25/11/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 3 Ferrol
Procedimiento: divorcio contencioso 46/2011

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO 0000046 /2011 Sobre DIVORCIO CONTENCIOSO De D/ña. BARTOLOME JUAN TRULLS MANLEY VASILI CACACE TOTOSAUS Procurador/a Sr/a. GILMAR SAMPSON CLIVILLE Abogado/a Sr/a. JESSICA MARIBEL ZINCHUK EL HANNAOUI Contra D/ña. NAYALA YOLANDA DOLORES MAIK STRICKLAND Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. D./Dª. FERNANDO VAZQUEZ BOYERO, Secretario/a Judicial, delJDO.1A. INSTANCIA N.3 de FERROL, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento DIVORCIO 46/11 seguido a instancia de BARTOLOME JUAN TRULLS MANLEY VASILI CACACE TOTOSAUS frente a YOUNESS DRAFATE se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA En Ferrol, a nueve de noviembre de 2011. Vistos por mí, Doña Nuria Barcones Agustín, Magistrada - Juez del Juzgado de primera Instancia n° 3 de Ferrol, los presentes autos de divorcio de contencioso tramitados con el número 46/11, iniciados a instancia de Doña Mª Candelaria García Rodríguez, representada por el Pino Rosa Samih Quino Sra. Vidal y asistidos por el Letrado Sr. Fernández Cobelo contra D. NAYALA YOLANDA DOLORES MAIK STRICKLAND, en situación de rebeldía procesal, en virtud de las siguientes consideraciones, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. El día 13 de junio de 2011 se turnó a este Juzgado demanda de divorcio interpuesta por el procurador de la parte actora, acompañada de certificación de inscripción de matrimonio así como inscripción de nacimiento de la hija común en el Registro Civil en los términos exigidos por la ley. En el suplico correspondiente se solicita de este tribunal decrete el divorcio referido, la guarda y custodia de la hija menor, siendo la patria potestad compartida, la atribución del uso del domicilio conyugal a la madre con la hija que convive con ella, régimen de visitas a favor del padre y prohibición de salida del territorio nacional y pensión alimenticia por importe de 300 euros mensuales. SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda y tras reiterados intentos de localización no fue hallado el demandado, por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal por diligencia de fecha 20 de junio de 2011. Por resolución de ese mismo día se acordó emplazar a las partes para la celebración de la vista legalmente prevista. TERCERO. En el día y hora señalado para la vista comparece el letrado y representación procesal de la actora, únicamente, ratificándose en el escrito de demanda. Por la parte actora se propuso como prueba la documental, siendo admitida toda la propuesta; El Ministerio Fiscal solicitó el interrogatorio de la demandante que fue admitido, acordándose su práctica previa citación personal a la demandante. El interrogatorio fue practicado el día 9 de noviembre de 2011, y tras la emisión de las oportunas conclusiones, quedaron los autos vistos para dictar sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. En el caso que nos ocupa peticionado el divorcio por ambas partes y habiendo trascurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio, pues según consta documentalmente en las actuaciones el mismo tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2007 procede declarar el divorcio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del CC en redacción dada por la Ley 15/2005, debiendo por ello declararse la disolución del matrimonio por divorcio. SEGUNDO- Guarda y custodia de los hijos menores. Ambos padres conservan la patria potestad, pero se atribuye la guarda y custodia a la madre. La Sala 1.ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de octubre de 1982, ya advirtió que “si los padres no unidos entre sí por vínculo conyugal no conviven, aquel de ellos en cuya morada no se encuentre el menor tendrá derecho innegable a relacionarse con él para mantener los lazos del recíproco afecto, (.) cabe añadir que en la actualidad el superior principio de la igualdad de los hijos ante la Ley con independencia de su filiación y la consiguiente equiparación de efectos en la relación paterno-filial, así como la disposición del art.161.1 del Código Civil, preceptuando que el padre o la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, llevan a la indefectible conclusión de que el progenitor extramatrimonial que no conviva con su hijo, sometido a la guarda y custodia del otro, está facultado para mantener relaciones de comunicación y visita con el menor, prudentemente acomodadas a las concretas circunstancias de la situación en que éste se encuentre”. El art.158 del Código civil obliga al Juez a