[FA] En 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que 1 trillón de dólares eran pagados cada año en sobornos, mientras que 2.600 millones de dólares eran robados en esquemas de corrupción: lo que representa el 5% del PIB mundial y es 46 veces superior al PIB anual total de Costa Rica. Considerando únicamente los seis casos más graves de corrupción de inicios del siglo XXI, nuestro país sufrió pérdidas superiores a los ¢150.000 millones de colones y si se consideran los múltiples casos de corrupción de los últimos gobiernos, el costo de la corrupción sería sustancialmente mayor. Ayer fueron los Banco Anglo, ICE-Alcatel, Caja-Fischel, y luego vinieron la Trocha, Odebrecht y el Cementazo. Hoy la corrupción se llama Cochinilla y mañana tendrá otros nombres. Nuevos saqueos y distintos protagonistas, pero las mismas prácticas favorecidas por un sistema que se caracteriza en diluir el límite entre lo público y lo privado y por el secuestro e instrumentalización del Estado, abusando del poder, la influencia y autoridad para beneficiar y acumular los recursos de la colectividad en unas pocas manos. Pero las consecuencias de la corrupción no se expresan solo en cifras de moneda; también pesa en casos de alta relevancia para la opinión y el debate público, en el debilitamiento de la institucionalidad y la violación directa e indirecta de derechos fundamentales a causa de estos crímenes y la constante impunidad asociada a quienes participan en estos actos. La circunscribir a la Corte Suprema de Justicia como órgano estrictamente jurisdiccional, excluyendo de su competencia las funciones administrativas ajenas a la resolución de casos. Estas funciones serían asumidas por el Consejo Superior de la Magistratura, el cual será restructurado mediante una reforma legal y pasará a estar integrado por once miembros, distribuidos de la siguiente forma: tres representantes de los funcionarios judiciales que ejercen funciones jurisdiccionales; tres representantes de abogados que trabajan en el Poder Judicial, pero no administran justicia; tres representantes de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial en su conjunto; un representante de las personas abogadas litigantes; finalmente, un representante de la academia instancia, los recursos de amparo y de habeas corpus, manteniendo a la Sala Constitucional como instancia superior de revisión, con el objetivo de descongestionar el masivo circulante que actualmente es asumido por un único órgano colegiado. como órgano autónomo respecto del Poder Judicial, con su propio régimen administrativo y presupuestario, preservando su independencia frente a los demás poderes de la República y su función de control de la constitucionalidad de leyes y actos de derecho público. corrupción es una enfermedad que impide superar la pobreza, mina la credibilidad y la confianza en nuestras instituciones democráticas, niega el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, contribuye a la inestabilidad y desigualdad sociales y retarda el crecimiento económico. No se trata de hechos aislados de unos pocos individuos, la corrupción es una práctica enraizada en nuestras instituciones en sus relaciones con el sector privado, y su atención efectiva debe ser integral y frontal: desde la transparencia y prevención, al fortalecimiento institucional y la sanción efectiva de estos actos. En la práctica son muchos los recursos con que cuentan los corruptos y sus socios para retrasar y entorpecer las investigaciones y, particularmente, en los casos más graves y complejos de corrupción disfrutar de la impunidad. Las deficiencias de nuestro sistema legal y político permiten ocultar indicios y desaparecer pruebas, sobre todo si se cuenta con prerrogativas funcionales y con el control de la información y los recursos institucionales. Pasado el tiempo y luego de acceder a la información necesaria para denunciar e investigar, la colectividad y los organismos de control tropiezan con procesos lentos, vacíos legales y mayores trabas. Con esto las víctimas resultan doblemente ofendidas, primero por quienes cometen el acto de corrupción y segundo por el Estado que niega una tutela judicial efectiva. Sin embargo, hay esperanza. Esfuerzos ciudadanos y de múltiples instituciones han alertado de los puntos más críticos que deben atenderse y ya existen propuestas concretas sobre las cuales trabajar. En especial, deben reconocerse los esfuerzos de periodistas y activistas valientes que han denunciado y hecho públicos actos de corrupción y el trabajo de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC) desarrollada como un esfuerzo colectivo de la sociedad civil con varias instituciones públicas y organizaciones del sector privado, como guía para la articulación del trabajo contra la corrupción en Costa Rica. Recuperar el sentido de lo que significa ser funcionarios y funcionarias estatales, de la responsabilidad que conlleva administrar recursos públicos y la importancia de brindar nuestras labores para el bien común y colectivo, es la máxima que guiará la labor de un gobierno del Frente Amplio. En ese sentido, el presente programa de gobierno contiene una serie de propuestas integrales dirigidas a atacar de raíz las prácticas que facilitan el saqueo del erario, prevenir y sancionar las prácticas de clientelismo, el conflicto de intereses político-partidarios y económicos y otras formas de corrupción en el ejercicio de la función pública en torno a cinco ejes estratégicos: i) la formulación de la primera Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; ii) el empoderamiento, información y acompañamiento a la ciudadanía como protagonista en la lucha anticorrupción; iii) la reforma integral a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y demás leyes conexas; v) la coordinación de esfuerzos con los otros Supremos Poderes para volver a dignificar y transparentar el servicio público en beneficio de las grandes mayorías y; v) los compromisos éticos fundamentales para quienes integren el gobierno del Frente Amplio, y que desarrollamos a continuación: