19/08/2010 | Administración LocalProvincial
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería. Servizo de Xestión Tributaria
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal xeral

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional adoptado por la Corporación Provincial de la Diputación Provincial de A Coruña, el día 25 de junio de 2010, del Expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto en el art.49 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local y el art.17 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, y no siendo presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, se eleva a definitivo dicho acuerdo, por el que se produjo la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal General: “1º.- Aprobar la modificación de la ORDENANZA FISCAL GENERAL: Modificación de los artículos 8; 16.3; 23.2; 24.5; 35; 41; 42; 43; 45 (que se renumera como 44); 46 (que se renumera como 45); 47 (que se renumera como 46); 58 (que se renumera como 57); 60 (que se renumera como 58); 61 (que se renumera como 59); 62 (que se renumera como 60); 63 (que se renumera como 61); 64 (que se renumera como 62). Se suprimen los artículos 44; 59 y 65 y se renumeran los artículos posteriores. Nueva redacción integra de la Ordenanza Fiscal General.2º.- Este acuerdo estará expuesto al publico en el tablón de anuncios de esta Diputacion, durante el plazo de 30 días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas; en todo caso los anuncios de exposición al publico se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, según establecen los artículos 49. b) de la Ley 7/85 de 2 de abril y el art.17 del TRLRHL, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo.3º.- Una vez aprobada definitivamente, se procederá a la publicación integra de las modificaciones de la ordenanza fiscal general.4º.- La ordenanza fiscal general comenzará a regir: a) Si no se produjeran reclamaciones contra la misma, de conformidad con lo señalado en el Art.17.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la ordenanza se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia y entrara en vigor al día siguiente al de su publicación. b) Si se produjeran reclamaciones, una vez que se resuelvan las mismas, la Corporación adoptará el Acuerdo definitivo que proceda, aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza así como la fecha a partir de la cual regirá la misma, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia según lo previsto en el art.17.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.” NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL 1.- La presente Ordenanza Fiscal General, dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 12 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e igualmente en desarrollo del apartado e) del artículo 7 y de la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tiene por objeto establecer los principios básicos y normas comunes a los siguientes tributos: a) Tributos propios de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña (en adelante la Diputación). b) Tributos cuya gestión se haya delegado por las entidades locales de la provincia, entendiéndose aplicable la Ordenanza exclusivamente a aquellas funciones de gestión que hayan sido efectivamente delegadas por dichas entidades. A estos efectos la presente Ordenanza, a través de las normas comunes que contiene, complementa las ordenanzas particulares respectivas.2.- Las normas contenidas en esta Ordenanza Fiscal serán aplicables supletoriamente a otros ingresos de derecho público en aquellos supuestos concretos no previstos específicamente en la normativa reguladora de los mismos y en cuanto la naturaleza jurídica de cada tipo de ingreso haga posible dicha aplicación. Las normas de la presente Ordenanza Fiscal General se considerarán parte integrante de las respectivas ordenanzas particulares, en todo lo que no esté especialmente regulado en éstas.1.- Esta Ordenanza obligará en todo el territorio de la provincia de A Coruña.2.- Las normas contenidas en esta Ordenanza obligarán desde la entrada en vigor de la misma hasta su derogación o modificación, de acuerdo con su disposición final.1.- Los tributos propios de la Diputación y aquéllos cuya gestión tenga encomendada por delegación, se regirán: a) Por la Constitución. b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución. c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. d) Por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la legislación general tributaria y presupuestaria y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria. e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente, por la presente Ordenanza Fiscal General y por las restantes ordenanzas particulares de la propia Diputación, o de los ayuntamientos o entidades locales en el caso de los tributos cuya gestión hubiera sido objeto de delegación en favor de la misma. Todo ello de acuerdo con lo previsto en las normas citadas en los apartados anteriores. f) Por las instrucciones y circulares que pueda dictar la Presidencia de la Diputación para la aplicación de esta Ordenanza General o de las ordenanzas particulares correspondientes.2.- Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común. DEL DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS RELATIVOS A LOS TRIBUTOS Y SU APLICACIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos provinciales son: 1.- Tasas 2.- Contribuciones especiales 3.- Recargos exigibles sobre los impuestos de otras entidades locales Podrán ser objeto de delegación en la Diputación los tributos y demás ingresos de derecho público que señalen las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aprobadas por el Pleno de la Diputación, con las condiciones y el alcance que en las mismas se recogen. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria provincial, al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. Cuando la Diputación sólo conozca la identidad de un titular, practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, el cual vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división, será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido, mediante comunicación expresa al efecto, a la que deberán acompañarse los medios documentales justificativos de la procedencia de la división. Salvo que la normativa reguladora de cada tributo establezca otra cosa, cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, para que la solicitud de división produzca efectos, deberá presentarse en el plazo establecido para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. No tratándose de supuestos de alta en el correspondiente padrón o matrícula, la petición de división surtirá efectos a partir del siguiente período impositivo a aquél en que se presentó la solicitud. En los tributos de naturaleza instantánea, la solicitud de división, para que produzca efectos frente a la Administración provincial, deberá presentarse antes de la finalización del plazo para declarar la realización del hecho imponible o, en su caso, para presentar en plazo la correspondiente autoliquidación. En los restantes casos, la solicitud de división deberá presentarse en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria. El domicilio fiscal será único para cada contribuyente, en sus relaciones con esta Administración. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria provincial, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la Administración, hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. La Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios. Los obligados tributarios no residentes en España, para cuanto se refiere a sus relaciones con la administración tributaria provincial, vendrán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español.1.- Salvo que por disposición legal expresa se señale lo contrario, la concesión de los beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo cual tendrá que ser solicitada por el obligado tributario. En los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, salvo que expresamente se señale lo contrario en la correspondiente ordenanza fiscal, la solicitud deberá presentarse: a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. No tratándose de supuestos de alta en el correspondiente padrón o matrícula el reconocimiento del derecho al beneficio fiscal surtirá efectos a partir del siguiente período a aquel en que se presentó la solicitud. b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación. c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de la presentación de la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda.2.- Con carácter general, la solicitud de los beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que comenzará a tener efectos desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la fecha de solicitud del beneficio fiscal.3.- La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponde al obligado tributario.4.- La resolución de concesión o denegación de los beneficios fiscales de carácter rogado se notificará en el plazo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Diputación. Si no se notifica la resolución en dicho plazo, la solicitud formulada se entenderá desestimada.5.- Cuando se trate de beneficios fiscales que han de otorgarse de oficio, se aplicarán en el momento de practicar la liquidación, siempre que el servicio gestor disponga de la información acreditativa de los requisitos exigidos para su disfrute. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Información y asistencia al contribuyente 1.- Las consultas tributarias se formularán por escrito, dirigido al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, por los sujetos y en los plazos señalados en la Ley General Tributaria, haciéndose constar, en todo caso: a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del interesado. En caso de que se actúe por medio de representante, se hará constar esta circunstancia y se incluirá igualmente, la identificación completa del mismo. b) Antecedentes y circunstancias del caso, identificando, claramente, el objeto de la consulta. c) Los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación del juicio por parte de la Administración tributaria provincial. d) Lugar, fecha y firma del escrito.2.- La tramitación de las consultas tributarias corresponderá a la unidad que tenga asumidas las funciones de información y asistencia al obligado tributario. Competencias en materia de aplicación de los tributos Son competencias del Pleno de la Diputación en materia de aplicación de los tributos, las siguientes: 1.-Aprobar las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos y demás entidades públicas de la provincia.2.-Aceptar las delegaciones de competencias tributarias hechas por otras entidades públicas.3.-Aprobación de convenios o acuerdos, con otras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación de los tributos.4.-Aprobación de ordenanzas fiscales y las reguladoras de otros ingresos de derecho público.5.-Las demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras. Son competencias del Presidente de la Diputación en materia de aplicación de los tributos, las siguientes: 1.-Dictar instrucciones y circulares de aplicación de las ordenanzas aprobadas por el Pleno Provincial.2.-Contestar a las consultas tributarias que se formulen a la Administración tributaria provincial.3.-Aprobar los modelos de autoliquidaciones de los tributos y demás ingresos de derecho público.4.-Disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen. LA GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL Disposiciones Generales Corresponden al Tesorero las siguientes competencias: 1.- La superior dirección de los Servicios Tributarios de la Diputación.2.- La coordinación de los Servicios provinciales de Gestión, Inspección y Recaudación en la aplicación de los tributos. El vicetesorero ejercerá las competencias que expresamente le asigne o delegue el tesorero, además de sustituir a éste en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.1.- La Diputación desarrolla la gestión de los tributos propios y demás ingresos de derecho público y de aquellos tributos y, asimismo, otros ingresos de derecho público, cuya gestión haya sido delegada por parte de las entidades locales de la Provincia en aquellas competencias o atribuciones que en el correspondiente convenio o acuerdo hayan sido objeto de delegación.2.- La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas señaladas en el artículo 117 de la Ley General Tributaria.1.- La gestión de tributos y demás ingresos de derecho público será dirigida, bajo la superior competencia del Pleno Corporativo, por el Presidente de la Diputación, al cual le corresponde dictar los actos administrativos en el ejercicio de las facultades de gestión contenidas en este título, salvo en aquellos casos que por las normas de carácter general u ordenanzas reguladoras se atribuya la competencia a otro órgano.2.- Las actuaciones derivadas del ejercicio de las funciones de gestión tributaria de la Diputación las llevará a cabo el Servicio de Gestión Tributaria, bajo la superior dirección del Tesorero, salvo que se encomienden a una unidad distinta.3.- Son competencia del Presidente de la Diputación en materia de gestión tributaria, las siguientes materias: 1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar el Servicio de Gestión Tributaria.2.- Aprobar los padrones o matrículas de los tributos y demás ingresos de cobro periódico - contraído previo, ingreso por recibo -. 3.- Aprobar las liquidaciones relativas a tributos y demás ingresos de derecho público de cobranza no periódica - contraído previo, ingreso directo -. 4.- Concesión de beneficios fiscales, previstos expresamente en las normas de general aplicación.5.- Modificar la forma de exacción de las liquidaciones tributarias o de precios públicos, siempre y cuando la nueva forma de exacción figure dentro de las previstas en la ordenanza reguladora del tributo o precio público.6.- A propuesta motivada de la Tesoreria, previo informe de la Intervención, disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.7.- Los demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras.8.- Todas las que, no recogidas en este artículo, se señalen en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de aplicación de los tributos, en sus normas de desarrollo y en las demás disposiciones aplicables sobre la materia, como competencia del jefe de departamento de gestión tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o del órgano a que se le adscriban en el futuro, y no estén atribuídas a otro órgano en la presente Ordenanza Fiscal General.4.- Son competencias del Tesorero de la Diputación en materia de gestión tributaria, las siguientes: a) Dirigir la gestión de los tributos y dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de las normas generales aprobadas por el Presidente. b) Proponer al Presidente la aprobación de normas generales de organización y procedimiento necesarias para el funcionamiento del Servicio de Gestión Tributaria, previo informe de la Intervención provincial.5.- El Vicetesorero, en materia de gestión tributaria, ejercerá las competencias que expresamente le asigne o delegue el Tesorero, además de sustituir a éste en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Normas especiales de Gestión relativas a tributos municipales en que ésta se delegue en la Diputación 1.- El alcance de la delegación en la gestión de las entidades de la provincia en favor de la Diputación, respecto a los tributos y demás ingresos de derecho público previstos en el artículo 6 de la presente Ordenanza, vendrá delimitado por los correspondientes convenios o acuerdos a través de los cuales se formalice dicha delegación, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ordenanza y en las instrucciones y circulares que pueda dictar en aplicación de la misma, el Presidente de la Diputación.1.- El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se formará por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación, en base al padrón del año anterior, incorporando las altas, transferencias, cambios de domicilio, bajas y cualquier otra alteración con trascendencia tributaria.2.- A efectos de determinar las tarifas a que se refiere el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará potencia fiscal del vehículo la resultante de aplicar las fórmulas recogidas en el Anexo V del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.3.- Para obtener la deuda tributaria que constará en el padrón, sobre las tarifas citadas en el punto anterior se aplicará el coeficiente de incremento aprobado en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento correspondiente.4.- Las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del artículo 93.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán ser solicitadas por los interesados, indicando las características del vehículo, la causa del beneficio y acompañando los documentos acreditativos de su derecho. El procedimiento a seguir para su concesión será aprobado por el Presidente de la Diputación.5.- El modelo oficial de autoliquidación a utilizar por los obligados tributarios para formalizar el alta en el Impuesto será el aprobado al efecto por resolución de la Presidencia.6.