oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[FA] Impulsar iniciativas para la renovación de la legislación vigente sobre cine, con la al modelo que se sigue en los Comités Cantonales de Deportes– tendrán una integración democrática y se encargarán de la ejecución presupuestaria que destinan las municipalidades a la cultura. Estas instancias contarán con la presencia de cuatro personas representantes de grupos cantonales artísticos registrados en el gobierno local, elegidas en asamblea por dichos grupos, una persona representante de la municipalidad y una persona representante del Consejo de la Persona Joven local. En este sentido, se promoverá una reforma al Código Municipal, para la creación de estos Comités, que cuenten con un presupuesto real que provenga de una partida presupuestaria de las municipalidades, a través del aumento del 1% de las patentes de licores otorgadas por el gobierno local, así como transferencias del Ministerio de Cultura y Juventud. instituciones adscritas para incrementar la formación de gestores y gestoras culturales de comunidad, con un programa de becas totales, que permita la incorporación de las personas en situaciones de multivulnerabilidad, con una visión de inclusión, en aras de fortalecer a las y los hacedores de la cultura comunitaria. cerrado –en especial las edificaciones de valor histórico patrimonial– como espacios destinados al desarrollo de las diversas manifestaciones culturales. Como parte de esta estrategia, se trabajará en la estricta aplicación del marco normativo vigente para la recuperación de espacios públicos propiedad del Estado y para la creación y rescate de zonas de recreación y áreas verdes. gobiernos locales en la creación y promoción de recuperación y uso de los espacios públicos, a partir de una adecuado mantenimiento y desarrollo de condiciones físicas (electricidad, techo y rotulación), que permita la adaptación de estas áreas al desarrollo de espectáculos. vinculación del Ministerio de Cultura y Juventud –y, en general, del Estado costarricense– con el conjunto de instituciones, organizaciones, fundaciones o empresas dedicadas a la producción cultural en el país. medio del desarrollo humano y el mejoramiento de espacios públicos en las comunidades locales, con iniciativas para el fomento del arte y la cultura popular, en aras de multiplicar su alcance y efectividad.
[FA] Juventud, tanto para fortalecer instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Teatro, el Centro de Cine, la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otras, como para impulsar efectivamente el fomento de la producción cultural nacional, a través de la ampliación de la cobertura y los recursos de programas como Pro Artes. participación del conjunto del gremio artístico, para que responda a sus necesidades y a las demandas nacionales. Esta propuesta incluirá el fortalecimiento de programas para la promoción del cine nacional, como el Fondo El Fauno, contemplando la asignación de recursos para proyectos en desarrollo, incentivos
[FA] Incorporar talleres de formación cultural en las escuelas y colegios, en todas las
[FA] Promover la creación de colegios académicos-artísticos a partir del modelo del
[FA] Impulsar iniciativas para eliminar sanciones excesivas y prohibiciones absolutas
[FA] Promover y garantizar el respeto a la libertad de prensa, incluyendo la protección de
[FA] Incluir a las personas trabajadoras del arte y la cultura en la tabla de salarios
[FA] Promover la firma de un convenio de aseguramiento colectivo para las personas
[FA] Mejorar el Sistema de Información Cultural Costa Rica (SICultura), para registrar
[FA] Crear una bolsa de empleo para personas artistas y trabajadoras de la cultura,
[FA] Mejorar y hacer cumplir estrictamente la legislación que exige la participación de cinematográficos para cortometrajes y el aumento de la cantidad de largometrajes de ficción y documental que acceden a becas. En este sentido, se continuará con el apoyo al expediente N.º 20661, Ley de Cinematografía y Audiovisual de Costa Rica, impulsado por organizaciones del sector cultura. regiones del país. Además de la educación musical, se promoverán disciplinas como el teatro, la poesía, el canto, la danza, la escritura, entre otras, así como programas de apreciación artística en primaria y secundaria, con metodologías innovadoras que incluyan cómic, videojuegos, cine y animación, como puertas de entrada al arte.
