oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[FA] Para ello, las mujeres que ocupen cargos de representación de organizaciones o institucionales deben tener espacios designados en dichas mesas, así como tiempos destinados para brindar sus conocimientos, análisis y reflexiones sobre las áreas temáticas en discusión; también se buscará que al menos un 50% de las personas participantes en las mesas de diálogo sean mujeres, esto garantizará que sus necesidades sean escuchadas, posicionadas y necesariamente consideradas en el proceso de toma de decisiones. igualdad, en distintos puestos de representación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 inciso c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. dar atención a la violencia política que pueden enfrentar las mujeres, tanto en
[FA] Promover, bajo la coordinación del INAMU, el fortalecimiento de capacitaciones en
[FA] La incorporación de las mujeres en los espacios políticos o cargos públicos no
[FA] Impulsar acciones intencionadas de formación, información y capacitación para
[FA] La incorporación de la Política de Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres
[FA] Gestionar la inclusión transversal de los enfoques de igualdad de género, derechos
[FA] Impulsar la perspectiva de género en la formulación de los presupuestos ordinarios y
[FA] Apoyar al Instituto Nacional de las Mujeres en su rol de coordinación de políticas, en
[FA] Fortalecer la gestión de las políticas nacionales PIEG y PLANOVI, mediante la
[FA] Promover el fortalecimiento de instancias de igualdad de género y de atención a las espacios públicos como privados, en respuesta al compromiso adquirido por parte del Estado mediante la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). gestión, lo que contribuye al desarrollo de proyectos políticos y fomenta las capacidades de liderazgo de las mujeres para la incidencia política. supone su participación real, ya que se enfrentan a situaciones de discriminación y brechas salariales, entre otras situaciones. En ese sentido, las instituciones públicas deben garantizar el cumplimiento de espacios libres de discriminación para esta población. En caso de que no se cuente con mecanismos de respuesta para garantizar estos espacios, será posible solicitar la orientación del INAMU. generar cambios culturales a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad efectiva, claves para avanzar en la protección de las mujeres frente a la violencia, la generación de condiciones para la corresponsabilidad de los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, la inserción de las mujeres en el mundo laboral, su participación política e incursión en áreas tradicionalmente masculinas, como la ciencia y la tecnología, entre otras. y Mujeres (PIEG) 2018-2030 y de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI) 2017-2032 debe ser transversal en cualquier proceso de trabajo, entiéndase proyectos de ley, programas o propuestas de trabajo que involucren de forma directa o indirecta a la población femenina. humanos de las mujeres y de interseccionalidad en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y las políticas públicas específicas que emanen del Poder Ejecutivo. extraordinarios de la República, mediante la inclusión de las partidas correspondientes para dar contenido económico a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de igualdad de género y de atención de la violencia contra las mujeres, PIEG y PLANOVI. el proceso de territorialización de las políticas públicas PIEG y PLANOVI, para que se retomen las necesidades, demandas y particularidades de las mujeres en los ámbitos local, territorial y regional. inclusión de los compromisos de sus planes de acción en la planificación y presupuestación de las instituciones públicas, para garantizar su efectivo cumplimiento. mujeres en las municipalidades, para que se conviertan en instituciones clave para la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el nivel local.
[FA] Promover alianzas de instituciones públicas con otros actores estratégicos, como
[FA] Promover el fortalecimiento de los sistemas de información, registros
[FA] Impulsar la aprobación de normativa para la creación de un Sistema Nacional para la
[FA] Prestar especial atención para que los servicios públicos tomen en cuenta las
[FA] Garantizar al Instituto Nacional de la Mujer los recursos necesarios para mantener y
[FA] Fortalecer el trabajo interinstitucional e intersectorial en la emisión de criterios
[FA] Visibilizar la realidad diferenciada de las mujeres en espacios públicos, laborales,
[FA] Propuestas para legislar Construcción de una agenda legislativa, junto con las organizaciones de la sociedad organizaciones sociales, academia, gobiernos locales y empresas privadas (con fines y sin fines de lucro), para el avance hacia la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. administrativos, datos e indicadores sensibles a las diversidades y desigualdades múltiples que alimentan el Sistema de Indicadores Estadísticos de Género (SIEG) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que permita dar cuenta del estado de situación y condición de las mujeres y hombres en Costa Rica.
