18/03/2010 | Administración Central
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de A Coruña
Unidad de Impugnaciones
Resolución desestimatoria Expte. SIMAD 15/101/2009/01012/0 Annara Empresa de Control, SL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE A CORUÑA (Unidad de Impugnaciones) Ignorándose el domicilio actual de los sujetos responsables que se mencionan y resultando desconocidos o ausentes en el que facilitaron en su momento, por el presente se les notifica, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones que a continuación se transcriben: Ignorándose o domicilio actual dos suxeitos responsables que se mencionan e resultando descoñecidos ou ausentes no que facilitaron no seu momento, pola presente notifícaselles, de conformidade co artígo 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, as resolucións que de seguido se transcriben: Fecha: 26/01/2010 S/Ref.: Recurso de alzada N/Ref.: Sección de Gestión de Impugnaciones administrativas- /fm Asunto: RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA Expediente: 15/101/2009/01012/0 Objeto del recurso: Embargo de créditos. Acto recurrido: Notificación de las Diligencias de embargo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 15/04, de Ferrol. Fecha de notificación: 26/11/2009 Fecha de interposición: 10/12/2009 Visto el expediente de referencia como consecuencia del recurso formulado contra el acto y en la fecha reseñados, y teniendo en consideración los siguientes Primero.- En la Unidad de Recaudación Ejecutiva nº 15/04 de Ferrol, se sigue expediente administrativo de apremio nº 15/04/09/00236780, para el cobro forzoso de la deuda contraída en el Régimen General de la Seguridad Social por la empresa “ANNARA EMPRESA DE CONTROL, S. L.” (código de cuenta cotización 15110239563). Segundo.- En el expediente mencionado se incluyen las Providencias de apremio (períodos 06/2006 a 02/2007) expedidas por el impago de las reclamaciones de deuda emitidas por derivación de responsabilidad, incluidas en la Resolución dictada el 14/01/2008 en el Expte. nº 302/07, por la que la Subdirección de Procedimientos Especiales de esta Dirección Provincial, declaró a la empresa “Annara Empresa de Control, S. L.”, sucesora en la titularidad de la explotación, industria o negocio desarrollada por la empresa “Sergasa Control Empresa Auxiliar, S. L.”, y por ende responsable solidaria de las deudas contraídas por ésta en el código cuenta de cotización 15107451825. Dicha resolución -con inclusión de la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad solidaria- fue notificada el 17/01/2008, de acuerdo con el aviso de recibo incorporado al expediente, adquiriendo firmeza al no constar su impugnación en tiempo y formas reglamentarios. Tercero.- Cada una de las Providencias de apremio que integran el referido expediente se notificaron al deudor en la forma prevista legalmente; adquiriendo todas ellas firmeza al no constar su impugnación en tiempo y forma reglamentarios. Cuarto.- Dentro del expediente de apremio referido en el Hecho Primero y siguiendo el procedimiento recaudatorio para el cobro de la deuda pendiente de pago contraída, el Recaudador Ejecutivo dictó, el 22/10/2009, sendas diligencias por la que se declaraban embargados los créditos pendientes que la deudora “Annara Empresa de Control, S. L.” tuviera derecho a percibir de las empresas y/o entidades siguientes: “Dragados, S. A.”, “Materiales del Atlántico, S. A.”, “Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol”, “Ayuntamiento de Narón”, “Ayuntamiento de Ferrol”, “Somozas Energías Renovables, S. A.”, “Energías Ambientales Somozas, S. A.”, “Racing Club Ferrol, S. A. Deportiva” y “Construcciones Pita Graña, S. A.”. Dichos actos (documento nº 15 04 303 09 009604545 y ocho más) fueron notificados al deudor, mediante la oportuna cédula expedida al efecto en fecha 23/10/2009; recibida en fecha 26/11/2009, conforme la documentación incorporada al expediente. Quinto.- Frente a la notificación referida en el Hecho anterior, y dentro del plazo establecido al efecto, interpone el recurso que ahora se resuelve en base a aquellas alegaciones que creyó más convenientes para la defensa de sus intereses y que en aras de la brevedad se dan por reproducidas en la presente; solicitando se acuerde la anulación del acto impugnado con el archivo del expediente de apremio, y a medió de otrosí, interesa la suspensión de la ejecución de aquél, sin presentación de garantía alguna para ello. Primero.- Esta Dirección Provincial es competente para conocer y resolver el presente recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27), y en los artículos 2 y 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25). Segundo.- Analizadas las alegaciones formuladas y consultados los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial, se comprueba que las mismas no enervan ni desvirtúan el acto recurrido dictado por el Recaudador Ejecutivo, que es conforme a derecho al haber sido dispuesto en el ejercicio de su competencia de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (En lo sucesivo RGRSS). Tercero.- La Resolución dictada por la Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales de esta Dirección Provincial, referida en el Hecho Segundo, es firme conforme establece el artículo 115 de la Ley 30/1992. Cuarto.- Las Providencias de apremio incluidas en el expediente ejecutivo nº 15/04/09/00236780 (períodos 06/2006 a 02/2007), reglamentariamente notificadas al deudor de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, son firmes, conforme establece el precitado artículo 115 del mismo texto legal, al no haber sido recurridas en tiempo y forma reglamentarios, y por ello han de reputarse consentidas en todos sus términos. Asimismo, tal como determina el artículo 84 RGRSS, en concordancia con lo que asimismo dispone el apartado 2 del artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), constituyen los títulos ejecutivos suficientes para el inicio del procedimiento de apremio por la Tesorería General de la Seguridad Social, teniendo la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los responsables del pago de la deuda. Quinto.- El procedimiento recaudatorio de apremio se ajustó al procedimiento establecido en el Título III del RGRSS. Sexto.- De acuerdo con dicha normativa, el Recaudador Ejecutivo actuante, dictó los actos ejecutivos a los que se refiere el Hecho Cuarto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 93 y 97 RGRSS, declarando embargados, por el importe de deuda pendiente en los mismos indicado, los posibles créditos que tenga derecho a percibir la empresa deudora de las empresas y entidades especificadas en el precitado Hecho. En dicho sentido, cabe precisar que las diligencias de embargo lo son sobre posibles créditos, pagos y derechos económicos de cualquier naturaleza que tenga derecho a percibir la empresa deudora de aquéllas, no acreditándose el importe al que los mismos puedan ascender y que permitan valorar la necesidad alegada. Séptimo.- Por todo lo expuesto, y en contra de la invocada nulidad del acto notificado que esgrime el recurrente amparado en el artículo 62 de la Ley 30/1992, basándose en la supuesta indefensión que el acto impugnado le produce al considerar que tiene un contenido imposible y está dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, queda de manifiesto que la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante es acorde con el procedimiento recaudatorio regulado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y demás disposiciones reguladoras de la materia, por lo que no puede ser acogida favorablemente la pretendida anulación del acto impugnado. Octavo.- Por lo que respecta a la solicitud de suspensión formulada al amparo del artículo 111 de la Ley 30/1992, tampoco puede merecer favorable acogida por cuanto dicho texto legal en su Disposición Adicional sexta excluye de su regulación a los actos de gestión recaudatoria, remitiendo al efecto a lo que disponga su normativa específica, contenida por lo que aquí interesa, en el mencionado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, cuyo artículo 6 en su apartado 3 dispone que “El procedimiento de recaudación se impulsará de oficio en todos sus trámites y sólo se suspenderá en los términos establecidos en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en aquellos otros casos en que así se establezca en este Reglamento, por Ley o en ejecución de ella y en las condiciones y con los efectos que en ellos se determinen”. Asimismo en este sentido, el artículo 46 de la misma norma reglamentaria establece que “el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo si el recurrente garantiza con aval o procede a la consignación a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la deuda exigible, incluidos recargos, intereses y las costas del procedimiento”; garantías que no se han aportado en el presente expediente. Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial DESESTIMAR el recurso de alzada formulado por “Annara Empresa de Control, S. L.” frente a la cédula de notificación de 23/10/2009 de las diligencias de embargo de créditos dictadas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva 15/04 de Ferrol el 22/10/2009, y CONFIRMAR la decisión contenida en la misma. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del 14), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente. En A Coruña, a 26 de enero de 2010 EL JEFE DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES Fdo.: Manuel Sánchez Carabel