oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[FA] LGBTIQ+ como el Día Nacional contra los Crímenes de Odio (25 de febrero) en
[FA] Promover que en el currículo de carreras de educación y salud en la educación
[FA] Impulsar un plan de inserción laboral y fomento del empleo para las personas
[FA] Seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
[FA] Continuar promoviendo la tipificación legal de los crímenes de odio motivados por
[FA] Potenciar programas de atención y apoyo a la población adulta mayor LGTBI que
[FA] Buscará mejorar los mecanismos existentes para el estudio y otorgamiento de la
[FA] Promover cambios legales y administrativos por parte del Ejecutivo para retirar
[FA] Garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de salud para personas con VIH memoria de Ana Yanci, y también se impulsará un Día Nacional del Orgullo LGBTI (28 de Junio). La conmemoración y celebración de estos días será ocasión para la reflexión histórica en los espacios educativos, los aportes que ha hecho la población LGBTIQ+ en la construcción de la nación y el mundo, además sobre cómo las formas de discriminación y violencia están imbricadas, y la importancia del respeto y valor de las diferencias para la sana convivencia. superior universitaria pública y privada, se incluyan temas como la comprensión de las formas de discriminación, su construcción y deconstrucción, así como el respeto a la diversidad sexo-genérica. transexuales y transgéneros. A su vez, se promoverá con los entes estatales encargados de la educación pública, la creación de acciones afirmativas, de forma tal que se promueva el acceso y permanencia de estas personas en el sistema educativo, como población en riesgo e históricamente discriminada y excluida, especialmente en la educación superior.
[FA] Unidas y la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IDH para procurar cambios en la legislación y promover una norma de atención en salud para personas intersex con el fin de evitar las intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos innecesarios, a que son sometidos menores de edad intersexuales sin su consentimiento informado y avanzar e ek reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias. El Estado debe garantizar la integridad corporal y autonomía de esta población en su infancia, y proporcionar a las familias con niñeces intersexuales asesoramiento y apoyo para que en conjunto tomen mejores e integrales decisiones. razones de orientación sexual y/o identidad de género, así como promover la creación de un registro oficial de violencia y crímenes de odio, extensivo a instituciones afines. impidan la discriminación, rechazo o violencia hacia esta población en todo ámbito, particularmente en los centros que se encargan de su atención, brindan servicios y en las residencias temporales o permanentes. condición de refugiado y el acceso a la protección subsidiaria por motivos de persecución fundada en la orientación sexual o identidad de género, con base en la Declaración de Cartagena. cualquier tipo de apoyo o subvención pública a organizaciones o personas jurídicas que insulten, agredan o atenten contra la dignidad de las personas LGTBIQ+, impidiendo su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho. incluyendo tratamiento antirretroviral, se profundizará la dispensación de medicamentos por varios meses para poblaciones clave. De igual forma, se buscará
[FA] Asegurar el abastecimiento y distribución eficaz de los medicamentos
[FA] Proponer del Día del Deporte Diverso (19 de febrero). Fomentar en los diferentes niveles del deporte costarricense agrupaciones de
[FA] Gestión de convenios público-privada para el ayudar el financiamiento de
[FA] Organizar y ejecutar los Juegos Diversos de Costa Rica y desarrollar una política
[FA] Postular, organizar y ejecutar de Juegos Diversos Internacionales a nivel
[FA] Propuestas para legislar: Se priorizará incorporar estos elementos en el quehacer sistemático del INEC
[FA] Promover una iniciativa de Ley Integral para la población Trans, que incluya medidas
[FA] Aprobar el proyecto de ley N.º 20970 para prohibir las mal llamadas “terapias” de
[FA] Modificar el las leyes Contra el Hostigamiento y Acoso en el Deporte y de Creación implementar la dispensación de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y el acceso a la prueba de VIH para poblaciones claves previamente definidas. antirretrovirales y la Profilaxis Pre-exposición (PrEP). deporte con enfoque de diversidad en los diferentes niveles: ICODER, Comité Olímpico, Comités Cantonales de Deporte, Federaciones Deportivas, Universidades y sector privado. actividades relacionadas con el fomento del deporte para personas de la población LGBTIQ+; así como la búsqueda de financiamiento internacional para estos propósitos. pública para la promoción de Costa Rica como país que le da la bienvenida a deportistas LGBTIQ+ como estrategia para la activación económica y la diversificación de la marca país. centroamericano, lationamericano y mundiales. Considerar la postulación de Costa Rica como anfitrión de los Gay Games Costa Rica 2030 en el marco del 10° aniversario de matrimonio igualitario. mediante una reforma a la Ley 9694, así como en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva bajo la dirección del Ministerio de Salud. Además, se invertirá en el desarrollo y aplicación de una primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, donde se consideren estas causales y condiciones, incluidas en el ámbito de las familias. vinculadas al reconocimiento pleno y expedito de su identidad de género, incluido el derecho de las personas menores de edad. Así como la garantización de su derecho a la salud con respuesta a sus necesidades específicas en términos de afirmación de su identidad, seguro por el Estado, y en general para garantizar su acceso y goce a derechos económicos, sociales y culturales. Este proyecto se formula de la mano con la propia población en cuestión. reconversión sexual y sancionar a quienes valiéndose de motivos políticos o religiosos someten a otros a estas formas de tortura. Se asegurará la prioridad de la reglamentación para la aplicación de esta legislación. del ICODER (7800) para incluir garantizar la práctica del deporte y la recreación para las personas LGBTIQ libre de discriminación.
