[FA] El sector agrícola se ha enfocado en las agroexportaciones de materias primas como banano y piña, mientras que la dieta básica de la población local cada vez depende más de las importaciones de alimentos como arroz, frijoles, maíz y, como se ha visto recientemente, de papa y cebolla (Pomareda, 2025). Según el Informe Situacional de Granos Básicos 2012-2019, el 75% de los frijoles que hoy consumimos en Costa Rica son importados (Valerín, 2019). Este dato expone claramente el grave riesgo que corren nuestra seguridad y soberanía alimentaria, pues nuestra capacidad de producir y adquirir alimentos depende de delicados balances de la frágil situación comercial internacional. Las políticas neoliberales promovidas por grupos oligárquicos y ejecutadas por los gobiernos de los últimos 30 años han desfavorecido y excluido a la pequeña agricultura campesina e indígena nacional, al reducir los subsidios o incentivos de calidad que promovían su crecimiento y les protegían ante las circunstancias adversas. Por el contrario, las grandes corporaciones transnacionales y las empresas exportadoras e importadoras de alimentos gozan de exenciones fiscales, acceso a certificaciones, subsidios para adquirir equipos tecnológicos y mano de obra barata (PEN, 2023). Estas facilidades permiten a estas empresas ser sumamente productivas y generar enormes riquezas que no constituyen un aporte real a la economía costarricense, ya que estas ganancias se fugan al extranjero. Como consecuencia, el sector agropecuario es el más estancado tecnológicamente, el más empobrecido por tener los salarios más bajos y el que menos oportunidades genera para sus trabajadores y trabajadoras (PEN, 2024). Además, sigue aumentando la migración de la población de las zonas costeras y de tradición agrícola hacia la GAM, en busca de otro tipo trabajo, mientras que disminuye gradualmente el suelo utilizado para la actividad agrícola. La vulnerabilidad del sector agropecuario, pesquero y, por lo tanto, de la seguridad y soberanía alimentaria se agudiza por los efectos cada vez más obvios y agresivos del cambio climático, así como por las malas prácticas agrícolas que no se enfocan en la sostenibilidad, sino en maximizar la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos a costa de destruir los suelos cultivables, envenenar las fuentes de agua y afectar la salud de miles de familias agricultoras y campesinas, de las personas consumidoras y los animales (Chacón et al., 2024). Lamentablemente, se incrementan los problemas de salud de las personas y demás seres vivos, atribuibles al modelo agroalimentario vigente. Según un diagnóstico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), publicado en el 2022, el Estado costarricense “invierte cerca de 9 millones de dólares al año en el tratamiento de dolencias, incapacidades y pérdida de productividad asociada al uso de plaguicidas. El Instituto Nacional de Seguros reporta frecuentes intoxicaciones laborales agudas debido a los plaguicidas, las cuales no solo afectan a los trabajadores agrícolas, sino también a las personas cercanas a las zonas de cultivo. Un ejemplo es el caso de Río Cuarto, cantón donde el año pasado se reportó la intoxicación aguda de niños y docentes en un centro educativo, producto de una aplicación por atomizador en horario no permitido” (Ortiz, 2024). Debido a que todas las administraciones anteriores han manejado la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población, especialmente de las personas más vulnerables, como un lucrativo negocio, no ha habido suficiente voluntad política para darles el estatus constitucional que ameritan por ser derechos humanos. Además, nuestros bienes naturales han sido cosificados conceptualmente: la tierra, el agua, las semillas y los árboles son vistos como mercancías que se subastan en los mercados, olvidando el sinnúmero de beneficios que aportan a los ecosistemas y a la sociedad. El sector agropecuario, el de pesca y la industria alimentaria que de ellos se desprende no solo son esenciales para la economía de un país, sino que cargan sobre sus espaldas con la soberanía y la seguridad alimentaria de todos los pueblos. La coyuntura global y regional en la que nos encontramos exige, en medio de una crisis climática innegable, una intervención urgente para garantizar una alimentación sostenible, saludable, nutritiva e inocua para las generaciones presentes y futuras.