Caso Pozos de la Muerte

El caso de Los Pozos de la Muerte fue una investigación criminal llevada a cabo en el estado Zulia en 1986, a raíz de la desaparición del joven Rafael "El Macho" González. Este hecho llevó a una denuncia por parte de los diputados del estado Zulia Luis Hómez, Carlos Tablante y Rafael Guerra Ramos, y a una investigación de la periodista de El Diario de Caracas, Ibéyise Pacheco. El desenlace dejó al descubierto una serie de ejecuciones sistemáticas y extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del estado.
El nombre viene de la práctica de lanzar los cadáveres de desparecidos en pozos del interior del estado Zulia. La intervención de la prensa llevó a que el caso fuese investigado, pero debido a la implicación de los organismos del estado, este fue cerrado sumariamente sin establecer responsabilidad por las víctimas. Muchas de ellas eran azotes de barrio, delincuentes comunes con historial delictivo crónico.
El caso, además de ser uno de los más notables ejemplos del periodismo investigativo y la importancia del poder legislativo en Venezuela, lamentablemente también sirvió para poner al descubierto la corrupción a nivel judicial y policial que se vivía en ese entonces, lo cual fue reseñado en el informe anual de Amnistía Internacional como una prueba de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.
==Inicios==
A comienzos de 1986, desapareció el joven Rafael José Antonio "El Macho" González, un joven de clase media de las afueras de Maracaibo, estado Zulia, en lo que inicialmente se tildó como un secuestro. González, quien recibió el apodo por ser el único hijo varón, era un joven como cualquier otro y desde el comienzo el caso suscitó el interés de los medios. Sin embargo, tras tres meses sin aparecer, su nombre desapareció de la prensa.
Desde Caracas, una de las que cubrió el caso fue la periodista Ibéyise Pacheco, quien convenció a El Diario de Caracas para hacer una serie de tres reportajes sobre el caso, que tenía similitudes con el Caso Vegas Pérez en 1976. Estos reportajes, causaron molestias en las autoridades policiales tanto de Caracas como de Maracaibo, ya que los responsabilizaba de los hechos y conllevaron a presiones gubernamentales contra el diario, el encarcelamiento de detectives privados por ejercicio ilegal de labores policiales y amenazas de muerte.
Esta reacción, sin embargo, convenció a Pacheco y otros periodistas de que algo ocultaban las autoridades policiales y procedió a continuar con sus investigaciones. 
Al mismo tiempo, el diputado Luis Hómez sacó a la luz pública su denuncia contra los Pozos de la Muerte, basado en informaciones suministradas por un agente encubierto de la Policía Técnica Judicial denominado XXX, y el Comisario Silvio Varas, ex agente de la Disip.
En esta denuncia, Luis Hómez alegó que los pozos eran utilizados por cuerpos policiales para desaparecer a delincuentes comunes u otras personas con quienes tenían cuentas por saldar. La pena de muerte era aplicada, según él, por ajusticiamiento sumario de estos individuos, que posteriormente eran lanzados en pozos ubicado en La Cañada, distrito Urdaneta del estado Zulia.
==Investigación==
Entre las hipótesis que rodearon la desaparición de González estuvo el secuestro, el ajuste de cuentas y el narcotráfico. González, tenía un récord de problemas disciplinarios extenso, y esto fue usado por la policía para alegar que su muerte se debía a factores personales, cosa que nunca fue probado.
Entre estas vinculaciones estaba el secuestro de José Antonio González el 7 de agosto de 1985, quien era hijo de Félix González, comerciante lechero. El joven nunca apareció, aunque los plagiarios hicieron varias llamadas a la casa del secuestrado. Este caso estaba relacionado con el de Mario José Urdaneta Perche alias "El Mocho", quien había sido ejecutado algunos meses atrás por 4 presuntos PTJ, y quien se señalaba como socio del padre del "Macho" González.
A raíz de esto, la PTJ del Zulia fue intervenida, creándose nexos entre los casos del "Macho", el "Mocho" y el "Gang de la leche", que posteriormente fueron silenciados por indagar en terrenos aun más difíciles, como el del narcotráfico. Luis Hómez eventualmente expondría estos casos en detalle en su libro El pozo de la muerte: El hallazgo. 
