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[PLP] -Inversión en educación para la primera infancia (Aprendizaje y el desarrollo integral del niño y la niña desde el nacimiento hasta los 6 años). Al invertir en la educación temprana no solo se beneﬁcian los niños, niñas y sus padres, madres o encargados, sino que en el largo plazo la economía general del país se ve beneﬁciada al aumentar las capacidades de su fuerza de trabajo y sus ingresos, reduciéndose la pobreza.
[PLP] Por esta razón, nuestro compromiso será ampliar el acceso a servicios de educación temprana y cuidado de la primera infancia, aumentando la cobertura y la inversión para este nivel
[PLP] educativo a través del MEP y en coordinación con otras modalidades de cuido como los CECUDI Municipales, CIDAI y CENCINAI, con el ﬁn de garantizar el derecho a la educación. (Esta propuesta está vinculada al apartado Mejorar servicios de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), dentro del Capítulo Agenda social.)
[PLP] Según datos suministrados por las Unidades Ejecutoras del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los Centros de Educación y Nutrición y Centros Integrales de Atención Infantil (CEN-CINAI), la cantidad de menores atendidos pasó de 71.994 en el 2022 a 65.008 en el 2023, lo que ha representado una reducción de un 9,7% de la población atendida. Apenas se cubría un 8,8% de los 800.000 niños que debían ser atendidos. En este campo, nuestra meta será alcanzar un 50% de esa población en el período 2026-2030, que incluye tanto los servicios de educación temprana como el cuidado de la primera infancia.
[PLP] -Inversión en becas para retener a los jóvenes en las aulas.
[PLP] Según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 558.864 costarricenses mayores de 24 años no tienen secundaria completa. Esto representa (15,7%) de toda la población mayor de esa edad. Por otro lado, el informe del Estado de la Educación (2023) indica que más del 40% de los estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran en situación de pobreza.
[PLP] Paradójicamente, las becas Avancemos, dirigidas a estudiantes de secundaria, sufrieron un recorte presupuestario del 40% entre el 2020 y el 2024, tal y como lo revela el XXX Informe del Estado de la Nación, lo que se tradujo en una caída del número de personas beneﬁciadas por dicho
[PLP] Programa Estado de la Nación. (2024). XXX Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica: CONARE. (Datos sobre recorte y beneﬁciarios del programa Avancemos). programa, pasando de 417 mil en el 2021, 290 mil en el 2023 y 277 mil en el 2024.
[PLP] Nuestro compromiso será revertir esta tendencia, aumentando el presupuesto para las becas Avancemos en al menos un 50% (de ¢78 mil millones a ¢117 mil millones) asegurando que jóvenes en pobreza y vulnerabilidad se mantengan en las aulas.
[PLP] -Comedores escolares. En paralelo a nuestra propuesta para cerrar el Consejo Nacional de la Producción (CNP) avanzaremos con una reforma puntual a la Ley Orgánica del CNP para que sea opcional el acudir a esta institución para abastecer los suministros de los comedores estudiantiles, de forma que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de los centros educativos puedan optar por abastecerse a través de terceros priorizando las condiciones de calidad, oportunidad y precio.
[PLP] Asimismo, con el objetivo de fortalecer el programa de Comedores Escolares y del Adolescente durante el tiempo lectivo y no lectivo, en nuestra administración impulsaremos una reforma de ley para posibilitar la concesión de la gestión y operación de este servicio, de forma que su manejo no dependa exclusivamente de las juntas de educación y las juntas administrativas.
[PLP] -Inversión en infraestructura educativa. La infraestructura educativa en Costa Rica enfrenta un rezago estructural que compromete la calidad de la educación y profundiza las brechas territoriales. La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) opera con limitaciones técnicas y de gestión que impiden una atención oportuna y
[PLP] estratégica a las necesidades del sistema. Las Juntas de Educación, sin capacidades técnicas ni sistemas de control adecuados, han sido sobrecargadas con responsabilidades que superan su naturaleza participativa.
[PLP] A pesar de la existencia de un portafolio de inversiones, no se cuenta con un sistema de planiﬁcación basado en la demanda efectiva ni se considera adecuadamente la evolución demográﬁca, las condiciones reales de los inmuebles o la sostenibilidad de los contratos de alquiler. La falta de una oﬁcina de gestión de proyectos (PMO) dentro de la DIEE ha contribuido a la fragmentación de esfuerzos, escasa rendición de cuentas y baja ejecución. Este escenario impide consolidar un ecosistema de infraestructura que garantice entornos seguros, funcionales y modernos para estudiantes y docentes. Para solventar estos problemas proponemos:" -Inversión en Educación Superior. Como lo ha señalado el
[PLP] Estado de la Educación (2023) “Las negociaciones y conﬂictos anuales por el ﬁnanciamiento del FEES operan, en la práctica, contra la planiﬁcación de mediano y largo plazo.” En nuestra administración retomaremos las negociaciones quinquenales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con el objetivo de brindar un marco más amplio de planiﬁcación para las universidades y el gobierno, procurando garantizar la calidad educativa y el uso eﬁciente de los recursos.
[PLP] Nuestra priorización en estas negociaciones estará vinculada a que las universidades respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, de forma que el ﬁnanciamiento estará vinculado a la expansión de programas en áreas STEM es decir, a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering, and Mathematics por sus siglas en inglés), fomentando con especial interés la apertura de carreras en sedes fuera de la GAM, en concordancia con las proyecciones de desarrollo de dichas regiones, y el enrolamiento de las mujeres con la meta de alcanzar, al ﬁnal de
[PLP] nuestro gobierno, la paridad en la matrícula de estas carreras. Asimismo, estableceremos indicadores relacionados a:
[PLP] Nuestro plan de gobierno establece como eje transversal el fortalecimiento de la seguridad ciudadana ante los niveles alarmantes de violencia que golea a toda la sociedad, lo que incluye desafortunadamente a los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos. (Esta propuesta está vinculada al Capítulo Seguridad ciudadana desde un enfoque multidimensional.)
