[FA] En 2024 se registraron 879 homicidios dolosos, una cifra que, aunque representa una ligera disminución con respecto a 2023, sigue siendo notablemente alta y refleja una tasa de 16,5 homicidios por cada 100.000 habitantes (Ministerio de Seguridad Pública, 2024). El incremento en la violencia homicida está estrechamente relacionado con el avance del crimen organizado, especialmente en lo que respecta a ajustes de cuentas y disputas territoriales. Se estima que más de la mitad de los crímenes violentos están vinculados a esta causa. Este fenómeno no solo se limita a los conflictos entre bandas, sino que ha generado un aumento en la cantidad de víctimas colaterales, incluyendo jóvenes y personas menores de edad, lo que evidencia el alcance del problema más allá de los círculos criminales (UNA Comunica, 2024). Las consecuencias de esta violencia son múltiples. A nivel económico, los territorios más afectados muestran menor dinamismo, empleos precarios y condiciones que ensanchan las brechas territoriales. Se han identificado “desiertos empresariales”, donde la inseguridad limita la inversión y genera un efecto de desbordamiento negativo en comunidades cercanas. El impacto es particularmente severo en las zonas costeras del Caribe (Siquirres y Matina) y el Pacífico Central (Garabito), así como en Limón y Turrialba. Por otra parte, la ubicación estratégica del país y la extensión de su territorio marítimo lo han convertido en un nodo atractivo para las rutas del narcotráfico internacional, que trasladan cocaína desde Sudamérica hacia los mercados consumidores de Norteamérica y Europa. En este contexto, el territorio nacional funciona como puente, bodega, centro logístico y espacio de legitimación de capitales dentro de la “geopolítica del narco”. A este fenómeno se suman dinámicas de tráfico de personas, armas, madera y fauna silvestre, actividades que alimentan tanto al crimen organizado como a redes internacionales de contrabando. A pesar de los esfuerzos operativos del Ministerio de Seguridad Pública, que reportó un gran número de aprehensiones y decomisos de armas y drogas en 2024, la percepción de la población sobre la eficacia de las autoridades para resolver la situación ha disminuido de forma notable (Ministerio de Seguridad Pública, 2024). La aplicación de leyes de austeridad fiscal, como la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha debilitado la capacidad de respuesta estatal y ha provocado la fuga de personal especializado, lo que limita la contratación de nuevos agentes. Solo un grupo reducido de policías tiene atribuciones de investigación, lo que recarga al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y genera un cuello de botella en el sistema penal. A pesar del incremento presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública en 2024, no se cuenta con una estrategia clara para asignar los recursos, mientras que la falta de equipamiento tecnológico y logístico sigue siendo un obstáculo. Además, las condiciones salariales del personal policial son precarias, con un 99% de las personas funcionarias que reciben menos del salario global establecido, lo que afecta su motivación y permanencia en el servicio. Por otro lado, el Poder Judicial también enfrenta desafíos importantes. El informe Estado de la Justicia de 2025 advierte que el sistema judicial "está bajo ataque" y que existen rezagos en la administración de justicia, lo que podría dificultar una respuesta efectiva a la creciente conflictividad (Delfino.cr, 2025). Actualmente, apenas un 40% de los casos de homicidios llegan a condena, mientras que la sobrecarga de la Fiscalía es evidente: en 2023 se recibieron 17.047 denuncias por delitos contra la vida, con un promedio de 47 casos diarios. El Programa Estado de la Nación enfatiza que el problema de la seguridad no puede ser analizado de forma aislada, sino que se debe entender en el contexto de un crecimiento económico excluyente y una desigualdad social estancada (UNA Comunica, 2023). Este patrón de desarrollo ha generado "insuficientes oportunidades de trabajo e ingreso" para la mayoría de la población, lo que, a su vez, hace que los sectores más vulnerables, especialmente las personas jóvenes, sean más susceptibles a ser reclutadas por el crimen organizado (CONARE-PEN, 2023). Adicionalmente, el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR (2024) sobre la crisis de seguridad señala que los recortes presupuestarios en áreas vitales como la educación pública y la inversión social debilitan la capacidad del Estado para prevenir la delincuencia. Un menor acceso a la educación y a oportunidades dignas conduce a un ciclo de vulnerabilidad que el crimen organizado explota. En este sentido, un informe del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia (2013) ya había señalado la correlación entre la desigualdad y la incidencia de los homicidios. La situación de la seguridad ciudadana en Costa Rica, según los informes y datos más recientes, es un reflejo de la erosión de su "contrato social" histórico. El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la percepción de una gestión estatal ineficaz son síntomas de problemas estructurales más profundos, como la desigualdad socioeconómica y el debilitamiento de las instituciones. Superar esta crisis no solo requiere de acciones policiales y judiciales, sino de un abordaje integral que fortalezca el tejido social y brinde oportunidades a la población más vulnerable.