[FA] 1. Impulsar la libre determinación, autogobierno y participación de los pueblos
[FA] 2. Ampliar el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales. 3. Fortalecer la consulta y consentimiento libre, previo e informado. 4. Proteger efectivamente a las personas indígenas defensoras de los derechos
[FA] 5. Transversalizar los derechos humanos de los pueblos indígenas en la gestión y
[FA] 6. Fortalecer el acceso a la justicia. 7. Ampliar y garantizar los derechos de las mujeres indígenas.
[FA] En cuanto a la organización indígena y la resistencia desde la gobernanza comunitaria, los pueblos indígenas han mantenido procesos de resistencia y articulación política a través de organizaciones como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y la Red Indígena Bribri y Cabécar (RIBCA). Estas estructuras han liderado acciones de recuperación territorial, defensa de derechos y propuestas de autonomía, lo que las ha convertido en actores fundamentales para la autogestión, la defensa territorial y la cohesión comunitaria frente a la ausencia o ineficacia de las estructuras estatales. Sus prácticas contribuyen con gestión participativa que integra la cosmovisión indígena, el liderazgo femenino y la toma de decisiones colectivas. Sin embargo, persisten brechas estructurales asociadas a la falta de reconocimiento jurídico de sus instancias organizativas, la violencia contra líderes y comunidades, así como la débil respuesta institucional frente a conflictos territoriales. Lamentablemente, la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica está marcada por una triple exclusión: territorial, socioeconómica e institucional. Los niveles de pobreza extrema, la invasión sistemática de tierras y la falta de reconocimiento jurídico real profundizan la desigualdad y amenazan la pervivencia cultural. Las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica no son casuales, sino producto de un modelo histórico que ha marginado sistemáticamente a estas comunidades. Mientras territorios como Quitirrisí muestran mejores condiciones gracias a su cercanía con los centros urbanos, otros como los Cabécares o Ngäbes permanecen en pobreza y exclusión. Desde una mirada socialista, esto refleja una distribución desigual de la riqueza y de la inversión estatal, que privilegia lo urbano y lo extractivo en detrimento de lo indígena.
[FA] Propuestas para gobernar: Atender de manera prioritaria los desalojos administrativos pendientes. Impulsar un mecanismo de consulta indígena que cuente con recursos económicos y
[FA] Revisar los distintos espacios de toma de decisiones donde participan o deberían
[FA] Impulsar una política clara y realizable de recuperación de tierras, con plazos e
[FA] Facilitar la regularización territorial y el fortalecimiento de las capacidades de
[FA] Crear y facilitar mecanismos de protección y seguridad para las comunidades en
[FA] Implementación efectiva de un marco de autonomía indígena. Reducción de brechas socioeconómicas mediante políticas culturalmente
[FA] Elaborar y ejecutar un Censo Indígena Nacional para que el Estado cuente con procesos de apropiación por parte de los pueblos indígenas para que cada territorio avale los protocolos de consulta. participar personas indígenas, para alinearlos con los estándares internacionales de derechos humanos en esta área y establecer canales de diálogo intercultural efectivos con el Estado. instituciones responsables claramente identificadas. autogobierno y administración territorial indígena. procesos de recuperación. pertinentes, redistribución estructural de recursos y apoyo a iniciativas locales que promuevan derechos humanos, cohesión social y sostenibilidad ambiental. datos demográficos, socioeconómicos y culturales sobre estas poblaciones e impulse políticas públicas que atiendan las necesidades identificadas.
[FA] Propuestas para legislar: Otorgar la binacionalidad al pueblo Ngäbe como una solución a las problemáticas
[FA] Retomar la iniciativa de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, para
[FA] Reformar el Código Electoral, Ley 8765, del 19 de agosto de 2009, para permitir la
[FA] Reformar la Ley Forestal, N.° 7575, del 13 de febrero de 1996, para establecer un
[FA] Reformar la Ley General de la Persona Joven, N.° 8261, del 2 de mayo de 2002,
[FA] Como gobierno, el Frente Amplio debe aspirar a la construcción de un país que coloque a la población adulta mayor en el centro, garantizando su bienestar con base en 5 pilares fundamentales:
[FA] 1- Seguridad económica: Fortalecer y revisar los sistemas de pensiones, tanto de la población adulta mayor como de la proyección a largo plazo, para garantizar su sostenibilidad. Es urgente una cobertura universal que contemple las necesidades básicas, que evite que la población caiga en pobreza o pobreza extrema. También debemos fortalecer y ampliar la política de empleo a personas mayores de 45 años y garantizar, de manera ágil, el acceso a crédito para PYMES de personas adultas mayores, por parte de la banca estatal. Como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes, es necesario generar condiciones para la seguridad económica de la población adulta mayor y posicionar la “economía de la longevidad” como uno de los principales ejes económicos.
[FA] 2- Fortalecimiento institucional: Regionalizar la institucionalidad pública dedicada a la atención de la población mayor, tanto en términos físicos (sedes a lo largo y ancho del país) como la toma de decisiones y el involucramiento de la periferia del país en la construcción de las políticas públicas. Asimismo, garantizar dentro del presupuesto nacional las partidas específicas para este proceso de regionalización, de la mano del ente rector. Asimismo, se deben redefinir las categorías en la atención social de personas adultas mayores que enfrentan otras situaciones de vulnerabilidad (discapacidad, situación de calle, entre otras) y que, de manera expedita, se les atienda.
