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[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 127
[PLP] corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del ambiente. Su implementación se realizará mediante un decreto ejecutivo que formalice el programa de voluntariado y lo articule con los gobiernos locales y el SINAC.
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 128 holgura y prosperidad. Hoy la clase media trabajadora y pulseadora se ve asﬁxiada por precios altos y un sistema tributario enredado que no agrega valor. Por eso daremos un golpe frontal al costo de vida y a los impuestos: simpliﬁcaremos el sistema para quedarnos con los tributos que realmente sostienen al Estado y eliminaremos los que encarecen sin recaudar, modernizaremos la recaudación con un Sistema Tributario Digital y blindaremos al contribuyente con reglas claras y trámites sencillos. Cuidaremos la billetera de las familias, protegiendo transferencias como SINPE Móvil de cobros indebidos, ordenando el gasto para que rinda mejor y administrando la deuda con criterio técnico. Y para que más hogares puedan acceder a un techo, aliviaremos los costos de vivienda: exoneración del traspaso para la primera casa de clase media, reducción del IVA en alquileres y ﬁnanciamiento joven con garantías e instrumentos de ahorro.
[PLP] Reducir estructuralmente los precios exige más competencia y me n o s p ri vi l e g i o s . F or t a l e c e re mo s a C O P R O C OM y modernizaremos ARESEP para que el usuario pague tarifas justas; abriremos mercados hoy monopólicos (combustibles, energía, licores) y removeremos barreras que encarecen la actividad empresarial con una Ventanilla Única de Inversión e identidad digital, reglas proporcionales para Fintech y un marco procompetencia en transporte. Bajaremos el costo de medicamentos con registros ágiles, bioequivalencia robusta y uso de genéricos, sin controles de precios que causan desabastecimiento. Lo anterior se complementará con una política de clústeres, mejores condiciones de crédito y reformas responsables. En deﬁnitiva: ¡Devolveremos oxígeno al bolsillo, dinamizaremos el empleo y volveremos a tener una clase media próspera, pujante e imparable!
[PLP] En un mundo globalizado, el rol del Estado debe ser el de facilitar y no obstaculizar el desarrollo económico. En nuestro país, el sistema tributario actual, con su complejidad y sobrecarga administrativa representa un obstáculo para el crecimiento de la economía formal y la creación de empleo.
[PLP] En 2022, cuando el Partido Liberal Progresista llegó a la Asamblea Legislativa, el país tenía 204 impuestos vigentes, entre tributos, tasas y contribuciones especiales. De estos, 87% de los impuestos tienen destino especíﬁco. Desde entonces, logramos eliminar 21 impuestos entre 2022 y 2025, al tiempo que redujimos el impuesto del marchamo, entre otros, y dejamos planteadas 34 iniciativas de ley para simpliﬁcar el sistema tributario.
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[PLP] Este esfuerzo ha representado un paso en la dirección correcta, pero persiste en el país una multiplicidad de impuestos vigentes, así como una dispersión de órganos recaudadores: el 61,6% es recaudado por órganos desconcentrados y participan 170 instituciones o grupos de ellas con distintos roles. Contamos con 93 plataformas tecnológicas distintas utilizadas en 143 instituciones, objetos gravados con múltiples impuestos y grandes carencias de información tributaria. En este contexto, nuestra propuesta se centra en una simpliﬁcación tributaria capaz de fomentar la inversión, el emprendimiento y la competitividad.
[PLP] Nuestro enfoque es claro: promover un sistema impositivo eﬁciente, razonablemente justo y que estimule aquellos sectores productivos que generan riqueza y oportunidades para todos los costarricenses. Un sistema tributario obsoleto y fragmentado, que hoy día carga con una excesiva burocracia y exoneraciones innecesarias, debe ser reemplazado por un modelo que reduzca la carga administrativa, elimine distorsiones económicas y promueva una mayor participación de los agentes económicos en la economía formal.
[PLP] Nuestra propuesta busca reducir la complejidad y hacer más accesible el cumplimiento de las obligaciones ﬁscales, mientras aseguramos que los recursos recaudados se utilicen de manera eﬁciente para satisfacer las necesidades del país. Además, promoveremos una revisión exhaustiva de los impuestos que nutren tanto al aparato estatal como a los municipios, con el ﬁn de crear un sistema tributario más transparente y menos costoso.
[PLP] Una administración ﬁscal moderna, eﬁciente y justa es fundamental para asegurar la sostenibilidad de las ﬁnanzas públicas y fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades fundamentales de la ciudadanía, sin comprometer la estabilidad económica. Nuestro gobierno promoverá una política ﬁscal prudente, basada en el respeto a la regla ﬁscal y en una visión estratégica de largo plazo que asegure una dinámica de deuda sostenible y un entorno de inversión conﬁable.
[PLP] A la vez, nos proponemos transformar la gestión tributaria del país mediante la simpliﬁcación del sistema impositivo, la centralización de plataformas de recaudación, la eliminación de exoneraciones regresivas y el fortalecimiento de la relación entre la administración y los contribuyentes. Apostamos por un modelo ﬁscal que combine eﬁciencia recaudatoria con equidad, incentivando el cumplimiento voluntario y garantizando derechos claros a los contribuyentes.
