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[PNR] A pesar de que la cultura, el deporte y la recreación son esenciales para el bienestar, lasalud y el desarrollo integral de los ciudadanos de una nación, han sido temas que se hanquedado rezagados en años recientes. El país que deseamos no puede permitirse teneruna cultura y un deporte de tercer mundo; es posible que, en la búsqueda del círculovirtuoso del desarrollo, ambos componentes de la sociedad, imprescindibles por demás, nosólo reflejan ese desarrollo, sino que lo fomentan y lo impulsen desde su posición. Elpresupuesto inicial del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) parael año 2024 ascendió a ₡12.771,6 millones (CGR, 2024). La Contraloría ha indicado,además, que ha habido una disminución en comparación con 2022 (la aprobación parcialfue de ₡17.244,4 millones en 2023), lo cual reafirma la tendencia de ajustes en elfinanciamiento institucional (CGR, 2023).
[PNR] Según la documentación más actualizada, el ICODER sigue manteniendo su estructuraprogramática en tres programas: Dirección Superior, Deporte y Recreación. Aunque lasresoluciones públicas de la CGR especifican los montos aprobados por año, la distribuciónpor programa y su implementación exacta se detallan en los informes anuales de lainstitución; para el 2024, el ICODER reportó una ejecución general del 88,1% de supresupuesto (ICODER, 2025). Esto corrobora que el programa de Deportes sigueacaparando la mayor parte de los recursos, mientras que Recreación continúa con unaparticipación menor dentro del total institucional (ICODER, 2025).
[PNR] En la actualidad, se están gestionando seis parques recreativos en Costa Rica, según elsitio web oficial del ICODER: Fraijanes, La Paz, Del Este, Dominica, La Sabana y Cariari(ICODER, 2025). La administración del Parque La Expresión (Laguna Doña Ana) fuerecuperada en 2020 por el gobierno local de Paraíso, así que actualmente no se encuentraentre los parques que están bajo la gestión directa del ICODER (La Nación, 2020). ElICODER señala que, en lo que respecta a la ejecución financiera más actual delcomponente recreativo, este reporta asignaciones y ejecuciones en curso durante el año2024, dentro del marco de ese total global de 88.1% mencionado anteriormente (ICODER,2025).
[PNR] Además de lo mencionado, es evidente que la institución asigna sus recursos financierosprincipalmente a las actividades deportivas y de forma excesiva a las recreativas, sinconsiderar la mayor participación de los habitantes de nuestra nación. La ausencia decompromisos y la mala utilización de los recursos destinados a este tema provocan que losdeportistas pierdan la motivación, lo cual afecta, de una manera u otra, el proceso de supreparación. Es urgente que Costa Rica asigne a tiempo recursos para la recreación y eldeporte, así como fomentar el ejercicio físico basado en criterios especializados y técnicos,con el objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos del país. Esto, simultáneamente, conel objetivo de derribar obstáculos y abrir puertas que afectan la motivación de los atletas dealto rendimiento.
[PNR] Es crucial ofrecer oportunidades y respaldar iniciativas que proporcionen mejorescircunstancias, tanto para los deportistas como para sus familias. Esto motivaría a losatletas actuales y a los nuevos, lo que facilita un mejor posicionamiento de Costa Rica enel deporte mundial; así como se evidenció en las Olimpiadas de Tokio 2020, donde loseportistas costarricenses pusieron el nombre de nuestra nación con orgullo. El ComitéOlímpico Nacional (CON) tiene un departamento con expertos de diversas formacionesacadémicas y trayectorias en el deporte. (CON, 2021). No obstante, esto no es suficiente.Para lograr su máximo potencial, nuestros atletas requieren de lugares para trabajar,estabilidad financiera y un apoyo más constante a lo largo de su carrera deportiva.
[PNR] En los años recientes, el sedentarismo en la población escolar, adolescente y adulta denuestra nación ha sido fomentado por cambios tecnológicos, el avance de las sociedadesy la automatización de múltiples procesos y áreas de la vida diaria. Esto, sumado a la faltade actividades recreativas y agravado por la inseguridad que, desafortunadamente, impactael ambiente de todos, produce un rendimiento social y académico más bajo y tambiénobesidad y sobrepeso en niños y adolescentes. Con relación a esto, Costa Rica ha logradoprogresos en la disminución de la desnutrición durante los años recientes; sin embargo, elsobrepeso continúa creciendo y tiene un impacto en todas las edades. Según la estimaciónmás reciente, el porcentaje de niños menores de cinco años con sobrepeso esaproximadamente del 7.6 al 7.9% (UNICEF/OMS/BM, 2025). La medición nacional másreciente, que incluye la totalidad de la población escolarizada (de 6 a 12 años), indica queel 34 % presenta exceso de peso (ya sea sobrepeso u obesidad). En el grupo deadolescentes (de 13 a 17 años), la prevalencia es del 30,9 % (MS, 2025). La OPS haconfirmado que, en 2022, el 66,9% de los adultos (20 años o más) padecía sobrepeso uobesidad, lo que indica una carga alta y constante. (OPS, 2024)
[PNR] Estos factores indican la relevancia de implementar políticas públicas enfocadas en eldeporte, la actividad física y el entretenimiento, especialmente considerando que estamosen un tiempo tecnológico que favorece el sedentarismo.El MEP, en el año 2025 y a través del nuevo Reglamento del Programa de Alimentación yNutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), reiteró que el servicio proporcionaalimentación complementaria para fomentar conductas apropiadas y hábitos alimentariossaludables relacionados con la comida diaria y que su cobertura es focalizada socialmente,no universal (MEP, 2025). Esta focalización se implementa con criterios de priorización debeneficiarios establecidos con el FODESAF, que incluyen factores como la situaciónsocioeconómica, la vulnerabilidad y el estado nutricional (FODESAF, 2023). A pesar de losintentos, se mantienen prevalencias altas de sobrepeso en la población entre cinco ydiecinueve años. Esto indica que solo ofrecer el servicio no basta para disminuir las cifrasde obesidad y sobrepeso (Patiño et al., 2025; UNICEF, 2023).Otra de las iniciativas del ICODER es el proyecto de parques biosaludables, que juega unrol relevante en las comunidades porque incluye máquinas específicas para hacer ejerciciosrecreativos al aire libre, lo cual es una estrategia para disminuir la inactividad física de loshabitantes. Sin embargo, es fundamental educar a los ciudadanos acerca de la relevanciade su uso y las ventajas que conlleva para fomentar comportamientos saludables ypreventivos.
