17/07/2009 | Administración LocalProvincial
Deputación Provincial da Coruña
Tesourería
Bases para la prestación de servicios en materia de sanciones por infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

El pleno de la Diputación Provincial de A Coruña, en la sesión celebrada el día 26 de junio de 2009, aprobó las BASES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, de las que se procede a publicar su texto íntegro, para general conocimiento. La Diputación Provincial de A Coruña asumirá las competencias que se concretan más adelante, relacionadas con la instrucción de los expedientes sancionadores por infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por delegación expresa de los Ayuntamientos que así lo acuerden con adhesión particular y expresa de cada Ayuntamiento a las presentes Bases. El ejercicio de las competencias objeto de estas Bases se regirá en primer término por el que se determina en la presente norma y, además, por: a) La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. b) El Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. c) El Real decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. d) El Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. e) El Real decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de conductores. f) El Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de vehículos. g) La Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. h) El Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. i) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. j) Las ordenanzas municipales sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. k) Las demás normas de obligada aplicación en la materia. l) Las normas que desarrollen, complementen o modifiquen a las anteriores. La Diputación asumirá la instrucción de los expedientes sancionadores por denuncias cursadas por los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, por infracción de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. También instruirá los expedientes por interposición de recursos administrativos contra las resoluciones sancionadoras y representará a los Ayuntamientos en los recursos contencioso-administrativos que se presenten sobre esta materia. Los Ayuntamientos mantendrán la competencia para resolver los expedientes sancionadores y los recursos contra las resoluciones sancionadoras. Podrán llevar a cabo esta delegación los Ayuntamientos que tengan delegada en la Diputación la recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas por infracción de la normativa sobre esta materia de conformidad con lo que establecen las Bases para la prestación de servicios tributarios a los Ayuntamientos de la provincia. La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico de la Diputación (en adelante UISMT), actuando como Instructor Jefe el funcionario que al efecto designe el Presidente de la Diputación. Los Ayuntamientos colaborarán en la instrucción de los expedientes sancionadores emitiendo los informes y realizando las pruebas que en cada expediente se consideren necesarios por el Instructor del mismo. Los cometidos específicos de cada administración (Diputación y Ayuntamiento), en las distintas fases del procedimiento sancionador, serán los siguientes: Las denuncias serán grabadas en la aplicación informática por personal del Ayuntamiento. Los boletines de denuncia a utilizar por los Agentes municipales serán elaborados por la Diputación. Su diseño, que será único para todos los Ayuntamientos, será aprobado por la Diputación. Cada boletín será identificado con un número secuencial preimpreso, para facilitar su seguimiento y control. Con la periodicidad que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena, los documentos originales de las denuncias serán enviados por el Ayuntamiento a la UISMT para su digitalización e incorporación al expediente. De conformidad con lo que se dispone al respecto en la normativa reguladora de la materia, la notificación de las denuncias se hará: a) Normalmente, en el momento de la infracción. Será realizada por el Agente municipal y quedará debida reflejada en el boletín de denuncia. La información relativa a la misma será grabada en la aplicación, al mismo tiempo que el boletín de denuncia, por personal del Ayuntamiento. b) Cuando no sea posible la notificación en el acto, le corresponderá a la UISMT. En el boletín de denuncia deberán hacerse constar, con la debida concreción, las circunstancias que impidieron su notificación en el acto. Cuando el denunciado formule alegaciones contra la denuncia y/o solicitase la aportación o realización de pruebas, deberá hacerlo por escrito y presentar el documento ante la UISMT. Si lo presentase en el Ayuntamiento, éste deberá remitírselas en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena. Los escritos de alegaciones y solicitud de pruebas serán digitalizados e incorporados a los expedientes