10/09/2009 | Administración de JusticiaJuzgados de Instrucción
1ª Instancia e Instrucción Negreira
Procedimiento: medidas cautelares coetáneas 442/2009

D. OSCAR FABIAN SAGAR ABDELKAMEL ABRUNHOSA GONZALEZ, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Negreira, doy fe: Que en los autos de referencia se ha dictado la siguiente: En Negreira, a 30 de julio de 2009. PRIMERO.- D. ANTONIO CEFERINO MINTEGUI ARENAZ, Dª Sandra Susana Ferrarons Etxart Y Dª MARIA ANGUSTIA BERNASES MARAIS presentaron ante este Juzgado demanda, admitida por Auto de 28 de julio de 2008, en la que se solicitaba la adopción de la medida cautelar consistente en anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad de Negreira, en la hoja registral de la finca número 27.519 del Libro 209, Tomo 1366, Folio 36, interesando que dicha medida se adopte sin necesidad de previa audiencia de los demandados y ofreciendo caución de 500 euros. PRIMERO.- El artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene los dos presupuestos básicos que han de concurrir para la adopción de cualquier medida de naturaleza cautelar. Así, en primer lugar, se alude al peligro por la mora procesal en el párrafo primero del apartado 1 de dicho precepto, cuando determina que “Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. Dicho requisito ha de entenderse cumplido en el caso que nos ocupa. La demanda interpuesta se refiere al ejercicio de varias acciones de contenido patrimonial (reivindicatoria y nulidad de contratos de compraventa), que pretende la obtención de concretos y determinados bienes: las fincas rústicas descritas en los hechos primero, segundo y tercero de la demanda, las cuales figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de los demandados, con el consiguiente riesgo de enajenación durante el procedimiento, de modo que, de hacerlo a favor de un tercero que cuente con la protección registral, aquellos bienes objeto del proceso serían irrecuperables, haciendo, por tanto, inefectivos los pronunciamientos que al respecto pudieran hacerse en una eventual sentencia que estime los pedimentos de los actores. A este respecto es de destacar que el plazo previsto por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual se ha practicado la inscripción registral, concluye el próximo 28 de agosto. En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 728 hace referencia a la necesidad de que exista una apariencia de buen derecho, al establecer que “El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios”. También se aprecia por esta juzgadora la concurrencia de indicios, en grado suficiente, para la adopción de la medida interesada, a la vista de la documental presentada con la demanda, en la que se incluyen títulos de propiedad, e informe pericial reforzando dicha documental. SEGUNDO.- Dispone el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado primero, que “El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: 1ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.2ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado”. Por su parte, el artículo 727 establece un listado no taxativo de medidas cautelare, incluyendo en el número 5° “La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos”. A la luz de lo expuesto anteriormente, debe concluirse que la medida interesada por el actor resulta idónea para conjurar el riesgo de que la finca objeto del procedimiento, inscrita en el Registro de la Propiedad, sea objeto de disposición, sin posibilidad de recuperación, perdiendo efectividad los posibles pronunciamientos condenatorios, lo que se evitará si tienen público conocimiento a través de la anotación preventiva de la reclamación judicial de los actores. La sentencia que se dicte es capaz de producir una inscripción en el Registro público que modifique su contenido y, por ello, la medida cautelar solicitada se muestra adecuada y conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse a los demandantes, y no se considera susceptible de sustitución por otra igualmente eficaz y menos gravosa, y los efectos de la anotación preventiva de demanda son livianos, al poder transmitirse las fincas, eso sí, con la advertencia pública a los terceros de la existencia de la contiende judicial. TERCERO.- Por lo que se refiere a las circunstancias relativas a la prestación de caución por el solicitante de las medidas cautelares. En este sentido, dispone el inciso primero del artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado”, añadiendo a continuación los parámetros que el juzgado ha de tomar como referencia a la hora de fijar dicha caución: “El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida”. Teniendo en cuenta la naturaleza de medida acordada, y sin advertir dato alguno que indique que, a causa de la misma, se puede producir una grave afectación del patrimonio de los demandados, y a la vista de la cuantía del procedimiento (en cuanto aparente valor de las fincas debatidas), se considera procedente establecer la cuantía de caución en 1.000 euros, la cual habrá de prestarse en el plazo de 10 días, en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. CUARTO.- Establece el punto primero del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”. No obstante, el número segundo de dicho precepto establece que “No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado”. Como ya se advirtió con anterioridad, la inscripción registral lleva fecha de 28 de agosto de 2007 (documental aportada con la demanda), de tal forma que el plazo de 2 años de limitación de la protección registral que establece el artículo 205 de la Ley de Hipotecaria se cumple en un plazo inferior a un mes. Teniendo en cuenta el número de demandados, y los propios tempos del procedimiento civil, resultaría prácticamente imposible dar cumplimiento a la medida cautelar acordada con anterioridad a dicho plazo, lo que podría hacerla totalmente inefectiva. De ahí la necesidad de resolver sobre la misma inaudita parte, sin perjuicio de la oposición que puedan formular los demandados de conformidad con los artículos 739 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. QUINTO.- No cabe hacer imposición de las costas derivadas del presente incidente, desde el momento en que el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé dicha imposición, de forma consecuente con el hecho de haberse adoptado dicho Auto sin audiencia de la parte demandada. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la solicitud de medidas cautelares instada por D. ANTONIO CEFERINO MINTEGUI ARENAZ, Dª Mª MAGDALENA TOJA VILLAR Y Dª MARIA ANGUSTIA BERNASES MARAIS y, en consecuencia, acuerdo la anotación preventiva de la demanda en la hoja registral de la finca número 27.519 del Libro 209, Tomo 1366, Folio 36 del Registro de la Propiedad de Negreira. Previamente los demandantes deberán prestar caución en cuantía de 1.000 euros dentro del plazo de diez días desde la notificación de este auto, en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. Notifíquese a las partes. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad del demandado de formular oposición, en plazo de veinte días contados desde la notificación del presente Auto. Así lo acuerdo, mando y firmo, RAQUEL FERNÁNDEZ REY, Juez del Juzgado de Primera Instancia Único de Negreira. Y, para que así conste y sirva de notificación en forma a la Herencia Yacente de DOÑA SANDRA SUSANA SUFUENTES MAKSIMOV así como a las personas desconocidas e inciertas que puedan tener interés en este pleito, expido, sello y firmo la presente en Negreira, a treinta y uno de julio de dos mil nueve. EL SECRETARIO