[PNR] Se fortalecerá la rectoría institucional mediante la articulación entre INCOPESCA, MINAE,municipalidades costeras, pueblos originarios, cooperativas de pescadores yorganizaciones comunitarias, bajo esquemas de gobernanza compartida y cogestión. Seimpulsará un sistema de licenciamiento pesquero con trazabilidad, registro por tipo deembarcación y producto, y control eficiente del esfuerzo pesquero. El país debe, además, reactivar su sector forestal, diversificando especies, promoviendo lareforestación productiva y fomentando el uso racional de la madera legal. El bosquecostarricense no solo es fuente de vida y agua, sino también de materiales renovables y deempleo digno. Una política forestal moderna debe reconocer la función productiva del bosque y simplificarlos trámites que obstaculizan su aprovechamiento. La política forestal debe ir más allá dela conservación pasiva y reconocer el aprovechamiento sostenible como herramienta parael desarrollo rural, la generación de encadenamientos y la sustitución de materialescontaminantes. Esto implica fortalecer programas como FONAFIFO, promover nuevasformas de incentivos por manejo productivo y facilitar el aprovechamiento racional demadera cultivada. 6.1.1.4. Reformas institucionales y marco legal ambiental La estructura ambiental del Estado costarricense requiere una reforma profunda. ElMinisterio de Ambiente y Energía (MINAE) debe transformarse en un ente rector moderno,descentralizado y eficiente, con un rol promotor más que sancionador. La actual dispersióninstitucional, sumada a la burocracia y a la falta de coordinación, limita tanto la protecciónambiental como la inversión sostenible. El nuevo modelo institucional impulsado en este Plan plantea un MINAE reformado ydesconcentrado, que promueva la sostenibilidad desde la gestión territorial y fomente laalianza entre el Estado, el sector productivo y las comunidades. Se trata de pasar de unenfoque de control punitivo a una cultura de acompañamiento técnico, innovación ygeneración de oportunidades. Asimismo, se promoverán reformas legales estratégicas para actualizar leyes obsoletas —como la Ley de Aguas (1942), la Ley Forestal (7575) y la Ley de Biodiversidad (7788)—,adaptándolas a los retos del siglo XXI. Es imprescindible revisar la Ley de Pesca yAcuicultura (N.º 8436), para incorporar estándares internacionales de pesca responsable,pesca de precisión, vedas temporales, control de capturas incidentales y certificaciónambiental. Asimismo, se promoverá el reconocimiento del conocimiento tradicionalpesquero como patrimonio cultural. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) requiere una transformación profunda pararesponder con eficacia a los retos ambientales, climáticos, productivos y territoriales delpaís. La institucionalidad ambiental costarricense arrastra un modelo centrado en la fiscalizaciónrepresiva, muchas veces desarticulado, lento, y con duplicidades normativas y operativas,que obstaculizan tanto la protección ambiental como la inversión sostenible. La propuesta de reforma contempla convertir al MINAE en un ente rector moderno, concapacidad de articulación interinstitucional, liderazgo territorial y solvencia técnica, capazde integrar de manera proactiva la conservación con el desarrollo económico y la gestióndel riesgo. Para ello, el Ministerio debe asumir un rol de facilitador y promotor de lasostenibilidad, más allá del tradicional enfoque sancionador o regulatorio. Se debe fortalecer el personal en parques nacionales, áreas de conservación y programasde campo con el campesino, así como los recursos institucionales y la gestión de las áreasprotegidas, el patrimonio natural del estado y áreas de protección. Esto implica: