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[PLP] Nuestra administración respetará la autonomía del BCCR y defenderá su mandato legal centrado en la estabilidad de precios y el buen funcionamiento del sistema ﬁnanciero. Se promoverá una política monetaria responsable, utilizando la Tasa de Política Monetaria como instrumento principal, con énfasis en mejorar su transmisión a las tasas de interés del mercado. Asimismo, apoyaremos una gestión prudente de las reservas internacionales que tome en cuenta criterios de calidad de activos y sostenibilidad ambiental.
[PLP] El sistema de supervisión ﬁnanciera costarricense está fragmentado entre diversas superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) lo cual genera duplicidades regulatorias, aumenta los costos de supervisión y diﬁculta la detección oportuna de riesgos sistémicos. Esta fragmentación impide una supervisión integral y efectiva de los conglomerados ﬁnancieros que operan en múltiples mercados.
[PLP] A nivel internacional, existe una tendencia creciente hacia la consolidación de los entes supervisores bajo esquemas de regulador único o coordinado, con el ﬁn de aumentar la eﬁciencia, coherencia normativa y capacidad de respuesta ante crisis. Costa Rica no puede quedarse rezagada frente a estos avances si quiere mantener la estabilidad ﬁnanciera en un entorno cada vez más complejo y cambiante.
[PLP] En nuestra administración impulsaremos una reforma de ley para la creación de una Superintendencia Financiera Única que consolide las funciones de las actuales superintendencias bajo una estructura moderna, técnicamente robusta e independiente. Esta entidad aplicará principios de regulación basada en riesgos y supervisión consolidada, garantizando mayor eﬁciencia y transparencia para los usuarios del sistema.
[PLP] Costa Rica enfrenta el desafío de mantener la sostenibilidad de su deuda pública y dinamizar su sistema ﬁnanciero, marcado por distorsiones estructurales y limitada competencia. En este contexto, la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y de la participación estatal en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) representa una oportunidad estratégica para avanzar en ambos frentes. El proyecto de ley en discusión establece un marco jurídico robusto para llevar a cabo la venta del BCR mediante procedimientos alineados con buenas prácticas internacionales en fusiones y adquisiciones, destinando la totalidad de los ingresos al pago de deuda pública.
[PLP] La experiencia comparada muestra que la entrada de nuevos actores bancarios de primer nivel global puede ampliar la oferta de productos ﬁnancieros, reducir costos de intermediación, fortalecer la innovación digital y generar empleos de alta calidad. Costa Rica puede aprovechar este proceso para atraer entidades ﬁnancieras con trayectoria internacional, solvencia comprobada y capacidades.
[PLP] Durante nuestra administración, impulsaremos la aprobación y ejecución del marco legal para la venta total del patrimonio del BCR, incluyendo sus subsidiarias y participación en BICSA. Se garantizará que ambas ventas se realicen únicamente a entidades ﬁnancieras internacionales de primer orden que actualmente no tengan presencia en el país, a ﬁn de maximizar la competencia y evitar concentraciones de mercado. El proceso será liderado por el Ministerio de Hacienda, con asesoría técnica internacional y bajo la rectoría del Consejo de Gobierno, en dos etapas claramente deﬁnidas: precaliﬁcación de interesados y recepción de ofertas vinculantes.
[PLP] Se establecerán requisitos técnicos rigurosos para la selección de compradores, incluyendo solvencia ﬁnanciera, experiencia comprobada en inclusión e innovación digital, compromiso con la sostenibilidad y planes de inversión en Costa Rica. Antes de ﬁnalizar el periodo 2026–2030, nuestra meta es haber concretado ambas ventas, con ingresos íntegros destinados a reducir la deuda pública del gobierno central en al menos un 3% del PIB. Asimismo, se implementará un plan de acompañamiento para asegurar la continuidad de los servicios ﬁnancieros a clientes actuales, la protección de los trabajadores y el fortalecimiento del marco regulatorio para supervisar adecuadamente a los nuevos operadores privados.
[PLP] Costa Rica enfrenta un rezago importante en educación ﬁnanciera: el 80% de la población nunca ha recibido formación en esta materia . Esta carencia se traduce en altos niveles de endeudamiento, baja cultura de ahorro, desconocimiento sobre productos ﬁnancieros y vulnerabilidad frente a fraudes y sobreendeudamiento. La falta de competencias ﬁnancieras limita el aprovechamiento de los servicios formales y perpetúa la exclusión.
[PLP] Diversas instituciones han impulsado iniciativas dispersas de educación ﬁnanciera, pero sin una estrategia articulada ni recursos sostenibles. Ante esta situación, es urgente promover una alfabetización ﬁnanciera integral, continua y accesible para toda la población, con especial foco en niños, jóvenes, mujeres y emprendedores.
[PLP] -Programa Nacional de Educación Financiera. Nuestra propuesta incluye la implementación de un Programa Nacional de Educación Financiera liderado por el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con el BCCR, sector bancario y organizaciones sociales. Este programa incluirá contenidos curriculares desde la educación primaria hasta la secundaria, y programas extracurriculares dirigidos a poblaciones adultas y vulnerables.
[PLP] Para ello se incorporarán módulos de educación ﬁnanciera en los planes de estudio de tercer ciclo y educación diversiﬁcada, con adaptaciones para cada nivel educativo.
[PLP] CRHoy. (2024, 19 de marzo). 80 % de ticos no ha recibido educación ﬁnanciera. https://crhoy.com/80-de-ticos-no-ha-recibido-educacion-ﬁnanciera/
[PLP] Además, haciendo uso de alianzas público-privadas impulsaremos plataformas digitales, campañas de sensibilización y capacitaciones virtuales para fomentar una cultura de ahorro, manejo responsable del crédito, planiﬁcación ﬁnanciera y conocimiento de derechos como usuarios del sistema. La educación ﬁnanciera será un eje transversal de nuestras políticas sociales y productivas.
[PLP] En las últimas dos décadas Costa Rica ha logrado avances signiﬁcativos en materia de bancarización: más del 80% de la población adulta posee al menos una cuenta bancaria, impulsado por la digitalización de servicios ﬁnancieros, la expansión del SINPE Móvil y la exigencia de cuentas bancarias para la recepción de beneﬁcios estatales. Sin embargo, estos avances aún no garantizan una inclusión ﬁnanciera plena. Persisten brechas entre el acceso y el uso efectivo de servicios ﬁnancieros, especialmente en zonas rurales, entre personas mayores, mujeres en situación de pobreza, trabajadores informales y población migrante.
[PLP] La bancarización no solo facilita la participación en la economía formal, sino que reduce los costos de transacción, mejora el acceso al crédito y aumenta la resiliencia ﬁnanciera de los hogares. No obstante, los desafíos actuales incluyen la desconﬁanza hacia las instituciones ﬁnancieras, el bajo nivel de educación ﬁnanciera, la falta de infraestructura tecnológica en comunidades rurales, y la exclusión derivada de requisitos estrictos de documentación para abrir cuentas o acceder a servicios básicos.
[PLP] Nacional de Bancarización e Inclusión Financiera, con el objetivo de que al ﬁnal del periodo 2026–2030 al menos el 95% de la población adulta utilice activamente una cuenta bancaria o
[PLP] medio de pago digital para recibir ingresos, ahorrar o realizar pagos frecuentes.
[PLP] Para lograrlo, se simpliﬁcarán los requisitos de apertura de cuentas para poblaciones sin acceso a documentación tradicional, en alianza con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), garantizando estándares mínimos de veriﬁcación de identidad. Además, se promoverán cuentas básicas sin comisiones ni saldos mínimos para personas de bajos ingresos." mediante el fomento de corresponsales bancarios, ﬁntech, cooperativas y plataformas digitales en distritos rurales y de difícil acceso. Se establecerá un programa de alfabetización ﬁnanciera y digital, en coordinación con el MEP y el MICITT, para formar al menos a 250.000 personas en el uso de medios digitales de pago, billeteras electrónicas y plataformas bancarias, priorizando mujeres, adultos mayores y trabajadores informales. Finalmente, se generarán incentivos tributarios y de contratación pública para empresas que canalicen pagos a proveedores, colaboradores o beneﬁciarios por medios bancarios, promoviendo así una economía más formal, eﬁciente e inclusiva.
[PLP] El sistema bancario costarricense presenta un margen de intermediación elevado en comparación con otros países de la OCDE. Esta situación implica que los ahorrantes reciben tasas relativamente bajas por sus depósitos, mientras que los prestatarios enfrentan altos costos ﬁnancieros, lo cual reduce la eﬁciencia del sistema y limita el acceso al crédito, especialmente para pymes y sectores productivos estratégicos.
[PLP] Entre las causas de este margen elevado están las cargas paraﬁscales impuestas a las entidades ﬁnancieras, la limitada competencia en algunos segmentos del mercado, y la existencia de procesos administrativos y regulatorios que encarecen las operaciones. Esta estructura obstaculiza la función esencial del sistema ﬁnanciero: canalizar recursos desde los ahorrantes hacia los proyectos de inversión más productivos.
[PLP] Nuestra propuesta contempla una revisión integral de los componentes del margen de intermediación, incluyendo la eliminación gradual de cargas paraﬁscales ineﬁcientes y la modernización del marco regulatorio para simpliﬁcar operaciones y reducir costos de transacción. Fomentaremos una mayor competencia mediante el fortalecimiento de operadores ﬁnancieros alternativos, incluyendo cooperativas, mutuales y Fintech." Asimismo, impulsaremos mejoras en los sistemas de información crediticia, la digitalización de trámites bancarios y el uso de tecnologías que permitan evaluaciones crediticias más precisas y rápidas. Con estas acciones se busca reducir la brecha entre tasas pasivas y activas, beneﬁciando tanto a ahorrantes como a prestatarios.
[PLP] En los últimos años, Costa Rica ha avanzado en la digitalización de los medios de pago, destacando la masiﬁcación del SINPE Móvil y la reducción del uso del efectivo. No obstante, persisten retos como la inclusión digital de poblaciones rurales y adultas mayores, la seguridad cibernética, y la interoperabilidad entre sistemas ﬁnancieros y no ﬁnancieros.
[PLP] La eﬁciencia y accesibilidad de los medios de pago son esenciales para el dinamismo económico, la formalización y la transparencia. Un sistema de pagos moderno reduce costos operativos, mejora la trazabilidad de transacciones y facilita el acceso a servicios ﬁnancieros para toda la población.
[PLP] Impulsaremos la modernización del ecosistema de pagos mediante la ampliación del acceso a plataformas digitales, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del BCCR y la promoción de la interoperabilidad. Se establecerán incentivos para que más comercios adopten pagos electrónicos, y se reducirán las barreras para usuarios ﬁnales.
[PLP] Promoveremos una agenda de inclusión ﬁnanciera digital, con programas especíﬁcos para poblaciones vulnerables, acompañada de capacitación en habilidades digitales y medidas de seguridad informática. Asimismo, se revisarán los marcos tributarios para evitar distorsiones, como el cobro del IVA sobre transferencias digitales.
