[FA] En atención a los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el país, organizaciones no gubernamentales y sector privado se dirijan a realizar las mejoras necesarias identificadas a través de informes de la Defensoría de los Habitantes y de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos. multisectoriales que se reúnan de manera regular en los cantones de Los Chiles y Corredores, dado que estos han sido los más impactadas en los últimos años por la persistencia de dicho fenómeno. En estas mesas se procurará amplia participación de todos los actores vinculados con la atención de esta población, con el objetivo de articular esfuerzos para generar estrategias y protocolos orientados a garantizar no solo la dignidad, seguridad y protección de las personas en condición de movilidad forzada, sino también la seguridad y la paz social de las comunidades de tránsito y de acogida ante el avance de grupos del crimen organizado transnacional. A nivel gubernamental, será de especial importancia la participación de instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Emergencias (CNE) y la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), así como de los respectivos gobiernos locales de dichas comunidades. otros gobiernos de la región, la creación de estrategias conjuntas para abordar, por un lado y de manera pública y transparente, la gestión del flujo migratorio en tránsito desde un enfoque derechos humanos que garantice el acceso a ayuda humanitaria y a protección internacional, y, por otro lado, el combate del crimen organizado transnacional vinculado al tráfico ilícito y a la trata de personas, de manera que se puedan maximizar los recursos estatales existentes. o multilateral en materia migratoria que implique alguna forma de violación de derechos humanos, como la revictimización y la exposición a entornos torturantes, así como la imposición de medidas gubernamentales que socaven la soberanía del Estado costarricense en la definición de su política migratoria y de seguridad. En este sentido, se hace expreso el compromiso de no recibir más vuelos de personas deportadas de los Estados Unidos similares a los recibidos en febrero del 2025, así como ofrecer una solución migratoria y acompañamiento psicosocial a las personas que vinieron en dichos vuelos y que aún permanecen en territorio nacional. estrategia interinstitucional de protección a personas refugiadas o solicitantes de refugio dentro del territorio nacional, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos, orientada no solo a resguardar la integridad y seguridad de dicha población, sino la integridad territorial y la seguridad pública del Estado costarricense. revertir y no replicar cualquier medida implementada por la administración actual que, en la práctica, represente o haya representado un obstáculo para que las personas puedan formalizar una solicitud de refugio o mantenerse en el proceso hasta el final, como, por ejemplo, el establecimiento de requisitos desproporcionados