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[PLP] -Atención a las listas de espera. La escasez de médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha provocado listas de espera interminables, hospitales sin capacidad para atender cirugías urgentes o enormes centros médicos como el recién inaugurado Hospital de Puntarenas sin especialistas, todo lo que se traduce en pacientes sin acceso a la atención que necesitan. Ante esta realidad, urgen tomar medidas disruptivas que prioricen la atención del paciente, y no a la burocracia institucional. Para atender este problema son necesarias las siguientes medidas:
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[PLP] La transformación de la infraestructura de salud en Costa Rica no puede depender únicamente de la inversión pública tradicional, limitada por la rigidez ﬁscal y la baja capacidad de gestión de proyectos de la CCSS. Para lograr resultados en el corto y mediano plazo, impulsaremos un Plan Nacional de Infraestructura Sanitaria que combine modalidades de ejecución innovadoras — tercerización, concesiones, alianzas público-privadas (APP) y ﬁdeicomisos— asegurando estándares de calidad, control estatal y sostenibilidad ﬁnanciera.
[PLP] -Primer nivel de atención mediante tercerización. En los territorios con mayor rezago (Huetar Norte, Caribe, Brunca y Chorotega), tercerizaremos la construcción, equipamiento y operación de nuevos Ebais y centros integrados de atención primaria. Estos servicios deberán cumplir protocolos clínicos estandarizados, disponer de equipos diagnósticos básicos y operar bajo supervisión directa de la CCSS y el Ministerio de Salud, garantizando conectividad con los niveles superiores de atención.
[PLP] -Segundo nivel de atención mediante concesión progresiva.
[PLP] Para hospitales periféricos y regionales —como los de Limón, Turrialba, San Carlos y Pérez Zeledón— se utilizarán esquemas de concesión, en los que el sector privado asuma la construcción, mantenimiento y operación de servicios clínicos básicos (consultas especializadas, internamientos y cirugías de mediana complejidad). La CCSS ejercerá la rectoría técnica, asegurando estándares de calidad, tarifas reguladas y transparencia en la gestión.
[PLP] -Alta especialidad e infraestructura nacional. Los nuevos hospitales de alta complejidad —como el de Cartago, el Hospital Nacional de Cáncer y la ampliación del Hospital México y San Juan de Dios— se desarrollarán mediante APP y ﬁdeicomisos, combinando recursos del Estado con ﬁnanciamiento privado y multilateral. Esto permitirá ejecutar proyectos estratégicos sin que los cuellos de botella presupuestarios sigan retrasando su concreción.
[PLP] -Mantenimiento y modernización continua. El mantenimiento de hospitales nacionales y regionales se adjudicará bajo contratos de gestión con el sector privado, orientados a resultados veriﬁcables (renovación de equipos, ampliación de
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[PLP] quirófanos, intervenciones estructurales), para evitar el deterioro acumulado y garantizar continuidad en la prestación de servicios.
[PLP] Con este esquema integral, cada nivel de atención tendrá un mecanismo de ejecución diferenciado pero coherente: tercerización para el primer nivel, concesiones progresivas para el segundo, y APP/ﬁdeicomisos para la alta complejidad. La CCSS y el Ministerio de Salud liderarán la planiﬁcación técnica; Mideplan y el Ministerio de Hacienda velarán por la viabilidad ﬁnanciera; y la Presidencia de la República impulsará los decretos ejecutivos y proyectos de ley requeridos para habilitar la participación privada bajo estricta supervisión estatal.
[PLP] Costa Rica enfrenta un cambio demográﬁco profundo: el envejecimiento acelerado de su población. En 2024, las personas adultas mayores representan ya el 11,2 % del total de habitantes, y se proyecta que esta cifra superará el 19 % en 2040. Este fenómeno, reﬂejo del éxito del país en salud pública y desarrollo humano, plantea nuevos desafíos: aumento sostenido en el uso de los servicios de salud, creciente carga de enfermedades crónicas y una demanda urgente por un modelo de atención integral centrado en la prevención, la funcionalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud, en su rol rector, en articulación con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), liderará la transformación del enfoque sanitario hacia un modelo de envejecimiento saludable, comunitario, preventivo y digno.
[PLP] Actualmente, Costa Rica cuenta con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2023–2033), pero enfrenta diﬁcultades en su implementación efectiva. Esta política pública propone, para el periodo 2026–2030, reforzar el vínculo interinstitucional entre el
[PLP] Ministerio de Salud, CONAPAM y los gobiernos locales, a ﬁn de garantizar entornos seguros, accesibles y protectores para las personas mayores. Esto incluye una reorganización territorial de la promoción de la salud con enfoque de curso de vida, fortalecimiento del modelo de Atención Primaria en Salud con componentes geriátricos, expansión de las “Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores” y establecimiento de protocolos de intervención en casos de abandono, negligencia o maltrato. El envejecimiento debe dejar de verse como una carga y asumirse como una etapa valiosa, que merece respaldo estatal efectivo.
[PLP] Funcional. Impulsaremos la creación de Centros Integrados de Promoción de la Salud y Autonomía Funcional en cada región de salud, operados en coordinación entre el Ministerio de Salud, CCSS, municipalidades y organizaciones sociales, para brindar servicios preventivos, tamizajes funcionales, programas de actividad física adaptada, educación sanitaria, nutrición y apoyo psicosocial.