[PNR] En el campo de la cultura, sucede algo muy similar a lo que se ha descrito para el deportey el ocio. Costa Rica cuenta con un semillero de talento extenso y territorialmente variado,que el sistema educativo ayuda a identificar parcialmente; no obstante, obstáculosestructurales como la informalidad elevada, el acceso restringido a financiación y mercados,y la concentración de oportunidades en la GAM desincentivan que niños, niñas y jóvenesuedan desarrollar su potencial al máximo. La política pública más reciente acepta estosespacios vacíos y propone herramientas para impulsar el ecosistema cultural y creativo(MCJ, 2025). En la Nueva República que planteamos, es necesario que ese talento puedatransformarse en un proyecto de vida, con verdaderas oportunidades para emprender en elámbito cultural y expandirse a nivel internacional (MCJ, 2025).
[PNR] A la complejidad histórica del sector se le agregó el impacto de la pandemia de COVID-19,que dejó pérdidas significativas en términos de empleo e ingresos. Según un estudioconsolidado, durante la pandemia, el 12,3% de los trabajadores encuestados en el ámbitocultural y artístico reportaron pobreza o pobreza extrema; sus mayores inquietudes fueronel incumplimiento de responsabilidades financieras (9%), la pérdida del trabajo (12%), lacancelación de eventos (22%) y el incumplimiento con las obligaciones estatales (16%)(UNESCO, 2023). Asimismo, según la Cuenta Satélite de Cultura, en 2020 la contribucióncultural fue del 1.7% del PIB, con una ocupación de 39.561 personas (equivalente al 2.0%del empleo nacional) y descensos mayores al 50% en actividades como presentacionesmusicales en vivo y artes escénicas; todo ello demuestra el impacto a nivel sectorial y lalenta recuperación que vino después (MCJ/BCCR, 2024).
[PNR] Cuadro Número 5. Costa Rica: evolución del presupuesto del Ministerio de Culturay Juventud (Julio 2015-2024) Fuente: Unidad de Comunicación – Ministerio de Cultura y Juventud
[PNR] La Ley N.º 10041, de Emergencia y Salvamento Cultural, fue aprobada y publicada por laAsamblea Legislativa en octubre de 2021. Su propósito era facilitar procedimientosexcepcionales para prestar asistencia al sector cultural que había sido dañado por lapandemia (MCJ, 2021; Asamblea Legislativa, 2021). La norma, entre otras cosas, habilitóal MCJ y a sus órganos desconcentrados para llevar a cabo acciones de reactivación yfondos concursables con reglas concretas de fiscalización y asignación (MCJ, 2021).
[PNR] La movilización pública del sector cultural ante los recortes sugeridos al presupuesto 2021del MCJ fue otra razón por la cual se produjo esta reacción institucional. El 24 de octubree 2020, en San José, artistas, administradores y empleados del sector cultural semanifestaron contra las rebajas que la Comisión de Hacendarios había aprobado (alrededorde ₡4.100 millones) y pusieron en evidencia lo débil que es el ecosistema cultural (Díaz N.,2020). En esos días, los medios informaron sobre las mociones que se debatían y laprotesta (Díaz N., 2020).El MCJ tuvo ₡49.447,25 millones (suma final) en el presupuesto de 2024 y ejecutó el90,57%, la cifra más alta de los últimos diez años según sus informes. Hacienda confirmaeste nivel y describe las razones que afectaron algunas partidas (contrataciones y bloqueode recursos incorporados por moción). Esto contribuye a contextualizar la ejecución y sumejoría en comparación con 2023 (MH, 2025). El 24 de octubre de 2020, en San José,artistas, administradores y empleados del sector cultural se manifestaron contra las rebajasque la Comisión de Hacendarios había aprobado (alrededor de ₡4.100 millones) y pusieronen evidencia lo débil que es el ecosistema cultural (Díaz N., 2020). En esos días, los mediosinformaron sobre las mociones que se debatían y la protesta (Díaz N., 2020).
[PNR] El MCJ tuvo ₡49.447,25 millones (suma final) en el presupuesto de 2024 y ejecutó el90,57%, la cifra más alta de los últimos diez años según sus informes. Hacienda confirmaeste nivel y describe las razones que afectaron algunas partidas (contrataciones y bloqueode recursos incorporados por moción). Esto contribuye a contextualizar la ejecución y sumejoría en comparación con 2023 (MH, 2025; MCJ, 2025).
[PNR] Finalmente, respecto a los hitos críticos de gestión, el FIA 2015 registró observaciones ycancelaciones de la Contraloría sobre programación y ejecución. Años más tarde, el MCJfinalizó el procedimiento administrativo e inició las gestiones para recuperar dañoscausados por este caso. La cobertura de la prensa en ese periodo también documentó lareducción de cartelera y las cancelaciones (CGR, 2015; MCJ, 2020; The Tico Times, 2015).
[PNR] Con base en los elementos mencionados, nuestros propósitos estratégicos relacionadoscon la cultura, el deporte y la recreación son:
[PNR] • Desarrollar medidas de política pública en materia deportiva, recreación y actividadfísica, con el fin de que exista un descenso en los niveles de sedentarismo en el país.
