oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[PNG] Policías especializadas: Convertir la Dirección de Inteligencia y Seguridad en una Dirección de Seguridad Estratégica (DSE), enfocada además del actual enfoque de seguridad nacional y soberanía, darle también enfoque en ciberseguridad, y crimen organizado. Dotarla de recursos para proteger infraestructuras críticas, coordinar respuestas a ciberataques y exigir auditorías de resiliencia. Crear una Policía de Ciberseguridad y Ciberdefensa contra fraudes electrónicos y criptomonedas. Fortalecer la PCD contra el narcotráfico con inteligencia y profesionalización, reubicando la Dirección de Tránsito al Ministerio de Seguridad y promoviendo ascensos meritocráticos.
[PNG] Fortalecimiento institucional y penitenciario: -Aprovechar el 54% ocioso de La Reforma (62.28 hectáreas) para una cárcel especializada en narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia. -Modernizar el Consejo Nacional de Seguridad como ente rector, fortaleciendo monitoreo, investigación de ciberdelitos y cooperación internacional contra redes transnacionales. Regular el uso de IA en seguridad, protegiendo derechos digitales. Fomentar Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) para financiar cámaras, IA y centros de datos, con empresas como Microsoft, Google y Cisco.
[PNG] Proponemos una transformación constitucional sustentada en un conjunto mínimo de ocho reformas urgentes, orientadas a modernizar y fortalecer el marco institucional del país. Estas reformas tienen como objetivo fundamental garantizar una mayor calidad en la representación política, la participación ciudadana en los asuntos públicos, y la justicia, respondiendo a las demandas contemporáneas de la ciudadanía.
[PNG] Reformaremos el proceso de elección de diputados mediante la implementación de nóminas individualizadas y el establecimiento de una carrera parlamentaria. Esta medida sustituirá el actual sistema de listas genéricas de aspirantes, y asegurará una representación más competente, directa y responsable, permitiendo al electorado identificar y evaluar individualmente a cada candidato.
[PNG] 2. Sistema de referendo a) Que la Constitución permita que pueda ser también por referendo una convocatoria a reforma general de la Constitución, otorgando al pueblo el poder soberano de decidir cambios estructurales que requiere el país. b) Habilitaremos el uso del referendo en materia de legislación relacionada con la seguridad pública, ampliando la participación ciudadana en temas cruciales para el orden y la convivencia nacional.
[PNG] 3. Elección y reelección de magistrados a) Exigiremos como requisito mínimo para optar por un cargo magistral, independientemente de la edad del aspirante, al menos 18 años de ejercicio activo en la profesión de abogado, con el fin de garantizar la experiencia y calidad técnica de los futuros magistrados. b) Estableceremos un plazo máximo de 14 años en el ejercicio del cargo de magistrado, distribuido en un primer nombramiento conforme al plazo constitucional vigente y, en caso de reelección no rechazada por el Congreso, un segundo y último período de hasta 6 años. Esta disposición evita la perpetuación en el poder y promueve la renovación de criterios en la alta magistratura.
[PNG] 4. Jurisdicción constitucional y ministerio publico a. Impulsaremos la independencia plena de la Sala Constitucional respecto de la Corte Suprema de Justicia, garantizando su autonomía funcional, organizativa y presupuestaria, como órgano supremo en la defensa del orden constitucional. b) Prohibiremos expresamente la reinterpretación de los fallos constitucionales y el abuso interpretativo, salvo en los supuestos estrictamente establecidos por la ley, para preservar la seguridad jurídica, la coherencia institucional y la estabilidad del orden constitucional. c. Impulsaremos vía constitucional la independencia plena del Ministerio Público respecto de la Corte Suprema de Justicia, garantizando su autonomía funcional, organizativa y presupuestaria, como órgano supremo en la persecución del delito.
[PNG] 5. Reforma constitucional para evitar duplicidades en las entidades
[PNG] Con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la administración pública, se promoverá una reforma constitucional que habilite la reducción del número de entidades e instituciones públicas mediante cláusulas de supresión, fusión o integración funcional. Actualmente, la proliferación de entes autónomos con estructuras paralelas y competencias duplicadas ha generado un aparato estatal fragmentado, costoso y difícil de coordinar. Esta reforma permitirá una reestructuración ordenada y jurídicamente segura, orientada a la eliminación de duplicidades, la concentración de funciones esenciales y la mejora en la prestación de servicios públicos, sin menoscabar el principio de autonomía cuando sea realmente necesario y justificado. La meta es un Estado más compacto, transparente y orientado a resultados.
[PNG] Estas reformas, de carácter urgente, pretenden impulsar un cambio profundo en el funcionamiento del Estado costarricense. A través de ellas, buscamos asegurar una mayor calidad en la representación democrática, la participación ciudadana y la administración de justicia, en plena sintonía con las necesidades y desafíos del presente siglo.
[PNG] Nuestra propuesta de autosuficiencia en energía limpia, confiable, eficiente y a buen precio
[PNG] El apagón del 9 de mayo en Costa Rica, un corte de energía masivo que afectó tanto a hogares como a industrias, es una muestra palpable de los riesgos que implica una dependencia excesiva de energías renovables que para nuestra realidad nacional no son estables. Si bien reconocemos que la energía eólica y solar debe mantenerse, advertimos que, por nuestra
[PNG] UNA GRAN TRANSFORMACIÓN EN LA ENERGIA realidad geográfica y ambiental nacional, no puede ser vista como una panacea de la sostenibilidad.
