27/05/2011 | Administración de JusticiaOtros Tribunales y Juzgados
Contencioso 3 A Coruña
Procedimiento: entrada en domicilio 228/2009

Número de Identificación Único: 15030 45 3 2009 0000929 Procedimiento: ENTRADA EN DOMICILIO 0000228 /2009 Sobre ADMON. DEL ESTADO De D/ña. INVIFAS Contra D/ña. ZUNILDA ADRIAN ANDRES CAPITAS DE FAZIO DORIGA En virtud de lo dispuesto en los autos de solicitud de entrada en el domicilio de Bryan Xavier Robalino Beraldo, seguida en este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de A Coruña con el número 228/09 a instancia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por medio del presente edicto se notifica a dicho titular del contrato de cesión de la vivienda la siguiente resolución: AUTO En A Coruña a diecisiete de febrero de dos mil once ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Abogacía del Estado solicita autorización judicial para la entrada en la vivienda militar sita en Noia (A Coruña), Calle Virgen de Loreto, n° 11, 3° A, ocupada por Don Ramón Martínez-López Doriga, a fin de ejecutar la Resolución de 8 de octubre de 2007 del Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de resolución del contrato de cesión de uso de la vivienda militar. SEGUNDO.- Intentada la notificación personal de la referida solicitud al Aiwei Cardoza Anacona, se procedió a su oportuna notificación edictal sin que el afectado se personara en el presente procedimiento ni, por tanto, efectuara alegación alguna. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Tal y como señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, en su Auto núm.178/2008, de 24 junio JUR 2008\283400-,: “. la autotutela ejecutiva de que goza la Administración no es posible cuando por previsión legal se exige la intervención judicial, como así sucede en la ejecución forzosa de actos administrativos que requieren la entrada en el domicilio de una persona, al ser la inviolabilidad del domicilio una garantía constitucional protegida en el artículo 18 de la Constitución. La autorización judicial de entrada en domicilio trata de conciliar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio con la ejecutoriedad de los actos administrativos, según ha declarado el Tribunal Supremo, en numerosas ocasiones, así la Sentencia de 23 de septiembre de 1997. El Tribunal Constitucional tiene establecido respecto del articulo 18.2 de la CE que: “La norma constitucional que proclama la inviolabilidad del domicilio y la consecuente interdicción de la entrada y registro en él (art.18.2 CE) no es sino una manifestación de la norma precedente que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar (art.18.1 CE ). Esta manifestación no se concibe como un derecho absoluto, sino que viene configurada con atención a otros derechos. Los límites al ámbito fundamental de la privacidad tienen un carácter rigurosamente taxativo [SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 3, 160/1991, de 18 de julio, FJ 8, 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 8 a)] y, si bien con carácter negativo, son pieza fundamental para la identificación del objeto del derecho (qué sea la “inviolabilidad” domiciliaria) y de su contenido propio (facultad de rechazo del titular frente a toda pretensión ilegítima de entrada) y también, en relación con ello, para controlar las regulaciones legales y las demás actuaciones públicas que puedan afectar a este derecho fundamental (STC 341/1993, FJ 8)”. Con esta advertencia nos colocamos en la exigencia constitucional de la motivación del Auto acordando la entrada en un domicilio. La entrada en el domicilio sin el permiso de quien lo ocupa, ni estado de necesidad, solo puede hacerse si lo autoriza el Juez competente; en esta autorización descansa la legitimidad del registro domiciliario. Este es el requisito necesario, y suficiente por sí mismo, para dotar de base constitucional a la invasión del hogar (STC 94/1999, de 31 de mayo, FJ 4, en la línea reforzada a partir de la STC 290/1994, de 27 de octubre). Ahora bien, la garantía judicial constituye un mecanismo de orden preventivo, destinado a proteger el derecho, y no como en otras intervenciones judiciales previstas en la Constitución a reparar su violación cuando se produzca (STC 160/1991, FJ 8). De lo que se deduce la necesidad de motivación de la resolución judicial a la que se refiere el art.18.2 CE, puesto que es la misma la que permite decidir en caso de colisión de valores e intereses constitucionales, si debe prevalecer el derecho del art.18.2 CE, u otros valores e intereses constitucionalmente protegidos o, en distintas palabras, “la autorización judicial, vista desde la perspectiva de quien ha de usarla, o ese mandamiento para quien ha de sufrir la intromisión, consiste en un acto de comprobación donde se ponderan las circunstancias concurrentes y los intereses en conflicto, público y privado, para decidir en definitiva si merece el sacrificio de éste, con la limitación consiguiente del derecho fundamental” (SSTC 50/1995, de 23 de febrero, FJ 5, y 126/1995, FJ 3). TERCERO.