[PLP] Persona Adulta Mayor. La implementación de un Sistema Nacional de Vigilancia del Estado de Salud de la Persona Adulta Mayor, interoperable con la historia clínica digital, que permita detectar precozmente riesgos funcionales, síndromes geriátricos y condiciones sociales adversas como la soledad o el aislamiento.
[PLP] -Formación de personal de salud y trato para los adultos mayores. Finalmente, se promoverá la incorporación del enfoque gerontológico en la formación del personal de salud, la certiﬁcación de servicios amigables y la implementación de un Sello de Buen Trato a la Persona Adulta Mayor, que reconozca a instituciones, empresas y comunidades que cumplan con estándares de respeto, accesibilidad y protección de derechos.
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[PLP] Costa Rica enfrenta una creciente carga de enfermedades no transmisibles (ENT), entre ellas la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Estas enfermedades, que constituyen la principal causa de muerte en el país, tienen su origen en determinantes sociales estructurales y en factores de riesgo conductuales como el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Para revertir esta realidad es urgente actuar desde una perspectiva integral, que aborde tanto los factores individuales como las condiciones sociales y ambientales que diﬁcultan adoptar estilos de vida saludables. Nuestro país requiere una política pública robusta, proactiva y basada en evidencia para promover la salud poblacional y prevenir enfermedades desde edades tempranas. En esta dirección planteamos las siguientes propuestas:
[PLP] -Campañas de educación y comunicación para la salud. A través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, se desarrollará una estrategia nacional de comunicación orientada a la promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en alimentación balanceada, actividad física diaria, salud mental y autocuidado. Esta estrategia utilizará medios digitales, redes sociales, centros educativos, servicios de salud y espacios comunitarios para maximizar su alcance, con mensajes dirigidos a distintos grupos etarios y socioculturales. Se promoverán alianzas con medios de comunicación, empresas privadas y líderes locales para ampliﬁcar el impacto educativo.
[PLP] -Consolidación de programas de promoción en escuelas y lugares de trabajo. En coordinación con el MEP y el Ministerio de Trabajo, se fortalecerán los programas de salud escolar con menús saludables, educación nutricional, actividad física estructurada, pausas activas y tamizajes de salud periódicos. En los entornos laborales, especialmente en instituciones públicas y grandes empresas, se promoverán planes de bienestar integral que incluyan espacios para la actividad física, asesoría nutricional, apoyo emocional y promoción del balance vidatrabajo.
[PLP] -Estrategia nacional de prevención ante pandemias y enfermedades emergentes. A través del Ministerio de Salud se diseñará un plan interinstitucional de preparación y respuesta que contemple vigilancia epidemiológica en tiempo real, protocolos de actuación multisectorial, educación ciudadana sobre prevención, reserva estratégica de insumos y cooperación internacional. Esta estrategia garantizará la resiliencia del sistema ante futuras crisis sanitarias, con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.
[PLP] En nuestro país la salud mental debe convertirse en una prioridad en materia de salud pública debido al incremento sostenido de trastornos como la depresión, la ansiedad, la ideación suicida y otros padecimientos relacionados con el estrés, la violencia, el consumo de sustancias y el deterioro de la cohesión social.
[PLP] Según la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034, factores estructurales como la soledad, la precariedad laboral, el estigma y la fragmentación de los servicios de atención agravan el panorama de salud mental en todas las etapas del ciclo vital. A esto se suma una creciente incapacidad institucional que limita la capacidad del sistema para responder de forma oportuna a los desafíos en este campo.
[PLP] Para atender este reto el Ministerio de Salud debe implementar políticas de salud centradas en: i) la creación de entornos protectores y promotores del bienestar psicosocial; ii) el abordaje intersectorial para la prevención, detección y atención de los trastornos mentales; y iii) la prevención del comportamiento suicida,
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 161 todo ello con un enfoque basado en derechos, inclusión y participación ciudadana, reconociendo la salud mental no solo como un tema médico, sino una condición necesaria para el desarrollo humano, la productividad, la convivencia y la paz social. En nuestra administración desarrollaremos las siguientes acciones para promover la salud mental de los costarricenses:
[PLP] -Fortalecimiento del modelo comunitario e interinstitucional de atención. impulsaremos la consolidación de los Equipos Interdisciplinarios para la Atención de la Salud Mental y Adicciones (EISAA), dotándolos de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para su cobertura en todo el territorio nacional, priorizando cantones con altos índices de violencia, pobreza y suicidio. Asimismo, se impulsará la integración de servicios de salud mental en el primer nivel de atención y su articulación con el MEP, el IAFA, el CONAPAM y organizaciones de la sociedad civil.
[PLP] -Promoción de entornos saludables en centros educativos, laborales y comunitarios. En conjunto con el MEP, se implementará a escala nacional el módulo de salud mental del programa Vida Saludable, incorporando habilidades socioemocionales desde primaria hasta secundaria. Se ampliará la estrategia “Apoyo entre Pares” en colegios, y se promoverá en universidades y centros de formación técnica. En el ámbito laboral, se establecerán lineamientos para la gestión del bienestar psicosocial, especialmente en sectores de alta demanda y estrés.
[PLP] -Campaña nacional contra el estigma y prevención del suicidio. A través del Ministerio de Salud se desarrollará una estrategia comunicacional de alcance nacional que aborde los mitos sobre salud mental, promueva la empatía y fomente la búsqueda de ayuda. Además, se establecerá una línea telefónica 24/7 especializada en crisis suicidas y salud emocional, integrada con los servicios de emergencias médicas y las redes de apoyo comunitario.
[PLP] Esta propuesta se compromete a transformar la atención de la salud mental en una política de Estado con recursos sostenibles, indicadores claros de avance y participación activa de la ciudadanía, con el ﬁn de asegurar el bienestar emocional como parte integral de los derechos humanos y el desarrollo del país.
[PLP] La modernización del sistema de salud costarricense requiere fortalecer la capacidad institucional para evaluar tecnologías, integrar la información clínica y promover la investigación aplicada. Solo así podremos garantizar que las decisiones en salud se tomen con base en evidencia, que los recursos se utilicen con eﬁciencia y que la innovación llegue a los pacientes de manera oportuna.
[PLP] -Dirección nacional de ETS. Crearemos, mediante una ley una unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) que permita fundamentar en evidencia clínica y costoefectividad la adopción de nuevos tratamientos, equipos y medicamentos en el país.
[PLP] -Historia clínica digital interoperable. Consolidaremos, a través de un decreto ejecutivo y con recursos del presupuesto nacional, un sistema nacional único de historia clínica digital que integre tanto al sector público como privado. La implementación estará a cargo de la CCSS, el MICI TT y e l M i nis t eri o de Sa l ud, ase g ura n do interoperabilidad y mejor coordinación entre niveles de atención.
[PLP] -Investigación e innovación. Estableceremos un fondo nacional de investigación en salud, creado mediante decreto
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[PLP] y reglamento, que brinde ﬁnanciamiento competitivo a proyectos con alto impacto, fomente convenios con universidades y promueva la atracción de talento y el desarrollo de startups en salud. Esta política será liderada por el MICITT y el Ministerio de Salud, en coordinación con PROCOMER para facilitar la vinculación con mercados internacionales.
[PLP] El objetivo de este capítulo es sentar las bases de una política social moderna, centrada en la precisión, la eﬁciencia y la libertad individual. Esto implica rediseñar la institucionalidad del sector para evitar duplicidades, digitalizar plenamente las transferencias y subsidios, condicionar las ayudas al desarrollo de capacidades personales y comunitarias, y reforzar redes críticas como la REDCUDI, la atención de la población adulta mayor y la integración productiva de jóvenes y migrantes. De esta manera, transformaremos la inversión social en una palanca real de movilidad social, inclusión y equidad, asegurando que el gasto social sea sostenible y genere resultados medibles en bienestar y oportunidades.
[PLP] Para lograrlo, planteamos un modelo de política social con tres principios rectores. Primero, la focalización con precisión, que permita dirigir los recursos hacia las personas y comunidades que realmente los necesitan, utilizando herramientas tecnológicas como el SINIRUBE y el SUPRES para garantizar trazabilidad y transparencia. Segundo, la eﬁciencia en la gestión pública, que reducirá la fragmentación institucional, eliminará duplicidades y fortalecerá la rectoría técnica del Estado en la política social. Y tercero, la promoción de la autonomía individual, que condicionará los beneﬁcios a la participación en procesos de educación, capacitación laboral o proyectos comunitarios, evitando que la asistencia se convierta en dependencia crónica.
[PLP] En nuestro país el 18% de los hogares viven en condición de pobreza, al tiempo que los hogares en pobreza extrema son el 4,8%. Si bien los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos reﬂeja una disminución de la pobreza y la pobreza extrema, es fundamental que como país profundicemos los esfuerzos para que la inversión social sea más efectiva.
[PLP] Nuestra aspiración es que los costarricenses puedan desarrollar su proyecto de vida sin necesidad de depender de una transferencia o un subsidio del Estado. Para ello, la inversión en educación, el desarrollo de oportunidades de empleo y las facilidades para emprender en un entorno favorable para la creación de nuevas empresas son piezas clave de la política social. Desde nuestra perspectiva, cualquier programa de asistencia social debe estar dirigido exclusivamente para aquellos que más lo necesitan, a través de una política pública focalizada. Estas prestaciones deben ser temporales, de manera que no se establezca una relación de dependencia, y deben ejecutarse con la mayor eﬁciencia y eﬁcacia posible.
[PLP] De acuerdo con la OCDE, hay margen para mejorar la focalización de los programas sociales, ya que en algunos casos más del 40% de los beneﬁciarios son hogares de ingresos medios y altos. También hay margen para reducir la fragmentación, ya que 21 instituciones se encargan de ejecutar más de 35 programas. Una mejor focalización y una menor fragmentación facilitarían el refuerzo de la protección social en áreas clave y reducirían la desigualdad.
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[PLP] Uno de los principales desafíos históricos del sistema de inversión social en Costa Rica ha sido la ausencia de una rectoría clara y sostenida para el sector, lo que ha afectado tanto la articulación de las políticas sociales (educación, salud, pensiones, vivienda), como de las políticas sociales selectivas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad o exclusión.
[PLP] Esta rectoría ha estado fragmentada o ausente, pasando intermitentemente por instancias como el Ministerio de Vivienda (2006-2011), el Ministerio de Bienestar Social y Familia, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social (ambos sin cartera), o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta dispersión ha diﬁcultado la coordinación interinstitucional, la deﬁnición de prioridades, la asignación eﬁciente de recursos y la evaluación de resultados, generando superposición de funciones y deﬁciencias en la cobertura de servicios sociales.
