[PNR] Comités de la Persona Joven, para articular acciones entre municipalidades,instituciones estatales, sector privado y sociedad civil, garantizando la ejecución deplanes cantonales de juventud. • Crear un fondo concursable específico para proyectos cantonales de juventud, quefinancie iniciativas en educación, cultura, deporte, emprendimiento y participaciónciudadana, garantizando recursos con impacto directo en las comunidades. • Desarrollar una Red Nacional de Casas de Juventud Regionales, en coordinacióncon municipalidades y el Consejo de la Persona Joven, como espacios seguros yformativos para la recreación, cultura, deporte, innovación, salud mental y liderazgojuvenil. • Desarrollar un Programa de Centros Juventud Conectada en zonas costeras yrurales con bajo acceso a conectividad, como espacios tecnológicos y de formacióngratuitos, coordinados entre municipalidades y el Consejo de la Persona Joven, quebrinden internet, equipos de cómputo y programas de capacitación digital, educaciónen línea, orientación vocacional y apoyo al emprendimiento juvenil, reduciendo labrecha digital y garantizando oportunidades reales de desarrollo para las juventudes. • Implementar la Tarjeta Juventud Activa, para personas de 12 a 35 años, como uninstrumento digital y físico que brinde beneficios en transporte, educación, cultura,deporte, salud mental y emprendimiento, mediante convenios con institucionespúblicas, municipalidades y sector privado, garantizando inclusión social y mayoresoportunidades para la juventud. • Promover la creación de una Red Nacional de Diplomacia Juvenil, que prepare yvincule a jóvenes costarricenses con espacios de representación y cooperaciónregional, cultural, económica y académica, fortaleciendo vínculos bilaterales y redeslatinoamericanas de intercambio. 8.6. Políticas de apoyo a los grupos vulnerables en una perspectiva de DerechosHumanos La doctrina y jurisprudencia sobre Derechos Humanos focaliza toda su potencia en ladignidad de las personas, su protección y su fortalecimiento. El Estado, como sujeto deobligaciones, debe actuar como garante principal de la promoción y defensa de la dignidadhumana, lo que implica que todo el aparato estatal debe organizarse y orientar los máximosesfuerzos para hacer realizables los derechos desde una perspectiva integral. El llamadoenfoque de derechos en la actuación estatal encuentra su máxima expresión decumplimiento en el principio de efectividad, que implica que toda acción y mandato de unEstado parte de un tratado debe promover, desde una perspectiva interseccional ydiferencial, mínimos vitales que eleven el estándar de una vida digna para las personas. Costa Rica es mundialmente reconocido por ser un promotor del derecho internacional y unEstado altamente activo en el fortalecimiento de la democracia y los Derechos Humanos.Sin embargo, con el paso de los años y como parte de una agenda muy marcada, latendencia ha enfocado sus esfuerzos por reconocer algunos tipos de derechos endetrimento de otros, lo que genera una desigualdad de atención y acción en lo inmediato, yuna discriminación estructural al largo plazo. Bajo esta perspectiva, un país que se encuentra en los niveles más altos de la intensidadde cumplimiento de tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que tiene una fuertevocación por ocupar importantes espacios multilaterales como proponente de agendas detrabajo que tienen por objetivo elevar el nivel de protección de derechos, no se puedepermitir relativizar la calidad de vida digna de poblaciones en una situación de vulnerabilidadreal. Desde nuestra visión, persisten brechas importantes que subsanar en poblaciones que handejado de ser prioridad de las últimas administraciones. Para Nueva República, todas laspersonas son prioridad, sin embargo, focalizaremos nuestros esfuerzos en la vigencia demejores y mayores derechos a los colectivos, cuya existencia reconocemos, pero respectode los cuales, lamentablemente, hemos normalizado sus exclusiones. En el gobierno de la Nueva República, daremos un verdadero impulso a las poblaciones ensituación de vulnerabilidad que requieren una atención prioritaria. No se trata de realizaracciones aisladas y desconectadas de algunos programas que existan en la actualidad,sino de gestionar el Estado bajo una perspectiva de derechos, que permita reconocer,valorar y ejecutar las obligaciones contraídas en los tratados internacionales. Para losefectos de nuestra estrategia de intervención, consideramos las siguientes poblaciones ocolectivos como prioridad desde el primer día: mujeres rurales y en situación de riesgo porviolencia, niñez y adolescencia en riesgo social, personas con discapacidad, personasadultas mayores, poblaciones indígenas y personas migrantes y sus familias. 8.6.1. Grupos vulnerables en contexto: tareas pendientes en una perspectiva deDerechos Humanos La situación de las mujeres, en una perspectiva de equidad de género, constituye unelemento crucial para el desarrollo humano del país. Sin embargo, la condición de lasmujeres rurales y en situación de riesgo por violencia merece un acápite especial en elanálisis. El Estado costarricense, a través de las autoridades competentes, tiene laobligación de promover políticas públicas efectivas que se orienten más allá de la asistenciaeconómica como una forma de garantía de derechos. El alto porcentaje de mujeres que seencuentran en zonas rurales en nuestro país, no sólo sufren las desigualdades reales queles producen las acciones históricamente focalizadas en promover a las mujeres del ValleCentral, sino que, además, tienen una alta propensión a sufrir diversos tipos de violencia. La consideración de una mejora en la calidad de vida de las mujeres rurales pasa poracciones directas y coordinadas para la mejora del derecho a la alimentación, acceso a latierra y educación, que les permita potenciar sus oportunidades, insertarse en la economíacon herramientas efectivas y trascender la visión sesgada de personas proveedoras enpequeña escala (MAG, 2020). Las convenciones internacionales le han otorgado a la niñez el carácter de sujeto dederechos, lo que se traduce en la obligación de organizar todo el apartado estatal a travésde medidas legislativas, ejecutivas y judiciales para que su actuación sea conforme con lasnecesidades más básicas de esta población. Realizar su derecho a la educación, enconcreto, no es un asunto de acceso para aquellas poblaciones que hoy día continúansufriendo la inequidad, sino una mejora en la calidad de los contenidos para la vida endemocracia, y para fortalecer el conocimiento y apropiación de valores esenciales quefueron suprimidos en épocas anteriores. La niñez costarricense merece una educación de calidad, con progresividad y efectividad,que se oriente al desarrollo pleno de su personalidad y al reconocimiento del pluralismoideológico y de la vida en democracia. Las personas menores de edad que se encuentranfuera del ámbito educativo, por su situación de riesgo, deben contar con las mismasoportunidades de la educación básica y pública, sin ningún tipo de discriminación. En Costa Rica está creciendo el fenómeno de la explotación sexual de personas menoresde edad y en especial de niñas, el problema es que no es una explotación sexual tradicionalde zonas rojas (aún que si se da) sino que estas son de maneras mucho más sutiles y aveces hasta imperceptibles, de esta manera se han reportado cientos de casos donde enocasiones niñas son llevadas a limpiar casas en zonas turísticas o el encuentro se lleva acabo en casas de particular donde tanto locales como extranjeros abusan de ellas muchasveces a partir de los 10 años de edad, estas son reclutadas mayormente por otras mujeresque se disfrazan de personas con buenas intenciones. Estas mujeres se aprovechanmuchas veces de la vulnerabilidad económica o inestabilidad familiar de las mismas.