[PNG] Es obvio, por ejemplo, que Costa Rica no tiene los niveles de radiación solar que poseen lugares como Marruecos, y nuestros cielos pasan dominantemente nublados durante buena parte del año correspondiente a los casi siete meses invernales. Además, la variabilidad e imprevisibilidad del viento, que muchas veces no sopla con regularidad ni en la cantidad necesaria, nos expone a una falta de estabilidad energética que es inaceptable para un país con la ambición de mantener su competitividad industrial y la calidad de vida de su población. Pero, sobre todo, con la descomunal abundancia de otros recursos, como el hídrico, que incluye la fuente mareomotríz.
[PNG] El problema no es solo técnico, sino también político y económico. La industria de las energías renovables, con su dependencia de inversiones extranjeras y la instalación de equipos que se compran en el extranjero, parece estar motivada más por intereses económicos particulares que por el bienestar nacional.
[PNG] Los sectores privados que promueven este tipo de energía han sido beneficiarios de fondos públicos, pero estas tecnologías dependen de las variables caprichosas de nuestra irregular radiación solar o la intensidad del viento, y no han funcionado en otras partes del mundo, como Alemania, donde políticas similares han llevado a problemas con el suministro de energía a las industrias de ese país, por lo que el país debe ser responsable con su realidad local.
[PNG] Costa Rica, un país con unas condiciones geográficas únicas y con un potencial hidroeléctrico impresionante, no puede desperdiciar recursos públicos ni arriesgar la eficiencia de su matriz energética.
[PNG] Proyectos hidroeléctricos como el de Diquís, que fue cerrado por prejuicios ideológicos durante el gobierno de Carlos Alvarado, era un proyecto viable, y además absolutamente apropiado y sostenible para nuestras condiciones geográficas y climáticas de alta humedad y abundancia de agua. Este es un proyecto que no se podría replicar en países con menos recursos hídricos, pero en Costa Rica se ha malgastado ya cientos de millones de dólares en él para terminar cerrándolo. Mientras tanto, se han perdido oportunidades de generar energía limpia y fiable.
[PNG] Es fundamental que el país recupere la cordura y apueste por proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, o mareomotrices, completamente compatibles con nuestra infraestructura natural. La energía geotérmica, basada en nuestros volcanes, es una de las formas más prometedoras de energía limpia y sostenible, que puede satisfacer nuestras necesidades de energía sin depender de la volatilidad de las energías renovables.
[PNG] Además, la energía mareomotriz, gracias a nuestras grandes costas, nuestro gran mar patrimonial y condiciones geográficas, también representa una opción perfectamente viable para diversificar nuestras fuentes de generación.
[PNG] La energía térmica por combustible fósil, aunque ha sido necesaria en ciertas circunstancias debido a la falta de desarrollo del sector eléctrico, debe minimizarse y no puede ser vista como una solución a largo plazo. Costa Rica no es un país productor de carbón, por lo que la dependencia de fuentes térmicas no es una alternativa lógica ni sostenible.
[PNG] El estado debe garantizar una energía estable, autosuficiente y económica, centrando su estrategia en diversificación de las fuentes de generación, pero nunca dependiendo de energías como la solar o eólica, que son impredecibles y que, a largo plazo, solo generan costos elevados y problemas de fiabilidad. Estas energías deben quedar relegadas a la iniciativa privada, bajo el principio de diversificación, pero sin que el país dependa de ellas para garantizar su seguridad energética.
[PNG] Los proyectos privados pueden contribuir al mix energético, pero sin comprometer la estabilidad de la producción eléctrica nacional solo para beneficiar sectores particulares. El futuro energético de Costa Rica debe ser fundamentado en fuentes confiables, sostenibles y autosuficientes, sin caer en la trampa de ideologías que solo sirven para enriquecer a unos pocos y empobrecer al país.
[PNG] Energía eléctrica abundante y a buen precio: base de la productividad el progreso y la libre empresa
[PNG] La energía barata no es un regalo fortuito, sino el fruto de instituciones que fomentan la competencia y estimulan la inversión. Un marco regulatorio sólido y políticas públicas orientadas al desarrollo de infraestructuras eficientes, como electricidad y transporte, crean el ambiente propicio para que el sector privado se sume a la expansión económica. Estas condiciones permiten que el costo de la energía se mantenga en niveles competitivos, lo cual es esencial para sostener el crecimiento económico a largo plazo.
[PNG] Sin energía asequible, las pequeñas empresas enfrentan barreras casi insuperables para escalar. Es matemática pura: costos bajos generan mayores oportunidades, ya que reducen el gasto operativo y permiten reinvertir en innovación, contratación y expansión. Al disminuir el costo de producción, se incentiva la competitividad en el mercado, permitiendo a estas empresas no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno que premia la eficiencia y la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado.
[PNG] Desde siempre esta ha sido una verdad físico-matemática y económica, desde Paul Rosenstein-Rodan en los años 1960s, hasta los recientes premios nobel Esther Duflo, Paul Romer o Daron Acemoğlu. No obstante, la ideología extremista y globalista de los últimos gobiernos, ha preferido llevar a los costarricenses a la pobreza, la violencia y el subdesarrollo.
[PNG] El crecimiento económico no se reduce únicamente a la acumulación de capital y trabajo; también depende de la generación de ideas y la organización inteligente de los recursos. La energía barata actúa como un multiplicador de estos, que fomenta tanto la innovación como la eficiencia organizacional. Al facilitar el acceso a recursos energéticos de bajo costo, se estimula el desarrollo de nuevos procesos productivos y modelos de negocio, lo que resulta en un círculo virtuoso de inversión, productividad y competitividad que impulsa el progreso en todos los sectores de la economía.
[PNG] Costa Rica ha sido pionera en el desarrollo de energías sostenibles, explorando tecnologías que armonicen con el medio ambiente. Aunque su plan energético fue exitoso por años, recientemente ha mostrado vulnerabilidades, requiriendo un análisis profundo para mantenerse a la vanguardia. El país debe definir sus recursos energéticos y optimizar su aprovechamiento.