- El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas a que se refiere el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se determinará conforme a lo establecido en el Reglamento General de Vehículos, en las normas tributarias y en las reglas que a continuación se establecen: 1ª) Las furgonetas, los furgones y los vehículos mixtos adaptables tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos: a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús. b) Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.2ª) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por lo tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.3ª) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.4ª) Los cuatriciclos tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, excepto que la cilindrada de su motor sea inferior o igual a 50 cm3 en el caso de motores de explosión, o que su potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de motores, en cuyo caso se considerarán, a efectos de este impuesto, como ciclomotores.5ª) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.6ª) La carga útil de los vehículos tipificados como camión a efectos de su tributación en el Impuesto vendrá determinada por la diferencia en kilogramos entre la Masa Máxima Autorizada (M. M. A.) y la tara del vehículo, tomando estas magnitudes de los datos reflejados en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.7.- El efecto de la concesión de los beneficios fiscales de carácter rogado, en el supuesto de vehículos ya matriculados, comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento.8.- La bonificación por antigüedad del vehículo, que en su caso pueda establecer el Ayuntamiento, se considerará en todo caso como beneficio fiscal de carácter rogado, salvo que expresamente se señale lo contrario en la correspondiente ordenanza fiscal.9.- Prorrateo de cuotas: Cuando la Diputación tenga conocimiento, antes de la aprobación del correspondiente padrón, de que se haya producido la baja (definitiva o temporal por robo o sustracción) de un vehículo, se liquidará la cuota que corresponda según el prorrateo por trimestres que determine la normativa reguladora del impuesto, incorporándose así al padrón de ese ejercicio. Cuando la baja se comunique a la Diputación con posterioridad a la aprobación del padrón y el recibo correspondiente se encuentre todavía en período voluntario de ingreso, el contribuyente podrá optar por abonar el recibo y solicitar la devolución del importe ingresado en exceso o bien solicitar la anulación del recibo y la emisión de una liquidación por los trimestres que le corresponda ingresar. Cuando la baja se comunique una vez que el recibo se encuentre ya en período ejecutivo, el contribuyente deberá abonar el importe de la deuda y solicitar la devolución del importe ingresado en exceso; el derecho de devolución no incluirá, en este caso, el recargo que se hubiese devengado legalmente. El impuesto se exigirá en régimen de declaración o de autoliquidación, de acuerdo con lo que hayan establecido los ayuntamientos delegantes en sus respectivas ordenanzas fiscales, si bien, en aras de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se podrá utilizar, con carácter potestativo, el sistema de autoliquidación aun en los casos en los que el Ayuntamiento titular del tributo no lo contemple en su ordenanza fiscal. Prorrateo de cuotas: Cuando la Diputación tenga conocimiento, antes de la aprobación del correspondiente padrón, de que se haya producido la baja de una actividad, se liquidará la cuota que corresponda según el prorrateo por trimestres que determine la nomativa reguladora del impuesto, incorporándose así al padrón de ese ejercicio. Cuando la baja se comunique a la Diputación con posterioridad a la aprobación del padrón y el recibo correspondiente se encuentre todavía en período voluntario de ingreso, el contribuyente podrá optar por abonar el recibo y solicitar la devolución del importe ingresado en exceso o bien solicitar la anulación del recibo y la emisión de una liquidación por los trimestres que le corresponda ingresar. Cuando la baja se comunique una vez que el recibo se encuentre ya en período ejecutivo, el contribuyente deberá abonar el importe de la deuda y solicitar la devolución del importe ingresado en exceso; el derecho de devolución no incluirá, en este caso, el recargo que se hubiese devengado legalmente.1.- Los padrones fiscales anuales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica elaborados por el Servicio de Gestión Tributaria, serán aprobados por el Presidente de la Diputación.2.- Los padrones aprobados se pondrán a disposición de los ayuntamientos.3.- Los padrones serán objeto de fiscalización por la Intervención de la Diputación. El procedimiento de fiscalización a seguir se ajustará a lo establecido en la normativa aplicable y en las Bases de Ejecución del Presupuesto para cada ejercicio. La aprobación de las liquidaciones de ingreso directo compete al Presidente de la Diputación, a propuesta de los Servicios de Gestión Tributaria o Inspección Tributaria con la fiscalización de la Intervención de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa aplicable y en las Bases de Ejecución del Presupuesto. LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL 1.- Las funciones y facultades del Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación, serán las previstas en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones de desarrollo.2.- Tales funciones irán dirigidas a la comprobación e investigación de los obligados tributarios, por los ingresos públicos locales y, en particular, por el Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una o varias liquidaciones. Las funciones de comprobación de la inspección tributaria podrán ser ampliadas a cualesquiera otros tributos o ingresos de derecho público gestionados por la Diputación, mediante resolución de su Presidente.3.- En sus funciones de valoración, la inspección tributaria podrá solicitar la colaboración de funcionarios técnicos al servicio de la Diputación, que comprobarán e informarán sobre aquellas materias propias del título que ostentan.4.- El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, elaborados por el Servicio, autorizados por el Presidente de la Corporación y coordinados, en su caso, con otras actuaciones de colaboración ejecutadas por la Administración estatal.1.- Las actuaciones derivadas del ejercicio de las funciones de Inspección tributaria de la Diputación las llevará a cabo el Servicio de Inspección Tributaria, bajo la superior dirección del Tesorero, salvo que se encomienden a una unidad distinta.2.- No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria, podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios.3.- Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios del Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación, respecto a los entes delegantes, en todo el ámbito territorial de la provincia.4.- Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas, para lo que dispondrán de una tarjeta de identidad. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.5.- Debe entenderse que todas las referencias contenidas, tanto en la Ley General Tributaria como en sus disposiciones de desarrollo, al Inspector-Jefe, lo son al Jefe de Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación y, en cualquier caso, al Tesorero, excepto en lo relativo a la aprobación de actos administrativos derivados de las actuaciones y del procedimiento, cuya competencia corresponderá, en todo caso, al Presidente de la Corporación. Son competencias del Presidente, en materia de Inspección tributaria, las siguientes: a) Aprobar las tarjetas de identidad del personal inspector. b) La autorización de los planes de la Inspección. c) La solicitud a la autoridad judicial para entrar en el domicilio de los obligados tributarios. d) La autorización, en su caso, para la entrada en los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley General Tributaria. e) La ratificación de las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento inspector. f) La autorización para la firma de actas con acuerdo. g) Cualesquiera otros actos en materia de Inspección que la normativa vigente atribuya al órgano competente para liquidar. Son competencias del Tesorero en materia de inspección de los tributos: a) La superior dirección de la inspección de los tributos, así como dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de las normas generales aprobadas por el Presidente. b) Proponer al Presidente la aprobación de normas generales de organización y procedimiento necesarias para el funcionamiento del Servicio de Inspección Tributaria, previo informe de la Intervención provincial. El Vicetesorero, en materia de inspección tributaria, ejercerá las competencias que expresamente le asigne o delegue el Tesorero, además de sustituir a éste en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. LA RECAUDACIÓN Disposiciones Generales La gestión recaudatoria de la Diputación consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias y demás de derecho público de la propia Diputación o de otros entes públicos de la provincia, tras la delegación de las competencias respectivas, y firma del correspondiente convenio, en su caso.1.- La gestión recaudatoria de la Diputación tendrá por objeto la cobranza de los siguientes recursos: a) Tributos y otros ingresos de derecho público de los que sea titular la Diputación. b) Ingresos por recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente. c) Tributos y otros ingresos de derecho público correspondientes a ayuntamientos y otros entes públicos que establezcan un convenio o deleguen la función de recaudación de éstos en la Diputación, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma de convenio.2.- La gestión recaudatoria, y los medios para llevarla a cabo, no podrá aplicarse para la obtención de aquellos frutos, rentas, productos de los bienes a los que les sean de aplicación las reglas del derecho privado.1.- La gestión recaudatoria de la Diputación se llevará a cabo por el Servicio de Recaudación.2.- La Diputación podrá asumir la gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público de otras administraciones públicas, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma del convenio.3.- Igualmente, la Diputación, podrá adoptar acuerdo para que su gestión recaudatoria se realice por otras administraciones públicas, subscribiendo, si fuese preciso, el correspondiente convenio.4.- Los convenios o acuerdos a los que se refieren los apartados 2 y 3, serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez subscritos por las entidades públicas correspondientes. La competencia del Servicio de Recaudación y de sus órganos y unidades administrativas se extiende a todo el ámbito territorial de competencia de la Diputación, con independencia de la adscripción, a los exclusivos efectos de organización interna del Servicio, de cada municipio de la provincia a una Zona de Recaudación. Órganos de Recaudación y sus competencias La gestión recaudatoria será dirigida, bajo la superior competencia del Pleno de la Corporación, por el Presidente de la Diputación. Las competencias de estos órganos serán las que se establecen en este capítulo.1.- Son órganos de recaudación de la Diputación: 1) El Tesorero.2) El Vicetesorero.3) El Jefe de Servicio de Recaudación.4) Los Recaudadores de Zona. Sus competencias respectivas serán las fijadas en la presente ordenanza.2.- Son colaboradoras en la recaudación de la Diputación, sin desempeñar en ningún caso el carácter de órganos de recaudación, las entidades de depósito que sean debidamente autorizadas para ejercer dicha colaboración. Corresponden al Pleno de la Corporación, en materia de recaudación, las siguientes competencias: a) Presentar tercerías de mejor derecho, cuando en los registros públicos existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por el Servicio de Recaudación sobre los mismos bienes. b) Adoptar acuerdos o convenios en procedimientos concursales. c) Las demás competencias que en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, se señalen como de órganos estatales superiores en rango a la Dirección del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, u órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias. d) Las que expresamente le confieran las leyes. Corresponden al Presidente de la Diputación las siguientes competencias: a) Aprobar los documentos de constitución de fianzas de los recaudadores y del personal de recaudación, y resolver los expedientes de sustitución, ampliación o disminución de tales garantías. b) Restablecer el imperio de la ley en los procedimientos de apremio, decretando la nulidad de las actuaciones posteriores al momento en que se hubiera cometido la infracción. c) Dictar actos o resoluciones de gestión recaudatoria cuando éstos no estén atribuidos expresamente a otro órgano. d) Establecer y modificar los períodos de ingreso de las deudas de acuerdo con lo que se determine al respecto en la legislación vigente. e) Establecer cuantías mínimas para liquidar o exigir los intereses legales o de demora y los recargos del período ejecutivo y para recaudar deudas por el procedimiento administrativo de apremio. f) Dictar los actos administrativos de declaración de responsabilidad en el pago de deudas. g) Presentar tercerías de mejor derecho, en situaciones de urgencia, cuando en los registros públicos existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por el Servicio de Recaudación sobre los mismos bienes, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. h) Aceptar o acordar la constitución de hipoteca especial. i) Otorgar la autorización como entidades colaboradoras a las entidades de depósito. j) Resolver las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento, y eximir, excepcionalmente, la constitución de garantías. k) Declarar la prescripción de deudas. l) Acordar la compensación de deudas. m) Acordar la declaración de insolvencias y de créditos incobrables, así como su rehabilitación. n) Formular conflictos de jurisdicción. o) Declarar la responsabilidad solidaria del depositario de bienes embargados. p) Autorizar la venta de bienes por concurso. q) Otorgar escrituras de venta de inmuebles que resulten enajenados como consecuencia del procedimiento de apremio, y resolver las tercerías en reclamaciones en vía administrativa. r) Resolver las reclamaciones de queja contra defectos de tramitación de los órganos y agentes en el ejercicio de la función recaudatoria, tales como incumplimientos, retrasos y otras anomalías. s) Aprobar la adjudicación de bienes a la Diputación, cuando proceda. t) Acordar, a propuesta del Tesorero, que se encarguen de la ejecución material de las subastas empresas o profesionales especializados. u) Aprobar las normas generales de organización y funcionamiento del Servicio de Recaudación y la distribución territorial de las zonas de recaudación. v) Determinar, a propuesta de la Tesorería, el contenido y periodicidad de los Estados y Cuentas a rendir por los Recaudadores Provinciales por su gestión de los recursos propios y de otros entes públicos, previo informe preceptivo de la Intervención provincial. w) Incoar, tramitar y resolver los expedientes de responsabilidad contable en los supuestos expresados en los artículos 15.4 y 177 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y llevar a cabo cuantas actuaciones requieran la instrucción de los mismos. x) Incoar, tramitar y resolver los expedientes disciplinarios del personal recaudador. y) A propuesta motivada de la Tesoreria, previo informe de la Intervención, establecer límites en las deudas apremiables y límites mínimos por expediente para la realización de cada una de las actuaciones de embargo. z) Todas las que, no estando recogidas en este apartado, se señalan en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y en las demás disposiciones aplicables sobre la materia, dictadas por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por el Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda o por los órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias. Corresponden al Tesorero las siguientes competencias: a) Dirigir la gestión recaudatoria y dictar las instrucciones que sean necesarias en desarrollo de las normas generales aprobadas por el Presidente. b) Proponer al Presidente la aprobación de normas generales de organización y procedimiento necesarias para el funcionamiento del Servicio de Recaudación, previo informe de la Intervención provincial. c) Elaborar y autorizar los edictos anunciando los períodos de cobro. d) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos y reclamaciones que se presenten contra dicho acto. e) Solicitar al Presidente la imposición de sanciones por incumplimiento de las peticiones de información para el embargo de bienes. f) Ordenar la enajenación de títulos valores, públicos o privados, y de los géneros embargados. g) Nombrar al depositario de los bienes embargados con funciones de administrador. h) Designar el lugar de depósito de los bienes embargados. i) Autorizar la enajenación mediante subasta de los bienes embargados. j) Presidir la mesa de las subastas. k) Proponer al Presidente que encargue la ejecución material de las subastas a empresas privadas o a profesionales especializados. l) Autorizar los pliegos de cargo a las unidades administrativas encargadas de su gestión. m) Dictar la providencia para la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados. n) Ordenar las visitas de inspección de las zonas de recaudación y señalar las directrices de actuación en ellas, a iniciativa propia o a propuesta de la Intervención provincial. o) Informar de los expedientes motivados por denuncias, quejas