31/03/2010 | Administración de JusticiaJuzgados de Primera Instancia
1ª Instancia-Familia 10 A Coruña
Modificación de medidas número 688/09-SU

EDICTO En A CORUÑA, a tres de Marzo de dos mil diez. D./Dña. CARMEN GARCIA PEDREIRA, Secretario del JDO. PRIMERA INSTANCIA N.10 de A CORUÑA, HAGO SABER que el presente procedimiento, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se reproducen íntegramente y que son del tenor literal siguiente: JDO. PRIMERA INSTANCIA N.10 A CORUÑA SENTENCIA: 00123/2010 MODIFICACIÓN MEDIDAS N° 688/09 SENTENCIA En A Coruña, a 2 de marzo de 2010. Vistos por Don Balbino Ferreirós Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de A Coruña y su Partido Judicial, los presentes autos del Juicio de Modificación de Medidas Nº 688/09, a instancia de Doña Ángeles Díaz Novo, representada por la procuradora Sra. Olivera Molina y bajo la dirección letrada de la Sra. Bonillo García, contra Don Francisco Javier Romero Taboada, declarado en situación procesal de rebeldía, interviniendo asimismo el Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO- La procuradora Sra. Fidelia Urrutxi Vellarino, en nombre y representación Doña Ángeles Díaz Novo, presentó demanda de modificación de las medidas definitivas acordadas en la Sentencia de fecha 13 de septiembre de 2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 en el seno del procedimiento nº 1084/2005, contra Don Alejandro Ricardo Clements Lonca, siendo turnada y correspondiendo su conocimiento a este Juzgado, registrándose con el nº 688/09, en la que se alegaban los hechos y los fundamentos de derecho que se estimaron convenientes y aplicables al caso, finalizando Con el suplico de que se dictase sentencia por la que se atendiesen los pedimentos en ella contenidos. SEGUNDO- Dictado el Auto por el que se estimó que este Juzgado tenía la jurisdicción y la competencia para conocer de la demanda presentada, se tuvo por parte a la citada procuradora en la representación que ostenta, con quien se entenderían las sucesivas diligencias en el modo y manera que la ley previene, admitiéndose a trámite la misma con los documentos que la acompañaban, dándose traslado de la misma y de los escritos que la acompañaban a la parte demandada y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 20 días contestasen a la misma. El demandado dejó transcurrir el plazo sin personarse ni contestar a la demanda, por lo que fue declarado en situación procesal de rebeldía en virtud de Providencia de fecha 21 de enero de 2010, mientras que el Ministerio Fiscal presentó escrito de contestación a la demanda en la que se oponía a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinente, convocándose a las partes para la celebración de la correspondiente Vista, con el apercibimiento expreso que la incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones. TERCERO- Al acto de la Vista celebrado el día 1 de marzo de 2010 comparecieron la parte actora y el Ministerio Fiscal, no compareciendo el demandado, ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y de contestación, solicitándose el recibimiento del pleito a prueba, proponiéndose el interrogatorio de parte, la prueba testifical y la documental, con el resultado que obra en las actuaciones, quedando el procedimiento visto para sentencia. CUARTO- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO- Solicita la parte actora, en el presente procedimiento, que se acuerde la modificación de las medidas definitivas acordadas en la Sentencia de fecha 13 de septiembre de 2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de A Coruña, en el sentido de acordar la privación de la patria potestad de Don Alejandro Ricardo Clements Lonca respecto de su hija Doña Graciliana Sama Itua, ostentándola sólo su madre Doña Guiayara Agulled Tanasa, así como que se acuerde la suspensión de la comunicación intersemanal del Sr. Romero Taboada con su hija. SEGUNDO- Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª, de 29 de enero del 2.003 “los efectos de las sentencias matrimoniales, por las que se han de regir en lo sucesivo, las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges e hijos (arts.92 y ss del CC ), si bien producen excepción de cosa-tdal material, ello no significa que, una vez fijados tales efectos se mantengan inalterables ante los distintos avatares por lo que puedes discurrir la fortuna y necesidades de los miembros de la unidad familiar, afectados por el proceso de nulidad, separación y divorcio; por ello, como no podía ser de otra forma, el legislador previó la posibilidad de variación de dichas medidas judicialmente señaladas, siempre y cuando concurriese el supuesto de hecho contemplado en los arts.90 y 91 del CC, es decir en los casos en los que se produjese “una alteración sustancial de circunstancias”, o “sustancial de fortuna” para el caso de la pensión compensatoria (art.100 del referido texto legal), so pena de encontrarnos con continuos e inagotables procedimientos de revisión de tales medidas con patente quiebra de la seguridad jurídica. Alteración de circunstancias que, por otra parte, para ser tenida en cuenta ha de revestir una serie de requisitos, reiteradamente exigidos por la jurisprudencia, tales como que sea verdaderamente trascendente, y no de escasa o relativa importancia; permanente o duradera y no coyuntural o transitoria; que no sea imputable a la simple voluntad de quien insta la revisión, ni preconstituida con finalidad de fraude; y, por último, que sea posterior y no prevista por los cónyuges o el juzgador en el momento en el que las medidas cuya revisión se insta fueron establecidas. Es, por ello, que una pretensión de tal clase se encuentra condicionada a la demostración, por quien demanda, de que la mentada alteración ha tenido lugar, es decir, que nuevas circunstancias han generado una variación de la precedente situación contemplada en la sentencia de separación, y esta doctrina es la seguida, entre otras muchas, por las sentencias de 14 de diciembre de 1998 de la AP de Vizcaya, 9 de marzo de 1998 de la AP de Ciudad Real, 23 de noviembre de 1998 de la AP de Zaragoza, AP Alicante de 17 de septiembre de 1998; AP Madrid 2 de octubre de 1998, AP Albacete de 20 junio 1998; AP Asturias de 14 de octubre de 1998, AP Valencia de 24 de abril de 1998 entre otras muchas”. En el mismo sentido también se ha manifestado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 7 de junio de 2006. Con relación a la petición de privación de la patria potestad del Elizabet Maria Akkabi Mongar conviene recordar que como señala la STS de 10 de noviembre de 2005, sea desde la perspectiva de la interpretación restrictiva del art.170 CC (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio y 18 de octubre de 1996, entre otras), sea desde la exigencia de una interpretación que atienda prioritariamente al interés del menor, (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1992 y 31 de diciembre de 1996, entre otras), postulados ambos no incompatibles, la privación total o parcial de la patria potestad requiere la realidad de un efectivo incumplimiento de los deberes de cuidado y asistencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2000) imputable de alguna forma relevante al titular o titulares de la patria potestad, juicio de imputación basados en datos contrastados y suficientemente significativos de los que pueda inducirse la realidad de aquel incumplimiento con daño o peligro grave y actual para los menores derivados del mismo. Así en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1996 se declara que la institución de la patria potestad viene concedida legalmente en beneficio de los hijos y requiere por parte de los padres el cumplimiento de los deberes prevenidos en el artículo 154 del Código Civil, pero en atención al sentido y significación de la misma, su privación, sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la inobservancia de aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual, supone la necesaria remisión al resultado de la prueba practicada. E igualmente en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1996 se declara que el artículo 170 del Código Civil, en cuanto contenedor de una norma sancionadora, debe ser objeto de interpretación restrictiva, la aplicabilidad del mismo exige que, en el caso concreto de que se trate, aparezca plenamente probado que el progenitor, al que se pretende privar de la patria potestad, haya dejado de cumplir los deberes inherentes a la misma. Por su parte la STS 23 mayo 2005 hace referencia a un conjunto de preceptos legales que sustentan tales medidas, como son, en principio, el art.170, en relación conel 154, ambos del C. Civil (aquél, en su actual redacción dada por la L. O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, para atemperarlo a sus principios), y también en esta Ley Orgánica, arts.2 y 11, y a través de su aplicación interna por la vía del art.39-2 C. E, que se remite a los Acuerdos Internacionales sobre Protección de los Derechos del Menor, en los arts.3-1 y 9-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las N. N. U. U., el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España. Son de destacar, para su aplicación al caso, estos últimos preceptos, diciendo así el primero de ellos que, “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tendrán una consideración primordial a que a lo que se atenderá será el interés superior del niño”; y el 9-1, dice, a su vez, que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, añadiendo que, no obstante “esta norma tiene su excepción cuando, a reserva de la decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del niño”. Atendiendo a la doctrina jurisprudencial expuesta resulta claro que el incumplimiento grave de las obligaciones inherentes a la patria potestad pueden llevar a su privación, total o parcial, cuando así se revele de interés para el menor. Y tal incumplimiento se aprecia en el supuesto enjuiciado, siendo un supuesto similar al recogido en la STS 11 octubre 2004, si bien es cierto que en el supuesto de hecho de ésta la desatención del padre hacia los hijos había sido durante seis años, sin ayuda económica alguna, y no consta que existiera la distancia entre los lugares de residencia que se dan en el presente caso. En el presente caso de las pruebas practicadas, concretamente de la exploración de la menor Marta, que cuenta con 15 años de edad, así como de la testifical del marido de la demandante, se deduce que el Elizabet Maria Akkabi Mongar ha incumplido con los deberes inherentes a la patria potestad ya que se ha desatendido del cuidado y educación de su hija Marta, ya que ni le da ayuda económica para su mantenimiento, ni ha mostrado el más mínimo interés en establecer una relación paterno-filial normalizada, pues no ha cumplido el régimen de visitas que tenía a su favor, lo que viene a demostrar un total desinterés del padre por el cuidado y atención de su hija. También ha de ser valorada la propia conducta del demandado en el presente procedimiento, ya que a pesar de haber sido citado en legal forma y ser plenamente conocedor de la demanda, en la cual se solicitaba nada más y nada menos que se le privase de la, patria potestad, el mismo ni siquiera se ha personado ni ha acudido a la Vista, lo que viene a corroborar la total desidia del padre respecto de sus hijos. Todo ello, como señala la STS 11 octubre 2004, hace necesatio declarar que el padre ha incumplido gravísimame e sus deberes familiares. Ello pudiera sustentar hacerle acreedora. a privación por vía de sanción de 14 patria potestad que comparte hasta ahora con la madre de sus hijos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 170 del Código Civil, si bien se estima que en el presente caso, toda vez que parece deducirse que el demandado presenta un problema de adicción a las drogas, parece excesiva la medida de privación de la patria potestad, siendo más acorde la medida de suspensión de la misma en aplicación de lodispuesto en el art.158 CC, como ha solicitado el Ministerio Fiscal en su informe final, pues no se podría aceptar que ahora, de forma sorpresiva, se produjese una aparición de la figura paterna en la vida de la menor, falta por lo tanto de la necesaria conexión afectiva, y tampoco se podría obligar a la madre que ha tenido que educar y hacer crecer a su hija con la ausencia del otro progenitor, a contar con éste para cuestiones que aquel desconoce absolutamente, en la crianza de los hijos, todo lo cual repercutiría negativamente en su desarrollo. De esta forma con la suspensión de la patria potestad y de todo régimen de visitas en favor del padre, más que una sanción al progenitor incumplidor, implica una medida de protección de la niña, que debe ser adoptada en su beneficio, y mantenerse en tanto no se acredite otra situación que haga aconsejable el levantamiento de la medida. De esta forma se da trascendencia jurídica a la situación de hecho en la que cómodamente se ha instalado el padre que no ejerce la patria potestad, acordando su suspensión. Nada de lo cual impedirá en el futuro que, en beneficio o interés de la hija, puedan los Tribunales acordar el alzamiento de la suspensión cuando también se prevé la recuperación de la patria potestad, cuando hubieren cesado las causas que motivaron la privación (artículo 170-2 del Código Civil). Por todo lo anterior procede estimar parcialmente la demanda presentada por la procuradora Sra. Fidelia Urrutxi Vellarino, en nombre y representación de Doña Ángeles Díaz Novo, modificando la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 3 de A Coruña, en el sentido de acordar la suspensión de la patria potestad de Don Alejandro Ricardo Clements Lonca en relación con su hija Doña Graciliana Sama Itua, así como también se acuerda a suspensión de todo régimen de visitas entre padre e hija. TERCERO- De conformidad con lo dispuesto en el art.394 LEC no se impondrán las costas a ninguna de las partes, dada la naturaleza de la cuestión planteada. FALLO Que estimando parcialmente la demanda presentada por la procuradora Sra. Olivera Molina, en nombre y representación de Doña Ángeles Díaz Novo, se modifica la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia ns 3 de A Coruña, en el sentido de acordar la suspensión de la patria potestad de Don Alejandro Ricardo Clements Lonca en relación con su hija Doña Graciliana Sama Itua, así como también se acuerda la suspensión de todo régimen de visitas entre padre e hija; sin que se haga expresa imposición de costas a ninguna de las partes. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber la misma no es firme, y que contra la misma podrán interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente a su notificación, debiendo ser preparado ante este Juzgado para ser resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña, siendo necesario que para ello se proceda a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado el Depósito establecido por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre. Por ser esta mi sentencia, lo dispongo, mando y firmo. Se expide la presente a fin de que sirva de notificación a el/los Alejandro Ricardo Clements Lonca, declarados en situación de rebeldía y, actualmente en paradero desconocido. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL