LA PROTECCIÓN DEBIDA A LOS TESTIGOS
Subtitle: prólogo de Thierry J.E. Iplicjan.
Publisher: El Autor
Published: 1999
Place of publication: Buenos Aires, Argentina
Language: spa
Format: Paper
Description: PRÓLOGO
Prologar es una actividad mezquina. Supone, al fin y al cabo, una suerte de contrabando de las ideas propias gracias al trabajo de otro. Un buen “prologador” debe convencer a los lectores de su objetiva y grata sorpresa ante la producción del autor.
Pero este no es el caso: el libro del Dr. Alejandro Vecchi no me sorprende en lo más mínimo Es más, tener entre manos una recopilación exhaustiva sobre la protección de testigos, es un reflejo típico por parte de este “abogado de trinchera”. De un profesional que pelea sus causas dentro y fuera del ámbito de los tribunales con la misma pasión. 
Tal vez las circunstancias no importen, pero conocí a Alejandro Vecchi una calurosa mañana de verano, en la casa que ocupaba la familia Cabezas en la ciudad de Madariaga. Allí, una docena de personas esperábamos la hora de encaminarnos hacia la fatídica cava donde, dos años antes se hallaran los restos calcinados de José Luis Recuerdo con particular afecto a ese grupo heterogéneo que, con el pasar de las horas, se había ido conformando en derredor de las actividades previstas para esos días. Sentados alrededor de la mesa de los Cabezas, Luis Bordón, padre de Sebastián Bordón, dieciocho años, asesinado por agentes de la Policía de la Provincia de Mendoza, conversaba con el Padre Farinello, mientras la hija del Sub-Comisario Gutiérrez, asesinado en circunstancias nunca esclarecidas mientras llevaba adelante una investigación acerca de la aduana paralela, cebaba mate.
La noche anterior, los pañuelos blancos de las Madres, los flashes disparados hacia el cielo de los reporteros gráficos, los “cumpas” de base de la UOM, los pequeños grupos de vecinos portando carteles caseros, habían osado interrumpir el “dolce far mente” de la tan patricia Pinamar. Era una escena extraña, la de verlos desfilar en medio de la Bunge, con sus rostros pálidos de sapos de otro pozo, flanqueados por filas de tostados lectores de Para Ti que los miraban pasar prestándoles la atención que despierta la irrupción de lo siniestro en el paraíso de Versace y de Armani. Heraldos de otro mundo en la Disneylandia de Yabrán, portando fotografías de rostros anónimos (o ya no tanto...) reclamando justicia. Eran los rostros de la otra Argentina. De esa Argentina tan pertinazmente molesta que se rehúsa a morir en secreto. Quedé sorprendido por el sepulcral silencio de esos jóvenes (y bellísimos) adolescentes que se acercaban en grupo a observar la procesión. No había en ellos un solo atisbo de descaro. Por el contrario, parecían intuir la gravedad de lo que allí estaba aconteciendo. Posiblemente, para muchos de ellos, ese mundo extraño de muerte y dolor, de sufrimiento y desesperación, no sea más que un eco lejano emitido desde una realidad alterna. Videla y Yabrán son parte de una pesadilla ajena que, afortunadamente, transcurre en la escena del otro. Un mal sueño... hasta que el sueño se materializa frente a sus ojos (o frente a los nuestros). Cabe preguntarse si acaso, su sorpresa, no debería ser la nuestra. Porque en rigor de verdad, algo huele muy mal en Argentina, si consideramos natural que la Justicia deba ser exigida en las calles, y no en los tribunales, O acaso esta Disneylandia, ciertas noches, no es más que una Ciudad Gótica sin Batman.