[PNR] • Optimizar el uso de los recursos públicos dirigidos a atender las necesidades de lasdistintas entidades deportivas (ICODER, Comité Olímpico Nacional, Federacionesdeportivas, comités cantonales) y culturales, en cuanto a su capacidad para fomentarel desarrollo integral de las personas usuarias.
[PNR] • Analizar los escenarios y tomar medidas fiscales que permitan que el presupuestodestinado a la salud, desarrollo integral y bienestar físico y mental de los habitantesde la República incluya las áreas cultural, deportiva y recreativa, de manerarazonable.
[PNR] • Revisar las fuentes de ingreso de las políticas de apoyo a la cultura del país, y buscaralternativas de financiamiento fresco para fortalecerlas.
[PNR] • Mejorar la coordinación interinstitucional entre las instituciones educativas del país ylas relacionadas con cultura, deporte y recreación, para encontrar sinergias quepotencien los resultados esperados en estas políticas. 8.4.2. Acciones estratégicas en cultura, deporte y recreación
[PNR] • Desarrollar un Programa de actualización y concientización para los docentes. Esteprograma buscará promover la importancia del deporte en las distintas etapas decrecimiento de las personas y atacar los problemas de sobrepeso y obesidad a losque nos enfrentamos en la actualidad.
[PNR] • Impartir cursos recreativos y culturales en los salones comunales, a través dealianzas con los gobiernos locales y ONG, para desarrollar una política más oportunaen materia de salud física y mental.
[PNR] • Establecer horarios especiales dentro de las jornadas ordinarias de estudio en loscentros educativos, para que las personas menores seleccionen actividadespedagógicas deportivas y culturales, aparte de los cursos formales (clubesestudiantiles) con el objetivo de promover una formación más integral.
[PNR] • Implementar un Programa de campañas educativas e informativas que instruyan yconcienticen a la población, en cuanto a la importancia de la actividad física,deportiva, recreativa y cultural. Este programa se apoyará en las tecnologíasdigitales y las redes sociales, más baratas y accesibles para todos.
[PNR] • Impulsar la profesionalización de los centros de alto rendimiento del país, con el finde atraer mayor inversión por parte de federaciones y entidades deportivas, tantonacionales como internacionales.
[PNR] • Promover alianzas público-privadas para la generación de becas para personasmenores, en las distintas disciplinas deportivas.
[PNR] • Transformar el sistema de becas e incentivos para los deportistas de alto rendimientopara ampliar su cobertura y mejorar su acceso.
[PNR] • Impulsar el Programa de becas de la Federación de Surf de Costa Rica. Dichoprograma buscará apoyar económicamente a personas menores de 16 años de laszonas costeras, que sean estudiantes y requieran del apoyo necesario paradesarrollarse en este deporte.
[PNR] • Promover la participación de organizaciones, federaciones y asociaciones deportivasen la ejecución de recursos para la promoción de las actividades deportivas yrecreativas.
[PNR] • Generar alianzas público-privadas para el incentivo de eventos deportivos comocarreras, ciclismo y gimnasia, entre otros, para dinamizar la economía y promover laactividad física.
[PNR] • Desarrollar programas especializados y eventos en materia cultural, deportiva, derecreación y actividad física, hacia personas con discapacidades físicas, sensoriales,personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad social,mediante el otorgamiento de más facilidades y accesibilidad para aumentar lasoportunidades para la práctica del deporte y la recreación.
[PNR] • Velar por el cumplimiento de iniciativas que promuevan que la práctica deportiva esteexenta de violencia y de actos o manifestaciones que puedan alterar el orden y losresultados de las competencias.
[PNR] • Desarrollar un Programa de integración cultural y deportiva, bajo un modelo degobernanza entre MEP, MCJ y otras instituciones relacionadas, para crear torneos ycompetencias deportivas y culturales intercolegiales e interescolares, con el fin deintegrar a las personas menores y personas jóvenes de las diferentes regiones delpaís.
[PNR] • Impulsar manifestaciones deportivas y recreativas por medio de las actividadesculturales, tradicionales y fiestas típicas del país, con el objetivo de crear concienciaa la población sobre ello.
[PNR] • Mejorar y condicionar los centros y áreas deportivas y de recreación en la provinciade Limón, con el objetivo de potenciar a su comunidad y desarrollar habilidades endeporte de alto rendimiento.
[PNR] • Promover la creación de ciclovías en las provincias de Limón, Puntarenas yGuanacaste, con el fin de incentivar a la población, tanto de la zona urbana comoturística, a realizar actividad física y de recreación.
[PNR] • Implementar de programas sociales que respalden el financiamiento, mediantebecas, donaciones o patrocinios la compra de materiales deportivos, en coordinacióncon la empresa privada, de manera tal que se puedan practicar diferentes disciplinasdeportivas.
[PNR] • Aumentar la construcción de centros recreativos y de alto rendimiento, así comocentros comunitarios deportivos, en las provincias de Puntarenas, Guanacaste yLimón, así como en la zonas norte y sur del país. • Realizar una evaluación del Sistema Nacional de Educación Musical con el fineterminar sus fortalezas y debilidades, para desarrollar acciones públicas parapotenciar las primeras y minimizar las segundas, para promover la participación depersonas menores, jóvenes y adultos en el sistema.
[PNR] • Promover la coordinación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil,para desarrollar certámenes y concursos para que las bandas musicales, locales,escolares y colegiales, compitan por premios en especie –instrumentos, mobiliario,etc.- para fortalecerse y desarrollarse mejor.
[PNR] • Desarrollar un Programa de promoción de los emprendimientos artísticos ydeportivos para mejorar las condiciones de empleabilidad de estos sectores, queincluya la coordinación con instituciones promotoras como el MEIC, universidades yla Agencia Nacional de Innovación y Emprendimiento, y con el apoyo financiero delSistema de Banca para el Desarrollo.
[PNR] • Evaluar y desarrollar políticas para incentivar la creación de clústeres culturales yartísticos en el país, en áreas tales como publicidad, animación digital, produccióncinematográfica, diseño y moda, entre otros, y explorar la posibilidad de crear zonasfrancas culturales que atraiga la inversión extranjera directa en esta materia.
[PNR] • Desarrollar un Programa de capacitación tecnológica para los artistas y trabajadoresde la cultura, con el fin de fortalecer sus capacidades para incorporar las modernastecnologías, propias de la 4RI, en su trabajo y promoción cultural.
[PNR] • Promover un Programa de promoción e información sobre derechos de autor, con elfin de concientizar y orientar a los trabajadores de la cultura, y la comunidad general,sobre el resguardo de estos derechos y los procedimientos para defenderlos. Esteprograma se fundará, esencialmente, en las plataformas virtuales y las redessociales.
[PNR] • Desarrollar un Programa de fortalecimiento de la producción artesanal y artística delpaís, con el fin de darle más capacidad de colocación de productos en los mercadosdoméstico e internacional, y que vincule los esfuerzos de PROCOMER, ICT, MEICy demás instituciones relacionadas. • Reforma estructural al Ministerio de Cultura y Juventud, con el objetivo deransformarlo en una agencia pública moderna, descentralizada y eficiente, queconcentre sus esfuerzos en el rescate, promoción y financiamiento de la cultura y larecreación nacional. Los entes desconcentrados actuales se reorganizarán y estaránorientados a resultados concretos. • Se promoverá la creación de clústeres artísticos e incubadoras culturales concebidasomo polos de desarrollo creativo, donde los artistas sean también emprendedores,capaces de generar empleo, innovación y valor agregado. • Se fomentará el establecimiento de zonas francas culturales en sectores como eline, la animación digital, la moda y la música, con el fin de atraer inversión extranjeradirecta y consolidar la economía creativa costarricense. • La cultura y la recreación se impulsarán como herramientas de prevención y luchaontra las drogas y la violencia, especialmente en comunidades de alto riesgo,promoviendo el arte, la disciplina y el deporte como medios de integración social yreconstrucción del tejido comunitario. • En el ámbito deportivo, Nueva República relanzará el proyecto de ley para lareación del Ministerio del Deporte, con el propósito de otorgar jerarquía ministerial,utonomía presupuestaria y coordinación nacional a la política deportiva,fortaleciendo su articulación con los sistemas educativos y con los gobiernos locales. • Finalmente, se establecerá la obligación de que los representantes diplomáticos yisiones internacionales de Costa Rica promuevan activamente a los artistas ydeportistas nacionales, integrando la cultura y el deporte como ejes de diplomaciapública, identidad nacional y proyección internacional del país.
[PNR] 8.5. Política y Juventud La juventud representa hoy uno de los sectores más significativos de la sociedadcostarricense y constituye un pilar esencial para el desarrollo nacional. Costa Rica cuentacon una población de 5,044,197 de personas (INEC, 2022). De este total, un 37.53%(1,893,288) se encuentra constituido por personas jóvenes cuyas edades oscilan entre los12 y 35 años (CPJ, 2023). De este porcentaje, un 51.3% (971,848) son hombres y un 48.7%(921,440) son mujeres (CPJ,2023). La mayoría de la población joven se concentra en el rango de edad de 20 a 34 años, en loscuales se concentra casi un 70% de la población joven del país (CPJ,2023), lo que evidenciauna población predominantemente en etapa de formación profesional, inserción laboral yconstrucción de proyectos de vida. Este perfil demográfico refleja transformaciones importantes en la estructura poblacional:aumenta la cantidad de jóvenes adultos, lo cual nos demanda políticas públicas orientadasa educación, empleo, vivienda, salud integral y participación social. Asimismo, se observauna marcada concentración territorial, más del 60% reside en la Región Central mientrasque los jóvenes de las zonas rurales y costeras enfrentan condiciones de desigualdadhistórica y mayores limitaciones en acceso a oportunidades (CPJ,2023). Estas brechas geográficas y socioeconómicas exponen a los jóvenes a riesgos de pobreza,exclusión y vulnerabilidad, lo que convierte a esta población en un grupo estratégico querequiere atención prioritaria. Reconocer su peso demográfico y el impacto de losdesequilibrios territoriales es indispensable para impulsar un modelo de desarrollo quecoloque a la juventud como protagonista de un país más equitativo, solidario y competitivo.
[PNR] 8.5.1. Juventud y Educación La educación constituye la base del desarrollo integral de la juventud y un factor decisivopara la movilidad social. En Costa Rica, los datos recientes muestran avances importantes,pero también evidencian desafíos que requieren atención prioritaria. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2022), en la última década ha disminuidode manera significativa la proporción de jóvenes entre 10 y 29 años sin ningún niveleducativo, con una reducción cercana al 67% en el grupo de 20 a 29 años. No obstante, seobserva un retroceso en el rango de 30 a 39 años, donde las personas sin instrucciónaumentaron en un 7.2%. Asimismo, aunque la secundaria incompleta se redujo entre losmás jóvenes, en ese mismo grupo de 30 a 39 años se incrementó un 17%. En términos generales, la población sin primaria completa ha disminuido en todos losgrupos de edad, mientras que crece la cantidad de jóvenes con estudios de primaria,secundaria y formación técnica finalizados. En la educación superior también se registranavances, especialmente en la matrícula de pregrado y grado, con mayor fuerza en laspersonas entre 30 y 39 años (31.5%). Sin embargo, la formación de posgrado presenta unareducción cercana al 70% en ambos grupos etarios, lo que evidencia brechas en el accesoa niveles más altos de preparación académica y limitaciones asociadas al financiamiento. Por otra parte, la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA, 2018) revela quemás del 98% de las mujeres jóvenes entre 15 y 34 años saben leer y escribir. Aun así,conforme aumenta la edad, disminuye la proporción de mujeres con estudios secundariosy universitarios, alcanzando apenas un 41.4% en el grupo de 25 a 34 años. Esta situación repercute directamente en su empleabilidad y restringe sus oportunidadesde inserción en un mercado laboral cada vez más competitivo. Este panorama confirma la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan la permanenciaestudiantil, amplíen el acceso a educación superior y técnica, y promuevan mecanismos deapoyo financiero.