[FA] Igualdad y Equidad de Género que establezca obligaciones para todas las instituciones públicas en cuanto al cumplimiento de las políticas nacionales de igualdad de género, prevención y atención de la violencia, con definición de mecanismos de articulación y coordinación política y técnica, incluyendo ámbitos nacionales, territoriales, regionales y locales. necesidades, condiciones y demandas de las mujeres, respetando los enfoques de género, derechos humanos, multiculturalidad e interseccionalidad, como parte de los procesos de rendición de cuentas institucionales y de evaluación de desempeño. lograr ampliar los servicios de atención que brinda a las mujeres a lo largo del país, partiendo de que el avance de los derechos y el fortalecimiento de la institucionalidad en temas de género no pueden darse si no existe una solidez en el Instituto que atiende a esta población. Asimismo, el FA rechazará cualquier iniciativa que pretenda debilitar la función de esta institución o transformar y debilitar el Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Lo anterior sería un retroceso en los compromisos del Estado costarricense en términos del cumplimiento de acciones afirmativas hacia las mujeres. técnicos y propuestas de proyectos que tienen como población meta a las mujeres, colocando como punto de partida las necesidades sociales, económicas, laborales y culturales de la población. El trabajo en red significa reconocer la convergencia de múltiples capas de vulnerabilidad que permean la condición de ser mujer, lo que propicia que las respuestas que estas formulen sean en pro de sus derechos. educativos o institucionales para formular marcos de respuesta de acuerdo con sus necesidades y vivencias. En otras palabras, las respuestas brindadas no deben partir de la experiencia de trabajo con población masculina, pues esto invisibiliza la brecha de género que históricamente ha existido entre ambas poblaciones. civil, de iniciativas de ley orientadas a la prevención, atención y sanción de otras expresiones de la violencia contra las mujeres: violencia obstétrica, violencia laboral, violencia contra defensoras y activistas de derechos humanos, cuerpos y
[FA] Rechazar rotundamente todos aquellos proyectos dirigidos a desmantelar y debilitar
[FA] Propuestas para gobernar: Realizar un pacto nacional con el fin de frenar el deterioro de las condiciones de vida
[FA] Generar un plan nacional para prevenir y combatir la pobreza en niñeces y
[FA] ), la afectación de la salud mental, el abuso sexual, las condiciones de explotación y de las niñeces y adolescencias, que van primero. Este pacto tendrá dos enfoques fundamentales: apoyar a las familias para que apoyen a las personas menores de edad y apoyar a las niñeces y adolescencias para que puedan tener un mejor presente y un futuro más prometedor. adolescencias, que contemple atender sus necesidades, centrándose en su desarrollo integral y oportunidades para todas las edades, acceso a servicios y derechos esenciales como educación, salud de calidad, mejora de las condiciones de vida, empleo decente e ingresos de sus familias, alfabetización adulta, mejora y acceso a la vivienda, prevención de las violencias y la discriminación, combate al
[FA] Reformar el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) como mecanismo de
[FA] Prevenir el reclutamiento de las niñeces y adolescencias por parte del crimen Atender el problema de consumo y adicciones a sustancias psicoactivas con un
[FA] Garantizar una inversión suficiente y efectiva para una educación que cierre brechas
[FA] Asegurar a los comedores escolares un financiamiento suficiente para que cada Apoyar los programas educativos existentes y diseñar otros nuevos para abordar las
[FA] Generar un plan nacional para combatir todas las formas de violencia, en todos los Dotar de recursos a programas y acciones que abordan las diferentes formas de
[FA] Trabajar con las familias y las comunidades, apostando por redes de apoyo familiar y Frenar el populismo punitivo que culpa a las niñeces y adolescencias del aumento
[FA] Fortalecer y desarrollar un programa nacional de educación familiar para la crianza Promover la coordinación entre instituciones como el Patronato Nacional de la
[FA] Reforzar el rol de las municipalidades en el desarrollo de políticas cantonales de
[FA] Fomentar el empoderamiento y liderazgo de las niñeces y adolescencias, a través
[FA] Propuestas para legislar: hambre, desnutrición y obesidad infantil, mejora de las redes de cuido familiar y comunitarias, y mejora de los sistemas de protección social y de protección integral. articulación interinstitucional para la implementación de las políticas públicas de niñeces y adolescencias a nivel nacional, regional y local. organizado, mediante la generación de oportunidades de desarrollo. centro especializado que cubra realmente la dimensión del problema y que logre llegar a aquellas poblaciones con mayor desventaja social. y fortalezca el acceso, la permanencia de estudiantes y la calidad. Planteamos recuperar lo perdido, garantizar lo establecido por la ley y aspirar a más. persona menor de edad que lo requiera pueda beneficiarse, sin obstáculos. necesidades educativas, sociales y económicas de la población infantil y adolescente. escenarios, ámbitos y formas. violencia y apostar para prevenir, disminuir y proteger a las niñeces y adolescencias, sin discriminación de ningún tipo. comunitario. criminal, sin responsabilizar ni detener a las personas adultas que les reclutan como carne de cañón para sus actividades delictivas. Es esencial recuperar la visión estratégica de la prevención integral. positiva y la estimulación psicosocial temprana. Infancia (PANI), las municipalidades y otras organizaciones, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñeces y adolescencias, así como el acceso a recursos y apoyo para proyectos que promuevan su participación activa. niñeces y adolescencias, con miras a que todos los cantones tengan una política cantonal aprobada y vigente, así como una oficina local de niñez y adolescencia, en coordinación con el PANI. de proyectos que promuevan su involucramiento en la definición, elaboración, evaluación y seguimiento de acciones que impacten sus vidas y la sociedad en general, promoviendo su organización y trabajo en redes.