[FA] 3- Entornos seguros: Garantizar la independencia y tranquilidad en todos los entornos de las personas adultas mayores. En el ámbito digital, para combatir las estafas digitales que disminuir la brecha tecnológica que enfrenta la población de edad, a través de educación, capacitación, acompañamiento y accesibilidad a dispositivos y programas tecnológicos. De igual manera, los entornos físicos deben ser espacios libres de violencia, promotores de la independencia y seguridad, ante un contexto con cifras alarmantes de abandono. Debemos revisar los protocolos de prevención de este fenómeno como principal objetivo, así como un trabajo constante en el fortalecimiento de los factores protectores que ya la ley faculta.
[FA] 4- Salud y cuidados: Priorizar la construcción del nuevo Hospital Nacional Geriátrico, acompañado de la apertura de las plazas requeridas, acorde a la realidad actual de la población que debe atender la institución. De la misma manera, en los centros de salud regionales debe garantizarse la presencia constante de profesionales en gerontología, que ofrezcan a la población adulta mayor una atención constante, sin el requerimiento de movilizarse exclusivamente a la Gran Área Metropolitana para acceder a esta especialidad. Se debe garantizar, a través del Ministerio de Salud y en conjunto con CONAPAM, el cumplimiento a cabalidad de las inspecciones en los Centros Diurnos y Hogares de Larga Estancia, de modo que siempre se asegure el bienestar integral de la población que albergan.
[FA] 5- Calidad de vida: Facilitar el acceso a educación, cultura, deporte y actividades recreativas en todo el país, trabajando de manera conjunta con los gobiernos locales y ministerios correspondientes. Se debe mejorar la infraestructura urbana y garantizar un transporte público accesible y de calidad, que permita a las personas de edad la movilización por todo el territorio nacional sin mayor inconveniente.
[FA] Propuestas para gobernar: Garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, de manera que todos los ministerios e instituciones del Estado cumplan con los objetivos asignados en el tiempo establecido.
[FA] Priorizar, en el portafolio de inversiones de la CCSS, el Hospital Nacional Geriátrico
[FA] Decretar una política de accesibilidad digital para las personas adultas mayores, que
[FA] Asegurar, dentro de los presupuestos ordinarios, partidas específicas para la
[FA] Reformular el protocolo del Ministerio de Salud sobre la inspección a Hogares de
[FA] Estudiar, de manera detallada, el alcance y las limitaciones de la actual
[FA] Fortalecer las capacidades del MIDEPLAN para promover la evaluación como
[FA] Realizar estudios técnicos sobre las principales causas y focos de abandono de la
[FA] Coordinar con el INA la capacitación y formación profesional de las personas adultas
[FA] Desarrollar un modelo de sostenibilidad para las pensiones del Régimen No
[FA] Propuestas para legislar: Reformar integralmente la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N.° 7935, del
[FA] Otorgar y proponer, mediante aprobaciones de presupuesto, la cobertura en
[FA] Reformar la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos
[FA] Promover a rango constitucional al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
[FA] Revisar y reformular los programas de incentivos a empresas privadas que contraten y garantizar la apertura de las plazas requeridas en dicho centro, así como las de gerontología en los hospitales regionales. les permita acceder a educación y capacitación de los recursos tecnológicos, garantizando accesibilidad y utilidad en todos los sitios web del Estado. regionalización del ente rector (CONAPAM) y las instituciones que destinan presupuesto a la atención de las personas adultas mayores.
[FA] Larga Estancia y Centros Diurnos, fortaleciendo los controles para evitar casos de negligencia o maltrato. implementación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), para determinar si la herramienta cumple con criterios de realidad y desarrollar un mejor trabajo coordinado entre el sistema y las personas profesionales de trabajo social. herramienta para la mejora continua y la rendición de cuentas. población adulta mayor, así como reformular la política de prevención del abandono y acompañamiento de las personas adultas mayores por parte de la CCSS y de CONAPAM. mayores.
[FA] Contributivo (RNC). Para esto se desarrollará una exploración de fuentes alternativas que puedan dar sostenibilidad y ampliación a este régimen, tanto en cobertura como en suficiencia monetaria de la pensión.
[FA] 25 de octubre de 1999, para replantear su enfoque hacia una visión del envejecimiento y la vejez desde la autonomía personal de las personas de edad. programas y plazas de especialidades como geriatría y gerontología.
[FA] Automotores, N.°3503, del 10 de mayo de 1965, para garantizar el transporte público gratuito a las personas de edad, generando nuevas fuentes de financiamiento para asegurar su sostenibilidad.
[FA] (CONAPAM), para brindarle mayor seguridad jurídica y financiera como institución rectora, permitiéndole mayor acción y ejecución de presupuesto, población adulta mayor.
[FA] Propuestas para gobernar: Desarrollar un proceso sistemático de revisión de la legislación nacional, incluyendo
[FA] Fortalecer al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en su
[FA] Crear un Foro Nacional de las Personas con Discapacidad, como instancia la Constitución Política y la normativa que rige materias como la civil, de familia, penal, del trabajo y de educación, para eliminar términos peyorativos hacia las personas con discapacidad como “incapaz” o “enfermo desvalido” y adecuar esta normativa a los principios y obligaciones asumidas por Costa Rica en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo. Para estos efectos, la Presidencia de la República creará una comisión especial, con participación de las organizaciones de las personas con discapacidad y personas expertas en la materia, que deberá rendir un informe sobre los cambios a realizar en un plazo de seis meses. doble papel de rector especializado en brindar servicios de atención integral y ayudas técnicas a la población con discapacidad. Garantizar que la prestación de estos servicios continúe a cargo de personal calificado, sensibilizado con la problemática de este sector. permanente de participación para la consulta y discusión de las políticas públicas de
[FA] Adoptar medidas eficaces para combatir la discriminación por motivos de
[FA] Velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Ley 7600
[FA] Consolidar e implementar una estrategia nacional para garantizar el acceso a
[FA] Revisar y adecuar, en coordinación con el MEP, la infraestructura educativa para interés del sector. Garantizar que su funcionamiento respete la autonomía de las personas con discapacidad y sus organizaciones, y que su integración refleje su diversidad, incluyendo a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas indígenas con discapacidad. Eliminar toda forma de manipulación o intromisión político- partidaria en el desarrollo de este y otros espacios de participación de las personas con discapacidad. discapacidad. En el ámbito laboral, la Inspección General del Trabajo del MTSS deberá poner especial atención a las prácticas, cada vez más comunes, como el despido de personas que han sufrido accidentes laborales o la negativa a darles trabajo. Como parte de esta estrategia, proponemos: ○ Crear redes de inserción laboral para las personas con discapacidad, mediante la coordinación entre el MTSS, el CONAPDIS, las instituciones educativas y el sector privado, así como el desarrollo de programas de incentivos para empresas que den puestos de trabajo a personas con discapacidad. ○ Exigir el cumplimiento de la Ley 8862 de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, que reservó al menos un 5% de plazas vacantes para personas con discapacidad en los procesos de contratación de personal del Estado, aplicando sanciones para los jerarcas que ignoren esta obligación. ○ Extender la obligación de contratar un porcentaje de personas con discapacidad a la empresa privada, especialmente a grandes empresas, y crear incentivos para las empresas que realicen estas contrataciones por encima de los mínimos requeridos. ○ Emitir una directriz dirigida a ministerios e instituciones públicas, para dar prioridad en la adjudicación de contratos para prestar servicios en dichas instituciones a cooperativas integradas por personas con discapacidad de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, tanto para las instituciones públicas como para el sector privado, en materia de remoción de barreras físicas y arquitectónicas que limitan la movilidad y accesibilidad de esta población. Exigir que todas las nuevas construcciones cumplan con esta normativa y promover la universalidad de los diseños. Para estos efectos, se debe coordinar desde el CONAPDIS con el Ministerio de Salud y las Comisiones Municipales de Discapacidad (COMAD), para garantizar una gestión descentralizada y enfocada en las particularidades de cada territorio, fortaleciendo los procedimientos de inspección y fiscalización. fuentes de trabajo digno para las personas con discapacidad. estudiantes en situación de discapacidad, buscando una accesibilidad integral y en apego total a la Ley 7600 y convenios internacionales. Adicionalmente a las mejoras en espacios físicos, dicha adecuación incluirá entornos seguros, sin detonantes para estudiantes dentro del espectro autista y otras neurodivergencias.
[FA] Supervisar rigurosamente el cumplimiento de la Ley 7600 por parte del transporte
[FA] Actualizar, junto a organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en
[FA] Reformar, entre el Ministerio de Salud y CONAPDIS, los protocolos de supervisión y
[FA] Ejecutar, a través del MIDEPLAN, evaluaciones periódicas para fortalecer los
[FA] Fortalecer, a través de las partidas presupuestarias del Ministerio de Hacienda, los
[FA] Mejorar la coordinación institucional entre CONAPAM, CONAPDIS e IMAS, para que
[FA] Asegurar en sedes regionales del MEP la presencia constante de profesionales en la
[FA] Promover de forma decidida y prioritaria la desinstitucionalización de las personas
[FA] Instaurar un modelo de educación inclusiva para las niñas, niños y personas con público, y ejercer las sanciones correspondientes y en tiempo a concesiones que incumplan con los criterios de accesibilidad. Asimismo, se trabajará en homologar un sistema ágil y efectivo para que las personas en situación de discapacidad puedan utilizar el transporte público sin problemas de inseguridad, horarios inexactos y paradas inaccesibles. educación, la malla curricular del Ministerio de Educación Pública sobre estudiantes en situación de discapacidad. acompañamiento a las Organizaciones No Gubernamentales que reciben presupuesto del Estado para la atención de personas con discapacidad. mecanismos de mejora continua y rendición de cuentas en los programas relacionados a las personas con discapacidad. programas deportivos, culturales y recreativos de las personas en situación de discapacidad. la personas que presenten más de una condición de vulnerabilidad puedan ser atendidas de manera ágil y oportuna. atención a estudiantes dentro del espectro autista y otras neurodivergencias, capaces de capacitar, de manera constante, los centros educativos de todo el país. con discapacidad y, en consecuencia, su salida de centros de salud y albergues públicos y privados. En su lugar, se fomentará la permanencia de estas personas con sus familias y su vinculación con sus comunidades, mediante la creación y el fortalecimiento de los servicios comunitarios de apoyo y acompañamiento requeridos. Para estos efectos, se impulsará la articulación de la Política de Salud Mental de la CCSS con la Política Nacional de Discapacidad, en aras de consolidar una estrategia integral en salud mental con enfoque de derechos humanos. discapacidad, en lugar del modelo segregador de educación especial que todavía prevalece. Para estos efectos, se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: ○ Reforzar los programas de formación y capacitación de docentes basados en el paradigma de la educación inclusiva. Fomentar que los planeamientos de las personas educadoras sigan un diseño universal del aprendizaje, que potencie el modo de aprender e interactuar sensorialmente de cada persona. ○ Extender las medidas y los servicios de apoyo (personal docente capacitado, uso de lenguajes Braille y LESCO, medios y modos alternativos de comunicación, textos de fácil lectura, etc.) a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, en todas las instituciones educativas del país, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. En este sentido, se dará continuidad a las metas planteadas en la Agenda Nacional de la Niñez y
[FA] Propuestas para legislar: Priorizar la aprobación de un mecanismo de consulta estrecha a organizaciones de
[FA] Promover una reforma a la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal
[FA] Reforma a la Ley 2171 del Patronato Nacional de Ciegos, que mejore y dinamice su
[FA] Impulsar un proyecto para la accesibilidad digital de los sitios web de las
[FA] Incorporar en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
[FA] Promover las modificaciones necesarias a la Constitución Política (artículo 91) y al la Adolescencia y se introducirán los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento. ○ Promover que los Centros de Educación Especial atiendan a las poblaciones con menor funcionalidad de manera prioritaria, brindando acompañamiento y asesoría a los padres y madres de familia en la convivencia y adecuado uso de los apoyos sociales. ○ Fomentar la creación de centros de atención diurna y educación para personas adultas con discapacidades severas en todas las regiones del país personas con discapacidad, ya sea la aprobación del expediente N.º 24660 Fortalecimiento del Mecanismo de Consulta Estrecha con Organizaciones de Personas con Discapacidad, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa o bajo una nueva iniciativa. de las Personas con Discapacidad, donde se reconozca la relación laboral de las personas asistentes personales de una manera más específica, asegurando más derechos laborales. De esta manera, personas usuarias y asistentes tendrán un proceso más claro de contratación y coordinación de trabajo. Dentro de esta reforma, incluir también más fuentes de financiamiento al Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. funcionamiento, sin que implique su cierre. La población con discapacidad visual merece una institución actualizada y que acompañe la defensa de sus derechos, pero de una manera ágil, con presupuesto acorde a sus necesidades y atención constante. instituciones públicas, que actualmente existe por decreto y a la voluntad política de los gobiernos de turno.
[FA] Discapacidad un capítulo sobre accesibilidad informática y a nuevas tecnologías, incluyendo el acceso a trámites y servicios públicos en línea. Se velará por el cumplimiento del Acuerdo de Marrakech, para así garantizar acceso a textos para personas con discapacidad visual o con otras dificultades de acceso al texto impreso.
[FA] Código Electoral (artículo 144) para eliminar la posibilidad de negar el derecho al voto a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, por medio de procedimientos anacrónicos como la declaratoria de “estado de interdicción”. En su lugar, impulsar su participación política, desarrollando mecanismos de apoyo y acompañamiento respetuosos de su voluntad y autonomía, en concordancia con los procedimientos de salvaguardia creados en la Ley 9379.
[FA] En los últimos diez años, Costa Rica pasó de ser un país receptor de población migrante, principalmente nicaragüense y por motivos económicos, a convertirse en un país de tránsito para miles de personas de diversas nacionalidades que, por diferentes razones, desean ingresar a los Estados Unidos. De igual forma, Costa Rica es país de destino para otros tantos miles de personas que han sufrido distintas formas de violencia, persecución y amenazas en sus países de origen o en terceros países, y que, por tal razón, deciden formalizar una solicitud de refugio en el territorio nacional. En esta misma década, hemos sido testigos no solo de varias crisis humanitarias vinculadas al fenómeno de la movilidad humana forzada, sino al del resurgimiento y consolidación de regímenes autoritarios en la región, de la presencia de persecución transnacional hacia personas refugiadas dentro del territorio costarricense, del avance del crimen organizado transnacional vinculado con el tráfico ilícito y la trata de personas, así como de discursos y acciones impulsadas desde los Estados Unidos, que promueven la criminalización y securitización de la migración bajo un enfoque de externalización de fronteras. Un ejemplo de esto fue el ingreso de 200 personas a Costa Rica en febrero de 2025, incluidas menores de edad y mujeres embarazadas, que fueron detenidas, revictimizadas, sometidas a entornos torturantes y a otras formas de violencia, deportadas por los Estados Unidos al territorio nacional. Así las cosas, en la actualidad, tanto la conformación y dinámica de los flujos migratorios como el contexto sociopolítico y de seguridad regional representan un importante reto para la gobernanza migratoria por parte del Estado costarricense. Por tal razón, desde el Frente Amplio proponemos la creación de una estrategia integral de tratamiento del fenómeno de la migración y la movilidad humana forzada desde un enfoque interinstitucional, multisectorial e interseccional que priorice la dignidad, seguridad y protección de las personas en movilidad forzada, la participación de las comunidades arraigadas, de tránsito y acogida, así como la sensibilización de la población que habita en el territorio nacional sobre el fenómeno de la movilidad humana forzada.
[FA] Propuestas para gobernar: Reposicionar al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM), conocido también como EMISUR, ubicado en el cantón de Corredores, frontera sur, como espacio para brindar una respuesta humanitaria y un abordaje psicosocial a las personas en condición de movilidad forzada que transitan por el país, especialmente a aquellas que presentan condiciones particulares y diferenciadas de vulnerabilidad. Lo anterior implica que, bajo ninguna circunstancia, dichas instalaciones puedan ser consideradas o utilizadas como un centro de detención que violente los derechos humanos de ninguna población. A su vez, y con el objetivo de asegurar no solo acceso ágil y oportuno, sino también condiciones dignas para las personas que sean albergadas, se procurará que tanto los recursos disponibles en el marco de la declaratoria de emergencia nacional como los provenientes de alianzas con organismos internacionales, agencias del sistema de Naciones Unidas,
[FA] El establecimiento y fortalecimiento de mesas de diálogo interinstitucionales y
[FA] Promover e impulsar, en foros regionales e internaciones y de manera bilateral con
[FA] Rechazar rotundamente formar parte de cualquier acuerdo de cooperación bilateral
[FA] En lo que respecta a la presencia de persecución transnacional, generar una
[FA] Impulsar legislación orientada a avanzar en la incorporación de los principios de la
[FA] Revisar la cantidad y necesidad de plazas destinadas para asesorías en los
[FA] Desarrollar procesos de capacitación y sensibilización por parte de la Dirección
[FA] Desarrollar una campaña de comunicación desde la DGME y la DHR, en alianza con
[FA] Fortalecer las alianzas estratégicas entre la Cancillería de la República, el ACNUR y
[FA] Impulsar legislación orientada a asegurar que las personas extranjeras menores de para la obtención de un permiso de trabajo, el establecimiento del paso por un tercer país “seguro” como criterio excluyente o la obligación para la población venezolana de desplazarse hasta la frontera sur para poder formalizar una solicitud de refugio, medida discriminatoria que se encuentra vigente a septiembre del 2025.
