oasolisr/crPoliticalCorpus2026 huggingface dataset:
[FA] Propiciar espacios de gestión colaborativa entre instituciones públicas y empresas
[FA] Regular mediante la inspección y reglamentación del Ministerio de Salud la
[FA] 1.4 Promoción de la salud en todos los escenarios Promover la creación de un programa de salud escolar y de la persona adolescente,
[FA] Realizar una actualización del modelo de intervención de IAFA, que amplíe su
[FA] Enfatizar intervenciones centradas en el uso excesivo de alcohol, por ser la droga de
[FA] Fortalecer el acompañamiento programático en la población menor de edad,
[FA] Fortalecer el programa de comedores escolares de manera que se asegure su escuelas, colegios, universidades, entorno laboral, comunidad y hogares, mediante campañas informativas y coordinaciones intergubernamentales e intersectoriales. empresarios que promuevan espacios de recreación en zonas verdes y costeras, como ambientes que favorezcan la salud mental y estimulen la economía. al Código de Trabajo (Ley 2) para reconocer como derecho laboral el uso de asientos durante la jornada laboral. privadas, para la promoción de la salud desde los consultorios médicos empresariales, con énfasis en disminución de riesgo del consumo y detección temprana en uso de sustancias psicoactivas. reducción del uso de agroquímicos a nivel agropecuario y, mediante decreto, asegurar el uso de equipo de protección personal por parte de todas las personas empleadas en estas funciones. desde una integración interinstitucional e intersectorial que permita la participación de profesionales de salud. espectro de intervención en prevención, tratamiento y seguimiento, tanto desde paradigmas tradicionales, centrados en la moral, lo biomédico y lo jurídico, como desde paradigmas centrados en la evidencia científica y de la experiencia actual, los derechos humanos, la salud pública comunitaria y una visión latinoamericanista descolonizada, con miras a ofrecer buenas prácticas clínicas situadas a la población beneficiaria. mayor uso en Costa Rica (IAFA, 2015). Además, fomentar la igualdad real de acceso a los servicios residenciales de tratamiento, aumentando el número de centros especializados para mujeres, personas menores de edad, adultas mayores y personas con capacidades disminuidas. mediante programas de prevención de uso de drogas, en los primeros años (10-14) y últimos años de secundaria (17), pues son los de mayor riesgo de inicio en el uso de drogas (IAFA, 2021). financiamiento y se promuevan los principios de nutrición saludable, con encadenamientos productivos a pequeños y medianos productores, de acuerdo con el plan de reestructuración del Consejo Nacional de Producción (CNP) y su objetivo de coordinar la producción agropecuaria orientada hacia el mercado doméstico.
[FA] Involucrar a los colegios profesionales en los procesos de evaluación de la calidad y
[FA] Capacitar en el Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) y otras formas de
[FA] Fortalecer el papel social y de promoción de la salud del Instituto Costarricense del
[FA] 1.5 Fortalecimiento de los cuidados informales y formales Garantizar el financiamiento a los programas contemplados en la Política Nacional
[FA] 1.6 Cambios en legislación para mejorar el acceso a medicamentos y servicios de salud Asegurar la pronta reglamentación de la Ley 10511 propuesta por el Frente Amplio
[FA] 2. Rescate de la autonomía y fortalecimiento institucional de la CCSS 2.1 Gestión institucional de la CCSS Fortalecer los criterios de idoneidad y transparencia en los nombramientos de las
[FA] Fortalecer las Juntas de Salud, convirtiéndolas en verdaderas auditorías ciudadanas
[FA] Solicitar una auditoría sobre la implementación del sistema de planificación de certificación de las personas graduadas del área de salud, así como incentivar la creación de mecanismos de recertificación profesional, lo que permitirá mejorar los estándares de calidad y, con ello, la protección y seguridad de la salud humana. comunicación alternativa, mediante programas virtuales del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), en el caso del personal de la CCSS, y mediante plataformas tecnológicas pertinentes, en el caso del personal de otros centros e instituciones de salud. Se debe avanzar para garantizar que, en los diferentes centros de salud del país, exista personal capacitado y medidas de comunicación que permitan una atención adecuada a todas las poblaciones, con capacitaciones en lenguas indígenas en los centros de salud con atención directa a esta población y los que corresponda, según las redes de integración del sistema nacional de atención.
[FA] Deporte y la Recreación (ICODER). de Cuidados 2021-2031, así como la adecuada ejecución desde el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como ente coordinador del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos y de atención a la dependencia. para la modificación a la Ley de patentes, de manera que se pueda levantar la exclusividad por temas de salud pública. gerencias de la Caja (CCSS), su designación y la rendición de cuentas de su desempeño. a las que deberán rendir cuentas de forma directa las autoridades de los centros de salud. Esas juntas tendrán acceso inmediato a la información y deberán ser consultadas en la definición de presupuestos y prioridades de inversión. recursos ERP-SAP, de manera que se hagan las revisiones pertinentes que permitan el adecuado control de los procesos administrativos institucionales, sin perjuicio de la atención ni de las finanzas institucionales, asegurando una transición adecuada entre los cambios de sistemas, que permita continuidad, en respeto a los criterios técnicos.
[FA] 2.2 Mejoras en la prestación de los servicios de atención en salud y la problemática asociada a las listas de espera Implementar una estrategia en coordinación con el CENDEISSS, para ampliar los
[FA] Realizar una auditoría nacional sobre las necesidades de recurso humano de cada
[FA] Ampliar horarios de atención en los centros de salud, aprovechando la capacidad
[FA] Mejorar la coordinación entre los departamentos de los centros de salud (consulta
[FA] Revisar los criterios establecidos para la práctica investigativa por parte de
[FA] Fomentar el avance de los proyectos de construcción e inversión, con énfasis
[FA] Priorizar las estrategias de prevención y promoción de la salud, así como la
[FA] Mejorar las condiciones laborales del personal de salud de la CCSS, con mesas de
[FA] Generar estrategias de reconocimiento sobre la educación continua, con el fin de
[FA] 3. Fortalecimiento del financiamiento solidario de la seguridad social Priorizar, en los presupuestos nacionales, el efectivo financiamiento del seguro de cupos y el proceso de formación de especialistas, con el fin de dar una solución permanente, en el mediano plazo, a la problemática de la falta de especialistas, con criterios objetivos académicos y de calidad, con proyección y enfoque a largo plazo (nuevas personas graduadas por año, pensionadas, retiradas, personal que se va al sector privado, capacidad instalada de los hospitales para formación de especialistas, entre otras). institución, con el fin de garantizar la atención de calidad, tanto en perfiles profesionales como técnicos. instalada de los hospitales y contratando personal en horario extraordinario (jornadas de producción), de manera articulada, para asegurar que se cuente con los equipos completos de atención y que esto no represente un desperdicio de recursos. externa, imágenes médicas, servicios de apoyo, laboratorio, etc.) en la atención de las personas pacientes. profesionales en salud, de manera que cuenten con apoyo institucional y puedan adoptarse medidas que fomenten la realización de proyectos sin que esto signifique una carga adicional, mediante la regulación del puesto profesional-investigadora. prioritario en las zonas fuera de la GAM, enfocando esfuerzos en proyectos como la construcción del nuevo Hospital de Cartago, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, entre otros. educación a la población en general sobre el uso adecuado de los servicios de salud. trabajo que involucren a los distintos sectores (médicas y médicos especialistas, generales, profesionales en enfermería, nutrición, psicología, entre otros), donde se trabaje en conjunto, asegurando una estrategia que sea sostenible y que fomente un ambiente laboral idóneo. estimular al personal a que continúe su formación académica y actualización de conocimientos y destrezas. salud, con la inclusión de los montos destinados a pagar la deuda estatal con la Caja, según lo dispuesto en la sentencia histórica ganada por nuestra fracción.
[FA] Continuar con la defensa de las finanzas de la CCSS, de manera que, cuando sean
[FA] 4. Fortalecimiento del Sistema Nacional Pensiones Continuar con todas las medidas pertinentes para garantizar el financiamiento del
[FA] Establecer préstamos con base en el fondo de pensiones de la Caja para personas
[FA] Desarrollar una exploración de fuentes alternativas para dar sostenibilidad y
[FA] Impulsar la creación de mecanismos que permitan al Régimen de Invalidez, Vejez y
[FA] 1.1. Un modelo de salud y de seguridad social como derecho humano Continuar con la gestión del expediente N.º 20970, Ley para Prohibir Todas Aquellas
[FA] Continuar con la gestión del proyecto de ley expediente N.º 24507 Ley para
[FA] 1.2 Salud mental Continuar con el trámite del expediente N.º 24520 Ley para Aumentar el
[FA] 1.3 El derecho a la salud en el trabajo Impulsar el expediente N.º 24935 “Ley Silla”, para garantizar el derecho de las
[FA] Impulsar el expediente N.º 23706 Ley de Licencia Menstrual para las Mujeres y
[FA] 1.4 Promoción de la salud en todos los escenarios necesarias amnistías en morosidades para reactivación económica, estas sean primordialmente para pequeños y medianos contribuyentes. seguro de pensiones, como el proceso de juicio contencioso administrativo presentado por el Frente Amplio para que el Estado indemnice al Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) por el incumplimiento de esta obligación. trabajadoras, de manera que se puedan utilizar como préstamos para vivienda y, en general, para actividades que puedan generar patrimonio de las y los trabajadores. Los préstamos hipotecarios deben concederse a plazos más amplios que los actuales y vincularse con el bono de la vivienda, cuando corresponda. ampliación de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), tanto en cobertura como en suficiencia monetaria de la pensión.
[FA] Muerte (IVM), al administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y a otros fondos de pensiones, invertir de manera efectiva en obra pública.
[FA] "Terapias" Dirigidas a Revertir o Modificar con Fines de Pretendida "Curación" la Orientación Sexual de las Personas LGBTI.
[FA] Modernizar la Ley General de Salud en Materia de Contaminación Sonora y Promover los Paisajes Sonoros Positivos.
[FA] Presupuesto que Invierte el Estado en la Atención de la Salud Mental, y dotar de recursos las estrategias dirigidas en esta materia. personas trabajadoras al asiento durante sus jornadas laborales.
[FA] Personas Menstruantes Trabajadoras y Día de Descanso para las Estudiantes con Dolores Menstruales.