[PNR] 8.5.2. Juventud y Empleo El acceso al trabajo digno y productivo constituye uno de los principales retos para lajuventud costarricense. Las estadísticas reflejan realidades diversas según la edad, el sexoy el territorio, lo cual demanda políticas diferenciadas y soluciones concretas. En el grupo de 12 a 24 años la participación laboral disminuyó, vinculada tanto a latransición educativa como a las condiciones económicas adversas. A ello se suma unareducción significativa en la cantidad de jóvenes de 15 a 24 años con empleo formal,reflejando transformaciones estructurales del mercado laboral que afectan de maneraespecial a quienes buscan su primera experiencia de trabajo (INEC, 2022) Las mujeres jóvenes enfrentan barreras adicionales: la tasa de desempleo es más alta entrelas de 15 a 24 años (INEC, 2023), quienes padecen discriminación de género, limitacionesde capacitación y dificultades para compatibilizar el empleo con sus responsabilidadesfamiliares. Esta situación exige políticas que garanticen igualdad de oportunidades, conprogramas específicos para cerrar las brechas de género y promover la inclusión laboral encondiciones justas y equitativas. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO) yEncuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (ENAMEH), reflejan que elemprendimiento juvenil, especialmente a través de microempresas, ha emergido como unaalternativa relevante. Las mujeres de 25 a 34 años han liderado la creación de este tipo deiniciativas, impulsadas por aspiraciones profesionales, acceso a recursos y necesidadeseconómicas. Aunque entre 2013 y 2018 el número de microempresas jóvenes creció demanera sostenida, en 2019 se registró una caída atribuida a factores económicos yegulatorios. En los años posteriores, tanto hombres como mujeres del grupo de 25 a 34años mostraron una recuperación en este campo, evidenciando el potencial delemprendimiento como motor de resiliencia y dinamismo económico para la juventud (CPJ,2023). Estos contrastes ponen de manifiesto la necesidad de políticas laborales y socialesintegrales que promuevan empleos de calidad, fortalezcan el emprendimiento y reduzcanlas desigualdades que limitan las oportunidades de la juventud costarricense.
[PNR] 8.5.3. Juventud y salud mental El bienestar emocional de la juventud costarricense atraviesa un momento crítico querequiere atención prioritaria. De acuerdo con el Ministerio de Salud (2023), las mujeres presentan las tasas más altas deintentos de suicidio, con 83,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 39,8 en hombres. En la distribución territorial, los datos oficiales evidencian que Puntarenas registra la mayortasa de intentos de suicidio (71,5 por cada 100.000 habitantes), seguida de Limón (68,5) yAlajuela en tercer lugar, reafirmando que las provincias costeras enfrentan los mayoresrezagos en salud mental (Ministerio de Salud, 2023). Por edad, los grupos más vulnerables son adolescentes en etapa temprana y media: de 10a 14 años (168,5 por cada 100.000 habitantes) y de 15 a 19 años (215,3), quienes presentanlas tasas más altas reportadas por los servicios de salud. Esto confirma que la adolescenciaes un período crítico donde los riesgos emocionales, sociales y familiares inciden con mayorfuerza. (Ministerio de Salud, 2023). En cuanto a la evolución de las muertes por lesiones autoinfligidas, se reportó unincremento entre 2015 y 2021, afectando principalmente a la población joven de 18 a 24años. Aunque entre los 15 y 17 años los casos han mostrado una reducción desde 2019.(CPJ, 2023). Según el informe El Estado Mental del Mundo 2024 (Statista, 2024), el país ocupa el cuartolugar en América Latina en cuanto a prevalencia de jóvenes que atraviesan estadosemocionales de vulnerabilidad. Este panorama plantea un reto urgente, diseñar políticas y programas que fortalezcan laprevención, detección temprana y atención integral de la salud mental, especialmente entreadolescentes y jóvenes adultos, garantizando servicios accesibles y sensibles a lasrealidades. 8.5.4. Juventud y seguridad La seguridad ciudadana constituye uno de los principales desafíos que enfrenta la juventudcostarricense, tanto en su rol de víctimas como de victimarios dentro de los fenómenos deviolencia y criminalidad.
