[FA] El deterioro acelerado de la biodiversidad constituye uno de los principales síntomas de esta crisis. El número de especies amenazadas aumentó un 20,2% entre 2022 y 2023, pasando de 650 a 781 especies, siendo las plantas el grupo más afectado, con un incremento del 39,2%. Casi la mitad de las especies faunísticas amenazadas pertenecen a ecosistemas marinos. En paralelo, las áreas protegidas enfrentan presiones crecientes, incluyendo delitos por invasión, aprovechamiento ilegal en zonas de protección hídrica, infracciones a la Ley Forestal, alteración de humedales y tala de manglares. A ello se suma la pérdida continua de cobertura forestal, que entre 2001 y 2023 alcanzó 278.693 hectáreas, concentrándose principalmente en Puntarenas (26,8%), Alajuela (24,1%) y Limón (20%). El debilitamiento sistemático de la institucionalidad ambiental agrava este panorama. Para 2024 se registró, por tercer año consecutivo, una reducción de los presupuestos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (-4,1%), MINAE (-1,9%) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) (52.300 millones de colones menos), mientras que el presupuesto total para la gestión de biodiversidad representó apenas el 0,2% del presupuesto gubernamental. Entre 2016 y 2023, el personal del SINAC disminuyó de 1.143 a 1.047 funcionarios, una brecha estimada de entre 0,17% y 0,20%, lo que redujo su capacidad de patrullaje y control. Esta subfinanciación estructural general del PIB anual para implementar adecuadamente la Estrategia Nacional de Biodiversidad limita las capacidades de fiscalización, control y monitoreo ecológico, y facilita la persistencia de presiones sobre los ecosistemas. En cuanto a la conectividad biológica, el país cuenta con una red de más de 50 corredores biológicos que abarcan aproximadamente el 32% del territorio nacional. Por su naturaleza, la mayoría de estas áreas se encuentra en manos privadas, pero carecen de un marco jurídico que incentive la producción sostenible, lo que reduce su efectividad. Esta situación se agrava por la falta de planificación territorial: la mayoría de los cantones no cuenta con planes de ordenamiento actualizados. El resultado es el avance desregulado de proyectos inmobiliarios que generan fragmentación de hábitats y presionan aún más la integridad ecológica. A ello se suma una crisis profunda en la gestión de residuos sólidos. El incumplimiento de la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio de 2010 –específicamente en la separación en la fuente, la recolección selectiva, el máximo aprovechamiento de los residuos y la continuidad del esquema de relleno sanitario– ha tenido como consecuencia el acortamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios ubicados en la Gran Área Metropolitana. La privatización de este servicio en la década de 1990 generó una dependencia de empresas orientadas al lucro, lo que ha limitado la búsqueda de soluciones integrales. Por otro lado, esta ley no contempla la inclusión del desecho de residuos de productos farmacéuticos (medicamentos) y cosméticos, problemática grave debido a su impacto en la salud pública, ambiental, sector agrícola, veterinaria y la industria farmacéutica, debido al uso y desecho inadecuado de estos productos por parte de la población y dichos sectores. Esta práctica se suma a la problemática del impacto global de la resistencia antimicrobiana por el desecho inadecuado de antibióticos, que se estima que va a ser la principal causa de muerte para el 2050. Cuando estos desechos se vierten incorrectamente en el agua, en el suelo o en la basura, llegan a ríos, lagos y océanos, donde sus compuestos activos permanecen de manera prolongada, dañando así los ecosistemas acuáticos y terrestres.