAL NúMERO 002 DE A CORUÑA. HAGO SABER: Que por DILIGENCIA dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./Dª. RAMIRO FERNANDEZ FRAGA contra MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CANDAIRA CORUNA IVR S. L., en reclamación por SEGURIDAD SOCIAL, registrado con el n° 0000235 /2007, se ha acordado NOTIFICAR a CANDAIRA CORUNA IVR S. L., en ignorado paradero, LA SENTENCIA DICTADA EN ESTOS AUTOS DE FECHA 09-02-11., Y QUE ES LA SIGUIENTE: JDO. DE LO SOCIAL N.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00032/2011 JDO. DE LO SOCIAL N.2 LA CORUÑA/A CORUÑA C/ MONFORTE S/N- EDF. JUZGADOS Tfno.: 981-185.126/127 N. I. G.: 15030 44 4 2007 0000872 07300 N° AUTOS: DEMANDA 0000235 /2007-F MATERIA: SEGURIDAD SOCIAL DEMANDANTE/S: RAMIRO FERNANDEZ FRAGA DEMANDADO/S: MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INSS, T. G. S. SOCIAL EMPRESA CANDAIRA CORUNA IVR S. L. JDO. DE LO SOCIAL. N. 2 LA CORUÑA/A CORUÑA C/ MONFORTE S/N- EDF. JUZGADOS Tfno 981-185.126/127 N. I. G.: 15030 44 4 2007 0000872 07300 SENTENCIA N° 32 En la ciudad de A Coruña, 9 DE FEBRERO DE 2011. EL ILTMO SR. DON JORGE HAY ALBA Magistrado-Juez de lo Social nº DOS de esta Ciudad, ha visto los presentes autos de juicio nº 235/2007-F, seguidos a instancia de DANIEL SEBASTIAN CHIARAMONTE SORRIBES, asistido del letrado YESENIA CARMEN MARGARITOV KRELL, contra el INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, TGSS, representado y asistido por el Letrado TWIGG SAMADY, LAURA MARIELA, representado por el letrado SRA. FARRO SOTA, ERNESTINE, representada y asistida por el letrado SR. LAREKI MUMLADZE, PATRICIA MILAGROS IVR, S. L., NO COMPARECE siendo el objeto de la reclamación, INCAPACIDAD; y ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que por la parte actora antes citada se formuló demanda recibida en el Juzgado Decano de lo Social en fecha 2-03-2007 y repartida a este Juzgado con fecha 21-03-2007, contra la demandada ya mencionada, en la que después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, terminaba suplicando se dictase Sentencia por la que se declare que el/la demandante se encuentra en situacion de incapacidad permanente y, condenando al organismo demandado a estar y pasar por tal declaración y a abonarle la prestación correspondiente en cuantía reglamentaria. SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda se convocó a las partes a los actos de conciliación y juicio que tuvieron lugar con la asistencia de la parte actora, que ratificó su demanda, del representante del INSS, que se opuso a la misma por los motivos que constan acreditados en autos; recibido el juicio a prueba por ambas partes se propuso Documental, que previa declaración de pertinencia se unieron los documentos a los autos, con el resultado que en su caso se hará mención; seguidamente las partes hicieron uso de la palabra para conclusiones en apoyo de sus peticiones y quedó el juicio visto para Sentencia. TERCERO.- Que en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales. II HECHOS QUE SE DECLARAN PROBADOS PRIMERO.- Que el actor figura afiliada/o a la Seguridad Social, teniendo acreditadas cotizaciones suficientes para causar pensión y siendo su profesión habitual conductor de camión. SEGUNDO.- Que solicitó de la Entidad Gestora demandada prestación de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, la cual fue estimada a propuesta del E. V. I. de fecha 20-11-2006, según expediente administrativo que se reproduce en su integridad, declarando la INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL derivada de enfermedad común sobre una BR de 978,97 euros y efectos de 21-11-2006. TERCERO.- Contra la anterior decisión se interpuso reclamación administrativa previa que fue desestimada. CUARTO.- Que en su estado clínico actual presenta: síndrome depresivo relacionado incidente con situación de conflictividad laboral. QUINTO.- Estuvo de baja por IT, derivada de enfermedad común por síndrome depresivo del 26-05-2005 al 02-10-2006 con propuesta de incapacidad. SEXTO.- Causó el actor alta en la prestación por desempleo, optando por esta prestación el día 21-11-06. Se le rehabi-litó la pensión de Incapacidad Permanente Total con efectos 2-07-2007. La prestación de desempleo se reconoció sobre una BR diaria de 52,44 euros, desde el 21-11-2006 al 01-10-2007 y cuota íntegra mensual de 943,92 euros. SEPTIMO.