Sin embargo, a pesar de cualquier vinculación de González o su familia con actividades criminales, mediante testimonios recogidos por Hómez, Pacheco y otros, se descubrió la desaparición de González solo era una entre muchas de criminales comunes, o "azotes de barrio" de distintas zonas del Zulia, y posiblemente Venezuela tras vérseles en compañía o custodia de agentes policiales. La hipótesis era que los desaparecidos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al parecer, práctica corriente entre los cuerpos regionales de seguridad. 
Las primeras excavaciones realizadas en La Cañada dieron como resultado la localización de cinco cadáveres, tres de los cuales fueron reconocidos fácilmente ya que aun cargaban consigo las cédulas de identidad. Tres de ellos eran Nolberto León Parada, José Alberto Castillo y Nerio Enrique Hernández.
Estos descubrimientos motivaron a otros testigos o relacionados a aunarse a las investigaciones, incluyendo el periodista Rafael Finol Meléndez, jefe de prensa de un cuerpo policial del Zulia, quien publicó en un diario local su hipótesis sobre la muerte de otra víctima, Rogelio López Silva, desaparecido el 13 de Noviembre de 1985.
Según Finol, la policía había "ruleteado" (transportar a una persona en automóvil sin consentimiento de esta con el objetivo de intimidar o torturar) a López el día de su desaparición, y finalmente lo ajusticiaron alrededor de La Cañada y lo lanzaron a uno de los "pozos de la muerte". Estos policías eran Honie Rafael Guillén, José Gregorio Aguiar Cáceres y Luis Felipe Abreu, quienes habían sido denunciados por el padre de la víctima con anterioridad. Los policías fueron detenidos, y tras pruebas positivas de laboratorio, fueron los únicos que recibieron autos de detención en todo el caso.
La denuncia de Rafael Finol Meléndez produjo la renuncia temporal del jefe de policía, Coronel Gustavo Fischer Godoy. Fisher Godoy volvería a su cargo, pero solo para ser destituido, y ante las amenazas de muerte anónimas recibidas por Finol, este tuvo que exiliarse temporalmente en una embajada.
Pero a pesar de todos los esfuerzos, el silencio de la policía y el sabotaje por parte de organismos judiciales eventualmente detuvieron las investigaciones. Peor aún, el expediente fue cerrado sin que se llegara a una conclusión por el juez quinto penal del estado Zulia, Iván Rincón Urdaneta, quien ordenó sellar los pozos encontrados con cemento y destruir una pared donde se alegaba se habían realizado fusilamientos. Antes de cerrarse el expediente, desaparecieron las declaraciones de diversos miembros de los organismos policiales, incluyendo el entonces comisario general Rafael Rivero Muñoz.
Una de las formas en que buscó detener el caso antes de cerrarlo, fue negando fondos para las investigaciones. El gobierno nacional, entonces presidido por Jaime Lusinchi, declaró el caso como asunto de estado y procedió a entorpecer las investigaciones, incluso con el nombramiento de Iván Rincón Urdaneta, de quien se alega, cerró el caso por órdenes directas del Presidente. El entonces gobernador del Zulia, Omar Barbosa Gutiérrez, consideró esto como necesario porque se trataba de huesos de vaca y no de humanos los conseguidos en los pozos.
Para financiar las investigaciones antes que fueran cerradas, un grupo de periodistas de El Diario de Caracas creó el Fondo de los Pozos y abrió una cuenta de ahorro para recibir contribuciones privadas que ayudaran con los costos de las investigaciones, pero ante el cierre de las mismas, el esfuerzo se torno innecesario. 
==Fin del caso==
El cuerpo de Rafael "El Macho" González nunca fue encontrado, o al menos identificado. Tampoco el de Rogelio López Silva y los de muchos otros desparecidos.
En total se descubrieron 12 cadáveres, de los que sólo tres fueron identificados. Ningún funcionario fue acusado y el único caso procesado fue el que condenó a los tres funcionarios responsables por la muerte de López Silva.
A pesar de lo negativo de las investigaciones, las ejecuciones se detuvieron, aunque en 2007, hubo casos registrados en el estado Falcón.
Por el seguimiento del caso, la periodista Ibéyise Pacheco, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1988.
==Notas==
 
 
 
 
 
 
 
Categoría:Homicidios