[PLP] Reducir la fragmentación de las políticas de asistencia social y seleccionar los beneﬁciarios de los programas sociales con precisión, a partir del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneﬁciarios del Estado (SINIRUBE), son pasos clave para mejorar la cobertura y el alcance de la protección social, así como su efectividad en la reducción de la desigualdad y la pobreza. En línea con lo anterior:
[PLP] -Reconﬁguración institucional del MTSS. Llevaremos adelante una reconﬁguración institucional del actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que pasaría a denominarse Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, incorporando dentro de su estructura un Viceministerio de Políticas Sociales Selectivas. Esta dependencia será la encargada de coordinar, articular, supervisar y evaluar el funcionamiento del subsistema de políticas sociales selectivas, promoviendo una rectoría efectiva, moderna y técnica, sin necesidad de crear una nueva entidad ministerial ni duplicar estructuras existentes.
[PLP] El Viceministerio ejercerá diversos niveles de rectoría sobre las instituciones, consejos, órganos y programas encargados de implementar las políticas sociales selectivas, de acuerdo con sus características especíﬁcas, su nivel de desconcentración, su grado de autonomía o su marco jurídico particular.
[PLP] El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se mantendría como uno de los principales ejecutores de la política social selectiva, especialmente en lo relacionado con la atención y superación de la pobreza. Su accionar estaría enmarcado dentro de una dirección estratégica más clara y articulada, respondiendo a los lineamientos técnicos y directrices del Viceministerio de Políticas Sociales Selectivas, con una visión sistémica, coordinada y orientada a resultados medibles y sostenibles.
[PLP] Nacional de Información y Registro Único de Beneﬁciarios del Estado (SINIRUBE) con el objetivo de aumentar su cobertura y precisión en la focalización de los recursos públicos destinados a los programas sociales, orientándolos a los ciudadanos con menores ingresos y promoviendo una política social de precisión. En esta dirección, trabajaremos para que la totalidad de los sistemas informáticos de las instituciones públicas sean plenamente interoperables con el SINIRUBE, permitiendo una gestión articulada y basada en evidencia.
[PLP] En consonancia con este objetivo, el SINIRUBE será trasladado al Viceministerio de Políticas Sociales Selectivas, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 9137, que estableció su adscripción transitoria al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hasta que se deﬁniera su rectoría deﬁnitiva.
[PLP] Este traslado permitirá fortalecer su gobernanza, cobertura, capacidades tecnológicas e interoperabilidad, posicionándolo como un instrumento técnico estratégico para mejorar la trazabilidad de las transferencias, la evaluación del impacto del
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[PLP] gasto social, y la eﬁciencia en la asignación de los recursos públicos. Con esta medida, se garantizará una gestión social más precisa, integrada, orientada a resultados y al servicio de las poblaciones que más lo necesitan.
[PLP] -Expansión del SUPRES. Ampliaremos la cobertura del Sistema
[PLP] Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES) para garantizar mayor transparencia y eﬁciencia en la lucha contra la pobreza, respetando la autonomía individual y promoviendo la responsabilidad personal. Nuestro objetivo será que todas las transferencias de subsidios y beneﬁcios sociales otorgados por el Estado se realicen a través de este sistema al ﬁnalizar nuestra administración, asegurando un uso óptimo de los recursos públicos dentro de un marco de igualdad de oportunidades
[PLP] -Condicionalidad e inclusión juvenil. Estableceremos una política innovadora y orientada a la libertad individual para todos los programas de asistencia y subsidios. Esta política condicionará a los beneﬁciarios a concluir exitosamente programas de educación formal del MEP, participar en capacitaciones laborales organizadas en coordinación con el INA, o contribuir al desarrollo comunitario mediante el servicio comunal.
[PLP] Además, se pondrá un énfasis particular en la población de jóvenes "ninis" (aquellos que ni estudian ni trabajan), brindándoles oportunidades para integrarse productivamente a la sociedad mediante programas de formación, becas y estímulos para el emprendimiento, promoviendo así su autonomía y su capacidad de construir un futuro independiente. El objetivo será romper el ciclo de la pobreza y la dependencia de subsidios sociales, fomentando una sociedad más inclusiva y empoderada”
[PLP] -Inclusión ﬁnanciera y educación. A pesar de los esfuerzos por bancarizar a todas las personas beneﬁciarias de programas sociales excluidos del sistema ﬁnanciero formal, aún no se ha logrado digitalizar el 100% de las transferencias y subsidios que reciben los ciudadanos.
[PLP] Por esta razón, a través del IMAS, el MEIC y el sector bancario implementaremos un programa conjunto de educación ﬁnanciera y acceso a servicios ﬁnancieros. Este esfuerzo buscará que todos los beneﬁciarios de transferencias monetarias y subsidios del Estado utilicen servicios ﬁnancieros digitales, mejorando así la eﬁciencia, la inclusión y la trazabilidad de los recursos
[PLP] (REDCUDI)
[PLP] Los servicios que brinda la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) a través de sus diferentes modalidades (CIDAI, CEN-CINAI, CECUDI Municipales, Hogares Comunitarios, Casas de la Alegría, ONG y Centros Privados) tienen un doble impacto: por un lado, facilita la incorporación de las mujeres en el mercado laboral al aliviar los requerimientos de cuidado de las niñas y niños, que recae principalmente sobre las madres y, por otro lado, fortalece el desarrollo infantil durante la primera infancia. (Esta propuesta está vinculada al apartado Eliminaremos los impuestos que pesan sobre el trabajo e incentivaremos la contratación, dentro del Capítulo Mercado laboral).