[PLP] El ecosistema Fintech costarricense ha mostrado una evolución creciente, con una oferta diversa de soluciones que van desde pagos digitales hasta plataformas de inversión y crédito alternativo. Estas empresas aportan agilidad, innovación y eﬁciencia al sistema ﬁnanciero, además de favorecer la inclusión ﬁnanciera mediante el acceso a servicios más personalizados y accesibles. Sin embargo, el entorno regulatorio aún presenta vacíos y desafíos que limitan el crecimiento de este sector.
[PLP] La falta de una legislación especíﬁca ha provocado incertidumbre jurídica y obstáculos para la expansión de modelos de negocio innovadores. Además, las Fintech enfrentan diﬁcultades para integrarse al sistema ﬁnanciero tradicional y acceder a fuentes de ﬁnanciamiento, lo cual debilita su sostenibilidad y capacidad de escalar sus operaciones.
[PLP] Durante nuestra administración, promoveremos un marco normativo integral para el desarrollo de las Fintech, que brinde seguridad jurídica y estimule la innovación. Este marco será elaborado en consulta con los actores del ecosistema y se basará en principios de proporcionalidad, inclusión y competencia leal. Se establecerá una unidad especializada dentro del regulador ﬁnanciero para supervisar el sector y acompañar su evolución. (Esta propuesta está vinculada con el apartado Eliminación de distorsiones en mercados y eliminación de barreras para facilitar el desarrollo de negocios, dentro del Capítulo Promoción de la Competencia y defensa del consumidor).
[PLP] Asimismo, fomentaremos alianzas entre Fintech y entidades ﬁnancieras tradicionales, así como la creación de espacios de prueba regulatoria (regulatory sandbox) para que nuevos modelos puedan operar en condiciones controladas. Se impulsarán fondos de inversión y capital semilla para emprendimientos Fintech y se fortalecerá la educación técnica en áreas como programación, análisis de datos y ciberseguridad.
[PLP] Amplíe las propuestas especíﬁcas del siguiente texto, que es una propuesta de política pública para un plan de gobierno para el periodo 2026-2030 que tiene por objetivo impulsar la libertad y la seguridad jurídica del uso de monedas virtuales en Costa Rica. La propuesta dice:
[PLP] El avance de las tecnologías blockchain y la creciente adopción de criptomonedas han abierto nuevas posibilidades para las transacciones económicas y la innovación ﬁnanciera. Costa Rica no ha adoptado una postura restrictiva frente al uso de monedas digitales; sin embargo, la falta de regulación especíﬁca ha generado incertidumbre tanto para usuarios como para emprendedores del sector.
[PLP] A nivel internacional, los países han adoptado diversas estrategias que van desde la promoción del uso regulado de criptomonedas hasta la emisión de monedas digitales de bancos centrales (CBDC). En este contexto, es necesario que Costa Rica deﬁna una política clara que respete la libertad de uso individual, sin dejar de proteger al consumidor y la estabilidad ﬁnanciera.
[PLP] -Reconocimiento jurídico de transacciones con criptoactivos. Impulsaremos una reforma legal para reconocer explícitamente las transacciones realizadas con criptoactivos en contratos privados, compraventas y operaciones civiles, respetando el principio de autonomía de la voluntad de las partes, como ya ocurre en la práctica en sectores como el inmobiliario. Este reconocimiento reducirá la inseguridad jurídica que enfrentan hoy quienes utilizan monedas digitales en compraventas de bienes, arrendamientos u otros actos contractuales.
[PLP] -Regulación proporcional para empresas y plataformas de servicios cripto. Diseñaremos un marco regulatorio proporcional y basado en riesgos para plataformas de intercambio (exchanges), cajeros automáticos de criptomonedas y proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). La regulación incluirá mecanismos de registro voluntario, estándares de prevención de lavado de dinero (AML/CFT), políticas de protección al consumidor y requisitos de divulgación clara de riesgos para usuarios, evitando imponer barreras innecesarias a la innovación.
[PLP] MICITT y por medio de alianzas público-privadas llevaremos adelante una campaña nacional de educación sobre criptoactivos, enfocada en el usuario ﬁnal, para alertar sobre riesgos comunes (fraudes, pérdida de claves, estafas piramidales), fomentar el uso informado de estas tecnologías y evitar su demonización injustiﬁcada.
[PLP] -Incentivos para la innovación ﬁnanciera. Estableceremos zonas de pruebas regulatorias ("sandboxes") en coordinación con la SUGEF y el CONASSIF, que permitan a emprendimientos tecnológicos probar soluciones basadas en criptoactivos y blockchain bajo condiciones supervisadas, lo que facilitará la innovación responsable sin poner en riesgo la estabilidad del sistema ﬁnanciero. Estas zonas también permitirán recopilar evidencia para una eventual adaptación regulatoria progresiva.
[PLP] Los costarricenses merecemos una administración pública moderna, ágil y eﬁciente. Hoy, en nuestro país existen 332 instituciones públicas y a pesar de los esfuerzos efectuados en las últimas décadas, y particularmente en los últimos cuatro años desde la Comisión Especial de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, la resistencia al cambio, a fusionar y cerrar instituciones que no agregan valor a la sociedad, hace complejo -y se podría decir, a veces imposible- avanzar en un ordenamiento articulado, claro y contundente del andamiaje institucional. Al mismo tiempo, la ausencia de liderazgo constructivo desde el Poder Ejecutivo no ha permitido impulsar una agenda consensuada de reforma institucional del Estado costarricense.
[PLP] En nuestro gobierno la innovación del aparato estatal será la norma, y la meta es implementar un enfoque en sus funciones esenciales, como la defensa de los derechos y la provisión de servicios básicos, mientras incentiva la inversión privada, la innovación y el emprendimiento. Este enfoque permite que el Estado sea un aliado del crecimiento, garantizando la libertad de elección de sus ciudadanos, la apertura al mercado y la inserción en una economía globalizada que premie el esfuerzo y la creatividad.
[PLP] Para avanzar con una verdadera reforma del Estado será necesario conjugar el liderazgo desde el Poder Ejecutivo, acompañado de un mandato contundente en el Poder Legislativo, para que esta aspiración largamente pospuesta avance sin excusas.
[PLP] En nuestra administración llevaremos adelante una ambiciosa agenda de reformas de la administración pública mediante la supresión y fusión de instituciones, así como la transferencia de las competencias, con el objetivo de aumentar la eﬁciencia y eﬁcacia de los recursos públicos y la productividad de sus actividades. Dicha reforma incluye:
[PLP] -Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad (MINDEC). Para promover el desarrollo y la competitividad del país avanzaremos con la fusión de Ministerio de Planiﬁcación Nacional, el Ministerio de Hacienda y las funciones en materia de competencia, regulación de la actividad económica y derechos del consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, todos ellos en un solo Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad (MINDEC). Esta aspiración parte de la base del proyecto de ley Expediente N.º 23.540, Promoción del Desarrollo y la Competitividad Fusión de Ministerios Económicos, ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] -Ministerio de la Producción. Con la ﬁnalidad de entender la producción nacional de forma integral y no de manera desarticulada y casuística, como se ha hecho hasta el día de hoy, avanzaremos con la fusión del Ministerio de Agricultura y
[PLP] Ganadería con el sector de energía del MINAE y PYMES de MEIC en el Ministerio de la Producción. Nuestro objetivo es diseñar de manera coherente y ejecutar de forma integral una estrategia global en materia de producción. Para avanzar en esta dirección se parte de la base propuesta en el proyecto de ley Expediente N.º 23.606 Ley para impulsar la Producción y la Productividad Nacional. Fusión del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el sector de energía del MINAE y PYMES de MEIC en el Ministerio de la Producción, ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] -Cerrar RECOPE. La historia de RECOPE ha estado marcada por la ineﬁciencia administrativa y la falta de competencia. El monopolio de combustibles en manos de RECOPE hoy día no tiene razón de ser y, si bien es un mercado que mundialmente será sustituido a mediano plazo por energías limpias, es urgente que este goce de competencia durante el plazo de transición y en beneﬁcio de los consumidores.
[PLP] En nuestra administración avanzaremos con la apertura del mercado de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos en Costa Rica y el cierre de RECOPE. En esta línea partimos del proyecto de ley Expediente N.º 24.139 Ley para ordenar el Cierre de Recope y Prohibir la Exploración y Explotación del Petróleo en Costa Rica, ya presentado a la corriente legislativa. (Esta propuesta está vinculada al apartado Apertura de mercados y eliminación de monopolios estatales, dentro del Capítulo Promoción de la competencia y defensa del consumidor).
[PLP] -Venta de FANAL. Continuaremos impulsando la eliminación del monopolio del alcohol, así como la venta de FANAL. (Esta propuesta está vinculada al apartado Apertura de mercados y eliminación de monopolios estatales, dentro del Capítulo Promoción de la competencia y defensa del consumidor).
[PLP] Radiográﬁca Costarricense Sociedad Anónima (RACSA), en la totalidad de sus actividades de comercialización, instalación de servicios y cualesquiera otra. Para concretar esa acción partimos de la base del proyecto de ley Expediente N,° 24.105 Cierre de Radiográﬁca Costarricense (RACSA) ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] -Cierre del CNP. El Consejo Nacional de la Producción (CNP) es una institución que no agrega valor a la sociedad costarricense y es incapaz de cumplir de forma eﬁciente y eﬁcaz con ninguna de las tareas que la ley le encomienda. En nuestra administración concretaremos el cierre y la liquidación del CNP y estableceremos la apertura del monopolio de FANAL. Asimismo, autorizaremos a las instituciones que se abastecen a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que hoy opera bajo el alero del CNP, para que puedan facilitar sus compras a través de terceros priorizando condiciones de calidad, oportunidad y precio.
[PLP] -Cierre de la Agencia Espacial Costarricense. Cerraremos la
[PLP] Agencia Espacial Costarricense (AEC). Para esto tomaremos como punto de partida el proyecto de ley Expediente N.º 24.405 Derogatoria de Ley Que Crea la Agencia Espacial Costarricense (AEC), Ley N°9960 del 26 de marzo de 2021.
[PLP] -Cerraremos el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). Para garantizar el uso responsable de los recursos públicos y priorizar instituciones más eﬁcientes, llevaremos adelante el cierre del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). Esta institución enfrenta un modelo de negocios insostenible con caídas abruptas en ingresos por pauta publicitaria y sucesivos recortes presupuestarios en los últimos años.
[PLP] -Cerraremos el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), creado en 1970 para fortalecer la gestión municipal, ha demostrado ser una institución ineﬁciente y obsoleta cuyas funciones ya no responden a las necesidades actuales del régimen municipal costarricense.
[PLP] A lo largo de su historia, múltiples evaluaciones han evidenciado su falta de impacto estratégico y la limitada utilidad de sus servicios de asesoría, ﬁnanciamiento y capacitación. Lejos de fortalecer la autonomía municipal, el IFAM actúa como un intermediario innecesario que contradice el principio de descentralización al que aspira el país. Su existencia representa un obstáculo en el camino hacia un modelo de gobierno local más autónomo, eﬁciente y responsable. En nuestra administración llevaremos adelante la disolución del IFAM. Su cierre representará un paso necesario en el marco de una reforma del Estado que priorice el uso eﬁciente de los recursos públicos, elimine duplicidades institucionales y otorgue a los municipios las herramientas necesarias para caminar por sí mismos, sin tutelas burocráticas improductivas.
[PLP] Instituto de Desarrollo Rural (INDER), creado con el propósito de impulsar el desarrollo integral de los territorios rurales, ha devenido en una estructura redundante dentro del aparato estatal, cuyas funciones pueden ser absorbidas de manera más eﬁciente por el Ministerio de la Producción que se plantea con la fusión del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el sector de energía del MINAE y PYMES del MEIC.
[PLP] La existencia paralela del INDER ha contribuido a la duplicación de funciones, la dispersión institucional y un gasto administrativo considerable. En concordancia con los principios de eﬁciencia, eﬁcacia y responsabilidad ﬁscal que deben regir la administración pública, el cierre del INDER en nuestra
[PLP] administración permitirá uniﬁcar la gestión del desarrollo rural bajo una sola rectoría, eliminar gastos superﬂuos y modernizar el aparato estatal, sin renunciar a los servicios y objetivos sustantivos que hoy cumple el Instituto.
[PLP] -Creación del Tribunal Constitucional de la República. Al dotar de autonomía al Tribunal Constitucional buscamos garantizar el mantenimiento de una mayor imparcialidad en las decisiones de naturaleza constitucional; a su vez buscamos alejar a este importante ente de la maraña administrativa en la cual ha caído la Corte Plena. Al estar separado del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional podrá funcionar sin las posibles presiones o inﬂuencias que podrían surgir dentro de la estructura judicial tradicional, y sin las complicaciones burocráticas asociadas a este Poder de la República.
[PLP] Por estas razones, impulsaremos una reforma de los artículos: 10, 48 y 128 de la Constitución Política, para dar independencia a la Sala Constitucional con respecto a la estructura del Poder Judicial, para que este tribunal posea autonomía e independencia de los Poderes del Estado con igual rango que estos con el objetivo de fortalecer la justicia constitucional costarricense. Para concretar esta reforma partimos del proyecto de ley Expediente N° 24.017 Creación del Tribunal Constitucional de la República, ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] -Construcción de Ciudad Gobierno. En nuestra administración avanzaremos de una vez por todas con la construcción de Ciudad Gobierno, mediante los mecanismos de contratación pública que establece la legislación nacional, con el objetivo de concentrar en un solo complejo físico los ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo actualmente dispersos en el centro de San José. Esta iniciativa permitirá reducir signiﬁcativamente los costos de alquiler de oﬁcinas estatales, optimizar el uso del suelo urbano, mejorar la coordinación interinstitucional, facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y revitalizar el casco central capitalino. Ciudad Gobierno será un proyecto estratégico de modernización del Estado, sostenido en criterios de eﬁciencia administrativa, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y seguridad urbana.
[PLP] En nuestro país la dispersión institucional y la falta de una rectoría clara han debilitado la capacidad de coordinación del Gobierno Central, generando duplicidades, ineﬁciencias y falta de alineación entre las prioridades nacionales, sectoriales y territoriales. Para garantizar un Estado más ágil, coherente y eﬁcaz, impulsaremos una reforma integral de la organización y gestión del Poder Ejecutivo, con el ﬁn de devolverle su capacidad de dirección y asegurar la unidad de acción administrativa.
[PLP] En esta dirección, como un primer acto de nuestra administración presentaremos de forma inmediata el decreto “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo” con el objetivo de implementar un conjunto amplio de medidas orientadas a recuperar y fortalecer la capacidad de dirección del Poder Ejecutivo sobre la Administración Pública central y descentralizada. A través de esta medida buscamos:
[PLP] -Fortalecer la rectoría del Poder Ejecutivo. Reforzaremos el principio de rectoría política creando un marco legal que otorgue mayor eﬁcacia a las directrices del presidente y de los ministros Rectores, garantizando que las instituciones centralizadas y descentralizadas actúen de forma coordinada bajo una misma estrategia nacional.
[PLP] -Organización por sectores estratégicos. Reagruparemos las instituciones públicas en sectores funcionales (seguridad y justicia, producción, economía, educación y cultura, infraestructura y transporte, transformación digital, social, relaciones internacionales y comercio exterior, salud y turismo). Cada sector estará bajo la conducción de un ministro Rector con atribuciones claras para coordinar políticas, planes y programas.
[PLP] Gestión para Resultados que obligue a todas las instituciones a planiﬁcar, presupuestar, ejecutar y evaluar sus acciones con base en metas veriﬁcables, reduciendo la fragmentación y elevando la eﬁciencia del gasto público.
[PLP] Sectoriales de coordinación y Secretarías Sectoriales de apoyo técnico, planiﬁcación y seguimiento. Estos órganos facilitarán la articulación interinstitucional, evitarán duplicidades y permitirán evaluar periódicamente los resultados de cada sector.
[PLP] -Coordinación territorial. Estableceremos Comités Sectoriales
[PLP] Regionales e Intersectoriales Regionales para alinear la acción del Gobierno Central con los gobiernos locales y actores sociales de cada región, garantizando que las políticas públicas se implementen con pertinencia territorial y con participación ciudadana.
[PLP] En Costa Rica, establecer un sistema de costos para los servicios públicos requiere un enfoque equilibrado que garantice sostenibilidad, equidad y transparencia. En nuestra administración llevaremos adelante una propuesta para adoptar un modelo de costos basado en la eﬁciencia operativa y la capacidad de pago de los usuarios.
[PLP] Primero, se debe realizar un análisis detallado de los costos operativos y de inversión de cada servicio (electricidad, agua, telecomunicaciones, etc.), identiﬁcando gastos ﬁjos, variables y necesidades de infraestructura. Este análisis debe ser realizado por un ente regulador independiente, como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para garantizar imparcialidad. Además, se debe incorporar un esquema de tarifas diferenciadas que considere el consumo básico para hogares de bajos ingresos, promoviendo el acceso universal, mientras se aplican tarifas progresivas para consumos altos, incentivando el uso responsable de los recursos.
[PLP] El segundo pilar de la propuesta implica la integración de tecnologías y digitalización para mejorar la eﬁciencia y reducir costos. Por ejemplo, la implementación de medidores inteligentes para electricidad y agua permitiría un monitoreo en tiempo real del consumo, facilitando la detección de fugas o usos ineﬁcientes. Asimismo, se deben establecer incentivos para que las empresas prestatarias inviertan en energías renovables y tecnologías sostenibles, como paneles solares o sistemas de tratamiento de agua de bajo costo. Estas medidas no solo reducirían los costos operativos a largo plazo, sino que también alinearán el sistema con los objetivos de sostenibilidad ambiental de Costa Rica, un país reconocido por su liderazgo en energías limpias.
[PLP] Finalmente, la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para legitimar el sistema de costos. Se propone crear plataformas digitales donde los usuarios puedan consultar cómo se calculan las tarifas y reportar anomalías. Además, se deben realizar audiencias públicas periódicas para discutir ajustes tarifarios, permitiendo que las comunidades y organizaciones civiles opinen sobre las propuestas. Este enfoque fomenta la conﬁanza en las instituciones y asegura que el sistema sea justo y adaptado a las necesidades de la población, manteniendo un balance entre la viabilidad económica de los proveedores y el bienestar de los usuarios.
[PLP] Incorporar mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo en las instituciones y empresas públicas del Estado tiene por objetivo mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eﬁciencia en la gestión. Esto implica fortalecer los consejos de administración, garantizar la independencia de los órganos de gobierno, promover la ética empresarial y gestionar los riesgos de manera efectiva. En esta dirección, en nuestro gobierno asumimos los siguientes compromisos:
[PLP] -Principios de gobierno corporativo en las empresas propiedad del Estado. Daremos continuidad a los principios de gobierno corporativo en las empresas propiedad del Estado (EPE), bajo los mejores estándares promovidos por la OCDE, fortaleciendo el rol de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de las Empresas Propiedad del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas.
[PLP] -Selección y valoración de los candidatos para nombramientos en juntas directivas. Aseguraremos vía Decreto Ejecutivo el mecanismo de transparencia, competencia e idoneidad y representación paritaria en los procesos de selección y valoración de los candidatos para nombramientos en juntas directivas, consejos directivos, presidencias ejecutivas o puestos equivalentes de las empresas estatales e instituciones autónomas, cuyo nombramiento sea de libre elección y nombramiento del Consejo de Gobierno o del Poder Ejecutivo.
[PLP] -Normas internacionales de desempeño para las empresas públicas. Implementaremos plenamente las normas internacionales de información ﬁnanciera, y gestionaremos los indicadores de desempeño para las empresas públicas, fortaleceremos el desempeño de las juntas directivas y estableceremos una política general de transparencia y divulgación de información, impulsando la profesionalización de las juntas directivas de las EPE, la evaluación periódica del desempeño de los directivos y los órganos de dirección en las EPE y las instituciones autónomas. Además, implementaremos estándares de reportería internacional, con un enfoque en la armonización de la información, asegurando su acceso vía web bajo principios de gobierno abierto. A través de alianzas público- privadas, aprovechando las recomendaciones de la OCDE, implementaremos un programa de capacitación constante de funcionarios en temas relacionados a gobierno corporativo.
[PLP] Mediante una reforma a la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno, fortaleceremos la función de auditoría, para lo cual estableceremos una Unidad de Auditoría Interdisciplinaria en la Contraloría General de la República, que cuente con todos los recursos de auditoría interna que hoy conforman las denominadas auditorías internas dentro del andamiaje institucional.
[PLP] Esta Unidad será la responsable de auditar a la totalidad de las instituciones públicas, de manera que sean verdaderamente externas, cortando así la relación de cercanía de los auditores con sus auditados; lo anterior no modiﬁca las obligaciones, deberes y creación de planes anuales deﬁnidos y regulados en la ley de la Contraloría General de la República.
[PLP] A partir de ahí y desde la Contraloría se efectuarán anualmente las auditorías externas a todas las instituciones públicas; asimismo, se propone que se rote al personal para evitar que se desarrolle una relación inconveniente entre auditores y el personal de la institución, asegurando así la eﬁciencia de los controles y el manejo de los fondos públicos en las instituciones sobre las cuales tiene jurisdicción. Para implementar esta reforma partimos del proyecto de ley Expediente N.º Ley 24.339 ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] La protección de datos la entendemos como una garantía de las libertades individuales en una sociedad cada vez más digitalizada. Donde la privacidad se entiende como un derecho inalienable, por lo que el acceso a datos personales debe ser regulado de manera estricta, asegurando que solo se recopile y utilice lo estrictamente necesario, y siempre con el consentimiento informado del ciudadano. En este contexto, asumiremos el fortalecimiento del marco regulatorio:
[PLP] -Directriz para la protección de datos personales. Desde el inicio de la administración se emitirá una directriz presidencial de alcance general que obligue a todas las instituciones públicas a resguardar los datos de los ciudadanos frente a su tratamiento y transferencia, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y asegurar la rendición de cuentas estatal en esta materia.
[PLP] -Seguridad jurídica y marco legislativo. En la misma dirección, impulsaremos un proyecto de ley moderno que brinde certeza al tratamiento de los datos de los usuarios del sistema bancario y otros sectores estratégicos, armonizando la normativa nacional con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) y el Convenio 108+. Este proyecto eliminará ﬁguras ineﬁcaces de la legislación vigente, como sanciones desproporcionadas o trámites burocráticos sin valor agregado, y deﬁnirá reglas claras para el manejo de información estadística. Para lo anterior, tomaremos como punto de partida el proyecto de ley, Expediente 23.097.
[PLP] -Educación y concientización. Se desarrollarán programas nacionales de educación digital para empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, fomentando buenas prácticas de protección de datos en la vida cotidiana y generando una cultura de privacidad desde edades tempranas.
[PLP] La contratación pública transparente es un elemento clave para garantizar la libertad económica, la correcta administración de los recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos. Desde una perspectiva liberal, un sistema eﬁciente y transparente asegura que el Estado limite su intervención a lo estrictamente necesario, promoviendo la competencia justa y el respeto a las reglas de mercado. Esto permite que los ciudadanos puedan conﬁar en que sus contribuciones son utilizadas para el bienestar común y no desviadas por intereses particulares o corrupción.
[PLP] Las mejores prácticas en contratación pública incluyen la apertura total de los procesos a la competencia, la estandarización clara de reglas para evitar arbitrariedades y el uso de tecnologías digitales que garanticen accesibilidad y rendición de cuentas. Asimismo, el Estado debe desempeñar un rol subsidiario, evitando concentrar poder y permitiendo que los actores privados lideren las soluciones a través de la innovación y la eﬁciencia, de manera tal que se promueva la igualdad de oportunidades, se reduzcan las barreras de entrada y se generen mejores resultados para la sociedad, al incentivar la calidad y la competitividad.
[PLP] Por otro lado, los problemas asociados a la opacidad y discrecionalidad en la contratación pública limitan la participación de nuevos actores y distorsionan el mercado, afectando negativamente a los ciudadanos, quienes terminan pagando por ineﬁciencias y abusos. Estas fallas no sólo erosionan la conﬁanza en las instituciones, sino que también consolidan privilegios, perpetuando la desigualdad. Adoptar un sistema de contratación pública basado en la transparencia y la competencia es indispensable para garantizar un Estado limitado, eﬁciente y comprometido con el desarrollo económico y social.
[PLP] Por lo anterior, proponemos reformar la Ley N.º 9986. Ley General de Contratación Pública para integrar el principio de neutralidad competitiva como parte de los elementos necesarios a considerar en los procesos de contratación, ajustando las normas de excepción con el ﬁn de eliminar los casos de contratación entre entes públicos cuando los servicios a ser contratados se presten en mercados en competencia donde concurran agentes económicos públicos y privados. Para concretar esta propuesta partimos del proyecto de ley Expediente Legislativo N.° 23.794 Ley para promover el principio de neutralidad competitiva en las compras públicas, ya presentado a la corriente legislativa.
[PLP] Defendemos la libertad individual, la libre asociación y el derecho al trabajo de todos los costarricenses, por lo que imponer la aﬁliación obligatoria a una entidad profesional es una restricción a estas libertades, limita la competencia en el mercado laboral, crea barreras de entrada para nuevos profesionales y restringe la oferta de servicios.
[PLP] Este enfoque sugiere que la aﬁliación a un colegio profesional debería ser voluntaria, permitiendo que los profesionales decidan si desean unirse en función de los beneﬁcios que dicha membresía les pueda ofrecer.
[PLP] En el “Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica” (2020), la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) recomendó al Poder Ejecutivo realizar una reforma integral de la regulación que rige a los colegios profesionales en el país. Según el estudio: “Se recomienda eliminar la posibilidad de que los colegios profesionales establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales, ya que esto restringe la competencia y puede perjudicar a los consumidores.”!
[PLP] Esta recomendación busca promover un mercado más competitivo y accesible, donde los precios de los servicios profesionales se determinen por las fuerzas del mercado, beneﬁciando así a los usuarios ﬁnales. Por ello, impulsaremos las reformas de ley necesarias para eliminar la obligatoriedad de incorporación a los colegios profesionales, así como sus potestades para regular tarifas. (Esta propuesta está vinculada al apartado Eliminación de distorsiones en mercados y eliminación de barreras para facilitar el desarrollo de negocios, dentro del Capítulo Promoción de la competencia y defensa del consumidor.)
[PLP] El transfuguismo político, es decir, la separación, renuncia o el cambio de partido político de un representante electo durante su mandato, traicionando las decisiones o los valores del propio partido que lo llevó a ocupar dicho puesto, se contrapone al diseño constitucional de una democracia representativa basada en partidos políticos.
[PLP] Si bien el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han permitido el transfuguismo a través de su jurisprudencia, este fenómeno afecta la representatividad y mina el sistema de partidos, burlando la voluntad expresada por los costarricenses en las urnas y, por tanto, generando una distorsión en el sistema electoral. En esta dirección llevaremos adelante una reforma constitucional a los artículos 98, 106 y 112 de la Constitución Política para que los diputados que durante el ejercicio de su cargo se separen o renuncien al partido político por el cual fueron electos, pierdan sus credenciales y la vacante sea suplida conforme la lista propuesta por el respectivo partido político.