[FA] Impulsar el expediente N.º 23697 Ley para Regular la Fumigación Aérea. Continuar con el trámite del expediente N.º 24765, Ley de Creación de la Modalidad
[FA] Impulsar el expediente N.º 24481, Ley para Promover, Proteger y Apoyar la
[FA] Volver a plantear estrategias dirigidas a una alimentación saludable, como el
[FA] Generar un proyecto de ley para hacer obligatorio el etiquetado y la información a la
[FA] 1.5 Fortalecimiento de los cuidados formales e informales Continuar con el trámite del expediente N.º 24231 para reconocer el día nacional de
[FA] 1.6 Cambios en legislación para mejorar el acceso a medicamentos y servicios de salud Continuar con la aprobación del expediente N.º 23310 para eximir de la aplicación
[FA] Seguir con el trámite del expediente N.º 24176 para regular el cultivo doméstico de la
[FA] 2. Rescate de la autonomía y fortalecimiento institucional de la CCSS
[FA] 2.1 Gestión institucional de la CCSS Continuar con la gestión del proyecto de ley 24805, para incluir dentro de la
[FA] Tramitar el proyecto de ley 24025, reforma a la Junta Directiva de la CCSS, para
[FA] Generar un proyecto de ley para generar criterios de idoneidad en las Gerencias de de Pedagogía Hospitalaria, del Ministerio de Educación Pública, la cual tendrá una coordinación técnica con la CCSS, para brindar apoyo educativo a las personas recién nacidas, niños, niñas, adolescentes, así como personas adultas con diagnóstico de patología psiquiatría, guardando correspondencia con los planes y programas aprobados por el Consejo Superior de Educación para este tipo de apoyo educativo, así como la capacidad instalada y protocolos de funcionamiento en cada centro hospitalario de la CCSS.
[FA] Lactancia Materna en todos los entornos, desde escenarios laborales hasta centros de detención para mujeres privadas de libertad. expediente N.º 21132 para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados, a la vez que generar estrategias dirigidas a fomentar el consumo de productos agrícolas nacionales. población sobre los riesgos en alimentos con altos niveles de azúcares, contenidos grasos, así como organismos genéticamente modificados. la persona cuidadora de las personas adultas mayores y con discapacidad. del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los medicamentos y sus procesos de producción. planta del género cannabis para usos personales, con el fin de proteger la salud pública y los derechos humanos.
[FA] Constitución Política que los principios rectores de la Caja Costarricense de Seguro Social sean la equidad, igualdad, obligatoriedad, solidaridad, subsidiariedad, unidad y universalidad. eliminar que sea el Poder Ejecutivo quien nombra a la Presidencia de la Junta Directiva. la CCSS donde se establezcan aspectos como que no podrán ocupar el cargo por
[FA] Retomar el proyecto de ley 21066, con la finalidad de fortalecer y resguardar el
[FA] 2.2 Mejoras en la prestación de los servicios de atención en salud Retomar el expediente N.º 21312 para dar la potestad del Ministerio de Salud de
[FA] Promover legislación que sancione penalmente los “biombos”, así como a quienes
[FA] Promover una reforma a la Ley 9234 de investigaciones biomédicas, para que el
[FA] 3. Fortalecimiento del financiamiento solidario de la seguridad social Priorizar la pronta aprobación del proyecto de ley del Frente Amplio 24859, para
[FA] Volver a presentar iniciativas dirigidas a fomentar la imprescriptibilidad de las deudas
[FA] Dar seguimiento al expediente N.º 24701 para garantizar el giro de recursos del
[FA] Insistir con una ley para establecer la obligación de contar con un seguro de la
[FA] 4. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones Continuar con el expediente N.º 24008, para realizar un pago de pensiones
[FA] Generar alternativas de promoción de la salud que representen una oportunidad de más de dos períodos consecutivos ni quienes estén siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. carácter público y solidario de los servicios de salud que presta la Caja Costarricense de Seguro Social. En particular, se busca poner freno a los procesos de desmantelamiento, privatización y mercantilización de estos servicios, a través de la adopción de una serie de medidas orientadas a prevenir que se repitan en el futuro las serias irregularidades y abusos cometidos a través de las compras de servicios y figuras similares. autorizar la contratación temporal de profesionales especialistas ante situaciones de inopia comprobada que pongan en peligro la salud de la población. debilitan la prestación de los servicios de salud de la CCSS u omiten su mejoramiento oportuno y refieren personas usuarias afectadas a consultorios o clínicas privadas con las que tienen vinculación.
[FA] Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) genere protocolos de investigación aplicables a investigaciones cualitativas y se incluya un enfoque desde la bioética social comunitaria, característica de las realidades latinoamericanas. asegurar el pago de la deuda del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social en un periodo de 20 años. por cuotas obrero-patronales de los seguros sociales (como el expediente N.º 21045). impuesto al tabaco y del impuesto a dispositivos electrónicos de administración de nicotina y similares a la CCSS.
[FA] CCSS, como requisito ineludible para adquirir seguros privados de salud en Costa Rica o hacer efectivos seguros transfronterizos en nuestro territorio (como el expediente N.º 21374). mensuales con adelanto quincenal. financiamiento al sistema de salud, como lo fue el expediente N.º 21134 Ley para Desincentivar el Consumo de Productos Ultraprocesados y Fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
[FA] Introducción diagnóstica: Aunque Costa Rica ha logrado avances importantes en materia de igualdad de género, persisten desigualdades estructurales que afectan de manera particular a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, como aquellas que viven en zonas rurales, indígenas o que son migrantes. En 2022, la tasa de empleo femenino alcanzó un 47%, mientras que la masculina fue del 73%, lo que representa una brecha de 26 puntos porcentuales, 14 puntos por encima del promedio de los países de la OCDE. Además, el trabajo a tiempo parcial es más frecuente entre las mujeres: un 30% frente a un 10% en los hombres (OCDE, 2024). La maternidad profundiza aún más estas diferencias, pues las madres tienen una mayor probabilidad de laborar en el sector informal –44%– en comparación con el 24% de las mujeres sin hijos. Esto se suma a que las mujeres destinan en promedio 23 horas más a la semana al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo cual limita significativamente su autonomía económica (OCDE, 2024). Por otro lado, las mujeres indígenas enfrentan múltiples barreras de exclusión: en los territorios indígenas más habitados, apenas el 17% de ellas está empleada, mientras que la cifra para los hombres es del 56%. En cuanto a las mujeres migrantes, especialmente las nicaragüenses, suelen concentrarse en trabajos domésticos informales, con condiciones laborales precarias y bajos salarios (OCDE, 2024).
