20/04/2011 | Otras Entidades y Anuncios ParticularesColegios Oficiales
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de A Coruña
Información pública

Tras haberse realizado la práctica de notificación a los posibles interesados en el expediente y ante la imposibilidad de efectuarla a Dña. DOMINGA CARMEN CARELA ALDASORO, cuyo último domicilio conocido era: Souto, 66, en Sada. Por el presente se le notifica, de conformidad a lo dispuesto en el art.60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo siguiente: Según antecedentes obrantes en este Colegio, figura Vd. entre los farmacéuticos que en su día presentaron solicitud de apertura de nueva oficina de farmacia en la Urbanización La Barcala, municipio de Cambre, al amparo del antiguo régimen establecido en el artículo 3°.1. b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril. Sobre el expediente por Vd. promovido en su momento recayó acuerdo de interrupción de tramitación que le fue oportunamente notificado, con motivo de existencia de solicitudes presentadas con anterioridad para el mismo núcleo poblacional objeto de la solicitud y acogidas a idéntico régimen legal. Se da la circunstancia de que, además de la solicitud por Vd. formulada, existen otras solicitudes de apertura de oficina de farmacia para la Urbanización La Barcala acogidas al mismo régimen legal anteriormente indicado, sobre las que recayó igual acuerdo de interrupción de la tramitación del expediente, según el siguiente detalle: Como se ha indicado, la situación que se plantea en el núcleo poblacional de La Barcala, objeto de los expedientes anteriormente relacionados, es que se trata de un polígono residencial de nueva creación, que según datos obrantes en este Colegio fue construido en los años 1993 y 1994 y cuya habitación poblacional fue progresiva a lo largo de los siguientes años. Esta circunstancia provocó la presentación de varias solicitudes de autorización de oficina de farmacia para el citado polígono residencial, acogidas todas ellas al régimen del artículo 3°. l. b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, cinco de las cuales, según constancia documental igualmente obrante en este Colegio, fueron cursadas en el año 1993 siendo todas ellas objeto de denegación definitiva en vía administrativa o judicial por no reunir el requisito poblacional necesario -cifrado en 2.000 habitantes- al haberse anticipado dichas solicitudes en el tiempo al cumplimiento de tal requisito teniendo en cuenta que según reiterada jurisprudencia la cifra de habitantes que en estos casos ha de tenerse en cuenta es la del año correspondiente a la solicitud, sin que las circunstancias devenidas con posterioridad puedan ser tenidas en cuenta. En cuanto a las nueve solicitudes siguientes presentadas en el tiempo, que son las anteriormente relacionadas, lo fueron en los años 1994, 1995 y 1996. La particular situación que se plantea en relación con el núcleo poblacional de que se trata, en el polígono residencial de La Barcala, y con las solicitudes de apertura de nueva oficina de farmacia que sobre el mismo han recaído sucesivamente y a lo largo de varios años consecutivos permite traer a colación la tesis que se contiene en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de enero de 1996, precisamente referida a la tramitación de expedientes de solicitudes de oficinas de farmacia al amparo del régimen del artículo 3°.°. b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, que en su considerando segundo señala que: “Con independencia del problema genérico sobre el carácter facultativo u obligatorio de la potestad administrativa de acumular expedientes, establecida en el artículo 73 de la ley de procedimiento administrativo común, sobre el que no se hace hincapié en la demanda, lo cierto es que existe una voluntad normativa de que los expedientes de la clase del de autos se tramiten y con prontitud; pues efectivamente, el Real Decreto estatal de mención al ocuparse de tal tramitación y al partir de supuestos de coincidencia en las peticiones puesto que regula la prioridad entre las mismas, no establece paralización alguna al respecto; y el Decreto autonómico de referencia tiende a llevar una finalidad de celeridad en esa tramitación; por consiguiente, en estos casos resulta procedente que la Administración corporativa procure las finalidades apuntadas, o bien acumulando en tramitación los expedientes con solicitud en coincidencia para resolverlos en una sola decisión a favor de aquel de los solicitantes con mejor derecho, o de ninguno, si no lo tuvieren (lo cual parece lo más expeditivo para un pronto entendimiento del servicio público de dispensación de medicamentos en el lugar de que se trate, si se llegase a la aceptación de alguna de las solicitudes; y lo más ventajoso incluso para los solicitantes descartados, al ahorrarles años y años en la ultimación sucesiva de cada expediente en vía administrativa y, en su caso, judicial); o bien tramitar dichos expedientes en paralelo, a pesar de la coincidencia total o parcial en el ámbito de las varios solicitudes, y llegados todos a su terminación, resolverlos por el orden de presentación de las solicitudes; es decir, sin necesidad de esperar a la firmeza de cada una de tales resoluciones (lo cual es un procedimiento apto también para conseguir la celeridad de la tramitación perseguida por las disposiciones apuntadas; ya que permite una tramitación simultánea, en vez de sucesiva; y posibilita incluso una eventual reunión en su caso de los recursos administrativos y judiciales entablados contra las diversas resoluciones, con el consiguiente ahorro de los muchísimos años que comportaría la tramitación y resolución sucesiva en el tiempo de cada uno de tales expedientes”. A tenor de los anteriores antecedentes de hecho y tras su previa valoración y en base a las consideraciones que acaban de exponerse, la Junta de Gobierno de este Colegio adoptó el acuerdo que seguidamente se indica: a) Disponer el alzamiento de la interrupción en su momento dispuesta en relación a los expedientes con los expedientes n° 38/1994, n° 71/1994, n° 1/1995, n° 32/1995, n° 93/1995, n° 01/1996, n° 02/1996 y n° 29/1996, incoados a instancia de Evelyn Nicole De la Banda Barzola, Amparo Nieves Laaksonen Tzvetanov, Gabriela Isabel Ilie Florin Esparrells Jari, Gorka Aliza Evole Nastasoiu, Randhir Mariana Esther Reinado Ayouch, Gorka Aliza Evole Nastasoiu, Yuderka Bolekia Felgar y Dña. Martha Consuelo Espinola Touihar, respectivamente. b) La acumulación en un único expediente, del n° 11/1994 actualmente en tramitación administrativa, junto con los expedientes n° 38/1994, n° 71/1994, n° 1/1995, n° 32/1995, n° 93/1995, n° 01/1996, n° 02/1996 y n° 29/1996, anteriormente relacionados, atendiéndose a la identidad sustancial y conexión que entre los mismos se produce, y actuándose en tal sentido según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC y según línea jurisprudencial ya citada. c) Emplazar por medio del presente a los farmacéuticos Dña. María de la Paz García Núñez, Evelyn Nicole De la Banda Barzola, Amparo Nieves Laaksonen Tzvetanov, Gabriela Isabel Ilie Florin Esparrells Jari, Gorka Aliza Evole Nastasoiu y Dña. Mª del Pilar Amo Dobarro, en su condición de solicitantes de nueva oficina de farmacia en la Urbanización La Barcala, municipio de Cambre, e igualmente a los titulares de oficinas de farmacia establecidas en dicho municipio, en su condición de potenciales interesados, con el fin de que en el plazo de quince días puedan formular, si así lo estimasen oportuno, las alegaciones que a su derecho convengan en relación a las solicitudes de autorización de nueva oficina de farmacia antes relacionadas, cuya tramitación se realizará en un único expediente acumulado según lo indicado en el anterior apartado. Carla Paola De Ingunza Cantillana, 28 de febrero de 2011 LA PRESIDENTA, Fdo.: ROSA MARIA LENDOIRO OTERO