[PLP] Desde esta perspectiva, el capítulo educativo contempla acciones para enfrentar a las amenazas del entorno inmediato a escuelas y colegios, pero también, a la convivencia dentro de los propios centros educativos. Ante esta realidad, nuestro compromiso será poner en marcha un plan para establecer entornos seguros en las escuelas y colegios, especialmente en zonas vulnerables. Este programa incluirá:
[PLP] -Coordinación con las fuerzas de seguridad. Estableceremos una coordinación activa entre los cuerpos policiales y los centros educativos, asegurando una presencia regular y estratégica de oﬁciales en los alrededores de los centros educativos, para garantizar la protección de estudiantes, docentes y padres de familia.
[PLP] -Capacitación de la fuerza Pública en entornos escolares.
[PLP] Brindaremos capacitación a los oﬁciales en enfoques de intervención preventiva y respetuosa incluyendo en la formación habilidades de comunicación, manejo de conﬂictos, técnicas de intervención sin violencia y conocimientos en materia de legislación penal juvenil.
[PLP] -Colaboración con la comunidad educativa: Integraremos a los directores, orientadores, padres de familia y líderes estudiantiles en la planiﬁcación de las intervenciones de seguridad ayudará a fortalecer la conﬁanza en las fuerzas de seguridad y a crear un ambiente colaborativo. Esto se podría realizar a través de reuniones regulares y la creación de comités de seguridad escolar.
[PLP] -Promoción de entornos escolares positivos: Las intervenciones no deben ser solo reactivas, sino que deben promover la creación de entornos saludables y seguros, impulsando actividades preventivas como talleres sobre convivencia pacíﬁca y charlas sobre resolución de conﬂictos.
[PLP] -Capacitación en resolución de conﬂictos. Implementaremos una capacitación continua para que los docentes desarrollen habilidades de gestión de conﬂictos en aulas con antecedentes de violencia.
[PLP] Mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes pasa por tener en las aulas a los mejores docentes, por capacitarlos de forma continua, por extender el currículo completo a la totalidad de escuelas del país y ampliar modelos exitosos de educación en todo el país.
[PLP] -Autonomía para los centros educativos de excelencia.
[PLP] Impulsaremos un modelo progresivo en el que cada escuela y colegio público en el país que haya demostrado de forma sostenida excelencia académica y óptima gestión administrativa pueda avanzar hacia esquemas de ﬂexibilidad en la deﬁnición de sus contenidos curriculares, la selección de su personal docente y su gestión administrativa, de forma que cada centro educativo pueda tomar decisiones que mejoren la calidad de la educación que ofrece de forma autónoma, cumpliendo con los estándares establecidos por el MEP.
[PLP] A través de esta medida concentraremos la atención prioritaria en aquellos centros educativos donde los mismos indicadores evidencian rezagos en la universalización de su currículo, la calidad académica o en su gestión administrativa. Este programa para dotar de autonomía a centros educativos de excelencia pasa, necesariamente, por un sistema de evaluación independiente que permita medir y valorar constantemente a los centros educativos (desarrollado más adelante), sin embargo, en tanto no se cuente con un sistema de evaluación independiente buscaremos apoyo del Programa Estado de la Nación para establecer un mecanismo de evaluación independiente temporal.
[PLP] -Actualización curricular integral. El sistema educativo costarricense enfrenta una crisis de aprendizajes que fue agravada por el “apagón educativo” durante la pandemia y que ha evidenciado la urgente necesidad de transformar el currículo nacional. Según el Informe del Estado de la Educación (2023), persisten rezagos signiﬁcativos en competencias básicas como lectura, escritura y matemáticas, incluso en niveles avanzados del sistema. Asimismo, los docentes enfrentan una sobrecarga administrativa que limita su rol pedagógico y la aplicación efectiva de las políticas educativas. A esto se suma el desfase entre el currículo actual y las demandas del siglo XXI, tanto del entorno laboral como de la ciudadanía global.
[PLP] Para solventar esta situación es fundamental actualizar los planes de estudio para integrar habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la ciudadanía digital, por mencionar algunas. El currículo, como herramienta de política pública, debe pasar de ser un documento normativo a una guía que oriente lo que realmente se enseña y aprende en el aula. En esta dirección:
[PLP] -Universalización del currículo: extender el currículo completo a la totalidad de escuelas del país. Desde el 2013 el Informe Estado de la Educación planteó la necesidad de ampliar la red de centros educativos de horario regular, en primer y segundo ciclos en el sistema educativo público para que estos pudieran brindar el currículo completo, lo que implica garantizar que todas las escuelas ofrezcan la totalidad de las asignaturas básicas (español, matemáticas, ciencias y estudios sociales) y complementarias (música, religión, artes plásticas, educación física, educación para el hogar o artes industriales, informática y un segundo idioma y en el caso de los centros educativos en territorios indígenas se incorporan las asignaturas de lengua indígena y cultura indígena).
[PLP] El mismo Programa Estado de la Nación (PEN, 2023) señaló que en 2022 sólo el 8,6% de las escuelas ofrecían el currículo completo, a pesar de que en 1997 se estableció un plazo de 10 años para extender el currículo completo a la totalidad de escuelas del país.
[PLP] La brecha curricular se acentúa en escuelas situadas en zonas rurales y en modalidades educativas como las escuelas unidocentes e indígenas, que tienden a ofrecer una cantidad reducida de asignaturas en comparación con otras instituciones educativas.
[PLP] Programa Estado de la Nación. (2023). Estado de la educación 2023. Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
[PLP] Nuestro objetivo será incrementar por año la cantidad de escuelas de horario regular y trabajar de manera prioritaria con las que registran menores coberturas de la malla curricular en sus diferentes asignaturas. Nuestra meta al ﬁnal de la administración será que el 30% de las escuelas en todo el país haya implementado el currículo completo.
[PLP] -Contratación y capacitación docente. La capacidad y la formación de los docentes es uno de los factores más determinantes para contar con una educación de calidad. En el 2017 la OCDE había señalado a nuestro país que consolidar la profesión docente de alta calidad en Costa Rica es uno de los desafíos más importantes de nuestra educación básica.
[PLP] En el año 2020 se aprobó la Ley N.º 9871, Reforma Estatuto de Servicio Civil, para establecer la obligatoriedad del examen de idoneidad en los requisitos de ingreso a la carrera docente. Nuestro compromiso es establecer dicho examen de idoneidad tal y como lo ordena la ley, como mecanismo para asegurar la excelencia en la enseñanza y la calidad educativa.
[PLP] -Uniﬁcación de centros educativos unidocentes. Los centros unidocentes son instituciones de primer y segundo ciclos de la educación general básica que son atendidos por un solo docente y cuentan con una población estudiantil de entre 1 y 30 estudiantes. La mayoría de estos centros están ubicados en zonas rurales y alejadas del país. El número total de escuelas unidocentes pasó de 1507 en 2020 a 1564 en 2024. Los cantones donde más escuelas pasaron a ser unidocentes fueron:
[PLP] - San Carlos (Alajuela) – 7 nuevas unidocentes" - Buenos Aires (Puntarenas) – 6 nuevas
[PLP] - Upala (Alajuela) – 6 nuevas
[PLP] Las escuelas que pasan a ser unidocentes generalmente pierden población estudiantil año con año, y al llegar a 30 o menos estudiantes, el MEP las reconﬁgura como tales. Esto implica cambios en el personal, fusión de grados y, en muchos casos, afectación al funcionamiento pedagógico.
[PLP] En nuestra administración promoveremos la transición de un enfoque de escuelas unidocentes a escuelas con mayor cobertura regional con condiciones tecnológicas y de infraestructura adecuadas, posibilitando la transformación de las escuelas de horario regular que ofrezcan el currículo completo.
[PLP] -Impulso al modelo de los colegios subvencionados. En el país existen 22 colegios subvencionados. Estas son instituciones educativas privadas con un modelo de ﬁnanciamiento mixto, pues reciben fondos parciales del gobierno además de las cuotas de los estudiantes. Por su naturaleza tienen mayor autonomía en la toma de decisiones y en la implementación de sus proyectos educativos.&
[PLP] Estos colegios representan un modelo de alianza públicoprivada exitosa, en donde los estudiantes reciben una educación integral de alta calidad, con un nivel de exigencia académica acompañada de gran cantidad de actividades extracurriculares. También se destacan por la cantidad de egresados que logran cursar una carrera en las principales universidades de nuestro país.
[PLP] En nuestra administración buscaremos duplicar la cantidad de colegios subvencionados, explorando esquemas de ﬁnanciamiento innovadores que permitan llevar este modelo a zonas fuera del GAM.
[PLP] -Expansión de la cobertura de los colegios técnicos profesionales y colegios cientíﬁcos. La ampliación de la oferta de la Educación Técnica y la Formación Profesional (ETFP) brinda a los jóvenes una salida alternativa para ingresar al mercado laboral o, si lo desean, continuar estudios universitarios. En el país existen 137 colegios técnicos diurnos y 2 nocturnos. Nuestra meta será aumentar la oferta de colegios técnicos de manera gradual en las diversas regiones, conforme a la demanda de carreras técnicas por parte de los jóvenes y del sector productivo, a lo largo y ancho del país.
[PLP] Por su parte, los colegios cientíﬁcos de Costa Rica destacan año tras año en las notas de ingreso a las universidades estatales, por encima de las instituciones privadas y del resto de entidades del sistema público.
[PLP] Nuestro país cuenta con 14 Colegios Cientíﬁcos, distribuidos por todo el país y cada uno ubicado cerca de las sedes de las universidades públicas. Además, hay un Aula Desconcentrada en la Sede San Vito. Nuestra meta será fortalecer el Sistema Nacional de Colegios Cientíﬁcos, duplicando al ﬁnal de nuestra administración la cantidad de colegios cientíﬁcos.
[PLP] -Formación técnica y educación dual. La educación dual es un puente que une a los estudiantes con el entorno laboral. A través de este modelo se busca que los jóvenes logren formarse y obtener aprendizaje práctico en una empresa que los prepare y dote de experiencia para acceder a oportunidades en el mercado laboral.
[PLP] Desde 2019 el país cuenta con la Ley N.º 9728 de Educación y Formación Técnica Dual, que “regula la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual, entendida como aquella modalidad educativa que permite a la persona estudiante formarse en dos ámbitos de aprendizaje, una institución de la Educación y Formación Técnica Profesional
[PLP] (EFTP) y una empresa formadora”. A pesar de que este es un modelo de formación exitoso en países desarrollados, en nuestro país el alto costo para las empresas formadoras aún limita el potencial de la educación dual.