[PLP] Con la implementación del Sistema Tributario Digital (STD), la promoción de declaraciones prellenadas y la consolidación de los principales tributos en un esquema más simple y comprensible, construiremos un sistema tributario que reduzca la carga burocrática, combata la evasión y promueva la formalización. Esta visión ﬁscal integral busca no solo aumentar la recaudación de forma sostenible, sino también generar conﬁanza, competitividad y transparencia para el desarrollo de Costa Rica.
[PLP] -Mantendremos una política ﬁscal prudente. En el corto plazo, no avalaremos ninguna reforma a la regla ﬁscal que busque ampliar nuevas excepciones a su cumplimiento. En el mediano plazo, realizaremos una revisión de la regla ﬁscal para asegurar una postura ﬁscal prudente y una dinámica de deuda sostenible. Para ello, valoraremos, a través del Ministerio de Hacienda, la elaboración de una nueva regla ﬁscal sobre el total del gasto y no sobre cada una de las partidas, con el ﬁn de incluir mayor ﬂexibilidad en las políticas públicas.
[PLP] Ministerio de Hacienda. En la actual administración, el Ministerio de Hacienda ha propuesto establecer un cobro o retención del IVA sobre la plataforma SINPE Móvil y
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[PLP] similares. Esta posibilidad representaría un duro golpe para el bolsillo de las personas, familias y microempresarios que lo utilizan para múltiples propósitos, tanto personales como de negocios, al realizar transferencias desde una misma cuenta bancaria a otras cuentas de otros usuarios, las cuales están vinculadas a un teléfono celular (principal característica del SINPE Móvil).
[PLP] En nuestra administración, impulsaremos una reforma de ley para establecer que las transferencias realizadas mediante SINPE Móvil y otras plataformas de pago digital de similares características queden expresamente excluidas de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), garantizando así que no se les cargue un tributo por el simple uso del medio de pago. En esta línea llevaremos adelante la aprobación del proyecto de ley, “Expediente N.24.750. Ley para Proteger al Usuario de SINPE Móvil ante la Voracidad Fiscal, Reforma del Artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, N.°6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas”.
[PLP] -Eliminación de impuestos. Hoy 15 impuestos cubren el 98% del presupuesto de la República. Estos son: 1. el impuesto a los ingresos y utilidades; 2. el impuesto al valor agregado; 3. el impuesto único a los combustibles; 4. el impuesto selectivo de consumo; 5. el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves; 6. el arancel de aduanas; 7. el impuesto especíﬁco sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico; 8. el Impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles; 9. el impuesto especíﬁco sobre las bebidas alcohólicas;10. el impuesto único por concepto del derecho de salida del territorio nacional; 11. el timbre del Registro Nacional; 12. el impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Automotores, Aeronaves y Embarcaciones Usadas; 13. el impuesto a los productos de tabaco; 14. el impuesto 1% Valor Aduanero Mercancías Importadas; y 15. el impuesto a las personas jurídicas.
[PLP] Nuestra propuesta será mantener únicamente estos 15 impuestos nacionales y eliminar 35 impuestos que hoy recaudan menos del 1% de los ingresos tributarios proyectados en el Presupuesto Nacional 2025, dado que su recaudación es mínima en comparación con los costos administrativos asociados a su gestión y ﬁscalización y que estos tributos generan una complejidad innecesaria en el sistema tributario, diﬁcultando la trazabilidad y aumentando la carga operativa tanto para los contribuyentes como para el Estado.
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[PLP] -Integración y centralización de las plataformas de recaudación. Fortaleceremos la administración tributaria mediante la integración y centralización de las plataformas de recaudación, reduciendo la fragmentación existente entre las 93 plataformas y 143 instituciones, para generar ahorros signiﬁcativos y mejorar el cumplimiento ﬁscal. Nuestra meta será uniﬁcar todos los sistemas tributarios actuales del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Tributación en una única plataforma.
[PLP] -Declaración de impuestos simpliﬁcada. En línea con la modernización del Estado y la simpliﬁcación de trámites, promoveremos que la factura electrónica sea obligatoria para todos los contribuyentes; por un lado, esto facilitará la recopilación de datos para el Ministerio de Hacienda, y por el otro, se exigirá a la autoridad que los contribuyentes cuenten con una declaración de impuestos simpliﬁcada, la cual le será enviada electrónicamente para que el contribuyente la conﬁrme o corrija su información de manera ágil y eﬁciente.
[PLP] Para ello se establecen tres fases de Implementación: el desarrollo de plataformas electrónicas; la Capacitación a los funcionarios de la Autoridad Tributaria para el uso adecuado del sistema digital; la educación y asesoría para los contribuyentes sobre el funcionamiento del nuevo sistema e implementación de una fase piloto dirigida a pequeñas y medianas empresas (Pymes), con ajustes antes de la expansión total.
[PLP] -Mejorar los Derechos y Obligaciones del Contribuyente.
[PLP] Como parte integral de nuestra reforma ﬁscal, fortaleceremos el marco normativo que regula los derechos y deberes de los contribuyentes, con el ﬁn de garantizar un sistema tributario más justo, transparente y eﬁciente. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de equilibrar las facultades de la Administración Tributaria con la protección efectiva de los ciudadanos y empresas, asegurando que el cumplimiento ﬁscal se base en reglas claras, trato digno y procesos accesibles. Para lograrlo, implementaremos las siguientes medidas:
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[PLP] iii. Protección de derechos fundamentales.