[FA] Impulsar el expediente N.º 24173 Ley para Proteger la Inversión Social en Niñez y
[FA] Establecer la educación secundaria como obligatoria en la Constitución Política. Apoyar la adopción de la reforma del Código de Niñez y Adolescencia que viene
[FA] Introducción diagnóstica: La planificación del territorio es una de las principales materias de gobierno en los países con mejores condiciones de vida y oportunidades para sus habitantes. La planificación desde las comunidades y las regiones, contemplando las variables territoriales, el respeto por el patrimonio cultural y ambiental, debe ser la base para los avances en esta materia en los próximos años. En Costa Rica, la planificación territorial a escala nacional, regional y local no es considerada de forma estratégica en el momento de tomar decisiones y formular políticas, lo cual ha instaurado un modelo de gestión ineficiente. La mayoría de las ciudades que conforman el Área Metropolitana ubicada en el Valle Central ha sufrido un crecimiento desordenado y carente de planificación. Lo anterior ha producido una situación de ineficiencia productiva, alto costo de la vida, hacinamiento y problemas crecientes de movilidad que sufren a diario quienes viven o transitan por la región central. Esto se ha ido reproduciendo en ciudades intermedias de otras regiones del país. En zonas rurales y territorios costeros, las debilidades en la gestión política del territorio se acentúan con mayor notoriedad, lo que genera situaciones paradójicas para las que no se logra gestionar proyectos básicos y necesarios de infraestructura pública, al mismo tiempo que se impulsan grandes proyectos privados que incrementan las problemáticas de las comunidades. Hoy en día, no existe una planificación para todo el país a escala regional: aproximadamente el 50% de los cantones no cuenta con regulación a escala local, a la vez que, donde sí existe, esta se encuentra desactualizada. Por otro lado, las políticas sociales de vivienda han contribuido al modelo de ciudad difusa y expansiva que hoy prevalece en las zonas urbanas del país, al mismo tiempo que no se logra atender de manera eficaz las grandes carencias de las zonas rurales más alejadas. Por lo anterior, es necesario definir una nueva estrategia para atender tanto la demanda de diferentes tipos de vivienda adecuada nueva, producto del crecimiento vegetativo de la población, como el déficit cuantitativo producto de las viviendas en mal estado. Las políticas de subsidio habitacional deben estar articuladas a otras medidas para la superación de la pobreza, como la dotación de fuentes de empleo, ubicación de los proyectos y, especialmente, políticas de planificación urbana que organicen de manera eficiente las actividades en el territorio.
[FA] Adolescencia, el cual establece un blindaje a los aportes del Estado al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y un aporte del 4% del PANI para programas de protección social, de manera que no se vea afectado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. impulsando el Núcleo de Trabajo en Violencias, donde se incluye un nuevo capítulo para prevenir, atender y proteger contra toda forma de violencia, así como dar condiciones para su adecuada implementación y amplia difusión.
[FA] Para afrontar los grandes retos que tenemos como país, proponemos un modelo de gobernanza que considere la planeación territorial y se estructure desde los barrios, comunidades y regiones, de modo que se propicien dinámicas económicas más sostenibles, que se garantice la vivienda adecuada como derecho humano y se atiendan las necesidades de movilidad.
[FA] Propuestas para gobernar: Crear el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a partir de la fusión del
[FA] Crear, en el nuevo ministerio, la Secretaría de Vivienda y Mejoramiento Barrial, que
[FA] Impulsar la conformación, desde las comunidades, de las Juntas de Mejoramiento
[FA] Crear un sistema de bancos de tierras regionales con sede en cada una de las
[FA] Impulsar, desde las diferentes Secretarías regionales y en alianza con empresas
[FA] Generar una política orientada al mantenimiento y mejora de viviendas existentes de
[FA] Impulsar los planes reguladores regionales que, en paralelo, se construirán con los
[FA] Recabar, por regiones, la información desde las comunidades para vivienda
[FA] Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), robusteciendo sus capacidades como ente rector, sin vacíos legales. será la encargada de capacitar y crear los mecanismos expeditos, la relación con las diferentes instituciones y la colocación en las regiones de los fondos de los programas del nuevo Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, proveyendo la información oficial. Asimismo, fungirá como interlocutor con las federaciones municipales, los gobiernos locales y las juntas de mejoramiento barrial. Tendrá una sede en cada una de las 6 regiones y también en ellas estará la ventanilla única de arrendamientos para asesorar y dar seguimiento a temas relacionados.
[FA] Barrial (que también verán el tema de movilidad), con un enfoque integral y compuestas por equipos que incluyan a la sociedad civil de las urbanizaciones y barrios construidos, pero con déficit de movilidad integral, áreas verdes, espacio público y equipamientos comunitarios, entre otros. Serán complementarios de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) ya existentes.