[FA] Educación y desigualdades interseccionales Aunque las mujeres han logrado superar a los hombres en indicadores educativos generales, todavía existen brechas importantes en áreas clave como las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Por ejemplo, en el grupo de edad entre 25 y 34 años, el 34% de las mujeres completó estudios superiores, comparado con un 28% de hombres. Sin embargo, la participación femenina en carreras STEM es 19 puntos porcentuales menor que la masculina (OCDE, 2024). La pandemia de COVID-19 agravó estas desigualdades educativas. Según el XIX Informe del Estado de la Educación, los cierres de escuelas y la falta de acceso a conectividad impactaron de forma más severa a estudiantes de contextos vulnerables. Estas brechas de género se consolidan desde la infancia y se reflejan en la baja representación de mujeres en áreas como ciencias exactas y tecnología (Salas Gómez, 2024).
[FA] Violencia y discriminación estructural El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) subraya que aún existen rezagos históricos en materia de equidad de género, particularmente en ámbitos como el empleo, la violencia, la pobreza y la discriminación. Grupos como las mujeres jóvenes, las madres solteras y las migrantes enfrentan niveles más elevados de exclusión. Aunque se han registrado avances en educación y salud, las desigualdades persisten en diversas dimensiones (INEC, 2025). Por su parte, la CEPAL destaca que la brecha salarial de género continúa siendo significativa. Entre 2001 y 2019, las mujeres percibieron salarios menores que los hombres por trabajos equivalentes, incluso en sectores con presencia de empresas multinacionales (Torres y Zaclicever, 2022).
[FA] Inclusión de las mujeres trans en el diagnóstico interseccional Las mujeres trans en Costa Rica enfrentan diversas formas de exclusión estructural que se combinan con factores como la pobreza, la migración, la racialización y la falta de acceso a derechos básicos. Esta situación se manifiesta en distintos ámbitos: Educación y exclusión temprana La mayoría de las mujeres trans son expulsadas tanto de sus hogares como del sistema educativo desde edades tempranas, lo que limita severamente sus oportunidades de formación. Según Solano Gutiérrez et al. (2024), más del 75% presenta un bajo nivel educativo, y apenas un 6% logra alcanzar niveles altos de formación académica. Condiciones laborales y pobreza El 83% de las mujeres trans se desempeña en la economía informal y el 85% trabaja por cuenta propia, siendo el trabajo sexual una de las pocas opciones para muchas. Solo un 1,75% accede a empleos profesionales, con ingresos promedio que no superan los ₡150.000 mensuales, cifra muy por debajo del salario mínimo legal (Vega Sánchez y Álvarez Umaña, 2023). Además, un 68% realiza labores elementales, mientras que el 40% vive en condiciones de pobreza extrema. Esta realidad contrasta con el 72,75% de mujeres cis en la Región Central, que no se encuentra en situación de pobreza (Vega Sánchez & Álvarez Umaña, 2023). Acceso a salud y protección social Un 37% de las mujeres trans no cuenta con seguro médico, cifra considerablemente más alta que el 12,34% registrado entre las mujeres cis en la misma región. Las mujeres trans migrantes enfrentan barreras adicionales debido a su estatus migratorio, la transfobia institucional y diversos obstáculos administrativos (Vega Sánchez & Álvarez Umaña, 2023). Discriminación laboral estructural La investigación de la OIT (2016) muestra que el 28% de las personas entrevistadas ha sido testigo de discriminación por identidad de género en el ámbito laboral y el 15% de las personas trans ha sufrido discriminación directa. Las manifestaciones más comunes incluyen rechazo basado en la apariencia física, la forma de vestir y la expresión de género. Esta discriminación se traduce en exclusión durante los procesos de selección, filtros informales y diversas formas de violencia simbólica y explícita en los espacios de trabajo (OIT, 2016).