[PLP] La eﬁciencia y calidad del gasto público son condiciones indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos del Estado y maximizar su impacto en el desarrollo nacional. En las últimas décadas, Costa Rica ha enfrentado serias diﬁcultades para alinear el gasto con prioridades estratégicas, lo que ha derivado en ineﬁciencias, rigideces presupuestarias y limitaciones para ﬁnanciar inversiones esenciales. Para revertir esta situación, en nuestro gobierno promoveremos una gestión más racional, transparente y orientada a resultados, que fortalezca la sostenibilidad ﬁscal y genere valor público.
[PLP] Las acciones aquí planteadas se articulan con las propuestas de reforma institucional incluidas en el capítulo de Reforma del Estado, y tienen como eje común la modernización del aparato público, la rendición de cuentas y la asignación eﬁciente de los recursos en función del bienestar ciudadano.
[PLP] -Análisis de costo-beneﬁcio del gasto público.
[PLP] Priorizaremos y reasignaremos el gasto público mediante revisiones basadas en análisis de costo-beneﬁcio, con especial énfasis en incrementar el gasto de capital para cerrar brechas de infraestructura y mejorar las perspectivas de crecimiento. Estas medidas se complementan en el capítulo de Reforma del Estado de este plan de gobierno. (Esta propuesta está vinculada al apartado Estableceremos un sistema de costos de los servicios públicos, dentro del Capítulo Hacia una verdadera reforma del Estado).
[PLP] -Aplicación plena de la Ley Marco de Empleo Público.
[PLP] Contendremos la masa salarial del sector público, aplicando plenamente la Ley M.ª 10159, Ley Marco de Empleo Público para establecer escalas salariales uniformes y vincularemos la remuneración al desempeño, generando ahorros signiﬁcativos. En esta dirección, no apoyaremos ninguna iniciativa de ley que pretenda revertir lo establecido en dicha Ley." -Rendición de cuentas y transparencia en la ejecución del gasto. Estableceremos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la ejecución del gasto, basando el presupuesto en una planiﬁcación robusta y orientada a resultados, y fortaleciendo el rol de la Contraloría General para ﬁscalizar con enfoque en resultados.
[PLP] -Revisión de exoneraciones ﬁscales y de los créditos.
[PLP] Revisaremos periódicamente las exoneraciones ﬁscales y los créditos con carácter temporal, evaluando su pertinencia y eliminando aquellos que resulten regresivos o que beneﬁcien a grupos no prioritarios.
[PLP] Una gestión responsable y estratégica de la deuda pública es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la credibilidad del país ante los mercados ﬁnancieros y asegurar la sostenibilidad ﬁscal en el mediano y largo plazo.
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[PLP] En años recientes, el creciente peso del servicio de la deuda ha limitado el espacio ﬁscal para la inversión y la atención de prioridades nacionales, haciendo indispensable una modernización integral de su gestión. En nuestro gobierno nos comprometeremos a fortalecer la administración de la deuda pública mediante una mayor apertura a los mercados, una estructura más eﬁciente y mecanismos innovadores de ﬁnanciamiento que reduzcan costos y riesgos. Estas acciones se enmarcan en una visión integral de la política ﬁscal, en la que el endeudamiento sea una herramienta al servicio del desarrollo y no una carga que comprometa el bienestar futuro.
[PLP] -Mayor competencia en el mercado de la deuda.
[PLP] Abriremos el mercado de deuda a mayor competencia, permitiendo que tanto inversionistas extranjeros como nacionales adquieran instrumentos de deuda, y otorgaremos mayor autonomía al Ministerio de Hacienda para la colocación de deuda externa, con la debida autorización legislativa basada en porcentajes preestablecidos.
[PLP] -Optimización de la estructura de la deuda.
[PLP] Coordinaremos con la Dirección General de Gestión de Deuda Pública (DGGDP) del Ministerio de Hacienda para lograr una optimización de la estructura de la deuda, incorporando la gestión de riesgos cambiarios y que posibilite la ﬂexibilización de los requisitos de aprobación, aprovechando oportunidades de ﬁnanciamiento en mercados internacionales.
[PLP] -Diversiﬁcar las fuentes de ﬁnanciamiento y reducir los costos por intereses. Aprovecharemos las líneas de ﬁnanciamiento multilaterales y las emisiones en moneda extranjera para diversiﬁcar las fuentes de ﬁnanciamiento y reducir los costos por intereses, en coordinación con las estrategias de ﬁnanciamiento del Gobierno.
[PLP] El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Costa Rica enfrenta retos estructurales que amenazan su sostenibilidad, competitividad y capacidad para atender una demanda creciente y diversiﬁcada. Aunque el país cuenta con una matriz energética altamente renovable, persisten rezagos en planiﬁcación, rigideces normativas y barreras a la participación privada que limitan la competencia e incrementan las tarifas.
[PLP] La OCDE ha advertido que la alta dependencia de generación hidroeléctrica (70%) expone al SEN a riesgos derivados de sequías cada vez más frecuentes, y que la planiﬁcación debe ser independiente, diversiﬁcada y abierta a la competencia. El crecimiento proyectado de la demanda —2,3% anual en energía y 1,9% en potencia hasta 2040— podría acelerarse con la relocalización industrial, la electromovilidad y nuevas industrias electrointensivas.