o reclamaciones presentadas por los interesados contra el personal del Servicio de Recaudación, proponiendo la adopción de las medidas sancionadoras o correctoras que correspondan. p) Instruir las diligencias preceptivas en los expedientes de alcance que se puedan producir en la gestión de las unidades administrativas de recaudación. q) Formular las propuestas de resolución en los expedientes de gestión recaudatoria que tengan que ser resueltos por el Presidente. r) Acordar la ejecución de garantías cuando sea necesario para su realización o enajenación. s) A propuesta de los recaudadores, y previo informe del Jefe del Servicio de Recaudación, aprobar los itinerarios de cobranza en período voluntario. t) Regular y vigilar la actuación de las entidades de depósito colaboradoras de la recaudación. u) Todas las que, no indicadas en este apartado, se señalen en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y en las demás disposiciones aplicables sobre la materia, como del Jefe de la Dependencia de Recaudación o del órgano al que se le adscriban en un futuro sus competencias, y no se atribuyan en esta Ordenanza a otros órganos. El Vicetesorero ejercerá las competencias que expresamente le asigne o delegue el Tesorero, además de sustituir a éste en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Corresponden al Jefe de Servicio las siguientes competencias: a) Realizar las funciones que el Tesorero o Vicetesorero le encomienden. b) Establecer y mantener relaciones de funcionamiento con órganos interesados, colaboradores, relacionados o participantes en la gestión recaudatoria, especialmente los de la propia Diputación. c) Desarrollar las relaciones con los entes públicos que hayan encomendado o la gestión recaudatoria en la Diputación. d) Colaborar con el Tesorero y el Vicetesorero en la dirección del Servicio, y asesorar, impulsar, controlar y coordinar la gestión de éste, especialmente de sus Zonas de Recaudación. e) Comprobar que las deudas son ingresadas en los plazos reglamentariamente establecidos y exigir el cumplimiento de los preceptos que regulan dicha gestión. f) Efectuar el control y seguimiento de las entidades colaboradoras y de las cuentas restringidas de recaudación abiertas en ellas. g) Dirigir, impulsar y coordinar aquellos procedimientos que, por la especialidad del sujeto deudor o por la clase de tramitación, le encomiende el Tesorero para su gestión directamente por el. h) Vigilar la correcta aplicación de las normas sobre liquidación de intereses de demora por falta de pago de las deudas en período voluntario. i) Velar por el cumplimiento de las normas en materia de rendición de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria. j) Remitir a la Intervención los resúmenes y documentos contables resultantes de la gestión recaudatoria, para su fiscalización y contabilización. k) Presentar el informe o la memoria anual sobre el desarrollo de la gestión recaudatoria. l) Llevar el registro general de insolvencias. m) Tendrá, además, las mismas competencias que los recaudadores respecto de las deudas cuya gestión recaudatoria directa se le encomiende por el Tesorero. Los recaudadores ejercerán las siguientes competencias, referidas a la Zona Recaudatoria y a los expedientes que tienen asignados: a) Dictar las medidas cautelares precisas para evitar actuaciones del deudor que impidan el pago. b) Expedir los mandamientos de anotación preventiva de embargo de bienes en los registros públicos. c) Solicitar y recibir información de juzgados y tribunales sobre datos de recaudación de procedimientos concursales de ejecución, así como sobre procedimientos que puedan afectar a derechos de la Hacienda Pública local. d) Como responsables de la caja de efectivo a su cargo, admitir, custodiar y controlar los ingresos para los que estén autorizados. e) Acordar la acumulación y separación de deudas en los expedientes ejecutivos. f) Proponer la ejecución de garantías y proceder al embargo preventivo, si aquéllas fuesen insuficientes. g) Solicitar información acerca de bienes a embargar. h) Practicar la diligencia de embargo. i) Proceder al precintado y aquellas otras medidas necesarias para evitar la sustitución o levantamiento de bienes embargados. j) La valoración de los bienes embargados, solicitando la colaboración necesaria, si fuese preciso, de los servicios técnicos de la Diputación, así como solicitar al Jefe del Servicio la realización de peritaciones por expertos externos, cuando las circunstancias lo aconsejen. k) Requerir los títulos de propiedad a los registros públicos. l) Elevar a la Tesorería la propuesta de enajenación de bienes embargados. m) Realizar las gestiones conducentes a la adjudicación directa de bienes embargados. n) Levantar el embargo de bienes no enajenados, una vez cubierta la deuda. o) Formar parte de la mesa de las subastas. p) Anotar en el Registro Mercantil, la declaración de créditos incobrables correspondientes a personas físicas o jurídicas inscritas en el mismo. q) Expedir certificaciones acreditativas de pago. r) Rendir los estados demostrativos correspondientes a su gestión, conforme a las instrucciones recibidas. s) Proponer los itinerarios informativos en período voluntario. t) Todas las que, no indicadas en este apartado, se señalan en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, como de los servicios y demás unidades de Recaudación y de las Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, u órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias, excepto las que se atribuyen en esta Ordenanza a otros órganos. Especificaciones sobre el pago 1. La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos: voluntario y ejecutivo.2. En período voluntario, por el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos señalados en el artículo 41 de esta ordenanza.3. En período ejecutivo, por el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, por el procedimiento administrativo de apremio.1.- El pago de las deudas tributarias deberá efectuarse en los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley General Tributaria. Para las deudas que se recauden mediante padrón o matrícula, los períodos voluntarios de cobranza serán los que con carácter general establezca la Presidencia de la Diputación a propuesta de la Tesorería.3.- Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen sus normas específicas. En su defecto, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores.4.- Las suspensiones automáticas o acordadas por el órgano administrativo o judicial competente en relación con deudas en período voluntario, suspenderán los plazos fijados en este artículo. La resolución administrativa adoptada se notificará al recurrente con expresión del plazo en el que debe satisfacer la deuda. No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del acto estuviese suspendida, una vez concluida la vía administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no proseguirán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente producida se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía producida en vía administrativa. El procedimiento proseguirá o se suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.5.- En la regulación específica de cada precio público se podrá establecer la necesidad de constituir depósito previo del importe, de acuerdo con lo que establece el artículo 46.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.6.- Con independencia de lo señalado en los párrafo anteriores, los documentos de ingreso podrán incluir una o varias fechas de caducidad de los mismos, según contengan uno o dos importes a ingresar diferentes. Hasta dicha fecha o fechas, las entidades colaboradoras aceptarán el ingreso que se realice por el importe que se indique para cada supuesto en el propio documento. La citada fecha de caducidad será absoluta, de manera que si coincidiera con un día inhábil, no se trasladará al día hábil inmediato posterior. El ingreso realizado dentro del correspondiente plazo de caducidad tendrá efectos liberatorios plenos respecto de la deuda o deudas incluidas en el documento, aunque tenga lugar después del plazo de ingreso que legal o reglamentariamente corresponda con carácter general. Las fechas de caducidad de los documentos de ingreso no producirán efectos en relación con los plazos de interposición de recursos y reclamaciones, de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, de compensación o cualesquiera otros distintos de los de ingreso.1.- El pago de las deudas, tributarias o no tributarias, tendrá que hacerse en efectivo.2.- Sólo podrá admitirse el pago en especie cuando así se ordene por Ley.3.- El pago en efectivo podrá hacerse por alguno de los siguientes medios: a) Dinero de curso legal. b) Cheque. c) Cualquier otro que autorice el Presidente de la Diputación. El pago mediante cheque se regirá por lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de recaudación. Los justificantes de pago en efectivo serán, según los casos: a) Los recibos validados por la Tesorería o las entidades colaboradoras. b) Las cartas de pago suscritas o validadas por funcionario competente o por entidades autorizadas para recibir el pago. c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado, expedidas por la Tesorería o el Servicio de Recaudación. d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago, autorizado por resolución de la Presidencia. La validación de los justificantes de pago podrá realizarse por medio de máquinas que produzcan la certificación mecánica en el documento.1.- El pago de las deudas podrá realizarse: a) En la Tesorería. b) En las entidades colaboradoras, bien en sus oficinas, a través de cajero automático o por Internet.2.- Por el Presidente de la Diputación, a propuesta de la Tesorería, se regularán los tipos de deudas que se podrán cobrar en cada uno de estos lugares.3.- El cobro de deudas por las entidades colaboradoras se regirá por las normas generales que apruebe el Presidente de la Diputación y las instrucciones concretas que dicte la Tesorería. Aplazamientos y fraccionamientos de pago La Diputación podrá, a solicitud del obligado tributario, aplazar o fraccionar el pago de las deudas, con sujeción a lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia y, en concreto, con arreglo a las siguientes disposiciones: 1.- La solicitud se realizará por escrito e irá dirigida al presidente de la Diputación.2.- Será obligatoria la domiciliación bancaria de los correspondientes plazos, debiendo hacerse constar el código de cuenta corriente en el propio escrito de solicitud.3.- Con carácter general, el solicitante deberá aportar garantía en los términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.4.- No obstante lo anterior, no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas tributarias y demás ingresos de derecho público recaudadas por esta Diputación, cuando su importe en conjunto no exceda de 3.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de presentación de la solicitud. A los efectos de determinación de la cuantía señalada, se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.5.- Criterios generales de concesión: -Como regla general, el plazo máximo de duración del aplazamiento o fraccionamiento será en todo caso de doce meses. No obstante, para deudas iguales o superiores a 30.000 euros, este plazo podrá ampliarse a veinticuatro meses. -El número mínimo de fracciones será de dos y el máximo de doce o, en su caso veinticuatro. -El cargo en cuenta se hará mensualmente, el día cinco de cada mes, por el importe de la correspondiente fracción. Recaudación por la Diputación de ingresos de otros Entes La presente Ordenanza será aplicable a los ingresos de derecho público que, por delegación de los Ayuntamientos o cualesquiera otros entes públicos, se recauden por la Diputación, en aquellos aspectos no regulados expresamente en los acuerdos de delegación y aceptación de la misma. La prestación de servicios de recaudación a los ayuntamientos que deleguen dicha competencia se llevará a cabo dentro del marco establecido por las bases para la Prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia aprobadas por el Pleno de la Diputación. En el caso de delegación por otros entes públicos, se estará a lo que se disponga en el convenio suscrito al efecto. Especificaciones sobre el personal de las Zonas Recaudatorias Los recaudadores y el resto del personal de las Zonas Recaudatorias tendrán derecho a: a) Recabar la cooperación y auxilio de la autoridad, por conducto de los órganos superiores o directamente en caso de urgencia, siempre que sea necesario para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y en especial en los casos establecidos en el Reglamento General de Recaudación. b) Al cesar en el puesto, y tras la tramitación previa del oportuno expediente, a la liberación y devolución de las fianzas que hubiesen constituido. c) Solicitar el traslado en caso de vacante en otra Zona Recaudatoria. A los recaudadores y al resto del personal de las Zonas les será de aplicación lo establecido al respecto en la normativa correspondiente, según el caso. Tanto los recaudadores como el resto del personal de las Zonas Recaudatorias cesarán en el puesto de trabajo por las causas que determine la normativa aplicable. Los recaudadores dirigirán en su Zona la gestión recaudatoria de acuerdo con las normas establecidas en esta Ordenanza y las instrucciones del Tesorero, del Vicetesorero y del Jefe del Servicio de Recaudación. Serán seleccionados y nombrados de acuerdo con las Bases específicas que al efecto apruebe la Corporación.1.- Como responsables en su Zona de la gestión recaudatoria, los recaudadores tendrán los siguientes deberes: a) Recaudar las deudas con arreglo a los procedimientos establecidos. b) Tramitar los expedientes de apremio con estricta sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias, y seguir las orientaciones que en este sentido les dicten el Jefe del Servicio de Recaudación, el Vicetesorero y el Tesorero. c) Evitar, bajo su responsabilidad, la exacción de costas no autorizadas reglamentariamente, justificando siempre en los expedientes las que, como procedentes, se exijan. d) Ser correctos en sus relaciones con el público, exigiendo que esta norma sea observada igualmente por el personal a su cargo. e) Constituir fianza en la cuantía y con los requisitos que se establecen en este Reglamento. f) Asistir diariamente a la oficina y no ausentarse de aquella sin la autorización del Jefe del Servicio y sin dejar designado el oficial que deba sustituirle.2.- Como responsables de las cajas de efectivo de las oficinas a su cargo, los recaudadores tendrán los siguientes deberes: a) Realizar arqueo diario y su ingreso el mismo día, en las cuentas señaladas al efecto por la Tesorería. b) Llevar un libro diario de caja, del que se obtendrá el arqueo a que se refiere la letra anterior, que se centralizará en la oficina principal de la Zona. El procedimiento entre oficinas auxiliares y principal se establecerá por resolución del Presidente de la Diputación. c) Elaborar diariamente un parte de ingresos, que remitirán a la Tesorería, acompañado de los correspondientes justificantes de ingreso, en los plazos que se determine. d) Realizar cobros en las oficinas de la Zona, en los domicilios de los contribuyentes y en los itinerarios de cobranza. El cargo de recaudador será incompatible con el desempeño, sea o no retribuido, de cualquier otro del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio y con el ejercicio de las profesiones o actividades de representante, comisionista, agente comercial, de seguros o de publicidad y otras que impidan o menoscaben el cumplimiento de sus deberes; no podrán tampoco dedicarse a la industria o al comercio dentro de la demarcación de su Zona. Todo ello sin perjuicio del resto de incompatibilidades que le sean de aplicación. El personal de recaudación, bajo la dirección del Recaudador de la Zona correspondiente, tendrá el cometido de realizar las diligencias y trámites del procedimiento de apremio que no requieran la ineludible actuación personal del Recaudador, así como todos los trabajos administrativos de la Zona. Será seleccionado y nombrado de acuerdo con las bases específicas que al efecto apruebe la Corporación. El personal de Recaudación tendrá los siguientes deberes: a) Obedecer y respetar al Recaudador y demás órganos superiores, en todo lo relacionado con el Servicio. b) Proceder con corrección en el trato con el público. c) Desempeñar su trabajo durante el horario establecido, sin perjuicio de la dedicación extraordinaria que exija la diligente realización de los servicios de la Zona. d) Realizar las funciones que le son propias y los cometidos que le encomiende el Recaudador para la ejecución de las providencias y diligencias que se dicten en los expedientes ejecutivos. e) Desplazarse a los pueblos para cumplir los itinerarios de cobranza y a todos los lugares que sea necesario para el cumplimiento de las órdenes del Recaudador. f) Efectuar puntualmente los ingresos de las cantidades cobradas, en las cuentas habilitadas al efecto. g) No exigir costas que no estén justificadas en expediente, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás normas aplicables. h) Responder ante el Recaudador de cualquier falta de fondos de la que sean causantes, y de los prejuicios que ocasionen por su negligencia. I) Constituir fianza en la cuantía y con los requisitos que se establezcan en esta Ordenanza. j) Todos los exigibles al Recaudador, cuando sustituyan reglamentariamente a éste.1.