[FA] Violencia sexual contra las mujeres y acceso a la justicia La violencia sexual en Costa Rica es una problemática estructural urgente que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes. En 2022, los delitos sexuales representaron el 6% del total de denuncias penales ante el Ministerio Público, lo que los ubica como la cuarta categoría más denunciada en el país (Observatorio de Género del Poder Judicial, 2024). Estereotipos y revictimización en el sistema judicial Las mujeres que deciden denunciar violencia sexual suelen enfrentarse a procesos judiciales cargados de estereotipos de género, que ponen en duda la veracidad de sus testimonios y dificultan su acceso efectivo a la justicia. Un estudio de Fernández (2023), basado en dos sentencias del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, mostró cómo estereotipos como “la víctima ideal”, “la puta” y “la loca” influyen negativamente en la valoración de las pruebas y en la minimización de la gravedad de los hechos. Quienes denuncian relatan sentirse ignoradas, estigmatizadas y menospreciadas durante el proceso, lo que mina su confianza en el sistema judicial y reduce sus posibilidades de obtener justicia. La falta de sensibilidad y empatía por parte de operadores judiciales contribuye a la impunidad y perpetúa la violencia. Respuesta institucional insuficiente Aunque existen iniciativas como los Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violencia Sexual (ERRVV), que buscan brindar atención integral en las primeras 72 horas posteriores a la denuncia, su alcance es limitado y no asegura una atención universal ni libre de revictimización (Observatorio de Género del Poder Judicial, 2024). La lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de medidas cautelares efectivas y la falta de reparación integral profundizan el daño sufrido por las víctimas. Mientras tanto, los agresores suelen quedar impunes o reciben sanciones leves, lo que alimenta la percepción de que denunciar puede resultar más perjudicial para la víctima que para el agresor.
[FA] Propuestas para gobernar Ejecutar las Políticas para la Atención y Prevención de la Violencia contra las
[FA] Fortalecer el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra
[FA] Ejecutar el modelo para la coordinación y gestión establecido en el PLANOVI, así
[FA] Desarrollar procesos de descentralización y regionalización de servicios
[FA] Ampliar la cobertura de servicios públicos especializados en atención y prevención
[FA] Desarrollar respuestas específicas para la protección inmediata, atención y
[FA] Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI) 2017-2032, en todas sus manifestaciones, así como llevar adelante el trabajo con nuevas masculinidades y la Ley 9095 Contra la Trata de Personas, atendiendo ajustes desde los impactos diferenciados, según enfoques, principios fundamentados y los planes de acción previstos y definidos por los mecanismos de coordinación entre los supremos poderes, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Ley 8688, incluyendo el funcionamiento permanente del Consejo Nacional. como el funcionamiento permanente de los mecanismos de rendición de cuentas y auditorías en el ámbito nacional, regional y local, mediante la Red Nacional de Redes Interinstitucionales de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar. institucionales vinculados con la prevención y la atención de la violencia, incluyendo acciones que permitan romper con las tradicionales barreras de accesibilidad, cobertura, brechas digitales, idioma y otras, que aseguren el acceso a las mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad, mujeres campesinas y habitantes de los territorios rurales a las políticas públicas. de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de todas las edades y condiciones e impulsar la excelencia en dichos servicios, mediante la atención oportuna y aplicación efectiva de las leyes de protección. seguimiento de las mujeres en situaciones de alto riesgo de femicidio y asistencia oportuna a las mujeres y niñas víctimas de trata, violencia sexual y otras formas de
[FA] Coordinar con el Poder Judicial la aplicación efectiva de la Ley 8589 de Penalización
[FA] Gestionar alianzas con el Colegio de Periodistas, unidades académicas de
[FA] Desarrollar, junto al Poder Judicial, actividades de sensibilización en el tratamiento y
[FA] Reactivar y ampliar la Comisión Interinstitucional con la participación de la sociedad
[FA] Emitir las directrices para que el Ministerio de Seguridad Pública implemente la Ley
[FA] Promocionar una cultura no machista, masculinidades para la igualdad y la no
[FA] Contar con mecanismos de respuesta interinstitucionales eficientes ante situaciones
[FA] Asignar recursos presupuestarios, técnicos y humanos para impulsar la ampliación
[FA] Promover, ante el Poder Judicial, la creación de protocolos diferenciados para la
[FA] Desarrollar estrategias para la eliminación de prejuicios y prácticas discriminatorias y violencia, con acceso a suficientes albergues, geográficamente asequibles para las mujeres, hijos e hijas. de la Violencia Contra las Mujeres y las reformas recientes en la tipificación del femicidio ampliado, asegurando la investigación eficiente, la persecución sistemática y la sanción de los agresores, femicidas y agresores sexuales, así como impulsar un proyecto de ley para que se apruebe la elaboración de un registro nacional de ofensores sexuales. formación en comunicación y medios de comunicación, para prevenir y erradicar la violencia y revictimización de las mujeres en los titulares y en las noticias. abordaje de las situaciones de mujeres víctimas de violencia en conflicto con la norma penal, desde la perspectiva de género y una lectura sociohistórica de sus vulnerabilidades. civil, en materia de pensiones alimentarias y violencia patrimonial
[FA] 9877 Contra el Acoso Sexual Callejero, con detención en flagrancia de los acosadores y desarrollo de campañas de educación para su erradicación. En sentido más amplio, fortalecer los servicios para la prevención, defensa y exigibilidad de los derechos de las mujeres víctimas de acoso callejero. violencia en el marco de las políticas de la no violencia y sus respectivos planes de acción. de hostigamiento o acoso sexual, tomando en cuenta la Ley 7476 Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, garantizando la no revictimización de la persona involucrada, así como el acompañamiento en los procesos de denuncia o el trato de confidencialidad. Los mecanismos deben reconocer que las situaciones de hostigamiento y acoso en espacios laborales se encuentran permeados por relaciones de poder que influyen en la toma de decisiones de la persona víctima. de los servicios públicos de asistencia letrada, con el fin de asegurar la representación legal de las mujeres víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones, que no dispongan de medios económicos para cubrir los costos judiciales y administrativos de los procesos judiciales. atención de familias dolientes víctimas de femicidios que acuden a instancias judiciales para los debidos procesos. reproductoras de estereotipos sexistas, que incluyan acciones públicas para prevenirlas, desalentarlas y atenderlas, incluyendo la aprobación y aplicabilidad de la legislación para la protección de la imagen y dignidad de las mujeres en la publicidad