[FA] Secretarías de Vivienda regionales, donde se incluirán las correspondientes a ministerios, instituciones y municipalidades, según las oportunidades, de acuerdo a diagnósticos, para ofrecer respuestas de vivienda y mediación con las y los propietarios, en aras del interés común. municipales de vivienda, la construcción de vivienda adecuada donde se integren los diferentes estratos socioeconómicos, asegurando la calidad, ubicación, diseño culturalmente idóneo para las diferentes regiones y su accesibilidad. Esto inhibirá una construcción que priorice únicamente el costo. interés social y de clase media, más allá de un simple subsidio. planes reguladores urbanos de cada cantón para agilizar los trámites y hacer posible su implementación en el plazo de cuatro años. Esta herramienta será de gran utilidad para los gobiernos locales, para una pronta implementación o actualización de los planes reguladores urbanos (PRU). Asimismo, se generarán estándares, se identificarán actores, recursos y mecanismos de agilización regional y descentralizada. adecuada, espacios públicos, áreas verdes, espacios para las niñas y los niños,
[FA] Dar solución a poblaciones que, año tras año, se encuentran en riesgo de
[FA] Implementar planes de mejoramiento barrial que incluyan, por regiones,
[FA] Optimizar desde las comunidades la construcción de vivienda adecuada en sitio,
[FA] Priorizar la condición asequible de la vivienda adecuada de interés social, clase
[FA] Actualizar la base de datos de costos unitarios y establecer topes de alquiler para los
[FA] Crear viviendas en propiedad colectiva brindando el apoyo técnico y de
[FA] Habilitar infraestructura urbana en desuso, que forme parte de bancos de tierras
[FA] Controlar la especulación y las condiciones de hacinamiento de los cuartos en centros de salud, mejoramiento barrial e infraestructura peatonal y ciclística, que se incluirán dentro de una base nacional de proyectos para agilizar su ejecución, dando prioridad a zonas de extrema pobreza y pobreza, con poca o nula inversión en administraciones anteriores. inundaciones, derrumbes, entre otro tipo de desastres, promoviendo su reubicación a sectores que cuenten con conexiones similares a las de su anterior espacio habitacional o mejor, para evitar que se pierda el sentido de comunidad, el vínculo con espacios de estudio, trabajo y demás. Lo anterior se hará en alianza y fuerte coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). capacitaciones en materia financiera de obtención de vivienda adecuada para los distintos estratos y asesoría en materia ambiental, urbana, social y paisajística para las personas que eventualmente deseen participar en los concursos regionales. Se brindará asesoría en temas de relaciones comunitarias y mejoramientos barriales para los líderes y lideresas, así como para Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), entre otros interesados e interesadas. priorizando regiones con bajos índices de desarrollo, así como poblaciones que enfrentan riesgo inminente de desastre natural (estas se incluirán como beneficiarias más allá de los 3 meses de alquiler del IMAS). media y personas vulnerables con los mismos criterios del punto anterior, para su ubicación en regiones donde el desarrollo se oriente a este tipo de poblaciones, por temas de empleo, estudio y otros. Asimismo, se impartirán asesorías financieras en esta materia a las personas o núcleos familiares interesados, desde la Secretaría de Vivienda respectiva. También se impulsará la creación de vivienda pública para alquiler de acuerdo con lo recomendado por la OCDE. estratos bajos y medios, cuyo costo oscile entre el 30 y el 33% del ingreso promedio. Esto con el fin de poner coto a la especulación inmobiliaria, tanto en materia de construcción como de alquiler para estos grupos, lo que permitirá garantizar el derecho a la vivienda. financiamiento para la gestión de los modelos de construcción que podrán hacer uso de los bancos de tierras de las regiones, con lo que será posible propiciar un sistema de buenas prácticas de creación, constructivas, de mejoramiento y convivencia barrial. regionales, para brindar solución temporal (albergues) y otra variedad de alojamientos que incluyen apoyo psicosocial y reinserción para personas que se encuentren en situaciones extremas, sin redes de apoyo, con casos de violencia intrafamiliar o personas en situación de calle, lo que permitirá garantizar la vivienda como un derecho humano de todas las personas que habitan nuestro territorio. cuartería, en protección de la dignidad humana y el derecho a la vivienda de todas
[FA] Crear planes regionales de movilidad en conjunto con las federaciones municipales y
[FA] Impulsar los planes cantonales de movilidad y un programa continuo de
[FA] Implementar un plan especial o parcial que primeramente ratifique los alrededores
[FA] Ejecutar un sistema intermodal en los principales centros poblacionales de Costa
[FA] Continuar apoyando decididamente la implementación del proyecto de sectorización
[FA] Generar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano según las disposiciones establecidas
[FA] Valorar la pertinencia de la Política Nacional del Hábitat 2020-2040, a luz de las
[FA] Iniciar el proceso de generación de los planes regionales de ordenamiento territorial
[FA] Estimular los planes regionales de ordenamiento territorial que articulen la
[FA] Fortalecer ciudades intermedias fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), que
[FA] Desarrollar bases de datos a nivel regional que proporcionen a los gobiernos locales las personas, mediante el registro de la actividad de arrendamiento en la ventanilla única de la Secretaría de Vivienda y Mejoramiento Barrial de la región respectiva y, desde la institucionalidad, un equipo técnico interdisciplinario se encargará de preparar los protocolos de actuación, mediar entre personas propietarias y arrendatarias, evaluar que se cumplan con las condiciones de habitabilidad y, si es necesario, ordenar la rehabilitación. el INDER, cuando corresponda. Su enfoque será la movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, con el fin de que los barrios y comunidades se beneficien de manera eficiente y expedita, tanto en educación como priorización en la creación de infraestructura. fortalecimiento municipal en temas de planificación urbana y movilidad. El nuevo ministerio y las secretarías regionales jugarán un papel preponderante en la promoción del concepto de ciudades compactas, sostenibles y diseñadas para los seres humanos. de las estaciones cantonales de transporte público, ya sean urbanas o rurales, como suelo público, al mismo tiempo que se incentive nueva vivienda adecuada, comercio de proximidad, equipamientos comunitarios, áreas verdes y espacios públicos, con el fin de propiciar un desarrollo orientado al transporte.