- Los Recaudadores y el resto del personal de las zonas recaudatorias deberán prestar fianza, en la forma y cuantía que se indica en los artículos siguientes.2.- La fianza puede ser prestada por el propio Recaudador o por cualquier otra persona que asuma solidariamente las mismas responsabilidades pecuniarias que aquél.3.- Las fianzas o garantías podrán prestarse en metálico, títulos de Deuda pública, póliza de crédito y caución, aval solidario de banco, banquero o de caja de ahorros registradas oficialmente.1.- La fianza es exigible a todo el personal de las zonas recaudatorias de forma individualizada.2.- Su cuantía queda fijada de acuerdo con los siguientes porcentajes: - Recaudador: 2% del cociente que resulta de dividir el cargo medio total pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre, de los últimos dos años, por el número de zonas en que está dividido territorialmente el Servicio de Recaudación provincial. - Oficial Mayor: 0,5% del cociente que resulta de dividir el cargo medio total pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre, de los últimos dos años, por el número de zonas en que está dividido territorialmente el Servicio de Recaudación provincial. - Oficial Primera: 0,3% del cociente que resulta de dividir el cargo medio total pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre, de los últimos dos años, por el número de zonas en que está dividido territorialmente el Servicio de Recaudación provincial. - Oficial Segunda: 0,2% del cociente que resulta de dividir el cargo medio total pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre, de los últimos dos años, por el número de zonas en que está dividido territorialmente el Servicio de Recaudación provincial.1.- La fianza individual deberá constituirse en la Caja de la Diputación.2.- La deuda pública se admitirá por su valor nominal.3.- La fianza o garantía individual afectará a las responsabilidades del personal de las zonas recaudatorias y se formalizará ante la Tesorería de la Diputación, en documento público, por los recaudadores o, en su caso, por su asegurador o avalista, dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha de toma de posesión, siempre que la Tesorería la considere bastante. El documento contendrá las estipulaciones necesarias y transcripción de la credencial del nombramiento, de los resguardos de la Caja, de las pólizas de la compra en bolsa u otros documentos con que se acredite la propiedad de los valores y de los documentos en que se materialicen las demás garantías que se aporten. La aprobación del documento público de fianza corresponde al Presidente de la Diputación, previo informe de la Intervención.4.- Cualquier detracción de las fianzas para hacer efectivas las responsabilidades deberá ser repuesta por el personal de las zonas recaudatorias en el plazo de tres meses, previa notificación que se haga al efecto.5.- Si el personal de las zonas recaudatorias desease sustituir total o parcialmente la fianza prestada, deberán constituir un nuevo depósito o aportar garantía admisible y se otorgará nuevo documento público, en el que se establezca que la nueva fianza garantiza la gestión del personal de las zonas, no sólo desde su admisión, sino desde la fecha de la primitiva y en la misma forma que ésta. El citado documento se presentará a la aprobación del Presidente de la Diputación, quien, previa la misma tramitación que para la constitución, la concederá, si procediese, y dispondrá la liberación de las garantías sustituidas y su devolución, una vez depositadas las nuevas garantías. Dicha resolución será comunicada a los interesados, con la advertencia de que deberán aportar la nueva garantía en el plazo de 3 meses.6.- Cuando resulten amortizados títulos de deuda pública constituidos en depósito como fianza, será suficiente para retirarlos de la Tesorería, la petición correspondiente, previo ingreso de otros títulos de la misma deuda y exhibición ante la Tesorería de los documentos acreditativos de la propiedad de los valores, sin que se requiera otorgamiento de nuevo documento público ni orden de devolución.1.- Si el cargo medio pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre de los dos últimos ejercicios, experimentase un incremento superior al 20 por 100 sobre el correspondiente al calculado en el bienio inmediatamente anterior, el personal recaudador vendrá obligado a ampliar su fianza individual hasta asegurar el porcentaje indicado en el artículo 58.2 de esta Ordenanza.2.- Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, sea obligatoria la ampliación de la fianza, el Presidente de la Diputación fijará y exigirá la que corresponda, con las mismas formalidades señaladas para su constitución.3.- Los acuerdos de ampliación de fianza serán notificados al personal de las zonas recaudatorias, con la advertencia de que, si no los cumplen en el plazo de tres meses, se entenderá que renuncian a su cargo.1.- Cuando el cargo medio pendiente en expediente ejecutivo a 31 de diciembre de los dos últimos ejercicios, experimentase una disminución superior al 20 por 100 sobre el correspondiente al calculado en el bienio inmediatamente anterior, se reducirá la fianza individual para adecuarla al porcentaje indicado en el artículo 58.2 de esta Ordenanza.2.- El Presidente de la Diputación fijará y exigirá la que corresponda, con las mismas formalidades señaladas para su constitución.3.- Los acuerdos de disminución de fianza serán notificados a los interesados, con la advertencia de que, si no los cumplen en el plazo de tres meses, se entenderá que renuncian a su cargo. En el caso de cese por cualquier causa, del recaudador o de cualquier otro personal de las zonas recaudatorias, la Diputación procederá a devolver la correspondiente fianza, una vez presentada y aprobada la correspondiente cuenta. Especificaciones sobre el Procedimiento ejecutivo El interés de demora devengado en el período ejecutivo deberá ser abonado en el momento del pago de la deuda apremiada y será siempre exigible, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 a 28 de la Ley General Tributaria. La Mesa para la celebración de subastas de bienes embargados en el procedimiento de apremio estará compuesta por: - El Tesorero, que la presidirá. - El recaudador de la Zona que tuviere a su cargo el expediente ejecutivo. - El interventor. - Un funcionario que a tal efecto designe el Presidente de la Diputación, que actuará como secretario. Todos los miembros de la Mesa podrán ser sustituidos. Estados de Recaudación El Servicio de Recaudación y las Zonas Recaudatorias formularán, dentro del mes siguiente a la terminación de cada ejercicio económico, estados demostrativos de la gestión realizada durante el año anterior, cuyo número, clase y forma se establecerá por la Presidencia. En todo caso, deberán presentarse con separación de los períodos recaudatorios voluntario y ejecutivo, y por años, distinguiendo debidamente los conceptos y recursos gestionados. Asimismo, se elaborarán estados integrados que recojan la gestión recaudatoria global. En el primer trimestre de cada ejercicio, y en relación con la gestión recaudatoria del ejercicio anterior, la Diputación enviará a cada ente público delegante, para su conformidad, los estados demostrativos a los que se refiere el presente capítulo. Si en el plazo de quince días no se recibe reparo alguno sobre ellos, se considerarán conformes. Comisión Liquidadora A propuesta conjunta de la Intervención y la Tesorería y con objeto de realizar la comprobación material y técnica de los estados de situación de las operaciones recaudatorias llevadas a cabo por el Servicio de Recaudación y las Oficinas de Zona y cuya información debe integrarse en los estados de cuentas anuales de las entidades locales a los que se refieren los artículos 208 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L.2/2004, de 5 de marzo, el Presidente nombrará una Comisión de funcionarios adscritos a la Intervención y Tesorería-Recaudación, que efectúen los trabajos necesarios en orden a dicha comprobación. La Comisión liquidadora comprobará todas las operaciones de cargo y data, y la existencia en poder del cuentadante de los expedientes pendientes de cobro, a cuyo fin el cuentadante habrá procedido a confeccionar un listado de los mismos. Además realizará las comprobaciones que estime oportunas, entre ellas las siguientes: a) Examen de la tramitación figurada en los expedientes de apremio, haciendo constar en el informe las anomalías observadas. b) Verificación de los registros contables de la unidad, en especial la igualdad que debe existir cada día entre la suma del diario de cobranza, importe recaudado y el importe del justificante bancario de ingreso en cuenta restringida correspondiente. c) Examen detallado de los motivos de data, especialmente por prescripción o falta de datos esenciales. d) Examen crítico de todos aquellos aspectos de la gestión auditada que estime oportunos para mejor fundamentar su informe, el cual debe hacer referencia al desarrollo del servicio y, en caso de acumulación anormal de valores pendientes de cobro, a las causas que la producen y a las medidas a adoptar por los órganos de la Diputación. e) Cuando proceda, se realizará una auditoría informática de la información existente en el Servicio de Recaudación. La comisión liquidadora, si así es su criterio, propondrá la aprobación de los estados auditados, pudiendo hacer mención en la propuesta de las incidencias producidas durante la comprobación. El Servicio de Recaudación y la Tesorería coordinarán el funcionamiento de la mencionada comisión. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 1.- En materia de tributos locales, será de aplicación la regulación del procedimiento sancionador prevista en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y, especialmente, la que establece el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario y, en su caso, el régimen previsto en las ordenanzas fiscales de cada tributo.2.- El procedimiento para la imposición de sanciones se iniciará mediante moción o propuesta motivada del funcionario competente o del titular de la unidad administrativa en que se tramite el expediente, o a través de actos o diligencias de la inspección de los tributos. Corresponderá al Jefe de Servicio designar al instructor del expediente.3.- En los procedimientos sancionadores que se inicien como consecuencia de un procedimiento de inspección, deberá entenderse que las referencias contenidas, tanto en la Ley General Tributaria, como en el Reglamento general del régimen sancionador tributario, al Inspector-Jefe, lo son al Jefe de Servicio de Inspección Tributaria, excepto en lo relativo a la aprobación de actos administrativos derivados del procedimiento, cuya competencia corresponderá, en todo caso, al Presidente de la Corporación. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 1.- Corresponderá al Pleno de la Diputación, sin perjuicio de las facultades de delegación en la Junta de Gobierno, la revisión de los actos dictados en materia tributaria en los siguientes supuestos: a) Declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo Consultivo, en los supuestos previstos en el artículo 217 de la Ley General Tributaria y normas de desarrollo. b) Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, en los casos y con las particularidades recogidas en el artículo 219 de la Ley General Tributaria y normas de desarrollo. c) Declaración de lesividad de actos anulables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 de la Ley General Tributaria y normas de desarrollo.2.- Corresponderá al Presidente la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos que se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del precitado texto legal y normas de desarrollo.3.- El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, ajustándose su tramitación a lo establecido en el artículo 221 de la Ley General Tributaria y normas de desarrollo. La competencia para resolver el expediente corresponde al Presidente de la Diputación. La tramitación y resolución de este recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Será competente para tramitar y resolver el recurso, el órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo impugnado.1.- La ejecución del acto recurrido en reposición quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado en los siguientes casos: a) Si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión. b) Si la impugnación afectase a una sanción, su ejecución quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa, en los términos previstos en al apartado 3 del artículo 212 de la Ley General Tributaria.2.- En el supuesto del apartado a), de no aportarse con el recurso la oportuna garantía, la solicitud de suspensión no surtirá efectos, procediéndose al archivo de la misma, teniéndola por no presentada a todos los efectos, y a su notificación al interesado. No obstante lo anterior, el interesado podrá solicitar nuevamente la suspensión del procedimiento recaudatorio aportando las garantías indicadas. Dicha suspensión también podrá concederse de forma automática siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados, surtiendo efectos desde la fecha de esta nueva solicitud.3.- Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía, se otorgará al interesado un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que la falta de atención a dicho requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud o el escrito; si aquéllos fueran subsanados, se entenderá que procede la suspensión automática con efectos desde la solicitud. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se acordará la denegación de la suspensión.4.- Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrase en período voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, para que dicho ingreso sea realizado. De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria.5.- Si en el momento de solicitarse la suspensión, la deuda se encontrara en período ejecutivo, la notificación del acuerdo de denegación implicará que deba iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación.6.- Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. En los supuestos en que solicitada la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado por error aritmético, material o de hecho, éste no se aprecie por la Administración, se acordará la denegación de la suspensión.7.- Será competente para resolver la suspensión, el órgano de la Entidad local que dictó el acto.8.- Todas las notificaciones derivadas de la tramitación de la suspensión del acto impugnado, corresponderán a la unidad encargada de tramitar el recurso.9.- La garantía a constituir por el recurrente para obtener la suspensión deberá ser alguna de las siguientes: a) Depósito de dinero efectivo o valores públicos. Cuando se trate de deuda pública anotada, se aportará el resguardo emitido por el Banco de España que garantiza su bloqueo a favor de la Diputación. b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. c) Fianza personal y solidaria de dos contribuyentes de la provincia de reconocida solvencia, sólo para débitos que no excedan de 1.500 euros. La Intervención provincial ejercerá sus funciones de control y fiscalización interna en relación con sus propios recursos y los de los entes delegantes, con la extensión y efectos previstos en la legislación vigente y los convenios y acuerdos en los que se formalice la citada delegación. La presente Ordenanza Fiscal General deroga la aprobada por el Pleno de fecha 26 de octubre de 2007, así como la modificación aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2008. Entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. De conformidad con lo establecido en el art.19.1 del Real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y en los arts.10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. No obstante, se podrá interponer cualquier otro que estimen procedente. __________ Transcorrido o prazo de exposición pública do acordo provisional adoptado pola Corporación Provincial da Deputación Provincial da Coruña, o día 25 de xuño de 2010, do Expediente de Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral, de conformidade co disposto no art.49 da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local e o art.17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, e non sendo presentado, dentro do mesmo, reclamación algunha, elévase a definitivo o dito acordo, polo que se produciu a aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal Xeral: “1º.- Aprobar a modificacion da ORDENANZA FISCAL XERAL: Modificacion dos artigos 8; 16.3; 23.2; 24.5; 35; 41; 42; 43; 45 (que se renumera como 44); 46 (que se renumera como 45); 47 (que se renumera como 46); 58 (que se renumera como 57); 60 (que se renumera como 58); 61 (que se renumera como 59); 62 (que se renumera como 60); 63 (que se renumera como 61); 64 (que se renumera como 62). Suprimense os artigos 44; 59 e 65 e renumeranse os artigos posteriores. Nova redaccion integra da Ordenanza Fiscal Xeral.2º.- Este acordo estara exposto ao publico no taboleiro de anuncios desta Deputacion, durante o prazo de 30 dias, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacions e suxestions que estimen oportunas; en todo caso os anuncios de exposicion ao publico publicaranse no Boletin Oficial da Provincia e nun diario dos de maior difusion da provincia, segundo estabelecen os artigos 49. b) da Lei 7/85 do 2 de abril e o art.17 do TRLRFL, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.3º.