por la UISMT. Cuando el procedimiento lo requiera, la UISMT requerirá del Ayuntamiento la colaboración que precise para la correcta instrucción de los expedientes. En particular, esta colaboración se requerirá en los siguientes supuestos: a) Cuando sea precisa la ratificación de la denuncia por el Agente municipal. b) Cuando se tengan que realizar pruebas “sobre el terreno”, las cuales correrán a cargo del Ayuntamiento. La documentación correspondiente deberá remitirse a la UISMT, para su digitalización e incorporación al expediente, en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena. La competencia para decidir sobre la admisión o no de las pruebas solicitadas por el denunciado le corresponderá a la UISMT, que le notificará a aquel la decisión adoptada al respecto. Será competencia de la UISMT la formulación de las propuestas de resolución, aplicando criterios uniformes y comunes para cada tipo de situación, sin especialidades en función del Ayuntamiento. Cuando proceda realizar la notificación al denunciado de la propuesta de resolución, le corresponderá a la UISMT. Cuando el denunciado formule alegaciones a la propuesta de resolución deberá hacerlo por escrito y presentar el documento ante la UISMT. Si se presentase en el Ayuntamiento, éste deberá remitírselas en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena. Los escritos de alegaciones a la propuesta de resolución serán digitalizados e incorporados a los expedientes por la UISMT. La competencia para dictar las resoluciones de los expedientes corresponderá a la Alcaldía o al órgano municipal de gobierno que la tenga atribuida reglamentariamente. La aplicación informática le facilitará el acceso al expediente completo, vinculando los documentos digitalizados con los trámites y actuaciones que se reflejen en ella, la emisión del documento de resolución, su incorporación al expediente y la utilización de firmas digitales en esta fase del procedimiento. Cuando este último extremo no sea posible, el Ayuntamiento deberá imprimir los documentos de resolución para que el órgano competente ponga en ellos su firma autógrafa, y remitirlos a la UISMT en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena. Le corresponderá a la UISMT la notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores. Con el objeto de evitar demoras en el procedimiento en los casos en que no se utilice firma electrónica en las resoluciones, la Diputación establecerá un sistema para que la UISMT conozca de inmediato que se dictó y firmó la resolución de un expediente, de forma que pueda realizarse cuanto antes la notificación. Los escritos de interposición de recursos de reposición deberán ser presentados ante la UISMT. Si los recibe el Ayuntamiento, deberá trasladarlos a la UISMT en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena, para proceder a la suspensión de las actuaciones, además de su digitalización e incorporación al expediente. Las propuestas de resolución de recursos de reposición serán elaboradas por la UISMT, previos los trámites que sean procedentes en cada caso. La resolución de recursos de reposición le corresponderá al mismo órgano municipal que dictó la resolución sancionadora. La aplicación informática le facilitará el acceso al expediente completo, la emisión e incorporación al expediente de los documentos de las resoluciones que resuelvan los recursos de reposición y la utilización de firmas digitales en estos documentos. Será tarea de la UISMT la notificación de las resoluciones recaídas en los recursos de reposición contra las sanciones impuestas. Con el objeto de evitar demoras en el procedimiento en los casos en que no se utilice firma electrónica en las resoluciones de los recursos de reposición, la Diputación establecerá un sistema para que la UISMT conozca de inmediato que se dictó y firmó la resolución de un recurso de reposición, de forma que pueda realizarse cuanto antes la notificación. La interposición de recursos contencioso-administrativos deberá ser comunicada a la UISMT. Si la comunicación la recibiese el Ayuntamiento deberá trasladarle el escrito en el plazo máximo que se determine en las normas de desarrollo de estas Bases que se aprueben al amparo de lo establecido en la Base Novena, para la suspensión de actuaciones, si procede. Los escritos de comunicación de la interposición del recurso contencioso-administrativo serán digitalizados e incorporados al expediente por la UISMT. La representación de la Administración en los recursos contencioso-administrativos le corresponderá al James Richard Andreea Claudia Pinson Boukhlik, o a la persona que reglamentariamente lo substituya o delegue en ella. El pago, tanto bonificado como ordinario, de las multas que se deriven de los expedientes sancionadores deberá realizarse exclusivamente por los medios y en los lugares designados al efecto por la Diputación, que aparecerán indicados en los