velar por el interés del menor, debiendo adoptar las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. Relacionarse con el hijo es un derecho-deber del padre, pero hay que tener presente siempre que el favor filii es el que tiene que presidir estas relaciones, y ser “todo lo normales que permitan las circunstancias, para que el hijo se integre en el ámbito familiar de su progenitor, sin demasiadas cortapisas, y dentro de los límites que la situación y comportamiento de dicho padre lo aconsejen”, como dice la SAP de La Coruña 20 de diciembre de 1994. Del interrogatorio practicado en la persona de la demandante resulta que el padre hace un año que no ha visto a su hija y no sabe en estos momentos en que país reside, siendo que no tiene ninguna relación con él y que ella es la que siempre se ha ocupado de la menor. Por ello, y atendido que de la prueba practicada parece nulo el interés demostrado por el padre hacia su hija no parece conveniente fijar un régimen de visitas amplio, siendo más adecuado el régimen de visitas reducido propuesto por el Fiscal y solicitado por la madre: sábados alternos en el Punto de Encuentro familiar de A Carón, desde las once de la mañana hasta la una de la tarde. Dicho régimen deberá practicarse de forma supervisada en el Punto de Encuentro con la disposición expresa de prohibición de salida del mismo de la menor con su padre. Sin que tampoco de la prueba practicada resulten méritos para suprimir el régimen de visitas, atendido que en beneficio de la menor, debe intentar establecerse ese contacto necesario con su progenitor. Atendido que se ha acordado un régimen de visitas supervisado se estima no necesaria la solicitud efectuada por la demandante de prohibición de salida de la menor del territorio nacional con su padre. TERCERO.- Alimentos del hijo menor. Todo padre debe alimentos a su hijo, debido al vínculo paterno-filial. Así lo dice el artículo 110 del Código civil: “El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos”. Se entiende por alimentos, dice el artículo 142 del Código civil, “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”. Entre los obligados recíprocamente a darse alimentos en toda su extensión “Los ascendientes y descendientes” (artículo 143.2°). “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe” (artículo 146, siempre del Código civil). Y, en particular, y como parte de la patria potestad, dice el artículo 154 del Código civil que comprende, entre otras facultades, que corresponde a los padres: “Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. En el presente supuesto la parte actora ha solicitado una pensión de alimentos de 300 euros mensuales, el Ministerio Fiscal ha considerado dicha cantidad excesiva, solicitando el establecimiento de una pensión de 150 euros mensuales. Atendida la corta edad de la menor, y que ninguna prueba se ha practicado tendente a acreditar la capacidad económica de los progenitores, ni las necesidades de la menor, se estima adecuada la suma de 150 euros mensuales a favor de la menor. Y ello es así, por cuanto, no debe olvidarse que ambos progenitores deben contribuir al sostenimiento de la menor. CUARTO.-En relación a la atribución del domicilio familiar y ajuar doméstico existente en el mismo, solicitado por ambos progenitores, debe determinarse que el mismo fue atribuido al padre, tras el acto de juicio y valorad la prueba que se había practicado en el mismo. En relación a la atribución del uso de la vivienda familiar debe tenerse en cuenta el Código Civil (artículo 96), y con referencia al uso de la vivienda que ha venido constituyendo el domicilio familiar, no deja en libertad al Juez para determinar a quién corresponde, sino que le impone unas pautas que ha de cumplir: el acuerdo de los cónyuges aprobado por él mismo y, en defecto de tal acuerdo, se establece que el uso de la dicha vivienda y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, precepto éste que, en aplicación del principio “favor filii” que inspira la legislación familiar, supedita al interés más necesitado de protección la concesión del uso de la vivienda conyugal. Son, pues, los hijos, ya sean menores o incapacitados o con derecho a alimentos, los titulares del derecho de goce de la vivienda, junto con el cónyuge que conviva con ellos. Y esta atribución es independiente de la propiedad exclusiva o compartida de la vivienda, porque al subsistir la obligación alimenticia, la consecuencia es la de que ha de proporcionarse la vivienda, conforme al artículo 142 CC, mientras tal obligación no se extinga por alguna de las causas del artículo 152 CC. Y es que nuestro ordenamiento jurídico, como