Lo que en cambio si importa, es que Alejandro Vecchi es abogado. Y no cualquier abogado. Representa a la familia en el juicio que, desde el asesinato de José Luis Cabezas, pone a prueba (una vez más) la capacidad que tiene la sociedad Argentina de dotarse de un sistema Judicial creíble. Nacido el 30 de diciembre de 1958, en Merlo, Pcia. de Buenos Aires, el Dr. Alejandro Vecchi cursó la Carrera de Abogacía en la Universidad del Salvador, obteniendo el Título de Abogado en el año 1984. Desde el año 1985 se dedicó exclusivamente a la profesión independiente, siendo nombrado por la Universidad de Buenos Aires como Asesor Letrado del Decanato en la Facultad de Odontología. Es miembro activo y colaborador permanente de Reporteros Sin Fronteras, Organismo Internacional con sede en París. Preside el Instituto de Investigaciones Complejas (IDICOM), desde el cual se promueven todo tipo de investigaciones relacionadas con las causas penales que lleva adelante como querellante, fomentando grupos de cooperación interdisciplinarios con el fin de aportar a los juzgados intervinientes la mayor y más exacta cantidad de pruebas en las investigaciones complejas. Dentro del objeto del Instituto, se han presentado innumerables informes ad honorem a distintos organismos oficiales y privados, siempre con objetivos de mejorar las investigaciones judiciales y los métodos de recolección de evidencias. Desde su graduación realizó diferentes cursos para el conocimiento de delitos vinculados al tráfico ilícito de mercaderías (contrabando) crimen organizado y narcotráfico, asociaciones ilícitas, entre ellos el brindado por la Fundación del Banco de Boston sobre Funcionamiento del Comercio Exterior, dictados por esa prestigiosa institución en el año 1985. En el año 1987 viajó a Japón donde fue invitado por directivos de la empresa NISSAN. Desde el crimen de José Luis Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997, ha realizado numerosas gestiones coordinando centros de colaboración estudiantil en diversos ámbitos universitarios (Pcia. de Córdoba, Pcia. de Sta. Fe, Ciudad de Buenos Aires) con el propósito de dar a conocer el manejo del crimen organizado en el ámbito del poder judicial.
El Dr. Alejandro Vecchi no nos invita a recorrer la presente recopilación desde la posición del teórico pontificando desde el púlpito de su utopía. Lo hace desde las trincheras. Desde el campo batalla judicial donde la realidad supera -a menudo- la ficción. Y el caso que lo ocupa, mientras se escriben estas líneas, posee sobrados ejemplos de las múltiples formas en que el poder emplea los caminos judiciales para mantenerse fuera de la ley. Uno de ellos es el “amedentramiento judicial” de testigos. Modalidad perversa, pero legal, que consiste en querellar sistemáticamente por falso testimonio a los testigos de la otra parte. ¿Falla del sistema? ¿Voluntad expresa del Poder de reservarse un as bajo la manga? Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que nuestra legislación desprotege marcadamente la figura del testigo en las instancias judiciales.
Alejandro Vecchi dispara su libro con una pregunta “¿Qué es la verdad para un Estado?”. Y se responde: “El Estado reconoce como verdad única y exclusivamente lo que se puede probar judicialmente”. Cabe preguntarse por lo tanto, habida cuenta del funcionamiento de la esfera judicial en la Argentina, ¿qué clase de verdad emerge desde nuestros tribunales? Michel Foucault (1) particularmente en las conferencias recogidas en “La verdad y las formas jurídicas”-, dejó planteada la relación existente entre la elección de los mecanismos de emergencia de una verdad en el campo judicial, y la dupla poder/saber al interior de una sociedad determinada. A lo largo de toda su obra, delineó los vasos comunicantes que llevan a una sociedad a elegir tal Q cual — esquema de producción de una verdad, haciendo hincapié en la coherencia epistemológica de los sistemas escogidos con las formas del poder y las estrategias del saber. Así, parece natural y coherente que una sociedad como la feudal recurriese al sistema de las ordalías para resolver sus conflictos: el justo es amparado por Dios, el perjuro cae en desgracia. De ese acto de inspiración divina que es la ordalía emerge la verdad en todo su esplendor. La ley y la justicia se encuentran perfectamente alineadas porque Dios es su garante, y los hombres, meros espectadores. Pero ya en la Borgoña del S X las formas de emergencia de la verdad, en el ámbito jurídico, mutan de la interpretación de los signos, herencia de] sistema germano, hacia un modelo donde el testimonio — es decir la palabra — va ocupando un lugar más determinante: “el acusado de asesinato podía establecer perfectamente su inocencia reuniendo a su vez doce testigos que juraban que él no había cometido asesinato alguno. El juramento, por ejemplo, no se fundaba en haber visto con vida a la presunta víctima o en una coartada para el presunto asesino. Para prestar juramento, atestiguando que un individuo no había matado era necesario ser pariente del acusado, era preciso tener con él relaciones de parentesco que garantizaban no su inocencia sino su importancia social”. Poco importa, en estos ejemplos, la valoración que podamos realizar desde nuestra óptica moderna, acerca de la validez de los procedimientos de emergencia de verdad ante los tribunales medievales. Basta con que retengamos el esfuerzo de coherencia entre la visión epistémica al interior de esos universos, y los mecanismos puestos en juego para dictar la sentencia. En otras palabras, no interesa aquí si las leyes o sus procedimientos son justos o injustos. Al menos son coherentes con su entorno epistemológico.