[PLP] Asimismo, reformaremos la citada Ley N.º 9728 en su artículo 26, para establecer un esquema de exoneración temporal y de aporte mensual al Fondo especial de becas del INA, de manera que este sea escalonado y progresivo para las empresas que participen, con el objetivo de que el sector empleador pueda aumentar su participación en los programas de formación dual.
[PLP] Gestión de Calidad y el Instituto Uladislao Gamez. Esta fusión permitirá implementar un plan piloto de pruebas nacionales y necesidades de capacitación relacionadas con los resultados. Entendemos que las necesidades de las regiones son variables y que la descentralización administrativa y académica son urgentes.
[PLP] Desde la eliminación de las Pruebas Nacionales de Bachillerato el MEP no ha logrado consolidar una herramienta evaluativa. Esta
[PLP] OCDE. (2017). Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Costa Rica. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. inestabilidad deriva en que el sistema educativo carece de información sistemática y comparable respecto de sus resultados, lo cual inhibe la mejora continua, aspecto que también ha sido señalado por el PEN (2023).
[PLP] La evaluación que realiza el MEP en la actualidad no da información ﬁable sobre las habilidades que logra o no la población estudiantil. Por otra parte, no se toman en cuenta las inequidades del sistema educativo y se evalúa por igual a toda la población estudiantil, en estas circunstancias el fracaso escolar se le atribuye únicamente al estudiante.
[PLP] Pero más allá de una herramienta evaluativa, la educación costarricense no cuenta con un sistema de evaluación de la educación independiente y objetiva. En este sentido, la OCDE (2017) ya había recomendado al país “considerar la creación de una sólida agencia u organismo de evaluación independiente que promueva más las políticas basadas en evidencia y determinadas por resultados y apoye el desarrollo de una cultura de evaluación más fuerte en todos los niveles del sistema”. &
[PLP] Consideramos fundamental que las funciones de evaluación sean ejercidas por instancias diferentes a quienes la ejecutan. Por esta razón, nuestra propuesta en este campo se fundamenta en establecer un ente de evaluación de la educación pública con mayor autonomía administrativa y técnica, con independencia en la medición y evaluación, cuyo objetivo sea la evaluación de todo el sistema educativo: logros de aprendizajes de la población estudiantil, impacto de las políticas, programas y proyectos educativos, desempeño docente, gestión en los centros educativos, condiciones de infraestructura de las instituciones; disponibilidad y condiciones de material didáctico, equipo tecnológico, laboratorios, conexión a internet, papel de las personas que asesoran y supervisan al personal docente, entre otros.
[PLP] El acceso signiﬁcativo a Internet permite democratizar el conocimiento, reducir las brechas educativas y abrir oportunidades de desarrollo para las comunidades más vulnerables. Este enfoque resalta la capacidad de cada individuo para mejorar sus habilidades, aprovechando las herramientas que la tecnología pone a disposición de todos, independientemente de su origen socioeconómico.
[PLP] -Acceso a Internet de banda ancha en el 100% de los centros educativos públicos. Desde la Presidencia se conformará una alianza público-privada para garantizar acceso a Internet de banda ancha en el 100% de los centros educativos públicos, asegurando que los estudiantes cuenten con una conexión robusta, independientemente de su ubicación geográﬁca. Además, se implementarán programas de formación docente en el uso de tecnologías digitales, integrando las TIC en los planes de estudio para maximizar el impacto de la conectividad.
[PLP] -Planes de acción para la inclusión y desarrollo continuo.
[PLP] Buscamos superar la limitación actual de los programas como la Red Educativa del Bicentenario (REB), que ha avanzado lentamente debido a desafíos de infraestructura y planiﬁcación. Para esto, se establecerá un control y seguimiento trimestral de todos los proyectos, con la creación de una mesa de trabajo presidida por el MICITT, para garantizar la correcta implementación de los programas y la consecución de las metas de conectividad.
[PLP] -Conexión robusta para los estudiantes de primaria y secundaria. Conformaremos comisiones mixtas “No más retrasos” que garanticen el seguimiento del programa RED Educativa, ﬁnanciado con recursos FONATEL. Cada Comisión dará seguimiento a la conectividad local. La comisión estará conformada por el director regional de educación, un representante de los operadores, y un representante de la SUTEL. Trimestralmente emitirán un informe de avance en el cual incluirán las medidas correctivas para el cumplimiento de cronograma, el cual será remitido a la Rectoría de Telecomunicaciones.
[PLP] Como país necesitamos pensar cuál es el sistema educativo que requerimos para los próximos 40 o 50 años, y esto pasa por un rediseño institucional del Ministerio de Educación Pública, para transitar de una estructura que se caracteriza por su complejidad, con múltiples instancias con distintas naturalezas jurídicas y funciones, a un sistema enfocado en su labor sustantiva: la educación de calidad.
[PLP] El nivel central del MEP tiene 15 direcciones y 67 departamentos, que se comunican con 27 direcciones regionales de educación (DRE) que a su vez se subdividen en 207 circuitos educativos. Todo un entramado burocrático compuesto por miles de funcionarios administrativos.
[PLP] Sobre este particular, realizaremos una revisión y reforma normativa de rango legal en conjunto con la administración, con el ﬁn de identiﬁcar oportunidades para la simpliﬁcación y contribuir a que el MEP enfoque su atención en sus labores sustantivas.
[PLP] -Transformación urgente del Consejo Superior de Educación.
