[FA] La situación actual de las niñeces, adolescencias y sus derechos es quizás la peor en la historia reciente del país, porque muestra a un Estado costarricense que incumple sus compromisos asumidos al ratificar los marcos regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos; también porque disminuye la inversión social, violenta y directamente, a este grupo de población, por omisión y por acción: les abandona al no brindarles una adecuada, eficiente y oportuna respuesta y protección integral de calidad, poniéndoles en riesgo y vulneración, lamentando luego muertes que pudieron ser evitadas. El Estado de Costa Rica no logra ni busca transformar los contextos adversos, ni las situaciones de explotación, exclusión económica y marginación social. Impulsa acciones de corte paliativo de corto plazo y, con los recortes, va disminuyendo los subsidios. Sumado a esto, ha venido debilitando la capacidad de las instituciones y de las organizaciones sociales, reduciendo recursos, cerrando programas y haciendo difícil sostener procesos. El contexto actual de disminución de la cooperación internacional ha dejado a más personas sin poder ser atendidas, se ha elevado el desempleo y las condiciones precarias, ante un gobierno cerrado y pasivo en esta materia. Nadie niega que Costa Rica cuenta con un marco normativo robusto y que ha hecho esfuerzos importantes para estar a la vanguardia en muchos espacios. Sin embargo, también es importante señalar que el país tiene serias dificultades en implementar tanto el marco jurídico como el político en materia de niñeces y adolescencias. Esto porque hay deficiencias en la articulación y coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral, sobre todo desde lo central a lo local y viceversa, entre lo institucional y lo sectorial, por la falta de una adecuada inversión social y por el cortoplacismo de las acciones que cambian cada cuatro años, con las administraciones centrales, incumpliéndose lo que está definido por la propia legislación nacional e internacional. Son muchos frentes que urgen atención y requieren de respuestas robustas y transformadoras, pero también se requiere volver a poner como prioridad a las personas menores de edad que viven en Costa Rica, ofrecerles un país sin discriminación, si queremos tener un presente y un futuro mejor. Los datos del reciente X Informe de la Educación muestran cómo ya se ha sacrificado a toda una generación. Del total de las personas menores de edad, 38% vive en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no puede satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. Esta territorios, violencia en la publicidad comercial, violencia mediática y simbólica, entre otras. el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y aquellos que propongan fusionarlo con otros programas o diluirlo en instituciones que atienden a otros sectores de la población. Por el contrario, se impulsará el fortalecimiento de la función rectora del INAMU en el ámbito de su competencia y un incremento gradual de sus recursos, mediante la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento. situación es todavía peor en las regiones periféricas del país, donde actualmente llega al 50% de la población de niñeces y adolescentes, lo que aumenta la desigualdad y la exclusión social. 128 mil personas viven en pobreza extrema en Costa Rica y representan un 13,5% del total de la población entre 0 y 12 años; el 10% vive en casas en mal estado y el 7,4 con servicios básicos deficientes, según datos de UNICEF y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta organización también alerta sobre el hecho de que las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central superan con creces el 13,5% a nivel nacional, lo que aumenta la desigualdad de los hogares en las costas y con jefatura femenina. Los diferentes gobiernos han abandonado a la población adolescente. Existen muy pocas oportunidades para su desarrollo, lo que ha permitido que el crimen organizado reclute y cerque la vida de estas personas, utilizándoles para fines delictivos, de sicariato y otros fines de explotación. Costa Rica atraviesa una de las crisis educativas más graves de las últimas décadas. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes que viven en Costa Rica ven comprometido su presente y su futuro debido a un sistema educativo que carece de inversión suficiente, infraestructura digna y políticas efectivas para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los informes nacionales e internacionales señalan una prevalencia preocupante de violencia física, psicológica, sexual, emocional, institucional y digital contra personas menores de edad, lo que exige una respuesta normativa integral y articulada. Los datos evidencian que las violencias ponen en riesgo y vulnerabilidad a las niñeces y adolescencias, hasta el punto de perder su vida. Según los registros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en 2024 la institución recibió 94.240 denuncias en todo el país. Las principales formas de violencia reportadas fueron el maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual. Preocupa sobremanera la violencia en los centros educativos, en particular el acoso (bullying riesgo en el trabajo informal, la violencia percibida en los servicios de salud, el adultocentrismo, el acoso callejero y la violencia ejercida por el crimen organizado a través del sicariato para saldar deudas, lo que genera un ambiente de inseguridad y limita el derecho a la libertad de esparcimiento de estas personas.