[FA] Costa Rica se presenta ante la comunidad internacional como un país democrático, defensor de los derechos humanos y con altos niveles de desarrollo social. Sin embargo, esta imagen contrasta con la realidad que viven los pueblos indígenas, quienes representan cerca del 3% de la población nacional (INEC, 2013) y continúan enfrentando condiciones de exclusión estructural. El Estado costarricense sigue teniendo serias limitaciones para garantizar de manera efectiva los derechos colectivos de estas comunidades. Las mayores carencias se evidencian en el reconocimiento pleno de la autonomía política y la protección de la territorialidad indígena, ámbitos donde persiste una brecha entre el discurso oficial y la práctica concreta. En cuanto a las condiciones territoriales, en Costa Rica habitan ocho pueblos indígenas: Bribri, Cabécar, Bröran, Ngäbe, Maleku, Huetar, Brunka y Chorotega. Estos pueblos se distribuyen en 24 territorios indígenas, los cuales abarcan el 6,7% del territorio nacional (IWGIA, 2022). No obstante, dichos territorios se ven comprometidos por un acumulado de pérdidas y daños por impactos del cambio climático y emergencias naturales y antrópicas, así como la constante invasión de tierras por parte de personas no indígenas, situación que evidencia la falta de implementación efectiva de la Ley Indígena, N.º 6172. La ocupación ilegal en algunos territorios alcanza cifras alarmantes: 88,4% en el territorio huetar de Zapatón, 56,4% en Térraba y más del 50% en Boruca y Këköldi (IWGIA, 2023). Este fenómeno no solo limita el acceso a recursos naturales y medios de vida, sino que constituye una amenaza a la reproducción cultural y al ejercicio de la autodeterminación. Además, las condiciones territoriales se agravan para los pueblos que habitan en territorios transfronterizos, especialmente en el Caribe Sur y el Pacífico Sur, lo que genera un flujo migratorio que erosiona sus culturas y debilita su cohesión (Morales, 2013). A nivel socioeconómico, los pueblos indígenas en Costa Rica enfrentan condiciones de pobreza multidimensional superiores al promedio nacional. Mientras el 20% de la población general vive en pobreza, algunos pueblos alcanzan cifras cercanas al 90%, como el Cabécar (94,3%) y el Ngäbe (87%) (IWGIA, 2022). Estos datos reflejan no solo desigualdades económicas, sino la persistencia de barreras estructurales en acceso a salud, educación, infraestructura, capital semilla y empleo digno. Además, la falta de datos indígenas. humanos. administración de la áreas protegidas y programas ambientales. estadísticos desagregados sobre idiomas y poblaciones indígenas en el censo 2022 profundiza la invisibilidad institucional. Esta omisión limita el diseño de políticas diferenciadas que reconozcan la diversidad cultural y atiendan necesidades específicas. Con respecto a las características demográficas y sociales, los pueblos indígenas presentan altos índices de dependencia demográfica, con predominio de población joven. A esto se suma la persistencia de maternidad adolescente y hogares en condición de vulnerabilidad. La vitalidad cultural se mantiene en el uso de idiomas indígenas, especialmente entre los pueblos cabécar y bribri, aunque con una tendencia decreciente en los grupos del Pacífico (INEC, 2013). A nivel educativo y de acceso a tecnologías, el rezago escolar y una amplia brecha digital son problemas recurrentes en la mayoría de los territorios, con una escolaridad promedio por debajo de la media nacional. Además, no cuentan con acceso a educación pública integral y adaptada culturalmente. Sin embargo, territorios cercanos a centros urbanos, como Quitirrisí (pueblo huetar), muestran mayores niveles de alfabetización y acceso a tecnologías, gracias a su ubicación geográfica y cercanía a la Gran Área Metropolitana, lo cual facilita el acceso a servicios educativos y conectividad digital (INEC, 2013). En cuanto a economía, trabajo y agricultura, la mayoría de las comunidades indígenas dependen de actividades agropecuarias de subsistencia y presentan altos niveles de informalidad laboral. Esto limita el acceso a la seguridad social y restringe oportunidades de movilidad económica. El empleo juvenil también se concentra en actividades agrícolas y no siempre cuenta con protección social (INEC, 2013). En materia de vivienda y atención a las necesidades básicas, en los territorios más aislados, como Talamanca y Cabécar, persisten altos niveles de hacinamiento, carencia de agua potable y electrificación deficiente. En contraste, Quitirrisí presenta menores niveles de necesidades básicas insatisfechas, con viviendas de materiales más duraderos, mayor acceso a servicios básicos y menor índice de pobreza relativa. Este contraste reafirma la necesidad de intervenciones diferenciadas (INEC, 2013). Con respecto al marco jurídico e institucional, a pesar de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1993, Costa Rica incumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, en cuanto a participación y gobernanza, consulta previa libre e informada, y ejecución de políticas públicas. También carece de un marco legal plenamente operativo que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas. La Ley Indígena, N.° 6172, del 29 de noviembre de 1977, ha tenido una implementación parcial, mientras que el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, expediente N.° 14.352, presentado en 2005, continúa sin aprobarse. Esta falta de voluntad política ha perpetuado un escenario vulnerable para los derechos colectivos, con especial impacto en los procesos de recuperación de tierras y en la participación indígena en la toma de decisiones estatales. A nivel de gobernanza, las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) que se encargan de la administración de los territorios –incluyendo acceso, tenencia y seguridad jurídica sobre la tierra– son entidades impuestas y no son representativas. Sus juntas directivas son electas por las personas afiliadas y, en la mayoría de los casos, estas personas representan porcentajes muy bajos del total de las poblaciones de cada territorio. En varios territorios existe un problema serio de legitimidad de las ADI. En cuanto al acceso a la justicia, hay un patrón histórico de falta de acceso e inequidad caracterizado por los casos de impunidad de asesinatos de líderes indígenas.