boletines de denuncia, en las notificaciones de denuncia y de sanción y en los documentos de ingreso. El Ayuntamiento deberá abstenerse de admitir pagos por estos conceptos. Si recibiese alguno deberá comunicarlo a la UISMT en cuanto tenga conocimiento del mismo. La UISMT dará al Ayuntamiento las instrucciones precisas para posibilitar que dicho pago pueda aplicarse al expediente que corresponda. En el supuesto de que en cualquier momento de la instrucción del expediente se tenga que trasladarlo a otra Administración, por tener competencias en relación con el mismo, la UISMT será la encargada de: a) Acordar la adopción de las medidas preventivas y cautelares que procedan, sin perjuicio de la colaboración del Ayuntamiento para llevarlas a cabo. b) Confeccionar y enviar una copia compulsada y numerada del expediente físico. c) Mantenerse informada sobre el estado de las actuaciones que lleve a cabo la Administración receptora del mismo. d) Realizar su vez las actuaciones que correspondan como consecuencia de las resoluciones que adopte la Administración receptora. La anotación de la imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves, así como de la detracción de puntos del permiso de conducir, en los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico será responsabilidad de la UISMT, para lo que la Diputación acordará con el organismo titular de dichos registros el procedimiento a seguir y los medios a utilizar. El Ayuntamiento se responsabilizará de la exposición pública en sus Tablones de Anuncios de los edictos de citación para notificación por comparecencia y otros que se dicten por la Diputación en el ejercicio de las competencias delegadas. Con el objeto de normalizar y regularizar el sistema de infracciones y sanciones, y evitar así que la misma infracción sea penalizada con sanciones distintas según el término municipal en que se cometa, la Diputación elaborará un cuadro normalizado de las mismas, que podrá ser incorporado por los Ayuntamientos a sus ordenanzas municipales sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Las autoridades y funcionarios de los Ayuntamientos debidamente autorizados y acreditados podrán hacer el seguimiento puntual de la instrucción de los expedientes sancionadores, así como obtener resultados globales y estadísticas de gestión, accediendo a la aplicación informática. El procedimiento para formalizar la delegación de las competencias objeto de estas Bases será el siguiente: 1) Acuerdo provisional de delegación de competencias, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento delegante.2) Comunicación del acuerdo a la Diputación.3) Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y apertura de un plazo de 30 días hábiles para formular alegaciones.4) Acuerdo definitivo de delegación de competencias, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento delegante. Este acuerdo podrá ser sustituido por certificación del Secretario municipal, si el acuerdo provisional incluye la previsión de que quedará automáticamente elevado a definitivo si no se formulan alegaciones en el plazo establecido al efecto.5) Comunicación a la Diputación del carácter definitivo del acuerdo municipal de delegación.6) Acuerdo de aceptación de la delegación, adoptado por el Pleno de la Diputación.7) Publicación del acuerdo de aceptación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de Galicia, para general conocimiento. La delegación entrará en vigor desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo de aceptación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que se pueda iniciar la instrucción de expedientes por denuncias efectuadas en fecha anterior a la de entrada en vigor, siempre que no se hiciera la notificación en el acto y que las infracciones a las que se refieran no prescribieran. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de que el proceso de delegación de competencias culminase, con la publicación de su aceptación en el Boletín Oficial de la Provincia, antes del día 2 de enero de 2010, la delegación no entrará en vigor hasta dicha fecha. La delegación de la competencia de instrucción de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial tendrá en principio el mismo período de vigencia que la delegación de la competencia de recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas derivadas de dichos expedientes, prorrogándose automáticamente o quedando automáticamente sin efecto cuando lo haga dicha competencia recaudatoria. La delegación objeto de estas Bases podrá dejarse sin efecto si cualquiera de las partes comunica a la otra, con un mínimo de un año de antelación a su vencimiento, su deseo de no prorrogarla. El Presidente de la Diputación queda facultado para aprobar las normas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento y desarrollo de las presentes Bases. Dichas normas quedarán incorporadas automáticamente, desde