dice la STS 31 de diciembre de 1994 (RJ 19940330), protege la vivienda familiar, tanto en situación normal del matrimonio, como en los estados de crisis, separación o divorcio. La protección se manifiesta, en primer lugar, creando el concepto de vivienda familiar al que se refieren los artículos 87, 90, B), 91, 96 y 103.2 del Código Civil; bien familiar, no patrimonial, al servicio del grupo o entre pluripersonal que en ella se asienta, quien quiera que sea el propietario. Protección que se hace patente en los supuestos de régimen normal de la familia fundamentalmente a través del artículo 1320 del Código Civil, de aplicación general, con independencia del régimen patrimonial del matrimonio y conforme al cual “para disponer de los derechos sobre vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá al consentimiento de ambos, o en su caso, autorización judicial”. En las situaciones de crisis de la familia, el Código establece la protección del artículo 90contenida en el convenio regulador, que ha de referirse, entre otros extremos, a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar, y la protección del artículo 96, en el que contienen normas para la atribución de la vivienda atendiendo al interés más digno de protección y se conceden facultades al Juez para los supuestos de falta de acuerdo, supuestos en los que siempre ha de tenerse presente que la protección de la vivienda familiar se produce a través de la protección del derecho que la familia tiene al uso.” En el presente supuesto, atendido que la custodia de la menor se ha atribuido a la madre debe estimarse a esta merecedora de una especial protección, en cuanto progenitor custodio de la menor, y a ella debe atribuirse provisionalmente el que constituye el domicilio familiar y el ajuar existente en el mismo. QUINTO.- Dada la naturaleza del presente procedimiento, de ius cogens, no regido por el principio dispositivo, no procede hacer pronunciamiento sobre las costas, conforme al art.394 de la LEC. Vistos los artículos y demás de general aplicación, FALLO ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de divorcio interpuesta por la Procuradora Santiaga Dorin Florin Turiel Altmann en nombre y representación de Dª Ana Maria Victoria Ballach Debnath frente a D. NAYALA YOLANDA DOLORES MAIK STRICKLAND, y en consecuencia, se declara la disolución por divorcio del matrimonio contraído por Ana Maria Victoria Ballach Debnath y D. NAYALA YOLANDA DOLORES MAIK STRICKLAND, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas, con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración y en concreto los siguientes efectos PRIMERO.- Se encomienda la guarda y custodia de la hija del matrimonio a la Ana Miriam Carminda Zamarra Badjinka, siendo la patria potestad compartida. SEGUNDO.- Se le confiere el uso de la vivienda y ajuar familiares en función de la custodia acordada, a la madre Sra García y a su hija Nadia. TERCERO.- Se establece un régimen de visitas a favor del Taras Lammers Pozuelo consistente en sábados alternos en el Punto de Encuentro familiar de A Carón, desde las once de la mañana hasta la una de la tarde. Se acuerda que dichas visitas deberán ser supervisadas por el personal de dicho Centro, estableciéndose la prohibición de salida del mismo de la menor junto al Sr. Drafate. CUARTO.- El Taras Lammers Pozuelo habrá de abonar en concepto de alimentos a favor de su hija menor la cantidad de 150 € mensuales, pagaderas por anticipado, dentro de los 5 primeros días de cada mes, en la cuenta corriente o libreta de ahorro que al efecto designe el receptor. Dicha cantidad se actualizará anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, en proporción a las variaciones que experimenten los índices de precios al consumo, según el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya. Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días a partir de su notificación para su posterior resolución por la Audiencia Provincial, y previo depósito de cincuenta euros en la CDC de este Juzgado. Líbrese oficio al Punto de Encuentro de Narón con las indicaciones establecidas en esta sentencia relativas a que las visitas deberán ser supervisadas por el personal de dicho Centro, estableciéndose la prohibición de salida del mismo de la menor junto al Sr. Drafate Firme que sea esta resolución practíquese la inscripción de la presente resolución en el Registro Civil. Así lo acuerdo, mando y firmo Y encontrándose dicho demandado, NAYALA YOLANDA DOLORES MAIK STRICKLAND, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. FERROL a diez de Noviembre de 2011. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,