22/06/2011 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia 9 A Coruña
Procedimiento: juicio verbal 1124/2010

Procedimiento: JUICIO VERBAL 0001124 /2010 Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD De D/ña. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD Procurador/a Sr/a. CARLOS IKER SANTIAGO KOVACH PIRJOL Abogado/a Sr/a. LAURENTIU MIHAI PABLO RAMON DIRNEA VILLAVICENCIO Contra D/ña. SANTIAGO CESAR TARONGI BALMASEDA Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. D./Dª. CARMEN CALVO ALONSO, Secretario/a Judicial, delXDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.9 de A CORUÑA, por el presente, A N U N C I O: En el presente procedimiento seguido a instancia de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD frente a SANTIAGO CESAR TARONGI BALMASEDA se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: SENTENCIA En A Coruña a 15 de diciembre de 2010 Vistos por mí Rosa Agrasso Barbeito, magistrada jueza del juzgado de la Instancia número 9 de A Coruña y su partido, los autos del juicio Verbal n° 1124/2010 de este juzgado, promovidos por la Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el procurador Don Carlos González Guerra bajo la dirección del letrado Don Antonio Abuin Porto, frente a Doña Ivonne Elizabeth Baez Villalba, en rebeldía, en reclamación de cantidad. HECHOS Primero.- Los presentes Autos se han incoado en virtud de demanda presentada el día 22 de julio de 2010, procedente del turno de reparto, por la que el procurador Don Fernando Marcos Tico Vilabrille en representación de Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, insta la tramitación del procedimiento de juicio Verbal Civil contra Doña SANTIAGO CESAR TARONGI BALMASEDA, en ejercicio de la acción de reclamación de la cantidad que le adeuda, por el concepto de la utilización de la tarjeta de crédito n° 2096 0535 07 336532486, que le había otorgado mediante el contrato de crédito, formalizado en fecha 9 de diciembre de 2003 entre ambas, y en virtud del cual se generó a favor de su mandante un crédito, y ante la negativa de la demandada a su abono, se procedió por ésta, en fecha 12 de diciembre de 2003, a determinar el saldo deudor a su favor, que asciende a la suma de 3.109,06 euros. Segundo.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 28 de julio 2010 se emplazó a las partes al acto de juicio a celebrar el día 17 de noviembre de 2010 a las 13 horas, y suspendido, por diligencia de ordenación de fecha 18 de noviembre de de 2010 se señala para el día 15 de diciembre de 2010 a las 11’45 horas, comparece la actora que se afirma y ratifica en sus pedimentos. La demandada no comparece por lo que se le declara en situación de rebeldía procesal, conforme consta en autos. Tercero.- Recibido el pleito a prueba a instancia de ambas partes se practicó toda la propuesta y admitida en la forma que obra en autos, quedando estos vistos para dictar sentencia. Cuarto.- En la tramitación del este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.-Ejercita la entidad actora una acción de reclamación de cantidad derivada de la relación contractual existente entre las partes consistente en un contrato de tarjeta de crédito, invoca la demandante los arts 1.088 y ss del Código Civil relativo a las obligaciones, así como los artículos 1254 del mismo cuerpo legal, relativos a los contratos. Segundo.-Conforme al art.217 LECiv corresponde a la actora la prueba de los hechos constitutivos y al demandado los hechos impeditivos y extintivos; esto es, que incumbe la carga de la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone, basándose en un doble principio: el de que al actor le incumbe la prueba de los hechos que sean fundamento de la demanda y en base a los cuales solicita sus pretensiones y de que paralelamente al demandado le corresponde la prueba de las excepciones que alegue como hechos obstativos o extintivos de la relación jurídica en discusión. Ello obliga a la valoración del material probatorio, debiendo destacarse que, encontrándonos ante una simple acción de reclamación de cantidad, derivada de un contrato de tarjeta de crédito que vinculaba a las partes, es a la demandante a la que corresponde la carga de la prueba de que las cantidades que peticiona por su uso responden a compras o disposiciones efectuadas con ella por su titular. La única prueba articulada a tal fin por la demandante es una certificación emitida por la directora de la sucursal de la Ronda de Outeiro de Caja España, en la que se indica que, a fecha 8 de diciembre del 2008, efectuadas las liquidaciones en el contrato, de la tarjeta, suscrito por la demandada presenta un saldo deudor de 3.109,06 €, sin detallar la cantidad que corresponde a principal, a intereses y a comisiones. No se ha presentado la cuenta de la tarjeta referida, con lo que se ha hurtado a esta juzgadora el conocimiento de las operaciones que han arrojado ese saldo, cuanto al demandado la posibilidad de rebatirlas, o de asumirlas. Considero, pues, que no se ha probado adecuadamente ni la existencia de la deuda, ni su cuantía, desde el momento en que la certificación con la que se pretendía la probanza de ambos extremos se estima inútil por sí sola para tal fin. Es a la entidad bancaria demandante, que debería tener a su entera disposición la documentación acreditativa del uso de la tarjeta (más allá de alegaciones genéricas de que se usó,), a la que, si pretendía reclamar el cobro de lo adeudado, debería de haberla traído al procedimiento, para esclarecer tanto la existencia como la cuantía de la deuda. El art.217 de la LECiv. ha de cobrar, en casos como el que nos ocupa, plena fuerza y vigor; y así, cuando al tiempo de dictar la sentencia, la juzgadora considere como dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del demandante cuando a él le correspondía la carga de probar los hechos de los que se desprenden, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones deducidas en la demanda. Todo ello teniendo en cuenta que el n° 2 del artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda salvo que la ley expresamente disponga lo contrario. Tercero.-En virtud del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil se imponen las costas al demandante al ser desestimada en su totalidad la demanda. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Desestimo la demanda interpuesta por Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el procurador Don Fernando Marcos Tico Vilabrille frente a Doña SANTIAGO CESAR TARONGI BALMASEDA, en rebeldía procesal, absolviendo a esta última de todos los pedimentos de la demanda, con imposición de costas a la actora. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde el siguiente a su notificación, mediante escrito ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial. Así por esta mi sentencia, dictada en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo Y encontrándose dicho demandado, SANTIAGO CESAR TARONGI BALMASEDA, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. A CORUÑA a quince de Marzo de dos mil once. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,