- Unha vez aprobada definitivamente, procederase a publicacion integra das modificacions da Ordenanza Fiscal Xeral.4º.- A Ordenanza Fiscal Xeral comezara a rexer: a) Se non se producen reclamacions contra ela, de conformidade co sinalado no art.17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletin Oficial da Provincia e entrara en vigor ao dia seguinte ao da sua publicacion. b) Se se producen reclamacions, unha vez que se resolvan estas, a Corporacion adoptara o acordo definitivo que proceda, aprobando a redaccion definitiva da ordenanza asi como a data a partir da cal rexera, tras a sua publicacion no Boletin Oficial da Provincia segundo o establecido no art.17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.” NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER XERAL 1.- A presente Ordenanza Fiscal Xeral, ditada ao abeiro do artigo 106.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 12 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e igualmente en desenvolvemento do apartado e) do artigo 7 e da Disposición adicional cuarta da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ten por obxecto establecer os principios básicos e normas comúns aos seguintes tributos: a) Tributos propios da Deputación Provincial da Coruña (en diante a Deputación). b) Tributos cuxa xestión delegaron as entidades locais da provincia, entenderase aplicable a ordenanza exclusivamente a aquelas funcións de xestión que sexan efectivamente delegadas polas devanditas entidades. Para estes efectos a presente ordenanza, a través das normas comúns que contén, complementa as ordenanzas particulares respectivas.2.- As normas contidas nesta ordenanza fiscal serán aplicables supletoriamente a outros ingresos de dereito público naqueles supostos concretos non establecidos especificamente na súa normativa reguladora e en canto a natureza xurídica de cada tipo de ingreso faga posible a dita aplicación. As normas da presente Ordenanza Fiscal Xeral consideraranse parte integrante das respectivas ordenanzas particulares, en todo o que non estea especialmente regulado nestas.1.- Esta ordenanza obrigará en todo o territorio da provincia da Coruña.2.- As normas contidas nesta ordenanza obrigarán desde a súa entrada en vigor ata a súa derrogación ou modificación, de acordo coa súa disposición final.1.- Os tributos propios da Deputación e aqueles cuxa xestión teña encomendada por delegación, rexeranse: a) Pola Constitución. b) Polos tratados ou convenios internacionais que conteñan cláusulas de natureza tributaria e, en particular, polos convenios para evitar a dobre imposición, nos termos establecidos no artigo 96 da Constitución. c) Polas normas que dite a Unión Europea e outros organismos internacionais ou supranacionais aos que se atribúa o exercicio de competencias en materia tributaria de conformidade co artigo 93 da Constitución. d) Pola Lei reguladora das bases do réxime local, polo Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, pola lexislación xeral tributaria e orzamentaria e polas demais leis que conteñan disposicións en materia tributaria. e) Polas disposicións regulamentarias ditadas en desenvolvemento das normas anteriores e, especificamente, pola presente Ordenanza Fiscal Xeral e polas restantes ordenanzas particulares da propia Deputación, ou dos concellos ou entidades locais no caso dos tributos cuxa xestión fose obxecto de delegación en favor desta. Todo iso de acordo co establecido nas normas citadas nos apartados anteriores. f) Polas instrucións e circulares que poida ditar a Presidencia da Deputación para a aplicación desta ordenanza xeral ou das ordenanzas particulares correspondentes.2.- Terán carácter supletorio as disposicións xerais do dereito administrativo e os preceptos do dereito común. DO DESENVOLVEMENTO E ADAPTACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E A SÚA APLICACIÓN De conformidade co disposto nos artigos 131 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, os tributos provinciais son: 1.- Taxas 2.- Contribucións especiais 3.- Recargas esixibles sobre os impostos doutras entidades locais Poderán ser obxecto de delegación na Deputación os tributos e demais ingresos de dereito público que sinalen as bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia, aprobadas polo Pleno da Deputación, coas condicións e o alcance que nelas se recollen. A concorrencia de varios obrigados tributarios nun mesmo orzamento dunha obrigación, determinará que queden solidariamente obrigados fronte á administración tributaria provincial, ao cumprimento de todas as prestacións, salvo que por lei se dispoña expresamente outra cousa. Cando a Deputación só coñeza a identidade dun titular, practicará e notificará as liquidacións tributarias ao seu nome, o cal estará obrigado a satisfacelas se non solicita a súa división. Para ese efecto, para que proceda a división, será indispensable que o solicitante facilite os datos persoais e o domicilio dos restantes obrigados ao pagamento, así como a proporción en que cada un deles participe no dominio ou dereito transmitido, mediante comunicación expresa para o efecto, á que deberán acompañarse os medios documentais xustificativos da procedencia da división. Salvo que a normativa reguladora de cada tributo estableza outra cousa, cando se trate de tributos periódicos xestionados mediante padrón ou matrícula, para que a solicitude de división produza efectos, deberá presentarse no prazo establecido para a presentación das preceptivas declaracións de alta ou modificación. Se non se trata de supostos de alta no correspondente padrón ou matrícula, a petición de división producirá efectos a partir do seguinte período impositivo a aquel no que se presentou a solicitude. Nos tributos de natureza instantánea, a solicitude de división, para que produza efectos fronte á administración provincial, deberá presentarse antes da finalización do prazo para declarar a realización do feito impoñible ou, no seu caso, para presentar en prazo a correspondente autoliquidación. Nos restantes casos, a solicitude de división deberá presentarse nos prazos de presentación da correspondente declaración tributaria. O domicilio fiscal será único para cada contribuínte, nas súas relacións con esta administración. Os obrigados tributarios deberán comunicar o seu domicilio fiscal e o seu cambio á administración tributaria provincial, mediante declaración expresa para ese efecto, sen que o cambio de domicilio produza efecto fronte á administración, ata que se cumpra co devandito deber de comunicación. A administración poderá comprobar e rectificar o domicilio fiscal declarado polos obrigados tributarios. Os obrigados tributarios non residentes en España, para canto se refire ás súas relacións coa administración tributaria provincial, estarán obrigados a designar un representante con domicilio en territorio español.1.- Salvo que por disposición legal expresa se sinale o contrario, a concesión dos beneficios fiscais ten carácter rogado, polo cal o obrigado tributario terá que solicitala. Nos casos en que o beneficio fiscal teña que concederse a instancia de parte, salvo que expresamente se sinale o contrario na correspondente ordenanza fiscal, a solicitude deberá presentarse: a) Cando se trate de tributos periódicos xestionados mediante padrón ou matrícula, no prazo establecido na respectiva ordenanza para a presentación das preceptivas declaracións de alta ou modificación. Se non se trata de supostos de alta no correspondente padrón ou matrícula o recoñecemento do dereito ao beneficio fiscal producirá efectos a partir do seguinte período a aquel en que se presentou a solicitude. b) Cando se trate de tributos nos que estea establecido o réxime de autoliquidación, no prazo de presentación da correspondente autoliquidación. c) Nos restantes casos, nos prazos de presentación da correspondente declaración tributaria ou ao tempo da presentación da solicitude do permiso ou autorización que determine o nacemento da obrigación tributaria, segundo proceda.2.- Con carácter xeral, a solicitude dos beneficios fiscais non terá carácter retroactivo, polo que comezará a ter efectos desde o momento en que por primeira vez teña lugar o pagamento do tributo con posterioridade á data de solicitude do beneficio fiscal.3.- A proba da concorrencia dos requisitos establecidos pola normativa de cada tributo para o goce dos beneficios fiscais corresponde ao obrigado tributario.4.- A resolución de concesión ou denegación dos beneficios fiscais de carácter rogado notificarase no prazo de seis meses desde a data en que a solicitude teña entrada no rexistro da Deputación. Se non se notifica a resolución no devandito prazo, a solicitude formulada entenderase desestimada.5.- Cando se trate de beneficios fiscais que han de outorgarse de oficio, aplicaranse no momento de practicar a liquidación, sempre que o servizo xestor dispoña da información acreditativa dos requisitos esixidos para o seu goce. A APLICACIÓN DOS TRIBUTOS Información e asistencia ao contribuínte 1.- As consultas tributarias formularanse por escrito, dirixido ao Ilmo. Sr. Presidente da Deputación, polos suxeitos e nos prazos sinalados na Lei xeral tributaria, facéndose constar, en todo caso: a) Nome e apelidos ou razón social, número de identificación fiscal e domicilio do interesado. No caso de que se actúe por medio de representante, farase constar esta circunstancia e incluirase igualmente, a súa identificación completa. b) Antecedentes e circunstancias do caso, identificando, claramente, o obxecto da consulta. c) Os demais datos, elementos e documentos que poidan contribuír á formación do xuízo por parte da administración tributaria provincial. d) Lugar, data e sinatura do escrito.2.- A tramitación das consultas tributarias corresponderalle á unidade que teña asumidas as funcións de información e asistencia ao obrigado tributario. Competencias en materia de aplicación dos tributos Son competencias do Pleno da Deputación en materia de aplicación dos tributos, as seguintes: 1.-Aprobar as bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos e demais entidades públicas da provincia.2.-Aceptar as delegacións de competencias tributarias feitas por outras entidades públicas.3.-Aprobación de convenios ou acordos, con outras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación dos tributos.4.-Aprobación de ordenanzas fiscais e as reguladoras doutros ingresos de dereito público.5.-As demais que lle atribúan as leis, a presente ordenanza xeral e o resto das ordenanzas reguladoras. Son competencias do presidente da Deputación en materia de aplicación dos tributos, as seguintes: 1.-Ditar instrucións e circulares de aplicación das ordenanzas aprobadas polo Pleno provincial.2.-Contestar as consultas tributarias que se formulen á administración tributaria provincial.3.-Aprobar os modelos de autoliquidacións dos tributos e demais ingresos de dereito público.4.-Dispor a non liquidación ou, no seu caso, a anulación e baixa en contabilidade de todas aquelas liquidacións das que resulten débedas inferiores á contía que se fixe como insuficiente para a cobertura do custo que a súa exacción e recadación representen. A XESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL Disposicións xerais Correspóndenlle ao tesoureiro as seguintes competencias: 1.- A superior dirección dos servizos tributarios da Deputación.2.- A coordinación dos servizos provinciais de Xestión, Inspección e Recadación na aplicación dos tributos. O vicetesoureiro exercerá as competencias que expresamente lle asigne ou delegue o tesoureiro, ademais de substituír a este nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.1.- A Deputación desenvolve a xestión dos tributos propios e demais ingresos de dereito público e daqueles tributos e, así mesmo, outros ingresos de dereito público, cuxa xestión sexa delegada por parte das entidades locais da provincia naquelas competencias ou atribucións que no correspondente convenio ou acordo sexan obxecto de delegación.2.- A xestión tributaria consiste no exercicio das funcións administrativas sinaladas no artigo 117 da Lei xeral tributaria.1.- A xestión de tributos e demais ingresos de dereito público será dirixida, baixo a superior competencia do Pleno corporativo, polo presidente da Deputación, ao cal lle corresponde ditar os actos administrativos no exercicio das facultades de xestión contidas neste título, salvo naqueles casos que polas normas de carácter xeral ou ordenanzas reguladoras se lle atribúa a competencia a outro órgano.2.- As actuacións derivadas do exercicio das funcións de xestión tributaria da Deputación levaraas a cabo o Servizo de Xestión Tributaria, baixo a superior dirección do tesoureiro, salvo que se encomenden a unha unidade distinta.3.- Son competencia do presidente da Deputación en materia de xestión tributaria, as seguintes materias: 1.- Dirixir, inspeccionar e impulsar o Servizo de Xestión Tributaria.2.- Aprobar os padróns ou matrículas dos tributos e demais ingresos de cobranza periódica - contraído previo, ingreso por recibo -. 3.- Aprobar as liquidacións relativas a tributos e demais ingresos de dereito público de cobranza non periódica - contraído previo, ingreso directo -. 4.- Concesión de beneficios fiscais, previstos expresamente nas normas de xeral aplicación.5.- Modificar a forma de exacción das liquidacións tributarias ou de prezos públicos, a condición de que a nova forma de exacción figure dentro das dispostas na ordenanza reguladora do tributo ou prezo público.6.- Por proposta motivada da Tesourería, despois do informe da Intervención, dispor a non liquidación ou, no seu caso, a anulación e baixa en contabilidade de todas aquelas liquidacións das que resulten débedas inferiores á contía que fixe como insuficiente para a cobertura do custo que a súa exacción e recadación representan.7.- Os demais que lle atribúan as leis, a presente ordenanza xeral e o resto das ordenanzas reguladoras.8.- Todas as que, non recollidas neste artigo, se sinalen na Lei xeral tributaria e no Regulamento xeral de actuacións e procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns aos procedementos de aplicación dos tributos, nas súas normas de desenvolvemento e nas demais disposicións aplicables sobre a materia, como competencia do xefe de departamento de xestión tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou do órgano ao que se lle adscriban no futuro, e non estean atribuídas a outro órgano na presente Ordenanza Fiscal Xeral.4.- Son competencias do tesoureiro da Deputación en materia de xestión tributaria, as seguintes: a) Dirixir a xestión dos tributos e ditar as instrucións que sexan necesarias para o desenvolvemento das normas xerais aprobadas polo presidente. b) Propor ao presidente a aprobación de normas xerais de organización e procedemento necesarias para o funcionamento do Servizo de Xestión Tributaria, logo do informe da Intervención provincial.5.- O vicetesoureiro, en materia de xestión tributaria, exercerá as competencias que expresamente lle asigne ou delegue o tesoureiro, ademais de substituír a este nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Normas especiais de xestión relativas a tributos municipais en que esta se delegue na Deputación 1.- O alcance da delegación na xestión das entidades da provincia en favor da Deputación, respecto dos tributos e demais ingresos de dereito público establecidos no artigo 6 da presente ordenanza, virá delimitado polos correspondentes convenios ou acordos a través dos cales se formalice a dita delegación, sen prexuízo do disposto na presente ordenanza e nas instrucións e circulares que poida ditar en aplicación dela, o presidente da Deputación.1.- O padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica formarase polo Servizo de Xestión Tributaria da Deputación, con base no padrón do ano anterior, incorporando as altas, transferencias, cambios de domicilio, baixas e calquera outra alteración con transcendencia tributaria.2.- Para os efectos de determinar as tarifas a que se refire o artigo 95 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, considerarase potencia fiscal do vehículo a resultante de aplicar as fórmulas recollidas no anexo V do Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de vehículos.3.- Para obter a débeda tributaria que constará no padrón, sobre as tarifas citadas no punto anterior aplicarase o coeficiente de incremento aprobado na ordenanza fiscal do concello correspondente.4.- As exencións a que se refiren as letras e) e g) do artigo 93.1 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais deberanas solicitar os interesados, indicando as características do vehículo, a causa do beneficio e acompañando os documentos acreditativos do seu dereito. O procedemento que se seguirá para a súa concesión será aprobado polo presidente da Deputación.5.- O modelo oficial de autoliquidación que utilizarán os obrigados tributarios para formalizar o alta no imposto será o aprobado para o efecto por resolución da Presidencia.6.