[FA] Rica, que posibilite replicar el modelo en las diferentes regiones del país. de autobuses para la GAM, con el propósito de lograr la integración de los sistemas de transporte público. en la Ley de Planificación Urbana, que contemple la generación de planes regionales de ordenamiento territorial para las regiones de planificación del país. nuevas necesidades de vivienda y ordenamiento territorial. de las regiones de planificación de Costa Rica y de actualización del Plan GAM 2013-2030, para su posterior aplicación. Los planes regionales permiten tener una visión integral de las necesidades regionales de planificación del país bajo las cuales se enmarcan los planes reguladores, con lo que se evitan discrepancias en bordes cantonales y se permite una visión regional en temas como desastres, protección de zonas frágiles y movilidad, entre otros. planificación dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre, en concordancia con las Unidades de Planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y los Planes Generales del Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico. permitan reducir su dependencia hacia la GAM. insumos técnicos para la elaboración de sus planes reguladores, promoviendo al
[FA] Establecer mecanismos de apoyo a los gobiernos locales para generar sus planes
[FA] Impulsar acciones orientadas a ordenar la actual y fragmentada planificación
[FA] Impulsar la implementación de mecanismos de economía urbana que faciliten a los
[FA] Fomentar e invertir en un sistema de transporte público intermodal, eficiente, seguro,
[FA] Buscar un sistema de transporte público que permita la conexión entre ciudades
[FA] Promover las “calles completas”, que permitan una circulación segura para personas
[FA] Crear la Red Nacional de Ciclovías Promover el Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DUOT), de manera que se
[FA] Crear un banco estatal de viviendas de alquiler, destinado a atender temporalmente
[FA] Fortalecer los mecanismos de selección de familias beneficiarias de los Bonos
[FA] Regular los nuevos procesos de urbanización, particularmente los desarrollos mismo tiempo la democratización del acceso al conocimiento y la investigación en esta materia. Para ello, se propone fortalecer el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y fomentar la creación de iniciativas institucionales, así como la suscripción de convenios con universidades públicas y otras entidades académicas. reguladores completos. Esto implica no solo asegurar que el plan regulador cubra todo el cantón, sino que contemple todos los reglamentos que establece la Ley de Planificación Urbana. costera, de manera que se logre articular la gestión, tanto dentro como fuera de la Zona Marítimo Terrestre. Esto permitirá fortalecer la actualización de los planes reguladores costeros, asegurando su coherencia con las necesidades específicas de cada cantón. Dichos planes deben consolidarse como instrumentos para reducir la desigualdad espacial y no convertirse en mecanismos que promuevan procesos de gentrificación. Todo lo anterior en coordinación con el ICT, el INVU y los gobiernos locales. gobiernos locales el financiamiento de obra pública, mediante instrumentos como la captura de plusvalías. Estos mecanismos deben orientarse a promover la redistribución de la renta urbana y contribuir a la construcción de una mayor justicia espacial. Estos mecanismos pueden incluirse en los planes reguladores y, desde el INVU, se podrán facilitar capacitaciones al respecto. accesible y con perspectiva de género. intermedias y con centros de población cercanos. peatonas, ciclistas, en vehículos motorizados y transporte público. vinculen los corredores de transporte público a los usos de suelo, las ciudades compactas y que se promuevan los traslados a pie o en bicicleta, incluyendo la intermodalidad. a personas en situación de emergencia, mientras se les garantiza una solución habitacional permanente. Esta solución también puede aplicar para otras opciones como albergues temporales para mujeres víctimas de violencia doméstica.
[FA] Familiares de Vivienda (BFV), priorizando criterios de desigualdad y necesidad real. inmobiliarios en modalidad de condominio, que actualmente carecen de controles adecuados y generan externalidades negativas como la ausencia de redundancia vial, la segregación residencial y la privatización de calles y espacios de convivencia. En este sentido, es fundamental concebir la vivienda no como una mercancía, sino como un componente esencial en la construcción de ciudad. Por lo anterior, todo proyecto de urbanización debe ser regulado en cuanto a su escala e impacto, a la
[FA] Facilitar y fortalecer los mecanismos que permitan el adecuado funcionamiento de
[FA] Creación del Programa de Vivienda para los Cuidados, el cual busca generar
[FA] Propuestas para legislar: Garantizar el derecho a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia, por medio
[FA] Garantizar el derecho a la vivienda de la población adulta por medio del acceso al
[FA] Monitorear a los gobiernos locales para que desarrollen proyectos de vivienda, vez que debe estar obligado a compensar a la ciudad mediante la provisión de espacios públicos de calidad en su entorno. las cooperativas de vivienda, reconociéndolas como un modelo alternativo y complementario del acceso tradicional a la vivienda, nutriendo esta iniciativa con un marco legal apropiado, acceso al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y asistencia técnica, entre otros. propuestas habitacionales para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. del acceso al Fondo de Subsidios para la Vivienda cuando requieran cambiar de domicilio para proteger su integridad. Esto a partir de la aprobación del expediente N.º 23604 Ley para Resguardar el Derecho a la Vivienda de las Mujeres que Sufren Violencia de Género, Reforma al Primer Párrafo del Artículo 46 y al Artículo 51 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI (Ley N.° 7052 del 13 de noviembre de 1986 y sus reformas).
[FA] Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) del BANHVI. según faculta la Ley 10199 de Vivienda Municipal.
[FA] De acuerdo con los principios del Frente Amplio y ante las crecientes desigualdades económicas y sociales generadas por las políticas económicas de los gobiernos en las últimas décadas, acentuadas por las consecuencias más recientes de la crisis sanitaria, presentamos al país una propuesta donde la economía esté al servicio de la gente, sobre todo de aquellos sectores más desfavorecidos y marginados. Nuestra propuesta, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, busca avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades, lo que a su vez generará crecimiento económico, con empleo digno y lógicas distributivas de la riqueza que producimos las personas trabajadoras, emprendedoras y empresarias. Frente a las lógicas utilitaristas, individualistas y de exaltación de la acumulación de capital como un fin en sí mismo, nuestra propuesta se basa en un conjunto de pilares y principios orientados a dar sustento material a las necesidades y derechos humanos de las personas, mediante convergencias virtuosas entre dinámicas del mercado, del Estado y de la asociatividad económica solidaria. De esta manera el objetivo de este eje es promover un modelo económico inclusivo, con énfasis en el empleo digno, la competitividad, la soberanía productiva y la justicia fiscal. Con base en estos elementos, se proponen diez pilares de la política económica del Frente Amplio:
[FA] 1. Por un mercado al servicio de las necesidades sociales. 2. Por un equilibrio dinámico del gasto público. 3. Por un sistema tributario justo, sostenible y suficiente. 4. Por la democratización de la producción. 5. Por la confluencia del capital público y privado en condiciones de transparencia. 6. Por la desmercantilización de la producción de bienes y servicios vinculados a
[FA] 7. Por un diálogo responsable y transparente con el sector privado. 8. Por el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, y a la producción
[FA] 9. Por una política monetaria y financiera responsable orientada hacia el bienestar
[FA] 10. Por un reconocimiento de la riqueza no mercantil.
[FA] Nuestra propuesta busca establecer los primeros pasos para generar un proyecto de política económica que cree condiciones institucionales y estructurales para formular nuevas relaciones económicas que puedan articularse con un régimen de acumulación que derechos humanos. agropecuaria. general. dé respuestas certeras a las nuevas necesidades sociales, culturales y económicas que van surgiendo con los desarrollos técnicos, las nuevas costumbres sociales y los reconocidos desafíos ecológicos. Las políticas económicas que proponemos tienen dos objetivos generales, el primero es, como se dijo antes, crear espacios institucionales y estructurales para la formulación de nuevas relaciones económicas que respondan a las necesidades sociales en el marco de un nuevo paradigma productivo; el segundo es ser aceptables y articulables con el marco de respeto a la tradición republicana y democrática de Costa Rica. Consideramos que los nuevos desarrollos técnicos originados en la digitalización de la información tales como la concentración de grandes bases de datos, su ordenamiento y, más recientemente, lo que se conoce como la inteligencia artificial (IA) se prospectan como instrumentos potentes para abrir esos nuevos espacios en los que enmarcar relaciones productivas de cooperación y planeación institucional. No se nos escapa que el segundo objetivo implica limitaciones para dar respuesta pronta a las urgentes necesidades socioeconómicas que padecen los sectores desplazados y menos favorecidos por las políticas neoliberales, pero somos conscientes, a la vez, de que es indispensable crear el convencimiento (incluso dentro de los mismos sectores desfavorecidos) de la necesidad de tales transformaciones para mejorar su condición de vida, y así poder tener el espacio político para su aprobación institucional y establecer un nuevo pacto de desarrollo nacional.
[FA] Propuestas para gobernar: Sobre generación de empleo Utilizar las herramientas de la nueva Ley de Contratación Administrativa para
[FA] Orientar los programas de incentivos, de acceso al crédito y de facilitación de
[FA] Crear un programa de incentivos (tributarios y no tributarios) dirigidos a las micro,
[FA] Fortalecer los programas de inspección laboral garantizando cobertura al territorio
[FA] Democratizar la riqueza y la más equitativa distribución del ingreso, mediante la incentivar que las cooperativas, las asociaciones de trabajadoras y trabajadores, de mujeres, las micro, pequeñas y medianas empresas locales o comunitarias tengan participación en la contratación pública. obtención de permisos y licencias hacia las cooperativas, las asociaciones de trabajadoras y trabajadores, de mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas locales o comunitarias. pequeñas y medianas empresas que generen empleo digno (garantizando derechos laborales y seguridad social) para sectores de la población que enfrentan dificultades para conseguir empleo. nacional con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación, en procura de los derechos de las personas trabajadoras. La inspección laboral debe actuar prioritariamente en las actividades productivas basadas en trabajos menos cualificados, como el caso del sector agrícola. Pero también debe actuar en las llamadas actividades de plataforma, donde, bajo el supuesto de que las personas son “sus propias patronas”, estas se encuentran en condiciones de desprotección total de sus derechos laborales y fuera de la seguridad social. consolidación de un tejido empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas, y, en general, empresas prioritariamente de capital nacional, emprendimientos
[FA] Promocionar formas de producción, consumo y, en general, estilos de convivencia
[FA] Democratizar el acceso al mercado externo mediante la articulación de la política de
[FA] Fortalecer programas de capacitación y transferencia de tecnología y acceso a
[FA] Incentivar programas de capacitación y acompañamiento sistemático institucional de
[FA] Fomentar la existencia de encadenamientos productivos entre la inversión extranjera
[FA] Promover la formalización de los nuevos emprendimientos locales y fortalecer los
[FA] Promover que el Fondo de Avales del Sistema de Banca para el Desarrollo otorgue
[FA] Potenciar el Sistema de Banca para el Desarrollo en el uso de plataformas
[FA] Aumentar temporalmente el peaje bancario de las entidades financieras privadas y el