[FA] Procurar que la información y recursos disponibles sobre violencia de género (leyes,
[FA] Para la protección efectiva del derecho a la integridad de las mujeres se contará con
[FA] Promover mecanismos para hacer efectiva la denuncia de la violencia contra las
[FA] Defender el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de violencia
[FA] Todas las personas que resulten electas por el Frente Amplio en cargos de elección
[FA] Reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza y el uso del tiempo de comercial. Estas acciones incluirán procesos dirigidos a las personas empleadas del sector público y gobiernos locales. mecanismos y dispositivos de denuncia, instituciones de apoyo) estén en formato accesible para las mujeres de todas las edades y condiciones: afrodescendientes, indígenas, migrantes, campesinas y habitantes en la ruralidad, mujeres con discapacidad, así como el acceso a albergues y protección contra el femicidio y todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. refugios seguros y líneas de atención telefónicas y virtuales para las víctimas, con disponibilidad de recurso permanente por parte de la Fuerza Pública. mujeres en el espacio virtual, debido a que se ha constituido en un recurso para la interacción social. Para ello se requiere la disminución de la brecha digital, asegurando a las mujeres mayor acceso a los recursos institucionales. independientemente de su condición migratoria, en todas las campañas y medios de divulgación de forma explícita para mujeres migrantes, apoyándose en imágenes e ilustraciones para que sea comprensible, independientemente del nivel de lectoescritura o del idioma que hablen las mujeres, con fundamento en la convencionalidad internacional y normativa nacional de los derechos humanos de las mujeres. popular, así como todas aquellas que sean nombradas en ministerios, juntas directivas y otros cargos designados por el Poder Ejecutivo y personas empleadas de confianza, asumirán un compromiso para prevenir, evitar y combatir cualquier acto de violencia de género, violencia doméstica, hostigamiento sexual, acoso laboral y violencia política en sus actividades públicas y privadas. Asimismo, se comprometerán a separarse del cargo en caso de que, siguiendo el debido proceso, se les compruebe alguna de esas conductas. las mujeres en todas las regiones del país: ○ Empleo inclusivo de calidad en todos los sectores y edades comprendidas en lo productivo. ○ Reducción de brechas de género persistentes (ingreso, salarios, maternidad, lactancia, seguridad social y salud, pensiones, cuidados, alimentación, recreación, tierra y vivienda). ○ Promoción, en alianza con el Estado y las empresas, de la creación de fondos financieros que garanticen recursos para el pago de indemnizaciones a las personas trabajadoras. ○ Instauración de una renta mínima feminizada que asegure las condiciones básicas de vida para las mujeres que no cuentan con ingresos suficientes para ello. ○ Promoción de encadenamientos productivos de las mujeres, en alianza con otras organizaciones sociales, emprendimientos y actividades productivas en las regiones.
[FA] ○ Ejecución de estrategias para la empleabilidad de las mujeres en sus diversidades. ○ Servicios universales de protección social y aseguramiento directo. ○ Acceso y control de ingresos, recursos y beneficios (propiedad, tierra, vivienda, agua, aire libre, conocimiento y experiencia). ○ Acceso a recursos productivos, servicios financieros integrales, infraestructura, transporte y ordenamiento urbano, tecnología e innovación, que aumentan las posibilidades de movilidad social y desarrollo empresarial, en todas las regiones del país. ○ Fortalecimiento y ampliación de los servicios estatales en el sector de cuidados como servicios esenciales universales, y garantía de salarios y condiciones laborales adecuadas. ○ Impulso de profesionalización del trabajo de cuidados a domicilio y en centros de atención, con el adecuado reconocimiento laboral y de ingreso salarial. ○ Promoción de iniciativas empresariales de las mujeres para labores vinculadas a una economía de los cuidados, impidiendo la explotación de terceros. ○ Ejecución de acciones en alianzas con el Estado, las empresas y los gobiernos locales, para el impulso e implementación de medidas afirmativas de corresponsabilidad social de los cuidados. ○ Acceso y habilidades para el uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS), acceso a internet, uso de dispositivos para conexión, alfabetización digital y manejo de datos abiertos para el desarrollo de actividades educativas, laborales, políticas y productivas, con el fin de cerrar la brecha digital de las mujeres, incrementada y evidenciada en el contexto de la pandemia. ○ Acceso a la educación técnica, tecnológica y científica, pública y privada, y a la investigación de punta para el desarrollo sostenible. ○ Incremento de los servicios públicos y privados, nacionales, regionales y locales orientados a la recreación, deporte, autocuidados, bienestar, expresiones artísticas, culturales y desarrollo integral de las mujeres. ○ Promoción del Estado en la participación de los hombres en el trabajo doméstico no remunerado y en el cuido de las personas dependientes. ○ Inclusión en la agenda legislativa del Frente Amplio de iniciativas de reforma a la Ley 9738 para Regular el Teletrabajo, que incluya acciones afirmativas para las mujeres con hijos, hijas e hijes, personas mayores y con discapacidad, comprendiendo las reducciones de jornadas laborales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, permisos, facilidades de acceso a centros de cuidados, así como facilidades de conectividad para el desarrollo personal y laboral. ○ Ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y
[FA] Desarrollo Infantil (REDCUDI) subsidiada, para promover la disposición del tiempo de las mujeres para ejercer el trabajo remunerado en diferentes jornadas, horarios y regiones.