[PLP] Para sostener este crecimiento se requerirá un aumento sustancial de capacidad de generación, diversiﬁcación de fuentes, mayor resiliencia de la red y apertura a la inversión privada y extranjera. El actual esquema, con control vertical del ICE sobre generación, transmisión y distribución, desincentiva la inversión y limita la innovación. Tal como señala la OCDE, eliminar restricciones a la participación privada y extranjera es clave para asegurar un suministro conﬁable y competitivo.
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[PLP] La apertura y modernización del mercado eléctrico costarricense es una condición indispensable para garantizar un suministro de energía competitivo, conﬁable, sostenible, y capaz de responder a las crecientes demandas de la economía nacional. El modelo actual, caracterizado por la alta concentración de actividades en manos del ICE y por barreras estructurales y legales que limitan la competencia, ha restringido la participación de nuevos actores, ha desincentivado la inversión y ha reducido los incentivos para la eﬁciencia y la innovación tecnológica. Las recomendaciones de la OCDE y la experiencia internacional muestran que la apertura ordenada, acompañada de marcos regulatorios sólidos y de la separación funcional de actividades, genera beneﬁcios tangibles para los consumidores en forma de menores tarifas, mejor calidad del servicio y mayor diversidad de oferta. Nuestra propuesta busca romper las barreras que frenan la competencia, establecer condiciones equitativas para operadores públicos y privados, y crear un entorno de libre concurrencia que impulse la inversión, acelere la transición energética y fortalezca la competitividad del país.
[PLP] -Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
[PLP] Impulsaremos la aprobación del Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional para establecer un marco jurídico que promueva un mercado abierto, competitivo y eﬁciente, permitiendo una mayor participación de generadores públicos y privados bajo condiciones de competencia leal.
[PLP] -Libre acceso al MER. Asimismo, apoyaremos e impulsaremos la aprobación del proyecto de ley Expediente N°22561 para autorizar a los generadores de energía públicos y privados la venta de excedentes de electricidad al Mercado Eléctrico Regional (MER) sin pasar por el ICE.
[PLP] -Mercado en competencia en materia de energía eléctrica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado, desde 2016, que Costa Rica avance hacia un modelo de mercado eléctrico donde los generadores privados puedan competir en igualdad de condiciones, acompañado de una separación funcional entre las actividades de generación, distribución y comercialización de la electricidad.
[PLP] La experiencia internacional conﬁrma que este tipo de reformas genera reducciones tarifarias, mejora la cobertura y atrae inversión privada. En Argentina, por ejemplo, las tarifas residenciales se redujeron entre un 8,8% y un 59,6% en dos años; en el Reino Unido, las tarifas industriales bajaron entre un 10% y un 12% en tres años; en México, la apertura del mercado impulsó el crecimiento de la manufactura entre un 5% y un 14% y aportó entre 0,9% y 2,2% al PIB; y en Colombia, la introducción de competencia mantuvo una matriz con 70% de energías renovables, preservando la sostenibilidad ambiental. Estos casos evidencian que un mercado más abierto y competitivo beneﬁcia directamente al consumidor ﬁnal con precios más bajos, mayor calidad del servicio y una oferta más diversiﬁcada.
[PLP] En nuestra administración promoveremos un mercado eléctrico nacional competitivo, transparente y funcional, eliminando barreras estructurales y legales para permitir la competencia efectiva en generación, comercialización y distribución, garantizando eﬁciencia, calidad y tarifas accesibles para los usuarios ﬁnales.
[PLP] Para ello garantizaremos condiciones equitativas de competencia entre operadores públicos y privados, declararemos el servicio eléctrico como un Servicio Económico de Interés General, eliminando su reserva
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[PLP] absoluta al Estado, y avanzaremos hacia un marco legal que permita la separación funcional entre las actividades del mercado eléctrico, fortaleciendo el rol técnico, neutral e independiente del regulador (ARESEP) y modernizando la regulación tarifaria para reﬂejar costos reales y mejorar la señal económica al usuario.
[PLP] Nuestra visión promueve como principios rectores, la competencia efectiva como instrumento para mejorar calidad y precios; la neutralidad regulatoria, garantizando un trato igualitario a todos los operadores; la progresividad normativa, asegurando la transición ordenada del sistema; la transparencia en la planiﬁcación, tarifas y acceso al mercado y la protección al consumidor ﬁnal, como eje central de la reforma.
[PLP] - Eliminación de barreras estructurales y legales. Como segunda fase de la modernización del mercado eléctrico, impulsaremos las reformas de ley (Ley N.º 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, y la Ley N.º 8660 Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones y electricidad), para eliminar las restricciones que limitan la competencia, encarecen las tarifas y reducen la eﬁciencia del sistema:
[PLP] La modernización regulatoria y el fortalecimiento institucional son pilares esenciales para transformar el mercado eléctrico costarricense en un sistema más competitivo, eﬁciente y resiliente. La actual estructura regulatoria presenta limitaciones que frenan la competencia, generan sobrecostos y diﬁcultan la adaptación a las nuevas demandas tecnológicas, ambientales y productivas.