[PLP] Durante nuestro gobierno fortaleceremos dos áreas de la REDCUDI: el primero será mejorar y hacer más eﬁciente su gobernanza, el segundo será ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios.
[PLP] -Gobernanza de la REDCUDI bajo un modelo organizacional simpliﬁcado y eﬁciente. Fortaleceremos el mandato sobre la Comisión Consultiva de la REDCUDI (encargada por ley de
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[PLP] emitir las políticas generales y lineamientos estratégicos del sistema de cuido y desarrollo infantil) y su Secretaría Técnica, para mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones y actores que participan en la red.
[PLP] -Ampliaremos la cobertura, principalmente en zonas fuera del GAM. Para alcanzar una mayor equidad en la atención infantil, ampliaremos la cobertura de servicios en las zonas más vulnerables y desatendidas, especialmente aquellas fuera del GAM. Actualmente, la distribución geográﬁca de los centros de atención presenta una concentración desigual: el 61% se encuentra en tan solo un 23% de los cantones del país, mayoritariamente en regiones centrales.
[PLP] Nuestro enfoque será garantizar que los derechos de los niños sean plenamente protegidos en las comunidades con mayores retos de bienestar, como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golﬁto, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa, así como otros cantones especialmente prioritarios ubicados en zonas costeras y fronterizas.
[PLP] Como parte de nuestro compromiso proyectamos extender la cobertura en estas áreas con un incremento del 15% (209 centros adicionales) sobre la base de los 1362 existentes. Además, priorizaremos la mejora y ampliación de los establecimientos públicos actuales, impulsando iniciativas que promuevan alianzas con actores privados y comunitarios para garantizar un modelo organizacional ágil y eﬁciente.
[PLP] -Evaluación de la calidad de los servicios de protección, atención y cuidado de la niñez. Estableceremos un sistema de supervisión, evaluación y monitoreo en la atención brindada por las diferentes modalidades de cuidado infantil, bajo estándares de calidad debidamente instrumentados. Este sistema será coordinado por el Ministerio de Salud y el MEP, en articulación con el IMAS y la Secretaría Técnica de la REDCUDI, e incluirá auditorías periódicas, visitas de campo, encuestas a familias usuarias y el uso de plataformas digitales para el reporte en tiempo real de indicadores de calidad. Asimismo, se implementará un mecanismo de acreditación y certiﬁcación obligatoria para los centros de cuido, que permitirá identiﬁcar buenas prácticas, sancionar incumplimientos y asegurar que las desviaciones detectadas sean corregidas oportunamente.
[PLP] -Profesionalización del talento humano encargado del cuidado de los niños. Impulsaremos la atención especializada y técnica a través de la capacitación técnico-laboral, mediante convenios con universidades públicas y privadas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y centros de formación acreditados. Este esfuerzo permitirá desarrollar un ecosistema educativo inclusivo y competitivo que eleve la cantidad y calidad del personal profesional y técnico encargado del cuidado de niñas y niños de 0 a 13 años de edad. Pondremos un énfasis especial en las comunidades rurales, garantizando que las personas residentes tengan acceso a estas oportunidades formativas y puedan integrarse al desarrollo económico y social del país con competencias adecuadas.
[PLP] La población de 65 años y más está envejeciendo de manera acelerada. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para 2050 una de cada cuatro personas en nuestro país tendrá 65 años o más, en comparación con la relación actual de 11 por cada 100. Asimismo, entre 2024 y 2044, se espera que esta proporción se duplique.
[PLP] Ante este panorama, es imprescindible promover una mejora gradual e integral del presupuesto destinado a atender las necesidades de esta población. Esto permitirá que las políticas de Estado ofrezcan un acompañamiento integral que abarque
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 166 educación, deporte, salud, y otros aspectos fundamentales para garantizar un envejecimiento digno y activo.
[PLP] El aumento de la longevidad, la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad nos obliga a plantear políticas públicas innovadoras. Estas deben ser capaces de anticipar y responder a las crecientes demandas de la población adulta mayor en todos los campos, asegurando su desarrollo pleno en cada etapa de la vida.
[PLP] Debemos pensar en un modelo de desarrollo adaptado a las edades de la población, ya que el envejecimiento trae consigo consecuencias sociales, económicas y culturales. A mediano y largo plazo, se prevé un incremento en la demanda de servicios asociados a enfermedades crónicas, educación continua, actividades deportivas y recreativas, así como una garantía de sostenibilidad del sistema en su conjunto, asegurando que las generaciones actuales y futuras gocen de una atención de calidad.
[PLP] -Régimen No Contributivo. Fortaleceremos la suﬁciencia de los programas de protección social no contributivos (pensiones del Régimen No Contributivo) para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores sin cobertura contributiva. Nuestra meta será aumentar la pensión mínima no contributiva durante el periodo 2026–2030, ﬁnanciado mediante una reforma progresiva al FODESAF y la eliminación de duplicidades en programas sociales.