- El INSS, calculó la BR de la Incapacidad Permanente Total derivada de Enfermedad Común tomando el periodo 6/00 a 9/06 y cuyas bases de cotización se tiene aquí por reproducidas, estableciendo para 12/05 una base de cotización de 598,50 euros y para las del año 2006 631,20 euros/mes. OCTAVO.- Realizado nuevo cálculo por el INSS, da como resultado una BR de 1058,37 euros, establecido para 12/05 una base de cotización de 1.287,66 euros y para el año 2006, 1336,80 euros/mes. NOVENO.- El actor causó baja en la empresa codemandada por despido el día 16-11-2005, habiendo percibido como remuneración en los meses anteriores 45 euros/día con prorrateo. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La anterior relación fáctica ha sido probada en virtud de la prueba documental aportada por las partes, siendo relevante el considerado objetivo e imparcial informe médico de síntesis y los de la sanidad pública. SEGUNDO.- Conviene, para resolver la controversia planteada, es decir, si los padecimientos del actor derivan o no de origen laboral examinar el criterio mantenido en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así la sentencia de 10-5-88 (R. J. /1988/3596) hace referencia a la doctrina de esa Sala relativa a que el ámbito del accidente de trabajo ha venido siendo ampliado, dado que la interpretación que corresponde a su normativa no puede ser literalista o restrictiva, pues en función de su propia naturaleza ha de tender a su máxima eficacia amparadora, hasta admitirse como accidente todo acaecimiento que tenga conexión con el trabajo “o del que no se acredite suficientemente que deja de tenerla”, bastando que aquel nexo se de sin necesidad de precisar su significación mayor o menor, próxima o remota, más aún cuando se trata de una enfermedad (infarto de miocardio, en el caso enjuiciado por el Alto Tribunal), de difícil precisión en orden a la aparición de la crisis desencadenante del mismo. En sentencia de 27 de Octubre de 1992 (R. J./1992/7844) se señala expresamente que al término “lesión” no cabe darle un sentido estricto sino el de cualquier menoscabo físico o fisiológico que indica en el desarrollo funcional. La resolución del T. S. de fecha 27 de Diciembre de 1995, consigna lo siguiente: “. Son numerosas las sentencias que han afirmado la aplicación de la presunción de laboralidad. no solo a accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo, causadas por agentes patológicos internos o externos. En este sentido se han pronunciado, entre otras, las Sentencias de 22 de Marzo de 1985 (R. J. 1985/1374), 25 Septiembre 1986 (R. J. 1986/5175), 29 Septiembre 1986 (R. J./1986/5202) y 4 Noviembre 1988 (R. J./1988/8529), y más recientemente la Sentencia de unificación de doctrina de 27 Octubre de 1992 (R. J./1992/7844). Para la destrucción de la presunción de laboralidad de la enfermedad de trabajo surgida en el tiempo y lugar de prestación a servicios la jurisprudencia exige que la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal”. La sentencia de 15 de febrero de 1996 (R. J./1996/102) dispone que la presunción señalada “alcanza no solo a los accidentes en sentido estricto sino también a las enfermedades”; y que tal presunción solo queda desvirtuada “cuando hayan ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta falta de carencia de relación entre el trabajo que el operario realizaba, con todos los matices psíquicos y físicos que lo rodean y el siniestro”. En sentencia de 27 de Febrero de 1997 (R. J./1997/1605) el Alto Tribunal señala al respecto que “para la destrucción de la presunción de laboralidad de la enfermedad de trabajo sufrida en el tiempo y lugar de la prestación de servicios la jurisprudencia exige que la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal”, no siendo bastante que se hubieran producido síntomas de la misma en fecha o momentos anteriores al episodio para destruir la presunción. En la misma línea cabe citar la sentencia del Alto Tribunal de 18 de Junio de 1997 (R. J./1997/4762). Asimismo la STSJ País Vasco 10-3-98. la STSJ de Extremadura de 18-2-04 dice: “Respecto a la posibilidad de que las enfermedades puedan caber dentro del concepto de accidente de trabajo cuando tengan causa o influya en ellas la prestación laboral, ha declarado el Tribunal Supremo (TS), por ejemplo en Sentencia de 27 de diciembre de 1995, que «De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Social