[PLP] Reformar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para dotarla de mayor independencia técnica y operativa,
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 136 fortalecer las capacidades de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) y actualizar las metodologías tarifarias permitirá alinear las señales económicas con los costos reales y la eﬁciencia operativa. (Esta propuesta está vinculada al Capítulo Promoción de la competencia y defensa del consumidor). Asimismo, sustituir el modelo cerrado de planiﬁcación por un esquema participativo y abierto, junto con inversiones estratégicas en resiliencia climática e infraestructura, garantizará que el sistema eléctrico responda con ﬂexibilidad y solidez a los retos de la electromovilidad, la relocalización industrial y la transición energética hacia fuentes limpias. En esta dirección proponemos:
[PLP] -Reforma a ARESEP. Modernizaremos el ente regulador, mediante el reforzamiento de la independencia técnica y operativa de ARESEP y daremos mayor capacidad y herramientas a COPROCOM para supervisar y garantizar la competencia efectiva en el mercado eléctrico. Ambas acciones requieren reforma a la Ley N.º 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. y Ley N.º 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. (Esta propuesta está vinculada al apartado Hacia la modernización de la regulación de servicios públicos, dentro del Capítulo Promoción de la competencia y defensa del consumidor).
[PLP] -Revisión de metodologías tarifarias. Reiteramos nuestro compromiso en favor de la modernización tarifaria; para ello, impulsaremos la actualización de las metodologías para reﬂejar costos reales, eliminar sobrecostos injustiﬁcados e incorporar incentivos para eﬁciencia, innovación y reducción de pérdidas.
[PLP] -Planiﬁcación abierta y prospectiva. El modelo cerrado de planiﬁcación eléctrica será sustituido por un esquema participativo, con información abierta y proyecciones realistas que consideren la electromovilidad, la relocalización industrial y la generación distribuida, siguiendo estándares de transparencia de la OCDE.
[PLP] -Resiliencia climática y modernización de infraestructura.
[PLP] El fenómeno de El Niño nos dejó una lección clara, necesitamos modernizar hidroeléctricas, integrar tecnologías como baterías y energías limpias y expandir la red de transmisión con el objetivo de democratizar la producción eléctrica, fomentar la innovación tecnológica y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
[PLP] La descarbonización de la economía costarricense es un objetivo estratégico y una responsabilidad ambiental, pero para que sea viable debe ejecutarse con una hoja de ruta realista, técnicamente fundamentada y económicamente sostenible. Un enfoque pragmático, que armonice la expansión de la generación renovable con la capacidad real de la red eléctrica y la disponibilidad de inversión, es clave para evitar riesgos de desabastecimiento, aumentos tarifarios o sobreendeudamiento. Nuestro compromiso es avanzar decididamente hacia un sistema energético limpio y competitivo, priorizando medidas con alto impacto en reducción de emisiones y que, a la vez, fortalezcan la competitividad industrial, promuevan la innovación y generen empleo.
[PLP] Decreto Ejecutivo realizaremos una auditoría técnica y ﬁnanciera del Plan Nacional de Descarbonización (PND) para actualizar sus metas, plazos y prioridades, tomando en cuenta el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica, la capacidad real de expansión de generación, la disponibilidad de tecnologías y la sostenibilidad ﬁscal.
[PLP] En esta línea incorporaremos un mecanismo de revisión bienal que permita ajustar objetivos según la evolución de
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[PLP] factores clave como precios internacionales de la energía, avances tecnológicos, desarrollo de almacenamiento y cambios en la demanda industrial y de transporte.
[PLP] -Fomento a industrias electrointensivas competitivas.
[PLP] Desarrollaremos un esquema tarifario diferenciado para industrias con consumo constante y predecible, sujeto a compromisos veriﬁcables de inversión, generación de empleo y sostenibilidad ambiental.
[PLP] Crearemos un régimen de contratos bilaterales de suministro eléctrico que permita a estas industrias negociar directamente con generadores, asegurando precios competitivos y estables a largo plazo.
[PLP] Promoveremos clústeres industriales verdes, donde la ubicación de empresas se coordine con fuentes de generación renovable cercanas y disponibilidad de infraestructura eléctrica robusta.
[PLP] La planiﬁcación energética de mediano y largo plazo es un pilar esencial para garantizar la seguridad, competitividad y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Un Plan de Expansión de Generación (PEG) moderno debe responder a proyecciones de demanda precisas, incorporar de forma temprana la evolución tecnológica y reﬂejar las transformaciones productivas y de movilidad. La OCDE ha recomendado que esta planiﬁcación sea abierta, basada en evidencia y separada de intereses comerciales, para fortalecer la transparencia y atraer inversión privada en condiciones de competencia.
[PLP] -Plan de Expansión de Generación (PEG) inclusivo: incorporaremos a los sectores productivos, universidades, gobiernos locales y sociedad civil en el diseño del PEG, asegurando proyecciones de demanda realistas que incluyan electromovilidad, relocalización industrial y generación distribuida." consumo y generación para mejorar la toma de decisiones informadas." almacenamiento energético y generación limpia para fortalecer la sostenibilidad energética nacional.
[PLP] La competencia es esencial para la economía costarricense ya que incentiva la innovación, reduce precios, mejora la calidad de los bienes y servicios y promueve la eﬁciencia en beneﬁcio del consumidor. Además, crea un entorno más atractivo para la inversión, tanto local como extranjera, asegurando reglas claras y eliminando barreras artiﬁciales a la entrada de nuevos actores económicos.
[PLP] Para promover un entorno de competencia nuestro país cuenta con un marco legal actualizado en materia de competencia, no obstante, la aplicación de este marco enfrenta serias limitaciones que afectan su efectividad, en particular, para la efectiva labor de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), pues pesar de contar con las facultades legales necesarias para regular y sancionar en
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 138 favor de la competencia, opera con un ﬁnanciamiento insuﬁciente que le impide ejercer plenamente sus funciones.