[FA] Declaratoria de Cartagena en las leyes y políticas migratorias del Estado costarricense, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas en movilidad forzada y en riesgo de apatridia que se encuentran en territorio nacional. diferentes ministerios y viceministerios, principalmente en el de Gobernación y Policía, para que se atienda las más de 170.000 solicitudes de refugio solamente de población nicaragüense, pendientes de resolución, con el objetivo de valorar la posibilidad de trasladar algunas de ellas a la Unidad de Refugio, con el fin exclusivo de contratar oficiales de elegibilidad y, con esto, disminuir la mora actual. Esta situación repercute gravemente sobre la calidad de vida de miles de personas con necesidad de protección internacional que se encuentran radicadas en territorio nacional.
[FA] Nacional de Migración y Extranjería (DGME) en alianza con la Defensoría de los Habitantes (DHR), organizaciones de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos y agencias del sistema de Naciones Unidas, dirigidos a las personas funcionarias públicas directamente vinculadas con la atención de la población migrante, en movilidad forzada o con necesidad de protección internacional, sobre temáticas como derechos humanos, desplazamiento forzado, multiculturalidad, entre otras. organizaciones de la sociedad civil, agencias del sistema de Naciones Unidas, academia y sector privado, con el objetivo de informar y sensibilizar a las diferentes poblaciones que habitan el territorio nacional, sobre el fenómeno de la movilidad humana forzada y el aporte de la población migrante y refugiada a diferentes áreas de desarrollo e interés nacional. Dicha campaña estará orientada no solo a erradicar la desinformación y los discursos de odio, sino a fomentar una cultura de la hospitalidad, solidaridad e inclusión, así como de reconocimiento de la multiculturalidad y de respeto de los derechos humanos. organizaciones de la sociedad civil para identificar, asesorar y acompañar a personas en condición de riesgo de apatridia dentro del territorio nacional. Se creará una plaza fija dentro de la Cancillería con el objetivo de trabajar dicha temática. edad ubicadas en alternativas de protección supervisadas por el PANI puedan acceder a una categoría migratoria transitoria que les permita trabajar una vez cumplidos los 18 años, así como eventualmente cambiar a una residencia permanente. Se creará una mesa de trabajo entre personal del PANI y de la DGME, con el fin de definir los alcances y limitaciones de dicha categoría. Asimismo, se brindará asesoría a esta población con respecto a sus deberes y obligaciones, así como sobre los trámites y requisitos vinculados. Para la coordinación entre ambas
[FA] Desarrollar una estrategia de abordaje interinstitucional (MAG, MTSS, DGME)
[FA] Generar espacios de diálogo y elaboración de propuestas, liderados por la DGME y
[PLP] Costa Rica atraviesa una encrucijada: muchos ciudadanos sienten que la política no les resuelve y que la vida se ha vuelto más cara, más insegura y enredada. De ese desencanto se han alimentado recetas simplistas que prometen milagros a cambio de concentrar el poder, erosionar la Constitución y dividir a la sociedad. En este contexto nosotros escogemos otro camino: más República, más libertad, más oportunidades. Creemos en un país que cuida su democracia liberal, fortalece el Estado de Derecho y pone a la persona en el centro. Elegimos la esperanza informada: la convicción de que un mejor futuro es posible y realizable si nos ordenamos, nos coordinamos y hacemos lo que corresponde. Por eso, este Plan de Gobierno se asienta en tres principios irrenunciables: respeto al orden constitucional, defensa irrestricta de las libertades y tolerancia cero a la corrupción. Asumimos un compromiso claro con la libertad de expresión, de prensa, de conciencia, de asociación, de empresa y con la propiedad privada; con la división de poderes, los contrapesos y el imperio de la ley; con un gobierno limitado que protege, facilita y no estorba. Y lo hacemos con optimismo realista: el mismo que ha permitido a Costa Rica, una y otra vez, enfrentar sus desafíos.