del TS, el recurso debe ser estimado. Son numerosas las sentencias que han afirmado la aplicación de la presunción de laboralidad del artículo 84.3 de la LGSS de 1974 no sólo a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos internos o externos. En este sentido se han pronunciado, entre otras, las Sentencias de 22 marzo de 1985, 25 y 29 de septiembre de 1986 y 4 de noviembre de 1988, y más recientemente la Sentencia de unificación de doctrina de 27 de octubre de 1992», aunque es cierto que también ha declarado el Alto Tribunal, por ejemplo en Sentencia de 4 de julio de 1995, «La Sala, deliberando sobre la cuestión debatida, atiende a la doctrina mantenida en la Sentencia dictada por ella, de 24 de septiembre de 1992, que exige una relación de causalidad, ya que en su fundamento segundo, punto 2 dice: “Las enfermedades que tienen su causa en la ejecución del trabajo se consideran accidentes de trabajo en el artículo 84.2 e) de la LGSS y la diferencia entre la contemplada en este artículo y la ‘listada’” del artículo 85, no afecta a aspectos esenciales de la definición legal, sino a determinados aspectos accesorios de la misma, como el de la prueba del nexo causal lesión trabajo, que es necesaria en el supuesto del artículo 84.2 e) de la LGSS». TERCERO.- En el caso presente, procede desestimar la demanda en cuanto a la contingencia de la IP total pues no se ha acreditado con contundencia y con la debida relación causal, que el padecimiento sufrido por la parte actora sea de etiología laboral pues, si bien es cierto que el actor padece síndrome depresivo relacionado inicialmente con situación de conflictividad laboral, de los documentos médicos que constan en las actuaciones se deduce que el actor presenta rasgos rígidos de personalidad como elevada sensitividad y suspicacia que podrían actuar como facilitadores del cuadro clínico y no cabe olvidar que lo relevante, como se establece en cuanto a la doctrina del mobbing, es la permanencia en el tiempo y no los hechos puntuales y aislados, de ahí que requiera una reiteración en los comportamientos, al no poder resistir la presión psicológica a que estuviera sometido, bien de sus jefes o de sus compañeros o incluso de sus subordinados, lo cual no consta, por lo que debe confirmarse que la contingencia de la incapacidad permanente deriva de contingencia común. CUARTO.- Por lo que se refiere a la base reguladora de la incapacidad permanente, es cierto que el actor causó baja por IT y, con posterioridad, se extinguió la relación laboral, pasando a prestación por desempleo, por lo que las bases de cotización desde 12/05 y el año 2006 deben ser superiores a las establecidas por el I. N. S. S. en un primer momento. Con posterioridad, el I. N. S. S. realizó nuevo cálculo de la base reguladora con incremento de dichas bases de cotización, no impugnadas por la parte actora, que tampoco realizó el debido cálculo en demanda, aclaración, ni en su prueba documental, por lo que, en definitiva, la BR de la IP total derivada de EC debe ascender a 1.058,37 € estimándose parcialmente la demanda, no sin antes establecer la falta de responsabilidad en el SPEE-INEM. FALLO Que, estimando en parte la demanda interpuesta por D. RAMIRO FERNANDEZ FRAGA contra el I. N. S. S., TGSS, MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y la empresa CANDAIRA CORUÑA IVR S. L., debo declarar y declaro que la base reguladora de la IP total que deriva de enfermedad común asciende a 1.058,37 €., condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración y al I. N. S. S. al abono de la pensión en cuantía, forma y efectos reglamentarios. NOTIFIQUESE esta resolución a las partes a las que se hará saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE SUPLICACION ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS a contar a partir de la notificación de esta Sentencia, del que conocerá en su caso, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tal como establece el art.188 del Texto Refundido de la Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. • Y para que sirva de NOTIFICACION DE SENTENCIA a CANDAIRA CORUÑA IVR S. L., en la persona de su R. L., se expide la presente cédula DE NOTIFICACION, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios. En A CORUÑA, a catorce de Marzo de dos mil once. EL/LA SECRETARIO JUDICIAL ADELAIDA EGURBIDE MARGAÑÓN