[PLP] En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado la necesidad de garantizar que COPROCOM cuente con los recursos necesarios, personal altamente capacitado, infraestructura adecuada y servicios de apoyo suﬁcientes para aplicar la ley de competencia de manera efectiva y oportuna (OCDE, 2020, p.  39). Esta recomendación ha sido consistente desde los primeros estudios de la organización en 2020 y 2021, sin embargo, el país ocupa una de las posiciones más bajas en la región en términos de recursos destinados a la supervisión de la competencia, lo que repercute directamente en la capacidad de intervención en mercados estratégicos.
[PLP] Además de la importancia de optimizar la labor de la autoridad de competencia, el país requiere la reforma de sectores especíﬁcos como el transporte marítimo de carga, eliminando la posibilidad de acuerdos de precios y distribución del mercado, con el objetivo de reducir los costos logísticos y aumentar la competitividad internacional del país (OCDE, 2025, p. E6).
[PLP] El entorno regulatorio en sectores clave como el mercado eléctrico, el sistema bancario y el mercado de telecomunicaciones también enfrenta barreras de entrada elevadas. Esta realidad contribuye a la formación de estructuras monopólicas u oligopólicas que encarecen el costo de vida de los costarricenses y reducen la competitividad económica del país. En el caso de los medicamentos, los costarricenses enfrentamos altos precios, procesos de registro sanitario lentos, falta de armonización regulatoria y desconﬁanza de medicamentos genéricos sin marca.
[PLP] En términos generales, pese a los avances puntuales, el entorno regulatorio actual en sectores claves permanece sin reglas claras y con signiﬁcativas barreras artiﬁciales de entrada. Esta realidad desincentiva la innovación, aumenta los precios, debilita la calidad de bienes y servicios y promueve la ineﬁciencia en la asignación de recursos, disminuyendo así el bienestar del consumidor y retrasando la posibilidad de crear un entorno más atractivo para la inversión.
[PLP] Para el caso concreto de creación de empresas en Costa Rica, pese a los avances puntuales en el MEIC, este sigue siendo un proceso costoso y burocráticamente complejo, con un tiempo promedio de 23 días para completar los trámites necesarios, lo que desalienta la participación de nuevos actores en el mercado. A esto se suma la ausencia de mecanismos sistemáticos de evaluación de impacto regulatorio, los cuales son esenciales para determinar el efecto de nuevas normativas sobre la competencia y mejorar la eﬁciencia del marco regulatorio. En este campo, nuestra agenda ya inició su camino: Los proyectos de ley ya los hemos presentado, y serán nuestra guía durante los primeros 100 días de gobierno en los siguientes temas:
[PLP] Nuestro país necesita un regulador técnico, autónomo y fuerte, en mercados en competencia. Para ello es urgente contar con un marco legal regulatorio ﬂexible, habilitante, y que persiga la eﬁciencia sustentado en las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de regulación tarifaria de servicios y, en consecuencia, necesitamos proveer a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de herramientas modernas que permitan una regulación centrada en la calidad en la prestación de los servicios al menor costo posible para el ciudadano. En deﬁnitiva, necesitamos un marco centrado en el ciudadano.
[PLP] En esta dirección, llevaremos adelante una reforma a la Ley N° 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para implementar nuevos mecanismos para que la regulación se ajuste a
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 139 nuevos tiempos que enfrentan tecnologías disruptivas, exigencias ambientales, necesidades económicas y sociales, y que demandan una regulación más ﬂexible, prospectiva, dinámica, ampliando las facultades para que la ARESEP, sustentándose en evidencia cientíﬁca y técnica, ﬁje tarifas y precios buscando la eﬁciencia y la calidad en la prestación de los servicios, teniendo como eje central de la regulación al usuario ﬁnal.
[PLP] En cuanto a la Junta Directiva de la ARESEP, que es elegida por el Consejo de Gobierno y ratiﬁcada por la Asamblea Legislativa, nuestro compromiso será asegurar procesos de nombramiento idóneos y transparentes, mediante la creación de un comité técnico independiente que seleccione a los candidatos en función de su experiencia y méritos.
[PLP] La labor de un ente como la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) resulta fundamental para garantizar la libre competencia y el acceso a los mercados en nuestro país, lo que en última instancia tiene como objetivo beneﬁciar a consumidores y empresas.
[PLP] A través de las herramientas de la COPROCOM es posible prevenir la concentración de actores en mercados, los acuerdos ilícitos entre competidores, las prácticas anticompetitivas y monopolios; fomentando un entorno económico más eﬁciente, con precios más bajos y bienes y servicios de mayor calidad.
[PLP] -Fortalecimiento institucional y ﬁnanciero. El compromiso a lo largo de nuestra administración será dotar a la COPROCOM del ﬁnanciamiento adecuado conforme a lo establecido por ley para fortalecer su capacidad de investigación y supervisión, permitiéndole incrementar su personal técnico, realizar estudios de competencia de manera periódica y sancionar prácticas anticompetitivas con eﬁcacia. Desde nuestra perspectiva dotar de recursos a esta Comisión no es gasto en burocracia, sino que es una inversión para promover la competencia como pilar fundamental del desarrollo económico de nuestro país y el bienestar de los consumidores.
[PLP] -Cumplimiento de compromisos internacionales. En esta línea, en nuestra administración asumimos el deber de cumplir los compromisos adquiridos por Costa Rica en el marco de la adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de competencia y libre concurrencia.