[PNR] Entre 2020 y 2022, las aprehensiones de jóvenes aumentaron de manera significativa enlos grupos de 18 a 24 años y, con mayor fuerza, en el de 25 a 35 años (MSP, 2022). En el caso de adolescentes de 12 a 18 años procesados penalmente, los delitos máscomunes son contra la propiedad, de carácter sexual, contravenciones y, en menor medida,contra la vida (OIJ, 2022). En materia de violencia doméstica, los datos del 2021 evidencian que los principalespresuntos agresores se concentran en el rango de 27 a 35 años, donde 8 de cada 10 sonhombres. Una tendencia similar se observa entre los 18 y 26 años. Por el contrario, cuandose trata de presuntas víctimas jóvenes de violencia doméstica, las mujeres representan lagran mayoría: 9 de cada 10 en ambos rangos de edad. (OIJ, 2022). La relación de la juventud con el crimen organizado también resulta preocupante. Entre2016 y 2019, 6 de cada 10 condenados por delitos de narcotráfico eran jóvenes, siendo elrango de 20 a 29 años el más afectado con cerca del 40% de los casos. En delitos delegitimación de capitales, aproximadamente la mitad de las personas condenadas eranjóvenes, especialmente en los grupos de 25 a 29 y 30 a 34 años (CPJ, 2023). La violencia homicida refleja con claridad la vulnerabilidad de este sector. Durante el primersemestre de 2022, las víctimas más frecuentes de homicidio doloso fueron jóvenes entre20 y 34 años, predominando los hombres. En orden, los más afectados fueron los de 30 a34 años, seguidos por los de 25 a 29 y los de 20 a 24 años. Estos datos revelan la crudezade la violencia que golpea con más fuerza a la juventud masculina, generando muertesprematuras, lesiones, discapacidades y afectaciones emocionales profundas tanto en lasvíctimas como en sus familias. (OIJ, 2022). Este panorama exige con urgencia fortalecer las estrategias de prevención, invertir enoportunidades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes comouna forma efectiva de reducir la violencia y construir un país más seguro. 8.5.5. Acciones estratégicas en Juventud
[PNR] • Desarrollar un Programa de créditos blandos y capacitación para jóvenesemprendedores, especialmente en agricultura, tecnología, turismo sostenible yeconomía digital como parte del impulso al joven para la transformación económica. • Impulsar un Programa Nacional de Empleabilidad Juvenil para que los jóvenesprendan habilidades para encontrar y mantener un trabajo. Habrá cursos y tallerespara ayudarles a mejorar sus habilidades blandas. • Poner en marcha un programa de primer empleo que ofrezca prácticas remuneradasjóvenes de 18 a 25 años a través de acuerdos entre el gobierno y empresasprivadas. Esto busca disminuir el desempleo juvenil y facilitar la transición de laescuela al trabajo. • Crear la Plataforma Nacional de Oportunidades Laborales Juveniles que conecte eniempo real a jóvenes con empresas que requieren talento humano.158
[PNR] • Establecer una Red de Incubadoras de Emprendimiento y Ferias de Innovación
[PNR] Juvenil, en zonas costeras, rurales y urbanas, para brindar a jóvenes emprendedorescapacitación, mentoría, asesoría legal y financiera, y conectarlos con inversionistas,empresas y mercados locales e internacionales. • Realizar un Sistema Nacional de Información Pública de Empleabilidad de cadaarrera universitaria que determine información como la tasa de colocación, ingresopromedio y sectores con mayor demanda, mediante convenios entre el Ministerio deEducación Pública (MEP), CONARE ( Consejo Nacional de Rectores), universidadesprivadas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para su actualizacióncontinua; acompañado de guías de orientación vocacional y ferias de empleodirigidas a estudiantes de secundaria y colegios técnicos. • Desarrollar un Programa Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil en donde eleporte, arte y cultura se utilicen como estrategias para alejar a jóvenes de ladelincuencia. • Promover el ajedrez como herramienta pedagógica y recreativa en todos los centrosducativos para ofrecer a los jóvenes espacios seguros para el desarrollo personal,académico y social y a través de esto posicionar el ajedrez como una políticanacional de prevención de la violencia juvenil. • Impulsar un Programa Nacional de Salud Mental y Bienestar, coordinado entrePatronato Nacional de la Infancia (PANI), Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS), Ministerio de Educación Pública (MEP) y Ministerio de Cultura y Juventud(MCJ). Este incluirá clínicas móviles juveniles, programas de bienestar en centroseducativos y campañas digitales contra el suicidio y la drogadicción. • Desarrollar un Programa Nacional de Vivienda para Jóvenes, que incorpore créditoslandos, subsidios a la prima, esquemas de alquiler con opción de compra yproyectos habitacionales sostenibles y modulares en zonas urbanas, rurales ycosteras, para garantizar a la población entre 18 y 35 años acceso a una viviendadigna. • Implementar un Programa Nacional de Voluntariado Juvenil, mediante el cual losóvenes se involucren en proyectos de reforestación, reciclaje, educación ambiental,voluntariado en emergencias, apoyo en comunidades rurales y atención a adultosmayores. • Crear un Programa Nacional de Liderazgo Juvenil y Participación Ciudadana,ofreciendo formación en liderazgo político y comunitario, oratoria, negociación,gestión de proyectos, ética y toma de decisiones. Este programa buscará potenciarlas capacidades, habilidades y destrezas de jóvenes líderes para que influyan demanera efectiva.
[PNR] • Realizar talleres en colegios, encuentros regionales y alianzas con municipalidadesy organizaciones juveniles a fin de fortalecer valores patrios, participación ciudadana,ética del servicio público y liderazgo comunitario. • Establecer Mesas Cantonales Interinstitucionales de Juventud, coordinadas por los
[PNR] La situación de la población migrante en Costa Rica ha sido motivo de profundapreocupación para la Defensoría de los Habitantes, la cual ha documentado violacionessistemáticas a derechos fundamentales y una falta de coordinación efectiva entre lasinstituciones nacionales, regionales e internacionales encargadas de atender esteenómeno. El Informe Anual 2025 de la Defensoría expone una serie de desafíosestructurales que demandan respuestas urgentes y con enfoque de derechos humanos.
[PNR] En primer lugar, se destacan los flujos migratorios mixtos y las deportaciones como uno delos principales retos. La Defensoría ha dado seguimiento a la situación de personasmigrantes en tránsito, así como a los flujos de retorno o deportaciones desde EstadosUnidos, señalando que, más allá de los acuerdos de cooperación migratoria, el Estadocostarricense tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos sindiscriminación (p.89).
[PNR] Otro aspecto crítico es la incertidumbre sobre el estatus migratorio de las personasdeportadas, quienes no ingresaron de forma voluntaria al país. Esta situación genera dudaslegales sobre la figura migratoria bajo la cual fueron admitidas, afectando su seguridadjurídica y acceso a servicios básicos (p.89).
[PNR] Asimismo, la Defensoría advierte la vulneración del Principio de No Devolución, alevidenciar que el Estado no consideró oportunamente la posibilidad de que algunaspersonas tuvieran temor fundado de regresar a su país de origen. Solo hasta finales demarzo de 2025 se les ofreció la opción de solicitar refugio o una categoría especial porrazones humanitarias, pese a que debió hacerse desde su ingreso en febrero. Esta omisiónrepresentó una falta de cumplimiento de los compromisos internacionales en materia dederechos humanos, al no verificar riesgos ni brindar alternativas de protección (p.90).
