19/05/2010 | Administración de JusticiaJuzgados de lo Social
Social 2 A Coruña
766/07-E. Ejecución 54/2010-E. Demandante: Dukhounik Aliaksei. Demandada: Reformas SC; sobre reclamación de cantidad

EDICTO DOÑA Mª ADELAIDA EGURBIDE MARGAÑON, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS de A CORUÑA, HACE SABER: QUE EN LOS AUTOS NÚMERO 766/07-E, Ejecución 54/10-E, SEGUIDOS A INSTANCIA MARCUAL ARROJO, DEMETRIA “DAVANT REFORMAS S. C.”, SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, SE DICTARON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: - PARTE DISPOSITIVA DEL AUTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 15-3-10: EL Ilmo. Sr. D. JORGE HAY ALBA, Magistrado-Juez de lo Social número DOS, DISPONGO: Decretar la ejecución de la sentencia solicitada por don Marcelino Antonio Zuazaga De Bernardo y, en consecuencia, requiérase de pago a “DAVANT REFORMAS S. C.”, para que satisfaga la cantidad principal de 3.733,78 €, más los importes que se calculan provisionalmente para intereses 280€, y 373,30€ para gastos y costas de ejecución, (sin perjuicio de ulterior liquidación). De no verificarlo en el acto, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir los importes que se le reclaman, que se depositarán conforme a derecho, sirviendo este proveído de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado, a la que se autoriza, para el caso de que sea necesario, por encontrarse cerrado el local o vivienda objeto de embargo o lanzamiento, o no se consienta la entrada, para acceder en los locales y viviendas con el fin de llevar dicha diligencia a cabo, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias, recabando incluso el auxilio de la Fuerza Pública. Adviértase al ejecutado que está obligado a hacer manifestación de sus bienes o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Si no se encontraren bienes, requiérase al ejecutado o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad a que, en el plazo máximo de TRES DIAS HABILES, a contar desde el requerimiento, de no haber abonado la cantidad total objeto de apremio, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos, suficientes a cubrir la cuantía de la ejecución, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, incumbiendo esta obligación, cuando de personas jurídicas a sus administradores o a las personas que legalmente las representente cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado está obligado a manifestar el importe de crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha, pudiendo reclamarse esta información al titular del crédito de oficio o a instancia de parte o de tercero interesado. Adviértase igualmente al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos concedidos en los anteriores requerimientos sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de hacerlo, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que se ejecute, se podrá, tras audiencia de las partes, imponer el abono de apremios pecuniarios de la cuantía máxima prevista para las multas en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas, que se ingresaran en el Tesoro, por cada día que se retrase en la entrega de las sumas de dinero objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución judicial; apercibiéndole igualmente de las sanciones que puedan imponérsele, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que pesen sobre ella. En virtud de los arts.270 Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 274 Ley de Procedimiento Laboral, notifíquese este auto al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días inste lo que a su derecho convenga y designe los bienes que le consten como de la propiedad del deudor. Ofíciese a los organismos y registros públicos a fin de que certifiquen sobre los bienes de la empresa demandada. En caso de pago deberá efectuarse en la CUENTA DE Consignaciones del Juzgado, BANESTO 0030-6349-00000-1532-64-0766/07. Notifíquese la presente resolución a las partes haciendo constar que la presente resolución no es susceptible de recurso alguno. Así lo acuerda y firma S. S.ª; doy fe. -Y LA PARTE DISPOSITIVA DEL AUTO DE INSOLVENCIA DE FECHA 22-4-2010: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Social num.2 de A Coruña, DON PICIU GREGORIS, RICHARD ANTHONY: DECLARAR LA INSOLVENCIA PROVISIONAL de la empresa demandada “DAVANT REFORMAS S. C.”, a los efectos de esta ejecución por el importe principal de 3.733,78€, por ahora y sin perjuicio de que llegara a mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes las responsabilidades que está obligada a satisfacer. Expídase testimonio de particulares y entréguense a la parte actora para su presentación ante el FO. GA. SA. Verificado archívense los autos. Contra esta resolución cabe recurso de reposición, en el plazo de cinco días, y para ante este Juzgado; debiendo el recurrente, que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, así como los concretados en la Disposición Adicional Decimoquinta, número 5 de la L. O. 1/2009, ingresar el depósito de 25 € en la Cuenta de este Juzgado, BANESTO 0030-6349-1532-0000-30-0766/07. Si se efectúa por transferencia BANESTO 0030/1846/42/0005001274/ BENEFICIARIO: JUZGADO DE LO SOCIAL 2-CORUÑA; CONCEPTO: 1532/0000/64/0766/07. Así lo acuerda y firma Jose Hermogenes Baradad Lefterova.; doy fe. EL MAGISTRADO-JUEZ. Y PARA QUE CONSTE Y SIRVA DE NOTIFICACION A “DAVANT REFORMAS S. C.”, CUYO DOMICILIO ACTUAL ES DESCONOCIDO, EXPIDO Y FIRMO LA PRESENTE EN A CORUÑA, de abril de 2010. LA SECRETARIA JUDICIAL.