oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[FA] Ramón, sin concesión ni peajes abusivos, con participación ciudadana y beneficios para las comunidades. Extender el modelo de propuesto y la alternativa de financiamiento a otros proyectos viales. restablecer el equilibrio financiero a través de la determinación de los ingresos reales que ha recibido el concesionario para reducir el plazo de concesión, al mismo tiempo que se frenan los aumentos abusivos en tarifas de peaje y se concluyen –a la mayor brevedad– las obras inconclusas de dicho proyecto. puedan facilitar el desarrollo de obras públicas, así como constituir un fondo permanente para solventar los costos correspondientes con mayor agilidad.
[FA] Pública y sustituirla por esquemas de contratación más sencillos y transparentes, como los regulados en la Ley 7494 de Contratación Administrativa. En caso de no existir consenso suficiente para la derogatoria, impulsaremos una revisión integral de dicha ley, que elimine cláusulas abusivas y dañinas para el interés público, como el mecanismo de cesión de los contratos. Mientras estas medidas no se lleven a cabo, adoptaremos una moratoria general indefinida para nuevos proyectos de concesión e impulsaremos la revisión exhaustiva de los existentes. un modelo basado en “precios unitarios” a otro por “estándares de servicios”, que permitirá prevenir mejor la corrupción, reducir los riesgos para el sector público, incentivar la eficiencia de las empresas y mejorar el estado de las carreteras, ante el agotamiento del modelo de CONAVI para la conservación vial.
[FA] Costa Rica (LANAMME UCR) recibe recursos de acuerdo a la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias, para fiscalizar y garantizar el buen estado de la red vial nacional, no obstante, sus informes suelen pasar al archivo de los jerarcas de CONAVI o el MOPT, tal es el caso de las serias deficiencias encontradas en el paso a desnivel de las Garantías Sociales. Esto debe cambiar: los informes del
[FA] Designar al LANAMME UCR como laboratorio nacional público, que pueda hacer
[FA] Impulsar acciones y proyectos en materia de la soberanía sobre las aguas
[FA] Reformar la legislación actual sobre reglas generales para la fragmentación en Zona
[FA] En Costa Rica se ha visto un aumento sostenido de los niveles de tránsito, según el informe Estado de la Nación 2024, con San José y Alajuela como las provincias más afectadas por congestionamiento vial en sus cantones centrales (CONARE, Programa Estado de la Nación, 2024). Según proyecciones realizadas por Bazán en este mismo informe, la cantidad de vehículos particulares entre el 2022 y 2023 aumentó en 22.699 unidades y la cantidad de motocicletas aumentó en 31.399 unidades. Después de la reducción significativa del tránsito causada por la pandemia del COVID-19, en el 2024 se vio un aumento de la congestión vial de un 31% respecto del ocurrido en el 2019. Este análisis también ha mostrado una saturación del 46% de la red vial disponible en horas pico entre semana. El mismo patrón de congestión vial dentro de la GAM está comenzando a suceder en cantones fuera, donde ha habido un aumento de parques industriales y zonas residenciales. En cantones como San Mateo, Naranjo, Orotina, Grecia, Sarchí y Palmares, la saturación en horas pico ronda entre el 55% y el 66% de su red vial disponible. El aumento de la congestión vial trae consecuencias graves al país en términos de contaminación, tiempo
[FA] LANAMME UCR deben ser vinculantes para el CONAVI, el MOPT y, además, estas entidades deben llamar a cuentas a las empresas constructoras y a los laboratorios de verificación que trabajan para ellas, antes de que entreguen las obras viales. El MOPT no podrá engavetar o ignorar estos criterios en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura. pruebas aleatorias durante el proceso constructivo y controles de calidad antes de recibir las obras viales, tomando en cuenta la propuesta de la Contraloría General de la República. prevenir conflictos de interés, así como las influencias ilegales por debajo de la mesa, tanto en la contratación pública como en el paso de personas empleadas de las empresas constructoras al funcionariado de entes estatales y viceversa. Actualmente existen varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que podrían contribuir en esta regulación. territoriales. Esto incluye la ratificación y reglamentación del Convenio MARPOL, la aprobación de una Ley de Navegación, el ordenamiento de las instituciones para que el país cumpla con las funciones de Estado ribereño, la creación de cuerpos especializados de salvamento y salvataje, así como un consulado marítimo en la Organización Marítima Internacional (OMI), dado que la Embajada de Costa Rica en Inglaterra no ha logrado proteger los intereses de nuestro país ante dicho órgano.
[FA] Propuestas para gobernar: Infraestructura y transporte público:
[FA] Gestión urbana y coordinación interinstitucional:
[FA] ○ Construir carriles exclusivos de bus en corredores principales, con barreras físicas y monitoreo con cámaras para garantizar su uso exclusivo. ○ Ejecutar el tren eléctrico de la GAM y proyectos de disminución de ruido, garantizando frecuencias mínimas de 15 minutos y accesibilidad universal. ○ Implementar proyectos de sectorización de rutas de bus para mejorar eficiencia y cobertura, apoyando a las empresas con financiamiento de unidades nuevas y modernización de flota. ○ Desarrollar ciclovías a lo largo de la vía del tren y conexiones con zonas residenciales, comerciales e industriales. ○ Otorgar incentivos para la adopción de bicicletas eléctricas y para la compra de buses nuevos a empresas operadoras.
[FA] ○ Estructurar la coordinación entre municipalidades y organismos nacionales para la planificación y ejecución de proyectos regionales, cantonales y distritales de movilidad. ○ Permitir que las municipalidades intervengan rutas nacionales dentro de su jurisdicción para mejorar la movilidad local.
[FA] Finanzas y sostenibilidad:
[FA] Planificación y estudios:
[FA] Propuestas para legislar: Aprobar leyes que faciliten la implementación de carriles exclusivos de bus y
[FA] Crear o reformar leyes para establecer incentivos fiscales a la adopción de
[FA] Autorizar la emisión de bonos verdes para financiar proyectos de descarbonización y
[FA] Reformar la legislación sobre transporte público para permitir la sectorización de
[FA] Establecer regulaciones para la integración del transporte público con modos activos
[FA] Ratificar tratados internacionales vinculados con movilidad sostenible, transporte
[FA] Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su liderazgo en sostenibilidad y transición energética. Con una matriz eléctrica que en 2023 y 2024 ha superado nuevamente el 98 % de generación a partir de fuentes renovables, el país reafirma su compromiso con un modelo energético limpio. Durante más de una década, ha logrado abastecerse casi completamente mediante hidroeléctrica, geotermia, eólica y, en menor medida, solar y biomasa, lo que la consolida como un referente global en descarbonización del sector eléctrico.
[FA] ○ Incentivar a las municipalidades a aplicar el concepto de “calle completa” en todas sus obras nuevas, priorizando la seguridad peatonal y ciclista.
[FA] ○ Implementar un canon ambiental al transporte de carga o al combustible para financiar subsidios al transporte público. ○ Desarrollar mecanismos de subsidio estatal para todas las rutas de bus, asegurando tarifas accesibles y sostenibles. ○ Crear incentivos financieros y fiscales para proyectos de transporte sostenible, incluyendo bonos verdes para energías limpias e hidrógeno, vinculando el marco legal a la Ley Marco 24079 de Transición Energética, como el N.º 19498 Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas.
[FA] ○ Iniciar estudios de factibilidad para ramales ferroviarios complementarios al tren eléctrico del GAM para mejorar la conectividad norte-sur. ○ Priorizar la ejecución de proyectos ya estudiados con alto consenso nacional, como el tren de pasajeros de la GAM y el tren de carga al Caribe y al Pacífico, reduciendo tiempos de prefactibilidad. peatonales/ciclistas, incluyendo sanciones automáticas por incumplimiento. transporte público sostenible, flota y bicicletas eléctricas. transporte sostenible, incluyendo un marco legal para inversión estatal en energías alternativas. rutas, la coordinación intermunicipal y el control eficiente de operadores.
[FA] (bicicletas, caminatas), incluyendo infraestructura y parqueos seguros en estaciones. limpio y reducción de emisiones, asegurando alineación con las políticas nacionales.
[FA] Sin embargo, este éxito histórico enfrenta nuevos desafíos. La crisis climática ha intensificado fenómenos extremos como sequías prolongadas, lo que ha afectado la generación hidroeléctrica y ha aumentado la dependencia ocasional de combustibles fósiles para mantener la continuidad del servicio eléctrico. A esto se suman el crecimiento sostenido de la demanda energética, la necesidad de integrar nuevas tecnologías distribuidas, los rezagos en digitalización del sistema y la presión por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores donde aún predomina el uso de hidrocarburos. Según el Balance Energético Nacional (BEN) 2023, más del 78% de la matriz energética total del país –incluyendo transporte, industria y uso residencial– aún depende de derivados del petróleo, especialmente en el transporte terrestre y marítimo. Esto evidencia una desconexión entre el éxito del sector eléctrico y la lenta transición del resto de la economía hacia fuentes limpias.
[FA] Aunado a lo anterior, Costa Rica enfrenta retos institucionales y jurídicos:
[FA] La urgencia de actualizar y fortalecer el marco institucional, normativo y tecnológico del sector se vuelve aún más clara ante las metas propuestas en el marco del Acuerdo de París y las expectativas de la comunidad internacional rumbo a la COP30 (Belem, 2025), donde Costa Rica debe presentar evidencia de avances concretos en su transición energética integral. Este documento presenta una hoja de ruta ambiciosa, pero realista para una segunda generación de políticas energéticas transformadoras, con tres pilares fundamentales:
[FA] ▪ La falta de un Plan Nacional de Energía vigente, actualizado y articulado con las metas climáticas (NDC 2025-2035) y con la Estrategia Nacional de Descarbonización. ▪ Un sector energético fragmentado, con débil coordinación entre actores públicos. ▪ La necesidad de modernizar a RECOPE, cuya misión y estructura siguen ancladas en un modelo fósil. ▪ Un sistema eléctrico nacional encabezado por el ICE, que requiere modernización, apertura controlada e integración tecnológica para mantener su liderazgo y sostenibilidad financiera.
[FA] 1. Fortalecimiento de la rectoría del sector energético, que permita recuperar la capacidad estratégica del Estado para planificar, coordinar y ejecutar una transición justa y ordenada. 2. Transformación de RECOPE en una empresa pública moderna de energías químicas limpias, con capacidad de investigación, producción y comercialización de alternativas sostenibles, como biocombustibles e hidrógeno verde, 3. Modernización del sistema eléctrico nacional, mediante reformas legales, integración tecnológica, digitalización y apertura responsable a inversiones sostenibles, bajo el liderazgo del ICE y con participación activa en el Mercado Eléctrico Regional (MER). El éxito de estas transformaciones depende también de alianzas estratégicas con el sector académico y científico, así como de una visión de Estado que trascienda períodos de gobierno. Por eso, este plan se acompaña de acciones prioritarias para los primeros 100 días, un conjunto de proyectos de ley clave y una propuesta de indicadores de impacto verificables al 2030, todo ello orientado a acelerar la descarbonización, diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad y soberanía energética de Costa Rica.
[FA] Propuestas para gobernar: Reactivación del Plan Nacional de Energía con dos componentes: uno de corto
[FA] Decreto presidencial en los primeros 100 días para conformar el Consejo Sectorial
[FA] Reforzamiento de la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en
[FA] Cumplimiento de las metas comprometidas ante la COP30, mediante la
[FA] Integración del Sistema Eléctrico Nacional y del Sistema Nacional de Combustibles
[FA] Implementación de un ejercicio de prospectiva de muy largo plazo que sirva de
[FA] Participación activa del ICE en el Mercado Eléctrico Regional (MER)
[FA] Establecimiento de un programa de mejora de la calidad y continuidad del servicio
[FA] Consolidación de la planificación de una red eléctrica descentralizada y resiliente plazo (2026-2030) y otro de largo plazo (2050), alineado con la Agenda 2030 y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de cambio climático. de Energía, con mandato para coordinar políticas y proyectos estratégicos de descarbonización, electrificación y eficiencia energética. políticas de transición energética y sostenibilidad. actualización del Plan Nacional de Descarbonización, y revisar las estrategias de adaptación 2022-2026. con respecto a la atención de necesidades y oportunidades asociadas a una Política Nacional de Clústeres (PNC) actualizada, que promueva el desarrollo comercial e industrial en sectores de la economía donde sea viable maximizar la generación de empleo. insumo para la planificación de la transición energética en el país, incluyendo la atención de eventos disruptivos como la eventual paridad de costos de los sistemas de almacenamiento por baterías con la red eléctrica, la aparición de tasas negativas en el crecimiento de la población, la adaptación al cambio climático y la descarbonización de la economía. centroamericano. eléctrico fuera de la Gran Área Metropolitana. diseñada para los nuevos escenarios climáticos del siglo XXI.
[FA] Implementación de un plan nacional de digitalización del sistema eléctrico,
[FA] Incorporación de almacenamiento, redes inteligentes, generación distribuida y
[FA] Creación de una comisión interinstitucional del sector energía para identificar
[FA] Convenios con UCR, UNA, TEC, UNED y UTN para desarrollar tecnologías limpias
[FA] Financiamiento público de investigación y aplicación piloto de tecnologías
[FA] Decreto de creación del Consejo Sectorial de Energía. Instrucción a ministerios para apoyar la transformación de RECOPE y prohibiciones
[FA] Diagnóstico institucional del ICE y del sector eléctrico. Lanzamiento de programas piloto de digitalización y automatización. Presentación de proyectos de ley estratégicos ante la Asamblea Legislativa. Actualización de la Política Nacional de Clústeres (PNC) y relanzar el Programa
[FA] Propuestas para legislar: Presentación de una nueva ley para transformar RECOPE en una empresa estatal
[FA] Prohibiciones progresivas mediante decretos para importar vehículos usados de
[FA] Impulsar el expediente N.º 23579, Ley para Declarar a Costa Rica Libre de
[FA] Reformar la Ley 449 Constitutiva del ICE, la Ley 7200 que Autoriza la Gestión incluyendo medidores inteligentes, automatización y plataformas de atención. modernización de la red de transmisión. proyectos viables de investigación energética en universidades públicas. aplicables en sectores productivos y de transporte. desarrolladas. vehiculares progresivas.
[FA] Nacional de Clústeres para promover el desarrollo económico y la generación de empleo, superando la llamada “trampa de los países de ingreso medio”. Para esto, se debe realizar un ejercicio de planificación, integrando a todo el sector institucional, la academia, centros de investigación, al sector empresarial y a las organizaciones laborales. El programa debe enfocarse en los sectores de la economía que presenten mayor potencial de crecimiento actual y futuro, a la vez que debe promover el desarrollo en las regiones más deprimidas del país, fuera de la GAM. de energías químicas limpias (biocombustibles, SAF, hidrógeno verde, syngas o gas de síntesis, combustibles sintéticos, entre otros). o Incluir facultades de investigación, producción, importación, exportación y comercialización. o Ejecutar una reestructuración organizacional dentro de los primeros 90 días para adecuar su misión y capacidades. combustión a partir de 2026, iniciando con vehículos de cinco años y más de fabricación, en 2030, de todos los vehículos usados y, en 2045, la prohibición se extenderá a todos los vehículos nuevos que utilicen derivados del petróleo.
[FA] Exploración y Explotación de Petróleo y Gas Natural, que se encuentra en la corriente legislativa.
[FA] Autónoma o Paralela y la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, para agilizar la gobernanza, la planificación y la contratación.
[FA] Presentar un proyecto de ley para la flexibilización de contratos de generación y fomento de inversiones privadas sostenibles.
[FA] Objetivo: Modernizar el Estado sin privatizarlo, mejorando su eficacia, eficiencia, participación ciudadana y combatiendo la corrupción.
[FA] Enfoques transversales: gobierno abierto, transformación digital con inclusión, autonomía institucional.
[FA] Propuestas para gobernar: Impulsar una gestión participativa desde el Poder Ejecutivo, mediante un programa
[FA] Fortalecer el proceso de constitución de los Consejos Territoriales y Regionales de
[FA] Establecer consejos de cuenca para la gestión participativa y descentralizada del
[FA] Reformular los procedimientos para la realización de audiencias públicas en el directamente a cargo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Planificación, para convocar procesos de diálogo, construcción y concertación directa en las regiones y subregiones de planificación, teniendo como interlocutores a gobiernos locales, movimientos comunales, principales fuerzas vivas y organizaciones sociales, con énfasis en comunidades definidas como prioritarias según los índices de desarrollo humano (IDH).
[FA] Desarrollo Rural a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), como alternativa novedosa para impulsar la articulación de instituciones nacionales y gobiernos locales en los territorios e involucrar a las comunidades rurales en la definición de prioridades y alternativas de desarrollo humano inclusivo. recurso hídrico, con participación de las comunidades locales y poder de decisión en la definición de prioridades en el uso del agua y en la aprobación de planes de ordenamiento territorial de sus respectivas cuencas hidrográficas, procurando siempre evitar procesos de gentrificación que desplacen o excluyan a las comunidades locales en favor de intereses externos o elitistas. marco de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), así como procesos de ordenamiento territorial (aprobación de planes reguladores), con el fin de asegurar a las comunidades locales acceso oportuno a toda la información y garantías de participación efectiva, incluyendo la asesoría jurídica necesaria para plantear oposiciones y propuestas alternativas.
[FA] Ampliar y robustecer las medidas para garantizar la máxima transparencia en la
[FA] Desarrollar nuevos mecanismos y perfeccionar los existentes para promover la
[FA] Mantener elecciones municipales separadas de las presidenciales y legislativas.
[FA] Promover y apoyar una reforma al artículo 96 de la Constitución Política y al Código
[FA] Impulsar la aprobación del expediente N. 21835, Ley para el Fortalecimiento de las
[FA] Propuestas para legislar: Impulsar una Ley de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales que asegure
[FA] Consolidar, mediante reformas normativas, el derecho de los gobiernos locales a función pública y el libre acceso de la ciudadanía a la información de interés público, consolidar las políticas de gobierno abierto, eliminando la discrecionalidad de las y los jerarcas para publicar la información, uniformar los criterios para garantizar la calidad de la información publicada y que, en todos los ministerios e instituciones, se encuentre actualizada y disponible en línea la información esencial sobre contrataciones y ejecución de los recursos públicos, entre otros aspectos relevantes. creación de políticas públicas con participación directa de la ciudadanía en el ámbito del Poder Ejecutivo: ampliar opciones de consulta ciudadana en línea, instaurar un procedimiento para el trámite de propuestas ciudadanas que deberán ser atendidas prioritariamente por el Poder Ejecutivo, entre otras medidas.
[FA] Consideramos que las iniciativas que han circulado para volver a realizar simultáneamente las elecciones municipales con las nacionales serían un retroceso para el fortalecimiento del régimen municipal y la relativa autonomía ganada por las dinámicas política locales a nivel de los cantones.
[FA] Electoral, expediente N.º 20117, sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, para facilitar que los recursos de la contribución estatal a los partidos políticos puedan utilizarse de forma directa y garanticen el derecho de todas las agrupaciones a divulgar sus propuestas en condiciones básicas de equidad, incluyendo el establecimiento de una franja horaria financiada con los recursos existentes de la contribución estatal, con un acceso equitativo mínimo a los medios de comunicación colectiva (radio, televisión, prensa escrita, medios digitales), lo que permitirá que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda cubrir directamente una parte de estos gastos, de forma equitativa, como financiamiento indirecto o en especie (expediente N.º 21836, Ley para la Creación de Franjas Electorales).
[FA] Coaliciones Electorales, y, en general, reformas que favorezcan el desarrollo y la naturalización, de cara a la ciudadanía, de diversas formas de convergencia entre las fuerzas políticas existentes, en el marco de un escenario político multipartidista. el poder real de las comunidades sobre decisiones que afectan bienes comunes como el agua, la biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible. Esta ley establecerá mecanismos de consulta y deliberación vinculantes en el ámbito local. dictar moratorias temporales o indefinidas sobre la realización en su territorio de actividades altamente dañinas para el ambiente, así como el derecho de las comunidades locales a solicitar estas moratorias y pronunciarse sobre ellas, en el marco de procesos participativos de ordenamiento territorial (expedientes N.º 20129 y N.º 21126, Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental).
[FA] Impulsar la aprobación de una Ley de Presupuestos Participativos para permitir a las
[FA] Impulsar la aprobación del proyecto de reforma al Código Municipal para facilitar la
[FA] Promover reformas legales y constitucionales, respetuosas de la rigidez y jerarquía
[FA] Reformar la legislación para garantizar que las campañas previas a cualquier
[FA] e) Impulsar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley para Democratizar las
[FA] Identificar y eliminar las trabas y restricciones, incluyendo normas reglamentarias y
[FA] Realizar una revisión exhaustiva del expediente N.º 21828 Ley de Protección de la comunidades decidir de forma directa sobre prioridades en materia de inversión y desarrollo de obras y servicios públicos, a nivel de los gobiernos locales, mediante los concejos de distrito y organizaciones comunales, tomando como referencia la experiencia acumulada desde 2009 en diferentes cantones, así como el expediente legislativo N.º 21778 y la consulta correspondiente realizada a las municipalidades del país. convocatoria por iniciativa ciudadana a cabildos, plebiscitos y referendos cantonales y distritales, con el fin de que las comunidades decidan sobre actuaciones municipales que les afecten directamente y establecer que la población pueda someter de forma directa propuestas a votación del Concejo Municipal, a través del mecanismo de iniciativa popular. constitucional, para facilitar que la ciudadanía pueda convocar referéndums de reforma legal y constitucional. Entre las reformas que se promoverán, se encuentra el establecimiento de umbrales diferenciados y escalonados de recolección de firmas para convocar a dichos mecanismos: a) 3% del padrón electoral para referéndums de derogación legal; b) 5% para referéndums de reforma legal y c) 8% para referéndums de reforma constitucional parcial. Adicionalmente, se ampliará el tiempo para que la ciudadanía reúna las firmas, también de manera escalonada, según el siguiente modelo: a) 9 meses para referéndums de derogación legal; b) 12 meses para referéndums de reforma legal; c) 18 meses para referéndums de reforma constitucional. referéndum ciudadano cumplan con los principios democráticos esenciales del pluralismo político, la deliberación ciudadana, la equidad en el acceso y la difusión de información relevante y verificable, así como la inclusión en el debate público de todas las voces políticamente pertinentes en condiciones reales de igualdad política y deliberativa. La regulación deberá establecer plazos diferenciados y razonables para el debate ciudadano, de modo que el tiempo disponible para la deliberación guarde proporcionalidad con la jerarquía jurídica del cambio sometido a consulta.
[FA] Audiencias Públicas de ARESEP, expediente N.º 21030, para hacer posible la participación efectiva de las comunidades en las audiencias sobre aumentos en tarifas de servicios públicos. de menor rango que, en el ámbito de las distintas instituciones, limitan el acceso a la información pública, expediente N.º 21172, Ley para Armonizar la Regulación de los Secretos de Estado con la Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, impulsar una reforma legislativa para recuperar la celeridad y efectividad del recurso de amparo por omisión de las instituciones, para que entreguen información pública en un plazo determinado, frente a la jurisprudencia regresiva que ha venido relativizando este derecho fundamental.
[FA] Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, para ampliar el ámbito de
[FA] Reformar la Ley 8491 de Iniciativa Popular para garantizar la integridad del
[FA] Eliminar la barrera del subcociente electoral para reforzar la proporcionalidad del
[FA] Regular el uso de redes sociales y prevenir las estrategias de desinformación. Se
[FA] Regular las puertas giratorias de empresas de marketing y tecnológicas. Se debe
[FA] Fortalecer la transparencia del financiamiento privado. Además de los informes
[FA] Establecer un reglamento para el uso del fondo de capacitación de los partidos cobertura y protección con respecto a las nuevas tecnologías y técnicas como la minería de datos, así como trasladar la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) a la Defensoría de los Habitantes. Además, ampliar e implementar los programas de alfabetización digital para dotar a la ciudadanía del conocimiento y herramientas necesarias para acceder a la información y participar en los programas estatales y políticas públicas desde sus hogares. contenido de los proyectos impulsados por la ciudadanía y evitar que la Asamblea Legislativa pueda alterarlos en su sentido esencial, mediante enmiendas parlamentarias (a partir del expediente N.º 21280, Ley para la Protección de la Democracia Participativa). sistema electoral. Si bien es imposible una proporcionalidad perfecta, esta reforma permitiría que el sistema electoral sea más proporcional que el actual, al permitir que partidos minoritarios tengan más posibilidad de elegir representantes en la Asamblea Legislativa o en los Concejos Municipales y Concejos de Distrito. impulsará una discusión para llevar adelante una reforma legal relativa al uso de redes sociales y tecnologías digitales en campañas electorales, con el fin de prevenir estrategias de desinformación y excluir discursos de odio, sin afectar el pluralismo político como principio esencial de la democracia. Esta reforma buscará que las campañas electorales sean espacios de información verificada y debate fundamentado. promover la legislación que regule que las personas responsables de las campañas electorales asuman cargos públicos, una vez que han ganado las elecciones. Las empresas dedicadas al mercadeo político, a través de la publicidad de vigilancia, el desarrollo de algoritmos para alcanzar a la población sin su voluntad expresa y la incitación a acciones concretas buscan llevar las mismas estrategias a las instituciones públicas, lo que tiene como resultado que estas desvíen su función de brindar información y comunicar a la de mantener campañas permanentes en las que se emplean estrategias de desinformación, posverdad y vigilancia a opositores y críticos. remitidos al TSE, los partidos políticos estarán obligados a publicar de manera permanente, en sus sitios web, listados mensuales de las donaciones monetarias o en especie recibidas, con fecha límite el día 15 de cada mes. Asimismo, deberán informar mensualmente sobre los préstamos suscritos con entidades financieras y sobre la colocación de bonos electorales (certificados de cesión del derecho a la contribución estatal) autorizados por el TSE, precisando el nombre completo y número de identificación de las personas aportantes, así como el monto total y los porcentajes de descuento pactados. políticos. Actualmente, las agrupaciones encuentran dificultades para acceder a dicho fondo, pues el reembolso solo se reconoce una vez finalizados los procesos de formación. Se propone que el reglamento defina mecanismos de liquidación más
[FA] Modernizar las condiciones para inscribir partidos políticos. Sin menoscabar el
[FA] Entre estos requisitos deberá fortalecerse el componente programático, de modo
[FA] Fortalecer la fiscalización legislativa del Poder Ejecutivo, mediante dos disposiciones
[FA] Rendición de cuentas por parte de las personas ministras. Junto con la obligación de
[FA] Establecer la pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad. Las
[FA] Asegurar la no reelección presidencial, mediante la promoción de una reforma al flexibles y permita anticipos contra la presentación de facturas proforma o contratos suscritos con las entidades capacitadoras. derecho de la ciudadanía a organizarse en partidos y en pleno respeto al principio de pluralismo, así como a la jurisprudencia constitucional vigente, resulta necesario revisar y actualizar los criterios para la creación e inscripción de nuevas agrupaciones políticas, como el número de firmas de adhesión y el número de personas necesario para constituir un partido. que la inscripción y la participación electoral estén vinculadas a propuestas claras que aseguren la representación colectiva y faciliten la rendición de cuentas. específicas: i) que la moción de censura contra ministros o ministras tenga carácter obligatorio, de modo que implique su destitución inmediata por parte de la Presidencia; ii) que la comparecencia anual del presidente o presidenta de la República deje de ser un acto meramente protocolario y se transforme en un verdadero mecanismo de rendición de cuentas, en el cual las diputadas y diputados puedan interpelar, debatir y confrontar directamente a quien ocupe la Presidencia y esta pueda, a su vez, dar sus criterios, explicaciones y cuentas sobre la gestión de su administración. asistir a las comparecencias cuando sean convocadas, debe contemplarse un mecanismo mediante el cual estas presenten un informe anual de gestión ante la Asamblea Legislativa y ante la ciudadanía. Dicho informe podrá realizarse en el seno de las comisiones legislativas competentes, según la materia de cada ministerio. En esa rendición de cuentas habría que tomar como parámetros tanto el programa del partido en el gobierno como el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, los ministros y ministras tendrían que participar, al menos una vez por año, en espacios de coordinación interinstitucional y con organizaciones sociales en las regiones de planificación definidas por MIDEPLAN. archivado expediente N.º 24111, Ley para Fortalecer la Autonomía de las Personas Funcionarias del Sector Público Costarricense Frente a los Riesgos de la Captura de la Decisión Pública, presentada por la fracción legislativa del Frente Amplio 2022-2026, para regular el lobby político, así como establecer restricciones para prevenir las puertas giratorias entre altos cargos de la función pública y el sector privado. diputaciones tienen la obligación de actuar con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía. La inmunidad no debe ser utilizada como un mecanismo de impunidad. En ese sentido, se respaldará el expediente N.º 23855, Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad. artículo 132 de la Constitución Política para restituir la prohibición a la reelección presidencial, que fue derogada por la Sala Constitucional en 2003, alegando vicios de procedimiento. Esta propuesta busca que el inciso 1 del artículo 132 se devuelva
[FA] Reforzar las autonomías institucionales, mediante reformas a las leyes orgánicas,
[FA] Fortalecer la primera vicealcaldía y su deber de rendición de cuentas, mediante una
[FA] Establecer un régimen jurídico para cumplir la obligación constitucional del sufragio
[FA] Reforma a la Corte Suprema del Poder Judicial Reformar la legislación y el reglamento de la Asamblea Legislativa para que el a la redacción establecida en la Reforma Constitucional de 1969, para que quien ejerza la presidencia de la República una vez en su vida no pueda volver a ejercerla en una segunda ocasión. Esta reforma pretende superar el lastre del caudillismo que tanto daño ha hecho en América Latina, donde líderes megalómanos se han perpetuado en el poder y secuestrado las instituciones con la excusa de que esa es la única solución a los problemas del país. Los procesos populares son esencialmente colectivos y no pueden personalizarse, porque todos los seres humanos estamos sujetos a errores. constitutivas y fundadoras de las instituciones autónomas para eliminar las presidencias ejecutivas. Esta figura, que actualmente es nombrada por el Poder Ejecutivo a su discreción y confianza, será reemplazada por un ente rector o coordinador elegido por la misma institución a través de un órgano colegiado. Estas elecciones se realizarán cada cuatro años, en un año distinto al de las elecciones nacionales para presidencia y diputaciones. Así se garantizará: (1) que los jerarcas de las instituciones autónomas conozcan el funcionamiento interno de cada institución, lo que facilita que representen sus intereses y no los del gobierno de turno; (2) que las decisiones que tomen estas instituciones estén apegadas a criterios estrictamente técnicos y no políticos; (3) mantener y consolidar las políticas públicas que requieren de seguimiento en el largo plazo, en lugar de que cada gobierno de turno decida si continúan o se interrumpen. reformar al Código Municipal que defina sus funciones y su deber de rendir cuentas al respecto, con miras a fortalecer este cargo, históricamente ocupado por mujeres (expediente N.º 21790, Fortalecimiento de las Vicealcaldías Municipales). democrático, mediante la vigencia efectiva de los artículos 2, 9 y 93 de la Constitución Política costarricense, para sancionar pecuniariamente el incumplimiento del deber cívico de votar en elecciones nacionales, municipales y referéndums nacionales. Este régimen deberá contemplar sanciones pecuniarias proporcionales, razonables y adaptables en el tiempo, así como un sistema amplio de justificaciones válidas (enfermedad, ausencia justificada, impedimento legal, entre otras). procedimiento de designación de magistradas y magistrados responda a criterios técnicos, públicos y transparentes. Como parte de esta reforma, se reducirá el peso de la entrevista ante la comisión legislativa en la evaluación de las candidaturas y se eliminará la facultad del plenario legislativo de apartarse de la terna propuesta por la comisión. Adicionalmente, se incorporará un componente de deliberación ciudadana consultiva en el proceso, mediante el cual organizaciones académicas, gremiales y de derechos humanos podrán presentar observaciones sobre las candidaturas durante el proceso de selección y realizar consultas a las candidaturas ante la comisión respectiva.
[FA] Reformar la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial para
[FA] Reforma a la Sala Constitucional Impulsar la creación de tribunales especializados que conozcan, en primera
[FA] Promover reformas constitucionales y legales que reubiquen a la Sala Constitucional
[FA] Propuestas para gobernar: Apoyar la primera Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), construida recientemente por organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y académicas (http://www.enipc.co.cr/) con el objetivo de unificar la respuesta estatal anticorrupción, establecer un horizonte de trabajo
[FA] Tomar como base la ENIPC, propiciar la construcción participativa y multisectorial de
[FA] Nombrar una ministra o ministro sin cartera con el mandato expreso de impulsar la
[FA] Avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto que permita una gestión
[FA] Incorporar en el currículo educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) un
[FA] Fortalecer los mecanismos de atención de denuncias por deficiencias en la
[FA] Promover la cultura de rendición de cuentas de las instituciones hacia la ciudadanía,
[FA] Acatar y respetar en el desempeño de los cargos las Normas y Compromisos
[FA] Rendir de manera pública y periódica la información esencial contenida en las
[FA] Rechazar el nepotismo y no nombrar ni recomendar para ser nombrados en común, medidas definidas y evaluables a corto, mediano y largo plazo y fortalecer el impacto de los esfuerzos de forma continua en el tiempo. una Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que incluya como ejes:i) la gobernanza en la lucha contra la corrupción; ii) la gestión del talento humano incluyendo nombramientos y funcionariado actual; iii) la promoción de la participación y el control ciudadano; iv) la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada y; v) el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas. creación de la política anticorrupción, articular la labor interinstitucional en esta materia y establecer al final de su mandato un mecanismo permanente de organización y control de la corrupción, que incluya y atención de las recomendaciones emitidas por los distintos exámenes periódicos, mecanismos de seguimiento y de implementación de compromisos y convenciones internacionales anticorrupción suscritas por Costa Rica. participativa de la ciudadanía, una rendición de cuentas continua y mayor transparencia en la gestión pública mediante la actualización e implementación de los decretos ejecutivos sobre datos abiertos y acceso a la información. Además, presentar un proyecto de reforma constitucional para reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental. componente transversal de promoción de una cultura de legalidad y anticorrupción en sus distintas manifestaciones, incluyendo el empoderamiento de las personas como agentes de cambio para la construcción de una sociedad más ética y transparente. prestación de servicios públicos y actos de corrupción, incluyendo medidas de protección efectiva para quienes denuncian estos hechos. tomando en cuenta experiencias como las del movimiento “Territorios Seguros”, buenas prácticas realizadas a nivel internacional y en nuestro propio país por iniciativa ciudadana o institucional.
[FA] Ético-Políticos en la Función Pública del Frente Amplio que para todos los efectos se incorporan a este Plan de Gobierno. declaraciones juradas sobre situación patrimonial que deban presentar ante la Contraloría General para los cargos indicados en dicha Ley desde el inicio de su mandato hasta su finalización. cualesquiera puestos remunerados de la Administración Pública a cónyuges, compañeros o compañeras sentimentales o a sus parientes en línea ascendiente o colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad.
[FA] Objetar de forma explícita cualquier iniciativa dirigida a aumentar su remuneración u
[FA] Asumir el compromiso ético de que ellos, ellas y sus empresas se mantendrán al día
[FA] Renunciar de forma inmediata e incondicional a los fueros de inmunidad en caso de
[FA] Declinar a recibir una pensión para expresidentes, así como a cualquier otra pensión
[FA] Promover un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, respetando
[FA] Prevenir, evitar y combatir cualquier acto de violencia de género, violencia doméstica
[FA] Propuestas para legislar: Convertir los delitos contra el honor en faltas civiles para cerrar portillos al
[FA] Proponer una Ley de Lobby en las instituciones públicas que regule, transparente y
[FA] Instituir la obligación de hacer pública la información esencial contenida en las
[FA] Prohibir la participación societaria “offshore” de servidores públicos en paraísos
[FA] Establecer un tribunal penal especializado en crímenes de cuello blanco y otorgarles beneficios adicionales a los ya reconocidos por la ley y votar en contra cualquier propuesta de reforma normativa, acuerdo o acto administrativo que busque esa finalidad. Las personas nombradas en juntas directivas de bancos del Estado y otras empresas o instituciones públicas que paguen remuneraciones desproporcionadas a sus jerarcas, deberán comprometerse a presentar y apoyar propuestas para congelar y rebajar dichas remuneraciones hasta llevarlas a montos razonables. en el pago completo de dichas obligaciones y renuncien a toda participación societaria en paraísos fiscales y en sociedades donde pueda existir un conflicto de interés con los deberes públicos que desempeñen. que el Ministerio Público abra alguna investigación en contra de quienes integran los Supremos Poderes por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. de lujo a cargo del presupuesto nacional por las que no se haya contribuido en su sostenimiento. En cambio esos recursos se reintegrarán en el presupuesto nacional. las creencias de todas las personas, sin usar los poderes del cargo para imponer las propias, ni promover culto o religión alguna. o acoso sexual, laboral o político en sus actividades públicas y privadas. amedrentamiento en vía penal contra quienes denuncian actos corruptos y de abuso de poder en el Estado (expediente 19.930). limite la injerencia de los grupos de presión que buscan promover decisiones favorables a los intereses de sus grupos en el funcionamiento de las instituciones estatales. declaraciones juradas sobre situación patrimonial que deban presentar ante la Contraloría General las personas funcionarias públicas indicadas en dicha Ley (recuperar la iniciativa del expediente 20.604), ampliando el deber de rendir declaración a cargos de confianza e incluyendo el deber de rendir declaración sobre criptomonedas y bienes en el extranjero, dotando a la Contraloría General de la República de herramientas para permitir dicha fiscalización. fiscales y en otros mecanismos legales de elusión y evasión fiscal. anticorrupción, incluyendo delitos funcionales y de financiamiento electoral, para tener a las mejores personas especialistas trabajando de lleno el juzgamiento de la corrupción. También fortalecer la Fiscalía Anticorrupción para consolidar una carrera profesional en la Fiscalía y evitar intromisiones arbitrarias que atenten contra la
[FA] Declarar imprescriptible la acción penal contra los delitos de Gran Corrupción en
[FA] Facultar a las autoridades judiciales a que realicen el registro, secuestro y examen
[FA] Cerrar portillos legales y revisar las normas que impiden sancionar los delitos de
[FA] Castigar a jerarcas que, a pesar de contar con los recursos necesarios, retarden
[FA] Revisar las penas excesivamente bajas de algunos delitos de corrupción que no
[FA] Avanzar en la legislación sobre responsabilidad penal y civil aplicable a las personas
[FA] Actualizar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Ética y Valores para
[FA] Fortalecer la Procuraduría de la Ética Pública, dotándola de más recursos, personal
[FA] Sobre las inmunidades. Impulsar la reforma constitucional para eliminar la inmunidad
[FA] Sobre las pensiones de lujo. Velar por el cumplimiento de la contribución obligatoria independencia y continuidad de las y los fiscales encargados de perseguir estos casos (recuperar la iniciativa del expediente 20.683). razón del inconmensurable daño social que causan y la impunidad asociada a este fenómeno (expediente 22.409) y presentar un Proyecto de Protocolo Adicional a la Convención Interamericana contra la Corrupción como herramienta de vanguardia en la lucha contra este fenómeno en nuestro continente. de documentos privados e intervención de las comunicaciones cuando se investigan los delitos de corrupción pública (recuperar la iniciativa del expediente 20.683). tráfico de influencias y toda la materia vinculada con contratos y concesiones del Estado, como pago de sobreprecios, ejercicio indebido de influencias y favorecimiento indebido de contratistas, recepción y pago de obras en mal estado y otros de carácter financiero como el peculado bancario, entre otros. inversiones u omitan compras de equipo u obras requeridas para garantizar la prestación de los servicios públicos, y en general todas aquellas prácticas de sabotaje y deficiente prestación de los servicios públicos para favorecer negocios particulares. guardan relación con el daño que producen a la sociedad y al erario. jurídicas por su participación en hechos de corrupción, incluyendo la fiscalización efectiva de los modelos de “compliance” para cumplir con la normativa anticorrupción y promover los principios éticos en su actividad. robustecer sus labores y estandarizar, simplificar y modernizar los más de cien reglamentos de ética de las distintas instituciones del sector público. y mediante la aprobación de una ley que le otorgue un mandato legal para fiscalizar la implementación de medidas anticorrupción en el Estado, impulsar su reglamento para el manejo de conflictos de intereses como norma modelo y garantizar por ley que sus dictámenes sean vinculantes para la Administración Pública. de las personas integrantes de Supremos Poderes que son investigadas por delitos de corrupción y manejo ilegal de fondos públicos, según lo tipifican la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal (recuperar el expediente 21.571) y agilizar los procesos de juzgamiento tramitados bajo este régimen. a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional (Ley 9383), la prohibición de la práctica de heredar pensiones de lujo de ex diputados y ex diputadas (Ley 9381), abolir los privilegios a expresidentes que reciben millonarias pensiones, teniendo ingresos suficientes para subsistir (continuar con los expedientes 21.345 y 22.623) y girar las directrices para que a corto plazo se eliminen las deficiencias administrativas que provocan el pago de pensiones a personas fallecidas.
[FA] Con el Poder Judicial. Reformar la Constitución Política para modificar el mecanismo
[FA] Con el Poder Legislativo. Apoyar la reforma de ley para hacer efectivas las causales
[FA] Con la Defensoría de los Habitantes. Promover una reforma constitucional para
[FA] Reenfocar la política exterior costarricense, hacia un actuar diplomático profesional,
[FA] Posicionar a Costa Rica desde una política exterior feminista, que busque combatir
[FA] Sentar las bases para que la sociedad costarricense pueda enfrentar los retos del