[PNG] Debemos valorar seriamente el reinicio del Proyecto hidroeléctrico de El Diquís
[PNG] Una represa hidroeléctrica es una infraestructura multifuncional que aporta significativos beneficios a nivel ambiental, social y económico. Por un lado, permite la generación de energía limpia y renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, mientras que el embalse asociado juega un papel crucial en la contención de grandes crecidas del río, evitando inundaciones, erosión y protegiendo las áreas circundantes. Además, este embalse crea un entorno ideal para el desarrollo de la acuacultura, lo que diversifica la producción alimentaria local, y se convierte en un atractivo turístico gracias a su belleza escénica, generando actividades recreativas y fortaleciendo los encadenamientos productivos en la región.
[PNG] Por otro lado, la construcción y operación de la represa impulsa la generación de decenas de miles de empleos directos e indirectos, dinamizando la economía regional y nacional. Esta infraestructura se enmarca dentro de una estrategia ecosostenible, ya que promueve la protección de cuencas, la reforestación de áreas adyacentes y la mejora en la filtración de aguas en mantos acuíferos, contribuyendo al manejo sostenible de los recursos hídricos. En conjunto, estos beneficios evidencian cómo la represa hidroeléctrica se erige como una solución integral que, a través de la combinación de innovación tecnológica y armonía con el medio ambiente, fomenta un desarrollo equilibrado y resiliente.
[PNG] Lamentablemente por los sesgos ideológicos extremistas y globalistas de las anteriores administraciones, la estabilidad energética del país se encuentra en estado vulnerable, encareciendo precios lo cual en el caso del aborto del proyecto El Diquís por el expresidente Carlos Alvarado, dejó en el desperdicio 146 millones de dólares según información publicada por la prensa nacional. Esta incoherencia de políticos radicalizados que afecta a millones de costarricenses debe parar.
[PNG] Valoraremos con seriedad el reinicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquis (PHED) 835 MW
[PNG]  Generar 835 MW de energía que abaratará los bolsillos del pueblo y
[PNG]  Dónde: 12,580 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas  Acompañado de un nuevo proyecto eco-turístico como lo hay ahora
[PNG]  Se implementará un proyecto ecológico de acua-cultura gestionado
[PNG]  Mitigar las inundaciones. Actualmente las crecidas del río barren las
[PNG]  Los embalses de agua son siempre lugares predilectos de la fauna
[PNG]  El embalse aumenta la filtración de aguas para los mantos acuíferos.  Decenas de miles de empleos tanto profesional como no-profesional,
[PNG]  Desarrollo del ecoturismo en la zona para beneficio del cantón y sus
[PNG] Costa Rica posee abundantes recursos en mares y geotermia volcánica. Su experiencia geotérmica comenzó en 1994 con Miravalles I en Bagaces, la producción industrial, reduciendo la pobreza en el país. en la zona de Arenal, para beneficio de los vecinos y comunidades indígenas. por la comunidad indígena y lugareños para producir y vender pescado de agua dulce al mercado nacional. comunidades, las condiciones de desarrollo sostenible son idóneas, para la comunidad indígena representará oportunidades de desarrollo de sus familias, negocios, trabajo, para el ambiente será un ingenio humano que contiene las fuerzas agrestes del cauce del río. silvestre por la sinergia de la diversidad que genera. tanto en la etapa de construcción, como de gestión, vigilancia del embalse, además de puestos de empleo, atracción del turismo, oportunidad para los vecinos de aprovechar con pequeños hoteles,
[PNG] “Encadenamientos” productivos, prosperidad y revitalidad económica para miles de personas. vecinos. generando 55 MW anuales. Actualmente, cuenta con 6 plantas (Miravalles I, II, III, IV, Pailas I y II), produciendo 250 MW anuales, aunque el potencial total es de 1750 MW. Se propone aumentar 250 MW en 6 años y progresar hasta 1500 MW adicionales. Esta energía es estable, de costo razonable, y el ICE ha demostrado beneficios comunitarios, como la regeneración de bosques. En Bagaces, 14 millones de metros cuadrados de tacotales se convirtieron en reservas forestales, potenciando el turismo.
[PNG] Expansión geotérmica en volcanes (Miravalles y Pailas)
[PNG]  Aumentar la explotación geotérmica en 250 MW en 6 años, i) Dónde: En las existentes plantas Miravalles I, II, III, IV (Bagaces) y
[PNG] Se plantea un proyecto de 300 MW usando el movimiento de olas, liderado por el ICE. Comparado con Reventazón (300 MW, costo de 1600 millones de dólares), países como Corea del Sur han generado 250 MW mareomotrices por 350 millones de dólares con la planta Sihwa (600 millones de KWH/año). Francia, con Rance Tidal, produce 540 millones de KWH/año. La energía mareomotriz y undimotriz (con olas de 1.5 metros, potencial de 500 MW o más) es renovable, muy limpia y de bajo costo. En sitios como Caldera, construiremos rompeolas que generarán energía y protegerían propiedades, fomentando el turismo local.
[PNG] Desarrollar 300 MW con tecnologías mareomotrices (mareas) y
[PNG] Dónde: En áreas costeras como Caldera, usando rompeolas para generar
[PNG] Antecedentes internacionales: Inspirado en Rance Tidal (Francia, 540 progresando hasta 1500 MW adicionales.
[PNG] Pailas I, II (Rincón de la Vieja), aprovechando el potencial total de 1750 MW en volcanes.
[PNG] Antecedentes: Usar la experiencia del ICE para ampliar la capacidad, mejorar la estabilidad energética y fomentar reforestación (ejemplo: 14 millones de m² restaurados en Bagaces). undimotrices (olas de 1.5 m). energía y proteger propiedades de los lugareños.