Pero a pesar de las mutaciones epístemicas a lo largo de la historia, especialmente en lo atinente al ámbito judicial, algo permanece inmutable a través del tiempo: es la función del Estado. Cualquiera sea la forma que adquiera el pacto social, el Estado es siempre por definición el garante último de la administración de justicia. Para ello, los estados modernos se dotan del derecho exclusivo de la utilización de la fuerza en los procedimientos de resolución de conflictos. Hemos celebrado un pacto con “el Estado”: le hemos entregado nuestras armas, nuestra “legítima” violencia, en tanto y en cuanto creemos que es capaz de defendernos de nuestros enemigos, de nuestros agresores. Y entre otras “cláusulas”, nuestro “contrato” lo obliga a administrar justicia.
¿Que podemos decir de nuestro propio sistema judicial? El Dr. Alejandro 1: Vecchi nos recuerda que: “El estado tiene derecho a obligar con la fuerza pública a un ciudadano a que declare como testigo en cualquier causa en la que se investiga un hecho”. Es decir, que el dar testimonio no es un derecho.., es una obligación. Y esta obligación se basa precisamente en que en nuestro sistema judicial, inspirado por los principios de la democracia moderna, la palabra de un ciudadano - la de cualquier ciudadano — tiene el mismo valor. Derivadas de esas premisas, las formas de indagación y establecimiento de la verdad colocan en un plano de igualdad discursiva a la víctima, al presunto responsable de un crimen y al testigo. No puede condenarse a una persona por el solo testimonio de otra, tampoco puede absolvérsela. Poseemos, al igual que nuestros ancestros, una serie de mecanismos destinados a reconocer la verdad, a darle entidad. Y eso es lo que entendemos por justicia.
En la vida real, no obstante, resulta que las personas o sus discursos no son iguales. En la gran Agora de la sociedad moderna, el Estado, fuerte de los poderes con que los ciudadanos lo han ungido, tiene por función reducir las desigualdades individuales, y permitirle al simple campesino — o fotógrafo — llevar a los estrados judiciales y obtener la condena del Señor Feudal — o al empresa no telepostal por dar un ejemplo al azar. El poder no da derechos ni fueros especiales. En esa utopía se basa nuestra civilización. Y para que el Estado mantenga alguna forma de coherencia social, es decir, para que pueda cumplir con su rol de resolución de conflictos, para que pueda evitar la desastrosa lucha de todos contra todos, necesita de un sistema judicial coherente (al menos en las formas). Necesita garantizarle al testigo, que participa en el sistema de establecimiento de la verdad... que no se convertirá en la próxima víctima. En dos palabras, el estado debe asegurarse que se le provea al sistema judicial de las máximas garantías a todos los involucrados.
Esto, claro está, no ocurre en nuestro país. De hecho, la falta de garantías para los testigos en nuestro sistema, permitiría a una mente suspicaz, paranoica... o que simplemente habite lúcidamente nuestro país, interrogarse acerca de si la extrema vulnerabilidad del testigo, no favorece a todas las luces el operar de las (inexistentes, nos ha dicho el gobierno) bandas mafiosas. Permite plantearse la pregunta acerca del verdadero interés que existe en dotarse de una legislación que modere las desigualdades entre el ciudadano de a pie... y aquel que monta el caballo del comisario; permite reclamarle un poco mas de coherencia interna al sistema judicial: todos somos iguales ante la ley... solo que algunos poseen recursos fuera de la ley... recursos suficientes como para trabar nuestro sistema de emergencia de verdad. Es hora que nuestro Estado haga algo al respecto.