[PLP] Un primer paso que daremos en nuestra administración será la reforma legal al Consejo Superior de Educación para modiﬁcar su conformación actual, eliminando los puestos de los exministros de Educación Pública designados por el Poder Ejecutivo para designar, en su lugar, a un representante de
[PLP] universidades privadas y un experto en materia educativa designado por el Poder Ejecutivo. Asimismo, proponemos modiﬁcar el nombramiento que realiza el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, para que este puesto sea nombrado por el CONARE. El objetivo de esta reforma, que presentaremos durante los primeros 100 días de nuestra administración será brindar más representatividad al Consejo Superior de Educación, al tiempo que se procura garantizar resultados tangibles y mejoras signiﬁcativas en nuestra educación.
[PLP] -Descentralización y gestión de los recursos. Proponemos, además, simpliﬁcar la estructura organizativa y la gobernanza del Ministerio de Educación Pública, para pasar de un modelo centralizado a uno de mayor autonomía en la gestión de las Direcciones Regionales y de los propios centros educativos, concediendo más independencia para gestionar recursos y personalizar la enseñanza a los centros educativos que hayan demostrado indicadores de gestión y resultados favorables de manera sostenida en el tiempo reﬂejando que son capaces de autoadministrarse.
[PLP] -Transformación digital del MEP. Finalmente, se impulsará una transformación digital profunda del MEP, dado que actualmente se ubica en un nivel básico de desarrollo en esta materia, y apenas en un nivel inicial en lo relativo a infraestructura y cultura digital, según la Contraloría General de la República. Con el propósito de revertir estas limitaciones, se pondrá en marcha un plan nacional de digitalización educativa que abarque la modernización de la infraestructura tecnológica, la capacitación continua de docentes y administrativos en competencias digitales, y el fortalecimiento de los sistemas de información para una planiﬁcación y evaluación basadas en evidencia.
[PLP] El objetivo estratégico de esta reforma es contar con un Ministerio de Educación Pública ágil, descentralizado y digitalmente fortalecido, que centre sus recursos en el aprendizaje y no en la burocracia, y que garantice educación de calidad, pertinente y equitativa para las próximas generaciones de costarricenses.
[PLP] Costa Rica enfrenta una contradicción entre su inversión signiﬁcativa en educación superior y las trabas administrativas para reconocer títulos obtenidos en el extranjero. Actualmente, el proceso de equiparación está centralizado en convenios entre universidades públicas con más de 30 años de antigüedad, carece de digitalización, presenta criterios poco homogéneos y omite referencias internacionales como rankings académicos. Esta situación afecta especialmente a costarricenses que buscan regresar al país tras formarse en el exterior y a profesionales extranjeros altamente caliﬁcados. La falta de reconocimiento oportuno de estos títulos limita el cierre de brechas de talento, obstaculiza el desarrollo de la economía del conocimiento, desincentiva el retorno de la diáspora y resta dinamismo al sistema educativo y productivo del país.
[PLP] Para revertir esta situación impulsaremos una reforma integral al sistema de reconocimiento y equiparación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero. Esta reforma se basará en tres pilares: (1) digitalización completa del trámite con interoperabilidad entre instituciones, (2) creación de un sistema nacional de reconocimiento administrado por una única instancia especializada y con criterios uniformes, y (3) adopción de estándares internacionales de calidad académica, que reconozcan automáticamente títulos emitidos por universidades dentro de los rankings internacionales más prestigiosos. Asimismo, se eliminarán barreras innecesarias, como la obligación de equiparación con carreras locales, permitiendo el reconocimiento de títulos en áreas inexistentes en el país, pero clave para la innovación. Este nuevo modelo favorecerá el retorno de la diáspora, atraerá talento global, dinamizará el mercado laboral y fortalecerá la inserción del país en la economía del conocimiento.
[PLP] Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas han sido pilares históricos en la gestión de los centros educativos públicos en Costa Rica, sin embargo, su diseño institucional responde a una lógica de descentralización operativa que ya no se ajusta a las necesidades actuales del sistema educativo. En lugar de fortalecer la participación ciudadana en la planiﬁcación y ﬁscalización educativa, estas juntas han sido absorbidas por funciones técnicoadministrativas complejas que muchas veces superan su capacidad de gestión y terminan siendo una carga burocrática. Como lo señalan diversos análisis recientes, se requiere un replanteamiento profundo de su naturaleza y funciones, que permita modernizar su aporte al sistema educativo y optimizar el uso de recursos públicos.
[PLP] En esta dirección, en nuestra administración impulsaremos una transformación del marco legal y funcional de las juntas de educación y juntas administrativas. Esta reforma eliminará gradualmente las funciones técnico-operativas de estas—como la contratación de personal, manejo de fondos y compras— y las transferirá al Ministerio de Educación Pública o a una ﬁgura administrativa especializada y centralizada, con formación profesional y responsabilidad directa.
[PLP] Esto permitirá profesionalizar los procesos, reducir la carga de los centros educativos, y garantizar mayor eﬁciencia, trazabilidad y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. En paralelo, las juntas se transformarán en órganos de planiﬁcación y contraloría ciudadana del quehacer educativo, con funciones enfocadas en ﬁscalización, establecimiento de prioridades locales y articulación comunitaria.
[PLP] Asimismo, promoveremos un cambio en la forma de integración de estas juntas: los padres de familia de cada centro educativo serán quienes elijan directamente a sus representantes en las juntas, sustituyendo así el modelo actual de designación por parte de los concejos municipales. Esta medida reforzará el principio de mayor independencia de los centros educativos que pretendemos llevar adelante dentro de nuestra visión de modelo educativo, garantizando una mayor vinculación entre la comunidad educativa, responsabilidad de los padres de familia y la toma de decisiones, eliminando el riesgo de politización en la gestión escolar. La reforma también incorporará formación básica obligatoria para los miembros de las juntas, uso de plataformas digitales para seguimiento de proyectos, y mecanismos de evaluación y auditoría social participativa.