[PNG] Este tipo de propuestas como la del proyecto del Diquís o las geotérmicas, han demostrado fomentar el ecoturismo, el desarrollo sostenible y buscan maximizar recursos geotérmicos, marítimos y eólicos, con ubicaciones clave y tecnologías definidas, promoviendo sostenibilidad y eficiencia.
[PNG] Gas Natural, hacia una fuente de energía más limpia y sostenible. Así clasificaron los expertos de Europa a la energía proveniente del gas natural en resolución del Parlamento Europeo llamada Acta delegada Complementaria sobre el Clima (Complementary Climate Delegated Act) aprobada el 6 de julio de 2022 en el marco del programa Taxonomía de la Unión Europea para Actividades Sostenibles (EU Taxonomy for Sustainable Activities).
[PNG] Se propone una reforma a la ley 7356 para permitir a RECOPE y otros agentes del mercado la importación de gas natural, lo que abarataría el costo energético y reduciría las emisiones contaminantes del parque vehicular costarricense.
[PNG] El gas natural es más barato que los combustibles actuales: su poder calórico es de 37,000 BTU por metro cúbico, frente a los 115,400 BTU de la gasolina y 92,000 BTU del GLP. Por lo tanto, el gas natural es un 15% más barato que el GLP y 60% más barato que la gasolina.
[PNG] Además, el gas natural emite un 25% menos CO2 que los derivados del petróleo y no produce dióxido de azufre ni partículas sólidas, lo que lo hace más limpio y eficiente. La combustión del gas natural genera dos moléculas de agua por cada molécula de CO2, a diferencia de los hidrocarburos de cadena larga, que generan una sola molécula de agua por cada CO2.
[PNG] La factura petrolera de Costa Rica supera los 1,500 millones de dólares anuales, lo que resalta la importancia de buscar fuentes de energía menos costosas. Por ejemplo, el gas natural podría sustituir al diésel en el transporte público, reduciendo tarifas y mejorando el impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
[PNG]  Dónde: A nivel nacional, modificando la legislación vigente (Ley 7356).  Cómo: Permitiendo a RECOPE (sin contratar personal adicional) y otros agentes del mercado importar gas natural.  Levantar restricciones legales para abaratar costos energéticos (15% millones de KWH/año) y Sihwa (Corea del Sur, 600 millones de KWH/año, 300 millones de dólares), más eficiente que Reventazón (300 MW, 1600 millones de dólares). más barato que GLP y 60% más que gasolina) y reducir emisiones (25% menos CO2 que derivados del petróleo)
[PNG] Sustitución de diésel por gas natural en transporte público
[PNG]  Dónde: En el parque vehicular costarricense, específicamente transporte público.  Cómo: Reemplazar el diésel con gas natural como combustible principal.  Metas: 1. Reducir tarifas de transporte y emisiones contaminantes (no produce dióxido de azufre ni partículas sólidas)
[PNG] Estas propuestas buscan integrar el gas natural como una alternativa más limpia y económica en Costa Rica, alineándose con sostenibilidad y eficiencia energética.
[PNG] Objetivo: Convertir los residuos sólidos urbanos generados en el Gran Área Metropolitana (GAM) en una fuente limpia de energía, disminuyendo la presión sobre rellenos sanitarios y reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Propuesta: - Instalación de una planta de valorización de residuos con tecnología de conversión térmica (pirolisis, gasificación o incineración controlada) bajo los más altos estándares europeos de control ambiental. - Localización estratégica en las cercanías del GAM para optimizar la logística de recolección y transporte. - Integración con las redes eléctricas nacionales mediante alianzas con el ICE y empresas distribuidoras. - Participación público-privada en el diseño, construcción y operación de la planta, con estricta supervisión ambiental.
[PNG] Beneficios: - Reducción de más del 80% del volumen de residuos enviados a rellenos sanitarios. - Generación de energía eléctrica equivalente al consumo de decenas de miles de hogares. - Creación de empleo directo e indirecto en el sector ambiental y energético. - Mitigación del cambio climático y cumplimiento de compromisos internacionales.
[PNG] Fundamento Legal: -Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.° 8839)
[PNG] - Convenios internacionales sobre cambio climático y gestión de residuos ratificados por Costa Rica.
[PNG] Propuesta para el Desarrollo de Infraestructura general y también en transporte: Hacia una solución integral para el desarrollo de infraestructura, para la movilidad y el turismo.
[PNG] Costa Rica enfrenta una serie de desafíos estructurales en su infraestructura y comunicaciones, los cuales se han agudizado por el crecimiento de la población y la insuficiencia de soluciones adecuadas en términos de transporte y conectividad. La crisis en el sistema vial, la congestión de las principales arterias, la falta de un sistema ferroviario moderno y la presión sobre los recursos naturales y el turismo son problemas urgentes que requieren una respuesta integral. La visión de transformación de Costa Rica debe girar en torno a la modernización de las infraestructuras, la optimización de los recursos existentes y el impulso de nuevas soluciones tecnológicas y sostenibles.
[PNG] Resumen de Propuestas:
[PNG] Estas propuestas buscan no solo resolver los problemas inmediatos de infraestructura y movilidad, sino también preparar a Costa Rica para un futuro más sostenible, accesible y económico para sus ciudadanos y turistas. A continuación, se desarrolla la idea central de cada una:
[PNG] Proponemos, a) un inventario nacional de obra pública urgente, b) un inventario nacional de obra en concesión c) Reformar el modelo de concesión de obra.
[PNG] Por qué Costa Rica debe establecer un gran inventario nacional de obra pública urgente
[PNG] La infraestructura pública es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de un país. En Costa Rica, sin embargo, recientes denuncias periodísticas, como la realizada por Multimedios canal 8 el día 24 de marzo del 2025, en la que quedaba al desnudo que los responsables de obras en el Mopt no tenían claro los puentes que requerían arreglo urgente, entre otras necesidades, han puesto en evidencia una preocupante carencia de información integral y actualizada sobre el estado de la obra pública nacional. Este vacío informativo impide una gestión técnica, transparente y eficiente de los recursos públicos. Frente a este escenario, se hace indispensable la creación de un gran inventario nacional de obra pública, como herramienta estratégica para la planificación, ejecución y fiscalización de las inversiones del Estado.
[PNG] Base legal para la planificación del desarrollo y la inversión pública
[PNG] La Constitución Política de Costa Rica establece, en su artículo 140 inciso 6), que es deber del Poder Ejecutivo “proveer lo conducente al desarrollo de las obras públicas y servicios públicos”. Asimismo, la Ley General de la Administración Pública impone a la Administración activa el principio de planificación y racionalidad administrativa (art. 4), lo que exige tomar decisiones sobre base de datos verificables, análisis técnico y objetivos claros. En el ámbito específico de la inversión pública, el Decreto Ejecutivo No. 41103-PLAN-H, que regula el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), obliga a que toda inversión estatal sea registrada y evaluada en función de su viabilidad, sostenibilidad y prioridad.
[PNG] No obstante, el cumplimiento efectivo de estas disposiciones se ve debilitado si el país no cuenta con un instrumento básico: un inventario nacional, actualizado y georreferenciado, que identifique cada obra pública existente —carreteras, puentes, acueductos, centros educativos, hospitales, edificios públicos, etc.—, su estado de conservación, fecha de construcción, mantenimientos realizados, entidad responsable y proyecciones de vida útil.
[PNG] Razones administrativas: eficiencia, control y transparencia
[PNG] Desde la perspectiva administrativa, un inventario nacional permitiría mejorar radicalmente la eficiencia en el uso de los recursos. En lugar de invertir de forma fragmentada, poco coordinada o incluso duplicada, el Estado podría asignar presupuesto priorizando obras críticas, con base en criterios técnicos y sociales claros.
[PNG] Además, este inventario actuaría como un instrumento de control y fiscalización. Las entidades como la Contraloría General de la República, la
[PNG] Defensoría de los Habitantes y la ciudadanía misma podrían acceder a la información para evaluar el cumplimiento de metas y la calidad de la infraestructura. Esto se traduce directamente en mayor transparencia y lucha contra la corrupción, al dificultar la manipulación política de los recursos públicos y la discrecionalidad sin rendición de cuentas.
[PNG] Razones políticas: equidad territorial y legitimidad institucional
[PNG] Políticamente, un inventario nacional también es clave para avanzar hacia una distribución más equitativa del desarrollo entre las regiones del país. En ausencia de datos, muchas comunidades rurales quedan al margen de las inversiones estructurales, profundizando la brecha entre el Valle Central y las zonas costeras o fronterizas.
[PNG] Un sistema nacional de información en infraestructura permitiría fundamentar las decisiones presupuestarias en necesidades reales, no en conveniencias electorales. Ello fortalecería la legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía, demostrando que el Estado responde con seriedad y técnica a las urgencias del país.
[PNG] Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL han recomendado a los países de América Latina desarrollar observatorios de infraestructura y sistemas nacionales de información como condición previa para acceder a financiamiento internacional y para mejorar la eficacia del gasto público. Países como Chile, Colombia y México han avanzado en esta dirección con buenos resultados.
[PNG] En Costa Rica, si bien existen esfuerzos parciales, como los registros del MOPT, el SNIP del MIDEPLAN, y el sistema de planificación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), no existe un sistema integrado, actualizado y público que consolide toda la información en una sola plataforma interoperable.
[PNG] Un gran inventario nacional de obra pública no es un lujo, sino una urgencia estructural. Su creación permitiría no solo cumplir principios constitucionales y legales, sino también mejorar la eficiencia, transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos. Para lograrlo, se requiere interoperables y una reforma institucional que obligue a todas las entidades públicas a reportar de forma periódica y estandarizada su infraestructura. Solo así Costa Rica podrá garantizar una verdadera política pública de infraestructura al servicio de toda su población.
[PNG] B) Reformar la legislación de concesión.
[PNG] La concesión es una figura jurídica mediante la cual el Estado costarricense encarga a un tercero, desde el diseño, y planificación, los recursos financieros para su construcción, hasta la edificación y conservación, ampliación o reparación de cualquier obra pública, a cambio de sumas cobradas a los usuarios de la obra o a quienes se benefician de ella.
[PNG] Reformar la Ley: Nuestra propuesta no está conforme con el modelo nacional de concesión de obra pública. Se ha convertido en un sistema burocrático para que los mismos de siempre sean los que se adjudiquen las grandes obras que luego tiene que pagar el ciudadano con impuestos. Esto ha desembocado en grandes escándalos que actualmente se encuentran en los tribunales.
[PNG] Falta de competencia y prácticas monopolísticas: la no promoción de la libre competencia ha hecho que grupos de interés económico se conglomeren en una especie de socialismo de derecha que crea una casta privada y privilegiada con los mismos trágicos resultados de los socialismos populistas que se enriquece ilegítimamente a expensas del dinero público.
[PNG] Promoción de la Competencia y Combate a Monopolios: Por reforma legal la concesión de obra debe promocionarse efectivamente y no solo en el papel, también para empresas extranjeras no solo regionales sino en otros continentes, buscando siempre el abaratamiento de costos de empresas más competitivas en el sector de la construcción. Los políticos de siempre, viejos y nuevos, parecen muy felices con esta dinámica que también constituye corrupción. A Costa Rica le sale carísimo construir obra pública con los mismos de siempre, que tienen acaparado el mercado. Esto debe terminar. El dinero público debe usarse de manera eficiente para que alcance en todos los proyectos de desarrollo socioeconómico.
[PNG] Actualmente existen muy pocas obras en marcha bajo este diseño, al punto que en este momento están plenamente en desarrollo únicamente dos a saber: el corredor vial intersección ruta 4 San José, en el Zurqui, y el inicio del Parque Braulio Carrillo, y el corredor vial San José Cartago.
[PNG] Este modelo debe mejorarse de acuerdo a lo ya anteriormente explicado, y ejecutarse con mucha mayor intensidad para alcanzar la dinamización de la economía y el desarrollo. Para ello proponemos además que el Estado costarricense formule un gran inventario nacional de concesión de obra pública para ser aprobado por el consejo de concesiones a más tardar dentro de los próximo dos a tres años.
[PNG] ¿Por qué Costa Rica debe reimpulsar la obra pública por concesión? Una urgencia ante la parálisis del modelo actual
[PNG] La obra pública por concesión ha sido, en muchas partes del mundo, una herramienta eficaz para ejecutar proyectos de infraestructura de gran envergadura sin comprometer de inmediato los recursos fiscales del Estado. Costa Rica no ha sido ajena a este mecanismo, regulado por la Ley de Contratación Administrativa y, de manera más específica, por la Ley General de Concesión de Obra Pública (Ley N.º 7762). Sin embargo, en los últimos años, el modelo ha caído en una preocupante parálisis. Prácticamente no existen proyectos nuevos en desarrollo ni en cartera inmediata. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la capacidad del país para cerrar sus brechas de infraestructura y evidencia la necesidad urgente de replantear, modernizar y reimpulsar el sistema de concesiones.
[PNG] La Ley N.º 7762 establece que la concesión de obra pública es un contrato mediante el cual el Estado transfiere temporalmente a una persona física o jurídica, nacional o extranjera, la ejecución, mantenimiento y operación de una obra pública, con la posibilidad de explotar su uso para recuperar la inversión. Esta modalidad pretende aplicar los principios de eficiencia, continuidad del servicio, sostenibilidad financiera, y promoción de la inversión privada en beneficio del interés público.
[PNG] La Contraloría General de la República, en múltiples informes, ha reconocido la validez del modelo y ha recomendado su fortalecimiento, siempre y cuando se asegure la transparencia, la debida fiscalización y la distribución equilibrada de los riesgos entre el Estado y el concesionario, algo que como ya indicamos, no ha ocurrido regularmente.
[PNG] La crisis actual: casi sin proyectos, sin visión y sin dinamismo
[PNG] Pese a sus fundamentos legales y su potencial estratégico, el sistema costarricense de concesión de obra pública se encuentra virtualmente estancado. El caso paradigmático sigue siendo la polémica Ruta 27, concesionada a inicios del siglo XXI y aún hoy el proyecto más representativo de esta modalidad. Desde entonces, pocos han sido los proyectos exitosamente concesionados, y menos aun los que están en ejecución o planificación avanzada.
[PNG] Las causas de este estancamiento son múltiples: marcos normativos engorrosos, excesiva judicialización de los procesos, ausencia de liderazgo político y concentración monopólica de participantes, temor institucional al riesgo reputacional y falta de una unidad ejecutora sólida que centralice el diseño, licitación y seguimiento de concesiones. Como resultado, Costa Rica ha quedado rezagada respecto a otros países de la región en el uso de asociaciones público-privadas como motor de infraestructura.
[PNG] Razones administrativas y económicas para reactivar el modelo
[PNG] La urgencia de inversión en infraestructura vial, portuaria, educativa, hospitalaria y digital no puede esperar. Las limitaciones fiscales actuales impiden que el Estado costarricense afronte por sí solo todas estas necesidades. Según datos de la Contraloría y del Estado de la Nación, el déficit en infraestructura supera el 5% del PIB. En este contexto, la obra pública por concesión no solo es útil: es indispensable.
[PNG] Desde un punto de vista administrativo, reactivar las concesiones permitiría descongestionar al MOPT y a los órganos ejecutores como CONAVI, transfiriendo parte del esfuerzo técnico y financiero al sector privado, sin perder la rectoría estatal. Ello permitiría ejecutar proyectos complejos con mayor celeridad, incorporando tecnología, innovación y estándares internacionales.
[PNG] Razones políticas: visión de largo plazo y equidad regional
[PNG] Políticamente, el relanzamiento de un modelo de concesiones bien estructurado permitiría ejecutar proyectos estratégicos que de otro modo quedarían relegados indefinidamente. Esto incluye carreteras alternas al Valle Central, trenes de carga y pasajeros, terminales portuarias, acueductos regionales, centros logísticos o nodos de conectividad digital.
[PNG] Además, podría ser un instrumento clave para avanzar en la equidad territorial, desarrollando infraestructura en zonas costeras, fronterizas y rurales que tradicionalmente han sido postergadas por los esquemas centralizados de inversión pública. Para ello, se requiere una visión de largo plazo que supere los ciclos electorales y que garantice la sostenibilidad política y social de los contratos.
[PNG] Condiciones para el éxito: institucionalidad, transparencia y planificación estratégica
[PNG] Reactivar el modelo de concesión no implica repetir errores del pasado. Para que sea exitoso, el país debe reformar el marco institucional que hoy fragmenta la responsabilidad en múltiples órganos sin coordinación efectiva. Se requiere un ente técnico especializado, autónomo y con legitimidad, que concentre la planificación, estructuración y seguimiento de las concesiones.
[PNG] Además, debe garantizarse la máxima transparencia en los procesos, la participación ciudadana desde la etapa de formulación, y el monitoreo activo de la ejecución contractual. La experiencia internacional demuestra que los modelos de asociación público-privada funcionan cuando existe claridad de objetivos, asignación adecuada de riesgos, reglas claras y confianza institucional.
[PNG] Costa Rica no puede darse el lujo de renunciar a una de las herramientas más eficaces para financiar y ejecutar infraestructura estratégica en tiempos de restricciones fiscales. La ausencia de nuevos proyectos en concesión no es señal de que el modelo haya fracasado, sino de que además ha sido abandonado. Es hora de reactivarlo con visión técnica, liderazgo político y reformas estructurales. La infraestructura que Costa Rica necesita para su competitividad, equidad y resiliencia depende de decisiones valientes. Una de ellas es devolverle al modelo de concesión el lugar que le corresponde en el futuro del país.
[PNG] Al margen de lo que pueda deparar un inventario nacional de obras, presentamos a continuación algunas obras de infraestructura estratégica en distintas áreas de la actividad económica que podrían hacerse por concesión o bien podría buscarse otras vías de creación a través de convenios y alianzas entre el Estado costarricense en alianza internacional Estado-Estado, o público-privadas.
[PNG] Desarrollo Aeroportuario Integral y Estratégico para Costa Rica
[PNG] Costa Rica se encuentra en un momento clave de su desarrollo, en el cual resulta imperativo dar el salto hacia una infraestructura aeroportuaria moderna, robusta y visionaria que le permita consolidarse como un destino turístico de primer nivel y como un centro logístico aéreo del continente. La saturación progresiva del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el reestructuración integral del sistema aeroportuario nacional.
[PNG] 1. Justificación estratégica y económica Actualmente, Costa Rica recibe aproximadamente 2.5 millones de turistas al año. No obstante, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal puerta de entrada al país, se encuentra próximo a agotar su capacidad operativa máxima. Esta situación representa no solo un riesgo para la competitividad del país, sino una oportunidad clara para impulsar el desarrollo mediante la construcción de nuevos aeropuertos internacionales, con mayor capacidad técnica, operativa y logística.
[PNG] El desarrollo aeroportuario ha demostrado ser un catalizador clave en múltiples regiones del mundo, ya que el tráfico y circulación de personas y bienes genera dinamismo económico, impulsa el empleo, estimula la inversión privada y mejora la competitividad del país. Es por ello que se plantea la construcción inmediata de dos nuevos aeropuertos internacionales: uno en el Caribe costarricense (ampliación del actual aeropuerto de Limón central) y otro en la zona Pacífico Central (preferiblemente en Orotina, donde ya existen estudios técnicos pagados y ubicación estratégica).
[PNG] 2. Propuesta técnica y funcional a) Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón: permitirá conectar directamente al Caribe costarricense con los principales mercados emisores de turistas, facilitando el desarrollo turístico, comercial e inmobiliario de esta región históricamente relegada del desarrollo nacional. b) Construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en Pacífico central, con alta posibilidad en Orotina: con potencial para convertirse en un HUB aéreo continental e intercontinental, dada su ubicación estratégica, ya con estudios pagados y valorados. Este aeropuerto complementaría el Juan Santamaría y permitiría descongestionarlo, especializando el Santamaría en carga, aviación doméstica, aviación internacional dirigida únicamente al valle central, y mantenimiento de aeronaves mediante COOPESA.
[PNG] 3. Sinergia con otros proyectos estratégicos Este plan es coherente con otras iniciativas estructurales propuestas en nuestro programa de gobierno, tales como el desarrollo de parques ecoturísticos en el Caribe y la zona sur, así como el corredor logístico internacional de mercancías. El fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria es indispensable para sostener un incremento de la visitación turística de 2.5 millones a 5.5 millones de visitantes anuales.
[PNG] 4. Costa Rica como HUB Aéreo Internacional Ubicado en el centro del continente americano, nuestro país cuenta con condiciones geográficas inmejorables para convertirse en un nodo de conexión aérea entre Norte y Suramérica, así como un punto de enlace con
[PNG] Europa y Asia. Al dotarse de más aeropuertos internacionales modernos, Costa Rica podría competir directamente con los HUBs de Tocumen (Panamá) y Comalapa (El Salvador), atrayendo escalas técnicas, vuelos de conexión, y fomentando negocios, ferias internacionales y turismo corporativo.
[PNG] 5. Viabilidad económica y modelo de inversión La inversión en aeropuertos puede estructurarse mediante alianzas públicoinfraestructura, y cooperación con organismos multilaterales. Existen antecedentes exitosos de concesiones aeroportuarias en Costa Rica, como el Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, que multiplicó el desarrollo turístico e inmobiliario de Guanacaste. Este mismo modelo puede replicarse con ajustes en Orotina y Limón, garantizando eficiencia, modernidad y retornos para el país.
[PNG] Este plan no solo atiende una necesidad técnica urgente, sino que se proyecta como una plataforma transformadora del modelo turístico, logístico y comercial de Costa Rica. Con visión, compromiso político y planificación profesional, podemos convertir al país en un centro aéreo y turístico de clase mundial, aumentando el ingreso nacional, fortaleciendo las regiones y posicionándonos como una nación moderna, eficiente y abierta al mundo.
[PNG] Además, proponemos el desarrollo de una estrategia de infraestructura aeroportuaria doméstica para desahogar la congestión vial: una solución económica y eficiente
[PNG] Modernización de aeropuertos domésticos y movilidad aérea interna Una de las soluciones más innovadoras y económicas para para facilitar la conectividad interna del país, fomentar el desarrollo regional, y resolver el problema de la movilidad en Costa Rica es el fortalecimiento de la red de aeropuertos domésticos en zonas estratégicas. Esta estrategia permite una mejora sustancial en la conectividad nacional, impulsa el desarrollo regional y representa una alternativa viable frente a la construcción de grandes autopistas, reduciendo el impacto ambiental y el costo de infraestructura.
[PNG] 1. Propuesta estratégica Se propone modernizar de forma inmediata los aeropuertos domésticos ubicados en la zona norte, Quepos, Nosara, Drake, Pérez Zeledón y Golfito. Estas terminales deben contar con pistas rehabilitadas, instalaciones modernas, medidas de seguridad actualizadas y facilidades para el turismo y abaratar la oferta de vuelos domésticos. Esto facilitará el tránsito seguro de personas, turistas, empresarios y mercancías entre las regiones del país, descentralizando el desarrollo económico y turístico.
[PNG] 2. Beneficios económicos, sociales y ambientales • Ventajas económicas: Comparado con una autopista de seis carriles, el taxi aéreo representa una inversión significativamente menor. Además, permite evitar los costos sociales de accidentes de tráfico.
[PNG] • Beneficio de tiempo: Vuelos de 40 minutos conectan destinos como San José-Nosara o San José-Limón, frente a viajes por carretera de varias horas.
[PNG] • Seguridad: El transporte aéreo presenta menos accidentes que la red vial tradicional.
[PNG] • Competitividad: Con incentivos fiscales, el taxi aéreo puede ofrecer precios similares o más bajos que los traslados terrestres, haciendo accesible esta opción para más costarricenses.
[PNG] • Descentralización del turismo: Las rutas aéreas redistribuirán los beneficios del turismo a regiones tradicionalmente menos favorecidas.
[PNG] • Sostenibilidad económica: Las inversiones necesarias para modernizar estos aeropuertos son modestas y su retorno en conectividad, comercio y turismo es altamente rentable.
[PNG] • Frecuencia y accesibilidad: Se propone operar aeronaves de 20 a 40 pasajeros con al menos 8 vuelos diarios, interconectando diversas zonas rurales y turísticas del país.
[PNG] 3. Fomento del uso de medios de transporte local en zonas turísticas La conectividad aérea debe complementarse con soluciones de movilidad terrestre. Por ello, se propone incentivar los medios de transporte locales de las comunidades mediante plataformas digitales que conecten turistas con residentes locales, ofreciendo un sistema ágil y de bajo impacto ambiental, y estimulando la economía local.
[PNG] • Reducción de la congestión: Al usar taxis aéreos, medios de transporte local y autos alquilados, se descongestiona el sistema de transporte en las carreteras nacionales.
[PNG] • Impulso a la economía local: Los residentes podrán generar ingresos mediante la necesidad de oferta de servicios de vehículos locales.
[PNG] • Bajo impacto ambiental: Disminuye la necesidad de construir nuevas carreteras en zonas sensibles.
[PNG] • Eficiencia en la movilidad: La opción de uso de medios locales de transporte bajo demanda mejora la experiencia del turista y evita saturaciones viales.
[PNG] 4. Financiamiento y viabilidad económica La modernización de aeropuertos domésticos puede financiarse mediante fondos públicos nacionales, alianzas público-privadas, cooperación internacional y fondos verdes para transporte sostenible. Adicionalmente, los incentivos fiscales para aerolíneas domésticas y operadores de taxi aéreo fomentarán la inversión privada en este nuevo sistema de movilidad.
[PNG] Se podrá implementar un régimen especial de tarifas aeroportuarias para vuelos domésticos, exoneración de impuestos en la adquisición de aeronaves ligeras y subsidios para rutas poco rentables, pero socialmente necesarias, financiadas por el ICT y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
[PNG] 5. Fundamentación Legal El desarrollo de infraestructura aeroportuaria está respaldado por la Ley General de Aviación Civil, la Ley Orgánica del ICT y los principios de descentralización y desarrollo regional incluidos en la Constitución Política. Además, el artículo 50 de la Constitución consagra el derecho al desarrollo sostenible, legitimando la inversión pública en soluciones de transporte eficientes y de bajo impacto ambiental.
[PNG] La modernización de los aeropuertos domésticos, acompañada de incentivos al taxi aéreo y al alquiler de vehículos turísticos, constituye una política integral de movilidad que puede transformar la conectividad interna de Costa Rica. Esta estrategia descentraliza el turismo, impulsa la economía regional, mejora la seguridad vial y optimiza el tiempo de traslado, posicionando al país como un modelo de innovación y sostenibilidad en transporte aéreo.
[PNG] Costa Rica debe aspirar a posicionarse como uno de los principales destinos eco-turísticos del mundo, potenciando al máximo su biodiversidad, belleza natural y prestigio ambiental. Para lograrlo, proponemos la creación de al menos dos grandes parques eco-turísticos, uno en la zona sur y otro en el Caribe, inspirados en modelos exitosos como Xcaret en el Estado de Quintana Roo, México; Xetulul en Guatemala; o parques temáticos en Estados Unidos y Europa como los de Disney, -que aumentaron exponencialmente el PIB de las regiones donde se asentaron-, solo que nuestra propuesta es de temática ecológica. Estos desarrollos deben ser concebidos bajo una visión sostenible, integradora y moderna, que combine inversión privada con liderazgo público.
[PNG] El objetivo de estos parques es atraer millones de turistas adicionales, aumentando la visita anual de 2.5 millones a 5.5 millones, con una visión de crecimiento sostenible y ordenado. Tomando como referencia el parque Xcaret, que actualmente atrae un millón de visitantes anuales, se puede proyectar que cada parque de este tipo en Costa Rica tendría la capacidad de atraer alrededor de un millón de turistas por año. Así, tres grandes parques eco-turísticos en el país podrían generar un aumento de la visitación turística en un 120% en el mediano plazo.