[PLP] Nuestra propuesta se organiza en tres grandes victorias que el país merece conquistar: estar más seguros, ser más libres y vivir más prósperos. La primera victoria es la seguridad: vivir sin miedo y con futuro. No basta con capturar cabecillas del crimen organizado; hay que cortar el ﬁnanciamiento ilícito, recuperar el territorio y ofrecer alternativas honestas donde el narco recluta. Por eso declararemos emergencia nacional en seguridad para actuar con rapidez y transparencia; sacaremos a la policía a las calles con operativos inteligentes y mejor presencia en barrios críticos; coordinaremos con municipalidades para erradicar búnkers más rápido de lo que puedan rehacerse, a la par de una estrategia de prevención y tratamiento del consumo que proteja especialmente a nuestra niñez. Asﬁxiaremos las ﬁnanzas criminales con inteligencia ﬁnanciera y lucha frontal contra el comercio ilícito, y transformaremos las cárceles en verdaderos centros de reinserción, evitando la “universidad del crimen” donde hoy conviven delitos menores con sicariato. En puertos, costas y fronteras instalaremos un muro tecnológico de última generación —drones, radares, inteligencia artiﬁcial, escáneres y cámaras— para cerrar el paso a la droga y a los ﬂujos ilegales que alimentan la violencia. Y, porque golpear al narco sin atender la economía solo desplaza el delito, activaremos cinco motores en las zonas calientes: descentralizar aduanas hacia Limón y Puntarenas, devolver a las comunidades los fondos decomisados en infraestructura educativa, cultural y deportiva, reconstruir la infraestructura productiva con los recursos iniciales de la administración, fortalecer el ecosistema emprendedor con capital de riesgo y ﬁnanciamiento sano que compita con el dinero del crimen, y recuperar la imagen de Costa Rica para relanzar un turismo pujante que genere empleo fuera del GAM. Seguridad con ley, con dignidad y con oportunidades.
[PLP] La segunda victoria es la libertad frente a la tramitología y las cargas absurdas que no agregan valor. Un Estado moderno facilita: no multiplica ventanillas, sellos y permisos. Por eso daremos un golpe a la burocracia con una reforma práctica: fusionar o cerrar instituciones duplicadas, eliminar capas que se han vuelto un ﬁn en sí mismas y ordenar competencias para que el ciudadano sepa quién hace qué.
[PLP] Desde el primer día impulsaremos el tránsito a un gobierno digital con ventanilla única, trazabilidad de cada gestión y veriﬁcación ex post basada en riesgo. Implantaremos el principio de “una sola vez”: si una persona ya entregó sus datos a una institución, no tendrá que peregrinar por otras cinco; autoriza su uso y listo.
[PLP] El silencio positivo y la interoperabilidad de datos serán la regla para trámites de baja y mediana complejidad. Negociaremos con la Junta Directiva de la CCSS una revisión de cargas sociales que favorezca el empleo formal, especialmente en Pymes y emprendedores. Y donde la regulación se quedó corta para la innovación, abriremos sandbox regulatorios con seguridad jurídica: probar en entornos controlados, aprender y escalar lo que funciona. Nuestra meta es simple de decir y exigente de cumplir: montar un negocio en un día y empezar a facturar cuanto antes, sin “peajes” ni discrecionalidad. Menos papeles, más tiempo para producir, crear y vivir." La tercera victoria es la prosperidad: una clase media fuerte, pujante e imparable que llegue a ﬁn de mes con holgura y proyecto de vida.
[PLP] Para devolver oxígeno al bolsillo reduciremos estructuralmente el costo de la vida y simpliﬁcaremos un sistema tributario que se hizo enredo. Impulsaremos la apertura y armonización del mercado eléctrico para bajar tarifas, y reduciremos el universo de impuestos de carácter nacional a solo quince, haciendo más fácil cumplir y más difícil evadir. Aliviaremos el costo de la vivienda bajando el IVA del alquiler de 13% a 4% y exonerando el traspaso de primera vivienda hasta 150.000 dólares, mientras reforzamos la titulación de la propiedad: tu terreno, tu escritura. La prosperidad también se construye cuidando a quienes cuidan: fortaleceremos la Red de Cuido para que más mujeres se integren al trabajo con tranquilidad, y mejoraremos sus estándares para que sean centros de estimulación y desarrollo, no simples guarderías. La salud llegará más cerca de la gente con EBÁIS móviles en comunidades alejadas o con diﬁcultades de acceso. Y porque el talento es la base del crecimiento, rediseñaremos la educación: mejor escuela, formación técnica, bilingüismo y cursos prácticos para jóvenes y adultos que hoy están fuera del sistema, de modo que el estudio vuelva a ser la escalera real hacia mejores oportunidades. Además, combatiremos la discriminación por edad incentivando ﬁscalmente la contratación de personas mayores de 50 años en puestos operativos, para aprovechar su experiencia y dinamizar los ingresos de miles de hogares.
[PLP] Este plan se ejecutará con transparencia y medición. Nos comprometemos a publicar metas, plazos y avances; a responder en tiempo a la prensa y a abrir los datos que permitan a la ciudadanía evaluar cada política que implementemos. Gobernar es priorizar: dirigiremos recursos hacia lo que más impacto social produce —seguridad, simpliﬁcación, reducción de costos y oportunidades—, y no dudaremos en corregir cuando la evidencia lo indique. El éxito no será un discurso: será menos homicidios, más negocios operando, trámites en horas y no en meses, tarifas y precios más bajos, empleos formales y aprendizajes útiles que se traduzcan en ingresos. Haremos política útil: la que cambia la vida de la gente.
[PLP] Costa Rica ha sido grande cuando ha conﬁado en su libertad y en su capacidad de construir juntos. Hoy toca volver a hacerlo. Aseguremos nuestras comunidades para que la niñez juegue sin miedo; liberemos a las personas y a las empresas de trabas que no sirven; devolvamos holgura al bolsillo de la clase media para que sueñe y emprenda. Ese es el sentido de este Plan: estar más seguros, ser más libres y vivir más prósperos. No ofrecemos atajos, ofrecemos trabajo serio; no prometemos milagros, prometemos resultados. Con disciplina, coordinación y respeto a la ley, podemos y vamos a lograrlo. Es tiempo de valentía serena y de esperanza activa. Es tiempo de que Costa Rica vuelva a creer en sí misma… y a demostrar, una vez más, que la libertad es el motor más poderoso del progreso humano.