[PLP] El acceso a tecnologías de la información y comunicación (TIC) y a Internet de alta calidad es esencial para el desarrollo social y económico de cualquier nación. En nuestro país, aunque más del 80% de los hogares tienen acceso a Internet, persisten profundas desigualdades en la cobertura, especialmente en las zonas rurales e indígenas. A pesar de los avances en infraestructura de telecomunicaciones, como el crecimiento del 80% en la red de ﬁbra óptica en 2023, más del 20% de los hogares aún carecen de acceso a Internet ﬁjo, y las brechas en áreas periféricas son alarmantes." Las zonas rurales, particularmente aquellas ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), enfrentan diﬁcultades estructurales que impiden el acceso equitativo a servicios tecnológicos esenciales. Distritos como Talamanca, Siquirres, Puriscal y otros en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón siguen teniendo tasas de penetración signiﬁcativamente bajas, con un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes. Estos territorios no solo carecen de infraestructura adecuada, sino que también tienen escasa cobertura educativa y servicios básicos, lo que perpetúa un ciclo de desigualdad social y económica.
[PLP] Proponemos abordar esta grave disparidad, priorizando la expansión de la conectividad en las zonas hasta ahora marginadas. Las brechas tecnológicas no solo afectan el acceso a la educación de calidad, sino que también limitan las oportunidades laborales y el desarrollo profesional, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado. La falta de acceso adecuado a Internet y la infraestructura tecnológica en áreas rurales obstaculiza el aprendizaje de los estudiantes, restringe el acceso a servicios de salud y empleo, y refuerza las desigualdades entre las regiones del país.
[PLP] El avance hacia la conectividad 5G representa una oportunidad inédita para Costa Rica. Nuestra propuesta busca fomentar el desarrollo tecnológico como herramienta esencial para el progreso económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. (Esta propuesta está vinculada al Capítulo Conectividad Signiﬁcativa en Costa Rica.)
[PLP] Estamos listos para mover la aguja a favor de las niñas, niños y jóvenes de Costa Rica, y para ello, impulsaremos un programa integral que contempla la creación de 10 centros de alfabetización digital ubicados en distritos con alta vulnerabilidad social y menor acceso a Internet. Estos centros brindarán acceso a educación digital, formación docente, capacitación para adultos desempleados y apoyo en competencias clave como inglés, emprendimiento y habilidades digitales.
[PLP] Los centros servirán como puntos clave para brindar acceso a la educación digital, capacitación en nuevas tecnologías y la integración de las comunidades a la era digital, contarán con el apoyo de aliados estratégicos, incluidos sectores privados, universidades (tanto públicas como privadas) y organizaciones no gubernamentales (ONG). Las alianzas permitirán a estos centros contar con los recursos humanos y materiales necesarios para ofrecer una educación integral en competencias digitales, inglés, emprendimiento y otras habilidades esenciales para la inserción al mercado laboral moderno.
[PLP] Financiaremos la expansión de la conectividad utilizando recursos provenientes de la licitación de la red 5G, así como fondos del presupuesto nacional a través de entidades como el MEP, IMAS e INA. Los centros de alfabetización digital no solo estarán dirigidos a jóvenes y niños, sino que también incluirán programas de formación para adultos desempleados, así como apoyo para la capacitación docente. De esta manera, garantizamos una oferta educativa diversiﬁcada que fomente la inclusión digital en todos los sectores de la sociedad.
[PLP] Con la implementación de estos centros, los estudiantes de estas zonas tendrán acceso a contenidos educativos actualizados, materiales interactivos y formación en nuevas tecnologías, que son fundamentales para mejorar los aprendizajes y cerrar las brechas de calidad educativa.
[PLP] Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en materia de digitalización, siguiendo el ejemplo de países pioneros como Estonia. La transformación digital no es únicamente un proceso tecnológico: exige un cambio cultural, institucional y estratégico que redeﬁna la relación entre el Estado, la ciudadanía y el sector productivo. Este plan articula acciones concretas para digitalizar los servicios públicos, cerrar la brecha digital, fortalecer la ciberseguridad y estimular la innovación.
[PLP] Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen una plataforma para ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones, desarrollar políticas públicas basadas en datos despersonalizados, dinamizar comunidades tanto territoriales como virtuales, mejorar servicios con un enfoque centrado en las personas y consolidar la cooperación entre el sector público, privado, académico y de la sociedad civil. Asimismo, constituyen un vehículo clave para la implementación de la Inteligencia Artiﬁcial (IA) en sectores estratégicos, maximizando los beneﬁcios de la tecnología para el desarrollo social y económico.
[PLP] La experiencia de Estonia demuestra que el éxito de la digitalización se sustenta en decisiones concretas y coherentes: el principio de que el ciudadano solo proporciona sus datos una vez, mientras las instituciones gubernamentales los comparten de manera segura y transparente. Costa Rica adoptará este modelo, eliminando duplicidades y reduciendo burocracia innecesaria.
[PLP] -Principio “Digital por defecto”. Garantizaremos que la mayoría de los trámites públicos estén disponibles en línea. Durante los primeros 100 días digitalizaremos los 30 trámites más utilizados, alcanzando un 80% al ﬁnal del período de gobierno. Un catálogo centralizado y accesible 24/7 facilitará el uso de los servicios, complementado con asistentes virtuales basados en IA que resuelvan consultas y gestionen trámites en tiempo real.
