[FA] Vivir en democracia ha sido y debe seguir siendo nuestra senda frente a las amenazas del populismo autoritario. El orden legítimo del poder público en Costa Rica solo puede ser aquel constitucionalmente fundado en los principios de la soberanía popular y los derechos humanos de todas y todos quienes habitamos este país, con una forma de gobierno democrática que complemente representación con participación y con un Estado que debe generar el mayor bienestar de la población, como manda nuestra Constitución. No obstante, nuestra democracia no es perfecta ni una tarea acabada. Hay signos claros de crisis: el debilitamiento de servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad; la corrupción; la atomización y multiplicación de las propuestas político-partidarias, incluidas las llamadas “taxi”; el empoderamiento de la política personalista; la deslegitimación de varias instituciones clave de la democracia representativa (partidos políticos, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, etc.); la degradación del espacio público por la desinformación y discursos de odio; el amenazante populismo autoritario; la creciente apatía de la ciudadanía hacia lo político, simbolizada por el alza del abstencionismo electoral; la creciente desigualdad social y las diversas formas de violencia, incluida la política, que hieren día a día nuestra convivencia. Las causas son profundas y diversas. Por un lado, se observan las consecuencias de las políticas neoliberales en la ampliación de las desigualdades sociales, económicas y culturales, en la fragmentación de los vínculos cívicos y sociales, y en la profundización del individualismo, lo que dificulta la construcción de un proyecto social y político común. Lo anterior acontece sin la satisfacción equitativa de un umbral mínimo de bienestar, de necesidades materiales, educativas y simbólicas satisfechas, sin la garantía de derechos fundamentales para toda la población. La democracia se vacía de contenido y la participación ciudadana pierde significado. Todas estas son precondiciones sociales esenciales para la vida democrática. Por otro, destacan la desconexión partidaria con la ciudadanía; la insuficiente regulación y transparencia del espacio público y de las campañas electorales (captura por intereses mediáticos y financieros, las dinámicas nocivas en redes sociales); la desvinculación entre la representación política parlamentaria y las dinámicas regionales/territoriales actuales; la resistencia político-institucional para abrir mayores espacios a la participación ciudadana; la débil rendición de cuentas entre poderes de la República y de cara a la ciudadanía; los riesgos de cooptación en órganos clave del Poder Judicial; entre otros. Esas y otras situaciones generan condiciones favorables para peligrosos movimientos políticos autoritarios y antidemocráticos, cuyo libreto ya es conocido en América Latina y que cada vez se hace más presente en Costa Rica: primero la polarización afectiva y la conversión del adversario político en enemigo; luego, intentos de colonizar y deshabilitar los espacios del pluralismo político y del control del poder; finalmente, el enquistamiento en el poder institucional. Ante este panorama crítico, guiadas y guiados por la responsabilidad histórica de asegurar los mínimos constitucionales vigentes y con la mirada puesta en el horizonte para mejorar nuestra democracia, el Frente Amplio presenta una propuesta para iniciar un proceso gradual e integral de reformas para su renovación y avance. Salvo por el tema de la Educación para la Democracia, las precondiciones sociales se abordan en otros capítulos de este Plan. En este capítulo las propuestas se concentran en cambios institucionales y reformas a las reglas de juego, para propiciar una mayor transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, con miras a la construcción de un espacio público democrático y a ampliar la participación de la ciudadanía.