Antecedentes El flujo migratorio de Venezuela a Perú, iniciado en el año 2016, tuvo su mayor cuota durante el año 2018 y a septiembre del 2019 alcanzó la cifra oficial de 850,000 personas. Según la Encuesta sobre Condiciones de vida de la Población Venezolana que reside en el Perú   ENPOVE 2018, el 52,3% de la población venezolana que vive en el país son hombres y el 47,7% mujeres. Si bien el flujo migratorio ha disminuido, todo hace suponer que éste continuará mientras persista la crisis socioeconómica en Venezuela y mientras las familias sigan trasladando a sus familiares para su reunificación. Es un fenómeno reciente en el Perú, por lo que la organización e institucionalidad gubernamental enfrenta desafíos importantes para atender de manera integral sus impactos sociales y económicos. Si bien, inicialmente, el gobierno peruano tuvo una política migratoria abierta para la población venezolana, el incremento de flujos migratorios en circunstancias de un contexto político complejo, marcado por la ocurrencia de sucesivos escándalos por corrupción de funcionarios públicos y líderes políticos, ha influido en que se desvíe la atención del público hacia situaciones en que los migrantes se ven involucrados en problemas con la justicia o en conflictos por el uso de la calle como espacio de comercio, lo cual ha contribuido a aumentar el rechazo de la población peruana a la inmigración, manifiesta en actitudes y prácticas de xenofobia en el país, que provocaron el establecimiento de regulaciones más estrictas en el control de ingreso de inmigrantes de origen venezolano. En este sentido, se establecieron políticas con el discurso de facilitar el registro de las personas migrantes y refugiadas y con ello, tener un mejor control de la evolución de la situación en el país. Este proceso se ha modificado en el tiempo a través de la publicación de diversas normas legales, que en un primer momento dieron facilidades para regularizar su condición migratoria, y que sin embargo actualmente han planteado requerimientos inaccesibles para la mayoría. Esto ha orillado a que la condición migratoria de las personas que recién ingresan al Perú sea irregular y que, aquellas personas que tenían la condición regular temporal en el inicio de su proceso migratorio estén perdiendo dicha condición por vencimiento de los plazos de los mecanismos otorgados inicialmente. La situación antes descrita, es un factor de riesgo importante para la población migrante y refugiada, tanto instalada en el país, como en proceso de llegada. Según la OIM1, las familias fragmentadas; niños, niñas y adolescentes, especialmente los no acompañados; mujeres jefas de familia sin acceso a medios de vida, entre otras. El registro realizado por OIM en setiembre de 2018 mostraba porcentajes importantes de mujeres viajando solas y madres solteras viajando con menores de edad, quienes además tenían como principales necesidades, insertarse laboralmente, atender necesidades de salud y educación. Los niños, niñas y adolescentes también experimentaban situaciones de gran estrés y vulnerabilidad durante el trayecto migratorio2. Al agregarse la condición de irregularidad, y la precariedad de recursos productivos  ( ahorros, bienes o activos )  a los problemas antes descritos, es claro que resulta más difícil establecer mecanismos de prevención frente a la trata de personas en todas sus dimensiones  ( principalmente sexual y laboral ) 3. El proceso de inclusión en el tejido social peruano es un proceso difícil y progresivo. Las personas migrantes, se insertan en un país con importantes niveles de informalidad4  ( comercial, laboral, entre otros ) , en un contexto en que, importantes grupos sociales son capturados por grupos religiosos y conservadores5, con altos índices de Violencia Basada en Género  ( VBG ) 6, racismo y discriminación social a grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien el gobierno peruano tiene una serie de políticas, planes y programas orientados a prevenir, atender y sancionar la VBG  ( intrafamiliar y en el espacio público ) , su implementación todavía representa desafíos, en términos de responder a las necesidades de protección de la población de acogida, y más aún para la población migrante.