[PLP] Nuestro Plan de Gobierno parte de tres grandes compromisos con el país: golpear al crimen organizado para que los costarricenses vivan sin miedo; desmontar la maraña burocrática y los trámites excesivos para que producir en Costa Rica sea más sencillo; y aliviar la presión de los impuestos y el costo de vida para devolver el dinamismo a una clase media imparable.
[PLP] El plan está atravesado por ejes que orientan todas las políticas y propuestas del plan: la seguridad ciudadana como base de la convivencia y la conﬁanza institucional; la digitalización e innovación tecnológica como palanca de eﬁciencia y modernización del Estado; el impulso de alianzas públicoprivadas para potenciar la inversión y la infraestructura; la sostenibilidad como garantía de desarrollo a largo plazo; la equidad territorial y la descentralización como medios para cerrar brechas regionales y fortalecer a las comunidades; y la competitividad como condición indispensable para generar más empleo, más oportunidades y un crecimiento inclusivo.
[PLP] La primera victoria que debemos alcanzar como país es recuperar la paz y la conﬁanza: que los costarricenses podamos vivir sin miedo y con la certeza de un futuro mejor. El crimen organizado no solo amenaza la seguridad en nuestras calles, sino que hiere nuestra convivencia y frena las oportunidades de desarrollo. Ante esta realidad, proponemos un golpe integral al crimen organizado, basado en más presencia policial, mejor tecnología, coordinación efectiva entre los tres poderes de la República y las municipalidades, y un sólido sistema de prevención comunitaria. Pero la seguridad también se construye con cultura, deporte y oportunidades: necesitamos que los jóvenes encuentren en la creatividad, el arte y la recreación alternativas de vida, alejados de la violencia y el reclutamiento criminal. Así, la seguridad no será solo un asunto de patrullas y cárceles, sino de cohesión social, orgullo territorial y espacios seguros para las familias.
[PLP] Costa Rica sin miedo es también una Costa Rica con futuro. Un país donde la clase media crece y progresa, donde la cultura y el deporte se consolidan como motores de paz, inclusión y bienestar, y donde nuestra política internacional nos posiciona como un referente democrático, capaz de tejer alianzas estratégicas en seguridad, innovación y desarrollo sostenible. Esta visión integral nos permitirá recuperar el control de nuestros barrios, modernizar nuestras instituciones y abrir nuevas oportunidades para la juventud. Con seguridad ciudadana, con cultura viva, con un deporte al servicio de la gente y con una política exterior ﬁrme y respetada, construiremos un país libre, digno y sin miedo: ¡Una nación donde cada costarricense pueda soñar y alcanzar un futuro en paz!
[PLP] La inseguridad es un fenómeno multidimensional y multifactorial que no deja incólume a la sociedad costarricense, situándose como la principal preocupación de la ciudadanía durante el periodo septiembre 2023 a septiembre 2024, según la encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP, 2024) de la Universidad de Costa Rica (UCR) .
[PLP] La Costa Rica que tenemos hoy es un país desbordado por un fenómeno transnacional y mutante que ha afectado severamente a la sociedad y los tres Poderes de la República. La delincuencia organizada y sus nuevas lógicas, el uso del dinero de las drogas en la economía, las olas del tráﬁco de drogas que modiﬁcaron sus rutas, la resigniﬁcación de la cárcel, la convergencia criminal, la migración irregular explotada por organizaciones criminales, el tráﬁco de armas, entre otros, modiﬁcaron el tejido social costarricense. La dimensión del fenómeno criminal ha sido poco estudiada y comprendida, a lo que se suma que supera los recursos y capacidades de las policías nacionales y nos ha expuesto ante una realidad caótica y descoordinada.
[PLP] Por ello, a través de este plan de gobierno presentamos líneas estratégicas para el abordaje de la inseguridad, junto con un amplio compromiso y acciones reales, sostenibles en el tiempo, alcanzables y respetuosas de las libertades individuales de los ciudadanos. Para cambiar la compleja situación actual, impulsaremos otro enfoque de análisis, a partir de información de altísimo valor, experiencias y lecciones aprendidas de otras latitudes.
[PLP] Este reto debe ser asumido como nuestro, no de un gobierno de turno, sino de la sociedad en su conjunto, reconociendo las capacidades y limitantes que tenemos como país. Solo así participaremos activamente en las propuestas de solución con todas las instituciones y distintos sectores, para recuperar la paz y la seguridad. Para lo anterior, nos hemos planteado tres objetivos emergentes:
[PLP] 1. Disminuir sustancialmente los homicidios dolosos.
[PLP] 2. Prevenir la criminalidad general y la violencia interpersonal.
[PLP] 3. Bloquear el avance del crimen organizado transnacional.
[PLP] Con los siguientes ejes estratégicos:
[PLP] El informe Estado de la Justicia (2025) señala que el Poder Judicial está sometido a fuertes ataques políticos por parte del Poder Ejecutivo. “Estos embates han intentado debilitar el sistema constitucional de controles legales sobre la gestión pública y erosionar la legitimidad de la independencia judicial ante la ciudadanía” , indica dicho informe. Esta situación no solo amenaza la fortaleza institucional, sino que además entorpece la capacidad del Estado para enfrentar de manera articulada al crimen organizado. La seguridad ciudadana exige que los tres Poderes de la República —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— trabajen con respeto mutuo, evitando confrontaciones que debiliten la conﬁanza en las instituciones y obstaculicen la acción conjunta.