[FA] Conservatorio Castella, al menos en cada cabecera cantonal. Se priorizarán los cantones costeros, rurales y con menores índices de desarrollo social, según el INEC. contra las diversas expresiones del arte urbano y callejero. En su lugar, regular los espacios donde pueden realizarse, garantizando el derecho de la juventud a disfrutar de los espacios públicos para practicar el arte y el deporte. los derechos laborales de las personas trabajadoras de la comunicación, así como la incorporación de la cláusula de conciencia a nuestro ordenamiento jurídico. Para estos efectos, se promoverá la aprobación del proyecto de ley presentado por el exdiputado José Merino del Río, que, ante su archivo, fue retomado por el diputado José María Villalta bajo el expediente N.º 21108, Ley para Garantizar el Respeto a la Libertad de Prensa de Periodistas. mínimos, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Mientras se aprueba la reforma al Código de Trabajo propuesta en el apartado anterior, el MTSS deberá regular, vía decreto ejecutivo, el pago de horas de ensayo y viáticos para los espectáculos artísticos, así como la fijación de un salario mínimo por función. trabajadoras independientes del arte y la cultura entre la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Cultura y Juventud y las organizaciones sindicales del sector, con la finalidad de facilitar y garantizar el acceso permanente y diferenciado de estas personas a los seguros sociales de salud y pensiones, en condiciones de razonabilidad y equidad. artistas nacionales, de modo que permita la consulta para contrataciones y facilite la concreción de las medidas propuestas para garantizar el derecho de acceso a la seguridad social. mediante la acción coordinada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Cultura y Juventud. Esta bolsa de empleo publicará en línea ofertas y concursos del sector público y privado. artistas nacionales en espectáculos públicos de artistas foráneos, garantizando un
[FA] Revisar y actualizar la normativa vigente para aumentar y garantizar espacios
[FA] Establecer expresamente la obligatoriedad de comercialización de artesanía
[FA] Promover estrategias para el manejo compartido y la gestión participativa de los
[FA] Fomentar la organización sindical de las personas trabajadoras de la cultura para la
[FA] Propuestas para legislar: Impulsar un proyecto de ley para garantizar que un porcentaje significativo de los
[FA] Presentar un proyecto de reforma a la Constitución Política para consolidar la
[FA] Modificar el impuesto del valor agregado aplicado a las personas trabajadoras
[FA] Impulsar la adición al Código de Trabajo de un nuevo capítulo sobre derechos
[FA] Impulsar como iniciativa urgente y prioritaria una reforma integral a la Ley 6703 trato justo y el respeto a sus derechos. El Poder Ejecutivo emitirá una directriz dirigida a todas las instituciones públicas o que utilicen fondos públicos, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. El Ministerio de Cultura y Juventud promoverá la aplicación de sanciones para quienes no las respeten. mínimos de participación y difusión de las producciones artísticas y culturales nacionales en medios de comunicación comerciales del país. efectivamente producida por personas artesanas nacionales en los puertos y aeropuertos de nuestro país. sitios arqueológicos protegidos en los que la categoría de manejo así lo permita, involucrando a los gobiernos y a las comunidades locales. De esta forma, se promoverá la protección del patrimonio arqueológico a través de su revalorización por las comunidades y la dinamización de las economías locales, mediante el impulso de actividades productivas sustentables como el turismo cultural y rural comunitario. En la actualidad, la aparición de un sitio arqueológico en un territorio determinado es visto como un estorbo, cuando, en realidad, puede constituir una inmensa oportunidad de desarrollo y consolidación de la identidad cultural y el patrimonio colectivo de nuestras comunidades. defensa colectiva de sus derechos económicos y sociales. ingresos que reciben las municipalidades por concepto de patentes de licores se destinen a financiar bibliotecas públicas, infraestructura y programas para incentivar el arte y la cultura en el respectivo cantón. La información sobre la utilización de estos recursos debe ser de acceso público. necesidad de proteger la producción cultural nacional y la diversidad cultural del país, así como de asegurarles un trato preferencial. independientes del sector cultural de un 13 a un 4% (como el de la educación privada del país), reconociendo que lejos de ser un lujo o un elemento accesorio, la cultura es parte de un sistema de educación social y una necesidad esencial de las personas. laborales de las personas trabajadoras del arte y la cultura, con la finalidad de garantizar la protección de dichos derechos, especialmente a las personas trabajadoras que laboran de forma independiente. Esto incluye regular los abusos que se cometen a través de las diversas formas de contratación por “servicios profesionales”, cortando de raíz con la lamentable situación de precarización de las condiciones de trabajo que imperan. sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, para incluir y reconocer los sitios
[FA] (cadena de bloques), que permita la digitalización integral de los servicios que únicamente para sectores privilegiados. Esta regulación debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la dignidad humana, principio que denominamos “inteligencia artificial para el bien” y que constituirá el eje rector de todas nuestras políticas en esta materia. Nuestro país es reconocido en áreas estratégicas como la paz y la protección del ambiente, por esto proponemos centrarnos en la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial respetando los principios de la justicia social, equidad, inclusión y para estrechar la brecha social, en lugar de profundizarla. El segundo eje se centra en la promoción activa del ecosistema nacional de inteligencia artificial. Proponemos dar contenido presupuestario y desarrollar la iniciativa del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial (LANIA) en el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), además de promocionar la generación de un ecosistema de iniciativas público-privadas en el campo de la IA, de la mano de las universidades públicas y privadas que cuentan con el capital humano altamente calificado en esta área. En el Frente Amplio creemos necesario estimular el desarrollo de un ecosistema sostenible de investigación, desarrollo y uso de la inteligencia artificial para el bien, entendiendo que este ecosistema debe articular eficazmente los mecanismos regulatorios que garanticen el uso ético y responsable de estas tecnologías con los instrumentos de promoción que incentiven su desarrollo e implementación en beneficio de toda la sociedad costarricense. Nuestro compromiso es posicionar a Costa Rica como un referente internacional en el desarrollo de políticas públicas de inteligencia artificial que demuestren que es posible conjugar el progreso tecnológico con la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todas las personas. Deseamos garantizar que todo sistema digital público en Costa Rica sea implementado únicamente tras cumplir procesos de aseguramiento de la calidad, pruebas exhaustivas de funcionamiento, auditorías independientes y estándares de accesibilidad e interoperabilidad, en concordancia con el CNTD y la Estrategia de Transformación Digital 2023-2027.
[FA] El Frente Amplio cree firmemente en el beneficio de la ciencia y la tecnología para todo el sector empresarial privado del país, con énfasis en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de capital costarricense y de iniciativas de economía social solidaria. Asimismo, resalta la importancia de impulsar la innovación, garantizar la seguridad y calidad en los procesos tecnológicos y promover la mejora de las políticas públicas que orienten estos esfuerzos, de manera que se traduzcan en mayor competitividad, confianza ciudadana y desarrollo sostenible.