- O concepto das diversas clases de vehículos e as regras para a aplicación das tarifas a que se refire o artigo 95 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, determinarase conforme ao establecido no Regulamento xeral de vehículos, nas normas tributarias e nas regras que a seguir se establecen: 1ª) As furgonetas, os furgóns e os vehículos mixtos adaptables tributarán como turismo, de acordo coa súa potencia fiscal, salvo nos seguintes casos: a) Se o vehículo estivese habilitado para o transporte de máis de nove persoas, incluído o condutor, tributará como autobús. b) Se o vehículo estivese autorizado para transportar máis de 525 quilogramos de carga útil tributará como camión.2ª) Os motocarros terán a consideración, para os efectos deste imposto, de motocicletas e, por tanto, tributarán pola capacidade da súa cilindrada.3ª) No caso dos vehículos articulados tributarán simultaneamente e por separado o que leve a potencia de arrastre e os remolques ou semirremolques arrastrados.4ª) Os cuatriciclos tributarán como turismos, de acordo coa súa potencia fiscal, agás que a cilindrada do seu motor sexa inferior ou igual a 50 cm3 no caso de motores de explosión, ou que a súa potencia máxima neta sexa inferior ou igual a 4 kw para os demais tipos de motores, nese caso consideraranse, para os efectos deste imposto, como ciclomotores.5ª) As máquinas autopropulsadas que poidan circular polas vías públicas sen ser transportadas ou arrastradas por outros vehículos de tracción mecánica, tributarán polas tarifas correspondentes aos tractores.6ª) A carga útil dos vehículos tipificados como camión para os efectos da súa tributación no imposto virá determinada pola diferenza en quilogramos entre a masa máxima autorizada (M. M. A.) e a tara do vehículo, tomando estas magnitudes dos datos reflectidos na tarxeta de inspección técnica do vehículo.7.- O efecto da concesión dos beneficios fiscais de carácter rogado, no suposto de vehículos xa matriculados, comeza a partir do exercicio seguinte á data da solicitude e non pode ter carácter retroactivo. Unha vez outorgado, o beneficio fiscal aplicarase nas sucesivas liquidacións en tanto non se alteren as circunstancias de feito ou de dereito que determinaron o seu outorgamento.8.- A bonificación por antigüidade do vehículo, que no seu caso poida establecer o concello, considerarase en todo caso como beneficio fiscal de carácter rogado, salvo que expresamente se sinale o contrario na correspondente ordenanza fiscal.9.- Rateo de cotas: cando a Deputación teña coñecemento, antes da aprobación do correspondente padrón, de que se produciu a baixa (definitiva ou temporal por roubo ou subtracción) dun vehículo, liquidarase a cota que corresponda segundo o rateo por trimestres que determine a normativa reguladora do imposto, incorporándose así ao padrón dese exercicio. Cando a baixa se comunique á Deputación con posterioridade da aprobación do padrón e o recibo correspondente estea aínda en período voluntario de ingreso, o contribuínte poderá optar por aboar o recibo e solicitar a devolución do importe ingresado en exceso ou ben solicitar a anulación do recibo e a emisión dunha liquidación polos trimestres que lle corresponda ingresar. Cando a baixa se comunique unha vez que o recibo estea xa en período executivo, o contribuínte deberá aboar o importe da débeda e solicitar a devolución do importe ingresado en exceso; o dereito de devolución non incluirá, neste caso, a recarga que se percibiu legalmente. O imposto esixirase en réxime de declaración ou de autoliquidación, de acordo co que establezan os concellos delegantes nas súas respectivas ordenanzas fiscais, aínda que, para facilitarlles aos contribuíntes o cumprimento das súas obrigacións tributarias, poderase utilizar, con carácter potestativo, o sistema de autoliquidación aínda nos casos nos que o concello titular do tributo non o contemple na súa ordenanza fiscal. Rateo de cotas: cando a Deputación teña coñecemento, antes da aprobación do correspondente padrón, de que se produciu a baixa dunha actividade, liquidarase a cota que corresponda segundo o rateo por trimestres que determine a normativa reguladora do imposto, incorporándose así ao padrón dese exercicio. Cando a baixa se lle comunique á Deputación con posterioridade á aprobación do padrón e o recibo correspondente estea aínda en período voluntario de ingreso, o contribuínte poderá optar por aboar o recibo e solicitar a devolución do importe ingresado en exceso ou ben solicitar a anulación do recibo e a emisión dunha liquidación polos trimestres que lle corresponda ingresar. Cando a baixa se comunique unha vez que o recibo estea xa en período executivo, o contribuínte deberá aboar o importe da débeda e solicitar a devolución do importe ingresado en exceso; o dereito de devolución non incluirá, neste caso, a recarga que se percibiu legalmente.1.- Os padróns fiscais anuais do imposto sobre bens inmobles, imposto sobre actividades económicas e imposto sobre vehículos de tracción mecánica elaborados polo Servizo de Xestión Tributaria, serán aprobados polo presidente da Deputación.2.- Os padróns aprobados poranse ao dispor dos concellos.3.- Os padróns serán obxecto de fiscalización pola Intervención da Deputación. O procedemento de fiscalización que se seguirá axustarase ao establecido na normativa aplicable e nas Bases de Execución do Orzamento para cada exercicio. A aprobación das liquidacións de ingreso directo compételle ao presidente da Deputación, a proposta dos Servizos de Xestión Tributaria ou Inspección Tributaria coa fiscalización da Intervención de acordo cos procedementos establecidos na normativa aplicable e nas Bases de Execución do Orzamento. A INSPECCIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL 1.- As funcións e facultades do Servizo de Inspección Tributaria da Deputación, serán as previstas na Lei xeral tributaria e nas súas disposicións de desenvolvemento.2.- Tales funcións irán dirixidas á comprobación e investigación dos obrigados tributarios, polos ingresos públicos locais e, en particular, polo imposto sobre actividades económicas, co fin de verificar o adecuado cumprimento das súas obrigacións tributarias, procederase, no seu caso, á regularización correspondente mediante a práctica dunha ou varias liquidacións. As funcións de comprobación da inspección tributaria poderán ser ampliadas a calquera outros tributos ou ingresos de dereito público xestionados pola Deputación, mediante resolución do seu presidente.3.- Nas súas funcións de valoración, a inspección tributaria poderá solicitar a colaboración de funcionarios técnicos ao servizo da Deputación, que comprobarán e informarán sobre aquelas materias propias do título que teñan.4.- O exercicio das funcións propias da Inspección tributaria adecuarase aos correspondentes plans de actuacións inspectoras, elaborados polo Servizo, autorizados polo presidente da Corporación e coordinados, no seu caso, con outras actuacións de colaboración executadas pola administración estatal.1.- As actuacións derivadas do exercicio das funcións de Inspección tributaria da Deputación levaraas a cabo o Servizo de Inspección Tributaria, baixo a superior dirección do tesoureiro, salvo que se encomenden a unha unidade distinta.2.- No entanto, actuacións simplemente preparatorias ou de comprobación ou proba de feitos ou circunstancias con transcendencia tributaria, poderán encomendarse a outros empregados públicos que non teñan a condición de funcionarios.3.- As actuacións inspectoras realizaranas os funcionarios do Servizo de Inspección Tributaria da Deputación, respecto dos entes delegantes, en todo o ámbito territorial da provincia.4.- Os funcionarios que desempeñen funcións de inspección serán considerados axentes da autoridade e deberán acreditar a súa condición, se son requiridos para iso, fóra das oficinas públicas, para o que disporán dun carné de identidade. As autoridades públicas prestarán a protección e o auxilio necesario aos funcionarios para o exercicio das funcións de inspección.5.- Debe entenderse que todas as referencias contidas, tanto na Lei xeral tributaria como nas súas disposicións de desenvolvemento, ao inspector-xefe, tamén o son ao xefe de Servizo de Inspección Tributaria da Deputación e, en calquera caso, ao tesoureiro, excepto no relativo á aprobación de actos administrativos derivados das actuacións e do procedemento, cuxa competencia corresponderá, en todo caso, ao presidente da Corporación. Son competencias do presidente, en materia de Inspección tributaria, as seguintes: a) Aprobar os carnés de identidade do persoal inspector. b) A autorización dos plans da Inspección. c) A solicitude á autoridade xudicial para entrar no domicilio dos obrigados tributarios. d) A autorización, no seu caso, para a entrada nos lugares a que se refire o artigo 142.2 da Lei xeral tributaria. e) A ratificación das medidas cautelares adoptadas no procedemento inspector. f) A autorización para a sinatura de actas con acordo. g) Calquera outros actos en materia de Inspección que a normativa vixente lle atribúa ao órgano competente para liquidar. Son competencias do tesoureiro en materia de inspección dos tributos: a) A superior dirección da inspección dos tributos, así como ditar as instrucións que sexan necesarias para o desenvolvemento das normas xerais aprobadas polo presidente. b) Propor ao presidente a aprobación de normas xerais de organización e procedemento necesarias para o funcionamento do Servizo de Inspección Tributaria, logo do informe da Intervención provincial. O vicetesoureiro, en materia de inspección tributaria, exercerá as competencias que expresamente lle asigne ou delegue o tesoureiro, ademais de substituír a este nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. A RECADACIÓN Disposicións xerais A xestión recadatoria da Deputación consiste no exercicio das funcións administrativas conducentes á cobranza das débedas tributarias e demais de dereito público da propia Deputación ou doutros entes públicos da provincia, tras a delegación das competencias respectivas, e sinatura a do correspondente convenio, no seu caso.1.- A xestión recadatoria da Deputación terá por obxecto a cobranza dos seguintes recursos: a) Tributos e outros ingresos de dereito público dos que sexa titular a Deputación. b) Ingresos por recargas e intereses que procedan sobre os conceptos enumerados anteriormente. c) Tributos e outros ingresos de dereito público correspondentes a concellos e outros entes públicos que establezan un convenio ou deleguen a función de recadación destes na Deputación, logo da adopción do correspondente acordo e, se proceder, a sinatura de convenio.2.- A xestión recadatoria, e os medios para levala a cabo, non poderá aplicarse para a obtención daqueles froitos, rendas, produtos dos bens aos que lles sexan de aplicación as regras do dereito privado.1.- A xestión recadatoria da Deputación levaraa a cabo o Servizo de Recadación.2.- A Deputación poderá asumir a xestión recadatoria dos ingresos de dereito público doutras administracións públicas, logo da adopción do correspondente acordo e, se proceder, a sinatura do convenio.3.- Igualmente, a Deputación, poderá adoptar un acordo para que a súa xestión recadatoria a realicen outras administracións públicas, subscribindo, se for preciso, o correspondente convenio.4.- Os convenios ou acordos aos que se refiren os apartados 2 e 3, serán publicados no Boletín Oficial da Provincia, unha vez subscritos polas entidades públicas correspondentes. A competencia do Servizo de Recadación e dos seus órganos e unidades administrativas esténdese a todo o ámbito territorial de competencia da Deputación, con independencia da adscrición, para os exclusivos efectos de organización interna do Servizo, de cada municipio da provincia a unha Zona de Recadación. Órganos de Recadación e as súas competencias A xestión recadatoria estará dirixida, baixo a superior competencia do Pleno da Corporación, polo presidente da Deputación. As competencias destes órganos serán as que se establecen neste capítulo.1.- Son órganos de recadación da Deputación: 1) O tesoureiro 2) O vicetesoureiro 3) O xefe de Servizo de Recadación 4) Os recadadores de Zona As súas competencias respectivas serán as fixadas na presente ordenanza.2.- Son colaboradoras na recadación da Deputación, sen desempeñar en ningún caso o carácter de órganos de recadación, as entidades de depósito que estean debidamente autorizadas para exercer a dita colaboración. Correspóndelle ao Pleno da Corporación, en materia de recadación, as seguintes competencias: a) Presentar tercerías de mellor dereito, cando nos rexistros públicos existan anotacións de embargo ou consten dereitos inscritos por terceiros, con anterioridade á anotación solicitada polo Servizo de Recadación sobre os mesmos bens. b) Adoptar acordos ou convenios en procedementos concursais. c) As demais competencias que na Lei xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación, nas súas normas de desenvolvemento e demais disposicións aplicables sobre a materia, sinálense como de órganos estatais superiores en rango á Dirección do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e ao director xeral do Tesouro e Política Financeira do Ministerio de Economía e Facenda, ou órganos aos que se adscriban nun futuro as súas competencias. d) As que expresamente lle confiran as leis. Correspóndenlle ao presidente da Deputación as seguintes competencias: a) Aprobar os documentos de constitución de fianzas dos recadadores e do persoal de recadación, e resolver os expedientes de substitución, ampliación ou diminución de tales garantías. b) Restablecer o imperio da lei nos procedementos de prema, decretando a nulidade das actuacións posteriores ao momento en que se cometeu a infracción. c) Ditar actos ou resolucións de xestión recadatoria cando estes non estean atribuídos expresamente a outro órgano. d) Establecer e modificar os períodos de ingreso das débedas de acordo co que se determine respecto diso na lexislación vixente. e) Establecer contías mínimas para liquidar ou esixir os intereses legais ou de demora e as recargas do período executivo e para recadar débedas polo procedemento administrativo de prema. f) Ditar os actos administrativos de declaración de responsabilidade no pago de débedas. g) Presentar tercerías de mellor dereito, en situacións de urxencia, cando nos rexistros públicos existan anotacións de embargo ou consten dereitos inscritos por terceiros, con anterioridade á anotación solicitada polo Servizo de Recadación sobre os mesmos bens, dando conta ao Pleno na primeira sesión que celebre. h) Aceptar ou acordar a constitución de hipoteca especial. i) Outorgar a autorización como entidades colaboradoras ás entidades de depósito. j) Resolver as solicitudes de fraccionamento e aprazamento, e eximir, excepcionalmente, a constitución de garantías. k) Declarar a prescrición de débedas. l) Acordar a compensación de débedas. m) Acordar a declaración de insolvencias e de créditos incobrables, así como a súa rehabilitación. n) Formular conflitos de xurisdición. o) Declarar a responsabilidade solidaria do depositario de bens embargados. p) Autorizar a venda de bens por concurso. q) Outorgar escrituras de venda de inmobles que resulten alleados como consecuencia do procedemento de prema, e resolver as tercerías en reclamacións en vía administrativa. r) Resolver as reclamacións de queixa contra defectos de tramitación dos órganos e axentes no exercicio da función recadatoria, tales como incumprimentos, atrasos e outras anomalías. s) Aprobar a adxudicación de bens á Deputación, cando cumpra. t) Acordar, por proposta do tesoureiro, que se encarguen da execución material das poxas empresas ou profesionais especializados. u) Aprobar as normas xerais de organización e funcionamento do Servizo de Recadación e a distribución territorial das zonas de recadación. v) Determinar, por proposta da Tesourería, o contido e periodicidade dos Estados e Contas que renderán os recadadores provinciais pola súa xestión dos recursos propios e doutros entes públicos, logo do informe preceptivo da Intervención provincial. w) Incoar, tramitar e resolver os expedientes de responsabilidade contable nos supostos expresados nos artigos 15.4 e 177 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria e levar a cabo cantas actuacións requiran a súa instrución. x) Incoar, tramitar e resolver os expedientes disciplinarios do persoal recadador. y) Por proposta motivada da Tesourería, despois do informe da Intervención, establecer límites nas débedas constrinxibles e límites mínimos por expediente para a realización de cada unha das actuacións de embargo. z) Todas as que, non estean recollidas neste apartado, sinaladas na Lei xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación, nas súas normas de desenvolvemento e nas demais disposicións aplicables sobre a materia, ditadas polo director do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e polo director xeral do Tesouro e Política Financeira do Ministerio de Economía e Facenda ou polos órganos aos que se adscriban nun futuro as súas competencias. Correspóndenlle ao tesoureiro as seguintes competencias: a) Dirixir a xestión recadatoria e ditar as instrucións que sexan necesarias en desenvolvemento das normas xerais aprobadas polo presidente. b) Proporlle ao presidente a aprobación de normas xerais de organización e procedemento necesarias para o funcionamento do Servizo de Recadación, logo do informe da Intervención provincial. c) Elaborar e autorizar os edictos anunciando os períodos de cobranza. d) Ditar o providencia de constrinximento e resolver os recursos e reclamacións que se presenten contra o devandito acto. e) Solicitar ao presidente a imposición de sancións por incumprimento das peticións de información para o embargo de bens. f) Ordenar o alleamento de títulos valores, públicos ou privados, e dos xéneros embargados. g) Nomear ao depositario dos bens embargados con funcións de administrador. h) Designar o lugar de depósito dos bens embargados. i) Autorizar o alleamento mediante poxa dos bens embargados. j) Presidir a mesa