[PLP] -Servicios de cuidados para la población adulta mayor. Ante los retos demográﬁcos y sanitarios Costa Rica necesita desarrollar un robusto sistema de servicios de cuidados para los adultos mayores. Para ello, el país cuenta ya con legislación que establece el sistema nacional de cuidados para las personas adultas mayores (Ley N°10.192). El objetivo en nuestra administración será consolidar este sistema, potenciándolo con el apoyo de una industria de cuidados, eﬁciente e innovadora, fundamentada en el desarrollo de alianzas público-privadas.
[PLP] -Fortaleceremos la oferta de servicios y prestaciones de atención a la dependencia. Aprovecharemos las experiencias exitosas de organizaciones privadas y ONG que hayan demostrado efectividad en su trabajo, fomentando un modelo de coﬁnanciamiento que permita maximizar recursos y garantizar que la atención se dirija directamente a la población beneﬁciaria y no a incrementar la burocracia. A través del IMAS, CONAPAM y entidades privadas pondremos en marcha una red de servicios de atención domiciliaria para personas adultas mayores en condición de dependencia, con cobertura inicial en 30 cantones priorizados (los de mayor proporción de adultos mayores en pobreza y dependencia). Nuestra meta será atender al menos a 25.000 personas adultas mayores en condición de dependencia moderada o severa al ﬁnalizar el periodo 2026– 2030.
[PLP] -Albergues especializados. Concesionaremos la construcción y operación de 10 albergues especializados para adultos mayores en abandono o en situación de calle, priorizando regiones costeras y fronterizas (Limón, Puntarenas, Guanacaste, Zona Sur, Chorotega y Huetar Norte). Estos espacios serán gestionados en alianza con municipalidades y organizaciones comunitarias, garantizando cercanía con el arraigo local.
[PLP] -Salud y telemedicina. A través del Ministerio de Salud, en coordinación con la CCSS, ampliaremos la atención médica digital y la telemedicina con énfasis en enfermedades crónicas y salud mental de las personas mayores. Nuestra meta será que al menos el 70% de los EBAIS y clínicas de la red nacional ofrezcan consultas virtuales geriátricas y de seguimiento crónico al cierre del periodo.
[PLP] -Formación técnico-profesional en cuido de adultos mayores. Impulsaremos la creación de programas de formación técnico-profesional en instituciones académicas privadas,
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 167
[PLP] orientados a preparar personal especializado en la atención y cuido de adultos mayores, garantizando estándares de calidad y cobertura nacional. De manera complementaria, potenciaremos la plataforma Cuidar.cr como un sistema único de gestión digital que conecte de forma ágil la oferta de servicios de cuido — públicos, privados y comunitarios— con las necesidades especíﬁcas de las personas adultas mayores y sus familias, asegurando trazabilidad, transparencia y una atención oportuna y personalizada.
[PLP] -Erradicación del abandono, abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores. A través del CONAPAM y por medio de alianzas público-privadas promoveremos el desarrollo de campañas masivas con enfoque intergeneracional, con el ﬁn de crear hábitos y valores que contribuyan a la prevención de la erradicación del abandono, abuso y maltrato hacia las personas adultas mayores.
[PLP] -Promover estilos de vida activos y saludables. Reformaremos la legislación que regula a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación para incorporar dentro de sus objetivos, el desarrollo de programas especíﬁcos para la atención de las personas adultas mayores, con la ﬁnalidad de promover estilos de vida activos y saludables.
[PLP] -Servicios de geriatría. Impulsaremos la creación de servicios de geriatría en todos los hospitales generales nacionales públicos, así como la atención de geriatría en los hospitales regionales y las clínicas III y IV. Estos centros médicos deberán contar con personal especializado en la rama, recursos adecuados, físicos, humanos y ﬁnancieros para garantizar una atención adecuada a las personas usuarias y deberán ser asesorados por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes.
[PLP] Costa Rica tradicionalmente se ha deﬁnido al país como receptor de migrantes, dados los ﬂujos migratorios que han tenido lugar con regularidad a lo largo del tiempo. Esta población ha contribuido a la fuerza laboral y ha enriquecido el tejido social y cultural de nuestro país.
[PLP] -Incorporar a la población migrante al mercado de trabajo.
[PLP] Estableceremos un programa efectivo de divulgación, información y promoción sobre las realidades, derechos y potencialidades de la población migrante según sus particularidades del estatus migratorio. Este programa estará dirigido al sector empresarial, como al institucional (públicoprivado) incluyendo a las personas migrantes mismas con el objetivo de eliminar estereotipos y fomentar la conciencia sobre los derechos (obligaciones también) y las potencialidades y beneﬁcios de insertarlas dentro de los esquemas de trabajo y empresariales.
[PLP] -Agilizar los trámites de residencias temporales y especiales.
[PLP] Estableceremos mecanismos para agilizar trámites de las residencias especiales y temporales a población, trabajadores temporales, trabajadores de ocupación especíﬁca, estudiantes, personas con asilo, población refugiada, apátridas, invitados especiales por razones de seguridad, testigos en procesos judiciales, artistas, deportistas y participantes de espectáculos públicos, y trabajadores ligados a proyectos especíﬁcos.
[PLP] -Inclusión de inversionistas, rentistas y pensionados.
[PLP] Fomentaremos la inclusión de inversionistas, rentistas y pensionados en el territorio costarricense con el objetivo de dinamizar la economía costarricense al atraer los recursos económicos de otros países. Para ello, avanzaremos con una reforma a la Ley General de Migración, Ley No. 8764 del 19 de
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[PLP] agosto del 2009 y sus reformas, para que el aseguramiento y contribución a la seguridad social los inversionistas, rentistas y pensionados sea de forma voluntaria y no obligatoria para estas poblaciones migrantes. La reforma incluirá enfoque integral combinando políticas de protección a derechos humanos, que sean inclusivas, atención a las necesidades esenciales.