[FA] Propuestas para gobernar: Integrar en todos los niveles educativos (previos a la educación superior) la
[FA] Promover programas que faciliten el acceso de poblaciones históricamente excluidas formación técnica y científica con razonamiento crítico y matemático, complementada con formación integral y humanista en ciencia y tecnología. Para esto, será necesario incluir un plan robusto de alfabetización digital en la malla curricular del MEP, así como garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos laborales ante el ingreso de nuevas tecnologías.
[FA] (mujeres, LGBTIQ+, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, comunidades sin acceso tecnológico) a carreras y empleos en áreas de ciencia y
[FA] Dotar a las instituciones encargadas del financiamiento estatal de la ciencia y la
[FA] Desarrollar una plataforma digital de última tecnología basada en
[FA] Generar política pública para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en
[FA] Ante el aumento de estafas bancarias, es necesario garantizar monitoreo activo:
[FA] Impulsar política pública y legislación especializada sobre el uso de teléfonos
[FA] Promover iniciativas de alfabetización digital crítica a nivel nacional, para eliminar
[FA] Propuestas para legislar: Reformar la Ley 9943 de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital tecnología, con enfoque intercultural y de género. Estos programas deben fomentar que las personas con esta formación se conviertan en líderes en sus propias comunidades, para promover un desarrollo contextualizado. tecnología de los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que los beneficios de esas actividades lleguen efectivamente, en el menor plazo posible, a toda la población que los necesita, para mejorar su calidad de vida, en especial a través del entramado de micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, así como iniciativas de economía social solidaria.
[FA] (cadena de bloques), que permita la digitalización completa de los servicios que presta el Estado y el resguardo e intercambio seguro de los datos entre sistemas de información del sector público y privado. la administración pública, en áreas clave: seguridad, salud, educación, arte y política. De esta manera se propone fortalecer la legislación en cada una de las áreas clave, generar las capacidades en el funcionariado, impulsar la transparencia algorítmica en todos los sectores, particularmente en áreas donde las decisiones automatizadas pueden resultar más sensibles. fortalecer las unidades de ciberdelitos para rastrear patrones y tendencias de estafas en redes sociales, SMS y correos, alertas ciudadanas mediante herramientas en línea donde la ciudadanía reporte intentos de estafa, creando un mapa nacional en tiempo real y acción rápida interinstitucional: coordinación entre bancos, SUGEF, SUTEL, MICITT y el OIJ, para actuar en horas, no en meses. También habrá mecanismos de devolución de fondos para que los bancos y aseguradoras garanticen opciones de compensación y seguros ante fraude digital. Una estafa digital, además de un robo económico, es una amenaza a la confianza en la banca. Necesitamos detección, prevención, respuesta y recuperación institucional oportuna. inteligentes e inteligencia artificial en el sistema educativo costarricense, que permita mejorar, fortalecer e innovar el proceso formativo en todos los niveles. brechas de acceso a tecnologías digitales y para hacer conciencia de las responsabilidades que las personas ciudadanas tienen al incorporar las tecnologías digitales, así como brindarles las capacidades para hacer valer sus derechos.
[FA] (ANGD) y el reglamento del Código Nacional de Tecnologías Digitales (CNTD, Decreto 44507-MICITT) para incluir métricas obligatorias de calidad de software basadas en estándares internacionales y exigir pruebas y auditorías independientes antes de poner en marcha los sistemas institucionales. La medida busca garantizar no solo la accesibilidad, inclusión y confiabilidad digital –reduciendo la brecha digital y eliminando barreras para personas con discapacidad, poblaciones rurales e indígenas–, sino asegurar la calidad necesaria para no comprometer la continuidad
[FA] Reformar las leyes 7196 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y 9971
[FA] Regionalizar la infraestructura de redes de comunicación del país y universalizar su
[FA] Actualmente el país no cuenta con un modelo de gobernanza de datos, ni un ente
[FA] Fortalecer la Ley 16198 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
[FA] Desde el Frente Amplio proponemos para Costa Rica un sistema deportivo seguro, inclusivo y territorialmente equilibrado, con rectoría clara, financiamiento permanente y una red de infraestructura accesible, que reduzca brechas sociales, mejore la salud pública y proyecte a Costa Rica como de los servicios públicos. El cumplimiento de estas normativas debería ser auditado por la ANGD, en coordinación con la Contraloría General de la República.
