15/07/2010 | Administración Central
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de A Coruña
Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales
Resolución declaración de responsabilidad solidaria de la Dirección Provincial de Cádiz

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de Cádiz Visto el procedimiento recaudatorio seguido por esta Dirección Provincial contra “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.” con el Código de Cuenta de Cotización 11108963392 por débitos al Sistema de la Seguridad Social, ha sido incoado el correspondiente expediente para declarar la responsabilidad solidaria de su administrador por las deudas de Seguridad Social generadas por la citada mercantil. PRIMERO.- En esta Dirección Provincial se sigue procedimiento administrativo de apremio nº 11/04/08/00348303 contra la empresa “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.” (B-11808110) por débitos al Sistema de la Seguridad Social. SEGUNDO.- Mediante escritura otorgada con fecha 11 de febrero de 2005 en Sanlúcar de Barrameda ante el Notario D. Salvador Daniel Viñales Tomasini, con número 240 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz con fecha 7 de abril de 2005, D. Abu Naydenova Elcuaz funda y constituye la Sociedad Unipersonal denominada “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.”, siendo su objeto social: la intermediación en la compra, venta y arrendamiento de toda clase de inmuebles. La compra y venta de solares, terrenos y toda clase de fincas rústicas, urbanas, pisos, locales y otros. El domicilio queda fijado en Sanlúcar de Barrameda, edificio Costasur, local 2. Su capital es de 3.006,00 euros divididos en 3006 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de 1,00 euros. El órgano de administración de la sociedad, será regido por un Administrador Único, que recaerá en D. Abu Naydenova Elcuaz con N. I. F.: XXXXXXXXX. Según consta en la documentación proporcionada por el Registro Mercantil, las cuentas anuales presentadas por la empresa corresponden a los ejercicios 2005 y 2006, no habiéndose realizado más publicaciones y anuncios de convocatorias o acuerdos relativos a la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Conforme a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 presentadas en el Registro Mercantil, arrojan unos fondos propios de -8.519,51 € y las cuentas anuales correspondientes a 2006, unos fondos propios de -34.410,49 €. TERCERO.- Dicha empresa promovió su inscripción en la Seguridad Social en la provincia de Cádiz, asignándole el Código de Cuenta de Cotización Principal nº 11108963392 con fecha de alta 8 de marzo de 2005, siendo baja en la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 2008. CUARTO.- La Sociedad “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.” ha generado deudas con la Seguridad Social en el período comprendido desde septiembre de 2007 a mayo de 2008, ambos inclusive, por un importe total al día de la fecha de 4.538,25 euros. En el incumplimiento del pago de cuotas a la Seguridad Social desde septiembre de 2007 a mayo de 2008 se encuentran incluidas, entre otras, tres mensualidades que abarcan noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008, por las que se presume el estado de insolvencia de la deudora desde el momento en que dejó de ingresar las cuotas correspondientes a enero de 2008, según lo establecido en el artº 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Según se ha indicado anteriormente las cuentas anuales presentadas por la empresa en el Registro Mercantil corresponden a los ejercicios 2005 y 2006, no habiendo presentado las correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, ambos inclusive, no existiendo, asimismo, inscripciones posteriores de aumento del capital social, ni de liquidación o disolución de la empresa por las deudas generadas. (Art.78 y 104 y ss. de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada. B. O. E. de 24-03-95). QUINTO.- Mediante escrito con registro de salida nº 352 de 18 de febrero de 2010, que, tras varios intentos, fue devuelto por el Servicio de Correos y, posteriormente, publicado en el BOP de A Coruña de fecha 22 de abril de 2010 y expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ferrol del 19 de abril al 19 de mayo de 2010, esta Dirección Provincial cumplió con el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio (B. O. E. del día 25), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (en adelante RGRSS). Al mencionado trámite D. Óscar De Los Reyes Marín no presentó escrito de alegaciones. I.- Esta Dirección Provincial es competente para adoptar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del vigente Reglamento General de Recaudación de la Seguridad social, aprobado por R. D. 1415/2004 de 11 de junio. Este supuesto de responsabilidad solidaria previsto en la norma citada tiene su aplicación en la exigibilidad de las deudas por falta de cotización al sistema de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto que indica que son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar “. los que resulten responsables solidarios. por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social. Dicha responsabilidad solidaria. se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su normativa de desarrollo”. En el mismo sentido se expresa el artículo 12.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. II.- Por otra parte, la presente reclamación de deuda se emite en base a lo establecido en el artículo 30.2. a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en su redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social. III.- El artículo 104.1 de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (B. O. E. del 24) en adelante, LSRL, establece que las mismas se disolverán: “(.) e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal”. El administrador de la sociedad está obligado, según el art.105.1 de la ley referida, a convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte el acuerdo de disolución de la empresa. Si el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado, el administrador está igualmente obligado a solicitar la disolución judicial (art.105.4). Esta solicitud deberá formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiere adoptado. El incumplimiento de este mandato legal determina la responsabilidad solidaria del administrador por todas las deudas sociales, conforme lo dispuesto en el artículo 105, puntos 1 y 5, de la mencionada LSRL. La Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de 20 de diciembre de 1996 fija los criterios generales para determinar el concepto de patrimonio contable a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades regulados en la legislación mercantil, equiparando la expresión patrimonio contable a valor patrimonial de la empresa, es decir el valor global que resulta de deducir de las partidas del activo la cifra del pasivo exigible y que deben quedar reflejadas en los fondos propios. En la medida en la que los fondos propios resulten inferiores a la mitad del capital social la sociedad está incursa en causa de disolución conforme a lo establecido en el 104.1. e de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Así, y conforme a lo señalado en el Hecho 2º, el capital social de la mercantil asciende a la cantidad de 3.006,00 €, sin embargo las cuentas correspondientes a 2005 presentadas en el Registro Mercantil, reflejan unos fondos propios negativos de 8.519,51 €, inferiores a la mitad del capital social, y en consecuencia, desde ese mismo momento la sociedad se encontraba incursa en causa de disolución, sin que su administrador instara la misma incurriendo con ello en responsabilidad por las deudas sociales, conforme a lo señalado en el 105.5 de la citada Ley 2/1995. IV. Con independencia de lo anterior el administrador ha incumplido igualmente su obligación de instar el concurso de la empresa adquiriendo con ello su responsabilidad por las deudas sociales. En este sentido el art.5 de la Ley 22/2003, Concursal, de 9 de Julio (B. O. E.10/7/03), estipula: “1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.- 2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4º, haya transcurrido el plazo correspondiente.” Este párrafo 4º del Artículo 2.4, preceptúa que procederá la declaración de concurso por: “El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades”. Asimismo, según el artículo 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, “2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Dado que, según los datos expuestos anteriormente, la deuda de “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.” con la Seguridad Social es comprensiva del período de febrero de 2007 a mayo de 2008, una vez producida la situación de insolvencia de la empresa existía la obligación de solicitud de declaración de concurso dentro del plazo establecido para ello, plazo que comenzó a contar a partir del 1 de marzo de 2008, una vez que se produjo el incumplimiento generalizado del pago de cuotas a la Seguridad Social durante tres meses (noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008) y terminó el 30 de abril de 2008. D. Abu Naydenova Elcuaz ha incurrido en la responsabilidad solidaria que establece el artº 105.5 de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. V.- El artículo 104.1 en su apartado c de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada antes citada dice que se disolverán “c. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento”. A este respecto hay que indicar que la sociedad no ha presentado las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008, ambos inclusive, no consta inscrita la declaración de concurso, ni tampoco se ha inscrito la disolución o liquidación de la misma. La empresa quedó sin trabajadores con fecha 9 de mayo de 2008. Todos estos hechos son indicativos de un cese en la actividad social que trae como consecuencia una desaparición fáctica de la empresa y, por tanto, la imposibilidad de cumplimiento del objeto social. Ante la notoriedad de desaparición fáctica de la sociedad del tráfico mercantil, el administrador no ha procedido a cumplir las exigencias legales de disolución o liquidación. La falta de cumplimiento de esta exigencia comporta la responsabilidad solidaria de la deuda de la empresa de acuerdo con el artículo 105 de la LSRL VI.- De acuerdo con el artículo 13.3 del ya citado Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, la responsabilidad solidaria alcanzará tanto a la deuda como, en su caso, a los recargos e intereses y a las costas del procedimiento de apremio. VII.- A tenor de lo anteriormente expuesto, cuando en aplicación de normas específicas de Seguridad Social, laborales, civiles, administrativas o mercantiles, los órganos de recaudación aprecien la concurrencia de un responsable solidario, subsidiario o mortis causa respecto de quien hasta ese momento figurase como responsable, declararán dicha responsabilidad y exigirán el pago mediante el procedimiento recaudatorio establecido en este Reglamento (Artículo 12.2 del RGRSS). Cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social, podrá dirigirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos. El procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario no suspenderá ni impedirá que pueda seguirse contra otro, hasta la total extinción del crédito (Artículo 13.1 del RGRSS). En consecuencia esta Dirección Provincial a) Declarar a D. ÓSCAR DE LOS REYES MARÍN, responsable solidario de las deudas contraídas y que contraiga con la Seguridad Social la empresa “INMOBILIARIA CASANLUCAR 2005, S. L. U.” b) Reclamar al declarado responsable por este mismo acto la cantidad de 4.538,25 Euros (por el periodo de septiembre de 2007 a mayo de 2008, ambos inclusive) a que asciende la deuda recogida en los documentos cuyos números de reclamación van desde el 11/10/0177417/71 hasta el 11/10/0177424/78). La presente reclamación de deuda deberá hacerse efectiva en período voluntario en los plazos siguientes: si es notificada entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior y la notificada entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior (de conformidad con lo establecido en el artº 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el T. R. de la Ley General de La Seguridad Social, según redacción de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social, e ingresada en cualquier entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social. Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en la presente reclamación, se iniciará automáticamente la vía de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2 del RGRSS. El ingreso se efectuará en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el modelo de Boletín de Cotización de la serie TC-1 que corresponda, consignando como número de identificación en el TC-1 el número del documento al que se refiere el descubierto reclamado, y sin necesidad de obtener previa autorización por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Contra la presente resolución por la que se acuerda la declaración administrativa de responsabilidad, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. La interposición de recurso no suspenderá el procedimiento recaudatorio, a menos que se garantice el pago de la deuda perseguida con aval suficiente, o proceda a la consignación del importe de la deuda exigible, incluidos los recargos, intereses y las costas del procedimiento a disposición de la Tesorería General en la forma prevista en el art.46.2 del RGRSS. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo se entenderá desestimado, según dispone el art.115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Subdirector Provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva. Fdo.: Diego Sánchez Calderón.