[PLP] Desde hace una década el país presenta una tendencia creciente en la violencia social, principalmente por el aumento de la delincuencia y los asesinatos. Este aumento de la violencia también se reﬂeja en la violencia y el acoso que sufren las mujeres y las familias en los hogares.
[PLP] -Combatir el acoso callejero. El acoso sexual callejero sigue siendo una problemática que persiste en nuestra sociedad, afectando especialmente a las mujeres que día a día enfrentan esta forma de violencia. En 2024 el OIJ recibió 241 denuncias por este tipo de delito. Para revertir esta situación proponemos las siguientes acciones:
[PLP] -Combatir la violencia intrafamiliar. Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar a menudo dudan en denunciar el delito por temor a un alto riesgo de revictimizarse. En 2019 el Ministerio de Seguridad Pública publicó el Protocolo policial para la atención de casos de violencia intrafamiliar y relaciones de pareja para orientar la labor policial en la detección de riesgos en casos de violencia intrafamiliar. La experiencia internacional demuestra la importancia decisiva que tiene la formación de los funcionarios de policía y de justicia en la aplicación de la ley, siempre que dicha formación y el plan de estudios aborden eﬁcazmente el impacto de una cultura ocupacional policial masculinizada en los aspectos personales y operativos de la intervención policial. Para combatir la violencia intrafamiliar proponemos las siguientes acciones:
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 169
[PLP] -Combatir el hostigamiento sexual en el trabajo y en los centros de estudio. Implementaremos plenamente en el MEP los programas de educación sexual y afectividad, con el objetivo de educar a los niños y jóvenes sobre el respeto de la dignidad humana, la prevención de la violencia, el acoso y el embarazo adolescente. " sensibilización para la prevención del embarazo en la adolescencia y la violencia contra las mujeres en zonas urbanomarginales y zonas rurales. las instituciones, comercios, centros educativos y lugares de trabajo, que certiﬁquen el compromiso de atender e implementar la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. A través de alianzas público-privadas desarrollaremos un curso en línea, disponible para guiar a todas las organizaciones sobre cómo implementar una política institucional o empresarial contra el hostigamiento sexual.
[PLP] -Combate contra los feminicidios. El femicidio representa la forma más extrema de la violencia contra las mujeres. En 2024 se contabilizaron en promedio dos casos de feminicidios al mes, para un total de 30 mujeres. Para combatir estos crímenes fortaleceremos a través del INAMU los servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres sobrevivientes víctimas de violencia de género, en el marco de procesos judiciales.
[PLP] La asesoría legal gratuita como un recurso para las mujeres víctimas marca la diferencia en las posibilidades de culminar un proceso judicial con una sentencia. Por ello, una mejora real en el acceso a la justicia será el poder brindar representación legal y acompañamiento psicológico gratuitos, agregando plazas a la Defensa Pública y reactivando la defensa de las víctimas en el Inamu, en coordinación con la Oﬁcina de Atención de Testigos y Víctimas y el Departamento de Psicología y de Trabajo Social del Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia, entre otros.
[PLP] El ejercicio pleno de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental reconocido tanto por el marco normativo nacional como por diversos tratados internacionales ratiﬁcados por Costa Rica. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales y culturales que impiden su garantía efectiva. El embarazo no deseado, la violencia obstétrica, las brechas en acceso a anticonceptivos, y la falta de una educación sexual integral siguen afectando particularmente a las mujeres, adolescentes, personas LGBTIQ+ y sectores en condición de vulnerabilidad. La evidencia demuestra que una sexualidad informada, segura y libre de coerción mejora no solo la salud y el bienestar individual, sino que también genera impactos positivos en el desarrollo social, económico y educativo del país.
[PLP] Ante esta realidad, en nuestra administración asumiremos la responsabilidad ética y legal de garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer su derecho a una salud sexual y reproductiva plena. Para ello, implementaremos las siguientes acciones:
[PLP] -Resguardo de la Norma Técnica para el Aborto Terapéutico.
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 170
[PLP] para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal, garantizando su aplicación efectiva en todos los centros de salud públicos y privados, y asegurando que el personal médico reciba capacitación sobre su correcta implementación. Asimismo, se establecerán mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para prevenir la negación arbitraria del servicio en casos autorizados por ley.
[PLP] -Educación sexual y prevención del embarazo no deseado.
[PLP] Se promoverá una política nacional de prevención del embarazo no intencionado y de acceso universal a métodos anticonceptivos, fortaleciendo la red pública de servicios de salud. Se impulsará la implementación de una educación integral en sexualidad y afectividad, basada en evidencia cientíﬁca y con enfoque de derechos, en el sistema educativo nacional. Esta formación debe contemplar aspectos emocionales, relacionales, éticos, biológicos y sociales de la sexualidad humana, y promover el respeto a la diversidad y la equidad de género.
[PLP] -Accesibilidad económica a métodos anticonceptivos. Se impulsará una reforma tributaria especíﬁca para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre productos esenciales de salud reproductiva. Se propondrá una reducción al 1 % para las píldoras anticonceptivas (actualmente gravadas con un 2  %) y para los preservativos (gravados con un 13 %), reconociendo su función preventiva y su impacto en la salud pública.