su entrada en vigor, al cuerpo normativo que regirá la prestación del servicio objeto de estas Bases. O pleno da Deputación Provincial da Coruña, na sesión do 26 de xuño do 2009, aprobou as BASES PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS EN MATERIA DE SANCIONS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL, das que publicamos o seu texto íntegro, para o xeral coñecemento A Deputación Provincial da Coruña asumirá as competencias que se concretan máis adiante, relacionadas coa instrución dos expedientes sancionadores por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, por delegación expresa dos Concellos que así o acorden con adhesión particular e expresa de cada Concello ás presentes Bases. O exercicio das competencias obxecto destas Bases rexerase en primeiro termo polo que se determina na presente norma e, ademais, por: m) A Lei 18/1989, de 25 de xullo, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. n) O Real decreto lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. o) O Real decreto 320/1994, de 25 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. p) O Real decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 339/1990, de 2 de marzo. q) O Real decreto 772/1997, de 30 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de condutores. r) O Real decreto 2822/1998, de 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de vehículos. s) A Lei 17/2005, de 19 de xullo, pola que se regula o permiso e a licenza de condución por puntos e se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. t) O Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. u) A Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. v) As ordenanzas municipais sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. w) As demais normas de obrigada aplicación na materia. x) As normas que desenvolvan, complementen ou modifiquen ás anteriores. A Deputación asumirá a instrución dos expedientes sancionadores por denuncias cursadas polos Concellos no ámbito das súas competencias, por infracción da normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. Tamén instruirá os expedientes por interposición de recursos administrativos contra as resolucións sancionadoras e representará aos Concellos nos recursos contencioso-administrativos que se presenten sobre esta materia. Os Concellos manterán a competencia para resolver os expedientes sancionadores e os recursos contra as resolucións sancionadoras. Poderán levar a cabo esta delegación os Concellos usuarios dos servizos tributarios da Deputación que deleguen tamén, ou teñan xa delegada previamente, a competencia de recadación voluntaria e executiva das multas por infracción da normativa sobre esta materia conforme co que establecen as Bases para a prestación de servizos tributarios aos Concellos da provincia. Os Concellos deberán ter en conta que as ditas Bases eixen á súa vez para delegar a recadación voluntaria e executiva das multas a previa delegación das competencias enumeradas no apartado 1 (contido mínimo) da súa Base Terceira. O órgano instrutor será a Unidade de Instrución de Sancións Municipais de Tráfico da Deputación (en adiante UISMT), e actuará como Instrutor Xefe o funcionario que ao efecto designe a Deputación como responsable da dita UISMT. Os Concellos colaborarán na instrución dos expedientes sancionadores emitindo os informes e realizando as probas que en cada expediente se consideren necesarios polo instrutor do mesmo. Os cometidos específicos de cada administración (Deputación e Concello), nas distintas fases do procedemento sancionador, serán os seguintes: As denuncias serán gravadas na aplicación informática por persoal do Concello. Os boletíns de denuncia a utilizar polos Axentes municipais serán elaborados pola Deputación. O seu deseño, que será único para todos os Concellos, será aprobado pola Deputación. Cada boletín será identificado con un número secuencial preimpreso, para facilitar o seu seguimento e control. Coa periodicidade que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena, os documentos orixinais das denuncias, así como as probas gráficas, documentais ou de calquera outro tipo que en cada caso procedan, serán enviados polo Concello á UISMT, para a súa dixitalización e incorporación ao expediente. De conformidade co que se dispón ao respecto na normativa reguladora da materia, a notificación das denuncias farase: c) Normalmente, no momento da infracción. Será realizada polo Axente municipal e quedará debidamente reflectida no boletín de denuncia. A información relativa á mesma será gravada na aplicación, ao mesmo tempo que o boletín de denuncia, por persoal do Concello. d) Cando non sexa posible a notificación no acto, corresponderalle á UISMT. No boletín de denuncia deberán facerse constar, coa debida concreción, as circunstancias que impediron a notificación no acto. Cando o denunciado formule alegacións contra