das poxas. k) Propor ao presidente que encargue a execución material das poxas a empresas privadas ou a profesionais especializados. l) Autorizar os pregos de cargo ás unidades administrativas encargadas da súa xestión. m) Ditar a providencia para a adxudicación directa dos bens ou dereitos embargados. n) Ordenar as visitas de inspección das zonas de recadación e sinalar as directrices de actuación nelas, a iniciativa propia ou a proposta da Intervención provincial. o) Informar os expedientes motivados por denuncias, queixas ou reclamacións presentadas polos interesados contra o persoal do Servizo de Recadación, propondo a adopción das medidas sancionadoras ou correctoras que correspondan. p) Instruír as dilixencias preceptivas nos expedientes de alcance que se poidan producir na xestión das unidades administrativas de Recadación. q) Formular as propostas de resolución nos expedientes de xestión recadatoria que teñan que ser resoltos polo presidente. r) Acordar a execución de garantías cando sexa necesario para a súa realización ou alleamento. s) A proposta dos recadadores, e logo do informe do xefe do Servizo de Recadación, aprobar os itinerarios de cobranza en período voluntario. t) Regular e vixiar a actuación das entidades de depósito colaboradoras da recadación. u) Todas as que, non indicadas neste apartado, se sinalen no Regulamento xeral de recadación, nas súas normas de desenvolvemento e nas demais disposicións aplicables sobre a materia, como do xefe da Dependencia de Recadación ou do órgano ao que se lle adscriban nun futuro as súas competencias, e non se atribúan nesta ordenanza a outros órganos. O vicetesoureiro exercerá as competencias que expresamente lle asigne ou delegue o tesoureiro, ademais de substituír a este nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Correspóndenlle ao xefe de Servizo as seguintes competencias: a) Realizar as funcións que o tesoureiro ou vicetesoureiro lle encomenden. b) Establecer e manter relacións de funcionamento con órganos interesados, colaboradores, relacionados ou participantes na xestión recadatoria, especialmente os da propia Deputación. c) Desenvolver as relacións cos entes públicos que encomenden a xestión recadatoria na Deputación. d) Colaborar co tesoureiro e o vicetesoureiro na dirección do Servizo, e asesorar, impulsar, controlar e coordinar a xestión deste, especialmente das súas Zonas de Recadación. e) Comprobar que as débedas son ingresadas nos prazos regulamentariamente establecidos e esixir o cumprimento dos preceptos que regulan a dita xestión. f) Efectuar o control e seguimento das entidades colaboradoras e das contas restrinxidas de recadación abertas nelas. g) Dirixir, impulsar e coordinar aqueles procedementos que, pola especialidade do suxeito debedor ou pola clase de tramitación, lle encomende o tesoureiro para a súa xestión. h) Vixiar a correcta aplicación das normas sobre liquidación de xuros de mora por falta de pago das débedas en período voluntario. i) Velar polo cumprimento das normas en materia de rendición dos estados demostrativos da xestión recadatoria. j) Remitir á Intervención os resumos e documentos contables resultantes da xestión recadatoria, para a súa fiscalización e contabilización. k) Presentar o informe ou a memoria anual sobre o desenvolvemento da xestión recadatoria. l) Levar o rexistro xeral de insolvencias. m) Terá, ademais, as mesmas competencias que o recadadores respecto das débedas cuxa xestión recadatoria directa lle encomende o tesoureiro. Os recadadores exercerán as seguintes competencias, referidas á Zona Recadatoria e aos expedientes que teñen asignados: a) Ditar as medidas cautelares precisas para evitar actuacións do debedor que impidan o pago. b) Expedir os mandamentos de anotación preventiva de embargo de bens nos rexistros públicos. c) Solicitar e recibir información de xulgados e tribunais sobre datos de recadación de procedementos concursais de execución, así como sobre procedementos que poidan afectar a dereitos da Facenda Pública local. d) Como responsables da caixa de efectivo ao seu cargo, admitir, custodiar e controlar os ingresos para os que estean autorizados. e) Acordar a acumulación e separación de débedas nos expedientes executivos. f) Propor a execución de garantías e proceder ao embargo preventivo, se aquelas foran insuficientes. g) Solicitar información sobre os bens que se van embargar. h) Practicar a dilixencia de embargo. i) Proceder ao precintado e aqueloutras medidas necesarias para evitar a substitución ou levantamento de bens embargados. j) A valoración dos bens embargados, solicitando a colaboración necesaria, se for preciso, dos servizos técnicos da Deputación, así como solicitarlle ao xefe do servizo a realización de peritacións por expertos externos, cando as circunstancias o aconsellen. k) Requirir os títulos de propiedade aos rexistros públicos. l) Elevar á Tesourería a proposta de alleamento de bens embargados. m) Realizar as xestións conducentes á adxudicación directa de bens embargados. n) Levantar o embargo de bens non alleados, unha vez cuberta a débeda. o) Formar parte da mesa das poxas. p) Anotar no Rexistro Mercantil, a declaración de créditos incobrables correspondentes a persoas físicas ou xurídicas inscritas neste. q) Expedir certificacións acreditativas de pago. r) Render os estados demostrativos correspondentes á súa xestión, conforme as instrucións recibidas. s) Propor os itinerarios informativos en período voluntario. t) Todas as que, non indicadas neste apartado, se sinalan na Lei xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación, nas súas normas de desenvolvemento e demais disposicións aplicables sobre a materia, como dos servizos e demais unidades de Recadación e das Administracións da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ou órganos aos que se adscriban nun futuro as súas competencias, excepto as que se atribúen nesta ordenanza a outros órganos. Especificacións sobre o pago 1. A xestión recadatoria realizarase en dous períodos: voluntario e executivo.2. En período voluntario, polo pago ou cumprimento do obrigado tributario nos prazos sinalados no artigo 41 desta ordenanza.3. En período executivo, polo pago ou cumprimento espontáneo do obrigado tributario ou, na súa falta, polo procedemento administrativo de prema.1.- O pago das débedas tributarias deberá efectuarse nos prazos establecidos no artigo 62 da Lei xeral tributaria. Para as débedas que se recaden mediante padrón ou matrícula, os períodos voluntarios de cobranza serán os que con carácter xeral estableza a Presidencia da Deputación por proposta da Tesourería.3.- As débedas non tributarias deberán pagarse nos prazos que determinen as súas normas específicas. Na súa falta, aplicarase o disposto nos apartados anteriores.4.- As suspensións automáticas ou acordadas polo órgano administrativo ou xudicial competente en relación con débedas en período voluntario, suspenderán os prazos fixados neste artigo. A resolución administrativa adoptada notificarase ao recorrente con expresión do prazo no que debe satisfacer a débeda. Non obstante o indicado nos parágrafos anteriores, cando a execución do acto estivese suspendida, unha vez concluída a vía administrativa os órganos de recadación non iniciarán ou, no seu caso, non proseguirán as actuacións do procedemento de prema mentres non conclúa o prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo, sempre que a vixencia e eficacia da caución inicialmente producida se manteña ata entón. Se durante ese prazo o interesado lle comunicase ao devandito órgano a interposición do recurso, con petición de suspensión e ofrecemento de caución para garantir o pago da débeda, manterase a paralización do procedemento en tanto conserve a súa vixencia e eficacia a garantía producida en vía administrativa. O procedemento proseguirá ou se suspenderá a resultas da decisión que adopte o órgano xudicial na peza de suspensión.5.- Na regulación específica de cada prezo público poderase establecer a necesidade de constituír depósito previo do importe, de acordo co que establece o artigo 46.1 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.6.- Con independencia do sinalado no parágrafo anteriores, os documentos de ingreso poderán incluír unha ou varias datas de caducidade destes, segundo conteñan un ou dous importes a ingresar diferentes. Ata a devandita data ou datas, as entidades colaboradoras aceptarán o ingreso que se realice polo importe que se indique para cada suposto no propio documento. A citada data de caducidade será absoluta, de maneira que se coincidise cun día inhábil, non se trasladará ao día hábil inmediato posterior. O ingreso realizado dentro do correspondente prazo de caducidade terá efectos liberatorios plenos respecto da débeda ou débedas incluídas no documento, aínda que teña lugar despois do prazo de ingreso que legal ou regulamentariamente corresponda con carácter xeral. As datas de caducidade dos documentos de ingreso non producirán efectos en relación cos prazos de interposición de recursos e reclamacións, de solicitude de aprazamento ou fraccionamento de pago, de compensación ou calquera outros distintos dos de ingreso.1.- O pago das débedas, tributarias ou non tributarias, terá que facerse en efectivo.2.- Só poderá admitirse o pago en especie cando así se ordene por lei.3.- O pago en efectivo poderá facerse por algún dos seguintes medios: a) Diñeiro de curso legal b) Cheque c) Calquera outro que autorice o presidente da Deputación O pago mediante cheque rexerase polo disposto no artigo 35 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación. Os xustificantes de pago en efectivo serán, segundo os casos: a) Os recibos validados pola Tesourería ou as entidades colaboradoras. b) As cartas de pago subscritas ou validadas por funcionario competente ou por entidades autorizadas para recibir o pago. c) As certificacións acreditativas do ingreso efectuado, expedidas pola Tesourería ou o Servizo de Recadación. d) Calquera outro documento ao que se outorgue expresamente o carácter de xustificante de pago, autorizado por resolución da Presidencia. A validación dos xustificantes de pago poderá realizarse por medio de máquinas que produzan a certificación mecánica no documento.1.- O pago das débedas poderá realizarse: a) Na Tesourería. b) Nas entidades colaboradoras, ben nas súas oficinas, a través de caixeiro automático ou por internet.2.- O presidente da Deputación, a proposta da Tesourería, regulará os tipos de débedas que se poderán cobrar en cada un destes lugares.3.- A cobranza de débedas por parte das entidades colaboradoras rexerase polas normas xerais que aprobe a Presidencia da Deputación e as instrucións concretas que dite a Tesourería. Aprazamentos e fraccionamentos de pago A Deputación poderá, a solicitude do obrigado tributario, aprazar ou fraccionar o pago das débedas, con suxeición ao disposto nas normas legais e regulamentarias vixentes na materia e, en concreto, conforme as seguintes disposicións: 1.- A solicitude realizarase por escrito e irá dirixida ao presidente da Deputación.2.- Será obrigatoria a domiciliación bancaria dos correspondentes prazos, deberase facer constar o código de conta corrente no propio escrito de solicitude.3.- Con carácter xeral, o solicitante deberá achegar garantía nos termos establecidos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación.4.- Non obstante o anterior, non se esixirán garantías para as solicitudes de aprazamento e fraccionamento de pago das débedas tributarias e demais ingresos de dereito público recadadas por esta Deputación, cando o seu importe en conxunto non exceda de 3.000 euros e estean tanto en período voluntario como en período executivo de pago, sen prexuízo do mantemento, neste último caso, das trabas existentes sobre bens e dereitos do debedor no momento de presentación da solicitude. Para os efectos de determinación da contía sinalada, acumularanse no momento da solicitude, tanto as débedas a que se refire a propia solicitude como calquera outra do mesmo debedor para as que se solicitou e non resolveu o aprazamento ou fraccionamento, así como o importe dos vencementos pendentes de ingreso das débedas aprazadas ou fraccionadas, salvo que estean debidamente garantidas.5.- Criterios xerais de concesión: -Como regra xeral, o prazo máximo de duración do aprazamento ou fraccionamento será en todo caso de doce meses. No entanto, para débedas iguais ou superiores a 30.000 euros, este prazo poderá ampliarse a vinte e catro meses. -O número mínimo de fraccións será de dúas e o máximo de doce ou, no seu caso vinte e catro. -O cargo en conta farase mensualmente, o día cinco de cada mes, polo importe da correspondente fracción. Recadación feita pola Deputación dos ingresos doutros entes A presente ordenanza será aplicable aos ingresos de dereito público que, por delegación dos concellos ou calquera outros entes públicos, recade a Deputación, naqueles aspectos non regulados expresamente nos acordos de delegación e aceptación desta. A prestación de servizos de recadación aos concellos que deleguen a dita competencia levarase a cabo dentro do marco establecido polas bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia aprobadas polo Pleno da Deputación. No caso de delegación por outros entes públicos, estarase ao que se dispoña no convenio subscrito ao efecto. Especificacións sobre o persoal das Zonas Recadatorias Os recadadores e o resto do persoal das Zonas Recadatorias terán dereito a: a) Solicitar a cooperación e auxilio da autoridade, por conduto dos órganos superiores ou directamente en caso de urxencia, sempre que sexa necesario para o exercicio das funcións que teñen encomendadas e en especial nos casos establecidos no Regulamento xeral de recadación. b) Ao cesar no posto, e tras a tramitación previa do oportuno expediente, á liberación e devolución das fianzas que constituísen. c) Solicitar o traslado en caso de vacante noutra Zona Recadatoria. Aos recadadores e ao resto do persoal das zonas seralles de aplicación o establecido respecto diso na normativa correspondente, segundo o caso. Tanto os recadadores como o resto do persoal das Zonas Recadatorias cesarán no posto de traballo polas causas que determine a normativa aplicable. Os recadadores dirixirán na súa Zona a xestión recadatoria de acordo coas normas establecidas nesta ordenanza e as instrucións do tesoureiro, do vicetesoureiro e do xefe do Servizo de Recadación. Serán seleccionados e nomeados de acordo coas bases específicas que para o efecto aprobe a Corporación.1.- Como responsables na súa Zona da xestión recadatoria, os recadadores terán os seguintes deberes: a) Recadar as débedas conforme os procedementos establecidos. b) Tramitar os expedientes de prema con estrita suxeición ás disposicións legais e regulamentarias, e seguir as orientacións que neste sentido lles diten o xefe do Servizo de Recadación, o vicetesoureiro e o tesoureiro. c) Evitar, baixo a súa responsabilidade, a exacción de custas non autorizadas regulamentariamente, xustificando sempre nos expedientes as que, como procedentes, se esixan. d) Ser correctos nas súas relacións co público, esixindo que esta norma sexa observada igualmente polo persoal ao seu cargo. e) Constituír fianza na contía e cos requisitos que se establecen neste regulamento. f) Asistir diariamente á oficina e non ausentarse daquela sen a autorización do xefe do Servizo e sen deixar designado o oficial que deba substituílo.2.- Como responsables das caixas de efectivo das oficinas ao seu cargo, os recadadores terán os seguintes deberes: a) Realizar o arqueo diario e o seu ingreso o mesmo día, nas contas sinaladas para o efecto pola Tesourería. b) Levar un libro diario de caixa, do que se obterá o arqueo a que se refire a letra anterior, que se centralizará na oficina principal da Zona. O procedemento entre oficinas auxiliares e principal establecerase por resolución do presidente da Deputación. c) Elaborar diariamente un parte de ingresos, que remitirán á Tesourería, acompañado dos correspondentes xustificantes de ingreso, nos prazos que se determine. d) Realizar cobranzas nas oficinas da Zona, nos domicilios dos contribuíntes e nos itinerarios de cobranza. O cargo de recadador será incompatible co desempeño, sexa ou non retribuído, de calquera outro do Estado, Comunidade Autónoma, provincia ou municipio e co exercicio das profesións ou actividades de representante, comisionista, axente comercial, de seguros ou de publicidade e outras que impidan ou menoscaben o cumprimento dos seus deberes; non poderán tampouco dedicarse á industria ou ao comercio dentro da demarcación da súa Zona. Todo iso sen prexuízo do resto de incompatibilidades que lle sexan de aplicación. O persoal de Recadación, baixo a dirección do recadador da Zona correspondente, terá o labor de realizar as dilixencias e trámites do procedemento de prema que non requiran a ineludible actuación persoal do recadador, así como todos os traballos administrativos da Zona. Será seleccionado e nomeado de acordo coas bases específicas que para o efecto aprobe a Corporación. O persoal de Recadación terá os seguintes deberes: a) Obedecer e respectar ao recadador e demais órganos superiores, en todo o relacionado co Servizo. b) Proceder con corrección no trato co público. c) Desempeñar o seu traballo durante o horario establecido, sen prexuízo da dedicación extraordinaria que esixa a dilixente realización dos servizos da Zona. d) Realizar as funcións que lle son propias e os labores que lle encomende o recadador para a execución das providencias e dilixencias que se diten nos expedientes executivos. e) Desprazarse ás vilas para cumprir os itinerarios de cobranza e a todos os lugares que sexa necesario para o cumprimento das ordes do recadador. f) Efectuar puntualmente os ingresos das cantidades cobradas, nas contas habilitadas para o efecto. g) Non esixir custas que non estean xustificadas en expediente, conforme o disposto no Regulamento xeral de recadación e demais normas aplicables. h) Responder o recadador de calquera falta de fondos da que sexan causantes, e dos prexuízos que ocasionen pola súa neglixencia. I) Constituír fianza na contía e cos requisitos que se establezan nesta ordenanza. j) Todos os esixibles ao recadador, cando substitúan regulamentariamente a este.1.