[FA] Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”, con el fin de aumentar las multas y sanciones. cobertura de subsidio de comedor de 100% para la población estudiantil en secundaria, principalmente en instituciones educativas que se encuentren en distritos o regiones en los deciles más pobres de la población. ingresos, sin considerar que el problema fundamental es que las desigualdades están originadas en la economía real. La política social reduce las desigualdades de origen, pero no las disparidades de los ingresos producto de las brechas de productividad sectorial. El esfuerzo social no fue acompañado de políticas de fomento productivo y empleo, que generaran mayores ingresos para todas las personas. Lo anterior llevó a “una promesa económica sin sustento económico”, es decir, una falta de sostenibilidad financiera que ha impedido sustentar los derechos ciudadanos, obligaciones públicas y decisiones políticas, ya que la apuesta política de ampliación de derechos no se complementó con el fortalecimiento de presupuestos públicos, eficiencia institucional y rendición de cuentas. El agrietamiento del contrato social tiene consecuencias en las poblaciones más vulnerabilizadas, debido al incumplimiento de normas y mandatos de la Constitución y políticas públicas, y a la ausencia de medidas para resolver los puntos ciegos del estilo de desarrollo (inercia burocrática, falta de acuerdos, conflictos asociados a la aprobación de políticas, expansión de la clase media con procesos de empobrecimiento en la mayoría de hogares y una afectación por eventos internacionales como la pandemia del COVID-19). El estilo de desarrollo humano actual se centra en mantener el orden fiscal, sin propuestas estratégicas para resolver el equilibrio fiscal: “Costa Rica gestiona una crisis fiscal mediante políticas de austeridad, que recorta la inversión social y de infraestructura, sin procesos de reforma institucional asociados” (PEN, 2024, p.28). En este contexto, temas relevantes para el desarrollo humano como la salud y la educación han mostrado los recortes más significativos, con un impacto en indicadores esenciales del país. El gasto social pasó de 10,1% del PIB en 2020 a 8,5% en 2025, siendo el más bajo de la década (Núñez, 2025), mientras que el gasto público en salud se mantiene por debajo de los estándares internacionales recomendados del 6% del PIB, con apenas un 5,3% (Bermúdez, 2025). La esperanza de vida ha mantenido una tendencia al alza, alcanzando en 2023 un promedio de 80,7 años, con mayor longevidad en las mujeres (83,2 años) que en los hombres (INEC, 2023). Paralelamente, la tasa de natalidad se redujo a niveles históricamente bajos, con apenas 1,29 hijos por mujer en 2022, mientras que la población adulta mayor ya representa más del 11% del total y podría superar el 40% en 2080 (UNFPA, 2024). Estos cambios reflejan un proceso de envejecimiento poblacional acelerado, con implicaciones profundas en la demanda de servicios sanitarios y en la sostenibilidad financiera del sistema. En el ámbito de la mortalidad, se observan señales de alerta. La mortalidad infantil, que históricamente fue un indicador de fortaleza del sistema de salud, mostró un incremento sostenido en los últimos años: de 8,32 muertes por cada mil nacidos vivos en 2021, pasamos a 10,66 en 2024, lo que representa un aumento del 23,6% en solo un año, con valores que tuvimos tres décadas atrás (INEC, 2025). Las tasas de vacunación en la población pediátrica aún no alcanzan los valores que tuvimos en 2019, antes de la pandemia (Ministerio de Salud, 2024), mientras que la mortalidad materna también se elevó en 2024, especialmente en provincias como Heredia y Limón. A nivel general, las enfermedades no transmisibles, como cardiovasculares, cáncer y diabetes, siguen siendo las principales causas de muerte, acompañadas por un repunte en los homicidios relacionados con la violencia del crimen organizado. Estas tendencias se traducen en un aumento de años de vida perdidos por muerte prematura, lo que señala retrocesos en áreas sensibles de la salud pública.