- En el procedimiento de entrada en domicilio la función del Juez de Instancia y la de este Tribunal se extiende no sólo a la competencia del órgano administrativo que dictó la resolución sino que muy especialmente se ha de realizar un juicio de proporcionalidad que valore los intereses en conflicto, de una parte la ejecución de un acto emanado de una autoridad publicas de otra parte el derecho fundamental en juego, de forma que la autorización puede y debe ser denegada, si existe una desproporción entre el fin pretendido por dicha resolución y el derecho fundamental en juego, como ocurrirá frecuentemente si la finalidad de la resolución puede ser conseguida por otros medios que aún siendo mas gravosos para la Administración dejen indemnes el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Las Sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de octubre de 1997 y 13 de octubre de 1998 rechazan el mero automatismo en el otorgamiento de estas autorizaciones y limitan la labor del Juez a verificar la correcta y debida individualización del sujeto que ha de soportar la ejecución forzosa del acto administrativo (STC 137/85 y 160/91), verificar la apariencia de legalidad de dicho acto con el fin de evitar que se produzcan entradas arbitrarias, asegurar que la jecución de este acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él y por último garantizar que la irrupción en estos lugares se produzcan sin más limitaciones a los derechos fundamentales de aquellas que sean estrictamente necesarias. Como vemos, no se trata en el procedimiento judicial que nos ocupa de entrar en el análisis de cualquier vicio procedimental que pudiese acaecer en el expediente administrativo, para ello existen los correspondientes recursos administrativos o judiciales contra los actos definitivos o de trámite relevantes. Téngase en cuenta, además, que la ejecución forzosa de una resolución administrativa es posible aun cuando frente a la misma se haya interpuesto recurso contencioso administrativo salvo en el supuesto de que en dicho procedimiento judicial se haya acordado la suspensión de la ejecución del mismo en cuyo caso la Administración no puede hacer uso de su potestad de autotutela ejecutiva, suspensión que no consta en el caso examinado, en el que ni siquiera figura la interposición del oportuno recurso contencioso administrativo. En la autorización de entrada en domicilio para proceder a la jecución forzosa de un acto administrativo, el control por parte del órgano judicial debe limitarse, como ya se ha expuesto en los anteriores fundamentos jurídicos, a la apreciación de la apariencia formal de la legitimidad de la actuación administrativa velando por la correcta identificación del sujeto pasivo afectado por la medida solicitada y por su adecuada proporcionalidad, en el sentido de considerar que resulta indispensable la entrada en el domicilio para llevar a cabo la ejecución pretendida.”. En el caso de autos, se pretende la autorización de entrada en el domicilio del Sr. Martínez-López Doriga a los efectos de la ejecución de la orden de desalojo fundada en la resolución del contrato contemplada en el art.10.1. e) de la Ley 26/1999, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y de la documental obrante en autos resulta que la actuación desarrollada por la administración se ha ajustado plenamente a la legalidad, practicando las notificaciones exigidas (vía edictal, previo intento de forma personal), tanto del requerimiento de desalojo voluntario, como de la incoación del expediente de desahucio y nombramiento de instructor, del pliego de cargos, de la propuesta de resolución, de la resolución misma del contrato de cesión del uso de la vivienda militar en cuestión y de lanzamiento de sus ocupantes, como del requerimiento de autorización de entrada al propio interesado. Verificada la legalidad de la actuación administrativa, resulta evidente la proporcionalidad de la medida interesada, indispensable para la ejecución de la resolución administrativa de extinción del contrato y lanzamiento de los ocupantes de la vivienda, por lo que ha de ser estimada la solicitud de entrada en domicilio formulada. SEGUNDO.- No existen razones para hacer una expresa condena en costas (art.139.1 L. R. J. C. A.). Vistos los preceptos mencionados y los demás de pertinente aplicación PARTE DISPOSITIVA ACUERDO: Otorgarle a la representación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas autorización para la entrada en la vivienda situada en la calle de Virgen de Loreto n° 11, 3° A, sita en Noia (A Coruña), al objeto de proceder a la ejecución de la Resolución del Directos General Gerente del INVIFAS de 8 de octubre de 2007, por la que se acuerda la resolución del contrato de cesión de uso de la referida vivienda militar, concertado en su día con Don Vicentiu Cabañes Groeneveld, y su lanzamiento. No hago condena en costas. Contra esta resolución cabe recurso de apelación dentro de los 15 días siguientes a su notificación. En el caso de que así se haga, deberá constituirse un depósito de 15 euros, del que quedarán exentas las administraciones públicas de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15ª da Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que se ingresará en la cuenta de este Juzgado núm.1623 0000 85 022809 de BANESTO. No se admitirá a trámite ningún recurso en el que no esté constituido el depósito. Así lo acuerda la Ilma. Matilde Mercedes Pilar Sofia Villadoniga Rodriguez Liebana del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de A Coruña Doña Ana Luna Maria Rosmira Essbai Mere. Y para que sirva de notificación a Bryan Xavier Robalino Beraldo libro y firmo el presente en A Coruña, a 25 de febrero de 2011. LA SECRETARIA JUDICIAL ANA MARIA VARELA PUGA