[FA] Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, para garantizar a toda la población un acceso equitativo a los fondos estatales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y para garantizar que las políticas públicas que emanen de las instituciones a cargo de tales fondos sean inclusivas y amplias. tecnología de los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que los beneficios de esas actividades lleguen efectivamente, en el menor plazo posible, a toda la población que los necesita, para mejorar su calidad de vida, en especial a través del entramado de micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, así como iniciativas de economía social solidaria. acceso como derecho humano. especializado ni responsable de atenderlo, para ello es necesario contar al menos con pilares mínimos en ciberseguridad, protección de datos personales y transparencia con enfoque territorial y respeto a los DDHH, lo cual, además, permitiría gestionar y avanzar hacia la regulación en el uso de nuevas tecnologías. El Frente Amplio desarrollará un proyecto de ley que aborde esta problemática e integre la protección de datos como una garantía fundamental de las libertades de la ciudadanía. que garantice mayor transparencia proactiva y la publicación oportuna de datos públicos en formatos abiertos mediante una plataforma digital centralizada, actualizada y accesible a la población, sin registro, cobro ni barreras de acceso, que permita el pleno ejercicio del acceso a la información pública, a la rendición de cuentas e incentive la toma de decisiones basada en datos y evidencia. En ese sentido, reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 para que considere la transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas hacia la persona usuaria en la adquisición de servicios o sistemas automatizados e inteligencias artificiales gestionadas por la administración pública, de forma ética, de modo que incorporen estas características por defecto. rendimiento, cumpliendo la Constitución y la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Costa Rica
[FA] En Costa Rica el deporte ya es un derecho constitucional. En 2023 se reformó el artículo 89 de la Constitución Política para reconocer el derecho de todas las personas al deporte, la educación física y la recreación, así como la obligación estatal de garantizarlo y promoverlo en todos los niveles. Esta reforma, impulsada por el Frente Amplio inicialmente bajo el expediente N.º 21630, fue publicada como Ley 10376 para la incorporación del Derecho Fundamental al Deporte y la Recreación del 29 de noviembre de 2023. Actualmente el marco institucional padece de una rectoría difusa y ejecución fragmentada. Existen el Ministerio del Deporte y la Recreación (MIDEPOR) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER); el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR), que lidera la política sectorial, y su Secretaría Técnica (en ICODER), que coordina la PONADRAF 2020-2030. No obstante, persisten duplicidades y brechas de articulación con MEP, Ministerio de Salud, CCSS, Comité Olímpico Nacional (CON), Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN), Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR), federaciones y universidades. Esta situación ha ocasionado una desigualdad territorial y de acceso. La PONADRAF fija metas para aumentar la actividad física regular, fortalecer la gestión de federaciones y garantizar espacios públicos seguros y accesibles, lo que evidencia rezagos especialmente en los cantones con mayor vulnerabilidad. Los CCDR dependen de transferencias municipales y deben recibir al menos 3% de los ingresos ordinarios municipales, pero su capacidad de gestión es dispar. Para el Frente Amplio la perspectiva de desarrollar una política pública en deporte debe necesariamente posicionarse desde la salud pública y los estilos de vida saludable. El país enfrenta una carga creciente de diabetes y enfermedades cardiovasculares (ENT). La PONADRAF establece como meta que al menos 36,1% de la población adulta realice actividad física moderada de forma regular al 2030, señal de que los niveles actuales siguen siendo insuficientes.
[FA] Objetivos estratégicos (2026–2030): 1. Garantizar de forma efectiva el derecho constitucional al deporte, la educación física
[FA] 2. Asegurar la rectoría y la gobernanza de las siguientes instancias: Ministerio del
[FA] 3. Promover el deporte seguro, mediante la implementación plena de la Ley 9967 y la recreación.
[FA] Deporte y la Recreación de Costa Rica (MIDEPOR), como rector; Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), como ejecutor técnico, con el el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CNDR) liderando la PONADRAF; y una articulación con el MEP, Ministerio de Salud, CCSS, Comité Olímpico Nacional (CON), Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN), Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR), los Comités Cantonales de la Persona Joven y universidades.
[FA] Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, así como tolerancia cero a la violencia interpersonal en el deporte.
[FA] 4. Desarrollar infraestructura regional accesible y sostenible, con mantenimiento
[FA] 5. Promover una vida activa y la salud, elevando sustantivamente la práctica regular de
[FA] 6. Promover el alto rendimiento con soporte multidisciplinario en los centros regionales,
[FA] 7. Fomentar el turismo deportivo como palanca de desarrollo económico local. 8. Asegurar financiamiento estable, mediante un fondo permanente con nuevas fuentes
[FA] Propuestas para gobernar: Deporte seguro: avances y deudas históricas. Existe la Ley 9967 y su
[FA] Turismo deportivo: oportunidad latente. Costa Rica ha sido sede de mundiales FIFA
[FA] Rectoría, institucionalidad y simplificación:
[FA] Deporte seguro y protección del entorno: garantizado y estándares de accesibilidad, cumpliendo la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. actividad física y reduciendo el sedentarismo. así como apoyar a atletas en su transición de carrera deportiva al mundo laboral. progresivas, incentivos y reglas claras. reglamentación contra hostigamiento y acoso sexual en el deporte. ICODER, CON e INAMU han creado instrumentos y convenios, pero la implementación es parcial: muchas entidades aún carecen de protocolos y mecanismos de denuncia efectivos.
[FA] (Sub-17 en 2014 y Sub-20 en 2022), IRONMAN 70.3 y eventos de surf, con impactos económicos positivos y proyección internacional. Falta una estrategia-país estable, con cartera anual de eventos, infraestructura y diplomacia deportiva.
[FA] ○ Consolidar la rectoría del MIDEPOR y la ejecución técnica del ICODER, con planes cuatrienales alineados a PONADRAF; fortalecer la Secretaría Técnica de PONADRAF en ICODER para el planteamiento de la PONADRAF 2030-2040. ○ Establecer un tablero de control sectorial, con indicadores trimestrales (actividad física, infraestructura, denuncias de acoso, ejecución presupuestaria, participación femenina y paradeporte). ○ Propiciar que las asociaciones deportivas actualicen sus estatutos para incluir mecanismos de elección directa de representantes de atletas, derechos de voz y voto en asambleas generales, comités de atletas con funciones consultivas y vinculantes, entre otros. ○ Creación de un reglamento nacional de gobernanza deportiva, emitido por el
[FA] ICODER o el Ministerio del Deporte y Recreación. Este reglamento establecerá principios de transparencia, participación y equidad en la gestión de las asociaciones deportivas. Debe incluir sanciones o incentivos, según el nivel de cumplimiento.
[FA] ○ Implementación plena de la Ley 9967 Contra el Hostigamiento y Acoso
[FA] Sexual en el Deporte: capacitación obligatoria anual; plataforma nacional de
[FA] Salud-Ministerio Público), con acompañamiento jurídico y psicosocial. A esto se suman auditorías y un ranking público de cumplimiento por entidad. ○ Protocolos operativos únicos para los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) y ligas, con rutas de atención y sanción; convenio ICODER-CON vigente, como paraguas técnico.
[FA] Infraestructura regional accesible y sostenible:
[FA] Cultura de estilos de vida saludables:
[FA] Financiamiento sostenible y transparente:
[FA] Alto rendimiento y transición de carrera:
[FA] Costa Rica, centro mundial de turismo deportivo:
[FA] ○ Plan Nacional de Nodos Regionales (alto rendimiento, desarrollo y recreación) con estándares de accesibilidad (Ley 7600) y sostenibilidad; debe incluir un inventario nacional y un plan de mantenimiento multianual. ○ Alianzas con municipalidades, universidades y sector privado para modelos de operación sostenible. ○ Acelerador del Bono Comunal orientado a parques activos, ciclovías y
[FA] BANHVI-MIVAH-ICODER-municipalidades.
[FA] ○ Programa Nación Activa (MIDEPOR-MEP-MS-CCSS-municipalidades): pausas activas, recreación barrial, rutas seguras para caminar y pedalear, y currículos innovadores de educación física en todos los niveles. ○ Campañas sostenidas sobre actividad física, alimentación saludable y salud mental, con alianzas público-privadas; debe utilizarse recursos y coordinación sanitaria bajo la Ley 9028 de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.
[FA] ○ Creación del Fondo Nacional Permanente para el Deporte y la Recreación (FONAPER) con los siguientes aportes: a) aporte basal del Presupuesto Nacional; b) contribuciones privadas con incentivos fiscales transparentes; c) recursos específicos de nuevas cargas a bebidas alcohólicas. ○ Portal de transparencia de transferencias a federaciones, CCDR y proyectos (contratos, ejecución, resultados).
[FA] ○ Creación de centros de alto rendimiento por regiones, con servicios médico-deportivos, nutrición, psicología, fisioterapia y análisis de datos; captación de talento desde escuelas y colegios con el MEP, universidades y federaciones. ○ Relanzamiento de los JDN: ampliar edades (incluida la población adulta y adulta mayor), eliminar brechas territoriales y asegurar continuidad de procesos. ○ Programa de transición de carrera (con el INA, universidades y sector privado): becas, pasantías y empleabilidad para personas atletas activas y retiradas.
[FA] ○ Estrategia anual de diplomacia deportiva (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-ICT-COMEX-MIDEPOR-ICODER–CON-CPN-municipalidades) para captar torneos clase A, series y eventos máster en todo el territorio; paquetes con operadores que integren deporte + cultura + naturaleza. ○ Creación del Observatorio Nacional de Turismo Deportivo (MIDEPOR lidera, academia y sector privado cogestionan), para medir impacto económico y social. Las sedes previas (FIFA Sub-20 2022; IRONMAN 70.3) en Guanacaste muestran potencial de derrames en hospedaje, transporte y comercio; se requerirá institucionalizar esta cartera y su financiamiento.
[FA] Propuestas para legislar: Rectoría, institucionalidad y simplificación:
[FA] Deporte seguro y protección del entorno:
[FA] Alto rendimiento y transición de carrera: o Reformas puntuales a Ley 7800 Creación del Instituto de Deporte y
[FA] Recreación para: a) añadir representación electa de deportistas en el CNDR; b) formalizar la Secretaría Técnica PONADRAF; c) exigir planes y metas de género, discapacidad y territorios prioritarios en los convenios de trasferencias; d) incluir disposiciones obligatorias que garanticen la participación de personas atletas activas en los órganos de gobierno de asociaciones deportivas. o Reforma a la Ley 9967 Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el
[FA] Deporte, para tipificar sanciones administrativas claras por incumplimiento de protocolos y medidas cautelares, según recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR). Incluir otros tipos de violencia interpersonal, como la violencia psicológica, física y la negligencia. o Fortalecimiento del CCDR en el Código Municipal (Arts. 173-181) y asegurar el 3% mínimo de ingresos municipales, con reglas de gasto (menores o iguales al 10% en administración) y obligación de planes estratégicos alineados a PONADRAF. o Presupuesto permanente: proveer un porcentaje fijo del Presupuesto
[FA] Nacional para la educación física, el deporte y la recreación, con reglas de calidad del gasto y la evaluación de impacto. o Creación de una ley de acceso universal a eventos deportivos de interés nacional por radiodifusión abierta, sin exclusividades que priven el acceso gratuito. o Armonizar la nueva fuente con la Ley 9028 de Control del Tabaco y sus
[FA] Efectos Nocivos en la Salud, para evitar superposiciones y asegurar la eficiencia recaudatoria. o Replanteamiento del expediente N.º 17754 (actualmente archivado): nueva iniciativa que no dependa de publicidad de alcohol (prohibida por criterios de la Sala IV) y, en su lugar, cree un impuesto selectivo específico a las bebidas alcohólicas, con destino etiquetado a: o Incentivos a empresas que contraten personas atletas de élite (créditos fiscales condicionados a permanencia y formación). o Ajustes a la Ley 7800 de Creación del Instituto de Deporte y Recreación para fortalecer su clínica deportiva, además de seguros y servicios a deportistas de alto rendimiento.