- Os recadadores e o resto do persoal das zonas recadatorias deberán prestar fianza, na forma e contía que se indica nos artigos seguintes.2.- A fianza pode ser prestada polo propio recadador ou por calquera outra persoa que asuma solidariamente as mesmas responsabilidades pecuniarias que aquel.3.- As fianzas ou garantías poderán prestarse en metálico, títulos de débeda pública, póliza de crédito e caución, aval solidario de banco, banqueiro ou de caixa de aforros rexistradas oficialmente.1.- A fianza é esixible a todo o persoal das zonas recadatorias de forma individualizada.2.- A súa contía queda fixada de acordo coas seguintes porcentaxes: - Recadador: 2% do cociente que resulta de dividir o cargo medio total pendente en expediente executivo a 31 de decembro, dos últimos dous anos, polo número de zonas en que está dividido territorialmente o Servizo de Recadación provincial. - Oficial Maior: 0,5% do cociente que resulta de dividir o cargo medio total pendente en expediente executivo a 31 de decembro, dos últimos dous anos, polo número de zonas en que está dividido territorialmente o Servizo de Recadación provincial. - Oficial Primeira: 0,3% do cociente que resulta de dividir o cargo medio total pendente en expediente executivo a 31 de decembro, dos últimos dous anos, polo número de zonas en que está dividido territorialmente o Servizo de Recadación provincial. - Oficial Segunda: 0,2% do cociente que resulta de dividir o cargo medio total pendente en expediente executivo a 31 de decembro, dos últimos dous anos, polo número de zonas en que está dividido territorialmente o Servizo de Recadación provincial.1.- A fianza individual deberá constituírse na Caixa da Deputación.2.- A débeda pública admitirase polo seu valor nominal.3.- A fianza ou garantía individual afectará as responsabilidades do persoal das zonas recadatorias e formalizarase ante a Tesourería da Deputación, en documento público, polos recadadores ou, no seu caso, polo seu asegurador ou avalista, dentro do prazo de tres meses a partir da data de toma de posesión, sempre que a Tesourería a considere bastante. O documento conterá as estipulacións necesarias e transcrición da credencial do nomeamento, dos resgardos da Caixa, das pólizas da compra en bolsa ou outros documentos con que se acredite a propiedade dos valores e dos documentos en que se materialicen as demais garantías que se acheguen. A aprobación do documento público de fianza corresponde ao presidente da Deputación, despois do informe da Intervención.4.- Calquera detracción das fianzas para facer efectivas as responsabilidades deberá ser reposta polo persoal das zonas recadatorias no prazo de tres meses, logo da notificación que se faga para o efecto.5.- Se o persoal das zonas recadatorias desexase substituír total ou parcialmente a fianza prestada, deberán constituír un novo depósito ou achegar garantía admisible e outorgarase novo documento público, no que se estableza que a nova fianza garante a xestión do persoal das zonas, non só desde a súa admisión, senón desde a data da primitiva e na mesma forma que esta. O citado documento presentarase á aprobación do presidente da Deputación, quen, previa a mesma tramitación que para a constitución, concederaa, se proceder, e disporá a liberación das garantías substituídas e a súa devolución, unha vez depositadas as novas garantías. A dita resolución será comunicada aos interesados, coa advertencia de que deberán achegar a nova garantía no prazo de 3 meses.6.- Cando resulten amortizados os títulos de débeda pública constituídos en depósito como fianza, será suficiente para retiralos da Tesourería, a petición correspondente, despois do ingreso doutros títulos da mesma débeda e exhibición ante a Tesourería dos documentos acreditativos da propiedade dos valores, sen que se requira outorgamento de novo documento público nin orde de devolución.1.- Se o cargo medio pendente en expediente executivo a 31 de decembro dos dous últimos exercicios, experimentase un incremento superior ao 20 por 100 sobre o correspondente ao calculado no bienio inmediatamente anterior, o persoal recadador virá obrigado a ampliar a súa fianza individual ata asegurar a porcentaxe indicada no artigo 58.2 desta ordenanza.2.- Cando, conforme o disposto no parágrafo anterior, sexa obrigatoria a ampliación da fianza, o presidente da Deputación fixará e esixirá a que corresponda, coas mesmas formalidades sinaladas para a súa constitución.3.- Os acordos de ampliación de fianza serán notificados ao persoal das zonas recadatorias, coa advertencia de que, se non os cumpren no prazo de tres meses, entenderase que renuncian ao seu cargo.1.- Cando o cargo medio pendente en expediente executivo a 31 de decembro dos dous últimos exercicios, experimentase unha diminución superior ao 20 por 100 sobre o correspondente ao calculado no bienio inmediatamente anterior, reducirase a fianza individual para adecuala á porcentaxe indicada no artigo 58.2 desta ordenanza.2.- O presidente da Deputación fixará e esixirá a que corresponda, coas mesmas formalidades sinaladas para a súa constitución.3.- Os acordos de diminución de fianza serán notificados aos interesados, coa advertencia de que, se non os cumpren no prazo de tres meses, entenderase que renuncian ao seu cargo. No caso de cesamento por calquera causa, do recadador ou de calquera outro persoal das zonas recadatorias, a Deputación procederá a devolver a correspondente fianza, unha vez presentada e aprobada a correspondente conta. Especificacións sobre o procedemento executivo O xuro de mora percibido no período executivo deberase aboar no momento do pago da débeda constritiva e será sempre esixible, cando cumpra, conforme ao disposto nos artigos 26 a 28 da Lei xeral tributaria. A Mesa para a celebración de poxas de bens embargados no procedemento de prema estará composta por: - O tesoureiro, que a presidirá. - O recadador da Zona que tiver ao seu cargo o expediente executivo. - O interventor. - Un funcionario que para ese efecto designe o presidente da Deputación, que actuará como secretario. Todos os membros da Mesa poderán ser substituídos. Estados de Recadación O Servizo de Recadación e as Zonas Recadatorias formularán, dentro do mes seguinte á terminación de cada exercicio económico, estados demostrativos da xestión realizada durante o ano anterior, cuxo número, clase e forma establecerá a Presidencia. En todo caso, deberán presentarse con separación dos períodos recadatorios voluntario e executivo, e por anos, distinguindo debidamente os conceptos e recursos xestionados. Así mesmo, elaboraranse estados integrados que recollan a xestión recadatoria global. No primeiro trimestre de cada exercicio, e en relación coa xestión recadatoria do exercicio anterior, a Deputación enviará a cada ente público delegante, para a súa conformidade, os estados demostrativos aos que se refire o presente capítulo. Se no prazo de quince días non se recibe reparo ningún sobre eles, consideraranse conformes. Comisión Liquidadora A proposta conxunta da Intervención e a Tesourería e con obxecto de realizar a comprobación material e técnica dos estados de situación das operacións recadatorias levadas a cabo polo Servizo de Recadación e as Oficinas de Zona e cuxa información debe integrarse nos estados de contas anuais das entidades locais aos que se refiren os artigos 208 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por R. D. L.2/2004, do 5 de marzo, o presidente nomeará unha Comisión de funcionarios adscritos á Intervención e Tesourería-Recadación, que efectúen os traballos necesarios en orde á devandita comprobación. A Comisión liquidadora comprobará todas as operacións de cargo e data, e a existencia en poder do contadante dos expedientes pendentes de cobranza, a cuxo fin o contadante procedería confeccionar unha listaxe destes. Ademais realizará as comprobacións que estime oportunas, entre elas as seguintes: a) Exame da tramitación figurada nos expedientes de prema, facendo constar no informe as anomalías observadas. b) Verificación dos rexistros contables da unidade, en especial a igualdade que debe existir cada día entre a suma do diario de cobranza, importe recadado e o importe do xustificante bancario de ingreso en conta restrinxida correspondente. c) Exame detallado dos motivos da data, especialmente por prescrición ou falta de datos esenciais. d) Exame crítico de todos aqueles aspectos da xestión auditada que estime oportunos para mellor fundamentar o seu informe, o cal debe facer referencia ao desenvolvemento do servizo e, en caso de acumulación anormal de valores pendentes de cobranza, ás causas que a producen e ás medidas a adoptar polos órganos da Deputación. e) Cando cumpra, realizarase unha auditoría informática da información existente no Servizo de Recadación. A comisión liquidadora, se así é o seu criterio, proporá a aprobación dos estados auditados, podendo facer mención na proposta das incidencias producidas durante a comprobación. O Servizo de Recadación e a Tesourería coordinarán o funcionamento da mencionada comisión. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS 1.- En materia de tributos locais, será de aplicación a regulación do procedemento sancionador prevista na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a desenvolven e, especialmente, a que establece o Real decreto 2063/2004, do 15 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral do réxime sancionador tributario e, no seu caso, o réxime previsto nas ordenanzas fiscais de cada tributo.2.- O procedemento para a imposición de sancións iniciarase mediante moción ou proposta motivada do funcionario competente ou do titular da unidade administrativa en que se tramite o expediente, ou a través de actos ou dilixencias da inspección dos tributos. Corresponderalle ao xefe de Servizo designar ao instrutor do expediente.3.- Nos procedementos sancionadores que se inicien como consecuencia dun procedemento de inspección, deberá entenderse que as referencias contidas, tanto na Lei xeral tributaria, como no Regulamento xeral do réxime sancionador tributario, ao inspector-xefe, sono tamén ao xefe de Servizo de Inspección Tributaria, excepto no relativo á aprobación de actos administrativos derivados do procedemento, cuxa competencia corresponderá, en todo caso, ao presidente da Corporación. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 1.- Corresponderalle ao Pleno da Deputación, sen prexuízo das facultades de delegación na Xunta de Goberno, a revisión dos actos ditados en materia tributaria nos seguintes supostos: a) Declaración de nulidade de pleno dereito, previo ditame do Consello Consultivo, nos supostos dispostos no artigo 217 da Lei xeral tributaria e normas de desenvolvemento. b) Revogación dos actos de aplicación dos tributos e de imposición de sancións, nos casos e coas particularidades recollidas no artigo 219 da Lei xeral tributaria e normas de desenvolvemento. c) Declaración de lesividade de actos anulables, de acordo co establecido no artigo 218 da Lei xeral tributaria e normas de desenvolvemento.2.- Corresponderalle ao presidente a rectificación de erros materiais, de feito ou aritméticos que se efectuará de acordo co disposto no artigo 220 do precitado texto legal e normas de desenvolvemento.3.- O procedemento para o recoñecemento do dereito á devolución de ingresos indebidos iniciarase de oficio ou a instancia do interesado, axustándose a súa tramitación ao establecido no artigo 221 da Lei xeral tributaria e normas de desenvolvemento. A competencia para resolver o expediente correspóndelle ao presidente da Deputación. A tramitación e resolución deste recurso axustarase ao disposto no artigo 14.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. Será competente para tramitar e resolver o recurso, o órgano da entidade local que dite o acto administrativo impugnado.1.- A execución do acto recorrido en reposición quedará suspendida automaticamente a instancia do interesado nos seguintes casos: a) Se se garante o importe do devandito acto, os xuros de mora que xere a suspensión e as recargas que puidesen proceder no momento da solicitude de suspensión. b) Se a impugnación afectase a unha sanción, a súa execución quedará automaticamente suspendida en período voluntario sen necesidade de achegar garantías ata que sexan firmes en vía administrativa, nos termos establecidos na o apartado 3 do artigo 212 da Lei xeral tributaria.2.- No suposto do apartado a), de non achegarse co recurso a oportuna garantía, a solicitude de suspensión non producirá efectos e arquivarase esta, téndoa por non presentada para todos os efectos, e a súa notificación ao interesado. Non obstante o anterior, o interesado poderá solicitar novamente a suspensión do procedemento recadatorio achegando as garantías indicadas. A dita suspensión tamén poderá concederse de forma automática a condición de que se cumpran os requisitos sinalados, producindo efectos desde a data desta nova solicitude.3.- Cando sexa necesaria a emenda de defectos do documento en que se formalice a garantía, outorgarase ao interesado un prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da notificación do requirimento, para que emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos con indicación de que a falta de atención ao devandito requirimento determinará o arquivo das actuacións e terase por non presentada a solicitude ou o escrito; se aqueles fosen emendados, entenderase que procede a suspensión automática con efectos desde a solicitude. Cando o requirimento de emenda sexa obxecto de contestación en prazo polo interesado pero non se entendan emendados os defectos observados, acordarase a denegación da suspensión.4.- Se no momento de solicitarse a suspensión a débeda está en período voluntario de ingreso, coa notificación da súa denegación iniciarase o prazo establecido no artigo 62.2 da Lei xeral tributaria, para que o devandito ingreso sexa realizado. De realizarse o ingreso no devandito prazo, procederá a liquidación dos xuros de mora percibidos a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo de ingreso en período voluntario ata a data do ingreso realizado durante o prazo aberto coa notificación da denegación. De non realizarse o ingreso, os xuros liquidaranse ata a data de vencemento do devandito prazo, sen prexuízo dos que poidan percibirse con posterioridade conforme ao disposto no artigo 26 da Lei xeral tributaria.5.- Se no momento de solicitarse a suspensión, a débeda está en período executivo, a notificación do acordo de denegación implicará que deba iniciarse o procedemento de prema nos termos establecidos no artigo 167.1 da Lei xeral tributaria, de non iniciarse con anterioridade á devandita notificación.6.- Poderá suspenderse a execución do acto recorrido, sen necesidade de achegar garantía, cando se aprecie que ao ditalo se puido incorrer en erro aritmético, material ou de feito. Nos supostos en que solicitada a suspensión da execución do acto administrativo impugnado por erro aritmético, material ou de feito, este non o aprecie a administración, acordarase a denegación da suspensión.7.- Será competente para resolver a suspensión, o órgano da entidade local que ditou o acto.8.- Todas as notificacións derivadas da tramitación da suspensión do acto impugnado, corresponderanlle á unidade encargada de tramitar o recurso.9.- A garantía que constituirá o recorrente para obter a suspensión deberá ser algunha das seguintes: a) Depósito de diñeiro efectivo ou valores públicos. Cando se trate de débeda pública anotada, achegarase o resgardo emitido polo Banco de España que garante o seu bloqueo a favor da Deputación. b) Aval ou fianza de carácter solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución. c) Fianza persoal e solidaria de dous contribuíntes da provincia de recoñecida solvencia, só para débitos que non excedan de 1.500 euros. A Intervención provincial exercerá as súas funcións de control e fiscalización interna en relación cos seus propios recursos e os dos entes delegantes, coa extensión e efectos establecidos na lexislación vixente e os convenios e acordos nos que se formalice a citada delegación. A presente Ordenanza Fiscal Xeral derroga a aprobada polo Pleno do 26 de outubro de 2007, así como a modificación aprobada mediante acordo plenario do 31 de outubro de 2008. Entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. De conformidade co establecido no art.19.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais, e nos arts.10, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra o presente acordo, os interesados poderán interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala correspondente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. Non obstante, poderase interpoñer calquer outro que estimen procedente. A Coruña, 13 de agosto de 2010 O Presidente, Asdo.: Salvador Fernández Moreda