[PLP] -Prevención y erradicación de la violencia obstétrica. La Caja
[PLP] Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe crear un sistema de monitoreo, ﬁscalización y denuncia efectiva de prácticas de violencia obstétrica. A través de nuestra representación en la Junta Directiva de la CCSS trabajaremos en la implementación de protocolos claros de atención centrados en el consentimiento informado, la dignidad y el respeto de las pacientes, así como la creación de unidades especializadas para la recepción e investigación de denuncias. Además, se promoverá una transformación cultural institucional mediante la formación continua del personal médico en derechos humanos, género y trato digno.
[PLP] La defensa de los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestra misión. Esta defensa pasa por limitar el poder del Estado y su intromisión en la esfera de la voluntad del individuo, preservando y ampliando las libertades individuales, la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho. Por esta razón, en nuestro gobierno nuestro compromiso será con el respeto de la libertad de expresión, la protección de la intimidad y la información privada de las personas, la garantía del derecho a la propiedad, el respeto por la libertad de conciencia y religiosa, el derecho a una vida digna, el respeto de los derechos de la población LGBTIQ+ y de los pueblos indígenas.
[PLP] -Respeto absoluto a la libertad de prensa. Nuestro país ha sido un referente mundial en materia de defensa de la libertad de prensa y expresión, sin embargo, en las últimas mediciones del Índice de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) el país ha descendido en la protección de estos valores, destacando los ataques verbales a periodistas y la actitud confrontativa hacia la prensa. En 2021 el país ocupaba el lugar N° 5 en este indicador a nivel mundial (un alto grado de libertad de prensa se asocia a una puntuación elevada, y lo mismo sucede a la inversa), pasando a la posición N.°8 en 2022, la N°23 en 2023, la N°26 en 2024 y la N°36 en 2025; siendo este el segundo peor lugar para nuestro país desde que en 2005 Costa Rica ocupó la posición número 41 en esta medición entre 180 países o territorios.
[PLP] Nuestro compromiso será revertir esta tendencia, garantizando un sólido marco jurídico para la libertad de prensa y un trato
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[PLP] respetuoso al ejercicio periodístico, asegurando que estos y los medios puedan trabajar sin censura ni restricciones arbitrarias de la libertad de expresión. Nuestra meta será ubicar al país en el top 5 global del Índice de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
[PLP] -Protección de datos personales. Los costarricenses necesitamos modernizar el marco legal e institucional de protección de nuestros datos personales. Esta es una necesidad imperante, ante los intentos de instituciones como el Banco Central de Costa Rica y el ministerio de Hacienda, de acceder a datos e información privada de los ciudadanos.
[PLP] En esta dirección, en nuestra administración impulsaremos la aprobación deﬁnitiva del proyecto de ley Expediente 23.097 Ley de Protección de datos personales, que precisamente busca elevar la protección de datos al estándar internacional en la materia, modernizando completamente el marco normativo para devolverle a las personas el control sobre su información personal. Nuestra prioridad es cerrar portillos a los usos indebidos de datos por parte del sector público que se han dado en los últimos años.
[PLP] -Derechos de propiedad en zona fronteriza. Miles de familias que viven en la denominada “Milla Fronteriza” se encuentran en el limbo jurídico, sin derecho formal sobre la tierra que habitan desde hace décadas.
[PLP] Para solucionar este problema, durante nuestro gobierno restableceremos el derecho que tienen los ciudadanos que habitan dentro de la denominada “milla fronteriza” que hoy día se encuentran bajo contrato de arrendamiento o contrato de concesión, emitidos por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) o que hubieran planteado solicitudes de concesión o arrendamiento, a contar con un título de propiedad. Esto es una deuda de décadas del Estado costarricense con esas personas.
[PLP] Para avanzar en esta dirección partimos de proyecto de ley, Expediente N.°24.670 Ley para desafectar los terrenos administrados por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en las franjas fronterizas con las repúblicas de Nicaragua y Panamá para dotar de títulos de propiedad a sus ocupantes.
[PLP] También apoyaremos a poblados que se encuentran dentro de refugios de vida silvestre, como el Refugio Natural de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, para lo cual propondremos la desafectación de estas tierras sin comprometer el resguardo ambiental, pero garantizando el derecho de propiedad y el acceso a servicios básicos.
[PLP] -Dignidad y respeto de los derechos de todas las personas.
[PLP] En nuestra administración garantizaremos el respeto pleno de los derechos humanos de todas las personas y no avalaremos ninguna política o iniciativa de ley que pretenda retroceder en las garantías y derechos constitucionales de las minorías, incluyendo a la población LGBTIQ+.
[PLP] En esta dirección impulsaremos esfuerzos desde el Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social por garantizar a todas personas el acceso universal, solidario, igualitario y equitativo a la salud, sin discriminación de ningún tipo, incluyendo por orientación sexual o identidad de género.
[PLP] Nuestro compromiso será eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello fortaleceremos los mecanismos de denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para atender casos de discriminación de este tipo.
[PLP] Fortaleceremos los mecanismos, en todas las instancias educativas y de formación profesional del Estado (MEP, INAMU, INA, otras), que garanticen a toda la población el acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación, incluyendo por
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[PLP] orientación sexual o identidad de género, de manera que puedan adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desenvolverse libremente en la sociedad.