[FA] Visión país:
[FA] Costa Rica contará con un sistema de transporte público eficiente, seguro, accesible y sostenible, que permita una movilidad urbana y regional fluida, reduzca la dependencia del vehículo privado, disminuya la congestión vial y las emisiones de gases de efecto invernadero, y garantice equidad de género y acceso universal a la movilidad.
[FA] 1. Incrementar la cobertura, frecuencia y calidad del transporte público, especialmente
[FA] 2. Reducir la saturación de las vías urbanas y carreteras, mediante un cambio modal
[FA] 3. Integrar infraestructura ciclista y peatonal con el transporte público, para mejorar la
[FA] 4. Impulsar políticas de transporte sostenible, con incorporación de energías limpias y
[FA] 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre municipalidades y entidades
[FA] Actualmente el país afronta una crisis en su infraestructura vial, a raíz de años de poca planificación e insuficiente mantenimiento. Desde la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) hasta la fecha, se ha privilegiado el modelo de concesión, sin embargo, este ha sido ineficiente y ha traído enormes retos a la planificación nacional. La mayoría de los informes de los últimos años muestran un consenso sobre la red vial en el país: se observa un deterioro y es urgente realizar acciones que ayuden a mitigar los problemas que causa una deficiente infraestructura vial y otro tipo de obras públicas. El análisis exhaustivo del estado de la infraestructura vial y portuaria en Costa Rica revela una situación compleja y multifacética. La brecha de infraestructura no es un problema meramente financiero, sino un problema sistémico de gestión, planificación y gobernanza. En el ámbito vial, el país sufre las consecuencias de un modelo de gestión obsoleto que ha provocado que el gasto en mantenimiento no se traduzca en mejoras tangibles, mientras que la falta de un portafolio de proyectos a largo plazo ha paralizado la posibilidad de capitalizar la inversión. El sector portuario, por su parte, presenta un panorama de éxito en el modelo de gestión privada, ejemplificado por la eficiencia de la terminal de contenedores de Moín. La decisión buses y tren, en la Gran Área Metropolitana y regiones clave. del vehículo privado hacia transporte público, bicicleta y movilidad peatonal. conectividad, seguridad y accesibilidad. medidas de reducción de emisiones. nacionales, para la planificación, ejecución y mantenimiento de proyectos de movilidad. de modernizar Puerto Caldera a través de una concesión es un reconocimiento tácito de la necesidad de replicar el modelo privado para mejorar la competitividad del Pacífico. Sin embargo, la ventaja obtenida en los puertos se ve seriamente comprometida por la deficiencia crónica de las carreteras que los conectan. El país ha invertido en "puertas de entrada" de alta tecnología, pero ha descuidado las "arterias" que alimentan el sistema, lo que ha generado un cuello de botella que limita su capacidad logística y competitiva. Para abordar estos desafíos, se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas, basadas en un enfoque holístico que trasciende la simple inyección de capital:
[FA] Según Gustavo Ortiz Madrigal (2023), el principal problema de infraestructura en el país es estructural, ya que presentamos un sistema obsoleto que hace necesario replantear el modelo mismo de infraestructura. Debemos cambiar de paradigma. En la actualidad existe una excesiva duración en la planificación y ejecución de nuevos proyectos de infraestructura, aunado a causas principales del rezago en infraestructura: inexistencia de una visión país de largo plazo para la infraestructura; la inexistencia de un sistema eficiente de gestión de infraestructura; una administración de la infraestructura sin criterios gerenciales ni técnicos; una ineficiente planificación y ejecución de nuevos proyectos; inexistencia de una lista de proyectos prioritarios a desarrollar; insuficiente e ineficiente inversión en infraestructura; inexistencia de sistemas de transporte público eficientes e interconectados; una mayoría de municipalidades sin planes reguladores, ni integración a un plan de transporte; grandes diferencias en costos de construcción de carreteras; baja participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura por medio de asociaciones público-privadas. Ante este panorama, debemos de cambiar la forma en que conceptualizamos la provisión de la infraestructura, enfocándonos en “infraestructura de calidad”. Debe entenderse que las obras públicas son obras del Estado y trascienden a los gobiernos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su publicación “ATLAS: infraestructuras viales para el desarrollo sustentable en Costa Rica” (2024), se refiere a su cartera de proyectos en el país
[FA] Reforma institucional y del modelo de gestión vial: se requiere una reforma profunda del modelo de gestión de las entidades a cargo de la infraestructura vial, en línea con las advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) y las auditorías del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR). El objetivo es crear un sistema transparente, eficiente y tecnológicamente avanzado que garantice que cada dólar invertido en mantenimiento y construcción genere un retorno medible. Planificación a largo plazo y creación de un portafolio de proyectos: es imperativo establecer una visión de infraestructura que trascienda los ciclos políticos de cuatro años. El país debe desarrollar y mantener un portafolio de proyectos definidos, con estudios de ingeniería y diseños actualizados, para que los recursos financieros, una vez disponibles, puedan ser asignados y ejecutados de manera expedita. Fiscalización rigurosa e integración del sistema logístico: la inversión en infraestructura debe ir de la mano de una fiscalización estricta que asegure la calidad de las obras y la eficiencia del gasto. Finalmente, es crucial que la planificación considere la infraestructura como un sistema interconectado, donde la inversión en puertos se sincronice con la mejora de las redes viales y ferroviarias que los conectan, lo que elimina los cuellos de botella y maximiza la competitividad logística del país en su conjunto”. y a la vital influencia de la infraestructura vial en aspectos como el acceso a la educación y la salud, a los mercados agropecuarios y cadenas de valor, su conectividad con PYMES y circuitos turísticos, el acceso a las áreas silvestres y protegidas, el respeto por los corredores biológicos, la construcción de pasos de fauna, la consideración de los riesgos ambientales (precipitación, humedad, temperatura), entre otros. Nuestra visión se define por una infraestructura adaptada al país, energéticamente eficiente, con resiliencia ante el cambio climático, respetuosa del medio ambiente, tanto de la flora como de la fauna, que incorpore a todas y todos quienes interactúan en el espacio, que planifique el futuro, que escuche a las personas. Queremos una red vial y puertos adecuados en todo el territorio nacional.