[FA] Crear y poner en funcionamiento una comisión interinstitucional para la revisión de
[FA] Revisar los lineamientos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) sobre el acceso
[FA] ○ Revisar la Ley 7769 de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza, para ampliar los subsidios y dar prioridad en las bolsas de empleo e inserción en los procesos de formación humana a aquellas mujeres que perdieron su trabajo formal o por cuenta propia durante la pandemia, así como considerar condiciones de prioridad para su inserción en el trabajo remunerado. ○ Revisar la legislación laboral para la prohibición de la discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género, así como para la protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, con el fin de garantizar estabilidad en el empleo. ○ Impulso de acciones públicas para asegurar la aplicación de la Ley 8862 de
[FA] Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público y la Ley 10001 de Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes. ○ Fortalecimiento del programa del Sello de Igualdad de Género en el Instituto
[FA] Nacional de las Mujeres (INAMU) como herramienta de trabajo para disminuir las brechas en el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo y mejorar los incentivos para que las empresas se certifiquen en la norma, así como el reconocimiento de buenas prácticas laborales, las que comprenden, entre sus categorías de reconocimiento: gestión del talento humano para el cierre de las brechas entre mujeres y hombres, corresponsabilidad social de los cuidados, salud integral, comunicación y lenguaje inclusivo, prácticas para la igualdad de género en la cadena de valor y servicios que presta la organización que reconocen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. ○ Garantía en la continuidad del aseguramiento de las personas trabajadoras domésticas remuneradas. ○ Inclusión en la agenda legislativa de una iniciativa de ley que asegure la paridad a las mujeres cooperativistas en los órganos de representación. ○ Revisión de los decretos ejecutivos y reglamentos de FOMUJERES, para el fortalecimiento del programa. ○ Diseño de una iniciativa de ley que contribuya al mejoramiento del programa
[FA] FOMUJERES en el otorgamiento de fondos no reembolsables para el fomento de actividades productivas y de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. ○ Diseño de estrategias e iniciativas de ley que apunten a la empleabilidad de mujeres como eje de desarrollo. las políticas públicas y legislación vigente, con el fin de garantizar el derecho al acceso, uso y administración de la tierra por parte de las mujeres, la titulación de la tierra y otros servicios diferenciados como el acceso al crédito y garantizar la participación en los espacios de toma de decisiones, facilitando traslados, horarios y otras condiciones de representación en los mecanismos de gobernanza territorial. de las mujeres rurales a la tierra, por su vínculo histórico con las semillas, la producción y sus consecuencias para la soberanía y seguridad alimentarias.
[FA] Asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa que garantiza la protección de la
[FA] Revisar las concesiones en Zona Marítimo Terrestre y Franja Fronteriza para valorar
[FA] Garantizar la continuidad en las acciones públicas desarrolladas por el Ministerio de
[FA] Garantizar el funcionamiento efectivo de la Red para la atención integral de mujeres
[FA] Aprobar recursos presupuestarios fijos y con la periodicidad que requiere la
[FA] Adoptar medidas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la discriminación contra
[FA] Formular e iniciar la ejecución de una nueva Política Nacional de Sexualidad integridad de mujeres indígenas y la recuperación efectiva de la tierra en los territorios indígenas. la condición de las mujeres en estos territorios
[FA] Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Economía, Agricultura y Comercio en el acceso de las mujeres a los créditos y fuentes de financiamiento no reembolsables en apoyo a los emprendimientos y PYMES, con estrategias de acompañamiento y aporte técnico para el desarrollo en sus diversas modalidades de empresariedad. vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad, comprometiendo a todas las instituciones en la ejecución de las acciones públicas y en la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos prioritarios para las mujeres y sus familias, que aseguren la inserción social efectiva. aplicabilidad de la Ley 9325 de Contabilización del Aporte del Trabajo Doméstico No Remunerado en la continuidad oportuna de la encuesta sobre el uso del tiempo para la contabilización de estos aportes a la economía nacional del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. las mujeres que ejercen el trabajo sexual, y se revise en la legislación vigente los vacíos existentes para la protección a sus derechos humanos y condiciones laborales. liderada por el Ministerio de Salud, dotándola de contenido presupuestario y un plan de acción para fortalecer el marco normativo y operativo que define responsabilidades destinadas a la protección y promoción de una sexualidad integral como derecho humano. Esta política tendrá, además, un fuerte acento en acciones dirigidas a la promoción de tales derechos y en la construcción de capacidades personales y colectivas para la promoción de una ciudadanía sexual en condiciones de auditar, denunciar y reclamar rendición de cuentas como herramienta para la articulación de la acción colectiva en la defensa de sus derechos. Costa Rica cuenta, además, con una hoja de ruta en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, trazada por la legislación nacional e internacional, con rectorías institucionales en salud y en políticas públicas alineadas con enfoques de género, derechos humanos y diversidad, que han posibilitado dar pasos para progresar en esta dirección y que este programa de gobierno se compromete a continuar y fortalecer. Daremos prioritaria atención a los rezagos de cumplimiento que vienen siendo advertidos desde hace años por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otros mecanismos internacionales de Derechos Humanos: ○ La violencia obstétrica en tanto violencia institucional normalizada debe ser erradicada como práctica en todos los establecimientos de atención primaria, clínicas y hospitales llamados a acompañar y atender a las mujeres durante