[PLP] -Revisión regulatoria permanente. Asimismo, a través del MEIC impulsaremos la revisión constante de los regímenes regulatorios y de las exenciones de las leyes de prácticas comerciales restrictivas, con el objetivo de considerar si las razones iniciales o circunstancias que dieron lugar a la regulación han cambiado, si éstos han alcanzado los objetivos que la justiﬁcaban, así como un análisis de si esos ﬁnes podrían alcanzarse en la actualidad mediante el control de la normativa antimonopolio o por formas de intervención gubernamental que restrinjan la competencia en menor grado.
[PLP] Los monopolios resultan perjudiciales para los ciudadanos, pues se traducen en servicios ineﬁcientes que afectan al consumidor y a la competitividad. En un país como el nuestro, con una fuerte intervención del Estado en sectores clave de la economía como la energía, las telecomunicaciones y los seguros, los monopolios se establecieron con el objetivo de garantizar el acceso de los servicios a los ciudadanos, procurando evitar el abuso de las empresas privadas. Hoy, la realidad que dio origen a estas empresas públicas y a la fuerte presencia del Estado como actor preponderante en estos mercados ha cambiado, y no se justiﬁca en sectores como la
[PLP] Partido Liberal Progresista. Programa de Gobierno 2026 - 2030 - pág. 140 electricidad, producción y destilación de alcohol y licores o los hidrocarburos, mantener un monopolio público que se traduce en menor innovación y altos costos para los consumidores." Al respecto, en materia de electricidad, la OCDE ha señalado que: “Las reformas regulatorias en el sector de la electricidad pueden impulsar la inversión. La empresa pública estatal tiene prácticamente el control total de este sector, y las empresas privadas están limitadas a generar un máximo de 30% del total de la electricidad, además de estar obligadas a vender su producción de forma exclusiva a la empresa estatal. Las barreras existentes también limitan la participación extranjera en ese sector.”
[PLP] -Combustibles. En nuestra administración impulsaremos la apertura del monopolio de los combustibles en manos de RECOPE, cerrando esta institución y abriendo el mercado en competencia. La falta de competencia en este sector genera altos precios de los combustibles para los costarricenses, que afectan no solo a los consumidores directos sino también al costo de producción de bienes y servicios en todo el país. (Esta propuesta está vinculada al apartado La reforma administrativa del Estado costarricense que merecemos, dentro del Capítulo Hacia una verdadera reforma del Estado).
[PLP] -Electricidad. En el sector energético insistiremos en la apertura del mercado para la generación y distribución de electricidad en manos del ICE, que limita que nuevos actores puedan entrar en el mercado y ofrezcan soluciones más eﬁcientes y competitivas. (Esta propuesta está vinculada al apartado Apertura y modernización del mercado eléctrico, dentro del Capítulo Modernización del sistema eléctrico). En nuestro gobierno impulsaremos la mayor participación del sector privado en la generación de energía, eliminando el monopsonio del ICE y promoviendo la competencia en energías renovables mediante la apertura de licitaciones transparentes y competitivas.
[PLP] OECD. (2025). OECD Economic Surveys: Costa Rica 2025 (p. 14). París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/048cf07b-en
[PLP] -Alcohol y licores. Impulsaremos la eliminación del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) para la producción y destilación de alcohol y licores que se establece en Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. (Esta propuesta está vinculada al apartado La reforma administrativa del Estado costarricense que merecemos, dentro del Capítulo Hacia una verdadera reforma del Estado).
[PLP] La reducción de barreras administrativas y la facilitación de nuevos negocios son cruciales para fomentar el crecimiento económico y la competitividad. Esto implica simpliﬁcar procesos, reducir la burocracia y promover un entorno más amigable para la creación y operación de empresas.
[PLP] -Ventanilla Única de Inversión (VUI). Fortaleceremos el desarrollo de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para permitir gestionar todos los requisitos administrativos de manera centralizada y en línea, eliminando redundancias y reduciendo los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. (Esta propuesta está vinculada al apartado Plan para simpliﬁcar la creación y registro de nuevas empresas, dentro del Capítulo Pymes, innovación y emprendimientos dinámicos). Esta iniciativa, más el desarrollo de la Identidad Digital (Esta propuesta está vinculada al apartado Estrategia de transformación digital del sector público: “Solo Una Vez”, dentro del Capítulo Hacia una verdadera reforma del Estado), nos
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[PLP] permitirá desbloquear el potencial de la VUI para simpliﬁcar procedimientos administrativos y para promover la constitución de empresas formales.
[PLP] Como lo ha señalado la OCDE (2025) en relación con las regulaciones que desincentivan la actividad económica formal: “un desafío crítico que sigue pendiente es la ausencia de un catálogo o registro único, centralizado, actualizado y completo, que incluya todos los procedimientos administrativos, licencias y los permisos que se exigen a las empresas. En la actualidad, esta información está dispersa en varias páginas web, lo que, en algunos casos, se traduce en incoherencias. Construir un registro como el descrito, y realizar las evaluaciones mencionadas periódicamente, sería un aporte clave para reducir duplicidades, armonizar las regulaciones entre las diversas instituciones públicas y mejorar la funcionalidad de la Ventanilla Única.”