[FA] Propuestas para gobernar: Recuperar la capacidad de construcción y ejecución de obras por parte del MOPT,
[FA] Regular las contrataciones a empresas privadas de la construcción, con el objetivo
[FA] Establecer la planificación a largo plazo de obras de infraestructura, tomando en
[FA] Diversificar la adjudicación de contratos para el arreglo y el mantenimiento de vías,
[FA] Poner en funcionamiento las plantas de producción de mezcla asfáltica del MOPT,
[FA] Intervenir el proyecto de la carretera a San Carlos y revisar los contratos de
[FA] Intervenir e incluir recursos en la etapa de planificación de las labores de prediseño mediante la contratación de personal altamente calificado y la adquisición de maquinaria moderna para ejecutarlas de forma directa o mediante alianzas estratégicas y esquemas mixtos. Fortalecer su capacidad de fiscalización de las obras contratadas a terceros. de evitar casos de oligopolios en la construcción de obra pública. cuenta todo el ciclo de vida de los proyectos y las necesidades futuras de la población. Lo anterior se hará con un enfoque integral y participativo (gobierno, universidades, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos - CFIA, grupos empresariales y de la sociedad civil) que incluya la modernización de la infraestructura de transporte público en sus distintas modalidades, con miras a incidir en la reducción de los hidrocarburos en la matriz energética. Durante el primer año de gobierno, construiremos el Plan Nacional de Infraestructura Vial Urgente, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra población. frenando la concentración en pocas manos y dando prioridad a cooperativas y pequeñas empresas de las comunidades locales. ya sea a través del ministerio o mediante la entrega a las municipalidades. Se trata de plantas ubicadas en Colima de Tibás, Tajo Chopo en Cañas, Paso Real en Buenos Aires y Siquirres en Limón. Estas plantas podrían entregar la mezcla asfáltica a las empresas constructoras adjudicatarias de obras viales y su costo podría ser rebajado del precio de la contratación, además de abastecer a los municipios. construcción y supervisión de dicho proyecto, en vista de los grandes atrasos y cuestionamientos desde hace tantos años. de la construcción de obras viales, pues lo contrario ha hecho que se encarezcan y se alarguen los plazos. Algunas contrataciones se adjudican sin que se haya expropiado los terrenos necesarios ni previsto la relocalización de los servicios públicos ni concluido los estudios de suelos o ambientales. En esas condiciones, la
[FA] Impulsar estudios técnicos para ampliar las rutas incluidas en la red vial nacional,
[FA] Impulsar la modernización de los puertos de Moín y Caldera, mediante la inyección
[FA] Crear una Autoridad Portuaria Nacional, adscrita al MOPT, que asumirá con visión
[FA] Mejorar el nivel de servicios adoptando tecnologías de punta para el manejo físico
[FA] Mejorar las condiciones de gestión y fiscalización, mediante la revisión de tarifas y la
[FA] Certificar los servicios y que el Estado tenga control de su cumplimiento. Las
[FA] Promover la creación de industrias marítimas auxiliares, como una forma de ampliar
[FA] Establecer un Plan Nacional de Capacitación y Formación Portuaria, para recuperar
[FA] Transformar el Núcleo Náutico Pesquero del INA en Núcleo Marítimo Portuario y empresa adjudicada alega que no puede continuar la obra vial y que no es por su responsabilidad, entonces pide aplazamientos y sigue recibiendo dineros. En esta línea, es posible dar seguimiento al expediente 22470, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, propuesto por el Poder Ejecutivo 2018- 2022. dando énfasis a aquellas que permiten conexión entre zonas de montaña y costas, así como entre ciudades intermedias, con el fin de mejorar las dinámicas económicas regionales, el turismo, la generación de empleo, el acceso a servicios y las posibilidades de movilidad dentro del territorio para toda la población. En lo inmediato, promoveremos un mayor apoyo del MOPT a las municipalidades que tengan a cargo dichas vías, con el fin de desarrollar de manera conjunta proyectos de ampliación y mejoras. de recursos nuevos que permitan la inversión en infraestructura, revisión de los modelos de gestión portuaria y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. estratégica el desarrollo de ambos puertos nacionales, de cara a las condiciones de vinculación del país en la economía globalizada. Esta Autoridad integrará la estructura existente: Consejo Nacional Portuario, División Marítimo-Portuaria del MOPT y Presidencias Ejecutivas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). de las cargas, adecuar las infraestructuras marítimas, terrestres, de accesos y de interrelación con la ciudad-puerto y con la red nacional de transporte. capacitación del recurso humano en todos los niveles. auditorías de certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 deben aplicarse a los siguientes servicios: terminales de contenedores, terminales graneleras, terminales de cruceros, terminales de transbordo ro-ro (roll on-roll off), terminales de tráfico de mercancía general, compañías navieras, servicio de practicaje, servicio de amarre y desamarre, servicio de recogida de residuos generados por buques y terminales para el tráfico de automóviles nuevos. los servicios que se brindan a la carga, al buque, a las personas pasajeras y a su tripulación, para generar empleo en las zonas costeras. el control de los puertos nacionales y para el que se necesita personal capacitado en todos los niveles. brindar formación técnica a personas jóvenes de las zonas costeras, para el fortalecimiento y mejoramiento de los servicios portuarios, así como el mejoramiento socioeconómico de estas regiones.