[PLP] -Compromiso de una sola vez. Mediante Decreto Ejecutivo, convocaremos a ministerios, municipalidades, empresas GovTech y universidades para diseñar servicios centrados en el usuario, simpliﬁcar procedimientos administrativos, eliminar duplicidades y consolidar un catálogo único de servicios públicos digitales.
[PLP] -Bases tecnológicas para la transformación digital.
[PLP] Estableceremos la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas, garantizando un intercambio de información eﬁciente. La creación de una Identidad Digital brindará acceso seguro y ágil a trámites en línea, y una red nacional de datos permitirá integrar gestiones de gobiernos locales y centrales.
[PLP] -Alianzas estratégicas y ﬁnanciamiento. La implementación contará con la participación de instituciones públicas (MICITT, INEC, SUTEL, Registro Civil), proveedores de tecnología, universidades públicas y privadas en desarrollo de software y ONG enfocadas en inclusión digital. El ﬁnanciamiento provendrá tanto del presupuesto nacional como de cooperación internacional (BID, OCDE, UIT).
[PLP] -Rectoría y marco legal. Desde la Rectoría de Innovación coordinaremos la plataforma de interoperabilidad y la Identidad Digital. Con el liderazgo de la fracción legislativa se promoverán las reformas necesarias para habilitar legalmente la interoperabilidad y la digitalización de trámites, incorporando estándares abiertos y buenas prácticas regionales.
[PLP] La transformación digital ha redeﬁnido la forma en que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos interactúan. La interdependencia entre ciudadanía digital, ﬁrma digital certiﬁcada, identidad digital, protección de datos personales y la universalización de la ﬁrma digital exige una gobernanza digital integral. Sin políticas públicas robustas y coherentes, se corre el riesgo de exclusión, inequidad y mayor vulnerabilidad en el entorno digital.
[PLP] Entre 2022 y 2024, diversas organizaciones internacionales y nacionales han impulsado proyectos que destacan la importancia de la alfabetización digital, la interoperabilidad de sistemas y la protección de datos personales. Costa Rica ha avanzado mediante iniciativas del MICITT, la SUTEL y reformas legislativas, pero queda mucho por hacer para consolidar un ecosistema digital inclusivo y seguro.
[PLP] La ciberseguridad es un componente esencial para la protección de sistemas, redes y datos frente a amenazas cibernéticas. Desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se centraba en antivirus y ﬁrewalls, ha evolucionado hacia enfoques proactivos y automatizados. Hoy, la inteligencia artiﬁcial y el aprendizaje automático permiten defensas adaptativas y predictivas, capaces de responder en tiempo real a riesgos emergentes.
[PLP] La integración de la ciberseguridad con la seguridad del Estado resulta estratégica para proteger infraestructuras críticas —sistemas ﬁnancieros, redes energéticas, telecomunicaciones— y salvaguardar la soberanía nacional. La OCDE subraya que una cultura sólida de seguridad digital es condición indispensable para la estabilidad y el desarrollo. En Costa Rica, fortalecer la ciber-resiliencia garantizará la continuidad de los servicios esenciales y consolidará la conﬁanza ciudadana.
[PLP] La ciberseguridad no solo protege al Estado, también fortalece la competencia de mercado y promueve la innovación. Un marco regulatorio claro garantiza equidad entre empresas, impulsa la protección de datos personales y fomenta la conﬁanza del consumidor, lo que se traduce en dinamismo económico. La neutralidad tecnológica asegura que las medidas se apliquen de manera uniforme, sin limitar la adopción de nuevas soluciones.
[PLP] -Centro Nacional de Ciberseguridad. Desde el Poder Ejecutivo estableceremos un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la rectoría de Seguridad Pública, con participación del MICITT y el Ministerio de Hacienda. Ahí se coordinará la protección de infraestructuras críticas y se articulará la estrategia nacional de ciberseguridad.
[PLP] -Hoja de ruta de protección de infraestructuras críticas.
[PLP] Impulsaremos la integración de inteligencia artiﬁcial en la detección y prevención de ataques, con participación de operadores y proveedores de telecomunicaciones, junto con la SUTEL.
[PLP] -Formación y certiﬁcación. Estableceremos programas de capacitación para empleados públicos en ciberseguridad, liderados por el INA, con apoyo del MICITT, el MEP y universidades.
[PLP] -Regulación del Internet de las Cosas (IoT). Se promoverá la regulación que incentive la innovación y el uso seguro del Internet de las Cosas (IoT). Mediante un Sandbox regulatorio, liderado por la SUTEL y en alianza con el MICITT y las empresas tecnológicas del sector privado universidades y organismos regionales.
[PLP] Legislativo, impulsaremos la aprobación de una Ley de Ciberseguridad que dote al país de un marco normativo moderno y eﬁcaz. Para su elaboración buscaremos la integración de una comisión mixta con representantes del MICITT, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y empresas especializadas en el sector. Esta comisión tendrá como objetivos respaldar la iniciativa de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y de la Defensoría de los Habitantes para establecer sanciones proporcionales y efectivas frente a ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, e incorporar y promover la adopción de directrices y buenas prácticas internacionales, en línea con las recomendaciones de la UIT y la OCDE, garantizando estándares globales de seguridad digital.
[PLP] -Tribunales especializados en delitos cibernéticos. En pleno respeto de la división de poderes, apoyaremos las acciones necesarias para que el Poder Judicial cuente con tribunales especializados en materia de cibercrimen. De forma paralela, apoyaremos el desarrollo de programas de capacitación para jueces y ﬁscales en legislación digital y delitos cibernéticos, con el objetivo de garantizar así una respuesta ágil y efectiva frente a los nuevos desafíos del entorno digital.
[PLP] El avance hacia la conectividad 5G representa una oportunidad inédita para Costa Rica. Nuestra propuesta busca fomentar el desarrollo tecnológico como herramienta esencial para el progreso económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. La colaboración entre los sectores público y privado será clave para garantizar una implementación eﬁciente y beneﬁciosa para todas las personas.
[PLP] En los primeros 100 días se publicará el ajuste al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que garantice el Despliegue eﬁciente de la red 5G, por medio de la implementación de una mesa técnica permanente entre operadores, reguladores, empresas privadas, asociaciones comunitarias y la academia para evaluar avances y superar desafíos.
[PLP] La modernización del sector agrícola, agropecuario y pesquero constituye una condición indispensable para que Costa Rica aproveche plenamente su potencial productivo y exportador. El país cuenta con ventajas comparativas notables, como la riqueza de sus ecosistemas, la diversidad de su producción y el reconocimiento internacional por la calidad de sus bienes agropecuarios. Sin embargo, estos atributos conviven con rezagos estructurales: baja adopción tecnológica, dispersión institucional, escasa articulación con cadenas globales de valor y una alta exposición a los impactos del cambio climático.
[PLP] Frente a este panorama, la transformación del sector debe orientarse hacia una producción más eﬁciente, sostenible y tecnológicamente avanzada. La incorporación de herramientas de agricultura de precisión, trazabilidad digital y modelos de gestión basados en datos permitirá cerrar brechas de productividad y reducir costos operativos. Asimismo, es necesario fortalecer la innovación en acuicultura y pesca, diversiﬁcar las oportunidades de comercialización y aprovechar el potencial de encadenamientos con sectores como el turismo, la gastronomía y la bioeconomía.
[PLP] El cambio debe concebirse como una renovación integral de la institucionalidad, las prácticas productivas y los mercados, con énfasis en la inclusión de pequeños y medianos productores. Para lograrlo, se requiere un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria robusto, capaz de articular universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones de productores. Solo mediante esta convergencia será posible transitar de un modelo de crecimiento basado en la expansión de áreas productivas a uno fundamentado en innovación, sostenibilidad y valor agregado, capaz de proyectar al sector agropecuario y pesquero de Costa Rica hacia un nuevo ciclo de competitividad global.
[PLP] El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) enfrenta limitaciones estructurales, dispersión de funciones y un débil enfoque en resultados, lo que ha obstaculizado la eﬁciencia del sector agropecuario, pesquero y rural. Su transformación es indispensable para dotar al país de una institucionalidad moderna, con capacidad técnica y agilidad en la gestión. La reforma propuesta se organiza en tres pilares: (i) rectoría efectiva e indelegable del sector; (ii) gestión para resultados basada en metas, indicadores y rendición de cuentas; y (iii) digitalización integral de los servicios al productor. El objetivo es construir un ministerio con mayor capacidad de planiﬁcación estratégica, coordinación interinstitucional y apoyo técnico al productor.
[PLP] -Gobernanza y rectoría sectorial. Mediante Decreto ejecutivo fortaleceremos al MAG como ente rector, con potestades exclusivas en planiﬁcación, regulación, investigación, supervisión y coordinación de políticas. El Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CONSA), presidido por el ministro del MAG, será la instancia de articulación obligatoria, con participación de SEPSA, INTA, INCOPESCA, SENASA y SFE, para deﬁnir prioridades, asignar recursos y dar seguimiento a metas sectoriales veriﬁcables.
[PLP] -Reordenamiento organizacional y eliminación de duplicidades. El MAG redeﬁnirá su estructura para concentrarse en tres funciones estratégicas: formulación de política pública, extensión agropecuaria y supervisión. Con apoyo de MIDEPLAN, se impulsará un modelo de servicios compartidos —jurídicos, ﬁnancieros y tecnológicos— que elimine solapamientos con órganos adscritos y garantice eﬁciencia operativa, asegurando presencia técnica en todas las regiones.
[PLP] -Racionalización de desconcentraciones. Llevaremos a cabo una revisión técnica para impulsar una reforma legal que modiﬁque el régimen de desconcentración en el sector. Aquellos órganos que carezcan de justiﬁcación técnica pasarán a integrarse como direcciones nacionales dentro del MAG, con niveles limitados de autonomía administrativa y presupuestaria.
[PLP] Ejecutivo consolidaremos un Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria, liderado por el MAG, que priorice la atención a micro, pequeños y medianos productores. Este sistema integrará la transferencia tecnológica del INTA, la formación técnica del INA y programas de investigación aplicada en colaboración con universidades públicas. Las Agencias de Extensión Agropecuaria actuarán como ventanillas regionales de innovación, promoviendo buenas prácticas productivas y resiliencia climática.
[PLP] -Digitalización integral: Ventanilla Agro Digital. A través de
[PLP] Decreto Ejecutivo llevaremos adelante una plataforma única que integre permisos, registros, certiﬁcaciones, trazabilidad, importaciones de insumos y servicios de extensión. El MAG coordinará su diseño junto con MICITT y MEIC, asegurando interoperabilidad con SEPSA, Hacienda, Aduanas, SENASA y SFE. Esta plataforma incluirá un expediente único del productor, reducirá tiempos de trámite en al menos un 50% y generará datos abiertos para la toma de decisiones en política pública.