[PLP] En esta línea, avocaremos a la Comisión de Mejora Regulatoria del MEIC al desarrollo de este catálogo, así como el desarrollo de propuestas para simpliﬁcar trámites y regulaciones, provenientes tanto de entidades públicas como de ciudadanos y empresas.
[PLP] -Eliminar las tarifas mínimas obligatorias de servicios profesionales. La ﬁjación de tarifas por parte de los Colegios Profesionales lesiona la libre competencia entre profesionales y constituyen una barrera de entrada visto desde la perspectiva del Derecho de Competencia.
[PLP] La imposición de tarifas mínimas tampoco protege al consumidor. Es más bien la posibilidad de escoger entre distintas alternativas, según el criterio, interés, realidad económica y la información de que disponga lo que realmente
[PLP] COPROCOM-002-2022. "Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica". beneﬁcia al consumidor, situación que se alcanza a través de la promoción de la actividad competitiva de los agentes económicos.
[PLP] Como lo ha señalado la COPROCOM: “La regulación de tarifas mínimas obligatorias genera un ﬁn totalmente opuesto a la supuesta protección de los usuarios muchas veces proclamada por algunos de los colegios profesionales, pues se le niega absolutamente al consumidor la posibilidad de contratar tales servicios a precios inferiores al mínimo ﬁjado. Adicionalmente, tal regulación perjudica a los mismos gremios profesionales, ya que no pueden establecer precios menores a los ﬁjados, lo que ocasiona la pérdida de clientes potenciales, los cuales en ocasiones podrían estar siendo excluidos de obtener los servicios de profesionales caliﬁcados, perdiendo los profesionales la oportunidad de tener un mayor volumen de clientes.”
[PLP] En los últimos años se han llevado adelante esfuerzos por eliminar las tarifas mínimas obligatorias en varios servicios profesionales, pero otros han sido impugnados ante los tribunales y están pendientes de una decisión ﬁnal, o han sido anulados.
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[PLP] -Eliminar barreras de entrada para las Fintech. Las empresas
[PLP] Fintech han emergido como actores clave para modernizar e innovar el sistema ﬁnanciero nacional, ofreciendo soluciones accesibles, ágiles y centradas en el usuario. Sin embargo, enfrentan barreras regulatorias que obstaculizan su desarrollo y restringen la competencia, y generan un entor no desproporcionado y costoso para la entrada y operación de las Fintech, especialmente aquellas que actúan como proveedoras de servicios de pago. Esta situación pone en desventaja a los nuevos actores frente a las entidades ﬁnancieras tradicionales y frena el potencial de inclusión ﬁnanciera y modernización que estos startups pueden ofrecer a los costarricenses.
[PLP] La regulación vigente en materia de prevención de legitimación de capitales y ﬁnanciamiento al terrorismo, aunque necesaria, no distingue adecuadamente entre los niveles de riesgo y los modelos de negocio de las Fintech, tratándolas bajo el mismo estándar que a los bancos tradicionales. Esta falta de proporcionalidad regulatoria genera costos desproporcionados que afectan principalmente a empresas emergentes con menor capital y estructura. En ausencia de un marco normativo especíﬁco, ﬂexible y acorde con las particularidades del sector Fintech, se limita la innovación, se reduce la competencia efectiva y se desaprovecha una valiosa oportunidad de mejorar la cobertura y eﬁciencia del sistema ﬁnanciero nacional. (Esta propuesta está vinculada al apartado Impulso al ecosistema Fintech, dentro del Capítulo Una agenda para transformar el sistema ﬁnanciero costarricense). integral del marco regulatorio aplicable a las Fintech, basada en los principios de proporcionalidad, ﬂexibilidad y neutralidad tecnológica. Esto implica establecer normas diferenciadas que consideren el tamaño, el riesgo y el modelo de negocio de las empresas Fintech, en lugar de aplicarles de manera uniforme los requisitos diseñados para entidades bancarias tradicionales." regulatorio, que permita a las empresas Fintech probar nuevos modelos de negocio bajo la supervisión de las entidades reguladoras en un entorno controlado. Este enfoque facilitará el aprendizaje institucional, permitirá ajustes normativos más informados y reducirá los costos de entrada para nuevos actores. Además, a través del MICITT impulsaremos el diálogo permanente entre reguladores, asociaciones del sector Fintech, entidades ﬁnancieras tradicionales y consumidores, con el ﬁn de construir una regulación dinámica y adaptativa que fomente un ecosistema de innovación, competencia e inclusión ﬁnanciera en Costa Rica.
[PLP] -Impulsar la competencia en el mercado de medicamentos.
[PLP] El mercado de medicamentos en Costa Rica presenta una serie de distorsiones estructurales y regulatorias que limitan la competencia, encarecen el acceso a tratamientos y desalientan la innovación. A pesar de que el país cuenta con una amplia cobertura de salud pública y un sistema consolidado, los precios de los medicamentos en el sector privado son signiﬁcativamente altos en comparación con otras economías similares a la nuestra. Esto se explica por múltiples factores: barreras regulatorias como la lentitud en el registro sanitario, una cadena de distribución altamente concentrada, relaciones exclusivas entre actores de la cadena y una marcada desconﬁanza en los medicamentos genéricos sin marca.
[PLP] Asimismo, la implementación del Decreto 44863-MEIC “Regulación de margen máximo de comercialización bruto de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud”, ha sido señalada por la COPROCOM como potencialmente perjudicial. Esta medida puede generar efectos
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