[FA] Proponer al Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de las Ciudades
[FA] Frenar el proceso de privatización de los puertos nacionales, revisar los
[FA] Eliminar las trabas que impiden la adquisición de nuevas tecnologías, equipamientos
[FA] Analizar las oportunidades para que JAPDEVA sea un oferente de servicios
[FA] Dotar a JAPDEVA de la potestad de asumir los contratos de transporte y la
[FA] Preparar las condiciones para que, en el manejo de la Zona Marítimo Terrestre, la
[FA] Crear concejos de coordinación ciudad-puerto, con el fin de fortalecer la gobernanza
[FA] Implementar medidas adaptativas a la infraestructura vial a nivel de riesgo y cambio
[FA] Portuarias (PROCIP) de la UNED abrir la Maestría en Gestión del Sector Marítimo Portuario, presentada en el año 2012 ante el Consejo de Rectoría de esta universidad estatal. En materia de capacitación continua para profesionales del sector, se reactivará el Centro de Formación y Capacitación Portuaria (CENFOCAP) y se propondrá a la UCR fortalecer y diversificar la formación marítima que lleva a cabo con la carrera de Licenciatura en Marina Civil, en la Sede del Caribe. incumplimientos contractuales en las concesiones de los puertos del Pacífico y fortalecer JAPDEVA, eliminando los sesgos político-partidarios en su Junta Directiva, los abusos y la mala gestión de sus recursos. y demás inversiones necesarias para mejorar la prestación de servicios en JAPDEVA, así como establecer un sistema de control de los procesos para evitar actos de corrupción. complementarios, un nodo colector de cargas o un centro de negocios. Diseñar acciones coordinadas con la comunidad portuaria, que permitan ser utilizadas como una herramienta de atracción de cargas para la formación de una masa crítica que se convierta en una ventaja competitiva adecuada. responsabilidad total del servicio puerta a puerta, de origen a destino final, en concordancia con la creación de las terminales logísticas nacionales (TLN) en puntos de potencial logístico, además de responder –ante la persona o entidad usuaria– por toda la operación. Será necesario contratar o subcontratar los servicios que conforman la cadena completa, como el transporte terrestre de preembarque, los servicios portuarios de embarque, las empresas estibadoras que cargarán las mercancías en el puerto de embarque, al transportador marítimo que realizará el viaje marítimo, al estibador que descargará las mercancías en el puerto de destino, los servicios portuarios de descarga, de almacenaje o de entrega de las mercancías, las inspecciones pertinentes en dicho lugar, así como a los transportistas terrestres en el tramo del puerto al destino final.
[FA] Comisión Nacional de Emergencia y otros órganos del Estado puedan atender con efectividad los efectos del cambio climático en las costas, como tsunamis o la atención de personas migrantes climáticas, entre otras. y garantizar una buena planificación regional en las zonas costeras y los cantones impactados por las actividades portuarias. climático, según recomendaciones del LANAMME, estado de la infraestructura, diagnóstico, datos recientes, categorización de obras viales abordadas, rutas en estado crítico medio, rutas críticas, con base en los retos en infraestructura que afronta el país. Focos prioritarios serán las concesiones, expropiaciones, aumento de presupuestos, arbitrajes internacionales, inclusión de personas en el tema y, en general, velar por las problemáticas urgentes a resolver.
[FA] Fomentar y hacer obligatoria la incorporación de estructuras como pasos
[FA] Propuestas para legislar: Eliminar las juntas directivas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del
[FA] Crear mecanismos de participación ciudadana efectiva en la definición de
[FA] Apoyar e impulsar el proyecto de modernización de la carretera San José-San
[FA] Revisar y renegociar el contrato de concesión de la carretera San José-Caldera para
[FA] Reformar la Ley 7495 de Expropiaciones, para simplificar y agilizar los trámites que
[FA] Impulsar un proyecto para derogar la Ley General 7762 de Concesión de Obra
[FA] Reformar la Ley 7798 de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, para migrar de
[FA] El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de peatonales, ciclovías, carriles especiales, bulevares, etc., en áreas urbanizadas o de mayor concentración de población.
[FA] Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y trasladar sus recursos y personal al desarrollo de proyectos sustantivos de ejecución de obras por parte del MOPT. Igualmente, eliminar la Junta Directiva del Consejo Nacional de Seguridad Vial (COSEVI) y destinar sus recursos al fortalecimiento de la policía de tránsito y los programas de seguridad vial a cargo del MOPT. prioridades de inversión en obra pública, así como para la fiscalización directa de las obras en el ámbito local, por ejemplo, la modalidad prevista para la ampliación de la carretera San José-San Ramón.