[FA] Impulsar al INA como principal incubadora de empresas del país, en coordinación solidarios, comunales y cooperativos, así como mediante la plena garantía del respeto a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. social, que propicien el pleno respeto a los equilibrios de la naturaleza, al cuido de nuestra madre tierra y la calidad en el vivir y convivir. promoción de exportaciones con las necesidades de las MIPYMES, PYMES, cooperativas y sector autogestionario. recursos productivos para el desarrollo de la economía social en las regiones más pobres y abandonadas del país. También dar un impulso decidido a la creación de polos de desarrollo en zonas rurales y urbano-marginales. emprendimientos locales en las distintas áreas productivas en todo el territorio nacional. Estos programas se desarrollarán en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y las distintas universidades públicas. directa y las empresas locales; aunada a esta condición, estimular la permanencia de toda inversión extranjera directa que sea laboral, fiscal y ambientalmente responsable. Para cumplir con este objetivo se orientará la política económica para favorecer las inversiones a largo plazo que contemplen la formación de capital humano y la existencia de encadenamientos productivos. programas de incubación de empresas en coordinación con el MEIC, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el nuevo Consejo Nacional para la Producción (CNP) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), de forma que exista un acompañamiento sistemático. avales a pequeñas empresas que participan en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), para ayudarles con garantías de participación y cumplimiento en contrataciones públicas. en financiamiento de contratos. aporte de los bancos estatales al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que se destinen más recursos a la generación de inclusión financiera de las MIPYMES y al avance hacia la generación de encadenamientos productivos entre las multinacionales y los productores locales, de forma que los contratos en torno a las megaempresas transnacionales permitan a su vez impulsar cadenas productivas que fomenten la producción local y la difusión de la innovación tecnológica. con el Sistema de Banca para el Desarrollo, de modo que las personas formadas en el INA formulen proyectos viables, como parte de su proceso educativo, y que, posteriormente, puedan recibir avales del SBD, además de acompañamiento técnico y capital semilla. Al mismo tiempo, el MEIC deberá funcionar como gestor de
[FA] Sobre la banca comercial Fortalecer el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se eliminará la intromisión
[FA] Asegurar recursos frescos al Sistema de Banca para el Desarrollo, cumpliendo con
[FA] Orientar la actividad del Sistema Bancario Nacional hacia condiciones solidarias y
[FA] Sobre la reforma al CNP Buscamos la transformación del Consejo Nacional de Producción (CNP) en un ente impulsor y orientador de la actividad productiva de las MIPYMES y PYMES, de las empresas de carácter social y cooperativo, con una visión de interés nacional. El nuevo CNP se concibe como una corporación de apoyo a las empresas mencionadas, con orientación política del Estado, para impulsar el desarrollo nacional con misión solidaria. Para ello, se llevará a cabo una reforma completa de la actual institución. Entre sus principales funciones estarán: Promover la creación de emprendimientos sociales y comunales. Organizar y articular a las empresarias y empresarios locales o regionales para
[FA] Formar empresarialmente a las productoras y productores. Asistirlas en la consecución de fondos financieros, conexiones comerciales en el
[FA] Coparticipar en la gestión y administración de emprendimientos que lo requieran,
[FA] Brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento productivo y tecnológico con las
[FA] Transformación de la economía y la sociedad rural Las zonas y los territorios rurales con mayores deficiencias y menores oportunidades para desarrollar sus propias potencialidades productivas y comerciales serán prioridad de las políticas productivas, atendiendo las desigualdades en el acceso a recursos y tierra, que afectan a mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad. Crear una política de desarrollo rural integral, con un plan de inversión vinculación entre las empresas en régimen de Zona Franca y las empresas incubadas en el INA, para generar encadenamientos productivos. político-partidaria del gobierno en el nombramiento de la Asamblea de Trabajadores, su Junta Directiva y demás autoridades. Garantizar una representación equitativa de los diversos sectores sociales en dicha asamblea. Dar al banco un trato diferenciado en las normas de supervisión para asegurar que mayores recursos se destinen a proyectos de desarrollo en condiciones distintas a la banca comercial. Eliminar trabas que impiden que los fondos especiales creados con utilidades del banco se utilicen efectivamente para promover la economía social y el comercio justo. el destino de 15 mil millones anuales provenientes del impuesto sobre remesas. justas con la persona productora local y las familias costarricenses, lo que evitará abusos en las condiciones de acceso al crédito. fortalecer su capacidad industrial y comercial a escala nacional e internacional. mercado interno y externo. para su puesta en marcha y consolidación. empresas nacionales y extranjeras. gubernamental y con participación de las instituciones autónomas en infraestructura y servicios, con visión territorial, orientada a fortalecer y desarrollar económica y
[FA] Bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el nuevo Consejo
[FA] Dar prioridad a los desarrollos de empresas de carácter social, comunal, colectivo y
[FA] Sobre el plan de inversión pública El impulso urgente a la inversión pública requiere de un acuerdo nacional que rompa los diversos cuellos de botella que retrasan gravemente la puesta en funcionamiento de cualquier proyecto de inversión pública. Ese acuerdo debe cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones: Un acuerdo multipartidista, transparente, riguroso y patriótico, para agilizar los
[FA] Un esfuerzo de concertación, coordinación y colaboración interinstitucional a nivel
[FA] Un esfuerzo de concertación público-privada asentada en un amplio proceso de
[FA] El país no debe renunciar a ninguna forma posible de financiamiento de la obra
[FA] Freno al aumento del costo de la vida La política económica debe impedir el encarecimiento de bienes y servicios básicos, las prácticas anticompetitivas y los abusos de precios que afectan a las personas. Para ello se propone: Establecer mayores controles y regulaciones más eficaces para evitar prácticas socialmente las zonas, caminos de penetración, sistemas de riego y territorios con mayor rezago en su desarrollo.
