[FA] La ciencia y la tecnología deben servir al pueblo para buscar soluciones propias, adecuadas y sostenibles a sus problemas y, al hacerlo, mejorar la calidad de vida de todas las personas. Su enfoque debe ser inclusivo y amplio, es decir, debe desarrollarse sobre la base de que toda persona tiene el derecho de acceder a los productos de la investigación científica y de las tecnologías derivadas, y de que toda persona tiene el potencial de generar nuevos conocimientos. Además de sus usos más conocidos, la ciencia y la tecnología también deben orientarse hacia la investigación social aplicada, mediante proyectos que integren los datos institucionales en plataformas unificadas. Este enfoque permitiría generar informes estratégicos sobre la realidad social y económica del país, ofreciendo insumos confiables para la formulación de políticas públicas, la priorización de inversiones y la mejora de la gobernanza basada en evidencia. En Costa Rica, la ciencia y la tecnología aún están lejos de consolidarse como motores para mejorar la calidad de vida de toda la población. Tres factores críticos explican esta situación: el bajo nivel de formación en matemáticas, razonamiento científico y pensamiento crítico en la educación diversificada; la escasa y excluyente inversión en investigación y desarrollo, que apenas alcanza el 0,4% del PIB, frente al 2,5% promedio de la OCDE; y la falta de articulación entre los distintos actores del ecosistema científico. La distribución de recursos privilegia proyectos rentables en el corto plazo, principalmente en ingenierías y ciencias aplicadas, mientras áreas fundamentales como las ciencias sociales y humanidades quedan marginadas, lo que reduce la capacidad del país para analizar de forma integral sus desafíos nacionales. Este modelo fragmentado genera desventajas para la comunidad científica costarricense al colaborar internacionalmente, fomenta la fuga de talento y limita la transferencia de conocimientos hacia la sociedad. La débil cohesión entre universidades, instituciones estatales y grupos de investigación reduce la posibilidad de crear redes colaborativas sólidas y sostenibles, en un contexto donde, además, las universidades públicas reciben cada vez menos recursos para investigación, debido a la reducción sostenida del FEES. Esto limita su capacidad de vincularse de manera efectiva con la sociedad y de sostener proyectos de largo plazo. A ello se suma que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes obstáculos para innovar por falta de apoyo estatal y acceso limitado a programas como PROPYME, lo que profundiza la desigualdad frente a grandes arqueológicos ubicados en el territorio nacional como áreas destinadas a conservación in situ del patrimonio arqueológico de nuestro país, bajo distintas categorías de manejo y niveles de protección. Actualmente la legislación promueve la protección de los objetos arqueológicos por medio de su extracción y traslado a museos, pero no contempla estrategias de conservación y uso sostenible en el territorio. Esto provoca que las comunidades locales donde existen estos sitios se sientan “despojadas” por el Estado y completamente desvinculadas de su historia y patrimonio cultural. corporaciones. El desafío estratégico para Costa Rica es construir un sistema inclusivo, articulado y sostenible de ciencia y tecnología que conecte educación, investigación y sector productivo, con un impacto social real. Con respecto a la innovación en tecnología, en la actualidad existen mecanismos de medición como el Índice Global de Innovación (GII), publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o WIPO (por sus siglas en inglés), que evalúa las capacidades de innovación de los países y los resultados que obtienen en ese ámbito. Se basa en cerca de 80 indicadores que se agrupan en dos grandes subíndices: insumos ( (outputs Costa Rica ocupa la posición 70 de 133 países en el Índice Global de Innovación (GII) 2024. Este desempeño intermedio evidencia tanto fortalezas como retos estructurales de cara a posicionar al país como un actor competitivo en ciencia, tecnología e innovación. Según este mismo indicador GII, Costa Rica alcanza su mejor posición relativa dentro del pilar de “instituciones”, donde ocupa el puesto 47 de 133 países. El avance frente a dos décadas atrás ha sido mínimo –apenas cuatro posiciones–, lo que refleja una mejora muy limitada. Para alcanzar la meta proyectada al 2050, el país debería ascender 39 puestos, lo cual implica un desafío estructural. El progreso logrado se explica principalmente por las políticas de gobernanza digital y modernización regulatoria. Destacan el Código Nacional de Tecnologías Digitales (CNTD) y el Sello de Gobierno Digital, que establecen estándares mínimos y mecanismos de evaluación; así como la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027, con proyectos en identidad y firma digital, interoperabilidad, gobernanza de datos, servicios en línea y uso de tecnologías emergentes como IA, internet de las cosas (IoT), macrodatos ( robotización. La OCDE ha reconocido a Costa Rica por buenas prácticas en gobierno digital, transparencia, política regulatoria y gobernanza de empresas estatales, lo que confirma que las instituciones son una de las principales fortalezas en la estructura de innovación nacional. En el indicador sobre “capital humano e investigación” –donde se incluye el gasto en educación–, Costa Rica ocupa el puesto 11, es decir, un en 2024. Los resultados en las pruebas PISA en lectura, ciencia y matemáticas son intermedios (59/133) y la cantidad de personas investigadoras es de 398 por millón, no muy lejos del alrededor de 300 por millón que tuvimos cuando se realizó la Estrategia Siglo 21 (ES21), pero muy lejos de los 2000 por millón que esta proponía para 2050. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) se ha mantenido estable en un 0,34% del PIB desde 2020 (MICITT, 2023). La ES21 propuso que, para 2025, el gasto debería ser de 2% del PIB, otra área en la que estamos muy lejos de la meta. La ejecución de la inversión en I+D sigue concentrada en el sector académico (47,6%). El PEN 2014 advertía que, para países emergentes, el umbral deseable de ejecución de I+D por parte del sector privado debería ser de alrededor 40%, sin embargo, actualmente las empresas solo ejecutan el 29,7% (MICITT, 2023). Con respecto a la seguridad de la información y calidad de las plataformas informáticas del Estado, en Costa Rica, varias instituciones han implementado sistemas digitales sin pruebas de calidad suficientes, lo que ha provocado fallos críticos y pérdida de confianza ciudadana. Aunque existen marcos normativos como el Código Nacional de Tecnologías Digitales (CNTD) y la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027, estos no contemplan auditorías ni pruebas obligatorias, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la normativa y