a denuncia e/ou solicitase a aportación ou realización de probas, deberá facelo por escrito e presentar o documento ante a UISMT. Se o presentase no Concello, este deberá remitirllas no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena. Os escritos de alegacións e solicitude de probas serán dixitalizados e incorporados aos expedientes pola UISMT. Cando o procedemento o requira, A UISMT requirirá do Concello a colaboración que precise para a correcta instrución dos expedientes. En particular, esta colaboración requirirase nos seguintes supostos: c) Cando sexa precisa a ratificación da denuncia polo Axente municipal. d) Cando se teñan que realizar probas “sobre o terreo”, as cales correrán a cargo do Concello. A documentación correspondente deberá remitirse á UISMT, para a súa dixitalización e incorporación ao expediente, no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena. A competencia para decidir sobre a admisión ou non das probas solicitadas polo denunciado corresponderalle á UISMT, que lle notificará a aquel a decisión adoptada ao respecto. Será competencia da UISMT a formulación das propostas de resolución, aplicando criterios uniformes e comúns para cada tipo de situación, sen especialidades en función do Concello. Cando proceda realizar a notificación ao denunciado da proposta de resolución, corresponderalle á UISMT. Cando o denunciado formule alegacións á proposta de resolución deberá facelo por escrito e presentar o documento ante a UISMT. Se o presentase no Concello, este deberá remitirllas no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena. Os escritos de alegacións á proposta de resolución serán dixitalizados e incorporados aos expedientes pola UISMT. A competencia para ditar as resolucións dos expedientes corresponderá á Alcaldía ou ao órgano municipal de goberno que a teña atribuída regulamentariamente. A aplicación informática facilitará o acceso ao expediente completo, vinculando os documentos dixitalizados cos trámites e actuacións que se reflictan nela, a emisión do documento de resolución, a súa incorporación ao expediente e a utilización de sinaturas electrónicas nesta fase do procedemento. Cando este último extremo non sexa posible, o Concello deberá imprimir os documentos de resolución para que o órgano competente poña neles a súa sinatura autógrafa, e remitilos á UISMT no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena. Corresponderalle á UISMT a notificación das resolucións ditadas nos expedientes sancionadores. Co obxecto de evitar demoras no procedemento nos casos en que non se utilice sinatura electrónica nas resolucións, a Deputación establecerá un sistema para que a UISMT coñeza de inmediato que se ditou e asinou a resolución dun expediente, de xeito que poida realizarse canto antes a súa notificación. Os escritos de interposición dos recursos de reposición deberán ser presentados ante a UISMT. Se os recibe o Concello, deberán trasladalos á UISMT no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena, para proceder á suspensión das actuacións, ademais da súa dixitalización e incorporación ao expediente. As propostas de resolución dos recursos de reposición serán elaboradas pola UISMT, previos os trámites que sexan procedentes en cada caso. A resolución dos recursos de reposición corresponderalle ao mesmo órgano municipal que ditou a resolución sancionadora. A aplicación informática facilitaralle o acceso ao expediente completo, a emisión e incorporación ao expediente dos documentos das resolucións que resolvan os recursos de reposición e a utilización de sinaturas electrónicas nestes documentos. Será tarefa da UISMT a notificación das resolucións recaídas nos recursos de reposición contra as sancións impostas. Co obxecto de evitar demoras no procedemento nos casos en que non se utilice sinatura electrónica nas resolucións dos recursos de reposición, a Deputación establecerá un sistema para que a UISMT coñeza de inmediato que se ditou e asinou a resolución dun recurso de reposición; de xeito que poida realizarse canto antes a súa notificación. A interposición dos recursos contencioso-administrativos deberá ser comunicada á UISMT. Se a comunicación a recibise o Concello deberá trasladarlle o escrito no prazo máximo que se determine nas normas de desenvolvemento destas bases que se aproben ao abeiro do establecido na Base Novena, para a suspensión de actuacións, se procede. Os escritos de comunicación da interposición do recurso contencioso-administrativo serán dixitalizados e incorporados ao expediente pola UISMT. A representación da Administración nos recursos contencioso-administrativos corresponderalle ao Myriam Chater Corachan, ou á persoa que regulamentariamente o substitúa ou delegue nela. O pago, tanto bonificado como ordinario, das multas que se deriven dos expedientes sancionadores deberá realizarse exclusivamente polos medios e nos lugares designados