[FA] Costa Rica, un país cuya inversión en educación, salud y protección social ha sido reconocida históricamente, atraviesa un periodo preocupante de creciente desigualdad social y debilitamiento de sus políticas públicas. El inicio de la agudización de este proceso data de la década de 1980 con los Programas de Ajuste Estructural (PEA); se agudizó durante la pandemia y alcanzó su expresión más preocupante en los últimos 4 años, en los cuales se han experimentado recortes presupuestarios en la inversión social y un voraz debilitamiento institucional. La tendencia al alza del coeficiente de Gini permite visualizar la gravedad del deterioro social, pues, en los años 90, dicho coeficiente era de 0,462. Del 2000 al 2019 promedió 0,496. En el decenio 2010-2019, 0,515 y, entre 2020 y 2024, 0,508. Es decir, Costa Rica transitó de ser uno de los países más equitativos de América Latina a ubicarse entre los más desiguales, solo detrás de Colombia y Brasil (Trejos y Oviedo, 2012; Ramírez, 2023; Programa Estado de la Nación, 2025). En el 2024, tras la pandemia, el coeficiente de Gini se redujo a 0,490. Lamentablemente, esta disminución no significa una reducción de la desigualdad, antes bien, es producto de ajustes en el mercado laboral. En efecto, la expansión del empleo de las personas con primaria incompleta y el decrecimiento de sus respectivos ingresos, sumado a la reducción del empleo de las personas con formación universitaria –quienes, a su vez, experimentaron un mayor crecimiento en sus ingresos–, es la explicación de la leve reducción del coeficiente. Este comportamiento en el mercado laboral está en tensión, de ahí que, muy probablemente, la reducción de la desigualdad vaya a detenerse (Córdoba y Robalino, 2025). No obstante, debe llamar la atención el hecho de que la desigualdad en Costa Rica es mayor de lo que indica el Gini obtenido con base en las encuestas, pues el ingreso de las élites o de las personas de más altos ingresos no está registrado; por el contrario, este dato está cubierto por el mayor de los secretismos. Por lo tanto, para acercarnos a una medición más precisa, es necesario introducir a dicho coeficiente datos tributarios. Así, con tan solo esta modificación, el Gini resulta hasta 4 puntos porcentuales mayor al elaborado con encuestas y con una tendencia más pronunciada al alza (Ramírez, 2023). La pobreza es una de las más cruentas expresiones de la desigualdad social y, en este sentido, abordarla desde un enfoque integral es una necesidad urgente que no ha sido resuelta por ninguno de los programas de combate a la pobreza desarrollados por los últimos gobiernos. Los métodos tradicionales de medición tienden a excluir a un gran contingente de la población y, a pesar de esta odiosa exclusión, la pobreza medida por la línea de pobreza y categorizada por grupos de edad revela datos preocupantes. Los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema representan el 20% de la población de Costa Rica y 350.439 personas menores de 12 años viven en estos hogares. Del total de niñas y niños menores de 5 años, el 33,5% se encuentra en esta condición. Para la población entre 6 y 12 y entre 13 y 17 años, la pobreza se presenta en el 34,2% y 30,6%, respectivamente. Es decir, la tercera parte de la población menor de 17 años sufre los embates de la pobreza, pues esta incide de forma directa e indirecta en el desarrollo cerebral, la inteligencia, la comunicación, la capacidad de aprendizaje y la salud física. Ello coloca a esta población en alta probabilidad de ser parte de la clase trabajadora no calificada en su vida adulta, lo que reproduce el círculo espurio de la pobreza. Otra característica de los hogares pobres es que su jefatura recae mayoritariamente en mujeres (21%), en comparación con los de jefatura masculina (15,6%). Los datos son reveladores de que el cruce entre jefatura femenina y presencia de hijos e hijas en edad escolar constituye un detonante mayor de la pobreza, en particular porque las mujeres no solo están sobrerrepresentadas en los hogares pobres, sino también en el empleo de bajos salarios y de poca calificación. A lo anterior se suma que la organización social ha asignado, en el interior de los hogares y de manera exclusiva, el cuidado no remunerado a las mujeres a expensas de su tiempo, bienestar, salud y oportunidades laborales. Las mujeres dedican 32 horas por semana al trabajo de cuidado y trabajo no remunerado, en contraste con 15 horas semanales dedicadas por los hombres (INEC, 2024a). Del total de mujeres en Costa Rica, un millón y medio son madres y aproximadamente el 45% son jefas de hogar. Niñas, niños, población adulta mayor y con discapacidad requieren una política social que contribuya con su protección y seguridad y que a la vez garantice mejores condiciones a las mujeres. No obstante, programas como el de Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil han perdido alcance por los constantes recortes presupuestarios y por la falta de sostenibilidad por parte de las distintas administraciones gubernamentales. El proceso de envejecimiento se ha acelerado en Costa Rica pues en los últimos 25 años: la población mayor de 65 años aumentó en 6 puntos porcentuales (pasó de 5, 4% a 11, 7%); por otra parte, del 2025 al 2050, se espera que el porcentaje de esta población aumente en 13 puntos porcentuales: del 11,7% en el 2025 a 24, 9% en el 2050 (INEC, 2024c). Estos datos reflejan la urgente y necesaria articulación de una estrategia económico-social que asegure mecanismos de cuido de la población adulta mayor frente al decrecimiento de la economía. Sin embargo, los datos apabullantes arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos no han sido transformados en política pública que asegure un mayor bienestar y previsión social. La población adulta con discapacidad creció un 9,12%, entre el 2018 y el 2023 (676.310 personas), con presencia mayor de mujeres con respecto a los hombres (58% y 42%, respectivamente) y, de este total, el 71,5 presenta discapacidad severa (INEC, 2023). La integración de esta población, así como la oferta de servicios que garanticen su derecho a una vida digna han estado truncadas por el debilitamiento constante de la política social. La ausencia de políticas de empleo con perspectiva de género impacta a la población más joven y, al igual que con otros segmentos poblacionales, la ausencia o poca proyección del Estado en esta materia es un reflejo de la necesidad de abordar la política social con la prioridad requerida para la construcción de una sociedad más justa y democrática. En jóvenes de 15 a 24 años la tasa de desempleo es mucho mayor que la tasa nacional (21% y 7,8% respectivamente) y, en el interior de este grupo, la tasa es mayor en mujeres (22,4%) que en hombres (20,2%). El trabajo informal, sinónimo de ausencia de protección social, impacta de manera muy similar a la población joven (37,3%) con respecto al nivel nacional (38,3%) (INEC, 2024a). El mandato constitucional que establece una inversión mínima del 8% del PIB en educación no se ha cumplido, lo que afecta, entre otros, al Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo presupuesto ha sido recortado de forma sustancial desde 2017, cuando representaba un 7,4% del PIB, hasta el 2025 con una representación de tan solo 4,9%. Desde el año 2022 se hizo una reducción de ¢3.000 millones en comedores escolares, a pesar de que este es un mecanismo retenedor de estudiantes en el aula. Esta reducción se agudizó durante los años 2023, 2024 y 2025 por los recortes mencionados, que también han afectado la infraestructura escolar, programas de becas y apoyo a estudiantes de zonas rurales o en condición de pobreza. Por ende, se han incrementado las brechas educativas y, con ello, la desigualdad social. El programa Avancemos de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) junto con los Programas de Equidad del MEP evidencian también el deterioro presupuestario que Costa Rica ha vivido en los últimos años por decisiones políticas. En el curso lectivo 2025, se congelaron 30 mil millones de colones, lo que resultó en la afectación de más de 67 mil becas. La Contraloría General de la República confirmó este retroceso señalando la reducción de estos programas en cerca de 116 mil millones de colones. Esta situación se agrava con un recorte de 18 mil millones de colones para los Programas de Equidad (Semanario, 2025; CRhoy, 2024). Los datos de vivienda reflejan de igual manera el deterioro de las condiciones de vida, pues entre el 2023 y el 2024 se ha experimentado un aumento de 43% de viviendas en condición de precario. Asimismo, disminuyeron levemente las viviendas propias cuyo pago es a plazos (124.209 y 124.183 en el 2023 y 2024, respectivamente) y también disminuyeron, en el mismo periodo, las alquiladas (340.883 y 340.310, respectivamente) (ENAHOb, 2024). Finalmente, la desigualdad se expresa también en el ámbito digital. Para el 2022, la tendencia y uso de la computadora en el hogar por parte del primer quintil (el de menos ingresos) fue de tan solo el 23% de los hogares, en contraste con la tenencia de esta herramienta por parte del 78 % de los hogares del quinto quintil (el de más ingresos). En cuanto al internet, el 94,6% de los hogares del quinto quintil tiene acceso, mientras que solo el 69,1% del total de hogares lo tiene, fundamentalmente por teléfono celular (PROSIC, 2023). Estos resultados arrojan una importante desigualdad digital o tecnológica que debería ser tratada por la política social. Desde el Frente Amplio, la asistencia social no es una dádiva y, menos aún, un botín político. Es un DERECHO por el que lucharemos desde nuestras diferentes trincheras de lucha.