[PLP] Costa Rica siempre ha comprendido el valor fundamental de la educación para el progreso de la sociedad; sin embargo, hoy el sistema educativo público atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Todos los indicadores nacionales e internacionales en este campo apuntan a un deterioro sistemático no solo en la gestión de los recursos sino también en la calidad académica.
[PLP] El ejemplo más alarmante de esta aﬁrmación viene dado por los resultados obtenidos por el país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for International Student Assessment, PISA). En la más reciente prueba aplicada en 2022 el país se ubicó en el penúltimo lugar en matemáticas y ciencias entre los países de la OCDE y el penúltimo en lectura.
[PLP] Las mediciones ejecutadas por el país reﬂejan las mismas falencias. El informe Habilidades de Comprensión Lectora de Estudiantes de Primer Ingreso de la Universidad Nacional reveló que solamente un 14% de los alumnos de Estudios Generales, ubicados en la sede central de la Universidad Nacional (UNA) en el 2024, entraron con un nivel satisfactorio. Es decir, la gran mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad tienen serios problemas de comprensión de lectura.
[PLP] Ante la gravedad de los hechos el país debe plantearse una verdadera reforma educativa de largas luces. Los cambios “cosméticos” y los pequeños ajustes no permitirán afrontar la profundidad de los cambios estructurales que el modelo educativo requiere con urgencia.
[PLP] La visión que nos inspira para llevar adelante esta reforma educativa es Libertad para aprender y Libertad para enseñar. La libertad es la máxima aspiración humana y en este sentido ponemos al estudiante en el centro de la propuesta. Libertad para aprender: todo estudiante del sistema educativo se merece libertad para asistir a los centros educativos, libertad para recibir clases en entornos seguros y dignos, libertad para formarse como ciudadanos críticos y conscientes de sus deberes y derechos. Libertad para enseñar: todo educador y funcionario de la Educación tendrá la libertad de ejercer sus funciones sin burocracia innecesaria, libertad para expresar sus ideas de mejora para su comunidad educativa inmediata, libertad para luchar por sus deberes y derechos.
[PLP] Ninguna reforma educativa profunda y signiﬁcativa se puede ejecutar solamente en cuatro años. De este modo, planteamos el inicio de una propuesta país donde toda la sociedad y los partidos políticos se comprometan a de una vez por todas a atreverse a dar el paso.
[PLP] Conscientes de la gravedad de la situación que atraviesa la educación y de que únicamente juntos, como sociedad, podremos llevar adelante las profundas transformaciones que requiere el sistema educativo, es que el primer paso que daremos en nuestra administración será convocar a los actores políticos, sociales y gremiales, para establecer un pacto nacional que nos permita salir de la actual crisis educativa, estableciendo las líneas generales para el sistema educativo de las próximas décadas y las acciones concretas en el corto y mediano plazo para encaminar la educación en esa ruta. Para ello, solicitaremos la mediación y el apoyo del Programa Estado de la Nación del CONARE en este espacio de consenso.
[PLP] Nuestra meta será alcanzar este acuerdo dentro de los primeros tres meses de nuestra administración. La propuesta educativa esbozada en este Plan de Gobierno incluye los elementos mínimos que deberán considerarse en el establecimiento de este pacto nacional por la educación.
[PLP] Desde el año 2011 Costa Rica reformó el artículo 78 de su Constitución Política para establecer que, en la educación estatal, incluida la educación superior, el gasto público no sería inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB). Desde entonces el país nunca ha logrado destinar dicho porcentaje en cumplimiento con la norma constitucional. Muy por el contrario, en los últimos años el monto de inversión educativa se ha venido reduciendo: en el año 2022 se destinó 5,9% del PIB a la educación y para 2025, este porcentaje descendió al 4,9%.
[PLP] Para nosotros, el problema nunca ha sido cuánto se invierte en la educación, sino cómo lo hacemos. Más allá de repetir el mantra del “8% del PIB”, nos cuestionamos cuáles han sido los rendimientos de la inversión a la fecha y cuánto necesitamos para llevar a la educación costarricense a estándares de excelencia internacional. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor e invertir con estrategia y visión de largo plazo.
[PLP] Desde esta perspectiva crítica, los montos asignados al presupuesto educativo en los últimos años no corresponden a un análisis de la inversión necesaria en infraestructura, equipamiento, becas o remuneraciones, establecido a partir de una hoja de ruta educativa con metas en el mediano y largo plazo que garantice estándares de calidad educativa de primer mundo.
[PLP] Para el 2025, el presupuesto del Ministerio de Educación asciende a ¢2.58 billones, el cual se divide en un 73.4% para el mismo MEP, el 22.5% para el FEES y el SINAES, y el 4.1% para otras instituciones como los Colegios Universitarios de Cartago (CUC) y Limón (Cunlimón), entre otras. Además, el presupuesto ordinario 2025 del INA es de ¢162.342,5. Entre ambos, alcanzan los ¢2.74 billones. En nuestra administración, esta distribución será llevada al 75% para el MEP, 20% para el FEES y el SINAES y 5% para los Colegios Universitarios y otros, procurando una distribución más justa, de acuerdo con las prioridades aquí establecidas.
[PLP] -Inversión en educación preescolar, primaria y secundaria.
[PLP] Nuestra prioridad educativa será con los niños en educación preescolar y en primaria, pero, sobre todo, con los jóvenes en secundaria en quienes se concentran las mayores brechas y los retos más apremiantes dentro del sistema educativo.