[FA] Costa Rica llega a 2026 con una estructura fiscal tensada por seis años consecutivos de ajuste centrado en el gasto, un rendimiento tributario inferior a lo esperado tras la reforma de 2018 y un peso creciente de los intereses de la deuda. Entre 2018 y 2024, el gasto primario (sin intereses) cayó de 16,82% a 14,03% del PIB, mientras inversiones estratégicas se comprimieron: educación pasó de 7,0% del PIB (2019) a 5,27% (2024); seguridad y justicia también retrocedieron en proporción del PIB. A la vez, el pago de intereses aumentó productivas, sin debilitar la legislación ambiental y de protección social. Velar por el estricto cumplimiento de la Ley 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Los programas de simplificación de trámites y eliminación de requisitos innecesarios, duplicados y engorrosos serán coordinados al más alto nivel desde la Presidencia de la República, a fin de garantizar la coordinación entre instituciones autónomas y ministerios que hoy funcionan como “islas” y “feudos de poder”. prohibir por completo la incorporación de costos, gastos o comisiones adicionales, a efecto de cobrar una tasa de interés moratorio que supere el límite que dispone la legislación. Esta prohibición incluye cualquier cobro de cargos por gestión de cobro, cargos administrativos por cuentas en atraso y cualquier cargo o comisión similar. Además, impulsar regulación para quitar trabas para renunciar a las tarjetas y eliminar otras cláusulas abusivas de los contratos, garantizando información veraz y transparencia. frenar los gastos desmedidos y el cobro excesivo del canon de regulación. Se promoverá, además, que el desempeño de esta institución garantice una adecuada regulación de las tarifas de los servicios públicos, así como mayores controles sobre su calidad. Se pondrá fin a los aumentos mediante fórmulas automáticas. dirigida a mujeres jefas de hogar en condición de vulnerabilidad o pobreza. Establecer una renta mínima para las mujeres jefas de hogares en pobreza como instrumento que reconoce la producción de riqueza que esta población genera al efectuar labores domésticas no remuneradas, que se garantizará mediante el reajuste de programas ya existentes en el IMAS, así como a través de una contribución permanente solidaria de los bancos o de las grandes empresas. Como se verá en el eje anterior siguiente, esta propuesta forma parte fundamental de la política social y específicamente de las estrategias para reducir la pobreza. de 3,41% del PIB (2018) a 4,83% (2024), desplazando recursos para derechos y servicios esenciales. En ingresos, la reforma elevó la recaudación apenas 0,7 puntos porcentuales del PIB entre 2018 (12,68%) y 2024 (13,39%), por debajo de lo prometido, y con caídas en tributos como combustibles y vehículos que erosionaron el avance del IVA y la renta. Estos hechos exigen una corrección de rumbo que recupere capacidades públicas, revierta la regresividad acumulada y garantice suficiencia y sostenibilidad con justicia tributaria. El diseño y la aplicación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como regla fiscal –y pensada para condiciones “normales”–, expusieron límites severos en pandemia y luego produjeron restricciones que han afectado metas y ejecución presupuestaria. La evidencia académica muestra que, en su forma vigente, la regla transgrede principios presupuestarios y se ha utilizado de facto para reducir el tamaño del Estado, con impactos sobre institucionalidad y desarrollo. Se requiere una reforma integral: preservar el anclaje de sostenibilidad, pero ajustar el mecanismo, a fin de proteger la inversión social y en infraestructura. En el plano distributivo, múltiples análisis sitúan a Costa Rica como un Estado fiscal deudor con sesgos de inequidad vertical y horizontal, donde la agenda de control del gasto y el énfasis en impuestos indirectos han relegado la reducción de la desigualdad y el combate a la evasión y la elusión. La propia literatura advirtió que la reforma de 2018 podría volver más regresiva la estructura tributaria si no se abordaban los portillos de incumplimiento y el bajo peso de las rentas altas y de patrimonio. Por tanto, un nuevo ciclo fiscal debe corregir sesgos progresivos, cerrar brechas de cumplimiento y alinear el sistema con la equidad y el crecimiento inclusivo. Asimismo, la experiencia 2018-2022 mostró un viraje hacia un fiscalismo de línea dura –regla fiscal estricta, retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y reformas laborales regresivas– que priorizó la consolidación por el lado del gasto y desplazó el principio de progresividad; en la práctica, lo fiscal se utilizó para debilitar lo público, mediante recortes y restricciones. Revertir este patrón exige recuperar un contrato fiscal basado en derechos, eficacia del gasto y progresividad real en la recaudación. Frente a este contexto, el Frente Amplio propone orientar la política fiscal por justicia tributaria, suficiencia y sostenibilidad, sin aumentar cargas a los hogares medios y de menores ingresos. El paquete incluye: (i) progresividad tributaria con renta mundial y global, impuesto a grandes herencias y gravamen a capitales golondrina; (ii) un Impuesto al Valor Agregado Personalizado (IVA P) que devuelva a los dos primeros quintiles el IVA promedio y criterios de salud y género en la canasta básica; (iii) una agenda robusta antifraude: levantamiento ágil del secreto bancario, reglas antiparaíso, subcapitalización, responsabilidad solidaria en grupos económicos, sanciones penales y patrimoniales más fuertes a evasores,; y (iv) reforma de la regla fiscal para blindar la inversión social y el gasto de capital, junto con transparencia en gasto tributario y medidas de austeridad ejemplarizantes en altos mandos. Estas líneas alinean equidad con recaudación sostenible y reconstruyen capacidad estatal para garantizar derechos. En síntesis, la próxima administración necesita un consenso fiscal progresivo: reformar la regla para recuperar inversión pública y proteger derechos; ensanchar la base de renta alta y patrimonial, cerrar portillos a la evasión y revisar exoneraciones; compensar cualquier mejora recaudatoria del IVA con devolución focalizada; y bajar el costo de la deuda para liberar espacio presupuestario. Solo así se revertirá la contracción del Estado social, se restaurará la legitimidad del sistema tributario y se pondrá la política fiscal al servicio de un desarrollo inclusivo.