[FA] Respaldar la incorporación de un Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos
[FA] Apoyar el cumplimiento de la legislación vigente para proteger la vida, la salud y la
[FA] Reafirmar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual
[FA] Insistir en la urgente necesidad de realizar una valoración y actualización de
[FA] Fortalecer aquellas instituciones productoras de estadísticas nacionales y de
[FA] Promover alianzas entre la rectoría del INAMU, la CCSS, el Centro de Investigación
[FA] Promover el restablecimiento de una atención segura y oportuna que impida el embarazo, parto y posparto, ya que la intimidación, trato denigrante y la imposición del poder se intensifica en el momento de un parto, pero no inicia ni termina ahí. ○ Coordinar esfuerzos entre el Ministerio de Salud, INAMU y la CCSS para garantizar que los centros de salud sean espacios seguros y respetuosos libres de prácticas discriminatorias, prejuiciadas, adulto-céntricas o violentas hacia las mujeres, principalmente pertenecientes a poblaciones históricamente discriminadas o hacia aquellas que no encajan dentro de lógicas de atención heteronormada. dentro de la Ley General de Salud, para asegurar normativa coherente, actualizada y unificada en relación con la salud sexual y reproductiva para todas las poblaciones, desde un enfoque de derechos. dignidad humana de las mujeres embarazadas cuando estas se encuentren en riesgo, atendiendo la concepción de salud integral y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la CEDAW. con base científica y laica en las escuelas y colegios públicos, a fin de incentivar la formación de personas que logren desarrollar y expresar plenamente su afectividad, de disfrutar su sexualidad con responsabilidad, de prevenir embarazos no deseados, de respetar la diversidad sexual e identificar y reconocer la violencia machista y las relaciones impropias, para su rechazo y denuncia. información acerca de los impactos diferenciados producidos durante la crisis generada por la pandemia y las posteriores decisiones económicas y sociales para hacerle frente, en relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. recolección de datos de registros administrativos en materia de salud sexual y reproductiva, para que el gobierno central pueda fundamentar sus decisiones y prioridades en tiempo real. en Estudios de la Mujer (CIEM), el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y otros centros de investigación y análisis de universidades estatales, a fin de contar con información sobre el impacto de los servicios en salud sexual y reproductiva en grupos específicos de mujeres, desde una perspectiva integral y articulada de los enfoques de igualdad y no discriminación, derechos humanos, diversidad e interseccionalidad en el esfuerzo que debe emprender el país para redefinir prioridades y acciones estratégicas que impacten la heterogeneidad de las necesidades de las mujeres e impedir así mayores rezagos. agudizar las desigualdades y que ofrezca alternativas basada en evidencias de estos impactos, en las especificidades de grupos de mujeres que requieren de atención en salud sexual y reproductiva. Así, las niñas y adolescentes embarazadas, mujeres con discapacidades, indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de calle, migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, trabajadoras sexuales, entre
[FA] Promover la participación de las mujeres y sus organizaciones para contribuir a la
[FA] Asegurar el acceso a métodos anticonceptivos con consejería y amplia divulgación
[FA] Cumplir con la paridad de género en el nombramiento de ministros, ministras,
[FA] Garantizar la paridad de género en la integración de las juntas directivas de todas
[FA] Verificar el cumplimiento de la Ley 8901 sobre el Porcentaje Mínimo de Mujeres que
[FA] Promover el fortalecimiento de los mecanismos de participación de las mujeres en
[FA] Garantizar la participación de las mujeres en las mesas de diálogo multisectoriales.
[FA] Garantizar el derecho de las mujeres para ejercer cargos públicos en condiciones de
[FA] Construir un protocolo con enfoque de género que funcione como instrumento para otras, son poblaciones a las que se asegurarán medidas que reconozcan las vulnerabilidades aumentadas por sus condiciones particulares de exclusión. construcción colectiva de nuevas respuestas y acciones para mitigar los retrocesos que se están produciendo en materia de derechos sexuales y reproductivos. de este derecho, independientemente de la condición migratoria de las mujeres, de que radiquen en Costa Rica o sean migrantes en tránsito. La divulgación debe realizarse explícitamente para mujeres migrantes, apoyándose sobre todo en imágenes e ilustraciones comprensibles, independientemente del nivel de lectoescritura o del idioma que hablen las mujeres. viceministros y viceministras de gobierno. El Consejo de Gobierno nombrado por el Frente Amplio tendrá al menos un 50% de mujeres en ministerios y viceministerios. las instituciones descentralizadas, órganos desconcentrados y empresas públicas. Los nombramientos que le corresponda efectuar a un gobierno del Frente Amplio respetarán estrictamente la igualdad efectiva en las representaciones de los cargos públicos. deben Integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas y su reglamento, que exige la integración paritaria en los órganos directivos de las organizaciones sociales: asociaciones que se rigen por la Ley 218 de Asociaciones de Costa Rica, asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo comunal y sindicatos. Se creará un procedimiento para revisar, a través del INAMU, casos límite o de supuesta “imposibilidad” para la integración y representación de las mujeres en organizaciones y sindicatos mixtos. los partidos políticos, impulsando el proyecto de ley N.º 21791 Fortalecimiento de los Mecanismos de la Mujer y de la Igualdad de Género en los Partidos Políticos, que busca que cada partido político cuente con un órgano permanente encargado de la transversalización de la perspectiva en todas sus estructuras internas, y que este sea dotado de recursos.