ao efecto para cada suposto pola Deputación, e que aparecerán indicados nos boletíns de denuncia, nas notificacións de denuncia e de sanción e nos documentos de ingreso. O Concello deberá absterse de admitir pagos por estes conceptos. Se recibise algún deberá comunicalo á UISMT en canto teña coñecemento do mesmo. A UISMT dará ao Concello as instrucións precisas para posibilitar que o dito pago poida aplicarse ao expediente que corresponda. No suposto de que en calquera momento da instrución do expediente se teña que trasladarlo a outra Administración, por ter competencias en relación co mesmo, a UISMT será a encargada de: a) Acordar a adopción das medidas preventivas e cautelares que procedan, sen prexuízo da colaboración do Concello para levalas a cabo. b) Confeccionar e enviar unha copia compulsada e numerada do expediente físico. c) Manterse informada sobre o estado das actuacións que leve a cabo a Administración receptora do mesmo. d) Realizar á súa vez as actuacións que correspondan como consecuencia das resolucións que adopte a Administración receptora. A anotación da imposición de sancións por infraccións graves e moi graves, así como da detracción de puntos do permiso de condución, nos rexistros oficiais da Dirección Xeral de Tráfico será responsabilidade da UISMT, para o que a Deputación acordará co organismo titular dos ditos rexistros o procedemento a seguir e os medios a utilizar. O Concello responsabilizarase da exposición pública nos seus Taboleiros de Anuncios dos edictos de citación para notificación por comparecencia e outros que se diten pola Deputación no exercicio das competencias delegadas. Co obxecto de normalizar e regularizar o sistema de infraccións e sancións, e evitar así que a mesma infracción sexa penalizada con sancións distintas segundo o Municipio no que se cometa, a Deputación elaborará un cadro normalizado das mesmas, que poderá ser incorporado polos Concellos ás súas ordenanzas municipais sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria. As autoridades e funcionarios dos Concellos debidamente autorizados e acreditados poderán facer o seguimento puntual da instrución dos expedientes sancionadores, así como obter resultados globais e estatísticas de xestión, accedendo á aplicación informática. O procedemento para formalizar a delegación das competencias obxecto destas Bases será o seguinte: 8) Acordo provisional de delegación de competencias, adoptado polo Pleno do Concello delegante.9) Comunicación do acordo á Deputación.10) Publicación no Boletín Oficial da Provincia e apertura dun prazo de 30 días hábiles para formular alegacións.11) Acordo definitivo de delegación de competencias, adoptado polo Pleno do Concello delegante. Este acordo poderá ser substituído por certificación do Secretario municipal, se o acordo provisional inclúe a previsión de que quedará automaticamente elevado a definitivo se non se formulan alegacións no prazo establecido ao efecto.12) Comunicación á Deputación do carácter definitivo do acordo municipal de delegación.13) Acordo de aceptación da delegación, adoptado polo Pleno da Deputación.14) Publicación do acordo de aceptación no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia, para xeral coñecemento. A delegación entrará en vigor dende o día seguinte ao da publicación do acordo de aceptación no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo de que se poida iniciar a instrución de expedientes por denuncias formuladas en data anterior á de entrada en vigor, sempre que non se fixera a súa notificación no acto e que as infraccións ás que se refiran non prescribiran. Non obstante o sinalado no parágrafo anterior, no caso de que o proceso de delegación de competencias rematase, coa publicación da súa aceptación no Boletín Oficial da Provincia, antes do día 2 de xaneiro de 2010, a delegación non entrará en vigor ata a dita data. A delegación da competencia de instrución dos expedientes sancionadores por infracción da normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria terá en principio o mesmo período de vixencia que a delegación da competencia de recadación voluntaria e el executiva das multas derivadas dos ditos expedientes, prorrogándose automaticamente ou quedando automaticamente sen efecto cando o faga a dita competencia recadatoria. A delegación obxecto destas Bases poderá deixarse sen efecto se calquera das partes comunica á outra, cun mínimo dun ano de antelación ao seu vencemento, o seu desexo de non prorrogala. O Presidente da Deputación queda facultado para aprobar as normas que sexan necesarias para o adecuado cumprimento e desenvolvemento das presentes Bases. As ditas normas quedarán incorporadas automaticamente, dende a súa entrada en vigor, ao corpo normativo que rexerá a prestación do servizo obxecto destas Bases. A Coruña, 6 de Xullo de 2009 O PRESIDENTE, O SECRETARIO, Salvador Fernández Moreda José Luís Almau Suprevía