[FA] Nacional de Producción y el Instituto de Desarrollo Rural serán los encargados de llevar a cabo esta nueva estrategia de desarrollo territorial. cooperativo por medio de políticas: i. financieras, impulsadas por los bancos del Estado y la banca para el desarrollo; ii. de ordenamiento territorial, impulsadas por el INDER; iii. de acompañamiento empresarial, desarrolladas por el nuevo Consejo Nacional de Producción, el INA, el TEC y otras universidades estatales; iv. orientadas al fomento del turismo ecológico, comunitario y agroturismo, priorizando desarrollos turísticos gestionados desde la pequeña y mediana empresa, cooperativas y asociaciones comunales. procesos de negociación externa y aprobación legislativa de los créditos externos para inversión pública. del sector público, que permita simplificar procesos, eliminar duplicaciones y aligerar trámites. Las altas autoridades de las instituciones públicas deben estar profundamente comprometidas con este esfuerzo y liderar su respectiva institución para lograr su exitosa consecución. diálogo con los diversos sectores de la ciudadanía y con el empresariado vinculado con la construcción de obra pública. Deben establecerse acuerdos voluntarios, pero muy claros y firmes, para que, por ejemplo, no se recurra a engorrosas apelaciones que frenen los procesos de adjudicación, excepto que ello fuera absolutamente indispensable, es decir, si efectivamente ha habido errores o fallas importantes y evidentes en los procesos de licitación. pública, pero se buscará introducir mecanismos más estrictos de regulación y vigilancia, que incluyan un importante componente de participación de la ciudadanía, con el fin de garantizar que, en todo momento, los servicios respondan prioritariamente a las necesidades del país, con costos razonables. especulativas y aumentos excesivos de los precios de alimentos esenciales y
[FA] Regular los precios de los medicamentos y frenar cobros abusivos, diferencias
[FA] Aplicar de forma estricta las normas vigentes para evitar concentraciones de capital
[FA] Fiscalizar el cumplimiento efectivo de los topes a las tasas de interés, para que la
[FA] Fiscalizar el efectivo cumplimiento de la ley impulsada por el Frente Amplio que
[FA] Frenar los aumentos desmedidos en los precios de la electricidad para los hogares,
[FA] Reorientación de la política comercial Fortalecer las relaciones comerciales y los programas de cooperación con todos los
[FA] Fomentar las misiones de negocios e inversiones que permitan la promoción y
[FA] Impulsar el respeto a las diferencias, el reconocimiento de las asimetrías y la
[FA] Proponer una inserción eficiente que dé prioridad a la generación de lazos de productos de la canasta básica. Por medio de la intervención coordinada del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Ministerio de Agricultura y Ganadería se investigarán y sancionarán las prácticas abusivas de importadores y comercializadores. abismales y competencia desleal entre farmacias, a través de reordenar el mercado para erradicar prácticas monopólicas que van en perjuicio del derecho a la salud de la población y de las pequeñas empresas locales. y las medidas para combatir prácticas comerciales desleales y monopolios privados, a través de una comisión para promover la competencia. institucionalidad proteja a las personas ante las tasas de usura. reformó la Ley de Arrendamientos, para establecer que los aumentos anuales de los alquileres no sean superiores a la inflación acumulada. Se debe frenar los aumentos anuales de alquileres de vivienda de hasta 15%, que se daban aun cuando la inflación anual era mucho menor. Además, para el caso de alquileres de viviendas populares (con un alquiler equivalente o inferior al monto del salario mínimo para Trabajadores en Ocupación No Calificado) impulsaremos que los aumentos anuales no sean mayores al aumento de los salarios mínimos del sector privado, si este aumento es menor al aumento del IPC, de tal forma que se pueda proteger la capacidad adquisitiva de los hogares que perciben menores ingresos. a través de medidas como las siguientes: exoneración de impuestos (Ley 8114) para el combustible que compra el Instituto Costarricense de Electricidad, con fines de generación eléctrica; rebalanceo tarifario para revertir los subsidios a grandes industrias a costa del encarecimiento del consumo residencial; ampliación de la generación eléctrica mediante el uso de fuentes renovables de energía; renegociación de contratos por parte del ICE, para reducir costos y, en consecuencia, las tarifas. bloques económicos regionales, con el objetivo de diversificar nuestra cartera de socios comerciales, prestando principal interés en estrechar lazos comerciales con las naciones latinoamericanas. colocación de productos nacionales en el exterior, así como el apoyo del cuerpo diplomático en la comercialización de los productos y servicios nacionales. evolución del comercio internacional hacia uno multipolar, en términos geopolíticos y geoeconómicos, desde los espacios internacionales de participación comercial. cooperación, comercio, diálogo y negocios con las naciones centroamericanas y de América del Sur, con el objetivo de consolidar un bloque comercial con mayor
[FA] Impulsar una revisión de la estructura orgánica del Ministerio de Comercio Exterior