[PNR] Por su parte, las mujeres jefas de hogar, particularmente aquellas con hijos en primerainfancia, constituyen uno de los grupos más afectados: representan el 41% del núcleo durode priorización social, es decir, los hogares que dependen de manera constante de losprogramas de asistencia estatal, y tienen el doble de probabilidad de permanecer en estacondición en comparación con otros grupos (PEN, 2024).Gráfico Número 11: Incidencia de la pobreza, según características de los hogares ylas personas. El Programa Estado de la Nación (2024) advierte que los jóvenes constituyen uno de losgrupos más vulnerables dentro del mercado laboral, al ser más afectados por el desempleoy el abandono de la fuerza de trabajo. La falta de acceso a derechos básicos yoportunidades durante la niñez y adolescencia incrementa su riesgo de exclusión social ylos convierte en “blanco fácil” para el reclutamiento por parte del crimen organizado y elnarcotráfico (p.40). Asimismo, las zonas rurales y costeras enfrentan tasas de pobreza y desempleo superioresal promedio nacional, agravadas por el aumento de homicidios, que impacta directamentesectores económicos esenciales como el comercio. Esta situación genera territorios conmenor dinamismo económico y amplía las brechas territoriales. En particular, los cantonescosteros del Caribe y el Pacífico Central presentan altas tasas de homicidios y un desarrollosocial desigual, con oportunidades limitadas pese a la actividad turística (p.69). La vigencia de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (PCD) será unarealidad, en el tanto el Estado costarricense comprenda el verdadero enfoque social quedebería regir toda política pública o práctica encaminada a potenciar la autonomía eindependencia individual de las personas pertenecientes a este colectivo. Su situación seve agravada con la falta de políticas públicas orientadas hacia la valoración y respeto porla diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidadhumana. Como consecuencia de ello, nuestro país sigue faltando a su deber de hacerefectivo el principio de accesibilidad, que implica la eliminación de todas las barreras quehace inaccesible el ejercicio pleno de derechos. Reviste de una especial preocupación la falta de prioridad en la atención en las mujeres ylas personas menores con discapacidad, quienes sufren de una recurrente discriminaciónmúltiple y son condenados a vivir en condiciones de pobreza. Como es usual, Costa Rica es el centro de múltiples esfuerzos multilaterales para mejorarla promoción y protección de los Derechos Humanos, y lo relativo a las personas adultasmayores (PAM) no ha sido la excepción. No obstante, la realidad de la vejez y su tutelaconstituye uno de los ámbitos donde más violaciones a los Derechos Humanos persisten. Situaciones de abuso, discriminación y abandono, que sufre esta población cada vez másnumerosa, requiere de enfoques diferenciales para asegurar un piso de mayor protección.Los grandes retos nacionales con este colectivo pasan por una vigencia plena de losprincipios de capacidad jurídica, independencia y autonomía, que aseguren calidad de vidadigna de dichas personas. Datos recientes del CONAPAM evidencian un incremento alarmante en los casos deabandono de personas adultas mayores atendidos mediante sus programas de reubicacióny protección. Mientras en el año 2014 se registraban 150 casos, para octubre de 2024 lacifra ascendió a 1.050 personas en condición de abandono, lo que representa un aumentode más del 600% en una década (CONAPAM, 2025). Esta problemática requiere de un plan de incidencia mayor que el que actualmente tiene elgobierno, el cual solamente consiste en reubicar personas adultas mayores en Hogares deLarga Estancia con un financiamiento estancado en el tiempo. Las situaciones de vulnerabilidad de esta población se agravan en zonas rurales, donde lapresencia del Estado y sus instituciones tiene recursos más limitados.La crisis fiscal y los recursos destinados a sostener los fondos de pensiones se venamenazados para la falta de voluntad política en este aspecto, lo que genera incertidumbreque sumiría en la pobreza a una gran cantidad de personas adultas mayores. Como Estadosuscriptor de tratados internacionales, Costa Rica debe cumplir con los llamados sistemasy mecanismos de apoyo que le permita a esta población gozar de una autonomía deresidencia, elección de consumo y formas de esparcimiento que coadyuven a su saludmental.