[PNR] El informe también documenta denuncias sobre tratos inadecuados y condicionescuestionables durante la detención migratoria. Se reportaron casos de uso innecesario degrilletes, falta de información sobre las causas de detención, deficiencias en la alimentacióny alojamiento, trato deshumanizante y retención de documentos. Particularmentepreocupante es la situación en el Centro de Atención Temporal para Migrantes Sur(CATEM-sur), donde la medida de contención aplicada equivale, en la práctica, a una formade detención migratoria (p.90).
[PNR] A esto se suma la débil atención interinstitucional dentro del CATEM-sur, dondeinstituciones como el PANI, INAMU y CONAPAM no garantizan una presencia constante niun abordaje integral de las necesidades de las personas migrantes (p.90).
[PNR] En materia administrativa, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) figuracomo la segunda institución más denunciada en 2024, debido a violaciones relacionadascon documentación personal, debido proceso y libertad de tránsito. El atraso en los trámitesde regularización continúa siendo un problema grave: la Defensoría reportó un aumento del250% en los Registros de Intervención (RI) durante el primer cuatrimestre de 2024,alcanzando 2000 casos a finales de ese año (p.49).
[PNR] Finalmente, la Defensoría subraya la urgencia de fortalecer la lucha contra la trata depersonas y el tráfico ilícito de migrantes, mediante una legislación especializada quegarantice una respuesta efectiva basada en la persecución, sanción y protecciónhumanitaria de las víctimas. Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. confirmaque la trata de personas afecta a hombres, mujeres, niñas y niños en Costa Rica,especialmente en zonas costeras del Pacífico y regiones fronterizas, donde lavulnerabilidad social es mayor (p.94).
[PNR] La población y los pueblos afrodescendientes en Costa Rica continúan enfrentandobarreras estructurales profundas que limitan el pleno ejercicio de sus derechos y perpetúancondiciones de desigualdad social, económica y cultural. El Informe Anual 2025 de laDefensoría de los Habitantes identifica una serie de desafíos que evidencian la ausenciade políticas públicas efectivas y la necesidad urgente de acciones concretas del Estado.
[PNR] En primer lugar, la Defensoría señala la falta de acciones estatales firmes para proteger losderechos individuales y colectivos de esta población, a pesar de su reconocimiento comopueblo tribal conforme al Convenio 169 de la OIT. Las denuncias recibidas reflejan laurgencia de eliminar la discriminación racial, proteger la propiedad ancestral, garantizar laconsulta previa, libre e informada y respetar el derecho a la autodeterminación, además deimplementar políticas públicas integrales que combatan el racismo estructural (p.109).
[PNR] Un segundo desafío radica en la ausencia de mecanismos de consulta adecuados. Tras laeliminación del Comisionado de Inclusión Social, el Estado carece de una unidad técnicaresponsable de gestionar procesos de consulta para pueblos tribales, situación que loscoloca en desventaja frente a los pueblos indígenas, quienes sí cuentan con una estructurainstitucional específica (p.110).
[PNR] A ello se suma la incertidumbre legislativa respecto a los proyectos de ley N.° 23.903 y N.°24.001, orientados a reconocer a la población afrocostarricense como pueblo tribal. Amboshan tenido poco avance en la Asamblea Legislativa, lo que prolonga la inseguridad jurídicasobre la propiedad ancestral y la identidad social y cultural de estas comunidades. LaDefensoría considera especialmente relevante la aprobación del Proyecto N.° 23.903, porrepresentar un paso significativo hacia el respeto, la igualdad y el reconocimiento pleno desus derechos (p.110).
[PNR] La falta de medidas efectivas por parte del Estado mantiene a las comunidadesafrodescendientes en una condición de vulnerabilidad e inseguridad jurídica (p.110), lo queimpide avanzar hacia una verdadera equidad. Además, el informe evidenciamanifestaciones de racismo y acoso en el ámbito deportivo, que reflejan la persistencia deactitudes discriminatorias en espacios públicos y comunitarios (p.111).
[PNR] En este contexto, el Partido Nueva República propone impulsar políticas y acciones quepromuevan la equidad social y territorial, atendiendo las particularidades de cada región yde los diversos grupos sociales y familiares, con el propósito de garantizar igualdad deoportunidades y justicia para todos los sectores de la población costarricense.
[PNR] • Articular un paquete de políticas públicas que se enfoquen hacia el tutelaje de losderechos humanos de estos grupos vulnerables de la sociedad, con el fin depromover programas de atención que vayan más allá de la política de asistenciasocial, mediante un enfoque integral.
[PNR] • Promover una coordinación interinstitucional en la gestión de las políticas públicasde tutelaje y protección de los grupos sociales vulnerables del país, de tal suerte quelos organismos especializados en la materia puedan orquestar políticastransversales en la administración pública, en lo que sea pertinente.
[PNR] • Desarrollar políticas de atención urgente para los casos de personas o grupos depersonas específicas, que pertenecen a los distintos conglomerados de gruposulnerables, que se encuentren en una condición particularmente precaria, enfunción de situaciones de coyuntura. Con base en estos objetivos, las líneas de acción estratégica que proponemos para laatención de los grupos vulnerables y el tutelaje de sus derechos son:
[PNR] • Impregnar de un verdadero enfoque de derechos la estrategia de implementacióndel Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de Mujeres(FOMUJERES) que administra el INAMU, que le permita ser un fondo de capital deriesgo para mujeres emprendedoras que, a su vez, sean capacitadas en prevenciónde violencias y gestión de riesgos.