El trabajo de Alejandro Vecchi recopila distintos textos legales que han abordado este problema. Desde el modelo Norteamericano de Protección de Testigos hasta los distintos proyectos elevados ante el poder legislativo, se nos presentan las diversas formas de abordaje de esta problemática tan compleja. Cada quién encontrará, siguiendo su gusto, un lugar para la polémica y seguramente también, ideas que rescatar. Alejandro Vecchi no nos entrega un proyecto “cocinado”: nos ofrece, por el contrario, la posibilidad de contar con un instrumento precioso a la hora de tomar posición. No se trata aquí de “vender” un de invitar a construirlo. Hemingway escribió alguna vez que “la no es otra cosa que el pálido reflejo de la justicia”. Con su trabajo, el Dr. Alejandro Vecchi nos invita a ponerle un poco mas de luz al asunto.
Thierry J.E. Iplicjan
Presidente de Amnesty International Sección Argentina 
Buenos Aires- Invierno de 1999.
(1) Foucault, Michel. “La verdad y las formas jurídicas”. Pág. 69. Editorial Gedisa. México DF. 1986.
Table of contents: title: SUMARIO; title: - Preliminar; title: Para poder preservar el verdadero espíritu de las distintas leyes es que luego de la traducción de cada una se adjunta la versión original de ella.; title: Asimismo existen ciertos verbos cuya traducción al español no es exacta, ya sea, porque no existe una palabra con el mismo significado o porque una misma palabra engloba a varios términos, por lo que para no desnaturalizar el verdadero significado o propósito del legislador al incluirla, es que se reproduce la palabra en el idioma original y en cursiva, definiéndola previamente en español.; title: Es importante advertir al lector que por tratarse de una institución en pleno desarrollo y crecimiento, es que es imposible abarcarla en su totalidad, por lo que es factible que el marco legislativo exceda a lo aquí recopilado.; title: - Contenido EL CASO CABEZAS; title: Piezas trascendentales de la causa; title: 1) Pedido de Detención de Yabrán presentado por el Dr. Alejandro Vecchi (Julio de 1997); title: 2) Acta de Prisión Preventiva de Gregorio Ríos (Octubre de 1997); title: 3) Resolución original del Auto de Confirmación de Prisión Preventiva de Gregorio Ríos (Abril de 1998); title: 4) Análisis del Fallo; title: 5) Resolución Original del Auto de Sobreseimiento del Comisario Pedro Alberto Gomes (Diciembre de 1998); title: 6) Apelación del Dr. Alejandro Vecchi al Sobreseimiento del Comisario Gomes, Pedido de Prisión Preventiva y de investigación en orden al delito de asociación ilícita (Febrero de 1999); title: 7) Resolución original del Auto de Revocación del Sobreseimiento del Comisario Gómez (Junio de 1999); title: RECOPILACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEBIDA AL TESTIGO, PERITO Y VICTIMAS DEL CRIMEN; title: Antecedentes internacionales:; title: 1 - En EE.UU; title: a) Ley Federal de Protección de testigos; title: b) Pautas del procurador/Fiscal General para los distintos programas de protección de testigos.; title: 2 - En España; title: a) Ley orgánica de protección a peritos y testigos en causas criminales. 3 - En Venezuela; title: a) Ley Orgánica del Ministerio Público 4 — En Puerto Rico; title: 5 - En México; title: Antecedentes nacionales:; title: 1) A nivel nacional; title: a) Distintos proyectos, proyecto de ley antiterrorista; title: b) Ley de estupefacientes, Código Procesal Penal de la Nación.; title: 2) A nivel provincial; title: a) Dictamen del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires.; title: b) Código Procesal Penal de la Pcia. de Buenos Aires.; title: Anexo; title: Ley RICO (RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS); title: Agradecimientos: A la Fundación José Luis Cabezas, a Reporteros Sin Fronteras (París, Francia) y por su colaboración en la presente investigación a al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS (IDICOM).