26/05/2010 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
Instrucción 2 Ferrol
Sentencia: 121/2010. Juicio de faltas 746/09

sENTENCIA En Ferrol, a 19 de abril de dos mil diez. Doña MARÍA MARTA GUILLEMET GARCÍA, Juez por sustitución del Juzgado de Instrucción n°2 de Ferrol, ha visto los autos de Juicio de Faltas 746/09 sobre hurto, en el que son parte, denunciantes: doña Nicoleta Georgiana Trasnea Vararu y doña Inmaculada Cristina Husanu Magnus, la denunciada, doña Marina Mercedes Oukhouya Ali Infanzon. Interviene el Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que convocadas las partes y el Ministerio Fiscal para la celebración del Juicio de Faltas, el mismo ha tenido lugar con el resultado que explícitamente se consigna en el acta que antecede. SEGUNDO.- Que en dicho acto el Ministerio Fiscal interesa la condena de la denunciada en los términos que constan en el acta del juicio. TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales en vigor. HECHOS PROBADOS ÚNICO.- Probado y así se declara expresamente, que el día 06-03-2009, aproximadamente a las 11:00 horas, mientras doña Nicoleta Georgiana Trasnea Vararu se encontraba en la cafetería del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, le fue sustraída la cartera del bolso que ésta había dejado apoyado en la silla donde estaba sentada mientras tomaba una consumición. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- El derecho de toda persona acusada en un procedimiento penal a la presunción de inocencia, derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, determina que para que pueda dictarse sentencia condenatoria contra el mismo, sea en procedimiento por delito o en juicio de faltas, es imprescindible que en el juicio se haya practicado una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales que, de alguna forma, pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir con total certeza la culpabilidad del acusado. En consecuencia, y si en el ánimo del juzgador, tras efectuar una valoración de la prueba practicada, existiere la más mínima duda sobre aquella, lo procedente es dictar sentencia absolutoria. Y, en el caso de autos, la Juzgadora considera que no se ha practicado prueba de cargo suficiente que nos permita el dictado de una sentencia de signo condenatorio, pues si bien doña Martina afirma que no se acercó ninguna persona a su silla además de la mujer que estuvo sentada diez minutos, ello no es prueba suficiente para tener por acreditado con absoluta certeza que ninguna otra persona hubiere pasado por el lugar, aunque no se hubiere sentado en ninguna de las sillas del establecimiento, recordemos que la denunciante manifiesta que permaneció una media hora en la cafetería, intervalo de tiempo suficientemente amplio, durante el cual tiempo pudiera haber pasado por el local ( se trata de un establecimiento abierto al público) alguna otra persona sin que la denunciante se hubiere percatado. Además de ello hemos de señalar que la denunciada no fue sorprendida portando los objetos sustraídos, dado que no fue retenida tras los hechos. Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Enero de 2006 señala que “en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure” (por todas, STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De tal afirmación se desprende inequívocamente que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados. Pues si bien “el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho” (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 9), y la presunción de inocencia “es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba” (SSTC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2. b; 120/1998, de 15 de junio, FJ 6), y no sobre su calificación jurídica (STC 273/1993, de 27 de septiembre, FJ 3), ello no obstante, en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art.24.2 CE ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los “elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad” (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De manera que únicamente cabe considerar prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia “aquélla encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, así como las circunstancias concurrentes en el mismo. por una parte, y, por la otra, la participación del acusado, incluso la relación de causalidad, con las demás características subjetivas y la imputabilidad” (SSTC 33/2000, de 14 de febrero, FJ 4; 171/2000, de 26 de junio, FJ 3); características subjetivas que, a su vez, únicamente pueden considerarse suficientemente acreditadas cuando “el engarce entre los hechos directamente probados y la intención que persigue el acusado con esta acción se deduce de una serie de datos objetivos que han posibilitado extraer el elemento subjetivo del delito a través de un razonamiento lógico, no arbitrario y plasmado motivadamente en las resoluciones recurridas”(STC 91/1999, de 26 de mayo, FJ 4). En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario que existan pruebas de cargo a través de las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con todos sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, incluida la participación del acusado en los ‘mismos, debe concluirse que en el presente caso no existe prueba suficiente como para justificar la condena. SEGUNDO.- Que en este supuesto procede que las costas por actuaciones judiciales sean declaradas de oficio, en base a lo prevenido en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vistos los artículos 239, 240 y siguientes, 741, 742 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 1, 7-3° y 348-3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones legales de aplicación al caso, FALLO Que debo absolver y absuelvo libremente a Marina Mercedes Oukhouya Ali Infanzon de la falta por la que venía siendo denunciada, declarando las costas de oficio. Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma pueden interponer ante este Juzgado recurso de Apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, recurso que se formalizará y tramitará conforme a los dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe. JORGE GABRIEL SANCHEZ DE PUERTA YRIZAR