23/11/2010 | Administración LocalMunicipal
Valdoviño
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza General de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Transcurrido el plazo de exposición al público del anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza general de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, publicado en el BOP núm.185 de fecha 27 de septiembre de 2010, sin que se produjeran reclamaciones al respecto, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo de la modificación. De conformidad con lo previsto en los artículos 65, 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se procede a la publicación del texto de la modificación a los efectos de su entrada en vigor. Debido a la nueva redacción del texto articulado de la Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, procede la modificación de la Ordenanza general sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Pleno de la Corporación, celebrado el día 19 de abril de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincial núm.79 de fecha 29 de abril de 2010, con objeto de que la normativa municipal este acorde con la nueva redacción de Ley de Tráfico. Artículo único. La Ordenanza general sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobada por el Pleno de la Corporación, celebrado el día 19 de abril de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincial núm.79 de fecha 29 de abril de 2010, se modifica en los siguientes términos: Uno. Artículo 4. Usuarios, conductores y titulares de vehículos queda redactado del siguiente modo: 1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. Dos. Artículo 8.4.5.6 queda redactado del siguiente modo: 4. Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, así como otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas, cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores.5. Se prohíbe, durante la conducción, la utilización de dispositivos de telefonía móvil, navegadores y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares, o instrumentos similares. Quedan exentos de dicha prohibición los Agentes de la Autoridad, los conductores de vehículos especiales y de acompañamiento de estos, de furgones de transporte de fondos y de escolta debidamente acreditados, en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.6. Se prohíbe conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. Tres. Articulo 12.2 queda redactado del siguiente modo: 2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía sustancias o materiales que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligroso o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. Asimismo, se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios, o accidentes o que obstaculicen la libre circulación. Los vehículos, especialmente cuando se incorporen a la vía pública procedentes de obras, destierres o fincas de labranza adoptarán las medidas necesarias para mantener las vías limpias de tierra, barro u otros materiales, objetos y aparatos. Cuatro. Artículo 13.2, párrafo 3º queda redactado del siguiente modo: Los agentes de la autoridad podrán inmovilizar el vehículo en caso de que supere los niveles de gases, humos y ruidos permitidos reglamentariamente, según el tipo de vehículo, conforme al artículo 84.1 h) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Cinco. Artículo 62 queda redactado del siguiente modo.1.- La Policía Local podrá proceder a la inmovilización de un vehículo cuando: a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia. b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio. d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas para la comprobación del grado de impregnación alcohólica, del consumo de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas o cuando éstas arrojen un resultado positivo. e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por 100 de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 100 el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo. i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control. j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes. k) En cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca. La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado.4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor.6. El pago de los gastos a que hace referencia el apartado 4 de este artículo es independiente del pago de la multa por infracción a la normativa de tráfico que, en su caso, se tramite.7. A los efectos de inmovilización, se utilizarán los instrumentos mecánicos adecuados, que se determinen, colocando en la parte superior de la puerta del conductor advertencia en la que se hará constar información sobre el procedimiento a seguir.8. La utilización de estos instrumentos, con el fin de inmovilizar el vehículo dará lugar al devengo de una tasa según establezca la correspondiente Ordenanza Fiscal. Seis. Articulo 63. Retirada de Vehículos queda redactado del siguiente modo: 1. La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos: a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de esta Ordenanza, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios (carril bus, carril taxi, paradas, disminuidos físicos, etc. y en las zonas reservadas a la carga y descarga. g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en esta Ordenanza Municipal. h) En cualquier otro supuesto legalmente previsto.2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.3. El Ayuntamiento deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas en los términos previstos por la legislación vigente Siete. Artículo 68. Tratamiento residual del vehículo queda redactado del siguiente modo: 1. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula. c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, según la normativa vigente a dicho efecto. Ocho. Articulo 69. b queda redactado del siguiente modo. b) Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el triple del que conste como autorizado en el distintivo. Nueve. Artículo 71. Gastos queda redactado del siguiente modo. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada de un vehículo de la vía pública y su estancia en el depósito serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable de la situación que haya dado lugar a la retirada. La retirada del vehículo sólo podrá hacerla su titular o persona autorizada. Díez. Artículo 74. Personas responsables queda redactado del siguiente modo.1. A los únicos efectos de la determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la Ley de Seguridad Vial, en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y en la presente Ordenanza, la responsabilidad de las infracciones a lo dispuesto recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida. Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 cuando se trate de conductores profesionales. b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores. La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta. c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo. d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 9 bis. e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 9 bis. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados. f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo. g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente Ley. Once. Artículo 75. Órgano competente queda redactado del siguiente modo.1. Será competencia de la Alcaldía la imposición de las sanciones por infracción a las normas de circulación cometidas en vías urbanas, así como los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, pudiendo delegar esta facultad de acuerdo con la legislación vigente. Doce. Artículo 76. Valor probatorio de las denuncias de los agentes queda redactado del siguiente modo. Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. Trece. Artículo 78. Procedimiento administrativo queda redactado del siguiente modo.1. El procedimiento administrativo para la imposición de sanciones por infracción de los preceptos recogidos en esta Ordenanza se regirá por lo que al respecto establece el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, normativa que, en su caso, lo sustituya y normativa concordante.2. El órgano encargado de la instrucción de los expedientes sancionadores será la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico de la Diputación Provincial de A Coruña, con domicilio en la Calle Archer Milton Huntington, nº 17, 15071-A Coruña, en virtud de adhesión expresa de este Ayuntamiento a las Bases para la prestación de servicios en materia de sanciones de tráfico publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de julio de 2009. Catorce. Artículo 79. Alegaciones, escritos y recursos queda redactado del siguiente modo.1. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente designados en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora. Las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores material y territorialmente competencia de este Ayuntamiento podrán presentarse en las oficinas de Registro de la Diputación Provincial de A Coruña y se decretarán a la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico de dicho Organismo. Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados expresamente en la denuncia o resolución sancionadora, éstos los remitirán a la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico de la Diputación Provincial de A Coruña a la mayor brevedad posible.2. Cuando se siga el procedimiento sancionador abreviado establecido en el artículo 80 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por realizar el pago voluntario de la multa ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con, entre otras, las siguientes consecuencias: a) Termina el procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa el día en que se realice el pago. b) Se agota la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará en el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. d) La firmeza de la sancionador en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.3. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el Alcalde o, en su caso, órgano en quien delegue, cuando se siga el procedimiento sancionador ordinario previsto en el artículo 81 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre se estará a lo establecido en los siguientes apartados, según dispone el artículo 82 de dicha norma: a) La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo de 30 días naturales. b) Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. c) La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto. d) No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario. e) El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.4. Si el presunto infractor no formula alegaciones ni paga con reducción en el plazo de 20 días naturales, la denuncia correctamente notificada surte efecto de acto resolutorio del procedimiento en los supuestos previstos por el artículo 81.5 LSV. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, quedando abierta la vía contencioso-administrativa.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente. Quince. Artículo 80. Prescripción y caducidad queda redactado del siguiente modo.1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción. El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria. Dieciséis. Artículo 81. Cuantía de las multas queda redactado del siguiente modo.1. Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas con las multas previstas en la Ley Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre. En el Anexo de esta Ordenanza se recogen, de acuerdo con dicha norma, aquellas infracciones más comunes contra las principales normas en materia de tráfico, cuando sean de competencia municipal: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV) Reglamento General de Circulación (CIR) La presente Ordenanza (OMT) Asimismo, se recoge el importe de las sanciones que corresponde a las mismas.2. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en el Cuadro de infracciones y sanciones mencionado en el anterior apartado se hallen tipificadas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o en sus normas de desarrollo y resultasen de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas por la Autoridad municipal de la siguiente forma, salvo que en la citada normativa se indique expresamente otra cosa: a) Infracciones leves: multa de 80 euros. b) Infracciones graves: multa de 200 euros. c) Infracciones muy graves: multa de 500 euros.3. En aquellos supuestos en los que el titular de un permiso o licencia de conducción sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que, de conformidad con la legislación vigente a dicho efecto, lleve aparejada la pérdida de puntos, se comunicará a la Jefatura Provincial de Tráfico, órgano competente para su detracción.4. La competencia para imponer la suspensión del permiso o licencia de conducción o de circulación corresponde, en todo caso, al Jefe Provincial de Tráfico. Diecisiete. Artículo 82. Reducción y residencia queda redactado del siguiente modo.1. Notificada la denuncia, el denunciado podrá realizar el pago voluntario de la multa en el acto de entrega de la misma o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación con una reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. El pago voluntario con dicha reducción implicará la renuncia a formular alegaciones. En caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas. Se tendrá por concluido el procedimiento sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa el día en que se realice el pago. Dieciocho. Artículo 83. Pago de las multas queda redactado del siguiente modo.1. En virtud de Convenio de Delegación, el pago de las multas, tanto ordinario como anticipado, se hará efectivo ante el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de A Coruña, a través de las entidades bancarias colaboradoras del mismo, a través de la Oficina Virtual Tributaria en la dirección web www.dicoruna.es o en las redes de cajeros habilitadas para el pago, así como en cualesquiera otros lugares y medios de pago que habilite dicho Organismo para el pago de los ingresos de derecho público.2. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.3. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora. Diecinueve. Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción. Artículo 84. Responsables subsidiarios del pago de multas.1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos: a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en contra de su voluntad. b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste.2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho. Valdoviño, 11 de noviembre de 2010. El alcalde accidental, Fdo: Antonio Montero Martínez