[PNR] • Aumentar las capacidades orientadas a promover un acceso a la salud integral deestas mujeres, que permita mitigar la incidencia de enfermedades crónicas ocontagiosas. Para ello, el área rectora de salud tendrá como prioridad elfortalecimiento real de programas de detección de dichas enfermedades a fin derealizar el derecho a la salud de mujeres en etapa adulta y adulta mayor.
[PNR] • Fortalecer el sistema de acceso para mujeres en etapa post graduación deeducación media del INA, a fin de mejorar capacidades técnicas y de gestión deempresas y negocios a diferente escala. Se trata de una forma de potenciar elderecho a la educación para coadyuvar en el proyecto de vida digna.
[PNR] • Fortalecimiento real del Ministerio de Educación Pública en sus diferentes nivelestécnicos y áreas regionales. Existen múltiples recomendaciones de grupos de trabajoy órganos de tratados que el Estado costarricense no puede obviar en materia defortalecimiento de la calidad educativa, así como en la prevención de violencias, muyespecialmente atrayendo a las personas menores de edad en riesgo, con programasde participación de la comunidad –escuela– y las autoridades locales.
[PNR] • Intervención directa y estructural del Patronato Nacional de la Infancia, con el fin depromover una política de atención de las personas menores que sea conteste consus derechos humanos.
[PNR] • Emitir una declaratoria de emergencia en relación con aquellas personas menoresque se encuentra en riesgo social y que dependen de esa institución, a fin de hacerlomás eficiente e integrarlo a la estrategia del Ministerio de la Familia y el BienestarSocial -veremos este tema más adelante- en función de darle a esta población unamejor calidad de vida, bienestar y seguridad jurídica. Dicha declaratoria deemergencia permitirá revisar y fortalecer los protocolos de actuación de los procesosde adopción, crianza y cuidado de dichas personas bajo la tutela de esta institución.
[PNR] • Fortalecer el proceso de monitoreo y rendición de cuentas orientado hacia lasorganizaciones sociales que administran o son beneficiarias de recursos del PANI,para atender a esta población, de conformidad con la recomendación emitida por laContraloría General de la República.
[PNR] • Fortalecer los programas de convivencia social desde la perspectiva de las personasen condición de vulnerabilidad, en comunidades identificadas como altamentepermeables a la delincuencia, el trasiego y venta de drogas, así como a la trata depersonas. Esto requiere una intervención directa del Ministerio de Seguridad Públicay promover una política de cooperación internacional para el desarrollo decapacidades comunitarias con las que las autoridades político–administrativaspuedan diseñar acciones afirmativas y políticas integrales de prevención de laviolencia y la delincuencia, en conjunto con las personas menores de edad, quevaloren y tomen como referencia sus necesidades y visiones de futuro.
[PNR] • Fortalecer el mandato de las entidades rectoras en materia de derechos humanosde las personas con discapacidad, a fin de lograr la independencia funcional,administrativa y financiera necesaria que tenga como resultado el cumplimiento realde las obligaciones generales contenidas en la Convención sobre los Derechos delas Personas con Discapacidad y su Protocolo. • Desarrollar un Programa de atención de mujeres con discapacidad en condición deobreza, con un enfoque de ruralidad. Los datos oficiales del INEC indican que lamayor cantidad de personas pertenecientes a este colectivo se encuentran en elPacífico Central, seguido de las regiones Brunca y Huetar Norte – Caribe. Para ellogro de este objetivo se debe fortalecer y gestionar la mayor cantidad decooperación sur-sur, lo que posibilitaría concretar mejores condiciones de vida paraeste colectivo.
[PNR] • Implementar programas de largo plazo orientados a fortalecer la salud mental de laspersonas con discapacidad, como una pieza clave en el objetivo de trascender de latoma de conciencia colectiva hacia el pleno respeto y erradicación de prácticasnocivas que atenten contra los derechos de este colectivo. En este punto, sepromoverá la revisión de los mecanismos e instancias ministeriales existentes(centros de atención integral, por ejemplo), a fin de redefinir sus competencias encoordinación con el CONAPDIS y que ello permita mejorar los sistemas de consultapara la atención de las principales necesidades comunitarias y de goce pleno de susderechos.
[PNR] • Diseñar e implementar una gran campaña nacional en favor de la niñez condiscapacidad, desde una perspectiva interseccional. Se pondrá énfasis en la urgentedefinición de planes y políticas para atender las necesidades y asegurar el proyectode vida digna de la niñez indígena y migrante con discapacidad, con atención a suinterés superior, al tenor del mandato recurrente del Comité sobre los Derechos delas Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
[PNR] • Hacer efectiva la respuesta jurídica que merecen las personas con discapacidad, pormedio de una reforma integral y progresiva a la Ley 7600, que permita una mejoraen el acceso a la justicia, la accesibilidad plena y mecanismos efectivos decumplimiento de la norma, tanto desde la perspectiva pública institucional comoprivada.
[PNR] • Promover, diseñar e implementar una Consulta Nacional sobre los DerechosHumanos de las Personas Adultas Mayores en el contexto de la pandemia, a cargodel CONAPAM y con recursos gestionados por la Presidencia de la República, a finde lograr una tutela efectiva de esta población, como lo manda la ConvenciónInteramericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores, yfortalecer los mecanismos de apoyo familiar y a personal encargado de las laboresde cuido.
[PNR] • Fortalecer los programas destinados al mejoramiento de la salud mental de laspersonas adultas mayores, para mitigar las situaciones de riesgo permanente en quese encuentran a diario estas poblaciones, sea por factores asociados a la violencia,maltratos psicológicos y emocionales que inciden negativamente en la capacidadjurídica de estas personas.
[PNR] • Fortalecer los mecanismos o sistemas de cuido, a través del enfoque basado enderechos, que cuente además con un marco regulatorio integral y respetuoso de laintegridad personal de las personas adultas mayores, que cuente con personalcalificado para ejercer el cuido, de tal forma que se respete la dignidad, costumbresy autodeterminación de la persona adulta mayor.